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05001-23-31-000-1993-00767-01_17635_

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					LEGITIMACION POR PASIVA - Existencia / ACCIDENTE DE TRANSITO -
Vehículo Oficial / VEHICULO OFICIAL - No pertenecía a una de las entidades
demandadas / CONTROL VIAL - Sobre carreteras departamentales

De entrada la Sala abordará el estudio de la falta de legitimación en la causa por
pasiva, la cual fue propuesta a manera de excepción por el Departamento de
Antioquia, con la precisión de que no goza de esa específica naturaleza, pues, en
sentido estricto, las excepciones para ser consideradas como tales deben implicar
un hecho que por sí mismo tenga ese alcance, al ser extintivo, modificativo o
impeditivo y que enervan parcial o totalmente las pretensiones de la demanda, a
tal punto que los argumentos constitutivos de una excepción deberán demostrarse
por la parte que los alega, y en rigor por la entidad demandada. Hecha la precisión
anterior, es claro también que la legitimación en la causa, constituye un
presupuesto material de la sentencia favorable, referido a la relación sustancial
que debe existir entre el demandante y el demandado, y el interés perseguido en
el juicio. De faltar dicho presupuesto conduciría obligatoriamente a una sentencia
desestimatoria de las pretensiones de la demanda. En este punto la Sala acoge
los argumentos expuestos por la citada entidad territorial [Departamento de
Antioquia], en cuanto sostuvo que hecha una revisión de las pruebas incorporadas
al proceso, no se deduce ningún tipo de responsabilidad del citado Departamento,
pues está probado que la volqueta de placas Nro. OL1838, era de propiedad del
Municipio de Buriticá, según consta en la licencia expedida por la Dirección
Departamental de Transportes y Tránsito; que el señor HERNANDO USUGA
GRACIANO, quien conducía el citado vehículo era empleado del municipio de
Buriticá y no del Departamento de Antioquia, y por último que dicha entidad
tampoco puede ser responsable porque la volqueta del mencionado municipio
hubiera violado las normas de tránsito. En consecuencia, el argumento de la parte
actora en el sentido que el Departamento no retuvo el vehículo cuando transitaba
por las carreteras del departamento no es suficiente para imputar la
responsabilidad deprecada, pues, aunque el control vial de las entidades
territoriales, esté en principio en cabeza de los agentes de tránsito de los
organismos departamentales en aquellos municipios en donde no hay organismos
de tránsito; no implica per se que el Departamento fuera responsable del fatal
accidente, porque dicha conducta no constituyó la causa determinante del daño, ni
siquiera tuvo relación con las causas que dieron origen al hecho dañoso. Exigir un
control estricto sobre cada vehículo que transita no solo resulta excesivo sino
imposible, e implicaría que el órgano de control tuviera un agente de tránsito por
cada automotor que se desplaza por las carreteras nacionales, departamentales o
municipales. El control vehicular que deben ejercer las autoridades de tránsito no
supone que deban retener todos los vehículos que se desplazan por las vías
públicas para verificar que los documentos del vehículo estén al día.

CONDUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES - Actividad peligrosa /
RIESGO DE NATURALEZA ANORMAL - Responsabilidad Objetiva /
ACCIDENTE DE TRANSITO - Vehículo oficial / FALLA EN EL SERVICIO -
Existencia

La conducción de vehículos automotores, comporta para quien la ejerce una
actividad de suyo peligrosa, que origina un riesgo de naturaleza anormal, en
consecuencia la entidad está llamada a responder por los daños que con dicha
actividad ocasione, originado en el evento, impacto o consecuencia adversa propia
del mismo riesgo, y en estos casos no será necesario que se pruebe la existencia
de una falla del servicio, porque la responsabilidad se atribuye objetivamente a
quien desplegó dicha acción. Aún bajo este título de imputación, para que surja la
obligación de reparar es necesario que estén presentes los elementos que
configuran la responsabilidad de la Administración, a saber: i) un hecho dañoso
imputable a la entidad pública demandada, ii) un daño y iii) una relación de
causalidad entre uno y otro. No obstante lo dicho, cuando los elementos de
prueba que estén presentes, conduzcan a inferir que se incurrió en una falla del
servicio, se favorecerá el régimen de responsabilidad subjetiva por culpa y por lo
tanto, deberá gobernarse el asunto bajo el título de imputación de falla del servicio
aún cuando la actividad ejercida por su naturaleza sea peligrosa, tal y como
ocurrió en el caso concreto. En efecto, hecha una revisión de los elementos de
juicio incorporados al proceso, no hay duda de que el hecho dañoso es imputable
a la entidad municipal, por estar presentes los elementos de comprometen la
responsabilidad de la Administración a título de falla probada del servicio.

ACCIDENTE DE TRANSITO - Falla en el servicio / FALTA DE REVISION
TECNICO MECANICA - Daño en la dirección del automotor / EXCESO DE
VELOCIDAD - Contribuyó al hecho dañoso / DESTINACION DIFERENTE - La
volqueta se utilizó para el transporte de personas

Este asunto merece gobernarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por
falla del servicio, pues, revisada la prueba documental y testimonial, ésta da
cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los
hechos. El grave daño presentado en la dirección, implicaba que el automotor no
había sido sometido para entonces a una revisión técnico mecánica, que
permitiera advertir la falla existente, lo cual sin duda, agudizó el problema
presentado en la dirección, circunstancia que impidió al conductor controlar el
vehículo. Esto sumado a la velocidad del vehículo dio lugar a la colisión y al
volcamiento del mismo. Adicionalmente, la responsabilidad también aparece
comprometida por parte del Municipio de Buriticá, pues, a la volqueta modelo
1986, le dio una destinación diferente, no acorde para lo que fue diseñada. Este
tipo de vehículos, sirven para trasladar tierra, piedra o escombros. En suma sirve
para trasladar material de construcción de un lado a otro, dichos vehículos no
están diseñados para el transporte de personas, por no cumplir con la
infraestructura especial para el acceso de pasajeros, ni tampoco cumplen con las
mínimas normas que garanticen la seguridad de los mismos. Esta razón también
permite inferir que la entidad, por una lado, expuso a todas las personas que
viajaban en el volco a un riesgo mayor, y por otro, que desconoció y transgredió el
artículo 170 del Decreto 1809 de 1990 (Código Nacional de Tránsito vigente para
la época), en cuanto prohibía transportar pasajeros en este tipo de vehículos. Los
argumentos anteriores son suficientes para declarar la responsabilidad de la
Administración por falla probada del servicio, por cuanto quedó demostrado que el
accidente se produjo por una falla mecánica atribuible a la Administración por falta
de mantenimiento del automotor y porque a éste se le dio una destinación distinta,
no solo por trasladar personas en el vehículo de carga desconociendo la
prohibición de la norma reglamentaria, sino por no contar con las mínimas
medidas de seguridad para ello.


                             CONSEJO DE ESTADO

                SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

                               SECCION TERCERA

              Consejera ponente: GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010)
Radicación número: 05001-23-31-000-1993-00767-01(17635)

Actor: MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE BURITICA Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA



Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 17 de agosto de
1999, mediante la cual se adoptaron las siguientes declaraciones y condenas:

       “1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
       pasiva propuesta por el Departamento de Antioquia.

       2. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Municipio de
       Buriticá.

       PRIMER GRUPO FAMILIAR

       POR LA MUERTE DE ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ

       3. Declárese administrativamente responsable al Municipio de Buriticá
       (Antioquia), por los daños y perjuicios causados a María Teresa Rodríguez
       Henao, a Lida Isabel Rodríguez Henao, Luís Adolfo Zapata Rodríguez;
       Viviana y Carolina Rodríguez Henao; Bertalina de Rodríguez y Samuel de
       Jesús Rodríguez Pineda por la muerte de su hijo, hermano y nieto
       Alejandro Aristizabal Rodríguez, en hechos ocurridos el día 10 de enero
       de 1993 en el Corregimiento de Pinguro, Municipio de Giraldo
       Departamento de Antioquia.

       4º. PERJUICIOS MORALES
       Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a dicho ente
       territorial al pago de los perjuicios morales para Maria Teresa Rodríguez
       en su calidad de madre, el equivalente a 1,000 gramos de oro y para los
       hermanos maternos Lida Isabel Rodríguez Henao, Luís Adolfo Zapata
       Rodríguez; Viviana y Carolina Rodríguez Henao; el equivalente en pesos a
       500 gramos oro para cada uno de ellos y a sus abuelos maternos
       Bertalina Henao de Rodríguez y Samuel de Jesús Rodríguez Pineda, el
       equivalente en pesos a 350 gramos oro para cada uno de ellos, los que se
       cancelaran según lo certifique el Banco de la República a la fecha de
       ejecutoria de la sentencia.

       4.1. No se accede a las pretensiones de los señores Samuel y Roberto
       Rodríguez Henao, tíos del joven fallecido Alejandro Rodríguez, por lo
       expuesto en la parte motiva de esta aprovidencia (sic).

       4.2. PERJUICIOS MATERIALES
       No se hará ningún reconocimiento por perjuicios materiales para este
       grupo familiar, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
5. AL SEGUNDO GRUPO FAMILIAR
POR LAS LESIONES DE HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO

Declárese administrativamente responsable al municipio de Buriticá (Ant.)
por perjuicios materiales y morales causados al señor Humberto de Jesús
Presiga Graciano, por las lesiones sufridas en el accidente tantas veces
referido.

5.1.1 PERJUICIOS MATERIALES
Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Municipio de
Buriticá (Ant) a pagar por concepto de lucro cesante consolidado y futuro
al señor Humberto de Jesús Presiga Graciano la suma de $27,769.498.oo.

5.2. POR PERJUICIOS MORALES
Condénese al Municipio de Buriticá a pagar por perjuicios morales al
lesionado Humberto de Jesús Presiga Graciano el equivalente en pesos a
mil gramos de oro.

5.2. A su esposa señora Mariela del Socorro Manco Sánchez, se le
reconoce el equivalente en pesos a setecientos gramos oro.

5.3. Y a sus hijos señores Dora Alicia, Javier Humberto, Noelia del
Carmen, Hugo Ancizar, Diana Maria y Johana Andrea Presiga Manco el
equivalente en pesos a cuatrocientos (400) gramos, oro para cada uno de
ellos.

5.4. A los señores Carlos Elías Presiga Durango y Laurentina Graciano en
su calidad de padres de la víctima, se les reconocerá el equivalente en
pesos a trescientos cincuenta (350) gramos oro.

5.5. Para los hermanos, señores, Carlos Elías, Maria Rosmira, Gilma, Luís
orlando, Aura Diela y Hernando Antonio Presiga Graciano, se les
reconocerá el equivalente en pesos a ciento cincuenta /150) gramos oro
para cada uno.

6. PARA EL TERCER GRUPO FAMILIAR
POR LAS LESIONES DE CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO

6.1. POR PERJUICIOS MATERIALES
Niéguense las pretensiones por este concepto solicitadas por el señor
Carlos Elías Presiga Graciano, por concepto de lucro cesante
(Consolidado y futuro), por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

6.2. PERJUICIOS MATERIALES
No acceder a las pretensiones con respecto a estos perjuicios solicitadas
por el lesionado Carlos Elías Presiga Graciano, y su esposa Maria Emilse
Manco Sánchez, sus hijos Cielo Argenida, Diego Alexander, Milena del
Carmen, Claudia Marcela y Cristian Elías; los padres del lesionado
señores Carlos Elías Presiga Durango y Laurentina Graciano, sus
hermanos Humberto de Jesús, Maria Rosmira, Gilma, Luís Orlando, Aura
Diela y Hernando Antonio Presiga Graciano, por lo expuesto en la parte
expositiva de esta providencia.

7. PARA EL CUARTO GRUPO FAMILIAR
EN CUANTO A LAS LESIONES DE DUBAN ALONSO DAVID USUGA

7.1. Declárese administrativamente responsable al Municipio de Buriticá
(Ant.) por los daños y perjuicios causados al señor Duben Alonso David
Usuga y a María Ofelia Usuga Agudelo, Olga Lucia, Wilson de Jesús,
Duber Fabián, Analida Maria David Usuga y Graciela Usuga, madre,
hermanos y abuela del lesionado, por los hechos ocurridos el día 10 de
enero de 1993 en el corregimiento de Pinguro Municipio de Giraldo
Departamento de Antioquia.”

7.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al
municipio de Buriticá Ant, al pago de los perjuicios materiales – lucro
cesante consolidado y futuro, para lo cual se reconoce al señor Duben
Alonso David Usuga, la suma de $23.076.116.oo.

7.3. PERJUICIOS MORALES
Por éste concepto se le reconoce al lesionado Duben Alonso David
Usuga, el equivalente en pesos a mil gramos de oro, a su señora madre
María Ofelia Usuga Agudelo mil gramos de oro, y a sus hermanos Olga
Lucia, Wilson de Jesús, Duber Fabián, Analida Maria David Usuga y a la
abuela Maria Graciela Usuga trescientos cincuenta gramos de oro para
cada uno.

8. QUINTO GRUPO FAMILIAR
8.1. Nieganse las pretensiones formuladas por este grupo, por concepto
de perjuicios materiales y morales, por lo expuesto en la parte expositiva
de esta providencia.

9. SEXTO GRUPO FAMILIAR
POR LA MUERTE DEL SEÑOR RAIMUNDO USUGA DAVID

9.1. Declárese administrativamente responsable al municipio de Buriticá
Ant, por los perjuicios morales causados a Argemira, Blanca Adelina,
Jesús María y Diafanor Usuga Graciano, Albeiro Antonio Higuita, Maria
Luisa Enrique, Pedro Nel, Antonio José y Pedro Julio Usuga David, hijos y
hermanos del Fallecido.

9.2. PERJUICIOS MORALES

9.3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a dicho
ente territorial a pagar por este concepto a Argemira, Blanca Adelina,
Jesús Maria y Diofanor Usuga Graciano y a Albeiro Antonio Higuita, hijos
del fallecido, el equivalente en pesos a mil gramos de oro para cada uno.

Se le reconoce igualmente a los hermanos del occiso; señores, María
Luisa, Enrique, Pedro Nel, Antonio José y Pedro Julio Usuga David, la
cantidad de quinientos gramos oro para cada uno.

10. AL SEPTIMO GRUPO FAMILIAR
POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LUIS JAVIER BERRIO USUGA
10.1. Declárese administrativamente responsable al Municipio de Buriticá
(Ant), por los daños y perjuicios causados a Samuel Isidro Berrio Martínez
y Dioselina Usuga Cifuentes, a los señores Aladín, Balbaneda Del Socorro
y Joaquín Berrio Avendaño, Olga Ruth y Dora Estella Usuga, padres y
hermanos del joven fallecido, en hechos ocurridos el día 10 de enero de
1993, en el Corregimiento de Pinguro, Municipio de Giraldo, Departamento
de Antioquia.

10.2. PERJUICIOS MATERIALES

10.3. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a dicho
ente territorial al pago de los perjuicios materiales lucro cesante debido y
futuro a la madre de la victima, señora Dioselina Usuga Cifuentes en la
cantidad de $6.395.723.

10.4. Se les reconocerá por este concepto a Samuel Isidro Berrio Martínez
y Dioselina Usuga Cifuentes padres del joven muerto la cantidad de mil
gramos oro para cada uno.

Y a sus hermanos, Joaquín Berrio Avendaño, Aladín, Balbaneda del
Socorro Berrio Avendaño, Olga Ruth y Dora Estella Usuga se les reconoce
quinientos gramos para cada uno.

10.5. Desestímense las pretensiones formuladas por la hermana del
occiso Consuelo Berrio Avendaño, por cuanto no se acreditó parentesco
alguno.

11. No acceder a las pretensiones formuladas por el señor Edir Alcibar
Hidalgo Higuita, por concepto de perjuicios materiales y morales por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

12. No se accede a las pretensiones formuladas por el señor Ángel
Ignacio Higuita Durango, por los motivos indicados en la parte resolutiva
de esta providencia.

13. Declarase administrativamente responsable al Municipio de Buriticá
Ant, por los daños y perjuicios ocasionados al lesionado Antonio José
Usura David.

13.1. PERJUICIOS MATERIALES

13.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al
municipio de Buriticá al pago de los perjuicios materiales lucro cesante
debido y futuro al señor Antonio José Usuga David, la cantidad de
$2.330.022.oo.

13.2. PERJUICIOS MORALES
Se le reconoce al lesionado Antonio José Usuga David, a quien ya se le
reconoció quinientos gramos de oro como beneficiario de su hermano
Raimundo Usuga David, el equivalente en pesos a cien gramos oro.

14. AL GRUPO FAMILIAR NUMERO OCHO
14.1. Niéganse las pretensiones formuladas por el señor Carlos Mario
Avendaño Gómez, Rosalía Gómez. Jorge William, John Jaime, Héctor
León, Ignacio Antonio y Clara Inés Avendaño Gómez, por lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

15. GRUPO FAMILIAR NUMERO NUEVE
No se accede a las pretensiones solicitadas por el señor John Jaime
Avendaño Gómez, Rosalía Gómez Cano, Jorge William, Carlos Mario,
           Héctor León, Ignacio Antonio y Clara Inés Avendaño Gómez, como se
           dispuso en la parte motiva de este fallo.”

           16. Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos
           177 y 178 del C.C.A.

           19. Condénese en costas a los demandantes vencidos en este proceso.”




                                 ANTECEDENTES PROCESALES
El 7 de junio de 1993 MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO y otros1, en ejercicio
de la acción de reparación directa solicitaron declarar patrimonialmente

1
 La demanda fue presentada por 9 grupos familiares encabezada en cada uno de ellos como a continuación se describe:
1.1. MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO; LIDA ISABEL RODRIGUEZ HENAO, LUIS ADOLFO ZAPATA
RODRIGUEZ, VIVIANA y CAROLINA HENAO (menores de edad y representados estos cuatro por su madre MARIA
TERESA RODRIGUEZ HENAO); BERTALINA HENAO DE RODRIGUEZ; SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ PINEDA;
SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ HENAO Y ROBERTO RODRIGUEZ HENAO, mayores de edad la primera y los
últimos cuatro y domiciliados todos en Buriticá – Antioquia (folios 145 y siguientes del cuaderno principal).

1.2. “HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO; MARIELA DEL SOCORRO MANCO SANCHEZ; DORA ALICIA,
JAVIER HUMBERTO, NOHELIA DEL CARMEN, HUGO ANCIZAR, DIANA MARIA y JOHANA ANDREA PRESIGA
MANCO (menores los tres últimos y representados por sus padres HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO y
MARIELA DEL SOCORRO MANCO DE PRESIGA; CARLOS ELIAS PRESIGA DURANGO; LAURENTINA
GRACIANO; CARLOS ELIAS, MARIA ROSMIRA, GILMA, LUIS ORLANDO, AURA DIELA y HERNANDO ANTONIO
PRESIGA GRACIANO mayores de edad los cinco primeros y los ocho últimos, todos domiciliados en Giraldo –
Antioquia.”

1.3. “CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO; MARIA EMILSE MANCO SANCHEZ; CIELO ARGENIDA, DIEGO
ALEXANDER, MILENA DEL CARMEN, CLAUDIA MARCELA y CHRISTIAN ELIAS PRESIGA MANCO ( menores de
edad estos últimos cinco y representados por sus padres CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO y MARIA EMILSE
MANCO SANCHEZ); CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO; LAURENTINA GRACIANO: HUMBERTO DE JESUS,
MARIA ROSMIRA, GILMA, LUIS ORLANDO, AURA DIELA y HERNANDO ANTONIO PRESIGA GRACIANO mayores
de edad los dos primeros y los ocho últimos, todos domiciliados en Giraldo Antioquia.-”

1.4. MARIA OFELIA USUGA AGUDELO; DUBEN ALONSO y OLGA LUCIA DAVID USUGA (menores estos dos
últimos y representados por su madre MARIA OFELIA USUGA AGUDELO); WILSON DE JESUS y ANALIDA MARIA
DAVID USUGA; GRACIELA USUGA; JUANA BAUTISTA AGUDELO DE USUGA y ANTONIO JOSE USUGA DAVID,
mayores la primera y los seis últimos, domiciliados en Medellín – Antioquia. y como agente oficiosa de DUBER FABIAN
DAVID USUGA, quien se encuentra ausente prestando el servicio militar obligatorio.

 1.5. “SIGIFREDO, HERIBERTO ANTONIO, SAMUEL ARTURO y FABIO DE JESUS MANCO SANCHEZ; ROBEIRO
JESUS MANCO USUGA, JUAN CRISOSTOMO, ABEL ALCIDES y MIGUEL ANGEL GRACIANO DAVID; CARLOS
ELIAS y HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO; y ELISEO QUIROS URREGO, todos mayores y domiciliados
en Pinguro, municipio de Giraldo, Antioquia.”

1.6. “ARGEMIRA, BLANCA ADELINA, JESUS MARIA y DIOFANOR USUGA GRACIANO; y ALBEIRO ANTONIO
HIGUITA; MARIA LUISA, ENRIQUE, PEDRO NEL, ANTONIO JOSE y PEDRO JULIO USUGA DAVID, mayores todos
y domiciliados en Buritica – Antioquia.”

1.7. “SAMUEL ISIDRO BERRIO MARTINEZ; DIOSELINA USUGA CIFUENTES; CONSUELO, ALADIN, ALBANEDA y
JOAQUIN BERRIO AVENDAÑO; OLGA RUTH y DORA ESTELA USUGA, mayores y domiciliados en Buriticá –
Antioquia los siete primeros y en Girardota la última.”

1.8. “EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, mayor y domiciliado en Buritica – Antioquia.”

1.9. “ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, mayor y domiciliado en Buriticá – Antioquia.”

1.10. “ANTONIO JOSE USUGA DAVID, mayor y domiciliado en Buriticá.”
responsable al Municipio de Buriticá (Antioquia) y al Departamento de Antioquia
(Secretaría de Transporte y Tránsito), por la muerte de los señores RAIMUNDO
USUGA DAVID y LUIS JAVIER BERRIO USUGA; por el fallecimiento del menor
ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ y por las lesiones causadas a los
señores HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO, CARLOS ELIAS
PRESIGA GRACIANO, DUBEN ALONSO DAVID USUGA, EDIR ALCIBAR
HIDALGO HIGUITA, ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, ANTONIO JOSE
USUGA DAVID, CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ y JOHN JAIME
AVENDAÑO GOMEZ, el día 10 de enero de 1993, a raíz del accidente de tránsito
de la volqueta, identificada con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de
Buritica – Antioquia – en la cual viajaban como pasajeros, en el sitio conocido
como Puente seco, en la carretera al mar entre la vereda el Balso y el
corregimiento de Pinguro, jurisdicción del Municipio de Giraldo.


El orden de las pretensiones se transcribe a continuación:

         1. “Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
         DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
         son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
         daños y perjuicios ocasionados a los demandantes MARIA TERESA
         RODRIGUEZ HENAO; LIDA ISABEL RODRIGUEZ HENAO, LUIS
         ADOLFO ZAPATA RODRIGUEZ; VIVIANA y CAROLINA RODRIGUEZ
         HENAO; BERTALINA DE RODRIGUEZ; SAMUEL DE JESUS
         RODRIGUEZ PINEDA; SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ HENAO y
         ROBERTO RODRIGUEZ HENAO, por la muerte de ALEJANDRO
         ARISTIZABAL RODRIGUEZ, hijo de la primera; hermano de los cuatro
         siguientes; nieto de la sexta y el séptimo; y sobrino e hijo de crianza del
         octavo y el noveno, el día 10 de enero de 1993, a consecuencia de las
         lesiones recibidas en la misma fecha en el accidente de tránsito de la
         volqueta con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buritica –
         Antioquia – en la que viajaba como pasajero, en el sitio conocido como
         Puente seco, en la carretera al mar entre la vereda el Balso y el
         corregimiento de Pinguro, jurisdicción del Municipio de Giraldo – Antioquia
         – por presuntas fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga
         Graciano, empleado del municipio de Buriticá, y sin certificado de
         movilización ni seguro obligatorio.

         2. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
         ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
         lucro cesante (debido y futuro) causados a MARIA TERESA RODRIGUEZ
         HENAO por concepto de la ayuda económica que dejó de recibir desde la

1.11. “CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ (representado por su señora madre ROSALBA GOMEZ CANO);
ROSALBA GOMEZ CANO; JORGE WILLIAM, JOHN JAIME, HECTOR LEON, IGNACIO ANTONIO y CLARA INES
AVENDAÑO GOMEZ, (representados estos tres últimos por su señora madre ROSALBA GOMEZ CANO).”

1.12. “JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ (representado por su señora madre ROSALBA GOMEZ CANO); ROSALBA
GOMEZ CANO; JORGE WILLIAM, HECTOR LEON, IGNACIO ANTONIO, CARLOS MARIO y CLARA INES
AVENDAÑO GOMEZ, (representados estos cuatro últimos por su señora madre ROSALBA GOMEZ CANO).”
fecha de su fallecimiento (artículo 1615 del Código Civil) y que ya nunca
más recibirá de su hijo ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ,
perjuicios estimados en la cantidad de $14.206.314.oo ($230.393.oo) por
lucro cesante consolidado y $13.975.921.00 por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.

3. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO; LIDIA
ISABEL RODRIGUEZ HENAO, LUIS ADOLFO ZAPATA RODRIGUEZ;
VIVIANA y CAROLINA RODRIGUEZ HENAO; BERTALINA HENAO DE
RODRIGUEZ; SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ PINEDA, SAMUEL DE
JESUS RODRIGUEZ HENAO y ROBERTO RODRIGUEZ HENAO, por el
dolor, la angustia, la congoja y la pena que les produce la muerte de su
hijo, hermano, nieto y sobrino e hijo de crianza ALEJANDRO
ARISTIZABAL RODRIGUEZ, perjuicios estimados en el equivalente en
pesos colombianos de nueve mil (9.000) gramos de oro fino (mil gramos
para cada demandante) a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al
precio actual valen la cantidad de $75.600.000.00 ($8.400.000.00 para
cada demandante), de acuerdo con el certificado que expida el Banco de
la Republica.

4. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes HUMBERTO DE
JESUS PRESIGA GRACIANO; MARIELA DEL SOCORRO MANCO
SANCHEZ; DORA ALICIA, JAVIER HUMBERTO, NOHELIA DEL
CARMEN, HUGO ANCIZAR, DIANA MARIA y JOHANA ANDREA
PRESIGA MANCO; CARLOS ELIAS PRERSIGA DURANGO;
LAURENTINA GRACIANO; CARLOS ELIAS, MARIA ROSMIRA, GILMA,
LUIS ORLANDO, AURA DIELA y HERNANDO ANTONIO PRESIGA
GRACIANO, por el lesionamiento del primero, HUMBERTO DE JESUS
PRESIGA GRACIANO, esposo de la segunda, padre de los otros seis, hijo
del noveno y la décima; y hermano de los últimos seis, el día 10 de enero
de 1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la volqueta con
placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia – en la
viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco, de la
carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro,
en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas
fallas mecánicas, conducida por Hernando Usura Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.

5. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de:

5.1. Lucro cesante (debido y futuro) causados a HUMBERTO DE JESUS
PRESIGA GRACIANO por concepto de la pérdida de su capacidad
laboral, estimada en un ciento por ciento (100%), perjuicios que se deben
indemnizar desde la fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de
su vida probable, y que se estiman en la cantidad de $24.996.598.00
($458.280.00) por lucro cesante consolidado y $24.508.318.000 por lucro
cesante futuro debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la
sentencia, de acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al
Consumidor de ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el
DANE.

5.2. Daño emergente consistente en los varios gastos que ha debido
efectuar con miras a recuperar al menos en parte la salud perdida, en
transporte, medicinas, alquiler de sillas de ruedas etc. y lo que cueste el
tratamiento para volver al estado de sanidad que tenia antes, incluyendo la
prótesis para el miembro inferior derecho, y compra de sillas de ruedas,
suma que desde ahora se calcula en $5.000.000.00, la que se deberá
actualizar a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de acuerdo con la
variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de ingresos bajos
(obreros) según certificación que expida el DANE.

6. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO;
MARIELA DEL SOCORRO MANCO SANCHEZ; DORA ALICIA, JAVIER
HUMBERTO, NOHELIA DEL CARMEN, HUGO ANCIZAR, DIANA MARIA
y JOHANA ANDREA PRESIGA MANCO; CARLOS ELIAS PRESIGA
DURANGO; LAURENTINA GRACIANO; CARLOS ELIAS, MARIA
ROSMIRA, GILMA, LUIS ORLANDO, AURA DIELA y HERNANDO
ANTONIO PRESIGA GRACIANO, por el dolor, la angustia, la congoja y la
pena que les produce el lesionamiento del primero, perjuicios estimados
en el equivalente en pesos colombianos de dieciséis mil (16.000) gramos
de oro fino (mil gramos para cada demandante) a la fecha de ejecutoria de
la sentencia, que al precio actual valen la cantidad de $134.400.000.00
($8.400.000.00 para cada demandante), de acuerdo con el certificado que
expida el Banco de la República.

7. Declárese que el MUNICIPIO DE BURUTICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes CARLOS ELIAS
PRESIGA GRACIANO; MARIA EMILSE MANCO SANCHEZ; CIELO
ARGENIDA, DIEGO ALEXANDER, MILENA DEL CARMEN, CLAUDIA
MARCELA y CHRISTIAN ELIAS PRESIGA MANCO; CARLOS ELIAS
PRESIGA DURANGO; LAURENTINA GRACIANO; HUMBERTO DE
JESUS, MARIA ROSMIRA, GILMA, LUIS ORLANDO, AURA DIELA y
HERNANDO ANTONIO PRESIGA GRACIANO, por el lesionamiento del
primero, CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, esposo de la segunda,
padre de los otros cinco, hijo del octavo y la novena; y hermano de los
últimos seis, el día 10 de enero de 1993, a consecuencia del accidente de
tránsito de la volqueta con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de
Buriticá – Antioquia – en la viajaba como pasajero, en el sitio conocido
como Puente seco, de la carretera al mar entre la Vereda El Balso y el
Corregimiento de Pinguro, en la jurisdicción del municipio de Giraldo –
Antioquia – por presuntas fallas mecánicas, conducida por Hernando
Usuga Graciano, empleado del municipio de Buriticá, y sin certificado de
movilización ni seguro obligatorio.

8. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a CARLOS ELIAS PRESIGA
GRACIANO por concepto de la pérdida de su capacidad laboral, estimada
en un ciento por ciento (100%), perjuicios que se deben indemnizar desde
la fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable,
y que se estiman en la cantidad de $26.744.105.00 (458.105.00) por lucro
cesante consolidado y $26.285.825.00. por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.”

9. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO; MARIA
EMILSE MANCO SANCHEZ; CIELO ARGENIDA, DIEGO ALEXANDER,
MILENA DEL CARMEN, CLAUDIA MARCELA y CHRISTIAN ELIAS
PRESIGA MANCO; CARLOS ELIAS PRESIGA DURANGO; LAURENTINA
GRACIANO; HUMBERTO DE JESUS, MARIA ROSMIRA, GILMA, LUIS,
ORLANDO, AURA DIELA y HERNANDO ANTONIO PRESIGA
GRACIANO, por el dolor, la angustia, la congoja y la pena que les produce
el lesionamiento del primero, perjuicios estimados en el equivalente en
pesos colombianos de quince mil (15.000) gramos de oro fino (mil gramos
para cada demandante) a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al
precio actual valen la cantidad de $126.000.000.00 ($8.400.000.00 para
cada demandante), de acuerdo con el certificado que expida el Banco de
la República.

10. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes MARIA OFELIA
USUGA AGUDELO; DUBEN ALONSO, OLGA LUCIA, WILSON DE
JESUS, DUBER FABIAN y ANALIDA MARIA DAVID USUGA; GRACIELA
USUGA; JUANA BAUTISTA AGUDELO DE USUGA y ANTONIO JOSE
USUGA DAVID, por el lesionamiento de DUBEN ALONSO DAVID
USUGA, hijo de la primera, hermano de la tercera, el cuarto, el quinto y la
sexta; nieto de la séptima, de la octava y del noveno, el día 10 de enero de
1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la volqueta con placas
OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia – en la que
viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco, de la
carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro,
en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas
fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.

11. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a DUBAN ALONSO DAVID
USUGA por concepto de la pérdida de su capacidad laboral, estimada en
un ciento por ciento (100%), perjuicios que se deben indemnizar desde la
fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable, y
que se estiman en la cantidad de $20.481.753.00 (307.191.00) por lucro
cesante consolidado y $20.174.562.00. por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.
12. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a MARIA OFELIA USUGA AGUDELO; DUBAN
ALONSO, OLGA LUCIA, WILSON DE JESUS, DUBER FABIAN y
ANALIDA MARIA DAVID USUGA; GRACIELA USUGA; JUANA
BAUTISTA AGUDELO DE USUGA y ANTONIO JOSE USUGA DAVID,
por el dolor, la angustia, la congoja y la pena que les produce el
lesionamiento del segundo, perjuicios estimados en el equivalente en
pesos colombianos de nueve mil (9.000) gramos de oro fino (mil gramos
para cada demandante) a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al
precio actual valen la cantidad de $75.600.000.00 ($8.400.000.00 para
cada demandante), de acuerdo con el certificado que expida el Banco de
la República.

13. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes SIGIFREDO,
HERIBERTO ANTONIO, SAMUEL ARTURO y FABIO DE JESUS MANCO
SANCHEZ; ROBEIRO DE JESUS MANCO USUGA, JUAN
CRISOSTOMO, ABEL ALCIDES y MIGUEL ANGEL GRACIANO DAVID;
CARLOS ELIAS y HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO; y
ELISEO QUIROS URREGO, por la destrucción de los instrumentos
musicales de la “BANDA DE PINGURO” de su propiedad, el día 10 de
enero de 1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la volqueta
con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia –
en la cual eran transportados, en el sitio conocido como Puente seco, de
la carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro,
en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas
fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.

14. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales:

14.1. De daño emergente:
14.1.1. Sufridos por sus propietarios SIGIFREDO, HERIBERTO
ANTONIO, SAMUEL ARTURO y FABIO DE JESUS MANCO SANCHEZ, y
estimados en $3.024.000.00, suma que se deberá actualizar con base en
la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de ingresos
bajos (obreros, entre el mes de Diciembre de 1992 y el de ejecutoria de la
sentencia, según certificado que expida el DANE.

14.2. De lucro cesante (debido y futuro)
14.2.1. Causados a SIGIFREDO, HERIBERTO ANTONIO, SAMUEL
ARTURO y FABIO DE JESUS MANCO SANCHEZ; ROBEIRO DE JESUS
MANCO USUGA, JUAN CRISOTOMO, ABEL ALCIDES y MIGUEL
ANGEL GRACIANO DAVID; CARLOS ELIAS y HUMBERTO DE JESUS
PRESIGA GRACIANO; ELISEO QUIROS URREGO, por concepto de la
pérdida de su fuente de trabajo, perjuicios que se deben indemnizar desde
la fecha de ocurrencia del accidente hasta la fecha de reposición de los
instrumentos destruidos, y que se estiman – para cada uno – en la
cantidad de $1.822.619.00 (20.048.812.00 para los once) ($156.780.00)
(1.724.580.00 para los once) por lucro cesante consolidado y
$1.665.839.00 (18.324.230.00 para los once por lucro cesante futuro)
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que
podrá ocurrir dentro de tres años, de acuerdo con la variación del Índice
Nacional de Precio al consumidor de ingresos bajos (obreros) según
certificación que expida el DANE.

14.3. Daños Morales
14.3.1. Sufridos por SIGIFREDO, HERIBERTO ANTONIO, SAMUEL
ARTURO y FABIO DE JESUS MANCO SANCHEZ, ROBEIRO DE JESUS
MANCO USUGA, JUAN CRISOSTOMO, ABEL ALCIDES y MIGUEL
ANGEL GRACIANO DAVID; CARLOS ELIAS y HUMBERTO DE JESUS
PRESIGA GRACIANO; y ELISEO QUIROS URREGO como consecuencia
de la destrucción de sus fuentes de trabajo lo que les ha causado
angustias y desconsuelos al no poder reponerlos rápidamente con sus
propios recursos, pues los propietarios de los instrumentos son muy
pobres y aquellos eran los que les proporcionaban sus medios de
subsistencia; y en cuanto a lo demás, que operaban diversos
instrumentos, al no acceder a los ingresos que percibían para
complementar las entradas obtenidas con sus trabajos habituales,
perjuicios que se estiman en el equivalente en pesos de cinco mil
quinientos (5.500) gramos de oro puro (500) gramos para cada
demandante), que a la fecha de hoy valen $46.200.000.00. (4.200.000.00
(sic) para cada demandante) según certificación que expida el Banco de la
República para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

15. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes ARGEMIRA, BLANCA
ADELINA, JESUS MARIA y DIOFANOR USUGA GRACIANO; y ALBEIRO
ANTONIO HIGUITA; MARIA LUISA, ENRIQUE, PEDRO NEL, ANTONIO
JOSE y PEDRO JULIO USUGA DAVID, por la muerte de RAIMUNDO
USUGA DAVID, padre de sangre de los cuatro primeros; padre de crianza
del quinto y hermano de los últimos cinco, el día 10 de enero de 1993, a
consecuencia del accidente de transito de la volqueta con placas OL 1838
de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia – en la que viajaba
como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco, de la carretera al
mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro, en la
jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas fallas
mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.

16. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a ARGEMIRA, BLANCA ADELINA, JESUS MARIA y
DIOFANOR USUGA GRACIANO; y ALBEIRO ANTONIO HIGUITA; MARIA
LUISA, ENRIQUE, PEDRO NEL, ANTONIO JOSE y PEDRO JULIO
USUGA DAVID, por el dolor, la angustia, la congoja y la pena que les
produce la muerte de su padre y hermano RAIMUNDO USUGA DAVID,
perjuicios estimados en el equivalente en pesos colombianos de diez mil
(10.000) gramos de oro fino (mil gramos para cada demandante) a la
fecha de ejecutoria de la sentencia, que al precio actual valen la cantidad
de $84.000.000.00 ($8.400.000.00 para cada demandante), de acuerdo
con el certificado que expida el Banco de la República.

17. Declárese que el MUNICIPIO DE BURUTICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes SAMUEL ISIDRO
BERRIO MARTINEZ; DIOSELINA USUGA CIFUENTES; CONSUELO,
ALADIN, ALBA NEDA y JOAQUIN BERRIO AVENDAÑO; OLGA RUTH y
DORA ESTELLA USUGA, por la muerte de LUIS JAVIER BERRIO
USUGA, hijo de los dos primeros y hermano de los seis últimos, el día 10
de enero de 1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la volqueta
con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia –
en la que viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco,
de la carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de
Pinguro, en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por
presuntas fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano,
empleado del municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni
seguro obligatorio.

18. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a DIOSELINA USUGA
CIFUENTES por concepto de la pérdida de la ayuda económica que
periódicamente le brindaba su hijo LUIS JAVIER BERRIO USUGA y que
dejó de percibir desde la fecha de su fallecimiento, y cuya indemnización
se debe hacer desde la fecha del accidente hasta el límite de vida
probable de la damnificada, según tablas aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, y que se estiman en la cantidad de
$10.537.937.00 ($230.394.00) por lucro cesante consolidado y
$10.307.543.00 por lucro cesante futuro debidamente actualizada a la
fecha de ejecutoria de la sentencia, de acuerdo con la variación del Índice
Nacional de Precios al Consumidor de ingresos bajos (obreros) según
certificación que expida el DANE.

19. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a SAMUEL BERRIO MARTINEZ; DIOSELINA
USUGA CIFUENTES; CONSUELO, ALADIN, ALBA NEDA y JOAQUIN
BERRIO AVENDAÑO, OLGA RUTH y DORA ESTELLA USUGA, por el
dolor, la angustia, la congoja y la pena que les produce la muerte de su
hijo y hermano LUIS JAVIER BERRIO USUGA, perjuicios estimados en el
equivalente en pesos colombianos de nueve mil (8.000) gramos de oro
fino (mil gramos para cada demandante) a la fecha de ejecutoria de la
sentencia, que al precio actual valen la cantidad de $67.200.000.00
($8.400.000.00 para cada demandante), de acuerdo con el certificado que
expida el Banco de la República.

20. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados al demandante EDIR ALCIBAR HIDALGO
HIGUITA. Por el lesionamiento de que fue víctima el día 10 de enero de
1993, a consecuencia del accidente de transito de la volqueta con placas
OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia – en la que
viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco, de la
carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro,
en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas
fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.”

21. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a EDIR ALCIBAR HIDALGO
HIGUITA por concepto de la pérdida de su capacidad laboral, estimada
en el ciento por ciento (100%) perjuicios que se deben indemnizar desde
la fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable,
y que se estiman en la cantidad de $20.095.530.00 ($307.530.00) por
lucro cesante consolidado y $19.788.00 por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.

22. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, por el dolor, la
angustia, la congoja y la pena que les produce su lesionamiento, perjuicios
estimados en el equivalente en pesos colombianos de un mil (1.000)
gramos de oro fino a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al precio
actual valen la cantidad de $8.400.000.00, de acuerdo con el certificado
que expida el Banco de la Republica.

23. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados al demandante ANGEL IGNACIO
HIGUITA DURANGO, por el lesionamiento de que fue víctima el día 10 de
enero de 1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la volqueta
con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia –
en la que viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco,
de la carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de
Pinguro, en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por
presuntas fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano,
empleado del municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni
seguro obligatorio.

24. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a ANGEL IGNACIO HIGUITA
DURANGO por concepto de la pérdida de su capacidad laboral, estimada
en el ciento por ciento (100%) perjuicios que se deben indemnizar desde
la fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable,
y que se estiman en la cantidad de $39.523.000.00 ($603.000.00) por
lucro cesante consolidado y $38.920.000.00 por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.
25. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, por el
dolor, la angustia, la congoja y la pena que les produce su lesionamiento,
perjuicios estimados en el equivalente en pesos colombianos de un mil
(1.000) gramos de oro fino a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al
precio actual valen la cantidad de $8.400.000.00, de acuerdo con el
certificado que expida el Banco de la República.

26. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados al demandante ANTONIO JOSE USUGA
DAVID, por el lesionamiento de que fue víctima el día 10 de enero de
1993, a consecuencia del accidente de transito de la volqueta con placas
OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia – en la que
viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco, de la
carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro,
en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas
fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.

27. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a ANTONIO JOSE USUGA
DAVID por concepto de la pérdida de su capacidad laboral, estimada en
un cincuenta por ciento (50%) perjuicios que se deben indemnizar desde
la fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable,
y que se estiman en la cantidad de $3.121.830.00 ($123.012.00) por lucro
cesante consolidado y $3.002.818.00 por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.

28. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a ANTONIO JOSE USUGA DAVID, por el dolor, la
angustia, la congoja y la pena que le produce su lesionamiento, perjuicios
estimados en el equivalente en pesos colombianos de un mil (1.000)
gramos de oro fino a la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al precio
actual valen la cantidad de $8.400.000.00, de acuerdo con el certificado
que expida el Banco de la Republica.

29. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes CARLOS MARIO
AVENDAÑO GOMEZ; ROSALBA GOMEZ CANO; JORGE WILLIAM,
JOHN JAIME, HECTOR LEON, IGNACIO ANTONIO y CLARA INES
AVENDAÑO GOMEZ,            por el lesionamiento de CARLOS MARIO
AVENDAÑO GOMEZ; hijo de la segunda y hermano de los demás, el día
10 de enero de 1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la
volqueta con placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá –
Antioquia – en la que viajaba como pasajero, en el sitio conocido como
Puente seco, de la carretera al mar entre la Vereda El Balso y el
Corregimiento de Pinguro, en la jurisdicción del municipio de Giraldo –
Antioquia – por presuntas fallas mecánicas, conducida por Hernando
Usuga Graciano, empleado del municipio de Buriticá, y sin certificado de
movilización ni seguro obligatorio.

30. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a CARLOS MARIO AVENDAÑO
GOMEZ por concepto de la pérdida de su capacidad laboral estimada en
un ciento por ciento (100%), perjuicios que se deben indemnizar desde la
fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable, y
que se estiman en la cantidad de $20.336.735.00 ($307.192.00) por lucro
cesante consolidado y $20.029.543.00 por lucro cesante futuro
debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.

31. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
subjetivos causados a CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ; ROSALBA
GOMEZ CANO; JORGE WILLIAM, JOHN JAIME, HECTOR LEON,
IGNACIO ANTONIO y CLARA INES AVENDAÑO GOMEZ, por el dolor, la
angustia, la congoja y la pena que les produce el lesionamiento del
primero, perjuicios estimados en el equivalente en pesos colombianos de
siete mil (7.000) gramos de oro fino (mil gramos para cada demandante) a
la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al precio actual valen la
cantidad de $58.800.000.00 ($8.400.000.00 para cada demandante), de
acuerdo con el certificado que expida el Banco de la República.

32. Declárese que el MUNICIPIO DE BURITICA – Antioquia – y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Secretaría de Transporte y Tránsito),
son administrativamente y solidariamente responsables de todos los
daños y perjuicios ocasionados a los demandantes JOHN JAIME
AVENDAÑO GOMEZ; ROSALBA GOMEZ CANO; JORGE WILLIAN,
CARLOS MARIO, HECTOR LEON, IGNACIO ANTONIO y CLARA INES
AVENDAÑO GOMEZ, por el lesionamiento de JOHN JAIME AVENDAÑO
GOMEZ; ; hijo de la segunda y hermano de los demás, el día 10 de enero
de 1993, a consecuencia del accidente de tránsito de la volqueta con
placas OL 1838 de propiedad del Municipio de Buriticá – Antioquia – en la
que viajaba como pasajero, en el sitio conocido como Puente seco, de la
carretera al mar entre la Vereda El Balso y el Corregimiento de Pinguro,
en la jurisdicción del municipio de Giraldo – Antioquia – por presuntas
fallas mecánicas, conducida por Hernando Usuga Graciano, empleado del
municipio de Buriticá, y sin certificado de movilización ni seguro
obligatorio.

33. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios materiales de
lucro cesante (debido y futuro) causados a JOHN JAIME AVENDAÑO
GOMEZ por concepto de la pérdida de su capacidad laboral estimada en
un ciento por ciento (100%), perjuicios que se deben indemnizar desde la
fecha de ocurrencia del accidente hasta el término de su vida probable, y
que se estiman en la cantidad de $16.269.309.00 ($245.753.00) por lucro
cesante consolidado y $16.023.556.00 por lucro cesante futuro
         debidamente actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
         acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de
         ingresos bajos (obreros) según certificación que expida el DANE.

         34. Condénese al MUNICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
         ANTIOQUIA a indemnizar en forma solidaria los perjuicios morales
         subjetivos causados a JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ; ROSALBA
         GOMEZ CANO; JORGE WILLIAM, CARLOS MARIO, HECTOR LEON,
         IGNACIO ANTONIO y CLARA INES AVENDAÑO GOMEZ, por el dolor, la
         angustia, la congoja y la pena que les produce el lesionamiento del
         primero, perjuicios estimados en el equivalente en pesos colombianos de
         siete mil (7.000) gramos de oro fino (mil gramos para cada demandante) a
         la fecha de ejecutoria de la sentencia, que al precio actual valen la
         cantidad de $58.800.000.00 ($8.400.000.00 para cada demandante), de
         acuerdo con el certificado que expida el Banco de la República.

         35. Ordénese al MINICIPIO DE BURITICA y al DEPARTAMENTO DE
         ANTIOQUIA dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
         artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.”

Los hechos expuestos en la demanda se resumen en estos términos:


1º. El 10 de enero de 1993, los integrantes de dos grupos folklóricos del
corregimiento de PINGURO, que se hacían llamar la “BANDA DE PINGURO” y
del “BUNDE PINGUREÑO”, dirigidos por el señor SAMUEL ARTURO MANCO
SANCHEZ, quien era un líder comunal, cultural y musical de la región, se
trasladaron al municipio de Buriticá en una volqueta de placas OL 1838, de
propiedad de dicho municipio, conducida por el Jefe de Obras de esta entidad, de
nombre     HERNANDO USUGA GRACIANO, “quien había amanecido ese día
ingiriendo licor y manejaba a gran velocidad.”


2º. Aproximadamente a las diez de la mañana comenzaron a recoger a los
pasajeros, incluyendo obviamente a los miembros de la banda musical y a los
actores del “Bunde Pingureño”. Entre los miembros de la banda que abordaron el
vehículo se encontraban los señores SIGIFREDO MANCO, HERIBERTO
ANTONIO, FABIO DE JESUS MANCO SANCHEZ; ROBEIRO JESUS MANCO
USUGA, JUAN CRISOSTOMO, ABEL ALCIDES y MIGUEL ANGEL GRACIANO
DAVID; CARLOS ELIAS y HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO; y
ELISEO QUIROS URREGO. Entre otros pasajeros estaban los señores
ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ, RUBEN DAVID USUGA; RAIMUNDO
USUGA DAVID, LUIS JAVIER BERRIO USUGA, EDIR ALCIBAR HIDALGO
HIGUITA, ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, ANTONIO JOSE USUGA
DAVID, CARLOS MARIO y JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ.
3º. Aunque faltaba por recoger a algunos integrantes del Bunde y varios
integrantes de la Banda del Pinguro, el vehículo se dirigió hacia Buriticá a una
“velocidad imprudentemente alta”, al punto de perder casi el control en el paraje
“La Quebrada del Alto”, lo que motivó que uno de los pasajeros reclamara al
conductor transitar a una menor velocidad.


4. Aproximadamente a las once de la mañana, en el lugar conocido como Puente
Seco, en la carretera al mar entre la vereda “El Balso” y el corregimiento de
“Pinguro”, jurisdicción del Municipio de Giraldo – Antioquia – el conductor perdió
el control del vehículo, y chocó contra la orilla derecha de la vía, impactando
contra una pared rocosa, al frente de la vivienda del señor LISARDO ANTONIO
FERNANDEZ; seguidamente se volcó quedando sobre un costado, y la cabina
quedó en dirección al sitio de donde venía.


5. Con ocasión del accidente perdieron la vida, a causa de las lesiones recibidas,
RAIMUNDO USUGA DAVID y LUIS JAVIER BERRIO USUGA, y el menor
ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ, quien fue conducido herido al Hospital
General de Medellín; de allí lo trasladaron al Hospital San Vicente de Paúl de la
misma ciudad y, en las horas de la noche, falleció a causa de las lesiones
recibidas en dicho accidente.


6º. En los mismos hechos resultaron lesionados los señores HUMBERTO DE
JESUS PRESIGA GRACIANO, CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, DUBAN
ALONSO DAVID USUGA, EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, y con serias
secuelas e incapacidad permanente el señor ANGEL IGNACIO HIGUITA
DURANGO, quien sufrió lesiones en la frente, en la cara y en el estómago, así
como la columna vertebral. ANTONIO JOSE USUGA DAVID sufrió fractura de la
clavícula izquierda y el húmero del mismo lado, lo que le ocasionó la pérdida
parcial de todo el brazo. CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ sufrió fractura del
cráneo con hematoma agresivo del mismo; y JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ
sufrió fractura de un pie y golpes en la cabeza.


7. En el accidente referido se destruyeron los instrumentos musicales de la “Banda
de Pinguro”, consistentes en 2 trompetas King 606; 3 trombones de émbolo King;
2 clarinetes Armstrong; 1 Barítono Amthin Checo, 1 Bombo Nylon 28’; Redoblante
de Acero Inoxidable y 1 par de platillos 40’.
8. La parte actora alegó que el conductor atribuyó el hecho a una falla mecánica,
pero lo cierto es que éste transitaba a exceso de velocidad, lo cual constituye una
falla del servicio.


    9. A lo anterior se agrega que la volqueta accidentada transitaba libremente por el
Municipio de Buriticá y por el Departamento de Antioquia, sin tener en regla todos
sus papeles, sin estar vigente el certificado de movilización y sin llenar los
requisitos del seguro obligatorio.


10. El señor HERNANDO USUGA GRACIANO era el jefe de obras del municipio
de Buriticá, de manera que entre sus funciones no estaba la de conducir la
volqueta del municipio.


12. Para la parte actora, se violaron las normas de tránsito, especialmente el
artículo 183 del Código Nacional de Tránsito, al disponer el transporte de
pasajeros en un vehiculo de carga, hecho que no fue controlado por la dirección
Departamental de Tránsito, como era su obligación.


13. La parte actora alegó que el Departamento de Antioquia, por intermedio de la
Dirección Departamental de Transportes y Tránsito de Antioquia, que constituye el
organismo de tránsito donde el vehículo está registrado (o donde debía estar
registrado), incurrió en varias omisiones al no hacer presencia en las zonas
frecuentadas por el vehículo accidentado y al no impedir el tránsito de la volqueta
en mención.


                             TRAMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA


El 23 de julio de 1993, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda2
y vinculó al Municipio de Buriticál3, entidad que dentro del término legal previsto
para ello se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que el hecho
dañoso no le era imputable, pues el accidente obedeció a una falla mecánica del
vehículo y no de quien era su conductor. Además, no resultan ciertas las
afirmaciones de que el conductor transitaba a exceso de velocidad y que
adicionalmente estuviera embriagado. Agregó que aún cuando el señor USUGA

2
    Folio106 del cuaderno No. 1
3
    Folios 272 y siguientes del cuaderno No. 1
era Jefe de Obras Públicas del municipio, entre sus funciones estaba la de
conducir la volqueta del municipio y así se desprende del Decreto No. 042 de
Junio 14 de 1992, por medio del cual le asignaron otras funciones: “ …ARTICULO
SEGUNDO: Las funciones del jefe de Obras Públicas y Planeación Municipal
serán las siguientes: e) Cuando el conductor oficial de la volqueta municipal esté
en descanso por ser día compensatorio o festivo, esté en licencia o permiso y en
casos necesarios, el servicio requerido será prestado por el Jefe de Obras
Públicas y Planeación Municipal…….”. Concluyó que el hecho se produjo por un
caso fortuito que excluye la responsabilidad de la Administración.


Vinculado el Departamento de Antioquia, éste solicitó negar las súplicas de la
demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser la entidad
obligada a responder por los perjuicios causados.4


Vencido el período probatorio, en providencia de 13 de septiembre de 1996 el
Tribunal de origen citó a las partes para llevar a cabo la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 3º del Decreto 0171 de 1993. El 6 de marzo de 1997, se
llevó a cabo la audiencia citada, la cual fracasó por falta de ánimo conciliatorio de
la entidad demandada.5 En auto de 11 de abril de 1997, se ordenó correr traslado
a las partes para alegar de conclusión, y al señor agente del Ministerio Público
para que rindiera concepto de fondo.


Durante las intervenciones finales en el curso de la primera instancia, la parte
actora insistió en la procedencia de lo pedido en las pretensiones de la demanda,
el Departamento de Antioquia en su condición de demandado reiteró las razones
de su defensa y el Municipio de Buriticá y el señor agente del Ministerio Público
guardaron silencio.


La parte actora después de haber hecho un juicio de valor frente a los medios de
prueba incorporados al plenario arguyó6, que está demostrada la falla del servicio
por parte de ambas entidades demandadas, los daños causados y la relación de
causalidad entre éstos y aquella, puesto que está acreditado que la volqueta
accidentada era propiedad del municipio de Buriticá y que su conductor era
empleado del mismo municipio, que el vehículo carecía de certificado de
movilización y del seguro obligatorio, que siendo un vehículo de carga estaba
4
  Folio 268 del cuaderno principal
5
  Folio 633 del cuaderno No. 2.
6
  Folio 640 y siguientes del cuaderno No.2
transportando pasajeros en el volco, y fuera de eso, con sobrecupo. Insistió en la
responsabilidad del Departamento de Antioquia, pues de conformidad con el
artículo 7º del Decreto Ley 1344 de 1970, modificado por el articulo 1º - 6 del
Decreto Ley 1809 de 1990 (modificado por el art. 4º del Decreto 2591 de 1990),
estaba obligado a ejercer control sobre la vía: “La Policía Vial en las carreteras
Nacionales; los organismos departamentales de tránsito en aquellos municipios
donde no hay organismo de tránsito municipal y carreteras departamentales de su
jurisdicción, los organismos de tránsito del nivel municipal y del Distrito Especial
de Bogotá, en el territorio de su jurisdicción”. Concluyó que como aparecía
acreditada la legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas y
se probaron los perjuicios sufridos por los demandantes, resultaba procedente
declarar la responsabilidad patrimonial con ocasión de los daños causados.


El Departamento de Antioquia7 sostuvo que hecha una revisión de las pruebas
incorporadas al proceso, no se deduce ningún tipo de responsabilidad de dicho
Departamento, pues está claro que la volqueta de placas Nro. OL1838, modelo
1986, marca Chevrolet, color azul, chasis CM606515, motor L606511186, era de
propiedad del Municipio de Buriticá, según consta en la licencia provisional
expedida por la Dirección Departamental de Transportes y Tránsito, matrícula Nro.
166396, y no del Departamento de Antioquia, y además que el señor HERNANDO
USUGA GRACIANO, quien conducía la misma, el día de los hechos era empleado
del municipio de Buriticá y no del Departamento de Antioquia, tal y como lo
certificó el municipio de Buriticá. A lo anterior agregó que tampoco había lugar a
imputar responsabilidad porque se hubieran desconocido algunas normas de
tránsito, pues ello “equivaldría a que cada vehículo que circulara por las vías
públicas tuviese un agente de tránsito a bordo”, lo cual podría generar otro tipo de
responsabilidad, pero no una responsabilidad patrimonial del Departamento.


                             2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL


El Tribunal de instancia para adoptar la decisión impugnada consideró 8:


En relación con la excepción propuesta por la entidad municipal consistente en
“caso fortuito”, porque en su sentir se presentó una falla mecánica en el sistema
de dirección del vehículo (falla que fue totalmente imprevisible para el conductor,

7
    Folio 637 del cuaderno No. 2
8
    Folio 672 y siguientes del cuaderno No. 3
de manera que el hecho no obedeció a una falta de mantenimiento del mismo y
así quedó demostrado dentro del proceso penal), consideró el Tribunal que dicho
argumento no constituye propiamente una excepción y además, que tal
circunstancia tampoco exime de responsabilidad a la Administración.


El Tribunal gobernó el asunto acogiendo la tesis de la falla presunta y sostuvo que
a través de este título de imputación, la entidad municipal no probó la existencia
de “ninguno de los eximentes de responsabilidad”.


Adicionalmente, consideró que no obra ningún elemento probatorio que conduzca
a predicar la existencia de una falla del servicio por parte del Departamento de
Antioquia en el accidente, pues el hecho de que un vehículo oficial o particular,
infrinja las normas de tránsito, no conlleva a imputar responsabilidad al organismo
de tránsito encargado de velar por el cumplimiento de dichas normas en caso de
un accidente, salvo que previamente se hubiera solicitado impedir la circulación
del mismo.


Concluyó que el hecho dañoso resulta imputable únicamente al Municipio de
Buriticá, y por esa razón condenó a dicha entidad territorial a pagar perjuicios
morales y materiales, y negó perjuicios a favor de algunos de los demandantes,
como ocurrió con los tíos del joven fallecido ALEJANDRO ARISTIZABAL
RODRÍGUEZ, por no aparecer probados los perjuicios reclamados. Igualmente
negó perjuicios materiales a favor de su madre, por tratarse de un perjuicio
eventual, y porque los hijos hacen vida independiente de su núcleo familiar.


El Tribunal negó perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente para el
grupo familiar del señor HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO, quien
resultó lesionado, por no aparecer probados.


Por las lesiones causadas al señor de CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, no
se reconocieron perjuicios materiales a su favor por cuanto no se demostró que
hubiera sido incapacitado, y tampoco le fueron reconocidos perjuicios morales ni a
él ni a su familia.


Igualmente negó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente a favor de las familias MANCO SANCHEZ, GRACIANO DAVID y
GRACIANO PRESIGA, por no acreditar la calidad de propietarios de los
instrumentos musicales.


Por la muerte del joven LUIS JAVIER BERRIO USUGA, no se reconocieron
perjuicios a favor de Consuelo Berrio Avendaño, por no acreditar la calidad de
hermana del fallecido, ni la calidad de beneficiaria.


Tampoco se reconocieron perjuicios morales y materiales a favor del lesionado
EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, ni a su núcleo familiar por no demostrarse el
daño.


