DECRETO NUMERO 1295 DE 1994

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					                          INDICE




DECRETO No 2174 de 1996            Página 3


DECRETO No 2226 de 1996            Página 12


DECRETO No 2247 de 1997            Página 14


DECRETO No 2369 de 1997            Página 20


DECRETO No 3011 de 1997            Página 29


DECRETO No 3012 de 1997            Página 38


DECRETO No 1572 de 1998            Página 48


DECRETO No 0917 de 1999            Página 81


DECRETO No 2211 de 1999            Página 89


DECRETO No 0276 de 2000            Página 90


DECRETO No 0524 de 2000            Página 94




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                      INDICE POR TEMAS

SALUD

DECRETO No 2174 de 1996                  Página 3


DECRETO No 2226 de 1996                  Página 12


DECRETO No 0276 de 2000                  Página 90


EDUCACION

DECRETO No 2247 de 1997                  Página 14


DECRETO No 2369 de 1997                  Página 20


DECRETO No 3011 de 1997                  Página 29


DECRETO No 3012 de 1997                  Página 38


DECRETO No 1572 de 1998                  Página 48


SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO No 2211 de 1999                  Página 89




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DECRETO No 0524 de 2000                                                         Página 94


MANUAL DE INVALIDEZ

DECRETO No 0917 de 1999                                                         Página 81




                                      DECRETOS

               DECRETO NUMERO 2174 DE 1996
                      (noviembre 28)


por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.


El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades conferidas
por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y en concordancia
con lo dispuesto en la Ley 10/90 los artículos 153 numeral 9; 154 literal c);
178 numerales 4 y 6; 186;190; 199; 227; y 232 de la Ley 100 de 1993.


DECRETA:

Artículo 1º. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente Decreto se
aplicarán a todas las Personas Naturales y Jurídicas, que integran el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.


Parágrafo 1º. Para efectos del presente decreto se asimilan a las Entidades
Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades
de Medicina Prepagada, las Entidades Adaptadas, las entidades a las cuales se
refiere el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y todas las organizaciones que
actúen como tales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.




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Parágrafo 2º. Defínanse como Prestadores de Servicios de Salud a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, a los Grupos de Práctica
Profesional, a los Profesionales Independientes y a todas las personas,
organizaciones y establecimientos que prestan servicios de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en Salud.


Artículo 2º. De la atención en salud. La atención en Salud en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se refiere tanto a los servicios propios
del aseguramiento y administración de los recursos que desarrollan las
entidades promotoras de salud, como a los de prestación de servicios de salud
en sus fases de promoción y fomento, prevención de la enfermedad, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación.


Artículo 3º. Características de la calidad de la atención en salud. La calidad
de la atención en salud está dada por el conjunto de características
tecnicocientíficas, humanas, financieras y materiales que debe tener la
Seguridad Social en Salud, bajo la responsabilidad de las personas e
instituciones que integran el sistema y la correcta utilización de los
servicios por parte de los usuarios.


Las características principales de la calidad de la atención en salud son: la
accesibilidad, la oportunidad, la seguridad y la racionalidad técnica. La
calidad integra características adicionales como la idoneidad y competencia
profesional, la disponibilidad y suficiencia de recursos, la eficacia, la
eficiencia, la integralidad, la continuidad, la atención humanizada y la
satisfacción del usuario con la atención recibida.


Artículo 4º. Organización del sistema. El sistema obligatorio de Garantía de
Calidad es el conjunto de instituciones, normas, requisitos y procedimientos
indispensables que deben cumplir los integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud para garantizar a los usuarios de los servicios el
mayor beneficio, a un costo razonable y con el mínimo riesgo posible. Estos
requisitos y procedimientos establecen los estándares esenciales para el
cumplimiento de las responsabilidades de todos los integrantes del Sistema y
las condiciones para su mejoramiento continuo.


El Ministerio de Salud definirá normas de calidad y satisfacción del usuario y
velará por su permanente actualización; expedirá la reglamentación necesaria
para la aplicación del Presente Decreto y prestará asistencia técnica a los
integrantes del sistema con el propósito de orientarlos en el cumplimiento de
sus responsabilidades.


La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de Inspección,
Vigilancia y Control dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y
aplicará las sanciones de su competencia. En desarrollo de estas funciones,
realizará el seguimiento de los planes de mejoramiento de la calidad que
presenten las Entidades Promotoras de Salud y las entidades que se le asimilen,
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del presente decreto.


A las Direcciones Territoriales de Salud, les corresponde: cumplir y hacer
cumplir en su jurisdicción las disposiciones establecidas en este decreto y en


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la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud adaptar las
Políticas de Calidad a la situación y necesidades particulares de sus regiones,
asesorar a las Entidades Promotoras de Salud y las entidades que se le asimilen
y a los Prestadores de Servicios de Salud en el desarrollo de sus Sistemas de
Garantía de Calidad y cumplir con las tareas de Inspección, Vigilancia y
Control en su jurisdicción, en los términos previstos en la ley y en el
presente decreto.


Las Entidades Promotoras de Salud y las entidades que se le asimilen, y los
Prestadores de Servicios de Salud, desarrollarán Sistemas de Garantía de
Calidad, bajo las condiciones previstas en el presente Decreto, de conformidad
con la normatividad que para el efecto expida el Ministerio de Salud.
Adicionalmente podrán adelantar acciones autorreguladas de evaluación y
mejoramiento de la calidad de manera autónoma y por voluntad propia.


Corresponde a los usuarios procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad, utilizar racionalmente los servicios de salud, ejercer la función de
veeduría sobre la conformación y desarrollo de los Sistemas de Garantía de
Calidad y cumplir con los demás deberes y obligaciones que les señala la Ley.


Artículo 5º. Objetivos del Sistema de Garantía de Calidad.

1. Garantizar parámetros mínimos de Calidad de la Atención en salud, como punto
de partida en el proceso de mejoramiento continuo de los Servicios de Salud.


2. Promover el desarrollo de una Cultura de la Calidad entre las personas y
entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud.


3. Fomentar la sana competencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las
que se asimilen y entre los Prestadores de Servicios de Salud, sobre la base de
la Calidad en beneficio de los Usuarios del Sistema.


4. Estimular el desarrollo de un Sistema de Información sobre la Calidad, que
facilite la realización de las labores de auditoría, vigilancia y control y
contribuya a una mayor información de los usuarios.


5. Crear condiciones propicias para el fortalecimiento de la participación de
los usuarios en el mejoramiento de los servicios de salud.


Artículo 6º. Responsabilidad de las Entidades Promotoras de Salud y de los
Prestadores de Servicios de Salud. Las Entidades Promotoras de Salud y las que
se asimilen, y los prestadores de servicios de salud son responsables de la
Calidad de la atención en salud de su población afiliada y usuaria, en el marco
de las obligaciones que les asigna la Ley; sin perjuicio de las
responsabilidades propias de los demás integrantes del sistema.


Artículo 7º. Del Sistema de Garantía de Calidad en las Entidades Promotoras de
Salud y las que se asimilen. Las Entidades Promotoras de Salud y las que se



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asimilen expedirán la reglamentación interna, crearán o ajustarán dependencias
y cargos e incorporarán al Sistema de Información General un Subsistema de
Información sobre la Calidad, con el propósito de garantizar el desarrollo e
implantación del Sistema de Garantía de Calidad en los términos previstos en el
artículo 17 del presente decreto.


Parágrafo 1. Son componentes mínimos del Sistema de Garantía de Calidad en las
Entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen.


1. La verificación permanente del cumplimiento por parte de los Prestadores de
Servicios de Salud, de los requisitos esenciales como condición indispensable
para que las Entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen puedan
contratarlos e incluirlos en su red de prestadores.


2. La evaluación y mejoramiento de la Red de Servicios y del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia, con el propósito de garantizar el acceso de los
afiliados y de sus beneficiarios a todos los grados de complejidad de los
servicios de salud en los términos que establece la ley.


3. Los procesos de Auditoría Médica, desarrollados de conformidad con lo
establecido, en el artículo 14 del presente decreto.


4. El desarrollo de un Subsistema de Información que permita conocer, en forma
continua y oportuna, los niveles de calidad a partir de los indicadores
definidos por la entidad; facilitar a los usuarios la selección de los
Prestadores de Servicios de Salud y difundir las condiciones de acceso a los
servicios de salud. Este Subsistema debe incluir, como mínimo, definición de
indicadores y estándares para la monitoría y el mejoramiento de la calidad,
Características de la Red de Prestadores, resultados de los estudios de la
calidad de la atención en salud, incluyendo la satisfacción de los usuarios con
los servicios prestados; acciones de mejoramiento desarrolladas por la entidad
y tendencias de los indicadores a partir de tales acciones; resultados de las
investigaciones realizadas a raíz de los casos en los cuales se presuman fallas
en el proceso de atención y de las quejas y reclamaciones presentadas por los
usuarios. Salvo en los casos previstos por la ley, la información producida
debe ser accesible a los usuarios y a los Organismos de dirección, vigilancia y
control.


5. La definición de mecanismos para garantizar la oportunidad en el pago a los
Prestadores de Servicios de Salud.


Parágrafo 2º. Las entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen podrán
contratar los servicios de asesoría, control y mejoramiento de la calidad con
instituciones de consultoría legalmente constituidas. La Superintendencia
Nacional de Salud realizará los estudios de idoneidad de los auditores médicos
y de quienes presten servicios para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de
Garantía de Calidad.


Parágrafo 3º. Las entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen tendrán
autonomía para definir y ajustar los estándares objetivo y la forma de


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lograrlos, sin perjuicio de las verificaciones que sobre el particular
ejercerán el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y demás
organismos de Dirección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.


Artículo 8º. Del soporte documental básico de la calidad en las entidades
promotoras de salud y las que se asimilen.


La puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad en las entidades
promotoras de Salud y las que se asimilen, implica la elaboración de un plan de
desarrollo institucional del cual hacen parte los siguientes elementos
documentales básicos:


1. Manual de calidad. Consiste en una descripción general de la organización,
de su estructura orgánica, de los elementos que conforman su Sistema de
Evaluación y Mejoramiento de la Calidad y de las normas internas que respaldan
su adecuado funcionamiento. Contiene además una declaración general de la
filosofía de la organización y de sus principios, políticas y estrategias en
materia de calidad.


2. Manual de procedimientos. Describe los procedimientos administrativos en los
cuales intervienen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Cada descripción de procedimiento debe incluir los estándares de calidad
definidos por la entidad para garantizar la accesibilidad, oportunidad y
seguridad del servicio.


1. Planes de mejoramiento. Conjunto de proyectos y programas mediante los
cuales la entidad promotora de Salud, se compromete en un proceso de
mejoramiento continuo de la calidad de sí misma y de las instituciones
prestadoras de servicios de su propiedad.


2. Informes de calidad. Conjunto de documentos que se generan como resultado de
las actividades de evaluación, seguimiento y control de la calidad.


Artículo 9º. Del sistema de garantía de calidad de los prestadores de servicios
de salud.


Los prestadores de Servicios de Salud deberán desarrollar obligatoriamente un
Sistema de Garantía de Calidad, el cual deberá incluir los siguientes
componentes:


1. El cumplimiento de los requisitos esenciales para la prestación de Servicios
de Salud.


2. El diseño y ejecución de un plan para el mejoramiento de la Calidad.

3. El desarrollo de un sistema de información que incluya componentes de oferta
de servicios, uso por parte de los usuarios, perfil epidemiológico y situación


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de salud de los usuarios atendidos.


4. Los procesos de Auditoría Médica, desarrollados de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del presente decreto.


5. El desarrollo de procesos que permitan conocer el nivel de satisfacción de
los usuarios y atender las reclamaciones y sugerencias que se presenten.


Artículo 10. De la declaración de requisitos esenciales. Se establece el
procedimiento de Declaración de Requisitos Esenciales para la prestación de
Servicios de Salud, según el cual todos los Prestadores de Servicios de Salud,
cada dos años y en forma obligatoria, deben presentar ante las Direcciones
Seccionales o Distritales de Salud y las Municipales certificadas y
autorizadas, un documento en el cual declaran cumplir con los requisitos
esenciales para la prestación de cada uno de los servicios de salud que
ofrezcan y se comprometen a cumplirlos por el tiempo que dure la prestación de
servicios. Igualmente, deberá informarse cualquier modificación respecto de la
declaración prestada.


Dicho documento servirá para acreditarse ante las entidades de vigilancia, de
acuerdo con lo establecido en le numeral 9º del artículo 153 de la Ley 100 de
1993.


El Ministerio de Salud establecerá de manera general las normas técnicas,
científicas y administrativas que contengan los requisitos esenciales para la
prestación de cada uno de los servicios de salud según sus características y
fijará el procedimiento de registro de la declaración.


Los requisitos esenciales serán revisados y actualizados cada dos años para
establecer estándares superiores, en consonancia con el Plan de Mejoramiento de
la Calidad de que trata el artículo 12 del presente decreto.


Las entidades Promotoras de Salud y entidades que se asimilen sólo podrán
prestar directamente o contratar los servicios, con Prestadores de Servicios de
Salud que cumplan con los requisitos esenciales.


Artículo 11. De la acreditación de prestadores de servicios de salud. La
acreditación es un procedimiento sistemático voluntario y periódico, orientado
a demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a los
requisitos esenciales establecidos para la prestación de servicios de salud.


Mediante la acreditación los prestadores de servicios de salud podrán
solicitar, ante las instancias competentes, la verificación y certificación de
los servicios que han superado los requisitos esenciales para la prestación de
servicios de salud.


Las instituciones o servicios de salud que obtengan la acreditación,



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disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley,
especialmente la divulgación sobre el cumplimiento de estándares superiores de
calidad. El procedimiento de acreditación se realizarán bajo parámetros únicos
de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud.


Artículo 12. Plan Nacional de mejoramiento de la calidad. Para propiciar el
mejoramiento continuo de la calidad, el Ministerio de Salud diseñará, con la
participación de las Direcciones Territoriales de Salud. Un Plan Nacional de
Mejoramiento de la Calidad, en el cual se establecerán prioridades, metas y
responsabilidades en materia de Calidad en Salud.


El Plan incorporará la revisión y actualización sucesiva de los requisitos
esenciales para la prestación de Servicios de Salud.


A su vez, las entidades a las cuales se aplica el presente decreto serán
responsables de definir sus respectivos ámbitos, programas y metas de
mejoramiento de la calidad, que harán parte del plan de desarrollo
institucional y deberán ser presentados con la respectiva evaluación anual ante
las Direcciones Seccionales y Distritales de Salud para el caso de los
Prestadores de Servicios de Salud y ante la Superintendencia Nacional de Salud
en el caso de las entidades Promotoras de Salud y entidades que se asimilen.


Las Direcciones Territoriales de Salud deberán desarrollar un régimen de
estímulos orientados al mejoramiento de la calidad.


El Ministerio de Salud ejecutará un programa de asistencia técnica con las
Direcciones Territoriales de Salud para el Desarrollo del Plan.


Artículo 13. Del sistema de información. El Sistema de Información del Sistema
General de Seguridad Social en Salud deberá desarrollar e incorporar el
componente de información a los usuarios, sobre la calidad de la prestación de
los servicios de tal forma que éstos puedan elegir entre las entidades
Promotoras de Salud y entidades que se asimilen y su Red de Prestadores de
Servicios, aquellas opciones que más favorezcan la satisfacción de sus
necesidades en salud.


El Sistema de Información deberá difundir cuáles son las instituciones que
cumplen con los requisitos esenciales, las instituciones acreditadas y el
cumplimiento de los indicadores de Calidad de los servicios prestados que
previamente se definan. Así mismo, incorporará el componente de cuantificación
de la oferta institucional de servicios de salud.


Para el efecto, las Direcciones Seccionales y Distritales de Salud Municipales
autorizadas y certificada, de acuerdo con la reglamentación que será expedida
por el Ministerio de Salud, deberán adecuar el Registro Especial de
Instituciones a las características de la información contenida en la
declaración de requisitos esenciales para la prestación de servicios de Salud,
en los aspectos relacionados con instituciones, oferta de servicios y recursos
disponibles en las IPS de su jurisdicción. Esta información será uno de los
insumos para elaborar el Mapa Nacional de Salud.


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El Sistema de Información de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud deberá contener el portafolio de servicios de la entidad y permitir la
implantación de mecanismos de autoevaluación, así como la información que
permita conocer el estado de salud, el perfil epidemiológico de la población de
usuarios y los costos de utilización de los servicios. De igual manera, las IPS
deberán diligenciar y fijar en sitio visible al público, el reporte periódico
de la gestión institucional, de acuerdo con las especificaciones que determine
el Ministerio de Salud.


Artículo 14. De la auditoría médica. Las entidades Promotoras de Salud y
entidades que se asimilen y los prestadores de Servicios de Salud deberán
establecer procesos de Auditoría Médica de conformidad con las pautas
indicativas que al respecto elaboren el Ministerio de Salud y la
Superintendencia Nacional de Salud.


Entiéndase por Auditoría Médica la evaluación sistemática de la atención en
salud, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de los servicios.
Significa la comparación entre la calidad observada y la calidad deseada de
acuerdo con las normas técnico-científicas y administrativas previamente
estipuladas para la atención en salud. Para tal efecto podrán ser utilizados
diferentes procedimientos de seguimiento, evaluación e identificación de
problemas y de soluciones en la prestación de los servicios.


En razón de la responsabilidad que les compete a las entidades Promotoras de
Salud y entidades que se asimilen, corresponde a éstas aplicar procedimientos y
técnicas de Auditoría para la Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud, sin perjuicio de las actividades de auditoría desarrolladas
de manera autónoma por los Prestadores de Servicios de Salud y de las acciones
ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud y demás entidades de
inspección, Vigilancia y Control del Sistema.


Por su parte, los Prestadores de Servicios de Salud realizarán procedimientos
de Auditoría médica, destinados a la autoevaluación permanente de los servicios
que prestan.


Artículo 15. De las técnicas de auditoría médica. En cumplimiento de las
actividades de evaluación y mejoramiento de la calidad de la atención en salud
y hasta tanto se reglamente el ejercicio de la Auditoría Médica, los
profesionales que ejercen esta disciplina podrán aplicar las técnicas de
auditoría de aceptación común.


Parágrafo 1º. Los documentos de trabajo generados durante las labores de
auditoría, hacen parte de los informes de calidad y deberán ser presentados
cuando así lo requieran las autoridades competentes en el curso de las
investigaciones y de las acciones de Vigilancia y Control.


Artículo 16. De la evaluación de la tecnología biomédica. De acuerdo con las
normas que al respecto expida el Ministerio de Salud, las entidades Promotoras
de Salud y entidades que se asimilen y los Prestadores de Servicios de Salud


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deberán realizar en forma permanente evaluaciones de la tecnología biomédica
que utilicen en la prestación de los mismos.


Artículo 17. Transición. Las entidades Promotoras de Salud y entidades que se
asimilen y los Prestadores de Servicios de Salud, deberán realizar los ajustes
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, para lo
cual tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de su vigencia.


Artículo 18. Sanciones. En desarrollo de las funciones de Inspección,
Vigilancia y Control, establecidas en los artículos 49 de la Ley 10 de 1990 y
176 de la Ley 100 de 1993, las Direcciones Seccionales y Distritales de Salud y
las Municipales Certificadas y Autorizadas podrán, según la naturaleza y la
gravedad del incumplimiento, por parte de las IPS o de los prestadores de
Servicios de Salud, de las normas técnicas, científicas, administrativas y
financieras que expida el Ministerio de Salud y en especial de los requisitos
esenciales para la prestación de servicios de salud, imponer las siguientes
sanciones.


1. Multas en cuantías hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales.


2. Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que
presten servicios de salud, por un término hasta de seis (6) meses.

Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las personas
privadas que presten servicios de salud.


4. Suspensión o pérdida de la autorización para prestar servicios de salud.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud podrá aplicar las sanciones de
su competencia a las entidades Promotores de Salud y las que se asimilen y, en
relación con el incumplimiento de los requisitos esenciales, la ejercerá previa
declaración de competencia prevalente.


Artículo 19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Decreto 1918 de 1994 y las demás disposiciones que le
sean contrarias.


Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 28 de noviembre de 1996.

ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Salud,

María Teresa Forero de Saade.




                                               11
               DECRETO NUMERO 2226 DE 1996
                       (diciembre 5)

por el cual se asigna al Ministerio de Salud una función relacionada con la
dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas que en
el

campo de la salud se relacionen con la Tercera Edad, Indigentes, Minusválidos y
Discapacitados.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, en especial de las conferidas por el numeral 17 del artículo
189, y


CONSIDERANDO:

Que la Directiva Presidencial número 01 de septiembre 2 de 1994, asignó al
Vicepresidente de la República, unas misiones especiales, entre ellas, proponer
planes y programas en desarrollo de la legislación vigente relacionados con la
tercera edad, indigentes y minusválidos, en coordinación con las entidades
competentes del sector central.


Que el señor Presidente de la República en comunicación del 20 de septiembre
del año en curso y teniendo en cuenta la facultad de distribuir los negocios
según su naturaleza y para continuar con los programas que venía impulsando la
Vicepresidencia de la República, le solicito al Ministerio de Salud asumir la
coordinación de los asuntos relacionados con la propuesta de planes y programas
en desarrollo de la legislación vigente para Tercera Edad, Indigentes y
Minusválidos o Discapacitados.


Que con oficio del 3 de octubre de 1996, la doctora María Teresa de Saade,
Ministra de Salud, le comunica al señor Presidente que este Ministerio está en
capacidad de realizar la labor encomendada así como la de apoyar técnicamente
los programas de desarrollo de servicios de rehabilitación territoriales, tal
como se venía cumpliendo con la Vicepresidencia.


DECRETA:

Artículo 1º. Asígnase al Ministerio de Salud, Dirección General para el
Desarrollo de Servicios de Salud, Subdirección de Instituciones Prestadoras de



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Servicios, Programa de Rehabilitación, la dirección, orientación y vigilancia
de los planes y programas que en el campo de la salud, y de acuerdo con la
legislación vigente, están dirigidos a la Tercera Edad, Indigentes,
Minusválidos y Discapacitados. Así mismo, tendrá a su cargo la ejecución de los
mencionados planes y programas cuando sean de carácter nacional.


Artículo 2º. A partir de la vigencia del presente Decreto, las funciones que
venía desempeñando la Vicepresidencia de la República en relación con el
desarrollo y ejecución de los planes y programas en el campo de la salud para
la población a la que se refiere el artículo anterior, serán asumidas por el
Ministerio de Salud, en Coordinación con la Red de Solidaridad Social.


Artículo 3º. La responsabilidad por los actos y contratos vigentes, estarán a
cargo del Ministerio de Salud y para los efectos se adoptarán las medidas
pertinentes por parte de la Vicepresidencia de la República y este Ministerio.


Artículo 4º. De conformidad con el artículo 86 del Decreto 111 de 1996, el
Gobierno Nacional podrá efectuar los ajustes necesarios en el presupuesto del
Ministerio de Salud, de manera que esta Entidad cuente con las apropiaciones
correspondientes para continuar el cumplimiento de las obligaciones que se
traspasan, si a ello hubiere lugar.


Artículo 5º. El presente Decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de diciembre de 1996.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Salud,
María Teresa Forero de Saade.




                                                13
                     DECRETO NUMERO 2247
                   (11 DE SEPTIEMBRE DE 1997)
              MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel
preescolar y se dictan otras disposiciones.


El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,


en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confieren los
numerales 11 y 21 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del Titulo II, capitulo
I, sección segunda de la Ley 115 de 1994,

CONSIDERANDO


Que el inciso tercero del artículo 67 constitucional ordena que “....El Estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años
de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve años de educación
básica...”;

Que el artículo 6o. del Decreto 1860 de 1994, en armonía con los artículos 17 y 18 de la ley 115
de 1994, estableció tres (3) grados en el nivel de la educación preescolar, correspondiendo el
tercero al grado obligatorio que se ofrecerá a los niños de cinco años de edad, y

Que el preescolar constituye uno de los niveles de la educación formal, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 11 de la Ley 115 de 1994.


DECRETA


CAPITULO I


ORGANIZACION GENERAL


Artículo 1o.- La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y está
regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por el Decreto
1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 2o.- La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los
educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así:

1. Pre - jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.


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2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.
3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al grado
   obligatorio constitucional.

Los establecimientos educativos, estatales y privados, que a la fecha de expedición del presente
decreto, utilicen denominaciones distintas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo.

Parágrafo.- La denominación Grado Cero que viene siendo utilizada en documentos técnicos
oficiales, es equivalente a la de Grado de Transición, a que se refiere este artículo.

Artículo 3o.- Los establecimientos educativos, estatales y privados, que presten el servicio
público de educación preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en los tres grados
establecidos en el artículo 2o. de este decreto, y en el caso de los estatales, lo harán, atendiendo
lo dispuesto en los artículos 19o. y 20o. de esta misma norma.

Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel preescolar      los
establecimientos que ofrezcan únicamente este nivel, promoverán con otras instituciones
educativas, el acceso de sus alumnos, a la educación básica.

A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar condiciones
administrativas y pedagógicas para garantizar esta continuidad y la articulación entre estos dos
niveles educativos.

Artículo 4o.- Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación preescolar y
que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo conforme a su proyecto
educativo institucional, considerando los requerimientos de salud, nutrición y protección de los
niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su desarrollo integral, de
acuerdo con la legislación vigente y las directrices de los organismos competentes.

Artículo 5o.- Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación preescolar incorporarán en su
respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la determinación de horarios y
jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y calendario académico,
atendiendo a las características y necesidades de los mismos y a las directrices que establezca
la secretaria de educación departamental o distrital de la correspondiente jurisdicción.

Parágrafo Primero.- Los establecimientos de educación preescolar deberán garantizar la
representación de la comunidad educativa, en la dirección de la institución, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.

Parágrafo Segundo.- En la determinación del número de educandos por curso, deberá
garantizarse la atención personalizada de los mismos.

Artículo 6o.- Las Instituciones educativas, estatales y privadas, podrán admitir, en el grado de la
educación básica correspondiente, a los educandos de seis (6) años o más que no hayan
cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su desarrollo y con los logros que hubiese
alcanzado, según lo establecido en el proyecto educativo institucional.

Artículo 7o.- En ningún caso los establecimientos educativos que presten el servicio público de
preescolar, podrán establecer como prerrequisito para el ingreso de un educando al Grado de
Transición, que éste hubiere cursado previamente, los grados de Pre-jardín y Jardín.

Artículo 8o.- El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará sujeto a
ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a
consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de convivencia
establecerá los mecanismos de asignación de cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto
en este artículo.




