PRINCIPIOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUERTE by cometjunkie57

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									Universidad de La Habana
Facultad de Derecho

PRINCIPIOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MUERTE EN CUBA: LA RESOLUCIÓN 90/2001 DE 27 DE AGOSTO DEL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA. CONSIDERACIONES DE LEGE DATA

Dr. Leonardo B. Pérez Gallardo Profesor Auxiliar Departamento de Derecho Civil y de Familia

Ciudad de La Habana Junio del 2003

“La muerte nos recuerda que estamos hechos para la vida, porque ésta no será posible sin aquélla; pero también nos recuerda que hay un tiempo cuya duración ignoramos, durante el cual hemos de despertar cada mañana y decir: 'Buenos días vida; hoy voy a vivirte, no puedo evitarlo, porque mi propia muerte hace que lo desee' “

RÍOS MARTÍN

SUMARIO: I. Una espera que valió la pena. II. La Resolución 90/2001 de 27 de agosto del Ministro de Salud Pública: una norma jurídica ad hoc reguladora de los criterios para la determinación y certificación de la muerte. III. Principios para la determinación y certificación de la muerte. III.1 El médico como personal facultativo para la
determinación de la muerte de las personas naturales. III.2 Aplicación de alguno de los criterios diagnósticos de fallecimiento consagrados en la norma vía anexo. III.3 Imprescindible coincidencia del médico que diagnostica con el que certifica la muerte. III.4 La determinación de la hora del fallecimiento y su expresión en el certificado médico de defunción. III.5 Creación de una comisión ad hoc para estudiar cualquier revisión posterior de los criterios y proponer su modificación. IV. Una última reflexión.

Bibliografía.

I. Una espera que valió la pena.
Aproximadamente una década discurrió hasta que el 27 de agosto del 2001 el entonces Ministro de Salud Pública firmara la Resolución 90 en la que se contienen los “Principios para la Determinación y Certificación de la Muerte en Cuba”. En efecto, la década del 90 fue decisoria para la cobertura legal de los criterios diagnósticos de la muerte en Cuba en correspondencia con el enunciado abstracto y general que ofrece el artículo 26.1 del vigente Código Civil. Más de doce versiones circularon sobre el Proyecto de Resolución cuyo principal artífice lo fue, sin duda, el profesor Carlixto MACHADO CURBELO del Instituto de Neurología y Neurofisiología, que en su condición de Presidente de la Comisión Nacional para el Diagnóstico de la Muerte Encefálica, se erigió en el principal propulsor de la norma citada y que incansablemente fue defensor de la necesidad de dar cobertura legal a los criterios nacionales para el diagnóstico de la muerte encefálica1 que de hecho se aplicaban en las instituciones hospitalarias autorizadas para ello. El año 1992 sintió pautas en tal sentido pues bajo la presidencia del propio profesor MACHADO CURBELO se organizó el I Simposio Internacional sobre Muerte Encefálica celebrado en La Habana en el mes septiembre, al cual asistieron personalidades eminentes de la Neurología mundial2 y filósofos de renombre en los países del primer mundo3. En este Simposio y en los dos que le sucedieron en febrero del año 1996 y en febrero del año 20004 se planteó la necesidad, por los juristas cubanos asistentes, de una norma legal que ofreciera tutela y seguridad
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En una publicación dirigida por el propio profesor MACHADO CURBELO, Criterios cubanos para el diagnóstico de la muerte encefálica, ecimed, Ciudad de La Habana, 1992, p. 6 el autor en coautoría con los profesores PÉREZ PÉREZ y GARCÍA GARCÍA proponen como criterios los siguientes: 1. Coma arreactivo. 2. lesión irreversible e irreparable del encéfalo. Deben destacarse formas no irreversibles de coma: intoxicacióin por drogas, hipotermia, shock, comas anóxicos, etcétera. 3. Ausencia de reflejos integrados en el tronco encefálico (cefálicos). 4. Prueba de atropina negativa. 5. Silencio eléctrico cerebral (SEC). 6. Apnea, comprobada con la prueba de apnea. 7. Período de observación. 8. Pruebas confirmatorias para un diagnóstico precoz (opcionales). a) Aplicación de una batería de pruebas conformada por los potenciales evocados multimodales y la elctrorretinografía (ERG). b) Panangiografía cerebral. Tales criterios estaban sustentados en la experiencia acumulada por la doctrina científica internacional y en concreto por los resultados de investigaciones desarrolladas en el Instituto de Neurología y Neurocirugía y en el Hospital “Hermanos Ameijeiras” 2 Entre ellos el eminente profesor inglés Christopher PALLIS que impartió dos brillantes conferencias sobre los temas: “Muerte: Evolución del concepto” y “Muerte del tallo encefálico. Los criterios del Reino Unido”. 3 Ello respondía a una de las recomendaciones que aparecen consignadas en MACHADO CURBELO, C. et al., Criterios cubanos…, cit., pp. 34-35. 4 Me refiero al II y al III Simposios sobre el Coma y la Muerte.