No se reconocieron perjuicios morales y materiales a favor del lesionado ANGEL
IGNACIO HIGUITA DURANGO, ni a favor de los miembros de su familia por no
haberse demostrado el daño.


Por las lesiones causadas al señor ANTONIO JOSÉ USUGA DAVID, que le
ocasionaron un 50 % de pérdida de su capacidad laboral, reconoció el Tribunal
dicho porcentaje, y un total de CIEN (100) gramos de oro por concepto de
perjuicios morales.


El Tribunal negó perjuicios morales y materiales a favor del señor CARLOS
MARIO AVENDAÑO GOMEZ en su condición de lesionado y a su grupo familiar
por no aparecer demostrados los perjuicios causados. Igual suerte corrió el grupo
familiar del lesionado JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ


                               3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO


La partes inconformes con la decisión del Tribunal interpusieron recurso de
apelación, la parte actora para que fuera incrementada la condena y la parte
demandada para que los montos reconocidos fueran reducidos.


La parte actora en el escrito de apelación9, solicitó modificar la sentencia en el
sentido       de    incrementar    la   condena.   Adicionalmente,   consideró   que   el
Departamento de Antioquia también era responsable, pues, no tuvo en cuenta el
testimonio de Heriberto Antonio Manco Sánchez por el hecho de ser
demandante,(integrante de la Banda de Pinguro), lo cual resultaba injusto, pues
9
    Folio 744 del cuaderno No. 3
sus dichos fueron reiterados por otros testigos, fue un testigo de excepción por
cuanto era Guarda de Tránsito de Medellín. Además, dicha entidad no ejerció
ningún control vehicular, por lo tanto debe responder en forma solidaria con el
municipio de Buriticá de los daños sufridos por los demandantes. “El Tribunal, con
el fallo impugnado desconoce la calidad de autoridad de tránsito del Inspector de
Policía de Cativo, quien vio la volqueta llena de gente y a su conductor alicorado e
ingiriendo más licor y no hizo nada, haciendo caso omiso de lo dispuesto el
articulo 7º del Decreto ley 1344 de 1970, modificado por el artículo 1º - 6 del
Decreto Ley 1809 de 1990 (modificado por el art. 4º del Decreto 2591 de 1990),
que dice: “sin perjuicio de la colaboración que deben prestarse los agentes de
transporte y tránsito y la Policía Nacional.”


En cuanto a la decisión de Tribunal de haber negado perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante a favor de Maria Teresa Rodríguez Henao, madre del
fallecido ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ, observó que estaba probado
que el menor trabajaba y ayudaba a la madre en el sostenimiento de la familia, por
lo tanto, debió reconocerse los perjuicios materiales hasta cuando el menor
hubiera cumplido los 25 años de edad.


Reclamó indemnización para los abuelos de las víctimas en un monto mayor que
las reconocidas a los hermanos de aquellas.


Agregó que el a-quo negó el reconocimiento de indemnización por perjuicios
morales causados a los tíos – padres de crianza del fallecido Alejandro Aristizabal
Rodríguez - aduciendo que no se probó el afecto por el menor ni la aflicción
sufrida por ellos con la muerte de aquel. Sin embargo, es de presumirse que dos
tíos que criaron al joven Alejandro Aristizabal, sintieran aflicción por la muerte de
su sobrino, y por esa razón, merecen que se les indemnice el daño moral sufrido.


Adujo que el a-quo negó el reconocimiento de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente a favor del señor Humberto de Jesús Presiga
Graciano, sin tener en cuenta las lesiones causadas, ni que se vió obligado a
utilizar silla de ruedas para movilizarse de un lugar a otro, y que dadas sus
condiciones de pobreza debía arrendarla, por lo tanto, debió correr con algunos
gastos para poder hacer uso de ella.
También manifestó que el Tribunal negó el reconocimiento de perjuicios morales a
favor de CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, sin tener en cuenta la historia
clínica que cita, ni el resumen que hicieron de la misma en la Dirección Regional
del Trabajo, de la cual se destaca que las lesiones si fueron graves, que el
accidente ocurrió el 10 de enero de 1993 y que el lesionado fue dado de alta de la
sección de ortopedia el 12 de febrero de 1993, o sea que por lo menos estuvo
incapacitado 33 días, lo cual ameritaba un reconocimiento por perjuicios morales y
materiales.


Sostuvo que no se reconocieron perjuicios fisiológicos al lesionado DUBAN
ALONSO DAVID USUGA, posiblemente porque no se solicitaron en la demanda.
Sin embargo, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 impone al juez la obligación de
aplicar el principio de la reparación integral y el artículo 228 de la Carta Política
ordena al mismo juez tener en cuenta la prevalencia del derecho sustancial sobre
consideraciones puramente rituales o formales.


El Tribunal negó el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los abuelos de
los lesionados JUANA BAUTISTA AGUDELO DE USUGA y ANTONIO JOSE
USUGA DAVID, sin tener en cuenta el perjuicio moral sufrido por los familiares de
la víctima hasta el segundo grado de consaguinidad y primero del civil, sean
ascendientes, descendientes o colaterales.


Igualmente negó el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de los
integrantes de la BANDA DE PINGURO, por concepto de daño emergente, con
ocasión de la destrucción de los instrumentos y por los ingresos dejados de
percibir por los integrantes del grupo musical, puesto que se vieron impedidos
para hacer distintas presentaciones. En este último caso, no se tuvo en cuenta el
dictamen pericial que tasó el monto de los perjuicios por dicho concepto.


También, solicitó reconocer indemnización por perjuicios morales al lesionado
EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, pues a pesar de que las lesiones no le
dejaron secuelas, si recibió varias que le produjeron un daño antijurídico. Igual
suerte corrieron las pretensiones del señor ANGEL IGNACIO HIGUITA
DURANGO, y con los mismos argumentos, por esa razón solicitó su
reconocimiento. Además, solicitó reconocer perjuicios morales al lesionado
CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ y a toda su familia, dada la gravedad de
las lesiones. En igual sentido, solicitó el reconocimiento de perjuicios al lesionado
JOHN AVENDAÑO GOMEZ y a toda su familia.


En el recurso de alzada, la parte demandada10 consideró que como quiera que el
daño moral es personal, solo debe hacerse reconocimiento respecto de la víctima
directa, es decir, a favor de los lesionados y no de sus parientes, y solo en caso de
muerte a favor de sus sucesores. Además, señaló que en aplicación de los
artículos 103, 104 y 106 del Código Penal, los titulares de la acción son la víctima
directa o sus sucesores, pero no ambos simultáneamente. Para la prosperidad de
su argumento se apoyó en providencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia.11


Adicionalmente, agregó:


          “En este orden de ideas, nos permitimos hacer un sucinto planteamiento
          sobre el impacto de la decisión. Esto es, si la condena satisface de una
          manera equitativa el daño moral subjetivo, o si por el contrario no guarda
          proporción alguna con las condiciones o particularidades específicas de
          demandantes y demandada, si crea un enriquecimiento y un
          empobrecimiento sin proporción justa o equitativa entre damnificados y el
          obligado a indemnizar respectivamente, o sí en el último de los casos, ella
          parece más bien una sanción que una condena resarcitoria en contra de la
          entidad territorial.

          Las indemnizaciones por perjuicios morales con ocasión de los
          fallecimientos de ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ, RAIMUNDO
          USUGA DAVID y LUIS JAVIER BERRIO USUGA, consignadas en la
          sentencia recurrida asciende a quince mil doscientos (15.200) gramos oro
          y en el caso de las indemnizaciones por las lesiones de HUMBERTO DE
          JESUS PRESIGA GRACIANO y DUBAN ALONSO DAVID USUGA,
          asciende a nueve mil cuatrocientos cincuenta (9.450) gramos oro, para un
          total de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (24.650)
          GRAMOS ORO.

          Para el día 8 de los corrientes mes y año, fecha en la cual la sentencia
          quedaría ejecutoriada, la condena por concepto de perjuicios morales,
          asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
          QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($482.538.000,00), los
          cuales están distribuidos así:……..

          Sin lugar a dudas, los anteriores guarismos representan para cada grupo
          familiar una cuantiosa fortuna, dadas sus condiciones particulares y
10
  Folio 767 del cuaderno No. 3
11
  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 25 de noviembre de 1992, Expediente No.
3382, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schlos Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Sentencia del 28 de febrero de 1990, Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo
            tratándose de familias que subsisten del trabajo en labores agrícolas, en
            su gran mayoría.

            Ahora veamos, las específicas condiciones económicas y financieras del
            Municipio de Buriticá Antioquia, condenado a pagar, entre otras
            indemnizaciones por perjuicios materiales, las anteriores y exorbitantes
            cantidades de dinero.

            El presupuesto municipal depende en un 63% de las transferencias que se
            reciben por concepto de la participación en los ingresos corrientes de la
            Nación. Es decir, que los recursos propios son insuficientes para financiar
            los gastos corrientes del Municipio. La generación interna de recursos
            propios del municipio es del 0.02, o sea que del total de los ingresos, sólo
            el 2% corresponde a recursos propios. (Véase el Anexo No 03).

            En resumen, el Municipio de Buriticá no cuenta con liquidez suficiente para
            cubrir sus obligaciones, con el consiguiente riesgo de comprometer el
            cumplimiento de los fines constitucionales y legales que le corresponden,
            como son el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
            la población, especialmente de la más vulnerable.

En la etapa de alegatos de conclusión las partes guardaron silencio.
Oportunamente la Procuraduría Quinta Delegada rindió concepto de fondo. 12
Solicitó confirmar la sentencia del Tribunal que declaró patrimonialmente
responsable al municipio de Buriticá, por encontrar presentes los elementos que
comprometen la responsabilidad de la administración. Sin embargo, pidió revisar
la tasación que se hizo de la indemnización de los perjuicios ocasionados a los
demandantes.

                              4. CONSIDERACIONES DE LA SALA


La Sala mantendrá la decisión del Tribunal por las razones que a continuación se
exponen:

En relación con los hechos materia del debate, la Sala advierte que las pruebas
documentales aportadas por la parte actora, acompañadas en copia auténtica,
cumplen las exigencias del artículo 254 del C.P.C., de modo que reúnen las
condiciones de autenticidad requeridas por la norma, bajo el entendido de que las
copias tendrán el mismo valor que su original cuando: a) hayan sido autorizadas
por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina
judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia
autenticada. b) Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original



12
     Folio 803 del cuaderno No. 3
o la copia autenticada que se le presente13. c) Cuando sean compulsadas del
original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley
disponga otra cosa, por lo anterior las copias inauténticas o las “fotocopias
tomadas de fotocopia” carecen de mérito probatorio.

Bajo la anterior orientación prestan mérito probatorio las siguientes pruebas:


GRUPO FAMILIAR DE ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ

1o. ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ (víctima) nació en Buriticá
(Antioquia) el 24 febrero de 1980, hijo de RIGOBERTO ARISTIZABAL SALAZAR y
MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO, de conformidad con el registro civil de
nacimiento allegado al proceso.14


2o. MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO, madre de la víctima, nació en Liborina
(Antioquia) el 03 febrero de 1960, hija de SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ
PINEDA y MARIA BERTALINA HENAO PINEDA, de conformidad con el registro
civil de nacimiento allegado al proceso.15


3o. LIDA ISABEL RODRIGUEZ HENAO, hermana de la víctima, nació en Buriticá
(Antioquia) el 21 Julio de 1981, hija de MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.16


4o. LUIS ADOLFO ZAPATA RODRIGUEZ, hermano de la víctima, nació en
Buriticá (Antioquia) el 22 septiembre de 1982, hijo de LUIS MARIA ZAPATA
BORJA y MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO, de conformidad con el registro
civil de nacimiento allegado al proceso.17


5o. VIVIANA MARIA RODRIGUEZ HENAO, hermana de la víctima, nació en
Cañasgordas (Antioquia) el 08 marzo de 1984, hija de MARIA TERESA
RODRIGUEZ HENAO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado
al proceso.18




13
   Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-023 de 1998.
14
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 6 del cuaderno No. 1
15
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 7 del cuaderno No. 1
16
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 8 del cuaderno No. 1
17
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 9 del cuaderno No. 1
18
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 10 del cuaderno No. 1
6o. CAROLINA RODRIGUZ HENAO, hermana de la víctima, nació en
Cañasgordas (Antioquia) el 11 diciembre de 1991, hija MARIA TERESA
RODRIGUEZ HENAO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado
al proceso.19


7o. SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ HENAO, tío de la víctima, nació en Liborina
(Antioquia) el 06 septiembre de 1962, hijo de SAMUEL RODRIGUEZ y BERTA
HENAO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.20


8o. ROBERTO RODRIGUEZ HENAO, tío de la víctima, nació en Liborina
(Antioquia) el 10          mayo de 1967, hijo de SAMUEL RODRIGUEZ y BERTA
HENAO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.21


9o. SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ PINEDA, abuelo de la víctima, nació en
Liborina (Antioquia)…. de 1920, hijo de JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ y
SERAFINA DE JESUS PINEDA, de conformidad con la partida de bautismo
allegada al proceso.22


10o. BERTALINA HENAO PINEDA, abuela de la víctima, nació en Liborina
(Antioquia) el        2 de maro de 1937, hija de MANUEL ANTONIO HENAO y
FILOMENA PINEDA, de conformidad con la partida de bautismo allegada al
proceso.23

GRUPO FAMILIAR DE HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO

11o. HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO, (lesionado), nació en
Antioquia (Antioquia) el 16 octubre de 1944, hijo de CARLOS ELIAS PRESIGA y
LAURENTINA GRACIANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.24


12o. MARIELA DEL SOCORRO MANCO SANCHEZ, (cónyuge) nació en Antioquia
(Antioquia) el 09 abril de 1950, hija de SAMUEL ANTONIO MANCO y DIOSELINA




19
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 11 del cuaderno No. 1
20
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 12 del cuaderno No. 1
21
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 13 del cuaderno No. 1
22
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 14 del cuaderno No. 1
23
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 15 del cuaderno No. 1
24
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 22 del cuaderno 1
SANCHEZ, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.25


13o. DORA ALICIA PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 11
noviembre de 1968, hija de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA y MARIELA DEL
SOCORRO MANCO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.26


14o. JAVIER HUMBERTO PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 04
julio de 1970, hijo de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO y MARIELA
DEL SOCORRO MANCO SANCHEZ, de conformidad con el registro civil de
nacimiento allegado al proceso.27

15o. NOHELIA DEL CARMEN PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia)
el 30 marzo de 1973, hija de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA y MARIELA DEL
SOCORRO MANCO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.28

16o. HUGO ANCIZAR PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 15
mayo de 1975, hijo de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA                                      y MARIELA DEL
SOCORRO MANCO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.29


17o. DIANA MARIA PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 03
noviembre de 1978, hija de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA                                     y MARIELA
MANCO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.30


18o. JOHANA ANDREA PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 27
octubre de 1990, hija de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA y MARIELA DEL
SOCORRO MANCO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.31




25
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 23 del cuaderno 1
26
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 25 del cuaderno 1
27
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 26 del cuaderno 1
28
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 27 del cuaderno 1
29
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 28 del cuaderno 1
30
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 29 del cuaderno 1
31
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 30 del cuaderno 1
19o. LAURENTINA GRACIANO DURANGO, madre del lesionado, nació en
Antioquia (Antioquia) el 05 abril de 1923, hija de FRANCISCO DE PAULA
GRACIANO y MARIA CONCEPCION DURANGO, de conformidad con el registro
civil de nacimiento allegado al proceso.32


20o. CARLOS ELIAS PRESIGA DURANGO, padre del lesionado, nació en
Antioquia (Antioquia) el 24 mayo de 1988, hijo de GREGORIO PRESIGA                       y
JUANA BAUTISTA DURANGO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.33


21o. GILMA DE JESUS PRESIGA GRACIANO, hermana del lesionado, nació en
Antioquia (Antioquia) el 13 mayo de 1948, hija de CARLOS PRESIGA                         y
LAURENTINA GRACIANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.34


22o. LUIS ORLANDO PRESIGA GRACIANO, hermana del lesionado, nació en
Antioquia (Antioquia) el 11 octubre de 1946, hijo de CARLOS ELIAS PRESIGA y
LAURENTINA GRACIANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.35


23o. MARIA ROSMIRA PRESIGA GRACIANO, hermana del lesionado, nació en
Antioquia (Antioquia) el 11 octubre de 1946, hija de CARLOS ELIAS PRESIGA y
LAURENTINA GRACIANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.36


24o. AURA DIELA PRESIGA GRACIANO, hermana del lesionado, nació en
Antioquia (Antioquia) el 17 julio de 1954, hija de CARLOS ELIAS PRESIGA y
LAURENTINA GRACIANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.37


25o. HERNANDO ANTONIO PRESIGA GRACIANO, hermano del lesionado, nació
en Antioquia (Antioquia) el 11 febrero de 1959, hijo de CARLOS ELIAS PRESIGA



32
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 32 del cuaderno 1
33
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 33 del cuaderno 1
34
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 34 del cuaderno 1
35
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 35 del cuaderno 1
36
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 36 del cuaderno 1
37
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 37 del cuaderno 1
y LAURENTINA GRACIANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.38


26o. HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO y MARIELA DEL SOCORRO
MANCO SANCHEZ, contrajeron matrimonio en la Parroquia La Basílica de
Antioquia (Antioquia) el 09 diciembre de 1967, de conformidad con el registro de
matrimonio allegado al proceso.39


27o. CARLOS ELIAS PRESIGA DURANGO y LAURENTINA GRACIANO,
contrajeron matrimonio en la Parroquia se Santa Bárbara de Santafe de Antioquia
(Antioquia) el 01 febrero de 1942, de conformidad con el registro de matrimonio
allegado al proceso.40


GRUPO FAMILIAR DE CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO


28o. CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, (lesionado y hermano de Humberto
de Jesús Presiga Graciano) nació en Antioquia (Antioquia) el 14 mayo de 1951,
hijo de CARLOS ELIAS PRESIGA y LAURENTINA GRACIANO, de conformidad
con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.41


29º. MARIA EMILCE MANCO SANCHEZ, (cónyuge) nació en Girarldo (Antioquia)
el 20 junio de 1953, hija de SAMUEL ANTONIO MANCO y MARIA DIOCELINA
SANCHEZ, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.42


30o. CIELO ARGENIDA PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 09
diciembre de 1978, hija de CARLOS ELIAS PRESIGA y MARIA EMILSE MANCO,
de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.43


31. DIEGO ALEXANDER PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 16
junio de 1981, hijo de CARLOS ELIAS PRESIGA y MARIA EMILSE MANCO, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.44


38
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 38 del cuaderno 1
39
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 24 del cuaderno 1
40
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 31 del cuaderno 1
41
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 52 del cuaderno 1
42
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 47 del cuaderno 1
43
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 48 del cuaderno 1
44
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 49 del cuaderno 1
32o. MILENA DEL CARMEN PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el
28 enero de 1984, hija de CARLOS ELIAS PRESIGA y MARIA EMILSE MANCO,
de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.45


33o. CLAUDIA MARCELA PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el
11 febrero de 1986, hija de CARLOS ELIAS PRESIGA                                   y MARIA EMILSE
MANCO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.46


34o. CHRISTIAN ELIAS PRESIGA MANCO, nació en Antioquia (Antioquia) el 19
abril de 1992, hijo de CARLOS ELIAS PRESIGA y MARIA EMILSE MANCO, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.47


35o. CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO y MARIA EMILCE MANCO
SANCHEZ, contrajeron matrimonio en la parroquia San Martín de Antioquia
(Antioquia) el 11 marzo de 1978, de conformidad con el registro civil de matrimonio
allegado al proceso.48


GRUPO FAMILIAR DE DUBAN ALONSO DAVID USUGA


36. DUBAN ALONSO DAVID USUGA, (lesionado) nació en Buriticá (Antioquia) el
08 junio de 1978, hijo de MARCO AURELIO DAVID USUGA y MARIA OFELIA
USUGA AGUDELO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.49


37º. MARIA OFELIA USUGA AGUDELO, madre del lesionado, nació en Buriticá
(Antioquia) el 11 octubre de 1948, hija de ANTONIO JOSE USUGA DAVID y
JUANA BAUTISTA AGUDELO GUZMAN, de conformidad con el registro civil de
nacimiento allegado al proceso.50


38º. OLGA LUCIA DAVID USUGA, hermana del lesionado, nació en Medellín
(Antioquia) el 29 abril de 1983, hija de MARCO AURELIO DAVID                              y MARIA



45
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 50 del cuaderno 1
46
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 51 del cuaderno 1
47
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 52 del cuaderno 1
48
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 46 del cuaderno 1
49
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 59 del cuaderno 1
50
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 58 del cuaderno 1
OFELIA USUGA, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.51


39º. WILSON DE JESUS DAVID USUGA, hermano del lesionado, nació en
Buriticá (Antioquia) el 03 octubre de 1970, hijo de MARCO AURELIO DAVID
USUGA y MARIA OFELIA USUGA AGUDELO, de conformidad con el registro
civil de nacimiento allegado al proceso.52


40º. DUBER FABIAN DAVID USUGA, hermano del lesionado, nació en Buriticá
(Antioquia) el 16 julio de 1973, hijo de MARCO AURELIO DAVID USUGA                       y
MARIA OFELIA USUGA AGUDELO, de conformidad con el registro civil de
nacimiento allegado al proceso.53


41o. ANALIDA MARIA DAVID USUGA, hermana del lesionado, nació en Buriticá
(Antioquia) el 24 noviembre de 1974, hija de MARCO AURELIO DAVID USUGA y
MARIA OFELIA USUGA AGUDELO, de conformidad con el registro civil de
nacimiento allegado al proceso.54


42o. JUANA BAUTISTA AGUDELO GUZMAN, abuela del lesionado, nació en
Buriticá (Antioquia) el 12 enero de 1921, hija de ROBERTO AGUDELO                        y
SEVERIANA GUZMAN DAVID, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.55


43o. ANTONIO JOSE USUGA DAVID, abuelo del lesionado, nació en Buriticá
(Antioquia) el 09 enero de 1917, hijo de JESUS MARIA USUGA JIMENEZ y
CLAUDIA DAVID, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.56


44o. MARIA GRACIELA USUGA, nació el 04 agosto de 1925, hija de MARCO
AURELIO USUGA y MARIA ERMELINA MANCO, de conformidad con la partida
de bautismo allegada al proceso.57 No acreditó el parentesco



51
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 60 del cuaderno 1
52
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 61 del cuaderno 1
53
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 62 del cuaderno 1
54
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 63 del cuaderno 1
55
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 64 del cuaderno 1
56
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 65 del cuaderno 1
57
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 68 del cuaderno 1
45o. MARCO AURELIO DAVID USUGA y MARIA OFELIA USUGA AGUDELO,
contrajeron matrimonio en Buriticá (Antioquia) el 06 diciembre de 1969, de
conformidad con el registro civil de matrimonio allegado al proceso.58


GRUPO FAMILIAR DE RAIMUNDO USUGA DAVID


46o. RAIMUNDO USUGA DAVID, (occiso) nació el 20 marzo de 1910, hijo de
JESUS USUGA y CLAUDINA DAVID, de conformidad con la partida de bautismo
allegada al proceso.59


47º. ARGEMIRA USUGA GRACIANO, nació en Buriticá (Antioquia) el 16 octubre
de 1942, hija de RAIMUNDO USUGA DAVID y AURORA GRACIANO DAVID, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.60

48o. BLANCA ADELINA USUGA GRACIANO, nació en Buriticá (Antioquia) el 09
febrero de 1938, hija de RAIMUNDO USUGA DAVID y AURORA GRACIANO
DAVID, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.61

49o. JESUS MARIA USUGA GRACIANO, nació en Buriticá (Antioquia) el 28 abril
de 1940, hijo de RAIMUNDO USUGA DAVID y AURORA GRACIANO DAVID, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.62

50o. DIOFANOR USUGA GRACIANO, nació en Dabeiba (Antioquia) el 16
septiembre de 1948, hijo de RAIMUNDO USUGA DAVID y AURORA GRACIANO
DAVID, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.63

51o. MARIA LUISA USUGA DAVID, hermana del occiso, nació en Buriticá
(Antioquia) el 04 noviembre de 1921, hija de JESUS MARIA USUGA y CLAUDINA
DAVID CAMPO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.64

52º. PEDRO JULIO USUGA DAVID, hermano del occiso, nació en Buriticá
(Antioquia) el 15 octubre de 1926, hijo de JESUS MARIA USUGA JIMENEZ y



58
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 66 del cuaderno 1
59
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 98 del cuaderno 1
60
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 90 del cuaderno 1
61
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 91 del cuaderno 1
62
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 92 del cuaderno 1
63
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 93 del cuaderno 1
64
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 95 del cuaderno 1
CLAUDINA DAVID CAMPO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.65

53o. ENRIQUE USUGA DAVID, hermano del occiso, nació el 15 julio 1919, hijo de
JESUS MARIA USUGA y CLAUDINA DAVID CAMPO, de conformidad con la
partida de bautismo allegada al proceso.66


54o. PEDRO NEL USUGA DAVID, hermano del occiso, nació el 08 diciembre
1929, hijo de JESUS MARIA USUGA y CLAUDINA DAVID CAMPO, de
conformidad con la partida de bautismo allegada al proceso.67

55o. RAIMUNDO USUGA y AURORA GRACIANO, contrajeron matrimonio en la
parroquia San Antonio de Buritica (Antioquia) el 24 abril de 1937, de conformidad
con la partida eclesiástica allegada al proceso.68


56º. ALBEIRO ANTONIO HIGUITA, nació en Dabeiba (Antioquia) el 18 abril de
1962, hijo de ZOILA ROSA HIGUITA BEDOYA, de conformidad con el registro civil
de nacimiento allegado al proceso.69 No acreditó el parentesco con RAIMUNDO
USUGA, pero si su calidad de damnificado como se verá más adelante.

57º. ANTONIO JOSE USUGA DAVID, uno de los lesionados y hermano del occiso
RAIMUNDO USUGA DAVID, nació en Buriticá (Antioquia) el 09 enero de 1917,
hijo de JESUS MARIA USUGA JIMENEZ y CLAUDINA DAVID, de conformidad
con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.70

GRUPO FAMILIAR DE LUIS JAVIER BERRIO USUGA

58o. LUIS JAVIER BERRIO USUGA, (occiso) nació en Buriticá (Antioquia) el 26
agosto de 1971, hijo de SAMUEL ISIDRO BERRIO MARTINEZ y DIOSELINA
USUGA CIFUENTES, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado
al proceso.71


59o. DIOSELINA USUGA CIFUENTES, madre del occiso, nació en Buriticá
(Antioquia) el 17 diciembre de 1932, hija de MERCURIO ANTONIO LOPEZ y

65
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 96 del cuaderno 1
66
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 99 del cuaderno 1
67
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 100 del cuaderno 1
68
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 101 del cuaderno 1
69
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 94 del cuaderno 1
70
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 97 del cuaderno 1
71
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 111 del cuaderno 1
MARIA IRENE CIFUENTES, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.72


60o. OLGA RUTH USUGA CIFUENTES, hermana del occiso, nació en Buriticá
(Antioquia) el 13 junio de 1967, hija de DIOSELINA USUGA CIFUENTES, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.73


61o. DORA ESTELLA USUGA CIFUENTES, hermana del occiso, nació en Buriticá
(Antioquia) el 22 abril de 1970, hija de DIOSELINA USUGA CIFUENTES, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.74


62o. BALBANEDA DEL SOCORRO BERRIO AVENDAÑO, hermana del occiso,
nació en Antioquia (Antioquia) el 01 marzo de 1957, hija de SAMUEL ISIDRO
BERRIO MARTINEZ y MARIA IRENE AVENDAÑO, de conformidad con el registro
civil de nacimiento allegado al proceso.75

63o. JOAQUIN DE JESUS BERRIO AVENDAÑO, hermano del occiso, nació en
Buriticá (Antioquia) el 20 febrero de 1967, hijo de SAMUEL ISIDRO BERRIO
MARTINEZ y MARIA IRENE AVENDAÑO USUGA, de conformidad con el registro
civil de nacimiento allegado al proceso.76

64o. ALADIN DE JESUS BERRIO AVENDAÑO, hermano del occiso, nació en
Antioquia (Antioquia) el 19 julio de 1954, hijo de SAMUEL ISIDRO BERRIO y
MARIA IRENE AVENDAÑO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.77



65o. SAMUEL ISIDRO BERRIO MARTINEZ, padre del occiso, nació el 24 octubre
de 1928, hijo de MANUEL ANTONIO BERRIO y MARIA VALENTINA MARTINEZ,
de conformidad con la partida de bautismo allegada al proceso.78

66º. CONSUELO BERRIO AVENDAÑO no allegó la prueba documental que
acreditara el parentesco con la víctima.



