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Constitucionalidad de Cuotas de Colegiatura de Abogado

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Constitucionalidad de Cuotas de Colegiatura de Abogado Powered By Docstoc
					ARGENTINA

http://www.casm.org.ar/recordatorio.htm
Estimado Colega:



Le hacemos saber que ante la modificación del art. 53 Ley 5177 modif. Ley 12.277, que dice:
..” La falta de pago de dos (2) anualidades se interpretará como abandono del ejercicio
profesional y determinará la exclusión automática respectiva, hasta tanto el matriculado
moroso regularice su situación. Sin perjuicio de ello, los Consejos Directivos de los Colegios
podrán suspender en la matrícula a quienes adeuden (1) anualidad.” , el Colegio de Abogados
le ofrece la a posibilidad de regularizar su situación de deuda mediante planes de pago o bien
las distintas modalidades, tarjeta de crédito VISA, transferencia bancaria, efectivo o cheque,
para ello deberá concurrir a nuestra Sede de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 19,30 hs.
http://www.abogado.org.ar/t_25h04.htmtc "http://www.abogado.org.ar/t_25h04.htm"\l 4§
Dr. Edmundo Enrique Schmal, presidente del Colegio de Abogados en los últimos seis años

“Reconducir las incumbencias ampliando la capacitación”

En pocos días más, el Dr. Edmundo Enrique Schmal dejará la presidencia del Colegio de
Abogados de Córdoba, un cargo que ocupó a lo largo de seis años. Antes, en 1985, fue
presidente del Club de Campo de Saldán y miembro suplente del Tribunal de Disciplina, y
entre el 89 y el 95, por tres períodos, se desempeñó como Secretario de la Entidad. En una
larga charla con Tribuno, el Dr. Schmal realizó un balance de la tarea cumplida

- ¿En que situación está hoy el Colegio de Abogados?

- Desde el punto de vista administrativo, podemos decir que los recursos humanos están
optimizados, con el personal estrictamente necesario. Nos impusimos como tarea su
capacitación y que las nuevas incorporaciones lo fueran por concurso. Además, se adecuó la
infraestructura informática para respaldar la gestión administrativa y actualmente se cuenta
con una red importante, que facilita la labor. Quizás parezca modesto, pero sirve, porque por
un lado alivia a los directivos del Colegio que, como se sabe, trabajan ad honorem, y les
permite concentrarse en su cometido específico de cara a los colegiados, sin olvidar que cada
uno vive del ejercicio cotidiano de la profesión. Por otro lado, vino a significar una economía
de recursos y posibilitó un ahorro que si no es cuantioso, sirve para mantener al Colegio sin
deudas de ninguna naturaleza y con una pequeña reserva para contingencias, asegurando el
pago puntual de salarios y compromisos con proveedores y terceros. Hay sin embargo un
aspecto que hemos dejado fuera de la economía y es la Biblioteca.
tc ""\l 4§

CHILE

http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/742/printer-4401.html.
Sergio Urrejola, Presidente del Colegio de Abogados
"Ha habido un cambio positivo en el Poder Judicial"
En la presente entrevista a La Semana Jurídica se refirió a los cambios que ha percibido en la
administración de justicia, al escenario laboral de los abogados, al contenido ético de los
servicios que prestan los abogados, a las elecciones próximas del Colegio de la Orden y a la
implementación de la página web del Poder Judicial.
No todos los abogados del país están colegiados. Sin embargo, un porcentaje significativo de
ellos participa activamente en el Colegio de la Orden que en el mes de mayo tendrá un nuevo
proceso eleccionario.

El presidente del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola, en entrevista a La Semana Jurídica
se refirió a los cambios que ha percibido en la administración de justicia, al escenario laboral
de los abogados, al contenido ético de los servicios que prestan los abogados, a las elecciones
próximas del Colegio de la Orden y a la implementación de la página web del Poder Judicial.

Lleva más de nueve años como Presidente del Colegio de Abogados. Polémica han generado
muchas de sus declaraciones, algunas de ellas denunciando irregularidades en la
administración de justicia. Sin embargo, postulará al Consejo General de la entidad y, si
obtiene nuevamente la mayoría, podría dirigirla por otros dos años.

Sergio Urrejola Monckeberg, abogado especialista en arbitraje, recibió a La Semana Jurídica
y se refirió a diversos temas de interés para nuestro medio.

LA COLEGIATURA Y EL CONTROL ÉTICO

¿Existe interés de los abogados en colegiarse?

Nosotros tenemos una cantidad muy importante de abogados colegiados. En Santiago
solamente tenemos más de siete mil colegiados. Sin embargo, no podemos desconocer que
existe otro número de abogados que no quiere colegiarse.

¿Cuál es la razón de ello?

El abogado que está colegiado se ve favorecido por los descuentos y acceso a charlas,
seminarios y eventos y convenios que el Colegio ha suscrito con diversas instituciones.
Económicamente le significa un aporte si se quiere perfeccionar.

Además para él existe otra ventaja: pertenecer a un colegio que se preocupa de velar por las
garantías constitucionales del abogado. También no deja de ser importante presentarse frente
a sus clientes como un profesional que está dispuesto a someterse a las normas éticas que el
colegio le impone, lo que lo diferencia del que no está colegiado.

¿La colegiatura debiese ser obligatoria?
Este es un tema complejo. Si bien la profesión de abogado en todas partes del mundo está
sometida a los controles éticos por los colegios y sólo somos dos países en el mundo los que
no tenemos colegiatura obligatoria, creo que la respuesta pasa más que porque estén
obligados a colegiarse o no, por el hecho que los abogados tengan un control a la ética.

Recalco lo importante de la existencia de un control de la ética, porque defendemos intereses
de terceros y las personas confían en nosotros y nos entregan sus secretos.
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ensayos/message/117tc
"http://espanol.groups.yahoo.com/group/ensayos/message/117"\l 4§
Santiago de Chile, 28 de Mayo del año 2002


¿Cómo puede perfeccionarse el control ético-profesional de los abogados?
Colegiatura obligatoria y especialización continua

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Arturo Prado
En varias ocasiones el presidente de la Corte Suprema se ha referido a la creación de un
sistema de control ético de los abogados y al número creciente de egresados que acceden a la
profesión legal.

Para facilitar el primer objetivo, creemos indispensable que exista una entidad organizada,
que se encargue de velar porque el interés del público sea debidamente protegido.

Para ello es necesario que se establezca la agrupación obligatoria de todos aquellos que
ejercen esta profesión, integrados en un Colegio que ajuste la conducta de sus asociados. Este
es el sistema que existió en Chile por más de setenta años y es la forma de organización que
se encuentra establecida en la mayoría de los países.

Parece una completa anarquía que en la actualidad y de forma simultánea existan abogados
colegiados, sometidos al control disciplinario de sus colegas, y otros que se pueden
desentender de él al no estar colegiados y que dependen únicamente del control que puedan
ejercer los tribunales y que, en la práctica, ha sido poco efectivo.

El Colegio de Abogados de Chile, en declaración de fecha 26 de marzo del año en curso,
relativa al control ético de la profesión, dio a conocer entre otros aspectos que: "En el curso
de los últimos siete años, el Consejo General del Colegio de Abogados, sólo en la Región
Metropolitana, ha conocido y resuelto 588 reclamos presentados por personas descontentas
de la conducta ético-profesional de algún abogado colegiado. En 139 de tales reclamos, se ha
sancionado al abogado, y en numerosas ocasiones la sanción incluso se ha publicado. En 212
casos, agrega la declaración, el Consejo General ha procurado y alcanzado un avenimiento
razonable, que satisface las expectativas de la persona que ha reclamado; en 148 casos se ha
rechazado el reclamo en contra del abogado".

Añade que "Lo anterior confirma que, para el cliente, el medio más efectivo de asegurarse
una asesoría legal éticamente responsable es buscarla entre los abogados que están afiliados
al Colegio de Abogados, para quienes el control ético de sus actividades profesionales es un
honor más que un deber." Vinculada al tema del control ético está la preocupación que ha
manifestado el presidente de nuestra Corte Suprema frente al aumento de abogados existentes
en el país.

Es un hecho que los egresados que juran como abogados todos los meses -más de 1.200 el
año recién pasado- sobrepasan con creces las necesidades del país. En la actualidad, existen
más de 11.000 abogados y la carrera de Derecho se enseña en 48 universidades, debiendo
indicar que ocho de ellas imparten la carrera en horario diurno y también vespertino, y en las
que se exigen puntajes mínimos de ingreso que van desde los 400 puntos hasta los 686
puntos.
A nadie escapa que esta verdadera masificación de centros de enseñanza del derecho
repercute en el nivel de profesionales que comienzan a ejercer sin contar con las habilidades
necesarias.

A nadie escapa, tampoco, que el fin de la carrera supone para muchos el comienzo de la
cesantía y que ello contribuye, en la práctica, a la proliferación de verdaderos proletarios
forenses y a facilitar la creación de litigios judiciales carentes de sustento real que merezcan
tramitarse como procesos jurisdiccionales.

A nadie escapa, por último, la existencia de distorsiones significativas en el mercado laboral,
en el que comienza a prevalecer la instancia del informal "pituto" por sobre el reconocimiento
a los estudiantes más capaces.

Lo anterior exige, en primer lugar, perfeccionar la formación de los estudiantes a través de
una enseñanza personalizada que, en lugar de estudiantes de la carrera de derecho, produce
estudiantes de derecho "a la carrera".

Exige, además, una especialización continua, ya que la propia realidad empuja al antiguo
abogado "todo terreno" hacia un ejercicio integrado en estudios profesionales, verdaderas
empresas de sofisticados servicios legales que cuentan con reconocidas habilidades
específicas ( penalistas, trabajo, familia, negociación, comercio) propias de un mercado
competitivo y cada vez más globalizado.

Exige, por último, formarlos con espíritu de servicio público y solidario tanto en la labor de
defensa de los intereses de sus clientes como en la colaboración diaria con nuestros jueces
cuando el conflicto judicial es inevitable.

Abogamos, pues, por el pronto establecimiento de una prueba objetiva destinada a comprobar
los requisitos de habilitación del postulante a abogado a través de un examen público de
suficiencia, lo que permitirá acreditar una mejor preparación y, al mismo tiempo, resguardar
su comportamiento ético a través de un control eficiente y oportuno.

Esperamos que las inquietudes planteadas sean recogidas por la autoridad y que atienda los
problemas lacerantes que aquejan a quienes tenemos la noble y abnegada misión de pedir
Justicia para los demás.

* Arturo Prado P. es profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile.
http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/1266/article-27331.htmltc
"http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/1266/article-27331.html"\l 4§
Los abogados opinan...
¿Piensa que debería haber un mayor control en el ejercicio de la profesión de abogados?

Fabriciano Rojas

No solamente es importante, sino que es indispensable porque toda la gente está expuesta a
caer en manos o de profesionales podríamos decir sin tratar de agraviar a nadie "negligentes"
o de "falsos profesionales".

En este momento la única forma de solucionar este problema es que la parte que se ha visto
afectada ante esta situación recurra a los tribunales (a través de la presentación) de una
querella. Sin embargo, para esto se requiere hacer una mayor inversión para contratar a otro
profesional y además si es que encuentra a un abogado que quiera querellarse contra otro, lo
que es bastante complicado.

Hay una indefensión de los ciudadanos en esta materia que es bastante grave y que estimo
que debe solucionarse antes de que podamos alcanzar un desarrollo...

El Colegio de Abogados está empeñado en recuperar la tuición de los abogados en general y
no sólo de los colegiados. Desgraciadamente (dicha tuición) en este momento es
inconstitucional.

Las personas deben saber que si contrata los servicios de un abogado colegiado tendrá donde
reclamar. Si bien el Colegio no puede aplicar sanciones pecuniarias ni restrictivas de libertad
en contra de un abogado que haya cometido una estafa con un cliente para nosotros eso es
realmente importante, ya que cuando alguno de nosotros es sancionado por el colegio la
sanción "se siente"...