jurídica en torno a la regulación de los criterios para la determinación de la muerte en Cuba, contrastando las realidades que ofrecían otros ordenamientos jurídicos europeos y latinoamericanos que ya lo tenían positivizados 5. Al reclamo de los juristas se unía también el del gremio de los médicos, el de los filósofos y el de los psicólogos que estaban contestes en la imperiosa necesidad de la norma, pues la praxis médica demostraba que los profesionales requerían de un cuerpo legal que permitiera una aplicación homogénea de los criterios cubanos sobre muerte encefálica, dotada además de la coercibilidad y coactividad de todo instrumento legal. De esta manera los nombrados Simposios constituyeron una importante fuente para la elaboración de la Resolución 90/2001 al brindar la experiencia en el contexto mundial de la voz de sus propios protagonistas: los médicos que en su bregar diagnostican la muerte y los juristas que en unos casos diseñan las bases de las normas legales y en otros las aplican. A ello se adiciona la experiencia acumulada por quienes conformaron la comisión encargada de su elaboración a saber: profesionales de la medicina correspondientes al Instituto de Neurología y Neurocirugía, al Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, al Instituto de Medicina Legal, entre otros y a profesionales del Derecho pertenecientes al Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana6, a la Cátedra de Derecho de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública y, por supuesto, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud Pública, responsables de su presentación al propio Ministro para su aprobación ulterior. Gracias a las largas pero fructíferas sesiones de trabajo se fue perfeccionando el Proyecto de Resolución hasta llegar a la que definitivamente fue aprobada. De aquellas históricas sesiones se acordó la jerarquía de la norma en la que debían estar contenidos los criterios de determinación de la muerte; lo innecesario de llevar a ella una definición acabada de muerte; la inclusión no sólo del criterio neurológico, sino también del cardiorrespiratorio y del que ofrece el médico legista en situaciones forenses; la vía del anexo como la más idónea para consignar los signos ciertos de la muerte; lo oportuno de disponer la creación de una comisión ad hoc que revise, cuando las circunstancias así lo aconsejen, los criterios para la
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En este orden de ideas vid. el articulo científico que escribí antes de la aprobación de la Resolución 90/2001 de 27 de agosto en el que se hace un estudio de Derecho Comparado de la materia. Así, PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., Un enfoque filosófico y jurídico en torno a los criterios para la determinación y certificación de la muerte, con especial referencia al criterio neurológico, publicado en La Revista del Foro de Cuyo, -Mendoza-Argentina-, tomo 54, 2002, pp.17-76; Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, volumen 63, número 2, abril-junio 2002, pp. 50-108 y Actualidad Civil, Lima-Perú, tomo 112, marzo 2003, pp.59-83. 6 Durante el período 1993-1997 y a raíz, precisamente, del I Simposio Internacional sobre Muerte Encefálica nuestro Departamento docente, en coordinación con el grupo de Etica Clínica del Hospital “Hermanos Ameijeiras”, el Instituto de Medicina Legal y el Instituto de Neurología y Neurocirugía, dirigió varias investigaciones que culminaron con importantes tesis de licenciatura sobre temas de Derecho Médico, entre los que se incluyen, en primer orden, el relativo a los criterios diagnósticos de muerte y, en especial, el neurológico. Investigaciones que también recomendaron la imperiosa necesidad de una norma legal en este sentido.

determinación de la muerte a los efectos de atemperarlos al desarrollo de la ciencia y de la técnica y, por último, la propia denominación de la norma, que responde, en definitiva, a su ámbito de aplicación atinente a los principios que sustentan no sólo la determinación de la muerte sino también a su certificación.

