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LA NEGOCIACIÓN: UN INSTRUMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
LA DEMOCRACIA.


MIGUEL BAZDRESCH PARADA, MAYO, 2004




Índice:
Pródromo
Introducción.
Negociación como instrumento de la democracia.
Antecedentes de la negociación en México.
La Negociación según las ideologías de Estado.
Reforma del estado y negociación democrática.




Negociación y democracia. MbazdreschP. ITESO. Cátedra K.Adenauer. Mayo 2004. Ver. 1.0   1
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LA NEGOCIACIÓN: UN INSTRUMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA
DEMOCRACIA.
MIGUEL BAZDRESCH PARADA, MAYO, 2004


Pródromo.
La Cátedra Konrad Adenauer del ITESO, es un espacio académico para profundizar en los
nuevos objetivos económicos y sociales del Estado mexicano. En el programa académico
del 2004 se planearon un conjunto de seminarios para discutir la factibilidad de la
responsabilidad social en un sistema de mercado bajo las condiciones políticas, sociales y
culturales que privan en México.


        Uno de los seminarios se planeo dedicarlo a la “Negociación política, económica y
social” con el propósito de revisar las condiciones que permiten la factibilidad de establecer
la “negociación” en general y la “negociación política en particular” como una condición
más que coadyuve a crear una economía social de mercado adecuada a nuestro país
mexicano.


        El presente documento tiene el propósito de servir de base para las discusiones del
seminario y tiene carácter de borrador, a fin de suscitar la reflexión y el aporte de los
especialistas invitados al seminario. Por tanto, comentarios, críticas y sugerencias serán
bien recibidos y agradecidos.


Introducción.
El avance de la democracia mexicana se enfrenta en cuanto tal a retos formidables.
Probablemente en todo el curso de la historia del país no han sido tan grandes y decisivos
como ahora mismo. Dos de éstos están constituidos por la consolidación de la democracia
incipiente y la economía sustentable para todos los mexicanos. La alternancia en el poder
presidencial del país en las elecciones del año 2000, mostró la realidad de una democracia
política, legítima y legal, sin conflictos imposibles de ser procesados en el marco de las
instituciones nacionales. Sin embargo, en la medida que avanza el nuevo gobierno en el
tiempo aparece la dificultad de encontrar un diseño económico adecuado a la injusta



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distribución del ingreso, la desigualdad de oportunidades y el lento crecimiento de la renta
de los mexicanos. De ahí la importancia de consolidar la democracia junto con la mejora
económica de la población, pues libertad sin justicia social no es una base democrática
sostenible.


        Enfrentar éstos retos requiere, casi seguramente, refundar el Estado mexicano sobre
bases más explícitamente democráticas y sobretodo sobre bases económicas que superen
los graves defectos de un capitalismo de mercado globalizador y depredador sin caer en los
vicios de economías centralmente planificadas, ya conocidos. Este esfuerzo requiere
múltiples instrumentos de política mediante los cuales se generalice, materialice y
establezca las instituciones, los modelos y las prácticas del gobierno y de la sociedad
capaces de conseguir los propósitos dichos. Uno de tales instrumentos es la negociación.


        Las notas contenidas en este documento pretenden llamar la atención sobre este
instrumento democrático y explorar, con brevedad, sus realidades y posibilidades en
México, para contribuir a enfrentar los retos señalados. “La negociación es un proceso de
comunicación entre personas que tienen que tomar una decisión respecto a un tema o
cuestión que los involucra”1. Quizá por tener una definición tan sencilla es que cualquier
ser humano, en un momento dado, considera que sabe negociar. Según veremos,
efectivamente el problema no es negociar sino decidirse a hacerlo en serio.


        Negociar se asocia con frecuencia a los negocios. También a los conflictos de
cualquier índole, sobretodo los políticos. Se piensa en la negociación para intervenir una
vez planteados los problemas o los temas acerca de los cuales conviene negociar. Así, se
piensa la negociación como instrumento técnico para resolver conflictos o para acordar
términos de un intercambio dado un problema o una situación problemática. Dado este
pensamiento usual conviene reconocer otra forma de pensar acerca de la negociación, esto
es, como instrumento cultural de construcción de formas sociales alternas a las vigentes.
No es, en sentido estricto, un sentido novedoso de la negociación. Se trata de recuperar,


1
 Ver. Diez, Francisco. “El arte de negociar”, en Manual de Negociación Política. Instituto Nacional
Demócrata. USA.


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quizá recordar, un sentido del negociar mediante el cual la sociedad en su conjunto
participa en el diseño y vigilancia de procedimientos, normas y valores queridos por el
conjunto societal.


        Esta forma de ver y pensar la negociación implica considerarla de manera parecida a
un hábito, un modo de proceder constitutivo de la interacción social, con la cual es viable
mantener vigentes ciertos valores, o constitutivos éticos, de la forma de vida social
denominada democracia. Se trata así, no sólo de una técnica, sino de un proceso político, es
decir, un modo de tratar los asuntos públicos en una colectividad que ha asumido la
democracia como forma de vida.


