LA CONSULTA FISCAL COMO MEDIO PARA - Sanchez Soto by tUw554

VIEWS: 37 PAGES: 7

									LA CONSULTA FISCAL COMO MEDIO PARA
EXIMIRSE DEL PAGO DE IMPUESTOS.

                            1
Lic. Gustavo Sánchez Soto



                Con motivo de la iniciativa de vigencia de las disposiciones fiscales que fueron
modificadas para el ejercicio fiscal dos mil tres, se acentúa la elaboración de literatura
especializada que analiza tales reformas a la luz de nuestra Carta Magna, produciéndose
sendos estudios – algunos fundados y otros infundados – que tienden a concluir si las
modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión observaron los principios
constitucionales que regulan a la materia impositiva o, por el contrario, los conculcaron.



                 Es precisamente la referencia a la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de
nuestro orden tributario, la génesis del presente artículo, a fin de matizar al lector una
alternativa de control constitucional que no es producto de la interposición del juicio de amparo,
procedimiento que dicho en otras palabras y con riego de ser redundante, encarna el medio de
control constitucional por excelencia en nuestro sistema jurídico.



                 Como se ha venido sosteniendo, es la promoción del juicio de garantías la
instancia jurídica idónea para dilucidar con fuerza vinculativa para las partes, entiéndase
gobernado y autoridad, sí determinada figura o precepto normativo es contrario a nuestra Ley
Suprema, es decir, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o sí la observa.
No obstante lo anterior, por razones de técnica jurídica y de orden procedimental, el juicio de
amparo no puede promoverse en cualquier momento, sino que su instauración solo puede
hacerse dentro de los términos que marca la ley aplicable. En este contexto, por regla general,
solo puede impugnarse de inconstitucional una ley dentro del término de treinta días a partir de
su iniciativa de vigencia cuando se está en presencia de una norma jurídica de naturaleza auto
aplicativa, es decir, que se aplica el propio promovente del juicio constitucional con base en la
solo vigencia de la ley de que se trate, o, dentro del plazo de quince días a partir de que se
efectúa el primer acto de aplicación de la norma de que se trate, es decir, cuando se esta en
presencia de una norma de carácter heteroaplicativa.



                 Las hipótesis que se citan establecen los casos de procedencia del juicio de
amparo indirecto a virtud del cual se controvertirá la constitucionalidad de una ley ordinaria, sin
embargo, ¿que acontece cuando un contribuyente es objeto de la aplicación de una ley que es
notoriamente contraria a la Constitución o, incluso, ha sido declarada jurisprudencialmente
como inconstitucional, sin embargo, no fue combatida a través del juicio de amparo en tiempo y
forma? Superficialmente, podría estimarse que no existe alternativa de defensa alguna, toda
vez que uno de los principios que regula a la sentencia de amparo, precisamente consiste en
que tal ejecutoria solo beneficia al promoverte del juicio de garantías, es decir, en atención al
principio de relatividad de sentencias que impera en la materia de amparo, los efectos de ellas
no son de carácter general o erga omnes sino que solo benefician al quejoso o promoverte del
juicio constitucional. Esta postura ha sido severamente criticada, preponderantemente porqué
resulta un absurdo que una norma jurídica que jurisprudencialmente ha sido declarada como

1
 Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Postulante, consultor y asesor jurídico en
materia fiscal y de comercio exterior. Conferenciante a nivel nacional. E-mail:
sanchez@soto.com.mx Página web: www.sanchezsoto.com.mx
contraria a nuestra Ley suprema, se siga aplicando en el perjuicio del gobernado, simple y
sencillamente porque no interpuso en tiempo y forma la demanda de amparo y,
consecuentemente, aunque el matiz de inconstitucionalidad de la ley de que se trate sea
innegable, solo se encontrará excepcionado de su aplicación quien interpuso el juicio de
garantías. Lejos de pretender dilucidar sí esta postura resulta fundada o no, el objeto de esta
colaboración es mostrar una alternativa paralela de aplicación de la jurisprudencia que ha
declarado la inconstitucionalidad de una ley, aún cuando no se haya interpuesto juicio de
amparo en contra de tal precepto jurídico.