Actualizado el 2/12/2002 13:58


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© 2001 Editorial Jurídica ConoSur Ltda. "La Semana Jurídica".
tc ""\l 4§

http://www.colegioabogados.cl/revista/25/articulo2.html
Ética, Derecho y Colegio de Abogados
Por Jorge Mario Quinzio F.
Consejero del Colegio de Abogados

 En una de las máximas de su “Decálogo del Abogado”, don Angel Ossorio enfatiza: “Pon la
moral por encima de las leyes”.
El fundamento del Derecho está en la ética y su consecuencia es la probidad. Un reflejo de
ello lo encontramos incluso en la ley judía o “talmud”, que está sometida a las virtudes de la
solidaridad y la justicia.
La probidad está ínsita en el alma humana, cualquiera sea la época y la cultura en que el
hombre haya nacido, como también lo está la corrupción. Esa es la lucha constante del
hombre: entre probidad y corrupción.
De esa manera los hombres de Derecho afrontamos el dramático problema de la ética
profesional. Ética es aquella parte de la filosofía que estudia la moral, el conjunto de aquellas
reglas que debemos seguir para hacer el bien y evitar el mal.
Un abogado puede tener sólidos conocimientos, buen criterio, destreza, experiencia y talento,
cualidades todas que conforman al buen y aun exitoso abogado. Pero, ¿de qué valen todas
estas cualidades y tal vez otras, si no está presente la virtud de la ética?
La abogacía, más que cimentarse en las cualidades que hemos mencionado y en la lucidez del
ingenio, debe fundarse en la rectitud de la conciencia, cuya piedra angular es la ética. ¿Es
ético aceptar un asunto que en conciencia consideramos infame, para engrosar unos buenos
honorarios, o faltar a la verdad guareciéndonos en la impunidad de la profesión?
En nuestra actividad nos preguntamos: ¿Qué es, dónde está, a qué obliga la ética? Desde
luego, no existe Derecho contra la ética, o en otras palabras Derecho sin ética.
En el abogado la rectitud de la conciencia es más importante que el tesoro de los
conocimientos. Dominar los textos legales y poseer una cultura jurídica es absolutamente
indispensable; pero antes de nada, un abogado debe ser bueno, prudente, abnegado, paciente,
virtuoso.
El abogado afronta constantemente el peso de la injusticia: cuando conoce un fallo torpe;
cuando enfrenta a un cliente desagradecido o una crítica apasionada; injusticia aun ante lo
que algunos llaman “justicia humana”. Frente a todo ello, que en el fondo son agresiones, el
abogado debe tener entereza, fiar de sí mismo, seguir los dictados de su conciencia, mantener
el honor y la dignidad profesional, obrar con honestidad y buena fe.
He aquí donde recordamos a Ciuratti, quien en “Arte Forense” expresa: “Dad a un hombre
todas las dotes del espíritu, dadle todas las del carácter, haced que todo lo haya visto, que
todo lo haya aprendido y retenido, que haya trabajado durante treinta años de vida, que sea en
conjunto un literato, un crítico, un moralista, que tenga la experiencia de un viejo y la
infalible memoria de un niño, y tal vez con todo esto formaréis un abogado completo”.
Indudablemente, todas las virtudes humanas son necesarias en la vida, y aunque quizás se
podría vivir faltando alguna de ellas, sin justicia no se puede. La vida no merecería la pena
vivirla. Por esto nuestra profesión es maravillosa.
Angel Ossorio en “El Abogado” dice: “Por eso nuestro papel es grande, maravilloso. Somos
el anhelo de la justicia, los apóstoles de la virtud suprema de la vida, los ministros de la paz
social. Estamos por encima de la riqueza, de la belleza y de la salud. ¿Puede haber algo más
encantador, más emocionante? El abogado tiene que ejercer su profesión con orgullo, con
exaltación, con pasión desbordada. Si su alma no late excitada por esos sentimientos ¿de qué
le servirá emborronar pliegos y cobrar minutas? Será un ganapán del Derecho, podrá ser,
quizás, un hombre de ciencia: abogado, no”
Nuestro Código de Ética Profesional prescribe que el abogado debe ceñirse con estrictez a los
normas morales. Creemos sinceramente que, dentro de las normas morales, un buen abogado
sólo debería aceptar las causas que repute justas y defenderlas de buena fe. Otra norma es ser
estudioso: analizar concienzudamente el litigio puesto en sus manos, no dejar de lado ningún
antecedente o argumento por trivial o insignificante que parezca.
Al referirnos a la ética del abogado, desempolvamos del olvido una pieza académica escrita
por el destacado jurista, constitucionalista, político en su época, don Juan Egaña, titulada
“Oración que debe decirse en la función pública de la cátedra de elocuencia sobre la conducta
política y moral que deben observar los abogados en su profesión”, que en uno de sus
acápites expresa: “Vuestra carrera es un estado donde labrar su fortuna y cumplir sus deberes
son una misma cosa, en que son inseparables el mérito y el honor, donde el hombre, único
autor de su elevación, hace dependientes a los demás de sus talentos y les obliga a rendir
homenaje a la superioridad del genio. Las distinciones fundadas en la casualidad del
nacimiento, los grandes títulos de que se lisonjea la vanidad, son inútiles en una profesión
donde la virtud y la sabiduría forman su nobleza y donde la estimación se adquiere no por el
trabajo de los antepasados sino por las obras propias.
Las riquezas pueden engrandecer otras profesiones, pero la vuestra se avergonzaría de
mendigar su elevación de este principio. Las generosas tareas de una virtuosa mediocridad os
conducirán siempre a los horrores. Las mismas adversidades harán siempre brillar un mérito
que se hubiera tal vez desconocido en las delicias y reposos de una obscura prosperidad. El
mérito y la opinión jamás pueden adquirirse al precio de todas las riquezas, y el público
siempre libre en sus sufragios da el crédito y la gloria pero no los vende. Este público os
proporciona tantos protectores como haya testigos que escuchen vuestra elocuencia, las
personas con quienes tengáis menos relaciones serán instrumentos de vuestra elevación y
cuando os ocupéis únicamente en la ambición de cumplir vuestros deberes, la voz y sus
aplausos os darán la reputación que no consiguen los empleos más distinguidos”.
Para preservar la ética del abogado lo mejor, creemos, es su colegiatura obligatoria. Hay una
corriente que ve en esto un atentado a la libertad. Pero no es así. El Colegio de Abogados
significa mucho para nuestra profesión: estímulo, disciplina, órgano de relación interno y con
el mundo internacional; vigilante celoso y serio de la conducta profesional, órgano que debe
servir para graduar los honorarios a fin de que sean justos y adecuados. Debe ser, y lo es,
instrumento para difundir cultura jurídica y defensor de la dignidad del abogado.
Es, en fin, una institución gremial de fuerte tradición y gran conveniencia para la profesión.
Es de desear que para reforzar la ética del abogado volvamos a la colegiatura obligatoria.
http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/772/article-4830.htmltc
"http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/772/article-4830.html"\l 4§
Por Arturo Prado Puga, Consejero Colegio de Abogados de Chile A.G.
"La Colegiación Profesional Obligatoria"

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1.- Razones existen para apoyar la colegiatura obligatoria:

Estimamos que el núcleo del tema de la colegiatura obligatoria consiste en que, tratándose del
ejercicio de una profesión universitaria reconocida por la ley cuyo desempeño exige un título
que emana de una autoridad como es la Corte Suprema que certifica a la comunidad toda que
el investido posee la competencia necesaria para cumplir una determinada función, resulta
indispensable que exista una entidad organizada con potestades suficientes que se encargue
de velar para que ese interés público sea debidamente protegido.

Parece normal entonces que, en este caso y en beneficio de toda la colectividad, se restrinja
excepcionalmente la libertad de asociación, disponiendo la unión obligatoria de todos
aquellos que ejercen una misma profesión integrados en un Colegio que ajuste y ordene la
misma profesión integrados en un Colegio que ajuste y ordene la conducta de sus asociados a
través de estándares dictados por sus pares elegidos democráticamente.

Este es el sistema que existió tradicionalmente en Chile por más de cincuenta años con
mucho prestigio y es la forma de organización que desde antiguo se encuentra establecida en
la mayoría de los países.

Existen opiniones muy autorizadas como las de los Profesores Ríos Alvarez, Silva Bascuñan
y Evans de la Cuadra (Vid: Lautaro Ríos Alvarez, "Los Colegios Profesionales", Revista de
Derecho Público, Vol 1996, N°59, pág. 185 y sigs.) que se han ocupado del tema alcanzando
la misma conclusión. Parece una completa anarquía que en forma simultánea existan
conclusión. Parece una completa anarquía que en forma simultanea existan abogados
colegiados, sometidos, por ende, al control disciplinario de sus compañeros y otros que se
pueden desentender de ella al no estar colegiados y que dependen únicamente del control que
puedan ejercer los Tribunales y que en la práctica no existe.

A nuestro juicio constituye un error que el D.L. 3.621 de 1981 haya desmantelado los
colegios profesionales, transformándolos en meras asociaciones gremiales permitiendo la
organización paralela de otras entidades, sin contemplar las peculiaridades que caracteriza el
ejercicio de una actividad universitaria de esta naturaleza. Conviene tener en cuenta las
palabras contenidas en la exposición de Motivos del Decreto Ley N° 406 de 1925 que
estableció nuestro primer colegio:

"Ninguna profesión tan delicada y pocas tan nobles como la del abogado, ya que de su
correcto o abusivo ejercicio dependen el estado civil de las personas, la tranquilidad u honor
de las familias, la estabilidad de las fortunas, la conservación y legítima transferencia de la
propiedad inmueble, el respeto y cumplimiento de las convenciones y la posibilidad de
solucionarlas por medios fáciles y expeditos. "Vid. Mario García Cabezas, El Colegio de
Abogados, Memoria de Prueba, U. De Chile, Santiago, 1959, págs. 35). Cuando entendemos
el servicio que presta al público la profesión de abogado, bajo las distintas variables del
ejercicio de un estado de derecho, debemos resaltar que entre sus aspectos más fundamentales
se encuentra el de poder ejercitarla con la dignidad y altura que la función requiere, no
porque el abogado busque su propio bienestar sino el de la sociedad a la que sirve.

2.- Reforma de la Constitución:

Para darle las atribuciones que tenía el Colegio, habría que modificar el art. 19 N° 15 y 16 de
la Carta Fundamental y volver a la idea que en forma excepcional requería la Colegiación
obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias, aspecto que estaba presente
tanto en los Proyectos de la Comisión Ortúzar (Vid. Revista Chilena de Derecho, Vol 8.1981.

"Antecedentes de la Constitución de 1980", pág. 137 y sigs., especialmente págs. 200, 227,
228, 330) como en el Proyecto del Consejo de Estado (Ibídem, pág. 432), sin que exista
constancia de la razón para haberla modificado en el texto vigente y que en la práctica ha
resultado inconciliable con la intención de proteger a estos grupos intermedios (Vid. Lautaro
Ríos Alvarez, ob. Cit pág. 190, 196 Y 197)

3.-Ventajas representa volver al sistema anterior:

El objetivo central de la afiliación al Colegio y la regulación del ejercicio de la profesión no
es solamente recobrar la tutela deontológica o la potestad disciplinaria, sino buscar además
las ventajas gremiales que provee la unidad y que solo se conquistan y aprecian a través de
esta Colegiación integral. Entre otros beneficios están los seguros de vida, las becas para los
hijos de abogados fallecidos, asistencia a cursos, las certificaciones de especialidades y
obviamente la confraternidad ya que la soledad es siempre mala consejera.

Por otra parte, la manera más eficaz de alcanzar la defensa de nuestros intereses comunes y
prerrogativas como gremio, procurando la unión y solidaridad de todos en una profesión que
casi siempre es de enfrentamiento continúo, es a través de esta forma única de colegialidad.

Lo anterior no obsta, por cierto, a que existan asociaciones unidas o coligadas a esta entidad
que agrupe a los abogados en torno a determinadas áreas de interés (laboral, seguros, marcas
y patentes).

Ventajas que ofrece esta regulación de la Colegiación frente al número creciente de abogados
existentes en el país:
El rol siempre prominente del abogado en temas trascendentales para nuestra sociedad hace
imprescindible potenciar la idoneidad moral y técnica de estos profesionales que tras su
licenciatura universitaria aspiran a ejercerla manteniendo su carácter de mediadores en
aplicación del derecho y en última instancia, en vehículos para alcanzar la paz social. La
plétora de egresados que juran todos los meses sobrepasa con creces las demandas del país y
para nadie es un misterioso que el fin de la carrera supone muchos el comienzo de la cesantía.
En el ámbito de la carrera de derecho, cabe destacar que ésta se enseña en un total de 39
universidades, debiendo indicar que 8 de ellas, imparten la carrera en horario diurnos y
también vespertino.
A nadie escapa tampoco que la explosión desmedida de centros de enseñanza de derecho
repercute en el nivel de algunos profesionales tanto en universidades públicas como privadas,
que comienzan a ejercer sin contar con las habilidades necesarias. La actual explosión
desmedida de centros de enseñanza de esta disciplina exige potenciar pro lo consiguiente, la
asociación gremial de estos nuevos letrados, respaldando efectivamente la gestión de aquellos
profesionales mejor preparados y, al mismo tiempo, estar atentos al nivel de preparación de
los nuevos profesionales, amparados por un control eficiente y oportuno de sus habilidades.

Antiguamente la Corte Suprema, formando una comisión compuesta entre otros por el
Presidente del Colegio comprobaba los requisitos del postulantes a abogado con un examen
público con "el objeto de cerciorarse de su competencia" (Art., Decreto 1.450 de 15 de Abril
de 1935 que contiene el reglamento de la Ley N°4.408 de 08 de septiembre 1928) acerca del
ejercicio de la profesión.

La Colegiación obligatoria ayudará a encausar debidamente este tema evitando la
proliferación de un verdadero proletariado forense.
http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/1384/article-32481.htmltc
"http://www.lasemanajuridica.cl/LaSemanaJuridica/1384/article-32481.html"\l 4§
Carta al Director
Opinión de un abogado brasileño

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Señor Director:

Referente al tema de la tendencia legislativa de prescindir de abogado, como patrocinadores
de ciertas causas, encuentro una idea excelente, pues la jurisprudencia internacional
demuestra que cuando los intereses de la persona dificultan el acceso a la justicia en
determinados casos, la tendencia de las personas es hacer justicia con las propias manos, lo
que está totalmente en contra del derecho.

