BERMAN REITERACION by D5D29A5

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									Convención de Vienna sobre el derecho de los tratados entre estados y
                                   organizaciones internacionales o e
                                  ntre organizaciones internacionales
     viena,21 de marzo de 1986 ratificada por Argentina mediante Ley
                                                 23782(B:O 7/6/1990)

                                                Credential Letter of:
                                       Human Rights & International
                                            Humanitarian Observer
                                     DR BERMAN JORGE ENRIQUE
                                  DR MELO 3147 LANUS PCIA Bs.As.
                                            T.E./FAX 01142416924




      En la Calidad invocada me dirijo a Ud. EL Dr. Berman Jorge
             Enrique Credential Letter of: Human Rights &
International www.eft.org.ar Humanitarian Observer Fiscal Internacional
FORMULA DENUNCIA –SE DECLARE INEXISTENCIA DEL ACTO JURÍDICO -
HABILITE FERIA JUDICIAL –
REITERA SE DECLARE HABILITADA LA INSTANCIA
Sr. Fiscal Federal:

                      SESIN ANTONIO JOSE, DNI N ° 6487.092, con domicilio real en AMELIA EARHARDT 4413
CASA 3 Valle del Cerro, CORDOBA 5009, Mayor ( ret,) FUERZA AEREA ARGENTINA, y DANIEL IGNACIO
SARWER, DNI 12980462, con domicilio en DUARTE QUIROS 433 PISO 12, con el patrocinio letrado del, Dr.
ENRIQUE A. PIRAGINI, DNI 8.502.699, abogado inscripto al tomo 22 folio 23 del CPACF, por mi derecho, en
la causa , denunciada, , tanto en mi calidad de ciudadano, Presidente de ARIEL. Somos
todos.Ong (ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD, ONG inscripta en CENOC bajo el N º
10427), (TE 154-159-8401), y abogado patrocinante, de SESIN ANTONIO JOSE Y SARWER DANIEL
IGNACIO, , ofendida y damnificada ( Art. 82 CPPN), Y Dr. ENRIQUE A. PIRAGINI, DNI 8.502.699, abogado
inscripto al tomo 22 folio 23 del CPACF, por mi derecho, en la causa , denunciada, , tanto en mi calidad
de ciudadano a todos los efectos legales, tanto en mi calidad de ciudadano, de la Republica Argentina,
conforme al art 21 CN, de abogado ,como Apoderado y Presidente del PARTIDO DEL CAMPO POPULAR, a
NIVEL NACIONAL, , constituyendo todos domicilio procesal en 9 DE JULIO 68 3° piso | OF. 20 CORDOBA,
DEJANDO CONSTANCIA DE LA AUTORIA INTELECTUAL DE ESTE ESCRITO ES DEL Dr. Berman Jorge
Enrique Credencial Letter of: Human Rights & International www.eft.org.ar Humanitarian Observer Fiscal
Internacional Rwanda 1994 DR MELO 3147 LANUS PCIA Bs. As. T. E./FAX001139807764, nos presentamos
respetuosamente ante el SR. Agente Fiscal y digo:       Veo con consternación que EL Sr. Agente Fiscal, pese a

estar de turno y ante la necesidad de HABER DETENIDOS gente que ya muere en la CARCEL en una actitud se
esta vulnerando nuestros derechos y garantías constitucionales, atenta al debido proceso, cuando un Juez esta de
Turno se encuentra abocado a las tareas que originalmente traen a ventilar lo que se solicito y se solicita es UNA

ACCION DECLARATIVA donde V.S, debe CONSTESTAR si es verdad los dichos de este Fiscal Internacional o no
fundadamente y no alegar que no se abre la Feria en forma despectiva por lo que vuelvo solicitar se me de toda la
información requerida porque hace a nuestro derecho por nosotros por nuestra posteridad y por todo los hombres
del mundo que habiten el suelo argentino.-


Que la presente solicitud basándome en el Derecho Penal justifico domicilio en berman_72@hotmail.com ,donde me
deberá notificar toda resolución para ser enviada a la Organización que represento.-


LA AUTORIA INTELECTUAL DE ESTE ESCRITO ES DEL Dr. Berman Enrique Credential Letter of: Human Rights &

International www.eft.org.ar Humanitarian Observer   Fiscal Internacional Rwanda 1994 DR MELO 3147
LANUS PCIA Bs.As.T.E./FAX001139807764, nos presentamos respetuosamente ante el SR. Agente Fiscal y digo:


