Manual Blanqueo Capitales by TsaZdafc

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									MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES


             Órgano de Control Interno
                                  ÍNDICE



POLÍTICA GLOBAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES               3

  1. INTRODUCCIÓN                                                          3
     1.1. Concepto y fases de blanqueo de capitales                        3

  2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL                                  5
     2.1. Legislación internacional                                        5
     2.2. Legislación española                                             5

  3. NORMATIVA INTERNA                                                     8


  4. ORGANIZACIÓN INTERNA                                                   9
     4.1. Órgano Control Interno sobre Prevención de Blanqueo de Capitales 9
     4.2. Representante ante el SEPBLAC                                    10
     4.3. Área de Cumplimiento Normativo (Departamento de Prevención y
          Control de Blanqueo de Capitales)                                10
     4.4. Responsables de Prevención de Blanqueo de Capitales en
          sociedades filiales                                              11

  5. POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE
     CLIENTES                                                              12
     5.1. Política de Aceptación de clientes                               12
     5.2. Política de Identificación de clientes (identificación formal)   13
     5.3. Política de Conocimiento de clientes (identificación material)   14

  6. ANÁLISIS Y CONTROL DE OPERACIONES                                     15

  7. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES                                           16
     7.1. Comunicación de operaciones sospechosas                          16
     7.2. Requerimientos de información                                    17

  8. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS                                            18

  9. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD                                             19

  10. FORMACIÓN DEL PERSONAL                                               20

  11. AUDITORÍA INTERNA Y EXAMEN ANUAL EXPERTO EXTERNO                     21
      11.1. Auditoría interna                                              21
      11.2. Examen anual experto externo                                   21

  12. DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO                         22
 POLÍTICA GLOBAL DE XXXXX SOBRE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO
                        DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de blanqueo de capitales, por el volumen que alcanza y su carácter
global, se considera un elemento desestabilizador de los mercados financieros, ya que
produce movimientos especulativos e incertidumbre, y puede afectar a la credibilidad
de las instituciones financieras en sus relaciones con los reguladores y con la sociedad
en general. Como consecuencia, en la comunidad internacional la preocupación por el
problema del blanqueo de capitales ha ido en aumento en los últimos años y son
numerosos los países de todo el mundo que están adoptando normas cada vez más
rigurosas para combatir esta lacra de la sociedad moderna.

XXXXXXX Consciente de la trascendencia del problema y del papel que las Asesorías
fiscales y contables juegan en su prevención, colabora con las autoridades
competentes. Los esfuerzos de XXXXX se concretan en el establecimiento de normas
y procedimientos de obligado cumplimiento dirigidos a:

- Cumplir con la normativa vigente en cada momento sobre prevención de blanqueo de
capitales y con las recomendaciones emitidas por los organismos internaciones y las
autoridades nacionales e internacionales.

- Implantar normas de actuación y sistemas de control y comunicación adecuados para
impedir el acceso a la entidad a personas o colectivos no deseados.

- Establecer políticas de aceptación de clientes y procedimientos relativos a la
identificación y conocimiento del cliente, garantizando que todos sus empleados las
conozcan y observen.

El presidente Manual establece los estándares mínimos que XXXX debe observar, y
va destinado a todos los empleados que, en nombre de XXXX establezcan relaciones
con clientes.

1.1.   Concepto y fases del blanqueo de capitales

Por Blanqueo de Capitales se entiende la adquisición, utilización, conservación o
transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de participación delictiva, para
ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad
delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o
encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición,
movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aún cuando las
actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

A nivel general, el proceso de blanqueo de capitales consta de las siguientes fases:

                                  Introducción en el circuito financiero de los fondos
I.COLOCACIÓN
                                                obtenidos ilegalmente.

                                Realización de diversas transacciones con la finalidad
II. DIVERSIFICACIÓN
                                    de desvincular los fondos de su origen ilícito.
                   Realización de inversiones patrimoniales otorgando una
III. INTEGRACIÓN      apariencia de legitimidad en cuanto a su origen.
2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL

2.1.   Legislación internacional

Los documentos internacionales que se han utilizado fundamentalmente como base
para la elaboración de las leyes nacionales:

- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988 (Convención
de Viena).

- La Declaración de Basilea, aprobada el 28 de diciembre de 1988, por el Comité de
Basilea sobre Regulación y Supervisión Bancaria.

- El informe aprobado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 6 de
febrero de 1990, en París, con 40 recomendaciones para prevenir el blanqueo de
capitales, que fueron actualizadas en 1996 y en junio de 2003. Adicionalmente, las 9
recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo, aprobadas el 31 de
octubre de 2001.

- El Convenio del Consejo de Europa sobre Blanqueo, Identificación, Embargo y
Comiso de los Productos del Delito, abierto a la firma el 8 de Noviembre de 1990 en
Estrasburgo.

- La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (2001/97/CEE), del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

- la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo, de 26 de octubre.

2.2.   Legislación española

En España el marco normativo básico en esta materia está compuesto por los
siguientes textos legales:

- Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo que traspone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo, de 26 de octubre.

- Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, que desarrolla reglamentariamente las
obligaciones descritas en la Ley 19/1993 en cuanto no se oponga a la ley anterior,
modificado por el Real Decreto 54/2005 de 21 de enero de 2005.