        Con este sentido más allá de la consideración técnica, este documento se propone
explorar por una parte, el potencial de la negociación para contribuir a la construcción
social de la democracia mexicana, y por otra parte, considerar en qué marco de supuestos
políticos y sociales es posible utilizar la negociación en el sentido dicho, pues la
negociación no es por si misma una panacea o una receta de transformación radical, sino en
todo caso, y a lo más, un medio político y un signo ético de convivencia democrática en
una sociedad. De ningún modo se puede pensar la negociación al modo de un imperativo
categórico.


        La reflexión contenida en este documento tiene cuatro partes. En la primera, breve
por necesidad, se trata de establecer la índole de la negociación congruente con la ética de
la democracia. Y las consecuencias de tal consideración. En la segunda parte, se recuperan,
también con brevedad, algunos antecedentes de la negociación en México en general y sin
hacer un recorrido histórico estricto y detallado, requerido por el tema, pues ahora no se
puede otorgarle el espacio necesario. En la tercera se analizan diferentes esquemas de la
negociación según los diversos supuestos que constituyen las modalidades de estados
modernos y en la cuarta se trata de establecer el marco general de reforma del Estado
mexicano, factores y condiciones, congruente con el avance del país hacia un Estado Social
de Derecho, y ubicar en ese proceso cómo la negociación puede contribuir a establecer
dicho Estado.



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Primera parte.
La negociación como instrumento de la democracia.
        El contexto mexicano esta en múltiples procesos de cambio social y político
profundos. En la economía, no obstante que los elementos de una economía de mercado
están presentes, los cambios aun no son claros. No obstante, cualquier observador crítico
puede verificar la necesidad de introducir modificaciones importantes a la economía, para
mejorar el funcionamiento del mercado y también para corregir las consecuencias negativas
del mercado ya operante. En lo político el tema central es la consolidación de la democracia
y en lo social son las relaciones sociales pertinentes a la cultura democrática. Por eso
conviene un breve recordatorio acerca de los constitutivos de la democracia.
        La democracia es un sistema de vida y por eso la democracia se constituye según
ciertos principios éticos. Tales principios son, en síntesis, los siguientes:
        a. Todo orden social es una construcción.
        La forma de organización que define o asume una sociedad es precisamente un orden
social cultual, no es natural. Proviene de la razón humana y no de las características de la
naturaleza humana, aunque el hombre sea gregario. Las relaciones sociales del ser humano no
definen por el hecho de ser humanas una forma de organización social específica, adecuada a
cada sociedad, época y raza. Tal organización la construyen los seres humanos asociados en
colectividades de formas muy diferentes y variadas. Por tanto, el orden social es posible
modificarlo, mejorarlo, cambiarlo. Y ese cambio es tarea de los mismos seres humanos
"usuarios" de dicho orden social. Avanzar en la democracia supone caer en la cuenta de que el
orden social actual, sus frutos y consecuencias, lo hemos construido nosotros mismos.
        b. La democracia es un orden auto fundado.
        La convivencia entre personas puede tener diversas características. En la historia de las
sociedades podemos encontrar esas diversas formas. La forma democrática tiene la
característica central de que sus leyes y normas son construidas por los mismos que las van a
cumplir y proteger. Se puede decir que las personas que escogen la democracia como orden
social deciden ellas mismas las características de ese orden y aceptan, al mismo tiempo, que
no pueden definir algo que vaya en detrimento de alguno o algunos de los miembros de la
sociedad.
        c. No existe modelo ideal de democracia.



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        Si la democracia es auto fundada cada sociedad ha de diseñar sus componentes. Sin
embargo, existe un parámetro central: proteger, fortalecer los derechos humanos. De otro
modo, no habría fundamento ético para garantizar esa característica básica de "auto fundada" y
"auto fundante"
        d. La democracia es una cosmovisión.
        Es una forma de ver el mundo. No puede ser impuesta. Surge de aceptar la posibilidad
de la unidad en la diferencia. Se funda, pues, en la aceptación del otro como igual en derechos
y oportunidades.
        e. La democracia incluye la diversidad y el conflicto.
        La democracia por ser un orden social específico y humano tiene la necesidad de
resolver dos ingredientes propios de las sociedades humanas: la diversidad entre los asociados
y el conflicto entre los mismos, en ocasiones propiciados por esa diversidad. La paz
democrática es resultado de una sociedad que acepta la diversidad y por tanto entiende el
conflicto como propio de las diferencias pero admite, radicalmente, reglas y normas para
dirimir tales conflictos, cuyo principio ético central es no eliminar al contrario.


        Son estos principios de carácter ético la base para afirmar la importancia de la
negociación como instrumento para la construcción social de la democracia, pues operar la
vida colectiva con respeto a tales supuestos y valores no es natural al ser humano. Se
presentan cuestiones cruciales tales como: ¿Se puede fundar un orden social entre todos si
no nos comunicamos, entendemos y acordamos? ¿Cómo definir lo mejor para nosotros,
todos y al mismo tiempo? ¿Cómo mejorar nuestro modo de vida social sin revisar entre
todos las dificultades que enfrenta un cierto diseño social? ¿Cómo aceptar y colaborar con
un orden social diseñado por otros, los mayores, en el cual los recién llegados se encuentran
inmersos y requeridos de participar y aportar? En fin ¿cómo procesar las diferencias y los
conflictos en un orden social diseñado para respetar a todos los miembros como iguales?


