DISCURSO DE POSESI�N COMO ACAD�MICO 184 by CTDU87yv

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									Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


     DISCURSO DE POSESIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA
     ACADEMIA COLOMBIANA DE JURSIPRUDENCIA DEL DOCTOR FERNANDO
                CARRILLO FLÓREZ, MINISTRO DEL INTERIOR

                              SEPTIEMBRE 13 DE 2012

Señor Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y expresidente de
la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy Cabra;

Colegas del Gabinete Ministerial;

Señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet;

Señores presidentes de las Altas Cortes;

Muy distinguidos magistrados;

Señores académicos;

Miembros de la mesa principal;

Rafael, Diana, Laura y Natalia;

Amigos y amigas;

 “No se puede ser juez, ni fiscal, ni abogado sin el orgullo de estar desempeñando
las funciones más nobles y más importantes para la humanidad”.

Así como lo sentenció en 1919 Don Ángel Ossorio y Gallardo, prominente jurista
español, se define la función del abogado en la razón de su existir, en la verticalidad
de su actuar, en su dialéctica entre una realidad donde la injusticia y la desigualdad
son las fallas geológicas del sistema y la necesidad de una justicia global donde los
jueces sean quienes vuelvan a ser la brújula de un sistema que le apuesta a
refundar sus instituciones con políticas, normas y entidades eficientes que combatan
la falta de equidad y la indolencia.

De esa manera, como nos lo explica el premio nobel Amartya Sen se logrará
relegitimar nuestras instituciones y traducir la antipatía por un sentimiento de justa
equidad. Acudir a esta casa de la jurisprudencia es encender de nuevo la llama del
humanismo, la llama de ese humanismo constitucional y jurídico que hace más de
veinte años empezamos a buscar un puñado de jóvenes soñadores en un país que
en medio de la tragedia se enlistaba en el debate de las ideas universales para
transfundir en ellas el grito libertario que tanto ayer como hoy es motor de
transformación.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia es un baluarte del debate crítico,
reflexivo e incluyente del cual parecen adolecer muchas veces nuestras sociedades
globalizadas. El “hombre de las leyes”, el amante de los derechos, don Francisco de
Paula Santander supo que luego del ruido de los fusiles y los sables, el grito más
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ensordecedor para profundizar las recién conquistadas libertades era la fundación
de una Academia Nacional que tenía por fin “la instrucción pública”. Sueño que en
medio de las disputas políticas terminó en las páginas empolvadas de la historia y
del cual años después se apoderaría don José Manuel Restrepo con su Academia
de Derecho Práctico, pasando por las realizaciones de Nicolás Esguerra y de
Vicente Olarte Camacho fundadores de la Sociedad de Jurisprudencia de la cual
hoy, ustedes y yo, somos herederos.

Desde 1894, en sus 118 años próximos a cumplir, esta Academia ha sido un motor
para iluminar a nuestra patria en momentos de turbulencia, para derrotar el
aislamiento y la negación de libertades y marchar en la senda de la
constitucionalización democrática. La Academia Colombiana de Jurisprudencia no
ha dudado en acudir a la batalla de las ideas para cumplir su papel de faro y guía en
medio de la noche sombría y en el día señalar la luz y el camino para combatir esa
maldición cobijada en una “sensación de crisis” de la cual América Latina es
heredera. En fin, no me cabe más que rendirle un homenaje sincero a quienes
luchan con convicción por la justicia, por esa justicia moderna que el país reclama y
de la cual esta Academia ha sido intérprete y guía.

Debo confesar que luego de dieciséis años de exilio voluntario, el hecho de que la
Academia me haya designado “miembro correspondiente” constituye excelso honor
que asumo con humildad y acojo con alto compromiso. Sea esta la oportunidad para
agradecerle a usted, señor Presidente, su generosidad, así como a los miembros de
la Mesa Directiva y de la Comisión de Candidaturas quienes le apostaron sin reserva
alguna a mis habilidades como abogado y profesor, muestra de las altas cualidades
humanas de ustedes, señores académicos.

No quisiera proceder a pronunciar esta disertación sin antes evocar el legado de don
Fernando Hinestrosa Forero quien depositó su fe y entereza en la promoción de esta
candidatura, la última que sugirió. Guardo en mi recuerdo las muchas caminatas que
hicimos en la Ciudad Luz cuando era yo Director Adjunto de la Oficina del Banco
Interamericano de Desarrollo en Europa, así como de esa emoción intensa que
sentimos cuando el doctor Hinestrosa recibió el doctorado Honoris Causa en una
imponente ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de la Sorbona a finales de
un frío enero de 2010.

En el reportaje que le realizó Miguel Méndez Camacho1, Hinestrosa Forero expresa:
“Soy liberal y ejerzo; soy tolerante y ejerzo, sin desconocer que Colombia está
pasando por un período ya largo de gravedad, con riesgo de supervivencia como
nación. No me estoy refiriendo a distribución territorial sino como nación civilizada
que ha perdido el sentido del otro, del prójimo”. No nos cabe duda de que Fernando
Hinestrosa Forero, republicano de cuna y librepensador de convicción, continúo con
el ideario radical de sus antepasados de apostarle a una educación moderna como

1
 MÉNDEZ CAMACHO, Miguel. Fernando Hinestrosa: el último caballero radical. Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 2003.
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vehículo para la prosperidad, de abrirle la puerta a las grandes ideas de la
transformación para sentar los cimientos de una nueva era en la educación superior
de Colombia, de transmitir los valores de libertad de la Francia que tanto amó y de
no dudar en condenar a aquél que se desprendía del apego a la ley como
instrumento generador de equidad y progreso. Fernando Hinestrosa es ejemplo
perenne de quien combinó el decoro con la rectitud al actuar, quien defendió los más
nobles valores democráticos dejando huella por su visión futurista y de un amigo sin
igual de las causas nobles y la razón. Evocar hoy su figura en esta casa que fue
testigo de sus apasionadas deliberaciones y de sus lúcidas intervenciones constituye
un acto, por naturaleza, mandatorio. Estoy convencido de que su legado es y
seguirá siendo fuente de inspiración para unos y otros.

Señores académicos,

Hace más de dos décadas, Colombia presenciaba uno de los procesos de
democratización más incluyentes de la región. La transformación que iniciamos una
decena de jóvenes quiméricos y amantes del idealismo con la denominada “Séptima
Papeleta” demostró que nuestro sistema democrático tenía que incorporar la
equidad como guía y rumbo de las políticas públicas. No podíamos seguir
cohabitando en un paraíso desértico mientras millones de compatriotas
experimentaban lo que algunas organizaciones internacionales han llamado la
“brecha de la desigualdad”.

Con la Constitución de 1991, el Estado de Derecho adquirió una nueva dimensión
constitucional cuyo nombre y apellido es lo “social”. Pertenezco a una generación
que no estaba en la capacidad de ser ajena a las nuevas realidades políticas,
sociales y culturales. Mientras estudiábamos las tipologías de los sistemas políticos
de Maurice Duverger o los supuestos del derecho penal de Francesco Carrara, se
caía el Muro de Berlín en nuestras caras . La juventud pasaba de un silencio que se
había impuesto a la fuerza gracias a la opresión, a un grito de ciudadanía y
activismo social que era acorde con la transformación que venía en camino.

Como lo ha señalado el Profesor Francis Fukuyama, los acontecimientos globales
sepultaban la historia de las disputas ideológicas y se abría paso a una nueva época
donde la democracia social tenía que poner en su frente la prevención y solución de
los grandes desafíos sociales que traía consigo la globalización. En estos años de
reflexión académica, he sostenido que la globalización no puede ser vista sólo en
términos económicos sino también sociales.

Y es por eso que las reflexiones de Amartya Sen sobre una justicia práctica cuyo
interés es satisfacer las necesidades y aspiraciones primarias de la ciudadania de
manera eficaz, resultan apropiadas para entender nuestra misión como agentes de
cambio y servidores de la justicia. La garantía de los derechos económicos y
sociales, aparte de ser condición innerentes de una Constitución en su espíritu
liberal y de ampliar libertades como lo reconoció el Ex Presidente César Gaviria
Trujillo y como la concebimos durante el proceso constituyente, pasa a desempeñar
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un rol prioritario en un país donde el ciudadano del común exige una justicia de la
igualdad, de la equidad, de la inclusión y de la no discriminación. La verdadera
revolución es la revolución de los derechos sociales. Esta Academia constituye
entonces un fortín para reflexionar sobre las actuales y futuras políticas en esta
materia. Como Kelsen decía “La democracia sin control no puede durar”.

En esa visión surge la necesidad de una “democracia por discusión” como el
pensador inglés la llamó y sobre la cual trabajaría mi profesor en la Universidad de
Harvard John Rawls con su noción de la “razón pública” en sociedades pluralistas.
No podemos seguir concibiendo las soluciones políticas y jurídicas como soluciones
mudas ya que ello fatiga nuestra democracia y deja de incorporarle el dinamismo
que debe caracterizar la función público-jurídica. En muchos casos, la ausencia de
dichas respuestas termina en un silencio preocupante que ha llevado a que muchos
de nuestros países hayan experimentado una ola democratizadora en un contexto
de crecimiento económico exiguo, concentración de riqueza, distribución inequitativa
del poder, persistencia de los problemas de pobreza y desigualdad y desbalances en
la distribución del poder.

 El Estado de Derecho en Colombia se adelantó a ponerle freno a estos males pero
también a la tiranía o al despotismo de las mayorías como lo llamaría Tocqueville y
es bajo el amparo de él que nuestras instituciones democráticas deben aparecer
para defender los intereses ciudadanos, señalar cualquier tipo de desafueros que se
den bajo la apariencia de su defensa y combatir el silencio mudo de las decisiones
políticas y jurídicas. La justicia, al igual que la democracia, no es sólo un conjunto de
reglas, de instituciones, de leyes sino un sistema que depende de comportamientos
humanos. El debate, la deliberación y la discusión pública son la esencia de un
razonamiento político propio de la democracia y de la búsqueda de la justicia que
debe llegar. La justicia y la política parecieran ser uno solo y, por consiguiente, una
verdadera cooperación entre ambas llevará a enfrentar la injusticia de manera
estructurada y holísitica. La defensa de la igualdad y de los derechos ciudadanos
terminará forjando una transformación radical donde los menos favorecidos
terminarán siendo los grandes favorecidos.

En este sentido, la victoria de los poderes judiciales como instrumentos generadores
de justa equidad dignifica nuestra función y sugiere la necesidad de repensar y
reconfigurar nuestro sistema jurídico colombiano con instituciones globales, con
instituciones que reconcilien la justicia y la política, con instituciones que velen por
los intereses del Estado y desde allí construyan estrategias para escenarios
“glocales”.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es un ejemplo de ello. Desde
los debates de la Constituyente donde presidí la Comisión de Administración de
Justicia y Ministerio Público, entendimos que fortalecer la institucionalidad de la
justicia era tarea prioritaria para prevenir los abusos que se cometieron en el pasado
al amparo de estatutos que terminaban legitimando dictaduras. Uno de los grandes
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logros de estos 21 años de vigencia de la Constitución, fue diseñar una justicia
accesible al ciudadano del común. Instituciones como la tutela terminaron
asumiendo la vocería de millones de colombianos que jamás acudieron a las
instituciones judiciales para resolver sus disputas.

Paralelamente, con el paso de los años, la actividad litigiosa se incrementó
considerablemente y el Estado, a raíz de políticas improvisadas o ineficientes,
terminó enfrentado cuantiosos litigios que sobrepasan, en muchos casos, el
Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra nación. Una manera para dejar los
parrioquialismos de antaño y saltar a la era de la globalidad con instituciones
modernas es diseñar estrategias para la defensa judicial de las entidades y
organismos públicos y superar el modelo de gestión jurídica pública tradicional. Ese
es el contexto fundamental del caso colombiano que hoy pretendo ilustrar con una
aproximación al Derecho Comparado.

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO: NORMATIVA INTERNA Y APUNTES DE
DERECHO COMPARADO

      I.       GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Una de las grandes innovaciones que trajo consigo el proceso constituyente del 91
fue la introducción del Estado Social de Derecho. Cualquier proceso político o
jurídico debe evaluarse en su capacidad de impactar el nivel de vida y bienestar de
la sociedad civil. En esencia, esa debe ser la misión de una justicia moderna como la
que plantea Sen en su libro La idea de la justicia.

La protección y garantía de derechos ciudadanos son la expresión más pura de un
Estado que quiere dejar a un lado su imagen de macrocefálico, burocrático y
clientelista. El hincapié que se le dio a lo “social”, la importancia de diseñar políticas
de desarrollo sostenible y la garantía real de dichos derechos en el plano público son
un paso hacia adelante para hacer de la igualdad un fin. La evolución en Colombia
de un Estado sinónimo de “Estado de derechos” lleva a construir un Estado
postbenefactor y garantista que concuerda con la visión weberiana de la función
estatal.

El Estado tiene el deber de asumir esa tarea gigantesca a través de una política
jurídico-social realizable. A su vez, el ciudadano tiene la responsabilidad de no
seguirse escondiendo detrás de los “estados de malestar” para demostrar la
supuesta inoperancia de lo público. Bien lo define la Corporación Excelencia en la
Justicia al decir: “En la Constitución Política, se elevó, como un logro político y
social, que los postulados de la misma dejaron de ser retórica y pasaron a
convertirse en un deber ser, concreto, para cuya exigencia existen múltiples
mecanismos.”2 Desde entonces, el concepto del Estado Social de Derecho se ha



2
    CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Modelo de Gestión Jurídico-Pública. Bogotá, 2004.
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concebido no como una cualidad accesoria de la configuración del Estado sino como
parte íntrinseca del mismo.

Tal y como lo definió la Corte Constitucional en la sentencia T-406-92 del 5 de junio
de 1992, “En sintesís, la Constitución está concebida de tal manera que la parte
orgánica de la misma sólo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta
en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la
misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la
estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las
elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y
justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales.
No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por
la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y
derechos fundamentales.”3

El énfasis que se da con la “norma de normas” a la protección de los derechos
fundamentales que, según el examen de constitucionalidad de la Corte, cobijan a
aquellos que guardan conexión directa con los principios constitucionales. Eficacia
directa y contenido esencial hacen del Estado Social de Derecho una institución con
fuerza simbólica y aplicativa. Este nuevo enfoque implica que el Estado es
responsable por la efectividad y vigencia de los consagrados principios e introduce
un cambio de la cultura en materia de defensa jurídica.

Las nuevas responsabilidades que el Estado carga a cuestas vinieron con un
aumento de la actividad litigiosa, caracteristíca intrínseca de la concepción de
muchos de que el Estado debe ser corresponsable. La división tripartita del poder
establecida en la Carta del 91 asegura que “en este sentido, el concepto del Estado
Social de Derecho se desarrolla en tres principios orgánicos: legalidad,
independencia y colaboración de las ramas del poder público para el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado; y criterios de excelencia.” 4 Es decir, el Estado en
su función social tiene que ser responsable y estar en una búsqueda constante de la
excelencia para demostrar su eficacia.

Sin embargo, como bien lo señala Alfonso Luciano Parejo en Estado Social y
Administración Pública, la “Administración sólo puede ser eficaz cuando satisfaga su
fin, el interés general. Pero, de otro, lado, el valor eficacia implica una condición de
calidad, en el sentido de economicidad, utilidad y, en suma, de bondad de la
actuación de su resultado. Es justamente el principio de eficacia el que permite
evaluar el uso que el agente le ha dado a una facultad discrecional”. 5 Dicho en otras
palabras, el Estado Social de Derecho es la fuente para la provisión de garantías y
normas encaminadas a satisfacer el interés público. La necesidad de que el Estado
3
  Sentencia T-406-92 “Estado Social de Derecho”. Magistrado ponente Ciro Angarita Pabón. 5 de junio de 1991,
Corte Constitucional de Colombia.
4
  Sentencia de la Corte Constitucional, C 499 de 1992. Magistrado ponente, Alejandro Martínez Caballero
5
  PAREJO ALFONSO, Luciano. Estado Social y Administración Pública. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1.982. Pág.
143.
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se blinde también a sí mismo nos invita a introducir el concepto –poco estudiado en
Colombia- de la gerencia jurídica pública como herramienta de asignación y uso
eficaz de los recursos jurídicos con los que contamos.

