CO-PLAZAS-VEGA-CORREOS-REACCIONES by lanyuehua

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									 ANÁLISIS POLÍTICO-ESTRATÉGICO DE LOS ATAQUES TERRORISTAS
            DE LAS FARC EN TUMACO Y VILLARRICA

Por Luis Alberto Villamarín Pulido

Análisis del conflicto colombiano
    Los ataques terroristas de las Farc contra la población civil en Tumaco-Nariño y
Villarrica-Cauca, sucedidos tan solo una semana después del ataque a un cerro de
comunicaciones en la misma zona y la oleada de terror en Catatumbo-Norte de
Santander; simultáneos con el artificioso anuncio de dilatar por enésima vez la entrega a
cuentagotas de seis de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados desde hace
varios años; reúnen ingredientes tácticos, políticos, estratégicos y sicológicos; todos
atados al Plan Estratégico de las Farc, muy conocido por los cabecillas hasta nivel frente
guerrillero, pero desconocido por casi toda la sociedad colombiana y el
establecimientos.
     El ámbito táctico, resalta evidente ausencia de medidas de contrainteligencia y
actividad de inteligencia militar por parte de la Policía y las tropas militares acantonadas
en las respectivas zonas. Primero por no sincronizar la labor táctica operacional de las
pequeñas unidades, con las medidas de seguridad inherentes y con la intención general
prescrita en el Plan Estratégico de las Farc, que debería ser tema de análisis permanente
en todos los niveles del mando militar y policial.
      En el ámbito estratégico los dos atentados demuestran que ni el Ministerio de
Defensa como ente rector, ni los organismos de inteligencia, han diseñado una
metodología ágil, orientada a revisar la repetitiva metodología basada en el terror y la
zozobra utilizada por las Farc desde Casa Verde hasta la fecha. Cada vez que ocupa
espacio en los medios de comunicación la idea de negociar la paz, coincidencialmente
en todos los casos, sin liberar secuestrados, sin entregar las armas, y con la imposición
básica que las Farc tienen la razón, el "equivocado" es el gobierno y por extensión los
colombianos que no son comunistas.
    En el ámbito político, por enésima vez los corifeos y los idiotas útiles de las Farc les
hacen el juego propagandístico. Además de los impreparados y descoordinados
negociadores de paz que han actuado en todos los casos anteriores; en Casa Verde les
ayudó el camarada Alberto Rojas Puyo por medio de comunicaciones subrepticias que
luego, Jacobo Arenas publicó en un libro. En Caracas y Tlaxcala fueron el empresario
Ackerman y el constituyente Leiva Durán. En el Caguán la payasada fue colectiva,
incluidos industriales, periodistas y pacifistas por doquier. Después aparecieron los
“colombianos por la paz”. Repetición de la repetidera.
   En el ámbito sicológico, por medio de atentados terroristas casi todos realizados por
milicianos que con rapidez se esconden dentro de la población civil, las Farc generan la
sensación de impotencia de la Fuerza Pública, ponen al país a añorar el regreso de Uribe
Vélez a la presidencia, obligan al gobierno nacional a dar pasos en el vacío,
desconciertan a la población civil y logran presencia mediática permanente.
     Los factores enunciados reafirman que el conflicto colombiano llegó al nivel
político-estratégico, escenario donde cualquier acción táctica incide en la dinámica
político-estratégica, por ende requiere respuestas políticas y militares de ese nivel, e
implica compromiso y acción de todos los ministerios, de los gobernadores, de los
alcaldes, de los embajadores, etc.
     La explicación es sencilla: La guerra de las Farc es contra Colombia, no solo contra
las instituciones armadas, que desde luego tampoco pueden descuidar la seguridad de
sus unidades, ni las medidas de contrainteligencia, ni mucho menos renunciar a la
imperiosa necesidad de tener redes activas de inteligencia de combate, que los
mantengan actualizados del dispositivo, la composición, la fuerza y las intenciones
inmediatas de los terroristas.
    La pregunta clave sería: ¿Por qué a pesar de estar tan debilitadas las Farc, según
promulga el gobierno nacional, ocurren estos actos? La respuesta sería compleja y
tendría varios vectores. Uno por los nocivos efectos de los fallos de la justicia
colombiana contra los militares y la ausencia de defensa jurídica cualificada para las
tropas que combaten a los narcoterroristas.
     Dos, la rutina y la falta de liderazgo creativo en que caen unidades militares y
policiales destacadas en posiciones fijas sin desarrollar tareas proactivas, ni desarrollar
labores de inteligencia y búsqueda de los terroristas, incluida la escasa labor de
judicialización de la poca información disponible acerca de quienes integran las
cuadrillas.
     Tercero, a la falta de canales de comunicación directos entre el alto mando y esas
unidades, debido al afán diario de las múltiples funciones que cumplen las tropas, a los
habilidosos hostigamientos de las guerrillas, a la falta de claridad del gobierno nacional,
a la lenta evolución de los procesos para agilizar la comunicación de órdenes,
instrucciones, directivas y planes.
     Cuarto, al error compartido por el gobierno nacional y el alto mando al hablar del
fin del fin, dar a entender que con la muerte de Jojoy y cano, la guerra está ganada,
minimizar la capacidad de las Farc para acomodarse a las circunstancias y asimilar los
golpes recibidos,
   Quinto, al error compartido de no articular la actividad política gubernamental con la
operatividad de las tropas. Santos y el ministro Pinzón hacen cuentas de estar en el solio
de Bolívar hasta 2026. Para ambos el sacrificio de las tropas está enfocado en su
beneficio personal y no en el destino del país. Por su parte el mando militar y policial,
transmite a sus unidades, que con recursos o sin ellos, con apoyo sin apoyo jurídico, con
compromiso o sin el de la clase política, hay que ganar la guerra a como haya lugar.
      En síntesis: Ni los civiles conocen de defensa nacional, ni los uniformados de
política. Así libran la guerra contra las Farc, estos dos estamentos operativos del poder
nacional, enfrentados o mejor enfrascados desde hace varios años en un laberinto ciego,
con la intención de voluntades pero sin la claridad conceptual político-estratégica de
combatir el Plan Estratégico de las Farc.
     Que importante fuera que la dirigencia civil colombiana pasara por las aulas de la
Escuela Superior de Guerra y estudiara por lo menos los criterios básicos de defensa
nacional, geopolítica, estrategia, logística, táctica, conocimiento del Plan Estratégico del
Enemigo y las hipótesis básicas de la seguridad nacional. Otro gallo cantaría.
      Quizás estas fallas expliquen porque en la antesala de eventuales conversaciones
con el gobierno, las Farc repitan el esquema utilizado desde hace 30 años, sin que sean
adecuadas la respuesta política interna y diplomática en el exterior para cerrarles las
puertas en los países gobernados por cómplices del grupo terrorista; ni suficiente la
acción militar y policial para evitar los actos terroristas.
    Por esas claras razones las Farc atacaron a Tumaco y Villarrica, y van a seguir en la
misma tónica de amedrentamiento y terrorismo, si el gobierno nacional no aterriza y se
dedica a buscar soluciones integrales con todo el equipo de trabajo, pues la sola acción
militar no es suficiente, ni resolverá jamás el problema. Debe mejorar, pero exige
compromiso del presidente y los ministros. No demagogia mediática personal ni
trampolines para buscar posiciones electoreras.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
www.luisvillamarin.com
Analista de asuntos estratégicos


¡A Mantener la Democracia Maestro! Aquí no van ellos a asustarnos!
Viernes, 3 de febrero de 2012, 09:30 pm

     CONTRA LA OLEADA TERRORISTA DE LAS FARC PEDIMOS
   CONTUDENCIA Y RESPALDO TOTAL A LAS GLORIOSAS FUERZAS
                       MILITARES!!