- Orden Ministerial EAH/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención de blanqueo de
capitales.

Sujetos obligados

Quedan sujetas a las obligaciones establecidas en la legislación vigente artículo 2 de
la ley 10/2010
a) Las entidades de crédito.

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los
corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros
servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan
reglamentariamente.

c) Las empresas de servicios de inversión.

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de
inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-
riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

g) Las sociedades de garantía recíproca.

h) Las entidades de pago.

i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.

j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.

k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de
préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización
como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de
las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de
14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de
Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras
modificaciones relativas al Sistema Financiero.

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de
agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando
participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de
clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la
gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes,
cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones
necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación,
el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras
análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o
inmobiliaria.
o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica
que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir
sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de
una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras
personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un
domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios
afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;
ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento
jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer
funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que
coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes
con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que
otra persona ejerza dichas funciones.

p) Los casinos de juego.

q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales
preciosos.

r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el
artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores
en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional
de fondos o medios de pago.

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías
u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos
establecidos en el artículo 34.

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos
establecidos en el artículo 38.

x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.

y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y
productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito
emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.


Obligaciones principales

La Ley 10/2010 impone los sujetos obligados fundamentalmente las siguientes
obligaciones:

       - Establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control
       interno y comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de
       operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. En particular se
       establecerá una política expresa de admisión de clientes.
       - Identificación y conocimiento de los clientes y de las personas que
       deseen realizar operaciones con la asesoría, así como de las personas por
       cuenta de quienes actúan cuando existan indicios o certeza de que no lo hacen
       por cuenta propia.

       - Examen especial de aquella operativa que pueda estar vinculada al
       blanqueo de capitales con independencia de su cuantía.

       - Conservación de documentos acreditativos de las operaciones e identidad
       de los sujetos que realicen durante un plazo mínimo de diez años.

       - Comunicación, a través de los órganos internos que cada asesoría designe,
       al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
       Infracciones Monetarias (SEPBLAC), de cualquier hecho u operación sobre el
       que existan indicios o certeza de su vinculación al blanqueo de capitales, así
       como colaborar facilitando la información requerida por el mismo. La
       comunicación de buena fe de clientes u operaciones con indicios de poder
       estar relacionados con blanqueo de capitales, no constituirá violación de las
       restricciones sobre revelación de información, impuestas por vía contractual o
       por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará para las
       entidades, directivos o empleados, ningún tipo de responsabilidad.

       - Abstención de         ejecutar operaciones sospechosas sin efectuar
       previamente dicha comunicación, o su comunicación posterior inmediata,
       cuando la abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los
       beneficiarios de la operación.

       - Deber de confidencialidad, no revelando al cliente o a terceros las
       operaciones comunicadas o el examen de su operativa.

       - Transmitir a los empleados de la Asesoría las exigencias derivadas de la
       legislación vigente, a través de planes y cursos de formación.

La ley 10/2010 establece las obligaciones descritas en la misma, definiendo los
procedimientos de comunicación, los órganos y medidas de control interno de los
sujetos obligados y la organización y funciones de las autoridades administrativas que
desarrollan esta función.

Las infracciones previstas en la Ley 10/2010 se clasifican, Las infracciones
administrativas previstas en esta Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves, en
función de la obligación incumplida, considerándose infracción muy grave el
incumplimiento de la obligación de confidencialidad o del deber de comunicación.

La Ley 10/2010 establece las siguientes sanciones:

- Sanciones por infracciones muy graves.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes
sanciones:

   a. Amonestación pública.
   b. Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo
      podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5 % del patrimonio
      neto del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, o
      1.500.000 euros.
   c. Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la
      revocación de ésta.

La sanción prevista en la letra b, que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas en las letras a o c.
2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión
de infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes
sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección,
fueran responsables de la infracción:

   a. Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 600.000 euros.
   b. Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración
      o dirección en la misma entidad por un plazo máximo de diez años.
   c. Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración
      o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo
      de diez años.

La sanción prevista en la letra a, que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá
aplicarse simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b y c.
Sanciones por infracciones graves.
1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones:

   a. Amonestación privada.
   b. Amonestación pública.
   c. Multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá
      ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1 % del patrimonio neto del
      sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50
      %, o 150.000 euros.

La sanción prevista en la letra c, que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas en las letras a o b.
2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión
de infracciones graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a
quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran
responsables de la infracción:

   a. Amonestación privada.
   b. Amonestación pública.
   c. Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de
      hasta 60.000 euros.
   d. Suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a un año.

La sanción prevista en la letra c, que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas en las letras a, b o d.
3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el
artículo 34 se impondrá la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y
cuyo importe máximo podrá ascender hasta el duplo del valor de los medios de pago
empleados.


Sanciones por infracciones leves.
Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer una o ambas de las
siguientes sanciones:

   a. Amonestación privada.
   b. Multa por importe de hasta 60.000 euros.