Una reciente publicación de la Corporación Excelencia en la Justicia señala que la
Constitución Política de Colombia introdujo la responsabilidad de modo “agresivo”.
No comparto totalmente dicha afirmación ya que nuestro objetivo fue repartir
responsabilidades de manera estructurada y proteger a las víctimas de las
actuaciones antijurídicas y violatorias que pudieran poner en riesgo su bienestar.
Como lo afirma Álvaro Tafur Galvis, miembro de esta Corporación, “uno de los
elementos más importantes en el proceso de conformación del Estado Social de
Derecho lo constituye la relevancia que ha tomando en el ordenamiento jurídico el
principio de responsabilidad. La afirmación del principio de responsabilidad se hace
evidente, en efecto, a través de varios elementos que reorientan en forma
significativa las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, el papel de los agentes
estatales y el cumplimiento de las funciones públicas. Estas (características) son
manifestaciones de un mayor énfasis de los sistemas jurídicos que busca garantizar
el cumplimiento eficiente de las tareas públicas.”6

Es por ello que, ante este nuevo panorama, se necesitan funcionarios públicos
responsables que comprendan su función dentro de los parámetros de la Justicia y
del Derecho pero también quienes estén comprometidos de tal forma que
consideren su actuación como parte “de una comunidad”, de un todo. Una gestión
jurídica pública con resultados visibles es aquella capaz de concentrar sus esfuerzos
en lograr prevenir el daño antijurídico procurando que los funcionarios públicos sean
conscientes de sus actuaciones y de salvaguardar los intereses legítimos de la
Nación.

La responsabilidad del Estado, sin embargo, no se debe circunscribir solamente a
desarrollar políticas de prevención sino a aprovechar la estructura institucional para
asegurarse de concienciar al abogado litigante de la limitación de los recursos y de
las consecuencias económicas de las acciones siniestras. Todos estos objetivos se
lograrán con instituciones y procedimientos que garanticen la no repetición de la
inoperancia en esta materia que caracterizó al Estado por muchos años. En este
sentido, la Directiva 01 de 2012 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, dirigida a los ministros, directores de departamentos administrativos,
gerentes, directores y representantes legales de entidades descentralizas del orden
nacional y miembros de los comités de conciliación de los organismos y entidades
de la Nación, apela a la “definición de estándares para la defensa judicial y superar
el modelo de gestión jurídica tradicional, a fin de dar respuesta eficiente a las
necesidades que plantea un esquema litigioso complejo y contingente.” 7 Esto
significa que el nuevo modelo gerencial pretende implementar temas prioritarios


6
    Sentencia de la Corte Constitucional C-233 de 2002. Magistrado ponente, Álvaro Tafur Galvis.
7
    Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Directiva 01 de 2012.
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como los supuestos de hecho de pérdida reiterada ante las instancias judiciales y
gestionar un proceso interno que logre garantizar el liderazgo de la Agencia en
materia de realización de esquemas de comunicación, metodologías de prevención y
capacitación, desempeño de funciones, revisión de información de los pasivos
contingentes, identificación de factores clave de éxito, implementación y
estandarización de experiencias exitosas, unificación de criterios, compilación,
vigilancia de los procesos de los despachos judiciales, y ante todo, coordinación
interinstitucional para evitar condenas que impactarían gravemente el presupuesto
del Estado que es el patrimonio de todos los colombianos.

La hipótesis de la gestión jurídica-pública implica la definición de una estructura
organizacional a nivel central, intersectorial, sectorial e institucional. En ello,
Colombia ha venido trabajando desde la creación de la Dirección de Defensa
Judicial en el extinto Ministerio del Interior y de Justicia, propuesta impulsada por el
Banco Interamericano de Desarrollo en asocio con el gobierno del Presidente Álvaro
Uribe Vélez (2002-2010). La puesta en marcha de macroprocesos para los frentes
de asesoría jurídica, contratación estatal, defensa judicial y producción normativa en
los niveles de planeación, determinación de políticas, coordinación, ejecución,
seguimiento, auditoría y control reafirma que todo esfuerzo que se haga implica una
ampliación de los márgenes de responsabilidad estatal y una colaboración franca de
las instituciones del Estado.

Un modelo de gerencia jurídica-pública se debe orientar hacia la defensa desde lo
que ha catalogado Martha Veleño como “la prevención del daño antijurídico con
medidas de intervención administrativa, que van desde garantizar el ejercicio de la
gestión pública dentro del marco constitucional y legal, hasta cooperar con el
cumplimiento proactivo de las funciones de vigilancia y control, y de garante de
derechos colectivos, así como el diseño de estrategias de defensa calculadas que
eviten condenas judiciales o atenúen su impacto.”8

Sobre este último punto, quisiera ahondar. En Colombia, muchos han asociado
erróneamente que una Dirección de Defensa Judicial puede, por sí sola, reducir la
actividad litigiosa y mostrar resultados en acciones judiciales donde la tasa de éxito
es mínima. Sin embargo, lo que sí puede hacer es prever las posibles fallas
administrativas que un futuro terminarán en litigios potenciales, al igual que evaluar
maneras para reducir el daño antijurídico. La gerencia jurídica-pública como todo
modelo de teorización en las ciencias humanas, busca promover soluciones
alternativas para no reincidir en el intento de un modelo de gestión caracterizado por
ser desarticulado e inconexo.

El modelo de gerencia jurídica-pública ha establecido tres variables macro: la
definición de políticas de prevención, la defensa judicial y planes de gestión en
herramientas e instrumentos de información. Con ánimo de crear una cultura de la

8
 VELEÑO QUINTERO, Martha Yanet. Conceptualización para la construcción de la política pública alrededor de
Gerencia Jurídica Pública en Colombia. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, 2010.
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“defensa judicial” en Colombia, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha
establecido procesos internos y externos encaminados a la formulación de
estrategias, de inspección, control y vigilancia. No se puede seguir jugando con
políticas de prevención aisladas, incomunicadas y sin objetivos claros. Una defensa
judicial, como la que España o Chile han realizado, para citar algunos ejemplos,
requiere de estrategias unificadas y calculadas que se materializan en planes
concretos de acción.

Pareciera que con el Estado Social de Derecho hemos observado una paradoja:
mientras los ciudadanos acuden a la justicia para incriminar al Estado por sus
falencias o deficiencias, el Estado –en vez de hacer un seguimiento intersectorial a
la actividad litigiosa- ha desperdiciado su tiempo y hoy, como lo citó una reciente
publicación el presupuesto colombiano afronta demandas que superan los 1.000
billones de pesos. Es por eso que el uso de herramientas tales como los sistemas de
información jurídica en red, la compilación de las normas que regulan las entidades,
la expedición de normas específicas, la capacitación de funcionarios y ciudadanos, o
simplemente la emisión de conceptos, lograrán conciliar lo institucional, lo
administrativo y lo tecnológico en una visión amplia que pretende convertirse en una
especie de “abogacía del Estado” que aborde la integralidad de las problemáticas.

La complejidad de los litigios que afronta el Estado actualmente implica la necesidad
de más recursos, más servicios y ante todo, un batallón de abogados que alcen la
voz con fuerza. En un modelo como el que se propone no basta con responder a los
derechos de petición o a las tutelas. La estrategia que permitirá relegitimar la
actividad del Estado es valorar el conjunto de acciones judiciales y proceder a
conciliar en caso de que la Nación haya violado alguna norma.

El proceso de definición de un modelo de “gerencia jurídica pública” alcanza en
Colombia su momento cumbre mediante el CONPES 3250 (de octubre de 2003)
donde se definió la estrategia de defensa y el modelo de gestión a usar. Para ello, se
establecieron cinco variables:

   -   Asesoría jurídica: preparación y revisión de documentos de contenido o efecto
       legal, relativos a la administración de personal, convenios y contratos y
       emisión de conceptos para absolver consultas jurídicas.
   -   Producción normativa: preparación y revisión de proyectos de ley y actos
       administrativos; selección, compilación, sistematización, actualización y
       publicación de la información normativa, jurisprudencial y doctrinal;
       mantenimiento y actualización de sistemas de información normativos, físicos
       o informáticos; expedición de boletines y publicaciones virtuales e impresas
       para la garantía de la difusión y el acceso a información normativa,
       jurisprudencial y doctrinal.
   -   Contratación: preparación y ejecución de los procesos pre-contractuales,
       selección de contratistas, celebración, perfeccionamiento, legalización,
       ejecución, supervisión, interventoría y liquidación de contratos; mantenimiento
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             y actualización del sistema de información para diligenciar, publicitar, registrar
             y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales.
       -     Defensa judicial: representación y defensa judicial y extrajudicial y en asuntos
             administrativos; actividades de conciliación, actividades de prevención de
             daño antijurídico; valoración de pasivos contingentes; mantenimiento y
             actualización del sistema de información previsto para el registro y
             seguimiento de los procesos.

Esto sugiere que la gestión jurídica-pública debe conceptualizarse como una política
pública que requiere de ejecución, diseño, seguimiento y ante todo, determinación.
La aplicación de este modelo no constituye una reforma transversal. Más bien, se
conecta con las reformas propuestas al sistema de contratación pública y a la
racionalización normativa. La aplicación de este concepto en otras naciones ha
demostrado su efectividad y bajo este precepto Colombia le ha apostado a una
poderosa reforma para no repetir las acciones del pasado.

       II.      AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado nace en esta concepción de
introducir un nuevo régimen de responsabilidad del Estado, así como de prevenir el
daño antijurídico. Colombia por muchos años sufrió de un modelo de Gerencia
Jurídica Pública desvertebrado de gerencia jurídica-pública Hoy por hoy, la
responsabilidad surge de la acción o la omisión de las autoridades públicas y no
solamente por el servicio público.

La necesidad de generar una estrategia de prevención del daño antijurídico, así
como una comprensión estructural de la defensa jurídica del Estado que incluyera un
análisis de los costos derivados por la alta carga litigiosa contra el Estado, motivó al
actual gobierno a establecer mediante el Decreto 4085 de 2011 los objetivos y la
estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Como reza la
norma: “La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones
dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del
Estado definidas por el Gobierno nacional; la formulación, evaluación y difusión de
las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de
servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y
la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada
implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litiogiosos del
Estado” 9. Es decir, con la creación de la Agencia en 2011 se da un nuevo enfoque
al comportamiento institucional en materia de defensa de los intereses del Estado.
Pareciera, en muchas ocasiones, que el daño antijurídico y la excesiva carga litiogsa
constituyen problemas endémicos para la falta de modernización y
profesionalización de la administración estatal. Si bien es cierto que hubo algunos
esfuerzos anteriores, Colombia seguía con una defensa débil, con una incrementada
falta de participación en el debate probatorio que se genera dentro de la acción
9
    Decreto 4085 de 2011. Artículo 2. Senado de la República.
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judicial, con una ausencia generalizada de alegatos de conclusión y de recursos de
apelación y ante todo, con la inexistencia de una cultura en la administración pública
de la solución de conflictos a través de mecanismos alternos.

Estas causas de desmembramiento fueron objeto de análisis y preocupación durante
el Comité de Empalme y Transición Presidencial. El apoyo decidido del electo
presidente Juan Manuel Santos a la creación de una cultura de “buen gobierno y
buenas prácticas” -que mediante la vía gubernativa generara espacios de
prosperidad y eficiencia administrativa- aceleró el nacimiento de esta Agencia como
órgano rector de la prevención de la actividad litigiosa de la nación.

Uno de los pasos necesarios para la inserción de Colombia a la “comunidad global”
es aprender de las experiencias exitosas de otros países que han logrado hacer de
la defensa judicial estatal un norte para lograr una capacidad de respuesta más
oportuna, eficiente y efectiva como lo define Yohann Bernard10.

Aunque ahondaré en este concepto más adelante, el caso español o chileno basta
para darse cuenta de que los beneficios que puede traer una institución como la que
Colombia ha puesto en marcha donde los funcionarios públicos desempeñan labores
de asesoramiento, de ejecución y de defensa bajo la dirección de una agencia
descentralizada. Según cifras presentadas por el doctor Joaquín de Fuentes Bardají,
en España -en el año 2007- el Gobierno logró controlar casi la totalidad de pleitos
que entonces enfrentaba el Estado con una tasa de éxito del 86%. En Chile, para
citar otro ejemplo, los excelsos funcionarios han venido fortaleciendo la defensa de
los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado, arrojando un ahorro
equivalente al 97% sobre el valor total demandado,. De 149.164 millones de pesos
chilenos en cuantías demandadas, el monto ejecutoriado por condenas sólo alcanzó
los 4.471 millones de pesos chilenos.”11 Lo anterior, ilustra una vez más lo fructífero
que es un modelo de gestión jurídica- pública que introduzca más coordinación
sectorial e intersectorial.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se inscribe en las metas
establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, guía de las políticas
públicas de esta administración. Las facultades extraordinarias que el Congreso le
dio al Presidente en la Ley 1444 de 2011 “por medio de la cual se modifica la
estructura de la Administración Pública”, permitió reorganizar el antiguo Ministerio
del Interior y de Justicia, dando así un paso importante para una administración de
justicia acorde con los estándares globales. Según el parágrafo del artículo 5, se
crea la Agencia Nacional “como una Unidad Administrativa Especial, que como
entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, economía
administrativa y financiera y patrimonio propio, tendrá como objetivo la


10
   Políticas de Defensa Judicial y de Prevención de la Responsabilidad del Estado Francés. Yohann Bernard.
Bogotá D.C., 2005, p.10.
11
   Balance de Gestión Integral 2009. Consejo de Defensa del Estado. Santiago de Chile. 2009, p.6.
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de
prevención”.

La Agencia no pretende ser una fuente de burocratización del Estado, sino más bien
una medicina estratégica lo suficientemente potente para controlar las acciones,
hechos, omisiones, actos y contratos en los que se encuentra involucrado el Estado.
En Colombia, señores Académicos, existe una cultura del litigio y lo que hasta hace
poco se estaba haciendo para enfrentar esta peste era consolidar una deficiente
defensa judicial, sin recursos, sin grupos interdisciplinarios, sin abogados con
experiencia comprobada, sin conocimiento de los temas de administración y con una
proliferación de la acción de defensa.

Según un informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, basada
en los datos reportados por el Sistema de Información Litigiosa –LITIGOB- del
Ministerio de Justicia y del Derecho, el 41% de las entidades no hace planeación de
la gestión jurídica interna y externa; el 72% de las entidades no posee niveles de
servicio para todos los procesos; el 75% no cuenta con una instancia que evalúe los
conceptos generados a la luz de los parámetros de política y ejecución; el 92% de
las entidades no basa sus asesorías en estudios, investigaciones o análisis previos;
el 54% de las entidades no toma medidas preventivas: en el 40% de las entidades
no se realizan capacitaciones. En fin, esto ha resultado en 200.000 procesos en
curso con pretensiones que ascienden a más de 1.200 billones de pesos.

Esto es muy preocupante cuando se llega a la conclusión que las pretensiones
demandadas superan el Presupuesto General de la Nación que fue de 148 billones
de pesos para el año 2011, según cifra reportada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Es menester resaltar que en la actualidad no existe información
precisa sobre el estado procesal en que se encuentran las demandas contra el
Estado, los abogados que representan dichos intereses o la valoración del pasivo
contingente, entre otros. Esta situación preocupante y compleja ha llevado a la
Agencia a hacer un rastreo de los procesos más onerosos. En este proceso, se
identificaron 199.600 procesos registrados cuyas pretensiones ascienden a la suma
de $1.281 billones de pesos. Sin embargo, en 628 de estos procesos –en la mitad-
se concentran el 93% del valor total de las pretensiones y reclamaciones. Por ello, la
Agencia ha prestado especial atención a estas acciones que requieren de una
acción efectiva, urgente e imperativa.

La relevancia de una política integral de gerencia jurídica es vital para el buen
funcionamiento del Estado, para la generación y articulación de políticas públicas en
materia jurídica y la posibilidad de contar con una persona jurídica que apoye la
elaboración de propuestas instituciones, identificando sus puntos críticos y sus
tecnicismos. El reiterado fracaso de la defensa del Estado mostraba una
administración pública que se quedaba corta a la hora de evaluar los intereses
públicos en litigio. Las elevadas cifras en indemnizaciones derivadas de una defensa
precaria continuarían siendo un impedimento para la realización de otro tipo de
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


políticas. En fin, el Estado no podía continuar respondiendo tal cúmulo de demandas
sin una estrategia clara, decidida y organizada.

La Agencia pretende convertirse en un colectivo de abogados del Estado -y para el
Estado- que luche de manera articulada y combata la visión de un Estado litigante
pasivo. Además, con ella viene una posibilidad para fijar responsabilidades en los
funcionarios públicos y dejar de producir una política que en muchos casos se veía
como inmoral, ineficaz y contraria a los intereses propios del Estado. En el gráfico 1,
por ejemplo, podemos observar cómo de 2000 a 2011 el costo fiscal por sentencias
y conciliaciones creció de $200.000 millones a $810.000 millones. Ello es una
demostración explícita de las dificultades judiciales que enfrenta la administración
pública. Al mismo tiempo, la tabla 1 presenta las obligaciones contingentes como
porcentaje del PIB.

Hasta el 30 de junio de 2012 los pasivos contingentes en relación con la actividad
litigiosa ascendían a $430 billones, equivalentes al 44% de las pretensiones de las
demandas. Esta cifra va en aumento e ilustra cómo la Agencia puede ser un órgano
de sostenibilidad de las finanzas públicas en caso de que se realice una adecuada
acción de defensa.