Manifestación de respaldo al Ejercito Nacional y de rechazo a la condena contra el
coronel Alfonso Plazas Vega. Pedimos Justicia, NO Perdón. Y que los miembros del
M19 sean llevados ante los tribunales para que sean juzgados por delitos de lesa
humanidad
Lunes 6 de Febrero 11AM Frente al Ministerio de Justicia - Avenida Jimenez con 8va
Bogotá
INVITAN: Jóvenes por una Colombia Libre, Grande y en Paz, Sin Violencia, Sin Farc
para Vivir y Progresar
Enlace del Evento en Facebook:
http://www.facebook.com/events/202647283166415/
              Si no haces parte de la Solución haces parte del Problema


EDITORIAL EL MUNDO

http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/justicia-o-vindicta

Editorial
El Mundo, febrero 02 de 2012

Pese a la drástica y cuestionada sentencia, la justicia aun no ha dicho la última palabra
sobre la culpabilidad del coronel Plazas, a quien todavía le queda el recurso de casación
ante la CSJ. Entre tanto, se presume inocente.

Por fuerza tenemos que referirnos al polémico fallo de una sala del Tribunal Superior de
Bogotá que, por mayoría de 2-1, ratificó la sentencia a 30 años de prisión contra el
coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los “desaparecidos” del Palacio de Justicia – que
según el fallo de primera instancia eran once y ahora sólo son dos – y adoptó otra serie
de decisiones que, en nuestro criterio, sobrepasan las competencias del fallador y
vulneran la dignidad y el honor de las instituciones responsables de enfrentar el cruento
ataque terrorista del M19.

Con respecto a la decisión de fondo, pese a la drástica y cuestionada sentencia, la
justicia aun no ha dicho la última palabra sobre la culpabilidad del coronel Plazas, a
quien todavía le queda el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y
mientras tanto le asiste el derecho a la presunción de inocencia. De suyo es muy
importante, como punto de partida, que el Ministerio Público – a quien “corresponde la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas” – sea quien
encabece, no de ahora, sino desde que se expidió la sentencia de primera instancia, los
serios cuestionamientos al proceso contra el militar retirado.

A más de los argumentos del Procurador, la Corte deberá tomar en cuenta los que
expone en su salvamento de voto el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, autor de la
ponencia que fue derrotada por sus compañeros de sala, en la que proponía la
absolución y la libertad inmediata del procesado, dado que – según dice en ese
documento, resultado de 16 meses de dedicación exclusiva al estudio del voluminoso
expediente – “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del
delito de desaparición forzada”. Con respecto al coronel Plazas, dice que “no hay
prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del
procesado”, y además considera que “no hubo investigación integral”, es decir, aquella
en que se investiga “lo favorable y lo desfavorable para el acusado, como ordena el
artículo 234 de la ley 600 de 2000”. En fin, cuestiona la valoración de las pruebas que
hizo la juez de primera instancia y lanza una acusación muy grave en el sentido de que
en el proceso hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores… cambios
dramáticos y radicales de versiones de los testigos” sobre la actuación de los militares,
dentro y fuera del Palacio de Justicia.

Coincidimos en la apreciación de muchos críticos – entre otros, nuestro colega regional
– en el sentido de que detrás de estas condenas contra altos militares por los hechos del
Palacio de Justicia se advierte un ánimo vindicativo contra las Fuerzas Armadas. No
hay que olvidar la del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado también,
como el coronel Plazas, a lo que en la práctica constituye una “cadena perpetua”. Y eso
se aprecia de modo extremo en la sentencia en comento, donde se incurre en el
exabrupto de exigir al Ministerio de Defensa y al Ejército que, en plazo perentorio de
tres meses, “celebren un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, pidiendo perdón
a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985 que
llevaron a la desaparición de dos personas”. Quien mejor resume el sentimiento
generalizado de los colombianos frente a la insólita orden judicial es el general (r)
Álvaro Valencia Tovar: “Este fallo lleva una saña tremenda contra la institución militar,
un sentido persecutorio. En este caso, yo saldría a la Plaza de Bolívar no a pedir perdón,
sino a decir que cumplí con mi deber”. Para que no los acusen de desacato, nosotros
compartimos la propuesta del distinguido ex comandante del Ejército.

Y en cuanto al desaguisado de pedir al Fiscal de la Corte Penal Internacional que evalúe
la posibilidad de investigar al ex presidente Belisario Betancur, éste, con la entereza que
lo caracteriza, hizo un recuento de lo que han sido sus comparecencias ante el Congreso,
su juez natural, y ante la propia Fiscalía, y ha manifestado su “permanente voluntad y
disposición para seguir declarando ante las autoridades competentes”. Pero está claro
que ese tribunal no es competente, primero porque el Tratado de Roma empezó a regir
en Colombia en el 2002 y, segundo, porque se trata de una justicia subsidiaria en el
juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, cuando se prueba que ha
habido negligencia o denegación de justicia por parte de los jueces nacionales.

Publicado en JUSTICIA


 LA IZQUIERDA SE FUE APODERANDO DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA
Sábado, 4 de febrero de 2012, 09:51 pm

Denuncia pública

Ojo colombianos con lo que está pasando en nuestro pais. Debemos actuar y denunciar
estos hechos. Que no nos vaya a pasar como a los venezolanos, cuando nos impongan
un gobierno de izquierda que nos impida seguir funcionando como democracia (con
sus falencias, pero aún con liberta).

Desde hace unos diez o más años, la izquierda se fue apoderando de los sitios de
poder de la justicia en Colombia. De esa manera, hoy son los que imparten justicia en
todo el país, defendiendo a quienes son de la izquierda, no importa lo que hayan hecho,
y atacando y condenando todo lo que sea de la derecha, independiente que sea inocente
o no, la persona que hay que condenar.

Para ejemplos varias perlas:

1. Condena del general plazas vega, porque se atrevió a sacarlos del palacio de justicia,
cuando a sangre y fuego se apoderaron de dicho recinto de las leyes. Le pusieron un
falso testigo y con esa falsedad lo condenaron a 30 años de cárcel

2. Apoyados en esta injusta condena, ahora deciden que les debe pedir perdón a los
miembros del m 19 que fueron sacados del palacio de justicia por el Ejército de
Colombia.

3. En su gran saber y entender quieren que condenen al presidente Belisario Betancur,
quien era el jefe de gobierno en esa época, utilizando para ello la corte penal
internacional, que para la fecha de los acontecimientos ni siquiera existía.

4. No hay un solo condenado por Farc política

5. Para evitar las condenas que pudieran tener sus aliados de la izquierda, decidieron
que las pruebas que había en los computadores de alias raul reyes y las demás que se
han encontrado en los otros computadores de miembros de grupos subersivos, no tienen
ningún valor.

6. Cualquier acción de las autoridades legítimamente constituidas las consideran como
falsos positivos, lo que ha llevado a que ninguna de ellas actúe cuando debe hacerlo, por
temor a condenas o a pasar años en investigaciones, sin que nadie los defienda, y con
alto riesgo de ser condenados por estos jueces de izquierda, con fallos amañados, sin
verdadera justicia.