Además del régimen sancionador administrativo, el Código Penal sanciona el delito
de blanqueo de capitales con pena de prisión de seis meses a seis años y multa del
tanto al triplo del valor de los bienes. Si los hechos se realizasen por imprudencia
grave, la pena de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.
3. NORMATIVA INTERNA

Como desarrollo del presente MANUAL DE POLlTICAS GLOBALES DE
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, cada asesoría que sea sujeto
obligado por la Ley 10/2010, cuenta con un MANUAL DE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES propio en el que se establecen las políticas,
procedimientos y controles internos destinados al cumplimiento de la legislación
vigente.

Este Manual de la asesoría estará debidamente aprobado por el Órgano de Control
Interno sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, garantizando que la
correspondiente asesoría:

      - Identifica y conoce a sus clientes y tiene implantadas políticas expresas de
      aceptación de clientes.

      - Cuenta con personal responsable del cumplimiento de las disposiciones
      contra el blanqueo de capitales.

      - Cumple con los requisitos establecidos en las leyes para la obtención y
      conservación de los documentos identificativos de los clientes, y el registro y
      comunicación de las operaciones de declaración mensual obligatoria a las
      autoridades nacionales.

      - Desarrolla y pone en práctica métodos adecuados de vigilancia, basados en
      las características del cliente y la operativa que realice, para detectar las
      actividades de un cliente sospechoso, examinar inmediatamente las
      operaciones detectadas y adoptar las medidas oportunas.

      - Comunica de forma expresa a los órganos internos creados al efecto,
      cualquier hecho u operación realizada por o a través de la Asesoría que tenga
      alguna de las siguientes características:
             - que se tenga indicios o certeza de estar relacionado con el blanqueo
             de capitales.
             - que muestren una falta de correspondencia ostensible con la
             naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los
             clientes, siempre que en el análisis previo de la operativa no se aprecie
             justificación económica, profesional o de negocio para la realización de
             estas operaciones.

      - Implanta programas corporativos de formación sobre prevención de blanqueo
      de capitales.

      - Establece el deber de confidencialidad, de tal forma que tanto la Asesoría
      como sus directivos y empleados que detenten información sobre las
      operaciones o actividades calificadas de sospechosas tienen totalmente
      prohibido revelar al cliente ni a terceros las actuaciones que estén realizando,
      con excepción de los órganos internos de prevención de blanqueo
      establecidos. Asimismo, tienen el deber de custodia de dicha información de
      forma diligente.
El presente MANUAL DE POLlTICAS GLOBALES DE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES, ha sido aprobado por el Comité de Dirección,
estando publicitado internamente por la Asesoría informando a directivos y empleados
de los controles y procedimientos implantados.

4. ORGANIZACIÓN INTERNA

La Asesoría que sea sujeto obligado por la Ley 10/2010 cuenta con mecanismos
adecuados de control interno y de comunicación a fin de conocer, prevenir e impedir la
realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y efectuar las
comunicaciones que las leyes establecen.

4.1.   Órgano de Control Interno sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

El titular de la política de prevención de blanqueo de capitales de la Asesoría es el
Órgano de Control Interno sobre Prevención de Blanqueo de Capitales (en
adelante el Órgano de Control Interno).

Las principales funciones del Órgano de Control Interno son las siguientes:

       - Establecimiento de políticas, procedimientos, controles y normativa interna de
       actuación de la asesoría en materia de prevención de blanqueo de capitales.

       - Seguimiento de las decisiones tomadas en materia de prevención de
       blanqueo de capitales y del cumplimiento de las normas y procedimientos
       instaurados.

       - Requerimiento de actuación y colaboración de cualquier Unidad organizativa
       de la Asesoría

       - Promover el desarrollo de la prevención del blanqueo de capitales en las
       diferentes Unidades y sociedades filiales.

       - Decidir las operaciones sospechosas que deben ser comunicadas por
       iniciativa propia al SEPBLAC, y aprobar los clientes excepcionados de
       comunicación.

       - Determinar las operativas susceptibles de encubrir blanqueo de capitales que
       deban ser objeto de análisis y revisión.

       - Adoptar medidas cautelares o, en su caso, decisiones sobre clientes
       concretos o sectores de actividad.

       - Aprobación de los Manuales de la Asesoría en materia de Prevención de
       Blanqueo de Capitales.

La composición del Órgano de Control Interno es la siguiente:

       - (Presidente) XXXXXXXX
       - (Secretaria de Actas) Técnico de Prevención y Control Blanqueo de Capitales.
4.2.   Representante ante el SEPBLAC

Cumpliendo con la legislación vigente, la Asesoría ha designado a un Representante
ante el SEPBLAC XXXXXX que actuará como coordinador de todas las actividades
que realiza la Asesoría en su lucha contra el blanqueo de capitales.

Las principales funciones del Representante ante el SEPBLAC son las siguientes:

       - Preside el Órgano de Control Interno en materia de Prevención del Blanqueo
       de Capitales.

       - Canaliza las comunicaciones entre el SEPBLAC y la Asesoría, las
       comunicaciones relativas a operaciones sospechosas de blanqueo de
       capitales, y los requerimientos de información.

       - Participa en las reuniones que convoca el SEPBLAC con finalidad consultiva
       o informativa.