        Desde luego pueden darse, y de hecho existen, múltiples respuestas a tales
cuestiones. Por ahora, y a manera supuesto, se enfoca la discusión al análisis de una de
ellas: la negociación. Según la definición antes citada (Pág. 3), lo esencial de la negociación
está en el proceso de comunicación. Y ahí radica la capacidad democrática de este



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instrumento. Un proceso de comunicación se puede descomponer para su análisis en tres
partes: un conjunto de secuencias, pues el proceso no sucede en un instante; una estructura
en la cual suceden esas secuencias; y un conjunto de interacciones entre las personas.


        Estas partes se influyen entre si al grado de modificarse según los sucesos ocurridos
durante los diferentes momentos del proceso. Es decir, no son partes rígidas definibles una
vez y para toda la negociación desde el principio. Por el contrario, el proceso en una
negociación es diferente a los sucesos típicos “causa – efecto” en los cuales sucedida la
causa se produce un efecto sin mayor secuencia. En una negociación típica lo que se dice,
hace y propone en un cierto momento, depende de lo dicho, hecho, propuesto y avanzado
en el paso anterior; y tendrá influencia en el paso subsiguiente. Este tipo de procesos se les
denomina heurísticos, a diferencia de los denominados algorítmicos. En los heurísticos no
hay propiamente un camino establecido: “se hace el camino al andar”. En los algoritmos el
camino esta trazado y es cuestión de recorrerlo para obtener un cierto resultado. Es decir,
en la negociación política no hay un camino cuyo recorrido garantiza llegar al fin buscado
de manera inevitable. Las secuencias se desarrollan dentro de una estructura heurística que
se redefine constantemente según sucede la interacción y la influencia recíproca entre los
involucrados. Estos son quienes definen las reglas, se auto imponen ese proceso de
comunicación y operan el supuesto de proceso modificable pero no arbitrario. Tal proceso,
si lo comparamos con los principios de la democracia, tiene las mismas características que
la democracia. La negociación se auto impone por los participantes; sus reglas se diseñan
por los involucrados y pueden cambiar si ellos así lo acuerdan. Negociar implica una
secuencia, un orden dentro de una estructura, variable y revisable pero acordada y precisa.
Implica el respeto a los supuestos bajo los cuales los interesados se han sentado a la mesa y
la violación de los mismos es tan grave que tiene por consecuencia la suspensión del
procedimiento, es decir, una vuelta a la situación inicial. La negociación precisamente se
hace para enfrentar la diversidad y el conflicto. Se privilegia la comunicación y la
interacción a fin de dedicarle tiempo, esfuerzo e inteligencia al proceso de encontrar modos
aceptables para todos de vivir con la diferencia y resolver las causas de los conflictos. La
negociación es así un instrumento democrático para contribuir a la operación de la
democracia.



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        En este punto surge una cuestión importante. En los supuestos básicos e históricos
del Estado de Derecho esta aquel por el cual se considera a las leyes, en general a “la ley”,
como el vehículo sustancial para operar los deseos de la sociedad, pues la ley es una
disposición normativa de la convivencia social, de los procesos de solución de conflictos o
diferencias entre instituciones, personas y sociedad. La ley en su elaboración depende del
pueblo, al menos de sus representantes quienes han de identificar las necesidades sociales
generales y proceder a generar normas que atiendan los diversos asuntos que preocupan a
los ciudadanos. La ley para ejecutarse y cumplirse depende del gobierno, cuya constitución
depende a su vez del voto de los ciudadanos, es decir, del pueblo también. Por tanto, la ley
es la cara concreta y visible del Estado de Derecho y por tanto la democracia, o en general
el sistema socio político que organiza a una sociedad, depende, en concreto, de la ley su
operación. Además, dicho de manera popular, la ley, para que cumpla sus funciones en un
Estado, no se negocia, sino que se cumple. Otra cosa es caos y desorden.


        Así, la ley si se hace con respeto por los supuestos de un Estado de Derecho:
elecciones de los gobernantes universales, libres y secretas; división efectiva de poderes;
participación social y ciudadana en la vida pública; rendición de cuentas y respeto
irrestricto a los derechos humanos la democracia se fortalecerá por el efectivo
cumplimiento de las leyes. Por tanto, parece que la negociación no tiene cabida en estos
supuestos del Estado de Derecho. Sin embargo no es así, según veremos.


        La ley contiene una prefiguración del mejor funcionamiento de la sociedad en
términos amplios, generales y públicos. La ley supone que una sociedad que funciona
según los dictados legales consigue los fines que persigue en cuanto sociedad, sin dañar a
ninguno de los miembros de esa sociedad. Por tanto, si la ley asume los principios
democráticos y con base en ellos construye sus disposiciones, cumplir la ley será hacer real
la democracia. Por eso en un Estado de Derecho la ley no puede restringir libertades o
imponer instituciones restrictivas o discriminatorias. La ley trata, con el máximo respeto
por las decisiones individuales o de grupo en una sociedad, de establecer cauces y normas
para que el proceder humano de los miembros de una sociedad no dañe a otros en ningún
derecho o libertad; por eso la ley se refiere a los asuntos públicos donde es necesario definir



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los procedimientos y las presunciones congruentes con el respeto de los principios y valores
centrales de la sociedad democrática. De hecho la amplitud de temas o asuntos públicos que
ha de normar la ley es materia de filosofía política. Quienes mantienen la libertad
individual a la manera del liberalismo tratan de tener sólo las leyes más indispensables,
pues piensan que las normas generales y universales, son restricciones a la libertad
individual. Quienes mantienen una filosofía colectivista, tipo comunitarismo, en la cual el
individuo sólo se explica en la comunidad sostienen la necesidad de leyes más amplias y
genéricas sobre un mayor número de asuntos públicos, pues casi cualquier asunto es
materia de discusión colectiva.