Por otro lado quede apavorado cuando supe que en Chile la colegiatura no es obligatoria,
también claramente demostrado en un caso concreto, el ejercicio ilegal de la profesión, esto
es un absurdo.

Por otro lado en Chile no existe un control ético para nuestra profesión, puede decirse que
existe para los que son colegiados, mas todos sabemos que la mayoría no lo es.

Yo continuamente veo esta sección (los abogados opinan, en La Semana Jurídica), mas en
algunos casos quedo perplejo con las opiniones de los colegas, algunos inclusive con
doctorado, como por ejemplo en la área constitucional. Hasta poco tiempo atrás tenía una
opinión favorable de estos profesionales en Chile, mas después de sufrir en carne propia un
caso enparticular, los colegas para defender un caso de servidumbre, utilizan un recurso de
protección, que tamaña ignorancia, al principio pensé que era broma, mas infelizmente es
verdad, aquí el problema no es del profesional, sino de la Universidad donde estudió.
COSTA RICAtc "COSTA RICA"\l 4§

http://www.abogados.or.cr/servicios/servicios_pago.htm
Pago de la colegiatura



Monto de la cuota: ¢2.000 mensuales
Métodos o formas de pago:

Contado
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Para los pagos con tarjeta Visa,
favor suministrar la nueva fecha de vencimiento al cambiar o renovar la tarjeta. Requisito
indispensable del Banco Nacional para enviar a cobro.
Depósito bancario (Banco Nacional de C.R. cta. corriente #16872-4), favor remitir el
comprobante del depósito al fax: 253-1947 ext.212 e indicar el nombre y número de carné del
abogado
Cargo automático mensual, de su tarjeta de crédito (Visa, Credomatic, St, Sistema PAR
Banco Nacional). Es necesario revisar el Estado de Cuenta, para verificar si ha aplicado
adecuadamente, si se presenta alguna inconsistencia favor comuníquese con nosotros.
 Sanciones respecto al no pago de la colegiatura:

Según el artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados:

"El abogado que incurra en atraso mayor de seis meses en el pago de las cuotas de
Mutualidad, o hasta dos meses en el de las cuotas de los seguros a que se hubiere obligado
con el Colegio, será reconvenido y se le dará un mes plazo para el pago. Si vencido ese
término no cumpliere con éste, será suspendido en el ejercicio de sus funciones por
resolución que dictará, sin recurso alguno, la Directiva del Colegio y que se publicará en el
"Boletín Judicial", si se trata de un abogado litigante; por la Corte Suprema de Justicia si el
abogado fuere funcionario o empleado judicial; y en los demás casos, por quien tenga
facultades para decretar la suspensión.

La sanción se impondrá, cuando no se refiera a abogados litigantes con vista del oficio del
Secretario del Colegio en que dé cuenta de la omisión de pago.

La suspensión surtirá sus efectos a partir del día siguiente a la publicación del aviso
respectivo en el "Boletín Judicial", y subsistirá mientras no se publiquee el aviso del Tesorero
del Colegio en que dé cuenta de haber sido pagadas las cuotas atrasadas, más un vienticinco
por ciento de exceso en concepto de multa.

El Tesorero dará cuenta a la Directiva del atraso referido, dentro de los ocho días siguientes
al vencimiento de los plazos respectivos; y por el incumplimiento de esa obligación será
corregido disciplinariamente."

Envío de estados de cuenta por fax: Enviar un correo electrónico a
webmaster@abogados.or.cr pidiendo el envío con el nombre completo del Colegiado,
número de carné, número telefónico y número de fax.
http://www.abogados.or.cr/servicios/servicios_certificaciones.htmtc
"http://www.abogados.or.cr/servicios/servicios_certificaciones.htm"\l 4§
Certificaciones

Requisitos para solicitar una certificación

 Solicitud por escrito de la certificacion.
 Verificar en la caja o en contabilidad, su estado actual correspondiente a cuotas de
colegiatura, ya que si existen saldos pendientes por cuotas, estos serán incluídos en la
certificación.
 Si cancila con tarjeta de crédito, favor indicarlos en la solicitud.
 Cancelar la certificación en un valor de ¢1.000 en la caja.
 Adjuntar los timbres correspondientes para una certificación:

¢15 TIMBRE FISCAL
¢50 TIMBRE ABOGADO
¢5 TIMBRE ARCHIVO

Importante

El plazo de entrega es de tres días hábiles sin excepción a partir de la fecha de recibida la
solicitud.

Las certificaciones que se expiden son de afiliación del Abogado al Colegio, que comprende:
El número de tomo, folio, fecha de incorporación, estado actual del Abogado en el
Departamento de Asuntos Disciplinario y si en el Departamento de Contabilidad se
encuentran pendientes cuotas de colegiatura y algún otro dato que solicite el interesado
http://www.racsa.co.cr/asamblea/proyecto/buscar/14589.doctc
"http://www.racsa.co.cr/asamblea/proyecto/buscar/14589.doc"\l 4§
PROYECTO DE LEY


LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS


Expediente Nº 14.589


ASAMBLEA LEGISLATIVA:

    La Ley Orgánica del Colegio de Abogados, Nº 13, de 28 de octubre de 1941, pese a sus
reformas posteriores, no responde a las condiciones históricas actuales.

    Los colegios profesionales, como entes públicos no estatales, deben jugar un papel
relevante, sobre todo en el momento en que las funciones del Estado se están
redimensionando. El autocontrol de la profesión debe fortalecerse de modo que sean los
propios profesionales los que luchen por dignificar la profesión. Elevar el nivel técnico y
ético de la profesión debe ser el cometido de estas corporaciones.

    La profusión de universidades privadas ha masificado las profesiones, por lo que los
colegios deben adecuarse a las exigencias de esta nueva situación: más responsabilidad en la
formación previa a la colegiatura y más responsabilidad durante los años de ejercicio de la
profesión: ese papel resulta irrenunciable para un colegio profesional.


 Por otra parte, la creación de la Dirección Nacional de Notariado como un ente adscrito al
Poder Judicial en 1998 ha demostrado que resulta un cuerpo extraño en un poder de
naturaleza fundamentalmente jurisdiccional. Esta Dirección, cuya función es administrativa
(distinta a la que ejerce el Juzgado Notarial) debe estar en sede administrativa. Los mismos
jerarcas judiciales así lo han comprendido. Varios países tienen reunidos en un solo ente el
control disciplinario de la abogacía y el notariado. La unificación de ambas funciones
evitaría la actual duplicación y permitiría destinar más recursos a las actividades académicas,
de control disciplinario y de servicio social obligatorio. Por eso proponemos algo más que
una reforma: la creación del Colegio de Abogados y Notarios.

    A la par de esta reestructuración se proponen otros institutos nuevos como son el servicio
social obligatorio, por medio de los consultorios jurídicos, los exámenes de incorporación, y
el registro de especialidades, temas estos ausentes en el ejercicio y control profesional actual.

     Con esas y otras finalidades también incluidas en el texto posterior, la Comisión propone
el siguiente proyecto de nueva Ley Orgánica del Colegio.


LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS
...
Artículo 7.- Las autoridades administrativas y judiciales podrán exigir a los abogados y
notarios la presentación de su carné vigente. El Colegio emitirá a sus colegiados un carné
con una vigencia trienal. El carné se renovará presentando la solicitud respectiva en las
boletas que al efecto les suministre el Colegio a los Abogados y Notarios que tengan sus
obligaciones con el Colegio al día.

Artículo 9.- Los abogados con posgrados en Derecho, con títulos nacionales o con título
extranjero legalmente reconocido y equiparado, podrán inscribirse en el Registro de
Especialidades. Para esto deben realizar el examen de especialidad que administrará el
Instituto Costarricense de Ciencias Jurídicas. Una vez superada esta prueba, el Registro de
Especialidades inscribirá al abogado. Solamente los abogados debidamente inscritos en el
Registro de Especialidades podrán presentarse como especialistas.
Artículo 16.- Los colegiados tienen las obligaciones siguientes:


1.- Adecuar su comportamiento público o privado, como cualquier ciudadano, al
ordenamiento jurídico costarricense.

2.- Adecuar su comportamiento público o privado, como colegiado, a la presente Ley, a las
demás relacionadas con la profesión, a los reglamentos de las mismas y al Código de Moral
del Profesional en Derecho que promulgará la Junta Directiva.


Artículo 17.- Los colegiados tienen frente al Colegio las obligaciones siguientes:


1.- Asistir a las asambleas generales de colegiados.

2.- Cumplir con los cargos y funciones encomendados por el Colegio.

3.- Prestar asistencia jurídica gratuita en los Consultorios Jurídicos, según lo establezca el
reglamento respectivo.

4.- Brindar y completar la información personal y profesional, exigida por el Colegio para sus
propios registros.

5.- Aceptar la autoridad de los órganos del Colegio y acatar sus decisiones.

6.- Pagar puntualmente sus cuotas de colegiatura y mutualidad y las demás contribuciones
establecidas por esta Ley. Mientras dure la morosidad el remiso queda suspendido del
ejercicio de su profesión hasta que se ponga al día.


Artículo 22.- Los colegiados serán suspendidos en el ejercicio total de su profesión, en los
siguientes casos:
..
2.- Cuando permanezcan morosos en las cuotas de colegiatura. En este caso el abogado será
apercibido por medio de un aviso en un periódico de circulación nacional, en el cual se le
otorgue un plazo de un mes para ponerse al día. A partir de este plazo operará la suspensión
mientras continúe moroso.
Artículo 23.- Los colegiados serán suspendidos en el ejercicio total o parcial de su profesión,
mientras se encuentren cumpliendo la pena de inhabilitación para su ejercicio impuesta por
cualquier tribunal nacional.
http://www.programamckee.or.cr/sala/5483-95%20Colegiatura%20Obligatoria.htm



Sentencias Constitucionales
COLEGIATURA OBLIGATORIA

Exp. 1552-E-91


Sentencia Nº 5483-95

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
nueve horas treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco.-

Acción de inconstitucionalidad de EUGENIO MAY CANTILLANO, vecino de San José,
cédula 9-026-360, para que se declare que los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Colegio
de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Nº 4770 de 28 de octubre
de 1972, son contrarios a los artículos 25 y 56 de la Constitución Política; al artículo 6 inciso
1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; a los artículos 20
inciso 2) y 23 inciso 17) de la Declaración Universal de Derechos Humanos; al artículo 22
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Intervienen la PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, representada por Adrián Vargas Benavides, vecino de San José, cédula 4-105-
889, en su condición de Procurador General y el COLEGIO DE LICENCIADOS Y
PROFESORES EN LETRAS, FISICA, CIENCIAS Y ARTES, representado por su
Presidente, Porfirio Rojas Benavides, vecino de San José, cédula 9-003-099. Figuran,
además, como apoderados especiales judiciales del accionante y del Colegio Profesional
indicado, el Licenciado Huberth May Cantillano y el Doctor Mauro Murillo Arias, ambos
abogados, de este vecindario.-


RESULTANDO:

1 ).- La acción ha sido planteada para que en sentencia se declare que los artículos 4 y 5 de la
Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes,
Nº 4770 del 28 de octubre de 1972 es contraria a los artículos 25 y 56 de la Constitución
Política; al artículo 6 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; a los artículos 20 inciso 2) y 23 inciso 1), de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; al artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y
al artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La pretensión de la acción
se fundamenta en los siguientes argumentos:

"Que la libertad de Asociación recogida en estos textos -se refiere a los numerales 25, 16, 20
inciso 1) y 22, que se citaron- tiene dos aspectos inescindibles: uno positivo y otro negativo.
La libertad de asociación en sentido positivo consiste en el derecho de decidir si uno se asocia
a un grupo. La libertad de asociación en sentido negativo consiste en el derecho o facultad de
no asociarse a un grupo. La esencia del derecho de asociación, el principio básico que recoge,
es el de la libre voluntad del ciudadano para pertenecer o no a un grupo. Aquellos textos de
los mencionados que sólo recogen la formulación positiva deben interpretarse (de acuerdo
con las normas de interpretación referidas a Derechos Humanos) como comprensiva de la
libertad negativa de no asociarse. La libertad negativa de no asociarse está claramente
recogida en los arts 25 de la Constitución Política y art 20 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Dicen estos textos. art. 25 "Los habitantes de la República tienen
derecho a asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación
alguna" (el subrayado es nuestro).

….