       - Mantiene constantemente informada al Órgano de Administración de
       cualquier circunstancia que pudiera o debiera alterar o modificar la política de
       prevención de blanqueo de capitales que realiza la Asesoría.

       - Compadecer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en
       relación con los datos recogidos en las comunicaciones al SEPBLAC.


4.3. Área de Cumplimiento Normativo (Departamento de Prevención y Control de
Blanqueo de Capitales)

El Departamento de Prevención y Control de Blanqueo de Capitales supervisa y
coordina los procedimientos implantados que reflejan las directrices que emanan del.
Órgano de Control Interno con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa
vigente externa e interna en materia de prevención del blanqueo de capitales en la
Asesoría

Las principales funciones del Departamento de Prevención y Control de Blanqueo de
Capitales son las siguientes:


       - Establecer la normativa de carácter interno para la prevención y control del
       blanqueo de capitales en la Asesoría, de acuerdo con la legislación vigente.

       - Comunicar al SEPBLAC toda la información relativa a operaciones que
       presenten indicios de blanqueo de capitales en la Asesoría.

       - Controlar, en coordinación con las diferentes Unidades, la operativa realizada
       por los clientes de la Asesoría que pueda responder a actividades relacionadas
       con el blanqueo de capitales.
- Ejecutar las decisiones tomadas por el Comité, en su sesión mensual del
Órgano de Control· Interno en materia de Prevención de Blanqueo de
Capitales.
5. POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE
   CLIENTES

Las políticas de Aceptación, Identificación y Conocimiento del cliente ayudan a
proteger la reputación de las asesorías, al reducir la probabilidad de que se conviertan
en vehículo o víctima del crimen financiero. Asimismo, constituyen una parte esencial
de la gestión de riesgos eficaz.

5.1.   Política de Aceptación de clientes

La legislación vigente establece que los sujetos obligados deben contar con una
política expresa de admisión de clientes. Dicha política incluirá una descripción de
aquellos tipos de clientes que podrían presentar un riesgo superior al riesgo promedio
en función de los factores que determine el propio sujeto obligado. Esta política se
aplicará a todos los clientes antes de entablar relaciones comerciales.

La Asesoría ha definido las siguientes categorías:

1.     Personas excluidas de aceptación como clientes:
       - Personas sobre las que se disponga de alguna información de la que se
       deduzca que pueden estar relacionadas con actividades delictivas (listas
       públicas, etc.).

       - Personas sobre las que existan sospechas sobre el origen de los fondos y/o el
       titular real del contrato.

       - Personas que tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación
       de la legitimidad de las actividades o la procedencia de los fondos.

       - Personas que rehúsen facilitar información o la documentación requerida.

       - Casinos o entidades de apuestas no autorizadas oficialmente.
       - Entidades financieras, casas de cambio, remisores de fondos u otras
       entidades similares no autorizadas oficialmente.

       - Bancos pantalla (entidades financieras residentes en países o territorios
       donde no tengan presencia física y que no pertenezcan a un grupo financiero
       regulado).

11.   Categorías cuya aceptación como clientes deberá ser autorizada por una
instancia superior:

       - Clientes residentes en países considerados paraísos fiscales o territorios no
       cooperantes.
       - Clientes cuya actividad esté relacionada con la producción o distribución de
       armas y otros productos militares.
       - Casinos o entidades de apuestas debidamente autorizados.
       - Clientes que sean accionistas, propietarios o miembros del consejo de
       administración de casas de cambio, remisores de fondos, casinos, entidades
       de apuestas u otras entidades similares, en el caso de que el sujeto obligado
       tenga conocimiento de ello .
       - Clientes que sean funcionarios· públicos de alto nivel y sus familiares y
       allegados, y personalidades notorias que abran cuentas fuera de su país de
       origen (PEPs).
5.2. Política de Identificación de clientes (identificación formal)

Los sujetos obligados de la Asesoría exigirán la presentación de los documentos
acreditativos de la identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de
entablar relaciones de negocio o de efectuar cualesquiera operaciones, de acuerdo
con la legislación vigente.

Con carácter general, las personas físicas se identificarán con su documento
nacional de identidad o pasaporte y las personas jurídicas con los documentos
públicos.

El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del sujeto obligado, y será
aplicable a todos los clientes ya las personas no clientes que soliciten la prestación de
cualquier servicio que exija identificación según la normativa.

Consideraciones adicionales:

       - Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta
       propia, se deberá recabar la información precisa a fin de conocer la identidad
       de las personas por cuenta de las cuales actúan (titular real).

       - En el caso de personas jurídicas, se adoptarán medidas para conocer su
       estructura accionarial o de control (titular real).

       - También se exigirán dichos requisitos de identificación, cuando se observe
       fraccionamiento de una operación en varias, con el fin de eludir la
       identificación, se sumará el importe de todas ellas y se procederá a exigir su
       identificación.

       - Igualmente, existe el deber de identificación en aquellas operaciones que
       presenten indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de
       capitales, incluso cuando su importe sea inferior al umbral que fije la legislación
       en cada momento.