                                               15
Artículo 9o.- Para el ingreso a los grados del nivel de educación preescolar, las instituciones
educativas, oficiales y privadas, únicamente solicitarán copia o fotocopia de los siguientes
documentos:

1. Registro Civil de nacimiento del educando.

2. Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social, de conformidad con lo
   establecido en la Ley 100 de 1993.

Si al momento de la matrícula, los padres de familia, acudientes o protectores del educando no
presentaren dichos documentos o uno de ellos, de todas maneras, se formalizará dicha
matrícula. La respectiva institución educativa propenderá por su pronta consecución, mediante
acciones coordinadas con la familia y los organismos pertinentes.

Parágrafo. Si el documento que faltare fuese el certificado de vinculación a un sistema de
seguridad social, el educando deberá estar protegido por un seguro colectivo que ampare en
general su salud, como en particular su atención inmediata en caso de accidente, situaciones
que deberán preverse en el reglamento o manual de convivencia.

El valor de la prima correspondiente deberá ser cubierto por los padres de familia, acudientes o
protectores del educando.

Artículo 10o.- En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los
educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa,
cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los
padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias
que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.



CAPITULO II

ORIENTACIONES CURRICULARES


Artículo 11o.- Son principios de la educación preescolar:

a.    Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser
      único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar,
      natural, social, étnico y cultural.

b.    Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio
      para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes,
      conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y
      demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo
      grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el
      compromiso personal y grupal.

c.    Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual
      construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social,
      desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de
      comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el
      entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de
      futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción
      realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y
      escolar.


                                                16
Artículo 12o.- El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de
construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo
16o. de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los procesos y
estrategias pedagógicas de la educación básica.

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos
y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano:
corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa. ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de
aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos
excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región
y comunidad.

Artículo 13o.- Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico-
pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices:

1.    La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los
      saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su interacción con
      sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la construcción de
      conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.

2.    La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que
      estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del
      acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones
      sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.

3.    La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de
      respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos y
      emociones, y la construcción y reafirmación de valores.

4.    La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera de
      ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus
      diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y
      relaciones.

5.    El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones del
      educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la
      formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento de
      sus saberes.

6.    La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados para
      satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos
      grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la Ley.

7.    La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje
      como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo
      del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente.

8.    La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y psicológicas
      de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el
      contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural.

9.    La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales
      como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del educando.

10.   La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los educandos, el
      juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el desarrollo de sus
      proyectos y actividades.


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11.   El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los procesos
      de participación del educando, la familia y de la comunidad ; de la pertinencia y calidad de
      la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y pedagógicos
      generados.

Artículo 14o.- La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático,
permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:

a.    Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances.
b.    Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos.
c.    Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión
      que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias
      para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.


Artículo 15o.- Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional para
el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo institucional,
son una guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo en cuenta el
conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En ningún momento
estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elaboración
de informes de progreso del educando.

Artículo 16o.- Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de
logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, serán los que señale el
Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994.

Artículo 17o.- Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán
establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las
actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo.




CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA



Artículo 18o.- El ejercicio docente en el nivel de educación preescolar se regirá por las normas
pertinentes de la Ley 115 de 1994, en armonía con las del Decreto ley 2277 de 1979 y con las
demás normas educativas concordantes.

Artículo 19o.- De conformidad con lo ordenado por el inciso segundo del artículo 17 de la Ley
115 de 1994, las secretarias de educación municipales o los organismos que hagan sus veces,
que no hubieren elaborado un programa de generalización del grado obligatorio en todas las
instituciones educativas estatales de su jurisdicción, que tengan primer grado de educación
básica, deberán proceder a elaborarlo y a incluirlo en el respectivo plan de desarrollo educativo
municipal.

Si los establecimientos educativos estatales son financiados con recursos del situado fiscal o con
recursos propios del departamento, dicho programa deberá ser previamente consultado con la
Secretaria de Educación del respectivo Departamento.

Se entenderá cumplido el plazo fijado por el artículo 17o. de la Ley 115 de 1994, si antes del 8
de febrero de 1999, los municipios aprueban e incorporan en el respectivo plan de desarrollo
educativo, el correspondiente programa de generalización del Grado de Transición.


                                              18
Artículo 20o.- Las instituciones educativas estatales que estén en condiciones de ofrecer
además del Grado de Transición, los grados de Pre-Jardín y Jardín, podrán hacerlo, siempre y
cuando cuenten con la correspondiente autorización oficial y su implantación se realice de
conformidad con lo dispuesto en el correspondiente plan de desarrollo educativo territorial.

Para este efecto, se requiere que el municipio, en el que se encuentre ubicado el establecimiento
educativo, haya satisfecho los porcentajes de que trata el inciso segundo del artículo 18 de la
Ley 115 de 1994.

Artículo 21o.- Las instituciones educativas privadas o estatales que presten el servicio público
del nivel preescolar, propenderán para que se les brinde a los educandos que lo requieran,
servicios de protección, atención en salud y complemento nutricional, previa coordinación con
los organismos competentes.

Artículo 22o.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 de la Ley 115 de 1994 y 61
del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el Decreto 907 de 1996, los gobernadores y alcaldes
distritales y municipales, a través de las secretarías de educación o de los organismos que
hagan sus veces, ejercerán las funciones de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en este decreto y aplicarán las sanciones previstas en la ley, cuando a ello hubiere
lugar.

Artículo 23o.- El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE


Dado en Santafé de Bogotá a los 11 días del mes de septiembre de 1997

(FDO) ERNESTO SAMPER PIZANO

(FDO) JAIME NIÑO DIEZ
      MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL




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                   DECRETO NUMERO 2369 DE 1997
                         (septiembre 22)


por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 324 de 1996.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 13 de la Ley 324 de
1996,



DECRETA:

CÁPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 324 de 1996,
el ámbito de aplicación del presente decreto, está determinado por el alcance
indicado en las siguientes expresiones:


a) Persona sorda, es aquélla que de acuerdo con valoraciones médicas, presenta
una pérdida auditiva mayor de noventa (90) decibeles y cuya capacidad auditiva
funciona¡ no le permite adquirir y utilizar la lengua oral en forma adecuada,
como medio eficaz de comunicación;


b) Persona hipoacúsica, es aquélla que presentando una disminución de la
audición, posee capacidad auditiva funcional y que mediante ayudas pedagógicas
y tecnológicas, puede desarrollar la lengua oral;


c) Persona con limitaciones auditivas, es el término genérico que designa a
toda persona que posee una pérdida auditiva cualquiera, de naturaleza e
intensidad diversa, incluyendo las dos categorías anteriores.


Artículo 2º. Dentro del marco de los preceptos constitucionales de igualdad y
de no discriminación, la atención a las personas con limitaciones auditivas se
deberá fundamentar particularmente en los siguientes principios:


Igualdad de participación, por el cual se reconocen sus derechos, necesidades y
posibilidades de participación en la vida social, política, económica,
cultura¡, científica y productiva del país.


Autonomía lingüística, según el cual las personas con limitaciones auditivas
desarrollan habilidades comunicativas mediante tecnologías apropiadas y el uso
de¡ lenguaje de señas, como lengua natural.




                                              20
Desarrollo integral, por el cual se hace pleno reconocimiento de las
posibilidades para desarrollar sus capacidades, habilidades e intereses, y en
general, a un desarrollo armónico y equilibrado de su personalidad.


CAPITULO II

Lengua manual colombiana

Artículo 3º. Para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la Ley 324
de 1996 y en el presente decreto, debe tenerse en cuenta que la lengua manual
colombiana como idioma propio de la comunidad sorda de¡ país, constituye la
lengua natural de la misma, estructurada como un sistema convencional y
arbitrario de señas visogestuales, basado en el uso de las manos, los ojos, el
rostro, la boca y el cuerpo.


El conjunto de señas que la estructuran, son los modos particulares,
sistematizados y habituales que utilizan las personas con limitaciones
auditivas para expresarse y comunicarse con su medio y darle sentido y
significado a su pensamiento, constituyéndose por ello en una lengua de señas,
independiente de las lenguas orales.


Las estrategias que conforman este código lingüístico, le permiten a las
personas con limitaciones auditivas acceder, en igualdad de oportunidades, al
conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura y
alcanzar la formación integral.


Parágrafo. Para todos los efectos, la expresión lengua de señas colombiana es
equivalente a la denominación lengua manual colombiana.


Artículo 4º. Podrán desempeñarse como intérpretes oficiales de la lengua manual
colombiana o lengua de señas colombiana, aquellas personas nacionales o
extranjeras, domiciliadas en Colombia que reciban dicho reconocimiento por
parte de¡ Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Nacional
para Sordos, Insor, previo el cumplimiento de los requisitos académicos, de
idoneidad y de solvencia lingüística, según el reglamento que para el efecto
expida dicha entidad.


El Instituto Nacional para Sordos, Insor, podrá expedir el reconocimiento como
intérprete oficial de la lengua manual colombiana o lengua de señas colombiana,
a las personas que a la vigencia del presente decreto se vienen desempeñando
como tal, siempre y cuando logren superar las pruebas que para el efecto
elabore y aplique la mencionada institución.


Artículo 5º. El intérprete oficial de la lengua manual colombiana tendrá como
función principal traducir al idioma castellano o de éste a la lengua de señas
colombiana, las comunicaciones que deben efectuar lis personas sordas con
personas oyentes, o la traducción a los sistemas especiales de comunicación
utilizados por las personas sordociegas.




                                              21
En especial, cumplirá esta función en situaciones de carácter oficial ante las
autoridades competentes o cuando sea requerido para garantizar el acceso de la
persona sorda, a los servicios a que tiene derecho como ciudadano colombiano.


Artículo 6º. Cuando se formulen requerimientos a personas Sordas por parte de
cualquier autoridad competente, los respectivos organismos del nivel nacional o
territorial, procuraran facilitar servicios de interpretación en lengua de
señas colombiana, que podrán ser suministrados directamente, a través de otros
organismos estatales o mediante convenio con federaciones o asociaciones de
sordos u otros organismos privados competentes.


La entidad requeridora dispondrá de un registro de intérpretes de la lengua
manual colombiana que estará a disposición de los interesados, con indicación
de la remuneración que por su trabajo pueden percibir dichos intérpretes,
cuando a ello hubiere lugar, según reglamentación que expida la correspondiente
entidad.


Artículo 7º. Las entidades estatales de cualquier orden, incorporarán
paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, un servicio de
intérprete para las personas sordas, de manera directa o mediante convenio con
organismos que ofrezcan tal servicio.


De igual manera, las empresas de servicios públicos, las bibliotecas públicas,
los centros de documentación e información y en general las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al público,,
proporcionarán servicios de intérprete en lengua de señas colombiana, acorde
con sus necesidades y planes de atención, fijando en lugar visible la
información correspondiente, con plena indicación del lugar o lugares en los
que podrán ser atendidas las personas sordas.


Artículo 8º. La formación de intérpretes de la lengua manual colombiana o
lengua de señas colombiana, podrá ser ofrecida por instituciones de educación
superior, debidamente reconocidas y facultadas para adelantar programas de
formación en ocupaciones, conducentes al título de Tecnólogo.


Estas mismas instituciones podrán establecer condiciones para el reconocimiento
de saberes, experiencias y prácticas en lengua manual colombiana o lengua de
señas colombiana de aquellas personas que sean aceptadas a los programas de
formación de intérpretes, siempre y cuando se atiendan los requerimientos
legales y reglamentarios de la educación, superior.


Artículo 9º. No obstante lo dispuesto en el artículo 8º de¡ presente decreto,
las instituciones que ofrezcan programas de educación no formal, debidamente
reconocidos, quedan autorizadas hasta por tres (3) años, a partir de la
vigencia del presente decreto, para diseñar y ejecutar programas especiales de
formación vocacional de intérpretes de la lengua manual colombiana o lengua de
señas colombiana, con una duración mínima de seiscientas cuarenta (640) horas.


Podrán ingresar a estos programas las personas que hayan culminado y aprobado


                                             22
los estudios de educación básica secundaria, de acuerdo con las disposiciones
que la regulan. Quienes cursen y culminen satisfactoriamente el correspondiente
programa, se les otorgará el certificado de formación vocacional como
intérprete de la lengua manual colombiana o lengua de señas colombiana, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de 1 Ley 115 de 1994.


Artículo 10. Las instituciones de educación superior, atendiendo los requisitos
de creación y funcionamiento, podrán ofrecer programas académicos de formación
avanzada a nivel de especialización, sobre investigación y estudio de la lengua
de señas colombiana, con la finalidad de mejorar las condiciones para la
atención de las personas sordas.



CAPITULO III

Atención educativa de la población con limitaciones auditivas

Artículo 11. La educación de las personas con limitaciones auditivas por parte
de¡ servicio público educativo, se hará conforme a lo dispuesto en el Decreto
2082 de 1996 y las especiales establecidas en este capítulo.


Artículo 12. Según lo establecido en el artículo 13 de¡ Decreto 2082 de 1996,
los departamentos, distritos y municipios definirán dentro de¡ plan de
cubrimiento gradual que formulen para la adecuada atención educativa de las
personas con limitaciones, las instituciones educativas estatales que atenderán
personas con limitaciones auditivas, garantizando los apoyos, servicios y
recursos necesarios para la prestación de¡ servicio público de educación
formal, a estos educandos.


Artículo 13. Las instituciones estatales y privadas que atiendan niños sordos
menores de seis (6) años, establecerán en forma progresiva, programas que
incorporen actividades con personas adultas sordas, usuarias de la lengua
manual colombiana o lengua de señas colombiana, para que puedan servir de
modelos lingüísticos y facilitar así, la adquisición temprana de la lengua de
señas como su lengua natural y el desarrollo de sus competencias comunicativas
bilingües, teniendo en cuenta las orientaciones que para tal efecto imparta el
Ministerio de Educación Nacional, a través de¡ Instituto Nacional de Sordos,
Insor.


Artículo 14. Las instituciones educativas que ofrezcan educación formal d e
acuerdo con lo establecido en 1 Ley 115 de 1994, dirigida primordialmente a
personas sordas, adoptarán como parte de su proyecto educativo institucional,
la enseñanza bilingüe, lengua manual colombiana y lengua castellana.


Igualmente, estas instituciones definirán las condiciones de edad para cursar
estudios en las mismas y diseñarán estrategias administrativas y pedagógicas
que faciliten y promuevan la integración educativa y social de sus educandos.


Artículo 15. Las instituciones educativas que primordialmente atiendan niños
hipoacúsicos, basadas en estrategias y metodologías para la promoción y el
desarrollo de la lengua oral, podrán continuar prestando el servicio educativo,


                                               23
de acuerdo con los respectivos proyectos personalizados y atendiendo las
disposiciones del Decreto 2082 de 1996.


Artículo 16. El Ministerio de Educación Nacional tendrá en cuenta lo dispuesto
en los artículos 13 y 14 del presente decreto, al definir los requisitos
mínimos que deben reunir los establecimientos para la prestación del servicio
educativo.


Igualmente, las secretarías de educación, departamentales y distritales deberán
atender lo establecido en este capítulo, en el momento de otorgar la licencia
de funcionamiento o el reconocimiento oficial de los establecimientos
educativos.


Artículo 17. El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, fomentarán
programas de enseñanza de la lengua manual colombiana, dirigidos a los padres o
familiares protectores de niños sordos para que puedan éstos favorecer los
aprendizajes y la socialización de los mismos.


Artículo 18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 324 de
1996, en armonía con lo establecido en el Decreto 2082 de 1996, el Ministerio
de Educación Nacional, a través del Instituto Nacional para Sordos, Insor,
diseñará los lineamientos específicos que deberán tener en cuenta las
instituciones de educación formal y no formal que atiendan personas con
limitaciones auditivas, para el desarrollo de los procesos curriculares y las
especificaciones mínimas de carácter organizativo, pedagógico, tecnológico y
de. servicios de interpretación requeridos para garantizar la integración
social y académica de estos educandos.

Para tal efecto, se podrá contar con el apoyo de las asociaciones que agrupen a
la población sorda y con las instituciones de educación superior y centros de
investigación que adelanten programas dirigidos a las personas con limitaciones
auditivas.


Artículo 19. Con el fin de asegurar la atención especializada para la
integración de los alumnos con limitaciones auditivas, en igualdad de
condiciones, los departamentos, distritos y municipios, tendrán en cuenta como
criterio para la organización de la estructura de. la planta de personal
docente respectiva, las necesidades que presenten los establecimientos
educativos estatales para el desarrollo de los proyectos personal izados de que
trata el artículo 7 del Decreto 2082 de 1996 y las especificaciones mínimas de
carácter tecnológico y de servicios de interpretación requeridos para
garantizar en forma adecuada la integración socia¡ y académica de estas
personas.


Artículo 20. Corresponde a los Comités de Capacitación de Docentes
Departamentales y Distritales, creados por la Ley 115 de 1994y reglamentados
mediante Decreto 709 de 1996, la identificación y análisis de las necesidades
de actualización, especialización, investigación y perfeccionamiento de los
educadores en su respectiva jurisdicción, para que las instituciones educativas
estatales puedan prestar de manera efectiva, el servicio educativo a las
personas con limitaciones auditivas.



                                              24
De igual manera, dichos Comités deberán tener en cuenta lo dispuesto en el
presente decreto, al momento de definir los requerimientos de forma, contenido
y calidad para el registro y aceptación de los programas de formación
permanente o en servicio que ofrezcan las instituciones de educación superior o
los organismos autorizados para ello.


Parágrafo. Los programas de formación permanente o en servicio orientados a la
complementación pedagógica e investigativa de los docentes en la atención de
los educandos con limitaciones auditivas que se estructuren de conformidad con
lo establecido en el Decreto 709 de 1996, serán válidos para el ascenso en el
escalafón docente.


Artículo 21. El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales tomarán las
previsiones necesarias para que en las instituciones de educación superior de
carácter estatal l se diseñen y desarrollen apoyos y recursos necesarios,
incluidos los servicios de intérprete, que garanticen oportunidades de acceso y
permanencia de las personas con limitaciones auditivas, a los programas
académicos ofrecidos, atendiendo los requerimientos específicos de
comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la
Constitución Política, en armonía con el artículo 22 de la Ley 30 de 1992.


Artículo 22. Las entidades y organizaciones gubernamentales que ofrezcan
programas de educación no formal o de educación informal, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 115 de 1994 en armonía con el Decreto 114 de 1996,
dirigidos a ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o
profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, diseñarán
estrategias de difusión y ejecución., para que las personas con limitaciones
auditivas puedan tener acceso a los mismos, de acuerdo con lo establecido en el
presente decreto.


CAPITULO IV

Promoción del bienestar auditivo comunicativo y prevención de la discapacidad
auditiva comunicativa


Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto sobre prevención, por el artículo 1º
de la Ley 324 de 1996, constituyese el Sistema Nacional de Bienestar
Auditivo-comunicativo, con el propósito de integrar acciones multisectoriales
en las áreas de salud, educación, trabajo, comunicación, y medio ambiente que
permita adelantar estrategias coordinadas para la promoción del bienestar
auditivo comunicativo y la prevención de la discapacidad auditiva comunicativa
de la población colombiana,-en especial de los grupos más vulnerables.


El sistema estará dirigido y orientado por un Consejo Nacional de Bienestar
Auditivo comunicativo, integrado de la siguiente manera:

1. El Viceministro de Salud o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Viceministro de Educación Básica o su delegado.



                                               25
3. El Viceministro de Trabajo o su delegado.

4. El Viceministro de Comunicaciones o su delegado.

5. El Viceministro del Medio Ambiente o su delegado.

6. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, o su
delegado.


7. Un representante de las direcciones seccionales de salud.

8. Un representante de las facultades de enfermería.

9. Un representante de las facultades de medicina.

10. Un representante de las facultades de fonoaudiología.

11. Un representante del Comité Consultivo Nacional de las Personas con
Limitación.


Parágrafo 1º. La designación del representante de las direcciones de salud, la
efectuará el Ministro de Salud, de terna que le presenten los directores
seccionales de salud. Los representantes a que se refieren los numerales 8 a
10, serán designados por la correspondiente organización que las agrupe.


El representante del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Límitación
será designado por el Comité Ejecutivo del mismo.


Estos representantes ejercerán sus funciones por un período de tres (3) años
prorrogables, pero podrán ser removidos en cualquier tiempo por la autoridad
que realizó la designación.


Parágrafo 2º. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de
Bienestar Auditivo-Comunicativo, podrá conformar comités técnicos de trabajo,
de acuerdo con los planes y programas de prevención y atención definidos.


Artículo 24. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Bienestar
Auditivo-Comunicativo será ejercida por el Director del Instituto Nacional para
Sordos, Insor, que cumplirá tal función, sin detrimento de las demás funciones
otorgadas por disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 25. Son funciones del Consejo Nacional de Bienestar
Auditivo-Comunicativo:


a) Dirigir y orientar el Sistema Nacional de Bienestar Auditivo-Comunicativo;

b) Proponer al Gobierno Nacional, políticas y estrategias relativas a la
promoción del bienestar auditivo-comunicativo y la prevención de la
discapacidad auditiva comunicativa;




                                               26
c) Diseñar estrategias de coordinación de las acciones que adelanten distintos
organismos del Estado Y del sector privado en promoción y prevención de la
salud auditiva;


1 d) Fomentar el desarrollo de normas y programas de seguridad auditiva;

e) Diseñar estrategias educativas dirigidas a desarrollar una cultura hacia la
importancia de adoptar medidas para prevenir problemas auditivos-comunicativos;


f) Promover campañas educativas dirigidas a toda la población, sobre la
importancia de los exámenes auditivos periódicos;


g) Promocionar los factores protectores y prevenir los factores de riesgo de la
salud auditiva comunicativa de los grupos más vulnerables de la población;


h) Promover la investigación en el área auditivo-comunicativo;

i) Darse su propio reglamento.

CAPITULO V

Disposiciones finales y vigencia

Artículo 26. De acuerdo con lo ordenado en el artículo 22 de la Constitución
Política de Colombia, en armonía con lo establecido en la Ley 324 de 1996, a
ninguna persona con limitaciones auditivas se le podrá negar o disminuir los
derechos consagrados constitucionalmente para todos los colombianos.


Artículo 27. El Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas",
Colciencias, fomentará programas de investigación social, cultura¡,
lingüística, económica y de participación, para determinar factores de riesgo y
factores prevalentes que inciden en la vida de las personas con limitaciones
auditivas, así como la disponibilidad y eficacia de las acciones de atención
existentes, la valoración de los servicios y apoyos terapéuticos y tecnológicos
ofrecidos y el desarrollo de nuevas estrategias educativas, laborales,
ambientales y de salud para esta población, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29 de 1990.


Artículo 28. Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto,
los gobernadores y alcaldes podrán integrar comisiones asesoras y consultivas
en su respectiva jurisdicción, en las que participen organismos estatales y
privados de la salud, la educación, el trabajo, las comunicaciones y el medio
ambiente, las federaciones y asociaciones que agrupan a la población sorda y
las organizaciones de padres de familia.


Artículo 29. El Instituto Nacional para Sordos, Insor, coordinará con otras
entidades del Estado del nivel nacional y territorial, la realización de foros,
seminarios, cursos y encuentros pedagógicos, que permitan dar a conocer las
disposiciones de la Ley 324 de 1996 y las establecidas en este decreto, que


                                               27
faciliten su correcta aplicación.


Artículo 30. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga las
normas que le sean contrarias.


Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 1997.

ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Salud,

María Teresa Forero de Saade.

El Ministro de Educación Nacional,

Jaime Niño Díez.




                                               28
                   DECRETO NUMERO 3011 DE 1997

                                    (diciembre 19 )

por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos
y se dictan otras disposiciones.


El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, especialmente de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo 2º del Título III de la Ley 115 de 1994,


DECRETA


CAPITULO I


Aspectos generales


Artículo 1º. La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio
público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos
reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996 y las normas que los
modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera especial, en el presente decreto.


Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades territoriales
según sus competencias.


Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación de adultos es el
conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular
las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron
niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para
cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus
conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.


Artículo 3º. Son principios básicos de la educación de adultos:


a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, independientemente del nivel
educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, raza, ideología o condiciones


                                              29
personales, es un ser en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y
potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con
aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida;


b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee conocimientos, saberes,
habilidades y prácticas, que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso
formativo;


c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan
deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las
características de su medio cultural, social y laboral;


d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos debe desarrollar
su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita actuar creativamente en las
transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las
mismas.


Artículo 4º. Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la educación de
adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los programas de educación de
adultos:


a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de una
ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los derechos
humanos y el respeto a las características y necesidades de las poblaciones especiales, tales
como los grupos indígenas, afrocolombianos, las personas con limitaciones, menores
trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social;


b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y tecnológica
que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con las
necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y servicios;


c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo
libre y la identidad nacional;


d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos de educación
formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en
condiciones de equidad;


e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas
significativamente dentro del proceso de formación integral que brinda la educación de adultos.


CAPITULO II



                                               30
Organización general de la educación de adultos


Artículo 5º. La educación de adultos ofrecerá programas de:


1. Alfabetización.


2. Educación básica.


3. Educación media.


4. Educación no formal.


5. Educación informal.


Artículo 6º. Para efectos del presente decreto la alfabetización es un proceso formativo tendiente
a que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de manera
transformadora, en su contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos, valores y
habilidades a través de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura propia de su
comunidad.


El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su propósito
fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público educativo y asegurar el
ejercicio del derecho fundamental a la educación y la consecución de los fines de la educación
consagrados en el artículo 5º de la Ley 115 de 1994.


Artículo 7º. Las entidades territoriales, en virtud de las competencias que les han sido asignadas
por la ley, determinarán dentro del correspondiente plan decenal de educación y en sus
respectivos planes territoriales de desarrollo educativo, programas de alfabetización, de acuerdo
con el diagnóstico de necesidades.


Artículo 8º. Sin detrimento de las directrices específicas que adopten los distritos y los
departamentos en coordinación con los municipios, los establecimientos educativos adelantarán
programas y acciones de alfabetización, en especial aquellos ubicados en zonas rurales y áreas
marginadas de los centros urbanos, como parte del respectivo proyecto educativo institucional.


También se podrán adelantar programas de alfabetización a través de los distintos organismos
de la estructura territorial, instituciones estatales y privadas de carácter corporativo o fundacional
y los medios de comunicación masivos e información. Cuando se trate de programas vinculados
con proyectos de desarrollo social, deberá dárseles prioridad a aquellos sectores con mayores
índices de analfabetismo.