                                        I - En nuestra calidad de Ciudadanos Argentinos , hablada por la
Constitución Nacional art 75 inc 21 Tratado de San Jose de Costa Rica donde nos da la potestad de realizar la
presente denuncia por si o con un abogado a costa del Estado, por lo que por mi propio derecho vengo a V.S. a que

se declare   ACTOS INEXISTENTES como lo establece la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que
acompaño a la presente todos los actos que fueron culpados los pertenecientes a las Fuerzas Armadas Aviación,
Marina y Ejercito así como todos los integrantes que lucharon por el bien de la Argentina y hoy se ven presos por los
hechos y derecho que paso a exponer :
La Constitución Nacional es algo que deberíamos estudiar todos en especial los integrantes de los Derechos
Humanos para no ahondar el art 18 de la Carta Magna establece “… Ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”, es decir que la Constitución Nacional recepta
el nula pena sine lege es decir que nadie puede ser juzgado por una ley que no se encontraba vigente al momento de
ser cometido el hecho.


Que es fácil establecer que si bien el Tratado sobre Crímenes de genocidio o crimen de lesa humanidad fueron
receptado este ultimo ya que el primero de genocidio tiene base en 1948 y tendríamos que ver cuando Argentina al
momento reglamento ese tratado, pero el ultimo de Lesa Humanidad arranca con el Estatuto de la Corte
Penal Internacional en 1998 razón suficiente para establecer NO ya la nulidad de lo actuado sino la inexistencia del
acto jurídico donde se establece la culpabilidad de los funcionarios militares.


Que si permitimos adecuar la Constitución a nuestro arbitro entonces ya se viola una ves ya podemos tirar a la
basura toda la constitución porque entonces cualquiera la podría adecuar a sus deseos y ello no lo podemos permitir

nosotros como ciudadanos de bien que si los juicios a la   juntas están prescriptos yo digo que los
juicios a la junta son inexistentes porque cuando se realizaron se lo juzgo vulnerando
la Constitución Nacional el nula pena sine lege.

Porque seria una cuestión de sentido común por ejemplo un homicida la muerte se va perpetuando en el tiempo
entonces también a el se le da la libertad. Un violador se perpetua en el tiempo y entonces tendríamos también que
darle prisión de por vida. Acompaño Estatuto de la Corte para mayor claridad


NACIONES UNIDAS


Distr. General


A/CONF.183/9


17 de julio de 1998


ORIGINAL: ÁRABE/CHINO/ ESPAÑOL/FRANCÉS/ INGLÉS/RUSO


ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.


PREÁMBULO: Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas
configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede
romperse en cualquier momento,


Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de
atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el
bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e
intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de
la justicia, Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la
prevención de nuevos crímenes, Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal
contra los responsables de crímenes internacionales,


Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los
Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de
las Naciones Unidas, Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto
deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de
conflicto armado en los asuntos internos de otro Estado, Decididos, a los efectos de la consecución de
esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas
que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional
en su conjunto, Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto
será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, Decididos a garantizar que la justicia
internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,


Han convenido en lo siguiente:


                             PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE


                                                 Artículo 1


                                                  La Corte


Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución
permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más
graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter
complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la
Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.


                                                 Artículo 2


                               Relación de la Corte con las Naciones Unidas


La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de
los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.


                                                 Artículo 3


                                              Sede de la Corte
1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión").


2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la
Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.


3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con
lo dispuesto en el presente Estatuto.


                                                  Artículo 4


                                Condición jurídica y atribuciones de la Corte


1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea
necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.


2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente
Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier
otro Estado.


            PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE


                                                  Artículo 5


                                   Crímenes de la competencia de la Corte


1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto,
respecto de los siguientes crímenes:


a) El crimen de genocidio;


b) Los crímenes de lesa humanidad;


c) Los crímenes de guerra;


d) El crimen de agresión.


2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una
disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las
condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de
la Carta de las Naciones Unidas.


                                                  Artículo 6


                                                 Genocidio
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal:


a) Matanza de miembros del grupo;


b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;


c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial;


d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;


e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.


                                                  Artículo 7


                                       Crímenes de lesa humanidad


1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los
actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque:


a) Asesinato;


b) Exterminio;


c) Esclavitud;


d) Deportación o traslado forzoso de población;


e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional;


f) Tortura;


g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros
abusos sexuales de gravedad comparable;


h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;


i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;


k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.


2. A los efectos del párrafo 1:


a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión
múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política
de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;


b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso
a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;


c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una
persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en
particular mujeres y niños;


d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin
motivos autorizados por el derecho internacional;


e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá
por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o fortuita de ellas;


f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de
cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta
definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;


g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en
contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;


h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados
en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese
régimen;


i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de
personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia,
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el
paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período
prolongado.