Sectores/actividades de riesgo:

       - Los sujetos obligados de la Asesoría deberán aplicar medidas adicionales
       de identificación y conocimiento del cliente para controlar el riesgo de
       blanqueo de capitales en las áreas de negocio y actividades más sensibles, en
       particular, banca privada, banca de corresponsales, banca a distancia,
       cambio de moneda, y transferencias de fondos con el exterior.


Excepciones a la obligación de identificar:

       - Cuando el cliente sea una institución financiera domiciliada en el ámbito
       de la Unión Europea o en aquellos terceros Estados que, por establecer
       requisitos equivalentes a los de la legislación española, determine la
       Comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones
       monetarias.

       - Cuando se trate de operaciones con clientes no habituales cuyo importe
       no supere los 1.000 euros
       - Cuando se trate de planes de pensiones o contratos de seguros de vida
       suscritos en virtud de una relación de trabajo o de la actividad profesional del
       asegurado, siempre que dichos contratos no contengan cláusula de rescate ni
       puedan servir de garantía para un préstamo.

       - Cuando se trate de contratos de seguros de vida y complementarios
       realizados por empresas debidamente autorizadas, cuando el importe de la
       prima o de las primas periódicas que se deben pagar durante un año no
       exceda de 1.000 euros o, si se trata del pago de una prima única, cuando el
       importe sea inferior a 2.500 euros, y cuando se trate· de planes de pensiones
       individuales siempre que la aportación o las aportaciones al año no superen los
       1.000 euros.

       - Cuando se haya establecido que el importe de las contraprestaciones de los
       seguros de vida, complementarios y planes de pensiones deba ser adeudado
       en una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito.

Estas excepciones se entenderán sin perjuicio de la preceptiva identificación del
beneficiario con carácter previo a la entrega de la prestación por el asegurador u otro
sujeto obligado.

5.3.   Política de Conocimiento de clientes (identificación material)

El conocimiento del cliente no termina con la identificación formal del mismo, sino que
exige el conocimiento del marco en el que se desenvuelve y el detenido seguimiento
de la evolución de sus actividades.

Los sujetos obligados de la Asesoría en el momento de establecer las relaciones de
negocio con los clientes, recabarán información a fin de conocer la naturaleza de su
actividad profesional o empresarial. Asimismo. se verificará la veracidad de dicha
información obteniendo, de los propios clientes o de fuentes públicas ajenas a los
mismos, documentos que guarden relación con dicha actividad.
6. ANÁLISIS Y CONTROL DE OPERACIONES

De acuerdo con la legislación vigente, los sujetos obligados de la Asesoría tienen la
obligación de examinar, cualquier operación, con independencia de su cuantía, que,
por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales. En
particular, se deberá examinar con especial atención toda operación compleja, inusual
o que no tenga un propósito económico o lícito aparente, reseñando por escrito los
resultados del examen. Para ello desarrollarán los procedimientos necesarios en los
Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales propios de cada entidad.

En todo caso, si del examen de las operaciones se desprendieran indicios o certeza de
blanqueo de capitales, el sujeto obligado procederá a la inmediata comunicación al
SEPBLAC de acuerdo con los procedimientos definidos en dichos Manuales.
7. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

7.1. Comunicación de operaciones sospechosas

La Asesoría colabora con el SEPBLAC, y a tal fin, sus sujetos obligados cuentan con
procedimientos que facilitan la inmediata comunicación de cualquier hecho u
operación respecto al que exista indicio o certeza de estar relacionado con el blanqueo
de capitales. También comunicarán las operaciones que muestren una falta de
correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes
operativos de los clientes, siempre que en el análisis previo de la operativa no se
aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de estas
operaciones.

Abstención de ejecución de operaciones

Los sujetos obligados de la Asesoría se abstendrán de ejecutar cualquier operación
sospechosa sin haber efectuado previamente una comunicación de la misma al
SEPBLAC.

No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución
de los beneficiarios de la operación, se podrá llevar a cabo efectuando la
comunicación inmediatamente después de la ejecución.

Contenido mínimo de las comunicaciones

Las comunicaciones      contendrán    necesariamente    la   siguiente   información   y
documentación:

       - Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en
       la operación y el concepto de su participación en ella.

       - La actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en las
       operaciones y la correspondencia entre la actividad y las operaciones
       realizadas.

       - Relación de las operaciones y fechas a que se refieren con indicación de su
       naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución,
       finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.

       - Las gestiones realizadas para investigar las operaciones comunicadas.

       - Exposición de las circunstancias de toda índole o cualesquiera otros datos
       significativos de los que pueda inferirse el indicio o certeza de vinculación al
       blanqueo de capitales o que pongan de manifiesto la falta de justificación
       económica, profesional o de negocio para la realización de las actividades.

       - Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de
       capitales que el SEPBLAC determine en el ejercicio de sus competencias.

       - Documentación justificativa de las operaciones comunicadas.
7.2. Requerimientos de información

Los sujetos obligados de la Asesoría verificaran diariamente la existencia o
inexistencia de requerimientos de información por parte del SEPBLAC u otros
organismos oficiales (siempre y cuando se trate de investigaciones o procedimientos
abiertos relativos al blanqueo de capitales), y remitirán en la forma prevista la
documentación requerida en el plazo indicado.