III ).- LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES
(DERECHO COMPARADO).-

Al emprender el estudio del Derecho Comparado, con el objeto de desentrañar la naturaleza
jurídica de los colegios profesionales, se repara que la tendencia abrumadoramente
mayoritaria es la de considerar que el tema no es materia constitucionalizable y por ello la
institución no suele aparecer en los textos constitucionales, aunque en alguna legislación,
como por ejemplo en la española en cuya Constitución en su artículo 36, se hace una relación
expresa a los colegios profesionales y a las profesiones tituladas, remitiendo el tema por
completo a lo que disponga la ley ordinaria. Es por ello que no se puede hacer una síntesis
comparativa a los efectos de centrar el tema de análisis desde el punto de vista del Derecho
constitucional comparado. Pero sí resulta de interés resaltar lo actuado por la Asamblea
Nacional Constituyente; en la discusión del derecho de asociación, hizo una breve
intervención en el Acta Nº 111 el Diputado Arroyo, expresando que "ya que en la práctica se
ha presentado el absurdo de obligar a los profesionales a formar parte de determinado
colegio, que a veces no ha sabido cumplir rectamente su misión". Con esta intervención, a
juicio de la Sala, se evidencian dos ideas pertinentes: ya al discutirse el derecho de asociación
en el seno de la constituyente, existían los colegios profesionales en Costa Rica y tomados en
cuenta a manera de ejemplo, no se consideró expresamente que su funcionamiento fuera
inconstitucional; y por otro lado, se calificó de absurda la existencia de colegios que no
cumplen los fines esperados por el legislador, lo que atañe, sin duda, a la necesaria identidad
que debe existir entre el colegio mismo y el interés público. Esta es la única referencia a la
colegiatura obligatoria en nuestra constituyente y a juicio de la Sala, no es suficiente indicio
histórico constitucional, que conduzca a establecer la inconstitucionalidad de los colegios
profesionales, ni que se produjera en esa calificada discusión, aunque fuera indirectamente, la
conclusión que los colegios profesionales son asociaciones en los términos de ese artículo 25.

IV ).- LA CUESTIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.-

Desde siempre se ha planteado el debate en torno a la naturaleza jurídica de los Colegios
Profesionales, discusión que no ha sido exclusiva del Derecho costarricense y que conduce,
invariablemente, al examen de las premisas de si son asociaciones, corporaciones o
establecimientos de interés público no estatales. Se impone, en consecuencia, realizar el
análisis correspondiente desde tres puntos de vista : doctrinario, de la jurisprudencia patria y
del Derecho comparado. a) La Doctrina.- La discusión se presenta entre dos posiciones
claramente identificables : los que afirman que asociación y corporación son conceptos
jurídicos extraños entre sí, diferentes y regulados por normativas distintas, y los que sostienen
que los colegios profesionales son asociaciones puras y por ello, es violatoria la
obligatoriedad de pertenencia, como requisito para ejercer determinada actividad. Ambas
posiciones coinciden en que tanto las asociaciones como las corporaciones, tienen una base
asociativa, es decir, son agrupaciones o colectividades de sujetos. La diversa naturaleza del
acto constitutivo, es una diferencia, se dice, entrambas : las asociaciones surgen como
manifestación de un acuerdo libre de voluntades y bajo la forma que regula una ley general,
que dispone todo lo concerniente al funcionamiento, organización, capacidad y personería
jurídicas, entre otros aspectos; en cambio las corporaciones surgen por mandato de una ley
específica (acto legislativo concreto) y se conciben para ejercer funciones públicas, de
manera que están regulados por el interés público. En síntesis, del planteamiento del tema se
extraen dos ideas básicas : se afirma que el texto del artículo 25, al expresar que "Nadie podrá
ser obligado a forma parte de asociación alguna", no admite ninguna de las reflexiones
doctrinarias esbozadas; y por otro lado, que tampoco procede la tesis de estimar que cuando
está involucrado el interés público, mediante un reconocimiento por ley se puede hacer surgir
un colegio profesional que es distinto a una asociación; ésta, por el contrario, para su
ejercicio solo requiere de emprender un fin lícito y conformarse con lo que disponga el marco
jurídico general (Ley de Asociaciones). b) La Jurisprudencia Nacional.- La Corte Suprema de
Justicia en resolución de Corte Plena, ejerciendo, entonces, la función de contralor de
constitucionalidad, en sesión de las catorce horas del veintiocho de enero de mil novecientos
ochenta y dos, por unanimidad, declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por Jorge Alfonso Meza Castro, referente a los artículos 48 y 49 de la Ley
General de Salud, al artículo 2 de la Ley Nº 5784 de 19 de agosto de 1975 y al Decreto
Ejecutivo Nº 10186 del 30 de junio de 1979 y en el considerando VII, páginas 19 y siguientes
expresó literalmente:

"VII.- La libertad de asociarse o no asociarse, que garantiza el artículo 25 de la Constitución
Política, no puede resultar infringida por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de
Cirujanos Dentistas (Nº 5784), ni por las demás normas citadas que impiden el ejercicio
profesional y la obtención del material odontológico, pues el artículo 25, en cuanto dispone
que "nadie podrá ser obligado a forma parte de asociación alguna", se refiere a aquellas
situaciones, regidas por el principio de autonomía de la voluntad, en que sí queda al arbitrio
de la persona resolver lo que corresponda porque la decisión sólo interesa, en primer término,
al propio sujeto, en tanto crea o no conveniente unirse a otras personas para el logro de
determinados propósitos. Y si en el ordenamiento jurídico se favorece la formación de esas
asociaciones, ello es porque el Estado debe procurar el mayor bien de los gobernados y
porque, en tesis general, la unión de personas redunda en beneficio de todo el grupo y de cada
sujeto en particular. No es posible confundir esos casos con la inscripción o incorporación
obligatoria en los Colegios profesionales, pues éstos tienen otra razón de ser y se organizan
con una finalidad que va más allá del ámbito en que se desenvuelven los intereses del grupo o
de la persona individualmente considerada. Es verdad que esos Colegios también actúan en
interés común y en defensa de sus miembros; pero nótese que, aparte de ese interés, hay otro
de mayor jerarquía que justifica establecer la colegiación obligatoria en algunas profesiones
(las que generalmente se denominan "liberales"), puesto que, además del título que asegure
una preparación adecuada, también se exige la estricta observancia de normas de ética
profesional, tanto por la índole de la actividad que realizan esos profesionales, como por la
confianza que en ellos depositan las personas que requieren sus servicios. Todo eso es de
interés público, y el Estado delega en los Colegios la potestad de vigilar el correcto ejercicio
de la profesión. La antigua Sala de Casación de esta Corte, en sentencia dictada a las quince
horas del diecisiete de junio de mil novecientos setenta, al resolver un asunto de injurias por
la prensa, hizo las siguientes consideraciones:

"Los colegios profesionales no son simples asociaciones privadas ni de meros intereses
privados, sino que participan de otras características que los sitúan en una zona fronteriza
entre las entidades del Estado y las personas jurídicas privadas. En la doctrina del Derecho
Administrativo se considera que esos colegios y otros entes de carácter corporativo pueden
calificarse de "públicos" aunque no formen parte de la administración estatal, según opinión
del profesor Fernando Garrido Falla (ver "La Descentralización Administrativa", edición de
la Universidad de Costa Rica, páginas 55 a 63); o bien, como lo dicen otros autores, de
establecimientos de interés público no estatales, que integran una tercera categoría de
personas jurídicas, intermedia entre las privadas y las del Estado (ver Tratados de Derecho
Administrativo de Enrique Sayaguéz Laso, Tomo I, páginas 164 y siguientes; Benjamín
Villegas Basavilvaso, Tomo II, páginas 119 a 124; y Manuel María Diez, Tomo II, páginas
94 a 103). Esa doctrina es perfectamente aplicable en el derecho costarricense, pues aquí
también los colegios profesionales pertenecen a esa categoría intermedia, tanto por la forma
en que esos colegios se constituyen como por los fines de interés público que se han tomado
en cuenta para organizarlos, desde que al Estado interesa que el ejercicio de las llamadas
profesiones liberales se haga en forma eficiente, para garantía de la comunidad entera. A los
órganos de esos colegios se atribuye potestad disciplinaria, para corregir las faltas de sus
miembros, y de ese modo se delega en dichos órganos una parte del poder de policía o de
vigilancia que es atribución del Estado".-

….

XI.- EL EXAMEN DEL CASO CONCRETO.-

De la aplicación de la doctrina expuesta, la jurisprudencia nacional incluyendo la de esta
Sala, la jurisprudencia extranjera y de los principios concretados en los considerandos
anteriores, la Sala Constitucional llega a las siguientes conclusiones para el caso concreto:

a) El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, es un ente
corporativo y como tal, no se encasilla en la naturaleza del derecho de asociación que prevé
el artículo 25 constitucional;

b) Independientemente de otros fines que persiga el Colegio, en lo que atañe a la colegiatura
obligatoria, está concebido para que únicamente sus agremiados, puedan desempeñar los
cargos relacionados con el proceso de enseñanza media oficial y superior; es decir, de la
enseñanza que tiene como objeto final, la entrega de un título reconocido por el Estado y
además, para el desempeño de otros cargos en la Administración Pública relacionados con la
misma materia;

c) De lo expresado en el punto anterior y las conclusiones expuestas por el Colegio y la
Procuraduría General de la República en la audiencia oral (vista) celebrada el jueves
veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, se concluye en que no se requiere
la colegiatura obligatoria para que cualquier persona puede ejercer su derecho a educar, en
cualesquiera materias y modalidades, graduar a los educandos y entregarles los títulos
correspondientes, con la limitación que tales títulos y grados académicos serán privados y por
ello, pueden no ser reconocidos por el Estado;

d) Consecuentemente, la colegiatura obligatoria a este Colegio, bajo la modalidad que se ha
expuesto, no resulta contraria al derecho fundamental a la educación, ni en su ejercicio activo
ni pasivo;
e) En el proceso formal de la educación media y superior, el ejercicio de la libertad de
educación corresponde a toda persona que crea, dirige y administra un centro de educación,
libertad que no puede ser limitada sino en los términos de la jurisprudencia de esta Sala;

f) El ejercicio de la libertad de enseñanza no se lesiona con la colegiatura obligatoria,
requisito que se exige para educar en los procesos oficiales y que no resulta aplicable a todos
los demás; y,

g) El ejercicio de la profesión en forma de colegiatura obligatoria, no resulta
desproporcionado, ni irrazonable, cuando se trata de autorizar el ejercicio profesional, regular
la profesión, dictar códigos y normas de ética, y ejercer el poder de fiscalización sobre los
agremiados, cuando se trata de actividades comprendidas dentro del proceso oficial de
educación.

…..

Esta jurisprudencia, que la Sala ratifica en esta sentencia, complementándola con los
conceptos que se han expuesto, examinó el tema, como ha quedado dicho. Y en la Sentencia
se dijo, además, que:

"En cuanto al propio Artículo 56 de nuestra Carta Política, este Tribunal Constitucional ha
dicho: "...los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho Público que por
delegación de funciones estatales, tienen como finalidad velar por la corrección y buen
desempeño de las funciones profesionales de los afiliados y corregirlos disciplinariamente..."
(sentencia número 1386-90 de las 16:42 horas del 24 de octubre de mil novecientos noventa).

De tal forma que la exigencia del "deber estar habilitado" no impide ejercitar el derecho al
trabajo o libertad de escogerlo, lo que persigue es establecer un mecanismo para hacer
exigible la obligación de garantizar a la colectividad el ejercicio de las profesiones liberales.
Así la norma cuestionada, no resulta contraria, al derecho constitucional, a la libre elección al
trabajo, que en tal rango, por lo expuesto supra, admite sus limitaciones, en aras del interés
público, de la propia colectividad, razón por lo que la acción debe declararse sin lugar".

En consecuencia, a criterio de la Sala, tampoco se viola el derecho al trabajo, en los términos
que se hace el reproche en la acción.

XIV.- CONCLUSIÓN Y DECLARATORIA FINAL.-

De acuerdo con lo expresado la Sala estima que la colegiación obligatoria que impone la ley
número 4770 a los Profesores y Licenciados en Ciencias, Artes y Filosofía no lesiona el
orden constitucional, ni las normas de derecho internacional y comunitario que se han
invocado y por ello esta acción debe declararse, sin lugar, como en efecto se dispone.


POR TANTO

Se declara sin lugar la acción.