El presidente Alvaro Uribe sabía de esto y por eso siempre se enfrentó a las altas cortes.
Ahora que ya no es el presidente, le están buscando como condenarlo a él y todos sus
subalternos. Lo más curioso es que nuestro actual presidente era el ministro de defensa
de Alvaro Uribe, y quiere pasar de agache con todas las condenas que se están haciendo
a los que pertenecieron a la presidencia de Alvaro Uribe.
Haga llegar este correo a todos sus contactos, para que difundamos lo que está pasando
en nuestro país. Preparémonos para evitar caer en manos de grupos extremistas que nos
impongan sus formas de pensar, coartando nuestra libertad.

Nelson Peña Echavarría
Médico cirujano
C.c. 8353366 de Medellín

      SENTENCIA A PLAZAS, CRASO ERROR JUDICIAL: GRANADOS
                      LA DEFENSA DEL coronel Luis Alfonso Plazas Vega dice que
                      la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala
                      Mayoritaria, avaló dos testimonios que ya habían sido
                      desacreditados judicialmente. "Son dos pruebas falsas".

Medellín, 5 de febrero de 2012


Colprensa Para el abogado Jaime Granados Peña, el Tribunal Superior de Bogotá no
tiene competencia para ordenar que las Fuerzas Militares pidan perdón público.
 Rafael González Toro | Medellín | Publicado el 5 de febrero de 2012
 Tras la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena de 30 años
al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones de dos personas en la
recuperación del Palacio de Justicia, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, en la toma
guerrillera del M-19, que dejó 94 muertos, las críticas a esta decisión judicial arreciaron
desde distintos sectores y estamentos.

Además, la polémica decisión del Tribunal de compulsar copias a la CPI para que
investigue al ex presidente Belisario Betancur Cuartas y a la Fiscalía, para que lo haga
con el Consejo de Ministros de la época, se cerró con una orden a las Fuerzas Militares
de pedir perdón público, lo que es calificado por el abogado Jaime Granados Peña,
defensor de Plazas Vega, como "un craso error judicial".

Con el abogado Granados abordamos los detalles de esta sentencia en la que el
magistrado ponente Hermens Darío Lara Acuña, salvó su voto frente a la decisión de la
mayoría. Los otros dos magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, votaron en
contra de la ponencia absolutoria.

Abogado Granados, usted habla de fallas protuberantes en el fallo del Tribunal
Superior de Bogotá, ¿cuáles son?

"La sociedad civil, que ha criticado, con gran vehemencia y con absoluta verticalidad,
las profundas equivocaciones del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que condenó al
coronel Plazas, se ha concentrado en lo más exótico, llamativo y extravagante de esa
decisión que se refiere al ex presidente Belisario Betancur, al Consejo de Ministros y al
perdón público que le ordenan pedir a las Fuerzas Militares.

Es un debate probatorio y la opinión pública no tiene por qué conocer un expediente
gigantesco ni se va a leer una sentencia de 968 páginas para conocer si están bien o mal
fundamentadas las 608 páginas de la decisión mayoritaria y las 360 del salvamento de
voto del ponente original (magistrado Hermens Darío Lara Acuña). Eso no significa que
no tenga que salir a relucir la injusticia de la decisión, lo profundamente equivocada de
la misma y que, finalmente, esa soledad que siente de la sociedad civil, termine siendo
mañana un apoyo solidario frente a la injusticia que le ha sucedido al coronel".
¿Por qué es improcedente la compulsa de copias a la CPI para que investigue al ex
presidente Betancur y a la Fiscalía para que lo haga con el Consejo de Ministros de
la época?

"Los errores protuberantes cometidos en esta parte de la sentencia tomada por la Sala
Mayoritaria son manifiestos. Primero en el tema del ex presidente Betancur, el Tribunal
parte de un sofisma, según el cual, como no ha sido condenado por la justicia
colombiana, el ex presidente Betancur, hay impunidad y por eso hay que recurrir a la
CPI. Ese es el argumento en síntesis. Es falso porque el ex presidente Betancur sí ha
sido investigado. La Comisión de Acusaciones sí lo investigó. Aparte de eso se creó un
Tribunal especial que consideró que no había responsabilidad alguna en esa materia.
El Tribunal recurre a una instancia que no corresponde. La CPI solo tiene competencia
para hechos ocurridos a partir de cuando entró en vigor. Para Colombia entró en
vigencia el primero de noviembre de 2002. No tiene competencia y menos subsidiaria
porque acá no hubo impunidad. Además, comete otro error. Si al coronel Plazas Vega lo
condenaron como autor mediato, que fue la tesis de la mayoría del Tribunal, significa
que él fue quien coordinó las muertes o las desapariciones. Si él es el autor mediato,
¿entonces estaba por encima del Presidente?

Los errores son mayúsculos. Otro de ellos es la orden de que se compulsen copias a la
Fiscal General para que investigue al Consejo de Ministros como si en Colombia
existiera una responsabilidad penal por parte del Consejo de Ministros. Y no es así, cada
uno responde de manera individual".

En ese sentido, jurídicamente, ¿es otro error que el Tribunal ordene a las Fuerzas
Militares pedir perdón público?

"Ese es el error más grave. No tiene ninguna competencia el Tribunal Superior de
Bogotá, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia para decidir que un comandante de las
Fuerzas Militares tenga que pedirle perdón a nadie. Ellos no formaron parte de este
proceso. No están siendo juzgados. Eso tiene cabida en un escenario internacional en
donde se condene al Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos indique
que se debe hacer la petición de perdón dentro de la garantía de no repetición. El
Tribunal carece de competencia".

¿Por qué la posición del magistrado Lara Acuña difiere, de manera tan radical, de
lo que plantearon los otros dos magistrados?

"En el fondo lo que ocurrió es lo absurdo: la administración de justicia, a través del
Consejo Superior de la Judicatura, encarga a un magistrado al azar, de manera aleatoria,
uno entre los 30 que tiene la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que se
encargue de estudiar la ponencia. Esta persona, después de estar seis meses analizando
la ponencia, pide dedicación exclusiva. En febrero de 2010 quedó él (Lara Acuña)
encargado exclusivamente a estudiarla. Pero luego, de repente, sus dos compañeros, que
no tuvieron descarga de trabajo ni le dedicaron la mínima parte a estudiar el caso que el
magistrado Lara Acuña, de manera olímpica y desconociendo el expediente, en solo dos
meses se van en contra de lo que el magistrado ponente juiciosamente había estudiado.
Así rompieron una regla que se da de que rara vez se derrota a un ponente a menos de
que haya cometido un error grave. Y en este caso los errores los comete la Sala
Mayoritaria. Eso sí hay que resaltarlo y eso sí genera suspicacia. Cuando uno lee el
salvamento de voto se da cuenta de que la ponencia del magistrado Lara Acuña es
brillante, estudiada y juiciosa, en contra de la posición asumida de la Sala Mayoritaria,
que encuentra como fundamento para condenar al coronel Plazas Vega dos pruebas que
ya habían sido absolutamente desacreditadas".

Una de las críticas, entre ellas de los familiares de los desaparecidos, es que la
confirmación de la sentencia habla solo de 2 casos y no de 11 como se afirmó
siempre, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que controvierte la defensa?
"La primera gran mentira es que hubo desparecidos, así como suena, en plural. Es claro
que cualquier persona que lee la prensa, o se entera de lo que pasa en el país por los
medios de comunicación, le hablan, de manera reiterada, por un cuarto de siglo, y
especialmente, durante los últimos cinco años, que hay desaparecidos, en plural, pues se
escandaliza y va a cuestionar a unas Fuerzas Militares que, según eso, son capaces de
desaparecer a varias personas. ¡Eso es algo aberrante! Pero el Tribunal, aún con estos
magistrados que irresponsablemente dijeron lo que dijeron, concluye que para 9 de los
11 desaparecidos no hay pruebas.