        Ahora bien, la elaboración de la ley no tiene leyes. Desde luego existen
procedimientos reglamentarios, sin embargo, definir los aspectos a legislar y las
disposiciones mismas de las leyes son, de manera natural, asunto del interés general, o al
menos de los involucrados en los temas a legislar. Este es el terreno de la negociación, pues
elaborar una propuesta implica, en una democracia, amplia participación de quien será
afectado por las normas legales; y no siempre los interesados tienen posiciones e ideas
similares o compatibles. Hacerlo de otro modo no respetaría los principios éticos de la
democracia. No basta, al menos en las sociedades complejas de hoy, la idea de que la
representación popular es garantía de intervención eficaz de la voz y el deseo del pueblo,
constituido ahora de manera plural, en las decisiones del poder. Tampoco basta la mera
intervención de los partidos políticos, no obstante su carácter de institución de interés
público, pues la índole de los políticos no agota los muy diversos ángulos de la vida
económica y social. Por eso gobierno, gobernantes y políticos han de disponer el espacio
necesario para establecer procesos de comunicación e interacción, es decir negociación,
entre los diversos y plurales actores sociales interesados en las leyes. Por eso la negociación
no sustituye a las leyes en la función que tienen de colaborar al ejercicio democrático
mediante el cumplimiento de las mismas de mansera general y sin excepciones; y al mismo
tiempo las leyes para ser eficaces han de estar elaboradas democráticamente, lo cual
implica la negociación con los actores involucrados. Y así la negociación se vuelve
instrumento de la democracia.




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          Aun más. En las sociedades plurales la negociación se extiende a todos los campos
de la vida pública. La economía y los aspectos de la vida social son materia de negociación
permanente, pues la diversidad de pareceres y de supuestos acerca de cómo han de vivirse y
hacerse las funciones colectivas, requieren de la negociación para armonizarse. Y,
paradójicamente, la negociación adquiere así una importante función de ejercicio de la
democracia, ahora sí como modo de vida y no sólo como sistema de control del poder
político.


          Todo lo dicho hasta aquí tiene un supuesto clave. Si bien la democracia es un orden
social auto fundado, flexible, construido por todos, cuidadoso de los derechos del ser
humano y capaz de responder en todo momento a las necesidades de la colectividad; se
supone que los individuos y los grupos en cuanto sujetos y actores sociales han de asumir
con toda energía la responsabilidad social congruente con esa posibilidad de intervenir en el
diseño del mejor arreglo de la convivencia colectiva. Derecho sin obligación es dictadura.
Intervenir sin responsabilidad equivale a querer para otros lo que no estoy dispuesto a hacer
por mi mismo. De ahí se desprende la consideración de la negociación, no como simple
negocio, sino como modo de ejercer la responsabilidad social que corresponde a cada actor
social.
          Con base en este supuesto se puede afirmar el papel clave en la construcción de la
democracia de la negociación en general y de la negociación política y económica en
particular. Queda abierta así la tarea de concertar leyes y negociación. En otros términos se
puede decir que el uso de la negociación acaba con la concepción positivista de la ley, pues
la flexibilidad y autopoiesis de los procesos de comunicación implicados en la negociación
no son compatibles con el mecanicismo de inspiración positivista implicado en las leyes
cuyo supuesto es que basta la norma para coaccionar a la realidad. La negociación implica
un concepto de ley asociado a una filosofía política “abierta” en la cual, si bien la ley
retiene su función mediadora entre la realidad y el diseño, entre los objetivos y los
procedimientos, con la negociación se vuelve una ley protectora de los derechos de los
negociadores y de la democracia no tanto una ley que tutela todos los detalles procesales,
sino que hará énfasis en los principios doctrinales y éticos.




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Segunda parte.
Antecedentes de la negociación política en México.
No está disponible una referencia específica sobre la historia de la negociación en México.
Con esta limitación se propone en este apartado un breve recorrido por algunos ejemplos de
negociaciones vividas en el país, con la convicción de que se trata de una selección
arbitraria y tratada sin la debida profundidad, por ahora imposible en este texto. Una mirada
retrospectiva, por superficial que sea, a la vida pública mexicana indica la existencia y la
importancia de la negociación política y económica en la vida del país. No siempre fue
instrumento democrático aunque sí de resolución de conflictos. La época posrevolucionaria,
digamos entre 1929 y 1968, se caracterizó por un dominio hegemónico de un partido y de
un régimen sustentado en ese partido. Y así no se puede hablar de la existencia de una
negociación política democrática plena. Sin embargo la historia disponible de esta época
consigna cómo los dirigentes y los gobernantes tuvieron que recurrir a la negociación entre
los diversos grupos de partidarios, de tendencias matizadas dentro del crisol de la misma
ideología revolucionaria, para imponer o no decisiones en el rumbo político del país.