3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos,
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la
que antecede.


                                                 Artículo 8


                                            Crímenes de guerra


1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan
como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.


2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a) Infracciones graves de
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra
personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:


i) Matar intencionalmente;


ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;


iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la
salud;


iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran
escala, ilícita y arbitrariamente;


v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una
Potencia enemiga;


vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e
imparcial;


vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;


viii) Tomar rehenes;


b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales
dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:


i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no
participen directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos
militares;


iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos
participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos
civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;


iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o
daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean
claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;


v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén
defendidos y que no sean objetivos militares;


vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para
defenderse, se haya rendido a discreción;


vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el
uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de
Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;


viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al
territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio
ocupado, dentro o fuera de ese territorio;


ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las
ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y
heridos, siempre que no sean objetivos militares;


x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos
médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico,
dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en
peligro su salud;


xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;


xii) Declarar que no se dará cuartel;


xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan
imperativo;


xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los
nacionales de la parte enemiga;
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su
propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra;


xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;


XVII) Veneno o armas envenenadas;


XVIII) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo;


XIX) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no
recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;


XX) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen
daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho
humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles,
materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo
del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que,
sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;


XXI) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;


XXII) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en
el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual
que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra;


XXIII) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de
operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;


XXIV) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y
contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de
conformidad con el derecho internacional;


XXV) Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como método de hacer la guerra,
privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar
intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;


XXVI) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para
participar activamente en las hostilidades; c) En caso de conflicto armado que no sea de índole
internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las
armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier
otra causa: 1) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
2) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes;


3) La toma de rehenes;


4) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal
constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas
como indispensables.


5) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole
internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como
motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.


6) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de
índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los
actos siguientes:


7) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen
directamente en las hostilidades;


8 ) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el
personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad
con el derecho internacional;


9 ) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos
participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos
civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;


10) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes,
las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a
enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;


11) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;


12) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el
apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual
que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;


13) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar
activamente en hostilidades;


14) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos
que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;


15) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;
16) Declarar que no se dará cuartel;


17) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a
experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento
médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que
provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;


18) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan
imperativo;


f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole
internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como
motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a los
conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado
prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.


    3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo
  gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad
                             territorial del Estado por cualquier medio legítimo.


                                                 Artículo 9


                                           Elementos del crimen


1. Los Elementos del crimen, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del
presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de
los Estados Partes.


2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:


a) Cualquier Estado Parte;


b) Los magistrados, por mayoría absoluta;


c) El Fiscal.


Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayoría de dos tercios de los
miembros de la Asamblea de los Estados Partes.


3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente
Estatuto.


                                                 Artículo 10
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de
alguna manera las normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines distintos del
presente Estatuto.


                                                 Artículo 11


                                           Competencia temporal


1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en
vigor del presente Estatuto.


2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá
ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en
vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.


                                                 Artículo 12


                          Condiciones previas para el ejercicio de la competencia


1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte
respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.


2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o
varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la
Corte de conformidad con el párrafo 3:


a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere
cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;


b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.


3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad
con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir
en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará
con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.


                                                 Artículo 13


                                         Ejercicio de la competencia


La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo
5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca
haberse cometido uno o varios de esos crímenes;


b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos
crímenes; o


c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.