72
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 113 del cuaderno 1
73
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 114 del cuaderno 1
74
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 115 del cuaderno 1
75
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 116 del cuaderno 1
76
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 117 del cuaderno 1
77
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 619 del cuaderno 2
78
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 112 del cuaderno 1
GRUPO FAMILIAR DE EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA


67o. EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, (lesionado) nació en Giraldo (Antioquia)
el 20 abril de 1971, hijo de PEDRO JOSE HIDALGO y MARIA ASCENSION
HIGUITA, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.79


GRUPO FAMILIAR DE ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO


68o. ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, (lesionado) nació en Buriticá
(Antioquia) el 25 mayo de 1974, hijo de ABEL ANTONIO HIGUITA MANCO y
BELARMINA DURANGO USAGA, de conformidad con el registro civil de
nacimiento allegado al proceso.80

GRUPO FAMILIAR DE CARLOS MARIO y JHON JAIME AVENDAÑO GOMEZ


69o. CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ, (lesionado) nació en Buriticá
(Antioquia) el 12 febrero de 1976, hijo de JAIME LEON AVENDAÑO y ROSALBA
GOMEZ CANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.81


70o. ROSALBA GOMEZ CANO, madre del lesionado, nació en Buriticá (Antioquia)
el 05 noviembre de 1951, hija de FRANCISCO ANTONIO GOMEZ y BELARMINA
CANO GUERRA, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.82


71o. JAIME LEON AVENDAÑO, padre del lesionado, nació en Buriticá (Antioquia)
el 26 octubre de 1950, hijo de MARIA INES AVENDAÑO HIDALGO, de
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al proceso.83


72o. JORGE WILLIAM AVENDAÑO GOMEZ, hermano del lesionado, nació en
Buriticá (Antioquia) el 18 septiembre de 1973, hijo de JAIME LEON AVENDAÑO y
ROSALBA GOMEZ CANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.84

79
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 120 del cuaderno 1
80
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 122 del cuaderno 1
81
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 127 del cuaderno 1
82
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 128 del cuaderno 1
83
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 134 del cuaderno 1
84
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 129 del cuaderno 1
73o. JHON JAIME AVENDAÑO GOMEZ, hermano del lesionado, nació en Buriticá
(Antioquia) el 23 enero de 1975, hijo de JAIME LEON AVENDAÑO y ROSALBA
GOMEZ CANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.85


74º. HECTOR LEON AVENDAÑO GOMEZ, hermano del lesionado, nació en
Buriticá (Antioquia) el 14 agosto de 1980, hijo de JAIME LEON AVENDAÑO y
ROSALBA GOMEZ CANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.86


75o. IGNACIO ANTONIO AVENDAÑO GOMEZ, hermano del lesionado, nació en
Buriticá (Antioquia) el 04 enero de 1982, hijo de JAIME LEON AVENDAÑO y
ROSALBA GOMEZ CANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento
allegado al proceso.87


76o. CLARA INES AVENDAÑO GOMEZ, hermano del lesionado, nació en Buriticá
(Antioquia) el 15 abril de 1988, hija de JAIME LEON AVENDAÑO y ROSALBA
GOMEZ CANO, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado al
proceso.88


77o. JAIME LEON AVENDAÑO y ROSALBA GOMEZ CANO, contrajeron
matrimonio en Buriticá (Antioquia) el 02 diciembre de 1972, de conformidad con el
registro de allegado al proceso.89


PRUEBAS EN RELACIÓN CON LOS HECHOS DE LA DEMANDA.


78º. Obra el registro civil de defunción del joven ALEJANDRO ARISTIZABAL
RODRIGUEZ, ocurrido el 10 de enero de 1993, como consecuencia de una
hipertensión endocraneana, insuficiencia respiratoria, trauma en el tórax y
contusión.90




85
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 130 del cuaderno 1
86
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 131 del cuaderno 1
87
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 132 del cuaderno 1
88
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 133 del cuaderno 1
89
   Documento aportado al proceso por la parte actora visible a folio 135 del cuaderno 1
90
   Documento aportado por la parte actora visible a folio 5 del cuaderno principal
79º. Obra el registro civil de defunción del señor RAYMUNDO USUGA DAVID,
ocurrido el 10 de enero de 1993, no se registró causa de la muerte.91


80º. Obra el registro civil de defunción del señor LUIS JAVIER BERRIO USUGA,
ocurrido el 10 de enero de 1993, no se registró causa de la muerte.92

81º. Aunque en el curso de la primera instancia, el 21 de mayo de 1994, el señor
Alcalde del Municipio de Buriticá señor JOSE A. RUEDA H. 93, rindió un informe
escrito sobre los hechos y puntos requeridos por el Tribunal, dicha prueba no será
valorada, por cuanto de conformidad con el artículo 199 del C. de P.C. “No vale la
confesión espontánea de los representantes judiciales de la nación, del
departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los
municipios y los establecimiento públicos”. Independientemente de las reservas
que merezca esta prueba, se destaca dicho informe, para precisar su alcance y
corroborar lo dicho en este punto:



          “1. Es cierto que la volqueta con placas No. OL 18-38 es de propiedad del
          municipio de Buriticá y está adscrita al servicio oficial del mismo, pués fue
          adquirida a la Cooperativa de municipalidades de Antioquia Ltda.,
          mediante factura No. 044863 de febrero 25 de 1.987.” 1.1. “Con
          anterioridad al día 10 de Enero de 1.993, yo le había manifestado a la
          Junta o Comité Organizador de las Fiestas de Reyes y del Retorno que se
          celebraban en esta localidad durante los días 9, 10, y 11 de Enero de
          1.993, que la volqueta municipal de placas OL 18-38 quedaba disponible
          para ser utilizada en los distintos actos en esos días y para lo que se
          requiriera con motivo de estas fiestas; el señor HERNANDO USUGA
          GRACIANO, quien se desempeñaba al servicio del municipio como Jefe
          de Obras y Planeación Municipal, quien a su vez tenía dentro de sus
          atribuciones (Decreto 042 de Junio 14 de 1.992, articulo 2º, literal e.)
          prestar el servicio de conductor de la volqueta OL 1838, cuando el
          conductor oficial de la volqueta Municipal esté en descanso por ser día
          compensatorio o festivo, estén en licencia o permiso y en casos
          necesarios, era uno de los organizadores de estas fiestas y miembros de
          la mencionada junta; por dichos motivos prestó el servicio.”… 3. “Si, es
          cierto que la volqueta OL – 1838, no tenía el revisado, ni el certificado de
          movilización, ni la póliza de seguro obligatorio vigente al día 10 de Enero
          de 1.993.” 3.1 “Si es cierto que durante el año inmediatamente anterior al
          día 10 de Enero de 1993 las autoridades Departamentales de Tránsito no
          retuvieron ni impidieron la libre movilización de la volqueta distinguida con
          placas Nro. OL 1838, pese a que semanalmente éste vehículo hacia
          varios viajes a Medellín y a otras localidades del Departamento; no
          recibimos ni hemos recibido llamadas de atención alguna de parte de
          estas mismas autoridades…..el señor HERNANDO USUGA GRACIANO
          …..debió o debía prestar el servicio de conductor de la mencionada
91
   Documento aportado por la parte actora visible a folio 103 del cuaderno principal
92
   Documento aportado por la parte actora visible a folio 118 del cuaderno principal
93
   Folio 309 del cuaderno principal
             volqueta municipal, pues como se anotó anteriormente con motivo de las
             fiestas de reyes y del retorno que se celebraban en esos días en la
             localidad, éste vehículo estaba disponible para este servicio y no tenía
             horario para ello por parte de la Alcaldía, solamente cumplir con la
             programación que tenía la Junta organizadora y en el cual la volqueta se
             requiriera. 4. Si es cierto que en este municipio no existe Oficina Municipal
             de Tránsito. 4.1. En este Despacho no se ha llevado un registro de las
             diferentes comisiones, reparaciones y viajes a Medellín o a otros
             municipios, de la volqueta municipal de placas OL 1838 durante el año
             anterior al 10 de enero de 1993; por tales motivos se puede comprobar las
             reparaciones y viajes a Medellín de este vehículo, con las declaraciones
             juramentadas de los proveedores señalados…””

82º. El 11 de enero de 1993, por orden de la Inspección Departamental de Policía
se practicó la diligencia de peritazgo a la volqueta de propiedad del municipio, de
la cual se destaca:94

             “De acuerdo con el conocimiento que tenemos sobre la materia y después
             de haber revisado cuidadosamente el vehículo que se nos pone de
             presente podemos dictaminar lo siguiente, la polea hidráulica se frenó
             contra la base del motor ahí fue donde botó la correa y quedó sin
             dirección, por lo cual reventó la manguera del freno de la llanta izquierda
             delantera por causa de la manguera picada le tiró la dirección hacía la
             barranca, por lo tanto las consecuencias del accidente fueron totalmente
             mecánicas.”

83º. El 11 de enero de 1993 se practicó la necropsia a los cadáveres de los
señores LUIS JAVIER BERRIO USUGA, REIMUNDO USUGA DAVID y
ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ por el Instituto Nacional de medicina
Legal.95


             “NECROPSIA DE CADAVERES
             Medico Director: Dr. JORGE H. LONDOÑO R.
             Hospital San Isidro de Giraldo – Antioquia

             Necropsia de los cadáveres de quienes respondían a los nombres de;
             Luís Javier Berrío Usuga y Raimundo David.

             LUIS JAVIER BERRIO USUGA

             DIAGNOSTICO MACROSCÓPICO:

             “Fractura en huesos etmoides, occipitales, parietales, temporal derecho,
             con hematoma epicraneal parieto temporal izquierdo, salida de encéfalo
             del hemisferio cerebral izquierdo. Hematoma extradural izquierdo,
             hematoma subaracnoideo en lóbulosparieto temporal derecho, destrucción
             de lóbulo cerebeloso izquierdo, herniación de amígdalas cerebelosas.”


94
     Copia auténtica visible a folio 320 y 321 del cuaderno principal
95
     Copia auténtica visible a folio 369 del cuaderno principal
             CONCLUSIÓN
             “Por los hallazgos ya descritos conceptuó que la muerte de quien en vida
             respondió al nombre de Luís Javier Berrio Usuga fue consecuencia directa
             de trauma craneoencefálico, con destrucción de masa cerebral y
             herniación de amígdalas cerebelosas que llevaron a paro
             cardiorrespiratorio, siendo éstas lesiones esencialmente mortales.

             En condiciones normales de vida y a juzgar por el aspecto macroscópico
             de las vísceras, conceptuó la supervivencia en cuarenta y tres años más.

             A juzgar por los signos postmorten y la hora en que se realizó la
             necropsia, a las diez y ocho horas. La muerte pudo producirse entre seis y
             doce horas antes.”

             RAIMUNDO USUGA DAVID

             DIAGNOSTICO MACROSCÓPICO
             “Hematoma epidural a nivel parieto temporal derecho. Herniación
             amígdalas cerebelosas.”

             CONCLUSIÓN
             “Por los hallazgos ya descritos conceptuó que la muerte de quien en vida
             respondía al nombre de Raimundo Usuga David, fue consecuencia directa
             de trauma craneoencefálico, con destrucción de masa cerebral y
             herniación de amígdalas cerebelosas, que condujeron a paro
             cardiorrespiratorio, siendo éstas lesiones esencialmente mortales.

             A juzgar por los signos postmorten, y la hora en que se realizó la
             necropsia, a las 11 a.m. del 11 de Enero de 1993. La muerte pudo
             producirse hacia las veinticuatro horas antes.”



             Medellín, Enero 10 de 1993
             INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - MEDELLIN
             Medico Legista: JUAN F. MELGUIZO P.

             ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ96

             DIAGNOSTICO MACROSCOPICO

             “Evidencia de trauma contuso, fractura de parrilla costal. Signos de edema
             cerebral severo, broncoaspiración hemática, amputación de brazo
             izquierdo.”

             CONCLUSION
             “El deceso fue consecuencia natural y directa de hipertensión
             endocraneana e insuficiencia respiratoria secundaria a trauma de tórax y
             miembro superior izquierdo producido por contusión. Lesiones de
             naturaleza simplemente mortal.”




96
     Folio 404 del cuaderno principal
84º. El 20 de mayo de 1994 la Dirección de Transportes y Tránsito de Antioquia
certificó lo siguiente en relación con la inscripción del vehículo97,


      “Medellín, 20 de mayo de 1994
      Dirección de Transportes y Tránsito
      Jefe de Archivo: Fernando Calle

      “Que en la Dirección Departamental de Tránsito de Antioquia, se encuentra
      registrado el vehiculo de placas OL 1838 con las siguientes características y
      propietario.

      MARCA: CHEVROLET
      TIPO: C70-149G
      MODELO: 1986
      MOTOR NUMERO: M606515L86
      SERIE: CM60515
      COLOR: AZUL PACIFICO
      PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BURITICA”


85º. El 6 de septiembre de 1995, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, se pronunció
sobre las siguientes incapacidades laborales:


Incapacidad del señor EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA98


             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.

             Resumen historia clínica (Fol. 363 a 367 y 524): “Paciente de 24 años de
             edad quien tuvo accidente de tránsito, presentando: Trauma
             encefalocraneano moderado sin pérdida del conocimiento. – Herida en
             región frontal izquierda – abrasiones en miembros superiores (10 de enero
             de 1993).

             Recibió tratamiento medico y fué dado de alta el 11 de enero de 1993”.

             Al examen clínico presenta:

             1. Cicatriz de 3 x 1 cm en cuerdo (sic) cabelludo de región frontal
             izquierda.
             2. Pequeña cicatriz irregular en el borde cubital de la muñeca, sin trastorno
             funcional.
             3. Pequeña cicatriz irregular en la región anterior del hombro izquierdo –
             Pequeña cicatriz de escoriación en región posterior del antebrazo
             izquierdo, tercio proximal – No hay trastorno funcional.”



97
     Folios 379 del cuaderno principal
98
     Folio 601 del cuaderno No. 2
             CONCEPTO: “El accidente no dejó secuelas que originen merma en su
             capacidad laboral.
             Se desconoce el tiempo que tardaron en cicatrizar las heridas; no hay
             consignación de ello en la historia clínica aportada.”

Incapacidad del señor CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO99

             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.

             Resumen Historia clínica (Fol. 299 a 304): “Paciente de 44 años de edad
             quien tuvo accidente de tránsito presentando: Fractura del tercio medio de
             clavícula derecha sin déficit vasculonervioso del miembro superior derecho
             – Fractura de pelvis en la rama ilioisquiopúbica izquierda – Laceración del
             pabellón auricular izquierdo (10 de enero de 1993).
             Fue dado de alta por ortopedia el 12 de febrero de 1993”.
             El examen clínico encontró un paciente en aparente buen estado general
             que ingresa caminando normalmente al consultorio.

             Hallazgos:
             1. Pabellón auricular derecho normal.
             2. Fractura del tercio medio de clavícula derecha consolidada en ligero
             cabalgamiento – Hombro derecho ligeramente caído – No hay limitación
             del miembro superior derecho – Tropismo y examen neurológico normal.
             3. Pelvis: Fractura del izquión consolidada en leve cabalgamiento – No
             hay trastorno funcional de la cadera o de los miembros inferiores.
             Tropismo y examen neurológico normal.”

             CONCEPTO: “El accidente no dejó secuelas que originen merma en su
             capacidad laboral.
             Se desconoce el tiempo que tardaron en cicatrizar las heridas; no hay
             consignación de ello en la historia clínica aportada.”

Incapacidad laboral del señor HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO100

             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.

             Resumen historia clínica (Fol. 291 a 298): “Paciente de 50 años de edad
             quien tuvo accidente de tránsito presentando: Herida frontal izquierda –
             Herida temporal derecha – Herida en dorso nsal (sic) –Herida labio
             superior – Fractura abierta grado III con avulsión en pie y tobillo derecho –
             Herida de vejiga – Fractura intertrocanterica izquierda – Fractura en cresta
             iliaca izquierda que va hasta la articulación sacroiliaca. Lesión del plexo
             lumbosacro izquierdo (enero 10 de 1993)

             Como presentara necrosis de la pierna izquierda fué necesario practicarle
             amputación de ésta extremidad a nivel del tercio superior de la pierna. Fué
             intervenido quirúrgicamente practicándosele rafia de vejiga – Se dejó
             sonda de cistostomia (11 de enero de 1993).

99
     Folio 602 del cuaderno No. 2
100
      Folio 603 del cuaderno No. 2
             El 18 de febrero de 1993, fué necesario practicarle remodelación del
             muñón.
             Por la fractura del fémur izquierdo fué intervenido quirúrgicamente
             colocándosele clavo placa de compresión (21 de enero de 1993).
             Recibió tratamiento fisiátrico.

             Ultima revisión por ortopedia el 12 de abril de 1993.
             En septiembre de 1994, se le colocó prótesis, con la cual logra
             desplazarse para laborar en el campo (narración del paciente)”.
             Al examen clínico encuentro un paciente que ingresa al consultorio
             desplazándose en muletas.

             Hallazgos:
             1. Cicatriz de 1 cm en base nasal derecha – Cicatriz de 3 cm en la parte
             externa de la ceja derecha – Cicatriz de 1 cm en la ceja derecha – Cicatriz
             irregular en la parte medial y dérmica del labio superior – Cicatrices
             visibles a 3 mts de distancia.
             2. Cicatrices en dorso de la muñeca y mano derecha sin trastorno
             funcional – Manos con múltiples callosidades y abrasiones color café.
             3. Cicatriz de laparatomia mediana hipogástrica de 13 cm – No hay
             hernias operatorias. Cicatriz de 1 cm en fosa iliaca derecha por dren.
             4. Miembro inferior derecho: Pérdida anatómica parcial de la extremidad
             por amputación de ésta a nivel del tercio proximal de la pierna –
             Callosidades en el muñón por el uso de la prótesis – Hoy no trae puesta la
             prótesis.
             5. Miembro inferior izquierdo: Cicatriz de 14 cm en la parte externa del
             muslo-paresia de los músculos dorsiflexores del pie, con fuerza grado IV –
             Hipoestesia en parte externa del pie.”

             CONCEPTO: “Estas lesiones se consideran secuelas definitivas del
             accidente mencionado y producen en el señor Humberto de Jesús Presiga
             Graciano, una incapacidad permanente parcial y una merma en su
             capacidad laboral de un cuarenta y tres punto cuarenta y cinco por ciento
             43.45%.

             Se desconoce el tiempo que tardaron en cicatrizar las heridas; no hay
             consignación de ello en la historia clínica aportada.

             La incidencia de las secuelas en la vida de relación está involucrada en el
             porcentaje de merma de capacidad laboral de acuerdo a lo consignado en
             la tabla única de valuación vigente del Decreto 692 de 1995.”

Incapacidad laboral del señor ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO101

             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.

             Resumen historia clínica (Fol. 333): “Paciente de 21 años de edad quien
             tuvo accidente de tránsito presentando laceraciones en pómulo y mejilla
             izquierda así como también en fosa iliaca izquierda – Resto del examen
             clínico normal – Enero 10 de 1993.


101
      Folio 605 del cuaderno No. 2
             Recibió tratamiento médico y estuvo en observación aproximadamente 10
             horas. Fué dado de alta el mismo día del accidente, con formula”.

             Al examen clínico encuentro un paciente en aparente buen estado general
             que ingresa caminando normalmente al consultorio.

             Hallazgos:
             1. Pómulo y mejilla izquierda normales – No hay cicatrices en esta área.
             2. Pequeñas cicatrices normocrómicas de escoriaciones en flanco
             izquierdo del abdomen y cresta iliaca izquierda – No hay trastorno
             funcional.”

             CONCEPTO: “El accidente no dejó secuelas que originen merma en su
             capacidad laboral.

             Se desconoce el tiempo que tardaron en cicatrizar las heridas; no hay
             consignación de ello en la Historia clínica aportada.”

Incapacidad laboral del señor CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ102

             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.

             Resumen historia clínica (Fol. 302 a 306): “Paciente de 19 años de edad
             quien tuvo accidente de tránsito, sufriendo trauma encefalocraneano y
             escoriaciones en miembro superior izquierdo.

             La radiografía mostró fractura con desplazamiento frontoparietal izquierda.
             Se le saturó la herida y se remitió a Medellín (enero 10 de 1993).

             TAC de cráneo mostró hematoma extradural agudo frontoparietal
             izquierdo con efecto de masa sobre estructuras de línea media.
             El 11 de febrero de 1993, fué intervenido quirúrgicamente practicándosele
             craneotomía y evacuación de un hematoma de 50 cc. En la exploración se
             encontró fractura en la región frontoparietal que había lacerado la arteria
             meníngea media.
             Evolución satisfactoria. Fué dado de alta el 12 de enero de 1993.
             En revisión de marzo 6 de 1993 se encontró que presentaba secreción
             purulenta por herida quirúrgica.
             Impresión: Osteítis: Se le dió tratamiento medico.
             TAC de cráneo control es reportada como normal (mayo 18 de 1993)

             Al examen clínico encuentro un paciente en aparente buen estado general
             que ingresa caminando normalmente al consultorio.

             Hallazgos:
             Cicatriz quirúrgica frontoparietal de 17 cm por craneotomia con ligero
             hundimiento óseo de 3X1 cm.
             No presenta déficit neurológico a nivel central y/o periférico.
             Paciente orientado en persona, tiempo y espacio – Pensamiento normal
             en forma, curso y contenido – No hay alteraciones sensoperceptivas –
             Memoria remota y reciente normales – Juicio y raciocinio normales.”


102
      Folio 606 del cuaderno No. 2
             CONCEPTO: “El accidente no dejó secuelas que originen merma en su
             capacidad laboral (Decreto 692 de 1995)
             Las lesiones demoraron en cicatrizar hasta mayo 18 de 1993 (folio 305).”

Incapacidad laboral del señor JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ103


             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.
             Resumen historia clínica (Fol. 302 a 306): “Paciente de 19 años de edad
             quien tuvo accidente de tránsito, sufriendo trauma encefalocraneano y
             escoriaciones en miembro superior izquierdo.
             Recibió tratamiento medico. No estuvo hospitalizado”.

             Al examen clínico encuentro un paciente en aparente buen estado general
             que ingresa caminando normalmente al consultorio.

             Hallazgos:
             1. Pequeña zona de cicatriz normocrómica por escoriación, con algunas
             áreas puntiformes hipercrónicas localizadas en región frontal izquierda.
             2. Miembro superior izquierdo: Pequeña área de cicatriz en región anterior
             del hombro y región externa de la muñeca – No hay trastorno funcional.
             3. Miembro inferior derecho: Cicatriz de 1.5 cm en la región gemelar
             interna – No hay trastorno funcional.”

             CONCEPTO: “El accidente no dejó secuelas que originen merma en su
             capacidad laboral (Decreto 692 de abril 26 de 1995). Se desconoce el
             tiempo que tardaron en cicatrizar las heridas; no hay consignación de ello
             en la historia clínica aportada.”

Incapacidad laboral del señor DUBAN ALONSO DAVID USUGA104


             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.
             Resumen historia clínica (Fol. 544 a 599): “Paciente de 17 años de edad
             quien tuvo accidente de tránsito presentando: Laceración en región
             frontoparietal izquierda (15 cm) – Laceración en región anterior del tórax y
             abdomen – Laceración en región anterior del hombro izquierdo – Fractura
             de pelvis – Herida de escroto de 15 cm con desprendimiento del testículo
             derecho – Herida del pene (enero 10 de 1993).

             Fué trasladado al ISS Medellín, donde fue intervenido quirúrgicamente
             encontrándose estallido y necrosis de los dos testículos y avulsión del
             tercio distal del pene. Se practica orquidectomia y circuncisión – Lavado
             exhaustivo y debridamiento (enero 10 de 1993).

             El informe de           anatomía   patológica   reporta:   Testículos:   Estallido
             (traumático).




103
      Folio 608 del cuaderno No. 2
104
      Folio 609 del cuaderno No. 2
             El 16 de enero de 1993, es intervenido quirúrgicamente encontrándose
             necrosis de escroto y piel de pene más herida de uretra. Se practica
             cistostomía y debridamiento amplio.

             Los rayos X mostraron fractura del acetábulo izquierdo; se le dió
             tratamiento ortopédico.

             El 24 de febrero de 1993, nuevamente es intervenido quirúrgicamente
             practicándosele debridamiento, resección del tejido cicatricial del pene. Se
             recoloca injerto de piel.

             Fué dado de alta el 10 de marzo de 1993, con instrucción para cambio de
             sonda cada 15 días.

             En mayo se le retiró la sonda uretral. Se le prescribió hormonoterapia
             indefinidamente”.

             Al examen clínico presenta:
             1. Cara cicatriz en región frontal izquierda, región malar y mejilla izquierda.
             2. Miembro superior izquierdo: Cicatriz de 10 x 6 cm en la región anterior
             del hombro – Cicatriz irregular en el dorso de la muñeca y de la mano en
             la región externa. No hay trastorno funcional de la extremidad.
             3. Pequeña cicatriz en región precordial – Cicatriz pequeña en hipocondrio
             izquierdo – Cicatriz de 10 x 2.5 cm en cuadrante inferior derecho del
             abdomen – Cicatriz de 1.5 cm en región suprapúbica por sonda de
             cistostomía.
             4. Genitales: Pérdida total del escroto y testículos – Cicatrices múltiples en
             área perineal.
             Cicatriz en el dorso del pene. En la cara ventral del pene hay cicatriz
             retractil que impide la extensión normal del pene. En la parte basal e
             inferior del pene presenta Fístula uretral activa durante la micción. Pene
             hipotrófico. Escaso vello púbico.
             5- Miembro inferior derecho: Cicatriz en la región inguinal y parte proximal
             anterior del muslo – Extremidad sin trastorno funcional.
             6. Miembro inferior izquierdo: Cicatrices irregulares amplias en la región
             posterointerno del muslo y región poplítea – Leve atrofia a nivel del muslo
             (1 cm) – Cicatriz a nivel del maleolo interno y parte interna del pie – No
             trastorno funcional de la extremidad marcha normal.”

             CONCEPTO: “Estas lesiones se consideran secuelas definitivas del
             accidente mencionado y producen en el joven Duben Alonso David Usura,
             una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral
             de un treinta punto setenta y cinco por ciento 30.75%.
             Según la historia clínica las heridas demoraron en cicatrizar hasta finales
             de mayo de 1993.
             La incidencia de las secuelas en la vida de relación, está involucrada en el
             porcentaje de merma de capacidad laboral, de acuerdo a lo consignado en
             la tabla única de evaluación vigente del Decreto 692 de 1995.”

Incapacidad laboral del señor ANTONIO JOSE USUGA DAVID105

             “….con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral
             dejada por “un accidente de tránsito”.
105
      Folio 611 y siguientes del cuaderno No. 1
             Resumen historia clínica (Fol. 335): “Paciente de 78 años de edad quien
             tuvo accidente de tránsito presentando: Fractura subcapital de húmero
             izquierdo. Se le colocó pinza de azúcar durante dos meses (10 de enero
             de 1993)”.

             Al examen clínico encuentro un paciente senil que ingresa caminando
             normalmente al consultorio.

             Hallazgos en miembro superior izquierdo:
             Limitación de 30 grados en la elevación anterior del brazo.
             Limitación de 20 grados en la abducción – Adducción (sic) normal.
             Limitación de 10 grados en la rotación interna – Rotación externo normal.
             Elevación posterior normal.
             No hay atrofias musculares – La fractura consolidó en buena posición.”

             CONCEPTO: “Estas lesiones se consideran secuelas definitivas del
             accidente mencionado y producen en el señor Antonio José Usura David,
             una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral
             de un ocho por ciento 8%.

             Se desconoce el tiempo que tardó en consolidar completamente la
             fractura; no hay consignación de ello en la historia clínica. “Estuvo con
             yeso durante dos meses”.

             La incidencia de las secuelas en la vida de relación está involucrada en el
             porcentaje de merma de capacidad laboral, de acuerdo a lo consignado en
             la tabla única de valuación vigente del Decreto 692 de 1995.”

86º. Obra el informe de accidente del tránsito elaborado por la Inspección de
Policía de Giraldo (Antioquia) del cual se destaca:106

             “Gravedad: Con muertos
             Lugar: Vía Manglar Antioquia K 8 + 530 – Pinguro
             Fecha: 10 01 93
             Hora ocurrencia: 12:30
             Hora levantamiento: 15:30
             Placas: OL 1838
             Vehículo: Oficial – Buriticá
             Marca: Chevrolet Modelo: 85
             Tipo: Volqueta
             Obrservaciones: Faltan datos del conductor y el vehículo ya que dicho
             conductor no se encontraba en el sitio, estaba a órdenes de la Policia de
             Giraldo. Según versiones de los lesionados iba embriagado y con mucha
             velocidad.”



87º. Por estos hechos se adelantó investigación penal en contra del conductor del
vehículo HERNADO USUGA GRACIANO, a quien se le decretó detención
preventiva sin beneficio de libertad provisional.107 Aunque obran algunas piezas

106
      Copia autentica obra a folio 12 del expediente penal
107
      Copia auténtica de la actuación penal fue enviada hasta la etapa de instrucción, obrante en el anexo No. 3
del proceso penal, se desconoce la suerte de dicha actuación, pues la actuación
remitida incluye únicamente la etapa de instrucción.


88º. Obra el dictamen pericial de mayo de 1996 elaborado por el señor Perito:
OSCAR SILVIA RENDON108


              “…quienes transportaban sus instrumentos musicales, todos de su
             propiedad, y los que no fueron completamente destruidos, quedaron
             inservibles en su totalidad, como se puede apreciar en las gráficas que
             acompañan el expediente, y por observación directa de los suscritos, que
             vimos pedazos o partes de instrumentos, para un total de once (11) de
             ellos, según la demanda, los que se detallaban como sigue, y los que
             fueron mostrados por la apoderada de los demandantes a los suscritos,
             así:”

             1. “Un (1) par de platillos, sin marca, en estado físico de reventados, con
             pérdida de parte; por lo tanto irreparables e inservibles.”

             2. “Un (1) trombón de vara, o mejor pedazos del mismo, sin marca, y
             carecía de la parte inferior o corneta y de la parte superior o embocadura;
             por consiguiente, también inservible e irreparable.”

             3. “Un (1) trombón de pistón, también denominado “barítono”, marca “Hors
             de Concours”. Paris. 1878 – 1889 – 1900. Jëröme 68 Bis Rue Reaumur.
             Tribonville – Lamy. Paris A.C. – Hermanos de A. Moreno y Cia. Medellín.”

             4. “Un (1) trombón de vara, o mejor, un pedazo del mismo, sin marca, y
             carecía de la arte inferior o corneta y de la superior o embocadura.
             También inservible (sic) e irreparable.”

             5. “Un (1) trombón de vara, más claro, partes del mismo, pues sólo estaba
             la parte inferior o corneta, marca “Amai” – Kraslice.”

             6. “Un (1) juego de entorchado, en estado físico de inservible, para tambor
             redoblante, con quince (15) hilos metálicos.”

             7. “Doce (12) varillas metálicas, en mal estado físico, para afinar o templar
             un tambor o un bombo.”

             8. “Dos (2) aros de madera, color verde, en regular estado físico, para
             sostener el cuero de un bombo.”

             9. “Dos (2) aros metálicos, en aluminio, en regular estado físico, para
             sostener el cuero de un tambor.”

             10. “Cuatro (4) cueros discriminados así: dos (2) para bombo y dos (2)
             para tambor, todos inservibles, pues además de remendados ya habían
             sido usados, rotos y reparados – ya era imposible volverlos a remendar,
             por el avanzado grado de deterioro.”