Luis Paulino Mora M.
Presidente
Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C.
Eduardo Sancho G. Carlos Arguedas R.
Ana Virginia Calzada M. José Luis Molina Q.
tc ""\l 4§
EL SALVADOR


http://www.geocities.com/ouragan450/articulos/colegio1.html

I de II

SOBRE LA COLEGIATURA OBLIGATORIA

Cuando escribí hace 25 años que la colegiatura obligatoria era la solución a los problemas del
ejercicio profesional, ya fueran de intrusismo, falta de ética, y mala práctica cometí un serio
error. Me olvide en que país estaba, y con quien trataría. Tuve que admitir con los años, que
en nuestro país las cosas son en general confusas, torcidas, ilógicas, increíbles y las más de
las veces Kafkianas es decir absurdas.
Ahora en 1997, yo como muchos de miles de profesionales independientes, me opongo a que
se apruebe por ahora la Ley de Colegiatura Obligatoria. Pero entendamos que no se trata de
oponerse solo por que si, sino por hay muchas razones y en estas líneas trataremos de
exponer algunas.
Ya bastante mal se ha hecho a la República, al permitir y autorizar esas 50 y tantas
universidades de garaje y profesores taxis, anquilosados en sus programas y obsoletos en sus
conocimientos, que mal preparan a los profesionales del mañana. A más de la falta de
conocimientos actualizados, los educandos salen graduados sin ética, moral y buenas
costumbres. (esto será documentado con casos reales en mi próximo artículo)
Aprobar ahora la ley de Colegiatura solo serviría para Institucionalizar las mafias, vacas o
grupos de poder, enquistados en la mayoría de Asociaciones gremiales. Estos grupos se han
caracterizado a través de los años en ser serviles aduladores de los gobiernos del pasado y del
presente.
Es pues necesario que estas gremiales se quiten la Levita y nos digan claramente si tienen
interés y valor para que se aclaren los siguientes puntos, aunque sea el Gobierno el que tenga
que dar las aclaraciones :
1)quienes son los Ministros de estado, y/o Altos funcionarios del gobierno que ostentan titulo
sin estar autorizados.
2) Y cual es el curriculum que tiene esos altos funcionarios?
3)Cuantos diputados actuales y/o electos, tienen instrucción notoria (no politiquera) y si es
verdad que son licenciados, doctores y de que Universidad son graduados.
4)Cuantos extranjeros ejercen sin título, patrocinados por el A.I.D, B.I.D. Gobierno de Japón,
Italia, Alemania ,España, Bélgica, etc. etc. etc. Y quien los autoriza.

Quienes son los prestanombres que han firmado por ejemplo los planos de carreteras,
puentes, bóvedas, pasos a desnivel, aeropuerto, que se están modificando o por construir en el
país.

En el próximo articulo contaremos como estos malos profesionales venden su firma por
salarios ínfimos y aceptan que los amarillos y rubios ganen sueldos inverosímiles.
Y así podría hacer una larga lista. Si me he referido a cosas de ingeniería, es por que soy
ingeniero. Pero más que todo por que tengo en mi, la experiencia de mis últimos 13 años de
exilio voluntario, en que tuve duras exigencias para ejercer mi profesión en países como
U.S.A., CANADÁ, MÉXICO, PUERTO RICO.
YO pido a los señores de CAPES, al presidente de esa asociación específicamente, que
primero trate de aclarar y limpiar lo sucio y mafioso, que hay en el ejercicio profesional
actual, que nos explique quien les dio mandato para pedir la colegiación, y ya logrado eso, yo
como muchos miles de profesionales, quizás los apoyemos. Pero primero debatamos
públicamente el punto.
De no ser así tendremos que ir señalando las lacras existentes y que francamente son
abundantes.
Pero por si "las moscas", ya habemos un grupo de profesionales independientes que estamos
preparando el recurso de inconstitucionalidad respectivo, no vaya a suceder que la asamblea
actual, apruebe la ley de Colegiatura obligatoria de "madrugón" y aprovechándose de las
sombras de la noche y de las condiciones Kafkianas en que vivimos.
(CONTINUARA)
Abril de 1997

Ing. Rafael Colindres Selva.

II de II
SOBRE LA COLEGIATURA OBLIGATORIA
17 de Abril de 1997
La pregunta que muchos profesionales como yo nos hacemos es la siguiente:

¿ De donde sacan los señores de CAPES, que al ser obligatoria la Colegiatura, el Ejercicio
Profesional será correcto?

Yo no puedo juzgar el ejercicio profesional de los médicos, pues aunque recientemente se ha
cuestionado el ejercicio de algunos de ellos, cuando queman niños en el Bloom, cortan
piernas sanas en el ISSS, dejan morir pacientes que no pagan a tiempo en ciertas clínicas,
estos casos son el signo de los tiempos actuales, las universidades de garaje existentes, deben
estar titulando médicos sin ética y sin escrúpulos.
No se ve claro como la colegiatura obligatoria ,va a corregir esto. Como es que no funcionó
la junta de vigilancia medica?
En cuanto a los abogados que se roban herencias, que falsifican documentos, que defienden
violadores, asesinos y ladrones, bien se sabe que no son todos; hay, menos mal, muchos
abogados honestos, que ejercen su profesión de Abogados de la República con pundonor y
seriedad. Y estos últimos ejercen su profesión con honradez sin colegiatura obligatoria.

Y si hablamos de ingenieros, así como hay sinvergüenzas, por supuesto hay profesionales que
hacen honor y honran al gremio.

El problema, que estos no son precisamente los que dirigen y han dirigido algunas de las
asociaciones que los agrupan.

Veamos algunos hechos comunes, frecuentes y rutinarios:

Dar y recibir "mordida" ES RUTINARIO. Si se investigara a fondo es probable que se
descubra como se reparte dinero en la mayoría de los contratos de ingeniería .Se habla de
millones de dólares en el caso de los puentes sobre el río Lempa. No veo como la colegiatura
va a corregir estos casos. La fiscalía debería de actuar de oficio, pero no lo hace. Son capaces
de demandarme a mi por mis sospechas. Ya en épocas anteriores un ministro ladrón y
corrupto lo hizo.

Los cuestionamientos al funcionamiento de organismos como el FIS, y la Secretaria de
Reconstrucción Nacional han sido un hecho. "La soldada del presidente", de quien se dice se
hizo millonaria. Yo todavía no entiendo como donó 18 millones de colones a sus subalternos,
que por cierto eran ingenieros. Mala suerte para el gremio. O así deben ser las cosas.

Aunque los estatutos lo prohiben algunas Asociaciones profesionales se especializan en hacer
política al otorgar premios, a ministros de estado que generalmente son cuestionados por sus
mal andanzas. Nombres, todos los saben, no vale la pena repetirlos.

Yo quisiera saber porque ASIA (asociación de ingenieros...), uno de cuyos hombres
prominentes pide la colegiatura como presidente de CAPES, nunca ha preguntado con que
autorización viene a practicar la ingeniería el U.S. Corps of Engineers, (cuerpo de ingenieros
del ejercito gringo). Y por favor que no vayan a argumentar que eso se corregirá con la
malhadada colegiatura obligatoria. Dice un dicho popular "gallina que come huevo, aunque le
quemen el pico"
Nótese que las obras de ingeniería, en las cuales se manejan millones de colones, se prestan
para "robar millones", así surgen "la carretera de oro" y tantos otros casos que "La Prensa
Gráfica" ya divulgó en sus artículos. Por hay dicen que anda huyendo cierto ministro de obras
publicas. que fue protector de algunos involucrados en esa colegiación.

No, de ninguna manera la Colegiatura Obligatoria no va a corregir el mal ejercicio
profesional. Por el contrario, al otorgar por ley, el poder a las mafias que han propiciado la
corrupción actual, se va a generar problemas más serios. Se va a INSTITUCIONALIZAR LA
CORRUPCION en la Constitución de la República. CUIDADO!!!

Mejor dejemos las cosas así. Pero eso sí, que las asociaciones de Ingenieros, Médicos y
quienes propugnan por esa violación a la Constitución actual, al quitarnos el derecho de
asociación o no, mejor se ocupen de exigir al Ministerio de Educación, que investigue a los
profesores "taxi" de las "infinitas" universidades de garaje, a que se actualicen, se vuelvan
éticos y den buen ejemplo a sus alumnos Que las obliguen a tener buenas bibliotecas,
laboratorios de enseñanza.
Pero me temo que los mismos de CAPES, o cuando menos algunos de ellos sean los dueños
de esa universidades privadas. Realmente "privadas" de todo carácter universitario.

Este día 17 de abril de 1997, el M.O.P., dirigido por un profesional de la Arquitectura, saca
un aviso de que ya está en vigencia, El Reglamento de Construcciones que debemos seguir
los ingenieros.

Un Reglamento INCONSULTO, desconocido de todos los que lo aplicaremos en nuestra
práctica profesional; este simple hecho prepotente, demuestra cual será la forma de actuar de
las asociaciones agrupadas en CAPES, o harán lo que le dé la gana a sus directivos, o serán
un grupo al servicio del gobierno de turno. El reglamento en cuestión fue publicado en
noviembre, y nunca, fíjense bien, nunca paso a consulta o discusión de los interesados. Yo
personalmente rete a los autores por el diario y la T.V. para discutirlo y nadie hizo caso. Fue
el último acto torpe y malintencionado del anterior ministro, eliminado del gobierno por
incapaz o vaya uno a saber.
Y por favor recuerden, que no por ser miembro del Gobierno, ya sea Presidente de la
República o ministro de estado, eso implica que el funcionario, fíjense bien que he dicho
funcionario y no dios del olimpo, tenga la razón, pese a que ahora la prepotencia de algunos
funcionarios es usual quizás resabio de otros tiempos.
Quiero finalizar estas consideraciones relatando dos casos concretos en que como se verá las
Asociaciones no sirven para defender a sus agremiados, aunque como clubes sociales algunos
dicen son excelentes. Y sigo sin ver como lo harán mejor cuando ya sean colegios
profesionales.

CASO N°1.- FEPADE A TRAVES DEL ITCA HA INVADIDO EL LIBRE EJERCICIO
PROFESIONAL, PRESTANDO SERVICIOS DE LABORATORIO Y SUPERVISION DE
INGENIERIA, Y LA ASOCIACION RESPECTIVA NO HA DICHO NADA. TAMPOCO
HA HECHO NADA LA CORTE DE CUENTAS, NI EL MINISTERIO QUE DIRIGE
DOÑA CECILIA.
CASO N°2.- LA CEPA TIENE AUTORIZADO QUE A LOS INGENIEROS
SALVADORENOS, SE LES PAGUEN 21 DOLARES LA HORA EN LA CONSULTORIA.
PERO ACEPTA QUE A LOS INGENIEROS GRINGOS LES RECONOZCAN 83
DOLARES LA HORA. Y LA ASOCIACION RESPECTIVA NO HA PROTESTADO.

Como los que ahora propugnan por la colegiatura SON LOS MISMOS MIEMBROS DE LA
ASOCIACION, QUE DEBERIA PROTESTAR no se ve como los mismos individuos van a
actuar de manera diferente. Ya que es bien conocido que siempre han actuado así.

Mejor quedémonos COMO ESTAMOS. Eso si, Eduquemos a la juventud, para que actúe con
ética y moral. Logrado lo anterior entonces si, que se apruebe la ley de la colegiatura
Por ahora La Colegiatura Obligatoria, sería un mal adicional, en el ejercicio profesional
actual: CORRUPCION E INCAPACIDAD. de muchos profesionales, aturdidos todavía por
el ruido de las aspas de los helicópteros.


Ing. Rafael Colindres Selva.

http://www.geocities.com/ouragan450/articulos/colegiatura.html
LA COLEGIATURA, AMENAZA PARA
EL EJERCICIO PROFESIONAL
Por Rafael Colindres Selva

Entre la diferencia de opiniones del Dr. Barba, médico salvadoreño de prestigio y la Dra.
Italiana nacionalizada salvadoreña, me inclino por la opinión de Melitón. Aunque me llamen
xenófobo por no aceptar que extranjeros de trayectoria desconocida, vengan a nuestro país a
ostentar cargos, por la actitud "guanaco-genuflexa" de quienes lo permiten. Respaldo
entonces la posición del médico salvadoreño.

La Colegiatura no va a hacer que muchos sinvergüenzas de distintas profesiones se
comporten bien; por el contrario, eso permitirá, que las mafias profesionales hagan más
leperadas y se entronicen. Y por favor no me vengan a decir que los "disque" colegios
profesionales, o asociaciones existentes, al pasar a ser colegios de verdad,. Dejaran de ser lo
que son: cantinas baratas y grupos de genuflexos al servicio de los gobiernos de turno.

Para el caso siempre se ha dicho que en A.S.I.A. (Asociación Salvadoreña de Ingenieros y
Arquitectos), se bebe, bien y barato, y lo mismo se ha dicho del otro club social, llamado
Colegio Médico, y a lo mejor lo mismo se dice de ese otro montón de asociaciones de
abogados. Y así seguiríamos con las demás.

No nos llamemos a engaño, esta colegiatura que impulsa CAPES, más bien parece ser una
acción impulsada por el gobierno, que quiere tener postrados o agarrados del cuello, u otra
parte del cuerpo a los profesionales que ejercemos libremente nuestra profesión. Ya bastante
pernicioso para el país es el hecho de que para hacer política partidista, nos obligue el estado
a hacernos miembros de un partido político. Bien sabemos que esta cofradía, son antros de
maleantes. Sino desmiéntanme los directivos de CAPES.

Triste espectáculo han dado esos abogados de la Federación, cuando incapaces de presentar a
un abogado salvadoreño de prestigio, pues por supuesto que los hay, fueron a elegir a una
extranjera, como su presidente, con todo lo respetable y preparada que sea la abogada italiana
que preside la Federación de abogados.

Ya se parecen a los asiáticos de A.S.I.A. que se especializan en traer extranjeros para impartir
cursos, que podemos dar ingenieros salvadoreños. Y a las autoridades del MOP que otorgan
constantemente contratos a empresas extranjeras.