                                                31
Artículo 9º. Los programas de educación básica y media de adultos estarán orientados a la
apropiación y recreación de los elementos de la cultura nacional y universal, teniendo en cuenta
las condiciones socioculturales de la población de que trata el presente decreto, para hacer
posible la satisfacción de sus necesidades fundamentales que le permita una efectiva
participación en la vida social, a través de procesos formales equiparables a los niveles del
sistema educativo regular. Este servicio educativo impulsará procesos de contextualización
educativa a nivel territorial, local y comunitario, que permitan la construcción de propuestas
curriculares pertinentes y socialmente relevantes.


Parágrafo. Los programas de educación básica y media de adultos, deberán tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto 2082 de 1996 y demás normas concordantes, en relación con la
atención educativa de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,
cognoscitivas, emocionales o con capacidades o talentos excepcionales.


Artículo 10. La educación básica y media de adultos podrá ser ofrecida por los establecimientos
de educación formal, estatales y privados, de que trata el artículo 85 de la Ley 115 de 1994,
mediante programas educativos estructurados en ciclos lectivos regulares o especiales
integrados dentro de su proyecto educativo institucional, en jornada escolar nocturna.


También podrá ser ofrecida por las instituciones educativas o centros de educación de adultos
que se creen u organicen por virtud de la ley o norma territorial o por iniciativa de los particulares,
en horarios flexibles diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales, de conformidad con lo
dispuesto en el Capítulo IV del presente decreto.


Igualmente podrán adelantarse programas de educación formal de adultos, a través de la
participación de los medios de comunicación e información, en los procesos de educación
permanente dirigidos a suplir la formación no adquirida durante la edad de escolarización
obligatoria, de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.


Parágrafo. El ciclo lectivo regular de que trata este artículo es el establecido en el artículo 10 de
la Ley 115 de 1994 y definido en el numeral segundo del artículo 5º del Decreto 1860 de 1994.


Artículo 11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 53 de la Ley 115 de 1994, el
ciclo lectivo especial integrado a que se refiere el artículo 10 del presente decreto, es aquel que
se estructura como un conjunto de procesos y acciones curriculares organizados de modo tal
que integren áreas del conocimiento y proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta
para los ciclos regulares del servicio público educativo, que permitan alcanzar los fines y
objetivos de la educación básica y media de acuerdo con las particulares condiciones de la
población adulta.


Artículo 12. La educación no formal para la población adulta está dirigida a la actualización de
conocimientos, según el nivel de educación alcanzado, a la capacitación laboral, artesanal,
artística, recreacional, ocupacional y técnica, a la protección y aprovechamiento de los recursos
naturales y para la participación ciudadana, cultural y comunitaria.




                                                32
Incluye, también, programas que preparan para la validación de niveles y grados propios de la
educación formal, atendiendo lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 114 de 1996.


La educación de adultos comprende igualmente las acciones y procesos de educación informal,
que tienen como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de educación permanente, de
fomento, promoción, difusión y acceso a la cultura, y de transmisión, apropiación y valoración de
tradiciones, costumbres y comportamientos sociales. Su organización y ejecución no requieren
de autorización previa por parte de las secretarías de educación departamentales y distritales.


CAPITULO III


Orientaciones curriculares especiales


SECCION PRIMERA


Programas de alfabetización


Artículo 13. Las instituciones educativas que desarrollen procesos de alfabetización deberán
atender las orientaciones curriculares generales que para el efecto expidan los departamentos y
distritos, atendiendo las necesidades educativas de la población y lo dispuesto en este decreto.


Artículo 14. La duración de los programas de alfabetización tendrán la flexibilidad necesaria,
según características regionales y de los grupos humanos por atender y podrán estar articulados
con proyectos de desarrollo social o productivo.


Dichos programas se organizarán de tal manera que, al finalizar los mismos, se alcancen los
logros formulados y adoptados para el correspondiente proceso formativo, teniendo para el
efecto, como referente, los indicadores de logro establecidos, de manera general, por el
Ministerio de Educación Nacional, para los tres primeros grados del ciclo de educación básica
primaria.


SECCION SEGUNDA


Educación básica formal de adultos


Artículo 15. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación básica formal de
adultos, atenderán los lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público
educativo establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta sus
particulares características.




                                              33
Artículo 16. Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos
especiales integrados:


1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún grado del
ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros grados.


2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de
educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público educativo
formal, dos (2) años o más.


Artículo 17. Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la educación
básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años académicos consecutivos o más,
deberán ser atendidos en los establecimientos educativos que ofrecen educación formal en
ciclos regulares, mediante programas especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 8º y 38 del Decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o
sustituyan.


Artículo 18. La educación básica formal para las personas a que se refiere el artículo 16 de este
decreto, se desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especiales integrados, cada uno de cuarenta
(40) semanas de duración mínima, distribuidas en los períodos que disponga el proyecto
educativo institucional.


Cada ciclo lectivo especial integrado tendrá una duración mínima de ochocientos (800) horas
anuales de trabajo, en actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas
obligatorias y fundamentales y los proyectos pedagógicos, de acuerdo con lo establecido en
respectivo proyecto educativo institucional.


Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las actividades
pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determine el correspondiente plan de
estudios, ya sea en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.


Artículo 19. La educación básica formal de adultos podrá ofrecerse de manera presencial,
semipresencial o abierta y a distancia.


Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad no inferior
al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de trabajo, determinadas en el artículo 18 de
este decreto y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de
módulos y guías.


Artículo 20. Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos especiales
integrados de educación básica formal de adultos, deberán atender los objetivos definidos en el
artículo 20 de la Ley 115 de 1994.




                                              34
En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el procedimiento
de evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial
integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las características de la población
adulta.


Las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, y
los temas obligatorios contemplados en el artículo 14 de la misma ley, podrán organizarse en
forma interdisciplinaria o integrada, según las particularidades de dichos educandos.


Artículo 21. Los ciclos lectivos especiales integrados se organizarán de tal manera que la
formación y los logros alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los ciclos lectivos
regulares de la educación básica:


1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero.


2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto.


3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.


4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno.


Artículo 22. Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos
especiales integrados de la educación básica de adultos, recibirán el certificado de estudios del
bachillerato básico.


SECCION TERCERA


Educación media de adultos


Artículo 23. La educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especiales
integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato básico
de que trata el artículo 22 del presente decreto o a las personas de dieciocho (18) años o más
que acrediten haber culminado el noveno grado de la educación básica.


El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a un grado de
la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de veintidós (22) semanas
lectivas.




                                                35
La semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) horas efectivas de trabajo
académico.


Artículo 24. La educación media académica de adultos podrá ofrecerse de maneara presencial,
semipresencial o abierta y a distancia.


Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad no inferior
al cincuenta por ciento (50%) de las horas de trabajo académico, según lo dispuesto en el
artículo 23 de este decreto y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y
elaboración de módulos y guías.


Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las actividades
pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determine el correspondiente plan de
estudios, en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.


Artículo 25. Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos especiales
integrados de la educación media académica, deberán atender los objetivos establecidos en el
artículo 30 de la Ley 115 de 1994.


En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el procedimiento
de evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial
integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las características de la población adulta
y los lineamientos generales que para tal efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.


La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media académica de
adultos, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 115 de 1994. El plan de
estudios contemplará igualmente los temas obligatorios señalados en el artículo 14 de la misma
ley.


Artículo 26. Cuando las personas adultas contempladas en el presente decreto hayan obtenido el
certificado de estudios del bachillerato básico y opten por continuar estudios en la educación
media técnica, deberán hacerlo en ciclos lectivos regulares de dos (2) grados, que ofrezcan los
establecimientos educativos autorizados para impartir este nivel y organizados atendiendo lo
dispuesto en los artículos 9º, 41 y 55 del Decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o
sustituyan.


Artículo 27. Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos
especiales integrados de la educación media académica de adultos o los dos grados de la
educación media técnica, recibirán el título de bachiller.


CAPITULO IV




                                              36
Organización y funcionamiento


Artículo 28. Las instituciones educativas o centros de educación de adultos que exclusivamente
ofrezcan programas de educación formal dirigidos a la población adulta en los términos
establecidos en el presente decreto, para prestar este servicio deberán cumplir con los
siguientes requisitos:


1. Obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial.


2. Tener un proyecto educativo institucional.


3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados.


Artículo 29. Las instituciones educativas de que trata el artículo 28 de este decreto, deberán
organizar un gobierno escolar, conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo
Académico, garantizando la representación de la comunidad educativa, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política y la ley.


En todo caso, para la integración del Consejo Directivo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994.


Artículo 30. La licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial que otorgue la
respectiva Secretaría de Educación Departamental o Distrital a una institución educativa o centro
de educación de adultos para prestar el servicio público educativo formal de adultos, tiene
validez sólo para la jurisdicción del correspondiente departamento o distrito.


Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o crear centros regionales, zonales
o locales, fuera de la sede, siempre y cuando estén dentro de la misma jurisdicción
departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia de funcionamiento o el
reconocimiento de carácter oficial.


En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal de adultos en otra jurisdicción,
la institución educativa debe solicitar la licencia de funcionamiento a la respectiva secretaría de
educación departamental o distrital.


Las secretarías de educación departamentales y distritales definirán los lineamientos de
infraestructura, pedagogía, administración, y dirección que deben satisfacer las seccionales o
centros para registrar sus programas.




                                                37
Artículo 31. Para que una institución educativa o centro de educación de adultos pueda obtener
la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial para prestar el servicio
público educativo formal de adultos deberá:


1. Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva secretaría de educación departamental o
distrital, por intermedio del rector o su representante legal.


2. Presentar ante la secretaría de educación departamental o distrital su proyecto educativo
institucional y registrarlo en el sistema nacional de información.


3. Disponer de la infraestructura escolar que determina el artículo 46 del Decreto 1860 de 1994 o
la norma que lo modifique o sustituya.


Artículo 32. Las instituciones educativas o centros de educación de adultos tendrán la naturaleza
y carácter de establecimientos educativos por niveles y grados, cuando ofrezcan programas de
educación formal de adultos, regulados en este decreto, y en tal evento deberán organizarse
previamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de este decreto.


No obstante, podrán celebrar convenio con un establecimiento educativo debidamente
constituido que les permita utilizar su planta física y sus medios educativos, siempre y cuando
con ello no se afecte la prestación del servicio de la institución cedente.


Artículo 33. La vinculación del personal docente al servicio de la educación formal de adultos se
efectuará de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 2277 de 1979, las Leyes 60 de
1993 y 115 de 1994 y normas reglamentarias.


En cualquier caso, los centros de educación de adultos de carácter estatal, podrán atender la
prestación del servicio, con educadores de tiempo completo que reciben una bonificación por el
servicio adicional a su jornada laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales sobre
el particular o según lo establecido por cada entidad territorial, en su respectivo plan de
desarrollo educativo territorial.


Artículo 34. Las secretarías de educación departamentales y distritales incorporarán en el
respectivo reglamento territorial para la determinación y cobro de derechos académicos de que
trata el Decreto 135 de 1996, los criterios que deberán atender las instituciones educativas
estatales que ofrezcan programas de educación de adultos.


Los consejos directivos de las instituciones privadas que ofrezcan programas de educación
formal de adultos, incorporarán en el respectivo proyecto educativo institucional, los criterios para
la fijación de los derechos pecuniarios a cargo de los estudiantes de dichos programas,
atendiendo las políticas macroeconómicas del Gobierno Nacional y la capacidad de pago de los
usuarios. Comunicarán igualmente, las propuestas de tarifas correspondientes, a la Secretaría
de Educación Departamental o Distrital de la respectiva jurisdicción.




                                               38
Recibida la comunicación, dicha Secretaría de Educación hará la evaluación pertinente de los
derechos pecuniarios adoptados por la institución educativa y dispondrá hasta de cuarenta y
cinco (45) días calendario para hacer objeciones, si son pertinentes.


El acto administrativo de autorización oficial de las tarifas, será expedido por el Secretario de
Educación Departamental o Distrital de la respectiva jurisdicción.


Artículo 35. En la publicidad y material informativo de las instituciones educativas que ofrezcan el
servicio de educación de adultos, se deberá mencionar el acto administrativo por medio del cual
se le otorga la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial y los programas
registrados que ampara dicho acto.


CAPITULO V


Disposiciones finales y vigencia


Artículo 36. Para el ingreso a cualquiera de los programas de educación de adultos regulados en
este decreto, los educandos podrán solicitar que mediante evaluación previa, sean reconocidos
los conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber cursado
determinado grado de escolaridad formal, a través de los cuales puedan demostrar que han
alcanzado logros tales que les permita iniciar su proceso formativo, a partir del ciclo lectivo
especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado de manera anticipada.


Los comités de evaluación de las instituciones educativas que ofrecen este servicio, dispondrán
lo pertinente, para la debida ejecución de lo establecido en este artículo.


Artículo 37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 y sus normas
reglamentarias, en armonía con el artículo 2º del Decreto-ley 2277 de 1979 y con el artículo 50,
de la Ley 115 de 1994, la respectiva entidad territorial deberá tener en cuenta en la organización
de la planta de personal docente, la atención educativa de las personas adultas a través del
servicio público educativo estatal.


Artículo 38. En desarrollo de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 115 de 1994, las escuelas
normales superiores y las instituciones de educación superior que posean una facultad de
educación u otra unidad académica dedicada a la formación de docentes, tendrán en cuenta
experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las
personas adultas, en el momento de elaborar los correspondientes currículos y planes de
estudio.


Para tales efectos, atenderán además los requisitos y lineamientos de creación y funcionamiento
de sus respectivos programas académicos de formación de docentes y lo dispuesto en el
Decreto 709 de 1996 o la norma que lo modifique o sustituya.




                                               39
Artículo 39. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales,
universidades, organizaciones no gubernamentales y centros especializados en educación,
fomentará programas de investigación pedagógica, social, cultural y comunitaria, para determinar
factores prevalentes que inciden en la vida educativa de los jóvenes y adultos, así como la
disponibilidad y eficacia de las acciones de atención existentes, la valoración de los servicios y
apoyos ofrecidos y el desarrollo de nuevas estrategias educativas y laborales para esta
población.


Artículo 40. La Nación y las entidades territoriales definirán en sus respectivos planes de
desarrollo educativo y decenal, los programas y proyectos necesarios para la atención educativa
de las personas adultas, cuya financiación se atenderá de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994.


Las instituciones que ofrezcan educación formal de adultos, podrán ser objeto de las líneas de
crédito, estímulos y apoyo establecidas por el artículo 185 de la Ley 115 de 1994, de
conformidad con las normas que lo reglamenten.


Artículo 41. Las instituciones estatales y privadas que a la fecha de publicación del presente
decreto ofrezcan programas de educación de adultos, debidamente autorizados por la Secretaría
de Educación Departamental o Distrital de la respectiva jurisdicción, deberán ajustarse a lo
dispuesto en el presente decreto.


No obstante, los estudiantes que se encuentren cursando programas de acuerdo con
disposiciones anteriores, podrán continuar bajo dichas condiciones, hasta su culminación,
excepto que, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, su transición no ocasione
mayores traumatismos en su proceso formativo.


Artículo 42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 60 de 1993, las mismas
funciones y responsabilidades otorgadas en este reglamento como competencia propia de los
distritos, serán también cumplidas por los municipios de 100.000 o más habitantes que obtengan
la certificación que les permita la administración de los recursos del situado fiscal y la prestación
directa del servicio educativo.


Artículo 43. El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamentales
y distritales, mediante circulares y directivas, proporcionarán criterios y orientaciones para el
cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y ejercerán la inspección y vigilancia
según su competencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 907 de 1996 y demás
normas concordantes.


Artículo 44. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas
que le sean contrarias, en especial el Decreto 428 de 1986 y las Resoluciones 9438 de 1986,
13057 de 1988 y 5091 de 1993.


Publíquese y cúmplase.




                                               40
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 1997.


ERNESTO SAMPER PIZANO




                   DECRETO NUMERO 3012 DE 1997

                                    (diciembre 19)

por el cual se adoptan disposiciones para la organización y el funcionamiento
de las escuelas normales superiores.


El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los
numerales 11 y 21 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 216 de la Ley 115 de
1994, y


CONSIDERANDO:


Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley 115 de 1994, la formación
profesional de los educadores corresponde a las universidades y a las demás instituciones de
educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a
la educación y a las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas como
escuelas normales superiores, para atender programas de formación de docentes para el nivel
de preescolar y el ciclo de básica primaria;




                                              41
Que mediante Decreto 2903 de 1994, el Gobierno Nacional dentro del término fijado en el
artículo 216 de la Ley 115 de 1994, fijó los procedimientos que debían adelantarse en los
departamentos y distritos para la reestructuración de las escuelas normales como escuelas
normales superiores, o para reajustar sus programas como instituciones educativas formales por
niveles y grados, preferiblemente de educación media técnica;


Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante acto administrativo, determinó las escuelas
normales que podían iniciar su proceso de reestructuración como escuelas normales superiores,
en cada entidad territorial, y


Que es necesario crear condiciones especiales para que las escuelas normales en proceso de
reestructuración puedan ser aprobadas como escuelas normales superiores y operar cabalmente
como unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes,


DECRETA:


CAPITULO I


De la organización general


Artículo 1º. Las escuelas normales superiores son instituciones educativas que operarán como
unidades de apoyo académico para atender la formación inicial de educadores para el ejercicio
de la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 104 y 109 de la Ley 115 de 1994 y las necesidades
educativas y de personal docente de su zona de influencia;


La organización para la prestación del servicio público educativo, por parte de dichas
instituciones, responderá a sus finalidades y a su proyecto educativo institucional y estará regida
por la Ley 115 de 1994, sus normas reglamentarias y las especiales establecidas en este
decreto.


Artículo 2º. Son finalidades de la escuela normal superior:


a) Contribuir a la formación inicial de educadores con idoneidad moral, ética, pedagógica y
profesional, para el nivel de preescolar y el ciclo de educación básica primaria;


b) Desarrollar en los educadores en formación las capacidades de investigación pedagógica y de
orientación y acompañamiento pedagógico de los educandos;


c) Promover el mejoramiento y la innovación de prácticas y métodos pedagógicos que permitan
atender las necesidades de aprendizaje de los educandos;



                                               42
d) Despertar el compromiso y el interés por la formación permanente en los educadores y por la
calidad de su desempeño;


e) Animar la acción participativa del educador, para la construcción, desarrollo, gestión y
evaluación del proyecto educativo institucional;


f) Contribuir al desarrollo de la pedagogía como disciplina fundante de la formación intelectual,
ética, social y cultural de los educadores y a partir de ella, articular y potenciar el desarrollo del
conocimiento y de la cultura;


g) Contribuir al desarrollo social, educativo, ético y cultural de la comunidad en la que esté
inserta;


h) Contribuir al desarrollo educativo del país y al logro de una educación de calidad,
especialmente en su zona de influencia.


Artículo 3º. Las escuelas normales superiores ofrecerán, en jornada única completa, el nivel de
educación media académica con profundización en el campo de la educación y la formación
pedagógica y un ciclo complementario de formación docente con una duración de cuatro (4)
semestres académicos. Estarán dedicadas exclusivamente a formar docentes para el nivel de
educación preescolar y para el ciclo de educación básica primaria con énfasis en un área del
conocimiento, de una de aquellas establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994.


Además podrá ofrecer directamente, o mediante convenio con otros establecimientos educativos,
los niveles de preescolar y de educación básica.


Parágrafo. Los procesos curriculares de los niveles de educación preescolar y de básica, si son
ofrecidos directamente, y del nivel de educación media se adelantarán de acuerdo con las
normas que los regulan y atendiendo las orientaciones específicas del Ministerio de Educación
Nacional.


Artículo 4º. Los programas de formación de educadores que ofrezcan las escuelas normales
superiores se estructurarán teniendo en cuenta, en especial, el desarrollo armónico de los
siguientes núcleos del saber:


a) La educabilidad del ser humano, atendiendo su proceso de desarrollo personal y cultural y sus
posibilidades de formación y aprendizaje;


b) La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco de
sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural, correlacionando el contexto
cognitivo, valorativo y social de quien aprende y sus posibilidades de transformación en
contenido y estrategias formativas;



                                                43
c) El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de
comunicación e información y el dominio de una segunda lengua;


d) La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, su interdisciplinariedad y sus
posibilidades de construcción y validación de teorías y modelos;


e) Las realidades y tendencias sociales y educativas, de carácter institucional, regional, nacional
e internacional;


f) La dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa y las consecuencias formativas
de la relación pedagógica.


Los procesos curriculares del ciclo complementario deberán atender los fines y objetivos de la
educación, las finalidades de las escuelas normales superiores, los requerimientos propios de la
formación inicial de docentes para el nivel preescolar y el ciclo de educación básica primaria, la
formulación y adopción de logros e indicadores de logros, el sistema de evaluación y promoción,
el desarrollo del niño, la gestión y la definición del correspondiente plan de estudios.


Parágrafo. Como parte de su proceso curricular, las escuelas normales superiores deberán
diseñar y ejecutar propuestas de investigación pedagógica y planes de asistencia técnico-
pedagógica para las instituciones educativas de su área de influencia.


Artículo 5º. El total anual de horas efectivas de actividad académica e investigativa en el ciclo
complementario de formación docente de las escuelas normales superiores, así como la
intensidad horaria semanal y diaria de trabajo institucional, será determinado en el respectivo
proyecto educativo institucional.


Artículo 6º. El ciclo complementario de formación docente de que trata el artículo 3º de este
decreto, deberá ofrecerse previa la celebración de un convenio con una institución de educación
superior, que posea facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación,
atendiendo, como mínimo, las reglas definidas en el artículo 10 de este decreto.


Artículo 7º. El Consejo Directivo y el Consejo Académico de las escuelas normales superiores se
integrarán y cumplirán sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 y
el Decreto 1860 de 1994 o normas que lo modifiquen o sustituyan y con las disposiciones
específicas del presente decreto.


Cada escuela normal superior deberá conformar un Comité Interinstitucional, de carácter
consultivo, en el que estén representados entre otros, la institución de educación superior con la
cual se firme el convenio y la Junta Distrital o Municipal de Educación respectiva. Dicho Comité
tendrá como función general, la de adelantar el seguimiento y la evaluación del convenio
suscrito, según lo establecido en el artículo 10 de este decreto.




                                               44
Artículo 8º. Las escuelas normales superiores podrán aceptar en el ciclo complementario,
egresados de la educación media que acrediten título de bachiller con profundización en
educación o personas con título de bachiller pedagógico, dentro de las condiciones que se
establezcan en el respectivo proyecto educativo institucional.


Artículo 9º. Las escuelas normales superiores, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y
prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las poblaciones de que trata el
Título III de la Ley 115 de 1994, en el momento de elaborar los correspondientes currículos y
planes de estudio.


CAPITULO II


De los convenios


Artículo 10. Los convenios que deben suscribir las escuelas normales autorizadas para adelantar
su proceso de reestructuración, como escuelas normales superiores, con instituciones de
educación superior, deberán establecer las condiciones pedagógicas, administrativas y
financieras, atendiendo como mínimo, los siguientes requerimientos:


1. Compromiso de las instituciones en la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto
educativo institucional.


2. Definición de los mecanismos y actividades de asesoría y permanente acompañamiento para
adelantar los procesos de construcción y desarrollo del currículo específico del ciclo
complementario y de articulación con los procesos curriculares de la educación media
académica ofrecida.


3. Obligaciones de las partes en cuanto a la prestación de servicios docentes e investigativos.


4. Utilización de infraestructura física, medios y materiales educativos y adquisición de otros,
para uso por parte de los docentes y educandos.


5. Determinación de los procedimientos de evaluación y supervisión, en los aspectos
administrativos y pedagógicos.


6. Obligaciones presupuestales de las partes con clara definición de las fuentes de financiación,
adjuntando al convenio copia de los compromisos económicos adquiridos por terceros, en caso
de que existieren.


7. Causales para la terminación anticipada del convenio, entre las que obligatoriamente deberán
pactarse las contempladas en el artículo 24 de este decreto.



                                              45
Parágrafo. La escuela normal en proceso de reestructuración que a la fecha de la expedición del
presente decreto, ya tenga suscrito un convenio con una institución de educación superior,
deberá ajustarlo a lo dispuesto en el presente artículo.


Artículo 11. El convenio de que trata el artículo 6º de este decreto, podrá establecer condiciones
para el reconocimiento de saberes, experiencias y prácticas brindadas por el ciclo
complementario de formación docente, cuando el egresado de la escuela normal superior sea
aceptado por la institución de educación superior con la que se efectúa el convenio, para
adelantar programas académicos de pregrado en educación, siempre y cuando se atiendan y
respeten los requerimientos de creación y funcionamiento de dicho programa, establecidos en
las disposiciones legales y reglamentarias de la educación superior.


Parágrafo. El reconocimiento de saberes, experiencias y prácticas brindadas por el ciclo
complementario de que trata este artículo, podrá ser efectuado también, por cualquier institución
de educación superior que posea facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la
educación.


CAPITULO III


De la acreditación


Artículo 12. La acreditación de los programas de las escuelas normales superiores, se hará
conforme a lo establecido por los artículos 74 y 113 de la Ley 115 de 1994 y constituye un
proceso mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional reconoce la idoneidad y calidad de
los programas académicos que ofrece una escuela normal superior, para formar educadores que
puedan ejercer la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria,
siempre y cuando hubieren cumplido con todos los requisitos exigidos por el presente decreto.


Artículo 13. Son objetivos de la acreditación de las escuelas normales superiores:


a) Promover el continuo mejoramiento de su calidad;


b) Propiciar la idoneidad y la solidez de los programas de formación docente ofrecidos;


c) Incentivar la verificación del cumplimiento de su misión, en el marco de la formación inicial de
docentes;


d) Fomentar los procesos de autoevaluación que permitan la consolidación de su proyecto
educativo institucional;




                                               46
e) Estimular la iniciativa y la creatividad de docentes, directivos y alumnos, en la construcción de
modelos y estrategias pedagógicas y administrativas;


f) Favorecer el sentido y la práctica de la investigación pedagógica.


Artículo 14. La acreditación será previa para el caso de las escuelas normales en proceso de
reestructuración como escuelas normales superiores, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 113 de la Ley 115 de 1994 y se otorgará por un término de cuatro (4) años, atendiendo lo
dispuesto en los artículos 18 y 19 de este decreto.


