ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

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					                      ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

16ta. Asamblea                                                                     1ra. Sesión
     Legislativa                                                                       Ordinaria

                   CAMARA DE REPRESENTANTES

                                P. de la C. 1133
                                  12 DE FEBRERO DE 2009

                          Presentado por el representante Torres Cruz

                   Referido a la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales

                                             LEY
Para disponer sobre la sindicación de los empleados de la Rama Judicial del Gobierno del Estado
     Libre Asociado de Puerto Rico.

                                 EXPOSICION DE MOTIVOS

        La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 18, establece el derecho de los
trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que funcionen como empresas o negocios
privados a organizarse y a negociar colectivamente. Establece, además, que los trabajadores de
esas entidades tendrán derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo actividades
concertadas legales.

       Este derecho de los trabajadores puertorriqueños a organizarse se concedió con el fin de
balancear los derechos de éstos con el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. Por tal razón,
fue que tales derechos no fueron extendidos a todos los empleados públicos.

        No obstante, la antes mencionada disposición constitucional en modo alguno prohibe que
los derechos allí contenidos se extiendan a otros empleados públicos. No hay limitación alguna
en nuestra Constitución que les impida a la Asamblea Legislativa ampliar los derechos de los
trabajadores más allá de los estándares mínimos que la propia constitución establece.

       En el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos a la Convención Constituyente
nunca se expresó, en lo que respecta a la negociación colectiva, que se estaba limitando en modo
alguno la facultad legislativa de ampliar los derechos de los trabajadores. Por el contrario, se
creyó conveniente consignar esos derechos en la Constitución con el único propósito de evitar
posibles vulneraciones futuras a esos derechos.
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       En ese sentido, en 1998 se legisló para ampliar los derechos de los empleados públicos y
concederles el derecho a negociar colectivamente mediante la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de
dicho año. Anterior a ese evento, la Ley Núm. 134 de 19 de julio de 1960, según enmendada y la
Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 le concedieron a los empleados públicos el derecho a
organizarse en asociaciones bona fide, a fin de que éstos adelantasen su progreso social y
económico, además de promover la eficiencia en los servicios públicos mediante el descuento de
cuotas a los integrantes de tales agrupaciones.

       Nuestra legislación laboral y en otras áreas esta repleta de ejemplos de ampliación de
derechos a los trabajadores mas allá de lo que dispone nuestra Constitución sin que por ello se
entienda que se han transgredido normas constitucionales. Entre esos ejemplos están la Ley de
Madres Obreras, la Ley de Despido Injustificado y otras múltiples piezas legislativas laborales.

        En el caso de Junta de Relaciones del Trabajo v. Corporación del Conservatorio de
Música, 140 D.P.R. 407 (1996), nuestro más alto foro judicial expresó entre otras cosas, que la
Asamblea Legislativa tenía facultad de conceder el derecho a la negociación colectiva a los
empleados públicos, independientemente de si la instrumentalidad en que trabajan funciona o no
como negocio privado. Ese derecho es distinguible, como ya se ha mencionado, del que la
Constitución garantiza a algunos empleados públicos. Se trata de derechos de naturaleza
estatutaria, no constitucional.

       Además, la Sección 7 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico dispone que (énfasis añadido): “El Tribunal Supremo adoptará reglas para la
administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros,
personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al
gobierno.”.

       Esta Asamblea Legislativa, convencida de su facultad para ampliar estatutariamente los
derechos de los empleados públicos, le extiende mediante la presente medida a los empleados de
la Rama Judicial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el derecho a la
negociación colectiva, a la vez que se reconoce el derecho de la Rama Judicial de adoptar sus
normas internas de administración. Conforme al reconocimiento de la autonomía judicial, se
dispone que:

       1.     La Oficina de Administración de los Tribunales propondrá las unidades
              apropiadas en que serán divididos los empleados de la Rama Judicial para
              propósitos de negociación colectiva y desempeñará las tareas correspondientes a
              las agencias bajo las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del
              Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según
              enmendada.