Tabla 1. Obligaciones Contingentes como porcentaje del PIB




* Fuente: (*) Informe Trimestral de Obligaciones Contingentes , 31 Marzo de 2012
(MCHCP)

Gráfico 1. Pago de Sentencias y Conciliaciones
Fernando Carrillo Flórez                                                               Discurso de Posesión


              1,200,000
                                         TES

              1,000,000



                800,000


                600,000



                400,000


                200,000



                      -




                                                                                                                2012*
                                                                                           2009
                                                                                                  2010
                           2000
                                  2001
                                          2002
                                                 2003
                                                        2004
                                                               2005
                                                                      2006
                                                                             2007
                                                                                    2008




                                                                                                         2011
           (*) Fuente: Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal –
           DGPN y Subdirección de Financiamiento Interno - DGCPTN

Lo anterior, demuestra la necesidad de tener una estructura institucional fortalecida
con mecanismos judiciales y legislativos y dar el salto del “gobierno de la pasividad·
al “gobierno de la administración eficiente.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no puede ser analizada
solamente como una política de defensa aislada. Vale la pena aclarar que Colombia
solicitó en 2003 un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo para la
construcción y el fortalecimiento institucional y es a partir de entonces que se crea
un paquete normativo y financiero con la idea de generar indicadores de gestión, de
resultados y de flujo de procesos. Fue un avance importante pero no suficiente.

Como es de su conocimiento, señores académicos, durante la primera mitad del
siglo XX las funciones en materia de justicia fueron asumidas por el Ministerio de
Gobierno hasta que la Ley 68 de 1945, con el ánimo de unificar diferentes criterios
ordenó la creación de un Ministerio de Justicia. Un Ministerio de Justicia que tenía el
control y la vigilancia del Órgano Judicial; de los establecimientos de detención,
pena y medidas de seguridad; de la Policía Judicial y otros asuntos relacionados. En
1974, el Ministerio se reorganizó para realizar investigaciones socio-jurídicas y
criminológicas, para determinar la eficacia de la legislación vigente y también para
prestar auxilios administrativos, técnicos, científicos y económicos. Desde esa fecha,
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


se convirtió en la institución pública que formula la política de Estado en materia de
justicia y que administra y vigila los establecimientos de detención carcelaria. Fue el
Decreto 1890 de 1999 que dio una primera noción de la defensa judicial como una
de las funciones esenciales del Ministerio. Dicho decreto profesionalizó la planta de
personal y promovió mecanismos formales y alternativos de acceso a la justicia.
Quisiera hacer hincapié en que con este Decreto se empezaron a promover medidas
en materia de política criminal y se estableció al Ministerio como agente coordinador
de las relaciones entre la Rama Ejecutiva y, la Rama Judicial y los órganos de
control. Colombia, desde 1999, ha estado en sintonía con la necesidad de promover
un ejercicio armónico de la defensa judicial pero sin resultados visibles.

La Ley 790 de 2002 dispuso la fusión de los ministerios del Interior y de Justicia. Sin
embargo, en el artículo 15 de la mencionada Ley señaló que la Dirección de Defensa
Judicial del Ministerio estaría encargada “de la prevención del daño antijurídico, la
profesionalización de los servidores encargados de la defensa de los intereses
litigiosos del Estado y la recuperación de los dineros que con ocasión de las
conductas dolosas o gravemente culposas de sus funcionarios o ex funcionarios
hubiera pagado el Estado”12. Durante el período 2002-2006 la defensa jurídica fue
tratada de manera indistinta como “defensa legal del Estado”, “defensa judicial de la
Nación” o incluso como “estrategia judicial de la Nación” lo cual era una clara
ilustración de los males que la aquejaban. Por último, con el Decreto 4530 de 2009
se propuso una reestructuración del Ministerio que buscaba “[el fortalecimiento] de la
función de ente rector de la gestión jurídica pública en el Viceministerio de Justicia y
del Derecho y el fortalecimiento para el efecto del área de defensa judicial de la
Nación y de ordenamiento jurídico, para facilitar el cumplimiento de las directrices
presidenciales y programas gubernamentales relacionados con el propósito de crear
un Cuerpo Único de Defensa Jurídica del Estado Colombiano”.

Si la experiencia nacional no era la más alentadora, en el Distrito Capital se pasó a
una definición integral de la defensa jurídica. Durante las administraciones de
Enrique Peñalosa y de Antanas Mockus se adelantó un fortalecimiento y ampliación
de la prevención del daño antijurídico que comenzó con la actualización de los
conocimientos de los abogados del Distrito, así como la promoción del uso de los
mecanismos alternos de solución de conflictos. Se definió la implementación de un
modelo de “gestión jurídica-pública” que buscó la generación de lineamientos
unificados, el replanteamiento de las estructuras y la definición de nuevas
estrategias para lograr relegitimar la función del Distrito en esta materia. Tal y como
lo define Helena Alviar, se pasó de una justicia reactiva a una proactiva que empezó
a corregir los errores del pasado. Ello se ilustra en el Gráfico 2:




12
     Ley 790 de 2002.
Fernando Carrillo Flórez                                      Discurso de Posesión




           • Corto plazo
           • Centrada en el
             litigio                    • Largo plazo
           • Dispersa segun             • Centrada en conceptos e
             demanda                      investigaciones
           • Personal no                • Centrada en temas
             cualificado                  "estructurales" o
           • "Curativa"                   "Transversales"
           • Vulnerable a               • Personal cualificado y
                      Reactiva
             corrupción y                 comprometido
             cooptación                 • "Preventiva"
                                        • Resistente a corrupcion
                                          y cooptación           Proactiva

Fuente: Helena Alviar, et al, Op Cit.

El diagnóstico hecho por el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y la
preocupación manifestada en los documentos CONPES 3248 de 2003 y 3250 de
2003 sobre la pobre defensa judicial a nivel nacional, llevó al Gobierno a reformular
la estrategia, encaminando los esfuerzos en cuatro frentes: 1) El diseño e
implementación del sistema de recaudo de información para la defensa judicial del
Estado y la valoración de pasivos contingentes; 2) El diseño de modelos de gestión
para las áreas de apoyo jurídico de las entidades del sector nacional; 3) El diseño de
planes de capacitación y 4) La formulación de propuestas normativas para la
sostenibilidad institucional del Programa de Defensa Judicial del Estado. De este
modo, podríamos decir que la función de la Agencia en cuanto a la realización de
una “gestión jurídica-pública” fue de manera incremental.

La adopción de una Agencia Nacional de Defensa Jurídica como parte del Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” responde a la
importancia que el Gobierno le ha venido dando a este tema y a la necesidad de
prevenir a toda costa el daño antijurídico. Esta labor titánica sería imposible sin la
creación de una Abogacía General del Estado resistente a la corrupción, compuesta
por un personal que cumpla los modelos de competencias y profesionalismo que se
requieren. Asimismo, para la evaluación de los pasivos contingentes se ha
propuesto (i) el levantamiento de mapas de riesgo que identifiquen posibles
debilidades en la defensa, ámbitos de conciliación necesaria y tipos de procesos; (ii)
entidades en las que se concentran las mayores cuantías, la identificación de puntos
críticos en la gestión de los documentos que pueden llegar a ser tenidos como
pruebas en el proceso o las copias de los expedientes que tienen en su poder las
diferentes entidades (expedientes de las entidades en liquidación); y (iii) los riesgos
principales a los que se enfrenta el Estado en la gestión de sus intereses jurídicos.

La Agencia cuenta con un Consejo Directivo compuesto por el Ministro de Justicia y
del Derecho -quien lo preside-, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro
de Relaciones Exteriores, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Secretario
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


Jurídico de la Presidencia de la República y dos asesores externos que son parte de
la planta de personal de la Agencia. De la misma manera, el Artículo 8 del Decreto
4085 de 2011 establece un Consejo Asesor de ilustres juristas, con reconocida
experiencia nacional e internacional.

Para ello, en la etapa de consolidación de la Agencia, se escogieron jurisconsultos
de la talla de Jorge Pinzón Sánchez, Liliana Caballero, Hernán Fabio López, Carlos
Esteban Jaramillo y Eurípides de Jesús Cuevas. El Consejo Asesor es una muestra
del pluralismo jurídico que predomina en la Agencia y de la intención de establecer
una instancia de recomendación y formulación de políticas. Siguiendo los
lineamientos del modelo de gestión jurídica- pública, se estableció una Dirección de
Defensa Jurídica, una Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica y
otra de Gestión de Información. En su estructura se puede evidenciar el interés de
hacer de este nuevo organismo una instancia articulada de análisis, inspección,
evaluación, conciliación y prevención. Según lo establecido en el Decreto 4085 el
Director General tendrá que hacer una presentación anual al Consejo de Ministros
de los avances de la Agencia.

En sus cinco meses de existencia, la Agencia ha desarrollado de manera
permanente mesas temáticas interinstitucionales, relaciones de cooperación, el
inventario de los litigios más onerosos y la definición de estrategias de prevención
del daño antijurídico. De la misma manera, ha establecido su alcance mediante
directiva presidencial para participar en la formulación de estrategias, cooperación y
asesoría en los procesos adelantados ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, los comités de Naciones Unidas en Derechos Humanos y la Corte
Internacional de Justicia.

El alto número de demandas laborales nos llevó, por ejemplo, a diseñar una política
de defensa comprensiva en esta materia en donde ha prevalecido la utilización de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación. En este
último punto, cabe destacar la negociación iniciada hace unas semanas con 68 mil
oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y de Policía que significará un gran ahorro
para las arcas del Estado. De igual manera, la Agencia ha reafirmado su
compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos propiciando un
encuentro de alto nivel el pasado 22 de agosto donde Colombia una vez más
clarificó su posición sobre este particular.

Estos son apenas dos ejemplos del marco de acción de la Agencia y constituyen, a
mi modo de ver, una voz de aliento para seguirle apostando a esta institución que
busca darle un vuelco a la aproximación del Estado en materia judicial. De puro
breve, podríamos decir que con la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado se avanza hacia un Gobierno de la prosperidad con instituciones jurídicas
globales que no se circunscriben ciegamente a lo local sino que miran los casos
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


exitosos para formular una política de sostenibilidad política, administrativa, fiscal y
jurídica.


   III.   LA FUNCIÓN DEL ABOGADO DEL ESTADO

Con el propósito decidido de fortalecer la defensa jurídica del Estado, la nueva
Agencia ha empezado a configurarse, trabajando en varios frentes para impulsar su
organización institucional; la formulación de políticas y estrategias; el apoyo a los
operadores jurídicos; la gestión del conocimiento; el control técnico de los servicios
jurídicos de las entidades públicas; la contratación; la auditoría; las relaciones
interinstitucionales, así como el establecimiento de la base fundamental, que son sus
funcionarios profesionales. La gestión estratégica apoyada por la información
tecnificada de los casos, orientada a precisar los enfoques de prevención,
conciliación, defensa y reparación, fortalecerá la conciencia, el conocimiento y la
acción de los operadores. En ella es capital la coordinación de la Agencia, con las
entidades de la administración, sus representantes legales y sus oficinas jurídicas,
con los abogados y con las partes involucradas en la interacción público-privada.

Implícitamente, entre los compromisos de los jefes y los colaboradores de los
diversos sectores de la administración pública, se encuentra -consustancial con su
misión en modo especialísimo- la obligación de cuidar escrupulosamente de no
causarle daño a nadie. Los gerentes, con su disposición ética y sus medios de
control interno, con su sentido del equilibrio en el cumplimiento de su función, deben
atender a este, como a los otros dos complementarios preceptos de la justicia, que
bien recogió de la ley natural y consignó en el Digesto el jurisconsulto Domicio
Ulpiano: Honeste Vivere, Neminem Laedere, Suum cuique tribuere. Lema este, de
nuestra Academia Colombiana de Jurisprudencia.

La Agencia promueve la concienciación y la institucionalización de la gerencia
jurídica, tanto en las mismas oficinas jurídicas de las entidades administrativas,
como en un colectivo de abogados que se irá fortaleciendo -corazón de la conciencia
jurídica nacional- para prevenir el daño antijurídico, extracontractual y contractual,
diagnosticarlo si ha ocurrido, acudir a soluciones alternativas al litigio, representar
ante el juez y el tribunal las razones de justicia que asisten a la administración, y
llevar la controversia a punto final.

Este colectivo ideal de abogados al servicio de los intereses estatales, que son los
mismos intereses de la sociedad en su conjunto, tiene base de sustentación
tripartita: 1. Los abogados funcionarios de cada entidad u organismo administrativo;
2. Los abogados funcionarios de la Agencia; 3. Los abogados profesionales
independientes que, por las circunstancias extraordinarias y las especiales
exigencias del caso, son llamados -sea en el país, sea en el exterior- como
coadyuvantes en asuntos y litigios excepcionales.
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


Por una parte, en función asesora, ellos aportan a la administración pública y a sus
diversas entidades el consejo técnico requerido sobre el derecho público y el
derecho privado, nacional, extranjero e internacional, que contribuye al sustento y
desenvolvimiento del buen gobierno; de otra parte, en función contenciosa, ellos
asumen la representación ante la contraparte, la tutela en tratativas o negociaciones
de conciliación, la intervención en el arbitramento y, en fin, la acción litigiosa en el
juicio. Así lo hacen hasta alcanzar el finiquito de la controversia perturbadora, que no
debió presentarse, pero que -ya surgida- así se soluciona en justicia, bien
demostrando la corrección y la legalidad de la actuación administrativa y, por tanto,
la no viabilidad del reclamo equivocado, o bien reconociendo la falla administrativa y,
por consiguiente, restableciendo al particular en su derecho lesionado. Y ante
desconocimientos, perturbaciones, obstáculos, ataques, conculcaciones o francas
violaciones de los sagrados derechos y fueros del Estado, estos abogados
reaccionan para reclamarlos, asimismo por los medios alternativos o directamente
con plena razón y potencia mediante la acción determinada interpuesta ante el
tribunal.

En la función asesora de la defensa jurídica -que parte de la correcta ubicación
dentro de la amplia red de normas-, con que la legalidad garantiza los derechos de
los particulares y los derechos del Estado y sus administraciones, se obtiene la
oportuna información sobre las correctas vías y las formas correspondientes a la
acción administrativa enérgica y eficiente, cumplidora del deber, pero respetuosa en
el acatamiento de los derechos humanos y sociales, dentro del cauce formado por la
Constitución, la ley, el reglamento y el acto administrativo. No a las vías de hecho,
negación a la injusticia, proscripción a la ilegalidad; sí a la dinámica proactiva,
estratégica, responsable, eficaz y eficiente del que puede decirse buen
administrador, del que –desde el buen gobierno- lleva soluciones, beneficios
sociales, realizaciones de prosperidad y paz al pueblo.

La gerencia jurídica, que combina los avances de la ciencia del derecho con los
progresos de la ciencia administrativa y con los desarrollos de las nuevas
tecnologías, pondrá a las entidades oficiales, cada vez más, en capacidad de
atender a los servicios públicos que les han sido perentoriamente encomendados
para contribuir al “mejor estar”, día por día, de las personas en la vida de la
comunidad. Con realización de estudios e investigaciones, dicha gerencia contribuye
a la formulación de políticas, a la producción normativa, a la planeación de la
gestión, a la capacitación de los gestores para el logro de los fines públicos, a la
ejecución, con el indispensable seguimiento, auditoría y control, que reduce los
riesgos patrimoniales para el Estado.

En la función contenciosa de la defensa jurídica se proporciona determinación de
criterios, evaluación de casos, exposición de situaciones, preparación de estrategias
y actuación en el litigio, con efectividad de la defensa jurídica ante los tribunales
nacionales e internacionales, en el proceso civil y comercial, administrativo y
constitucional, extranjero e internacional, así como el penal, con la constitución de
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


parte civil, responsable o afectada. El abogado del Estado señala aquí el fumus iuris,
la perspectiva de un eventual litigio, sea para tratar de obtener la solución
extrajudicial o sea para ir con resolución y adecuado apercibimiento al juicio.

Se incluyen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de
autocomposición, donde acceden los involucrados a decir su propia solución, o de
heterocomposición, donde confían a terceros idóneos una decisión en derecho y
equidad. Aquí, el momento de la transacción, la conciliación y la mediación; o de la
amigable composición, el arbitraje, o ya el paso a la administración de justicia.

La defensa del Estado en el proceso, compelida por la vocatio in ius que le hace
quien siente vulnerado y reclama su derecho, encuentra en el apoderado del Estado
a un conocedor del derecho sustancial y experto en la conducción de los litigios que
lo capacitan plenamente para ejercer el ius postulandi, que posee por cumplir los
requisitos, en derecho sustancial, procesal y probatorio, de quien va a realizar la
actuación en nombre de los intereses públicos. Atiende a la demanda, notificándose
de los actos judiciales, proponiendo las excepciones y respondiendo puntualmente a
las pretensiones, mostrando los antecedentes, estudios, evaluaciones, con los
respectivos apoyos de la ley, para aportar rigurosamente cada unas las pruebas que
generarán la sentencia favorable. En cuanto a la disposición de la litis y del derecho
controvertido, la Agencia será instancia de autorización de las entidades y de los
abogados.

