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MANUAL DE CONVIVENCIA - Carder

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MANUAL DE CONVIVENCIA - Carder Powered By Docstoc
					                            SESIONES ORDINARIAS
                          ORDENANZA NÚMERO 060
                             (noviembre 29 de 2001)


POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA
                EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.


LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, en ejercicio
de las atribuciones que le confiere el artículo 300, numeral 8 de la Constitución
Política y en especial el articulo 60, numeral 8 del decreto 1222 de 1986…


                                   PRÓLOGO


Con el propósito de educar, antes que reprimir, con el fin de generar una cultura
de respeto y obediencia a la Ley y a quienes investidos de autoridad, deben
hacerla cumplir


Para que consolide la disciplina como factor regulador de las relaciones entre los
seres humanos y destinados a que la sociedad sea un escenario de paz, en donde
hombres y mujeres puedan convivir, respetándose mutuamente sus derechos para
perpetuar las libertades públicas


Inspirados en el bien común, el respeto a la dignidad humana y al orden
constitucional que nos rige, LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
RISARALDA, expide el presente MANUAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA


                                   ORDENA :


                          MANUAL DE CONVIVENCIA


                                    LIBRO I
                             PARTE SUSTANTIVA


                             TITULO PRELIMINAR
                                  PRINCIPIOS
ARTÍCULO 1°. LEGALIDAD. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el Alcalde, Inspector o Corregidor
competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada
procedimiento.


La Ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior se aplicará sin excepción,
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.


La analogía se aplicará sólo en materias permisivas.


ARTÍCULO 2°. DEBIDO PROCESO. La actuación              procesal se desarrollará
teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos
procesales y la necesidad de lograr la eficacia en la administración de justicia
policiva.


ARTÍCULO 3°. RESTABLECIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DERECHO. El
funcionario policivo deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los
efectos creados por la Comisión de la conducta contravencional, las cosas vuelvan
al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta.


ARTÍCULO 4°. DOBLE INSTANCIA. Las providencias interlocutorias podrán ser
apeladas, salvo las excepciones que consagra la Ley.


El Superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el sancionado sea apelante
único.


ARTÍCULO 5°. IGUALDAD. La Ley policiva se aplicará a las personas sin tener en
cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella.       El funcionario
policivo administrativo tendrá especial consideración cuando se trate de valorar lo
injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas de la contravención, en
relación con las personas que se encuentran en las situaciones descritas en el
inciso final del Artículo 13 de la Constitución Política.


ARTÍCULO 6°. GRATUIDAD. La actuación policiva, no causará erogación alguna
a quienes en ella intervienen, salvo las excepciones legales.


ARTÍCULO 7°. DIGNIDAD HUMANA. El derecho policivo tendrá como fundamento
el respeto a la dignidad humana.
ARTÍCULO 8°. DEFENSA. En toda actuación policiva se garantiza el derecho de
defensa. La que deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material.


ARTÍCULO 9°. CONTRADICCIÓN. En desarrollo de la actuación policiva los
sujetos procesales tendrán derecho a presentar y controvertir las pruebas.


El funcionario policivo deberá motivar todas sus providencias y de manera
especial las medidas que afecten los derechos fundamentales de los sujetos
procesales.


ARTÍCULO 10°. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO. En la actuación procesal los
funcionarios policivos harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán su
efectividad.


ARTÍCULO 11°. LEALTAD. Quienes intervienen en la actuación procesal policiva
están en el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe. Deben obrar sin
temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales.


ARTÍCULO 12°. REMISIÓN. En aquellas materias que no se hallen expresamente
reguladas en este manual, son aplicables las disposiciones de otros
ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del
proceso policivo.


ARTÍCULO 13°. COSA JUZGADA. Las controversias de carácter policivo que
hayan sido definidas por providencias ejecutoriadas, no serán sometidas a una
nueva actuación por los mismos hechos, aunque a estos se les dé una
denominación jurídica distinta, por lo tanto harán transito a cosa juzgada formal
policiva.


ARTÍCULO 14°. PREVALENCIA. Los principios son obligatorios y prevalecen
sobre cualquier otra disposición de este Manual. Serán utilizados como
fundamento de interpretación.


                        DISPOSICIONES GENERALES


ARTÍCULO 15°. Las autoridades de policía administrativa son un cuerpo
encargado de prestar un servicio público que tiene por objeto velar por el
mantenimiento del orden público en sus elementos de seguridad, tranquilidad,
salubridad, moralidad, ecología y ornato público de los ciudadanos en el interior
del grupo social y en el territorio del Departamento de Risaralda.


ARTÍCULO 16°. Las autoridades de tipo administrativo están instituidas para
proteger los derechos y garantías de los habitantes del territorio del Departamento,
previendo las perturbaciones que atentan contra el legítimo ejercicio de los
derechos y garantías con sujeción a la Constitución Nacional, en la Ley, en las
Convenciones y Tratados Internacionales, en el Reglamento de Policía y en los
principios universales del derecho.


ARTÍCULO 17°. La función de las autoridades de policía administrativa es esencial
y exclusivamente preventiva, tendiente a prevenir la violación de algún o algunos
de los derechos de los ciudadanos y de los bienes del Departamento,
constituyéndose en un Auxiliar Técnico en el ejercicio de la función punitiva del
Estado.


ARTÍCULO 18°. Las sanciones impuestas por los funcionarios de policía
administrativa son eminentemente educativas, no represivas, consistente en
multas y en obras de interés social y comunitario. No están para castigar sino
para conducir y enseñar.


ARTÍCULO 19°. Los funcionarios de policía administrativa son: El Presidente de la
República, en el orden nacional; el Gobernador del Departamento; en el orden
departamental; el Alcalde, los Inspectores y Corregidores Municipales de Policía;
los Inspectores municipales de Tránsito, los Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social y los Comisarios de Familia en lo de su competencia; los Comandantes de
Departamento, Distrito, Estación, Subestación y agentes de policía para los casos
expresamente determinados en el Código Nacional de Policía y con jurisdicción
especial, aquellos a quienes se les ha atribuido tal calidad por Ley, Ordenanza o
Acuerdo, como los Inspectores de Bosques y otros.



                                     TÍTULO I
                          DE LA SEGURIDAD PÚBLICA


                                   CAPITULO I
                                   DE LA RIÑA
ARTÍCULO 20°. RIÑA. Las autoridades de policía cuando tengan conocimiento
que en sitio privado, o en lugar público o en sitio abierto al público, dos o más
personas se encuentren en actitud de reñir o que realmente se han transado en
riña, procederán de inmediato a separarlos y los conducirán a la Estación de
Policía, donde los pondrá a disposición del funcionario de policía administrativa
con le objeto de amonestarlos en privado, advirtiéndoles que la reincidencia en su
actitud les acarreará multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


PARÁGRAFO: El anterior procedimiento opera siempre y cuando entre las partes
en conflicto no se presente lesiones personales, pues en esta eventualidad, los
involucrados serán puestos a disposición de la autoridad competente.


                                  CAPITULO II
                   DE LOS ULTRAJES Y DE LAS AMENAZAS



ARTÍCULO 21°. ULTRAJES. El que maltrate de palabra o de obra a otra u otras
personas y que cause afrenta, mortificación deshonra, vituperio, descrédito o todo
acto que atente contra el pudor de una u otras personas en cualquier sentido o
manifestación y que sean falsos, será reconvenido inicialmente a que se retracte
públicamente, por cualquier medio hablado o escrito y en el evento de no hacerlo
o de reincidir en el hecho o hechos, será sancionado con multa de uno (1) a veinte
(20) SMLMV.


ARTÍCULO 22°. AMENAZAS. El que por cualquier medio amenace o atemorice a
otro u otros con un daño en su persona, libertad individual, patrimonial, honra o
familia, incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


                                  CAPITULO III
             DE LOS QUE ALTERAN LA SEGURIDAD CIUDADANA



ARTÍCULO 23°. Todo grupo de personas que altere la seguridad y tranquilidad
ciudadana con actos de indisciplina social o atentatorios de actos
contravencionales o delictivos, será disuelto por la policía y sus responsables
serán puestos a disposición de las autoridades de policía administrativa para ser
reconvenidos inicialmente y en caso de reincidir en los hechos serán sancionados
con multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.
Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.


PARÁGRAFO: Si el grupo o pandilla está integrado o incluye menores de edad,
las autoridades de policía están en la obligación de dar aviso a la autoridad
competente, a fin de adopten los procedimientos que sean pertinentes, sin
perjuicio de las sanciones consagradas en el Código del Menor.


                                  CAPÍTULO IV
                            DEL PORTE DE ARMAS



ARTÍCULO 24°. Entiéndase por porte de armas y municiones la acción de llevarlas
consigo o a su alcance, para la defensa personal, con el respectivo permiso
expedido por autoridad competente.


ARTÍCULO 25°. Entiéndase por tenencia de armas su posesión dentro del bien
inmueble registrado en el correspondiente permiso para defensa personal. La
tenencia sólo autoriza el uso de las armas dentro del inmueble al titular del
permiso vigente y a quienes, siendo sus moradores permanentes o transitorios,
asuman dicha defensa.


ARTÍCULO 26°. Las autoridades competentes para incautar armas, municiones,
explosivos y sus accesorios cuando conozcan de la tenencia o porte irregular, son
las determinadas en el Decreto Nacional 2535 de 1993.


ARTÍCULO 27°. La incautación procede en todos los casos que se tenga o se
porte un arma sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto
Nacional 2535 de 1993.        La autoridad que incaute, está en la obligación de
entregar a su poseedor un recibo en el que conste: Lugar y fecha, características y
cantidad de elementos incautados, nombres y apellidos, número de documento de
identidad y dirección de la persona a quien se le incautó, número y fecha de
vencimiento del permiso, si lo tiene, unidad que hizo la incautación, motivo de
ésta, firma de la autoridad que lo realizó. La autoridad que efectúa la incautación
deberá remitir el arma, munición o explosivo o sus accesorios y el permiso o
licencia al funcionario competente con el informe correspondiente en forma
inmediata.


El incumplimiento de lo aquí dispuesto por parte de las autoridades, se
considerará como causal de mala conducta para efectos disciplinarios.
ARTÍCULO 28°. Son causas de incautación:


1. Consumir licor o consumir sustancias psicotrópicas portando armas.


2. Portar o transportar armas en notorio estado de embriaguez o bajo efectos de
   sustancias psicotrópicas.


3.       Portar, transportar o poseer armas sin el permiso o licencia
     correspondiente.


4. Portar armas en: Reuniones públicas, día de elecciones, dentro del recinto
   donde sesionen ordinaria o extraordinariamente Corporaciones Públicas,
   Asambleas de Organizaciones de todo tipo y manifestaciones populares.


5.      Portar, transportar o poseer sin el permiso o licencia correspondiente a
     pesar de haber sido expedidos.


6.       Portar armas en espectáculos públicos.


7.       Las demás contempladas en el Decreto Nacional 2535 de 1993.
PARÁGRAFO: Para efectos de lo previsto en el numeral 5, el propietario del arma
tendrá un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la
incautación para presentar el correspondiente permiso o licencia en caso de
poseerla y solicitar la devolución del bien incautado, el cual será entregado por
parte de las autoridades de manera inmediata, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto Nacional 2535 de 1993.


ARTÍCULO 29°. Sólo las autoridades expresamente contempladas en el Artículo
36 del Decreto 2535 de 1993, son competentes para imponer multas en caso de
configurarse una de las causales de incautación.


ARTÍCULO 30°. Se prohibe el porte y la tenencia de armas aún con salvo
conducto en las sesiones de Corporaciones de Elección Popular, en reuniones de
Comités Políticos, Comunales o Religiosos, en Huelgas, manifestaciones
colectivas de carácter laboral, político, estudiantil, gremial o en actividades que
congreguen público y también por hallarse             en estado de embriaguez o
drogadicción o en día de elecciones.
PARÁGRAFO: Quien viole las prohibiciones del presente Artículo sufrirá el
decomiso del arma y la anulación del permiso o salvoconducto, sin perjuicio de la
sanción penal a que haya lugar.


ARTÍCULO 31°. Se prohibe la rifa de armas y municiones. La inobservancia a
esta norma implica para el responsable una multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV,
sin perjuicio de las acciones penales o disciplinarias a que haya lugar.


ARTÍCULO 32°. El que porte imitación o replica de arma de fuego, incurrirá en el
decomiso y pérdida del arma y se le impondrá una multa de uno (1) a cinco (5)
SMLMV, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
Si se trataré de un menor, éste será puesto a disposición de la autoridad
competente.


PARÁGRAFO: Las armas incautadas serán destruidas una vez se agote el
procedimiento administrativo dispuesto para tal efecto.


ARTÍCULO 33°. El que sin motivo justificado dispare arma de fuego, será
sancionado con multa de uno (1) a diez (10) SMLMV, siempre que el hecho no
constituya delito, caso en el cual será dispuesto a órdenes de la autoridad
competente.


ARTÍCULO 34°. Se prohibe el porte de todo tipo de armas blancas, tales como:
Machetes, cuchillos, navajas etc., quien viole esta disposición, será sancionado
con multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV y el decomiso del arma.


PARÁGRAFO: Se exceptúan del Artículo anterior todas aquellas personas que
utilicen dichas armas como herramienta de trabajo, tales como carniceros,
revuelteros etc., siempre y cuando sean utilizados en su sitio de trabajo.


                                  CAPÍTULO V
                  DE LA OBLIGACION DE PRESTAR AYUDA



ARTÍCULO 35°. Las autoridades de policía conducirán de forma inmediata a un
centro asistencial a quien sufra lesión por accidente de tránsito, o por cualquier
otra causa o enfermedad.
No habiendo en el sitio de los hechos autoridad de policía, cualquier persona que
conduzca un vehículo o medio de transporte está obligado a conducir a centro de
asistencia hospitalaria a quien se encuentre lesionado o en peligro de muerte.


El particular que prestare este servicio no será molestado por la        autoridad
policiva, quien únicamente se limitará a identificar la persona anotando sus datos
personales, así como los del vehículo.


La autoridad de policía, o el particular que estando en la obligación de prestar
ayuda, se rehusare a prestar su colaboración, incurrirá en multa de uno (1) a
veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.


ARTÍCULO 36°. El responsable del Centro Asistencial Hospitalario donde sean
conducidos los lesionados a que se refiere el Artículo anterior, que se niegue a
prestar ayuda adecuadamente, incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.


ARTÍCULO 37°. Las autoridades en la            obligación de prestar ayuda a la
comunidad, con ocasión de la ocurrencia de calamidades a causa de fenómenos
naturales, el funcionario renuente con esta obligación será sancionado con multa
de uno (1) a veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar.


                                  CAPÍTULO VI
                      DEL IRRESPETO A LA AUTORIDAD



ARTÍCULO 38°. El que irrespete a la autoridad policiva o policivo administrativa,
en el cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, incurrirá en multa de medio
(1/2) a cinco (5) SMLMV, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.


                                    TÍTULO II
                        DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA


                                  CAPÍTULO I
                             DE LOS FESTIVALES
ARTÍCULO 39°. Los festivales son actividades donde se expenden bebidas y
comestibles cuyo objetivo es la consecución de dineros en beneficio de personas
naturales o jurídicas.


ARTÍCULO 40°. Para la realización de un festival se requiere permiso escrito del
Alcalde o su delegado.      La solicitud debe presentarse con ocho (8) días de
anticipación expresando el nombre de la persona o la razón social de la entidad o
persona jurídica, lugar y fecha, sitio, clase de actividad a desarrollar y firma del
Representante Legal o del responsable de la actividad. A la solicitud del permiso
deberá anexarse el visto bueno del Comandante de la Estación de Policía urbana
o rural y el pago de derechos de autor.


ARTÍCULO 41°. El funcionario que expida los permisos podrá negarlos o
revocarlos por razones de orden público, conveniencia o tranquilidad ciudadana.


En todo caso no podrán expedirse permisos cuando el lugar donde se vaya a
realizar el festival esté ubicado a menos de dos (2) cuadras de asilos, centros de
asistencia o reclusión de menores, centros asistenciales u hospitalarios,
establecimientos educativos, iglesias, cuarteles militares, de policía o de
bomberos.


ARTÍCULO 42°. Las autoridades de policía podrán suspender un festival cuando:


1. Se celebre sin el correspondiente permiso.


2. Se modifique la actividad para la cual fue autorizado.


3. Cuando se incumpla con el horario otorgado en el permiso.


4. Se presenten desordenes que alteren la seguridad y tranquilidad ciudadana.


5. Se tolere o permita el consumo de estupefacientes.



                                   CAPÍTULO II
   DE LA ENFERMEDAD MENTAL, EMBRIAGUEZ, MENDICIDAD Y OTROS
ARTÍCULO 43°. El individuo o individuos que presenten síntomas inequívocos de
padecer anomalía mental o perturbación psíquica que puedan poner en peligro la
seguridad y tranquilidad ciudadana, deberán ser conducidos por la policía a un
centro de protección, mientras el funcionario competente a quien se le dará el
correspondiente aviso, decide sobre la aplicación de las medidas contempladas en
el Decreto Nacional 1136 de 1970.


ARTÍCULO 44°. La persona o personas que por su estado de embriaguez no
estén condiciones de mantener un comportamiento aceptable o que atenten contra
la seguridad y tranquilidad ciudadana, ocasionen desórdenes o falten al respeto a
otras personas, serán conducidos por la policía a su domicilio o de no ser posible
a la estación de la policía, donde permanecerán        hasta que retornen a la
normalidad.