II. La Resolución 90/2001 de 27 de agosto del Ministro de Salud Pública: una norma jurídica ad hoc reguladora de los criterios para la determinación y certificación de la muerte.
Como ya lo había anunciado en otra oportunidad7, resulta laudable de la citada Resolución el constituir un cuerpo legal que se limita a regular los criterios diagnósticos para la determinación de la muerte, así sea el destino que pueda darse al cadáver y con ello a los órganos y tejidos contenidos en aquel. La norma no tiene otras pretensiones que, en concreto, aprobar para todo el sistema nacional de salud cubano los principios informantes de la determinación y certificación de la muerte, cualquiera que sean las circunstancias en que sobrevenga el desenlace de nuestra vida y así se pronuncia en su POR CUANTO TERCERO8 . Logra así el Derecho cubano un importante hito en la regulación de la muerte y de sus criterios diagnósticos, al romper con la unidad contextual en el orden normativo de las leyes sobre dación y trasplantes de órganos y tejidos humanos in vivo o post mortem como hemos podido constatar en la mayoría de los cuerpos normativos consultados9, en los que resulta una constante el hecho de la regulación de ambas situaciones en una misma norma jurídica, limitando en algunos casos, a los fines del trasplante, la inserción únicamente del criterio neurológico, tal y como sucedió en España. Luego entonces a partir del 27 de agosto del 2001 contamos en Cuba con una norma jurídica que complementa lo previsto por el artículo 26.1 del Código Civil y que en plena armonía en el contexto jurídico cubano se inscribe como norma de referencia para procederes médicos como la ablación e implante de órganos y tejidos cadavéricos cuyos principios más elementales, si bien de forma incompleta, se esbozan en la Ley No. 41/1983 de 15 de julio de 1983 Ley de Salud Pública y en el Decreto No. 139/1988 de 22 de febrero contentivo del Reglamento de la citada Ley, sin perder en todo caso la autonomía de la que son acreedores tanto los criterios diagnósticos de muerte como la dación y trasplante de órganos y tejidos humanos. También cabe argüir lo relativo a la naturaleza del instrumento normativo empleado para la aprobación de los citados principios, a saber; una resolución ministerial del ramo, en el caso, del Ministerio de Salud Pública. Particular que
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“Un enfoque filosófico…”, cit. 8.1 En su recto sentido el citado POR CUANTO expresa que: “Se hace necesario aprobar para el Sistema Nacional de Salud 'los Principios para la Determinación y Certificación de la Muerte', en los que se tomen en cuenta las circunstancias y condiciones que el personal médico aplique, en nuestro territorio, cada uno de los criterios diagnóstico de la muerte de la persona” 9 En este sentido vid. mi trabajo “Un enfoque filosófico…”, cit. passím.

amerita reflexión ya que si bien, a pesar de no estar ubicada esta norma próxima a la cúspide de la pirámide normativa, no por ello se le resta importancia. Todo lo contrario, permite flexibilizar y hacer más dúctil cualquier proceso de modificación o, incluso, derogación ulterior de la propia Resolución Ministerial cuando así las circunstancias, venidas de la mano de los cambios de la ciencia y la técnica, lo hagan aconsejable a los fines de actualizar los criterios positivizados, acompasando los dictados del Derecho a los acontecimientos científicos que discurren en el campo de las ciencias médicas. Por último, otro valor de la norma cuya exégesis ocupa estas páginas lo es el que su autor, siguiendo el viejo brocardo romano que reza: omnis definitio in iure civile periculosa est atribuido a JAVOLENO, evita definir un hecho jurídico de ribetes tan polémicos no sólo en sede de Derecho, sino también en el orden médico, ético, filosófico, etc. como es la muerte, por lo que se limita a dar respuesta a la genérica fórmula normativa consagrada en el artículo 26.1 del Código Civil sin ofrecer una definición legal, con pretensiones de alcance general, para todo el ordenamiento jurídico.