Caso especial lo constituye la representación y defensa de los empleados,
funcionarios administrativos que han podido incurrir de buena fe en equivocaciones
causantes del daño antijurídico. La defensa del Estado, que es la defensa de la
sociedad, no podría, en justicia y reciprocidad, abandonar o desatender a quien se
ha entregado, en ser y quehacer, al servicio público, y que puede verse llamado a
juicio. Magnífica función, ésta del abogado del Estado, imprescindible desde la
decisión y la gestión de la litis, sea el Estado actor o demandado, asumiendo el
mandato ex lege, hasta el éxito y buen fin del proceso.

- Perfil del abogado del Estado

El abogado del Estado es un jurista profesional, notablemente distinguido por su
amplio conocimiento de la sociedad y del derecho que la regula, experto en la
práctica procesal, con agudeza de análisis, capacidad de estudio, dedicación al
trabajo y sentido de lo justo. Vir bonus, dicendi peritus, hombre honrado, autorizado
en humanidad, con vocación de servicio público, porque lo anima el altruismo y se
propone ser benefactor de sus congéneres.

Los juristas que asumen la misión de defender los derechos e intereses del Estado,
como asesores letrados de las administraciones, como previsores de buen gobierno,
como conciliadores y, en fin, como apoderados en el litigio, se califican en grado
excelso por sus cualidades personales y profesionales. El defensor jurídico del
Estado es abogado graduado, por conocedor de ambos derechos público y privado,
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


especialista en responsabilidad civil y derecho procesal, con fundamentos en
derecho administrativo no menos que en administración pública.

En un mundo plurinacional cada vez más globalizado, el abogado del Estado no
podría sustraerse al conocimiento de las coordenadas culturales y jurídicas de los
otros países. Igualmente, ya no se podría excusar el conocimiento indispensable de
los derechos y sistemas legales extranjeros, para tener referencias valederas en las
relaciones con el exterior y la perspectiva de los tribunales extranjeros e
internacionales.

Quintiliano, en su Institutio oratoria, propone un orador, muy hábil en el decir, pero
sobre todo dotado de alto sentido moral, que preste sus servicios a la comunidad. El
abogado del Estado, ha de ser no solamente muy hábil en códigos y leyes, sino que
debe vivir un código ético ajustado a exigentes expectativas de la persona y de la
sociedad. Por sus cualidades, habilidades, sensatez y resolución para la acción, el
abogado del Estado tiene el espíritu y la destreza del legislador, del administrador y
del magistrado. Giuseppe Mantellini, precursor de los abogados del Estado en Italia,
consejero, legislador, funcionario, cuyo nombre está ligado especialmente a su libro
en tres volúmenes El Estado y el Código civil, publicado de 1880 a 1882, legó con su
ejemplo y con su palabra un código de ética para el abogado del Estado, al
señalarle: trabajar, analizar, conciliar, exigir; “ser antes jueces que abogados”:

      « “Laboremus”: no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. No
       endulzar nunca el oído, sino como Bártolo, que consultado en la tarde
       respondía al día siguiente.
      Estudiar más las pandectas por las razones que por las curiosidades.
      Emplear el derecho romano como instrumento de precisión.
      Siempre la cuestión por la cuestión, y solo por la cuestión: “nullius gratia aut
       auctoritate”.
      Al tratar los asuntos del erario (que son los asuntos de los contribuyentes) ser
       antes jueces que abogados.
      Conciliadores siempre entre el Estado y los municipios que son parte del
       Estado.
      “Fortiter in re, suaviter in modis”: tenacidad de propósito y buenas maneras.
      Sin obstinarse: “bonis aliquando placebat, sed in contrarium me vocat Sabini
       sententia”. Los ojos puestos siempre en Papiniano, es decir: honestidad,
       modestia, mesura, piedad, equidad adoctrinada por los precedentes, y
       firmeza. »

El decálogo del abogado del Estado indica ante todo tutelar el interés público
general con la realización del ordenamiento jurídico; aplicar la norma con valoración
racional y equidad, ánimo conciliador, objetividad, verdad probada y decisión
fundamentada en el derecho; actuar propulsado por la diligencia y la tenacidad
requeridas en la causa. El abogado del Estado es independiente en su criterio,
fundamentado en el profesionalismo del sabio y experto, y guiado por la deontología
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


forense. El defensor jurídico del Estado desempeña la misión encomendada con
dignidad y eficiencia, con honestidad y eficacia.

Actividad inteligente, desempeño competente, dedicación generosa, en el servicio al
Estado, muestran al procurador que cree en las instituciones democráticas al
servicio de las gentes, al apoderado que no claudica la causa sino que logra el
resultado triunfante -logrado con su abogacía y su humanidad-. La defensa jurídica,
en la asesoría y en el contencioso, tiene el espíritu, es decir, la convicción, los
valores y la entrega de las mujeres y hombres juristas de alta preparación puestos al
servicio de la república.

Estos criterios han guiado a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para integrar
su Consejo Asesor. Al pronunciar los nombres de los juristas que lo constituyen, el
país recibe el fortalecimiento de sentir la conducción de sus más altos intereses
puestos en óptimas mentes, corazones y manos. Cinco juristas, Liliana Caballero,
Carlos Esteban Jaramillo, Hernán Fabio López, Eurípides Cuevas y Jorge Pinzón
Sánchez, han iniciado ya la magna labor de trazar las líneas maestras de principios,
doctrinas y acciones, para los abogados que han de velar por la legalidad, así ante
la administración como ante la jurisdicción.

- Selección de los abogados defensores del Estado

Los Abogados funcionarios de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, los
abogados funcionarios de las entidades administrativas y los abogados de oficinas
particulares, para poder ser nombrados y contratados como defensores del Estado,
han de acreditar plenamente sus calificaciones y su experiencia, su solvencia
personal y profesional, así como la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades. Además de exhibir los títulos universitarios, de abogado, de
magíster y de doctor, de presentar las publicaciones de ensayos y tratados que han
realizado, y de certificar la experiencia precedente, los candidatos se someten a las
pruebas de idoneidad y selección objetiva que organiza la Agencia, fundadas en
ejercicios teóricos, de derecho privado y de derecho público, y en ejercicios
prácticos.

Para los abogados del Estado, según el mandato de la formación permanente, se
diseñan cursos de actualización, de capacitación y profundización; se crean
espacios de intercambio académico y profesional; se establecen canales de difusión
del conocimiento. El obrero merece su salario, nos señalan la Escritura y el derecho
laboral, y la remuneración de los abogados del Estado debe corresponder a tan
necesario servicio cumplido con todas las exigencias, y ha de estimular a quien
dedica su vida a la función de hacer el bien público. Por una parte, los esfuerzos
presupuestales; por otra, los sistemas de acuerdo, como la quota litis, en procesos
costosos, dilatados y riesgosos, han de ser considerados con justicia y equidad.

Jim Goold, defensor de España en el extranjero, que entre otras ha realizado la
defensa del patrimonio que constituyen los buques hundidos, como el caso de
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


España contra Viriginia y otros estados costeros de los Estados Unidos, ha afirmado
lo siguiente: “Creo que los Estados Unidos y bastantes otros países ganarían
bastante si tuviesen alguna institución similar a los Abogados del Estado españoles”
(revista Abogados del Estado, de la Asociación de Abogados del Estado de España,
pág. 34). Y en la misma España, un sector de los abogados del Estado ha avanzado
en la propuesta de reorganizar la entidad de la Abogacía del Estado con el esquema
de una Agencia. Basados en esas experiencias, Colombia hoy le apuesta a una
Agencia de la defensa pero también de las buenas prácticas.

   IV.    DEFENSA JURÍDICA EN DERECHO COMPARADO

Como en las ciencias naturales, y en las humanas y sociales en general, el método
comparatista en la jurisprudencia o ciencia del derecho permite -al poner de
presente tanto las similitudes como las divergencias en las búsquedas, perplejidades
y soluciones, de algún modo parciales y transitorias, que para el ordenamiento social
y estatal han ideado los diversos pueblos- comprobar que las instituciones jurídicas
presentan analogías, que acercan los diversos sistemas, y tienen también
diferencias características, no desdeñables ni sencillamente amalgamables.

Sin mirar la historia propia se corre el riesgo de repetir invenciones ya de tiempo
realizadas por nuestros antecesores; sin mirar el camino que recorren los otros
países se perdería la oportunidad de un enriquecimiento mutuo. Reconociendo los
antecedentes de la defensa jurídica estatal en el ordenamiento interno, conviene
siempre justipreciar los avances de los otros ordenamientos.

Señalado ejemplo de esta labor comparativa son las actas del Convegno Giuridico
Internazionale delle Istituzioni di assistenza e difesa legale delle Amministrazioni
dello Stato, celebrado en Roma entre el 10 y el 14 de mayo de 1976, publicadas en
1978. El soberano, igual que el ciudadano corriente, desenvuelve su actividad
simultáneamente en la esfera pública y en la esfera privada. Y en ambas, en pos de
la subsistencia y la justicia del intercambio, ha de adquirir y mantener sus propios
bienes, de cuidar de sus propios intereses.

En la antigua Roma, en tiempos del imperio, se presenta el aerarium, conjunto de
bienes públicos, y el fiscus, patrimonio privado del emperador, para proteger y por
medio del cual se organizan los patrones del fisco, o fiscales, bien en la categoría de
funcionarios asalariados, bien en el modo de representantes contratados para
causas determinadas, encargados ambos de la representación y defensa del fisco,
como procuradores del César, oficio que en la época justinianea se confía a los
advocatus fisci, seleccionados entre los miembros del colegio de abogados.

La necesidad de que el Estado deba organizar un adecuado sistema de defensa en
juicio deriva de su concepción como un Estado de Derecho, es decir, su mandato
constitucional de someterse a la ley y a la jurisdicción, en pie de igualdad con los
ciudadanos, las personas naturales, las personas jurídicas, las entidades privadas y
públicas, que se vean afectadas por la actuación de los órganos de gobierno. Ambos
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


sistemas, del derecho común anglosajón y del derecho civil continental europeo,
ciertamente organizan métodos de defensa de los intereses del fisco.

Una mirada panorámica del modo de organización y trabajo en los Estados Unidos y
en Austria, por una parte, y en Italia y España, por otra, permitirá recopilar elementos
institucionales y operacionales para observar también los países de América Latina,
tomando en concreto los ordenamientos de Chile y de Brasil. Con ello, se resaltará
la situación colombiana, los intentos y avances, y se podrá vislumbrar el camino que
se empieza a trazar y que habrá de consolidarse, para que Colombia tenga cada vez
una mejor defensa jurídica y judicial de la institucionalidad, que en últimas permita el
adecuado funcionamiento del Estado, en pro de su justificación, que son los
derechos humanos, sociales, económicos y culturales de todos los asociados.

Finalmente, como producto, más allá de comparaciones académicas, se señala la
importancia de la comunicación entre entidades análogas de los varios países, de
exposición de sus respectivas normas y organizaciones, del intercambio de
experiencias, de canje de publicaciones y de charlas y conferencias entre los
funcionarios y operadores. Atención de buen augurio merece la relativamente
reciente instauración del Sistema Iberoamericano de Defensa de los Intereses el
Estado.

ESTADOS UNIDOS

En países del common law, el procurador general, attorney general, es el principal
asesor legal del gobierno, y puede tener incluso responsabilidades de ejecución de
la ley federal y persecución del crimen, actuando como investigador y acusador ante
los tribunales. Su cargo tiene la jerarquía de una secretaría de Estado o ministerio.
Pero también es un procurador general designado para representar al Estado,
aunque sea para un caso particular o con poder especial.

La Office of the United States Attorney, Procurador de los Estados Unidos, se crea
mediante el Judiciary Act de 1789, junto con el la Office of the Attorney General,
Procurador General. Dicha ley prevé el nombramiento en cada distrito judicial de
una “persona experta en derecho para actuar como el procurador general de los
Estados Unidos ... cuya deber será perseguir en cada distrito todos los delincuentes
por crímenes previstos bajo la autoridad de los Estados Unidos, y todas las
acciones civiles en las cuales los Estados se vean implicados”. Con la creación del
Departamento de Justicia, en 1870, los procuradores pasaron a depender de esa
dirección. El Procurador de los Estados Unidos es al mismo tiempo el representante
y el Jefe de la Oficina del Procurador para el Distrito. Esta oficina es la principal
investigadora de casos criminales y representa a los Estados Unidos en casos
civiles, sea como defensor o como acusador.

Sin embargo, estos procuradores no son los únicos que pueden representar a los
Estados Unidos ante los tribunales; en ciertos casos, denominados qui tam, “el que
tanto” presenta el caso para el Estado como para sí, es decir, puede tratarse de la
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


demanda de un particular por malos manejos de los bienes públicos, sea por
funcionarios o sea por contratistas, en donde puede ser nombrado un procurador
especial para coadyuvar al denunciante -quien recibirá una recompensa por su
acción- y también con el propósito de vigilar la veracidad y la corrección de la
demanda. Por este sistema, a la vez que han surgido oficinas de denunciantes y de
abogados particulares, han prosperado ingentes recuperaciones de dineros públicos
que estaban en peligro. El sistema qui tam es, por cierto aspecto, análogo al de los
“bienes ocultos” en Colombia, en cuanto que el gobierno no tenía conocimiento de
unos bienes y dineros estatales que se le denuncian, pero que asimismo podría
extenderse a la persecución de la corrupción de los crímenes contra el erario, con la
colaboración de denunciantes particulares.

El Procurador General, como Jefe del Departamento de Justicia, también tiene la
función de asesoría jurídica, que presta tanto al Presidente de los Estados Unidos
como a los miembros de su gabinete y a los jefes de los departamentos ejecutivos y
agencias del Gobierno. Los asesoran con respecto a la Constitución y a las leyes
que regulan cada sector, y a la función de supervisión de las actuaciones de los
abogados de los Estados Unidos y de los alguaciles de los distintos distritos
judiciales.

El Procurador General, en su función de representar a los Estados Unidos en los
asuntos legales y actuar ante la Corte Suprema, cuenta con la asistencia del
Solicitor General en la defensa judicial ante la Corte y en la defensa de la
constitucionalidad de las leyes ante el Congreso; también cuenta con el Assistant
Attorney General, a cargo de los litigios civiles y marítimos; con los Abogados de los
Estados Unidos que representan al gobierno federal en las cortes de distrito y en las
cortes de apelaciones y que además forman parte del ejecutivo, los nombra el
presidente con el beneplácito del Senado y para casos especiales se les pueden
nombrar abogados asistentes de oficinas particulares- Finalmente, el Legal Counsel,
comité asesor compuesto por 15 miembros representantes de las diversas regiones,
que asiste al Procurador General en su función de consejero legal del Presidente y
de los departamentos y agencias ejecutivas.

AUSTRIA

La “Finanzprokuratur”, es en Austria una dependencia del Ministerio Federal de
Finanzas, dedicada a la promoción y vigilancia de la correcta administración y la
defensa de los bienes federales. Representa a la República, cuando es demandada
en los tribunales, y en los consejos jurídicos, y no se limita a las finanzas, como su
nombre indicaría, sino que se refiere a todos los asuntos jurídicos de la Federación.
Cuenta con cerca de cincuenta juristas, cuyas funciones se establecen en la
Finanzprokuraturgesetz, Ley de la Procuraduría Financiera, de 1945, actualizada en
2008.

Sus raíces se remontan al siglo XIII, al Sacro Imperio Romano Germánico, que
estableció la Cámara de la Procuraduría o Fiscalía, para proteger los derechos del
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


Emperador ante los países regionales (Länder). La forma actual se origina en 1539,
cuando fue reformada después de la era napoleónica, y otra vez luego de la
revolución de 1848. Con la expedición del Código Civil en 1898, fue reorganizada.
Durante la Primera Guerra Mundial se suprimieron las regionales de los Landes,
quedando solo la de Viena, que a su vez fue disuelta en el proceso de unión con
Alemania, en 1939, para renacer luego con la República, en 1945.

ITALIA

Por medio de motu proprio del 27 de mayo de 1777, el granduque Leopoldo de
Toscana instituyó la magistratura dell’Abogado Regio para “la defensa del las causas
relativas al fisco, las regalías y nuestro patrimonio ... las cuales queremos que sean
tratadas y defendidas con leal espíritu de verdad y de justicia y que el interés del
Fisco no prevalga nunca sobre la razón de los particulares”.

Realizada la unidad del país en el siglo XIX, sobre el modelo de la Abogacía regia del
Granducado de Toscana se concibió la Abogacía Erarial Italiana. Dos textos
legislativos fundamentales rigen la configuración de la Abogacía del Estado: el Real
Decreto 1611, del 30 de noviembre de 1933, y la Ley 103 del 3 de abril de 1979,
según la configuración republicana, que a se propone la justicia dentro de la
democracia.