ARTÍCULO 45°. Quien ejerza o induzca a la mendicidad valiéndose de un menor
de edad, de inmediato         se dejará a disposición del funcionario policivo
administrativo del lugar donde se cometió el hecho y el menor será puesto a
disposición de la autoridad competente, además, el responsable será sancionado
con multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 46°. El menor que sea encontrado ejerciendo la mendicidad será
dejado a disposición de la autoridad competente o en su defecto a cargo de los
representantes legales si los tuviere a quienes se les hará un llamado de atención.
La reincidencia del menor en dicha actividad, acarreará a sus padres o
representantes la aplicación de una multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 47°. Quienes se encuentren desarrollando actividades de tipo
deportivo o de cualquiera otra índole en sitios no autorizados para tales fines, que
afecten la tranquilidad de los vecinos o de los transeúntes, serán reconvenidos
para que se abstengan de seguir ejerciendo dicha actividad y en caso de
reincidencia, serán sancionados con multa de medio (1/2) a dos (2) SMLMV.


                                   CAPITULO III
                   RUIDOS Y SONIDOS DE ALTO VOLUMEN



ARTÍCULO 48°. Quien profiera gritos o por medio de cornetas, alto parlantes,
vehículos sin silenciador, equipos de sonido, amplificadores, entre otros, produzca
ruidos o sonidos que alteren la tranquilidad ciudadana, incurrirá en multa de medio
(1/2) a veinte (20) SMLMV.


La multa se incrementará hasta en treinta (30) SMLMV, si las anteriores
circunstancias suceden entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.


PARÁGRAFO: Solamente las ambulancias, los vehículos de policía, de defensa
civil, ejercito, cuerpo de bomberos, quedan facultados para el uso de sirenas y
luces de alarma.


ARTÍCULO 49°. El dueño o administrador de establecimiento público o abierto al
publico que permita o tolere los ruidos determinados en el Artículo anterior, se le
impondrá una multa de medio (1/2) a veinte (20) SMLMV, y en caso de
reincidencia se le aplicará cierre del establecimiento hasta por siete (7) días.


                                  CAPÍTULO IV
       DE LA PROTECCIÓN DE MENORES Y DEL RÉGIMEN FAMILIAR



ARTÍCULO 50°. Quien encuentre un menor de doce (12) años extraviado,
indagará por la persona que le debe protección para entregárselo. Si no fuere
posible; lo entregará a la policía quien hará las investigaciones conducentes para
devolverlo a sus familiares o a quien tenga su cuidado.


PARÁGRAFO: Si no aparecieren los padres o familiares del menor extraviado, la
policía lo podrán de inmediato a disposición de la autoridad competente o de una
institución adecuada para su cuidado. De la remisión debe enviarse copia a la
Oficina de desaparecidos que funcione en el Departamento. En caso de no existir
institución apropiada, la autoridad competente confiará el menor en casa de familia
honorable mientras se surte diligencia de aviso al ICBF.


ARTÍCULO 51°. Se prohibe emplear a menores de dieciocho (18) años en
actividades que atenten contra su salud, moralidad o le impidan el cumplimiento
de sus labores escolares. Es igualmente prohibido emplear a menores de doce
(12) años en jornadas de más de cuatro (4) horas diarias.


Las autoridades de policía harán cesar el trabajo bajo apremio de multa de medio
(1/2) a veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de las acciones que pueda adelantar la
Oficina del Trabajo y Seguridad Social.
ARTÍCULO 52°. Se prohibe la venta de bebidas alcohólicas a menores de
dieciocho (18) años y permitir su ingreso a establecimientos donde se consuman
este tipo de bebidas o se presenten espectáculos que atenten contra la integridad
moral, salud física y mental. La violación a esta disposición se sancionará con
multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV, y cierre temporal del establecimiento hasta
por ocho (8) días.     La reincidencia se sancionará con el cierre definitivo del
establecimiento.


ARTÍCULO 53°. No se permitirá el ingreso de menores de cinco (5) años a
espectáculos no aptos para ellos. Igual prohibición de ingreso a salas de juegos
electrónicos para menores de catorce (14) años. Quien infrinja esta disposición,
estará sujeto a multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV, y cierre temporal del
establecimiento hasta por ocho (8) días. La reincidencia se sancionará con el
cierre definitivo del establecimiento.


ARTÍCULO 54°. La persona o personas que permitan o alberguen a menores de
edad sin el consentimiento o autorización de sus padres o representantes,
incurrirán por ese solo hecho en multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV, sin
perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.


ARTÍCULO 55°. Las autoridades policivo-administrativas competentes para la
aplicación de las sanciones estipuladas en los Artículos anteriores serán los
Comisarios de Familia o en su defecto los Inspectores y Corregidores de policía.


ARTÍCULO 56°. Las facultades de las autoridades de policía respecto del
Régimen Familiar están destinadas exclusivamente a prevenir las perturbaciones
de la tranquilidad familiar.


ARTÍCULO 57°. Las autoridades de policía intentarán conciliar las discordias entre
cónyuges o integrantes del grupo familiar, requiriéndoles sobre las respectivas
obligaciones y derechos consagrados en el Código Civil y Código del Menor. Si
no hubiese acuerdo o fórmula de arreglo, deberán ser remitidos ante el Comisario
de Familia, el ICBF o al Juez Competente.


ARTÍCULO 58°. Las autoridades de policía una vez comprobados los hechos
indicativos de que uno de los cónyuges o cualquier miembro del grupo familiar es
objeto de maltrato físico o graves ofensas a su honra o su pudor por parte del otro
cónyuge o integrante del grupo familiar, ordenará el retiro de la residencia al
agresor o culpable, en forma temporal, hasta que la autoridad competente decida
lo pertinente.


Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 59°. El que perturbe la paz o sosiego doméstico de cualquier familia
será sancionado con multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.


ARTÍCULO 60°. En los casos previstos en los Artículos anteriores de este Manual,
sólo se procederá a solicitud de persona interesada excepto cuando se trate de
menores de edad, caso en el cual se procederá de oficio.


ARTÍCULO 61°. Cuando unos padres de familia solicitaren el concurso de las
autoridades competentes para recuperar a un hijo u otro menor que esté a su
cargo por haberse fugado del hogar, éstas procederán a prestar la colaboración
que fuere necesaria para que el menor regrese a su hogar.


Si el menor tuviere justos motivos de fuga, la autoridad lo depositará en casa de
sus familiares o de familia honorable, hasta tanto el Comisario de Familia o el
I.C.B.F. decida sobre el asunto.


ARTÍCULO 62°. Si un hijo de familia no es aceptado por sus padres, la policía lo
pondrá a disposición del Defensor o Comisario de Familia para que adopte las
medidas pertinentes.


ARTÍCULO 63°. Quien tuviere conocimiento de que un menor es objeto de malos
tratos físicos o morales, deberá de inmediato remitir la denuncia o el informe al
Comisario de Familia. Si en el lugar de que ocurrieron los hechos no hubiese
Comisario de Familia, la autoridad policivo administrativo del lugar, procederá a
iniciar la investigación conforme a lo consagrado en el Artículo 272 del Código del
Menor.


ARTÍCULO 64°. La autoridad policivo administrativa que tenga conocimiento de
conductas que tiendan a corromper el seno familiar, procederá de inmediato a
remitir las diligencias a la autoridad competente.


ARTÍCULO 65°. La autoridad de policía podrá requerir a los padres que se
nieguen a permitir la estadía tranquila del menor depositado en manos de otra
familia por disposición de autoridad competente.    Si se persiste en la acción
mediante escándalos y hostigamiento o cualquier actividad que interrumpa la
tranquilidad del vecindario se les impondrá una multa de medio (1/2) a cinco (5)
SMLMV.
ARTÍCULO 66°. Los padres que permitan que un hijo altere la tranquilidad del
vecindario con acciones tales como: Juegos, escándalos, daños etc. Serán
exhortados por la autoridad para que los oriente a guardar compostura y respecto.
En caso de reincidencia serán sancionados con multa de medio (1/2) a cinco (5)
SMLMV.


                                    TÍTULO III
                          DE LA MORALIDAD PÚBLICA


                               CAPÍTULO ÚNICO
                          DE LOS ACTOS OBSCENOS



ARTÍCULO 67°. Quien en lugar público o abierto al público, emplee vocabulario
soez o efectúe actos obscenos o exhiba sus partes genitales, incurrirá en multa de
medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


PARÁGRAFO: Quien efectuare las anteriores conductas en presencia de
menores, incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.


                                    TITULO IV
                         DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA


                                   CAPÍTULO I
                             DE LA PROSTITUCIÓN



ARTÍCULO 68°.        El ejercicio de la prostitución en sí mismo considerado, no
configura contravención, pero se prohibe su ejercicio en sitios no autorizados para
tal fin, por lo tanto no podrá ordenarse la aprehensión colectiva de mujeres
acusadas de ejercerla.


ARTÍCULO 69°. En el territorio del Departamento sólo se tolerará el ejercicio de la
prostitución en establecimientos autorizados para tal fin, para su apertura y
funcionamiento es indispensable el permiso escrito del Alcalde o su delegado, con
el lleno de los siguientes requisitos:
1. Que el establecimiento o casa de prostitución quede ubicado fuera de plazas,
   parques y vías públicas de mayor tránsito o que los Concejos Municipales
   hayan clasificado al sector como zona estrictamente residencial y que además
   no funcionen a menos de tres (3) cuadras de asilos, centros de atención o
   reeducación de menores, centros asistenciales u hospitalarios, establecimientos
   educativos templos de cualquier culto, fábricas, cárceles, cuarteles de las
   fuerzas militares o de policía, sedes de Organismos del Estado o estaciones de
   bomberos.


2. Que dichos establecimientos reúnan las condiciones de seguridad, tranquilidad
   y salubridad prescritas por las autoridades competentes.


3. Que la totalidad del edificio o del establecimiento esté destinado al ejercicio de
   la prostitución.


4.      Que se preste una caución equivalente a diez (10) SMLMV, que garantice el
     cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Manual y en las demás
     normas legales.


5. Que el propietario del inmueble donde se va a desarrollar dicha actividad dé su
   consentimiento por escrito, previamente autenticado.


6. Que el propietario del establecimiento se obligue a exigir a las personas que allí
   presten su servicio el cumplimiento de los requisitos de higiene y salubridad
   establecidos en este Manual y en las normas nacionales vigentes.
ARTÍCULO 70°. Las autoridades de policía procederán a la clausura de los
establecimientos de prostitución en los siguientes eventos:


1.       Cuando se hallen ubicados en áreas expresamente prohibidas en la Ley o
     en este Manual.


2. Cuando se violen las órdenes establecidas por normas o reglamentos de
   higiene.


3. Cuando se compruebe que han sido admitidos menores de edad.


4. Cuando haya lugar a escándalos, riñas o actos atentatorios contra la seguridad,
   tranquilidad y salubridad pública.
5.      Cuando reincidan en hechos que han sido sancionados por violación a
     normas de seguridad, higiene y protección al menor.


6.       Cuando se permita o tolere el porte de armas, consumo de sustancias
     alucinógenas u otros que produzcan dependencia, aunque esté considerada
     como dosis personal.
ARTÍCULO 71°. En los establecimientos autorizados para ejercer la prostitución
todas las habitaciones serán independientes entre sí y cada una de ellas deberá
poseer servicio de baño y sanitario.


ARTÍCULO 72°. Las autoridades de policía vigilarán los hoteles, casas de
alojamiento y hospedajes para evitar que en ellos se ejerza clandestinamente la
prostitución.


PARÁGRAFO: En los casos previstos en este artículo se impondrá por parte de
las autoridades el cierre del establecimiento hasta por treinta (30) días y se
persistiere en la conducta será clausurado dicho establecimiento


ARTÍCULO 73°. En los establecimientos públicos en donde se ejerza de manera
clandestina la prostitución, las autoridades de policía procederán al cierre
temporal, mientras la autoridad administrativa competente define tal situación.
ARTÍCULO 74°. El dueño o administrador del establecimiento que no exija a
quienes allí ejerzan la prostitución, certificado médico en donde conste que no
padece enfermedad infecto contagiosa o de transmisión sexual, incurrirá en multa
de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 75°. El establecimiento en el cual el propietario o administrador
permita la omisión de los requisitos determinados en los artículos anteriores será
sancionado con cierre temporal del establecimiento hasta por treinta (30) días y en
caso de reincidencia con cierre definitivo.


ARTÍCULO 76°. Cuando algún particular o servidor público, tenga conocimiento
del ejercicio de la prostitución por parte de un menor de edad, deberá ponerlo en
conocimiento de la autoridad competente.


ARTÍCULO 77°. El propietario o administrador que permita o tolere el ejercicio de
la prostitución por parte de un menor de edad en el establecimiento dedicado para
tal actividad será sancionado, además de las sanciones dispuestas en el presente
Manual, con multa de diez (10) a treinta (30) SMLMV, sin perjuicio de las acciones
penales a que haya lugar.
ARTÍCULO 78°. Cuando los padres o familiares de un menor solicitaren a la
autoridad de policía protección para éste, por encontrarse que la madre ejerce la
prostitución, el funcionario de policía o el Comisario de Familia procederán, luego
de comprobar breve y sumariamente los hechos denunciados, a ordenar el
depósito del menor, hasta tanto el Defensor de Familia decida sobre el asunto.


                                   CAPÍTULO II
                                DE LAS BASURAS



ARTÍCULO 79°. El que arroje basuras en lugares públicos, tales como:
desperdicios, piedras, aguas, objetos, o ejecuten operaciones que causen daño,
simple molestia o entrañen peligro para los transeúntes, se le instará a que no solo
las recoja sino también a recoger las basuras que en ese sitio se encuentren y se
le sancionará con multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


PARÁGRAFO: El propietario o administrador de establecimiento público o abierto
al público que incurra en la conducta descrita por el Artículo anterior, será
sancionado con multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 80°. El que arroje un animal muerto a vía pública o a predio ajeno,
será obligado a recogerlo e incurrirá en multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 81°. El que se ocupe de la construcción, demolición, reparación o
mejora de una edificación, no podrá depositar materiales en la vía pública. A
quienes infrinjan esta disposición se le impondrá una multa de uno (1) a veinte
(20) SMLMV y suspensión inmediata de la obra hasta que subsane la
irregularidad.




                                   CAPÍTULO III
                               DE LOS ANIMALES



ARTÍCULO 82°. ACTOS MOLESTOS. Quien lleve o permita que un animal
doméstico, tales como perro, caballo, vaca, etc. Haga sus necesidades fisiológicas
en lugares públicos deberá recogerlo y se le aplicará una multa de uno (1) a cinco
(5) SMLMV.


ARTÍCULO 83°. El dueño o tenedor de perros bravos, de trabajo o de caza,
considerados razas peligrosas estará obligados a llevarlos sujetados con su
correspondiente bozal y collar de ahogo, para evitar que causen daño a personas,
animales o cosas, de lo contrario serán sancionados con multa de uno (1) a cinco
(5) SMLMV, sin perjuicio de las acciones civiles a que hubiere lugar.


ARTÍCULO 84°. La instalación de cocheras, porquerizas, galpones para aves,
pesebreras, colmenas, enjambres entre otros, dentro de las áreas urbanas,
dependerá de lo estipulado en el PORTE de cada Municipio.


Las habidas actualmente dentro del área urbana, previo censo realizado por las
autoridades en un término no superior a un (1) mes, determinará quienes cumplen
con los requisitos de salubridad y seguridad, de lo contrario ordenará su
desmonte.


Las instalaciones de éstas dentro del área suburbana y rural, deberán cumplir
con los requisitos exigidos por la respectiva Oficina de Saneamiento Ambiental del
respectivo Municipio.


El que incumpla esta disposición incurrirá en multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 85°. El dueño o administrador de matadero donde se sacrifique
cualquier tipo de animal y que no llene los requisitos exigidos por las normas de
salubridad, será sancionado con multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV y cierre
definitivo del establecimiento.


ARTÍCULO 86°. Se prohibe a tenedores o propietarios de animales o a cualquier
persona en particular maltratarlos físicamente, obligarlos a llevar cargas
superiores a su fuerza. El que infrinja esta disposición será sancionado por la
autoridad policiva administrativa de conformidad con lo estipulado en la Ley 84
de 1989.


ARTÍCULO 87°. El que permita deambular semovientes en lugares públicos como
vías, parques etc. Será sancionado con multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 88°. El dueño o tenedor de predio deslindado ubicado en zona rural,
está obligado a cercarlo para evitar el paso de animales domésticos. Si omitiere
hacerlo y ocasionare molestias a sus vecinos, la autoridad competente ordenará
su cerramiento, a costa del contraventor dentro de un término que no pasará de
treinta (30) días.


ARTÍCULO 89°. Si el dueño o tenedor de predio necesitare por seguridad
mantener perros bravos, deberá tenerlos sujetados de tal manera que se evite la
agresión a persona desprevenida, so pena de ser multado de medio (1/2) a cinco
(5) SMLMV.


PARÁGRAFO: El propietario o persona responsable del cuidado de animales
domésticos que lesionen a cualquier persona o animal, está obligado a pagar los
gastos de su atención médica o veterinaria según fuere el caso, sin perjuicio de las
acciones civiles a que hubiere lugar.


ARTÍCULO 90°. PERMISO. El que vaya a movilizar ganado u otros semovientes,
deberá ceñirse a lo dispuesto por la Ordenanza 033 de agosto 14 de 2001, por la
cual se establece el registro público de marca de ganado mayor en el
Departamento de Risaralda, se reglamenta su transporte en la jurisdicción
departamental y se dictan otras disposiciones.


PARÁGRAFO: Quien vaya a movilizar productos agrícolas deberá solicitar el
respectivo conduce o permiso ante la autoridad policiva administrativa del lugar
más cercano, quien movilice maderas, además deberá tener el permiso de la
CARDER.