Artículo 15. Una vez que la Escuela Normal Superior se encuentre organizada y funcionando
como tal, procederá a realizar un proceso de acreditación de calidad y desarrollo, consistente en
la determinación del cumplimiento de los requisitos de calidad de los programas ofrecidos y de
desarrollo de los fines propios de la educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de
la Ley 115 de 1994 y disposiciones reglamentarias, atendiendo lo dispuesto en los artículos 20 y
21 de este decreto. Esta acreditación se otorgará por un período de cinco (5) años.


Artículo 16. Créase el Consejo de Acreditación de las Escuelas Normales Superiores, de
carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, integrado por siete (7)
miembros, representantes de la comunidad académica e investigativa en Pedagogía y
Educación. La designación de dichos miembros la efectuará la Junta Nacional de Educación,
JUNE, para un período de cuatro (4) años, que podrán ser prorrogables hasta para cuatro (4) de
sus miembros, según el mecanismo que adopte el mismo Consejo.


Para este efecto, la Junta Nacional de Educación expedirá el reglamento correspondiente.


Parágrafo. El Consejo de Acreditación de las Escuelas Normales Superiores, tendrá una
Secretaría Técnica que será ejercida por la Dirección General de Investigación y Desarrollo
Pedagógico del Ministerio de Educación Nacional.


Artículo 17. Compete al Consejo de Acreditación de las Escuelas Normales Superiores:


a) Promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Ministerio de Educación
Nacional y contribuir con su renovación y actualización;


b) Orientar al Ministerio de Educación Nacional en el proceso de evaluación de las escuelas
normales superiores, conducente a la obtención de la acreditación;


c) Formular criterios, instrumentos e indicadores técnicos para que las Escuelas Normales
Superiores puedan adelantar el proceso de autoevaluación;




                                               47
d) Recomendar al Ministro de Educación Nacional la acreditación de las escuelas normales
superiores, de acuerdo con los estudios y evaluaciones practicados, y


e) Darse su propio reglamento.


Artículo 18. Para obtener su acreditación previa las escuelas normales en proceso de
reestructuración como escuelas normales superiores, deberán enviar al Consejo de Acreditación
de Escuelas Normales Superiores, a través de la Secretaría de Educación Departamental o
Distrital de la respectiva jurisdicción:


1. Los documentos que consignen los ajustes administrativos, pedagógicos y financieros
realizados, especialmente, copia del Proyecto Educativo Institucional debidamente ajustado,
incluyendo entre otros:


a) Copia del plan de estudios adoptado, tanto del nivel de educación media como del ciclo
complementario;


b) Copia del documento por medio del cual se adoptó una nueva estructura organizacional;


c) Copia del documento que fija los criterios relacionados con la administración del personal
docente y directivo docente;


d) Copia del acto administrativo del Consejo Directivo, por medio del cual se adoptan el
calendario académico y la jornada escolar;


e) Informe sobre propuestas de investigación;


f) Propuesta de financiación del ciclo complementario, acompañada de sus correspondientes
soportes.


2. Una copia del convenio celebrado con una institución de Educación Superior, para atender el
ciclo complementario, debidamente ajustado, según lo dispuesto en el presente decreto.


Parágrafo. Las escuelas normales de que trata este artículo dispondrán hasta de seis (6) meses,
a partir de la fecha de publicación del presente decreto, para cumplir dichos requisitos.


Artículo 19. Con base en la documentación remitida por la escuela normal en proceso de
reestructuración como Escuela Normal Superior, en los términos previstos en el artículo 18 de
este decreto, el Consejo de Acreditación de Escuelas Normales emitirá concepto de acreditación



                                                48
previa a su programa y recomendará al Ministro de Educación Nacional la expedición del
correspondiente acto administrativo.


Si el programa no recibiere acreditación previa, el Consejo de Acreditación fijará las condiciones
y los plazos dentro de los cuales la escuela normal deberá atender las recomendaciones que le
formule dicho Consejo. De persistir las causas que determinan la no acreditación previa, la
escuela normal deberá transformarse en un establecimiento educativo por niveles y grados.


Artículo 20. La acreditación de calidad y desarrollo se inicia con la autoevaluación adelantada por
la Escuela Normal Superior, de acuerdo con los criterios determinados por el Consejo de
Acreditación de las Escuelas Normales Superiores, continúa con la evaluación externa
practicada por un equipo evaluador nominado por el mismo Consejo y prosigue con la valoración
que éste realice de los resultados de las dos primeras etapas y del respectivo proyecto educativo
institucional.


Artículo 21. Las escuelas normales superiores deberán solicitar la primera acreditación de
calidad y desarrollo al Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito dirigido al Consejo de
Acreditación de las Escuelas Normales Superiores, con seis (6) meses de anticipación al
vencimiento del período por el que se le otorgó la acreditación previa, anexando la siguiente
documentación:


a) El documento que consigne los resultados de la autoevaluación practicada por la Escuela
Normal Superior;


b) El proyecto educativo institucional, incluyendo la propuesta de currículo específico
correspondiente al nivel de educación media y del ciclo complementario de formación docente, y


c) El concepto de la Secretaría de Educación Departamental o Distrital de la respectiva
jurisdicción, sobre el correspondiente proyecto educativo institucional.


La solicitud junto con la documentación, deberá ser remitida al Consejo de Acreditación de las
Escuelas Normales Superiores, a través de la Secretaría de Educación Departamental o Distrital
de la respectiva jurisdicción. Con base en dicha documentación, el Consejo de Acreditación
ordenará la práctica de la evaluación externa del programa ofrecido por la Escuela Normal
Superior.


Artículo 22. Si el Consejo de Acreditación encuentra que la Escuela Normal Superior reúne los
requisitos para el otorgamiento de la acreditación de calidad y desarrollo, le recomendará al
Ministro de Educación Nacional que profiera el acto administrativo correspondiente.


Cuando el programa no recibiere la acreditación de calidad y desarrollo, la Escuela Normal
Superior podrá solicitar, atendiendo las recomendaciones del Consejo de Acreditación, la
iniciación de un nuevo proceso dos (2) años después.




                                               49
CAPITULO IV


De la aprobación y el otorgamiento de títulos


Artículo 23. Las secretarías de educación departamentales y distritales expedirán el acto
administrativo de reconocimiento oficial o de licencia de funcionamiento como escuelas normales
superiores a las escuelas normales en proceso de reestructuración que hayan recibido del
Ministerio de Educación Nacional la acreditación previa, en los términos establecidos en el
artículo 19 del presente decreto.


El reconocimiento oficial o la licencia de funcionamiento se otorgará de manera indefinida, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de este decreto.


Artículo 24. La Escuela Normal Superior deberá abstenerse de abrir el ciclo complementario e
iniciará el proceso de transformación en un establecimiento educativo por niveles y grados para
ofrecer educación básica y el nivel de educación media, preferiblemente de carácter técnico,
cuando se presente alguno de los siguientes eventos:


1. Negación de la acreditación de los programas académicos, por parte del Ministerio de
Educación Nacional, según lo establecido en el presente decreto.


2. Imposición de la sanción de suspensión del reconocimiento de carácter oficial o de la licencia
de funcionamiento hasta por un (1) año o de cancelación del reconocimiento de carácter oficial o
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 907 de 1996, o
las normas que lo modifiquen o sustituyan.


Parágrafo. En el acto administrativo que expida la correspondiente Secretaría de Educación
Departamental o Distrital, cancelándole el reconocimiento de carácter oficial o la licencia de
funcionamiento como escuela normal superior, deberá determinarse el plazo de que dispone
para llevar a cabo su proceso de transformación.


Artículo 25. A quienes finalicen y aprueben el nivel de educación media, en las escuelas
normales superiores, se les expedirá el título de bachiller, en el cual se especificará el campo de
la educación en la que profundizó sus estudios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del
presente decreto.


A quienes finalicen y aprueben el ciclo complementario de formación docente, se les otorgará el
título de normalista superior, el que los acreditará para el ejercicio de la docencia en el nivel de
preescolar y en el ciclo de educación básica primaria.


El título de bachiller expedido por una normal superior no habilita para el ejercicio de la docencia,
según lo dispone la Ley 115 de 1994.



                                               50
Artículo 26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, en
armonía con el artículo 10 del Decreto-ley 2277 de 1979, el título de Normalista Superior
expedido por las escuelas normales superiores, faculta para ingresar al cuarto grado del
Escalafón Nacional Docente.


CAPITULO V


Del personal directivo y docente


Artículo 27. Para desempeñar el cargo de rector de una escuela normal superior, el aspirante
deberá reunir los siguientes requisitos:


1. Ser licenciado en educación o profesional con reconocida trayectoria en materia educativa y
acreditar título en un programa de formación de posgrado en educación.


2. Presentar y aprobar el concurso especial que convoque el departamento, distrito o municipio,
según sea el caso.


3. Acreditar como mínimo diez (10) años de ejercicio docente, de los cuales, al menos, cinco (5)
de ellos en un cargo directivo en instituciones de educación media o de educación superior.


4. Estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente.


5. Cumplir con los demás requisitos de ley.


Parágrafo. El concurso de que trata el inciso segundo de este artículo, comprenderá una prueba
escrita y la participación en un curso especial de selección. Podrán participar licenciados en
educación y otros profesionales vinculados o no al servicio público estatal, si reúnen los
requisitos aquí establecidos.


Artículo 28. La remuneración que devengará el rector de una Escuela Normal Superior estatal
será la que determine el Gobierno Nacional en el decreto por el cual se fijan las remuneraciones
de los empleos docentes de carácter estatal, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992.


Artículo 29. Los directivos docentes de las escuelas normales superiores serán evaluados cada
tres (3) años, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 83 de la Ley 115 de 1994.


Artículo 30. La vinculación de educadores para prestar el servicio educativo en el ciclo
complementario de formación docente, en las escuelas normales superiores, se efectuará



                                              51
mediante concurso convocado y celebrado por la correspondiente entidad territorial y
comprenderá la aplicación de una prueba escrita de selección, la realización de entrevistas y la
valoración de antecedentes de los aspirantes.


Los educadores que sean vinculados a prestar el servicio educativo en el ciclo complementario,
de tiempo completo, deberán acreditar por los menos cinco (5) años de ejercicio docente en
instituciones formadoras de educadores y cumplir los requisitos de ley.


Artículo 31. Las secretarías de educación departamentales o distritales, practicarán evaluaciones
encaminadas a determinar la actualización pedagógica y profesional de los educadores de
aquellas escuelas normales estatales en proceso de reestructuración, de la respectiva
jurisdicción, con el propósito de brindar programas de actualización y seleccionar los docentes
que pueden continuar prestando el servicio en la escuela normal superior y reubicar a los demás,
en otros establecimientos educativos de la correspondiente entidad territorial.


Artículo 32. Las pruebas de selección de los concursos de que tratan los artículos 27 y 30 de
este decreto, serán practicadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Servicio
Nacional de Pruebas del Icfes o del organismo que cumpla tales funciones.


CAPITULO VI


Disposiciones finales y vigencia


Artículo 33. Las secretarías de educación departamentales, distritales o municipales
determinarán el valor anual de los derechos académicos que deben sufragar los estudiantes que
ingresen al ciclo complementario de formación docente, teniendo en cuenta las características
socioeconómicas de los mismos y las propuestas que formulen las escuelas normales
superiores.


Los consejos directivos de las escuelas normales superiores de carácter privado, definirán en su
proyecto educativo institucional, los derechos pecuniarios a cargo de los estudiantes que
ingresen al ciclo complementario de formación docente e informarán de tal determinación a la
Secretaría de Educación Departamental o Distrital de la respectiva jurisdicción. Recibida la
comunicación, dicha Secretaría de Educación hará la evaluación pertinente de los derechos
pecuniarios adoptados por la escuela normal superior y dispondrá hasta de cuarenta y cinco (45)
días calendario para hacer objeciones, si son pertinentes.


Artículo 34. La financiación del ciclo complementario de formación docente, ofrecido por las
escuelas normales superiores, se hará con cargo a los recursos propios recaudados por las
mismas escuelas normales, de los provenientes, entre otros, de cursos de extensión a la
comunidad, asesoría y estudios técnicos impartidos y cobro de derechos académicos, los
recursos propios de los departamentos, distritos y municipios y las transferencias de recursos
que la Nación haga a las entidades territoriales, para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto
por las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994.




                                              52
Parágrafo. El Gobierno Nacional dará apoyo especial a las escuelas normales superiores
estatales que demuestren eficiencia y eficacia institucional y comprueben que realizan esfuerzos
económicos con recursos propios, atendiendo lo establecido en el artículo 185 de la Ley 115 de
1994.


Artículo 35. Los recursos económicos originados en la prestación del servicio educativo por parte
de las escuelas normales superiores, los que reciban como aportes de las entidades territoriales
o la Nación o cualquier otro ingreso económico que las mismas perciban, deberán ser
administrados a través del Fondo de Servicios Docentes, cuya estructura y funcionamiento se
hará de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1857 de 1994 y las normas que lo
complementen o sustituyan.


Artículo 36. Las escuelas normales que se transformen en establecimientos educativos por
niveles y grados y ofrezcan la educación media técnica participarán, como beneficiarios, de la
asignación de recursos originados en la aplicación de la Ley 21 de 1982.


Artículo 37. Los educandos de las escuelas normales en proceso de reestructuración, que
culminaron y aprobaron la educación media antes o durante el año de 1996 o culminen y
aprueben dicho nivel durante el año de 1997, podrán ejercer la docencia, en los términos del
Estatuto Nacional Docente.


Artículo 38. Los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, a través de las secretarías de
educación o de los organismos que hagan sus veces, ejercerán las funciones de inspección y
vigilancia para el cumplimiento de este decreto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
907 de 1996.


Artículo 39. El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamentales
y distritales, dentro del marco de su competencia, impartirán las orientaciones y pautas
necesarias para la debida aplicación de lo dispuesto en este decreto.


Artículo 40. Salvo lo dispuesto como régimen especial por el presente decreto, a las escuelas
normales superiores les serán aplicables, además, las normas reglamentarias que rijan para los
establecimientos de educación media.


Artículo 41. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga los artículos 2º, 3º y del
7º al 10 del Decreto 2903 de 1994, el Decreto 968 de 1995 y las demás disposiciones que le
sean contrarias.


Publíquese y cúmplase.


Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 1997.




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ERNESTO SAMPER PIZANO


El Ministro de Educación Nacional,

Jaime Niño Díez.




                   DECRETO NUMERO 1572 DE 1998
                            (agosto 5)

                                     54
por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y oída la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado,

DECRETA:

TITULOI
VINCULACION A LOS EMPLEOS DE CARRERA

CAPITULO 1

De la provisión de los empleos

Artículo 1º. El presente decreto regula el ingreso al servicio público en los empleos de carrera de
las entidades y organismos a los cuales se aplica la Ley 443 de 1998, la permanencia en ellos y
el retiro del servicio.

Artículo 2º. La provisión definitiva de los empleos de carrera se hará teniendo en cuenta el
siguiente orden:

Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro
haya sido ordenado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. Por traslado de empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, cuando la Comisión
Nacional del Servicio Civil así lo ordene.

3. Con el personal de carrera administrativa al cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere
optado por el derecho preferencial a ser incorporado a empleos equivalentes, conforme con las
reglas establecidas en el artículo 135 del presente decreto.

4. Con el empleado que hubiere sido escogido como el mejor del nivel al cual corresponda el
cargo a proveer, siempre y cuando acredite los requisitos exigidos para su desempeño. De no
demostrar dichos requisitos o no aceptar el nombramiento, deberá ascenderse al mejor
empleado del nivel inmediatamente inferior que los acredite.

Los mejores empleados de cada nivel y el de la entidad serán escogidos de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 130 de este decreto y tendrán derecho al ascenso aquí
previsto, por una sola vez, sin someterse a concurso, dentro del año inmediatamente siguiente a
su selección. Sus nombramientos se consideran como ascensos dentro de la carrera
administrativa y en ningún caso serán sometidos a período de prueba.

5. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles vigente de concurso de ascenso.

6. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles vigente resultado de un concurso general.

7. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles vigente de concurso abierto.

En los casos referidos en los numerales 5 y 7, la entidad debe utilizar sus listas de elegibles
vigentes, en estricto orden descendente tal como se indica en el artículo 38 de este decreto.



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De no darse las circunstancias señaladas en el presente artículo, se realizará el concurso o
proceso de selección, de ascenso o abierto, de conformidad con lo establecido en este decreto.

CAPITULO II

Del encargo y del nombramiento provisional

Artículo 3º. Mientras se surte el proceso de selección convocado para proveer empleos de
carrera, y se requiera su provisión temporal, los empleados de carrera tendrán derecho
preferencial a ser encargados de tales cargos si acreditan los requisitos de estudio y experiencia
y el perfil para su desempeño. Sólo en caso de que no sea posible realizar el encargo podrán
hacerse nombramientos provisionales.

Tanto el encargo como el nombramiento provisional sólo procederán después de que se haya
convocado el respectivo proceso de selección, salvo autorización previa de la correspondiente
Comisión del Servicio Civil cuando medie justificación del jefe de la entidad en los casos en que
por autoridad competente se ordene la creación, reestructuración orgánica, fusión,
transformación o liquidación de la entidad.

Artículo 4º. Entiéndese por nombramiento provisional aquel que se hace a una persona para
proveer, de manera transitoria un empleo de carrera, con personal no seleccionado mediante el
sistema de mérito, así en el respectivo acto administrativo no se indique la clase de
nombramiento de que se trata.

También tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción y que en virtud de la ley o de una decisión de la Corte
Constitucional se convierta en cargo de carrera. Tal carácter se adquiere a partir de la fecha en
que se opere el cambio de naturaleza del cargo y éste deberá ser provisto teniendo en cuenta el
orden de prioridad establecido en el artículo 2º de este decreto. En caso de que deba realizarse
el concurso, éste deberá convocarse de manera inmediata y proveerse con la persona que
ocupe el primer puesto en la respectiva lista de elegibles.

Artículo 5º. La provisión de los empleos de carrera a través del encargo o del nombramiento
provisional no podrá ser superior a cuatro (4) meses, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando la vacancia se produzca como resultado del ascenso en período de prueba de un
empleado de carrera, en cuyo caso tendrá la duración de dicho período y su superación, más el
tiempo requerido para la realización del proceso de selección si fuere necesario.

2. Cuando la prórroga sea autorizada previamente por las Comisiones del Servicio Civil en el
evento de que el concurso no pueda culminarse en el término de cuatro (4) meses. En este caso,
se extenderá hasta cuando se supere la circunstancia que la originó.

3. Cuando se haya autorizado por las Comisiones del Servicio Civil encargo o nombramiento
provisionales sin la apertura de concurso.

4. Cuando se trate de proveer empleos de carrera que impliquen separación temporal de sus
titulares, caso en el cual su duración será igual al tiempo que duren las situaciones
administrativas que la originaron.

5. En caso de vacancia definitiva del empleo, cuando éste se encuentre provisto mediante
nombramiento provisional con una empleada en estado de embarazo; en este evento, el término
de duración de la provisionalidad se prorrogará automáticamente y culminará tres (3) meses
después de la fecha del parto o una vez vencida la licencia remunerada, cuando en el curso del
embarazo se presente aborto o parto prematuro no viable. Cuando se trate de adopción, el
término del nombramiento provisional culminará tres (3) meses después de la fecha de la
entrega del menor de 7 años. En estos eventos, el concurso convocado continuará su curso y el



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nombramiento de quien ocupe el primer puesto será efectuado una vez venza el término de la
provisionalidad.

Parágrafo. Las prórrogas de los encargos y de los nombramientos provisionales se efectuarán
mediante resolución motivada por el nominador y de ello se informará a las respectivas
Comisiones del Servicio Civil.

Artículo 6º. Vencido el término de duración del encargo, de la provisionalidad o el de su prórroga,
si la hubiere, no podrá proveerse nuevamente el empleo a través de estos mecanismos, y
procederá su provisión definitiva mediante la utilización de la respectiva lista de elegibles.

Artículo 7º. El término de duración del encargo, de la provisionalidad o el de su prórroga, si la
hubiere, deberá consignarse en el acto administrativo correspondiente, al vencimiento del cual el
empleado de carrera que haya sido encargado cesará automáticamente en el ejercicio de las
funciones de éste y regresará al empleo del cual es titular. El empleado con vinculación de
carácter provisional deberá ser retirado del servicio mediante declaratoria de insubsistencia de
su nombramiento, a través de acto administrativo expedido por el nominador.

No obstante lo anterior, en cualquier momento antes de cumplirse el término del encargo, de la
provisionalidad o de su prórroga, el nominador, por resolución, podrá darlos por terminados.

Artículo 8º. El empleo del cual sea titular el empleado encargado podrá ser provisto por encargo
o por nombramiento provisional mientras dure el encargo de aquel y en todo caso estas
situaciones se someterán a las reglas que regulan la materia.

CAPITULO III

De los procesos de selección o concursos

Artículo 9º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 443 de 1998, la selección de
personal para el desempeño de los empleos de carrera es de competencia de cada entidad, bajo
las directrices y la vigilancia de las Comisiones del Servicio Civil y la Asesoría del Departamento
Administrativo de la Función Pública.

Para la elaboración o aplicación de las pruebas o instrumentos de selección las entidades
podrán suscribir contratos con entidades públicas, preferentemente con la Escuela Superior de
Administración Pública.

Artículo 10. Los concursos son de dos clases:

De ascenso, en los cuales sólo podrán participar los empleados de carrera administrativa de
cualquiera de las entidades no reguladas por carreras especiales que acrediten:

a) Reunir los requisitos exigidos para el ejercicio del empleo;

b) Que la última calificación de servicios del período anual, en firme al momento de la inscripción,
sea igual o superior al 70% de la escala;

c) Que no les haya sido impuesta sanción disciplinaria en el año anterior a la fecha de la
respectiva convocatoria;

d) Haber desempeñado por un tiempo no inferior a un año, como empleado de carrera, el cargo
del cual sea titular.

Abiertos, en los cuales podrán participar todas las personas que demuestren poseer los
requisitos del empleo. Los empleados de carrera deberán acreditar, además, el señalado en el
literal c) anterior.



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Artículo 11. Cuando sea necesario realizar el concurso, éste será de ascenso si en la entidad
existe un número mínimo de empleados de carrera que puedan participar en él por reunir los
requisitos y las condiciones señaladas en el artículo anterior y su perfil profesional se adecue al
perfil del empleo previamente establecido en la siguiente proporción:

a) Por lo menos cinco (5) empleados, cuando se trate de plantas de personal con un número de
cargos de carrera superior a doscientos (200);

b) Cuatro (4) cuando se trate de plantas de personal con un número de cargos de carrera entre
ciento uno (101) y doscientos (200);

c) Tres (3) cuando se trate de plantas de personal con un número de cargos de carrera entre
cincuenta y uno (51) y cien (100);

d) Dos (2) cuando se trate de plantas de personal con un número de cargos de carrera igual o
inferior a cincuenta (50).

De no darse estas circunstancias, el concurso será abierto.

Parágrafo. También deberá convocarse a concurso abierto, aun presentándose las
circunstancias a las cuales se refiere este artículo, cuando se trate de proveer un cargo de
carrera que se encuentre desempeñado por empleado sin derechos de carrera cuyo reintegro
hubiere sido ordenado judicialmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 161 y 162 del
presente decreto.

Artículo 12. (Transitorio). Los empleados regulados por la Ley 443 de 1998, incluidos los de las
Contralorías territoriales, que a la fecha de la promulgación de la misma se encontraban
desempeñan empleos de carrera, sin estar inscritos en ella, y continuaren en los mismos, sin
solución de continuidad, podrán participar en los procesos de selección, cualquiera sea su
naturaleza, que las entidades deben convocar dentro del año siguiente a la fecha de vigencia de
este decreto para la provisión definitiva de los empleos que vienen ocupando en provisionalidad.

Parágrafo. En estos concursos la prueba de análisis de antecedentes es obligatoria. A los
empleados que ejerzan con carácter de provisionales los cargos objeto de concurso se les
evaluará y reconocerá especialmente la experiencia, la antigüedad, el conocimiento y la
eficiencia en el desempeño de los mismos. Esta valoración se hará se efectuará conforme con el
instrumento que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil. Además de esta prueba se
aplicarán, como mínimo, dos (2) pruebas más de las cuales una (1) debe ser escrita, y todas
tendrán carácter clasificatorio. Sobre una escala de cien (100) se fijará un puntaje mínimo
aprobatorio del concurso.

De las etapas del proceso de selección

Artículo 13. El proceso de selección o concurso comprende la convocatoria, el reclutamiento y la
inscripción, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la conformación de la lista de
elegibles y el período de prueba.

De la convocatoria

Artículo 14. Corresponde al Jefe de la Unidad de Personal o a quien haga sus veces elaborar el
proyecto de la convocatoria, de acuerdo con los requerimientos legales y con los parámetros
técnicos según la naturaleza del empleo a proveer. La convocatoria para el concurso y sus
modificaciones se hará por el Jefe de la entidad a la cual pertenezcan los empleos a proveer, o
por su delegado, sin cuya firma carecerán de validez. Dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la firma de la convocatoria, el Jefe de la unidad de personal enviará una copia
auténtica a la respectiva Comisión del Servicio Civil para su registro, control y divulgación y a la
correspondiente Comisión de Personal para lo de su competencia en los términos del artículo 61
de la Ley 443 de 1998.


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Artículo 15. La convocatoria para todo concurso o proceso de selección deberá contener la
siguiente información:

1. Clase de concurso.

2. Fecha de fijación.

3. Número de la convocatoria.

4. Medio de divulgación.

5. Identificación del empleo.

6. Número de empleos por proveer o la respectiva anotación cuando se trate de formar banco de
elegibles para la provisión de futuras vacantes.

7. Sueldo.

8. Ubicación orgánica y geográfica del empleo aun tratándose de plantas globales.

9. Funciones.

10. Requisitos de estudio y de experiencia de acuerdo con el manual vigente y demás
condiciones exigidas a los empleados de carrera.

11. Término y lugar para las inscripciones.

12. Fecha de los resultados de las inscripciones.

13. Fecha, hora y lugar en que se aplicarán las pruebas.

14. Clases de pruebas.

15. Carácter de las pruebas: eliminatorio o clasificatorio.

16. Puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias y valor en porcentajes de cada
una de las pruebas dentro del concurso.

17. Duración del período de prueba.

18. Firma del Jefe de la entidad o de su delegado para convocar.

La convocatoria se elaborará de acuerdo con el modelo que adopte la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

Artículo 16. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la entidad
convocante como a los participantes. Antes de iniciarse las inscripciones podrán ser modificada
o complementada en cualquier aspecto por quien la haya suscrito.