7.3 Comunicación mensual obligatoria

De acuerdo con el artículo 7.2 del Reglamento de la Ley 19/1993, se comunicará
mensualmente al Servicio Ejecutivo:


a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica,
billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados
por entidades de crédito, con excepción de las que sean objeto de abono o cargo en la
cuenta de un cliente, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda
extranjera. Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 2.1.h –las personas
físicas o jurídicas que ejerzan la actividad de cambio de moneda o gestión de
transferencias, sea o no como actividad principal, respecto a las operaciones
relacionadas con esa actividad- comunicarán al Servicio Ejecutivo las operaciones que
lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de
viaje, cheques u otros documentos al portador por importe superior a 3.000 euros o su
contravalor en moneda extranjera.
b) Las operaciones con o de personas físicas o jurídicas que sean residentes, o actúen
por cuenta de estas, en territorios o países designados a estos efectos mediante orden
del Ministro de Economía y Hacienda, así como las operaciones que impliquen
transferencias de fondos a o desde dichos territorios o países, cualquiera que sea la
residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas
operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
c) Cualesquiera otras operaciones que, a propuesta de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se recojan en las disposiciones de
aplicación del Reglamento.
Cuando los clientes fraccionen una operación en varias para eludir lo dispuesto en
este artículo 7.2, se sumará el importe de todas ellas y se procederá por los sujetos
obligados a la comunicación de aquellas.
En los casos en que cualquiera de las operaciones incluidas en este apartado
presente indicios o certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales, se
estará a lo dispuesto en el apartado “comunicaciones de operaciones sospechosas”.
En todo caso, de no existir operaciones susceptibles de comunicación, se comunicará
semestralmente esta circunstancia al Servicio Ejecutivo
Excepcionalmente, la presente obligación de comunicación no será de aplicación
cuando, por tratarse de operaciones relativas a clientes habituales y respecto de los
que los sujetos obligados conozcan suficientemente la licitud de sus actividades, no
concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento
de la Ley 19/1993. En estos casos, el órgano de control interno aprobará previamente
la relación de clientes objeto de excepción, y reseñará por escrito los motivos que la
justifiquen.
8. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Los sujetos obligados de la Asesoría conservarán durante al menos diez años copias
de los documentos exigidos a sus clientes acreditativos de:

      - La realización de operaciones y las relaciones de negocio.

      - La identificación y actividad profesional y empresarial.

Para ello, el sujeto obligado deberá mantener un expediente de cada uno de sus
clientes (que contendrá los datos y registros necesarios para la acreditación de la
identidad y la actividad profesional o empresarial) y asegurará que toda la
documentación está completa y debidamente cumplimentada y actualizada.
9. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Los directivos y empleados de la Asesoría están sujetos al deber de confidencialidad,
por tanto, no revelarán al cliente ni a terceros las actuaciones que estén realizando
en relación a la actividad de prevención de blanqueo de capitales.
10. FORMACIÓN DEL PERSONAL

De acuerdo la legislación vigente, la Asesoría organizará, en materia de prevención de
blanqueo de capitales, planes de formación generales dirigidos a sus directivos y
empleados, así como cursos específicamente dirigidos al personal que desempeñe
aquellos puestos de trabajo que, por sus características sean idóneos para detectar
los hechos u operaciones que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales,
capacitando a estos empleados para efectuar dicha detección y para conocer la forma
de proceder en tales casos.

Estos cursos podrán ser presenciales o impartidos a distancia (formación on line), así
como podrán ser impartidos por terceras empresas de solvencia contrastada
11. AUDITORIA INTERNA Y EXAMEN ANUAL EXPERTO EXTERNO

11.1 Auditoría interna

La Unidad de Auditoría de la Asesoría tiene bajo su responsabilidad supervisar el
sistema de prevención del blanqueo de capitales, que está integrado por la política,
normas y procedimientos de obligado cumplimiento, asegurando que las actividades
de la Asesoría se realizan de acuerdo con la normativa vigente contra el blanqueo de
capitales. Con esta finalidad, la Unidad de Auditoría realizará las pruebas y revisiones
necesarias.

11.2 Examen anual experto externo

Los Procedimientos y Órganos de Control Interno y Comunicación de la Asesoría,
serán objeto de examen anual por un experto externo, según establece la
legislación vigente.
12. DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO

De acuerdo con la Orden Ministerial EAH/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la
declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención de
blanqueo de capitales, estarán sujetos a declaración aquellos movimientos de medios
de pago realizados por personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que,
actuando por cuenta propia o de un tercero, de acuerdo a las siguientes
características:

      a. Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o
      superior a 10.000 euros por persona y viaje.

      b. Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igualo
      superior a 100.000 euros por persona y viaje.