                                  CAPITULO IV
                        DE LA HIGIENE Y PREVENCIÓN



ARTÍCULO 91°. La Secretaria de Salud del Departamento, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la vigencia de este Manual, coordinará con los municipios y
con le apoyo de las autoridades de policía, las siguientes acciones tendientes a
cumplir normas de higiene y prevención, expedidas por el Ministerio de Salud así:


Visita a cafeterías, restaurantes, cafés, cantinas, expendios de comidas rápidas,
etc. Para determinar:


1. Estado de higiene de la cocina o área de preparación o conservación de
   alimentos.
2. Si el personal utiliza guantes, tapa bocas, gorros, y su estado.


3. Revisión de las vajillas, vasos, cubiertos y demás, procediendo a la destrucción
   de aquellos con señales de mucho uso, despicados, desportillados, etc.


4. Exigir la utilización de vasos y pocillos desechables y de material desechable
   para revolver, con la advertencia al público que se deben destruir después de
   su uso.
ARTÍCULO 92°. En el marco de lo dispuesto en el Artículo anterior, también se
coordinará lo relacionado con la estricta aplicación de lo dispuesto en la Ley 9 de
1979, sus Decretos Reglamentarios y las Resoluciones sobre la materia.


ARTÍCULO 93°. Las autoridades de salud en los municipios, en asocio con las
autoridades de policía, estarán obligadas a practicar trimestralmente las visitas de
inspección a todos los establecimientos en donde se preparen, consuman,
expendan o almacenen alimentos y bebidas, para lo cual utilizarán el instructivo
acta de inspección sanitaria a establecimientos dedicados a dicha actividad,
elaborado por el Ministerio de Salud e INVIMA.


                                     TITULO V
                                DE LA ECOLOGÍA Y
                              DEL MEDIO AMBIENTE


                                    CAPITULO I
                         PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR


ARTÍCULO 94°. El Concejo Municipal determinará los usos del suelo en los sitios
indicados para la ubicación de dicha publicidad. La instalación de propaganda
visual exterior en zonas del área metropolitana, se regirá por lo establecido en el
Estatuto de Amoblamiento Urbano.


ARTÍCULO 95°. Queda prohibido arrojar publicidad desde aeronaves de cualquier
tipo. Los responsables serán sancionados con multa de uno (1) a cinco (5)
SMLMV, sin perjuicio de las acciones civiles legales a que haya lugar.


ARTÍCULO 96°. Las vías públicas, por considerarse que son bienes de utilidad
pública, no pueden ser utilizadas para pintar o colocar publicidad. La violación a
esta disposición será sancionada con multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV,
aplicable al autor o responsable del hecho.


                                   CAPITULO II
                               DE LOS INCENDIOS



ARTÍCULO 97 ° Quien ejecute actos que provoquen incendio siempre que el
hecho no constituya delito, será sancionado con multa de uno (1) a diez (10)
SMLMV.


ARTÍCULO 98°. Para efecto de llevar a cabo las quemas permitidas se debe
atender lo dispuesto por las autoridades sanitarias y el cuerpo de bomberos de la
localidad, con relación a distancias, materiales, sitios, horarios, medidas de
prevención y atención de desastres que ampare a los vecinos y transeúntes en
sus vidas y bienes.        Siempre se requerirá el permiso escrito de dichas
autoridades.


ARTÍCULO 99°. Quien sea autorizado para realizar la quema queda obligado a
cumplir con los siguientes requisitos:


1. Hacer un cortafuego, calle o ronda alrededor del terreno donde se va a efectuar
   la quema.


2. Retirar y aislar de la zona donde se va a efectuar la quema, todo material
   combustible, a fin de evitar que el fuego se propague a otras áreas.


3. Dar aviso previo y pleno a todos los vecinos, de la realización de la quema a fin
   de que estén alertas.
ARTÍCULO 100°. Si para el día programado fuere imposible realizar la quema por
efecto del viento, las lluvias u otro elemento extraño, aquella se realizará para el
día siguiente a la misma hora, para lo cual se adoptarán                las mismas
prevenciones. Si para esta nueva fecha persisten las circunstancias negativas, la
quema no se realizará. Quien no acatare las normas de los Artículos anteriores,
incurrirá en multa de uno (1) a diez (10) SMLMV.
                                   CAPITULO III
                           EXTINTORES DE INCENDIO
ARTÍCULO 101°. Las industrias, factorías, talleres, establecimientos comerciales y
públicos, conjuntos residenciales, establecimientos educativos públicos y privados,
edificios, oficinas públicas y privadas, estaciones de servicio y distribuidoras de
gas, deben contar con extintores de incendio en perfecto estado de
funcionamiento.


Los extintores deben estar ubicados en sitios o lugares visibles y de fácil acceso,
en caso de incendio.         El número, calidad, capacidad, tamaño y demás
características, serán determinadas por el cuerpo de bomberos de cada localidad.


El incumplimiento a lo dispuesto en esta norma será sancionado con multa de uno
(1) a veinte (20) SMLMV.


No obstante lo anterior, si el riesgo es considerable, el Comandante del Cuerpo de
Bomberos de la localidad podrá oficiar a las autoridades de policía solicitando el
cierre inmediato del establecimiento o local, hasta que se dé cumplimiento a las
normas de seguridad.


                                   CAPITULO IV
   PROTECCION PÚBLICA CONTRA INCENDIOS Y OTRAS CALAMIDADES



ARTÍCULO 102°. Todo establecimiento comercial, educativo, de servicios,
industrial o de vivienda multifamiliar, deberá obtener el respectivo visto bueno de
seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos de la Localidad.


ARTÍCULO 103°. Para obtener el visto bueno se requiere de solicitud dirigida al
Cuerpo de Bomberos, la cual deberá contener:
1. Nombres y apellidos completos del Representante Legal.


2. Dirección exacta.


3. Actividad para la cual está destinada el inmueble.
ARTÍCULO 104°. Las normas de seguridad mínimas son:


1. Los extintores se deben colocar en sitios visibles y de fácil acceso.
2. Instalaciones eléctricas domiciliarias y de gas o de cualquier otro combustible
   en perfecto estado y de acuerdo a las normas legales vigentes.


3. Requisitos mínimos de señalización para casos de evacuación.


4. Las demás que señale el Cuerpo de Bomberos de acuerdo a las normas legales
   vigentes.
ARTÍCULO 105°. El Cuerpo de Bomberos tendrá la facultad de efectuar visitas y
revisiones periódicas a todos los establecimientos ya enunciados para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad.


ARTÍCULO 106°. El Cuerpo de Bomberos para la expedición de la respectiva
autorización y visita de seguridad tendrá un término de quince (15) días hábiles.


ARTÍCULO 107°. Compete al Cuerpo de Bomberos de la localidad atender toda
emergencia o siniestro causado por incendio y tomará el mando y conducción de
todo el personal, el Oficial de Bomberos de mayor jerarquía que hubiese en el
lugar. Los demás organismos de socorro que se hicieren presentes, deberán
servir de apoyo para atender la emergencia bajo la Coordinación del Cuerpo de
Bomberos.


                                   CAPITULO V
         MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS



ARTÍCULO 108°. Los teatros, estadios, edificios, y demás locales destinados para
espectáculos públicos sólo podrán funcionar si cumplen con las medidas de
seguridad establecidas, tales como: Señalización y puertas de salida para casos
de emergencias por lo menos de dos (2) metros de ancho por dos (2) metros de
alto que abran hacia el exterior sin dificultad, que estén dotado de suficientes
números de extintores de incendios y gabinetes para la extinción de los mismos en
cantidad, calidad y ubicación previamente determinada pro el Cuerpo de
Bomberos de la localidad.


PARÁGRAFO: Las puertas de emergencias a las que se refiere esta disposición
deberán permanecer en perfecto estado de funcionamiento, abiertas al público
antes, durante y después del espectáculo. El término y apertura de éstos, será
determinado por la autoridad competente de acuerdo al número de espectadores.
ARTÍCULO 109°. El Alcalde o su delegado a través de las autoridades respectivas
podrá ordenar la suspensión del espectáculo cuando este se realice sin el lleno de
los requisitos exigidos en los artículos anteriores.


                                    CAPÍTULO VI
                      DE LOS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS



ARTÍCULO 110°. Se autoriza la venta y artículos pirotécnicos en todo el territorio
del Departamento de acuerdo con los términos condiciones y requisitos que se
señalan a continuación.


ARTÍCULO 111°. Se exceptúa de la anterior autorización y en consecuencia está
prohibida la venta, fabricación y la utilización de los artículos pirotécnicos, como la
pólvora detonante venenosa en cuya composición se emplee fósforo blanco o rojo
de ignición propia como los totes o explosivos a base de barro, granos de matiz,
partículas de láminas y similares.


ARTÍCULO 112°.           Se permite la fabricación y almacenamiento     de fuegos
artificiales al aire libre, por fuera del perímetro urbano o suburbano o en sitio
despoblado, previa licencia de funcionamiento, otorgado por       el Alcalde o su
delegado.


ARTÍCULO 113°. El Alcalde o su delegado, previo concepto de los organismos
encargados del control, en coordinación con el cuerpo de bomberos de la localidad
determinará la zona donde podrán funcionar los expendios, los cuales en ningún
caso estarán ubicados en sector comercial o residencial, ni a menos de cincuenta
(50) metros de cualquier edificación, ni a diez (10) metros de la vía pública. Los
puestos transitorios estarán separados unos de otros por una distancia mínima de
cinco (5) metros.


ARTÍCULO 114°. Para obtener la venta transitoria de artículos pirotécnicos,
además de los requisitos exigidos por normas superiores, se llenarán los
siguientes:


1. Que el solicitante sea mayor de edad.


2. Certificado de idoneidad y experiencia sobre manejo y expendio de artículos
   pirotécnicos, expedido por los organismos o agremiaciones reconocidas
   jurídicamente y especializadas en el oficio.
3. Probar que el expendio funcionará dentro de la zona determinada por Alcalde o
   su delegado.


4. Acreditar que el expendio dispondrá de iluminación eléctrica con el lleno de los
   requisitos de seguridad establecidos por el Cuerpo de Bomberos y la Empresa
   de Energía de la localidad.


5.       Disponer al menos de tres (3) extintores de polvo químico seco, tipo ABC,
     señalados y sin obstrucciones de capacidad no inferior a diez (10) libras
     ubicados en los sitios prescritos por el Cuerpo de Bomberos.


6.      Certificado de constitución de una caución expedida por una Compañía de
     Seguros por valor equivalente a quinientos (500) SMLMV, como garantía en
     caso de infracciones a las normas vigentes y para responder por los perjuicios o
     daños causados a terceros.
ARTÍCULO 115°. Por motivos de orden público y seguridad ciudadana, el Alcalde
o su delegado podrá suspender la venta de estos artículos.


ARTÍCULO 116°. El transporte de pólvora entre ciudades, clasificada en este
Capítulo, deberá efectuarse en vehículos públicos o privados previo visto bueno
del Comandante de la Guarnición militar del área en que se origine el transporte
previa exigencia y comprobación de los requisitos establecidos en las
disposiciones nacionales sobre la materia.


Los Comandantes de las Guarniciones Militares y de policía por cuya jurisdicción
transiten los vehículos con pólvora deberán ser informados.


ARTÍCULO 117°. Queda prohibida la venta ambulante de toda clase de pólvora.
La infracción a esta disposición acarreará el decomiso y la destrucción de lo
incautado.


ARTÍCULO 118°. Quien incumpla con los requisitos de la Licencia transitoria
otorgada para la venta estacionaria, se le decomisará la mercancía, se le
suspenderá la Licencia y será levantado el puesto estacionario por las autoridades
de policía, bomberos y demás autoridades competentes.


ARTÍCULO 119°. Queda prohibido el empleo de menores de edad, en la venta
fabricación, almacenamiento y transporte de artículos pirotécnicos.
ARTÍCULO 120°. Quien contraviene la disposición del Artículo anterior, será
sancionado con multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV, cierre temporal del
establecimiento hasta por treinta (30) días, en caso de reincidencia se le cancelará
definitivamente la Licencia, sin perjuicio de las acciones contempladas en el
Código del Menor.


                                      CAPITULO VII
                      DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS



ARTÍCULO 121°. Son establecimientos que venden al público elementos que los
vehículos automotores requieren para su normal funcionamiento, tales como
combustibles, aceites, llantas, neumáticos y que presten además servicios
adicionales como lavado, engrase, alineación y balanceo.


ARTÍCULO 122°. Todas las estaciones de servicio a construirse a partir de la
fecha de publicación de este Manual, deberán presentar y reunir los siguientes
requisitos de seguridad solicitados por las autoridades competentes:



1.     Para la aprobación del lote:
1.1.   La dirección exacta o localización del lote en el municipio que pertenece.


1.2.   Nombre del propietario


1.3.   Número de surtidores


1.4.   Servicios que prestarán


1.5.   Autorización de CARDER


1.6. Certificado de la Secretaria de Planeación Municipal o la que haga sus
   veces, en donde conste de que el lote cumple con las distancias mínimas a los
   linderos más próximos de los sitios de densidad poblacional, tales como:
   Escuelas, colegios, hospitales, teatros, polideportivos, bibliotecas, clubes
   sociales y unidades multifamiliares.
2.     Para la obtención de la licencia de funcionamiento Decreto 353 de 1991
artículo 10.
2.1. Diligenciar el formato ante el Ministerio de Minas y Energía, en donde
   conste que las instalaciones y construcciones cumplen con estipulado en las
   normas que para la fecha en que soliciten la licencia de funcionamiento estén
   vigentes (ICONTEC, MIN-MINAS, N.F.P.A.)


2.2. Acta de calibración de los surtidores expedida por el Ministerio de Minas y
   Energía y Alcaldías municipales.


2.3.   Matrícula expedida por la Cámara de Comercio;


2.4. Certificación expedida por el Constructor de los tanques (Artículo 72 del
   Decreto Nacional 283 de 1990, originario del Ministerio de Minas y Energía);


2.5.   Actas de prueba hidrostática realizada por una firma idónea.


2.6.   Capacidad de almacenamiento
ARTÍCULO 123°. En aquellos lugares donde funcionen estaciones de servicio
que no han tramitado la licencia de funcionamiento, procederán de inmediato a
obtenerla mediante el lleno de los siguientes requisitos:


1. Solicitud escrita al Ministerio de Minas y Energía.


2. Acta de calibración de los surtidores expedida por el Ministerio de Minas y la
   Alcaldía Municipal previa solicitud.


3. Matrícula expedida por la Cámara de Comercio.


4. Capacidad de almacenamiento.
ARTÍCULO 124°. Para la renovación de la licencia de funcionamiento deberán
acreditarse los siguientes requisitos


1.     Solicitud escrita al Ministerio de Minas y Energía


2. Acta de calibración de los surtidores por parte del Ministerio de Minas y Energía
   y/o la Alcaldía Municipal previa solicitud.
3. Matrícula expedida por la Cámara de Comercio


4. Capacidad de almacenamiento
ARTÍCULO 125°. En las estaciones de servicio, las instalaciones eléctricas
deberán protegerse con tubería conduit y sus accesorios deben de ser a prueba
de explosión, según la norma N.F.P.A. 70 y las certificaciones de las empresas
públicas municipales o la que haga sus veces.


Todas las estaciones de servicios estarán sujetas a las normas de seguridad que
se dictan por parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.


ARTÍCULO 126°. Las estaciones de servicios que infrinjan las normas sobre el
funcionamiento del servicio público, o las instrucciones dadas por el Ministerio de
Minas y Energía y/o alcaldías sobre el particular estarán sujetas a las sanciones
previstas para estos casos.


                                  CAPÍTULO VIII
DISTRIBUCIÓN, MANEJO Y TRANSPORTE                       DE GAS LICUADO, DE
PETRÓLEO (G.L.P.) Y NATURAL


ARTÍCULO 127°. Toda la edificación de uso comercial, residencial e industrial
que almacene menos de 420 libras GLP, estarán sujetas a las recomendaciones
dadas por el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gobierno Municipal o la que
haga sus veces.
ARTÍCULO 128°. Cuando la capacidad de almacenamiento en mención sobrepase
las 420 libras, estará sujeta a las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía y
las recomendaciones sobre seguridad del Cuerpo de Bomberos del lugar.


ARTÍCULO 129°. Todos los cilindros de gas deberán ser ordenados, antes de
llenarlos para lo cual los distribuidores deberán tener los medios requeridos para
ellos y revisarlos para detectar cualquier falla y/o avería que implique riesgo para
el usuario.


ARTÍCULO 130°. Queda prohibido llenar con G.L.P. recipientes o envases de
cualquier clase notoriamente deficiente o averiados.


No se transportará ningún recipiente (cilindro) sin su correspondiente protector de
válvula.
No se entregará al usuario ningún cilindro sin la mariposa de la válvula.     El
distribuidor deberá entregar al usuario el recibo correspondiente a la venta del
producto.


ARTÍCULO 131°. El distribuidor de G.L.P. será responsable de las instalaciones
que construya y no podrá abastecer aquellas que representen riesgos en el uso
del gas propano y gas natural. Todo distribuidor de G.L.P. y gas natural debe
verificar el correcto funcionamiento de la válvula antes de entregar al usuario el
cilindro o el servicio.


El personal encargado de las instalaciones, transporte y manejo de cilindros, así
como los conductores y auxiliares de los carro-tanques y vehículos de reparto de
los mismos, deberán estar debidamente entrenados para desempeñar su trabajo
con máxima seguridad.