A toda la bulla que hizo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras
cosas, que porque tienen pretensiones multimillonarias económicas de que ahí hubo
desaparecidos, el Tribunal les dijo, aún con estos dos magistrados que condenaron de
manera equivocada al coronel Plazas Vega, no hay tales 11 desaparecidos. Hay 9 de los
que no hay prueba. Eso es, prácticamente, el 90 por ciento. De los 2 que quedan hay uno
que el magistrado ponente, Lara Acuña, dice que tampoco hay prueba. Que es Carlos
Rodríguez (administrador de la cafetería) de que esté desaparecido. Todo lo contrario,
dice el magistrado, que todo indica que murió con sus compañeros de cafetería en el
Palacio de Justicia durante el incendio por culpa del M-19".

Según eso, ¿entonces no hay desaparecidos? ¿Qué pasó con la guerrillera, del M-
19, Irma Franco?

"Esto queda reducido al único tema en donde hay acuerdo de todos, incluida la defensa,
en que sí fue desaparecida Irma Franco. Entonces, el tema de los desaparecidos, en
plural, se convierte en un desaparecido, en singular. Lo cual es muy grave, pero está
claro que el coronel Plazas Vega no tuvo nada que ver con eso".

¿Y las pruebas conseguidas con los testimonios de Tirso Sáenz y Édgar
Villamizar?
"Es mentira cuando dicen que hay pruebas. Primero, Tirso Sáenz era un suboficial que
estaba preso por mala conducta. El día de la toma del Palacio de Justicia estaba en un
calabozo. Este señor, que hoy está condenado por otros graves delitos, dice que lo
sacaron del calabozo, lo montaron a un tanque, que él no sabe manejar, y ese 6 de
noviembre, cuando regresó, vio que torturaban gente.

Resulta que la jueza María Stella Jara, que condenó al coronel Plazas Vega en primera
instancia, desestimó el testigo. Lo calificó de mentiroso. Dijo que no era posible lo que
Sáenz decía, porque está probado que el 6 de noviembre no regresó ningún tanque a la
Escuela de Caballería. Hay múltiple prueba testimonial, documental y fílmica que
muestra que eso no es cierto. La jueza, como el tipo mintió gravemente, lo desestima.
Pero el Tribunal Superior de Bogotá le dio peso y credibilidad a este testigo que la
propia jueza de primera instancia desestimó. Eso solo lo hace quien no estudió el
proceso.
En el caso de Édgar Villamizar, que es el testigo más famoso, declaró que nunca se
presentó el primero de agosto de 2007 a la Escuela de Caballería a declarar y que fue
suplantado. Prueba de que fue suplantado es que aparece el nombre de Édgar Villareal.
No es que haya sido un error que se equivocaron con el apellido. La firma no es de él.
Ese señor, aun asumiendo que sí haya sido, dice la misma mentira de Tirso Sáenz, que
la primera noche regresó a la Escuela de Caballería. Las mismas razones que
descalifican a Sáenz por mentiroso llevan a descalificar a Villamizar o Villareal por
mentiroso. Además este señor estaba en Granada (Meta) y dice que viajó en helicóptero
a Bogotá con sus compañeros. Está probado que en esa época ni el Ejército ni la Policía
ni la Fuerza Aérea disponían de un helicóptero que tuviera esa capacidad de transporte
desde Granada (Meta). Son muchas las razones técnicas y jurídicas serias que permiten
establecer que estas dos únicas pruebas en contra son falsas".

¿Y qué hay con lo manifestado por el Tribunal de la responsabilidad de Plazas
Vega en la toma de decisiones en operación del 6 y 7 de noviembre de 1985?
"En el imaginario popular está que quien comandó el operativo de recuperación del
Palacio de Justicia, no de retoma, fue el coronel Plazas Vega. Con eso hay que tener
cuidado. Hay eufemismos que distorsionan la realidad. La toma del Palacio de Justicia
es un acto violento, delincuencial y terrorista cometido por el M-19. No hay 'retoma'
porque no hay nadie que vaya a ocupar ilegalmente el Palacio de Justicia.

La recuperación, que es diferente, del Palacio de Justicia, es una operación legítima
militar y jurídicamente. Ordenada por el Presidente en ejercicio como sumo comandante
de las Fuerzas Militares y ejecutada conforme al estado del arte de la época. En esa
recuperación el que dirigió el operativo no fue el coronel Plazas Vega. En primer lugar
intervino toda la cadena de mando. Todas las autoridades, civiles y militares
intervinieron. Le correspondió al coronel Plazas Vega, el momento decisivo, como
comandante de una unidad táctica, como la Escuela de Caballería, que no está en la
línea de mando. Al coronel Plazas Vega se lo identificó porque dirigió los tanques y por
las famosas declaraciones que dio. Por eso se piensa que comandó todo y no es así".

A la defensa del coronel Plazas Vega le queda el recurso de casación ante la Corte
Suprema de Justicia, ¿cómo van a enfrentar esta instancia?

"La defensa y la Procuraduría, ambas por separado, presentaron la demanda de
casación, tienen un gran reto. En el fondo, aunque desde el punto de vista técnico es
muy exigente, no es tan difícil porque es evidente que se equivocó esta sala mayoritaria
del Tribunal al decir que es prueba lo que no es prueba. Eso es lo que se llama un falso
juicio de identidad. Por ejemplo, el testimonio de Villamizar ya la Justicia lo desestimó.
En el proceso, por los mismos hechos, contra el general Arias Cabrales, la jueza Trejos,
el año pasado analizó el testimonio de Villamizar y lo rechazó diciendo que había serias
dudas de que él hubiese dado ese testimonio y, en consecuencia no cabía tenerlo en
cuenta. Más aún, la misma jueza Trejos, en el juicio al general Iván Ramírez por los
mismos hechos, cuando tuvo que absolverlo el 16 de diciembre pasado, por las
desapariciones, la jueza ratificó que no podía ser tenido en cuenta el testimonio del tal
Villamizar o Villareal. En dos decisiones, una de condena y otra de absolución, un juez
de la República, por los hechos del palacio de Justicia, ha dicho que no puede ser tenido
en cuenta este testimonio. Esa es la materia prima del recurso extraordinario de casación
con la técnica casacional, que es diferente a una apelación".

                         ¿PERDÓN? ¡NO FALTABA MÁS!
Autor: Saúl Hernández Bolívar El Mundo.com
Cuando la Corte Suprema de Justicia desconoció el valor probatorio de los
computadores de ‘Raúl Reyes’, demostrando de paso que no tenía el menor interés de
castigar la Farc política, creímos que ya todo estaba visto y que no podía suceder nada
más.
5 de Febrero de 2012
Cuando la Corte Suprema de Justicia desconoció el valor probatorio de los
computadores de ‘Raúl Reyes’, demostrando de paso que no tenía el menor interés de
castigar la Farc política, creímos que ya todo estaba visto y que no podía suceder nada
más grave que evidenciara la degradación de nuestra justicia. Pero pasó. El fallo
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la condena del coronel
Alfonso Plazas Vega, es la pieza procesal más indignante de cuantas hemos conocido en
los últimos tiempos, la que más zahiere a la sociedad y la que constituye la mejor
prueba de la infiltración de la extrema izquierda en la justicia colombiana.

Con esta ‘providencia’ de segunda instancia no solo se ratificó la condena contra el
militar, a pesar de la ausencia de pruebas y las aberrantes anomalías que plagaron el
proceso, sino que sus autores llegaron al extremo de arrogarse competencias de las que
carecen para irse en contra hasta del gabinete ministerial de la época y dejar en limpio
tan solo al único responsable del magnicidio, que fue el M-19. De tal manera que el
fallo tiene un marcado tinte ideológico: la izquierda antidemocrática se cobra la derrota
de 1985 por medio de una venganza judicial.