Italia, España e Ibero América pertenecen a la familia romano germánica en la cual la ley es la fuente de
Derecho por excelencia. El Código Civil italiano de 1942 ha sido influenciado en la parte de contratos por
el Código Civil alemán de 1900 y por el Código Civil suizo de las obligaciones de 1917, y por ello el
pandectismo alemán y el método sistemático tuvieron una influencia importante. Una importante
característica del sistema italiano es la inaplicabilidad de la regla romano germánica de que la mejor
forma de hallar soluciones justas que impone el Derecho consiste en que los juristas operen a partir de
las disposiciones legales. Por el contrario, la jurisprudencia y la doctrina italianas tienen un rol relevante
con relación a la fuente legal. El Código Civil español de 1889 tuyo una gran influencia del Código Civil
francés de 1804, de allí el predominio de la legislación sobre las otras fuentes del Derecho a través del
método exegeta el sistema sé auto integraba, de modo que de presentarse una laguna jurídica debía
                                                                    .
buscarse la respuesta en el interior del propio sistema legislativo Sin embargo, para evitar esas lagunas
se busca en las demás fuentes del derecho como son las costumbres, el mismo Derecho Internacional,
en el Derecho Romano, en el Derecho Canónico etc., en España la doctrina se ha convertido en una
fuente complementaria a la ley. En Ibero América, las leyes una fuente predominante la cual es
complementada por la jurisprudencia. Es importante señalar que la doctrina ha adquirido paulatinamente
una importancia inusitada en el ámbito jurídico ibero América. Las funciones de describir, explicar,
                                                                                      2
sistematizar, criticar y aportar soluciones han surgido precisamente de la doctrina en lugar de la ley y de
la jurisprudencia iberoamericanas. Este planteamiento significa asignar a la ciencia jurídica la calidad de
fuente de derecho positivo La aspiración suprema de la ciencia jurídica es reproducir o reconstruir el
ordenamiento jurídico en su estructura sistemática, esto es, como un conjunto de normas jerarquizadas y
coordinadas entre sí a través de los principios jurídicos fundamentales. Entonces, la ciencia jurídica,
como expresión de la doctrina científica y como productora de normas jurídicas, es parte integrante del
                       5
ordenamiento jurídico . Es función de la doctrina, descubrir los primeros estratos de sustentación de las
normas jurídicas elaboradas por los órganos facultados brindando así, de la crítica demoledora y de la
elaboración constructiva, las pautas de donde fluirán los intentos reformadores y los impulsos de la
creación del derecho nuevo. En esta ocasión nos referiremos al significado no en la inexistencia del acto
en el derecho civil, que esto resulta claro al faltarle un elemento de los llamados esenciales (voluntad,
discernimiento y libertad) sino nos referiremos a la inexistencia del acto en el código procesal y nos
basaremos en el Teóricos Franceses, Aubry et Rau son el primero en definirlo al indicar que, el acto al
que le falta un elemento esencial –sin el cual no puede concebirse su existencia, debe considerarse
como no sucedido. ,entonces definimos el acto procesal inexistente como. Aquel acto al que le falta los
presupuestos procésales para constituir una relación jurídica procesal .En nuestro derecho no existe
como en Italia la diferenciación entre nulidad, anulabilidad e inexistencia Oskar Von Bullow el primero
que concibió la idea de relación procesal en el sentido moderno En 1868 cuando publico su obra Die
Lehré von den Processeinreden und die Processvoraussetzunger, decía “...el proceso es una relación de
derechos y obligaciones reciprocas ,es decir, una relación jurídica ...” también señalo el carácter
continuo de la relación y su constante transformación menta unitariedad de la misma, es decir “ sin
embargo ,los juristas romanos no se habían quedado con la idea superficial del proceso como pura seria
de actos del juez y las partes , sino que habían concebido la naturaleza de aquel como una relación
jurídica unitaria (judicium) .En nuestros derecho para la Ley procesal todos los actos pueden adolecer de
una nulidad relativa , es por dichos de la doctrina que todas las nulidades pueden ser salvadas o
susceptible de convalidarse por el consentimiento expreso o presuntos de las partes a quienes perjudica.
Entonces comenzamos con nuestro tema que pasaría con una sentencia dictada por Juez competente en
un proceso fraudulento como ejemplo , entonces esta sentencia adolece de un vicio susceptible de
pedirse no la nulidad sino la inexistencia del acto ,debe considerarse como un no acto, y debe ser
acogida por los Jueces ,porque ese acto fallo en unos elementos esenciales y resulta un acto jurídico
procesal al que le faltan los elementos esenciales para ser considerado tal es un acto inexistente , no
nulo ,Como indicaron los autores Franceses expositores de la teoría , los actos aparentes- no reales- no
producen efecto alguno El acto inexistente adolece de ineficiencia absoluta, no puede ser confirmado, ni
convalidado, ni necesita ser invalidado. No hace cosa juzgada


                                 III CONCLUSIÓN : de todo lo manifestado podemos sacar la siguiente
conclusiones si bien en la legislación vigente no establece el instituto de ACTOS INEXISTENTE ello
deriva de un acto contrario a las normas sean jurídicas como administrativas, cuando hablamos de actos
inexistentes decimos nada, no son actos jurídico o administrativos, o sea no pueden convalidarse siendo
labor de los juristas resolver en todo los casos el establecimiento de estas prerrogativas nacidas de
mano de los teóricos Franceses y no puede ni debe negarse porque hace a la esencia del derecho que
apelamos. Pero recordemos en este breve resumen que son los actos nulos o anulables en nuestra
legislación porque muchos de nosotros omitimos el uso de los actos inexistente y por defecto
profesional muchas veces hablamos de nulidad como panacea a todos los conflictos que suceden,
estamos hablando de un error procesal o sea un error in procediendo ,cuantas veces vemos que en los
considerando de una sentencia el juez no accede a hechos sean de la demanda o la contestación de la
demanda y podemos ver en sus considerando una visión errada del conflicto y claro apelamos
agraviados ante la Cámara, en cuanto tendríamos que pedir siendo falso el considerando es inexistente y
si es inexistente el antecedente resulta un acto inexistente la sentencia y ello debemos apelar para que
sea el Señor Juez reconociendo su error realice una nueva contemplación de los hechos y dicte acorde a
derecho su sentencia ( errar humanum es) .JURISPRUDENCIA Esta Suprema Corte tiene fijada como
doctrina legal:


      1. Que en el derecho civil argentino el acto jurídico inexistente configura un supuesto diverso del
acto jurídico nulo o anulable.