        Se pueden identificar ejemplos variados. Uno de estos momentos es el proceso de
reflexión y análisis seguido por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la
República entre 1934 y 1940, para decidir la expropiación petrolera. No todos los grupos
aceptaban de entrada esa propuesta y Cárdenas tuvo que recurrir a negociar con sus
partidarios y ofrecer garantías a quien recibiría consecuencias negativas. No fue una
negociación política de tipo democrático, sino un recurso político del Presidente para sumar
voluntades a sus ideas y planes.


        Otros momentos de conflicto de los cuales se puede inferir la presencia de la
negociación entre los grupos de poder, pero no con la oposición propiamente, son, por
ejemplo: la aplicación de la política agrarista de expropiación y reparto de la tierra de los
latifundios; las huelgas de trabajadores al servicio del gobierno: ferrocarrileros en 1957 y
médicos en 1959; la expropiación eléctrica en 1960; y los conflictos recurrentes
relacionados con la fijación de salarios mínimos o los aumentos a los sueldos de los
trabajadores, especialmente los trabajadores de la educación.



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        Un importante conflicto en la historia del país, aunque se inició antes de la
estabilización del régimen emanado de la revolución, es el conflicto religioso. No tuvo
solución definitiva hasta las modificaciones al artículo 130 de la constitución en los años
del gobierno del Presidente Salinas, más de sesenta años después de iniciado. Este es el
caso de un conflicto en el cual fue imposible la negociación; se llegó a las armas, dividió al
país y luego de un arreglo parcial (llamado modus vivendi, por cierto) duradero, finalmente
se negoció una vez que cambió el contexto político y social, y los protagonistas y sus
partidarios fallecieron y perdieron influencia sus posiciones. Este conflicto es quizá el
ejemplo paradigmático de las consecuencias para un país y su desarrollo social y cultural,
cuando no se soluciona de manera negociada.


        Conviene recordar también el conflicto de 1968 iniciado y sostenido por los
estudiantes universitarios, sobretodo de la capital del país, el cual tampoco se resolvió por
negociación sino que tuvo su desenlace violento a cargo del régimen y sus fuerzas armadas.
El conflicto tuvo repercusiones inmediatas hasta 1973, con el auge de la guerrilla en esos
años, y lo que ahora se denomina el período de la “guerra sucia”. Mediante la “contra
insurgencia” el régimen se decidió a desbaratar la inconformidad armada. Al paso de los
años el costo en vidas, descomposición del gobierno y de las relaciones con la sociedad, en
legitimidad y en desconfianza popular en el gobierno, provocados por la opción violenta,
llevó al régimen hegemónico a decidir una vía política alterna al uso de la “violencia
legítima del Estado”. En 1977 propuso una cierta “apertura política” en la cual aparece
propiamente por primera vez un esbozo de negociación política entre el partido hegemónico
en el poder y las oposiciones políticas. Las consecuencias son el reconocimiento legal del
Partido Comunista Mexicano y la reforma política mediante la cual se modifica la
composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se crean los
“diputados de partido” o diputados de minoría. Esta reforma, por primera vez desde el
triunfo de la movimiento revolucionario en 1917, otorga responsabilidad política y social a
las minorías políticas y la cual, con el transcurso del tiempo, sucesivas reformas y la
madurez de la democracia mexicana, es el factor mediante el cual se conforma un Congreso
de la Unión plural, representativo y con necesidad de privilegiar la negociación entre las



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fuerzas políticas ahí representadas a fin de llegar a acuerdos y consensos legislativos. Sin
embargo, esta reforma no es fruto propiamente de una negociación democrática, sino una
concesión del régimen para evitar mayores consecuencias del deterioro por haber
privilegiado la violencia.


        Durante la presidencia de Miguel de la Madrid, la economía nacional sufrió severo
desgaste por el contexto internacional de inflación y escasez de crédito a tasas razonables.
El régimen encontró en la negociación controlada una solución al deterioro de los factores
de la producción y promovió acuerdos entre las fuerzas económicas de la sociedad
mexicana para frenar la espiral inflacionaria, otorgar créditos a tasas bajas y estimular la
productividad con menores impuestos y facilidades a la inversión extranjera. Estas
negociaciones controladas se denominaron “Pactos” y no obstante no tener ningún valor
legal permitió una concertación de políticas económicas y de estímulos capaz de controlar
el crecimiento de la inflación. No fue tampoco una negociación democrática típica pues aun
prevalecía una economía corporativista y los diversos actores concurrían al pacto de la
mano del gobierno.


        Otro ejemplo a recordar es la reforma de la constitución que rediseñó las leyes y
disposiciones constitucionales relativas a las elecciones del gobierno federal y que impacto
toda la legislación electoral en el país. Fue fruto de una intensa negociación surgida del
enorme fracaso de las elecciones presidenciales de 1988 en las cuales todavía hoy se
considera hubo fraude por parte del gobierno. En todo caso, la elección del presidente
Carlos Salinas fue cuestionada por los líderes de la oposición y el régimen vivió enormes
dificultades de credibilidad. La pérdida de legitimidad y las divisiones políticas incluso en
el hasta entonces partido hegemónico y “casi único”, suscitaron una negociación muy
amplia dirigida a proponer una “reforma del Estado”. Se inició por parte de líderes civiles y
académicos. La seriedad de los trabajos y la decepción nacional concitó las voluntades de
los políticos y de los hombres del poder. De todos los ejemplos dichos, con excepción del
conflicto estudiantil de 1968, es en esta negociación que se dan los supuestos democráticos
con mayor fuerza, pues la negociación reúne a todas las fuerzas involucradas, se tratan los
temas en medio de un proceso estructurado para ir de las inquietudes a las ideas y a las