En efecto, el atrevimiento del TSB es notorio puesto que los magistrados desconocieron
hasta la doctrina de la Corte Penal Internacional al pedirle que investigue y juzgue al ex
presidente Belisario Betancur por los infaustos sucesos. Los dos magistrados que
cometieron este desafuero olvidaron que ese tribunal internacional no tiene competencia
en hechos anteriores a su creación y que carece, expresamente, de retroactividad, solo
pudiendo conocer casos a partir del 1º de noviembre de 2002.

Pero también se pasaron por la faja el hecho de que la CPI solo puede tomar casos que
no hayan sido investigados y juzgados por la justicia de cada país donde va a intervenir,
y el presidente Betancur ha sido investigado por los hechos del Palacio desde antes de
que se enfriaran las cenizas: cuando menos en siete ocasiones ha sido llamado a rendir
declaratoria y aún hoy hay procesos abiertos en su contra en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes. El que no haya sido inculpado no implica
impunidad, a pesar de que los jueces del TSB así lo insinúen al pedirle a la CPI que “…
impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al ex
presidente de la República en el ámbito interno”.

Por supuesto que a estos señores no les interesa ser coherentes y reprochar la impunidad
en la que quedaron los delitos del M-19 —no solo los de la toma del Palacio de
Justicia— a raíz de la amnistía que se les concedió por su reinserción a la vida civil. Eso
demuestra la falta de neutralidad del fallo y la posición política de los magistrados, a
quienes solo parece interesarles deshonrar al Estado y reivindicar a la subversión.

Pero eso no es todo. El alto tribunal de Bogotá se tomó la atribución de infringirle una
humillación al Ejército al obligarlo a un acto de perdón en la Plaza de Bolívar como si
las fuerzas constitucionales hubiesen sido las perpetradoras y no las auxiliadoras de ese
fallido doble golpe de Estado ¬—financiado por el narcotráfico—, que, por un lado,
quiso someter al máximo poder judicial y, por otro, pretendió enjuiciar al Presidente de
la República, ese que con ingenuidad le apostó siempre a la paz y terminó asaltado en su
buena fe por estos bandidos.
¿Pedir perdón? ¡No faltaba más! Dice Petro que el         M-19, el Ejército y el Estado
deberían pedir perdón conjuntamente, pero eso no es       factible mientras los terroristas
estén indultados y gobernando en tanto que el soldado     Plazas Vega sigue injustamente
condenado y se le quiere abandonar a su suerte en         una cárcel común, plagada de
enemigos.
En esto tiene toda la razón el Presidente Santos: ¡es a   Belisario y a nuestro Ejército a
quienes deberíamos pedir perdón!

                    TRES ARTÍCULOS QUE HAY QUE LEER

Se ruega difundir ampliamente estos tres artículos. Los escriben los analistas con la
mayor credibilidad del país.

                                     ABERRANTE

Por Rafael Nieto Loaiza Diario El Colombiano

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se
aparta de lo aceptado como lícito". Definición de la Real Academia perfecta para
calificar la sentencia a Plazas Vega.

5 de febrero de 2012

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin
ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al
Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la
ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo.

A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente. La sentencia no
respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe
ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba
inequívoca de su responsabilidad en el delito.

Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le
condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército
que habría viajado en helicóptero con una docena de hombres desde Villavicencio y
participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería,
habría oído decir al Coronel "que cuelguen a esos hp". En el testimonio presentado por
la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos
mostrarían que la del documento no es su firma.

Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en ese época y hay
pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar
tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Édgar Villamizar, ha sostenido en la
Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de
Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la
juez hablaba de 11, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el
administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos
calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido,
según dice un ex director de Medicina Legal.

En todo caso, Plazas ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados
o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las
eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer
a nadie, lo condenan como "autor mediato en un aparato organizado de poder". Esa
teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales
nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado.
Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de
las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania
nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de
ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado de derecho donde, por
definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM.
son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe.
En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los
hubiera, no son competencia de la CPI. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario
Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.

                          NO PIDA PERDÓN, GENERAL


Por: SALUD HERNÁNDEZ-MORA Diario El Tiempo

 No debería, mi respetado general Alejandro Navas, comandante de las FF. AA., pedir
perdón por una salvajada que no cometió el Ejército. Por desgracia, ni siquiera esa
injusta condena soluciona nada.

04 de Febrero del 2012

No debería, mi respetado general Alejandro Navas, comandante de las FFAA., pedir
perdón por una salvajada que no cometió el Ejército. Y si lo hace por disciplina, tenga
por seguro que ese día seremos muchos los que iremos a la Plaza Simón Bolívar a
boicotear la orden caprichosa de unos emperadores judiciales. Acudiremos con banderas
de Colombia a tapar sus palabras obligadas con nuestros aplausos a sus hombres. Son
miles los mutilados, los enfermos, los que dejaron -y siguen dejando- la vida por
defendernos, cientos los secuestrados, decenas los desaparecidos. Que hay manzanas
podridas que vejan el uniforme, autoras de crímenes espantosos, es innegable y por eso
es justo que paguen duras condenas y sus mandos pidan perdón a los colombianos.
Pero el Palacio de Justicia lo asaltó una banda terrorista que entró a sangre y fuego,
asesinando inocentes desde el primer minuto. No fue, como dijo el otro día Clara López,
un "aventurismo político" de los revoltosos integrantes del M-19. Se trató de un crimen
brutal, financiado por Pablo Escobar, en el que los guerrilleros despreciaron, como
siempre, la vida de sus compatriotas.
Y aún no hemos escuchado los “perdón, perdón y mil veces perdón de labios” de todos
los M-19 que por fortuna -y gracias a la generosidad de sus conciudadanos- regresaron a
la civilidad. Por el contrario, hace unos años, en Bogotá, se reunieron para cantar
emocionados el himno de su banda terrorista y recordar con nostalgia su pasado. Por
tanto, necesitamos oír su sincero arrepentimiento, así como la verdad de lo ocurrido,
porque nos siguen mintiendo.

Sobre el llamamiento que hacen los dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá a
la CPI para que enjuicie a Belisario, me pregunto: ¿a quién le hacen el mandado? ¿A
Yesid Ramírez, ex presidente de la anterior Corte Suprema? Pueden ser ignorantes, pero
no tanto como para desconocer que lo del ex presidente es un imposible jurídico. ¿No
será su objetivo sentar un precedente para dictar lo mismo en sentencias posteriores que
se refieran a Álvaro Uribe? Veremos.

Y en cuanto al fallo contra el coronel Plazas Vega, es un exabrupto completo. Tuve la
infinita paciencia (deberían dictarles clase de redacción a fiscales, jueces y abogados) de
leerme las 968 páginas y coincido con el magistrado que salva su voto. No sólo "la
investigación brilla por su ausencia" y los distintos tribunales, además de la Fiscalía,
acomodaron pruebas y testimonios a su antojo, sino que al oficial lo condenó su
protagonismo mediático en la desastrosa retoma. Era el chivo expiatorio más fácil.
Queda en evidencia que los otros dos magistrados del Tribunal Superior -que
despreciaron el trabajo juicioso que realizó su colega durante año y medio como
ponente- utilizan sólo lo que les conviene de unos testigos de cargo cuyas declaraciones
insultan la inteligencia de cualquier ser humano. Son contradictorias, cargadas de
incongruencias, de lagunas, de imprecisiones, de falacias. Es tan evidente que falsean
sus testimonios, que solo unos togados con intereses ajenos a su obligación de dictar
Justicia ciega pueden tenerlos en cuenta. Es más, cómo serán de llamativas las mentiras
y la falta de pruebas confiables, que aun tergiversando el material sometido a su
revisión no pudieron endilgarle sino dos desapariciones de las once iniciales.
Por desgracia, ni siquiera esa injusta condena soluciona nada. Seguimos sin conocer
todos los pormenores de lo que ocurrió ese día tanto en la Presidencia como en el
interior del Palacio y con los desaparecidos. Lo único seguro es que si los del M-19 no
cometen aquel acto de barbarie infinita, nadie habría llorado muertos ni vivido una
tragedia.