III. Principios para la determinación y certificación de la muerte.
Puntualicemos cuáles son, en definitiva, los principios reconocidos por la norma en estudio que permite delimitar su objeto de aplicación. Como principios en fin, se limita la Resolución a consagrar en cinco APARTADOS y dos pormenorizados ANEXOS los más puntuales aspectos relativos al tema, sin que se particularicen en otros extremos que ya vienen reconocidos por la Ley Nº 51/1985 de 15 de julio, Ley del Registro del Estado Civil y su Reglamento, contenido en la Resolución Nº 157 de 25 de diciembre de 1985 del Ministro de Justicia y la Ley Nº 41/1983 de 13 de julio; Ley de la Salud Pública y el Decreto No. 139/1988 de 22 de febrero contentivo del Reglamento de la citada Ley; Resolución Nº 4 del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba de 30 de enero de 1992 que aprueba y pone en vigor el Reglamento general sobre manipulación de cadáveres y restos humanos, ellos entre otros cuerpos legales. III.1 El médico como personal facultativo para la determinación de la muerte de las personas naturales. Nítida resulta la propuesta del autor de la norma en cuestión que en franca avenencia con el legislador del Código Civil colma lo dispuesto por el artículo 26.1 de este texto legal que enuncia: “La determinación de la muerte de la persona natural y su certificación se hace por el personal facultativo autorizado, conforme a las regulaciones establecidas por el organismo competente”, de suerte que con lo formulado en el APARTADO PRIMERO de la Resolución se esparce la bruma que rodeaba cualquier intento de mínima hermenéutica del precepto en cuestión al asignarle el cometido de la determinación y certificación de la muerte “al personal facultativo”, cuando lo cierto es que más que a dicho personal en el que pueden

estar incluidos otros profesionales que se desempeñan en el área de las ciencias médicas sin ser propiamente médicos titulados, el precepto en cuestión nos convoca a una interpretación strictu sensu, hoy ya esclarecida a través de la citada Resolución. El APARTADO PRIMERO exige al efecto dos requerimientos habilitantes que se yuxtaponen, a saber: a) que el médico esté en ejercicio, de lo que se colige que quedarán excluidos aquellos que titulados en Medicina ya se han jubilado o los que su titulo ha sido inhabilitado; b) que el médico esté inscrito en el Registro de Profesionales de la Salud10. Para ello el médico deberá atenerse a alguno de los criterios diagnósticos regulados en los anexos correspondientes, siendo suficiente que el diagnóstico lo haga un solo médico a menos que se trate del criterio neurológico, cuyos parámetros determinativos están previstos en el ANEXO II de la Resolución, supuesto para el cual se prevé en el APARTADO TERCERO la creación de una comisión de especialistas designados por resolución del propio director de cada una de las instituciones acreditadas para diagnosticar la muerte según este complejo criterio. Empero, la norma no específica quiénes podrán formar esa comisión como suele suceder en el Derecho Comparado, ni el número de médicos que deben conformarla, ni las especialidades en que han de estar titulados. Si la fórmula empleada en la norma fue utilizada ex professo por su autor, entonces es porque su intención no fue otra que darle posibilidades a los directores de estos centros especializados con un alto equipamiento técnico en las unidades de cuidados intensivos para que según su prudente arbitrio diseñen la estructura de sus respectivas comisiones, permitiendo adaptarlas al nivel de desarrollo del instrumental médico disponible y del potencial humano con que cuentan. Vale señalar, no obstante, que se corre el riesgo de una ausencia de uniformidad en los criterios de selección y ordenación de las comisiones, lo cual ha de ser del control de las autoridades médicas designadas al efecto al nivel de Ministerio. Sin duda, la propia existencia de la Resolución y, sobre todo del ANEXO II, constituye el
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El Registro Nacional de Profesionales de la Salud fue creado en Cuba por la necesidad de conocer el volumen y características de los recursos humanos calificados del sector de la salud, así como de disponer de información específica sobre cada profesional que desarrollaba actividades afines, de modo que permitiera su evaluación laboral y científica. Ese, al menos, es el sentido del POR CUARTO SEGUNDO del Decreto Ministerial Nº 1 de 7 de noviembre de 1973 del entonces Ministro de Salud Pública. En él serían incluidos no sólo los médicos sino también los estomatólogos y demás profesionales que prestaren servicios en la salud pública cubana (cfr. APARTADO PRIMERO). Para el ejercicio profesional de médicos y estomatólogos es un requisito sine que non su inscripción en el citado Registro, de manera que cada inscripto será portador de un carné oficial como constancia de la previa inscripción, lo que además le permitirá su identificación como profesional de la medicina o de la estomatología. El Registro funciona al nivel central del Ministerio de Salud Pública, según su norma constitutiva, como departamento de la Dirección Nacional de Estadísticas (cfr. APARTADOS del SEGUNDO al CUARTO, ambos inclusive).