      2. Que el párrafo final del art. 1051 del Código Civil no resulta aplicable a la inexistencia (conf.
causa Ac. 31.354, sent. del 7-XII-82; “Acuerdos y Sentencias”, 1985-I-141).
     Uno y otro criterios han sido transgredidos por el fallo en recurso al extender a un acto en el que se
prescindió totalmente de la voluntad del titular de un derecho para transferirlo (acto inexistente) la
aplicación del mencionado art. 1051 del Código Civil.


     La sentencia debe, en consecuencia, ser casada, restituyéndose la de primera instancia, con
costas. Ya esta Corte ha tenido oportunidad de calificar a estos actos como inexistentes (v. causa Ac.
31.354, sent. del 7-XII-82 y “Acuerdos y Sentencias”, 1985-I-141). Se dijo en la última de las causas
citadas que se trata en rigor del acto non avenu que llevara a Aubry y Rau (“Cours de Droit Civil
Francais”, 4ª ed., t. I, pág. 118) a decir que el acto que no reúne los elementos que suponen su naturaleza
y en cuya ausencia resulta imposible pensar en su existencia, ha de considerárselo, no sólo como nulo,
sino como “no sucedido” o “no acontecido”.


     Por descontado que al aceptarse que el acto sea jurídicamente irrelevante las proyecciones de su
eficacia, como antecedente de determinadas consecuencias, adquieren una mayor extensión que la que
puede corresponder a la nulidad de mayor entidad posible.


     En rigor nulidad e inexistencia atienden a dos niveles distintos de planteo; en el caso de la nulidad
se está ante un acto que tiene existencia pero cuya eficacia, por causas anteriores o coetáneas con el
propio acto, está afectada en el parámetro de su validez o invalidez como productor de los efectos
propios al que el acto estaba destinado. Cuando el acto, por circunstancias relativas a su esencialidad,
no puede nacer a la vida del derecho, su ineficacia parte de su no existir y nada puede quedar de él más
de la constatación de su inexistencia, ni siquiera bajo la expresión de la obligación natural (art. 515,
C.Civ.). El acto jurídicamente inexistente tiene proyección como hecho jurídico, no como acto negocial
que haga pie en el art. 944 del Código Civil para proyectarse en toda la normativa que toma en cuenta a
esta especial expresión de la voluntad jurídica y vinculante.


     Como lo sostiene López Olaciregui (en Salvat, Parte General, Ad. 2641, t. II, pág. 764), cuando hay
“vicio” ha de recurrirse a la teoría de las nulidades, en tanto que cuando no hay otorgamiento del acto se
está frente a supuestos de inexistencia.


     Debe tenerse presente que todos los actos de expresión de voluntad destinados a producir efectos
de derecho, que constituyen la sustancia de todas las convenciones o contratos son jurídicamente
vinculantes porque la ley a la voluntad expresada le asignan efectos. Es así que el art. 944 del Código
Civil señala que “son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por efecto inmediato
establecer entre las personas relaciones jurídicas...”, en tanto que son actos voluntarios los hechos
humanos realizados con discernimiento, intención y libertad y que hayan sido exteriorizados
suficientemente (arts. 927 y 913, C. Civ.). La realización del acto concierne a la problemática de su
existencia, en la alternativa de que alguien realice un acto o no lo realice; los elementos internos:
discernimiento, intención y libertad, o externos: exteriorización de la voluntad con ajuste a las formas
requeridas, conciernen a la temática de su validez. Si alguien no otorga el acto para él no existe. Y esto
es algo más que una inoponibilidad porque el acto que es inexistente para quien no lo otorgó, igualmente
lo es para todos quienes hayan participado en él. En cambio, si el acto aparece viciado o defectuoso, en
grado previsto por la ley, con afectación de sus elementos constitutivos, el acto es o existe, pero podrá
ser nulo, anulable (actos inválidos) o simplemente inoponible (actos ineficaces respecto de alguien,
como ocurre, v. gr., en el caso de la acción pauliana).