A estos efectos, se entenderá como medios de pago: moneda metálica, billetes de
banco y cheque bancarios al portador denominados en moneda nacional o cualquier
otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser
utilizad o como medio de pago.
ANEXO: FORMULARIOS



Propuesta de nombramiento de representante ante el Sepblac
Según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el artículo 12 del
Reglamento de la Ley 19/1993, los sujetos obligados han de comunicar al Servicio
Ejecutivo una propuesta de nombramiento de representante ante aquél. Las funciones
del representante serán las señaladas en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y la
propuesta de nombramiento contendrá, por cada sujeto obligado, la siguiente
documentación:
       Propuesta de nombramiento (Formulario F22) firmada por quien acredite los
     extremos señalados en el punto 2 siguiente o, en su caso, por el titular de la
     actividad.
              formulario F22
       Documentación que acredite que el representante ha sido nombrado por el
      órgano de dirección del sujeto obligado (certificación del acuerdo del consejo de
      administración o de órgano equivalente).
      Documentación que acredite suficientemente la firma de la persona nombrada
      como representante (por ejemplo, copia del Documento Nacional de Identidad).
       Documentación que recoja una descripción detallada de la trayectoria
      profesional del representante propuesto (por ejemplo, currículum vitae).
En aquellos casos en que los sujetos obligados sean empresarios o profesionales
individuales, el representante será el titular de la actividad, remitiéndose únicamente al
Servicio Ejecutivo la documentación señalada en los puntos 1 y 3 anteriores.
La documentación mencionada habrá de ser enviada en soporte papel a la dirección:
Sepblac
Calle                                       Alcalá,                                    48
28014 Madrid
De acuerdo con el artículo 26 de la mencionada Ley, los sujetos obligados deberán
aprobar y tener a disposición del Servicio Ejecutivo un manual adecuado, con
información completa de las medidas de control interno establecidas y destinadas a
prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo.
Dichas medidas de control interno podrán establecerse a nivel de grupo, de acuerdo
con la definición recogida en su artículo 24.2.a), siempre que dicha decisión se
comunique al Servicio Ejecutivo, con especificación de los sujetos obligados
comprendidos dentro de la estructura del grupo. La comunicación de estos datos se
hará por escrito en soporte papel a la dirección que figura más arriba y recogerá, en
todo caso, la razón social y el número de documento identificativo (CIF) de los sujetos
obligados que estén comprendidos en el grupo al que se aplique el manual, así como
la fecha de entrada en vigor del mismo
Comunicación de personas autorizadas por el representante
El artículo 26.2 de la Ley 10/2010 establece que los sujetos obligados designarán como
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona que ejerza cargo de
administración o dirección de la sociedad.

Dos son los aspectos que deben destacarse de este precepto. En primer término, parece que la
Ley sólo contempla la posibilidad de que se designe a una persona, y no varias, como
representante ante el Servicio Ejecutivo. En segundo lugar, la Ley establece que el
representante ha de ostentar un cargo de administración o dirección.

Existen importantes razones de índole práctica para justificar que se arbitren mecanismos que
aseguren en todo momento la posibilidad de comunicación entre el Servicio Ejecutivo y los
sujetos obligados. Esta comunicación, sin duda, podría verse en entredicho si se determina que
exclusivamente la persona que tenga la condición de representante puede relacionarse con el
Servicio Ejecutivo. Razones de indisponibilidad temporal del representante – teniendo en
cuenta especialmente su condición de cargo de administración o dirección - no pueden llegar a
resultar en la práctica en que la relación del Servicio Ejecutivo con el sujeto obligado se vea
imposibilitada.

Al respecto, y sin perjuicio de lo que pudiera preverse en el futuro desarrollo reglamentario de la
Ley 10/2010, el Servicio Ejecutivo entiende que no existen impedimentos en la normativa de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para que el
representante de un sujeto obligado autorice o apodere a otra persona con el fin de que actúe
en su nombre ante el Servicio Ejecutivo, asumiendo siempre que toda actuación de esta
persona se entenderá hecha por el propio representante, tanto a efectos internos como de sus
consecuencias exteriores.

Por ello, si el representante de un sujeto obligado ante el Servicio Ejecutivo lo entiende
conveniente, puede proceder en su condición de representante a comunicar al Servicio
Ejecutivo la identidad de la persona a quien concede esas facultades, que igualmente deberá
comunicar su aceptación. Para ello, por cada persona que autorice o apodere y por cada sujeto
obligado, deberá enviar al Servicio Ejecutivo un formulario F22-6 debidamente cumplimentado y
firmado.

FORMULARIO “F22-6 Comunicación de persona autorizada”

Deberá enviarse un formulario F22-6 por cada persona que autorice o apodere y por cada
sujeto obligado, pudiendo autorizarse hasta un máximo de dos personas por entidad.

Una vez que el formulario de autorización haya sido debidamente cumplimentado y firmado
tanto por el representante como por la persona autorizada, se enviará en soporte papel a la
dirección:

La autorización se extenderá exclusivamente al alcance señalado más arriba y tendrá duración
indefinida. Su revocación o extinción por cualquier causa se comunicarán inmediatamente al
Servicio Ejecutivo mediante escrito en soporte papel firmado por el representante, surtiendo
efectos desde la recepción de la comunicación por dicho Organismo.
Comunicación de operativas sospechosas por indicio (art. 18 de la Ley 10/2010)
Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, los sujetos obligados
comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio
Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa,
respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista
indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo.

En particular, se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones
que, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1 de la Ley, muestren una
falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o
antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto
en el artículo 17 no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para
la realización de las operaciones.