ARTÍCULO 132°. Todo vehículo utilizado para el transporte y distribución de
G.L.P. y gas natural debe cumplir los siguientes requisitos:


1. Además de la licencia expedida por las autoridades de tránsito competentes la
   del Ministerio de Minas y Energía.


2. Cumplir con las normas de prevención y seguridad exigidas por el Cuerpo de
   Bomberos de la localidad.


3. Estar identificado con el nombre y/o logotipo de la Empresa distribuidora.


4. Exhibir la lista oficial de precios al consumidor de los diferentes tipos de
   cilindros que distribuyan.
PARÁGRAFO: La infracción a estas disposiciones será sancionada de
conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia.


ARTÍCULO 133°. En caso de emergencia el personal de los vehículos
distribuidores podrá tener acceso a las pilas públicas para sacar agua destinada al
consumo doméstico, higiénico o para la extinción de incendios.


Los hidrantes públicos solo podrán ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos o por
la empresa de servicios públicos de la localidad.
La conservación y reparación de los hidrantes públicos se realizará por las
empresas públicas de la localidad o por la que haga sus veces.
El Cuerpo de Bomberos deberá mantenerse informados sobre los daños o
escapes de agua que se encuentren en ellos.
ARTÍCULO 134°. Queda prohibido al frente o al lado de los hidrantes, el parqueo
de vehículos o la instalación de casetas de cualquier tipo, así como arrojar
desechos o materiales de construcción sobre ellos o sus alrededores.


                                  CAPITULO IX
                       DE LOS RECURSOS NATURALES



ARTÍCULO 135°. El que pretenda cazar, pescar, talar o quemar bosques o
ejecutar cualquier actividad relacionada con recursos naturales, deberá solicitar el
respectivo permiso ante la CARDER o ante la entidad que haga sus veces.


ARTÍCULO 136°. El Gobernador, la CARDER, y los Alcaldes tienen la facultad de
solicitar a las demás autoridades competentes, para la imposición o ejecución de
las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley que sean
aplicadas al caso.


ARTÍCULO 137°. Cuando ocurriere una violación de las normas sobre protección
ambiental o sobre el manejo de recursos naturales renovables, la CARDER
impondrá las sanciones consagradas en la Ley 99 de 1993, según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciará el hecho ante
las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal respectiva.


ARTÍCULO 138°. Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere
la ley 99 de 1993, se seguirá el procedimiento previsto por el Decreto Nacional
1594 de 1984 o por el Estatuto que lo modifique o sustituya.


                                    TITULO VI
                                 DEL COMERCIO


                                   CAPITULO I
            DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO
ARTÍCULO 139°. El alcalde o su delegado autorizará el funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales o de servicio que llenen los siguientes
requisitos:
1. Solicitud por escrito presentada por el propietario del establecimiento o su
   representante, donde indique lugar y fecha, nombres y apellidos, documentos
   de identidad, dirección del solicitante y condición en que actúa, actividad del
   establecimiento, nombre comercial del mismo, ubicación exacta, nombre y
   autorización escrita del propietario del inmueble y de la junta administradora
   cuando se ocupen locales sometidos a régimen de propiedad horizontal y en
   caso de actuar a nombre de tercero, acreditar el poder debidamente
   autenticado.


2. Visto bueno del uso del suelo otorgado por la Oficina competente, considerando
   la seguridad y cumplimiento de normas urbanísticas, condiciones locativas,
   licencia o permiso de construcción si el establecimiento funciona en local nuevo.


3.       Que el local cumpla con las normas y condiciones de higiene y seguridad
     acreditados por los organismos correspondientes.


4.      Constancia de registro ante la Secretaría de Hacienda Municipal o la que
     haga sus veces.


5. Estar debidamente registrado ante la Cámara de Comercio.
PARÁGRAFO: Los requisitos especiales para cada         clase de establecimiento
serán determinados por el Alcalde o su delegado de acuerdo a las normas
nacionales, departamentales y municipales según el caso.


ARTÍCULO 140°. Corresponde al Alcalde o al funcionario que delegue, tramitar las
solicitudes señaladas en el Artículo anterior y resolverlas dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de presentación.


Las decisiones se adoptarán mediante resolución motivada y contra esta proceden
los recursos de reposición y/o apelación según el caso.


ARTÍCULO 141°. El certificado de uso del suelo sólo será modificado cuando
ocurra una de las siguientes causas:


1. Que el establecimiento cambie de dueño


2. Que el establecimiento cambie de dirección para su funcionamiento
3. Que se varíe su actividad comercial


4. Que el propietario clausure el establecimiento
ARTÍCULO 142°. Los establecimientos comerciales deberán mantener
actualizados.


1.    El pago de impuesto de Industria y Comercio para el período respectivo.


2.    Patente de sanidad vigente


3. Renovación anual de la matrícula o Registro Mercantil de la Cámara de
   Comercio.


4. Certificado del Cuerpo de Bomberos sobre cumplimiento de las condiciones de
   seguridad necesarias para su funcionamiento.
ARTÍCULO 143°. Queda congelada la expedición de autorizaciones para toda
clase de juegos electrónicos y máquinas de destreza, habilidad, suerte, azar o
similares, así como bingos, circos, casinos y similares.


La congelación dispuesta en este Artículo será por tres (3) años y el funcionario
que la contravenga incurrirá en falta disciplinaria.


ARTÍCULO 144°. Es deber de las autoridades de policía visitar en forma
permanente los establecimientos abiertos al público para verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para su funcionamiento.          Así mismo aplicará las
sanciones de acuerdo a los procedimientos contenidos en este Manual, a aquellos
que infrinjan las normas legales y disposiciones de policía.


PARÁGRAFO: La renuencia o negativa injustificada por parte de los propietarios o
administradores de permitir el acceso de funcionarios públicos competentes o
autoridades al establecimiento y exhibir documentos respectivos, será sancionado
con multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de las acciones policivas
aplicables por contravenir las normas de este Manual y demás disposiciones
superiores.


ARTÍCULO 145°. Queda especialmente prohibido a los funcionarios públicos
competentes retener o retirar los documentos de funcionamiento. El retiro de los
mismos, la imposición de multas cierres y demás sanciones sólo podrán
efectuarse previo el procedimiento establecido en este Manual.
El funcionario que viole esta disposición será investigado de acuerdo a la Ley 232
de 1995, el Código Disciplinario y demás normas concordantes con las normas
municipales vigentes sobre la materia.


                                  CAPITULO II
                          DISPOSICIONES COMUNES



ARTÍCULO 146°. El uso del suelo en razón de las actividades y categorías,
aspectos de construcción, áreas, seguridad y demás especificaciones de los
establecimientos abiertos al público, serán determinados por el Concejo Municipal
a iniciativa     del Alcalde o su delegado, previo concepto de la Oficina
correspondiente.


ARTÍCULO 147°. Los establecimientos que a la fecha de entrar en vigencia este
Manual han venido funcionando con licencia no quedarán sometidos a las normas
sobre ubicación y zonificación, salvo que se trate de traslado, ampliación, cambio
de actividad principal o por decisión del gobierno municipal.


ARTÍCULO 148°. Los establecimientos abiertos al público no podrán ocupar el
espacio público y zonas verdes con capotas, parasoles, techos, mesas, sillas,
asadores, vehículos y otros elementos, so pena de la aplicación de las sanciones
establecidas en este Manual y en las normas superiores que protegen el espacio
público.


La música en los establecimientos abiertos al público se ejecutará o amplificará a
un volumen que no trascienda al exterior.


                                  CAPITULO III
 ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO, VENTA DE VÍVERES,
                ALIMENTOS, BEBIDAS Y LICORES


ARTÍCULO 149°. Todos los establecimientos abiertos al público, tales como:
cantinas, cafeterías, bares, cafés, discotecas, salones de baile, hoteles,
hospedajes, restaurantes y en general aquellos donde haya libre acceso y
permanencia de personas, necesitan para su apertura y funcionamiento, cumplir
con los requisitos establecidos en la ley 232 de 1995 y disposiciones municipales
vigentes y estarán bajo la vigilancia de las autoridades de policía.
PARÁGRAFO: Queda congelada hasta nueva orden la expedición de certificados
de uso del suelo en la ciudadela de cuba y en el sector de Villa Santana de la
ciudad       de Pereira, para establecimientos donde se expendan bebidas
alcohólicas, fuentes de soda, griles, bares, cantinas y similares.


PARÁGRAFO: La anterior prohibición queda sujeta a que el municipio de Pereira,
previo estudio de factibilidad, decida otorgar la correspondiente autorización.


ARTÍCULO 150°. El certificado del uso del suelo solo se concederá cuando el
establecimiento reúna además de los requisitos señalados en este Manual, los
siguientes:


1.       Que el local cumpla con las normas establecidas por las autoridades
     sanitarias.


2. Que el local sea seguro, ventilado, seco, iluminado y que disponga del número
   de puertas suficientes para la rápida evacuación de las personas.
ARTÍCULO 151°. Los Alcaldes quedan facultados para fijar según su criterio,
situación de orden público y tranquilidad ciudadana, el horario de funcionamiento
de los establecimientos que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas, para
el consumo de los mismos, pero en ningún caso el permiso podrá exceder de las
2:00 de la mañana en semana y de 3:00 de la mañana en fines de semana.


PARÁGRAFO: En el perímetro urbano de Pereira, los permisos en fines de
semana y vísperas de feriados no podrán exceder de las 4:00 de la mañana.


ARTÍCULO 152°. El propietario o administrador del establecimiento está obligado
a exhibir en sitios visibles del lugar, la lista de precios autorizados por la Alcaldía y
los horarios de atención al público.


La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones establecidas por las
normas de protección al Consumidor.


ARTÍCULO 153°. El Alcalde o su delegado impondrán multa de uno (1) a veinte
(20) SMLMV, al titular de uso del suelo, propietario o administrador del
establecimiento que incurra en las siguientes conductas:
1. Utilice en los avisos o propagandas nombre distinto a los autorizados en el uso
   del suelo.


2. Ejecute o amplifique música que trascienda al exterior, previo concepto técnico.


3. No coloque en lugar visible del establecimiento la lista de precios.
                                   CAPÍTULO IV
              VENDEDORES ESTACIONARIOS Y AMBULANTES



ARTÍCULO 154°. Son vendedores ambulantes los que comercian en lugar público
o abierto o a domicilio sin tener una ubicación fija ni permanente y es vendedor
estacionario quien comercia en casetas, puestos o kioscos instalados en sitios
debidamente autorizados. Para ejercer el oficio de vendedor estacionario o
ambulante se requiere la autorización del Alcalde o su delegado.


ARTÍCULO 155°. Para obtener el permiso o autorización del que trata el artículo
anterior, previo visto bueno de la Secretaría de Gobierno o de Planeación o la
que haga sus veces, el interesado deberá llenar los siguientes requisitos:


1. Solicitud escrita presentada al Alcalde o su delegado con exhibición del
   documento de identificación, en el cual se indique el tipo de mercancías a
   comerciar y el sitio donde se va a ubicar.


2. Tres (3) fotografías del peticionario, una para el archivo de la Alcaldía, una
   para el archivo de la Policía y la tercera para adherirla al carné.


3. Certificado médico en que conste que el peticionario no padece de enfermedad
   infectocontagiosa.


4. Copia de la declaración de renta del año inmediatamente anterior o Certificado
   de la DIAN, donde conste que el peticionario no figura como contribuyente del
   impuesto de renta y complementarios.
 ARTÍCULO 156°. En ningún caso se dará permiso de vendedor estacionario o
ambulante a quien dependa económicamente de persona que tenga carné para
este oficio o que se le compruebe que posee mas de uno (1) o más puestos.
PARÁGRAFO: Cuando se trate de venta de alimentos, se exigirá el cumplimiento
de lo dispuesto en la Resolución número 204 de 1993, expedida por el Ministerio
de Salud.


ARTÍCULO 157°. El carné deberá ser renovado cada año; previa comprobación
del lleno de los requisitos previamente establecidos.


ARTÍCULO 158°. El Alcalde o su delegado podrá otorgar permisos extraordinarios
para actividades comerciales como venta de artículos para el culto, alimentos,
juguetes, tarjetería y trajes típicos que se hacen en cierta época del año.


ARTÍCULO 159°. Quien ejerce el oficio de vendedor ambulante o estacionario sin
la respectiva autorización, será amonestado por la Policía y desalojado del lugar
en que se hubiese ubicado.


ARTÍCULO 160°. Las juntas de Planeación Municipal señalarán las zonas en las
cuales pueden instalarse los puestos de venta, los lugares donde se permitirán
ventas de cigarrillos, comestibles y similares y el cupo máximo de vendedores
estacionarios. En los municipios en donde no existen estas juntas, las funciones
serán ejercidas por el Concejo Municipal.


En ningún caso se concederá permiso para la instalación de vendedores
ambulantes o estacionarios en los andenes centrales, separadores de avenidas,
en frente de las iglesias, hospitales, bancos, en edificios públicos y privados, en
las zonas verdes de los parques, en las esquinas en un tramo de cinco (5) metros
contados a partir del vértice que forman las construcciones o edificaciones y
frente o al lado de hidrantes.


Las autoridades de policía retirarán de estos lugares a los infractores y les
impondrán multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 161°. Ningún puesto de venta estacionaria podrá exceder de las
siguientes medidas: Un metro con cincuenta centímetros (1,50 mts.) de frente, un
metro (1,00 mt..) de fondo, y un metro con noventa cms. (1,90 mts.) de altura.


Cuando se trate de Kioscos corresponderá al Alcalde o su delegado, autorizar el
uso del suelo y determinar sus dimensiones. Los estantes y vitrinas estarán
montados sobre ruedas y construidos de tal manera que puedan ser transportados
fácilmente por una persona.
ARTÍCULO 162°. El vendedor ambulante o estacionario deberá demostrar la
procedencia de la mercancía y/o puesto, mediante factura de compra
debidamente firmada y sellada, la que será verificada por la autoridad respectiva.
Su incumplimiento dará lugar a multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV y a la
retención de la mercancía, carreta o puesto.


Los artículos perecederos serán dejados a disposición de la autoridad competente,
hasta por un término de veinticuatro (24) horas, en caso de no ser reclamados
podrán ser donados a entidades de beneficencia y los artículos no perecederos
por un término no superior a sesenta (60) días y serán devueltos a su propietario
previa comprobación de su procedencia y del inventario que deberá realizarse al
momento del decomiso ante autoridad competente.


Igualmente los vendedores ambulantes que utilizaran vehículos de impulsión
humana, tales como carretas, carros publicitarios sobre ruedas, estarán sujetos a
las sanciones de multa consagradas en este capítulo y al decomiso de los
vehículos aludidos, incluidos los productos a expender.


ARTÍCULO 163°. Corresponde a los Alcaldes en relación con el comercio de
vendedores estacionarios y ambulantes, determinar la reubicación de los puestos
a fin de concentrarlos buscando su beneficio y el desarrollo de las áreas urbanas.


ARTÍCULO 164°. La revocación o cancelación del permiso procede:


1. Por adulteración de la patente


2. Por transferir o ceder la patente a cualquier título


3. Por utilizar estructuras adheridas a las vías públicas


4. Por vender artículos de contrabando sin perjuicio de la acción penal a que haya
   lugar.


5. Por tener en el puesto estupefacientes o suministrarlos, sin perjuicio de la
   acción penal a que haya lugar.


6. Por expender bebidas alcohólicas sin estar debidamente autorizado para ello.
7. Por guardar o vender objetos producto de un ilícito, sin perjuicio de la acción
   penal a que haya lugar.


8. Por conectar instalaciones a las redes de servicios públicos sin autorización de
   la entidad competente.


9. Por falsedad de los documentos que sirvieron para el permiso.


10.   Por tener más de un puesto de venta


11.   Por ejercer la actividad con permiso vencido, sin haber solicitado su
  renovación.


12.   Las demás que determine el Gobierno Municipal.
ARTÍCULO 165°. Se prohibe la ubicación        de ventas estacionarias y ambulantes
en los siguientes lugares:


1. Esquina y cruce de vías


2. Vías de acceso a pasajes comerciales cubiertos y plazas de mercado cubiertas.


3. Puertas de edificios, almacenes y vitrinas de los mismos.


4. Zonas verdes de parques y antejardines


5. A menos de cinco (5) metros de monumentos históricos, jardines, árboles,
   elementos ornamentales, hidrantes, y tapas de redes de servicios públicos.


6. A menos de diez (10) metros de las puertas de acceso a entidades bancarias,
   corporaciones financieras y establecimientos similares.


7. A menos de veinte (20) metros de las puertas de acceso a los establecimientos
   educativos y edificios donde funcionen entidades públicas.
ARTÍCULO 166°. La violación de las normas del presente capítulo que no tengan
sanción aplicable en otras disposiciones legales, será sancionada por la autoridad
competente así:
1. Con amonestación por la primera vez


2. Con multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV, por la segunda vez


3. Con cancelación definitiva del permiso o autorización en la tercera vez.
                                   CAPITULO V
 PRENDERÍAS O ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA CON PACTO DE
                         RETROVENTA


ARTÍCULO 167°. Denominase Almacenes de Compraventa con pacto                   de
retroventa los establecimientos de Comercio abiertos al público, dedicados a
desarrollar la actividad comercial contemplada en los Artículos 1939 a 1943 del
Código Civil; y prenderías, aquellas cuya actividad comercial está regida por los
Artículos 2409 al 2431 del Código Civil.


ARTÍCULO 168°. El contrato de Compraventa con pacto de retroventa debe
contener los siguientes elementos:


LAS PARTES: Vendedor y Comprador.     EL VENDEDOR es quien entrega la
cosa. EL COMPRADOR es quien recibe la cosa y paga el precio estipulado.


La cosa vendida: Es el bien mueble objeto del contrato al cual debe anexarse la
factura correspondiente o en su defecto la certificación de propiedad.