La Abogacía se compone del Abogado General del Estado, ocho viceabogados
generales del Estado, el Secretario General, el Consejo de los Abogados y
Procuradores del Estado, el Comité Consultivo, el Consejo de Administración,
Abogados Distritales, los abogados y los procuradores del Estado, cuya nómina
comprende 370 puestos para tratar asuntos consultivos y contenciosos, y a cuya
carrera se accede exclusivamente por concurso público y se asciende por mérito y
antigüedad, según escalafón dividido en cuatro niveles: Procurador del Estado (con
cuatro grados); Abogado del Estado (con cuatro grados); Abogado General del
Estado Adjunto y Abogado General del Estado. Respectivamente, se homologan a
los grados de los magistrados del orden judicial. Al lado de ellos está el equipo del
personal administrativo. La Abogacía depende inicialmente del Ministro Secretario
de Estado; actualmente, del Presidente del Consejo de Ministros.

Tiene una estructura central, la Abogacía General con sede en Roma, y 25
abogacías distritales, en las capitales de Región o donde haya una corte de
apelación. El sistema de los abogados funcionarios especializados presenta los
caracteres de la unidad y coordinación en la defensa de los intereses estatales,
visión de conjunto de la función administrativa, integración de la actividad consultiva
y contenciosa, reducción de costos de asistencia legal. Como funciones de
protección de los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado, le
corresponden la asesoría jurídica y la defensa de la administración en los negocios
civiles, penales, administrativos, arbitrales, comunitarios e internacionales. Por
decreto especial, se pueden admitir a la tutela de la Abogacía otros entes no
estatales, pero en los que el Estado subvenciona y vigila, o entidades del servicio en
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


el exterior. También puede asumir la defensa de los funcionarios llamados a juicio,
civil o penal, por hechos y causas del servicio. La función consultiva se desarrolla no
solo en interés de la entidad que la requiere, solucionando cuestiones técnico-
jurídicas e interpretativas, o con proyectos de normas, reglamentos, decretos o
leyes, sino también con la finalidad de garantizar la legalidad general de la actividad
administrativa.

La ley le asegura a la Abogacía su autonomía e independencia con respecto a los
entes administrativos, con los que interactúa directamente, solicitándoles y
suministrándoles información sobre sus funciones. La opinión de la Abogacía en
general es solicitada y facultativa, se expresa a iniciativa o solicitud de la
administración y en casos excepcionales es obligatoria. Puede ser alternativa a la
función consultiva del Consejo de Estado o también concurrente con ella. La
Abogacía del Estado edita una revista trimestral llamada Rassegna Avvocatura,
donde publica artículos de doctrina, reseñas, conceptos, normas y sentencias. El
Primer Abogado General del Estado fue Giuseppe Mantellini, quien dejó el
“Decálogo para los abogados del Estado”. Ahora, la Abogacía, orientada por Ignacio
Caramazza, se enfrenta a los nuevos desafíos de la tecnología y la globalización,
concretamente con la nueva realidad de la Unión Europea.

ESPAÑA

La Abogacía del Estado nace con el Real Decreto del 10 de marzo de 1881, por el
que se crea la Dirección General de lo Contencioso, y hoy se rige por el Real
Decreto 997 del 25 de julio de 2003 -por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado- y el Real Decreto 247 del 5 de marzo 2010 -por el que
se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado-. La Ley 52 del 27 de
noviembre de 1997 dispone sobre la Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones
Públicas,

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado coordina
el servicio de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, a los que
presta asesoramiento, representación y defensa en juicio ante tribunales nacionales
e internacionales. Realiza trabajos de investigación, estudio y difusión de asuntos
jurídicos, así como actividades de formación de los funcionarios del Servicio Jurídico
del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos y el Instituto
Nacional de Administración Pública.

La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia y se divide en
subdirecciones de Servicios Consultivos y de Servicios Contenciosos; Asuntos de la
Unión Europea e Internacionales; Coordinación, Auditoría y Gestión del
Conocimiento; y Constitucional y Derechos Humanos. Además, la Secretaría
General. El Estado tiene más de 600 letrados (334 funcionarios de la entidad; 300
contratados del sector privado), que se agrupan en la Asociación de Abogados del
Estado.
Fernando Carrillo Flórez                             Discurso de Posesión


Entre las Actividades, se organizan las Jornadas de la Abogacía General del Estado,
dedicadas a estudios sobre algún tema de especial interés, como la que se dedicó
en 2006 a “La Abogacía del Estado para una Administración del siglo XXI”. Entre las
publicaciones, figuran Anales y Dictámenes, Memorias, Boletines de Derecho de la
Unión Europea, entre otras coordinadas con casas editoriales, con manuales y
monografías, como el importante Manual de responsabilidad pública, editado en
2004 y 2010, que alerta sobre las obligaciones y graves responsabilidades que
incumben a quienes tienen potestades administrativas.

El doctor Joaquín de Fuentes Bardají, que desempeñó el cargo de 2004 a 2012, ha
sido reemplazado este año por Marta Silva de Lapuerta, Abogada General del
Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, quien, -al iniciar su gestión-
postula lo siguiente en entrevista concedida a Abogados del Estado, Revista de la
Asociación de Abogados del Estado:

“Mi primer objetivo es que los Abogados del Estado asesoren en derecho en todas
las decisiones, en proyectos de disposiciones legales o reglamentarias, y que sean
pieza fundamental para superar con éxito estos difíciles momentos que vive España.
Es importante que quienes están al frente de la administración general del Estado
(departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias, sociedades
estatales, etc.) conozcan y tengan interlocución directa e inmediata con el Abogado
del Estado en materia consultiva. Por otra parte es también esencial que los
Abogados del Estado ante los tribunales se relacionen directamente con su cliente,
transmitiéndose recíprocamente la información que se requiera para llevar a buen
puerto un litigio y por supuesto profundizar en la necesaria interrelación entre la
Abogacía del Estado contenciosa y consultiva. También es trascendental seguir
avanzando en la gestión del conocimiento de la Abogacía del Estado”.

CHILE

En la República de Chile, para la defensa de los intereses públicos, funciona el
Consejo de Defensa del Estado, cuyos orígenes se remontan al proyecto de ley
presentado por el Director del Tesoro, en 1895, y al Decreto Supremo 2.629, del 21
de diciembre de ese año (1895), mediante el cual se organiza la defensa fiscal ante
tribunales con la creación del Consejo de Defensa Fiscal, confirmado por el Decreto
Ley 638 del 25 de octubre de 1925 del Presidente Arturo Alessandri Palma. En 1958,
se reorganiza el Consejo Fiscal como Consejo de Defensa del Estado, CDE,
mediante el Decreto Supremo 3.560, que expide el Reglamento Orgánico; en 1960
el Decreto con Fuerza de Ley 238 emana la Ley Orgánica, y en 1963 el Decreto con
Fuerza de Ley 1 dicta el Estatuto Orgánico. En 1979 la Junta de Gobierno dicta, por
el Decreto Ley 2.573, la nueva Ley Orgánica del Consejo, modificada a su vez por la
Ley 18.232 de 1983. En 1993, la Ley 19.202 y el Decreto con Fuerza de Ley 1 de
Hacienda actualizan la Ley Orgánica.

El Consejo se compone de 12 abogados, nombrados por el Presidente de la
República, abogados con al menos 15 años de experiencia, con duración indefinida,
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


hasta la edad de 75 años. Sesiona con la asistencia mínima de siete de ellos y toma
sus decisiones por mayoría de asistentes; en casos especiales por mayoría de
miembros. Puede delegar sus atribuciones en el Presidente o en uno de sus
integrantes. El Presidente del Consejo es designado por el Presidente de la
República, entre el grupo de consejeros, para un período de tres años, renovables.
Le corresponde la representación judicial del Fisco en todos los procesos que se
ventilan ante los tribunales, de todas las ramas del derecho; lleva la representación
judicial del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de las
instituciones o servicios descentralizados territorial o funcionalmente y de las
sociedades y corporaciones de derecho privado del Estado. Se le prohíbe al
Presidente del Consejo de Defensa del Estado ejercer la profesión de abogado en
defensa de particulares.

La División de Defensa Estatal ejerce las funciones en el nivel nacional. En cada
sede y jurisdicción de una corte de apelaciones hay un Abogado Procurador Fiscal,
designado por el Presidente del Consejo. Dichos abogados procuradores fiscales,
dentro de sus respectivos territorios, representan judicialmente al Fisco, al Estado, a
las municipalidades, a los servicios de la administración descentralizada del Estado
y a las entidades privadas del Estado. Ellos también absuelven consultas legales
que les formulen los intendentes, gobernadores y jefes regionales de servicio
controlan en sus territorios el cumplimiento del Estatuto Administrativo por el
personal, dando cuenta al Presidente. El Secretario-Abogado coordina en general
todo el servicio.

El Consejo representa, defiende, asesora y media. Es su cometido defender y
proteger los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado en juicio; asesorar
al Estado a través de la preparación de informes jurídicos y de la difusión de
doctrinas fiscales, por medio de estudios y publicaciones; fortalecer y asegurar la
calidad del proceso de mediación para favorecer la solución extrajudicial de las
controversias. Presta sus servicios a la Presidencia de la República, a los
ministerios, instituciones, servicios dependientes y agentes del Estado,
gobernaciones, servicios públicos centralizados y descentralizados, municipalidades,
así como a organismos autónomos del Estado. Su campo de actuación son los
juicios civiles, penales e infraccionales, laborales, tributarios, aduaneros;
expropiaciones; transacciones y acuerdos reparatorios celebrados; análisis previo en
asuntos medioambientales y juicios medioambientales; juicios no patrimoniales;
causas contencioso-administrativas; recursos de protección; recursos de amparo
económico; rechazo o sostenimiento de la nulidad de las normas de derecho público.
Realiza estudios, informes y publicaciones -edita la Revista de Derecho- y presta
servicios de biblioteca Cuenta con un equipo de 562 funcionarios quienes, además
del nivel central, están repartidos en 17 procuradurías ubicadas en las regiones
donde tiene asiento la Corte de Apelaciones. Cada una de ellas está a cargo de un
Abogado Procurador Fiscal.
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


Sus primeros Presidentes fueron Aliro Parga Olmos de Aguilera (1895 a 1897), y
Aurelio Valenzuela Carvallo. Últimamente ha presidido el Consejo Carlos Mackenney
Urzúa, nombrado por el presidente Ricardo Lagos en 2005 y confirmado por la
presidenta Michelle Bachelet para el período 2009-2011, época en que gentilmente
visitó a Colombia para exponer sobre el trabajo de su Consejo, que ya más que
centenario, sin embargo, él reconoce no se podría decir completamente consolidado.
Y, avizor, señaló lo siguiente en Bogotá ante el naciente Sistema Iberoamericano de
Defensa de los Intereses del Estado en el años 2006 que:

“Por esta razón, independientemente de la historia de nuestras respectivas
instituciones y de cómo cada país ha abordado, estructuralmente, la defensa judicial
y extrajudicial del Estado, los países que estamos aquí representados nos
requerimos y necesitamos unos a otros, en el terreno de compartir nuestras
experiencias y dificultades y de construir marcos de entendimiento que faciliten
nuestras funciones locales. Por eso, en representación de mi país, saludamos la
iniciativa de Colombia y nos comprometemos con su desarrollo”13.

BRASIL

Ese gran país -hermano de Hispanoamérica, organizado en forma federal, y en su
idioma hermano del idioma castellano- denomina a la entidad defensora del Estado
como “Advocacia-Geral da União, AGU”, que según el artículo 131 de la
Constitución “es la institución que, directamente o a través de un órgano vinculado,
representa a la Unión, judicial y extrajudicialmente, correspondiéndole, en los
términos de la ley complementaria que disponga sobre su organización y
funcionamiento, las actividades de consultoría y asesoramiento jurídico del Poder
Ejecutivo”. Se rige por la Ley Complementaria 73, del 10 de febrero de 1993, la Ley
Orgánica de la Abogacía General de la Unión.

Como institución constitucional tiene la naturaleza de “función esencial para la
justicia”, al lado del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Magistratura y la
abogacía privada, y no está vinculada a ninguno de los tres poderes que representa.
Se creó en 1993, por la ley señalada, con el objeto de deslindar las atribuciones de
defensa del Estado de las de defensa de la sociedad y de la fiscalización del
cumplimiento de la ley, antes concentradas en el Ministerio Público.

La Abogacía-General de la Unión se compone de órganos de dirección superior (el
Abogado-General de la Unión; la Procuraduría General de la Unión y la de Hacienda
Nacional; la Consultoría General de la Unión; el Consejo Superior de la Abogacía
General de la Unión, y la Corregencia General de la Abogacía de la Unión); órganos
de ejecución (las procuradurías regionales de la Unión y las de la Hacienda Nacional
y las procuradurías de la Unión y las de la Hacienda Nacional en los Estados y en el
Distrito Federal y sus procuradurías seccionales; la Consultoría de la Unión, las
consultorías jurídicas de los ministerios, de la Secretaría General y de las demás

13
     Revista Sistema Iberoamericano de los Intereses del Estado, 2006, pág. 33
Fernando Carrillo Flórez                                Discurso de Posesión


Secretarías de la Presidencia de la República y del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas); y finalmente se compone el órgano de asistencia directa e inmediata al
Abogado General de la Unión (el Gabinete del Abogado General de la Unión). Los
abogados ingresan a la carrera de la Abogacía General de la Unión mediante
concurso.

La actuación consultiva de la Abogacía General de la Unión, AGU, proporciona
asesoría y orientación a los directores del poder ejecutivo federal, a sus autarquías y
fundaciones públicas, para darles seguridad jurídica a los actos administrativos que
van a expedir y ejecutar, especialmente en cuanto a la materialización de las
políticas públicas, a la viabilidad jurídica de las licitaciones y de los contratos, y
asimismo en la proposición y análisis de normas (leyes, disposiciones provisorias,
decretos, resoluciones) necesarias para el desarrollo de la actividad estatal.
Además, se realizan actividades de conciliación y arbitramento, cuyo objetivo es
resolver administrativamente los litigios entre la Unión, autarquías y fundaciones,
evitando así el recurso al poder judicial. Apoya las actividades que procuran dar
forma constitucional y legal a las políticas públicas, para preservar los derechos y
garantías fundamentales del ciudadano, en últimas, para prevenir el surgimiento de
litigios y disputas jurídicas.

La actuación contenciosa se da por medio de la representación judicial y extrajudicial
de la Unión -poderes ejecutivo, legislativo y judicial y entidades públicas autónomas-.
Se da, judicialmente, en las acciones en donde las entidades figuran como parte
actora, demandada o tercera interesada, y, extrajudicialmente, ante las entidades
administrativas, como los estados y los municipios. ROMMEL MACEDO, en su libro
Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988, en el capítulo 2, trata sobre
“Advocacia do Estado italiana e seu influxo sobre a concepção da Advocacia-Geral
da União”, en cuanto institución que centraliza la asesoría jurídica de las entidades
administrativas y su representación, activa y pasiva, en juicio.

El Consejo Superior de la Abogacía General de la Unión es el órgano superior y le
compete proponer, organizar y dirigir las políticas macro, señalando los criterios
fundamentales. El Abogado General de la Unión, responsable de la dirección de la
Abogacía General de la Unión, es el más elevado órgano de asesoría jurídica del
poder ejecutivo y ejerce la representación judicial de la Unión ante el Tribunal
Federal Supremo. Tiene el estatus de Ministro de Estado y está sometido a la directa
supervisión del Presidente de la República, quien lo nombra de entre ciudadanos
mayores de treinta y cinco años de edad, de notable saber jurídico y de elevada
reputación personal y profesional en el país. Además, sugiere al Presidente de la
República medidas jurídicas requeridas por el interés público; interpreta la
Constitución, las leyes, los tratados y demás actos normativos, para la unificación de
la jurisprudencia administrativa, y evitar controversias entre las entidades de la
administración.
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


Dentro de la labor de difusión y formación de la defensa de los intereses públicos, la
Abogacía General de la Unión tiene a su cargo varias publicaciones, como la Revista
da AGU (con artículos, opiniones y comentarios a la jurisprudencia, estudios y
proyectos), las publicaciones de la Escuela de la AGU, la Revista Virtual, libros
electrónicos, cartillas y el Libro del Ciudadano. El primer Abogado General de la
Unión, en 1993, fue Geraldo Magela da Cruz Quintão. El presidente Lula nombró en
2003 a Álvaro Augusto Ribeiro Costa; en 2007, a José Antônio Dias Toffoli; y, en
octubre de 2009, a Luis Inácio Lucena Adams –ratificado luego por la presidenta
Dilma Roussef-, quien ingresó a la carrera de Procurador de la Hacienda Nacional
en 1993, año de creación de la AGU.