Las comunicaciones a que se refieren los párrafos precedentes se efectuarán sin
dilación de conformidad con los procedimientos correspondientes según el artículo 26
de la Ley y contendrán, en todo caso, la siguiente información:

a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la
operación y concepto de su participación en ella.

b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación
y correspondencia entre la actividad y la operación.

c) Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su
naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad
e instrumentos de pago o cobro utilizados.

d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la
operación comunicada.

e) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio
o certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo
o que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de
negocio para la realización de la operación.

f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión vendrá precedida
de un proceso estructurado de examen especial de la operación de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley. En los casos en que el Servicio Ejecutivo de la
Comisión estime que el examen especial realizado resulta insuficiente, devolverá la
comunicación al sujeto obligado a efectos de que por éste se profundice en el examen
de la operación, en la que se expresarán sucintamente los motivos de la devolución y
el contenido a examinar.

En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrará la
operación como no ejecutada, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión la
información que se haya podido obtener.

La comunicación por indicio se efectuará por los sujetos obligados en el soporte y con
el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Con tal finalidad, dicho
Organismo ha establecido un procedimiento técnico de comunicación telemática con
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito
extranjeras que se apoya en la aplicación informática CTL. El resto de los sujetos
obligados realizarán las comunicaciones según el procedimiento de comunicación
establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley 19/1993.

El formulario F19-1 concreta la estructura que han de tener las comunicaciones de
operativas sospechosas por indicio.


   Formulario F19-1 "Comunicación de operativa sospechosa por
                      COMUNICACIÓN DE OPERATIVA SOSPECHOSA POR INDICIO (F19-1)
                                   (Artículo 18 de la Ley 10/2010)




Sujeto obligado
Número de documento identificativo
del sujeto obligado
Nombre del representante
Referencia de la comunicación
Fecha de la comunicación




Identificación de los intervinientes en las operaciones




Conocimiento de los intervinientes en las operaciones




Descripción de las operaciones




Indicios de blanqueo de capitales




Gestiones y comprobaciones realizadas




Documentación remitida (relación de documentos que se adjuntan)




                                                             El representante
Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias




                             PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE (F22)

Datos del sujeto obligado

                                         1
    Tipo de documento identificativo                                                Nº de documento identificativo
    Nombre / Razón social
                 2                                                                              2
    Apellido 1                                                                      Apellido 2
                               3
    Tipo de sujeto obligado
                     4
    Código B.E.
    Domicilio
    País                                                                           Provincia
    Municipio                                                                      Código postal
    Teléfono                                                                       Fax
    Correo electrónico


Datos del representante propuesto


    Tipo de documento identificativo1                                             Nº de documento identificativo
    Nombre
    Apellido 1                                                                    Apellido 2
               5
    Domicilio
    País                                                                          Provincia
    Municipio                                                                     Código postal
    Teléfono                                                                      Fax
    Correo electrónico
    Cargo de administración o dirección que ejerce


Datos del representante que cesa en el cargo (si procede)


    Tipo de documento identificativo1                                              Nº de documento identificativo
    Nombre
    Apellido 1                                                                     Apellido 2


                                                                                                                  6
                                                                                                         Firma:

6




1
    CIF, DNI/NIF, Pasaporte, NIE, etc.
2
    A cumplimentar exclusivamente si el sujeto obligado es una persona física.
3
    Deberá seleccionarse entre los tipos recogidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010.
4
    Código Banco de España (sólo en caso de entidades sujetas a registro en el Banco de España).
5
    Domicilio del centro de trabajo del representante.
6
    Firma de quien acredite los extremos señalados en el punto 2 de la página siguiente o, en su caso, del titular de la actividad.
Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias




                                       COMUNICACIÓN DE PERSONA AUTORIZADA (F22-6)



La persona que figura en “datos del representante”, en su calidad de representante ante el Servicio
Ejecutivo del sujeto obligado citado en “datos del sujeto obligado” autoriza a la persona cuyos datos se
detallan en “datos de la persona autorizada”, a firmar en su nombre cualquier escrito o comunicación al
Servicio Ejecutivo que deba dirigirle en su condición de representante.

Datos del sujeto obligado

                                         1
    Tipo de documento identificativo                                              Nº de documento identificativo
    Nombre / Razón social
                 2                                                                            2
    Apellido 1                                                                    Apellido 2
                              3
    Tipo de sujeto obligado


Datos del representante

    Tipo de documento identificativo1                                            Nº de documento identificativo
    Nombre
    Apellido 1                                                                   Apellido 2
    Cargo de administración o dirección que ejerce


Datos de la persona autorizada

    Tipo de documento identificativo1                                            Nº de documento identificativo
    Nombre
    Apellido 1                                                                   Apellido 2
               4
    Domicilio
    País                                                                         Provincia
    Municipio                                                                    Código postal
    Teléfono                                                                     Fax
    Correo electrónico
    Cargo




                     En                                                           ,a               de                      de      20




                                                                    Firma del representante:               Firma de la persona autorizada:




1
    CIF, DNI/NIF, Pasaporte, NIE, etc.
2
    A cumplimentar exclusivamente si el sujeto obligado es una persona física.
3
    Deberá seleccionarse entre los tipos recogidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010.
4
    Domicilio del centro de trabajo de la persona autorizada.

								
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