No es entonces raro que estas "mafias" profesionales se agrupen y formen el núcleo de
CAPES, y no es además extraño que el anterior presidente de estos "genuflexos" del
gobierno, los haya capitaneado, el "capo di tuti capo", el inefable ingeniero de cuyo nombre
no quiero ni acordarme.

A.S.I.A., club barato en sus tragos, es el ejemplo de lo que no debe ser una asociación
profesional. Asociación que solo sirve a los "oscuros" intereses de los gobiernos de turno
(MOP).

Ya sean areneros, antes pecenistas y de vez en cuando democristianos de la época del Loco.

Esta asociación, ha otorgado premios a todos los ministros de Obras públicas de los últimos
50 años, muchos de los cuales han robado al erario, y ahora son ricos burgueses ingenieros,
cuando antes eran pobres "clasemedieros" que quizás comían salteado.

Ah país el nuestro, en el que suceden estas increíbles cosas.

NO, A LA COLEGIATURA OBLIGATORIA.
tc ""\l 4§
PERU

http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/clc/expedientes/abuso/res-01298.asp
Comisión de Libre Competencia


Expedientes-Abuso de Posición de Dominio

Exp. 008-98-CLC
012-98-INDECOPI/CLC
09 de diciembre de 1998

VISTO:

La denuncia presentada por la AFP Integra S.A. en contra del Colegio de Abogados de
Loreto por presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 701 en la modalidad de abuso de
posición de dominio, que vendría siendo cometida por dicha entidad al haber internamente
acordado el establecimiento de una "Papeleta de Habilitación", cuyo previo pago debe ser
realizado a efectos de permitir la presentación de cualquier demanda ante cualquier Juzgado
del Distrito Judicial de Loreto.

Luego de actuarse las pruebas ofrecidas, y habiéndose ofrecido a las partes la oportunidad de
dar a conocer sus puntos de vista en relación al asunto materia del presente procedimiento;
tomando en cuenta el informe de la Secretaría Técnica - Informe Nº 008-98-CLC; y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES.

1. Mediante Decreto Ley No. 25873, publicado el 27 de noviembre de 1992, se dispuso el
libre ejercicio de las profesiones universitarias liberales en todo el territorio nacional
exigiéndose como requisito la inscripción en uno de los Colegios Departamentales de la
Profesión correspondiente.

2. El 20 de febrero de 1996, mediante Resolución Administrativa Nº 052-CME-PJ, se dispuso
que los Magistrados del Poder Judicial "autoricen el ejercicio de la Defensa ante los órganos
jurisdiccionales, de aquellos abogados patrocinantes que acrediten la sola inscripción en uno
de los Colegios de Abogados de la República; sin ser exigible por autoridad alguna que el
Colegio Profesional se ubique o sea cercano al Distrito Judicial en el que se ejerce la
abogacía."

3. Asimismo, mediante Resolución Administrativa Nº 104-CME-PJ del 31 de mayo de 1996,
se precisó lo dispuesto en la resolución referida en el párrafo precedente disponiéndose "(…)
que la inscripción en un Colegio de Abogados otorga el derecho a ejercer ocasionalmente la
profesión en otros Distritos Judiciales, bastando para ello la presentación del respectivo carné
y la constancia de estar hábil y al día en el pago de sus cotizaciones en el Colegio de
Abogados de origen."

4. Posteriormente, mediante acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria el 20 de
agosto de 1996, el Colegio de Abogados de Loreto - en adelante el Colegio - aprobó la
creación de un Fondo Mutual para la prestación de los servicios de asistencia médica, sepelio
y seguro de vida a sus miembros, el cual sería financiado con los fondos que hubiera de
reportar la venta de la denominada "Papeleta de Habilitación". Sobre el particular, en el
artículo 7 del Reglamento del referido Fondo Mutual se establece: "La papeleta de
habilitación es el único documento que acredita en el Distrito Judicial de Loreto en forma
indubitable que el miembro de la Orden se encuentra hábil para efectos a que se refiere el
inciso 2 del artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Solo para efectos de ejercer la
profesión ocasionalmente en un Distrito Judicial distinto al de Loreto se expedirá la
constancia a que se refiere la Resolución Administrativa N 104-CME-PJ que sustituye la
papeleta de habilitación." De acuerdo a lo establecido por el referido reglamento, la papeleta
debería ser acompañada al primer escrito de intervención de los abogados en el proceso
judicial, administrativo o policial, " debiendo también anexar la papeleta a su escrito cuando
el abogado haga un informe oral al iniciar la defensa ante cualquier instancia".

Asimismo, se acordó sancionar la evasión de dicho pago "(…) con una multa equivalente a 5
veces el valor del derecho de la papeleta de habilitación; sin perjuicio del pago del derecho al
que está obligado. La multa y el derecho deberán ser abonados dentro de las 24 horas de su
requerimiento, bajo apercibimiento de dar cuenta a la Junta Directiva del Colegio para que
disponga su inhabilitación en el ejercicio profesional (…)".

....

25. Finalmente, como mediante la Resolución Nº 104-CME-PJ se habría establecido una
limitación geográfica para la prestación de servicios profesionales vinculados con
procedimientos judiciales, hecho que estaría limitando vinculados con el libre ejercicio de la
abogacía y con ello la competencia entre profesionales del derecho, la Comisión de Libre
Competencia considera necesario poner en conocimiento de la Comisión de Acceso al
Mercado del Indecopi lo actuado, para que la misma adopte las medidas que considere
convenientes. Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto
Legislativo Nº 701 y en el Decreto Legislativo Nº 807; la Comisión de Libre Competencia,
en su sesión del día 11 de diciembre de 1998;

RESUELVE

Primero.- Declarar fundada la denuncia interpuesta por AFP Integra en contra del Colegio de
Abogados de Loreto por abuso de posición de dominio consistente en el establecimiento de la
"Papeleta de Habilitación", mediante el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del
20 de agosto de 1996, forzando su adquisición por parte de sus agremiados para el ejercicio
profesional.

Segundo.- Ordenar al Colegio de Abogados de Loreto el cese inmediato de la emisión y
cobro de la "Papeleta de Habilitación" para el ejercicio de la profesión de abogados en
Loreto, aprobada mediante acuerdo adoptado por el Colegio de Abogados de Loreto en
Asamblea General Extraordinaria del 20 de agosto de 1996, así como de cualquier otro cobro
de similares características.

Tercero.- Remitir copia de la presente Resolución así como del Informe Técnico a la
Comisión de Acceso al Mercado, para que adopte las medidas que considere pertinentes.
tc ""\l 4§
PANAMA

http://ursa.velu.com/rjhtml/pleno/sn199406058.htm
PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO (1994).
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.
VISTOS:

Demandas de inconstitucionalidad acumuladas, promovidas por los señores LUIS
CERVANTES DÍAZ, RODRIGO AROSEMENA, PEDRO ALBERTO BARSALLO,
CECILIA AROSEMENA DE GONZÁLEZ-RUIZ, RODRIGO MOLINA ORTEGA,
EDUARDO ANTONIO MOLINO, JUAN PABLO FÁBREGA, SIMÓN TEJEIRA,
MARCELA DE PÉREZ, KARINA MOLINA, MARÍA ALEJANDRA EISENMANN,
CAROLINA AROSEMENA DE DÍAZ, JUAN A. TEJADA MORA, MARIANO OTEIZA,
ALEXIS HERRERA, JOEL MEDINA, GABRIEL GONZÁLEZ-RUIZ, FRANCISCO
GONZÁLEZ-RUIZ, GUILLERMO JURADO, JUAN LOMBARDI, DOMINGO DÍAZ,
RODOLFO CHIARI y RODRIGO H. AROSEMENA, y por el licenciado NORMAN
CASTRO en su propio nombre y en el del Movimiento de Abogados Profesión y Ley
(PROLEY), todos abogados en ejercicio, en contra de la última parte del artículo 1 de la Ley
9, de 18 de abril de 1984, en lo que se refiere a "ser miembro del Colegio Nacional de
Abogados" como requisito para ejercer la profesión de abogado.

I. Las pretensiones formuladas en las demandas.

En lo medular de las demandas, los actores señalan que al introducir el artículo 1 de la Ley 9
de 1984 el requisito de ser miembro del Colegio Nacional de Abogados para ejercer la
profesión de abogado, se violan los artículos 19, 39, primer párrafo y 40, primer párrafo, de la
Constitución Nacional.
...

En otro orden de ideas, no puede la Ley, porque ello tampoco lo permite el artículo 19 de la
Constitución, consagrar un tratamiento jurídico privilegiado en favor de una persona jurídica
-en este caso una asociación profesional de abogados- en detrimento de las demás que
libremente deseen fundar los abogados de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la
Constitución en concordancia con el artículo 214 del mismo cuerpo legal o de las otras ya
existentes a las cuales pertenecen o desean ingresar otros abogados. No puede tener el
Colegio Nacional de Abogados de Panamá la exclusividad en cuanto a ser el único al cual
deben afiliarse todos los abogados de la República para poder ejercer su profesión liberal
porque dicha exclusividad contraría el modelo constitucional panameño en materia de
asociación profesional de los abogados que es el del pluralismo: la Constitución otorga a
todos los abogados la libertad de escoger la asociación profesional a la cual desean unirse
para cumplir con el requisito legal de la colegiación obligatoria que actualmente exige la
Ley en nuestro sistema jurídico.

Tan cierto es que la Ley 9ª de 1984 consagra un tratamiento injustificadamente privilegiado
para una asociación de abogados específica que aquélla ha permitido a ésta exigir a todos los
abogados, incluso a los que pertenecen a otras asociaciones de abogados distintas del Colegio
Nacional de Abogados, el pago de cuotas y ante la mora en el pago de las cuotas de 1993 ha
suspendido a un gran número de abogados como miembros del Colegio con lo cual, al menos
formalmente, no podrían ejercer la profesión.

Si se considera que en Panamá, a diferencia de lo que ocurre en Costa Rica, los actos del
Colegio Nacional de Abogados no son revisables por la jurisdicción
contencioso-administrativa ni tampoco por la justicia constitucional por tratarse de una
institución de Derecho privado (en España los colegios profesionales son corporaciones de
derecho público según la Ley 2 de 1974 modificada por la Ley 74 de 1978, con lo que se
justifican controles que no son posibles en nuestro país) observamos, además, que el artículo
1º de la Ley 9ª de 1984 conduce a una situación fáctica incompatible con el Estado de
Derecho que deseamos consolidar en Panamá porque otorga a una asociación profesional de
abogados en particular una posición privilegiada que la faculta para afectar en forma general
y decisiva lo concerniente al ejercicio de la profesión de abogado sin que exista un control
judicial efectivo sobre ella.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase
"Colegio Nacional de Abogados de Panamá" del artículo 1º de la Ley 9ª de 1984 por ser
contraria a los artículos 19, 39 y 214 de la Constitución.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.



SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS

AURA E. GUERRA DE VILLALAZ y EDGARDO MOLINO MOLA

Como no compartimos la opinión de la mayoría en este caso, nos vemos en la necesidad de
salvar el voto, con la explicación que sigue:

La ley 9 de 1984 al consagrar en su artículo 1º la colegiación obligatoria para el ejercicio de
la abogacía, no hizo otra cosa que desarrollar la norma constitucional contenida en el artículo
40 que confiere reserva legal para sujetar el libre ejercicio de cualquier profesión u oficio a
reglamentación "en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales,
colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias".

La palabra Colegiación no tiene el mismo sentido y alcance que la palabra asociación,
colegiarse, es la facultad o derecho que ostentan las personas que tienen una misma profesión
liberal y nace para "agrupar a colectivos profesionales vinculados por su titulación y
dedicados al ejercicio libre de su profesión para la ordenación y control del ejercicio de la
profesión respectiva, defensa de los intereses profesionales, proteger y vigilar sus miembros
procurando que la sociedad reciba el mejor servicio profesional, con seriedad, idoneidad y
corrección".

La colegiación no solo responde a la defensa de los intereses de los agremiados, pues en
aquellos casos que lo dispone la Ley, también asume la potestad disciplinaria que recibe por
delegación del Estado, alcanzando así una función de carácter público, distinta al de las
asociaciones y sindicatos.

El derecho de asociación que contempla el artículo 39 de nuestra Carta Fundamental, acoge
el espíritu gregario de los seres humanos y por ello las únicas restricciones que tiene el
ejercicio de este derecho son la moral y el orden legal. El artículo 40 se refiere al campo
laboral del ejercicio de las profesiones y oficios y en el caso de la profesión de abogados,
como la medicina y otras profesiones liberales, el Estado exige el cumplimiento previo de
ciertos requisitos estrechamente vinculados a la idoneidad y a la moralidad, con el fin de
asegurarle a la sociedad que el profesional que le ofrece sus servicios es una persona
debidamente capacitada, responsable, honesta y correcta a quien puede confiarle su caso para
que la represente y defienda sus intereses.