              En este orden de ideas, se cita a continuación la ejecutoria firme de donde
emana la presente reflexión y que a la letra indica lo siguiente:



Novena Epoca
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XV, Abril de 2002
Tesis: II.2o.A. J/4
Página: 1026

CONSULTA FISCAL. CUANDO SE PLANTEE ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA LA
INAPLICABILIDAD DE UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL MEDIANTE
JURISPRUDENCIA, DEBE OBSERVARLA Y APLICARLA CONFORME AL ARTÍCULO 16 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Cuando a través de una consulta fiscal sobre una situación
real y concreta, el particular plantee a la autoridad fiscal la inaplicabilidad de un precepto que
ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia y acredite estar en el supuesto de
aplicación, la autoridad se encuentra constreñida a observar y aplicar dicho criterio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, ya
que, por una parte, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación directa, reiterada y
obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de
un procedimiento que desentraña su razón y finalidad y, por otra, de conformidad con el
principio de legalidad, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento
escrito todo acto de molestia, o sea, que deberán expresar con precisión el precepto legal
aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto, de manera tal que la
autoridad ha de regir sus actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido
que de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

Amparo directo 604/2000. Fernando Garcín Ordóñez. 10 de mayo de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: José Luis Guzmán Barrera. Secretario: Felipe Mata Hernández.

Amparo directo 671/2000. Araceli Margarita Mc Naugth González. 14 de junio de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Córdoba Hernández, secretario de tribunal autorizado
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: María del Pilar Torrealva Meza.

Amparo directo 11/2001. Norberto Heraclio Hernández Oledo. 9 de agosto de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretaria: Dolores Rosalía
Peña Martínez.

Amparo directo 672/2000. Margarita Guadarrama Buendía. 16 de agosto de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: José Luis Guzmán Barrera. Secretario: Héctor Fernando Vargas
Bustamante.



                                                                                                2
Amparo directo 64/2001. W.M. Mexicana, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Silvia Irina Yayoe Shibya Soto. Secretario: Mauricio Fernando Villaseñor
Sandoval.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre
de 1998, página 1061, tesis XIV.1o.8 K, de rubro: "JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA
PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." y Tomo X, julio de 1992,
página 378, tesis I.3o.A.473 A, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA. ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUN
TRATÁNDOSE DE TEMAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.".



                Esta jurisprudencia medularmente sostiene lo siguiente: Cuando un
contribuyente someta a consideración de la autoridad hacendaria una consulta y ésta se
sustente en una jurisprudencia que ha declarado la inconstitucionalidad de una ley, siendo su
materia el pretender la inaplicabilidad de una ley, ésta deberá de desahogarse en los términos
que señale la jurisprudencia invocada. Utilizando este concepto como punto de partida son
varios los señalamientos que hay que precisar, en primer lugar la génesis de la aplicación de la
jurisprudencia de inconstitucionalidad debe de realizarse a través de la formulación de una
consulta, misma que se encuentra regulada en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación
(CFF), precepto normativo que resulta ineludible transcribir:




“Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre
situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución
favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya
referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por
autoridad competente para ello.
La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el
extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se
soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente las principales resoluciones
favorables a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, debiendo cumplir con lo
dispuesto en el artículo 69 de este código”.



                Del precepto jurídico trascrito, se deduce claramente que la consulta que se
planteé a la autoridad debe de consistir en una situación real y concreta, y su resolución
favorable para el gobernado le otorga derechos a éste último. Esta caracterización de la
consulta ha sido reconocida por nuestro Tribunales, quienes incluso, han dejado claro que la
resolución de la misma debe de circunscribirse a la aplicación de las disposiciones jurídicas
que regulan esa situación real y concreta. En este sentido resulta aplicable la siguiente tesis:



Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VIII, Agosto de 1998
Tesis: 2a. CVI/98
Página: 502

CONSULTA FISCAL. LA RESPUESTA DEBE REALIZARSE CON BASE EN LAS
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE RIGEN LA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA, MATERIA