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propuestas viables; y se mantiene la interacción con la sociedad, de modo que se puede
afirmar que en este ejemplo hay una verdadera participación social. Esto sucedió apenas
diez años atrás, en 1994. El país asistió a una importante negociación entre las más diversas
fuerzas políticas, la cual se identificó con el Castillo de Chapultepec sede de las reuniones
de estudio y análisis, y dio fruto en una reforma radical, mediante la cual se creo un nuevo
poder electoral autónomo, en el cual no hay intervención de funcionarios del gobierno y las
autoridades máximas son ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión. Esta negociación iniciada por la sociedad civil y luego retomada por los poderes
federales elaboró el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE) la legislación electoral más avanzada del país. Así, probablemente, estas
negociaciones aquí recordadas han sido, por sus procesos y sus frutos, las más democráticas
vividas en el país en todo el siglo XX.


        Por último, referimos otros dos ejemplos de negociaciones nacionales que conviene
recordar con brevedad. Uno, es la que culminó con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) la cual involucró a una importante gama de fuerzas
económicas del país, aunque no estuvieron representadas en las mesas de discusión de
manera transparente, equitativa y democrática, y a equipos técnicos de alto nivel de los
países involucrados, México, Canadá y USA. Esta fue una negociación ejemplar por sus
procesos y de la cual se puede aprender mucho acerca de los límites y posibilidades del
instrumento “negociación” para construir una democracia con sustento económico. El
segundo ejemplo es la negociación del gobierno federal con los jefes del movimiento de
insurrección zapatista en Chiapas en 1994 y 1995. El gobierno federal logró, no sin mostrar
con hechos su capacidad de control militar, sentar a la mesa a los insurrectos, y conducir
con participación de diversos y numerosos grupos e individuos de la sociedad civil una
negociación política por la cual se modificó la lucha inicial de corte “declaración de guerra”
hacia la reivindicación de la lucha indígena contra la discriminación y el abandono. Esta
causa logró una mayor simpatía de la mayor parte de la población, se encauzó en un marco
de pluralidad democrática y culminó con la propuesta de los célebres “acuerdos de San
Andrés” en los cuales se tradujo la lucha ideológica en una propuesta de modificaciones
legales. Y no obstante la frustración del objetivo final, precisamente por las dificultades



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planteadas por una concepción de la ley poco flexible que hizo imposible la aceptación de
los acuerdos de San Andrés, queda el ejemplo de una negociación en la cual se logró un
proceso de comunicación entre los involucrados para atender a los asuntos públicos de
interés mutuo y mantener una larga interacción, con la participación responsable de la
sociedad.


        Muy diversos tipos de negociación han sido utilizados por los diferentes gobiernos
en distintas épocas y momentos de la historia del país. Sólo en años recientes se ha pensado
en una negociación plural, dialógica y marcada por la igualdad. Aun mantiene como actores
principales a la sociedad política y se siente incómoda con la participación social la que
soporta y a la vez excluye cuando es posible. En nuestro país aun no se concede el valor de
compartir responsabilidades entre los diversos actores sociales realmente existentes en
México. El recorrido anterior no sistemático y si anecdótico muestra con todo y esa
característica, la importancia de la negociación en la vida pública nacional y más cuando se
trata ahora de la etapa democrática. Si por la historia dependiera el conceder mayor
importancia a la negociación como instrumento democrático, la transición mexicana tendría
en la negociación una institución de mayor peso, uso y trascendencia.




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Tercera parte.
La Negociación según las ideologías de Estado.
Es conveniente recuperar ahora las diferencias en la negociación venidas de las diversas
ideas organizadoras del Estado. Técnicamente la negociación puede sintetizarse en los tres
elementos ya citados: personas en interacción mediante un proceso de comunicación para
tomar decisiones acerca de un tema. Sin embargo, la negociación depende en su estructura
de la ideología política y económica dominante en cada Estado o gobierno. De ahí que no
necesariamente cualquier negociación ayuda a construir un Estado de responsabilidad
social compartida entre sociedad y gobierno. En la negociación están involucrados los
valores, los fines y los supuestos filosóficos que les dan sustento a valores y principios de
cada ideología concreta de cada pueblo y nación. La negociación no es un terreno neutral
en el cual los involucrados “juegan” a ponerse de acuerdo. Es un terreno de comunicación
para el entendimiento en el cual los asuntos y temas materia de negociación pueden ser
vistos y considerados con valor diferente según las ideologías de las cuales participan las
partes de la negociación.