Si bien es cierto que los colegios de abogados son organismos particulares, de Derecho
privado, en el caso de Panamá, a partir de la Ley 9 de 1984, el colegio adopta un carácter
mixto, con características públicas y privadas por lo tanto, no están sometidas a la voluntad
exclusiva de los miembros del Colegio, pues su funcionamiento debe adaptarse a lo que
establece la Ley. En este punto radica la diferencia de opinión entre la mayoría del Pleno y
los que salvamos el voto.

Por lo anterior, compartimos la cita incluida en uno de los alegatos de oposición presentados
y que es del tenor siguiente:

"El propósito específico del artículo 1º de la ley 9 de 1984 es la de reglamentar la colegiación
obligatoria. Sostenemos en consecuencia que el Legislador cumplió con el mandato
establecido en el artículo 40 de la Carta, indicando que toda persona tiene la aptitud o
posibilidad jurídica de ejercer una profesión en Panamá y que en ningún momento implica
una limitación al ejercicio profesional.

Es evidente que la norma constitucional, faculta al legislador para reglamentar el ejercicio
profesional en todos esos aspectos y que el constituyente no da ningún parámetro, por lo que
se colige de la norma que todas esas regulaciones no imposibiliten el ejercicio profesional en
Panamá.

Lo anterior nos lleva a concluir que si se dicta una ley que establece la colegiación obligatoria
no hay violación de la Constitución. Existiría violación de la Constitución si se establece la
colegiación obligatoria a través de instrumento jurídico diferente, tales como un decreto
ejecutivo o un acuerdo de Asamblea del Código de Abogados.

En la legislación y la doctrina extranjera, el tema de la colegiación obligatoria ha ocupado un
lugar importante, por ejemplo, en la obra titulada "Estudios de Derechos", publicada en
Bogotá, Colombia en 1982 y que alude al ejercicio de la abogacía, y al tema de la colegiatura
obligatoria enfrentada a la libertad del ejercicio profesional en los siguientes términos:

"El argumento de inconstitucionalidad carece de fundamento, ya que si bien a nadie se puede
obligar a pertenecer a determinada asociación, ello se entiende respecto a las de tipo privado,
pero si se trata de organismos oficiales de derecho público el pertenecer forzosamente a un
Colegio, se deriva de un acto de soberanía del Estado, que en nada conculca la libertad de
asociación porque se entroniza como requisito para el ejercicio de una profesión, cuya
reglamentación tiene el Gobierno conforme al Artículo 30 de la Carta".

El largo y accidentado proceso de formación del Colegio Nacional de Abogados con el
esfuerzo realizado por Ascanio Mulford, Eduardo Valdés, Eduardo Morgan, Rodolfo García
de Paredes, años atrás, retomado a fines de la década del setenta por otro grupo de abogados,
igualmente meritorios, es cónsono a los fines que persigue una agrupación de esta naturaleza,
de manera tal que los errores y desaciertos en que incurrieron las personas que integraron sus
juntas Directivas no pueden matizar la institución en si. Nuestra acción debe dirigirse a
perfeccionar el modelo al que todos aspiramos.

Si el artículo 1º fuera violatorio del artículo 39, como se afirma, a partir de su vigencia en la
Constitución de 1972 no se les hubiera concedido personería jurídica a todas las asociaciones
de abogados que se han formado en las tres últimas décadas.

En el caso que nos ocupa, el Estado ha delegado en el Colegio Nacional de Abogados un
poder disciplinario sobre la conducta profesional de los abogados, en la fase de instrucción,
que no podrá hacerse efectivo si los abogados a su elección, optan por no formar parte del
ente gremial que establece la Ley.

La colegiación obligatoria de los abogados en el Colegio Nacional de Abogados emana del
texto constitucional y se regula a través de la Ley 9 de 1984, que fija los parámetros básicos
para el ejercicio de la profesión de abogado. Lo que procede en todo caso es una reforma de
la ley vigente o la expedición de un instrumento legal nuevo que al reglamentar la
colegiación obligatoria en forma singular, lo canalice a través de la Federación de Colegios,
que es la otra opción a través de la cual se establece la colegiación.

Como quiera que en el fondo lo que se persigue con las demandas "in exánime" es impedir
que al abogado en mora con su colegio se le suspenda del ejercicio profesional, situación real
que motiva la presentación de estas acciones de inconstitucionalidad; es necesario puntualizar
que si bien es cierto que la colegiación obligatoria de todos los abogados en el Colegio
Nacional de Abogados, persigue la protección y vigilancia de sus miembros y la prestación
de un servicio profesional a la sociedad de manera eficiente y correcta; en cuanto a la
cotización obligatoria, el legislador no la incluyó en la ley 9 de 1984, por tanto, este elemento
no condiciona el ejercicio de la abogacía. El pago de cuotas se fijó por los estatutos como un
asunto interno del colegio que puede conllevar sanciones o restricciones, pero en forma
alguna puede interferir en los requisitos indispensables para el ejercicio de la profesión de
abogados. La cuota obligatoria solo puede establecerse por ley como expresamente lo señala
el artículo 40 de la Constitución.

La justicia no solo es un valor sino también un servicio público al que se accede mediante la
actuación de los abogados. El Estado tiene el mayor interés que ese servicio público sea
prestado en forma correcta y dicha garantía no es posible alcanzarla con la proliferación de
asociaciones y colegios, pues la responsabilidad se diluye a la vez que se propicia la evasión
de responsabilidades.

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá está a gran distancia del ideal al que aspiran los
profesionales del Derecho, pero tales carencias se deben a la falta de participación activa de
todos sus miembros, al permitir, por omisión, que el mismo haya sido utilizado en el pasado
como un medio o instrumento para alcanzar altos cargos en el Ministerio Público, la Corte
Suprema de Justicia y en el Ejecutivo.

Los errores se corrigen, se superan y las acciones de quienes hacen daño y desprestigian la
abogacía, se sancionan y se depura la profesión. La inconstitucionalidad que se declara ahora
es una "capiti diminutio" al Colegio Nacional de Abogados, ente gremial que ha identificado
a la clase forense del país y que aún tenía la oportunidad de enmendar sus fallas, pero con
esta sentencia se crea a la vez un vacío del control disciplinario de la ética en el ejercicio
profesional de la abogacía, lo que perjudica a la sociedad y a los abogados respetables del
país, situación que no podemos propiciar y nos impele a salvar el voto.

Panamá, 27 de junio de 1994.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
tc " "\l 4§



TEXTO.

Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el Lcdo. Pedro Moreno González, contra
los Artículo 20 y 33 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley Nº8 de 16 de
abril de 1993.

Panamá, veintiocho (28) de septiembre de dos mil uno (2001).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO.

Magistrada ponente: MIRTZA ANGÉLICA FRANSCESCHI DE AGUILERA

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la Advertencia de Inconstitucionalidad
presentada por el licenciado PEDRO MORENO GONZÁLEZ, en su propio nombre y
representación, dentro del proceso que se le sigue por faltas a la ética y responsabilidad
profesional del abogado. El mencionado proceso, fue promovido por la señora SELENE
HIDALGO ante el tribunal de Honro del Colegio Nacional de Abogados.

I.     NORMAS LEGALES CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE SOLICITA

El escrito de advertencia presentado por el licenciado MORENO GONZÁLEZ, solicita que
previo pronunciamiento de la autoridad del Ministerio Público, a quien corresponda emitir
dictamen, se declare la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 33 de la Ley 9 de 1984, tal
como fue modificada por la Ley 8 de 1993.

Las normas censuradas, son del tenor siguiente:

"Artículo 20. Las sanciones que se aplicarán al abogado infractor de la ley que regula el
ejercicio de la abogacía, de las normas del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del
Colegio Nacional de Abogados o de cualquier disposición legal vigente relativa al ejercicio
de la abogacía y a la ética del abogado, son las siguientes:
1.      La amonestación privada, que consiste en la represión privada que se hace al infractor
por falta cometida.
2.      La amonestación pública, que consiste en la reprobación pública que se hace al
infractor por falta cometida.
3.      La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un
término no inferior a un (1) mes ni superior a un (1) año, cuando se trate de infractores
primarios.
4.      La exclusión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el
ejercicio de la abogacía por un término de dos (2) años.

Artículo 33. A la hora señalada para la celebración del juicio oral, el Magistrado Sustancial
declarará abierto el acto, el Secretario leerá la resolución que contenga los cargos y se
practicarán las pruebas. Acto seguido, será oído en su orden, el Ministerio Público, y el
acusado o su defensor, por una sola vez
       Terminada la audiencia, los miembros de la Sala de Negocios Generales de la Corte
Suprema de Justicia se reunirá en sesión secreta para deliberar. La decisión será dada
inmediatamente y, si es condena, indicará la sanción que corresponda al abogado.

Sólo cuando dicha Sala de la Corte Suprema de Justicia considera que es necesario un plazo
para decidir, la sentencia no se pronunciará en el acto de audiencia."

De acuerdo al advirtiente, el artículo 20 de la Ley 9 de 1984 infringe de manera directa los
artículos 18 y 153 numeral 1º de la Constitución Nacional, mientras que el artículo 33 de la
referida Ley 9 de 1984, resulta violatorio de los artículos 40 y 217 del Texto Fundamental.
Las transgresiones se explican de la siguiente manera:

a) El artículo 20 de la Ley 9 de 1984 viola los artículos 18 y 153.1 de la Constitución Política

En concepto del proponente, la posibilidad de imponer sanciona a un profesional del derecho,
por haber incurrido en la infracción de normas del Código de Ética y Responsabilidad
Profesional del Abogado el Colegio Nacional de Abogados, viola de manera directa el
artículo 18 de la Constitución Política, conforme al cual, los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o la Ley

En este contexto se argumenta, que el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del
Abogado, expedido por el Colegio Nacional de Abogados, no es Ley de la República, y por
ende, mal podría ser utilizada por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia para
sancionar a un particular, y en este caso específico, a un profesional del derecho.

En el sentido apuntado, se afirma que el artículo 153 numeral 1º de la Carta Fundamental
también ha resultado infringido, toda vez que el Colegio Nacional de Abogados carece de
facultades legislativas para expedir Códigos o leyes, facultad que recae de manera exclusiva
en la Asamblea Legislativa, tal como prevé el texto constitucional invocado.

Razona el demandante, que si el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado no ha sido
aprobado a través de una Ley expedida por la Asamblea Legislativa, no puede ser utilizado
por la Corte Suprema de Justicia, para imponer sanciones a los profesionales del derecho.

b) La violación de los artículos 40 y 217 de la Constitución Política, por el artículo 33 de la
Ley 9 de 1984.

Considera el actor, que la previsión contenida en el artículo 33 de la Ley 9 de 1984, en el
sentido de que el Ministerio Público intervenga en la audiencia que realiza la Sala Cuarta de
Negocios Generales, para determinar la responsabilidad del supuesto abogado infractor,
contraviene los artículos 40 y 217 de la Constitución Nacional, que establecen
respectivamente, la libertad de ejercer una profesión u oficio con sujeción a los reglamentos
que establezca la ley (a. 40 ibídem), así como las atribuciones y facultades establecidas para
el Ministerio Público (a. 217 ibídem).

Al efecto, el proponente señala que la incursión del Ministerio Público en los procesos de
control disciplinario para los profesionales del derecho, no se aviene con la naturaleza y
funciones que la Constitución nacional le tiene reservadas, además de representar una
compleja carga laboral. Por ello argumenta, que en estricto cumplimiento del artículo 217
ibídem, el Ministerio Público no debe ser oído en estos procesos.

III.   OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Conforme al trámite establecido para las causas constitucionales, de la advertencia presentada
se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, agencia del Ministerio Público en
turno, para emitir concepto en relación a la incidencia.

El colaborador de la instancia emitió la Vista Fiscal No. 12 de 7 de junio de 2001, en la que
se opuso a la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada, indicado en lo medular, que el
Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado cumple una función similar a los
Estatutos de los Partidos Políticos, de Asociaciones Profesionales como la SPIA, y de
Organizaciones Gremiales o Sociales, estatutos a los que se les reconoce fuerza legal
coercitiva, aunque no hayan emanado de la Asamblea Legislativa.

En otro contexto, la Procuraduría General destaca, que el Pleno la Corte Suprema de Justicia
ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre a competencia del Tribunal de Horno del
Colegio Nacional de Abogados, para investigar e instruir las denuncias por faltas a la ética
de los profesionales del derecho, y decidir si existe mérito para su juzgamiento ante la Sala de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

Por ende, según concluye el Ministerio Público, el hecho de que la Ley 9 de 1984 modificada
por la Ley 8 de 1993, mantenga un régimen disciplinario mixto para los abogados,
compartido entre el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados y la Corte
Suprema de Justicia, permite la aplicación de los estatutos de la mencionada agrupación
gremial, particularmente en lo que atañe a los procedimientos y sanciones contemplados para
los infractores a la ética del abogado.