      Los   actos   jurídicamente     inexistentes   no   son    confirmables,    ni   prescriptibles   (C.S.N. in
re“Explotadora de Tierra del Fuego S.A. c/Gobierno Nacional”, sent. del 6-XI-39, en J.A., t. 68, pág. 444,
con cita de un caso anterior publicado en “Fallos”, t. 179, pág. 249, publicado en J.A., t. 23, pág. 645), no
producen efecto alguno (Cordeiro Alvarez, E., “El acto jurídico inexistente”, en Bol. de Inst. de Der. Civ.
de la U.N. de Córdoba, año VII, oct.-dic. de 1942, pág. 254, Llambías, J.J., “Vigencia de la teoría del acto
inexistente”, en Rev. de la Fac. de Der. y C. Soc. de la U.N.B.A., año III, nº 11, jul.-set. de 1948, pág. 650
Borda, G.A., “Parte general”, ed. 1976, t. II, pág. 425, nº 1263; S.C.B.A., en “La Ley”, t. 79, pág. 457).


      2. Definido el punto anterior, creo oportuno reiterar los conceptos vertidos en el precedente
registrado en “Acuerdos y Sentencias”, 1978-III-173, respecto de la pretendida aplicación del art. 1051 del
Código Civil a los actos inexistentes.


      Se dijo en dicha causa que el art. 1051, última parte, en su literalidad no protege a los terceros
adquirentes de buena fe y a título oneroso sino cuando su título emanare de un acto nulo o anulable, no
contemplando la hipótesis del acto inexistente. Y de ahí que se haya sostenido, con toda lógica, que en
ese supuesto el tercero no puede ampararse en el art. 1051 para repeler la acción reipersecutoria del
propietario despojado (v. Borda, op. cit., pág. 436, núm. 1279).


      Las razones de quienes sostienen tal amparo, sobre la base de los principios de la buena fe, de la
apariencia y la regularidad de los asientos registrales (vgr. Spota, “Curso sobre temas de Derecho Civil”,
Buenos Aires, 1971, págs. 24 y sgtes.) no son suficientes para hacer nacer un derecho de un acto ilícito.
Quien es despojado mediante una falsificación, sin haber intervenido para nada en actos que hayan dado
origen a la cuestionada transmisión del dominio (a diferencia, vgr., de quien ha sufrido error o dolo), debe
merecer la tutela jurídica de su derecho, por más respetable que pueda parecer la situación de quien, de
buena fe, ha adquirido un inmueble como resultado final de la maquinación. En la disyuntiva de proteger
a uno u otro -al despojado o al estafado-, por encima de las teóricas razones de cambio o progreso
jurídico o las apelaciones a la doctrina de la apariencia y la buena fe, hay una noción de justicia elemental
que señala que todo debe volver, en lo posible, al estado originario; la primera víctima de un delito debe
ser resarcida con prioridad a la segunda.


      La doctrina, en general, y con diversos argumentos o desde distintos puntos de vista, ha
considerado inconveniente llevar la protección del tercero de buena fe al extremo de aceptar la
intangibilidad de su título cuando éste es producto, en última instancia, de una falsificación. Así, Alsina
Atienza ha señalado justamente que “...al propenderse tan fuertemente a la llamada seguridad dinámica,
se minan las bases de la seguridad estática, y se dan al adquirente de buena fe garantías ilusorias, ya
que ese adquirente de hoy será fácil presa de la expropiación de mañana, en los altares de la apariencia
jurídica” (v. “Los derechos reales en la reforma del Código Civil”, “J.A.”, doctrina 1969, pág. 457). Y sigue
ese autor: “Y todavía podrá sostenerse que el sacrificio de la propiedad privada en aras del interés social
clamaría por una indemnización, por aplicación de la doctrina de la expropiación pública; idea que ha
inspirado la fe pública de algunos regímenes inmobiliarios, como el Torrens, en los cuales existe un
fondo de compensaciones, formado con los aportes de todos los que voluntariamente se acogen a los
beneficios del sistema (especie de seguro social o de socialización del riesgo): ...el verdadero ideal en la
materia”. Es bien sabido, por lo demás, que ese distinguido jurista, que piensa que la redacción actual
del art. 1051 conduce a una solución indeseable, aunque inevitable (v. op. cit., pág. 471), propuso, cuando
era miembro de la Comisión Reformadora de 1968, un agregado al párrafo final del art. 1051, mediante el
cual se dejaba a cubierto del derecho del propietario del inmueble para el supuesto de falsedad de
escritura pública (ídem).