108
      Folio 624 cuaderno No. 2
             EVALUACIÓN.

             “Todos los instrumentos musicales de la referida banda de música eran
             usados, venían pasando de padres a hijos o parientes, de generación en
             generación, y a medida que sufrían desperfectos o averías los iban
             arreglando, en forma tal, por lo que se puede apreciar en las fotografías
             arrimadas al expediente y las partes o pedazos de los mismos, los que
             fueron evaluados personal y directamente por los suscritos en la casa de
             la apoderada de la parte demandante, que sus valores comerciales
             estaban venidos a menos; se puede afirmar mejor, que tenían un valor
             afectivo por la tradición de los mismos, aunque animaban las distintas
             reuniones y jolgorios de las diversas comunidades aledañas a la región, y
             de la prestación de estos servicios, los integrantes de esta banda de
             música derivaban parte de su sustento.

             La fabricación de estos instrumentos musicales se efectuó antes de la
             segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), lapso durante el cual estas
             fábricas se acabaron o fueron cerradas, pues eran europeas la mayoría de
             ellas, y con el auge de la industria norteamericana en la posguerra y la
             recontracción europea, hoy se pueden adquirir estos mismos instrumentos
             en sus equivalencias, pero por otras casas fabricantes de origen
             norteamericano, como son las marcas……”

             CONCLUSIONES.

             “El valor de los distintos instrumentos, con las evaluaciones enunciadas y
             las razones expuestas, se asigna como sigue:

             Trombón de pistón o barítono: $150.000,oo
             Trombón de vara: $140.000,oo (x 3) = $420.000,oo
             Par de platillos: $15.000,oo
             Bombo: $75.000,oo
             Cuero o lamina para bombo: $10.000,oo (x2) = $20.000,oo
             Entorchado: $1.000,oo

             Sumados todos estos conceptos y valores, arrojan un saldo de seis
             cientos ochenta y un mil pesos moneda legal ($681.000.oo m.l.).”


89º. El 23 de junio de 1994, en el curso de la primera instancia, rindió declaración
el señor FRANCISCO JAVIER MANCO USUGA, propietario de la vivienda ubicada
cerca de la carretera frente al Sitio donde ocurrió accidente.109



             PREGUNTADO: “¿Manifiéstale al Despacho que otras pérdidas fuera de
             las víctimas humanas hubo en el accidente de la volqueta del municipio de
             Buriticá? CONTESTO: Fuera de los lesionados y los muertos, los
             instrumentos de la banda que quedaron sirviendo para nada porque la
             destrucción fue total.”



109
      Folio 435 del cuaderno de pruebas.
90º. El 29 de junio de 1994, rindió declaración en el curso de la primera instancia
la señora ROSALBA MANCO DE GEORGE, quien viajaba en la volqueta el día de
los hechos.110

              “PREGUNTADO: ¿Bajo la gravedad del juramento prestado, dígale al
             Despacho, si en la fecha antes mencionada (10 de enero de 1993) usted
             tenía proyectado hacer algún viaje, en caso cierto, dirá hacia dónde, con
             qué propósito, de haberlos hecho, dirá a qué horas, en que vehículo lo
             hizo, si éste bus, taxi, escalera o propiamente camión, quienes la
             acompañaban y al momento de abordar dicho rodante, qué personas
             venían en el y hacia dónde se dirigían y que hayan sido conocidas suyas?
             CONTESTO: Yo no tenia pensado ir ese día a Buriticá sino que
             simplemente mi esposo me dijo que fuera yo a Buritica a mercar…. él me
             dijo que saliera a la carretera y cogiera la volqueta de Buriticá que la
             habían mandado para que recogiera la gente y los llevara a Buriticá,…..
             cuando me monté en la volqueta del municipio de Buriticá junto con los
             hijos míos, yo me recuerdo que ahí en esa volqueta venía el difunto
             Raimundo Usuga, Luís Javier Usuga, Humberto Presiga, Carlos Présiga,
             Leticia Manco, Yolanda Higuita, Albeiro Higuita, Edier Alcibar Hidalgo,
             Orlando Présiga, Sigifredo manco, Heriberto Manco, no me recuerdo de
             más gente, ese vehículo o sea la volqueta era para transportar arena o
             piedra. PREGUNTADO: ¿Bajo la gravedad de juramento prestado, sírvase
             decir al Despacho, cómo fue el transcurso del viaje desde el punto donde
             abordó el automotor hasta el lugar donde pensaba trasladarse, si este fue
             normal o por el contrario ocurrió algún percance, en este último evento,
             dirá todo lo que esté en su conocimiento sobre los hechos sucedidos
             aquel día? CONTESTO: Cuando nosotros nos subimos al vagón de la
             volqueta, esta llegó con mucha velocidad y de ahí apenas el conductor
             prendió la volqueta arrancó con gran velocidad, así en una curva derecho
             a la casa del señor Lizardo Fernández, cuando la volqueta dio la curva ya
             la volqueta iba medio voltiada, luego a lo que ya retumbo a la barranca yo
             no me di cuenta de más, a lo que ya me di cuenta, me vi en el piso y me
             paré y cuando me paré, vi la volqueta volteada, luego a lo que ya retumbó
             a la barranca, yo ya no me di cuenta de más, a lo que yo ya me di cuenta,
             me vi en el piso y me paré….”

91º. El 29 de junio de 1994, en el curso de la primera instancia rindió declaración
la señora GLADYS AMPARO MANCO FERNANDEZ, testigo presencial de los
hechos.111

             “El día domingo 10 de enero de 1.993 me encontraba yo en mi casa
             cuando vi la volqueta del municipio de Buriticá que bajaba hacia el Balso,
             eran más o menos o eran por ahí o faltaban diez minutos para las ocho de
             la mañana. La volqueta llevaba pasajeros, esa volqueta venía de Buriticá
             ya que iba por los músicos de Cativo para llevarlos a Buriticá a la fiesta de
             los reyes, la volqueta bajo a Cativo y demoró pasar por ahí por mi casa
             unos veinte minutos, cuando la volqueta subía, yo me encontraba sentada
             en la orilla de la carretera con Dolly del Socorro Higuita Laverde, Jesús
             Emilio Villa Fernández y los tres hijos de Dolly, la volqueta apareció y

110
      Folio 439 del cuaderno de pruebas
111
      Folio 443 del cuaderno principal
          venía ladiada, entonces cuando vimos que esa volqueta venía así, nos
          paramos en el corredor mirando la volqueta, luego vimos que la volqueta
          chocó contra la peña y luego dio la vuelta y quedó con las llantas de para
          arriba, los pasajeros los botó a todos en el pavimento…. La volqueta venía
          muy rápido, y cuando bajaba también lo hacía muy rápido y que no daba
          curva, a mi me dio mucho susto ver ese accidente….”.

92º. El 29 de junio de 1994, en el curso de la primera instancia rindió declaración
el señor ELKIN DARIO GRACIANO TAMAYO, testigo presencial de los hechos y
uno de los pasajeros del vehículo accidentado.112

          “Desde el momento en que la volqueta arrancó de Cativo, arrancó
          despacio hasta salir a la central, ya de ahí si salió fue a mucha velocidad,
          ya había andado un kilómetro o kilómetro y medio, en una casita recogió a
          Humberto, Carlitos Présiga Graciano, su hermano Orlando Présiga se
          había montado un poquito más adelante, luego siguió la volqueta a la
          misma velocidad y no cogía su derecha sino que iba por toda la mitad de
          la vía, a unos 3 kilómetros de haber recogido a Humberto y a sus
          hermanos, recogió a Ignacio Higuita y de ahí siguió la volqueta a la misma
          velocidad y paró donde estaban los otros compañeros de los músicos o
          sea en la casa de Dioscelina Manco y de ahí se montó la señora
          Dioscelina, su hijo Sigifredo y otro hijo llamado Heriberto, volvió y arrancó
          la volqueta a la misma velocidad y como a las cuatro cuadras nos
          accidentamos, momentos antes del accidente, la volqueta debido a la
          velocidad y al llegar a la curva sentí que iba ladiada para un lado,
          inmediatamente chocó a la peña y nos vació en el pavimento, la volqueta
          antes de chocar con la peña ya había votado gente al pavimento porque
          los pasajeros quedaron regados, yo sentía que a la volqueta chirringuiba
          (sic) algo, o le sonaba algo y que yo estaba ya en el pavimento, yo saque
          la cara y mire y vi que eran las llantas de la volqueta que todavía estaban
          volteando y al mirar vi que Humberto Presiga estaba pisado por la
          volqueta y mucha gente regada en el pavimento, la volqueta chocó a la
          peña y quedó nuevamente con dirección a Santafé de Antioquia.”

93º. El 29 de junio de 1994, en términos similares sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar rindieron declaración en el curso de la primera instancia los
señores MARIA DIOCELINA SANCHEZ DE MANCO, DOLLY DEL SOCORRO
HIGUITA LAVERDE, testigos presenciales de los hechos.113


94º. El 29 de junio de 1994, rindió declaración en el curso de la primera instancia
el señor FRANCISCO GABRIEL RESTREPO HERRERA, Presbítero del municipio
de Giraldo en relación con la destrucción de los instrumentos de la banda de
música del Municipio de Pinguro.114



112
    folio 450 del cuaderno principal
113
    Folio 453 d del cuaderno principal
114
    Folio 469 del cuaderno de pruebas.
             “PREGUNTADO: ¿Bajo juramento diga usted si lo sabe, cómo se
             llamaban los integrantes de la banda de música del corregimiento de
             Pinguro? CONTESTO: Yo se de unos, entre ellos: Sigifredo Manco,
             Samuel Arturo Manco, Heriberto Manco, Fabio de Jesús Manco, Miguel
             Graciano, Abel Graciano, Eliseo Quiroz y Humberto de Jesús Presiga y a
             Robeiro Manco, esos conozco yo. PREGUNTADO: ¿Siempre bajo
             juramento diga usted si lo sabe que perjuicios recibió el grupo o banda
             musical del corregimiento de Pinguro de la jurisdicción de Giraldo, a raíz
             del accidente ocurrido el 10 de enero de 1993, en este evento dirá que
             clase de instrumentos fueron destruidos en el accidente y el estado en que
             se encontraban los mismos antes del accidente? CONTESTO: Fueron
             destruidos casi todos los instrumentos musicales, esto lo escuche por
             comentarios, yo no los vi, de los músicos conozco unas trompetas,
             clarinetes, el bombo, los platillos y la caja redundante que llaman, no más,
             antes del accidente estos instrumentos estaban buenos. PREGUNTADO:
             ¿Sírvase manifestar padre si lo sabe si la banda de Pinguro, percibía
             dinero por las actuaciones que ella realizara en diferentes municipios de
             esta zona y en caso positivo dirá si sabe cuanta cantidad percibían por
             ello? CONTESTO: Si, la banda de Pinguro si percibía dinero por sus
             presentaciones, en cuanto a lo que recibían aquí en Giraldo, en Semana
             Santa, recibían la suma de Cuatrocientos cincuenta mil pesos y en los
             demás municipios tales como Buriticá, Cañasgordas no me enteré que
             cantidad de dinero recibían por sus presentaciones. PREGUNTADO:
             ¿Sírvase manifestar al Despacho si lo sabe, quién o quiénes eran los
             propietarios de los instrumentos musicales que fueron destruidos en el
             accidente de tránsito acaecido en 10 de enero del año próximo pasado?
             CONTESTO: Yo sé que los instrumentos musicales eran de propiedad de
             la familia MANCO SANCHEZ, de la familia GRACIANO DAVID y de la
             familia GRACIANO PRESIGA. PREGUNTADO: ¿Padre, manifiéstele al
             Despacho si además de las presentaciones que hacia en Semana Santa,
             la banda de Pinguro hacia otras presentaciones? CONTESTO: Si, además
             de las presentaciones de Semana Santa, la Banda de Pinguro, actuaba en
             la fiesta de la Virgen del Carmen, en todas sus novenas y en la fiesta de la
             Virgen del Perpetuo Socorro en Pinguro y también venia aquí a Giraldo a
             la fiesta del Campesino. PREGUNTADO: ¿Manifiéstele aquí al despacho
             si con la desintegración de esta banda, la región ha sufrido alguna pérdida
             en lo cultural o social? CONTESTO: A si claro, porque no le volvimos a ver
             tocando por aquí y las demás fiestas han sido a palo seco, sin la presencia
             de la banda musical y si acaso actúa es con los instrumentos prestados de
             otras bandas. PREGUNTADO: ¿Padre, manifieste si usted sabe cuantos
             (sic) hacia que la banda actuaba? CONTESTO: Esa banda ha actuado
             hace muchos años, de generación en generación, yo hace cinco años que
             estoy aquí y hacia mucho tiempo que la oía mencionar.”


95º. El 8 de febrero de 1995, el señor HERIBERTO ANTONIO MANCO
SANCHEZ, uno de los pasajeros de la volqueta, rindió declaración en el curso de
la primera instancia115




115
      Folio 529 del cuaderno de pruebas
“PREGUNTADO: (Interroga la apoderada de la parte demandante)
¿Sírvase informar todo lo que sepa con relación al accidente de tránsito
que se investiga en este proceso? CONTESTO: En esa fecha me
encontraba en vacaciones, exactamente fue en el mes de Enero del año
noventa y uno (sic) cuando mi hermano Sigifredo Manco Director de una
banda pueblerina que integrábamos los de la familia, me informó que
debíamos ir a cumplir un compromiso al municipio de Buriticá, ya que ese
día se iba a celebrar una fiesta en este municipio, entonces fue cuando se
organizó el viaje y esperamos que nos enviaran transporte a dicho
municipio, ya que así se había acordado en el compromiso; esperamos el
vehículo y fue cuando nos enviaron la volqueta del Municipio de Buriticá,
…… en el corregimiento de Cativo, de donde ya este vehículo salió con
exceso de pasajeros y allá en ese lugar, habiendo Inspección de Policía,
no ejercieron ningún control…… Cuando ya me recogieron a mí y a parte
de mi familia, prácticamente nos tocó subirnos unos encima de otros para
así lograr cumplir con el compromiso en Buriticá, que si algo se hubiera
hecho en el Corregimiento de Cativo para revisar el estado del vehículo y
observar el sobre cupo de éste se hubiera evitado dicha tragedia…….,
yendo yo como pasajero en el volco del vehículo, en el cual la mayoría
fuimos lanzados al piso, cuando este dio un giro de ciento ochenta grados
y quedando con un volcamiento lateral, en donde perdieron la vida varias
personas,…….. PREGUNTADO: ¿Esa atención se dio por cuenta de
ustedes o el municipio respondió o alguna Compañía Aseguradora? (Se
refiere a la atención de los heridos) CONTESTO: La atención en Santa
fe de Antioquia, para mi personalmente, y para los familiares que yo
observé ahí, fue personal, ya que tuvimos que comprar drogas y pagar
derechos allí, pues no hubo ninguna intervención oficial. Aparentemente
en el momento se hablaba de que estaban en espera del Seguro
Obligatorio del vehículo,…..” PREGUNTADO: ¿Usted sabe por qué no
llegó o si ocurrió después? CONTESTO: Tengo conocimiento de que
dicho vehículo carecía de este documento,….” PREGUNTADO:
“¿Coméntenos qué sanciones da el no tener el Seguro Obligatorio, el
tener la licencia del vehículo vencida, no tener certificado de movilización,
etc., y que implica cada caso? CONTESTO: No tener seguro obligatorio
da un parte o llamado comparendo, equivalente a diez (10) salarios
mínimos diarios de multa y como consecuencia, el tenedor de ese
vehículo debe velar por los gastos generales acarreados en ese accidente.
No portar el certificado de Movilización o sea el llamado Revisado del
vehículo, implica una multa de cinco (5) salarios mínimos diarios, en caso
de no tenerlo o no tenerlo………. Llevar la matricula provisional vencida,
implica inmovilización del vehículo y se procede a dejar este vehículo
parado en el lugar donde la autoridad competente lo detecte, el vehículo
no puede transitar. Ya por lo ocurrido allá o sea el exceso de pasajeros,
fuera de las anteriores infracciones el señor Inspector de Cativo debió
elaborar además comparendo por el sobre cupo de ese vehículo y
chequear el estado de embriaguez posible de dicho conductor…… “
PREGUNTADO: ¿Díganos, entonces, si el Inspector tiene funciones de
controlar el tránsito y Usted por qué lo sabe? CONTESTO: El Código de
Tránsito dice que es deber, en los Municipios, de el señor Alcalde velar
por todo lo relacionado con el transporte terrestre y en los Corregimientos,
como es el Corregimiento de Cativo, Manglar, Pinguro, le corresponde al
Inspector de la Policía de ese sector. O sea que son ellos los llamados a
evitar accidentes en esa región. PREGUNTADO: ¿Díganos si ese
Inspector le podía pedir documentos para detectar el estado del vehículo a
dicho conductor y por qué motivo se refiere usted tan directamente contra
             el Inspector de Cativo? CONTESTO: Como máxima autoridad el señor
             Inspector, hablando del Corregimiento de Cativo, tenía todo el derecho de
             revisar el vehículo en todas sus partes, es derecho, y obligación y deber,
             es decir, todas las personas que podamos expresar, pedirle documentos a
             dicho conductor y proceder de conformidad…..” PREGUNTADO:
             “¿Díganos si los Guardas de Tránsito Carmelitas o Departamentales,
             tienen alguna función de control del tráfico vehicular en la carreteras que
             cruzan el Departamento de Antioquia y si usted sabe si entre la ciudad de
             Medellín y el Municipio de Buriticá los Guardas               Carmelitas o
             Departamentales ejercen algún control de vehículos, con que frecuencia y
             con qué fines lo hacen? CONTESTO: Si tienen funciones de cubrir las
             carreteras en el Departamento de Antioquia por eso se denominan
             Guardas Departamentales. Estos recorren estas carreteras, pero escasas
             veces, o sea que no lo hacen con la frecuencia que lo deberían hacer, ni
             hacen los operativos de control de sobre cupo o detectar síntomas de
             embriaguez, como debería ser, o sea que en síntesis esas vías están muy
             descuidadas…….” PREGUNTADO: “¿Díganos a que entidad le
             corresponde controlar y vigilar que un vehículo tenga Certificado de
             Movilización, matrícula y seguro obligatorio? CONTESTO: Hablando de
             los Municipios o Corregimientos en este momento, es el señor Alcalde o
             Inspectores de Policía los encargados de velar por estas novedades y en
             la mayoría de vías públicas del país, somos todas las personas
             involucradas en lo que se refiere al tránsito terrestre, estemos donde
             estemos, se debe solicitar todos estos requisitos y de inmediato proceder
             a ejecutar dichas anomalías. PREGUNTADO: (Interroga el apoderado del
             Municipio de Buritica): ¿Sírvase, manifestar, si todas las personas que
             iban en el volcó del vehículo, iban igualmente a cumplir un compromiso a
             Buriticá o en razón de qué se encontraban en dicho vehículo?
             CONTESTO: No todas las personas iban a cumplir el compromiso
             destinado para nosotros. El compromiso era para once (11) personas que
             integrábamos la Banda Pueblerina para ese día entonces la otra parte de
             personas, como dije antes el transporte es casi nulo para el Municipio de
             Buriticá, Salían de pronto a mercar o de pronto a la Fiesta y por eso
             pienso yo que ellos también hicieron parte como pasajeros, llegando a la
             situación de contribuir al sobre cupo en el vehículo. PREGUNTADO:
             ¿Sírvase manifestar, si usted en algún momento le manifestó al
             Conductor, como era su obligación como Guarda de Tránsito, que redujera
             el número de personas que viajaban en el vehículo y en caso negativo por
             qué no lo hizo? CONTESTO: En primer lugar, no tuve la oportunidad para
             hacer comentario con el conductor, ya que fueron prácticamente segundos
             que demoró la volqueta parada mientras nos subíamos al vehículo, y en el
             transcurso de Kilómetro y medio aproximadamente ocurrió el caso,…….”

96º. El 9 de febrero de 1995, el señor CARLOS ALBERTO DIOSA CORREA
rindió declaración en el curso de la primera instancia, sobre las relaciones
familiares del lesionado Duben Alfonso David116

             “PREGUNTADO: ¿Sabe usted y le consta, con qué personas convivía el
             joven DUBEN ALFONSO DAVID USUGA? CONTESTO: Si me consta, él
             vive con cinco hermanos que son: OLGA LUCIA que es menor de edad,
             DUBEN FABIAN, WILSON DE JESUS y ANALIA. PREGUNTADO:
             ¿Manifieste al despacho, cuánto tiempo hace que usted conoce a esta
116
      Folio 540 del cuadernote pruebas
             familia? CONTESTO: Desde que yo estaba muy pequeño, por ahí unos
             diez años PREGUNTADO: ¿Manifieste, qué actividad laboral desempeña
             el señor DUBEN ALFONO DAVID? CONTESTO: Estaba en la recolección
             de café en el municipio de Buriticá (ant) PREGUNTADO:
             “¿Concretamente, con quién trabaja él en la recolección de café, tal como
             usted lo manifiesta? CONSTESTO: En una parcelita que tienen los
             abuelos de él, quienes se llaman ANTONIO JOSE USUGA y JUANA
             BAUTISTA AGUDELO PREGUNTADO: ¿Díganos, cuánto ganaba él allá
             en su trabajo como recolector? CONTESTO: En esa época, un salario
             mínimo PREGUNTADO: ¿Manifieste, el señor DUBEN ALFONSO DAVID
             USUGA que hacía con su salario, en qué lo empleaba? CONTESTO: El
             ayudaba a la mamá y se vestía él. Más que todo le ayudaba a la mamá.
             PREGUNTADO: “¿Cómo se ha sentido la familia de DUBEN ALFONSO
             con este problema ocasionado a raíz de su accidente? CONTESTO: Ellos
             se han sentido muy mal y tristes, pues han tenido muchos gastos y es una
             gente muy pobre. PREGUNTADO: “¿Cómo eran las relaciones de afecto,
             cariño, solidaridad del joven DUBEN ALFONSO para con sus hermanos,
             su madre y familiares en general? CONTESTO: Pues bien.
             PREGUNTADO: ¿Qué más observaba usted en esa familia? CONTESTO:
             Que son bien hermanados, sin problema. PREGUNTADO: ¿Sabe usted
             qué problemas o secuelas le quedaron al señor DUBEN ALFONSO,
             después del accidente y si esos problema son de por vida? CONTESTO:
             Si, él perdió los testículos y esto es de por vida. Una pierna fracturada y
             tiene dificultad para caminar”

97º. El 20 de junio de 1994, en el curso de la primera instancia se recibió la
declaración del señor GENARO ANTONIO TUBERQUIA TUBERQUIA, quien
declaró sobre las relaciones familiares del menor ALEJANDRO ARISTIZABAL
RODRÍGUEZ.117


             “PREGUNTADO: Sabe usted con que personas vivía Alejandro Aristizabal
             Rodríguez en la época en que murió? CONTESTÓ: El vivía aquí arriba en
             Buga, vivía con la abuela doña Bertha Henao con don Samuel Rodríguez
             o sea el abuelo. A él lo levantaron los tíos Roberto y Samuel Rodríguez
             Henao, ellos vivía en Medellín trabajando pero le mandaban de por allá
             para levantarlo, o sea mandaban para alimentarlo…. PREGUNTADO: Que
             hermanos tenía Alejandro CONTESTÓ. No recuerdo, pero eran como
             cuatro, eran menores de edad, todas mujeres. Preguntado: En donde
             vivían las hermanas de Alejandro al momento de la muerte de éste?
             CONTESTÓ: Aquí en Buga, con Alejandro y la abuela.”

98º. En la misma fecha se recibió la declaración del señor RAUL OSPINA
ECHAVARRIA, quien se pronunció sobre la situación familiar de ALEJANDRO
ARISTIZABAL RODRÍGUEZ.118


             “PREGUNTADO: Sabe usted con qué personas vivía Alejandro Aristizabal
             Rodríguez en la época en que murió? CONTESTÓ: Si el vivía con los

117
      Folios 497 a 498 del cuaderno principal
118
      Folio 500 del cuaderno principal
             Abuelos en la casa de la calle Buga, los abuelos Samuel y doña Bertha,
             con los tíos Roberto, Samuel y la mamá….Pues a él lo mantenían los
             abuelos.”

99º. El 23 de junio de 1994, rindió declaración la señora ROSA EMILIA HIGUITA
quien depuso sobre las relaciones que tenía el señor ALBEIRO ANTONIO
HIGUITA con el señor RAIMUNDO USUGA DAVID.119

             “Respecto a los otros hijos estos están organizados con sus respectivas
             familias. Raimundo también tenía un hijo como de crianza, porque le dio el
             estudio y todo lo necesario, esto me consta personalmente y se llama
             ALBEIRO ANTONIO HIGUITA, en el momento de fallecer Raimundo éste
             señor no dependía económicamente de él, porque está viviendo en la
             ciudad de Medellín con su familia.”



100º. En términos similares a la declaración anterior obra el testimonio del señor
LIZARDO ANTONIO FERNANDEZ recibido en la primera instancia.120


101º. Obran facturas sin autenticar de los instrumentos musicales.


102º. No se tendrán en cuenta las declaraciones de los señores HERNANDO
USUGA GRACIANO conductor de la Volqueta accidentada, rendida el 15 de enero
de 1993; de CAROLINA RODRIGUEZ DAVID, propietaria de la vivienda donde
pernoctó el conductor horas antes del accidente, rendida el 16 de enero de 1993, y
la declaración rendida por el señor FABIO LEON GRACIANO CAMPO,
acompañante y amigo de viaje del conductor el 16 de enero de 1993; solicitadas
por la parte demandada y rendidas ante la Alcaldía Municipal de Buriticá en el
curso de la actuación disciplinaria adelantada por la misma entidad municipal, por
no haberse ratificado en el curso del proceso, y además porque no se recibieron
con la participación de la parte contraria, y, por lo tanto, no quedó garantizado su
derecho de contradicción.

4.1 EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN


Como quiera que el recurso de apelación se interpuso por ambas partes, en
cumplimiento del artículo 357 del C. de P.C., la Sala resolverá sin limitaciones.




119
      Folio 429 del cuaderno principal
120
      Folio 458 del cuaderno principal
El problema jurídico a resolver se contrae a la responsabilidad patrimonial del
Departamento de Antioquia (Secretaría de Tránsito y Transporte) y el Municipio de
Buriticá, por la muerte de los señores RAIMUNDO USUGA DAVID, LUIS JAVIER
BERRIO USUGA, y el joven ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ, y por las
lesiones personales causadas a los señores HUMBERTO DE JESUS PRESIGA
GRACIANO, CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, DUBAN ALONSO DAVID
USUGA, EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, ANGEL IGNACIO HIGUITA
DURANGO, ANTONIO JOSE USUGA DAVID, CARLOS MARIO AVENDAÑO
GOMEZ y JOHN JAIME AVENDAÑO GOMEZ el 10 de enero de 1993, a raíz del
accidente de tránsito de la volqueta con placas OL 1838 de propiedad del
Municipio de Buritica – Antioquia – en la cual viajaban como pasajeros, en el sitio
conocido como Puente seco, en la carretera al mar entre la vereda el Balso y el
corregimiento de Pinguro, jurisdicción del Municipio de Giraldo.


LEGITIMACIÓN POR PASIVA FRENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


De entrada la Sala abordará el estudio de la falta de legitimación en la causa por
pasiva, la cual fue propuesta a manera de excepción por el Departamento de
Antioquia, con la precisión de que no goza de esa específica naturaleza, pues, en
sentido estricto, las excepciones para ser consideradas como tales deben implicar
un hecho que por sí mismo tenga ese alcance, al ser extintivo, modificativo o
impeditivo y que enervan parcial o totalmente las pretensiones de la demanda, a
tal punto que los argumentos constitutivos de una excepción deberán demostrarse
por la parte que los alega, y en rigor por la entidad demandada.



Hecha la precisión anterior, es claro también que la legitimación en la causa,
constituye un presupuesto material de la sentencia favorable, referido a la relación
sustancial que debe existir entre el demandante y el demandado, y el interés
perseguido en el juicio. De faltar dicho presupuesto conduciría obligatoriamente a
una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda. En este punto la
Sala acoge los argumentos expuestos por la citada entidad territorial, en cuanto
sostuvo que hecha una revisión de las pruebas incorporadas al proceso, no se
deduce ningún tipo de responsabilidad del citado         Departamento, pues está
probado que la volqueta de placas Nro. OL1838, era de propiedad del Municipio
de Buriticá, según consta en la licencia expedida por la Dirección Departamental
de Transportes y Tránsito; que el señor HERNANDO USUGA GRACIANO, quien
conducía el citado vehículo era empleado del municipio de Buriticá y no del
Departamento de Antioquia, y por último que dicha entidad tampoco puede ser
responsable porque la volqueta del mencionado municipio hubiera violado las
normas de tránsito.

Las razones expuestas por el Departamento de Antioquia las acoge íntegramente
la Sala, porque:

   1) La prueba documental existente permite tener certeza de que el municipio
      de Buriticá, era el propietario del vehículo de placas No. OL 1838, según se
      advierte de la certificación expedida por la Dirección de Transportes y
      Tránsito de Antioquia el 20 de mayo de 1994.
   2) La volqueta era conducida por el señor HERNANDO USUGA GRACIANO,
      quien se desempeñaba al servicio del municipio como Jefe de Obras y
      Planeación Municipal, y a su vez tenía entre sus funciones la de prestar el
      servicio de conductor de la volqueta OL 1838, cuando el conductor oficial
      de la misma estuviera en descanso por ser día compensatorio o festivo,
      como ocurrió en este caso.
   3) El vehículo de propiedad del municipio no dio cumplimiento a las normas
      de tránsito.

En consecuencia, el argumento de la parte actora en el sentido que el
Departamento no retuvo el vehículo cuando transitaba por las carreteras del
departamento no es suficiente para imputar la responsabilidad deprecada, pues,
aunque el control vial de las entidades territoriales, esté en principio en cabeza de
los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios
en donde no hay organismos de tránsito; no implica per se que el Departamento
fuera responsable del fatal accidente, porque dicha conducta no constituyó la
causa determinante del daño, ni siquiera tuvo relación con las causas que dieron
origen al hecho dañoso. Exigir un control estricto sobre cada vehículo que transita
no solo resulta excesivo sino imposible, e implicaría que el órgano de control
tuviera un agente de tránsito por cada automotor que se desplaza por las
carreteras nacionales, departamentales o municipales. El control vehicular que
deben ejercer las autoridades de tránsito no supone que deban retener todos los
vehículos que se desplazan por las vías públicas para verificar que los
documentos del vehículo estén al día.
Estas razones confirman los argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal para
negar las súplicas de la demanda frente al Departamento de Antioquia.