IV.    DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Una vez cumplidos los trámites legales, la Corte pasa a desatar la controversia, en los
siguientes términos:

Es de señalarse en primer término, que aunque el advirtiente ha solicitado la
inconstitucionalidad íntegra de los artículo 20 y 33 de la Ley 9 de 1984, de su exposición se
colige de manera clara, que los aspectos tachados de inconstitucionales, dicen relación
específica con la posibilidad de sancionar a los profesionales del derecho, de acuerdo al
Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado (a.20), y con la atribución del
Ministerio Público, de intervenir en los procesos por faltas a la ética que se ventilan ante la
Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia (a. 33)
A propósito de este último cargo, en sentencia de 30 de octubre de 1996, el Pleno de la Corte
declaró que era inconstitucional el artículo 34 de la Ley 9 de 1984,que establecía que en todo
proceso de juzgamiento por falta a la ética sería oído como parte, el Procurador de la
Administración.

En la mencionada sentencia, la Corte considero que en nuestro país, el sistema al que se
adhiere el Ministerio Público, que concentra funciones duales en los proceso penales como
funcionarios de instrucción y fiscal o acusador en representación de la sociedad, sumado a la
defensa que debe hacer de los intereses del Estado o del Municipio, la vigilancia de la
conducta oficial de los funcionarios públicos, y servir de consejero jurídico de los
funcionarios administrativos, representaba una carga laboral compleja, que se resiente con la
adición de otras funciones que no se aviene con la naturaleza y finalidad que la Constitución
en su artículo 217, le atribuye.

Por ende, la Corte razonó que la incursión del Ministerio Público (concretamente de la
Procuraduría de la Administración), en los procesos de control disciplinario de una profesión
liberal, cuyo saneamiento, superación, mejoramiento y estímulo debe provenir en primera
instancia, a lo interno de los agremiados, representaba una violación al artículo 217 del Texto
Fundamental.

La declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley 9 de 1984, tuvo como efecto
práctico, la inhabilitación del Ministerio Público para participar en el acto de audiencia que
se celebra ante la Sala Cuarta de Negocios Generales en los procesos de ética. Sin embargo,
como nuestro sistema de justicia constitucional no permite la declaratoria de
inconstitucionalidad por conexión, al que sí se acogen a otras legislaciones, la mención que se
hace en el artículo 33 de la Ley 9 de 1984, sobre la participación del Ministerio Público en el
juzgamiento de abogados por falta a la ética, permaneció inalterable y vigente, aunque sin
eficacia material.

De allí, que esta Superioridad deba reconocer que efectivamente procede la declaratoria de
inconstitucionalidad solicitada, pero sólo en relación a la frase ·"el Ministerio Público",
contenido en el artículo 33 de la ley 9 de 1984.

Ahora bien, en lo que se respecta a la alegada inconstitucionalidad del artículo 20 ibídem,
esta Sala Plena ha de manifestar lo siguiente:

El único aspecto tachado de inconstitucional en el citado texto, es la posibilidad de que se
aplique al abogado infractor, alguna de las sanciones allí establecidas, cuando la infracción se
encuentre tipificada en el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio
Nacional de Abogados. Arguye el actor, que la mencionada reglamentación del gremio de
abogados, no es un Código o Ley de la República, razón por la cual, no puede utilizarse para
sancionar a un profesional del derecho, por faltas a la ética.

Coincide la Corte, en que el llamado Código de Ética y Responsabilidad Profesional del
Abogado, no ha sido aprobado a través de una Ley de la República, o de cualquier otra
autoridad pública con potestad legislativa o reglamentaria. Se trata, de un catálogo
estatutario que recoge normas de imperio moral y ético, al que deben ceñirse los
profesionales de la abogacía en Panamá. No obstante, la posibilidad de juzgar y sancionar a
un abogado por la infracción del Código de Ética, deviene del artículo 18 de la Ley 9 de
1984, mismo que señala que "constituye una falta a la ética, la infracción de las normas
contenidas en el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de
Abogados, y de cualquier disposición legal vigente en la materia"

Palmariamente se desprende, que es la Ley 9 de 1984 "Por lo cual se regula el ejercicio de la
Abogacía", la que prevé la tipicidad de la infracción, señalando que para juzgar y sancionar a
los profesionales del derecho se requiere la violación de disposiciones legales sobre la
materia de ética, o del Código de Ética del Colegio Nacional de Abogados. Dicho en otras
palabras, la Ley Formal que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá, acoge las
disposiciones del código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, del Colegio
Nacional de Abogados, integrándolas a las disposiciones legales que regulan la ética de la
profesión en Panamá

En este caso, la circunstancia de que los Estatutos de un gremio profesional puedan ser
utilizados para que la autoridad pública sancione a uno de sus asociados, sólo puede
entenderse desde la perspectiva del carácter mixto del Colegio Nacional de Abogados, que
ejerce, por delegación del Estado, el poder disciplinario sobre la conducta profesional de los
abogados, actuando como "agente instructor" en los procesos por presuntas faltas a la ética, a
través de su Tribunal de Honor. Ello denota, una función de carácter público, distinta a la
realizada por otras asociaciones de derecho privado.

Por lo anterior, no se produce la violación del artículo 18 del Texto Fundamental, ni del
artículo 40 de la Constitución Política, porque la reglamentación de la profesión de abogado,
en lo que corresponde a la idoneidad y moralidad de la abogacía, se encuentra regulada en la
Ley 9 de 1984, tal como exige el texto constitucional.

En síntesis, esta Corporación Judicial estima que el artículo 20 de la Ley 9 de 1984, en lo que
respecta a la sanción aplicable a los abogados que incurran en violación al Código de Ética y
Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de Abogados, no viola los artículos 18,
153 ni ningún otro artículo del ordenamiento constitucional, mientras que el artículo 33 de la
Ley 9 de 1984 es violatorio del artículo 217 de la Constitución Nacional.

Por consiguiente, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1 QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase
"el Ministerio Público" contenida en el artículo 33 de la Ley 9 de 1984, modificada por la
Ley 8 de 1993; y 2- QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase "de las normas del Código
de Ética y Responsabilidad del Colegio Nacional de Abogados" contenida en el artículo 20 de
la Ley 9 de 1984, modificada por la Ley 8 de 1993.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL
tc ""\l 4§
Regulación del Ejercicio de la Abogacia en Panamá, Incluye Tarifa de Honorarios
Profesionales
(G.O. 20.045 de 27 de abril de 1984)
Artículo 7. En todos los tribunales de justicia se llevará un registro especial destinado a
inscribir los nombres de las personas autorizadas para ejercer la abogacía. Con tal fin, la
Corte hará publicar la resolución por la cual se ordene expedir el certificado. El interesado
podrá hacer registrar el certificado correspondiente ante cualquier oficina pública en la cual
esté autorizado para gestionar.
Para los efectos de publicidad, el Colegio Nacional de Abogados confeccionará listas
periódicas de sus miembros.
tc ""\l 4§
Decreto N° 261 de 1995
Reglamento de la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

TÍTULO IX
La Gestión Colectiva

ARTÍCULO 25. Las entidades de gestión colectiva a que se refiere el Título IX de la Ley,
deberán obtener la autorización previa de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para su
funcionamiento.

Ninguna organización podrá ejercer en la República de Panamá funciones que correspondan a
la administración colectiva del derecho de autor o de los derechos conexos, a menos que
reúna los requisitos establecidos en la Ley y en el presente Reglamento para tales efectos.

ARTÍCULO 26. La Dirección Nacional de Derecho de Autor decidirá sobre la solicitud de
autorización, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que haya recibido toda la
documentación exigible.

La resolución mediante la cual se autoriza el funcionamiento de una entidad de gestión
colectiva, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

ARTÍCULO 27. El permiso de funcionamiento a que se refieren los artículos anteriores, se
concederá en cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Que la entidad se haya constituido de acuerdo con las formalidades previstas en el Código
Civil, como asociaciones civiles sin fines de lucro y con arreglo a las exigencias de la Ley y
este Reglamento.

2. Que la organización tenga como objeto social la gestión colectiva del derecho de autor o de
los derechos conexos.

3. Que la entidad solicitante se obligue a aceptar la administración de los derechos que se
encomienden, de acuerdo al género de explotación para el cual haya sido constituida.

4. Que de los datos aportados y de la información obtenida por la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, se demuestre que la entidad reúne las condiciones necesarias para asegurar
la eficaz administración de los derechos cuya administración pretende gestionar.

5. Que la autorización favorezca los intereses generales de la protección del derecho de autor
o de los derechos conexos en la República de Panamá.

ARTÍCULO 28. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en los
numerales 4 y 5 del Artículo precedente, se tendrán particularmente en cuenta el número de
titulares de derechos que se hayan comprometido a confiarle la gestión de los mismos, en
caso de ser autorizada, y la representación esperada de repertorio nacional; el volumen del
repertorio que aspira a administrar y la presencia efectiva del mismo en las actividades
realizadas por los usuarios más significativos; la cantidad e importancia de los usuarios
potenciales; la idoneidad de sus estatutos y los medios que se cuentan para el cumplimiento
de sus fines; la posible efectividad de su gestión en el extranjero, mediante probables
contratos de representación con entidades de la misma naturaleza que funcionen en el
exterior, y cualesquiera otros elementos que a juicio de la Dirección Nacional de Derecho de
Autor se estimen convenientes.

ARTÍCULO 29. Para los efectos del cumplimiento de sus obligaciones y para los fines de su
fiscalización, las entidades de gestión colectiva están obligadas a:

1. Inscribir su Acta Constitutiva y Estatutos en el Registro del Derecho de Autor y Derechos
Conexos, una vez haya sido autorizado su funcionamiento, así como sus reglamentos de
socios y otros que desarrollen los principios estatutarios, normas de recaudación y
distribución, las tarifas, los contratos que celebren con asociaciones de usuarios, los de
representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza, y las actas o
documentos mediante los cuales se designen los miembros de los organismos directivos y de
fiscalización, sus administradores y apoderados, todo ello dentro de los treinta (30) días
siguientes a su aprobación, celebración, elección o nombramiento, según corresponda.

2. Aceptar la administración de los derechos de autor o conexos que les sean encomendadas
de acuerdo a su objeto y fines, y realizar la gestión con sujeción a sus estatutos y demás
norma aplicables.

3. Reconocer a los socios un derecho de participación apropiado en las decisiones de la
entidad, para lo cual podrán establecer un sistema de votos que tome en cuenta criterios de
ponderación razonables, directamente proporcionales al porcentaje de ingresos recibidos por
el uso de las obras de cada socio que también debe determinar la posibilidad y proporción de
la participación de cada uno de los socios en las remuneraciones recaudadas por la entidad de
acuerdo al reparto de las remuneraciones recaudadas por la entidad. En materia relativa a
sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será igualitario.

4. No aceptar miembros de otras organizaciones de gestión colectiva, del país o del
extranjero, que administren la misma modalidad de explotación, a menos que la gestión
encomendada se refiera a territorios diferentes.

5. Fijar las tarifas generales relativas a las remuneraciones correspondientes a las cesiones de
derechos de explotación o a las licencias de uso que otorguen sobre el repertorio que
administren. Quedan siempre a salvo las tarifas más favorables para el autor o titular
correspondientes a utilizaciones singulares que requieran de la autorización individualizada
de éste. No obstante en todo caso solo podrá negociar tarifas superiores a las de la entidad de
gestión colectiva de la que sea miembro.

6. Publicar las tarifas a que se refiere el numeral anterior, en dos (2) diarios, por lo menos, de
amplia circulación nacional, y con una anticipación no menor de treinta días (30) a la fecha
de entrada en vigencia de las mismas.

7. Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la tarifa fijada
por la entidad, la concesión de licencias no exclusivas para la utilización del repertorio
administrado por la organización.

8. Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante la
aplicación de la tarifa previamente fijada y publicada, del porcentaje correspondiente a los
gastos de administración.
9. Distribuir las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola
deducción del porcentaje necesario para cubrir los gastos administrativos, hasta por el
máximo permitido en las normas estatutarias o reglamentarias, que no podrá ser superior al
treinta por ciento (30%) de los recaudos anuales de la entidad, y de una sustracción adicional
destinada, exclusivamente a actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus
socios, que en ningún caso debe ser superior al diez por ciento (10%) deducible del
porcentaje correspondiente a los gastos de administración.

10. Aplicar sistemas de distribución que excluyan la arbitrariedad, bajo el principio de un
reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización
real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso.

11. Mantener una publicación periódica, destinada a sus miembros, con información relativa
a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de los derechos de sus socios
o administrados.

12. Elaborar, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio, el balance
general y la memoria de actividades correspondientes al año anterior, y ponerlos a
disposición de los socios con una antelación mínima de treinta (30) días al de la celebración
de la Asamblea General en la que hayan de ser aprobados.

13. Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo
nombrado en la Asamblea General celebrada en el año anterior o en la de su constitución, y
cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposición de los socios, conforme al
numeral precedente.

14. Publicar el balance anual de la entidad, en dos, por lo menos, de los diarios de circulación
nacional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la Asamblea General.

ARTÍCULO 30. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada,
podrá requerir a las entidades de gestión colectiva la modificación o corrección de la
reformas estatutarias o de los reglamentos o normas internas que pudieran haber originado la
denegación de la autorización de funcionamiento, entorpecieran el régimen de fiscalización o
constituyeran una violación a cualesquiera de las demás obligaciones impuestas a la gestión
colectiva por la Ley o este Reglamento.

				
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