principal aporte desde el Derecho en pos de homogeneidad en la aplicación de los parámetros del criterio neurológico de muerte según la escuela cubana de Medicina, tan ansiado durante tantos años. III.2 Aplicación de alguno de los criterios diagnósticos de fallecimiento consagrados en la norma vía anexo. Como vaticiné11 la norma que se comenta parte de la tesis de incluir los criterios diagnósticos que ha de tener en cuenta el médico en aras de determinar la muerte de un ser humano, o sea el clásico o cardiorrespiratorio y el neurológico, sin desdén de la determinación de la muerte en situaciones médico-legales. Por tal razón en el ANEXO I se definen los llamados signos ciertos de la muerte que han de ser explorados al objeto de comprobar la certeza del fallecimiento de un humano, a saber: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Cese de la función respiratoria. Cese de la función circulatoria. Enfriamiento cadavérico. Livideces cadavéricas. Rigidez cadavérica. Espasmo cadavérico. Pérdida de la contractilidad muscular. Putrefacción cadavérica. Pérdida irreversible de la función encefálica.

El ANEXO I se encarga de definir cada uno de los citados signos, advirtiendo en su párrafo segundo el carácter meramente orientativo que para el médico tienen tales definiciones las cuales no le son ajenas por haber sido materia de estudio en su formación básica como galeno. En relación con el criterio neurológico, dado su nivel de complejidad el autor de la Resolución le dedica un anexo, el II, en el que se incluyen los cánones o parámetros a tener en cuenta para su aplicación, incluyéndose como tales a: a) b) c) d) e) coma arreactivo; ausencia de reflejos troncoencefálicos; prueba de atropina; apnea, demostrada mediante el test de apnea; período de observación.

Respecto del período de observación la norma es flexible y toma en cuenta las circunstancias externas e internas que se dan en el paciente que permiten al

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Vid. “Un enfoque filosófico…”, cit. 8.5

médico tomar una decisión12, con las particularidades que ofrecen los recién nacidos, los lactantes y los niños13 y los propios adultos en situaciones no complicadas14 y en aquellas tildadas de especiales15, v.gr. cuando no haya lesión destructiva cerebral demostrable por evidencia clínica o por neuroimagen. III.3 Imprescindible coincidencia del médico que diagnostica con el que certifica la muerte. Otro de los principios informantes de la Resolución lo es el de la plena coincidencia entre determinación y certificación de la muerte. Recuérdese que con la determinación el médico, aplicando los criterios diagnósticos, investiga si está frente a un ser humano o a un cadáver. Si el resultado de la pesquisa es la segunda alternativa, entonces le corresponde acreditar por escrito la causa que provocó el cese de la vida del sujeto16. A través de él el médico da a conocer a las autoridades del Registro del Estado Civil, entre otros, la existencia de un hecho cierto tal cual es la muerte17. No puede soslayarse que el certificado médico de defunción es el principal y más común soporte del asiento de inscripción de una defunción. A tal fin el APARTADO CUARTO de la Resolución hace coincidir la misión de certificar la muerte al médico que la ha diagnosticado a tono así con lo regulado en el Reglamento general sobre la manipulación de cadáveres y restos humanos de 1992 al cual hice referencia en el trabajo que precede a éste en el que la citada coincidencia se convierte en un requerimiento de primer orden 18.

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Vid. ANEXO II, apartado B, punto 5. Aquí se deja claro que el período de observación puede acortarse conforme con el criterio del médico, para lo cual desempeñará un rol importante las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico delimitadas en el apartado D. 13 Vid. ANEXO II, apartado G. 14 Vid. ANEXO II, apartado E. 15 Vid. ANEXO II, apartado F. 16 La expedición del certificado de defunción a cargo del médico ya venía establecida en nuestro contexto jurídico en la Resolución Nº 230/1985 de 23 de septiembre del Ministro de Salud Pública contentiva del Reglamento General de Hospitales que en su artículo 74 así lo establece. 17 En este sentido la Ley 51 del Registro del Estado Civil de 15 de julio de 1985 establece concretamente en su articulo 74. “El registrador del estado civil practicará la inscripción de la defunción de conformidad con: a) La certificación médica de defunción, en la que se consignarán las causas de la muerte, expedida con vista al documento oficial de identidad del fallecido;” Asimismo el artículo 75 del propio cuerpo legal dispone que: “La inscripción de la defunción se practicará de inmediato, al recibirse la certificación médica o la declaración, en la oficina municipal del Registro del Estado Civil correspondiente al lugar donde: a) Ocurra la defunción; b) sea encontrado el cadáver; c) se practique la necropsia; ch) se inhume o creme el cadáver. “ El primero de tales particulares se reitera en el artículo 127 inciso a) del Reglamento de dicha Ley. 18 Vid. “Un enfoque filosófico y jurídico…”, cit., 8.7. En tal oportunidad expuse que en el Reglamento general sobre la manipulación de cadáveres y restos humanos de 1992 sobre la citada coincidencia se exige que:

Asimismo el último párrafo del ANEXO II da por sentado que, de aplicarse el criterio neurológico, corresponde al propio médico que diagnostica la expedición del certificado de defunción. No obstante queda por determinar si ello le es posible a cualquiera de los médicos que conforman la comisión a la que hace referencia el APARTADO TERCERO de la Resolución o a quien le competa presidirla según lo haya dispuesto el director de la entidad hospitalaria o si a todos a pesar del uso del género singular en el sustantivo “médico” en el párrafo ya citado. En cualquier supuesto la expedición del certificado recaerá, ya sea en uno o en todos los galenos que comprobaron la presencia de los criterios diagnósticos de la pérdida irreversible de las funciones encefálicas, en el paciente. De este modo repito lo que ya he dicho antes de que el médico actuante lo haga per se, como el notario que lleva al instrumento público lo que ha constatado de visu et audito suis sensibus19. III.4 La determinación de la hora del fallecimiento y su expresión en el certificado médico de defunción. Para todos los juristas es conocida la relevancia que en el Derecho tiene la determinación exacta de la muerte de una persona, dada la trascendencia que este hecho jurídico desencadena en todos los campos de la vida humana, con protección jurídica, sobre todo en lo que atañe a las relaciones de naturaleza sucesoria cuyo elemento causal es la propia muerte. Para ello se torna imprescindible determinar la premoriencia o postmoriencia de las personas llamadas a sucederse, so pena que se decrete la presunción iuris tantum de comoriencia consagrada en el artículo 27 del Código Civil, con el efecto, aunque
a) de tratarse de fallecidos por muerte natural en los hospitales y áreas de salud, corresponderá la expedición del certificado médico de defunción a aquel de los médicos que haya prestado la asistencia o recibido al fallecido, incluyendo la atención en la casa, en el cuerpo de guardia o en el trayecto al mismo, siempre que el médico pueda deducir las causas de la muerte. De ello no ser posible, o de existir interés científico, para la expedición del correspondiente certificado, el médico se atendrá al resultado de la necropsia clínica indicada (cfr. artículo 15, párrafo primero); b) cuando por causa justificada, y con carácter excepcional no pudiera ser el médico asistente el que expidiera el certificado de defunción, éste sería sustituido por otro médico del servicio en que ocurriera la defunción o se recibiera al cadáver, y en última instancia por el médico de guardia (cfr. artículo 17); c) de tratarse de casos de fallecidos por muerte natural, fuera de las instituciones de salud, con o sin asistencia médica, el certificado médico de defunción podrá ser expedido por el médico de la familia, o cualquier otro del área de salud correspondiente. Sólo en ausencia de éstos, podrá hacerse por cualquier otro facultativo que ejerza legalmente sus funciones asistenciales y que haya conocido del deceso o se le haya solicitado su actuación, pudiendo en caso necesario solicitar la realización de la necropsia clínica en el hospital más cercano (cfr. artículo 19); d) en los casos de fallecidos por muerte natural en instituciones de asistencia social el certificado de defunción será expedido por el médico de la institución, y de no encontrarse éste, se solicitará el servicio de la unidad básica de salud o del hospital más cercano y si fuere necesario para ello la práctica de la necropsia se interesará su realización en el hospital más cercano (cfr. artículo 21).
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Ibídem.