                            DISENTIR NO ES GOLPISTA

Por: MARÍA ISABEL RUEDA Diario El Tiempo

¿Estamos ante un fallo serio? Disiento. Y vuelvo a disentir

04 de Febrero del 2012

La justicia no puede ser tan arrogante como para asumir que quien discrepe de algo tan
eminentemente conceptual como es la interpretación del derecho, lo que está es
llamando a la desobediencia civil.

¿Estamos ante un fallo serio? Disiento. Y vuelvo a disentir. El respetado abogado Yesid
Reyes, hijo del magistrado Reyes Echandía, uno de los mártires del Palacio de Justicia
cuya rectitud echa de menos todos los días este país tan judicialmente desafinado,
afirma que controvertir el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del coronel
Plazas "es un irrespeto a la justicia". Pero la justicia no puede ser tan arrogante como
para asumir que quien discrepe de algo tan eminentemente conceptual como es la
interpretación del derecho, lo que está es llamando a la desobediencia civil.
Pues después de haber leído juiciosamente sus 968 páginas, uno descubre con terror que
a un colombiano lo pueden condenar a 30 años de cárcel, como al coronel Plazas, con
base en las siguientes pruebas:

1. Un casete de audio que se perdió. (Solo quedó la transcripción hecha por una juez que
admite como persona seria no poder responder por la autenticidad del casete, dejado
anónimamente en la silla de una cafetería.)

2. Un testigo al que la defensa jamás pudo contrainterrogar, aunque según el Tribunal
"no es condición para ejercer el derecho de defensa que se pueda contrainterrogar a un
testigo de cargo". (¡Qué barbaridad!)

 3. Una diligencia de la que no quedó registrada la fecha en la que se realizó. "Es una
irregularidad", dice el Tribunal, "pero se puede deducir de otras actuaciones".

4. Un testigo que dice llamarse Villamizar pero firma como Villarreal. "Una grave
desatención de la Fiscalía", según el Tribunal, que "no impide concluir que declaró
Villamizar y no Villarreal".

5. Un testigo que no puso su huella en su declaración. "La huella solo es exigible
cuando el testigo no quiere o no sabe firmar."

 6. Un testigo que sí firmó, pero con una firma que no coincide con su firma. Según el
Tribunal, eso tampoco importa, porque "para cada acontecimiento ese testigo usa
estampar una rúbrica diferente". Por favor. ¿Qué garantías hay de que un testigo
semejante no fue suplantado?

Doctor Yesid: a mí me enseñaron otro derecho penal. Uno en el que pruebas tan
endebles producen dudas que se deben interpretar a favor de la presunción de inocencia
del reo, como lo hace uno de los tres magistrados del Tribunal que deja un salvamento
de voto. Pero hay otros motivos graves de disenso.

- El fallo concluye que había un aparato de poder al interior del Ejército encargado de
realizar desapariciones. En el discurrir del fallo no encuentro probada semejante
barbaridad.
- El Tribunal es una segunda instancia sobre el caso concreto del coronel Plazas. No
entiendo de dónde sale su atribución de imponerle una condena subsidiaria, y sin ser
sujeto procesal, al Ejército de Colombia, como es la de pedir perdón no sabemos a
quién, que no figura en la tipificación del derecho colombiano.

- El presidente Betancur ha acudido siete veces en 26 años al llamado de la justicia, que
jamás le ha podido probar - a este hombre dignamente retirado en la intelectualidad- su
participación en una desaparición de ningún ser humano. Por lo tanto, es una necedad
jurídica suponer que aquí cabe el sistema subsidiario de la Corte Penal Internacional.
¿Cuántos desaparecidos finalmente deja la recuperación del Palacio de Justicia? Durante
26 años se ha dicho que once.
En su fallo, el Tribunal de Bogotá dice que solo está confirmada la desaparición de dos,
la guerrillera Irma Franco Pineda y el administrador de la cafetería, Carlos Augusto
Rodríguez Vera, por las cuales "rebaja" la culpabilidad del coronel Plazas de once
desaparecidos a dos.

El tercer magistrado ponente del Tribunal deja un salvamento de voto en el que dice que
para él la única desaparición confirmada del Palacio de Justicia es la de la guerrillera
Irma Franco.

¿Estamos ante un fallo serio? Disiento. Y vuelvo a disentir.

            EL CORONEL PLAZAS EN EL LABERINTO JUDICIAL.
Por Francisco Castro Castillo El diario del Otún
 Febrero 05 - 2012 Pereira - Colombia
Cuatro años y medio detenido injustamente en la Escuela de Caballería de Bogotá el
Coronel Plazas Vega. Detención por cumplir la orden debida militar de todo buen
soldado de rescatar el Palacio de Justicia tomado a sangre y fuego por la organización
guerrillera M-19 el 6 de noviembre de 1985.
¿Qué edad tendrían por esa época los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá,
Fernando Parejas y Alberto Perdomo, que condenan a treinta años de prisión al Coronel,
que se apartan del concepto jurídico de su colega el Magistrado Hernán Darío Lara
Acuña, quien estudio el caso durante año y cuatro meses, estudió los 42.465 folios del
expediente que tiene encuadernado el Coronel, y después del juicioso estudio, presenta
la ponencia-sentencia absolutoria en 541 páginas, comprobando que los testimonios
emitidos por los testigos Gámez Mazuera y Tirso Sáenz, son totalmente falsos, y que
Edgar Villamizar, no firmo la declaración que con el nombre de Edgar Villarreal, sirvió
de base para la condena proferida en junio del 2010 por el Juzgado de conocimiento?
 La sentencia: “Coautor mediato de un concurso de delitos de desaparición forzada, ya
no de 11 personas de la sentencia original, sino dos”: Irma Franco y Carlos Augusto
Rodríguez, de la cafetería, del M-19. Curiosa manera de interpretar la ley para dictar
sentencia, se desestimó la ponencia de su colega bien estudiada, quien se sintió
desconsolado y salvar su voto, al conocer que al despabilar urdieron la trama para
reivindicar a los caídos del comando del M-19, al mando del guerrillero Almarales.
Dice el Coronel, que los magistrados verdugos, obran en actitud vengativa contra la
democracia, la cual, se encuentra penetrada y perturbada por la “izquierda colombiana”
que no perdona que se haya utilizado las armas de la República para desalojarlos del
Palacio y quitarles el botín de guerra, de la alianza diabólica con Pablo Escobar.
“Mantener la democracia, maestro”- fue su frase célebre, y a fe que lo hizo con como
buen soldado en cumplimiento de la orden debida de sus superiores en cabeza de
Presidente Betancourt. Es un chivo expiatorio, un fallo con sabor y olor a venganza, a
humillación de las fuerzas armadas, que valora ilegítima la actuación militar.
Es un juicio político más no jurídico, que se respeta pero no se comparte, imponiendo su
jurisprudencia unipersonal, en contra vía de lo dicho por la comisión de la verdad
integrada por ex presidentes de la Corte Suprema, dos décadas posterior, absolviendo a
los militares que intervinieron en la retoma del Palacio, responsable solo al M-19, y el
narcotráfico. ¡Vaya democracia, los pájaros tirándole a las escopetas! El honor del
ejército es el honor de la patria, dijo Fernando Londoño.
El odio mezquino y visceral de estos magistrados de marras, ponen tras la rejas a un
soldado inocente, y lo más absurdo, obligar al ejército colombiano a arrodillarse en la
plaza de Bolívar delante de la estatua de quien empuño la espada para darnos libertad
contra la tiranía española, a pedir perdón a los colombianos por el incendio de la justicia
que cometió la otra tiranía perversa: unión del narcotráfico de Pablo Escobar y el M-19.
A los magistrados Pareja y Perdomo, como colombiano, no acepto que el Ejército de mi
país, se arrodille a pedir perdón por los muertos que cometieron sus pares de la
“izquierda revolucionaria”, que para la mayoría de los colombianos, siguen siendo unos
terroristas asesinos indultados por el Congreso en nombre de la Nación.
Las fuerzas armadas tienen que seguir enhiesta, orgullosa y altiva cumpliendo con sus
funciones constitucionales de defensa de la democracia y las instituciones de la patria.
Tienen nuestro reconocimiento. Y el ex presidente Betancourt, no bajarse del pedestal
donde la historia le reserva un sitio de honor como demócrata integral. Lamentable el
ditirambo de la justicia en manos de hombres corruptos, ignorantes y populistas.
El pueblo colombiano está perplejo de sus fallos, muchos con sesgo político.
Contradicciones entre la Fiscalía y jueces, sancionan según el perfil del implicado,
exigiendo el principio de oportunidad para premiar los delatores en contra de la verdad
para luego “conegiarlos”, y si tiene relación con Uribe, cantan “Bingo” para dictar
sentencia vergonzante, porque si la ley no les da la razón, ellos terminan imponiendo su
criterio.
                            ¡CUMPLAMOS CON EL FALLO!!