SISTEMA IBEROAMERICANO DE DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO

En la ciudad de Bogotá, en noviembre de 2006, se reunieron los representantes de
las defensorías del Estado de España, Chile, Guatemala, Perú y República
Dominicana, así como del gobierno de Colombia, y de la alcaldía de Bogotá –
representada esta última por Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica
Distrital de la Secretaría General-. Allí se suscribió la “Declaración para la
integración del Sistema Iberoamericano de Defensa de los Intereses del Estado”,
con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos de los modelos de
gerencia jurídica-pública, además de asuntos administrativos y jurisdiccionales de
los diversos países. Las herramientas de este Sistema Iberoamericano de Defensa
han sido los encuentros, las publicaciones de normas y doctrinas y una página web
para difusión e intercambio, en principio auspiciada por el Distrito de Bogotá.

   V.     HACIA UN INSTITUTO DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA NACIONAL

   -Cultura y derecho; academia y Nación


El derecho surge necesariamente imbuido en todo proceso de desarrollo cultural,
cual prospección de principios acuñados en costumbres, tradiciones, de la sociedad,
y normas morales del individuo y del grupo. La libertad humana, que crea el arte y
descubre el conocimiento, es consustancial con la vida y el conocimiento del
derecho, llevado en la práctica vital; lo que Recasens Siches llama “vida humana
objetivada”. Pero también obra humana que se va haciendo conciencia y estudio,
para proyectarse en la política social, en la organización y defensa del Estado.

Cuando iniciamos el maravilloso estudio del derecho, buscando la idea jurídica,
buscando la definición del derecho para aplicarla luego al desenvolvimiento
socioeconómico y político, en la década de los años ochenta, ya del siglo pasado,
leímos lo siguiente en la clase que dictaba el inolvidable académico Noguera
Laborde, Introducción al derecho:

“El derecho es un imperativo de la vida en sociedad. La observancia del orden
jurídico es indispensable para lograr una convivencia pacífica y ordenada de los
    Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


    asociados. El derecho es una exigencia de la sociedad humana. Ahora bien, siendo
    el derecho una obra humana, solo puede ser comprendido a través de su idea. Hay
    que indagar el concepto del derecho y para esto se debe precisar el objeto”.

    Se trataba de las primeras nociones a que invitaban las primeras páginas del texto
    del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, Introducción al derecho, editado en 1983
    por don Jorge Guerrero en su Editorial Temis, con prólogo del profesor Leopoldo
    Uprimny. Este auspicioso comienzo de una carrera jurídica ahora vuelve a
    acercarnos al maestro en su cumbre de Presidente de la Academia Colombiana de
    Jurisprudencia.

    Esta Sociedad, conformada hace 118 años por insignes juristas del foro nacional
    animados por Nicolás Esguerra Ortiz y Vicente Olarte Camacho, que vislumbraron
    en su fundación la redacción de un Diccionario de Legislación y Jurisprudencia
    Nacional, con su Revista, con sus diversas publicaciones y con su cátedra
    permanente ha recorrido un sendero de importantes estudios y señalado un camino
    que se debe proseguir. De su primer siglo recordamos la publicación del
    Pensamiento jurídico colombiano: libro del Centenario (Santa Fe de Bogotá, Gustavo
    Ibáñez, 1996), excerpta de escritos de sus presidentes, desde Nicolás Esguerra y
    Edmond Champeau, hasta Hernando Morales Molina y Jorge Vélez García. Y en sus
    110 años, el libro de Hernán Alejandro Olano García, Mil juristas: biografías de los
    miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 1894-2004 (Santa Fe
    Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2004), que inicia la presentación
    de las innumerables vidas que en Colombia se han dedicado, ánimo constante, a la
    ciencia y a la práctica jurídica.

-   Codificación Nacional. La Codificación Nacional es la magna empresa de
    compilación de toda la legislación de la República, emprendida por mandato de la
    Ley 13 del 18 de noviembre de 1912, proyectada por el perilustre Académico
    Antonio José Uribe, presidente que fue del Congreso de la República. Su realización
    se le encomendó al Consejo de Estado, con la labor editorial de la Imprenta
    Nacional.

    El primer tomo aparece en 1924 (Codificación Nacional de todas las leyes de
    Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912, por la Sala de
    Negocios Generales del Consejo de Estado, t. I, años 1821, 22, 23 y 24, Bogotá,
    Imprenta Nacional, 1924, XVI + 513 págs.), que fue realizado principalmente por los
    académicos Miguel Abadía Méndez y Ramón Correa. La Codificación se publica
    hasta 1954 (época del general Rojas Pinilla), cuando alcanza a salir el tomo XXXIV,
    correspondiente al año 1884. Suspendida la edición de la Codificación como tal, las
    leyes continuaron siendo publicadas año por año bajo el cuidado del Consejo de
    Estado hasta 1975, luego a cargo de esta misma corporación pero en asocio con la
    Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno hasta 1983, y a partir de 1984 por el solo
    Ministerio de Gobierno (después llamado del Interior, más tarde del Interior y de
    Justicia, al fundirse con el de Justicia y del Derecho, hoy nuevamente del Interior).
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


La edición de las leyes siguió cada vez más lánguida, hasta 1992, desde cuando
simplemente deja de incluirse el índice alfabético, y finalmente deja de aparecer la
recopilación anual. Para la cultura jurídica nacional es imperativo que renazca la
Codificación Nacional de don Antonio José Uribe, que nuevamente deben impulsar
el legislativo, la judicatura y el ejecutivo.

-Ediciones jurídicas. Un miembro de este foro, se destaca durante la segunda
mitad del siglo XIX en la historia de las publicaciones de textos jurídicos en Colombia,
pues editó desde 1860 importantes obras de derecho: la Imprenta de Medardo Rivas
Mejía. Realizó él, entonces, lo que en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del
XXI han realizado los editores jurídicos por excelencia, la Editorial Legis de don Tito
Livio Caldas Gutiérrez, y la Editorial Temis de don Jorge Enrique Guerrero Ribero.
Esas publicaciones de las leyes de Colombia y de los textos de su estudio han
impulsado la cultura jurídica de la Nación. Jorge Guerrero, además de la titánica
labor de construir empresa cultural en Colombia, y además de las leyes, también
trabajó con el idioma, ya en las múltiples traducciones de libros jurídicos del italiano,
del alemán y del francés, ya cultivando su vocación de lexicografía jurídica con la
confección paciente, según el método de los sabios, del Diccionario Jurídico Temis,
Thesaurus Elementa Iuris; por lo cual, con razón, quienes han conocido su magna
obra lo han calificado como “el Rufino José Cuervo del derecho en Colombia”.

- Ateneo Nacional de Altos Estudios. La organización de la ciencia y la cultura en
Colombia puede siempre tomar inspiración en la entidad que, como impulsora de la
prosecución de las realizaciones en los diversos campos de la ciencia logradas en
Colombia, fundaron el presidente Eduardo Santos y su ministro de Educación Jorge
Eliécer Gaitán: el Ateneo Nacional de Altos Estudios. El acto instituyente que le da
vida, el decreto 465 del 5 de marzo de 1940 (Diario Oficial, 24313, del 9 de marzo de
1940, pág. 818), tuvo su motivación al considerar:

“(…) que Colombia tiene una gloriosa tradición científica, representada, entre otros
muchos títulos, por las investigaciones de la Expedición Botánica que dirigió don
José Celestino Mutis; los estudios y descubrimientos de Francisco José de Caldas;
la Comisión Corográfica que encabezaron el coronel Agustín Codazzi y don Manuel
Ancízar; las especulaciones del insigne matemático doctor Julio Garavito, y la
imponderable obra filológica de don Rufino José Cuervo”.

La idea que comienza a ponerse en práctica con el Ateneo es que Colombia tenga
en cada rama del árbol de la ciencia un instituto y una academia, formadas ambas
por los más sobresalientes científicos y especialistas en la respectiva ciencia. Hoy
día, prosiguiendo en esa visión, funcionan varios institutos, respaldados por
correlativas academias. Con los nombres mencionados en el decreto se bautizan el
Jardín Botánico José Celestino Mutis, el Instituo de Ciencias Francisco José de
Caldas, Colciencias -reorganizado mediante la ley 1286 de 2009 como
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito y el Instituto
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


Caro y Cuervo; al lado de ellos están las Academias de Ciencias, de Geografía, de
Ingeniería y de la Lengua. El Instituto Caro y Cuervo, con sus departamentos de
investigación, su Seminario Andrés Bello y su Imprenta Patriótica, cuyos
investigadores beneméritos también forman parte de la Academia Colombiana de la
Lengua, ha realizado una labor fundamental para el aprendizaje de hacer ciencia en
Colombia.

- Instituto de Fundamentación Jurídica Nacional Con esos ejemplos, desde el
Ministerio de Justicia, en el año 1992, encomendamos al Director de la Imprenta
Nacional de Colombia analizar y consultar con la Academia Colombiana de
Jurisprudencia la posibilidad de hacer en colaboración una especie de Instituto Caro
y Cuervo en el campo del derecho. Y se le planteó al doctor Vélez García. Esa
simiente es la que volvemos hoy a replantar en esta Academia.

En esta línea, como entidad de fundamentación de los estudios del derecho
colombiano, que dan vigor y vigencia espiritual a la vida de la sociedad colombiana,
aquí, ahora, ruego séame permitido, con la misma timidez del primíparo
universitario, en el noviciado de esta Academia, proponer a los juristas colombianos,
a los profesores, a los académicos y decanos de jurisprudencia, a los congresistas y
magistrados de la República, así como a los mecenas de nuestro país cuya
munificencia ha contribuido a grandes empresas culturales, la constitución de un
Instituto Jurídico que tenga por finalidad y objetivo: reeditar la Codificación Nacional,
elaborar el Diccionario de esa Codificación, estudiar la Historia del Derecho
Colombiano, realizar el Diccionario Biográfico de los Juristas Colombianos y editar
las Obras Clásicas del Derecho Colombiano.

Invito, pues, a que hagamos causa común para adelantar un proyecto de ley,
preparado por los exponentes del humanismo jurídico que integran esta Academia,
la Magistratura, la Cátedra, el Parlamento y el Gobierno, para fundar el Instituto de
Fundamentación Jurídica Nacional.

Nos asiste la esperanza de que esta simiente -lanzada a los cuatro puntos
cardinales del derecho en Colombia- no ha de caer en tierra estéril, toda vez que lo
hacemos en medio del principal auditorio de la jurisprudencia nacional. El Instituto
Jurídico será apoyo para la Academia de Jurisprudencia.

Siendo así, doctor Monroy, apreciados colegas de la Academia, estamos a
discreción para coordinar la gestión de la gestación del Instituto Rivas y Guerrero,
con ruego al Presidente del Congreso, al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Ministra de Justicia, a la Ministra de Educación y a la Ministra de
Cultura.

Esta propuesta se enmarca en la filosofía del “buen gobierno”, que trabaja para la
prosperidad del pueblo, con la economía, las relaciones internacionales y la paz que
al fin un día verdadera será, con las obras materiales para toda la sociedad, pero
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


que también, con una política de educación, cultura y ciencia, quiere proseguir las
obras espirituales como esta morada taller del humanismo jurídico estatal.

   VI.    PALABRAS FINALES

Señores académicos, invitados especiales, amigos y amigas,

La Constitución de 1991 introdujo un nuevo régimen de responsabilidad del Estado.
Como bien la definió el presidente Juan Manuel Santos, “fue un salto al siglo XXI” en
un país donde la ramplona inmoralidad y la codiciosa lenidad socavó las
instituciones políticas. Como bien lo define Amartya Sen, no existe una sociedad
perfectamente justa. La “norma de normas” fue una apuesta que implicó un cambio
en la cultura jurídico-política que hoy muestra sus frutos y sus defectos también. Sin
embargo, en todos los escenarios, el compromiso de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, así como del Gobierno nacional, es el de respetar las
instituciones judiciales cualesquiera que sean sus decisiones. Es en fin, el mejor
homenaje que puede hacérsele a la institucionalidad democrática de nuestro país.

Hay que hacer propias las palabras de uno de los padres de la Constitución
española de 1978, don Gregorio Peces Barba, en el momento de la decisión sobre el
Estado de Cataluña: “Déjese trabajar al tribunal y respétese su decisión”. Al tomar
posesión como miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quisiera
reafirmar mi convicción en que la mejor manera para lograr el fin del conflicto en
Colombia empieza por el respeto mutuo de las instituciones.

Conmigo, señores académicos, cuentan ustedes con un aliado infatigable que no
dudará en ponerse las botas para irrumpir en la fangosa selva de quienes
erróneamente creen que las urgencias del momento y las angustias del futuro
pueden ser remedidas, pasándose por encima de las reglas de juego de la política y
de la justicia. Soy un convencido, además, de que esta Academia tiene una misión
muy especial en los procesos de transformación de la cultura política del país que
vienen en camino.

Esta casa es un fortín para trabajar por los objetivos sociales, para seguir pensando
en una Colombia posmoderna, para apostarle a la renovación política y a los nuevos
marcos jurídicos que se deben diseñar y que nos permitirán reafirmar en un futuro
que nuestro país es un territorio que no carece de la capacidad creativa que algunos
observadores le achacan a los sistemas en conflicto.

Debemos seguir haciendo de la Constitución del 91 nuestra brújula social para
combatir la pobreza y la desigualdad y seguir de esa manera consolidando nuestra
democracia como una de las más progresistas y estables de la región. Ese es el
único legado que les podemos dejar a los jóvenes que tanto irrumpen con fuerza
para reclamar más garantías, más libertades, más honestidad y más ética pública.
Esa es nuestra misión ineludible.
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


Una palabra final. Quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este
momento cumbre en mi carrera profesional. La designación de la Academia llega en
un tiempo de grandes responsabilidades con mis compatriotas. No desfalleceré en
seguir trabajando por un país y unas instituciones que empecé a amar con entrega
total hace treinta y cuatro años cuando al ingresar a la Facultad de Derecho me
apasioné con la función democratizadora de la justicia y cuyas instituciones tuve
oportunidad de diseñar durante el proceso constituyente.

A los señores académicos quisiera agradecerles una vez más por este gesto tan
especial que asumo con responsabilidad y compromiso. En especial, quisiera
saludar a su Presidente Marco Gerardo Monroy Cabra quien desde la Corte
Constitucional y hoy desde la Academia se ha caracterizado por ser un guardián de
las leyes y un transformador por convicción.

Saludo también a Juan Carlos Esguerra Portocarrero, exministro de Justicia y del
Derecho y quien promovió junto con otros ilustres jurisconsultos mi candidatura, y a
quien el país siempre apreciará por la verticalidad de su actuar.

A Alejandro Venegas Franco, cuyas calidades humanas, además de su amistad son
inspiración para seguir luchando por un país que necesita hombres de la calidez y
de la probidad que a él le sobran.

A mis colegas del gabinete ministerial cuya presencia valoro, al igual que a las
personalidades políticas y jurídicas que me acompañan hoy, igual que lo han hecho
en estos largos años de trabajo por Colombia.

A mis compañeros de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a quienes dejé
prematuramente y cuya asistencia me llena de emoción.

Agradezco especialmente a la Editorial Temis, a su gerente Erwin Guerrero, por la
publicación de esta intervención, al igual que a Antonio José Roa Quka quien desde
la penumbra y la oscuridad de la noche no dudó en pulir cada una de estas palabras.

Finalmente, es un aliento contar con la asistencia de mi padre, Rafael Carrillo
Piñeros, quien en medio de una familia de galenos no dudó en apoyarme –sin
restricción alguna-, cuando tomé la decisión de estudiar la profesión más noble del
mundo. Médico de siempre y amante de las causas sociales, mi padre Rafael
representa las virtudes de quien se entrega a los demás sin reparos. Hoy su
presencia me reconforta para seguir en esta lucha democrática. A mis hermanos
Rafael, María Clara, Marcela y María Lucía quienes acá o en la distancia me han
acompañado con franqueza, sinceridad y cariño.

A mi esposa, Diana Cristina Serpa Preciado, quien me ilumina día tras día y es la
esencia de mi existir. A mis hijas, Laura y Natalia, cuya alegría desbordante me
reconforta y me motiva para seguir batallando por el país en el que a ellas les tocará
vivir: un país en paz. Y cómo no recordar a mi madre, Adelia Flórez, quien desde la
Fernando Carrillo Flórez                                  Discurso de Posesión


eternidad me ilumina y a quien dedico esta ceremonia. Hoy su legado me
enorgullece y me llena de fuerza.

Amigos y amigas,

Quisiera concluir diciendo que las batallas que nos aguardan son una oportunidad
para hacer cumplir los cometidos sociales dentro del Estado de Derecho y una
posibilidad para trabajar por una justicia humana que reduzca la inequidad. Llegó la
hora de embarcarse en una nueva revolución. Una revolución que, como diría
Alberto Lleras Camargo, “se hará sin un solo cartucho; las espadas antiguas
seguirán cultivando su sueño de fastidio, entre vainas de polvo; los fusiles
resquebrajados bostezarán por sus bocas sin ferocidad; y no habrá cañones, ni
rodelas, ni lanzas, ni andanadas, ni héroes. La revolución que ha de venir, viene de
manera muy distinta”. Será una revolución generacional y plurigeneracional que
alzando las banderas del cambio social neutralizará a los violentos, apelará a la
racionalidad y traerá la bien buscada cohesión social.