no previsto expresamente sí deducido, de extinción de los vínculos sucesorios de los presuntamente llamados a sucederse con la carga que atañe para quien quiera destruir la presunción de demostrar la premoriencia de un sujeto respecto de otro20. En tal sentido otros de los principios informantes de la Resolución es el enunciado que encuentra su expresión formal en el APARTADO CUARTO supeditando el momento de expedición del certificado a la constatación de cada uno de los signos ciertos de la muerte de acuerdo con los conocimientos que como médico tiene tal profesional. De esa manera, se expedirá el certificado en el que se hará expresar la hora del fallecimiento como aquella que coincida con el momento en que el médico, en atención a su pericia y la ciencia que profesa, haya podido determinar exactamente que se encuentra frente a un cadáver, ni antes, ni después. De valerse del criterio neurológico, dado que éste se utiliza en circunstancias muy especiales por el equipamiento técnico que se requiere para proceder a aplicar cada uno de los parámetros exigidos, condiciona el último párrafo del ANEXO II la expedición del certificado de defunción por el médico, a que se hayan cumplido cada uno de los criterios exigidos por el apartado B del citado ANEXO y, en concreto, el respeto del período de observación, según las circunstancias requeridas en el caso, de suerte que hasta que éste no discurra y se constaten el resto de los criterios no habrá posibilidad alguna de expedición del certificado, consignándose como hora del fallecimiento21 aquella que coincide con la conclusión de tal proceder médico, nunca antes porque el período de observación es otro parámetro a acatar, pero tampoco después, aún cuando al sujeto a quien ya se le haya diagnosticado la muerte no sea un donante potencial o siéndolo, se pretenda mantener en soporte artificial de vida hasta que esté completamente listo el operativo del trasplante. En uno y otro caso ya estamos frente a un cadáver y con ello se ha extinguido la persona humana, su personalidad y todos los derechos de los que como tal era titular con los demás efectos que para el Derecho ello conduce22.
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Sobre el tema de la conmoriencia consúltese la Sentencia de 10 de marzo de 1998 del Tribunal Supremo de España (Ref. 1998/1251 Ponente: José Luis Albacar López, El Derecho) cuyo supuesto fáctico se sustentaba en una pretensión en la que se interesaba procederse a modificar la inscripción de defunción y el consiguiente asiento registral relativo a la hora de la muerte de la niña Taina, adecuándola a los límites máximo y mínimo reflejados en el informe del médico forense, no pudiendo ser anterior a las 14h 45 minutos e igualmente a declarar que Taina falleció en todo caso con posterioridad a su padre D. Harold. Para lo cual el alto foro español sustentó sus sentencia resolviendo el recurso de casación en lo que al objeto de este trabajo concierne sustentando que confirma las sentencia de ambas instancias impugnadas por la actora, que estimaron en parte la demanda por ésta formulada, sobre modificación de inscripciones de defunción en el Registro Civil por conmoriencia, toda vez que en las circunstancias en que los hechos se desarrollaron y tuvieron lugar, deviene manifiesta la imposibilidad para la recurrente de demostrar, contra la declaración legal de conmoriencia, que el fallecimiento de la niña tuvo lugar con posterioridad a la defunción de su padre. 21 Aún cuando no es clara la redacción del párrafo al no consignarse expresamente “hora del fallecimiento” como se requería en la ocasión. 22 Por ello soy del criterio que a partir de lo regulado en el APARTADO CUARTO de la nombrada Resolución el médico puede proceder a la desconexión del ya cadáver de los soportes que

III.5 Creación de una comisión ad hoc para estudiar cualquier revisión posterior de los criterios y proponer su modificación. Por último, cabe acotar que la norma objeto de análisis en su APARTADO QUINTO toma la precaución de dejar expedita la vía de la creación de una comisión ad hoc integrada, a mi juicio, por especialistas de alto vuelo científico para, cuando las circunstancias así lo aconsejen, dado el vertiginoso avance de las ciencias médicas y en especial de la neurología, tanto en el orden internacional como patrio, se revisen los criterios sobre el diagnóstico de la pérdida irreversible de las funciones encefálicas que por vía de ANEXO II se incorporan a la Resolución y de resultar necesario, sean adecuados a las nuevas circunstancias, para lo cual bastaría con modificarse el ANEXO II dejando intacto el contenido del texto básico de la norma e incluso del ANEXO I. Queda por dilucidar, pues la redacción del APARTADO QUINTO no es inteligible en tal sentido, si la comisión debiese ser creada desde ya para avizorar en cualquier momento el advenimiento de nuevas circunstancias que hagan necesario revisar los criterios sobre el diagnóstico de la pérdida irreversible de las funciones encefálicas o, si ello fuese adecuado sólo cuando sea previsible la necesidad de tales cambios por el avance de las ciencias médicas, momento en el cual las autoridades designadas al efecto considerarían oportuno crear la comisión encargada de esta modificación normativa23. Igualmente se hace mutis sobre la estructura de la comisión, quiénes la integrarían y sobre todo qué especialidades serían representadas, dado que se trata no sólo de las ciencias médicas, sino también y muy en especial de las jurídicas por la notoria incidencia del tema para el Derecho y porque sólo el Derecho puede ofrecer la adecuada técnica legislativa.