Una vez iniciada la inscripción de aspirantes no podrán cambiarse sus bases, salvo en aspectos
de sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas. En este caso las
fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria. Cuando la
modificación se refiera a la aplicación de las pruebas deberá hacerse conocer a los aspirantes
admitidos, a través de la fijación del aviso respectivo, firmado por quien suscribió la convocatoria,
con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación a la fecha prevista inicialmente. El aviso
de ampliación del término para las inscripciones se divulgará tal como lo establece el artículo 19
de la Ley 443 de 1998.


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De estas modificaciones deberá enviarse copia a las Comisiones del Servicio Civil y de Personal.
También deberán fijarse en los sitios en los cuales se hayan fijado las convocatorias.

Si iniciadas las inscripciones se detecta error u omisión respecto de alguno o algunos de los
aspectos a los que se refieren los numerales 1, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 18 del artículo 15 de
este decreto, la Comisión de Personal respectiva deberá dejar el concurso sin efectos.

Artículo 17. La publicidad de las convocatorias a los concursos abiertos y de ascenso se hará tal
como lo establece el artículo 19 de la Ley 443 de 1998, con una antelación no inferior a cinco (5)
días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones. En los avisos de prensa, radio y
televisión se dará la información básica del concurso y se informará a los aspirantes los sitios en
donde se fijarán las convocatorias.

La divulgación de los avisos de ampliación de los términos para inscripciones se hará en los
mismos medios y oportunidades empleados para divulgar la convocatoria, por lo menos con dos
(2) días de anticipación a la fecha señalada para la iniciación del período adicional de esta etapa
del proceso.

Adicionalmente, las convocatorias se fijarán en lugar visible de acceso a la entidad convocante y
a la respectiva Comisión del Servicio Civil, por lo menos con cinco (5) días hábiles de
anticipación a la fecha de iniciación de las inscripciones de los aspirantes y por todo el tiempo
determinado para las mismas, o en algún medio de consulta sistematizado que organicen
aquellas entidades. También podrán fijarse en centros educativos, asociaciones de profesionales
y demás sitios que permitan el reclutamiento de candidatos.

Los avisos que modifiquen las convocatorias serán fijados en los sitios antes señalados.

Parágrafo. Además de los términos establecidos en este decreto para cada una de las etapas de
los procesos de selección, al diseñar la convocatoria, deberán preverse los términos que para
efectos de la formulación de las reclamaciones, si las hubiere, su trámite y decisión, se señalan
en las normas procedimentales.

Del reclutamiento e inscripciones

Artículo 18. Esta fase tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número posible de
aspirantes que reúnan los requisitos del empleo objeto del concurso. Se realizará ante la Unidad
de Personal o la dependencia que haga sus veces de la entidad convocante, en el formulario que
gratuitamente entregará ésta.

Parágrafo. El término para las inscripciones no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles.

Artículo 19. A la solicitud de inscripción el aspirante deberá anexar los certificados que acrediten
sus estudios y experiencia estos últimos deberán contener la descripción de las funciones de los
cargos desempeñados.

Parágrafo. Para acreditar los requisitos de experiencia que se exijan para el desempeño de un
empleo, el tiempo laborado en cargos oficiales ejercidos en las zonas determinadas por el
Gobierno Nacional como de alto riesgo, por razones de orden público, será valorado doblemente
la doble valoración de esta experiencia no podrá tenerse en cuenta para compensar, por
equivalencias, los requisitos de estudios. De igual manera, en el instrumento de valoración del
mérito académico y la experiencia de que trata el artículo 28 de este decreto se tendrá en cuenta
este criterio.

Artículo 20. Cuando una entidad deba convocar simultáneamente a más de diez (10) concursos,
podrá realizar las inscripciones con la manifestación escrita de los aspirantes de que pueden
acreditar los requisitos de estudio y de experiencia laboral que han relacionado en el formulario
de inscripción. Con base en esta información el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus


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veces elaborará y firmará las listas de admitidos y de no admitidos de que trata el artículo 24 de
este decreto.

En las convocatorias se indicará la fecha de entrega, por parte de los aspirantes, de los
certificados a los que se refiere este artículo, la cual debe ser anterior a la firma del acta del
concurso. Las listas de elegibles se conformarán únicamente con quienes habiendo superado la
totalidad de las pruebas hayan demostrado que cumplían los requisitos al momento de la
inscripción.

Artículo 21. La inscripción se hará dentro del término previsto en la convocatoria y en el aviso de
ampliación, si la hubiere, durante jornadas laborales completas. Podrá hacerse personalmente
por el aspirante o por quien fuere encargado por éste, por correo o por fax, siempre y cuando la
recepción del formulario y de los documentos anexos se efectúe en la entidad convocante
durante el plazo fijado.

Al recibo del formulario de inscripción se deberá consignar en el formato que se establezca y en
el orden que corresponda el nombre y documento de identidad del aspirante y el número de
folios aportados.

Las inscripciones se cerrarán una hora antes de terminarse la jornada laboral del último día
previsto para esta etapa del proceso. El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces y
el nominador o su delegado, verificarán que el registro responda a una numeración continua y
que haya sido debidamente diligenciado y lo cerrarán con sus firmas. Copias de este registro
será fijado ese mismo día antes de la finalización de la jornada laboral, en un lugar de la entidad
visible al público, en donde permanecerán hasta la fecha prevista para la aplicación de la primera
prueba. De lo anterior, deberá dejarse constancia escrita en el mismo formato con la firma del
Jefe de la Unidad de Personal o de quien haga sus veces.

Artículo 22. Cuando en los concursos abiertos no se inscriban candidatos o ninguno de los
inscritos acredite los requisitos deberá ampliarse el plazo de inscripción por un término igual al
inicialmente previsto y el correspondiente aviso deberá publicarse y divulgarse de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de este decreto. Si agotado el procedimiento anterior no se
inscribiere ningún aspirante el concurso se declarará desierto por quien suscribió la convocatoria,
conforme lo establece el artículo 35 del presente decreto.

Artículo 23. En los concursos abiertos que se realicen en las capitales de departamentos o en las
áreas metropolitanas deberá, igualmente, ampliarse el plazo para las inscripciones en los
términos del artículo anterior cuando sólo uno de los inscritos reúna los requisitos. Si vencido el
nuevo plazo no se presentan más aspirantes, el concurso se realizará con la única persona
admitida.

Artículo 24. Recibidos los formularios de inscripción, el Jefe de la Unidad de Personal o quien
haga sus veces, verificará que los aspirantes acreditan los requisitos mínimos señalados en la
convocatoria. Con base en la documentación aportada, elaborará y firmará la lista de admitidos y
no admitidos, indicando en este último caso los motivos que no podrán ser otros que la falta de
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Esta lista deberá ser fijada en lugar visible de acceso a la entidad y de concurrencia pública en la
fecha prevista para el efecto en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación
de la primera prueba.

Artículo 25. Las reclamaciones que formulen los aspirantes inscritos no admitidos al concurso
serán resueltas, en primera instancia, por el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus
veces; y en segunda instancia, por la Comisión de Personal.

De las pruebas o instrumentos de selección




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Artículo 26. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la
capacidad, idoneidad y potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los
mismos respecto de las calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y las
responsabilidades de un cargo. La valoración de estos factores se hará mediante pruebas orales,
escritas, de ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos
efectuados dentro del proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a criterios de
objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación previamente determinados.

En todos los concursos la prueba de análisis de antecedentes es obligatoria. En los abiertos,
además de ésta se aplicarán, como mínimo, dos (2) pruebas más, de las cuales, por lo menos,
una tendrá carácter eliminatorio y una de ellas deberá ser escrita.

En los concursos de ascenso deberá preverse, además de la prueba de análisis de
antecedentes, por lo menos una prueba más. En este caso, ésta deberá ser escrita y de carácter
eliminatorio, cada una de las dos pruebas tendrá un valor del cincuenta por ciento (50%) del
puntaje total del concurso. Si el concurso prevé más de dos pruebas, se aplicará lo dispuesto en
el inciso anterior y en el parágrafo del presente artículo.

Para los empleos cuyo requisito de estudios sea igual o inferior al último grado de educación
media, podrá reemplazarse la prueba escrita por una de ejecución.

Parágrafo. Sobre un total de cien (100) puntos en el concurso, a cada prueba incluyendo la
valoración de antecedentes se le asignará un peso que no podrá ser superior al 45%. En todo
caso este valor deberá ser múltiplo de cinco (5).

Artículo 27. Cuando en un concurso se programe entrevista, ésta no podrá tener un valor
superior al quince por ciento (15%) dentro de la calificación definitiva y el jurado calificador será
integrado por un mínimo de tres (3) personas. Deberá grabarse en medio magnetofónico,
grabación que se conservará en el archivo del concurso por un término no inferior a cuatro (4)
meses, a partir de la fecha en la cual se expida la lista de elegibles. Cuando se asigne un puntaje
no aprobatorio, el jurado deberá dejar constancia escrita de las razones por las cuales se asignó
este puntaje.

Artículo 28. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará el instrumento para valorar los
aspectos relacionados con el mérito académico y la experiencia de los aspirantes que excedan
los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria. En los concursos de ascenso se valorará,
además, la última calificación resultado de la evaluación en el desempeño del empleo del cual
sea titular el aspirante.

Artículo 29. El Jefe de la Unidad de Personal, de acuerdo con las orientaciones del nominador,
designará por escrito y oportunamente por lo menos dos jurados para cada una de las pruebas
que se apliquen dentro de los concursos, salvo para la prueba de entrevista, para la cual
designará tres jurados. Los jurados podrán elaborar las pruebas o escogerlas de bancos ya
existentes. Cuando se contrate la elaboración y aplicación de las pruebas, los jurados serán
designados por la entidad contratista.

Artículo 30. De todas las pruebas aplicadas se dejará un informe firmado por quienes las hayan
diseñado o construido en la cual conste el objeto de evaluación, las normas y los parámetros de
construcción, los temas evaluados y sus pesos porcentuales así como las normas y los patrones
de calificación utilizados.

Artículo 31. Para garantizar la transparencia de los concursos, los responsables de la aplicación
de las pruebas deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Identificación correcta de los concursantes para evitar la suplantación.

2. Control estricto de las pruebas con el fin de evitar la pérdida y divulgación del material de
examen.


                                               62
3. Aplicación correcta de las pruebas, claridad en las instrucciones y control en su ejecución, con
el fin de garantizar que cada aspirante las responda individualmente.

Artículo 32. Los resultados de cada prueba se consignarán en un informe firmado por los jurados
que participen en la calificación, los cuales serán publicados en cartelera de la entidad visible al
público, en la medida en que se vayan produciendo.

Artículo 33. Las reclamaciones de los participantes por inconformidad con los puntajes obtenidos
en las pruebas se formularán ante las respectivas Comisiones de Personal, las cuales decidirán
en definitiva. Todo lo anterior conforme con el procedimiento especial establecido para el efecto.

Artículo 34. De cada concurso el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces
elaborará y firmará un acta en la que conste:

1. Número, fecha de convocatoria y empleo a proveer.

2. Nombres de las personas inscritas, tanto admitidas como no admitidas, anotando en este caso
la razón del rechazo.

3. Calificaciones obtenidas en cada prueba por quienes las aprobaron.

4. Relación de los participantes que no aprobaron el concurso, con indicación de las
calificaciones obtenidas y de quienes no se presentaron.

Artículo 35. Los concursos deberán ser declarados desiertos por quien suscribió la convocatoria,
mediante resolución motivada, sólo en los siguientes casos:

1. Cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los requisitos; o

2. Cuando ningún concursante haya superado la totalidad de las pruebas.

Parágrafo. Declarado desierto un concurso, la entidad deberá convocar nuevamente dentro de
los veinte (20) días hábiles siguientes, si revisado el orden de prioridad para la provisión de
empleos de que trata el artículo 2º de este decreto, se concluye que ésta continúa siendo la
forma de proceder.

De la lista de elegibles

Artículo 36. Dentro de un término superior a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de
expedición de la convocatoria, con base en los resultados del concurso y en riguroso orden de
mérito, se elaborará la lista de elegibles para los empleos objeto del concurso, mediante
resolución que debe proferir el jefe de la entidad. Esta deberá ser divulgada a través de su
fijación en los mismos sitios de la entidad en donde se fijaron los demás actos que se surtieron
dentro del proceso. Dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles. Si
esta situación se presenta en el primer lugar, el nombramiento recaerá en quien demuestre
haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los
términos señalados en el artículo 2º numeral 3 de la Ley 403 de 1997. Si persiste el empate, el
nominador escogerá discrecionalmente.

Artículo 37. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la lista de elegibles
y en estricto orden de mérito deberá producirse el nombramiento en período de prueba o por
ascenso, según el caso, en el empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo
ninguna otra modalidad.




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Parágrafo. Lo previsto en este artículo no se tendrá en cuenta cuando el concurso se haya
efectuado para conformar listas de elegibles para empleos no vacantes a la fecha de la
convocatoria, pero el nombramiento deberá producirse una vez se presente la vacante o se cree
el empleo.

En los demás aspectos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley 443 de 1998, en
el presente decreto y sus disposiciones complementarias y reglamentarias. De su objetivo se
informará a los aspirantes en las respectivas convocatorias.

Artículo 38. Efectuado uno o varios nombramientos con las personas que figuren en la lista de
elegibles, los puestos se suplirán con los nombres de quienes sigan en orden descendente.

Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la entidad convocante deberá utilizar las
listas de elegibles en estricto orden descendente para proveer las vacantes que se presenten en
el mismo empleo, en empleos equivalentes o de inferior jerarquía, ubicados dentro del mismo
nivel. Bajo estos mismos criterios, las demás entidades podrán utilizarlas.

Parágrafo. Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó, para uno
igual o similar a aquel, con base en una lista de elegibles, se entenderá retirado de ésta, como
también aquel que sin justa causa no acepte el nombramiento.

La posesión en un empleo de inferior jerarquía, efectuado de acuerdo con una lista de elegibles
no causa retiro del nombrado, de dicha lista.

Artículo 39. Conforme con el procedimiento establecido para el efecto y con la competencia que
le asigna el artículo 61 de la Ley 443 de 1998, corresponde a la Comisión de Personal solicitar al
Jefe de la entidad la exclusión de la lista de elegibles de quien figure en ella cuando haya
comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

1. Fue admitido al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la respectiva convocatoria,
aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción o aparece en la lista de elegibles sin
haber superado las pruebas del concurso.

2. Fue suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.

3. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.

Parágrafo. Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones adicionales de carácter disciplinario y
penal a que hubiere lugar.

Artículo 40. Quien figure en una lista de elegibles será excluido de ésta por el Jefe de la entidad
convocante cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria
de sus puntajes en las distintas pruebas. También podrá ser modificada por la misma autoridad,
adicionándola con una o más personas, cuando se compruebe que se cometió igual error, caso
en el cual deberá ubicárseles en el puesto que les corresponda. También podrá modificarla
cuando por el mismo motivo se requiere reubicar a una o a más personas.

Artículo 41. Copias de las actas de concurso y de las listas de elegibles, una vez suscritas,
deberán ser enviadas por el Jefe de la Unidad de Personal o por quien haga sus veces a las
respectivas Comisiones del Servicio Civil y de Personal. Entre la fecha de la expedición de la
convocatoria y la fecha de envío a dichas Comisiones no podrá transcurrir un término superior a
cinco (5) meses, a menos que por decisión de la Comisión del Servicio Civil haya sido necesario
ampliar los términos de ejecución del concurso. Igualmente, en caso de que el concurso haya
sido declarado desierto o sin efecto, total o parcialmente, copia de la resolución o acto
administrativo que contenga tal declaración deberá ser enviada a la respectiva Comisión del
Servicio Civil.




                                              64
Artículo 42. De todos los concursos que se realicen, el Jefe de la Unidad de Personal o quien
haga sus veces deberá llevar un archivo que contenga:

1. Convocatoria.

2. Constancia del medio de divulgación empleado

3. Lista de admitidos y no admitidos.

4. Informe sobre cada prueba practicada, en el que figuren los factores evaluados, el sistema de
calificación y los demás aspectos técnicos, a los cuales se refiere el artículo 30 de este decreto.

5. Informe sobre los puntajes obtenidos por cada uno de los participantes, firmado por quienes
actuaron como jurados de dichas pruebas.

6. Grabación magnetofónica de las entrevistas.

7. Acta del concurso y lista de elegibles.

8. Las demás actuaciones surtidas dentro del concurso.

Del período de prueba

Artículo 43. Se entiende por período de prueba el tiempo durante el cual el empleado demostrará
su capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia en el
desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional.

Artículo 44. La persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso abierto
será nombrada en período de prueba por un término de cuatro (4) meses. Aprobado dicho
período por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus funciones, el empleado
adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de la Carrera
Administrativa.

Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado
insubsistente por resolución motivada del nominador, para lo cual no se oirá a la Comisión de
Personal ni se aplicará lo dispuesto en el parágrafo del artículo 42 de la Ley 443 de 1998.

Artículo 45. Cuando el empleado con derechos de carrera sea nombrado para un empleo de
superior jerarquía al que ocupa, el nombramiento será de ascenso. Si los cargos pertenecen al
mismo nivel el empleado será ascendido sin someterse a período de prueba y le será
actualizada la inscripción en el Registro Público una vez tome posesión del nuevo cargo. Cuando
el ascenso implique cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba,
pero el empleado conserva los derechos de carrera respecto del empleo anterior.

En ninguno de estos casos podrá exigírsele la renuncia, así el nombramiento se produzca en
una entidad diferente a aquella a la cual el empleado se encuentre vinculado. En este evento, la
vacancia del cargo se declarará por el Jefe de la entidad para lo cual el empleado deberá
comunicarle por escrito el nombramiento del cual haya sido objeto y la fecha en que tomará
posesión del nuevo empleo.

Si el empleado obtuviere calificación satisfactoria en la evaluación de su desempeño le será
actualizada su inscripción en el Registro Público. En caso contrario, regresará al empleo que
venía ejerciendo antes del nuevo nombramiento. Mientras se produce la calificación del período
de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o
mediante nombramiento provisional, conforme con las reglas que regulan la materia.

Si como resultado de concurso un empleado de carrera fuere nombrado en un empleo igual o de
inferior jerarquía al que venía desempeñando, el retiro de la entidad se producirá conforme con


                                               65
lo señalado en el inciso 2 de este artículo, no será sometido a período de prueba y su inscripción
en la carrera le será actualizada.

Artículo 46. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de una entidad y sea
suprimido el cargo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período
de prueba, éste deberá ser incorporado al empleo equivalente que exista en la nueva planta de
personal, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos para su desempeño. Igualmente
cuando los empleos de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que
conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de
remuneración, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión de los
empleos.

En estos casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento.

Si la incorporación se hiciere a cargo no equivalente, la vinculación tendrá el carácter de
provisional.

De no poder efectuarse la incorporación el nombre de la persona se reintegrará, mediante
resolución motivada proferida por el Jefe de la entidad, a la lista de elegibles, si aún estuviere
vigente, en el puesto que le correspondería.

Artículo 47. El empleado nombrado en período de prueba deberá ser evaluado en el desempeño
de sus funciones al final del mismo, de acuerdo con lo establecido en el título III de este decreto.

Artículo 48. El empleado que se encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en
el cargo por el término de éste, a menos que incurra en falta disciplinaria que ocasione su retiro.
Durante este período no podrá efectuársele ningún movimiento dentro de la planta de personal
que implique el ejercicio de funciones distintas a las indicadas en la convocatoria que sirvió de
base para su nombramiento o ascenso.

Artículo 49. Cuando por cualquier causa haya interrupción en el período de prueba por un lapso
superior a diez (10) días calendario continuos, éste será prorrogado por igual término.

Parágrafo. Al empleado nombrado en período de prueba que no ostente derechos de carrera, no
podrá concedérsele durante este término licencia voluntaria no remunerada.

Artículo 50. Cuando una empleada en estado de embarazo se encuentre vinculada a un empleo
en período de prueba, éste se suspenderá a partir de la fecha en que dé aviso, por escrito al Jefe
de la Unidad de Personal o a quien haga sus veces, y continuará al vencimiento de los tres (3)
meses siguientes a la fecha del parto o de la culminación de la licencia remunerada, cuando se
trate de aborto o parto prematuro no viable.

En caso de adopción, el período de prueba se suspenderá a partir de la fecha de la entrega
oficial del menor de siete (7) años y se reanudará al vencimiento de los tres (3) meses
siguientes.

Artículo 51. De las presuntas irregularidades que se presenten en el desarrollo de los procesos
de selección conocerán las Comisiones del Servicio Civil y las Comisiones de Personal, las
cuales decidirán conforme con la competencia que les asignan los artículos 45, 49 y 61,
respectivamente, de la Ley 443 de 1998 y con el procedimiento legal especial establecido para el
efecto.

Parágrafo. Conforme con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 443 de 1998, cuando estas
Comisiones avoquen el conocimiento de los hechos constituidos de presuntas irregularidades en
la realización de los procesos de selección, informarán de ello a los nominadores, quienes
inmediatamente deberán suspender todo trámite administrativo hasta que se profiera la decisión
y ésta quede ejecutoriada. Cualquier actuación administrativa que se surta con posterioridad a
dicha comunicación no producirá efecto ni conferirá derecho alguno.


                                               66
CAPITULO IV

De los concursos generales abiertos

Artículo 52. Los concursos generales abiertos de que trata el artículo 24 de la Ley 443 de 1998
comprenden las siguientes etapas: la convocatoria, el reclutamiento e inscripciones, la aplicación
de pruebas o instrumentos de selección y la conformación de la lista de elegibles. Su realización
estará a cargo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, o de las entidades
especializadas con las que ésta contrate; pero los nombramientos en período de prueba y su
evaluación serán efectuados por la entidad que deba utilizar la respectiva lista de elegibles.

De la convocatoria

Artículo 53. La convocatoria se efectuará por el Director Nacional de la ESAP para los empleos
de carrera de las entidades del orden nacional o territorial que previamente determine la
Comisión Nacional del Servicio Civil.

La convocatoria contendrá la siguiente información:

1. Fecha de fijación y número

2. Medios de divulgación.

3. Identificación de los empleos.

4. Entidades con la ubicación territorial específica para las cuales se realiza el concurso.

5. Funciones y requisitos.

6. Lugares y fecha de iniciación de las inscripciones; y fecha y hora de cierre de las mismas.

7. Fecha de los resultados de las inscripciones.

8. Fechas, horas y lugares en que aplicarán las pruebas.

9. Clase de pruebas.

10. Carácter de las pruebas: eliminatorio o clasificatorio.

11. Puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias y valor en porcentajes de cada
una de las pruebas.

12. Duración del período de prueba.

13. Firma del Director Nacional de la ESAP.

Artículo 54. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la ESAP
como a las entidades que deban utilizar las listas de elegibles y a los participantes. Antes de
iniciarse las inscripciones podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por el
Director Nacional de la ESAP.

Una vez iniciada la inscripción de aspirantes no podrá cambiar sus bases, salvo en los aspectos
de sitios, horas y fechas de vencimiento y cierre de las inscripciones y aplicación de las pruebas.
En este caso, las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la
convocatoria. Cuando la modificación se refiera a la aplicación de las pruebas deberá hacerse
conocer de los aspirantes admitidos con ocho (8) días de anticipación a la fecha prevista
inicialmente y a través de los mismos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria.


                                                67
Parágrafo. Copia de la convocatoria y de sus modificaciones, si las hubiere, una vez expedidas,
se enviará a la Comisión Nacional del Servicio Civil para su vigilancia y control y para su
divulgación a las Comisiones del Servicio Civil de las circunscripciones territoriales para las
cuales se realice el concurso.

Artículo 55. Cuando se omita información o haya error respecto de alguno o algunos de los
aspectos a los cuales se refieren los numerales 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 13 del artículo 53 de este
decreto, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá dejar el concurso sin efectos. De igual
manera cuando compruebe que se presentaron irregularidades en su realización. Todo lo
anterior, conforme con el procedimiento legal especial establecido.

Artículo 56. La publicidad de las convocatorias de estos concursos y sus modificaciones se hará,
como mínimo, a través de dos (2) de los medios de comunicación de que trata el artículo 19 de la
Ley 443 de 1998, y por lo menos en dos (2) oportunidades en cada uno de estos medios, en días
y horas que garanticen el conocimiento por parte de la población a las cuales vayan dirigidas.

Adicionalmente, las convocatorias se fijarán en lugares visibles de acceso a las redes territoriales
de la ESAP, en las Comisiones del Servicio Civil y en las entidades que correspondan a las
circunscripciones para las cuales se efectúa el concurso. Podrán fijarse en centros educativos,
asociaciones de profesionales y demás sitios que permitan el reclutamiento de candidatos.

Parágrafo. La publicidad y divulgación de las convocatorias se hará con no menos de quince (15)
días de anticipación a la fecha de iniciación de las inscripciones.

Del reclutamiento e inscripciones

Artículo 57. Esta fase se llevará a cabo preferentemente en las dependencias de las Direcciones
Territoriales de la ESAP o en los sitios que se señalen en la convocatoria. El término para las
inscripciones se fijará teniendo en cuenta la naturaleza de los empleos convocados y las
condiciones geográficas, sociales y culturales de la región en donde deba realizarse esta etapa.
En todo caso, el término no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles.

Artículo 58. Las inscripciones se realizarán en el formulario que para el efecto adopte la ESAP.
Estos últimos deberán contener la descripción de las funciones de los cargos desempeñados. En
estos concursos se aplicará lo dispuesto en el parágrafo del artículo 19 del presente decreto.

En el mismo formulario, los aspirantes indicarán en cuales de los sitios señalados en la
convocatoria podrían desempeñarse.

Artículo 59. La inscripción se hará dentro del término previsto en la convocatoria y en sus
ampliaciones si las hubiere, durante jornadas laborales completas. Podrá hacerse personalmente
por el aspirante o por quien fuere encargado por éste, por correo o por fax, siempre y cuando la
recepción del formulario y de los documentos anexos se efectúe en la dependencia fijada para el
efecto en la convocatoria.

Al recibo del formulario de inscripción se deberá consignar en el formato de registro que se
establezca y en el orden que le corresponda el nombre y el documento de identidad del aspirante
y el número de folios aportados.

Una vez se hayan cerrado las inscripciones, copia del registro, firmado por quien haya sido
encargado de esta función, se fijará en lugar visible de cada uno de los sitios previstos para esta
fase, en donde permanecerá hasta la fecha prevista para la aplicación de la primera prueba. De
lo anterior deberá dejarse constancia escrita en el mismo formato con la firma de la persona
encargada.