        Y el Estado, según la nación y pueblo que lo organiza, utiliza unas ciertas ideas
centrales, las más valiosas según esa nación, para organizar la vida pública en ese Estado.
Tampoco el Estado es neutro. Según épocas, pueblos y grupos dominantes, vencedores o
triunfantes prevalecen o no ciertos valores e ideologías de base, a veces de grupo, secta o
facción, para darle forma a toda la convivencia política. En los Estados modernos, surgidos
de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya desde antes en ciertas formas específicas, ha
crecido el convencimiento del valor del pluralismo, es decir, la idea de que todas las ideas
tienen valor, y deben tener espacio para desarrollarse y crecer, con tal de que mantengan
una referencia ética común, en concreto los principios contenidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, proclamada en la ONU en 1948 y desde entonces
firmada y sostenida por un numerosos grupos de países y pueblos. Sin embargo, esta idea
universalista aceptada en la declaración ha tenido diversas interpretaciones o limitaciones
prácticas, pues las ideologías dominantes de la segunda mitad del siglo XX, capitalismo y
socialismo, mantuvieron diversos grados de reserva respecto del pluralismo, por razones
cuyo contenido es conocido en general y en cual, por ahora, no entramos en detalle. Entre



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los años 1948 y 1988 fue la bipolaridad entre el capitalismo liberal y el capitalismo de
Estado socialista la situación que hizo difícil profundizar en el pluralismo. Y luego una vez
derrumbado el Muro de Berlín, frontera emblemática de la bipolaridad y después de un
auge del pluralismo en todo el mundo, el terrorismo y el fundamentalismo de inspiración
islámica han limitado los esfuerzos de los Estados actuales a una organización pública más
plural.


          De cualquier modo, la negociación política tiene sentido en un Estado que respete y
quiera el valor del pluralismo, pues las diferentes ideologías, vivas en una nación,
requeridas de dialogar para contribuir a la consolidación del Estado, so pena de verse
desvaloradas por la población misma, tienen en la negociación un instrumento de
construcción de los significados sociales comunes, adecuada a la comunicación e
interacción entre partes.


          En apretada síntesis, se propone la forma cómo las diferentes ideologías estatales
toman la negociación. En un Estado autoritario y de corte capitalista ortodoxo la
negociación es acerca de la fuerza y el poder de las facciones interesadas en el control del
poder. El régimen autoritario sólo es cuestionado por la fuerza del dinero o por la presión
social incontrolada de los grupos sociales. Y el gobierno negocia para no perder autoridad y
poder, no para compartirlo. Concede para que todo siga igual. Por eso negocia cuando ya
no hay otra salida y después de haber usado la violencia en alguna forma y siempre para
cambiar lo mínimo.


          La negociación en una ideología liberal ortodoxa esta centrada en el bienestar. El
Estado liberal típico es el Estado de bienestar y negocia en lo político y económico para
maximizar el beneficio de los individuos. El régimen liberal negocia acerca de aquellos
aspectos de la vida pública mediante los cuales se asegura la protección del individuo, a fin
de mantenerlo participante en la economía liberal. Por eso un régimen liberal negocia por
ejemplo, acerca de los salarios mínimos, de la seguridad social, de la educación y de la
infraestructura económica requerida por la economía liberal. Tampoco comparte la
responsabilidad de construir el mejor orden social para todos con la sociedad y sus grupos.



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Este tipo de Estado tampoco negocia el poder sino los satisfactores para buscar y mantener
el bienestar.


        El Estado socialista por su parte, al ser propietario único de los medios de
producción, sólo utiliza la negociación entre las facciones en el poder. En un Estado
socialista no hay negociación con actores sociales acerca de tema o cuestión alguna.


        En el Estado social de derecho, dado que su principal objetivo es equilibrar la
libertad individual máxima con la justicia social máxima, y se propone una relación de
responsabilidad social compartida con la sociedad, la negociación política, social y
económica se vuelve crucial y cotidiana. Esta forma de Estado es quizá el que más ha
profundizado en el pluralismo. Se asume la complementariedad de la acción y objetivos del
gobierno con la acción y objetivos de la sociedad, con la finalidad de que cada parte haga lo
que le corresponde. Por lo tanto, no se puede equilibrar libertad individual y justicia social
sin hacer participar a los involucrados en las decisiones acerca de los temas y asuntos
públicos cruciales para la sociedad misma. Y tal como se ha establecido antes, más
importante la negociación si se trata de construir una democracia. El centro del Estado
Social de Derecho es el bien común societal. En esta clase de Estado la negociación es más
pertinente para manejar la interacción sociedad y gobierno, para construir la democracia
deseada y para repartir, compartir y asumir responsabilidad social complementaria. Del
mismo modo y con el mismo orden de ideas en el Estado social la economía es una
economía negociada entre sociedad y gobierno y no se puede imponer un modelo racional a
partir de una decisión unilateral, así sea fundamentada en teorías y análisis en los cuales no
haya participado la población, en alguna forma. Así, en este Estado social la negociación
también se usa para definir modelo y políticas económicas a implantar y aplicar.




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Cuarta parte.
Reforma del Estado y negociación democrática.2
                 El país mexicano se ha abierto paso hacía la democracia y de un Estado de
bienestar, de corte liberal capitalista, con notas de protección social muy importantes, hacía
un Estado aun sin un centro dominante claro, aunque claramente tendiente a organizar la
economía con base en el mercado. Hay quien lo ubica como Estado Justo, pues proponen
que su tarea central sea corregir los efectos negativos de la economía de mercado. Otros lo
consideran un Estado aun interventor pues mantiene un rígido esquema legal mediante le
cual el gobierno federal controla lo más importante del gasto público, mantiene un conjunto
de políticas gubernamentales en normatividad laboral, factores cruciales de la economía y
de la inversión pública de los cuales depende aun la tasa de empleo y de inflación. También
hay quien consideran al mexicano un Estado en transición en la cual perviven restos del
control autoritario corporativista del pasado y ya existen áreas de responsabilidad social
claramente entregadas, abandonadas dirían otros, a la sociedad y los negocios privados.