Nada más y muchas gracias.




   VII.   APÉNDICE

NORMOGRAMA GENERAL

  Norma Principal                Detalle                   Norma Reglamentaria

                                Marco Constitucional

  Constitución Política

  Artículo   150.   Corresponde al Congreso hacer
  Renovación de     las leyes. Por medio de ellas
  la                ejerce las siguientes funciones:
  Administración    (…) 7. Determinar la estructura de
  Pública           la administración nacional y crear,
                    suprimir o fusionar ministerios,
                    departamentos      administrativos,
                    superintendencias,
                    establecimientos públicos y otras
                    entidades del orden nacional,
                    señalando     sus    objetivos    y
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


 Norma Principal                 Detalle                  Norma Reglamentaria

                    estructura orgánica.

 Artículo    189, Art.    189.    Corresponde      al
 num. 14 y 15     Presidente de la República, como
                  Jefe de Estado, Jefe de Gobierno
                  y        Suprema         Autoridad
                  Administrativa: (…) 14. Crear,
                  fusionar o suprimir, conforme a la
                  ley, los empleos que demande la
                  administración central, señalar
                  sus funciones especiales y fijar
                  sus dotaciones y emolumentos. El
                  Gobierno no podrá crear, con
                  cargo al Tesoro, obligaciones que
                  excedan el monto global fijado
                  para el respectivo servicio en la
                  ley de apropiaciones iníciales.
                  (…) 15. Suprimir o fusionar
                  entidades       u      organismos
                  administrativos nacionales de
                  conformidad con la ley.

 Artículo 200       Corresponde al Gobierno, en
                    relación     con    el Congreso:
                    Presentar el plan nacional de
                    desarrollo y de inversiones
                    públicas, conforme a lo dispuesto
                    en el artículo 150.

 Artículo 339       Habrá un Plan Nacional de
                    Desarrollo conformado por una
                    parte general y un plan de
                    inversiones de las entidades
                    públicas del orden nacional. En la
                    parte general se señalarán los
                    propósitos y objetivos nacionales
                    de largo plazo, las metas y
                    prioridades de la acción estatal a
                    mediano plazo y las estrategias y
                    orientaciones generales de la
                    política económica, social y
                    ambiental que serán adoptadas
                    por el

                    Gobierno. El plan de inversiones
                    públicas      contendrá       los
                    presupuestos plurianuales de los
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


 Norma Principal                Detalle                     Norma Reglamentaria

                   principales programas y proyectos
                   de inversión pública nacional y la
                   especificación de los recursos
                   financieros requeridos para su
                   ejecución.

                            Plan Nacional de Desarrollo

 Ley 812 de 2003   Hacia un Estado Comunitario          Art. 6 reglamentado por
                                                        D.1940/03,
                                                        Art. 54 inc. Reglamentado por
                                                        D.2131/03,
                                                        Art. 81 reglamentado por
                                                        D.2341/03,     Art. 54 inc. 5
                                                        reglamentado por D.3353/03,
                                                        Art. 22, 23 reglamentados por
                                                        D.3377/03,
                                                        Art. 65 reglamentado por
                                                        D.3429/03,
                                                        Art. 59 reglamentado por
                                                        D.3428/03,
                                                        Art.      80      reglamentado
                                                        parcialmente por D.3696/03,
                                                        Art. 65 reglamentado por
                                                        D.3734/03,      Arts. 63, 64
                                                        reglamentados por D.3735/03,
                                                        Art. 81 parcial reglamentado
                                                        por D.3752/03, Reglamentada
                                                        parcialmente por D.177/04,
                                                        Reglamentada       parcialmente
                                                        por D.975/04, Reglamentada
                                                        parcialmente por D.1250/04,
                                                        Art. 62 reglamentado por
                                                        D.1591/04,         Art.       17
                                                        reglamentado por D.2193/04,
                                                        Reglamentada por D.3111/04,
                                                        Art. 84 reglamentado por
                                                        D.3545/04,
                                                        Reglamentada       parcialmente
                                                        por                     D.973/05
                                                        Art. 61 reglamentado por
                                                        D.4299/05,

 Ley 1151     de Estado Comunitario       Desarrollo Art. 131 reglamentado por
 2007            para todos                          D.3238/07,      Art.     104
                                                     reglamentado por D.3590/07
Fernando Carrillo Flórez                              Discurso de Posesión


 Norma Principal                  Detalle                Norma Reglamentaria

 Ley 1450     de Prosperidad para todos              Art. 235 y Capitulo 8 bases del
 2011                                                Plan

                                   Normas Básicas

                   Código              Contencioso
                   Administrativo    -     Control
                   jurisdiccional de la Actividad
                   Administrativa

                   Código Civil

                   Código de Comercio

                   Código Único Disciplinario

                   Código de Régimen Político y
                   Municipal

                   Código Penitenciario

                   Código Penal

                   Código de Procedimiento Penal

                   Estatuto Tributario

                   Por la cual se ordena la
 Ley 57 de 1985    publicación de los actos y
                   documentos oficiales

 Ley 38 de 1989    Estatuto     Orgánico       del Decreto 111 de Enero 15 de
                   Presupuesto Público General de 1996 – Por el cual se compilan
                   la Nación                       la Ley 38 de 1989, la Ley 179
                                                   de 1994 y la Ley 225 de 1995
                                                   que conforman el Estatuto
                                                   Orgánico del Presupuesto

                                                     Decreto reglamentario 1568 de
                                                     1998

                                                     Decreto 4730 de diciembre 28
                                                     de 2005 – Por el cual se
                                                     reglamentan normas orgánicas
                                                     del presupuesto

                                                     Decreto1957 de 2007 – Por el
                                                     cual se reglamentan las
                                                     normas      orgánicas     del
                                                     presupuesto y se dictan otras
Fernando Carrillo Flórez                                  Discurso de Posesión


 Norma Principal                Detalle                      Norma Reglamentaria

                                                         disposiciones en la materia.
                                                         Decreto 4730 de Diciembre 28
                                                         de 2005 – Por el cual se
                                                         reglamentan normas orgánicas
                                                         del presupuesto

                   Por la cual se dictan normas
                   sobre catastro e impuestos sobre
                   la propiedad raíz, se dictan otras
 Ley 44 de 1990
                   disposiciones      de      carácter
                   tributario, y se conceden unas
                   facultades extraordinarias

 Ley 80 de 1993    Estatuto General de Contratación Modificada por la Ley 223 de
                   de la Administración             1995, artículo 285,

                                                         Modificada por el Decreto
                                                         extraordinario No. 2150 de
                                                         1995, artículos 37 y 38,

                                                         Modificada por la Ley 200 de
                                                         1995        -Código         Único
                                                         Disciplinario-, artículo 177,

                                                         Modificada por el Decreto 62
                                                         de 1996 (modificatorio del
                                                         Decreto extraordinario 2150 de
                                                         1995), artículo 1o., por la Ley
                                                         315 de 1996, artículo 4o, por la
                                                         Ley 489 de 1998, Modificada
                                                         por la Ley 599 de 2000, la Ley
                                                         678 de 2001, la Ley 1150 de
                                                         2007. Decreto 1436 de 1998,
                                                         por el cual se reglamenta
                                                         parcialmente la Ley 80 de 1993
                                                         en materia de selección de
                                                         intermediarios de seguros.
                                                         Decreto 855 de Abril 28 de
                                                         1994 – por el cual se
                                                         reglamenta parcialmente la Ley
                                                         80 de 1993 en materia de
                                                         contratación directa.

  Ley 87 de 1993   Establece      normas      para    el Modificada por el Decreto 205
                   ejercicio del control interno en las de 2003
                   entidades y organismos del
                                                         Modificada por la Ley 617 del
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


 Norma Principal                 Detalle                   Norma Reglamentaria

                    Estado                              año 2000



                                                        Decreto    1826    de    1994
                                                        reglamenta parcialmente la Ley
                                                        87 de 1993.

                                                        Decreto 2145 de 1999 por el
                                                        cual se dictan normas sobre el
                                                        Sistema Nacional de Control
                                                        Interno. Modificado por el
                                                        Decreto Nacional 2539 de
                                                        2000

                    Por la cual se crea el sistema de Decreto 1748 de 1995Por el
                    seguridad social integral y se cual se dictan normas para la
                    dictan otras disposiciones        emisión, cálculo, redención y
                                                      demás condiciones de los
                                                      bonos pensiónales y se
                                                      reglamentan    los   Decretos
                                                      Leyes 656, 1299 y 1314 de
                                                      1994, y los artículos 115,
                                                      siguientes y concordantes de
                                                      la Ley 100 de 1993. Ley 797
 Ley 100 de 1993
                                                      de 2003 – Por la cual se
                                                      reforman              algunas
                                                      disposiciones   del   sistema
                                                      general de pensiones previsto
                                                      en la Ley 100de 1993 y se
                                                      adoptan disposiciones sobre
                                                      los Regímenes Pensiónales
                                                      exceptuados y especiales.




 Ley 152 de Julio Por la cual se establece la Ley
 15 de 1994       Orgánica del Plan de Desarrollo



  Ley 190 de 1995   Adopta el Estatuto Anticorrupción   Modificado por la Ley 1121 de
                                                        2006

                                                        Modificada por la Ley 617 de
                                                        2000

                                                        Modificada por la Ley 599 de
Fernando Carrillo Flórez                                   Discurso de Posesión


 Norma Principal                 Detalle                      Norma Reglamentaria

                                                          2000, la Comisión Nacional
                                                          para la Moralización creada en
                                                          el artículo 67 de esta Ley, fue
                                                          modificada por el Decreto 978
                                                          de 1999

                                                          Modificada por el Decreto 1681
                                                          de 1997

                                                          Modificada por la Ley 443 de
                                                          1998

                                                          Decreto 2160 de 1996Artículo
                                                          4º.- Modificado tácitamente por
                                                          el Artículo 2 Decreto Nacional
                                                          1681 de 1997

                                                          Decreto 1681 de 1997Artículos
                                                          2 y 4 derogados expresamente
                                                          Decreto Nacional 978 de 1999

                                                          Decreto 978 de 1999Por el
                                                          cual    se   reestructura la
                                                          Comisión Nacional para la
                                                          Moralización

 Ley 318 de 1996   Sistema Nacional de Cooperación
                   Internacional

 Ley 443 de 1998   Por la cual se expiden normas Derogada por el art. 58, Ley
                   sobre carrera administrativa y se 909 de 2004, con excepción de
                   dictan otras disposiciones.       los arts. 24, 58, 81 y 82

 Ley 489 de 1998   Por la cual se dictan normas           Decreto Nacional 910 de 2000.
                   sobre        organización          y   Artículo    12º      Declarado
                   funcionamiento de las entidades        Exequible Sentencia Corte
                   del orden nacional, se expiden         Constitucional 727 de 2000
                   disposiciones y reglas generales
                   para     el  ejercicio   de      las   Artículo 32º Reglamentado
                   atribuciones previstas en los          Parcialmente por el Decreto
                   numerales 15 y 16 del artículo         Nacional 1714 de 2000     y
                   189 de la Constitución Política.       Artículo 97º Reglamentado
                                                          parcialmente por el Decreto
                                                          Nacional 529 de 1999

 Ley 598 de 2000   Por la cual se crea el Sistema de Decreto 3512 de Diciembre 05
                   información para la Vigilancia de de 2003 – Por el cual se
                   la Contratación Estatal, SICE,    reglamenta la organización,
                                                     funcionamiento y operación del
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


 Norma Principal                Detalle                     Norma Reglamentaria

                                                        Sistema de información para la
                                                        Vigilancia de la Contratación
                                                        Estatal, SICE.

  Ley 617 de 2000   Ley de racionalización del gasto Modificada por las Leyes 1148
                    público en el orden nacional y de 2007, 821 de 2003 y Ley
                    territorial                      633 de 2000

                                                        Decreto 192 de 2001. Artículo
                                                        8o Modificado por el art. 1
                                                        Decreto 735 de 2001, Artículo
                                                        12. Derogado por el Decreto
                                                        735 de 2001, Artículo 13.
                                                        Reglamentado por el Art. 1 de
                                                        la Resolución del Ministerio de
                                                        Hacienda 320 de 2001,
                                                        Artículo 18. Modificado por el
                                                        art. 2 Decreto 735 de 2001 y
                                                        Artículo 23. Derogado por el
                                                        Decreto 735 de 2001

                                                        Decreto 735 de 2001 .Artículo
                                                        1 Modificado por el art. 1 del
                                                        Decreto 828 de 2001 y Artículo
                                                        2 Modificado por el art. 2 del
                                                        Decreto 828 de 2001

                                                        Decreto     2577      de     2005.
                                                        Reglamenta el procedimiento a
                                                        seguir en los eventos que
                                                        corresponda       al     Contador
                                                        General de la Nación expedir
                                                        la        certificación         de
                                                        categorización         a       los
                                                        departamentos,       distritos   y
                                                        municipios, cuando estos por
                                                        cualquier circunstancia han
                                                        omitido tal deber,

                    Por medio de la cual se expide el
 Ley 675 de 2001
                    régimen de propiedad horizontal

 Ley 734 de 2002    Adopta el Código Disciplinario Artículo 3 parcial          declarado
                    Único.                         inexequible por            la Corte
                                                   Constitucional               mediante
                                                   Sentencia C-948            de 2002,
                                                   Artículo 30 parcial         declarado
                                                   inexequible por            la Corte
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


 Norma Principal               Detalle                   Norma Reglamentaria

                                                      Constitucional       mediante
                                                      Sentencia C-948 de 2002,
                                                      Artículo 35 numeral 11 parcial
                                                      declarado inexequible por la
                                                      Corte Constitucional mediante
                                                      Sentencia C-949 de 2002,
                                                      Artículo 35 numeral 35 parcial
                                                      declarado       INEXEQUIBLE
                                                      mediante Sentencia de la
                                                      Corte Constitucional C-328 de
                                                      2003 , Artículo 47 2-e
                                                      declarado inexequible Corte
                                                      Constitucional   C-1076    de
                                                      2002, Artículo 48 numeral 9
                                                      parcial declarado inexequible
                                                      Corte Constitucional mediante
                                                      Sentencia C-1076 de 2002, y
                                                      Artículo 48 numeral 11 parcial
                                                      declarado inexequible por la
                                                      Corte Constitucional mediante
                                                      Sentencia C-125 de 2003.

 Ley 790 de 2002   Por    la   cual    se  expiden    Reglamentado      parcialmente
                   disposiciones para adelantar el    por el Decreto Nacional 396 de
                   programa de renovación de la       2003, el Decreto Nacional 190
                   administración pública             de 2003, el Decreto Nacional
                                                      1795 de 2007 y el Decreto
                                                      Nacional 1052 de 2006

                                                      Decreto 190 de 2003por el cual
                                                      se reglamenta parcialmente la
                                                      Ley 790 de 2002. Sobre
                                                      conceptos y reconocimiento
                                                      económicos.

 Ley 819 de 2003   Por la cual se dictan normas       Artículo     22      declarado
                   orgánicas     en     materia  de   inexequible.      Art.      24
                   presupuesto, responsabilidad y     reglamentado por D.2968/03,
                   transparencia fiscal y se dictan   Art. 22 reglamentado por
                   otras disposiciones.               D.3679/03,      y    Art.    3
                                                      reglamentado por D.3800/05

 Ley 872 de 2003   Crea el sistema de gestión de la Reglamentada por D.4110/04
                   calidad que se adoptará en cada y Art. 7 reglamentado por
                   entidad un enfoque basado en los D.2375/06
                   procesos que se surten al interior
                   de ella y en las expectativas de
Fernando Carrillo Flórez                             Discurso de Posesión


 Norma Principal               Detalle                  Norma Reglamentaria

                   los usuarios, destinatarios y
                   beneficiarios de sus funciones
                   asignadas por el ordenamiento
                   jurídico vigente.

 Ley 909 de 2004   Renovación de la Administración Modificada por las Leyes 1093
                   Pública                         de 2006 y 1033 de 2006

                                                    Decreto 770 de 2005 por el
                                                    cual se establece el sistema de
                                                    funciones y de requisitos
                                                    generales para los empleos
                                                    públicos correspondientes a
                                                    los       niveles    jerárquicos
                                                    pertenecientes        a       los
                                                    organismos y entidades del
                                                    Orden Nacional, a que se
                                                    refiere la Ley 909 de 2004.