Artículo 60. La ESAP adoptará las medidas que garanticen la seguridad y el buen manejo de la
documentación aportada, así como su estudio y análisis de manera que se produzcan listas


                                               68
únicas de admitidos y no admitidos. Copias de éstas serán fijadas en cada uno de los sitos en
donde se realizaron las inscripciones.

Artículo 61. Las reclamaciones que formulen los aspirantes inscritos no admitidos serán
resueltas definitivamente por el Jefe de la dependencia responsable del proceso en la ESAP o
en la entidad contratista, según el caso, conforme con el procedimiento que se adopte para el
efecto.

De las pruebas o instrumentos de selección

Artículo 62. Las pruebas o instrumentos de selección que se apliquen en estos concursos se
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 26, 27, 30 y 31 de este decreto.

Artículo 63. La entidad que realice el concurso designará jurados para cada una de las pruebas
que se apliquen, en número no inferior a dos (2) por cada prueba, salvo para la prueba de
entrevista, la cual se realizará por jurado compuesto por un mínimo de tres (3) personas.

Artículo 64. Con los resultados obtenidos en cada una de las pruebas aplicadas, con base en los
respectivos informes rendidos por los jurados, el Jefe de la dependencia responsable del
proceso elaborará y firmará el acta del concurso, la cual contendrá la información que prescribe
el artículo 34 de este decreto.

Parágrafo. Copia del acta se fijará en los mismos sitios en donde fueron fijadas las
convocatorias, tal como lo señala el inciso 2 del artículo 56 de este decreto.

Artículo 65. Las reclamaciones por insatisfacción con el resultado de las pruebas se formularán
durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de fijación del acta de concurso, ante
quien la suscribió, quien decidirá dentro del término que establezca el procedimiento especial.

De las listas de elegibles

Artículo 66. Resueltas las reclamaciones de que trata el artículo anterior, y las formuladas por
presuntas irregularidades, si las hubiere, se expedirá por el Director Nacional de la ESAP, para
cada uno de los empleos y municipios involucrados en el proceso, en estricto orden de mérito,
las listas de elegibles, las cuales deberán ser publicadas, por lo menos una vez, en los mismos
medios de comunicación en los que fueron divulgadas las convocatorias. Igualmente copias de
ellas serán fijadas en lugares visibles de acceso a las sedes territoriales de la ESAP, en las
Comisiones del Servicio Civil y en las entidades que correspondan a las circunscripciones para
las cuales se efectuó el concurso.

Artículo 67. Una vez publicadas, el Director Nacional de la ESAP las enviará a cada uno de los
jefes de las entidades que deben utilizarlas para la provisión de los empleos objeto del concurso,
las cuales prevalecen sobre las listas conformadas en las mismas por concursos abiertos.

Artículo 68. Las listas de elegibles tendrán vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha
en la cual queden en firme. Con éstas se proveerán los empleos objeto del concurso de las
entidades obligadas a utilizarlas, las cuales informarán de los nombramientos efectuados a la
Esap para la reconformación de las listas, según la reglamentación interna que ésta adopte.

Del período de prueba

Artículo 69. Los nombramientos que se efectúen con base en las listas de elegibles se regirán
por las disposiciones que regulan esta materia.

Parágrafo. Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó será retirado
de la correspondiente lista de elegibles al igual que aquel que sin justa causa no acepte el
nombramiento.



                                               69
Artículo 70. Las reclamaciones por las presuntas irregularidades se tramitarán ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil y serán resueltas en única instancia por ésta, conforme con el
procedimiento especial establecido.

CAPITULO V

De las pruebas básicas generales de preselección

Artículo 71. Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme con lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley 443 de 1998, ordene la realización de pruebas básicas generales de
preselección que hagan parte de los concursos abiertos que realicen las entidades, la ESAP
directamente o mediante la contratación con entidades especializadas y de acuerdo con el
reglamento que para el efecto expida la Comisión Nacional del Servicio Civil, efectuará el diseño,
la elaboración o su selección de bancos de pruebas, la aplicación y calificación de tales pruebas.

CAPITULO VI

De los procesos especiales de selección

Artículo 72. En los municipios con población inferior a 10.000 habitantes, la provisión definitiva de
los empleos de carrera se hará siempre mediante concurso abierto, al cual podrán presentarse
todas las personas que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria.

Artículo 73. La realización del proceso de selección será de competencia del nominador quien
para su diseño y desarrollo podrá conformar un comité del cual, además de él, formen parte el
director del establecimiento oficial educativo de mayor categoría en el municipio y el personero o
el alcalde, según sea el nominador. Cuando el nominador no sea ninguno de los dos anteriores,
el tercer miembro del comité será el alcalde.

Artículo 74. La divulgación de la convocatoria y de sus modificaciones se hará a través de
bandos o edictos, sin perjuicio de que puedan utilizarse los demás medios señalados en el
artículo 19 de la Ley 443 de 1998.

Por bando se entenderá la publicación efectuada por medio de altoparlantes ubicados en sitios
de concurrencia pública, como iglesias, centros comunales y organizaciones sociales, culturales
o sindicales, entre otros, por lo menos tres (3) veces al día con intervalos, como mínimo, de dos
(2) horas durante dos (2) días distintos, uno de los cuales deberá ser de mercado. De lo anterior
se dejará constancia escrita, con inclusión del texto del anuncio, firmada por quien la transmitió y
por dos testigos, la cual hará parte del archivo del respectivo concurso.

Artículo 75. Las pruebas de preselección de que trata el artículo 71 de este decreto harán parte
de estos concursos cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil así lo determine. En este
caso, en el concurso que efectúe la entidad podrá, de acuerdo con la naturaleza del empleo,
prever únicamente la valoración de los antecedentes de estudios y experiencia a los aspirantes
preseleccionados.

Artículo 76. Las reclamaciones de cualquier naturaleza relacionadas con los procesos de
selección de que trata este capítulo se ajustarán a lo dispuesto para los concursos a los cuales
se refiere el capítulo III del título I del presente decreto.

Artículo 77. En los demás aspectos no previstos en el presente capítulo se aplicarán las normas
contenidas en el capítulo III del título I de este decreto.

CAPITULO VII

De la protección a los limitados físicos




                                               70
Artículo 78. Se entiende por persona con limitación física aquella que presenta discapacidad en
sus funciones motrices y sensoriales en un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de
su plena capacidad laboral y que tenga un rendimiento funcional satisfactorio acorde con las
exigencias propias de un trabajo específico.

Artículo 79. A las personas con limitación física se les garantizará la igualdad de oportunidades
para el acceso, promoción y permanencia en los cargos de carrera, así como la capacitación y la
tecnología requeridas para el eficiente desempeño de los cargos.

Artículo 80. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con la Comisión Especial de
que trata el parágrafo del artículo 63 de la Ley 443 de 1998, y en desarrollo del artículo 54 de la
Constitución Política, fijará los mecanismos tendientes a garantizar en igualdad de oportunidades
el acceso al servicio público, en empleos de carrera administrativa, de los aspirantes con
discapacidad, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con su capacidad profesional, sin
desmedro de su dignidad ni de sus condiciones de salud.

En ningún caso la existencia de limitaciones motrices, sensoriales o perceptivas podrá ser
impedimento para ingresar al servicio público, a menos que éstas sean incompatibles con el
cargo a desempeñar.

Artículo 81. Las personas con limitación o discapacidad que sean seleccionadas para
desempeñar cargos de carrera, tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones que los
empleados que no presenten discapacidad, en relación con los empleos para los cuales hayan
sido seleccionados. En consecuencia, se acogerán a los mecanismos tanto evaluativos como
disciplinarios contemplados por la ley.

Artículo 82. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto,
cada entidad pública deberá remitir en forma sistematizada a la Comisión Nacional del Servicio
Civil un listado de los empleos desempeñados por personas con discapacidad con sus
correspondientes funciones y requisitos, así como de todos aquellos que hagan parte de sus
plantas de personal que puedan ser ejercidos por personas con discapacidad, de acuerdo con
los perfiles ocupacionales, para conformar una base de datos que permita emprender estudios e
investigaciones tendientes a sustentar decisiones de esta Comisión. Para tal efecto, las
entidades podrán asesorarse de las instituciones social y científicamente reconocidas en el
campo de la discapacidad.

Artículo 83. La Comisión Especial de que trata el parágrafo del artículo 63 de la Ley 443 de 1998
estará integrada por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública o su
delegado, quien la presidirá; el Ministro de Salud o su delegado; el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social o su delegado; un representante de Teletón, un representante del Inci, un
representante del Insor.

Parágrafo. La Comisión Especial dictará su propio reglamento.

Artículo 84. Será función del jefe de personal o de quien hagan sus veces, con la colaboración
de los jefes inmediatos de los empleados con discapacidad, y de conformidad con lo establecido
en el parágrafo del artículo 63 de la Ley 443 de 1998, promover y realizar estudios que consulten
las potencialidades laborales de dichos empleados con el fin de trazar la orientación y las
estrategias de capacitación y de perfeccionamiento que les permitan permanecer y acender en la
carrera administrativa.

Artículo 85. Si en desarrollo de los procesos de selección existieren, a criterio de la comisión de
personal, dudas razonables sobre la incompatibilidad del ejercicio de las funciones del empleo
con la condición de incapacidad de un aspirante o con el adecuado progreso de su rehabilitación,
la entidad convocante deberá solicitar el dictamen de un organismo competente sobre la
conveniencia o no conveniencia de la vinculación. Dicho dictamen, si es negativo, se considerará
prioritario sobre cualquier otro resultado obtenido en las pruebas aplicadas y causará el retiro del
concursante.


                                               71
Artículo 86. Cuando los aspirantes con discapacidad puedan acreditar los requisitos mínimos
exigidos para un empleo, las entidades tendrán la obligación de facilitar su participación en las
pruebas que se apliquen solitando la colaboración y asesoría de las entidades especializadas en
sus disfunciones o impedimentos, sin que se vulnere el principio de igualdad.

Las entidades públicas tendrán la obligación de prever en los procesos de selección para
empleos susceptibles de ser ejercidos por discapacitados las pruebas psicotécnicas elaboradas
por las instituciones especializadas en cada discapacidad.

Artículo 87. Si en la lista de elegibles se llegare a presentar un empate en el primer puesto, se
preferirá a la persona con limitación física, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 361 de 1997.

Artículo 88. Cuando a criterio de autoridad médica competente de la correspondiente entidad de
previsión social, un empleado limitado requiera condiciones especiales de supervisión médica o
terapéutica, el nominador podrá autorizar que dicho empleado realice las labores propias de su
cargo en la institución rehabilitante o en su hogar, según las condiciones establecidas por la
entidad.

Parágrafo. Cuando el empleado discapacitado desempeñe su cargo en el hogar o en la entidad
terapéutica que esté trabajando en su rehabilitación, el nominador establecerá las condiciones
de asignación, supervisión, control y entrega del trabajo, así como las fechas de presentación de
informes de progreso hacia los objetivos acordados.

Artículo 89. Cuando un empleado de carrera sea objeto de alguna limitación como consecuencia
de un accidente o enfermedad, y la limitación se constituya en obstáculo para el desempeño del
cargo del cual es titular, deberá ser trasladado a otro empleo de carrera para cuyo desempeño
su limitación no represente ningún impedimento.

T I T U L O II

DEL REGISTRO PUBLICO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 90. La inscripción en la carrera administrativa consiste en la declaración expresa de que
un empleado ostenta derechos de carrera, la cual se realiza mediante la anotación en el Registro
Público de la Carrera de los datos de identificación del empleado y del cargo respecto del cual
adquiere los derechos.

Artículo 91. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizará las inscripciones y actualizaciones
en el Registro Público del personal de las entidades del orden nacional y las Comisiones
Departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, las de los empleados de su
jurisdicción. Todos estos registros conformarán el registro Público de la carrera administrativa.

Artículo 92. El Registro Público de la Carrera Administrativa estará conformado por todos los
empleados inscritos o que se llegaren a inscribir. Dicho registro contendrá el nombre, el sexo y el
documento de identificación del empleado, el cargo en el cual se inscribe o se efectúa la
actualización, el nombre de la entidad, el lugar en el cual desempeña las funciones, la fecha de
ingreso al registro, y el salario asignado al empleo en el momento de la inscripción o de la
actualización.

Parágrafo 1º. El Registro Público se llevará en forma automatizada o manual y cada anotación
contendrá además de los datos anteriormente señalados, el número de folio y de orden en los
cuales se efectúa.

Parágrafo 2º. Cada Comisión del Servicio Civil dispondrá lo necesario para que los
Gobernadores de Departamento y el Alcalde Mayor del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá,



                                               72
conforme el Registro Público de su jurisdicción de acuerdo con las directrices, orientación y
control de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Artículo 93. Del Registro Público harán parte las inscripciones vigentes, las cuales serán
actualizadas cuando hubiere lugar a ello en relación con el nuevo empleo ejercido por el inscrito,
y las inscripciones no vigentes por retiro de los empleados de la carrera.

Parágrafo. Las inscripciones deberán contener las anotaciones a que hubiere lugar en la última
situación en que se encuentre en el registro público, cuando el empleado se retire del servicio
por renuncia regularmente aceptada, cuando se encuentre desempeñando empleo de libre
nombramiento y remoción o de período fijo para lo cual haya sido previamente comisionado o
cuando haya optado por la incorporación en caso de supresión del empleo. Estas inscripciones
se mantendrán con estas anotaciones hasta que se presenten las situaciones administrativas
que permitan la actualización del registro o su cancelación definitiva, en los términos previstos en
la ley para cada una de ellas.

Artículo 94. Las solicitudes de inscripción o de actualización serán presentadas oficialmente por
el jefe de la unidad de personal o por quien haga sus veces, de la entidad en donde el empleado
presta sus servicios, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública cuando se trate
de entidades nacionales o ante las dependencias de las Gobernaciones de Departamento y de la
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, a las cuales se les atribuya esta función, cuando se trate
de entidades del orden territorial, en el formulario que adopte la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Artículo 95. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará un formulario único que se utilizará
para los trámites de inscripción y de actualización en la carrera administrativa por todas las
entidades.

Artículo 96. Para el trámite de la inscripción o de la actualización en el Registro Público de la
Carrera Administrativa, El Departamento Administrativo de la Función Pública, las
Gobernaciones de Departamento y la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, según el caso.
efectuarán el análisis de los datos contenidos en el formulario de solicitud y producirán los
listados correspondientes los cuales serán presentados a la respectiva Comisión del Servicio
Civil para lo de su competencia.

Artículo 97 Al empleado inscrito en la carrera administrativa que cambie de empleo por ascenso,
traslado, incorporación, o cuyo reintegro sea ordenado judicialmente, le será actualizada su
inscripción en el Registro Público de Carrera.

Artículo 98. La notificación de la inscripción o actualización en la carrera se cumplirá con la
anotación en el Registro Público de la Carrera.

Artículo 99. Cuando se niegue la inscripción o la actualización en el Registro Público de la
Carrera, la respectiva Comisión del Servicio Civil así lo manifestará mediante resolución
motivada, la cual se notificará al interesado, conforme con el procedimiento especial que para el
efecto se adopte.

Artículo 100. Para efectos del manejo del Registro Público, en cuanto a retiro y anotaciones
especiales, las entidades, por conducto del jefe de personal o de quien haga sus veces, enviará
a las respectivas dependencias encargadas de llevar el Registro, dentro de los cinco (5) primeros
días hábiles de cada mes, una relación detallada de las novedades de personal de carrera,
ocurridas en el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con el modelo que para el efecto
elabore el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 101. Las Comisiones Nacional, Departamentales y del Distrito Capital deberán adoptar
las acciones conducentes para suministrar información acerca de los empleados inscritos en la
carrera administrativa.



                                               73
Artículo 102. Las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y del Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá, remitirán en los diez (10) primeros días calendario de cada mes, la información
relacionada con el Registro Público del mes inmediatamente anterior a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, en medio magnético, a fin de que sea integrado al Registro Público Nacional.

Artículo 103. Del Registro Público de Carrera Administrativa, en capítulos especiales, harán parte
los Registros que administren las entidades con sistemas específicos de carrera. El reporte de la
correspondientes información se efectuará conforme con la reglamentación que expida la
Comisión Nacional del Servicio Civil, como también para los empleados que en virtud de la Ley
443 de 1998 deben regularse por ésta.

El Registro Público de Carrera de los empleados del orden nacional tendrán un capítulo especial
para el personal científico y tecnológico de las entidades públicas que conforman el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.

T I T U L O III

DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y LA CALIFICACION DE SERVICIOS

Artículo 104. La evaluación del desempeño es un instrumento que permite determinar los logros
institucionales alcanzados mediante la gestión del servidor público e identificar las áreas
potenciales de éste en el cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos.

Artículo 105. El desempeño laboral de los empleados de carrera deberá ser evaluado respecto
de los objetivos previamente concertados entre evaluador y evaluado, teniendo en cuenta
factores objetivos, medibles, cuantificables y verificables y expresado en una calificación de
servicios.

Parágrafo. Las entidades deberán formular los planes anuales de gestión, por dependencias,
como marco de referencia para la concertación de objetivos con cada empleado dentro del
proceso de evaluación del desempeño.

Artículo 106. La calificación es el resultado de la evaluación del desempeño laboral de todo el
período establecido o del promedio ponderado de las evaluaciones parciales que durante este
período haya sido necesario efectuar.

Artículo 107. Se entenderá por evaluaciones parciales las que deben ser efectuadas a los
empleados de carrera en los siguientes casos en que no haya operado cambio de entidad:

1. Por cambio de jefe.

2. Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.

3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo
por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro, o con ocasión de licencia o de
vacaciones, en caso de que el término de duración de estas situaciones sea superior a treinta
(30) días calendario.

4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación parcial, si la hubiere, y el
final del período a calificar.

Parágrafo 1º. Estas evaluaciones no producen por sí solas los efectos del artículo 42 de la Ley
443 de 1998 y deberán realizarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha
en que se produzca la situación que las origine y no harán parte de la hoja de vida del evaluado.

Parágrafo 2º. El término de duración, cualquiera que éste sea, de las situaciones administrativas
en las que pueda encontrarse un empleado de carrera referidas en el numeral 3 de este artículo
no se tendrá en cuenta para la evaluación o la calificación.


                                              74
Artículo 108. Si la fecha del vencimiento del período a calificar estuviere comprendida dentro del
término de duración de alguna de estas situaciones, la calificación definitiva del período anual
será la correspondiente al tiempo laborado hasta la fecha de iniciación de dicha situación
administrativa.

Artículo 109. Cuando el empleado cambie de empleo como resultado de ascenso dentro de la
carrera, cualquiera, sea la causa, no será evaluado al producirse dicho cambio. En este caso la
calificación deberá producirse por el tiempo laborado en el nuevo empleo.

Artículo 110. Las evaluaciones del desempeño laboral de servicio deben ser:

1. Objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad;

2. Justas, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las
negativas, y

3. Referidas a hechos concretos y a condiciones demostradas por el empleado durante el lapso
evaluado y apreciadas dentro de las circunstancias en que el empleado desempeña sus
funciones.

Artículo 111. Los empleados de carrera deberán ser calificados en los siguientes casos:

1. Por período anual comprendido entre el 1º, de marzo y el último día de febrero del año
inmediatamente siguiente, calificación que deberá producirse dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al vencimiento del período a calificar.

Cuando el empleado no haya servido la totalidad del año objeto de la calificación, se calificarán
los servicios correspondientes al período laboral cuando éste sea superior a treinta (30) días
calendario; los períodos inferiores a este lapso, serán calificados conjuntamente con el período
siguiente.

2. Cuando así lo ordene, por escrito, el jefe del organismo en caso de recibir la información
debidamente soportada de que el desempeño laboral de un empleado es deficiente. Esta
calificación no podrá ordenarse antes de transcurridos tres (3) meses de efectuada la última
calificación y deberá comprender todo el período no calificado hasta el momento de la orden.

Artículo 112. (Transitorio). Para los empleados del orden nacional y del Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá, el período que se inició el 1º de marzo de 1998 concluirá el último día de febrero
de 1999. El de los empleados de los órdenes departamental y distritales, diferentes al Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá, el período que se inició el 1º, de mayo de 1998 concluirá el
último día de febrero de 1999.

Los empleados municipales deberán ser evaluados dentro de los quince (15) días calendario del
mes de septiembre de 1998 por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1997 y el
31 de agosto de 1998. Esta evaluación tendrá el carácter de parcial y hará parte de la calificación
definitiva correspondiente al período que vencerá el último día del mes de febrero de 1999.

Artículo 113. El jefe inmediato del empleado es el responsable de evaluar y calificar su
desempeño laboral en los términos y condiciones que señale la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Se entiende por jefe inmediato el empleado que ejerce las funciones de dirección, supervisión o
coordinación respecto del empleado a calificar; es decir, el superior jerárquico o el de la
dependencia o el coordinador del grupo de trabajo formalmente establecido, donde el empleado
preste sus servicios.




                                               75
También podrán actuar como evaluadores y calificadores quienes determine la Comisión
Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con los sistema técnicos de evaluación que adopte.

Artículo 114. Los empleados que deban evaluar y calificar el desempeño laboral de los
empleados de carrera y de período de prueba tendrán la obligación de hacerlo en las fechas y en
las circunstancias señaladas en el presente decreto.

Artículo 115. Cuando el evaluador se retire de la entidad sin efectuar las evaluaciones que le
correspondían, éstas deberán ser realizadas por su superior inmediato o por el empleado que
para el efecto sea designado por el jefe de la entidad. En caso de permanecer en ella mantiene
la obligación de hacerlo, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Artículo 116. Las evaluaciones y las calificaciones se comunicarán o notificarán conforme con el
procedimiento especial que al respecto se establezca y tendrán los recursos previstos en el
mismo. En firme la calificación definitiva una copia de ésta deberá ser enviada a la hoja de vida
del empleado.

Articulo 117. Quienes estén cumpliendo comisión de servicios en otra entidad serán evaluados y
calificados por quienes allí deba supervisarlos, con base en el sistema que rija pera la entidad a
la cual se encuentran vinculados en forma permanente.

Artículo 118. Corresponde al jefe de personal o aquien haga sus veces velar por la oportuna y
adecuada aplicación del sistema de evaluación y calificación de servicios. Para tal efecto deberá:

a) Capacitar a los evaluadores sobre las normas y procedimientos que rigen la materia;

b) Suministrar oportunamente los formularios y los demás apoyos necesarios para proceder a las
evaluaciones y a las calificaciones;

c) Presentar al jefe del organismo informes sobre los resultados obtenidos en las calificaciones
de servicios.

Artículo 119. Las evaluaciones y calificaciones se efectuarán en los instrumentos adoptados por
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Parágrafo. Las entidades que requieran otros sistemas e instrumentos de evaluación y de
calificación someterán los proyectos correspondientes al estudio de la Comisión Nacional del
Servicio Civil para su aprobación.

De la evaluación y calificación de período de prueba

Artículo 120. Al vencimiento del período de prueba el empleado será evaluado en su desempeño
laboral y deberá producirse la calificación definitiva de servicios.

Una vez en firme esta calificación, si fuere satisfactoria, determinará la permanencia del
empleado en el cargo para el cual fue nombrado; en caso de ser insatisfactoria, causará el retiro
de la entidad de quien no ostente los derechos de la carrera o el regreso al empleo anterior de
quien, como empleado de carrera, hubiere sido ascendido.

Artículo 121. La evaluación y calificación del período de prueba se efectuará respecto del logro
de los objetivos previamente concertados para dicho período, entre evaluador y evaluado y
deberá responder a los criterios y principios que rigen para la evaluación de los empleados de
carrera y con los instrumentos que para el efecto adopte la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Artículo 122. Durante el período de prueba se surtirán evaluaciones parciales en los siguientes
casos:

1. Por cambio de evaluador.


                                              76
2. Por interrupción de dicho período por término igual o superior a treinta (30) días calendario
continuos;

3. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación parcial, si la hubiere, y el
final del período.

Parágrafo. Las evaluaciones parciales deberán producirse por cualquier lapso, de tal forma que
la calificación definitiva comprenda la totalidad del período.

Artículo 123. A las evaluaciones y calificaciones de servicios del período de prueba les serán
aplicables las disposiciones pertinentes contenidas en el presente capítulo.

T I T U L O IV

DE LOS PLANES DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS

Artículo 124. Los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios de que trata el Decreto-ley
1567 de 1998 se orientarán a reconocer el desempeño laboral de quienes sean seleccionados
como los mejores empleados de la entidad y los niveles jerárquicos que la conforman, así como
de los equipos de trabajo que logren niveles de excelencia. Tendrán derecho a beneficiarse de
los planes de incentivos que diseñe cada entidad los empleados de carrera y los de libre
nombramiento y remoción, según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto-ley 1567 de 1998.

Artículo 125. El jefe de la entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y
señalará en él los incentivos pecuniarios y los no pecuniarios que se ofrecerán al mejor
empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico,
a los mejores equipos de trabajo de la entidad y al mejor empleado de libre nombramiento y
remoción de la misma, escogido entre aquellos que pertenezcan a los niveles ejecutivo,
profesional, técnico, administrativo u operativo.

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos
efectivos, con los estudios realizados y con las preferencias de los empleados.

Parágrafo. Se entiende por equipo de trabajo el conjunto de empleados que en forma
cooperativa desarrollan sus funciones contribuyendo de manera colectiva al cumplimiento de
procesos y proyectos integrales, que implican la responsabilidad y la participación de sus
miembros para conseguir el cumplimiento de planes y objetivos institucionales.

Artículo 126. El nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación
definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral del período anual fijado para dicha
calificación y el de los equipos de trabajo se determinará con base en la medición del logro en
los objetivos previstos, de la calidad del servicio al cliente, de la eficiencia con que se haya
realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo.

Artículo 127. Para la gestión de los planes de incentivos, cada entidad deberá conformar un
comité, el cual estará integrado por el jefe de la entidad o su delegado, por los jefes de las
unidades de planeación y de recursos humanos o por quienes hagan sus veces y por los
representantes de los empleados principal y suplente ante la Comisión de Personal.

Serán funciones del comité de incentivos las siguientes:

a) Seleccionar anualmente el mejor empleado de carrera de la entidad y de cada uno de los
niveles jerárquicos que la conforman, el mejor empleado de libre nombramiento y remoción y los
mejores equipos de trabajo de la entidad;

b) Definir los criterios y orientar a las dependencias de recursos humanos o a las que hagan sus
veces en el diseño y la evaluación participativa del plan de incentivos de la entidad;


                                              77
c) Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades públicas y
otros organismos para la ejecución de los planes de incentivos;

d) Establecer las variables y el sistema de calificación interno para la medición del desempeño
de los equipos de trabajo, de acuerdo con los parámetros y criterios generales señalados en este
decreto;

e) Dirimir los empates que se presenten en el proceso de selección de los mejores equipos de
trabajo y de los empleados.