        El consenso nacional, a pesar de las decepciones recientes, es el imperativo de
consolidar, construir apenas dicen algunos, la democracia política, social y económica. Y
esa construcción tiene que ser negociada, acordada entre gobierno y sociedad, no sólo entre
la clase política, a fin de que precisamente sea democrática. Un ejemplo sólo: la
descentralización de las funciones sociales del gobierno federal. Las experiencias recientes
indican serias dificultades en los procesos de descentralización porque (afirmo aquí sin
demostrar) han sido de gobierno federal a gobierno estatal sin incluir a la sociedad. Y así se
reproduce en el gobierno del estado las deficiencias ya visibles en el gobierno federal. Y
sólo acarrea dificultades sin avances democráticos claros. Y en parte es que los mexicanos
no hemos profundizado en que clase de participación de la sociedad queremos lograr y
aceptar en la construcción de la democracia, que por ejemplo, pasa por la descentralización
efectiva de las atribuciones de la federación a los gobiernos locales.




2
 Este apartado apenas está esbozado. El tema requiere un tratamiento mucho más puntilloso y detallado.
Ahora sólo se apuntan, según considera el autor, los elementos centrales para la discusión.


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        Los diferentes marcos ideológicos vigentes en el país, al menos en lo político han
manifestado en la práctica política una preocupante tendencia a repetir las deficiencias del
autoritarismo. El disfrute del poder, por ejemplo, de los partidos que fueron oposición en
los años ochenta y noventa del siglo pasado, y accedieron a puestos de elección popular no
han logrado realizar (no obstante que el discurso es abundante en este tema) ninguna
propuesta de nueva relación con la sociedad. Parecen temerosos de la sociedad civil y han
mantenido, con retoques de apertura, un cierto corporativismo de nuevo cuño que los ha
llevado a prácticas políticas condenadas en el pasado. No basta en un Estado democrático y
pluralista un control electoral del poder, pues la mera representación popular ya no logra
procesar las necesidades y demandas de la población, expresada en la acción social de
diferentes grupos y organizaciones. Es conveniente establecer un intenso proceso de
diálogo entre políticos y grupos sociales, de manera orgánica y no sólo voluntarista, con
base en un supuesto de otorgar mayor poder a la sociedad, compartido y asumido con
responsabilidad social.


        De tal modo, parece necesario hacer un conjunto de reformas en la constitución del
Estado Mexicano tendientes a poner mejores condiciones para desarrollar la democracia, el
pluralismo y las instituciones autónomas necesarias para un ejercicio del poder menos
condicionado a los vaivenes de los partidos políticos.


        Es posible pensar, en México, que el país transita de un sistema de gobierno
omnipresente y omniresponsable de atender exclusivamente necesidades, conflictos y
nuevos proyectos; hacia un sistema de responsabilidades sociales policéntricas compartidas
entre gobierno, gobiernos locales, instituciones autónomas, grupos sociales organizados e
individuos. Diversos analistas ven en el federalismo cooperativo (vs. federalismo dualista)
la forma de Estado más adecuada para propiciar este despliegue de la responsabilidad
social. ¿Cómo avanzar hacia este tipo de federalismo?


        La intervención del gobierno, en ese nuevo sistema, habrá de ser sobretodo para
corregir las deficiencias del mercado. Sin embargo, el sustento económico de la acción del
Estado seguirán siendo los impuestos. Por tanto, el gobierno debe mantener un alto grado



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de credibilidad, eficiencia y confianza a fin de convencer a los ciudadanos de la
importancia de pagar impuestos, además de la inversión social necesaria para que lograr
una sociedad equitativa. El papel de los gobiernos locales se replantea. No es cuestión sólo
de un “reparto” de atribuciones y facultades, sino de una nueva lógica de cooperación capaz
de atender peculiaridades locales y regionales con propósitos de sustentabilidad y respeto a
los derechos humanos. El Estado tradicional, de tres poderes, se ve insuficiente. Parece
necesario reconocer otros poderes del Estado y otra forma de cooperación, no por mero
reparto, entre los diversos órdenes de gobierno. Así será posible atender la diversidad
cultural, la diversidad étnica y la autonomía de regiones o etnias, sin atentar contra la
unidad nacional.


        Impuestos e intervención del Estado plantea también la cuestión de las leyes, las
regulaciones y las políticas públicas y su función en un Estado federalista cooperativo, con
gestión pública social y gubernamental y con respeto práctico a las libertades individuales.
¿Cómo han de hacerse las leyes? ¿Cómo operar con un mayor grado de representación no
limitada al voto cada x años? ¿Cómo representar no sólo a los ciudadanos individuales sino
a los diferentes gestores sociales comprometidos, por ejemplo, con la sustentabilidad?


        Son cuestiones complejas y que abren un mundo de posibilidades de reforma del
Estado. Y en el centro ha de ponerse la negociación como instrumento de construcción de
la democracia social, nuestro propósito inicial.




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