Facultad de recobro: Derecho de retracto exclusivo del vendedor de recuperar la
cosa vendida dentro de las condiciones pactadas (plazo y precio)


El precio: Precio de venta: Es la cantidad que da el comprador al vendedor por la
cosa vendida. Precio de retroventa: Es la cantidad determinada que se estipula
por las partes o en su defecto ésta será igual al precio de compra que debe dar el
vendedor al comprador para deshacer el contrato.


La condición: Consiste en que el vendedor declara antes de vencerse el plazo
estipulado, que resuelve readquirir la cosa vendida reembolsando al comprador el
precio. El comprador ha adquirido la cosa, sometida a una condición resolutoria.
El plazo: Es el acordado por las partes para readquirir el dominio de la cosa
vendida sin ser éste superior a cuatro (4) años.


ARTÍCULO 169°. El contrato de prenda debe contener los siguientes elementos:


LAS PARTES: DEUDOR PRENDARIO, quien entrega la cosa-prenda como
garantía del cumplimiento del crédito. ACREEDOR PRENDARIO, a quien el
deudor entrega la cosa para seguridad del crédito.


La prenda: Es la cosa entregada por el deudor al acreedor prendario.


Interés: el interés del dinero prestado sobre el bien dado en prenda que no podrá
exceder al comercial establecido, ni ser inferior al 70% del valor comercial de la
prenda.


El Plazo: Es el tiempo señalado por las partes para que el deudor recupere el
objeto dado en prenda, una vez haya efectuado la cancelación de lo debido y el
que no podrá ser inferior a seis (6) meses.
ARTÍCULO 170°. Para el funcionamiento de los establecimientos de que trata este
capítulo, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados por el
Alcalde o su delegado para cada uno de estos.


ARTÍCULO 171°. El Certificado de uso del suelo para las Compraventas con
pacto de Retroventa y de las prenderías será expedido por el Alcalde o su
delegado, mediante Resolución que se notificará al interesado y tendrá
vigencia de cinco (5) años.


ARTÍCULO 172°. La suspensión de la actividad comercial de las compraventas
con pacto de retroventa será procedente cuando ocurran las siguientes causales:


1. Aceptar el acreedor como deudor prendario a un menor de edad o a personas
   jurídicamente incapaces.


2. Recibir en prenda armas de fuego o bienes que mediante investigación
   adelantada por la autoridad competente se hubieran determinado como
   provenientes de un ilícito.


3. Contratar con quien actúe a nombre de un tercero a menos que no presente
   licencia de autoridad competente o poder legal.
4. Cobrar un interés superior al comercial máximo autorizado, sin perjuicio de la
   acción penal a que haya lugar.


5. Disponer el acreedor prendario de los objetos que recibe como garantía del
   préstamo otorgado, antes o después del vencimiento del plazo, sin el
   consentimiento previo del deudor prendario por cuánto aquel es un mero
   tenedor de la cosa empeñada.


6. Rematar el acreedor la prenda, sin acogerse a lo establecido por el Artículo
   2422 del Código Civil.
PARÁGRAFO: En los casos previstos en los numerales 1,2 y 3 el Alcalde o su
delegado o autoridad competente, impondrá al acreedor prendario el decomiso de
los bienes dados en prenda y ordenará su entrega a quien demuestre tener mejor
derecho sobre ellos.


ARTÍCULO 173°. Plazo: En el contrato de Compraventa con pacto de retroventa,
el plazo para que el vendedor ejerza la acción de retracto no podrá exceder de
cuatro (4) años, contados desde la fecha del contrato. El contrato de prenda
será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de celebración del contrato;
no obstante el deudor podrá reclamarlo antes, previa cancelación de lo debido.


ARTÍCULO 174°. El propietario o administrador del Almacén o Compraventa con
pacto de retroventa deberá cumplir con las siguientes obligaciones:


1. Llevar un libro debidamente foliado y que contenga los siguientes datos:
   Número del contrato, fecha de elaboración, fecha de retracto, objeto materia del
   contrato; exigir factura a aquellos bienes que sean identificables mediante
   marca, modelo o serie que supere un valor comercial a medio salario mínimo
   legal mensual, nombre apellidos, documento de identidad, dirección del
   vendedor.


2. Exhibir los libros y bienes comprados cuando las autoridades, previa orden
   judicial así lo soliciten.
3. Expedir al vendedor copia del contrato celebrado. En caso de pérdida, hurto o
   deterioro hacer reposición del mismo, previa presentación de denuncia penal.


4. Informar a los interesados mediante avisos en emisoras o periódicos de la
   localidad, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, del traslado del
   establecimiento, suspensión de actividades, liquidación o cambio de la misma.
5. Fijar con caracteres legibles en un lugar visible del establecimiento, las
   disposiciones que regulan las actividades de las prenderías, conforme a este
   Artículo.
PARÁGRAFO. El Alcalde o su delegado o autoridad competente, impondrá multa
de medio (1/2) a veinte (20) SMLMV, al propietario o administrador de Almacén
de Compraventa con pacto de retroventa que incumplan con lo dispuesto en el
Artículo anterior.


ARTÍCULO 175°. El Alcalde o su delegado impondrá suspensión de la actividad
comercial hasta por treinta (30) días en los siguientes casos:


1. Por adulteración de la patente


2. Por transferir o ceder la patente a cualquier título.


3. Por tres (3) suspensiones del permiso en el término de un año, contado a partir
   de la primera.
PARÁGRAFO: Los propietarios o administradores de las prenderías deberán
cumplir con las siguientes obligaciones:


1. Llevar el libro debidamente foliado en el cual se determinará la fecha y número
   del contrato, nombres y apellidos, documento de identidad, dirección del deudor
   prendario, objeto dado en prenda, descripción, factura de adquisición o en su
   defecto dos declaraciones que acrediten su procedencia.


2. Exhibir los libros talonarios y objetos recibidos en prenda cuando las
   autoridades competentes lo soliciten previa orden judicial.


3. Expedir al deudor sin costo alguno mediante identificación, copia de la boleta,
   cuando ésta se haya extraviado, previa denuncia penal de pérdida de la misma.


4. Fijar en caracteres legibles y en un lugar visible del establecimiento las
   disposiciones que regulan la actividad de las prenderías, conforme al Artículo
   183 y siguientes de este Manual.


5. Informar a los interesados mediante avisos por emisoras y periódicos de la
   localidad, por lo menos con tres (3) meses de anticipación el traslado del
   establecimiento, suspensión, liquidación o cambio de actividad.
PARÁGRAFO: El Alcalde o su delegado o autoridad competente, impondrán multa
de medio (1/2) a veinte (20) SMLMV, al propietario o administrador de prendería
que incumpla lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del presente artículo.


ARTICULO 176°. Los establecimientos a que se refiere este Capítulo serán una
unidad comercial independiente de cualquier otro establecimiento o vivienda;
funcionarán mínimo ocho (8) horas diarias durante seis (6) días semanales, entre
las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m.


Los contratos que surjan de la ejecución de las actividades comerciales en este
Capítulo, estarán sometidas en su aspecto general a las normas que regulan la
compraventa con pacto de retroventa y la prenda, según lo dispuesto en el Código
Civil.


                                  CAPITULO VI
                    LIBERTAD DE COMERCIO E INDUSTRIA



ARTÍCULO 177°.       Es prohibida la adquisición o retención por productores,
distribuidores o expendedores de artículos o víveres de primera necesidad, en
forma injustificada.


ARTÍCULO 178°. El Comerciante que se niegue a vender comestibles, artículos o
productos de consumo popular de cualquier índole que tenga establecimiento
abierto al público o condicione su venta con ánimo especulativo, incurrirá en cierre
del establecimiento hasta por treinta (30) días


Quien sin justa causa se niegue a atender al público dentro del horario normal del
establecimiento, incurrirá en cierre del mismo hasta por quince (15) días.


ARTÍCULO 179°. El que difunda noticias falsas tendientes a lograr la alteración de
los precios incurrirá por ese solo hecho en multa de medio (1/2) a veinte (20)
SMLMV según la gravedad del rumor.


ARTÍCULO 180°. El que por medio de propaganda anuncie cualidades, cantidades
o virtudes que el artículo no posee o induzca al consumidor a creer que el artículo
sirve para fines que no son los de su naturaleza, incurrirá en multa de medio (1/2)
a veinte (20) SMLMV, imponibles de manera sucesiva hasta cuando se modifiquen
los textos o se cambien los anuncios.
ARTÍCULO 181°. Los Concejos Municipales, previo concepto de las Secretarias
de Planeación o las que hagan sus veces, podrán señalar zonas para la
instalación de establecimientos industriales, comerciales o de servicio, acorde con
las necesidades y planes de desarrollo urbano o conveniencia pública.
                                  CAPÍTULO VII
                                  LAVANDERÍAS



ARTÍCULO 182°. Para dar al servicio del público establecimientos destinados a
lavar, limpiar, teñir, planchar ropas, cortinas, alfombras y sombreros, se requerirá
cumplir con los requisitos establecidos en la ley 232 de 1995 y disposiciones
municipales vigentes que regulen la materia.


ARTÍCULO 183°. Los establecimientos de lavandería estarán sujetos, además de
los requisitos establecidos en el Artículo 140° de este Manual, a la presentación
de:


1. Modelo del recibo que se expedirá al público donde conste por lo menos su
   número, calidad de las prendas recibidas, naturaleza del servicio, precio y plazo
   de entrega.


2. Caución cuyo monto fijará el Alcalde o su delegado, para efecto de responder
   por los daños o deterioros ocasionados a las prendas o pérdida de las mismas.
ARTÍCULO 184°. Si en algunos de los establecimientos de lavado de ropa o
similares se extraviare alguna de las prendas y el dueño o administrador se
negare, sin justa causa a pagar los perjuicios causados dentro de los quince (15)
días siguientes a la fecha señalada para la entrega de la prenda, incurrirá en multa
de medio (1/2) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 185°. La reiteración de reclamos formulados por pérdida, extravío o
deterioro de prendas en un establecimiento de lavandería, dará lugar a la clausura
del mismo, previo agotamiento del procedimiento establecido en la ley 232 de
1995.


ARTÍCULO 186°: Si la empresa cambia de propietario, de nombre o de local, el
propietario deberá actualizar el Certificado del uso del suelo.
ARTÍCULO 187°. Los empleados encargados de la recolección de ropas a
domicilio, deberán proveerse del respectivo carné el cual portarán en sitio visible.


La empresa que no provea de carné a sus empleados será cerrada hasta tanto
cumpla tal requisito.


ARTÍCULO 188°. En el contrato o recibo que expidan los establecimientos de
lavandería, no podrán incluirse cláusulas que sean gravosas para los clientes.


ARTÍCULO 189°. El Alcalde o su delegado o quien haga sus veces podrá
suspender la actividad comercial del establecimiento conforme a la ley 232 de
1995 y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones, cuando:


1. No se suministre a los empleados que presten el servicio de recolección a
   domicilio el carné de identificación que los acredita como empleados
   encargados de tal labor.


2. No entregue sin justa causa la prenda dentro de los cinco (5) días siguientes al
   vencimiento del plazo estipulado.


3. Se haya reclamado y acreditado la pérdida, daño o deterioro de las prendas
   por tres (3) veces en un lapso de seis (6) meses.
                                  CAPÍTULO VIII
                          GARAJES Y APARCADEROS



ARTÍCULO 190°. Denominase garaje o aparcadero público el local, techado o no,
donde por un precio se ofrece sitio para estacionar y custodiar vehículos, sea por
horas, días o meses.


En ningún caso se podrá utilizar la vía pública como garaje y nadie podrá cobrar
por el parqueo en las vías cuando esté permitido.


ARTÍCULO 191°. Sólo podrán funcionar aparcaderos y garajes que estén
debidamente autorizados por el Alcalde o su delegado.
ARTICULO 192°. Los documentos para el funcionamiento de los garajes y
aparcaderos requieren además de lo establecido en el Artículo 140° de este
Manual lo siguiente:


1. Certificado de conducta del propietario y del administrador expedido por la
   autoridad competente del lugar.


2. Acreditar que el local tiene pisos balastados o pavimentados, desagües,
   iluminación suficiente, extintores en la proporción que establezca el Cuerpo de
   Bomberos, servicios sanitarios en perfecto estado de funcionamiento y además,
   acreditar que, el local tiene debidamente señalados los puestos del
   estacionamiento de tal manera que cada vehículo encuadre en el espacio y
   amplitud.


3. Prestar caución por el monto que determine el Alcalde o su delegado.
4. Presentar para su aprobación, el modelo de contrato en el que conste por lo
   menos el número de placa, marca, clase, color, modelo y estado del vehículo,
   nombre del propietario y documento de identificación, horario de prestación del
   servicio, valor y hora.


5. Reloj que pueda imprimir en la boleta o tarjeta la fecha y hora del parqueo.


6. Certificado de clasificación expedido por la Oficina de Planeación o la que haga
   sus veces.


7. Constituir caución contra daño y hurto cuya cuantía fijará el Alcalde o su
   delegado.
ARTÍCULO 193°. El propietario colocará en un lugar visible del estacionamiento, el
horario de servicio y las tarifas autorizadas por la Alcaldía.


ARTÍCULO 194°. La violación a lo dispuesto en estas normas dará lugar a la
aplicación de la Ley 232 de 1995, sin perjuicio de las sanciones por reincidencia.


ARTÍCULO 195°. El propietario o administrador del establecimiento no podrá exigir
a los usuarios las llaves de los vehículos dejados en el parqueo.


ARTÍCULO 196°. Está totalmente prohibido efectuar reparaciones mecánicas o
de cualquier naturaleza, de lavar vehículos o automotores, en aparcaderos o vías
públicas. La violación a esta disposición se sancionará conforme a la ley 232 de
1995, sin perjuicio de las sanciones en caso de reincidencia.


ARTÍCULO 197°. Las autoridades de policía podrán inspeccionar en cualquier
momento los garajes y aparcaderos con el fin de constatar que se esté dando
cumplimiento a los requisitos, horarios y tarifas.


ARTÍCULO 198°. Los recibos y comprobantes no podrán contener cláusulas
lesivas para los usuarios o que exoneren de responsabilidad a los propietarios de
los establecimientos por pérdida daño o deterioro de los vehículos.


ARTÍCULO 199°. En el caso de que el vehículo sufra daños imputables al
propietario o personal del establecimiento, durante el tiempo de prestación del
servicio del garaje o parqueadero, se dará cumplimiento a la caución prestada por
el propietario de conformidad al Decreto de la municipalidad sobre el particular.
Sin perjuicio     de las acciones civiles y penales que entable el propietario,
poseedor o tenedor del vehículo.


ARTÍCULO 200°. Los Alcaldes reglamentarán lo relacionado con garajes y
aparcaderos, de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia.


                                  CAPITULO IX
                                   TALLERES



ARTÍCULO 201°. Además de los requisitos previstos en el Artículo 140°, para
obtener el certificado del uso del suelo de los talleres destinados a la reparación
de toda clase de artículos, vehículos, maquinarias, piezas, alimentos, tipografías,
establecimientos de soldadura, fundición, niquelado, vulcanización, montaje de
llantas, cambio de aceite de vehículos automotores y similares, el interesado
expresará en la solicitud el área del local y actividad específica del
establecimiento.


ARTÍCULO 202°. El Alcalde o su delegado, podrá imponer las sanciones
estipuladas en la ley 232 de 1995, y demás normas que rijan para cada
municipalidad al taller que se ejecute o amplifique música que trascienda al
exterior.  En caso de reincidencia se procederá al cierre definitivo del
establecimiento.


                                  CAPÍTULO X
                   PANADERÍAS E INDUSTRIAS SIMILARES



ARTÍCULO 203°. Los Alcaldes reglamentarán lo relativo a las condiciones de
funcionamiento de los locales e instrumentos dedicados al procesamiento de
harinas, producción de pan, elaboración de derivados y en general actividades
encaminadas a la elaboración de productos alimenticios.


ARTÍCULO 204°. El establecimiento que use en el procesamiento de alimentos,
sustancias nocivas para la salud o que por cualquier medio mezcle productos o
sustancias tendientes a elevar artificialmente el peso, volumen o calidad del
producto, será cerrado hasta por ocho (8) días y se le impondrá una multa de uno
(1) a cinco (5) SMLMV y en caso de reincidencia se ordenará el cierre definitivo.
Lo anterior sin perjuicio del decomiso y destrucción de las sustancias y productos
nocivos.


ARTÍCULO 205°. El transporte de pan y productos alimenticios se realizará en
recipientes y vehículos especialmente adecuados para tal fin, los cuales deben
reunir los requisitos y condiciones establecidas por las autoridades sanitarias. La
infracción a este precepto hará incurrir al contraventor en multa de uno (1) a
veinte (20) SMLMV, y al decomiso y destrucción de las sustancias o productos.


ARTÍCULO 206°. Las sanciones contempladas en los Artículos anteriores se
ejecutarán sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Estatuto del
Consumidor.


                                  CAPITULO XI
             ALMACENES DE DISCOS Y ELECTRODOMÉSTICOS



ARTÍCULO 207°. Los almacenes donde se vendan aparatos musicales, radios,
receptores, televisores, discos y demás grabaciones, dispondrán de auriculares y
cabinas cerradas para las personas interesadas en adquirirlos.


ARTÍCULO 208°. En ningún momento el volumen podrá trascender al exterior del
establecimiento y su incumplimiento dará lugar al cierre del lugar hasta por ocho
(8) días, y multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV en caso de reincidencia se le
impondrá el cierre definitivo.
ARTÍCULO 209°. El Alcalde o su delegado podrá reducir los horarios de música de
los establecimientos a los que se refiere el presente capítulo, por razones de
tranquilidad ciudadana, ejercicio de servicios religiosos y de actividades en centros
educativos o asistenciales.