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ


La conducción de vehículos automotores, comporta para quien la ejerce una
actividad de suyo peligrosa, que origina un riesgo de naturaleza anormal, en
consecuencia la entidad está llamada a responder por los daños que con dicha
actividad ocasione, originado en el evento, impacto o consecuencia adversa propia
del mismo riesgo, y en estos casos no será necesario que se pruebe la existencia
de una falla del servicio, porque la responsabilidad se atribuye objetivamente a
quien desplegó dicha acción. Aún bajo este título de imputación, para que surja la
obligación de reparar es necesario que estén presentes           los elementos que
configuran la responsabilidad de la Administración, a saber: i) un hecho dañoso
imputable a la entidad pública demandada, ii) un daño y iii) una relación de
causalidad entre uno y otro. No obstante lo dicho, cuando los          elementos de
prueba que estén presentes, conduzcan a inferir que se incurrió en una falla del
servicio, se favorecerá el régimen de responsabilidad subjetiva por culpa y por lo
tanto, deberá gobernarse el asunto bajo el título de imputación de falla del servicio
aún cuando la actividad ejercida por su naturaleza sea peligrosa, tal y como
ocurrió en el caso concreto.


En efecto, hecha una revisión de los elementos de juicio incorporados al proceso,
no hay duda de que el hecho dañoso es imputable a la entidad municipal, por
estar presentes los elementos de comprometen la responsabilidad de la
Administración a título de falla probada del servicio.


La prueba documental y testimonial que fue relacionada, permiten inferir que el
conductor transitaba a gran velocidad, y en esto fueron coincidentes todos los
declarantes. A esto se suma que los documentos incorporados fueron
concluyentes en que la volqueta de placas No. OL 1838 era de propiedad de dicho
municipio y estaba adscrita al servicio oficial del mismo, por esa razón fue utilizada
en las festividades realizadas entre los días 9 al 11 de enero de 1993.


El 10 de enero de 1993, en el mencionado vehículo, se transportaron varias
personas entre la población de Cativo con dirección al corregimiento del Pinguro y
el municipio de Buriticá con el propósito de recoger lugareños. El vehículo fue
conducido por el señor HERNANDO USUGA GRACIANO, quien además de
desempeñarse como Jefe de Obras Públicas y Planeación Municipal, tenía dentro
de sus funciones conducir la volqueta Municipal, cuando el conductor oficial
estuviera en descanso, tal y como lo prevé el Decreto Municipal 042 de 1992121.


Las distintas personas que declararon en el curso de la primera instancia, en su
condición de testigos, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
coincidieron en que el día domingo 10 de enero de 1993, siendo aproximadamente
las 11 a.m., la volqueta de propiedad del municipio conducida por el señor
HERNANDO USUGA GRACIANO, después de haber recogido varios pasajeros en
la población de Cativo, quienes se ubicaron en la parte trasera del vehículo,
específicamente en el volco, se dirigieron al municipio de Buriticá para celebrar las
fiestas de reyes; el vehículo se desplazaba a gran velocidad, por toda la mitad de
la vía, bajaba “ladiada” hacía el “Balso”, y al dar una curva se estrelló contra una
peña cerca de una vivienda ubicada frente al Sitio donde ocurrió accidente.
Cuando la volqueta chocó contra la peña, dio la vuelta y quedó con las llantas
hacia arriba, los pasajeros fueron expulsados del vehículo hacía el pavimento, y al
girar la volqueta quedó nuevamente en dirección a Santafé de Antioquia.


Aunque el informe de tránsito incorporado al proceso no registra un croquis del
accidente, que describa los pormenores y permita visualizar la ubicación final del
vehículo y lo relativo a la huella de frenada para determinar si éste sobrepasaba la
velocidad permitida, lo cierto es que la prueba testimonial permite inferir que el
conductor perdió el control del mismo, que transitaba a alta velocidad, al punto que
el mismo se volcó y chocó contra la peña, y todos los pasajeros que iban en la
parte trasera fueron expulsados, algunos de ellos resultaron muertos y otros con
lesiones importantes.


Si bien, la parte actora insistió en repetidas oportunidades que el señor
HERNANDO USUGA GRACIANO, conducía embriagado. Esta circunstancia no
aparece demostrada en el proceso. Ni siquiera el conductor fue sometido a prueba
de alcoholemia por las autoridades de tránsito, o al menos no se probó. Además,
dentro de la actuación penal quedó acreditado que el accidente se produjo por una
falla mecánica y no por la condición personal imputada al conductor de la
volqueta.

121La entidad demandada informó sobre las funciones ejercidas por conductor de la
volqueta.
El 11 de enero de 1993, la Inspección Departamental de Policía practicó la
diligencia de inspección a la volqueta de propiedad del municipio, con intervención
de peritos, y en esa oportunidad dictaminaron que revisado cuidadosamente el
vehículo se encontró lo siguiente: “la polea hidráulica se frenó contra la base del
motor ahí fue donde botó la correa y quedó sin dirección, por lo cual reventó la
manguera del freno de la llanta izquierda delantera por causa de la manguera
picada le tiró la dirección hacía la barranca, por lo tanto las consecuencias del
accidente fueron totalmente mecánicas.” En conclusión, existía un daño en la
dirección del vehículo.


Este asunto merece gobernarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por
falla del servicio, pues, revisada la prueba documental y testimonial, ésta da
cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los
hechos. El grave daño presentado en la dirección, implicaba que el automotor no
había sido sometido para entonces a una revisión técnico mecánica, que
permitiera advertir la falla existente, lo cual sin duda, agudizó el problema
presentado en la dirección, circunstancia que impidió al conductor controlar el
vehículo. Esto sumado a la velocidad del vehículo dio lugar a la colisión y al
volcamiento del mismo.


Adicionalmente, la responsabilidad también aparece comprometida por parte del
Municipio de Buriticá, pues, a la volqueta modelo 1986, le dio una destinación
diferente, no acorde para lo que fue diseñada. Este tipo de vehículos, sirven para
trasladar tierra, piedra o escombros. En suma sirve para trasladar material de
construcción de un lado a otro, dichos     vehículos no están diseñados para el
transporte de personas, por no cumplir con la infraestructura especial para el
acceso de pasajeros, ni tampoco cumplen con las mínimas normas que garanticen
la seguridad de los mismos. Esta razón también permite inferir que la entidad, por
una lado, expuso a todas las personas que viajaban en el volco a un riesgo mayor,
y por otro, que desconoció y transgredió el artículo 170 del Decreto 1809 de 1990
(Código Nacional de Tránsito vigente para la época), en cuanto prohibía
transportar pasajeros en este tipo de vehículos:


        “Los vehículos de carga no podrán transportar pasajeros sobre la
        plataforma, excepto cuando se transporten mercancías u objetos fáciles
        de sustraer, caso en el cual podrán llevar dos (2) vigilantes sobre la carga
        con las debidas seguridades.”
Los argumentos anteriores son suficientes para declarar la responsabilidad de la
Administración por falla probada del servicio, por cuanto quedó demostrado que el
accidente se produjo por una falla mecánica atribuible a la Administración por falta
de mantenimiento del automotor y porque a éste se le dio una destinación distinta,
no solo por trasladar personas en el vehículo de carga desconociendo la
prohibición de la norma reglamentaria, sino por no contar con las mínimas
medidas de seguridad para ello.


4.2 RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA RELACIONADO CON
LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS


En relación con el reconocimiento de perjuicios la Sala se ocupará inicialmente de
los puntos que fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte
actora.


4.2.1. Para la parte actora la decisión del Tribunal en cuanto negó perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Maria Teresa Rodríguez
Henao en su condición de madre del menor fallecido ALEJANDRO ARISTIZABAL
RODRIGUEZ, resulta equivocada, pues, la prueba testimonial demostró que para
la época de los hechos éste trabajaba y ayudaba a su madre en el sostenimiento
de la familia, por lo tanto, debió reconocer los perjuicios materiales hasta cuando
el menor hubiera cumplido los 25 años de edad.


La Sala negará el recurso interpuesto en cuanto al reconocimiento de los
perjuicios materiales a favor de la madre del menor fallecido, señora Maria Teresa
Rodríguez Henao, pues, la prueba testimonial practicada no acredita el tipo de
labores en las cuales se desempeñaba el menor. Adicionalmente, por ser menor
de edad, no estaba habilitado para trabajar mediante autorización dada por la
Inspección de Trabajo122, así que no se logró probar que para la época en que
sucedieron los hechos trabajaba y ayudaba económicamente a su madre.

122Código del Menor. Artículo 238: Los menores de dieciocho años (18) años
necesitan para trabajar autorización escrita del Inspector de Trabajo, o en su
defecto de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos
del Defensor de Familia.
Prohíbese el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus
padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en
atención a circunstancias especiales calificadas por el Defensor de Familia, los
mayores de doce (12) años podrán ser autorizados para trabajar por las
4.2.2 La parte actora reclamó indemnización para los abuelos de ALEJANDRO
ARISTIZABAL RODRIGUEZ en un monto superior al impuesto en la sentencia.
Sobre el particular se seguirá la orientación de la Sala, en el sentido de reconocer
a los abuelos el mismo porcentaje que a los hermanos de la víctima, de manera
que la entidad demandada, por concepto de perjuicios pagará el equivalente de
CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para cada uno
de ellos, vigentes a la ejecutoria de esta sentencia.


4.2.3      La parte actora censuró la decisión del Tribunal en cuanto      negó el
reconocimiento de perjuicios morales a favor de los señores SAMUEL DE JESÚS
RODRIGUEZ HENAO y ROBERTO RODRIGUEZ HENAO, en su condición de
tíos del




menor fallecido ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRIGUEZ por qué en su sentir
eran sus padres de crianza. La Sala mantendrá la decisión del Tribunal, pues,
resulta equivocado el argumento referido a que dicho dolor debe presumirse, por
el contrario, la parte actora corre con la carga de la prueba, y en suma no
demostró ni las relaciones afectivas que el menor tenía con sus tíos, ni su
dependencia económica. La prueba testimonial recogida a lo largo del proceso,
permite inferir que el menor dependía directamente de sus abuelos y no de los
tíos, por lo tanto no se accederá a lo pedido.


4.2.4 La parte actora censuró la decisión del Tribunal en cuanto negó el
reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a
favor del señor HUMBERTO DE JESÚS PRESIGA GRACIANO, al no reconocer
los gastos en que incurrió por el alquiler de la silla de ruedas. La Sala mantendrá
la decisión del Tribunal puesto que no aparecen causados, y la parte actora no
hizo ningún esfuerzo para demostrarlos.


4.2.5 Contrario a lo decidido por el Tribunal, para la parte actora si procede el
reconocimiento de perjuicios morales a favor de CARLOS ELIAS PRESIGA
GRACIANO. Alegó que el a quo no tuvo en cuenta ni la historia clínica, ni la

autoridades señaladas en este artículo, con las limitaciones previstas en este
Código.
incapacitad de 33 días, lo cual ameritaba un reconocimiento por perjuicios morales
y materiales.


No hay duda de que el señor CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO resultó
afectado en el accidente de tránsito con algunas lesiones físicas, las cuales no le
dejaron secuelas. El concepto expedido el 6 de septiembre de 1995 por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en respuesta al requerimiento del
Tribunal Administrativo de Antioquia, no hizo mención sobre su incapacidad
laboral, por esta razón se negarán los perjuicios materiales pedidos por el
demandante.


No obstante, teniendo en cuenta las características y la entidad de las lesiones
físicas sufridas a raíz del accidente, se accederá al reconocimiento de perjuicios
morales en el equivalente de VEINTE (20) salarios mínimos legales mensuales
para el lesionado, vigentes a la ejecutoria de esta sentencia. Como quiera que las
lesiones causadas no dejaron ninguna secuela. No se accederá al reconocimiento
de perjuicios morales a favor de los familiares de la víctima.


4.2.6 La parte actora censuró la decisión del Tribunal en cuanto se abstuvo de
reconocer perjuicios “fisiológicos” al lesionado DUBAN ALONSO DAVID USUGA.


La Sala accederá a lo pedido por la parte actora en el recurso de apelación, y en
desarrollo del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, reconocerá a su favor el daño a la
vida de relación, pues, revisada la historia clínica, no hay duda sobre la gravedad
de las lesiones sufridas, las secuelas definitivas que alteraron notablemente las
condiciones de existencia, pues, hubo pérdida total de los testículos, y lesión del
pene y el escroto, lo cual permite inferir su afectación personal, fundamentalmente
en su desarrollo integral como ser humano, su afectación en su entorno familiar y
social. Esta particular situación, impone la aplicación del artículo 16 referido, en el
sentido que “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de los daños irrigados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales”. En consecuencia, en aplicación de la norma en mención, el
Municipio de Buriticá reconocerá por este concepto el equivalente de CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes de la ejecutoria de esta
sentencia.
4.2.7 La parte actora censuró la decisión del Tribunal en cuanto negó el
reconocimiento de perjuicios morales a favor de los abuelos del lesionado DUBAN
ALONSO DAVID USUGA, señores JUANA BAUTISTA AGUDELO G. DE USUGA
y ANTONIO JOSE USUGA DAVID.


La Sala accederá a lo pedido por la parte recurrente, pues está acreditada la
condición de abuelos de la víctima, y por esa razón se infiere la afectación y el
dolor sufrido por los demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su
nieto DUBAN ALONSO DAVID USUGA. En ese sentido seguirá la orientación de
la Sala, y reconocerá por concepto de perjuicios morales el mismo monto
reconocido a los hermanos del lesionado, es decir el equivalente de TREINTA Y
CINCO (35) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para cada uno de
ellos, vigentes a la ejecutoria de esta sentencia


4.2.8 Para el recurrente resulta equivocada la decisión del Tribunal en cuanto
negó el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de los integrantes de la
BANDA DE PINGURO, por concepto de daño emergente y lucro cesante, con
ocasión de la destrucción de los instrumentos.


La Sala mantendrá la decisión del Tribunal en cuanto negó el reconocimiento de
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por la pérdida y
destrucción de dichos instrumentos musicales, y por lucro cesante por lo ingresos
dejados de percibir, por cuanto los documentos incorporados para probar la
calidad de propietarios no merecen valor probatorio, en el entendido de que no
fueron autenticados y adicionalmente de las dos facturas allegadas, una de ellas
contiene una cotización y además no se identifica a las personas que las
expidieron.


4.2.9 La parte actora en el recurso de apelación, nuevamente insistió en el
reconocimiento de perjuicios morales a favor de los lesionados EDIR ALCIBAR
HIDALGO HIGUITA, ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, CARLOS MARIO
AVENDAÑO GOMEZ y JOHN AVENDAÑO GOMEZ.


Sobre el particular, se observa que hecha una revisión de las cuatro historias
clínicas, no hay duda de que sin excepción, éstas personas sufrieron lesiones de
distinta naturaleza, pero de acuerdo con el dictamen médico laboral, el accidente
no dejó secuelas a ninguno de los demandantes ni afectó su capacidad laboral. No
obstante,    se   reconocerán   perjuicios   morales,   teniendo   en   cuenta   las
características de las lesiones sufridas. En consecuencia el Municipio de Buriticá
pagará a favor de los señores EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, ANGEL
IGNACIO HIGUITA DURANGO, CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ y JOHN
AVENDAÑO GOMEZ, la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, para cada uno de ellos, vigentes a la ejecutoria de esta
sentencia.


Por último, se negarán los perjuicios morales solicitados a favor de los familiares
de los señores CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ y JOHN AVENDAÑO
GOMEZ, teniendo en cuenta que las lesiones no dejaron secuelas, ni quedó
registrada incapacidad alguna, lo que permite inferir que no eran de mayor
gravedad y por esta razón se negará su reconocimiento.


4.3 SINTESIS DEL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS


4.3.1. PERJUICIOS MORALES POR MUERTE YLESIONES


Como quiera que los elementos que están presentes, permiten suponer el dolor y
el grado de afectación moral vivido por los demandantes, se accederá a lo pedido
por la parte actora en el sentido de reconocer perjuicios de orden moral, con las
precisiones hechas en la parte motiva, al analizar los puntos objeto del recurso de
apelación interpuesto por el demandante, y en ese sentido,          únicamente se
reconocerán los perjuicios morales que aparezcan demostrados, o aquellos en
que se presuma dicho perjuicio en atención al grado de consanguinidad entre las
víctimas y los demandantes, y frente a los cuales se hubiera demostrado la calidad
con la cual concurrieron al proceso.


Siguiendo la orientación actual de la jurisprudencia, sentada en sentencia de 6 de
septiembre de 2001, proferida dentro del proceso No. 13.232 – 15646, la condena
surtirá efectos en salarios mínimos legales mensuales, y no en el equivalente en
gramos oro como fue solicitado en la demanda, y reconocido en la sentencia de
primera instancia.


A continuación se hará una relación de los grupos familiares que resultaron
afectados con los hechos, y se integraran debidamente, teniendo en cuenta que
en algunos de ellos hubo dos víctimas. Esta relación no coincide con los doce
grupos familiares señalados en la demanda, sino con el número real de afectados.


PRIMER GRUPO FAMILIAR


Por el fallecimiento del joven ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRÍGUEZ, en
hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia),
pagará por concepto de perjuicios morales a favor de la señora MARIA TERESA
RODRÍGUEZ HENAO en su calidad de madre, el equivalente de CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia. A favor de SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ PINEDA y
BERTALINA HENAO PINEDA en su condición de abuelos del joven ALEJANDRO
ARISTIZABAL RODRÍGUEZ la suma equivalente de CINCUENTA (50) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, para cada uno de ellos. A favor de LIDA ISABEL RODRÍGUEZ HENAO,
LUÍS ADOLFO ZAPATA RODRÍGUEZ; VIVIANA Y CAROLINA RODRÍGUEZ
HENAO, en su condición de hermanos de la víctima, la suma equivalente de
CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.


SEGUNDO GRUPO FAMILIAR


Por las lesiones causadas al señor HUMBERTO DE JESUS PRESIGA
GRACIANO, en hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de
Buriticá (Antioquia), le pagará por concepto de perjuicios morales el equivalente de
CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia. A favor de la señora MARIELA DEL SOCORRO
MANCO SÁNCHEZ, cónyuge de la víctima, el equivalente de SETENTA (70)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia123. A favor de los señores DORA ALICIA, JAVIER HUMBERTO,
NOELIA DEL CARMEN, HUGO ANCIZAR, DIANA MARIA Y JOHANA ANDREA
PRESIGA MANCO en calidad de hijos del lesionado, el equivalente de
CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos. A los padres de la
víctima se reconocerá por perjuicios morales el equivalente de TREINTA Y CINCO
(35) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de

123   En este punto se mantiene la decisión del Tribunal, en cuanto no fue objeto del recurso de apelación.
ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos, señores CARLOS ELÍAS
PRESIGA DURANGO Y LAURENTINA GRACIANO. Igualmente, a favor de los
hermanos de la víctima, señores, CARLOS ELÍAS, MARIA ROSMIRA, GILMA,
LUÍS ORLANDO, AURA DIELA Y HERNANDO ANTONIO PRESIGA GRACIANO,
se les reconocerá el equivalente a QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno
de ellos.


TERCER GRUPO FAMILIAR


Por las lesiones causadas al señor CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO, quien
además es hermano de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO,124 en
hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia),
le reconocerá por concepto de perjuicios morales el equivalente de VEINTE (20)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia.


Se mantendrá la decisión del Tribunal en cuanto negó el reconocimiento de
perjuicios a favor de Maria Emilse Manco Sánchez (cónyuge del lesionado), de
sus hijos Cielo Argenida, Diego Alexander, Milena del Carmen, Claudia Marcela y
Cristian Elías Presiga Manco; y de los padres del lesionado señores Carlos Elías
Presiga Durango y Laurentina Graciano, sus hermanos Humberto de Jesús, Maria
Rosmira, Gilma, Luís Orlando, Aura Diela y Hernando Antonio Presiga Graciano,
por cuanto las lesiones no revistieron una entidad importante y además porque no
dejaron secuelas al lesionado, ni merma en su capacidad laboral, por lo tanto no
aparece causado el perjuicio alegado por los recurrentes.


CUARTO GRUPO FAMILIAR


Por las lesiones causadas al señor DUBAN ALONSO DAVID USUGA, en hechos
ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia), le
pagará por concepto de perjuicios morales la suma equivalente de CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia. A favor de señora madre MARIA OFELIA USUGA AGUDELO
la suma equivalente de CIEN                         (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A favor de los
124
      Ambos hermanos resultaron lesionados en los mismos hechos.
abuelos del lesionado JUANA BAUTISTA AGUDELO GUZMAN y ANTONIO JOSE
USUGA DAVID la suma equivalente de TREINTA Y CINCO (35) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, para cada uno de ellos. A favor de OLGA LUCIA, WILSON DE JESÚS,
DUBER FABIÁN, ANALIDA MARIA DAVID USUGA en su condición de hermanos
la suma equivalente de TREINTA Y CINCO (35) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES125, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada
uno de ellos.


No se reconocerán perjuicios morales a favor de la señora MARÍA GRACIELA
USUGA, pues la prueba documental aportada no acredita el parentesco.


QUINTO GRUPO FAMILIAR


Por el fallecimiento del señor RAIMUNDO USUGA DAVID, en hechos ocurridos el
día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia), pagará a favor de
ARGEMIRA, BLANCA ADELINA, JESÚS MARIA Y DIOFANOR USUGA
GRACIANO, en su condición de hijos, la suma equivalente de CINEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia para cada uno de ellos. A favor de los señores MARIA LUISA,
ENRIQUE, PEDRO NEL, ANTONIO JOSÉ Y PEDRO JULIO USUGA DAVID en
calidad de hermanos de la víctima, y ALBEIRO ANTONIO HIGUITA en calidad de
hijo de crianza, la suma equivalente de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para
cada uno de ellos.


Igualmente por las lesiones causadas al señor ANTONIO JOSÉ USUGA DAVID
en hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá
(Antioquia), pagará a su favor la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.


SEXTO GRUPO FAMILIAR


Por el fallecimiento del señor LUIS JAVIER BERRIO USUGA, en hechos ocurridos
el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá pagará a favor de SAMUEL

125   Se mantiene la decisión del Tribunal por cuanto no fue objeto del recurso de apelación.
ISIDRO BERRIO MARTÍNEZ Y DIOSELINA USUGA CIFUENTES en su condición
de padres de la víctima, la suma equivalente de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para
cada uno de ellos. A favor de los señores ALADIN DE JESUS, BALBANEDA DEL
SOCORRO Y JOAQUÍN BERRIO AVENDAÑO, OLGA RUTH Y DORA ESTELLA
USUGA CIFUENTES, en su condición de hermanos de la víctima, la suma
equivalente de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES,
vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada uno de ellos.


SEPTIMO GRUPO FAMILIAR


Por las lesiones causadas al señor EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA, en
hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia),
le pagará por concepto de perjuicios morales la suma equivalente de DIEZ (10)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia.


OCTAVO GRUPO FAMILIAR


Por las lesiones causadas al señor ÁNGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, en
hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia),
le pagará por concepto de perjuicios morales la suma equivalente de DIEZ (10)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia.


NOVENO GRUPO FAMILIAR


Por las lesiones causadas a los señores CARLOS MARIO AVENDAÑO GÓMEZ y
JHON JAIME AVENDAÑO GÓMEZ, en hechos ocurridos el día 10 de enero de
1993, el Municipio de Buriticá (Antioquia), les pagará por concepto de perjuicios
morales la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno
de ellos.


En cambio no se accederá a las pretensiones formuladas por los integrantes de su
grupo familiar, señores ROSALBA GOMEZ CANO; JORGE WILLIAM, CARLOS
MARIO, HECTOR LEON, IGNACIO ANTONIO y CLARA INES AVENDAÑO
GOMEZ, por cuanto las lesiones no revistieron una entidad importante y además
porque no dejaron secuelas a ambos lesionados, ni merma en su capacidad
laboral, por lo tanto no aparece causado el perjuicio alegado por los recurrentes.


4.3.2. PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES POR DESTRUCCIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS MUSICALES


Como quedó expuesto oportunamente, la Sala mantendrá la decisión del Tribunal
en cuanto negó las pretensiones formuladas por los señores SIGIFREDO,
HERIBERTO ANTONIO, SAMUEL ARTURO y FABIO DE JESUS MANCO
SANCHEZ; ROBEIRO DE JESUS MANCO USUGA, JUAN CRISOSTOMO, ABEL
ALCIDES y MIGUEL ANGEL GRACIANO DAVID; CARLOS ELIAS y HUMBERTO
DE JESUS PRESIGA GRACIANO; y ELISEO QUIROS URREGO, integrantes de
la “BANDA DE PINGURO” por la destrucción de los instrumentos musicales de su
propiedad, el día 10 de enero de 1993, por no aparecer acreditada la propiedad de
cada uno de los instrumentos.


4.3.3. PERJUICIOS MATERIALES POR MUERTE Y LESIONES

1º. A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO



El lesionado fue sometido a amputación de pierna izquierda a nivel de tercio
superior de la pierna, de manera que existe pérdida anatómica parcial de la
extremidad. Esta lesión constituye una secuela definitiva, que le genera una
incapacidad permanente y parcial del 43.45 % para trabajar.


HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO nació el 16 de octubre de 1944 y
para el día de los hechos (10 de enero de 1993), contaba con 48 años y 3 meses
de edad. Su edad probable de vida según las tablas de la Superintendencia
Financiera era de 29.46 años (353,52 meses)


En consecuencia, se reconocerá el lucro cesante con fundamento en el salario
mínimo actual vigente, más el 25 % por prestaciones sociales, teniendo en cuenta
el porcentaje de incapacidad laboral.


Indemnización debida o consolidada
Se liquidará en meses a partir de la fecha de los hechos (10 de enero de 1993)
hasta la fecha de la sentencia, es decir 17 años y 4 meses o 208 meses.



                    n
S = Ra x (1,004867) -1
           0,004867


                           208
S = 643.750     x (1,004867)   -1
                    0,004867

S = $ 230.844.330,oo de este monto se reconocerá el 43.45 % que constituye el
porcentaje    de incapacidad    laboral permanente, es decir la suma de          $
100.301.861




Indemnización futura

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de
vida, es decir, 145,52 meses más, que equivalen a 12,12 años.


                        n
S = Ra x (1,004867)                   -1
                               n
             0,004867(1,004867)


                             145,52
S = 643.750,oo x      (1.004867)            -1
                                        145,52
                       0,004867(1,004867)


S = 643.750,oo x 1,0269412749722
                 0,0098651231852

S =    67.013.197,oo de este monto se reconocerá el 43.45 % que constituye el
porcentaje de incapacidad laboral permanente, es decir, la suma de $
29.117.234,oo


INDEMNIZACIÓN DEBIDA: $ 100.301.861,oo
INDEMNIZACIÓN FUTURA: $ 29.117.234,oo
SUMA TOTAL:                    $ 129.419.095,oo
En consecuencia el Municipio de Buriticá (Antioquia) pagará por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor
HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO la suma de CINTO VEINTINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 129.419.095,oo m/cte)
3. A FAVOR DE DUBAN ALONSO DAVID USUGA



Revisada la historia clínica y el informe sobre su incapacidad laboral, se observa
que las lesiones causadas le generan secuelas definitivas, y una incapacidad
permanente y parcial del 30.75 % para trabajar.


DUBAN ALONSO DAVID USUGA, nació el 8 junio de 1978, y para el día de los
hechos (10 de enero de 1993), contaba con 14 años y 7 meses. Su edad probable
de vida según las tablas de la Superintendencia Financiera era de 60.76 años
(729,12 meses). Sin embargo se reconocerá desde la fecha en que el menor
cumplió 18 años de edad, hasta la edad probable de vida, es decir 57,82 años
(693,84 meses).


En consecuencia, se reconocerá el lucro cesante con fundamento en el salario
mínimo actual vigente, más el 25 % por prestaciones sociales, teniendo en cuenta
el porcentaje de incapacidad laboral.


Indemnización debida o consolidada


Se liquidará en meses a partir de la fecha en que el joven DUBAN ALONSO
DAVID USUGA, cumplió 18 años de edad, esto es, el 8 junio de 1996 hasta la
fecha de la sentencia, es decir 13 años y 11 meses o 167 meses.

                    n
S = Ra x (1,004867) -1
           0,004867


                             167
S = 643.750       x (1,004867)   -1
                      0,004867
S = $ 165.301.871 de este monto se reconocerá el 30.75 % que constituye el
porcentaje de incapacidad laboral permanente es decir la suma de $
50.830.325,36


Indemnización futura

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de
vida, es decir 526,84 meses más, que equivale a 43.9 años.


                        n
S = Ra x (1,004867)                   -1
                              n
            0,004867(1,004867)


                             526,84
S = 643.750,oo x      (1.004867)            -1
                                        526,84
                       0,004867(1,004867)


S = 643.750,oo x 11,9088179705599346
                 0,0628272170627152

S =   122.021.982,oo de este monto se reconocerá el 30.75 % que constituye el
porcentaje de incapacidad laboral es decir la suma de $ 37.521.760,oo


INDEMNIZACIÓN DEBIDA: $ 50.830.325,36
INDEMNIZACIÓN FUTURA: $ 37.521.760,oo
SUMA TOTAL:                   $ 88.352.085,36


En consecuencia el Municipio de Buriticá (Antioquia) pagará por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor DUBAN
ALONSO DAVID USUGA la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 88.352.085,36 m/cte)


4. A FAVOR DE DIOSELINA USUGA CIFUENTES



La Sala reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor
de la señora DIOSELINA USUGA CIFUENTES en su condición de madre de LUIS
JAVIER BERRIO USUGA, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta
cuando la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad, pues a partir de entonces
la Sala entiende que los jóvenes hacen una vida independiente de su núcleo
familiar.


En consecuencia, se reconocerá el lucro cesante con fundamento en el salario
mínimo actual vigente, más el 25 % por prestaciones sociales.