       2.     La Junta de Personal de la Rama Judicial desempeñará las tareas correspondientes
              a la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público bajo las
              disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de Puerto
              Rico, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, en lo que
              respecta a dicha Rama.
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           3.      La Junta de Personal de la Rama Judicial dispondrá mediante reglamentación lo
                   relativo a la negociación colectiva y todos los demás aspectos de la sindicación en
                   la Rama Judicial no cubiertos por esta ley. La reglamentación que adopte la Junta
                   para la negociación colectiva en la Rama Judicial será similar, pero no tendrá que
                   ser idéntica, a la aplicable a la Rama Ejecutiva a través de la Ley de Relaciones
                   del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de
                   1998, según enmendada. La Junta podrá adoptar reglamentación que se desvíe de
                   las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de
                   Puerto Rico.

           4.      Estarán cubiertos por esta ley únicamente los empleados con un puesto regular de
                   carrera de la Rama Judicial, con excepción de los alguaciles sean o no auxiliares y
                   de los secretarios jurídicos de sala de los tribunales y jueces independientemente
                   de su nivel, así como del personal de confianza y otro personal gerencial que sea
                   excluído mediante reglamento.

           El inciso (2) de la Sección (5.3) del Artículo 5 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de
    2004 dispone que: “En caso de aplicar la Ley Núm. 45 a los empleados de la Rama Judicial,
    quedaran excluidos las categorías de alguaciles auxiliares y secretarias de sala”.

            La composición de la Junta de Personal de la Rama Judicial está dispuesta en el inciso (a)
    del Artículo 4 de la Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, el cual lee:

                   (a)    Se crea una Junta compuesta de tres miembros los cuales no podrán ser
                          funcionarios ni empleados de la Rama Judicial, no devengarán sueldo
                          pero cobrarán por gastos de transportación y de dietas la suma de
                          $100.00 por cada día de servicio. Los miembros de la Junta serán
                          nombrados por el Tribunal Supremo, por términos iniciales de dos, tres y
                          cuatro años y sucesivamente, por tres años cada uno. Ejercerán sus
                          cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. Si
                          quedare vacante uno de los puestos de miembro de la Junta, por algún
                          motivo, antes de vencerse el término para el cual fue nombrado, se
                          nombrará otra persona por el restante del término. Los miembros de esta
                          Junta podrán ser destituidos sólo mediante la formulación de cargos ante
                          el Tribunal Supremo, donde tendrán la oportunidad de ser oídos y
                          defenderse.

    DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1          Sección 1.-Se autoriza la sindicación de los empleados con un puesto regular de carrera

2   de la Rama Judicial, con excepción de los alguaciles, sean o no auxiliares, y de los secretarios

3   jurídicos de sala de los tribunales y jueces, independientemente de su nivel, así como del

4   personal de confianza y otro personal gerencial que sea excluído mediante reglamento.
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 1          Sección 2.-La Oficina de Administración de los Tribunales propondrá las unidades

 2   apropiadas en que serán divididos los empleados de la Rama Judicial para propósitos de

 3   negociación colectiva y desempeñará las tareas correspondientes a las agencias bajo las

 4   disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico, Ley

 5   Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, en relación con la Rama Judicial.

 6          Sección 3.-La Junta de Personal de la Rama Judicial desempeñará las tareas

 7   correspondientes a la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público bajo las

 8   disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico, Ley

 9   Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, en lo que respecta a dicha Rama.

10          Sección 4.-La Junta de Personal de la Rama Judicial dispondrá mediante reglamentación

11   lo relativo a la negociación colectiva y todos los demás aspectos de la sindicación en la Rama

12   Judicial no cubiertos por esta ley. La reglamentación que adopte la Junta para la negociación

13   colectiva en la Rama Judicial será similar, pero no tendrá que ser idéntica, a la aplicable a la

14   Rama Ejecutiva a través de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de Puerto

15   Rico, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada. La Junta podrá adoptar

16   reglamentación que se desvíe de las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del

17   Servicio Público de Puerto Rico. Las determinaciones de la Junta en cuanto a negociación

18   colectiva se refiere adoptadas al amparo de esta Ley estarán sujetas a revisión judicial, de

19   conformidad con la Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, y la Ley Núm. 45

20   de 25 de febrero de 1998, según enmendada, hasta donde esta última sea aplicable y conforme a

21   la reglamentación adoptada por la Junta.

22          Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor sesenta (60) días después de su aprobación.

				
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