                                  CAPITULO XII
                     PELUQUERÍAS Y SALAS DE BELLEZA



ARTÍCULO 210°. Los establecimientos de peluquería y salas de belleza deben
observar todas las medidas de higiene y salubridad necesarias para evitar adquirir
enfermedades de tipo infectocontagiosas a los usuarios del servicio. La
inobservancia de ésta medida será sancionada con cierre temporal hasta por
quince (15) días y multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV, y al cierre definitivo en
caso de reincidencia.


                                  CAPÍTULO XIII
                          DROGUERÍAS Y FARMACIAS



ARTÍCULO 211°. En el establecimiento en donde se expendan medicamentos, no
se podrá permitir que los empleados receten o recomienden a los clientes
medicamentos para uso humanos, sin estar legalmente facultados para hacerlo.
El incumplimiento de esta norma se sancionará con el cierre del establecimiento
hasta por treinta (30) días y multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV, y su reincidencia
con el cierre definitivo.


ARTÍCULO 212°. Procede la suspensión de actividades o cierre definitivo de los
establecimientos a que se refiere este capítulo, cuando hayan sido sancionados
por las autoridades de salud con cierre definitivo.


                                    TITULO VII
                             DEL ORNATO PÚBLICO


                                    CAPITULO I
                    DEL CONTROL URBANO – URBANISMO
ARTÍCULO 213°.             El área metropolitana o los Concejos Municipales
reglamentarán lo relacionado con edificaciones y podrán exigir determinados
requisitos en cuanto a instalaciones generales, estructuras, espacios habitables,
materiales, alcantarillas y alturas de los pisos. Señalarán igualmente el ancho de
las vías y aceras, dictarán la reglamentación sobre urbanismo y nomenclatura y
establecerá el Plan Vial que permita el desarrollo humano con la armonía que
exige la vida moderna.


ARTÍCULO 214°. Para construir obras se requiere permiso del Alcalde o su
delegado, previo estudios de la Secretaría de Planeación o de quien haga sus
veces.


El que inicie obras sin el cumplimiento de los requisitos exigidos o altere las
condiciones fijadas en el permiso, se le impondrán los sellos inmediatamente
suspendiendo la obra, sin que se le exonere de las responsabilidades policivo
administrativas a que haya lugar y las sanciones establecidas en la ley 9 de
1989.


Si lo construido sin permiso no pudiere llegar a legalizarse,      se ordenará su
sellamiento y demolición.


ARTÍCULO 215°. El que realice reformas, suprima o modifique la construcción de
la edificación, debe obtener permiso de la administración municipal. Al que las
ejecute sin la autorización respectiva, se le impondrán sellos inmediatamente
suspendiendo la obra, hasta tanto cumpla con esta disposición. Si se hubieran
terminado las reformas se aplicará multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV. Si la
reforma viola normas de urbanismo no subsanables, se ordenará la demolición.


PARÁGRAFO: Las sanciones de las que habla este artículo no eximen de la
aplicación de las establecidas en la ley.


Especial atención se prestará para las sanciones previstas en el Artículo
precedente, a los propietarios de viviendas situadas dentro de unidades o
conjuntos cerrados sometidos a régimen de propiedad horizontal.


ARTÍCULO 216°. El Arquitecto, el Ingeniero, Constructor o Maestro de Obra que
dirija o intervenga edificación iniciada o reformada sin el permiso o sin sujeción a
las condiciones del mismo, incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV, sin
perjuicio de las sanciones consagradas en el Código de Urbanismo.
ARTÍCULO 217°. Se entienden por reparaciones locativas las que se hacen para
mantener las edificaciones en condiciones de servicio, reconstruyendo sus partes
accesorias en el mismo estado en que fueron construidas, sin variación a su forma
o solidez. Para la ejecución de reparaciones locativas no se requiere de permiso
de la administración municipal, por cuanto no implica reforma o construcción
nueva alguna.


ARTÍCULO 218°. Para realizar una demolición se requiere tener permiso de la
administración municipal.   Al que la realice sin autorización o sin llenar los
requisitos mínimos de seguridad, se le impondrá la suspensión de la obra hasta
que cumpla con dichos requisitos, con multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 219°. El que construya sobre la vía pública será objeto de la obligación
de hacer la demolición inmediata y se le aplicará una sanción pecuniaria de uno
(1) a veinte (20) SMLMV, sin perjuicio de las acciones establecidas en la ley.


ARTÍCULO 220°. El que construya, edifique o realice una demolición, deberá
adoptar las precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes.
Colocará un aviso como señal de protección a cada lado y construirá pasadizo de
protección. Si se perfora la vía pública o la acera, deberán colocarse señales y
en horas de la noche lámparas o luces que indiquen a los conductores o peatones
sobre la existencia del peligro.


El Alcalde o su delegado, exigirá la colocación de toda clase de señales de
precaución. Quien incumpla tales obligaciones será sancionado con multa de uno
(1) a veinte (20) SMLMV y sellamiento de la obra por tres (3) días.


PARÁGRAFO: Las demoliciones deberán ajustarse a la aplicación de las normas
ICONTEC.


ARTÍCULO 221°. El propietario o ejecutor de obra que dentro de los ocho (8)
días siguientes a su terminación esté en condiciones de ser habitada o para uso
comercial no de aviso escrito a la Alcaldía para que proceda a su recibo, se le
impondrá multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 222°. Al que sin permiso de autoridad competente construya o utilice
andamio sin las señales reglamentarias de prevención de peligro, se le impondrá
multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 223°. Queda totalmente prohibido preparar mezcla o material de
construcción sobre la vía pública, a quien infrinja esta norma se le impondrá el
sellamiento inmediato de la obra por tres (3) días y multa de uno (1) a veinte (20)
SMLMV.


ARTÍCULO 224°. El que haga excavaciones en las vías públicas sin permiso de
autoridad competente, será sancionado con multa de uno (1) a veinte (20)
SMLMV, sin perjuicio de la obligación de volver las cosas al estado en que se
encontraban.


                                  CAPITULO II
                          COMODIDAD URBANÍSTICA



ARTÍCULO 225°. Las construcciones que se levanten sobre zonas aledañas a
las vías públicas, deberán satisfacer los requisitos que sobre urbanismo
establezca el Área Metropolitana, los Códigos de Urbanismo, los Concejos
Municipales o estén contemplados en la Ley de Reforma Urbana.


ARTÍCULO 226°. No se podrán ocupar las vías públicas ni parte de ellas con
miradores, balcones, voladizos con extensión mayor a lo permitido por el Código
de Urbanismo o por las normas expedidas por los Concejos Municipales.


El no cumplimiento a la anterior disposición dará lugar a reformar o demoler la
parte que sobrepasa el límite y a la imposición de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 227°. El que desluzca o modifique las fachadas, puertas o frentes de
las edificaciones o construcciones por medio de letreros o dibujos, incurrirá en
multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV y será obligado a restituir las cosas a su
estado original.   Igual procedimiento se aplicará en las unidades o conjuntos
cerrados sometidos al régimen de propiedad horizontal.


ARTÍCULO 228°. El que utilice o altere infraestructura física, postes, cercados o
similares y los de amoblamiento urbano sigla autorización de las empresas
públicas o la que haga sus veces, incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20)
SMLMV, según la gravedad de los daños o alteraciones, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.


ARTÍCULO 229°. El que dentro del área urbana tienda ropas en el frente de la
casa de tal manera que queden visibles desde la vía, incurrirá en multa de medio
(1/2) a cinco (5) SMLMV.
ARTÍCULO 230°. El que fuere de los casos previstos como delitos, dañe o inutilice
esculturas, farolas, teléfonos, pisos, bancas, postes o cualquier otro objeto de
utilidad u ornato público,    incurrirá en multa de medio ( 1/2½) a veinte (20)
SMLMV.


En igual sanción incurrirá el que deteriore flores u objetos de ornato de los
cementerios, sepulcros o lugares de culto.


ARTÍCULO 231°. El dueño de predio urbano sin edificar, está obligado a
mantenerlo completamente cerrado y aseado.             Los Concejos Municipales
establecerán la normatividad para tal fin, sin que se exonere del pago de la multa
de uno (1) a veinte (20) SMLMV, a quien incumpla esta disposición.


ARTÍCULO 232°.       Son    obligaciones   especiales    de   los   propietarios   de
construcciones:


1. Conservar adecuadamente los frentes


2. Construir y mantener en buen estado los andenes


3. Mantener aseada la parte correspondiente de la vía.


4. Conservar las zonas verdes y antejardines sin salirse del cerramiento de las
   mismas.
ARTÍCULO 233°.        Ninguna autoridad podrá conceder permisos para cerrar u
ocupar con cultivos o habitaciones parte alguna de las vías públicas. La violación
a este precepto, será considerado como causal de mala conducta y ameritará las
sanciones disciplinarias del caso.


ARTÍCULO 234°. El propietario o ejecutor de una obra que no haga retirar las
barreras o andamios dentro de los cinco (5) días siguientes a su terminación o que
no lleve a efecto la reparación de las calzadas o aceras destruidas por la
utilización de los andamios, barreras o por la preparación de material de
construcción, incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 235°. El dueño o ejecutor de la obra que sin permiso ocupe la vía
pública ya sea vehicular, peatonal o zona verde con escombros, materiales de
construcción o residuos de ésta, incurrirá en cierre inmediato de la obra por tres
(3) días y una multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV. Y con la obligación de
despejar la vía.


Al momento de contar con la autorización para la ocupación de la vía, no se debe
exceder la tercera parte de ésta, esta autorización se otorgará hasta tanto el
organismo constructor tenga los medios para guardar el material al interior de la
misma obra.


ARTÍCULO 236°. En el perímetro urbano está prohibida la tala da árboles que
sirvan de ornato para cada municipio, si se llegaré a conceder autorización será
mediante el previo visto bueno de la Oficina de Parques y arborización o de la
autoridad competente.


El que llegaré a incurrir en esta infracción se le impondrá una multa de uno (1) a
veinte (20) SMLMV.


 ARTÍCULO 237°. Las empresas concretadoras que por imprudencia descuido o
inobservancia, arrojen materiales a las vías públicas, incurrirá en multa de uno (1)
a veinte (20) SMLMV.


Si del arrojo del material al espacio público se genera perjuicios a la Red de
Alcantarillado, Ornato, Embellecimiento etc. Se aumentará la sanción hasta en
cuarenta (40) SMLMV.


PARÁGRAFO: Si de ello se afectan los intereses de particulares, dará lugar a la
responsabilidad civil contractual y a las sanciones penales correspondientes.


ARTÍCULO 238°.        El maquinista o conductor de vehículo de empresas
concretadoras que arroje o lave residuos de material en espacio público, incurrirá
en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.


PARÁGRAFO: El conductor de vehículo con materiales de construcción
responderá por la seguridad de la marcha de la carga, adoptando las medidas
necesarias para prevenir daños, perjuicios y accidentes en las vías urbanas y en
troncales intermunicipales.


ARTÍCULO 239°. Los Alcaldes reglamentarán lo relacionado con los módulos
para ventas estacionarias, casetas en paraderos de buses, centros de información
y servicios varios.
Así mismos los lugares destinados al parqueo de carretillas, zorras y similares.


PARÁGRAFO: El Área Metropolitana se regirá por lo establecido en el Estatuto de
Amoblamiento urbano.


ARTÍCULO 240°.          El Alcalde o su delegado determinará los sitios para la
instalación de vallas, pasacalles, carteles, afiches, avisos, pendones, pancartas o
cualquier tipo de publicidad, para cuya ubicación se requerirá de su autorización.
Su instalación sin el respectivo permiso o en sitios no autorizados, obligará a su
retiro inmediato y a la imposición de multa de medio (1/2) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 241°. El Concejo Municipal será quien determine los usos del suelo
para la instalación de cualquier tipo de publicidad visual exterior.


ARTÍCULO 242°. Las autoridades de policía retirarán en forma inmediata los
avisos o anuncios que no guarden armonía con la estética de las construcciones y
que se encuentren escritos en lenguaje soez.


                                   CAPITULO III
                                 HABITACIONES



ARTÍCULO 243°. El Alcalde o su delegado determinarán las condiciones que
deban reunir los inmuebles destinados a hoteles, pensiones, residencias,
hospedajes y similares.
ARTÍCULO 244°. No podrán establecerse casas de salud, droguerías, asilos o
establecimientos destinados al servicio y cuidado de personas, sino en
edificaciones construidas y acondicionadas de conformidad con las prescripciones
sanitarias de urbanismo y de seguridad.


El incumplimiento de los anteriores preceptos dará lugar a la imposición de medio
(1/2) a veinte (20) SMLMV.


ARTÍCULO 245°. Las autoridades de policía prestarán pronta colaboración a los
funcionarios sanitarios para lograr el cumplimiento de las normas sobre higiene y
seguridad.
                                    TÍTULO VIII
                      DE LOS ACTOS PERTURBATORIOS


                                    CAPITULO I
                             PROTECCIÓN POLICIVA



ARTÍCULO 246°. Toda persona tiene derecho a recibir inmediata protección de
sus derechos, libertades y el deber de cooperar con las autoridades en el
cumplimiento de sus funciones.


ARTÍCULO 247°. Las autoridades de policía protegerán a los propietarios,
poseedores o tenedores, de la perturbación a los bienes y derechos reales de
dominio, herencia, prenda, servidumbre, usufructo, uso y habitación constituidos
en ellos.


ARTÍCULO 248°.       La protección policiva se ejercerá dentro del marco de       los
siguientes fines:
1. Impedir las vías de hecho y volver las cosas al estado que tenían antes de
   producirse la perturbación que dio origen a la querella.


2. Impedir las vías de hecho y suspender la perturbación cuando no sea posible
   volver las cosas al estado anterior al acto perturbatorio.


3. Impedir las vías de hecho y conservar las cosas en el estado en que se
   encontraba al momento de definirse el litigio, por establecerse que el asunto es
   de competencia de otra autoridad.
ARTÍCULO 249°. En el procedimiento tendiente a proteger por perturbación al
titular legítimo, las autoridades de policía no interpretarán escrituras, documentos,
o títulos; bastará que quien alegue estar ejerciendo un derecho con anterioridad a
sesenta (60) días lo demuestre para que el Alcalde o su delegado, Inspector o
Corregidor lo protejan.


ARTÍCULO 250°. La decisión de este funcionario será de carácter provisional,
hasta tanto se decida en derecho sobre el asunto o litigio por la justicia ordinaria.


ARTÍCULO 251°. Una vez las autoridades de policía decidan proteger a un
poseedor o tenedor, mantendrán esta protección, incluso si fuere necesario con la
fuerza pública hasta que un juez decida de fondo el conflicto.
                                 CAPITULOS II
           ALGUNOS ACTOS PERTURBATORIOS A LA POSESIÓN



ARTÍCULO 252°.       El propietario, poseedor o tenedor de un inmueble debe
abstenerse de ejercitar actos peligrosos o molestos que pueda afectar la
seguridad, tranquilidad y salubridad tales como mantenimiento y uso de
maquinarias que produzcan estridencia permanente, chimeneas que produzcan
humo, hollín u otras emanaciones, instalaciones eléctricas que amenacen con
producir incendio u otro peligro; humedades, pozos y letrinas que ocasionen
daños a inmuebles continuos, entre otros.


ARTÍCULO 253°. El que pretenda abrir ventana u orifico en pared medianera,
requerirá el consentimiento del colindante.


ARTÍCULO 254°. El que pretenda construir o reformar edificación no podrá ejercer
actos atentatorios tendientes a debilitar la estructura de inmuebles contiguos.


ARTÍCULO 255°. El propietario, poseedor o tenedor de inmuebles en el cual haya
árboles cuyas raíces amenacen         con socavar la base de casa o edificación
contigua o cuyas ramas obstaculicen la visibilidad, deberá derribarlo o podarlo
según el caso, previo aviso a la autoridad administrativa competente.


ARTÍCULO 256°. La persona que remueva o destruya los mojones de un predio,
deberá repararlos y ubicarlos en el sitio originalmente establecido.


ARTÍCULO 257°. Los propietarios, poseedores o tenedores de predios colindantes
deberán construir las cercas divisorias en las partes que les correspondan, con
materiales que garanticen la seguridad y que eviten el paso de los animales de un
predio al otro.


ARTÍCULO 258°. El que sin facultad legal suspenda los servicios públicos a un
inmueble, tales como acueducto, energía, gas, teléfono etc. Deberá reinstalarlos
de nuevo sin dilación alguna, y será sancionado con multa de media (1/2) a dos
(2) SMLMV, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.
ARTÍCULO 259°. El propietario, poseedor         o tenedor de predio no podrá
obstaculizar el paso de aguas naturales que vayan a beneficiar a otros predios, tal
conducta será sancionada con multa de medio (1/2) a dos (2) SMLMV.


ARTÍCULO 260°. Los propietarios, poseedores o         tenedores de predios que
gocen de aguas o arroyos naturales deberán hacer uso equitativo de ellos,
teniendo en cuenta las necesidades de los beneficiados.


ARTÍCULO 261°.        El que con permiso de autoridad competente extraiga
materiales del cauce de un río, se abstendrá de efectuar actos que impliquen el
menos cabo de las riberas colindantes a las zonas de explotación y en general de
todos aquellos actos que perturben o impidan los derechos de los riberanos.


Los propietarios riberanos se abstendrán de realizar actos que perturben el
permiso concedido por las autoridades competentes, a quienes exploten
materiales provenientes del lecho o cauce de los ríos.


ARTÍCULO 262°. Al que extraiga materiales de río sin permiso de la autoridad
competente, se le ordenará su retiro inmediato y se decomisará los materiales sin
perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.


ARTÍCULO 263°. Las autoridades de policía que conozcan y decidan
controversias sobre servidumbres, deberán atenerse en lo regulado sobre la
materia en el Código Civil.