LUIS JAVIER BERRIO USUGA, nació el 26 de agosto de 1971, y para el día de su
fallecimiento (10 de enero de 1993), contaba con 22 años y 4 meses de edad, y
como el 26 de agosto de 1996 hubiera cumplido 25 años de edad, se reconocerá 2
años 8 meses, es decir 32 meses.


Indemnización debida o consolidada


Se liquidará en meses a partir de la fecha de los hechos hasta la fecha en que
cumplió 25 años de edad.


                    n
S = Ra x (1,004867) -1
           0,004867


                           32
S = 643.750     x (1,004867)  -1
                    0,004867

S = $ 22.232.411,oo de este monto se descontará el 50 % que la víctima hubiera
destinado en su propia subsistencia, lo que arroja una suma definitiva de $
11.116.206,oo


En consecuencia el Municipio de Buriticá (Antioquia) pagará por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de DIOSELINA
USUGA CIFUENTES la suma de ONCE MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 11.116.206 m/cte).


5. A FAVOR DE ANTONIO JOSÉ USUGA DAVID
Revisada la historia clínica y el informe sobre su incapacidad laboral, se observa
que las lesiones causadas le generan secuelas definitivas, y una merma de su
capacidad laboral del 8 %


ANTONIO JOSE USUGA DAVID, uno de los lesionados y hermano del occiso
RAIMUNDO USUGA DAVID, nació en Buriticá (Antioquia) el 09 enero de 1917, y
para el día de los hechos (10 de enero de 1993), contaba con 76 años de edad.
Su edad probable de vida según las tablas de la Superintendencia Financiera era
de 9.45 años (113,4 meses).


En consecuencia, se reconocerá el lucro cesante con fundamento en el salario
mínimo actual vigente, más el 25 % por prestaciones sociales, teniendo en cuenta
el porcentaje de incapacidad laboral.


Indemnización debida o consolidada


                       n
S = Ra x (1,004867) -1
           0,004867


                           113,4
S = 643.750     x (1,004867)   -1
                    0,004867

S = $ 97.118.946,12 de este monto se reconocerá el 8 % que constituye el
porcentaje de incapacidad laboral, es decir, la suma de $ 7.769.515,68


En consecuencia el Municipio de Buriticá (Antioquia) pagará por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor ANTONIO
JOSE USUGA DAVID la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.769.515,68 m/cte)


4.3.4. DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN DE DUBAN ALONSO DAVID USUGA.


Por este concepto el Municipio de Buriticá reconocerá al señor DUBAN ALONSO
DAVID USUGA la suma equivalente de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
No se condenará en costas por no aparecer causadas.


En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,


                                        FALLA:


MODIFÍCASE la sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 17 de agosto de 1999, y en su lugar se dispone:


PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Municipio de Buriticá
(Antioquia), por la muerte de los señores RAIMUNDO USUGA DAVID y LUIS
JAVIER BERRIO USUGA; por el fallecimiento del menor ALEJANDRO
ARISTIZABAL RODRIGUEZ y por las lesiones causadas a los señores
HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO, CARLOS ELIAS PRESIGA
GRACIANO, DUBEN ALONSO DAVID USUGA, EDIR ALCIBAR HIDALGO
HIGUITA, ANGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO, ANTONIO JOSE USUGA
DAVID, CARLOS MARIO AVENDAÑO GOMEZ y JOHN JAIME AVENDAÑO
GOMEZ, en hechos ocurridos el día 10 de enero de 1993, cuando se produjo el
accidente de tránsito de la volqueta, identificada con placas OL 1838 de propiedad
del Municipio de Buritica – Antioquia, en el sitio conocido como Puente seco, en la
carretera al mar entre la vereda el Balso y el corregimiento de Pinguro, jurisdicción
del Municipio de Giraldo.


SEGUNDO: CONDÉNASE al Municipio de Buriticá (Antioquia) a pagar por
concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:


2.1 Por el fallecimiento del joven ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRÍGUEZ,
pagará a favor de la señora MARIA TERESA RODRÍGUEZ en su calidad de
madre,   el   equivalente   de   CIEN    (100)   SALARIOS     MÍNIMOS     LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A favor de
SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ PINEDA y BERTALINA HENAO PINEDA en
su condición de abuelos del joven ALEJANDRO ARISTIZABAL RODRÍGUEZ la
suma equivalente de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno
de ellos. A favor de LIDA ISABEL RODRÍGUEZ HENAO, LUÍS ADOLFO ZAPATA
RODRÍGUEZ; VIVIANA Y CAROLINA RODRÍGUEZ HENAO, en su condición de
hermanos de la víctima, la suma equivalente de CINCUENTA (50) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, para cada uno de ellos.


2.2. Por las lesiones causadas al señor HUMBERTO DE JESUS PRESIGA
GRACIANO pagará a su favor el equivalente de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A
favor de la señora MARIELA DEL SOCORRO MANCO SÁNCHEZ, cónyuge de la
víctima, el equivalente de SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A favor de los
señores DORA ALICIA, JAVIER HUMBERTO, NOELIA DEL CARMEN, HUGO
ANCIZAR, DIANA MARIA Y JOHANA ANDREA PRESIGA MANCO en calidad de
hijos del lesionado, el equivalente de CUARENTA (40)        SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para
cada uno de ellos. A los padres de la víctima se reconocerá por perjuicios morales
el equivalente de TREINTA Y CINCO (35) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno
de ellos, señores CARLOS ELÍAS PRESIGA DURANGO Y LAURENTINA
GRACIANO. Igualmente, a favor de los hermanos de la víctima, señores, CARLOS
ELÍAS, MARIA ROSMIRA, GILMA, LUÍS ORLANDO, AURA DIELA Y HERNANDO
ANTONIO PRESIGA GRACIANO, se les reconocerá el equivalente a QUINCE
(15) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.


2.3 Por las lesiones causadas al señor CARLOS ELIAS PRESIGA GRACIANO
pagará a su favor el equivalente de VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.


2.4 Por las lesiones causadas al señor DUBAN ALONSO DAVID USUGA pagará a
su favor el equivalente de CIEN          (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A favor de
señora madre MARIA OFELIA USUGA AGUDELO la suma equivalente de CIEN
(100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia. A favor de los abuelos del lesionado JUANA
BAUTISTA AGUDELO DE USUGA y ANTONIO JOSE USUGA DAVID la suma
equivalente de TREINTA Y CINCO            (35) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno
de ellos. A favor de OLGA LUCIA, WILSON DE JESÚS, DUBER FABIÁN,
ANALIDA MARIA DAVID USUGA en su condición de hermanos la suma
equivalente   TREINTA   Y   CINCO    (35)   SALARIOS    MÍNIMOS    LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada uno
de ellos.


2.5 Por el fallecimiento del señor RAIMUNDO USUGA DAVID pagará a favor de
ARGEMIRA, BLANCA ADELINA, JESÚS MARIA Y DIOFANOR USURA
GRACIANO, en su condición de hijos, la suma equivalente de CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia para cada uno de ellos. A favor de los señores MARIA LUISA,
ENRIQUE, PEDRO NEL, ANTONIO JOSÉ Y PEDRO JULIO USUGA DAVID en
calidad de hermanos de la víctima, y ALBEIRO ANTONIO HIGUITA en calidad de
hijo de crianza, la suma equivalente de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para
cada uno de ellos.


2.6 Por el fallecimiento del señor LUIS JAVIER BERRIO USUGA pagará a favor
de SAMUEL ISIDRO BERRIO MARTÍNEZ Y DIOSELINA USUGA CIFUENTES en
su condición de padres de la víctima, la suma equivalente de CIEN         (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia para cada uno de ellos. A favor de los señores ALADIN DE
JESUS, BALBANEDA DEL SOCORRO Y JOAQUÍN BERRIO AVENDAÑO, OLGA
RUTH Y DORA ESTELLA USUGA, en su condición de hermanos de la víctima, la
suma equivalente de CINCUENTA          (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada uno
de ellos.


2.7 Por las lesiones causadas al señor EDIR ALCIBAR HIDALGO HIGUITA
pagará a su favor la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.


2.8 Por las lesiones causadas al señor ÁNGEL IGNACIO HIGUITA DURANGO
pagará a su favor la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
2.9 Por las lesiones causadas al señor CARLOS MARIO AVENDAÑO GÓMEZ
pagará a su favor la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.


2.10 Por las lesiones causadas al señor JOHN JAIME AVENDAÑO GÓMEZ
pagará a su favor la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES.


2.11 Por las lesiones causadas al señor ANTONIO JOSÉ USUGA DAVID pagará a
su favor la suma equivalente de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.


TERCERO: CONDÉNASE al Municipio de Buriticá (Antioquia) a pagar por
concepto de daños a la vida de relación, a favor del señor DUBAN ALONSO
DAVID USUGA, en la suma equivalente CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.


CUARTO: CONDÉNASE al Municipio de Buriticá (Antioquia) a pagar por concepto
de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante las siguientes
cantidades de dinero. A favor del señor HUMBERTO DE JESUS PRESIGA
GRACIANO la suma de HUMBERTO DE JESUS PRESIGA GRACIANO la suma
de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 129.419.095,oo m/cte). A
favor del señor DUBAN ALONSO DAVID USUGA la suma de OCHENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($
88.352.085,36 m/cte). A favor de DIOSELINA USUGA CIFUENTES la suma de
ONCE MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS MONEDA
CORRIENTE ($ 11.116.206 m/cte). A favor del señor ANTONIO JOSE USUGA
DAVID la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($ 7.769.515,68 m/cte)


QUINTO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, especialmente por
perjuicios morales y materiales, por las razones expuestas en la parte motiva.


SEXTO: El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177
del C.C.A., para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con
constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus
apoderados.


SÉPTIMO: SIN COSTAS por no aparecer causadas.



DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la
presente sentencia.




                      CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE




RUTH STELLA CORREA PALACIO                       GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ
    Presidente



MAURICIO FAJARDO GÓMEZ                                 ENRIQUE GIL BOTERO




        ACLARACION DE VOTO DEL DOCTOR ENRIQUE GIL BOTERO

NEXO CAUSAL - No es un elemento de la responsabilidad

Me aparto de lo señalado por la Sala, concretamente, por dos razones: i) porque
considero que el nexo causal o la causalidad no es un elemento de la
responsabilidad a diferencia de lo sostenido jurisprudencialmente por esta
Corporación, y por la mayoría de la doctrina nacional y, ii) porque creo,
respetuosamente, que la Sala en diferentes pronunciamientos ha otorgado un
alcance y entendimiento a las teorías causales que no tienen.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Elementos

El artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos de la
responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del
mismo a una autoridad en sentido lato o genérico. El análisis de responsabilidad
se contrae a la verificación de los mencionados elementos, esto es: i) daño
antijurídico, es decir aquella lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado que
la persona no está en la obligación de soportar y, ii) la imputación, la cual, a su
vez, se integra en dos niveles o grados de atribuibilidad: a) la imputación fáctica:
relativa a la conexión fenomenológica, limitada a través de la aplicación de
ingredientes normativos y jurídicos (v.gr. la imputación objetiva), de un
comportamiento (conducta) con un resultado y, b) la imputación jurídica: que
atribuye o radica en cabeza de un determinado sujeto de derecho la obligación
(deber ser) de resarcir el daño a partir de criterios netamente jurídicos,
establecidos legalmente o desarrollados jurisprudencialmente (v.gr. la culpa, la
falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros).

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Imputación
fáctica y jurídica

La diferencia entre la imputación fáctica y la jurídica viene dada, así las cosas, en
que mientras que en la primera se endilga objetiva o materialmente el resultado al
sujeto –con la posibilidad de emplear, se reitera, criterios normativos o jurídicos
para llegar a esa conclusión, lo que sería inadmisible en sede de la causalidad–
sin que opere consecuencia jurídica alguna, en la segunda se radica en cabeza
del sujeto la obligación (deber) de resarcir el daño, para lo cual el juez debe
verificar si –una vez constatada la imputación fáctica– la misma deviene atribuible
jurídicamente al sujeto y, por lo tanto, éste debe proceder a reparar el daño, con
fundamento en cualquiera de los títulos jurídicos de imputación –subjetivos u
objetivos– que resulten aplicables al supuesto de hecho. En síntesis, la imputación
fáctica se identifica por ser una atribución de conducta (acción u omisión) en
términos normativos, mientras que la imputación jurídica es una atribución del
daño y su consecuencial deber de reparación.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Perjuicio inmaterial / DAÑO A LA VIDA
DE RELACION - Denominación

En relación con el perjuicio inmaterial derivado de una lesión a la integridad
psicofísica de la persona, los motivos que me llevan a aclarar el voto guardan
relación con mi posición frente al denominado daño a la vida de relación y la
inconveniencia de su aplicación en la jurisprudencia de la Sala, dada su
ambigüedad, como lo demuestra el caso concreto que trata la sentencia, como
también la confusión que se ha generado con la alteración a las condiciones de
existencia. En mi criterio, es necesario regresar a tipos indemnizatorios
reconocidos de tiempo atrás por la jurisprudencia y, a partir de ellos, crear unos
nuevos que permitan coherencia en la aplicación del principio de reparación
integral, establecido en el artículo 16 de la ley 446 de 1998. Esto es, recuperar el
significado primigenio del daño fisiológico o a la salud, que sería el hilo conductor
del daño inmaterial diferente del moral que se pretende establecer, y a partir de allí
indemnizar de acuerdo con los derechos fundamentales afectados
patrimonialmente por el hecho dañoso. En efecto, la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en varias providencias que han sido proferidas
desde el año 2007, ha reconocido que el perjuicio fisiológico, hoy daño a la vida de
relación, se encuentra inmerso dentro de lo que se denomina perjuicio a las
alteraciones a las condiciones de existencia. El citado criterio parte de la
interpretación de dos providencias proferidas en el año 2007, en las cuales la Sala
se refirió a la alteración a las condiciones de existencia como un perjuicio
autónomo e independiente al daño a la vida de relación, para dar a entender ahora
que simplemente operó un cambio en la denominación del perjuicio, sin que
puedan existir de manera autónoma. En otros términos, pareciera que el criterio
fijado en la jurisprudencia es a que el daño a la vida de relación adopte un nuevo
nombre, bajo el epígrafe de alteración a las condiciones de existencia,
circunstancia que es a todas luces incorrecta. En efecto, el principio de reparación
integral en Colombia (artículo 16 ley 446 de 1998) impone la obligación de que el
juez, con apoyo en los cánones y principios constitucionales, establezca una “justa
y correcta” medición del daño ocasionado, de tal forma que opere su resarcimiento
o indemnización plena, sin que ello suponga, de otro lado, un enriquecimiento
injustificado para la víctima. Por consiguiente, no debe perderse de vista que el
derecho constitucional fluye a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, situación
que hace aún más compleja la valoración del daño, toda vez que la persona
adquiere la condición de eje central del poder público y, por consiguiente, las
constituciones políticas adquieren la connotación de antropocéntricas, en donde el
sujeto es titular de un universo de derechos e intereses legítimos que deben ser
protegidos, garantizados y reparados efectivamente en aquellos eventos en que
se presenten lesiones injustificadas.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Cuantificación del daño

En consecuencia, la cuantificación del daño en que se ha inspirado el
ordenamiento jurídico interno, obedece al criterio de la restitutio in integrum cuyo
objetivo es el restablecimiento patrimonial y/o espiritual, dañado por un hecho
ilícito, o que el perjudicado no tenga la obligación de padecer, lo cual encuentra su
fundamento y límite, se itera, en dos principios generales del derecho que además
tienen soporte normativo: la reparación integral del daño (art. 16 ley 446 de 1998 y
art. 2341 C.C.) y el enriquecimiento injusto (art. 8 ley 153 de 1887); por ello el
resarcimiento debe cubrir nada más que el daño causado, pues si va más allá,
representaría un enriquecimiento ilegítimo del afectado, y si es menor, constituiría
un empobrecimiento correlativo, desnaturalizándose así los principios de dignidad
humana y de igualdad, que constituyen pilares basilares del modelo Social de
Derecho.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Perjuicios materiales e inmateriales.
Reparación

Ahora bien, la reparación del daño material o patrimonial no ha sido un aspecto
problemático sobre el que se presenten mayores dificultades en cuanto a la
determinación y cuantificación por parte de la doctrina y jurisprudencia nacional y
extranjera; sin embargo, no ocurre igual con el perjuicio inmaterial o no
patrimonial, puesto que uno de los grandes problemas actuales de la
responsabilidad extracontractual –civil y del Estado– consiste en el diseño del
sistema idóneo de reparación del mismo, que no sirva como fuente de
enriquecimiento injustificado. La adopción de una teoría estructurada en esta
materia, garantiza que se satisfagan verdaderos parámetros de igualdad, en
donde para las circunstancias iguales se decreten medidas exactas o similares.

PERJUICIO - Tipología

Definido lo anterior, es claro que para efectuar el análisis del perjuicio, se debe
abordar el estudio de lo que se conoce como la “tipología del perjuicio”, esto es, el
examen, valoración y fijación de los estándares de indemnización que pueden ser
objeto de reconocimiento, lo que se hace a partir de la respuesta a los siguientes
interrogantes: i) ¿Qué se indemniza?, ii) ¿Cuál es el criterio para determinar la
necesidad de reconocimiento de un perjuicio indemnizable?, iii) ¿Se indemniza el
perjuicio por sí mismo, o las consecuencias apreciables que él produce (internas o
externas), siempre y cuando sean valorables?, iv) ¿Cuál orientación tiene el
ordenamiento jurídico Colombiano en relación con la reparación del perjuicio; se
indemnizan las consecuencias del daño o se reparan las afectaciones a los
diferentes bienes o intereses jurídicos? Como se observa, existe toda una serie de
cuestionamientos que el juez debe formularse, con el fin de establecer una
posición en la materia, lo que implica, a todas luces, un ejercicio hermenéutico e
interpretativo a partir del análisis de las normas constitucionales que regulan la
responsabilidad patrimonial del Estado, para con fundamento en ello, arribar a las
conclusiones que consulten los parámetros efectivos de justicia material, en lo que
concierne a la reparación integral. En nuestro ordenamiento jurídico, y
específicamente la jurisprudencia contencioso administrativa ha reconocido como
daños indemnizables, los de tipo material esto es, el daño emergente y el lucro
cesante (artículo 1614 del Código Civil), así como los inmateriales, género éste en
el que se han decretado condenas por concepto de perjuicios morales y
fisiológicos, categoría esta última en la que desde que fue reconocida por primera
vez en 1993, ha sido denominada de diversa forma, en ocasiones “daño a la vida
de relación” o “alteración a las condiciones de existencia”, pero con un sustrato
idéntico, esto es, la pérdida de placer en la realización de una actividad o
alteración grave que produce el daño en las relaciones del sujeto con su entorno.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Perjuicio inmaterial. Alteración a las
condiciones de existencia

 Por último, en recientes pronunciamientos del máximo tribunal de lo contencioso
administrativo se adoptó la denominación de “alteración a las condiciones de
existencia”, para designar ese “específico” perjuicio que desde el año 1993 fue
avalado por la jurisprudencia contencioso administrativa, para indemnizar no sólo
las lesiones a la integridad psicofísica sino cualquier lesión de bienes, derechos o
intereses legítimos diversos a la unidad corporal del sujeto, como la honra, el buen
nombre, el daño al proyecto de vida, etc., como se hizo a partir de la sentencia de
19 de julio de 2000, exp. 11842, ya trascrita. Como se desprende de los anteriores
pronunciamientos, la línea jurisprudencial que se ha trazado en torno a la tipología
del perjuicio inmaterial, diferente al moral, ha supuesto una naturaleza dual,
consistente en que se indemniza la lesión a la integridad corporal del sujeto –daño
evento– (artículo 49 C.P. derecho a la salud), así como las consecuencias que el
daño produce tanto a nivel interno (alteración a las condiciones de existencia)
como externo o relacional (daño a la vida de relación).

DAÑO FISIOLOGICO - Doble connotación

Esa doble connotación del daño fisiológico, a la vida de relación o alteración a las
condiciones de existencia –entendiéndolos como perjuicios de índole idéntica o
similar, tal y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia vernácula–, ha limitado
la posibilidad de valorar el daño en términos de objetividad material –es decir, a
partir de criterios reales, uniformes y verificables–. En consecuencia, esa
naturaleza bifronte, ha desencadenado que, teóricamente, se haya aceptado esos
planteamientos como un progreso jurisprudencial que permite no sólo indemnizar
la integridad psicofísica del sujeto (daño corporal), sino también otros bienes
jurídicos como su honra, el buen nombre, la tranquilidad, etc. No obstante lo
anterior, esa doble condición del daño a la vida de relación o alteración a las
condiciones de existencia, ha generado que se creen problemas en la
cuantificación y en la naturaleza óntica del daño, ya que el actual contenido y
alcance de los mismos en el ámbito nacional, se presta para valoraciones
equívocas lo que en determinados eventos puede dar lugar a inequidades, como
el haber decretado en el caso concreto una grave alteración a las condiciones de
existencia cuando el daño consistió en la pérdida de un testículo, sin que esa
precisa circunstancia afectara la esfera interna del sujeto, ni mucho menos la
externa, ya que la posibilidad de procreación se mantiene intacta al igual que la
capacidad de interrelacionarse sexualmente, motivo por el que, en esa
circunstancia especial, el daño a reconocerse, sin anfibología alguna, es el daño a
la salud en la medida que supone una afectación a la integridad psicofísica del
sujeto. En ese orden de ideas, es posible afirmar que se presentó un
trastrocamiento en la sistematización del perjuicio inmaterial diferente al moral, a
partir de una confusión que se generó con la asimilación entre el daño biológico,
fisiológico o a la salud con el préjudice d´agrément (daño de placer o de agrado),
reconocido en el derecho francés, relacionado con la pérdida del placer o del
disfrute que, en ocasiones, se deriva de la producción de un determinado daño, al
no poder realizar las actividades (deportes, trabajos, hobbies, etc.) a las que
estaba acostumbrado el sujeto. Ahora, con el criterio adoptado en el año 2007, la
confusión relacionada con la tipología del perjuicio inmaterial se entronizó en
mayor medida, como quiera que sin abandonar el contenido y alcance del
concepto “daño a la vida de relación”, se mutó su nombre, para designarlo como
“la alteración a las condiciones de existencia” (des troubles dans les conditions
d’existence), lo cual a todas luces es incorrecto, puesto que este último
corresponde a un perjuicio autónomo que tiene una dimensión distinta al perjuicio
de placer o de agrado (daño a la vida de relación), y que se refiere a la
modificación grave, sustancial y anormal del proyecto de vida que cada persona
tiene trazado.

DAÑO A LA SALUD - Reconocimiento

Como se aprecia, el daño a la salud –denominado por la doctrina y jurisprudencia
francesa como daño corporal o fisiológico, y en Italia biológico–, fue imbricado con
el concepto de perjuicio de agrado y con la alteración a las condiciones de
existencia, daños autónomos que han sido reconocidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado Francés, lo que desencadenó que un perjuicio de constatación
y valuación objetiva como lo es aquél, fuera revestido por una condición indefinida
o englobada en la que se puede dar cabida a cualquier tipo de afectación, al
margen de que se refleje en el ámbito externo o interno del sujeto, y sea liquidable
en términos objetivos o subjetivos. Como se aprecia, el equívoco en la
determinación del contenido y alcance del perjuicio a la salud (fisiológico o
biológico), operó en una traspolación jurídica del derecho francés e italiano al
ámbito nacional, pero se dejó de lado que en el primero de los países
mencionados se ha reconocido, dependiendo el caso concreto, de una
multiplicidad de daños que pretenden cubrir las esferas del individuo afectadas
con el mismo (v.gr. daño estético, daño sexual, alteración a las condiciones de
existencia, perjuicio de agrado, entre otros), mientras que en el segundo, dada la
redacción rígida del artículo 2059 del Código Civil de ese país, el propósito de la
doctrina y jurisprudencia recayó en la forma de abrir nuevas perspectivas y
hermenéuticas que permitieran ir más allá del simple reconocimiento del daño
moral en cuanto se refiere al resarcimiento del daño no patrimonial. Como se
aprecia, los conceptos de perjuicio de agrado (préjudice d´agrément), frente al
perjuicio corporal (dommage corporel) si bien parecieran tener puntos de
encuentro y semejanzas, lo cierto es que el primero cubre una esfera interna del
individuo, mientras que el segundo está estructurado sobre la necesidad de
resarcir la órbita de la salud del ser humano, entendida esta última, según la
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el estado
completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de
afecciones y enfermedades.”Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de
readoptar la noción de daño a la salud (fisiológico o biológico), pero con su
contenido y alcance primigenio, como quiera que al haberlo subsumido en unas
categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y
que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a
las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se desdibujó su verdadero y real
propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que
pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y
equitativos. En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación
que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales
sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto desechado y
obsoleto por la doctrina y jurisprudencia Italianas, en la medida en que se ha
reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico –relacionado
con la órbita psicofísica del individuo– y otros perjuicios que afectan valores,
derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían
indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser
humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros), sin que esta
última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes,
razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano,
máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección
Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño
existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual
que implicaba (imposibilidad de objetivización). Desde esa panorámica, los daños
a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, nunca
podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud,
puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual
y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones
sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo e
inequitativo –dado que una persona puede tener una vida social o relacional más
activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño–, y
el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida,
es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro. A contrario sensu,
el daño a la salud, gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados
perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la
integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la
modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas
generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el
sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en
demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una
sistematización del daño no patrimonial. En ese orden de ideas, el concepto de
salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está
circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo
que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales
corresponderá una indemnización idéntica.

DAÑO A LA SALUD - Distinto al daño moral

En consecuencia, se debería adoptar el concepto de daño a la salud, como
perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los
casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no
está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la
compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino
que está dirigido a resarcir económicamente –como quiera que empíricamente es
imposible– una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, el
trastrocamiento del derecho a la salud del individuo. Por lo tanto, cuando el daño
tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), se podrán reclamar los
siguientes tipos de perjuicios –siempre que estén acreditados en el proceso –: los
materiales o patrimoniales de daño emergente y lucro cesante, y los inmateriales o
no patrimoniales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero
tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño,
mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o
funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal. No resulta pertinente
suprimir la categoría del daño moral, a pesar de lo anfibiológico de su nominación,
puesto que está encaminado, se insiste, a compensar económicamente la aflicción
espiritual que se origina con un daño, mientras que el daño a la salud va dirigido a
resarcir la modificación de la armonía psicofísica de la persona, como presupuesto
básico para el ejercicio de otros derechos e intereses legítimos.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Daño no proveniente de lesiones físicas

Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales el daño no provenga de la lesión
psicofísica del sujeto (casos minoritarios), sería oportuno que la jurisprudencia
contencioso administrativa avanzara hacia una indemnización de los bienes,
derechos o intereses legítimos que tengan un reconocimiento y protección
constitucional, de manera autónoma e independiente, sin arribar el extremo de
reconducirlos a su unificación en una única categoría (v.gr. como la de daño
existencial o daño a la vida de relación), sino que sean analizados, valorados y
cuantificados en cuanto a su dimensión (v.gr. el daño al buen nombre, a la honra o
al honor), por cuanto constituyen daños indemnizables en sí mismos. Lo anterior,
máxime si los conceptos de daño a la vida de relación o alteración a las
condiciones de existencia, dada su ambivalencia, ambigüedad y conceptualización
equívoca, generan varios problemas en la definición y tasación de los perjuicios
que dicen comprender o abarcar. En efecto, una criterio diferente permitiría afirmar
que el desplazamiento forzado, por sí mismo, no genera indemnización y
reparación integral del daño, salvo que la persona demandante logre acreditar de
manera plena, que padeció una consecuencia económica o material a causa esa
diáspora a la que se vio conminada por grupos al margen de la ley o por el Estado.
En consecuencia, desde este supuesto, y en esa lógica que no comparto, si el
individuo víctima del desplazamiento no se viera afectado económicamente por las
consecuencias del mismo, no sería beneficiario de la indemnización, conclusión
que desde mi punto de vista es inaceptable.


                             CONSEJO DE ESTADO

                SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

                               SECCION TERCERA

              Consejera ponente: GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010)

Radicación número: 05001-23-31-000-1993-00767-01(17635)

Actor: MARIA TERESA RODRIGUEZ HENAO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE BURITICA Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



Referencia: ACLARACION DE VOTO


Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, procedo a
señalar los motivos por los cuales si bien, desde luego, comparto la decisión
adoptada el 14 de abril del año en curso, aclaro mi voto en relación con dos
aspectos de la parte motiva que, de conformidad con la posición mayoritaria,
quedaron plasmados en la respectiva providencia.


1. Argumentos sobre los cuales recae la presente aclaración de voto


En el proveído señalado, en cuanto concierne a los                  elementos de la
responsabilidad, se consignó lo siguiente:


       “(…) para que surja la obligación de reparar es necesario que estén
       presentes los elementos que configuran la responsabilidad de la
       Administración, a saber: i) un hecho dañoso imputable a la entidad
       pública demandada, ii) un daño, y iii) una relación de causalidad
       entre uno y otro.”

Por otra parte, respecto de la tipología del perjuicio inmaterial, diferente al moral,
señaló:

       “La parte actora censuró la decisión del Tribunal en cuanto se
       abstuvo de reconocer perjuicios “fisiológicos” al lesionado DUBAN
       ALFONSO DAVID USUGA. La Sala accederá a lo pedido por la
       parte actora en el recurso de apelación en desarrollo del artículo 446
       de 1998, reconocerá a su favor el daño a la vida en relación, pues
       revisada la historia clínica, no hay duda sobre la gravedad de las
       lesiones sufridas, las secuelas definitivas que alteraron
       notablemente las condiciones de existencia, pues, hubo pérdida total
       de los testículos, y lesión del pene y el escroto, lo cual permite inferir
       su afectación personal, fundamentalmente en su desarrollo integral
       como ser humano, su afectación en su entorno familiar y social.”

2. Razones y fundamentos de la aclaración


2.1. En cuanto a los elementos de la responsabilidad.


La Sala parte, en este caso, del reconocimiento de que son varios los elementos
estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado, los cuales serian,
a saber: i) daño antijurídico, ii) nexo causal y, en algunos casos, iii) hecho dañoso.


La anterior estructura conceptual, en mi criterio, desconoce los postulados sobre
los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política
de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos
de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del
mismo a una autoridad en sentido lato o genérico.
El inciso primero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor
literal:


           “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
           que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
           autoridades públicas.