Convocatoria abierta a todos mis compañeros de armas (Mis superiores, compañeros y
subalternos de las Fuerzas Armadas de Colombia en Servicio y miembros de la Reserva
activa) a que acatemos la decisión judicial contemplada en el fallo emitido por el tribunal
superior de Bogotá con respecto a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia con
ocasión de la toma al mismo por parte del M-19 el miércoles 6 de noviembre de 1985.

Compañeros miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, acudamos como un todo
(Oficiales, Suboficiales, Soldados, Policías y Civiles en servicio y miembros de la reserva
activa) a la Plaza de Bolívar tan pronto como sea posible y pidamos perdón al pueblo
Colombiano, a nuestra bandera, nuestro Estado, a los poderes públicos e inclusive a todas las
personas al margen de la ley (guerrilleros alzados en armas, guerrilleros amnistiados e
indultados, delincuentes comunes etc.), y aun más, extendamos la orden al ámbito internacional
y aprovechemos la ocasión para ampliar nuestro acto de contrición a la comunidad
internacional, a todas las organizaciones de Derechos Humanos, al CICR, a las organizaciones
gubernamentales y las no gubernamentales, en fin, al mundo entero.

Pidamos perdón por habernos sometido al orden constitucional y acatado los mandatos del
Estado de Derecho ese 6 de noviembre y días subsiguientes, por habernos sometido a la
autoridad del señor Presidente de la República y cumplido fielmente sus ordenes, pidamos
perdón por haber cumplido la orden de retirar la seguridad policial dos días antes del valeroso
acto del M-19 y entregar la misma a una empresa privada de conformidad con lo requerido por
la Corte Suprema de Justicia a pesar de habérsele advertido sobre los planes del M-19, pidamos
perdón por que el Estado de Colombia no tuvo en cuenta las amenazas de “los extraditables” y
desestimo su capacidad de alianza con los señores del M-19, pidamos perdón por haber dejado
a once de nuestros compañeros sin vida en tan funesto operativo de rescate, pidamos perdón por
no haber permitido que se lograra el cometido del M-19 de hacer un juicio público al Señor
Presidente de la República en las instalaciones de la máxima instancia del poder judicial en
Colombia, pidamos perdón por no haber logrado que Pablo Escobar y su sequito (Los
extraditables) en alianza con los valerosos revolucionarios del M-19 lograran su objetivo de
quemar todos los expedientes de los procesos que se adelantaban en su contra.
Pero aprovechemos la ocasión y pidamos también perdón por haber sostenido a pesar de todos
los embistes a la democracia más férrea y solida de toda América latina y no haber seguido los
ejemplos de Augusto Pinochet (Chile 1973 – 1990), Aparicio Méndez (Uruguay 1976 – 1981),
Alfredo Estroessner (Paraguay 1954 -1989), Hugo Banzer (Bolivia 1971 2001), Juan Velasco
Alvarado (Perú 1958 1975), Humberto Branco (Brasil 1964 1967), Manuel Antonio Noriega
(Panamá 1983 1989), Anastasio Somosa (Nicaragua), Fidel Castro (Cuba), Francois Duvalier
(Haiti), Rafael Leonidas Trujillo y Ulises Heureaux (República Dominicana), sin mencionar los
“gobiernos democráticos” de Hugo Rafael Chávez y Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua
respectivamente.
Pidamos perdón también, por haber respetado y acatado todos los fallos emitidos en Derecho
por nuestra honorable rama judicial que condena a Soldados y Policías basados en testimonios
de delincuentes emitidos a cambio de su libertad y desconoce los pronunciamientos de los
servidores públicos y las personas honorables, pidamos también perdón por los fallos emitidos
con base en “testigos protegidos” sin rostro e identificación, sin nombre ni domicilio, sin cuerpo
ni alma.

Pidamos perdón por aceptar que nuestros Soldados y Policías sean juzgados por jueces
“imparciales” de la Justicia ordinaría, expuestos al escrutinio público, condenados por los
medios de comunicación y sometidos a pagar sus causas en las prisiones en donde están
recluidos los “honorables delincuentes” que ellos ayudaron a capturar. Pidamos perdón por no
recomendar ni defender nuestro derecho (universal) al fuero y que el mismo sea respetado y se
nos juzgue por quienes conocen de la estructura y procedimientos militares.


Pidamos perdón por habernos resignado a lo largo de toda la historia a ser los empleados mas
mal pagados del Estado Colombiano (esto es lógico: somos los que menos trabajamos) y no
seguir los ejemplos de ASONAL JUDICIAL, FECODE y todas las agremiaciones de empleados
públicos que a fuerza de amenazas, marchas y paros, hoy gozan de los mejores salarios y
condiciones prestacionales.

Pidamos perdón por haber defendido con los recursos de la naturaleza, sin buenas armas,
municiones, equipos, personal o apoyo logístico, sometidos sin reclamar a las “capacidades del
Estado” las instalaciones de infraestructura de nuestra Patria y su industria, los pueblos y
caseríos (Puerres, Las Delicias, Jurado, etc. etc.) y haber entregado la vida de nuestros
compañeros (miles de hombres) en procura de sostener la institucionalidad y además, ser
juzgados y condenados por ello.