ARTÍCULO 264°. En materia de servidumbre de minas, en lo que no esté
especialmente reglamentado y en lo que fuere pertinente se aplicará las
disposiciones que sobre actuaciones de policía o en materia de servidumbres
estén contenidas en la ley 685 de 2001.


ARTÍCULO 265°. El que contravenga las disposiciones del presente capítulo,
incurrirá en multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV.
                                      LIBRO II
                             PARTE PROCEDIMENTAL


                                      TITULO I
                               DEL PROCEDIMIENTO


                                    CAPITULO I
                         JURISDICCION Y COMPETENCIA



ARTÍCULO 266°. Compete a los funcionarios de la policía administrativa conocer y
fallar de las contravenciones y querellas de policía contempladas en este manual,
de acuerdo a los factores de orden territorial y jerárquico tenido en cuenta para
determinar y asignar competencia.


ARTÍCULO 267°. La jurisdicción territorial        del Gobernador          será el
Departamento; del Alcalde el Municipio; del Inspector el área territorial de cada
municipio y del Corregidor todas las veredas que conforman el corregimiento.


ARTÍCULO 268°. Al Gobernador en materia policiva le corresponde el
mantenimiento del orden público dentro de su respectiva jurisdicción, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 303 de la carta política.


ARTÍCULO 269°. Al Alcalde en materia policiva le corresponde:



EN SEGUNDA INSTANCIA


1. De los procesos por contravenciones especiales establecidas en el Decreto 522
   de 1971 cuando en primera instancia hayan conocido los inspectores y
   corregidores.


2.       De los procesos por contravenciones establecidas en la Ley 30 de 1986 y la
     ley 23 de 1991, sancionadas con pena de multa, adelantadas en primera
     instancia por los Inspectores y corregidores siempre y cuando no haya sido
     asignada su competencia a las autoridades judiciales.
3. De los procesos de restitución de bienes de uso público.


4. De los procesos de ocupación o perturbación de bienes de las entidades de
   derecho público.


5. De las órdenes de policía dictadas por los inspectores y Corregidores.


6. De los recursos de queja a que se refieren los numerales 3 y 4 del presente
   Artículo.


7. Del recurso de hecho en los procesos a que se refiere los numerales 1y 2 del
   presente Artículo.


8. De los procesos de perturbación a la posesión o mera tenencia.


9. De las contravenciones comunes de policía contempladas en este Manual.


10.   De los procesos por querellas civiles de policía adelantados en primera
  instancia por los Inspectores y corregidores.
EN ÚNICA INSTANCIA
1. De la querella civil de policía de lanzamiento por ocupación de hecho.
ARTÍCULO 270°. A los inspectores y corregidores de policía les corresponde:


EN PRIMERA INSTANCIA
1. De los procesos por contravenciones especiales establecidas en la Ley 522 de
   1971.


2. De los procesos por contravenciones especiales establecidas en la ley 30 de
   1986 y la ley 23 de 1991, sancionadas con pena de multa, siempre y cuando no
   haya sido asignada su competencia a las autoridades judiciales.


3. De los procesos por querellas civiles de policía.


4. De las contravenciones comunes de policía contempladas en este manual.
5. De las órdenes de policía.
EN ÚNICA INSTANCIA
De los procesos por contravenciones comunes          de policía establecidos en el
Código Nacional de Policía.



                                   CAPÍTULO II
                    PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL



ARTÍCULO 271°. Las medidas correctivas de multa de reconvención impuestas a
los contraventores de las normas prescritas en este Manual por los Alcaldes,
Inspectores o Corregidores de policía o por funcionarios administrativos, según el
caso, se impondrán de acuerdo al procedimiento que se establece en los
siguientes artículos.


ARTÍCULO 272°. De las medidas correctivas de reconvención dispuestas en este
Manual      e impuestas a los contraventores por los funcionarios de policía
administrativa se ceñirá al siguiente procedimiento:


Recibida la queja verbal o escrita, el informe de policía respectivo o enterado
oficiosamente el funcionario contraventor de la ocurrencia de la contravención,
librará orden de citación contra el presunto contraventor para que comparezca en
la hora y fecha indicada para que suscriba medida de reconvención en libro que
para tal efecto       se llevará en el despacho y en el cual se consignarán
sucintamente los hechos, se identificará al contraventor y su compromiso de no
volver a incurrir de nuevo en la convención y que su violación dará lugar a aplicar
la multa correspondiente, frente a la cual no procede recurso alguno.


ARTÍCULO 273°. De las medidas correctivas de multa dispuestas en este Manual
e impuestas a los contraventores por los funcionarios de policía administrativa se
ceñirá al siguiente procedimiento:


Recibida la queja verbal o escrita, el informe policivo o enterado oficiosamente el
funcionario de la ocurrencia de la contravención, una vez se halla agotado la etapa
de la conciliación, si fuere procedente, mediante auto se hará citar al contraventor
dentro de los cinco (5) días siguientes para ser escuchados en descargos con o
sin abogado, haciéndole saber en el mismo auto el derecho de solicitar pruebas
que considere pertinentes, las cuales serán decretadas en la misma diligencia si el
funcionario las considera conducentes.


ARTÍCULO 274°. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la práctica de
la diligencia de descargos, el funcionario procederá a practicar las pruebas que el
quejoso haya solicitado en el memorial contentivo de la queja o las que haya
citado el agente de policía que adelantó el procedimiento o las que de oficio
decrete el funcionario, las que el contraventor haya solicitado en la diligencia de
descargos y todas aquellas que el funcionario considere pertinentes.


ARTÍCULO 275°. Practicadas las pruebas, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, el funcionario dictará la respectiva providencia, la cual deberá hacerse
mediante resolución motivada y contra la cual proceden los recursos de reposición
y de apelación.


ARTÍCULO 276°. Las multas impuestas en este Manual como medida correctiva,
se deberán pagar a favor de la respectiva tesorería municipal, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las impuso. Si la
multa no se cancelara en el término establecido su cobro se perseguirá por la vía
de jurisdicción coactiva. Si no puede satisfacer oportuna y justificadamente el
valor de la multa, se le impondrá trabajo en obra de interés público a razón de un
(1) SMLMV por día.


                                   CAPÍTULO III
 QUERELLA CIVIL DE POLICIA DE AMPARO A LA POSESIÓN O A LA MERA
                           TENENCIA


ARTÍCULO 277°. El proceso mediante el cual se tramitará la perturbación a las
normas sobre los derechos reales, la posesión y tenencia contempladas en este
Manual se iniciará previa petición escrita o verbal, formulada por intermedio de
abogado o por la misma persona interesada, que se considere titular del derecho
vulnerado, la que se dirigirá ante la Alcaldía, Inspección o Corregiduría del lugar
donde se encuentre ubicado el bien.


ARTÍCULO 278°. La petición o querella escrita, deberá contener:


1. Nombre y dirección y domicilio del querellante y querellado y del representante
   legal si una de las partes o ambas son incapaces.


2. Nombre y dirección del apoderado del querellado si actúa mediante abogado.
3. Ubicación, linderos, nomenclaturas y demás circunstancias que identifiquen el
   bien, si la perturbación se refiere a un inmueble.


4.       Hechos en que se fundamenta la queja y las pretensiones expuestas con
     precisión y claridad.


5. Las pruebas que se pretenden hacer valer.
PARÁGRAFO: La petición o querella verbal, será recepcionada por el funcionario
competente de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos quien levantará un acta
en la cual se consignará los acontecimientos narrados por el quejoso y le dará el
trámite pertinente.


ARTÍCULO 279°. En la petición, el querellante podrá solicitar como medida previa
la suspensión de la perturbación, si ésta consiste en obras que puedan continuar
adelantándose, caso en el cual deberá allegarse prueba sumaria en tal sentido.


Si de la prueba sumaria allegada con la petición se deduce que el acto
demandado como perturbación es una obra que pueda continuarse, se ordenará
bajo multa de medio (1/2) a veinte (20) SMLMV, para que las cosas permanezcan
en el estado en que se encuentran, en tanto se decida querella.


ARTÍCULO 280°. A la petición o querella escrita deberá anexarse:


1. Poder para intervenir en el proceso, si actúa mediante abogado.


2. La prueba de la representación legal del querellante y del querellado si se trata
   de personas naturales incapaces.


3. La prueba de la existencia y representación, cuando el querellante sea una
   persona jurídica a excepción de los municipios y las entidades públicas de
   creación legal.
ARTÍCULO 281°. El funcionario       inadmitirá la petición o la querella cuando
presentada, no reúna los requisitos establecidos o no allegue los anexos
correspondientes. El querellante dispondrá de tres (3) días hábiles para corregirla
o para allegar los anexos, de lo contrario se rechazará la petición o querella.
Igualmente cuando de su contenido        se deduzca que se ha producido la
caducidad o cuando las pretensiones no se dirigen a que se ordene el STATU
QUO.
ARTÍCULO 282°. Notificado el auto que admite la petición o la querella y
decretada la diligencia de inspección ocular o fijado el aviso, se considerará
interrumpida la prescripción desde la fecha de presentación de la misma ante el
funcionario competente.


ARTÍCULO 283°. El funcionario mediante auto admitirá la queja, en el mismo
decretará la inspección ocular o fijado el aviso, la cual se practicará dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del mismo.


En el mismo auto se designará los peritos para que rindan el informe pericial en la
diligencia de inspección ocular.       Así mismo se reconocerá personería al
apoderado del querellante, si actuare mediante abogado.


ARTÍCULO 284°. En el mismo auto se dispondrá la citación del querellado y se le
correrá traslado de la petición o querella, entregándole copia de la misma, para
que asista a la diligencia de inspección ocular en la que se le notificará de los
hechos y pretensiones de la querella para que conteste en la misma audiencia
pública y solicite las pruebas que quiera hacer valer.


ARTÍCULO 285°. El auto se le notificará personalmente al querellado o de no ser
posible notificarle personalmente, se hará mediante aviso fijado con antelación no
inferior a veinticuatro (24) horas, en la entrada del inmueble de que se trate.


ARTÍCULO 286°. Llegado el día y la hora para la práctica de la diligencia, el
despacho se constituirá en Audiencia Pública y se trasladará al sitio de los hechos
para dar inicio a las diligencias.


ARTÍCULO 287°. Si el querellado no comparece a la diligencia, el funcionario
designará un curador ad-litem con quien adelantará la actuación, fijando nueva
fecha para continuar la diligencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.


ARTÍCULO 288°. En el lugar de los hechos el funcionario procederá a posesionar
a los peritos con quienes identificará el bien, practicará las pruebas que fueron
decretadas y previamente solicitadas por las partes que se consideren pertinentes.


ARTÍCULO 289°. En la diligencia de inspección ocular se practicará audiencia de
conciliación, en la cual las partes podrán llegar a un acuerdo, el que se dejará
consignado en el acta, produciendo los mismos efectos de la decisión definitiva.
ARTÍCULO 290°. Una vez el funcionario tenga un total esclarecimiento de los
hechos, redactará el acta en la cual se consignará la contestación de la querella,
las pruebas propuestas y los acuerdos logrados, se especificarán las cosas o
hechos examinados, los resultados de lo percibido, las constancias que las partes
quieran dejar y que el funcionario estime pertinentes y el dictamen de los peritos
rindieron dentro de la diligencia.      El acta será firmada por quienes hayan
intervenido en la diligencia y las declaraciones de los testigos se suscribirán a
medida que se reciban.        Si alguno de estos se niega a firmar, se dejará
constancia y firmará por el un testigo que haya presenciado el hecho.


ARTÍCULO 291°. Si fuese imposible concluir la diligencia el día señalado para ello,
se suspenderá para continuarla y concluirla en un término que no exceda de cinco
(5) días hábiles.


ARTÍCULO 292°. Las pruebas solicitadas por el querellado que no fuere posible
evacuar o aportar dentro de la diligencia de inspección ocular, se practicará
cuando continúe la misma.


ARTÍCULO 293°. El dictamen de los peritos podrá rendirse por fuera de la
diligencia de inspección ocular con un plazo de tres (3) días hábiles que el
funcionario concederá a petición de éstos.


ARTÍCULO 294°. Si el dictamen se rinde por fuera de la diligencia, se correrá
traslado del mismo a las partes por un término común de tres (3) días hábiles
dentro de los cuales solamente podrán pedir que se aclare o amplié, sin que
haya lugar a objeciones.


En el mismo auto se fijarán los honorarios de los peritos, los cuales se
tasarán teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del dictamen,
condiciones del lugar sobre el cual deban peritar, así como sus
conocimientos tTécnicos.


Rendido el dictamen dentro de la diligencia, la ampliación o aclaración procederá
allí mismo.


ARTÍCULO 295°. Vencido el término de traslado del dictamen, si esté se rindió por
fuera de la diligencia de inspección ocular o en caso contrario, ejecutoriado el
auto que fija los honorarios de los peritos, se decidirá dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes.
ARTÍCULO 296°. La providencia que decide la querella deberá contener la
indicación de las partes, un resumen del planteamiento de la queja, las
condiciones necesarias de los hechos y su prueba, los fundamentos legales en
que se basa, la decisión clara y expresa sobre cada una de las pretensiones.


La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula: EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
DE POLICÍA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY y determinará:


1. Volver las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse la
   perturbación si se probaron los presupuestos de la acción.


2. Suspender la perturbación si se probaron los presupuestos de la acción y no es
   posible volver las cosas al estado anterior al acto perturbatorio.


3. Mantener las cosas al estado en que se hallaban al momento de definirse el
   conflicto, si este resultó de competencia de otra autoridad.


4. Negar la protección solicitada si no se probaron los presupuestos de la acción.


5. El valor de la multa a que haya lugar por haberse demostrado la perturbación,
   siempre y cuando no se haya cumplido con la decisión.
ARTÍCULO 297°. La providencia que decide la querella que no se haya notificado
personalmente al día siguiente de la fecha de expedición, se hará saber mediante
edicto que será fijado por el término de tres (3) días hábiles en el Despacho.


ARTÍCULO 298°. La decisión será apelable en el efecto suspensivo.


ARTÍCULO 299°. En segunda instancia el funcionario podrá practicar las pruebas
solicitadas y decretadas en primera instancia, no recibidas sin culpa de la parte
que los solicitó.


ARTÍCULO 300°. Proferida la decisión de segunda instancia, se devolverá el
expediente al Despacho de origen una vez surtida la notificación. Recibido el
proceso por el funcionario de primera instancia, dictará acto de obedecimiento a lo
resuelto por el superior.


ARTÍCULO 301°. La decisión de segunda instancia deberá cumplirse dentro de los
tres (3) días hábiles a su ejecutoria, si concluido ese término las partes vencidas
no lo hacen, el funcionario de primera instancia, procederá a darle cumplimiento
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, sin perjuicio a que se
haga efectiva la multa.


ARTÍCULO 302°. Cuando la providencia debe ejecutarse por el funcionario, se
fijará la fecha y la hora para la práctica de la diligencia, y previa citación de la parte
vencida, se trasladará el despacho al lugar del conflicto procediendo a cumplir la
decisión. De la diligencia se levantará un acta que se anexará al expediente.


ARTÍCULO 303°. Ejecutada la decisión, si el querellado realizara nuevamente los
actos que dieron lugar a la querella, el funcionario a petición del querellante, hará
que las cosas vuelvan a la situación prevista en el fallo, sin perjuicio de la
aplicación de multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 304°. Las multas como consecuencia de la querella se impondrán
mediante providencia        motivada, contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación y deberá pagarse a favor del respectivo tesoro municipal
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia. Si
la multa no es cancelada en el término previsto, se hará efectiva por la vía de la
jurisdicción coactiva.


ARTÍCULO 305°. Cuando el litigio concluya por allanamiento a las pretensiones
de la querella, la decisión se ejecutará en la forma prevista en los artículos
anteriores. En igual forma se procederá si la actuación terminó por conciliación y
una de las partes incumple lo pactado.


                                       TITULO II
                   FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO


                                  CAPITULO ÚNICO
                   DE LA CONCILIACIÓN Y EL DESISTIMIENTO



ARTÍCULO 306°. La conciliación es un proceso o conjunto de actividades          a
través de las cuales las personas o partes envueltas en un conflicto pueden
resolverlo mediante un acuerdo satisfactorio a través de un conciliador, que para
estos casos será el Inspector o Corregidor o el funcionario administrativo
pertinente o quienes estén investidos de esta facultad por disposición legal.
ARTÍCULO 307°.         En las contravenciones comunes contempladas en este
Manual, en las cuales el ofendido sea una persona natural o jurídica particular,
deberá intentarse, antes de iniciarse el procedimiento pertinente, la conciliación
entre las partes. En las querellas civiles de policía la conciliación se intentará en
la diligencia de inspección ocular.
ARTÍCULO 308°. Recibida por el funcionario la petición o querella se hará saber
al quejoso en el mismo momento, la fecha y hora para la realización de la
audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse efecto dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes, para lo cual se librará citación al contraventor indicándole
de igual manera la fecha y hora para la audiencia.


ARTÍCULO 309°. Llegada la fecha y hora para la realización de la audiencia de
conciliación, el conciliador la instalará, informará a las partes sobre los fines de la
misma, preguntará a estos sobre los hechos o actos que motivan la queja y los
invitará a un acuerdo negociable.


ARTÍCULO 310°. El conciliador propondrá fórmulas de arreglo tendientes a que
las partes lleguen a un acuerdo, teniendo sumo cuidado en conservar la
imparcialidad debida para evitar que alguna de las partes considere que está a
favor de la otra.


ARTÍCULO 311°. El conciliador levantará un acta de la audiencia en la cual
consignará fecha, hora, nombre de los intervinientes, incluyendo     el de los
abogados si los hubiere, resumen de las fórmulas de arreglo propuestas por él o
por las partes y consignará claramente el acuerdo a que estas han llegado y el
término fijado para su cumplimiento.