      También Jorge Horacio Alterini ha juzgado excesivo hacer derivar la protección del tercero
adquirente, en casos como el de autos, del art. 1051, estimando que el acto es inoponible para el
propietario, pues “generalmente detrás de la escritura falsificada hay una venta de cosa ajena, y la venta
de cosa ajena es un acto inoponible para el dueño que no participó en el negocio” (v. “El art. 1051 del
Código Civil y el acto inoponible”, en “J.A.”, doctrina 1971, págs. 634 y sgtes., esp. pág. 641); la
apariencia jurídica es atendible, pero no “en medida tal que hasta lleve a superar en los inmuebles la
tutela que se concede en los muebles” (op. cit., pág. 640). Elías P. Guastavino recuerda que las Quintas
Jornadas de Derecho Civil en 1971 declararon que “el principio que inspira el art. 1051 in fine no debe
cubrir aquellos supuestos en los que no medie un acto que emane del titular del derecho de que se trate,
sino sólo una falsedad instrumental, a menos que se arbitre una compensación para dicho titular” y que
“el art. 1051 in fine admite ser interpretado en el sentido de que la salvedad es inaplicable cuando no
existe título que emana del titular del derecho, como en el caso de falsedad de escritura pública” (v. “La
protección a terceros adquirentes de inmuebles”, “J.A.”, doctrina 1973, págs. 93 y sgtes., esp. pág. 107).
Y Hernán Cortés, aun juzgando que un acto como el que trata esta causa sería nulo de nulidad absoluta
o, según prefiere, anulable de nulidad absoluta, coincide también en que no cabe aplicar, en mérito a
diversas razones que aquí no es del caso reseñar, el párrafo final del art. 1051 (v. “Los efectos contra
terceros de la nulidad de los actos jurídicos y la reforma de la ley 17.711”, en “La Ley”, t. 139, pág. 906 y
sgtes.).


      3. No puedo dejar de manifestar la extrañeza que provoca la circunstancia de que los precedentes
que me he ocupado de reiterar hayan sido olímpicamente ignorados por la alzada. No pretendo un ciego
seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni tampoco teorizar sobre el valor obligatorio de ellos,
pero sí considero que los tribunales inferiores tienen el deber moral de conocer la doctrina legal del
superior y -sea por la razón que fuere- si no la comparten, marcar sus diferencias.


      Como lo sostuviera esta Corte en anteriores oportunidades (y casualmente frente al mismo tribunal
de alzada), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiende a procurar y mantener unidad en la
jurisprudencia y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la
Corte, insistiesen en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no
menoscaba el deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta con dejar a
salvo sus opiniones personales (conf. causas Ac. 31.507, sent. del 26-X-82; Ac. 31.996, sent. del 17-V-83).


      4. El tribunal a quo ha aplicado erróneamente el art. 1051 del Código Civil y la doctrina legal de esta
Corte al respecto. Propongo por ello hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, casar
la sentencia impugnada y mantener la de primera instancia; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.).
Por lo que leyendo bien la jurisprudencia se vera del error que a veces acometemos, porque en muchos
cotos de la administración publica en ves de proclamar la inexistencia del acto , declaman la nulidad,
siendo como queda explicado dos conceptos diferentes, la nulidad esta establecido en el Código de
Procedimientos Civil y Comercial la inexistencia del acto es ante proceso es un sino del proceso.


                               IV - DERECHO: QUE baso mis palabras en la Constitución
Nacional, Reglamento de la corte, Actos inexistentes

1 -PRUEBA. La documental acompañada es por si locuaz de nuestra intencionalidad y
ténganse por prueba aportada


2-PETITORIO: por lo expuesto

I - Se me tenga el domicilio legal constituido

II - Se tenga presente lo acompañado

III - Se de traslado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gobierno de la
Nación Argentina


                             V – SOLICITO:

I -Se dicte sentencia correspondiente y se ordene la inmediata cese de la vulnerabilidad
de nuestra constitución, se condene por costas al Estado Nacional, con los intereses
que estime corresponder mas el daño a la intimidad que causaron y se disponga la
inmediata libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas, de las tres
armas so pena de considerar al ESTADO NACIONAL ARGENTINO, violatorio de los
delitos de Lesa Patria y Lesa Humanidad, supra expuesto, como así también privación
ilegitima d libertad, por inexistencia del acto jurídico.-

2 Hacemos expresa reserva de ocurrir a tribunales Internacionales, ante la presunta
falta de Justicia e Indepencia de poderes, violatorios de derechos y garantías
constitucionales.-


3-SE HABILITE FERIA JUDICIAL, DADO HABER DETENIDOS, A

LA REFERENCIA DE ESTA ACCIÓN DECLARATIVA.-


4- SE TENGA PRESENTE
Deberán declarar Bonasso y Caparroz. La calificación podría abarcar a
la totalidad de los delincuentes montoneros que hoy están en el
Gobierno