Pidamos perdón por aceptar que nuestro sistema de salud sea el más paupérrimo de todos los del
Estado, que nuestros Soldados y Policías tengan que esperar meses para poder salir de la selva a
pedir una cita y otros tantos meses para que les sea concedida, por entender que el Hospital
Militar fue construido hace más de 50 años, pidamos perdón por entender que nuestro
presupuesto es limitado y no tenemos derecho a que nos vea un especialista o que los
medicamentos para atendernos sean de malla calidad pues la asignación presupuestal no permite
nada más.
Pidamos perdón por entender que un hombre después de haber dejado sus brazos o sus piernas
en el campo de combate, ya no es más útil para los intereses del Estado y deba ser abandonado a
su suerte……. (Por supuesto, después de recibir una generosa indemnización para no ser
considerado un indigente).

Pidamos perdón por no ser cobardes y enfrentar a todo aquel que atente contra el Estado De
Derecho sin importar los sacrificios que eso implique.

Pidamos perdón por trabajar 24 horas, por irnos a donde sea necesario, dejar atrás familia y vida
y atender las necesidades de nuestra Patria.

Pidamos perdón por aceptar que aquellos quienes ayer asesinaron o mutilaron a nuestros
hombres y atentaron contra nuestras vidas, pusieron bombas, mataron miles de indefensos
civiles, robaron bancos, volaron oleoductos, se tomaron embajadas, edificios institucionales
(corte suprema de justicia) y en fin, atentaron contra todo el Estado, hoy representen a nuestra
patria en los cargos más importantes de la institucionalidad y el orden y nosotros, en cambio,
paguemos la culpa de cumplir con nuestro deber con condenas que no les han sido impuestas al
más asesino de los paramilitares o guerrilleros capturados o entregados por su voluntad.

Pidamos perdón, es una obligación acatar los fallos judiciales, pidamos perdón por portar
nuestro uniforme, es indecoroso para el Estado Colombiano y su sociedad……….

PERO APROVECHEMOS DE UNA BUENA VEZ y DEJÉMOSLO DE PORTAR,
ENVAINEMOS NUESTROS SABLES, DEJÉMONOS DE ROMANTICISMOS;
VAYÁMONOS PARA EL MONTE A PELEAR CONTRA LO QUE DEFENDIMOS,

A lo mejor Mañana seremos Gobernadores, Catedráticos, Embajadores, podremos estar casados
con la Fiscal General de la Nación y entonces podríamos ayudar a nuestros compañeros
detenidos e inclusive “quien quita que no” en unos años, alguno de nosotros podría ser hasta
Alcalde de Bogotá y porque no aspirar a ser Presidente de la República. NO por las vías de
hecho, el Estado finalmente reconocería que es mejor tenernos de su lado que en su contra y nos
compensaría con creces ser ilegales, asesinar, robar, mutilar, narcotraficar etc.

Envainemos nuestros sables, nuestra Patria y sus instituciones no se merecen el Ejército que
tienen “El mejor Ejército del mundo”.

Teniente Coronel (De la Reserva Activa)

CARLOS EDUARDO FORERO CARRASCO.

                                   La Justicia al desnudo

02/02/2012

Uriel Ortiz Soto El Espectador, Bogotá, febrero 02 de 2012

Un nuevo escándalo de incalculables consecuencias para las instituciones democráticas,
con grave afectación en la administración de justica, ha propiciado la valerosa
Contralora General de la Nación, doctora Sandra Morelli, con la denuncia que acaba de
hacer sobre el carrusel de las pensiones en las Altas Cortes.
Los ciudadanos de bien esperamos ansiosos que esta investigación arroje resultados en
el menor tiempo posible, puesto que nos encontramos al borde del abismo, por culpa de
unos cuantos magistrados y Jueces deshonestos, incrustados en las Altas Cortes,
Tribunales Superiores y demás organismos encargados de administrar Justicia,
“honesta, pronta y cumplida” tal cual lo ordena la Constitución Política.

¿Dónde queda la majestad de la Justicia con semejante escándalo? ¿Los honorables
magistrados que dicen ser honestos, porqué no denunciaron a tiempo las artimañas de
sus colegas y compañeros? Es hasta vergonzoso tener que decirlo, pero, en el Palacio de
las Leyes, también se peca por acción y por omisión. Está muy bien que ocurra en otras
instancias, pero no en las máximas jerarquías de su administración, que deben dar
ejemplo de pulcritud y mayor conocimiento sobre las Normas que regulan nuestro
Estado de Derecho.

No es exagerado decir que la Justicia en nuestro País, se encuentra más que al garete, al
desnudo, porque tiene que acudir a la hoja de parra para cubrir sus intimidades, de
carruseles, chanchullos, peculados y negociados, que tiene con los pelos de punta a más
de un compatriota trabajador y honesto, que madruga todos los días a hacer Patria, con
el desarrollo de sus actividades empresariales y laborales. Es algo tan vergonzoso jamás
visto en la historia jurídica de nuestro País, que bien vale la pena se investigue hasta sus
últimas consecuencias, sin dejar que se desvíe como pretende hacerlo la tan cuestionada
Comisión de Acusación del Congreso de la República. Donde esto ocurra nada pasa y
todo regresará a los anaqueles polvorientos de la corrupción, perdiéndose la oportunidad
de depurarla de las artimañas y argucias de sus propios Administradores.

Lo que se rumoraba desde hace algunos años, resultó ser cierto. El carrusel de pensiones
en las Altas Cortes, es algo tan escandaloso que varios magistrados auxiliares con solo
dos meses en sus cargos lograron pensiones de quince o más millones de pesos, pero,
vayamos mas allá de las pensiones y miremos lo que le ha costado al contribuyente los
172 viajes al exterior de los “honorables magistrados” en los últimos dos años, se habla
de trece mil millones de pesos, ¿Cuántos de estos viajes necesarios? ¿Cuántos se
realizaron por el simple placer de ser magistrados, acompañados muchas veces de sus
“adorables queridas”?

¿Si esta es la cúspide cómo estarán sus cimientos? Hablamos de los Tribunales
Superiores, Juzgados del Circuito y todas las demás estructuras de orden jurídico que
administran justicia “en nombre la República de Colombia y por Autoridad de la Ley”
en todo el Territorio Nacional. Desde luego hay que hacer la salvedad, para anotar, que
hay administradores de Justicia, honestos y probos, fieles al complimiento de sus
deberes constitucionales y morales.

Ahora sí, el País empezará a entender el porqué las Altas Cortes,- Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado-, se retiraron en el mes de diciembre pasado del debate del
Acto Legislativo de Reforma a la Justicia. Todo indica que el Congreso y el Gobierno,
son conscientes, que disfrutan de una serie de prebendas, unas injustas y otras
innecesarias, que es preciso revisar. Por eso en el mes marzo cuando se reinicien las
sesiones ordinarias y se aborde de nuevo el tema, con todo lo que se ha descubierto en
los últimos meses, vale la pena que se amplíe el debate, en lo que sea posible se
convoque a una audiencia pública con el fin de escuchar a los expertos en materia de
reforma. Considero que las universidades y demás centros de formación académica no
deben estar ausentes de tema tan fundamental para el presente y futuro del País.

Nuestra Justicia se encuentra maltrecha y mal herida, hay que meterla a cuidados
intensivos para procurar extirparle los tumores de corrupción que padece, antes que sea
demasiado tarde y se vuelvan cancerosos. Caso contrario vendrán tiempos difíciles para
el País. La delincuencia organizada especialmente de cuello blanco incrustadas en las
altas esferas del Estado, se fortalecerán, todos los grupos al margen de la Ley
continuarán delinquiendo, puesto que, en las condiciones en que nos encontramos no
hay autoridad moral para administrarla con dignidad y probidad, pronta y cumplida.

Mayor Información:

http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/la-justicia-al-desnudo

								
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