Artículo 128. Para aplicar los incentivos previstos en el respectivo plan de la entidad, se
seleccionarán anualmente los empleados y equipos de trabajo con desempeños en niveles de
excelencia, de acuerdo con los requisitos que se describen a continuación:

Para la selección del mejor equipo de trabajo:

a) El proyecto u objetivo del equipo de trabajo debe haber concluido;

b) Los resultados del proyecto o el logro de los objetivos previstos deben ser presentados y
sustentados por el equipo aspirante;

c) El equipo debe inscribirse ante el comité por intermedio del jefe de la dependencia.

Para la selección de los mejores empleados de la entidad:

a) Tener un tiempo de servicios en la respectiva entidad no inferior a un (1) año;

b) No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de
postulación. No obstante el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso
de selección se constituye en causal de exclusión del mismo;

c) Acreditar nivel de excelencia en la última calificación de servicios en firme.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, el desempeño laboral de los
empleados de libre nombramiento y remoción deberá ser evaluado bajo los mismos criterios y
con los instrumentos de evaluación del desempeño laboral que se aplican en la entidad para los
empleados de carrera.

Artículo 129. Para la selección del mejor equipo de trabajo se procederá de la siguiente manera:

a) El jefe de la dependencia y los representantes de cada uno de los equipos de trabajo
existentes en su área escogerán mediante voto y con base en las variables y el sistema de
calificación establecido por el comité de incentivos, los equipos de trabajo que estén en niveles
de excelencia. De acuerdo con los resultados de la votación, el jefe de la dependencia inscribirá
ante el comité de incentivos el equipo o los equipos de trabajo escogidos;

b) El comité realizará audiencias públicas para que los equipos de trabajo inscritos sustenten su
desempeño y logros;

c) El comité seleccionará, en estricto orden de mérito, a los mejores equipos de trabajo de la
entidad con base en las calificaciones obtenidas. Este resultado será consignado en acta que
deberá ser firmada por todos los miembros y enviada al Jefe de la entidad;

d) El Jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido dentro del plan institucional de incentivos,
mediante acto administrativo asignará al mejor equipo de trabajo de la entidad el incentivo
pecuniario establecido.



                                                 78
En caso de empate, el incentivo se distribuirá entre los miembros de los equipos que ocuparon el
primer lugar y asignará a los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar los
incentivos nos pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia;

e) Mediante acto público deberán ser proclamados y premiados los equipos de trabajo
seleccionados.

Parágrafo 1º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos
pecuniarios a los equipos de trabajo será el 30 de noviembre de cada año.

Parágrafo 2º. El valor del incentivo pecuniario deberá pagarse por la entidad en su totalidad y por
partes iguales, en efectivo al equipo de trabajo seleccionado.

Artículo 130. Para seleccionar al mejor empleado de carrera de la entidad y a los mejores
empleados de carrera de cada uno de sus niveles jerárquicos, así como al mejor empleado de
libre nombramiento y remoción de la entidad, con desempeño laboral en niveles de excelencia se
procederá de la siguiente manera:

a) A partir del 15 de junio y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el comité de incentivos
dará inicio al proceso de selección;

b) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la dependencia de recursos humanos deberá
presentar al comité de incentivos el listado de los empleados de la entidad, cuyas calificaciones
hayan alcanzado el nivel de excelencia y cumplan con los requisitos establecidos;

c) El comité de incentivos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de los listados,
seleccionará como el mejor empleado de carrera de cada nivel jerárquico y el mejor dentro de los
de libre nombramiento y remoción a quienes hayan obtenido las más altas calificaciones. El
mejor empleado de carrera de la entidad será el que tenga la más alta calificación entre los
seleccionados como mejores de cada nivel;

d) El comité ofrecerá a los seleccionados los incentivos previstos en el plan anual institucional
para que éstos escojan los de su preferencia. El mejor empleado de libre nombramiento y
remoción seleccionado podrá optar por los incentivos que se establezcan para estos servidores
dentro del plan institucional. El mejor empleado de carrera de la entidad escogerá en primer
lugar el incentivo de su preferencia; los demás empleados de carrera escogerán por acuerdo o
por sorteo cuando no sea posible el acuerdo;

e) De lo anterior, el comité de incentivos elaborará un acta que firmarán todos sus miembros y
será enviada al jefe de la entidad para que mediante acto administrativo formalice la selección y
la asignación de los incentivos;

f) En acto público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberán ser proclamados los
seleccionados.

Parágrafo 1º. El ascenso sin concurso, de que trata el artículo 10 de la Ley 190 de 1995,
constituye incentivo obligatorio al cual tendrán derecho dentro del año siguiente a su selección
por una sola vez sin que medie concurso, los empleados de carrera, que hayan sido escogidos
como los mejores de cada nivel jerárquico, siempre y cuando se presenten vacantes definitivas
en empleos de carrera de superior categoría y cumplan con los requisitos exigidos para su
desempeño. Este derecho no obsta para que el empleado se beneficie de los incentivos
establecidos dentro del plan institucional.

Parágrafo 2º. En caso de empate en el puntaje obtenido por dos o más empleados y que
corresponda al primer lugar, se calificarán sus aportes personales extraordinarios realizados
durante el período correspondiente a la última calificación de servicios, de acuerdo con el nivel
jerárquico que ocupen, así: para los empleados de los niveles técnico, administrativo y operativo,
se tendrán en cuenta las habilidades o destrezas excepcionales demostradas en el ejercicio de


                                                79
sus tareas o funciones que contribuyan a mejorar procesos y trámites o a cambiar
procedimientos. Para los empleados de los demás niveles se evaluará su aporte personal
mediante la producción intelectual, tales como ensayos, investigaciones, libros, o el rediseño de
procesos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales, así como su participación en
representación de la entidad como ponentes o conferencistas en congresos, seminarios o foros.

Parágrafo 3º. En caso de conflicto de intereses de algunos de los miembros del comité de
selección, el jefe de la entidad designará su reemplazo en otro empleado de la entidad.

Artículo 131. En las entidades donde existieren seccionales o regionales se seleccionará,
conforme con las reglas establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los
niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a participar
en la selección del mejor empleado de la entidad y a ser nombrados en empleos de carrera de
superior categoría en la respectiva seccional o regional.

El jefe de la entidad conformará el comité de incentivos en las regionales o seccionales para
seleccionar en su respectiva jurisdicción el mejor empleado de carrera de cada nivel jerárquico.
Dicho comité estará integrado por cinco miembros, dos de los cuales serán los representantes
de los empleados, principal y suplente, a la comisión de personal de la respectiva regional o
seccional.

Artículo 132. Con la orientación del jefe de la entidad, será responsabilidad de las dependencias
de recursos humanos o de las que hagan sus veces la formulación, ejecución y evaluación de los
programas de bienestar e incentivos, para lo cual contarán con el apoyo y la colaboración del
comité de incentivos.

TITULOV

DEL RETIRO DEL SERVICIO

Artículo 133. El retiro del servicio de los empleados de carrera se produce por cualquiera de las
causales determinadas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 y conlleva el retiro de la carrera y
la pérdida de los derechos inherentes a la misma. De igual manera se produce el retiro de la
carrera y la pérdida de los derechos cuando el empleado tome posesión de un cargo de carrera
que deba ser provisto por concurso o cuando se produzca como resultado de incorporación a un
empleo no equivalente al anteriormente desempeñado sin que éste haya sido suprimido, casos
en los cuales adquirirá el carácter de provisional.

También se produce el retiro de la carrera y la consecuente pérdida de los derechos de la
misma, cuando el empleado de carrera tome posesión, por nombramiento de un empleo de libre
nombramiento y remoción o de período fijo sin que previamente haya sido comisionado para el
efecto por el nominador de la entidad a la cual se encuentre vinculado como empleado de
carrera.

Artículo 134. En el caso de que a un empleado de carrera le sea aceptada la renuncia del cargo
de carrera del cual sea titular, su inscripción en el Registro Público de Carrera quedará vigente
por un término de dos (2) años, durante los cuales podrá participar en los concursos de
ascensos para los cuales acredite los requisitos que se exigen para esta clase de concursos. De
esta situación se hará anotación en el citado Registro.

Artículo 135. Los empleados de carrera, incluidos quienes se encuentren en período de prueba,
a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la
supresión o fusión de entidades o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a
otra o de modificación de planta, tendrán derecho a optar por ser incorporados a empleos
equivalentes conforme con las reglas de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, para lo
cual debe surtirse el trámite que legalmente se adopte o por recibir la indemnización de que trata
el artículo 137 de este decreto.



                                              80
Mientras se produce la incorporación el registro de inscripción en carrera del ex empleado
continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha incorporación a éste le
será actualizada la inscripción y continuará con los derechos de carrera que ostentaba al
momento de la supresión del empleo.

De no ser posible la incorporación dentro del término señalado en la ley, el ex empleado tendrá
derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera.

Artículo 136. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de una entidad y los
empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que
conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de
remuneración, estos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño exigibles
a los titulares con derechos de carrera de los anteriores cargos, quienes deberán ser
incorporados en la situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de
éstos.

Artículo 137. La indemnización de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 se reconocerá y
pagará de acuerdo con la siguiente tabla:

1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario.

2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5): cuarenta y cinco (45) días
de salario, por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al
primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10): cuarenta y cinco (45)
días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al
primero y proporcionalmente por meses cumplidos

4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario por el
primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero
proporcionalmente por meses cumplidos.

Parágrafo. En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve al
pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal suficiente
para cubrir el monto de tales indemnizaciones.

Artículo 138. Para los efectos del reconocimiento y pago de las indemnizaciones de que trata el
artículo anterior, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión
como empleado público en el órgano o en la entidad en la cual se produce la supresión del
empleo.

No obstante lo anterior, cuando en virtud de mandato legal y con motivo de la supresión o fusión
de una entidad, órgano o dependencia, al empleado de carrera que haya pasado del servicio de
una entidad a otra por incorporación directa sin derecho a ejercer la opción de que trata el
artículo 39 de la Ley 443 de 1998, para el reconocimiento y pago de la indemnización se le
contabilizará el tiempo laborado en la anterior entidad.

Artículo 139. Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen factor de
salario para ningún efecto, pero son compatibles con el reconocimiento y el pago de las
prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado retirado.

Artículo 140. La indemnización se liquidará con base en el salario promedio causado durante el
último año de servicios, teniendo en cuenta los siguientes factores:

1. Asignación básica mensual devengada a la fecha de supresión del cargo.

2. Prima técnica.


                                               81
3. Dominicales y festivos.

4. Auxilios de alimentación y de transporte.

5. Prima de navidad.

6. Bonificación por servicios prestados.

7. Prima de servicios.

8. Prima de vacaciones.

9. Prima de antigüedad.

10. Horas extras

11. Los demás que constituyan factor de salario.

Artículo 141. El monto de la indemnización estará a cargo de la entidad que retira al empleado y
deberá cancelarse en efectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de
la misma. En caso de mora en el pago se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa
variable de los depósitos a término fijo (DTF) que señale el Banco de la República, a partir de la
fecha del acto de liquidación.

Artículo 142. El retiro del servicio con indemnización de que trata este decreto no será
impedimento para que el empleado desvinculado pueda acceder nuevamente a empleos
públicos.

Artículo 143. Cuando se suprima un empleo de libre nombramiento y remoción que esté siendo
ejercido, en comisión, por un empleado de carrera, éste regresará inmediatamente al cargo de
carrera del cual sea titular.

Artículo 144. El trámite de las reclamaciones que debe surtirse para la efectividad de estos
derechos ante las Comisiones de Personal y del Servicio Civil, de acuerdo con la competencia
que les asigna la Ley 443 de 1998, se sujetará al procedimiento especial que se establezca.

Artículo 145. Cuando por razones del servicio deba suprimirse un cargo de carrera cuyo titular
sea una empleada de carrera que se encuentre en estado de embarazo y habiendo optado por la
incorporación ésta no fuere posible, además de la indemnización a que tendría derecho
conforme con lo señalado en el artículo 137 del presente decreto, la entidad deberá pagarle, a
título de indemnización por maternidad, el valor de las doce (12) semanas por concepto de
licencia remunerada.

Artículo 146. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 443 de 1998, en firme una
calificación de servicios no satisfactoria, en la evaluación del desempeño laboral, de carácter
ordinario o extraordinario, el nombramiento del empleado de carrera así calificado, deberá ser
declarado insubsistente, mediante resolución motivada del Jefe de la entidad, para lo cual
deberá oír previamente el concepto no vinculante de la Comisión de Personal.

La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una empleada de carrera, en estado de
embarazo, por calificación no satisfactoria de servicios sólo podrá producirse dentro de los ocho
(8) días calendario siguientes al vencimiento de la licencia por maternidad biológica o por
adopción, o de la licencia correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable.

Parágrafo. Lo anterior conforme con el procedimiento especial que se establezca.




                                               82
Artículo 147. Para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, por cualquiera
de las causales contempladas en la ley, debe previamente obtenerse la autorización judicial
correspondiente.

T I T U L O VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 148. Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la
Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse
en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la
institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren.

Artículo 149. Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las
conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación, supresión o reclasificación
de empleos con ocasión de:

1. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

2. Supresión, fusión o creación de dependencias.

3. Modificación de las funciones generales institucionales o de las dependencias.

4. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

5. Eliminación, simplificación o creación de procesos o trámites.

6. Eliminación o reducción de prestación de servicios o la creación de nuevos servicios.

7. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

8. Introducción de tecnología.

9. Culminación o cumplimiento de planes, programas, proyectos o funciones cuando los perfiles
de los empleos involucrados para su ejecución no se ajustan al desarrollo de nuevos planes,
programas, proyectos o funciones de la entidad.

Parágrafo. Se entiende que un empleo ha sido reclasificado cuando, modifica o no su
denominación sin cambiar de nivel jerárquico, se redefinan sus funciones, se le asignen mayores
responsabilidades, se exijan mayores calidades para su ejercicio y se ubique en un grado
superior de la escala salarial correspondiente, caso en el cual se considera que no hubo
supresión efectiva del empleo. El empleado de carrera cuyo cargo haya sido reclasificado deberá
ser incorporado en éste previa la acreditación de los requisitos exigidos para su desempeño,
conserva sus derechos de carrera y le será actualizada su inscripción en la misma.

Artículo 150. Los estudios técnicos de modificación de plantas de personal podrán ser
desarrollados por equipos interdisciplinarios conformados por el Jefe de la entidad con personal
de la misma, o por la Escuela Superior de Administración Pública, o por firmas especializadas o
profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas o afines con los procesos
técnicos misionales y administrativos.

Artículo 151. Cuando las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, incluidos sin
excepción los Establecimientos Públicos, las Corporaciones Autónomas Regionales y las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, avoquen directamente el desarrollo del estudio
técnico de la modificación de la planta de personal de empleos públicos, el Jefe de cada entidad
establecerá mediante resolución interna el grupo de trabajo responsable correspondiente,
decisión que comunicará al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,


                                               83
quien a su vez designará un empleado de la entidad para acompañar la formulación y ejecución
del estudio.

Cuando se trate de entidades adscritas o vinculadas a un Ministerio o a un Departamento
Administrativo, el Ministro o Director de Departamento del ramo designará a un empleado en
representación suya para que integre el grupo interno de trabajo correspondiente.

Artículo 152. Las entidades a que se refiere el articulo anterior que opten por contratar el
desarrollo de estos estudios técnicos de reformas a sus plantas de personal con la Escuela
Superior de Administración Pública o con personas naturales o jurídicas, deberán:

1. Informar de tal circunstancia al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que
el Director designe un empleado que acompañe el proceso.

2. Prever en el correspondiente convenio o contrato, según el caso, la participación de por lo
menos dos empleados de su entidad en el desarrollo del estudio.

Artículo 153. Las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva del orden territorial que inicien
procesos de modificaciones a sus plantas de personal deberán comunicar tal situación a la
respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil, según el caso, con indicación de
si tal proceso lo adelantará de manera directa o a través de la Escuela Superior de
Administración Pública o de personas naturales o jurídicas; en este último evento, el Jefe de la
entidad designará por lo menos dos de sus empleados que conformarán el equipo ejecutor del
estudio.

Terminado el estudio técnico, soporte de la reforma de la planta de personal, acompañado con la
planta finalmente adoptada, será remitido a la Comisión Departamental o Distrital del Servicio
Civil correspondiente, para su conocimiento.

Artículo 154. Los estudios que soportan las modificaciones a las plantas de personal deberán
estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen como
mínimo:

1. Análisis de las implicaciones derivadas de la transformación de la misión u objeto social de la
institución y de las funciones generales.

2. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

3. Evaluación de la prestación de los servicios.

4. Evaluación de las funciones asignadas a los empleos.

5. Cargas de trabajo.

6. Análisis de los perfiles de los empleos.

Artículo 155. La adopción y las modificaciones de las plantas de personal de empleos públicos
de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Sociales del Estado, Corporaciones
Autónomas Regionales y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, del orden nacional,
deberán ser presentadas sin excepción al Departamento Administrativo de la Función Pública
para su aprobación.

Artículo 156. Las propuestas de adopción o modificación de planta de personal de empleos
públicos se someterán al análisis previo del Departamento Administrativo de la Función Pública,
para lo cual las entidades interesadas deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Estudio técnico.


                                               84
2. Estudio comparativo de las plantas de personal actual y propuesta, distribuidas por
dependencias y análisis comparativo de cargos por niveles o categorías y su costo mensual por
concepto de asignaciones o sueldos básicos, e identificación de los empleos a reclasificar,
suprimir y crear.

3. Proyecto del acto administrativo por el cual se establece o modifica la planta de personal.

4. Proyecto del manual específico de funciones y requisitos.

Efectuado el análisis correspondiente, el Departamento Administrativo de la Función Pública
formulará las observaciones necesarias y emitirá el respectivo concepto técnico. De ser
favorable la entidad interesada tramitará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
viabilidad presupuestal de la planta de personal propuesta.

Artículo 157. Expedidos los actos administrativos de adopción o modificación de las plantas de
personal, conforme con las autorizaciones y formalidades legales vigentes, el Departamento
Administrativo de la Función Pública efectuará, con fundamento en los estudios técnicos
aportados, el balance de cargos deficitarios para el cumplimiento de los fines de las entidades
del orden nacional, que no hubiere sido posible crear por razones de orden presupuestal.

Artículo 158. Se entiende por empleos equivalentes aquellos que pertenezcan al mismo nivel
jerárquico, tengan igual asignación salarial y funciones iguales o similares y para su desempeño
se exijan los mismos o similares requisitos de experiencia y de estudios.

Artículo 159. Para todos los efectos se considera como empleados de carrera a quienes estén
inscritos en el Registro Público de Carrera Administrativa y a quienes, habiendo superado
satisfactoriamente el período de prueba, no hayan obtenido dicha inscripción.

Artículo 160. Cuando un nombramiento en cargo de libre nombramiento y remoción o de período
recaiga en un empleado de carrera, éste tendrá derecho a que el Jefe de la entidad a la cual esté
vinculado le otorgue, mediante acto administrativo, la respectiva comisión para su ejercicio a fin
de preservarle los derechos inherentes a la carrera. Dicho acto debe indicar el término de la
comisión a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de carrera o presentar
renuncia a éste. De no cumplirse lo anterior, el Jefe de la entidad declarará la vacancia del
empleo y procederá a proveerlo en forma definitiva, teniendo en cuenta el orden de prioridad
establecido en el artículo 2º del presente decreto.

El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces informará sobre estas novedades a la
respectiva Comisión del Servicio Civil.

Artículo 161. Cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo ordene el reintegro de un
empleo de carrera de quien al momento del retiro del servicio público no ostentaba los derechos
inherentes a ella, se efectuará el reintegro con el carácter de nombramiento provisional y, por lo
tanto, la entidad, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al reintegro deberá
convocar a concurso para la provisión definitiva del empleo. En este caso, el concurso será
abierto y el empleado reintegrado que lo viene desempeñando, para permanecer de manera
definitiva en el cargo e ingresar a la carrera, deberá someterse en igualdad de condiciones con
los demás aspirantes a todas las normas que regulan el proceso de selección.

Artículo 162. En el evento de que a la fecha que se ordene el reintegro, el empleo en el cual
deba producirse se encuentre en proceso de selección, el Jefe de la entidad deberá, mediante
resolución motivada, revocar la convocatoria siempre y cuando no se haya producido
nombramiento en período de prueba y convocarlo nuevamente a través de concurso abierto
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al reintegro del empleado a fin de brindarle la
oportunidad de participar en el proceso de selección.




                                               85
Artículo 163. Para los efectos previstos en este decreto, el Comando General de las Fuerzas
Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional se entenderán
como entidades.

Artículo 164. (Transitorio). Los procesos de selección que hayan sido convocados antes de
entrar en vigencia la Ley 443 de 1998, continuarán desarrollándose hasta su culminación con
sujeción a las disposiciones que regían a la fecha de las respectivas convocatorias.

Artículo 165. Este decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 2046 de 1969, los
artículos 8º, 9º, 10, 11, 12, 18, 26, 27, 28, 92, 93, 94, 95, 108, 109 y 118 del Decreto 1950 de
1973, el Decreto 1468 de 1979, el Decreto 2750 de 1991, el Decreto 1223 de 1993, los Decretos
256, 805 y 2645 de 1994, el Decreto 2329 de 1995, el Decreto 1430 de 1996, el Decreto 1483 de
1996, el Decreto 2311 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 166. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Pablo Ariel Olarte Casallas.




                     DECRETO NUMERO 917 DE 1999
                              (mayo 28)
(PARA CONSULTAR ESTE DECRETO EN SU TOTALIDAD, DEBE VERSE
EL DOCUMENTO IMPRESO, DADAS LAS CARACTERISTICAS
DE SU PUBLICACION)

por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995.




                                                86
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial de las conferidas en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, el
artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 5º de la Ley 361 de 1997,

DECRETA:

Artículo 1º Campo de aplicación. El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido
en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los
sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general, para
determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de conformidad con lo
establecido por los artículos 38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, el 46 del
Decreto-ley 1295 de 1994 y el 5º de la Ley 361/97.

Artículo 2º Definiciones de invalidez, incapacidad permanente parcial, capacidad laboral y trabajo
habitual. Para efecto de la aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptanse las
siguientes definiciones:

a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen,
no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la
persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%.

c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las
habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le
permiten desempeñarse en un trabajo habitual.

d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que
desempeña el individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o
profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al
Sistema Integral de Seguridad Social.

Artículo 3º Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la
historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por
incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.

Artículo 4º Requisitos y procedimientos para la calificación de la invalidez y la fundamentación
del dictamen.

Para efectos de la calificación de la invalidez, los calificadores se orientarán por los requisitos y
procedimientos establecidos en el presente manual para emitir un dictamen. Deben tener en
cuenta que dicho dictamen es el documento que, con carácter probatorio, contiene el concepto
experto que los calificadores emiten sobre el grado de la incapacidad permanente parcial, la
invalidez o la muerte de un afiliado y debe fundamentarse en:

a) Consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se
relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte,
indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron; y el
DIAGNOSTICO CLINICO de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica, la
historia ocupacional y con las ayudas de diagnóstico requeridas de acuerdo con la especificidad
del problema.

b) Establecido el diagnóstico clínico, se procede a determinar la PERDIDA DE LA CAPACIDAD
LABORAL del individuo, mediante los procedimientos definidos en el presente manual. En todo


                                               87
caso, esta determinación debe ser realizada por las administradoras con personal idóneo
científica, técnica y éticamente, con su respectivo reconocimiento académico oficial. En caso de
requerir conceptos, exámenes o pruebas adicionales, deberán realizarse y registrarse en los
términos establecidos en el presente manual.

c) Definida la pérdida de la capacidad laboral, se procede a la CALIFICACION INTEGRAL DE LA
INVALIDEZ, la cual se registra en el dictamen, en los formularios e instructivos que para ese
efecto expida el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales deben registrar por lo
menos: el origen de la enfermedad, el accidente o la muerte, el grado de pérdida de la capacidad
laboral causado por el accidente o la enfermedad, la fecha de estructuración de la invalidez y la
fundamentación con base en el diagnóstico y demás informes adicionales, tales como el reporte
del accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso.

d) El dictamen debe contener los mecanismos para que los interesados puedan ejercer los
recursos legales establecidos en las normas vigentes, con el objeto de garantizar una
controversia objetiva de su contenido en caso de desacuerdo, tanto en lo substancial como en lo
procedimental.

Parágrafo. Las consecuencias normales de la vejez, por sí solas, sin patología sobreagregada,
no generan deficiencia para los efectos de la calificación de la invalidez en el Sistema Integral de
Seguridad Social. En caso de co-existir alguna patología con dichas consecuencias se podrá
incluir dentro de la calificación de acuerdo con la deficiencia, discapacidad y minusvalía
correspondientes.

Artículo 5º Determinación de la incapacidad permanente parcial.

La determinación de la declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad
permanente parcial, la realizarán:

1. Las Administradoras de Riesgos Profesionales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Decreto-ley 1295 de 1994, a través de sus Comisiones laborales propias o a
contrato. Deberán evaluar la pérdida de la capacidad laboral, con base en el presente Manual
Unico de Calificación de Invalidez, con el fin de garantizar el acceso a los derechos que tienen
las personas afiliadas a la seguridad social.

2. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado
(ARS), de conformidad con lo previsto en el artículo 5o. de la Ley 361 de 1997, deberán evaluar
la pérdida de la capacidad laboral, con base en el Manual Unico de Calificación de Invalidez
establecido en el presente Decreto, con el fin de garantizar el acceso a los derechos que tienen
las personas con limitación. Para este efecto, estas entidades deberán disponer de un equipo
multidisciplinario competente para realizar dicha calificación, de conformidad con la
reglamentación que para tal fin expida el Ministerio de Salud.

En caso de controversia sobre el grado y el origen de la limitación determinada, se acudirá a las
Juntas de Calificación de la Invalidez, conforme a los procedimientos definidos por las normas
vigentes en la materia.

Artículo 6º Calificación del estado de invalidez.

La calificación y expedición del dictamen sobre el estado de la invalidez corresponde a las
Juntas de Calificación de Invalidez, quienes conocerán de los siguientes asuntos:

a) La calificación y revisión de la pérdida de la capacidad laboral y la incapacidad permanente
parcial, en caso de controversia.

b) La calificación del origen, el grado, la fecha de estructuración y la revisión del estado de
invalidez.