(Verbitzky, Garre, Kunkel, Conti, Bettini, Taiana, Bielsa, los KK y algunos
mas.
ES DE LESA HUMANIDAD EL ASESINATO DEL CORONEL
LARRABURE

FUENTE
A las 14:05 de la fecha, acaban de informar por Cadena 3 - Redaccion
Santa Fe Capital - Programa EL OBSERVADOR del periodista Pablo Rossi,
lo siguiente:

La Fiscal a cargo de las acciones deducidas por el asesinato del
Coronel Argentino del Valle Larrabure, ha resuelto en el dia de la
fecha hacer lugar al pedido de investigación de los familiares, patrocinados
por el Dr. Vigo Leguizamón ha ordenado abrir la instrucción pertinente.
Las acciones apuntan a configurar dicho crimen como de lesa humanidad,
basado en el hecho de haberse cometido por una organización armada
(ERP), en el periodo en el que regia el Estado de Sitio decretado por un
Gobierno Constitucional y Democrático.
El texto de la norma que pondrá en vigencia esa medida, ampliado y
prorrogado durante el año 1975, determinaba claramente que tal
situación excepcional se adoptaba para asegurar la defensa del orden legal
constituido frente al ataque que, bajo la identificación expresa de Plan
Criminal, llevaban adelante grupos sediciosos y subversivos, en los que
incluía entre otras autodenominadas Organizaciones Político-Militares, a
aquella estructura.
Al resolver iniciar la instrucción, la Fiscal da por sentado que se
acepta el encuadramiento del crimen como de lesa humanidad, por lo
tanto imprescriptible.
Para lo cual ha citado a declarar inicialmente en calidad de testigos,
a Antonio Cafiero y A. Ruckauf por un lado (responsables de la
implantación de la medida durante el gobierno de Estela M. de Perón, y
a los entonces miembros de organizaciones subversivas:
Miguel Bonasso, A.Caparroz y otros.
Es importante destacar, por nuestra cuenta, que si ello prospera, se
destrabar también la Causa Viola en Tucumán LO QUE A SU VEZ DARA PIE PARA
ACTIVAR LA "MEGACAUSA " DE MONTONEROS
QUE MANTIENE ABIERTA EL FISCAL FEDERAL GENERAL DR. ROMERO VICTORICA,
y tratándose sin duda TODO ESO de un verdadero Plan Sistemático,TODOS LOS
MIEMBROS DE AQUELLAS ESTRUCTURAS QUE AUN VIVAN, DENTRO Y
FUERA DEL PAIS, ...ADENTRO!!!! TODOS!!!!...PUES TAMPOCO PODRAN ADUCIR
QUE DESCONOCIAN LO QUE ESTABA SUCEDIENDO...Y..COMO YA NO HAY "LEYES DE
LA IMPUNIDAD " (Obediencia Debida, Punto Final y el Indulto oportunamente derogados).
Entonces se dará lo que viene anticipando desde un año largo el ex montonero Lic. Luis (NG
"Mariano") Labra : O todos libres, o todos presos!!!
Por favor difundir aun a costa de .."reiteraciones aparentemente molestas"
ESTA SI SE TRATA DE UNA ACCION POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA,
CONFORME A DERECHO , DEBERES Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES
VERDADERAS!!

4- Hago Expresa reserva de apelar, hago reserva de la casación penal y caso
federal, art.14 ley 48.-

5 Se corra urgente vista al Juez interviniente de FERIA, BAJO
APERCIBIMIENTO DE NOTIFICARLO POR NUESTRA CUENTA,
DADO PRESUMIR HABER PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD
DE SU ENTERA COMPETENCIA.-

                      PROVEER DE CONFORMIDAD, CONFORME A DERECHOS Y

GARANTIAS CONSTITUCIONALES


  SERA AFIANZAR LA JUSTICIA



ENRIQUE A. PIRAGINI                           ANTONIO JOSE SESIN

T ° 22 f ° 23 CPACF                           MAYOR (R) F.A.A




DANIEL SARWER EMBAJADOR para la Paz Mundial (U. P. F.- UNIVERSAL PEACE
FEDERATION) Foro consultivo Ecosoc (Económico Social) O.N.U.

DANIEL SARWER Ambassador for World Peace (U. P. F.-UNIVERSAL PEACE
FEDERATION) ECOSOC Consultative Forum (Social Economic) O.N.U

Credential Letter of:
Human Rights & International www.eft.org.ar
Humanitarian Observer

								
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