                                                                                              3
DE AQUÉLLA. De lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, se
evidencia que el administrado tiene derecho a formular a la autoridad fiscal competente,
en forma individual, una consulta sobre algún aspecto de su situación real y concreta, y
que la autoridad tiene, correlativamente, la obligación de dar repuesta con base en las
disposiciones jurídicas que rigen esa situación, aunque lo haga con retardo o aun cuando
suceda que las disposiciones vigentes en el momento en que la situación era real y concreta se
reformen o deroguen; de otra forma podría suceder que la respuesta no fuere acorde con la
situación consultada por estar determinada por las disposiciones vigentes en el momento de la
respuesta, las que pudieran ser diversas a las existentes en la época en que imperaba esa
situación, quebrantándose de esta forma el principio de congruencia que debe regir a toda
petición o consulta y a su contestación; lo que, además, resulta acorde con el principio de que
las cuestiones jurídicas sustantivas deben resolverse con base en las disposiciones que se
encontraban en vigor para cuando esas situaciones se actualizaron.

Amparo en revisión 1150/98. Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante
del Grupo Financiero GBM Atlántico. 12 de junio de 1998. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando
Cortés Galván.

(El énfasis es nuestro)



                  Asimismo, también se aprecia de la jurisprudencia que se revisa una de la
características esenciales de la instancia de petición en comento, en efecto, la consulta resulta
procedente cuando el contribuyente tiene una duda, es decir, cuando el particular ignora cual
es el criterio que debe de aplicarse respecto a una situación real y concreta que le acontece, en
síntesis, toda formulación de consulta lleva implícito un matiz de incertidumbre. En este orden
de ideas, resulta contrario a la naturaleza de la consulta el que el particular ya conozca la línea
de pensamiento que debe de aplicarse a la situación real y concreta de que se trate y que
proceda a solicitar la aprobación de la autoridad tributaria respecto del criterio que sostiene, es
decir, que no posea incertidumbre respecto al tratamiento que debe de darse a esa situación
real y concreta. En este último caso, desde luego, se estaría en presencia de una formulación
de confirmación de criterio y jamás de una consulta. Resulta necesario realizar la diferenciación
que se efectúa en virtud de que la ejecutoria que se estudia hace alusión a la consulta que se
plantea a la autoridad impositiva con fundamento en una jurisprudencia que declaró la
inconstitucionalidad de una ley, es decir, se infiere que el formulante de la consulta debe de
invocar la tesis de jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley y por ende, el
matiz de duda o incertidumbre a que se hace referencia como elemento esencial de una
consulta es inexistente, es decir, el consultante ya conoce el criterio jurídico que existe y que
consiste en la declaración de anticonstitucionalidad de la norma jurídica de que se trata.



                 Adicionalmente no debe de perderse de vista que la aplicación de la
multirreferida jurisprudencia opera cuando a través de una consulta fiscal sobre una situación
real y concreta, el particular plantea a la autoridad fiscal la inaplicabilidad de un precepto que
ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia y acredita estar en el supuesto de
aplicación, debiendo la autoridad observar y aplicar dicho criterio. Es decir, no resulta
potestativo para la autoridad recaudadora observar la tesis de jurisprudencia, al contrario,
configura un imperativo y cuando la consulta que se someta a su consideración estribe en
definir si una ley declarada inconstitucional resulta aplicable o no a la situación real y concreta
planteada, el desahogo de la consulta en cuestión deberá de normarse en la jurisprudencia
citada y por ende concluir su inaplicación. Esta, inexcusablemente, es la forma a que se
encuentra obligada la autoridad a resolver una consulta planteada en los términos indicados,
de lo cual se deduce su invaluable aplicación práctica. Sin embargo, para efectos de claridad
procedamos a formular un ejemplo. Supongamos hipotéticamente que a una persona jurídica
que se encontraba en el ejercicio fiscal pasado (2002) obligada a pagar el impuesto por la
venta de bienes y servicios suntuarios, en el presente ejercicio fiscal (2003), se le emite un
requerimiento de pago por concepto de incumplimiento en el entero de este tributo por ambos



                                                                                                 4
ejercicios fiscales. Como es sabido, en noviembre de dos mil dos se declaro por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de
la Ley de Ingresos de la Federación, precepto normativo que regula el impuesto suntuario en
comento, consecuentemente, si se interpone una demanda de nulidad deberá de atenderse al
contenido de la jurisprudencia objeto de este artículo y dada la calidad de interpretación directa,
reiterada y obligatoria de la ley ordinaria que posee, deberá de dictarse sentencia declarando la
ilegalidad del cobro toda vez que se declaró con anterioridad la inconstitucionalidad del tributo y
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra inexcusablemente obligado
a observar el contenido de la tesis jurisprudencial. En este sentido sustentan mi afirmación los
siguientes criterios firmes:



Novena Epoca
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: XIV.1o. J/7
Página: 1207

JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARA LAS SALAS REGIONALES DEL
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTAS DEBERÁN RESOLVER LA CUESTIÓN
PLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA DEFINIDOS JURISPRUDENCIALMENTE. Si bien
los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto
es que a la responsable nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento
específico, cuando tal planteamiento se apoya en una tesis de jurisprudencia exactamente
aplicable a la hipótesis concreta sometida a su consideración, de donde sólo puede entenderse
cumplida su función jurisdiccional al llevar al caso a estudio el razonamiento propio del criterio
invocado declarando así su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda considerarse
como un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello, tan sólo significaría que observó
el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que la vigencia de esta
disposición no puede quedar supeditada a la consideración de la responsable de que aun y
cuando cierto aspecto jurídico haya sido abordado por la jurisprudencia o incluso, declarada
inconstitucional una disposición legal, decidiera no pronunciarse bajo la premisa de que al
hacerlo invadiría facultades que le están vedadas; al contrario, su función jurisdiccional se
reduce a declarar la nulidad del acto que fue combatido, simplemente con la aplicación del
criterio jurisprudencial al asunto sometido a su decisión, esto es, sin evasivas de la litis
resolverá la cuestión efectivamente planteada mediante la comprobación de que el tema ya
definido por la jurisprudencia, coincide o no con el punto en controversia, tarea que de ninguna
manera significa asumir directamente el conocimiento de apreciar la constitucionalidad de un
acto concreto, pues sobre ese tema no emitirá opinión alguna.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 331/98. Miguel Hernando Barbosa Calderón. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos.

Revisión fiscal 57/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 21 de mayo de
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de tribunal autorizado
por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretario: Roger Baquedano López.

Revisión fiscal 59/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 6 de junio de
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Gilda
Susana Sánchez Molina.

Revisión fiscal 58/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida, en representación
del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 20 de junio de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la




                                                                                                 5
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Juliana Martínez
Cerda.

Revisión fiscal 62/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 15 de agosto de
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Escalante Aguilar, secretario de tribunal
autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: María Elena Valencia Solís.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción número 124/2001, pendiente de
resolver en la Segunda Sala.



Novena Epoca
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VIII, Diciembre de 1998
Tesis: XIV.1o.8 K
Página: 1061

JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN
ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16
CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la
obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en
Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera
genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas
también quedan obligadas a observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con
que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el
séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por un lado, la
jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se
trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña
su razón y finalidad; y por el otro, que de conformidad con el principio de legalidad que
consagra la primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están
obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán
expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos enunciados, obvio es que para
cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente
aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza
obligatoria por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión,
todas las autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el principio
de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la
norma, observando necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado
por la jurisprudencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 27/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 1o. de octubre de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos.

Nota:

Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción número 40/2001, pendiente de resolver
en el Tribunal Pleno.

Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción número 131/2001, pendiente de
resolver en la Segunda Sala.




                                                                                                   6
                 Complementariamente, no puede dejar de considerarse que en el caso
ejemplificativo que se revisa, el contribuyente no necesariamente debe de esperar a que se le
formule el requerimiento, sino que puede optar por formular de motu poprio consulta a la
autoridad fiscal en donde citando la tesis de jurisprudencia que declaro la inconstitucionalidad
del impuesto suntuario plantea real y concretamente la inaplicabilidad de ese tributo a su
persona.



                Finalmente, no puede dejar de indicarse que es posible que la autoridad fiscal
tendenciosa e ilegalmente desahogue la consulta que se le plantea ignorando los términos de
la jurisprudencia objeto de esta reflexión, sin embargo, se tiene la certeza de que el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no la hará. En consecuencia, resulta innegable que
se está en presencia de un instrumento jurídico para eximirse del pago de impuestos que han
sido declarados inconstitucionales por nuestros órganos jurisdiccionales y respecto de los
cuales no se interpuso juicio de amparo en su momento.




                                                                                              7

								
To top