                                                88
c) La calificación del origen del accidente y de la enfermedad, con base en la Ley 100 de 1993, el
Decreto-ley 1295 de 1994 y demás normas reglamentarias, en caso de controversia.

d) La calificación del origen de la muerte en caso de controversia.

Las Juntas de Calificación de la Invalidez deben emitir el dictamen de la Invalidez el cual, en
todos los casos, reflejará exactamente el contenido del acta correspondiente a cada caso
revisado por la misma y será el resultado de la deliberación de los miembros encargados de
calificar. De igual modo, corresponde a la respectiva Junta notificar el dictamen al afiliado, quien
puede aceptarlo o apelarlo ante las instancias competentes.

Artículo 7º Criterios para la calificación integral de invalidez. Para efecto de la calificación integral
de la invalidez se tendrán en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del
ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la
edad, y definidos de la siguiente manera:

a) DEFICIENCIA: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las
que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un
miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas
propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio
refleja perturbaciones a nivel del órgano.

b) DISCAPACIDAD: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el
desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser
temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la
objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.

c) MINUSVALÍA: Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el
desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales,
culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las
expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la
deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales,
económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de
las mismas y alteran su entorno.

Artículo 8º Distribución porcentual de los criterios para la calificación total de la invalidez. Para
realizar la calificación integral de la invalidez, se otorga un puntaje a cada uno de los criterios
descritos en el artículo anterior, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la
capacidad laboral, dentro de los siguientes rangos máximos de puntaje:

CRITERIO PORCENTAJE (%)

Deficiencia 50

Discapacidad 20

Minusvalía 30

Total 100

Parágrafo 1. Cuando no exista deficiencia o su valor sea cero (0) no podrá calificarse la
discapacidad ni la minusvalía. Por tanto, la pérdida de la capacidad laboral resultante se
reportará con un valor de cero (0).



                                                 89
Parágrafo 2. En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 34 del Decreto-ley 1295 de 1994,
para la calificación en el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la existencia de
patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones
que correspondan al trabajador. De igual manera, cuando existan deficiencias de origen
congénito o adquiridas antes de cumplir con las edades mínimas legales para trabajar y el
individuo haya sido habilitado ocupacional y socialmente, estas deficiencias no se tendrán en
cuenta para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de origen profesional, a no ser
que se hayan agravado o hayan aparecido otras.

Parágrafo 3. Teniendo en cuenta que un paciente que sufre una deficiencia mejora su estado
funcional al recibir una prótesis, se debe reducir una proporción definida de la deficiencia global
del segmento que la recibe, de la siguiente manera:

a) Para prótesis estética se resta el 10% del valor de la deficiencia global encontrada;

b) Para prótesis funcional 20% del valor de la deficiencia global encontrada; y,

c) Para prótesis estética y funcional 30% del valor de la deficiencia global encontrada.

Ejemplo:

Enucleación ojo izquierdo con ojo derecho normal: deficiencia de 15%.

En este caso, se trata de una prótesis estética y por tanto se resta el 10% del 15%. Es decir,
1.5%, para un valor final de deficiencia global de 13.5%.

Artículo 9º Instrucciones generales para los calificadores. El «Manual único para la calificación
de la invalidez» establece con base en los criterios y componentes definidos en los artículos
anteriores, un método uniforme, de uso obligatorio para la determinación legal de la pérdida de la
capacidad laboral que presenta un individuo al momento de su evaluación.

La calificación de la pérdida de capacidad laboral del individuo deberá realizarse una vez se
conozca el diagnóstico definitivo de la patología, se termine el tratamiento y se hayan realizado
los procesos de rehabilitación integral, o cuando aun sin terminar los mismos, exista un concepto
médico desfavorable de recuperación o mejoría.

El Manual está conformado por tres libros, a saber:

1. El primero trata sobre las Deficiencias. Consta de catorce (14) Capítulos que corresponden a
la evaluación del daño o ausencia parcial o total de los diferentes sistemas orgánicos. Contiene
una serie de criterios y tablas especiales de valores para calificar el daño ocasionado;

2. El Segundo trata sobre las Discapacidades, desglosadas en siete (7) categorías, que incluyen
el nivel complementario de gravedad; y,

3. El Tercero, define siete (7) categorías de minusvalías.

Para la determinación de los valores de las deficiencias, discapacidades y minusvalías se deben
seguir las siguientes instrucciones:

a) Para las deficiencias: El grado de deficiencia a que se refiere el Libro Primero y que se
relaciona con los sistemas orgánicos, se expresa en porcentajes de pérdida funcional
(deficiencia global). Para facilitar el ejercicio del calificador o de las Juntas Calificadoras,
contiene una serie de tablas de valores por órganos o sistemas, de las cuales se pueden
sustraer los valores correspondientes a este componente. Sin embargo, en aquellos casos en
que se encuentren afectados dos o más órganos o sistemas, los valores parciales de las
respectivas deficiencias globales deben ser combinados según la siguiente fórmula:



                                               90
A + (50-A)B

100



Donde A y B corresponden a las diferentes deficiencias. Siendo A la de mayor valor y B la de
menor valor. De esta forma se combinan los valores correspondientes A y B. Este procedimiento
se denomina «suma combinada». En caso de que existan más de dos valores, éstos deben ser
previamente ordenados de mayor a menor valor, para proceder a combinarlos sucesivamente
aplicando la fórmula.




Ejemplo: A = 20%

B = 10% Suma combinada = 20 + (50 -20)X10 = 23%

100




Teniendo en cuenta que el valor de la deficiencia de extremidad puede alcanzar el 100%, se
deberá utilizar la siguiente fórmula cuando haya que combinar deficiencias de extremidad:



A + (100-A)B

100



Se deberá calcular la deficiencia global correspondiente a cada capítulo y sólo después se hará
combinación de valores de deficiencia global entre capítulos para hallar la deficiencia global final.

Quienes legalmente pueden o deben determinar la pérdida de la capacidad laboral de una
persona, deben tener en cuenta que la deficiencia debe ser demostrable anatómica, fisiológica y
psicológicamente, o en forma combinada. Tales anormalidades podrán ser determinadas por
pruebas de ayuda diagnóstica del afiliado, referidas a sus signos y síntomas.

Las patologías que sólo se manifiestan con síntomas, no son posibles de definir fácilmente por
quien califica. Por tanto, las decisiones sobre los porcentajes de deficiencia deben ser
respaldadas con la historia clínica del paciente y las pruebas de ayuda diagnóstica,
complementando así el criterio clínico. Los resultados obtenidos con las pruebas
complementarias de diagnóstico deben corresponder a las alteraciones anatómicas, fisiológicas
y/o psíquicas detectables por tales pruebas, y confirmar los signos encontrados durante el
examen médico. Las afirmaciones del paciente que sólo consideran la descripción de sus
molestias sin respaldo de signos o exámenes complementarios, no tienen valor para establecer
una deficiencia.




                                               91
Cuando sea del caso, se deberá sustentar el dictamen con el concepto de Salud Ocupacional
para determinar el origen de la lesión.

Hay otros casos en los cuales, siguiendo las instrucciones específicas para cada lesión, se podrá
sumar las deficiencias de extremidad o como en la evaluación de los daños a nivel cerebral se
escoge entre los diferentes grados de deficiencia el mayor valor como la deficiencia global final.

b) Para las Discapacidades: para el caso de la determinación del valor de la discapacidad, se
procede a realizar una suma aritmética de todas las discapacidades con que se tipifique la
lesión. El resultado de dicha sumatoria corresponde al valor final de la discapacidad que debe
registrarse.

c) Para las Minusvalías: para la determinación del valor de la minusvalía se deberá evaluar el
estado del paciente en cada una de las categorías de escala asignadas, a cada una de la
Minusvalías. En cada una de ellas se registra el mayor valor (son excluyentes) y luego se suma
cada una de ellas. El resultado de dicha sumatoria corresponde al valor final de la minusvalía
que debe registrarse.

d) Para la calificación integral: Para obtener la calificación integral final del grado de pérdida de la
capacidad laboral de la persona, de conformidad con las especificaciones de este manual y sus
tablas, se suman aritméticamente aquellos porcentajes correspondientes a los valores de la
deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, que el calificador legal asignó a cada una de ellas.

Artículo 10. Instrucciones para médicos interconsultores

Para la determinación de la pérdida de la capacidad laboral, los calificadores deberán disponer
de los antecedentes técnico-médicos objetivos sobre las patologías en estudio. Estos
antecedentes los proporcionan los médicos tratantes o interconsultores de las IPS a la cual se
encuentre afiliado el paciente. Para efecto de cumplir con este requisito, los calificadores deben
requerir a los interconsultores el concepto técnico-médico correspondiente, cumpliendo los
siguientes requisitos:

1. El médico tratante o interconsultor que realiza un peritazgo de su especialidad (reconocimiento
y determinación del diagnóstico y estado clínico de determinada patología que presenta un
afiliado), debe considerar que su informe será utilizado por el calificador para determinar la
pérdida de la capacidad laboral que presenta dicho individuo.

2. Por tanto, debe considerar que el peritaje se solicita con el objeto de que el profesional
consultor determine exclusivamente y en la forma más precisa posible, la magnitud y el
compromiso de la patología presentada por el paciente. Debe evitar consignar juicios o
conceptos personales sobre el grado de invalidez del individuo estudiado, pues tal apreciación es
materia que sólo corresponde a quien legalmente puede determinarla.

3. El médico interconsultor debe pronunciarse exclusivamente sobre el diagnóstico del afiliado,
utilizando un lenguaje similar al del Manual.

4. Ante la presencia de situaciones de difícil evaluación, se debe informar al calificador sobre los
exámenes o pruebas de ayuda de diagnóstico adicionales que se deben realizar para poder
emitir un informe exacto. En ningún caso pueden tenerse en cuenta los exámenes
proporcionados por los pacientes o propios interesados.

5. Debe haber consistencia entre la anamnesis relatada por el trabajador, los exámenes
legalmente aportados y las conclusiones del médico interconsultor. Cualquier incoherencia debe
ser objeto de revisión y aclaración, e informar al calificador y a la autoridad competente.

6. El médico interconsultor deberá pronunciarse exclusivamente en materia de su especialidad,
sobre los puntos solicitados por el Calificador, entre los cuales pueden contenerse por lo menos



                                                 92
los siguientes: Fecha de atención, diagnóstico, tratamientos recibidos o sugeridos, concepto y
pronóstico.

Artículo 11. De las normas de interpretación del Manual

Para la comprensión del presente Manual se aplicarán las siguientes normas de interpretación:

1. Las palabras se utilizarán en su sentido natural y obvio, o con el significado que se tenga en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

2. Los términos de contenido técnico se utilizarán con el sentido que tienen en su respectiva
disciplina.

3. Las definiciones y conceptos establecidos en el manual, se interpretará dentro del contexto y
con el propio sentido definidos en él.

4. Cuando una patología o diagnóstico no aparezca en el texto del presente Manual, o no se
pueda homologar al mismo, se acudirá a la interpretación dada en instrumentos similares de
otros países o de organismos internacionales, tales como la Comisión de Expertos de la OIT, el
Manual de Consecuencias de la Enfermedad de la OMS y el Manual de Discapacidades de la
Asociación Médica Americana AMA.

Artículo 12. Libro Primero: DE LAS DEFICIENCIAS



CAPITULO I

1. SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO


1.1 GENERALIDADES

Dado que un alto porcentaje de solicitudes para la calificación de la invalidez corresponden a
patologías articulares o de la columna vertebral, es importante realizar una correcta evaluación
de las afecciones de este sistema.

Este capítulo comprende el estudio de los porcentajes de la deficiencia relacionados con:


• Columna Vertebral

• Extremidades superiores.

• Extremidades inferiores.

• Amputaciones.

La pérdida de función puede deberse a limitación de la movilidad ocasionada por lesión, dolor,
anquilosis, deformidades, amputaciones o coexistencia de dos o más de estas patologías.

En todos los casos es importante tener presente el hemisferio dominante del individuo, dado que
las funciones de la vida cotidiana son más dependientes de la extremidad superior dominante
(diestro o zurdo). La disfunción de la extremidad superior no dominante se traduce en una menor
deficiencia que la disfunción de la extremidad dominante. Para la valoración de la mano
dominante, una vez se obtenga el valor de la deficiencia global resultante de dicho segmento,
debe agregarse proporcionalmente un 20% de dicho valor mediante combinación de valores, sin
que sobrepase el máximo valor asignado a la deficiencia global de dicho segmento de la lesión


                                               93
evaluada. Para la valoración de los segmentos restantes del miembro superior dominante se
agregará un valor proporcional del 10%.




                 DECRETO NUMERO 2211 DE 1999

                                (noviembre 11)



                                          94
por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994.


El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial de las conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y


CONSIDERANDO:


Que los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales que requieren acceder al Fondo de
Solidaridad Pensional, carecen de recursos económicos suficientes para sufragar los honorarios
que genera del dictamen médico exigido para su afiliación;


Que el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994 fijó en un salario mínimo legal mensual vigente, el
valor de los honorarios por cada dictamen médico emitido por la (s) junta (s) de calificación de
invalidez;


Que dada la precaria situación económica de los discapacitados que necesitan afiliarse al Fondo
de Solidaridad Pensional, se hace necesario reducir el valor de los honorarios a las juntas de
calificación de invalidez,


DECRETA:


Artículo 1°. Modifícase el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994, el cual quedará así:


"Artículo 40. Honorarios de los miembros. Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de
1993, los honorarios de los miembros de las juntas de calificación de invalidez, serán pagados
por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora o la compañía de
seguros, a la que se encuentre vinculado el afiliado, el pensionado por invalidez, o el beneficiario
inválido.


Por cada dictamen emitido en primera instancia, la entidad correspondiente deberá pagar, como
honorarios, una suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de
la solicitud.


Por cada dictamen emitido en segunda instancia, la entidad correspondiente deberá pagar, como
honorarios, una suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de
la admisión del recurso.


El monto de los honorarios deberá ser pagado en la Secretaría de la junta, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o del recurso. En caso contrario, se
suspenderá su trámite.




                                               95
Parágrafo 1°. El monto de los honorarios estará a cargo del pensionado por invalidez o del
afiliado de que tratan el último inciso del literal a. y el literal b. del artículo 44 de la Ley 100 de
1993, cuando éste solicite a la junta, la revisión de su estado de invalidez. En este caso, deberá
adjuntar con la solicitud, el recibo de pago expedido por la secretaria de la junta.


Parágrafo 2°. El monto de los honorarios de las juntas de calificación de invalidez que deban
determinar la discapacidad psíquica, física y sensorial de quienes aspiran a ser beneficiarios del
Fondo de Solidaridad Pensional, será de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.


Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.


Publíquese y cúmplase.


Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 1999.


ANDRES PASTRANA ARANGO


El Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del Despacho de la
Ministra de Trabajo y Seguridad Social,


Fabio Olmedo Palacio Valencia.




                     DECRETO NUMERO 276 DE 2000
                             (febrero 22)

por el cual se modifica el Decreto 1068 de 1997.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y en
especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo
6° de la Ley 361 de 1997,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° del Decreto 1068 de 1997, el cual quedará así:




                                                96
"Artículo 1°. Conformación. El Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, es un
organismo, asesor institucional de carácter permanente, para el seguimiento y verificación de la
puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social
del limitado, estará coordinado por la Consejería Presidencial para la Política Social y
conformado por los siguientes miembros:

1. El Ministerio de Salud, quien lo presidirá.

2. Cinco (5) representantes de las organizaciones de y para limitados, los cuales tendrán la
siguiente composición: un (1) representante de las organizaciones de ciegos, un (1)
representante de las organizaciones para sordos, un (1) representante de las organizaciones de
limitados físicos, un (1) representante de las organizaciones de padres de familia de limitados
mentales o de responsables de limitados mentales, un (1) representante de las organizaciones
de padres de familia de limitados.

3. Tres (3) representantes de las organizaciones académicas y/o científicas que tengan que ver
con la materia, los cuales tendrán la siguiente composición: un (1) representante del Instituto
Colombiano para la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas "Colciencias", la entidad
que haga sus veces o le sustituya en sus funciones, un (1) representante de las asociaciones de
colegios, un (1) representante de las Universidades.

4. Tres (3) representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno al
objeto social previsto en la Ley, los cuales serán de representación Nacional y serán designados
de los candidatos que presenten las mismas.

5. Un delegado de la Defensoría del Pueblo.

6. El Director del Fondo de Inversión Social, FIS, de la entidad que haga sus veces o le sustituya
en sus funciones.

7. El Jefe de la Unidad de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación o la
dependencia que las sustituya en el ejercicio de sus funciones.

8. Un Secretario Técnico, quien estará vinculado a la planta de personal de Ministerio de Salud y
será designado por el Comité según propuesta que presente el Ministro de Salud.

Parágrafo 1. Para la designación de los miembros del Comité Consultivo Nacional de que tratan
los numerales 2, 3 y 4, el Ministerio de Salud efectuará la convocatoria en forma pública para lo
cual se podrá requerir la colaboración de las entidades que cumplan funciones en desarrollo del
Plan Nacional de Atención para las Personas con Discapacidad; dicha convocatoria deberá
contener el período de elección y los requisitos.

Parágrafo 2. Para la inscripción de las instituciones señaladas en el parágrafo anterior, se
establecerá un plazo de un (1) mes contado a partir de la convocatoria que efectúe el Ministerio
de Salud; transcurrido el mismo, el Ministro de Salud designará mediante resolución, los
representantes de los referidos sectores.

Ante la ausencia de inscritos, el Ministro de Salud dispondrá lo necesario para designar los
referidos representantes.

Parágrafo 3. El período de duración de los representantes del Comité Consultivo Nacional,
elegidos por convocatoria pública será de dos (2) años.

Los actuales miembros del Comité Consultivo elegidos por convocatoria pública o designados,
continuarán desempeñando tal representación hasta cuando sean designados los nuevos
miembros.




                                                 97
Parágrafo 4. El Comité Constitutivo Nacional podrá invitar a participar en sus sesiones a los
representantes de entidades y organizaciones públicas y privadas que estime conveniente para
el cumplimiento de sus funciones.

Serán invitados permanentes: un (1) representante de las Entidades Promotoras de Salud, uno
(1) Representante de las Administradoras de Riesgos Profesionales y uno (1) de las Cajas de
Compensación Familiar. Los mismos participarán con voz y sin voto.

Parágrafo 5°. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, las organizaciones a las que se
refieren los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo, se someterán a lo dispuesto en el capítulo II
del Título I del Decreto 2150 de 1995 y a las normas legales vigentes que regulen su
funcionamiento, organización y representación, según el caso".

Artículo 2°. Modifícase el artículo 3° del Decreto 1068 de 1997, el cual quedará así:

"Artículo 3°. Funciones del Comité Consultivo Nacional.

1. Recomendar las políticas en relación con las personas con limitación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 6° y 7°, de la Ley 361 de 1997.

2. Verificar la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la
integración social del limitado.

3. Efectuar el seguimiento de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas
tendientes a la integración social del limitado.

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones, principios y derechos establecidos y
reconocidos en la ley.

5. Promover las labores de coordinación interinstitucional conformando grupos de enlace
sectorial, de conformidad con dispuesto en la ley y en el presente decreto.

6. Velar por la adopción de las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo posible
eliminar las distintas circunstancias causantes de la limitación, evitando de este modo
consecuencias físicas y psicosociales posteriores de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7° de la Ley 361 de 1997.

7. Darse su propio reglamento.

8. Las demás señaladas por la ley y las disposiciones legales que reglamenten la materia".

Artículo 3°. Modifícase el artículo 4° del Decreto 1068 de 1997, el cual quedará así:

"Artículo 4°. Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica:

1. Brindar el apoyo técnico requerido para el cumplimiento de las funciones del Comité
Consultivo Nacional.

2. Concertar la agenda a tratar en las sesiones del Comité Consultivo Nacional y convocar a las
mismas.

3. Elaborar las actas del Comité Consultivo Nacional y de los Grupos de Enlace Sectorial.

4. Orientar, preparar y elaborar los soportes técnicos requeridos por las diferentes instancias de
coordinación, ejecución, seguimiento y verificación del Plan Nacional de Atención a las Personas
con Discapacidad.




                                               98
5. Verificar la agenda de las reuniones de los Grupos de Enlace Sectorial y desarrollo de los
compromisos adquiridos".

Artículo 4°. Sustitúyase el texto del artículo 5° del Decreto 1068 de 1997, con el siguiente:

"Artículo 5°. Conformación y funciones de los grupos de enlace sectorial. En cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 4° y 6° de la Ley 361 de 1997, se conformarán grupos de enlace
sectorial con los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Transporte,
Desarrollo Económico, Comunicaciones, Hacienda y demás entidades y organismos que estime
conveniente vincular, en los diferentes niveles territoriales, mediante la participación del sector
público y privado, para el desarrollo de actividades de promoción y difusión de los derechos de
las personas discapacitadas; prevención, habilitación, rehabilitación, educación, integración
familiar, social, laboral y demás aspectos que resulten necesarios para el cumplimiento de la
política de discapacidad.

Dichos grupos cumplirán las siguientes funciones:

1. Promover la armonización de la Política Nacional, concertando en el ámbito nacional y
territorial, las alianzas estratégicas del gobierno, sector privado y la comunidad, que permitan el
logro de las metas propuestas en el Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad.

2. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación y ejecución de la
Política de Atención a la Discapacidad.

3. Formular y elaborar los Planes de Atención a la Discapacidad, los cuales servirán de base
para la formulación en esta materia del Plan Nacional de Desarrollo.

4. Desarrollar procedimientos y ajustes para la ejecución, seguimiento, evaluación y control del
Plan Nacional de Atención a la Discapacidad.

5. Elaborar y ejecutar los planes operativos anuales para el desarrollo del Plan Nacional de
Atención a la Discapacidad.

6. Presentar informes de gestión trimestrales y generales anuales al Comité Consultivo Nacional
para las Personas con Limitación.

Parágrafo. Los grupos de enlace sectorial, que se conformen en el ámbito territorial, serán
coordinados por las instancias de gobierno departamental o municipal que tengan a su cargo la
planeación y ejecución de la política social".

Artículo 5°. Modifícase el artículo 6° del Decreto 1068 de 1997, el cual quedará así:

"Artículo 6°. Funcionamiento del comité consultivo nacional de las personas con limitación.

1. Lugar y día de reunión. El Comité se reunirá en el Ministerio de Salud, ordinariamente cada
tres meses y extraordinariamente cuando lo convoque el Ministro de Salud o el Consejero
Presidencial para la Política Social.

2. Agenda. Toda citación se hará por escrito a cada uno de los miembros, con un mes de
anticipación para las sesiones ordinarias.

3. Quórum. El Comité podrá deliberar con la mitad más uno de sus miembros. Podrán adoptarse
decisiones, siempre y cuando se cuente con el voto favorable de la mitad más uno de los
miembros presentes del Comité.

4. Ausencias. Las ausencias a las reuniones del Comité, deberán justificarse satisfactoriamente.
En el caso de los miembros elegidos por convocatoria, la no concurrencia a más de dos
reuniones, sin justificación, dará lugar a que el Presidente del Comité informe a la entidad que


                                               99
representa; si persiste su inasistencia se solicitará una nueva lista a efecto que el Ministro de
Salud elija el representante.

5. Actas. Las actas correspondientes a cada sesión serán elaboradas y firmadas por la
Secretaría Técnica y enviadas por ella a los miembros del Comité dentro de los siete (7) días
hábiles siguientes a la reunión.

6. Seguimiento. El Comité hará control de gestión de sus actividades, analizará los informes
presentados por los Grupos de Enlace Sectorial, comunicará al Gobierno Nacional los resultados
y los divulgará pública y anualmente.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación modifica el
Decreto 1068 de 1997 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Salud,

Virgilio Galvis Ramírez.




                DECRETO NUMERO 524 DE 2000
                        (marzo 24)



Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 189
numeral 11 de la Constitución Política, y


CONSIDERANDO:

Que en los términos de los artículos 30 y 32 de la Ley 21 de 1982, los hijos,
los hermanos huérfanos de padres y los padres del afiliado a una caja de
compensación familiar que sean inválidos o tengan una disminución de su
capacidad física superior al 60% tienen derecho al pago del Subsidio Familiar;


Que el artículo 26 de la Ley 100 de 1993, establece que los discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales son beneficiarios del Fondo de Solidaridad


                                               100
Pensional;


Que las juntas de calificación de invalidez son las encargadas de determinar la
pérdida o disminución de la capacidad física psíquica y sensorial, así como el
estado de invalidez.


Que el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994 fijó en un salario mínimo legal
mensual vigente, el valor de los honorarios por cada dictamen médico emitido
por la (s) junta (s) de calificación de invalidez;


Que los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales carecen de recursos
económicos suficientes para sufragar los honorarios que genera el dictamen
médico que les permitirá ser beneficiarios de subsidio familiar y del Fondo de
Solidaridad Pensional, por lo que se hace necesario reducir el valor de los
honorarios que deben pagar a las juntas de calificación de invalidez.


DECRETA:

Artículo 1º. Modifícase el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994, el cual
quedará así:


"Artículo 40. Honorarios de los miembros. Salvo lo dispuesto en el artículo 44
de la ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de las juntas de
calificación de invalidez, serán pagados por la entidad de previsión o
seguridad social o la sociedad administradora o la compañía de seguros, a la
que se encuentre vinculado el afiliado, el pensionado por invalidez, o el
beneficiario inválido.


Por cada dictamen emitido en primera instancia, la entidad correspondiente
deberá pagar, como honorarios, una suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente al momento de la solicitud.


Por cada dictamen emitido, en segunda instancia, la entidad correspondiente
deberá pagar, como honorarios, una suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente al momento de la admisión del recurso.


El monto de los honorarios deberá ser pagado en la secretaría de la junta,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud o del recurso. En caso contrario, se suspenderá su trámite.


Parágrafo 1º. El monto de los honorarios estará a cargo del pensionado por
invalidez o del afiliado de que tratan el último inciso del literal a) y el
literal b) del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, cuando éste solicite a la
junta la revisión de su estado de invalidez. En este caso, deberá adjuntar con
la solicitud, el recibo de pago expedido por la secretaria de la junta.


Parágrafo 2º. El monto de los honorarios de las juntas de calificación de
invalidez que deban determinar la discapacidad psíquica, física y sensorial de


                                               101
quienes aspiran a ser beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional o del
subsidio familiar será de un (1) salario mínimo legal diario vigente.


Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga el Decreto 2211 de 1999.


Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
Gina Magnolia Riaño Barón.




                                                102

				
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