                                                    Decreto      1227     de     2005.
                                                    Condiciona las reformas de las
                                                    plantas de empleos, a la
                                                    existencia de necesidades del
                                                    servicio o a razones de
                                                    modernización          de        la
                                                    administración, de donde han
                                                    de surgir justificaciones o
                                                    estudios       técnicos,       que
                                                    requerirán del concepto técnico
                                                    favorable del Departamento
                                                    Administrativo de la Función
                                                    Pública. Establece que las
                                                    conclusiones       del      estudio
                                                    técnico se entenderán como
                                                    justificación válida para la
                                                    modificación de una planta de
                                                    personal, dentro de las cuales
                                                    se      mencionan       las    que
                                                    competen al presente estudio:
                                                    “d)     Supresión,     fusión     o
                                                    creación de dependencias o
                                                    modificación de sus funciones,
                                                    e) Mejoramiento o introducción
                                                    de procesos, producción, de
                                                    bienes      o    prestación     de
                                                    servicios, f) Redistribución de
                                                    funciones y cargas de trabajo,
Fernando Carrillo Flórez              Discurso de Posesión


 Norma Principal           Detalle       Norma Reglamentaria

                                     g) Introducción de cambios
                                     tecnológicos, j) Mejoramiento
                                     de los niveles de eficacia,
                                     eficiencia,    economía      y
                                     celeridad de las entidades
                                     públicas”.    Finalmente,    el
                                     decreto enunciado determina
                                     los aspectos mínimos a tener
                                     en cuenta en los estudios que
                                     soporten las modificaciones
                                     propuestas. Dichos requisitos
                                     son: análisis de los procesos
                                     técnico-misionales y de apoyo,
                                     evaluación de la prestación de
                                     los servicios,      y de las
                                     funciones, los perfiles y las
                                     cargas de trabajo de los
                                     empleos.

                                     Artículo 89. Modificado por el
                                     Decreto Nacional 1746 de
                                     2006.

                                     Artículo 70 Parágrafo 1º.
                                     Modificado por el Decreto
                                     Nacional 4661 de 2005.

                                     Artículo 8 Parágrafo transitorio.
                                     Modificado por el Decreto
                                     Nacional 3820 de 2005

                                     Decreto 2539 de 2005 Por el
                                     cual    se    establecen    las
                                     competencias          laborales
                                     generales para los empleos
                                     públicos de los distintos
                                     niveles jerárquicos.
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


 Norma Principal                 Detalle                    Norma Reglamentaria

                                                        Decreto 2489 de 2006. Por el
                                                        cual se establece el sistema de
                                                        nomenclatura y clasificación de
                                                        los empleos públicos de las
                                                        instituciones pertenecientes a
                                                        la Rama Ejecutiva y demás
                                                        organismos      y     entidades
                                                        públicas del Orden Nacional y
                                                        se dictan otras disposiciones.
                                                        Modificado por Decreto 3070
                                                        de 2006




                    Por medio de la cual se reconoce
                    la compensación en dinero de las
                    vacaciones a los trabajadores del
                    sector privado y a los empleados
 Ley 995 de 2005    y      trabajadores      de    la
                    administración pública en sus
                    diferentes órdenes y niveles



                    Estatuto anticorrupción



 Ley 1474      de
 2011




                 Por el cual se establece el
                 sistema de nomenclatura y
                 clasificación de los empleos de
                 los ministerios, departamentos
                 administrativos,
                 superintendencias,
 Decreto 1042 de
                 establecimientos     públicos     y
 1973
                 unidades            administrativas
                 especiales del orden nacional, se
                 fijan las escalas de remuneración
                 correspondientes      a     dichos
                 empleos y se dictan otras
                 disposiciones
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


 Norma Principal               Detalle                   Norma Reglamentaria

                 Por el cual se reglamentan los
 Decreto 1950 de decretos-leyes 2400 y 3074 de
 1973            1968 y otras normas sobre
                 administración del personal civil.

                  Por el cual se dicta el Código
 Decreto      Ley Nacional de Recursos Naturales
 2811 de 1974     Renovables y de Protección al
                  Medio Ambiente

                 Por el cual se fijan las reglas
                 generales para la aplicación de
 Decreto 1045 de las normas sobre prestaciones
 1978            sociales de los empleados
                 públicos y trabajadores oficiales
                 del sector nacional

                 Por el cual se delega en los
                 Ministros      y      Jefes    de
                 Departamento Administrativo la
 Decreto 1679 de función nominadora y algunas
 1991            facultades    relacionadas    con
                 situaciones administrativas del
                 Ministerio Público y de las Ramas
                 Ejecutiva y Jurisdiccional.

                  Por el cual se determina la         Decreto 1530 de 1996 Por el
                  organización y administración del   cual       se      reglamenta
 Decreto      Ley
                  Sistema General de Riesgos          parcialmente la Ley 100 de
 1295 de 1994
                  Profesionales                       1993 y el Decreto Ley 1295 de
                                                      1994

                 Por el cual se dictan las normas
 Decreto 1299 de para la emisión, redención y
 1994            demás condiciones de los bonos
                 pensiónales

                 Por el cual se determinan las
 Decreto 1771 de bases para la organización y
 1994            administración     de   Salud
                 Ocupacional en el país

                 Por el cual se reglamenta la
 Decreto 1772 de afiliación y las cotizaciones al
 1994            Sistema General de Riesgos
                 Profesionales
Fernando Carrillo Flórez                                 Discurso de Posesión


 Norma Principal                Detalle                     Norma Reglamentaria

                    Por el cual se adopta la Tabla de
                    Enfermedades Profesionales
 Decreto 1832 de
 1994



                 Por el cual se expide la Tabla
                 única para las indemnizaciones
 Decreto 2644 de por pérdida de la capacidad
 1994            laboral entre el 5% y el 49.99% y
                 la      prestación     económica
                 correspondiente

 Decreto 2709 de Por el cual se reglamenta el
 1994            artículo 7o. de la Ley 71 de 1988

  Decreto 2150 de   Dicta normas para suprimir y Modificado por el Decreto 2090
       1995         reformar      las    regulaciones, de 2003
                    trámites y procedimientos
                                                       Modificado por la ley 537 de
                                                       1999

                                                        Modificado por la Ley 454 de
                                                        1998

                                                        Modificado por el Decreto 1052
                                                        de 1998

                                                        Modificado por el Decreto 2111
                                                        de 1997

                                                        Modificado por la Ley 388 de
                                                        1997

                                                        Decreto 297 de 1996por el cual
                                                        se corrige y aclara el artículo
                                                        109 del Decreto Extraordinario
                                                        2150 del 5 de diciembre de
                                                        1995.

                                                        Decreto 427 de 1996 por el
                                                        cual   se    reglamentan     el
                                                        Capítulo II del Título I y el
                                                        Capítulo 15 del Título II del
                                                        Decreto    2150    de    1995.
                                                        [Reglamenta el registro de las
                                                        Personas Jurídicas sin Ánimo
                                                        de Lucro, así como la facultad
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


 Norma Principal               Detalle                    Norma Reglamentaria

                                                      supervisora del Dancoop]

                                                      Decreto 1396 de 1997por el
                                                      cual       se       reglamenta
                                                      parcialmente la Ley 133 de
                                                      1994, el artículo 45 del
                                                      Decreto-ley 2150 de 1995 y se
                                                      modifica el Decreto 782 de
                                                      1995. [Reconoce personería
                                                      jurídica a la Iglesia Católica
                                                      según el Concordato y la
                                                      exceptúa de la inscripción ante
                                                      la Cámara de Comercio]

                                                      Decreto 2111 de 1997Avalúos
                                                      para valor comercial de
                                                      inmuebles

 Decreto 998 de Reglamenta las Transferencias de
 1997           los archivos históricos al AGN

                Por el cual se reglamenta la
                afiliación    al     Régimen    de
                Seguridad Social en Salud y la
 Decreto 806 de prestación de los beneficios del
 1998           servicio público esencial de
                Seguridad Social en Salud y
                como servicio de interés general,
                en todo el territorio nacional.

                 Por el cual se modifican y/o
                 adicionan algunos artículos de los
 Decreto 1513 de
                 Decretos Reglamentarios 1748 de
 1998
                 1995 y 1474 de 1997 y se dictan
                 otras disposiciones.

                 Por el cual se crean el sistema
 Decreto 1567 de nacional de capacitación y el
 1998            sistema de estímulos para los
                 empleados del Estado

 Decreto 1737 de Por el cual se expiden medidas
 1998            de austeridad y eficiencia y se
                 someten a condiciones especiales
                 la asunción de compromisos por
                 parte de las entidades públicas
                 que manejan recursos del Tesoro
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


 Norma Principal                Detalle                 Norma Reglamentaria

                   Público

 Decreto 2806 de Por el cual se dictan algunas
 2000            disposiciones sobre el manejo de
                 recursos      públicos     y     la
                 aplicabilidad     del      Sistema
                 Integrado      de      Información
                 Financiera –SIIF

                Por el cual se adopta el plan
 Decreto 682 de nacional    de   formación    y
 2001           capacitación   de    servidores
                públicos

 Decreto 352 de Por el cual se compila y actualiza
 2002           la normativa sustantiva tributaria
                vigente,        incluyendo       las
                modificaciones generadas por la
                aplicación de nuevas normas
                nacionales que se deban aplicar a
                los tributos del Distrito Capital, y
                las generadas por acuerdos del
                orden distrital



                 Por el cual se adoptan medidas
                 para promover y controlar la
 Decreto 1703 de
                 afiliación y el pago de aportes en
 2002
                 el Sistema General de Seguridad
                 Social en Salud

                 Por el cual se establece la
                 organización y funcionamiento del
                 Fondo Nacional de Seguridad y
 Decreto 2093 de
                 Convivencia     Ciudadana,    los
 2003
                 Fondos de Seguridad de las
                 Entidades Territoriales y se
                 adiciona el Decreto 2615 de 1991

                 Por el cual se establece la
                 evaluación   de    competencias
 Decreto 1601 de
                 gerenciales para la provisión de
 2005
                 empleos de libre nombramiento y
                 remoción

                   Por el cual se establecen las
 Decreto 2772 de
                   funciones y requisitos generales
Fernando Carrillo Flórez                                  Discurso de Posesión


 Norma Principal                  Detalle                  Norma Reglamentaria

 2005               para los diferentes empleos
                    públicos de los organismos y
                    entidades del orden nacional y se
                    dictan otras disposiciones

                Por     el    cual    se        dictan
 Decreto 404 de
                disposiciones      en          materia
 de 2006
                prestacional.

                   Por la cual se fijan directrices
 Directiva         para el desarrollo de la función de
 Presidencial   02 control interno en las entidades y
 de 1994           organismos de la Rama Ejecutiva
                   del orden nacional

 Directiva         Por la cual se desarrolla el
 Presidencial   01 Sistema de Control Interno
 de 1997

 Directiva         Por la cual se establece la política
 Presidencial   02 Gobierno en Línea – Agenda de
 de 2000           Conectividad

                   Por la cual fortalece el control
 Directiva         interno en el marco de la política
 Presidencial   04 de lucha contra la corrupción y
 de 2000           nombramiento de los Jefes de
                   Control Interno del nivel nacional

                   Sobre el tema del respeto al
 Directiva         derecho de autor y los derechos
 Presidencial   02 conexos, en lo referente a la
 de 2002           utilización de programas de
                   ordenador (software)

                   Racionalización de las plantas
 Directiva         como acción inmediata del
 Presidencial   13 programa de Renovación de la
 de 2002           Administración Pública: Hacia un
                   Estado Comunitario.

                   Orden      Presidencial     sobre
 Directiva         información     relacionada   con
 Presidencial   01 pasivos contingentes y con la
 de 2004           actividad litigiosa a cargo del
                   Estado

 Directiva          Ordenes      en     materia     de
Fernando Carrillo Flórez                                   Discurso de Posesión


 Norma Principal                  Detalle                     Norma Reglamentaria

 Presidencial   01 racionalización y simplificación del
 de 2005           ordenamiento jurídico.



   VIII.   PRINCIPALES NORMAS EXPEDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA
                   DE DEFENSA JURÍDICA EN EL PERIODO 2002 - 2011

       Norma                                     Descripción
 Ley 1105 de 2006      Adopta el sistema único de información para la gestión jurídica
                       del Estado
 Ley 1444 de 2011      Escinde los Ministerios de Interior y de Justicia y del Derecho y
                       crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
 Decreto 200 de 2003   Por medio del cual se establece la estructura y funciones del MIJ
 (derogado)            y se modifica las funciones de la DDJN.
 Decreto 1795 de       Reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002
 2007
 Decreto 4530 de       Por el cual se modifica la estructura del MIJ y se crea la dirección
 2008 y Resolución     de defensa jurídica del Estado. Crea al interior de la dirección de
 3598 de 2008          ordenamiento el Grupo de Racionalización Normativa y el grupo
 (derogados)           de divulgación normativa. Igualmente establece los grupos de la
                       dirección de defensa jurídica del Estado.
 Decreto 2484 de       Crea la Comisión Intersectorial para la defensa de los intereses
 2008                  jurídicos del Gobierno
 Decreto 1716 de       Modifica la reglamentación de los comités de conciliación y
 2009                  establece la Red Nacional de Información en materia litigiosa
 Decreto 1345 de       Por el cual se establecen directrices de técnica normativa.
 2010
 Decreto 508 de 2012   Por el cual se establece el sistema de nomenclatura,
                       clasificación y remuneración de los empleos públicos de las
                       Agencias Estatales de Naturaleza Especial, de las Agencias
                       Nacionales de Defensa Jurídica del Estado y de Contratación
                       Pública – Colombia Compra Eficiente –, organismos del sector
                       descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se
                       dictan otras disposiciones.
 Decreto 509 de 2012   Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales
                       para los diferentes empleos públicos de las Agencias Estatales
                       de Naturaleza Especial y de las Agencias Nacionales de Defensa
                       Jurídica del Estado y de Contratación Pública – Colombia
                       Compra Eficiente –, organismos del sector descentralizado de la
                       Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras
                       disposiciones.
 Decreto 510 de 2012   Por el cual se establece la planta de personal de la Agencia
                       Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictan otras
                       disposiciones.

 Decreto 689 de 2012   Por medio del cual se modifica la composición del Consejo
                       Asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 Directiva             Señala una serie de órdenes para el uso de mecanismos
 Presidencial 02 de    alternos de solución de conflicto entre entidades publicas
 2003
 Decreto 200 de 2003   Por medio del cual se establece la estructura y funciones del MIJ
Fernando Carrillo Flórez                                    Discurso de Posesión


       Norma                                      Descripción
 Ley 1105 de 2006       Adopta el sistema único de información para la gestión jurídica
                        del Estado
 Ley 1444 de 2011       Escinde los Ministerios de Interior y de Justicia y del Derecho y
                        crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
 Decreto 200 de 2003    Por medio del cual se establece la estructura y funciones del MIJ
 (derogado)             y se modifica las funciones de la DDJN.
 Decreto 1795 de        Reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002
 2007
 Decreto 4530 de        Por el cual se modifica la estructura del MIJ y se crea la dirección
 2008 y Resolución      de defensa jurídica del Estado. Crea al interior de la dirección de
 3598 de 2008           ordenamiento el Grupo de Racionalización Normativa y el grupo
 (derogados)            de divulgación normativa. Igualmente establece los grupos de la
                        dirección de defensa jurídica del Estado.
 (derogado)             y se modifica las funciones de la DDJN.
 Directiva              Ordena la realización de una relación de los pasivos
 Presidencial 01 de     contingentes que pudieran afectar la situación financiera de la
 2004                   Nación, así como a lo establecido por el documento CONPES
                        3250 de 2003

 Directiva              Establece directrices para la ejecución del proyecto de
 Presidencial 01 de     racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico
 2005


       IX.     NORMATIVIDAD APLICABLE DE MANERA DIRECTA A LA MISIÓN Y
             FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA
                                    DEL ESTADO



   Ley 1444 de         Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan
   2011                precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República
                       para modificar la estructura de la Administración Pública y la
                       planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan
                       otras disposiciones.
   Decreto 4085 de     Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la
   2011                Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado


   Decreto 508 de      Por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación
   2012                y remuneración de los empleos públicos de las Agencias
                       Estatales de Naturaleza Especial, de las Agencias Nacionales de
                       Defensa Jurídica del Estado y de Contratación Pública –
                       Colombia Compra Eficiente –, organismos del sector
                       descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se
                       dictan otras disposiciones.
   Decreto 509 de      Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales
   2012                para los diferentes empleos públicos de las agencias estatales
                       de naturaleza especial y de las agencias nacionales de Defensa
                       Jurídica del Estado y de Contratación Pública —Colombia
                       Compra Eficiente—, organismos del sector descentralizado de la
                       rama ejecutiva del orden nacional
   Decreto 510 de      Por el cual se establece la planta de personal de la Agencia
Fernando Carrillo Flórez                               Discurso de Posesión


   2012             Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictan otras
                    disposiciones.
   Comunicación     Por medio de la cual de da alcance de las funciones de la
   Presidencial del Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en cuanto a la
   día 03 de mayo representación judicial de los litigios en contra de las entidades
   de 2012          del orden nacional.

								
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