ARTÍCULO 312°. El acta será firmada por las personas que intervinieron en la
diligencia, es decir, funcionarios, abogados si los hubiere y partes intervinientes.


ARTÍCULO 313°. Si llegada la fecha y hora prevista para la audiencia, alguna de
las partes no concurre a ella, el conciliador deberá citar dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes para una nueva audiencia y si ésta tampoco asistieren, se
considerará que no hay voluntad para conciliar y se iniciara el trámite
correspondiente.


ARTÍCULO 314°. Una vez vencido el término que en el acta de conciliación quedó
estipulada para dar el cumplimiento al acuerdo, trátese de sumas de dinero o de
otros acuerdos diferentes y éste no se cumpliere por parte de quien adquiere el
compromiso, se le sancionará con multa de uno (1) a cinco (5) SMLMV.
ARTÍCULO 315°. En las contravenciones sujetas a conciliación y e las querellas
civiles de policía, el quejoso o querellante podrá, verbalmente  o por escrito,
desistir de la acción contravencional o querella dando lugar a la cesación de
procedimiento, siempre que el desistimiento sea aceptado por el presunto
contraventor o querellante.


PARÁGRAFO: Si el desistimiento fuere presentado verbalmente, la manifestación
se hará constar en acta suscrita por el compareciente       y el funcionario
respectivo.


ARTÍCULO 316°. El desistimiento podrá ser presentado en cualquier estado del
proceso, tratándose de contravenciones comunes y ante de la segunda instancia,
tratándose de querellas civiles de policía.


                                     TITULO III
                           DISPOSICIONES COMUNES


                                 CAPÍTULO ÚNICO
                                TRAMITES VARIOS



ARTÍCULO 317°. Las actuaciones de los funcionarios de policía        se adelantarán
en papel común y serán gratuitas.
ARTÍCULO 318°. Las dudas que surjan en la interpretación de este Manual que
regula el procedimiento civil de policía y el procedimiento contravencional, se
aclararán mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal,
de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso se respete
el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.


ARTÍCULO 319°. Cuando el funcionario de policía encuentre incompatibilidad
entre varias disposiciones de este Manual, aplicará las siguientes reglas:


1. Prevalencia de los principios generales fundamentales


2. La norma relativa a un asunto especial se preferirá a la de carácter general.


3. La norma posterior se preferirá a la anterior
ARTÍCULO 320°. A los procedimientos civiles de policía y procedimientos
contravencionales, les son aplicables las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y de Procesamiento Penal respectivamente, aún cuando no
sean compatibles con las normas de este Manual.


ARTÍCULO 321°. Los vacíos en las actuaciones administrativas que se adelanten
con fundamento en las disposiciones de este Manual, se suplirán con las normas
del Código Contencioso Administrativo.


ARTÍCULO 322°.       En los términos de los días, no se tomarán en cuenta los
festivos ni aquellos de descanso     del funcionario   o cuando el despacho
permanezca cerrado por comisión o por fuerza mayor. Los términos de meses y
años se computarán conforme al calendario.


ARTÍCULO 323°. En los procesos policivos las pruebas se apreciarán conforme a
las normas de derecho probatorio.


ARTÍCULO 324°. Pueden comparecer por si mismo al proceso civil de policía,
las personas que sean capaces de acuerdo con el Código Civil y por intermedio de
su representante, los incapaces y las personas jurídicas.


ARTÍCULO 325°. El funcionario de policía está obligado a tramitar todos los
memoriales que se le presenten a excepción de aquellos notoriamente
irrespetuosos para con el Despacho, de los cuales ordenará su devolución.


ARTÍCULO 326°. Toda actuación temeraria en la presentación de denuncia, queja
o querella, le acarreará al responsable, multa de medio (1/2) a cinco (5) SMLMV.


ARTÍCULO 327°. En los asuntos civiles de policía, el funcionario en quien
concurra alguna de las causales de recusación prevista en el Manual de
procedimiento civil, deberá declararse impedido.


En materia contravencional procederá cuando se dé alguna de las causales
establecidas en el Código de Procedimiento Penal.


En materia administrativa procederá de acuerdo a las normas previstas en el
Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 328°. El funcionario impedido, mediante auto, manifestará la causal
con los motivos que la fundamente, enviará el expediente a quien corresponda
conocer de la segunda instancia para que decida sobre la viabilidad o no del
impedimento.      Aceptado el impedimento por el superior, el impedido será
reemplazado por el funcionario de policía de la misma categoría más cercano al
lugar de los hechos.


Si no se acepta el impedimento, el expediente será devuelto inmediatamente al
mismo funcionario para su conocimiento.


ARTÍCULO 329°. Si en el funcionario de policía concurre alguna causal de
impedimento y no declara impedido, podrá ser recusado por cualquiera de las
partes ante su superior.


ARTÍCULO 330°. El proceso contravencional solo es nulo cuando:


1. Por procedimiento indebido o pretermisión del mismo.


2. Falta de competencia del funcionario


3. Violación del derecho de defensa
PARÁGRAFO: El proceso contravencional es nulo por las mismas causales
señaladas en el Código de Procedimiento Penal.


ARTÍCULO 331°. El proceso civil de policía sólo es nulo cuando:


1. Es indebida la representación de las partes, tratándose de apoderados
   judiciales, esta causal sólo se configura por carencia total de poder para actuar
   en el respectivo proceso.


2. No se practique en legal forma al querellado, la notificación de los hechos y
   pretensiones de la querella y su aviso.


3. Se sigue un procedimiento distinto al que legalmente corresponde.
4. Si el funcionario procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive
   proceso legalmente concluido o pretermita íntegramente la respectiva instancia.
5. Si se adelanta después de ocurrida una causal de suspensión y ante la
   oportunidad para reanudarlo.


6. No se practique la diligencia de inspección ocular en los casos en que deba
   realizarse o se efectúe sin la intervención de peritos.


7. Si se practicarán las pruebas por fuera de la inspección ocular.


8. Si no se cita en debida forma al Ministerio Público, en los casos consagrados
   expresamente por la Ley.


PARÁGRAFO: El proceso civil de policía es nulo por las mismas causales
señaladas en el Código de Procedimiento Civil.


ARTÍCULO 332°. Cuando en el curso del proceso civil se advierta que se ha
dejado de efectuar una notificación distinta a la de los hechos y pretensiones de
la querella el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será
nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a
quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.


ARTÍCULO 333°.       Las nulidades podrán alegarse por las partes y sujetos
procesales o decretarse de oficio, en cualquiera de las instancias, antes de que se
dicte sentencia en los juicios civiles y hasta la ejecutoria de ésta, en los procesos
contravencionales.


ARTÍCULO 334°. En el proceso civil de policía se correrá traslado de la solicitud
de nulidad a la parte contraria por el término de tres (3) días hábiles vencidos los
cuales, el funcionario decidirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.


Si la nulidad se propone en desarrollo de la diligencia de inspección ocular, se
resolverá dentro de la misma. En el proceso contravencional, la solicitud de
nulidad se resolverá de plano.


ARTÍCULO 335°. La nulidad no podrá alegarse por quien haya dado lugar al
hecho que la origina, la parte que la proponga, deberá expresar su interés, la
causa invocada y los hechos que la fundamentan y no podrá proponer nueva
nulidad sino proyectos de ocurrencia posterior.
La nulidad, por indebida representación o por falta de aviso en legal forma, sólo
podrá alegarse por la persona afectada.


PARÁGRAFO: El funcionario rechazará de plano la solicitud de nulidad que se
fundamente en causal distinta de las determinadas en este Capítulo.


ARTÍCULO 336°. La declaratoria de nulidad sólo comprenderá la actuación
posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. El auto que
declare la nulidad, indicará la actuación que deba proponerse.


PARÁGRAFO: El proceso civil de policía no admite incidentes de excepciones.


ARTÍCULO 337°. Las providencias de policía se harán saber a las partes y
demás interesados, mediante notificaciones efectuadas con las formalidades
previstas en este Manual, a excepción de los actos administrativos, que se
notificarán en la forma establecida en el Código Contencioso Administrativo y el
auto que admite la querella y decreta diligencias de inspección en los asuntos
civiles, se harán saber por aviso si no pueden notificarse personalmente.


Ninguna providencia producirá efectos antes de ser notificada.


ARTÍCULO 338°.         Las notificaciones pueden ser: Personal, por estado, en
estrados, por edicto, por comisionado, por conducta concluyente y por aviso.


ARTÍCULO 339°. La notificación personal se realizará por el Secretario o
empleado del despacho autorizado por éste, quien pondrá en conocimiento del
interesado la providencia respectiva.   De ello extenderá un acta en la cual
expresará en letras la fecha en que la practique, el nombre del notificado y la
providencia que se notifica.


El acta deberá firmarse por el Secretario o empleado autorizado y el notificado, si
este no sabe o no quiere firmar, así se expresará en el acta y el informe del
notificado se considerará rendido bajo juramento, que se entenderá prestado con
la firma del acta.


ARTÍCULO 340°. Deben hacerse personalmente las siguientes notificaciones:
1. La del auto, que admite la querella y decreta diligencia de inspección ocular,
   que además podrá hacerse saber mediante aviso, y en general la que tenga
   por objeto hacer conocer la primera providencia que dicte en el proceso.
2. La que ordene la ley para casos especiales


3. La que debe hacerse en otra forma, cuando el interesado necesite que se le
   haga personalmente, si la notificación no se ha realizado.
ARTÍCULO 341°. La notificación de la providencia que no deban hacerse
personalmente, se cumplirá mediante anotación en ESTADO, pasado un día de la
fecha del auto.


El estado se fijará en lugar visible de la Secretaría del Despacho durante las horas
de trabajo del respectivo día y en él deberá constar:


1. La clase de proceso


2. Los nombres de querellantes y del querellado o de las personas interesadas en
   el proceso o diligencia.


3. La clase de providencia que se notifica y su fecha.


4. La fecha del estado y hora de su fijación y desfijación.


5. La firma del Secretario.
De la notificación por estado, el Secretario dejará constancia a continuación de la
providencia notificada y el estado se archivará por orden riguroso de fecha,
pudiendo examinarse por las partes o sus apoderados bajo el control del
Secretario.


ARTÍCULO 342°. El edicto a que se refiere el Artículo anterior deberá contener:


1. La palabra EDICTO en la parte superior en letras mayúsculas.


2. La clase de proceso


3. Los nombres de las partes.
4. El encabezamiento y la parte resolutiva de la providencia


5. La fecha y hora de fijación y desfijación


6. La firma del Secretario
ARTÍCULO 343°. Las decisiones que se adopten en audiencias o diligencias, se
entenderán notificadas en ESTRADOS, es decir, en el acto mismo del
pronunciamiento.


ARTÍCULO 344°. Las providencias quedan ejecutoriadas y en firme, tres (3) días
después de su notificación, cuando carezcan de recursos o hayan vencido los
términos para interponer los que son procedentes.


ARTÍCULO 345°. Las providencias ejecutoriadas proferidas por los funcionarios de
policía en querellas civiles y procedimientos contravencionales, hacen transito en
cosa juzgada ante la jurisdicción policiva.


ARTÍCULO 346°. No requieren notificación los autos que contengan órdenes
dirigidas exclusivamente al Secretario, al final de ellos se escribe la palabra
CÚMPLASE.


ARTÍCULO 347°. En los juicios policivos establecidos en este Manual, proceden
los recursos de reposición, apelación, de queja y de hecho.


ARTÍCULO 348°. Son susceptibles del recurso de reposición para que se
revoquen, reformen, modifiquen, adicione o aclaren:


1. Todos los autos dictados en los procesos civiles de policía, a excepción de los
   de trámite.


2. Los autos de que trata el Código de Procedimiento Penal que se dicten en los
   procesos contravencionales.


3. Las demás providencias que por ley y disposición de este Manual se les dé tal
   recurso.
ARTÍCULO 349°. El Recurso de Reposición deberá interponerse con expresión de
las razones que los sustenten, por escrito, presentada dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación del auto o verbalmente en la diligencia en que
se profiere. Contra el auto que decide la reposición no procede recurso alguno,
salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán
interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.


ARTÍCULO 350°. Si el recurso se formula por escrito, éste se mantendrá en
traslado en la Secretaría del Despacho por tres (3) días hábiles, sin necesidad de
auto que lo ordene y surtido el mismo se decidirá el recurso. El Secretario dejará
constancia del traslado.


La reposición interpuesta en diligencia se decidirá allí mismo, una vez oída la parte
contraria, si está presente o los demás sucesos procesales según el caso.


ARTÍCULO 351°.       En los procesos civiles de policía el recurso de apelación
procede contra:


1. Sentencia de primera instancia


2. El auto que rechace la querella


3.    El auto que niegue la práctica de pruebas solicitadas oportunamente.


4. El auto que decide sobre su nulidad


5. Las providencias que se dicten en primera instancia y que conforme al
   procedimiento ordinario sean susceptibles de tal recurso.
ARTÍCULO 352°. En los procesos contravencionales son apelables las
providencias que conforme al Código de Procedimiento Penal sean susceptibles
del recurso, así como la providencia que imponga una medida correctiva.


ARTÍCULO 353°.           El Recurso de Apelación deberá interponerse ante el
funcionario que dictó la providencia en el acto de su notificación, o por escrito,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes u oralmente en la diligencia en que se
profirió.


La apelación contra la providencia susceptible de reposición podrá interponerse
directa o en subsidio de ésta.
ARTÍCULO 354°. Quien interponga Recurso de Apelación, si actúa mediante
abogado, deberá sustentarlo antes del vencimiento del término de la ejecutoria de
la providencia, exponiendo por escrito las razones de la impugnación. En caso
contrario no se concederá.


Cuando el Recurso de Apelación se interponga como subsidiario del de
Reposición, la Apelación se entenderá sustentada con los argumentos que
sirvieron de fundamento al de Reposición.


ARTÍCULO 355°. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por la
parte contraria, en lo que la providencia apelada le sea desfavorable. El escrito
de adhesión podrá presentarse hasta el vencimiento del término para alegar ante
el superior.


ARTÍCULO 356°. Interpuesto el Recurso de Apelación en contra de una
providencia de naturaleza civil, si este es procedente, el funcionario dictará un
auto concediéndolo y prevendrá al recurrente para que dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de éste, cancele en la Secretaria del Despacho
los aportes correspondientes a fotocopias, envío y regreso al expediente.


Si la cancelación de aportes no se hace en la oportunidad indicada, el funcionario
declarará desierto el recurso.


ARTÍCULO 357°. Las apelaciones en materia policiva se entenderán concedidas
en el efecto suspensivo, excepto que por norma expresa se establezca un efecto
diferente.


ARTÍCULO 358°. En la segunda instancia, el superior hará examen preliminar y
si observa que falta notificar a alguna de las partes de la providencia apelada, o en
materia civil, el auto que concedió el recurso, ordenará devolverlo para que se
cumpla tal formalidad.


Si quien interpuso el recurso carece de capacidad para ello, lo hizo en forma
extemporánea o actuando mediante abogado no lo sustentó o no era procedente,
se declara inadmisible y se devolverá el expediente al inferior, caso en el cual la
providencia de primera instancia quedará ejecutoriada.


Si se advierte que en la primera instancia se incurrió en causal de nulidad, la
declarará y devolverá al expediente al inferior para que reponga la actuación
anulada, según las circunstancias.
ARTÍCULO 359°. En el juicio civil policivo, admitido el recurso y ejecutoriado
dicho auto, se dará traslado a las partes para alegar por el término común de cinco
(5) días hábiles, excepto en el auto que rechace la querella que se decidirá de
plano, en materia contravencional el expediente permanecerá en traslado en la
Secretaría del Despacho por cinco (5) días hábiles sin necesidad de auto que lo
ordene.


El superior dispone de diez (10) días hábiles contados a partir del vencimiento del
respectivo traslado para dictar sentencia de segunda instancia y de cinco (5) días
hábiles para las demás decisiones.


ARTÍCULO 360°. Cuando el funcionario de primera instancia          deniegue el
Recurso de Apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante su
inmediato superior para que éste lo conceda si es procedente y se tramitará de
acuerdo a lo dispuesto por el Manual Contencioso Administrativo según el asunto
de que se trate.


En materia contravencional, denegado el Recurso de Apelación, el recurrente
podrá interponer el recurso en la forma prevista por el Código de Procedimiento
Penal.


ARTÍCULO 361°. Las autoridades de policía al momento de aplicar las sanciones
estipuladas en este manual, analizarán las condiciones socioeconómicas del
contraventor, con el fin de posibilitar la conversión de las multas en trabajos de
interés público y social a favor de la comunidad.


ARTÍCULO 362°. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN EN
MATERIA CONTRAVENCIONAL COMÚN. En las contravenciones comunes
establecidas en este Manual, la acción prescribirá en seis (6) meses contados a
partir de la ocurrencia del hecho y la sanción en un (1) año.


                                    TITULO IV
                           DISPOSICIONES FINALES


                               CAPITULO ÚNICO
               PUBLICACIONES, DEROGATORIAS Y VIGENCIA
ARTÍCULO 363°. La Gobernadora ordenará la adición y publicación de este
Manual, el cual tendrá como Título “MANUAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA
PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.


ARTÍCULO 364°. La presente ordenanza deroga el Decreto 0911 de 1989, la
Ordenanza 020 de 1995 y las demás disposiciones que le sean contrarias y rige a
partir de la fecha de su sanción y publicación.



Dado en Pereira, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2001




HUGO ARMANDO ARANGO DUQUE                   MARTIN FERNANDO MONTOYA
GARCIA
Presidente º                                Secretario General




Jairo de J. Bustamante R

				
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