IV. Una última reflexión
Es cierto que nos encontramos frente a una norma jurídica muy lejos de la perfección, pero eso sí, es una norma dotada del trascendente valor no sólo jurídico sino también axiológico de contener los criterios diagnósticos para la determinación de la muerte y los principios informantes de ésta y de su certificación. Desde el 27 de agosto del 2001 el país cuenta con una útil
sostenían esa vida artificial, actuando con plena licitud y con total amparo legal, si bien como sostienen PADOVANI CANTÓN, Antonio Manuel y María Elisa CLEMENTE RODRÍGUEZ, Resolución Nº 90 del MINSAP de 27 de agosto del 2001. Algunas consideraciones éticas y jurídicas respecto de la misma, (inédito), quizás podría haber sido más sensato que el autor de la norma, de manera explícita, delimitara cuál debería ser el actuar del médico al diagnosticar la muerte según criterio neurológico. A ese fin los autores citados proponen que en el propio APARTADO se adicionara: “...pudiendo entonces procederse a certificar la muerte, suspendiendo, por inútiles, las acciones que se hayan venido realizando hasta ese momento y que tengan como fin procurar la recuperación de una vida que ya no existe”. 23 En el momento en que se escribe este trabajo ya he tenido a la vista un proyecto de la Resolución que complementaría la Resolución 90/2001 de 27 de agosto en el sentido de crear la Comisión encargada de mantener actualizados los criterios reconocidos en la citada norma.

herramienta legal que intenta poner a tono el Derecho con el torrente imparable del discurrir de las ciencias médicas. Su concepción rompe esquemas en el Derecho Comparado y permite colocar a Cuba entre los países con respuesta legislativa en un tema de honda sensibilidad humana. Por ello, cualquier gazapo normativo no empece el valor per se de esta norma que un día me atreví a vaticinar en una aproximación de lege ferenda y de la cual hoy ofrezco mis primeras consideraciones de lege data.

Bibliografía:
- MACHADO CURBELO, Calixto, et al., Criterios cubanos para el diagnóstico de la muerte encefálica, Editorial Ciencias Médicas, Ciudad de La Habana, 1992. PADOVANI CANTÓN, Antonio Manuel y María Elisa CLEMENTE RODRÍGUEZ, Resolución Nº 90 del MINSAP de 27 de agosto del 2001. Algunas consideraciones éticas y jurídicas respecto de la misma, (inédito),
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- PARETS GOMEZ, Jesús et al. Aspectos legales y éticos en el diagnóstico de muerte encefálica, Editorial Ciencias Médicas, Ciudad de La Habana, 1992.

la

- PARETS GÓMEZ, Jesús, “Enfoque jurídico de la muerte encefálica”, en Revista Cubana de Derecho, Nº 6, 1992. - Código Civil de la República de Cuba, Ley Nº 59 de 16 de julio de 1987, vigente desde el 12 de abril de 1988, Divulgación del MINJUS, La Habana, 1988. - Ley Nº 41/1983 de 13 de julio, Ley de la Salud Pública en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria, Nº 61, de 15 de agosto de 1983. - Ley Nº 51/1985 de 15 de julio, Ley del Registro del Estado Civil y su Reglamento, contenido en la Resolución Nº 157 de 25 de diciembre de 1985 del Ministro de Justicia. - Decreto Ley Nº 67/1983 De organización de la administración central del Estado, de 19 de abril, editado por el Departamento de Divulgación del Ministerio de Justicia, La Habana, 1983. - Decreto Nº 139 Reglamento de la Ley de la Salud Pública de 4 de febrero de 1988 en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria, Nº 12, de 22 de febrero de 1988. - Decreto Ministerial Nº 1 de 7 de noviembre de 1973 del Ministro de Salud Pública por el que se crea el Registro Nacional de Profesionales de la Salud en Bioestadística, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Estadística, 1974. - Resolución Nº 230/1985 de 23 de septiembre del Ministro de Salud Pública contentiva del Reglamento General de Hospitales, Editorial Ciencias Médicas, La Habana, 1985. - Resolución Nº 4 del Ministro de Salud Pública de la República de Cuba de 30 de enero de 1992 que aprueba y pone en vigor el Reglamento general sobre manipulación de cadáveres y restos humanos, en Gaceta Oficial de la República, Extraordinaria Especial Nº 2, de 3 de febrero de 1992.

- Resolución Nº 90 del Ministro de Salud Pública de la República de Cuba de 27 de agosto del 2001 que aprueba y pone en vigor los Principios para la determinación y la certificación de la muerte en Cuba, en Gaceta Oficial de la República, Ordinaria Nº 65, de 21 de septiembre del 2001.


								
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