           “(…)” (negrillas fuera del texto original).

Previo a cualquier análisis, es menester reseñar los elementos estructurales que
son inherentes a la problemática planteada, como quiera que de la posición que se
asuma respecto a los mismos deriva la comprensión frente al tema objeto de
estudio; es así, como bien vale la pena determinar que son dos categorías
diferentes la causalidad y la imputación, toda vez que el objeto de las ciencias
naturales, es la naturaleza, mientras que el objeto de la ciencia del derecho, es el
derecho; verdad que parece de perogrullo, pero de la cual se derivan
consecuencias importantes que por obvias se dejan equivocadamente de lado, de
allí que estamos en presencia de un dualismo entre la naturaleza como orden
causal y la sociedad como orden normativo;126 y en ese entendimiento, los
principios específicos que los rigen son el de la causalidad y el de la imputación
que se expresan bajo leyes propias, y que aunque bien, se traducen bajo la forma
de juicios hipotéticos que establecen una relación entre una condición y una
consecuencia, en palabras de Kelsen, en uno y otro caso, se rigen por los
principios de la necesidad (del ser) y el de la libertad (del deber ser) 127. Podría
decirse, igualmente, que dentro de las ciencias de la naturaleza la causalidad
correspondería, tanto en su acepción primitiva como en la más refinada a que
hubo lugar en el pensamiento aristotélico, a una forma de conocimiento en cuanto
busca una explicación de los fenómenos, y por el contrario, las ciencias sociales a
través de la imputación refiere la vinculación de conductas frente a actos o hechos
bajo la conexión del deber, y no bajo el imperativo del tener, propio de la
causalidad.


Así las cosas, según la disposición lógico – normativa del artículo 90 de la
Constitución Política, se tiene que establecida la presencia del daño, algo lo tuvo
que originar como realidad, toda vez que no es un efecto incausado. Y en él se

126
    Kelsen – Cossio, problemas escogidos de la teoría pura del derecho. Buenos Aires.
Editorial Guillermo Kraft Ltda.. 1952. Pág. 12.
127
    Kant los asimila a mandatos de la razón que denomina imperativos. Fundamentación
de la metafísica de las costumbres, Editorial Ariel, Barcelona, Primera Edición, 1996,
pág. 62
encuentra inmersa la causalidad, como parte o condición del efecto – DAÑO-. Por
ello se ha dicho con trascendencia y claridad epistemológica:


        “… Causa y efecto además no existen como términos aislados, sino
        como meros momentos de un proceso, de un continuum. “Los
        fenómenos como causa y efecto, dice Kelsen, constituyen una
        conexión de hechos directa, aunque no siempre perceptible
        inmediatamente. La llamada causa se cambia imperceptiblemente
        en el llamado efecto. Causa y efecto son, en palabras de Goethe, un
        fenómeno indivisible. Que los separemos sin embargo una de otro,
        que incluso que los opongamos entre sí, que intencionalmente
        aislemos de la cadena continua de innumerables elementos dos
        solamente como la causa y el efecto que se imputa a esa causa
        sola, se debe al vetusto hábito de interpretarla naturaleza conforme
        al principio de retribución””128

Ahora bien, configurada la existencia del daño como entidad fenoménica,
ontológica, donde va implícita la causalidad entendida como ese continuum, es
donde interviene el juez en una postura axial frente a ese dato objetivo o
conocimiento dado por la experiencia, para impregnar de contenidos valiosos o
disvaliosos el daño como tal, y donde su labor apunta no a la valoración de la
conducta, sino más bien, a establecer si quien lo padece debe soportarlo o no. Y
es así, como la jurisprudencia de esta Corporación lo ha entendido:

      “porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más
      adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño
      antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación
      del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.
      “La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto
      constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala,
      sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de
      establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es
      objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso
      ineluctable de la pretensión”129

      “Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de
      reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si
      en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna
      inútil cualquier otro análisis y juzgamiento.
      “Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores130, el primer
      aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la
      existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia

128
    Revista de derecho de la Universidad de Antioquia. Homenaje a Hans Kelsen, B.
Mantilla Pineda. El principio de retribución y la ley de causalidad. Pág. 358 y 359.
129
    Sentencia del Consejo de Estado de diez de septiembre de 1993 expediente 6144
Consejero Ponente Juan de Dios Montes.
130
    En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp.
11.135; 9 de marzo de 2000 exp. 11.005; 16 de marzo de 2000 exp. 11.890 y 18 de
mayo de 2000 exp. 12.129
      del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda
      hacerse en estos procesos.
      “En efecto, en sentencia proferidas dentro de los procesos acumulados
      10948 y 11643 y número 11883, se ha señalado tal circunstancia
      precisándose en ésta última, que “… es indispensable, en primer
      término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la
      realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el
      mismo puede, o no calificarse cono antijurídico, puesto que un
      juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda
      responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de
      realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad
      estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera
      de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”131
      (Negrilla fuera de texto)

Superado el concepto del daño como fenómeno natural, este se torna en
jurídicamente relevante una vez es tomado en consideración por el derecho como
daño antijurídico resarcible, “…de tal forma que el daño jurídicamente relevante
constituye una especie del daño entendido en sentido genérico (o en sentido
naturalístico) y el daño antijurídico una especie del daño jurídico relevante, cuando
su relevancia deriva de su antijuridicidad. El daño o perjuicio que las normas
jurídicas pretenden repara o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél
que frustra expectativas aseguradas por el derecho132”


La nota de antijuridicidad, es la calificación en sentido convencional que se predica
de lo contrario a derecho, lo cual sin lugar a dudas es una tautología, y aunque, el
concepto como tal fue elaborado por la dogmática penal, pasó a ser una categoría
general del derecho. En efecto, la doctrina sostiene:


       “Por lo demás, la no circunscripción            de la categoría de
       antijuridicidad a una única rama del ordenamiento jurídico no hace
       más que poner de relieve, una vez más, la esencial trabazón
       existente entre todos los sectores jurídicos parciales integrantes del
       mismo, puesto que la “determinación normativa” de las
       circunstancias que caracterizan la antijuridicidad puede encontrarse



131
    Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente
12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar
132
    “27. HAYEK señala a este propósito que solo así “la regla de no perjudicar a otro
cobra algún sentido para un grupo de hombres que tienen el derecho a perseguir cada
uno sus propios objetivos”; de otra forma, si todas las personas tuviesen que atenerse
continuamente a lo que los otros esperan o presuponen de su comportamiento, “el
resultado sería, en breve plazo, el descalabro del orden” (cfr. Hayek, F.A.: Droit,
legislation et liberté, París, 1981,t. I,pp. 122 y 124, respectivamente). Vid., en el mismo
sentido, CARNEIRO DA FRADA, M. A.: Contrato e deveres de proteccao, Coimbra, 1994,
p. 130”. Citado en Busto lago, José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la
responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos S.A. Madrid. 1998. Pág. 45.
       fuera del ámbito normativo que cualifica tipológicamente el supuesto
       de hecho que hace surgir la responsabilidad civil”133.

La anterior posición, según la cual el principal elemento configurativo de la
responsabilidad del Estado corresponde al daño antijurídico, se ve reflejado en los
antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde en la ponencia
para segundo debate (de la disposición que fuera a convertirse en el actual
artículo 90 de la Carta Política), se precisó:


       “(…) La noción de daño en este caso, parte de la base de que el
       Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que
       debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño
       causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber
       jurídico de soportarlo.

       “La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y
       no de la actuación del agente de la administración causante material
       del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no
       sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la
       responsabilidad entre particulares.

       “Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta,
       comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre
       responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño
       especial o riesgo…”134

En ese contexto, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial
del Estado – en materia contractual y extracontractual-, contenida en el artículo 90
ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de
daño antijurídico e imputación –entendida esta última como atribución de la
respectiva lesión-, sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o
valoración y análisis de otro tipo componentes a efectos de configurar la
responsabilidad.


Más aun, dicha posición ha sido asumida por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en reiteradas ocasiones135, en la cual se ha puntualizado
recientemente, entre otros aspectos, lo siguiente:




133
    Busto lago, José Manuel. Ob cit. Pág. 50.
134
    Ponencia para segundo debate – Plenaria Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta
Constitucional No. 112 de 3 de julio de 1991, Pág. 7 y 8.
135
    Al respecto ver, entre otras, las sentencias: C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-533 de 1996; C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-038 de
2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
         “De manera tal que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado
         es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea
         contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber
         jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa
         indemnizable”136, lo cual significó un giro copernicano en el fundamento de
         la responsabilidad estatal, la cual ya no reposa en la “calificación de la
         conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa”
         (subrayas en el original)137.

         "La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño
         antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza
         plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de
         Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los
         derechos y libertades de los administrados frente a la propia
         Administración138. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos
         principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º)
         y la igualdad (Art. 13) 139, y en la garantía integral del patrimonio de los


136
      Sentencia C-533 de 1996.
137
      Sentencia C-043 de 2004. En la misma decisión sostuvo: “No se trata de saber si
hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque
no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público
produce o no un “daño antijurídico”, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no
estaba llamado a soportar” (negrillas fuera del texto original).
138
   Sentencia C-333 de 1996.
139
   Esta Corporación, en Sentencia C-333-96, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez
Caballero, resaltó la armonía existente entre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado
consagrado en el artículo 90 de la Carta y el Estado Social de Derecho: “Desde el punto de vista
sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber
de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social
de Derecho (CP art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y
libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad
patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los
administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños,
que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta
culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita
patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la
obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido
cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado
el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado
al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Esta concepción de la posibilidad
de indemnización de un daño antijurídico incluso originado en una actividad lícita del Estado
armoniza además con el principio de solidaridad (CP art. 1º) y de igualdad (CP art. 13), que han
servido de fundamento teórico al régimen conocido como de daño especial, basado en el principio
de igualdad de todos ante las cargas públicas. En efecto, si la Administración ejecuta una obra
legítima de interés general (CP art. 1º) pero no indemniza a una persona o grupo de personas
individualizables a quienes se ha ocasionado un claro perjuicio con ocasión de la obra, entonces el
Estado estaría desconociendo la igualdad de las personas ante las cargas públicas (CP art. 13), pues
quienes han sufrido tal daño no tienen por qué soportarlo, por lo cual éste debe ser asumido
solidariamente por los coasociados (CP art. 1º) por la vía de la indemnización de quien haya
resultado anormalmente perjudicado. Se trata pues, de un perjuicio especial sufrido por la víctima
en favor del interés general, por lo cual el daño debe ser soportado no por la persona sino por la
colectividad, por medio de la imputación de la responsabilidad al Estado. Por ende, la fuente de la
responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta
del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de
soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no
todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente
acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que
la persona tenga que soportarlo”.
      ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución140. (Negrilla
      fuera del texto)

      “El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del
      Estado a la luz el artículo 90 constitucional es la imputabilidad del
      daño antijurídico a las autoridades públicas, aspecto en el cual también
      ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación y tratado
      profusamente por el Consejo de Estado. Esta última autoridad judicial ha
      sostenido que la imputación está ligada pero no se confunde con la
      causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una
      disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado
      la obligación de reparar un daño “es menester, que además de constatar la
      antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le
      permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material
      que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la
      imputatio facti”141. (Negrilla fuera del texto)

      “La Corte Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones
      del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de
      la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos:

          "(S)on dos las condiciones indispensables para la
          procedencia de la declaración de la responsabilidad
          patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas
          de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la
          imputabilidad del daño a alguna de ellas.

          La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase
          (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de
          que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o
          extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de
          soportar.” (negrillas y subrayado fuera del texto original)142

      “Esta última cita es pertinente para recalcar en la cuestión objeto de estudio
      en la presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de
      Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la
      obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier
      autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto
      simplemente establece dos requisitos para que opere la
      responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño
      antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una
      autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del
      daño.”143

Como se aprecia, no es posible, estrictamente hablando, que se amplíe la gama
de los componentes de la responsabilidad extracontractual del Estado, como
quiera que ellos se circunscriben, desde la óptica del derecho, al daño antijurídico
y a la imputación del mismo a una entidad de derecho público.
140
    Sentencia C-832 de 2001.
141
    Consejo de Estado. Sentencia de 13 de julio de 1993, loc. cit.
142
    Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Expediente 8118, Consejero
Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
143
    Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
En esa perspectiva, considero que la Sala debe replantear la forma como aborda
el análisis de los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado, para
evitar de esta manera introducir criterios que se subsumen en los conceptos antes
referidos. Proceder como se viene haciendo, en contravía de la propia
jurisprudencia administrativa, es desconocer la realidad normativa (artículo 90
C.P.), que corresponde como bien lo señala la Jurisprudencia Constitucional, a un
giro copernicano en la materia, toda vez, que la virtud o bondad del precepto
estriba precisamente en consolidar en nuestra cultura jurídica el derecho de
daños, opuesto a la concepción tradicional en el tema, donde prevalecía el análisis
subjetivo de la conducta por oposición al carácter hoy objetivo del daño, de no
hacerlo así, como se viene haciendo en una sorprendente cotidianidad jurídica en
los fallos proferidos por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es sin lugar a
dudas, seguir manteniendo una posición que no coincide con el ordenamiento
jurídico en su dimensión unitaria o hermética, para de paso, mantener
equivocadamente en mi criterio, una postura que corresponde a un modelo de
pensamiento jurídico ya superado como fue el que antecedió a la constitución
vigente. En síntesis, puede afirmarse, que la labor analítica del juez en asuntos de
esta naturaleza, se reduce simple y llanamente a la constatación del daño como
entidad, que es un dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia; a la
posición axial frente al mismo por parte del juez, lo que imprime el sello de
antijurídico o jurídico, y una vez estructurado aquel –daño antijurídico-,
coprogramáticamente mirar la posibilidad de imputación del mismo a una entidad
de derecho público.

Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que
este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o
elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que
cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en
términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se
determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –acción
u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es
jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un
acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone
el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar
determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí
es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes
sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho
la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política144.

Así las cosas, hay que reconocer que desde la estructura moderna de la
responsabilidad patrimonial del Estado, el nexo de conexión, o vínculo que debe
existir entre la acción, omisión, o conducta generante de un efecto, esto es, de una
modificación patrimonial –el daño en sentido fenoménico y jurídico-, corresponde a
la imputación material y/o normativa del mismo145, lo que explica precisamente la
posibilidad de eximentes de imputación cuando quiera que por alguna
circunstancia no es posible hacer esa referibilidad, superando así aún, la
problemática que presenta la denominada causalidad de la conducta omisiva y
que en el esquema tradicional en vano ha tratado de justificarse acudiendo a todo
tipo de distorsiones dialécticas, que lo único que hacen es poner de manifiesto el
paralelismo entre physis y nomos.

Esa relación en el derecho, tradicionalmente llamada causalidad física, no puede
seguir siendo la base del sistema, ni elemento autónomo, ya que es parte
estructural del daño al posibilitar su existencia en la alteración o conformación
mejor de una realidad, cosa diferente es la posibilidad de atribuir ese daño al obrar
o no del sujeto, lo que constituye la imputación en sentido jurídico; más aún hoy
día en que se habla de la crisis del dogma causal en las ciencias de la naturaleza,
lo que ha permitido la conceptualización y desarrollo de criterios como el de la
imputación objetiva y el deber de cuidado en el campo jurídico, desde luego.

En síntesis, mientras se mantenga la convicción de que la causalidad en su
natural sentido óntico, hace parte de las ciencias sociales, y que constituye en ese
entorno un elemento de la responsabilidad patrimonial, se incurre en un error al
mezclar dos líneas paralelas, que corresponden a objetos de conocimiento
diferentes: la naturaleza y el derecho, como ya se dijo. Y de otro lado, aunque el
daño es producido por la acción u omisión, esto es, se da una relación entre dos
hechos, eso hace parte de una regla de derecho –imputación- mas no causalidad,
la imputación vincula conductas, por ello se ha dicho: “La ciencia del derecho no
pretende, pues, dar una explicación causal de las conductas humanas a las cuales

144
    Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622,
M.P. Carlos Betancur Jaramillo.
145
    “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad
material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de
criterios normativos o jurídicos” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.
se aplican las normas jurídicas”146, o bien, en otro horizonte: “La diferencia entre la
causalidad y la imputación se pone de manifiesto en la relación entre la condición
y la consecuencia: en la ley de la naturaleza se designa a la condición como causa
y a la consecuencia como efecto, pero no interviene ningún acto humano o
sobrehumano. En la ley moral, religiosa o jurídica la relación entre condición y
consecuencia se establece por actos humanos o sobrehumanos”.147

Es por lo anterior, que lo itero una vez más, el análisis de éstas controversias debe
hacerse en el entendimiento que se deja planteado, de no hacerlo así, la Sala
estaría manteniendo una postura que ya ha sido superada en el ordenamiento
jurídico (art. 90 C. P.).


Aunado a lo anterior, debe precisarse que el anterior entendimiento ha sido
avalado por la jurisprudencia extranjera, específicamente la española, la cual,
partiendo de similares contenidos normativos a los existentes en nuestro país, ha
explicado los elementos de la responsabilidad en los siguientes términos:


       “(…) Segundo: La responsabilidad del Estado que con carácter
       objetivo se configura por primera vez en 1954 dentro de la Ley de
       Expropiación Forzosa (art. 121) y se alberga tres años después en la
       de régimen jurídico de la Administración (art. 40), ha adquirido
       relieve constitucional en los arts. 9.º y 106, párrafo 2.°, como
       garantía fundamental en la órbita de la seguridad jurídica, aun
       cuando su entronque más directo lo tenga con el valor «justicia»,
       uno de los pilares del Estado de Derecho, social y democrático, que
       proclama el art. 1.° de la misma Constitución .

       “En el esquema de este concepto, el primero y principal de sus
       elementos estructurales es la lesión patrimonial, equivalente
       por su contenido a cualquier daño o perjuicio, en la doble
       modalidad, clásica desde la antigua Roma, del lucro cesante o del
       daño emergente. En este caso, no cabe la menor duda de que la
       rebaja del margen comercial correspondiente a los farmacéuticos en
       la venta o dispensación de los medicamentos implicaba
       necesariamente, sin más averiguaciones, una disminución de sus
       beneficios o ganancias en la misma proporción. Ahora bien, no es
       suficiente el menoscabo económico, factor material, sino que se
       requiere simultáneamente la concurrencia de otro factor
       cualificativo, consistente en que sea antijurídico y, por lo tanto,
       el afectado o la víctima no tenga el deber de soportarlo. En
       definitiva, la lesión se define como un daño ilegítimo y tal
       calificación conviene perfectamente a la Orden de 10 de agosto de



146
    Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 12
Edición, 1974, pág. 20.
147
    Kelsen – Cossio. Obra cit Pág. 22.
       1985 desde el mismo instante en que nuestra Sentencia de 4 de julio
       de 1987 comprobó y declaró que era nula de pleno Derecho.

       “En otro plano ha de situarse el vínculo entre la lesión y el
       agente que la produce, entre el acto dañoso y la Administración
       que es su autora, y por tanto implica la necesidad de que pueda
       serle imputado o atribuido, en su actuación propia, como poder
       y en el uso de sus potestades públicas…

      “(…)”148 (cursivas del original – negrillas adicionales).


Al margen de todas las consideraciones sobre la materia, y que se han expuesto
anteriormente, en relación con los elementos que configuran la responsabilidad del
Estado, lo cierto es que la Sala debe asumir una posición definitiva sobre el asunto
objeto de análisis, como quiera que el 30 de agosto de 2007, esta misma Sección
profirió una sentencia (expediente 15.932) en la cual el capítulo denominado “daño
antijurídico e imputabilidad” fue aprobado sin ningún tipo de observación y en
forma unánime.


2.2. En cuanto al reconocimiento del denominado “daño a la vida en relación.”


En segundo lugar, debo reiterar mi posición frente al denominado el daño a la vida
de relación y la inconveniencia de su aplicación en la jurisprudencia de la Sala,
dada su ambigüedad, como lo demuestra el caso concreto que trata la sentencia,
así como la confusión que se ha generado con la alteración a las condiciones de
existencia. En mi criterio, es necesario regresar a tipos indemnizatorios
reconocidos de tiempo atrás por la jurisprudencia y, a partir de ellos, crear unos
nuevos que permitan coherencia en la aplicación del principio de reparación
integral, establecido en el artículo 16 de la ley 446 de 1998. Esto es, recuperar el
significado primigenio del daño fisiológico o a la salud, que sería el hilo conductor
del daño inmaterial diferente del moral que se pretende establecer, y a partir de allí
indemnizar    de    acuerdo    con    los    derechos     fundamentales    afectados
patrimonialmente por el hecho dañoso.


En efecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
varias providencias que han sido proferidas desde el año 2007 149, ha reconocido


148
    Tribunal Supremo Español – Sala de lo Contencioso, sentencia de 11 de noviembre
de 1993, rad. STS 11664, M.P. Ángel Alfonso Llorente Calama. Ver igualmente:
sentencia de 10 de julio de 1992, rad. STS 11010.
149
    Sobre la referida problemática, se pueden consultar los siguientes documentos:
aclaración de voto a la sentencia del 4 de junio de 2008, exp. 15.657, M.P. Myriam
que el perjuicio fisiológico, hoy daño a la vida de relación, se encuentra inmerso
dentro de lo que se denomina perjuicio a las alteraciones a las condiciones de
existencia.


El citado criterio parte de la interpretación de dos providencias proferidas en el año
2007150, en las cuales la Sala se refirió a la alteración a las condiciones de
existencia como un perjuicio autónomo e independiente al daño a la vida de
relación, para dar a entender ahora que simplemente operó un cambio en la
denominación del perjuicio, sin que puedan existir de manera autónoma. En otros
términos, pareciera que el criterio fijado en la jurisprudencia es a que el daño a la
vida de relación adopte un nuevo nombre, bajo el epígrafe de alteración a las
condiciones de existencia, circunstancia que es a todas luces incorrecta.


En efecto, el principio de reparación integral en Colombia (artículo 16 ley 446 de
1998) impone la obligación de que el juez, con apoyo en los cánones y principios
constitucionales, establezca una “justa y correcta” medición del daño ocasionado,
de tal forma que opere su resarcimiento o indemnización plena, sin que ello
suponga, de otro lado, un enriquecimiento injustificado para la víctima.


Por consiguiente, no debe perderse de vista que el derecho constitucional fluye a
lo largo de todo el ordenamiento jurídico, situación que hace aún más compleja la
valoración del daño, toda vez que la persona adquiere la condición de eje central
del poder público y, por consiguiente, las constituciones políticas adquieren la
connotación de antropocéntricas, en donde el sujeto es titular de un universo de
derechos e intereses legítimos que deben ser protegidos, garantizados y
reparados efectivamente en aquellos eventos en que se presenten lesiones
injustificadas.


La anterior circunstancia motivó a que el Constituyente de 1991, diseñara y
adoptara en el artículo 90 de la Carta Política, un sistema de responsabilidad
estatal fundamentado en el daño antijurídico, en donde el elemento esencial de la
responsabilidad se traslada de la conducta de la administración pública, para
concentrarse en el producto de la misma, esto es, en la lesión o afectación que


Guerrero de Escobar, aclaración de voto a la sentencia del 15 de agosto de 2007, exp.
AG 2003 – 385 M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y aclaración de voto a la sentencia de 1º
de diciembre de 2008, exp. 17.744, M.P. Enrique Gil Botero.
150
    Sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG 2003 – 385 M.P. Mauricio Fajardo
Gómez y sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. AG-029.
padece la persona. En ese orden de ideas, el paradigma del derecho de daños
sufrió una significativa modificación con la expedición de la Carta Política de 1991,
en donde el daño se eleva a la condición de elemento y punto central a la hora de
analizar la responsabilidad de la organización estatal.


En efecto, así se anticipó la Corte Suprema de Justicia durante el período de la
corte de oro, cuando reflexionó en los siguientes términos:


          “Ya el ilustre expositor Giorgi apuntaba lo siguiente en alguno de los
          primeros años de este siglo: “El mundo marcha, y la ley del
          progreso, que todo lo mueve, no puede detenerse cristalizando la
          ciencia. El resarcimiento de los daños, es entre todos los temas
          jurídicos, el que siente más que otro alguno la influencia de la
          conciencia popular y debe proporcionarse a las necesidades morales
          y económicas de la convivencia social. La doctrina, pues, del
          resarcimiento debe ajustarse a ella siguiendo sus progresos…

          “Ese movimiento profundo de las ideas en los últimos años, tiende a
          ampliar aun más el concepto fundamental de la responsabilidad,
          para así sancionar hechos lesivos del interés de terceros que antes
          no generaban reparación. Dada la complejidad de la vida social
          moderna y el desigual poderío de los individuos que ello ha venido a
          ocasionar, es natural que la doctrina contemporánea preconice un
          análisis más hondo y sutil de las ideas de causa y daño…”151



Desde esa perspectiva, es claro que el derecho de daños ha tenido
transformaciones de diversa índole que han significado que se ajuste a las nuevas
perspectivas, desarrollos, riesgos y avances de la sociedad. De otro lado, lo que
podría denominarse como la “constitucionalización del derecho de daños”, lleva de
la mano que se presente una fuerte y arraigada imbricación entre los principios
constitucionales y aquellos que, en el caso colombiano, se encuentran contenidos
de antaño en el código civil.


En consecuencia, la cuantificación del daño en que se ha inspirado el
ordenamiento jurídico interno, obedece al criterio de la restitutio in integrum cuyo
objetivo es el restablecimiento patrimonial y/o espiritual, dañado por un hecho
ilícito, o que el perjudicado no tenga la obligación de padecer, lo cual encuentra su
fundamento y límite, se itera, en dos principios generales del derecho que además
tienen soporte normativo: la reparación integral del daño (art. 16 ley 446 de 1998 y
art. 2341 C.C.) y el enriquecimiento injusto (art. 8 ley 153 de 1887); por ello el

151
      Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de febrero de 1938, G.J. No.1932, pág.
58.
resarcimiento debe cubrir nada más que el daño causado, pues si va más allá,
representaría un enriquecimiento ilegítimo del afectado, y si es menor, constituiría
un empobrecimiento correlativo, desnaturalizándose así los principios de dignidad
humana y de igualdad, que constituyen pilares basilares del modelo Social de
Derecho152.


Ahora bien, la reparación del daño material o patrimonial no ha sido un aspecto
problemático sobre el que se presenten mayores dificultades en cuanto a la
determinación y cuantificación por parte de la doctrina y jurisprudencia nacional y
extranjera; sin embargo, no ocurre igual con el perjuicio inmaterial o no
patrimonial, puesto que uno de los grandes problemas actuales de la
responsabilidad extracontractual –civil y del Estado– consiste en el diseño del
sistema idóneo de reparación del mismo, que no sirva como fuente de
enriquecimiento injustificado. La adopción de una teoría estructurada en esta
materia, garantiza que se satisfagan verdaderos parámetros de igualdad, en
donde para las circunstancias iguales se decreten medidas exactas o similares153.




Definido lo anterior, es claro que para efectuar el análisis del perjuicio, se debe
abordar el estudio de lo que se conoce como la “tipología del perjuicio”, esto es, el
examen, valoración y fijación de los estándares de indemnización que pueden ser
objeto de reconocimiento, lo que se hace a partir de la respuesta a los siguientes
interrogantes: i) ¿Qué se indemniza?, ii) ¿Cuál es el criterio para determinar la
necesidad de reconocimiento de un perjuicio indemnizable?, iii) ¿Se indemniza el
perjuicio por sí mismo, o las consecuencias apreciables que él produce (internas o
externas), siempre y cuando sean valorables?, iv) ¿Cuál orientación tiene el
ordenamiento jurídico Colombiano en relación con la reparación del perjuicio; se
indemnizan las consecuencias del daño o se reparan las afectaciones a los
diferentes bienes o intereses jurídicos?

152
    “En otras palabras, el juez, al considerar como de recibo una demanda resarcitoria,
puede dar cabida dentro de los intereses sociales dignos de tutela a un cierto
comportamiento, una expresión, un anhelo, de un individuo o de un grupo, que antes
no la tenía, con lo que establece o fija un límite para la sociedad; este límite también se
establece, como es obvio, en el caso contrario, es decir, cuando el juez niega la
inclusión de un interés discutido, en la escala de los valores sociales.” CORTÉS, Edgar
“Responsabilidad Civil y daños a la persona – El daño a la salud en la experiencia
italiana ¿un modelo para América Latina?”, Ed. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2009, pág. 13.
153
    “lo que no se puede tolerar es que el tratamiento diferenciado, que se deduce de la
interpretación de las normas tradicionales de la responsabilidad, beneficie a aquellos
que se encuentran en una situación de privilegio.” CORTÉS, Edgar Ob. Cit. Pág. 15.
Como se observa, existe toda una serie de cuestionamientos que el juez debe
formularse, con el fin de establecer una posición en la materia, lo que implica, a
todas luces, un ejercicio hermenéutico e interpretativo a partir del análisis de las
normas constitucionales que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado,
para con fundamento en ello, arribar a las conclusiones que consulten los
parámetros efectivos de justicia material, en lo que concierne a la reparación
integral.


En nuestro ordenamiento jurídico, y específicamente la jurisprudencia contencioso
administrativa ha reconocido como daños indemnizables, los de tipo material esto
es, el daño emergente y el lucro cesante (artículo 1614 del Código Civil), así como
los inmateriales, género éste en el que se han decretado condenas por concepto
de perjuicios morales y fisiológicos, categoría esta última en la que desde que fue
reconocida por primera vez en 1993, ha sido denominada de diversa forma, en
ocasiones “daño a la vida de relación” o “alteración a las condiciones de
existencia”, pero con un sustrato idéntico, esto es, la pérdida de placer en la
realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las
relaciones del sujeto con su entorno.


En efecto, en la sentencia del 6 de septiembre de 1993, la Sección Tercera
puntualizó lo siguiente:


          “el PERJUICIO FISIOLÓGICO o A LA VIDA DE RELACIÓN, exige
          que se repare la pérdida de la posibilidad de realizar "...otras
          actividades vitales, que aunque no producen rendimiento
          patrimonial, hacen agradable la existencia...... A quienes sufren
          pérdidas irremediables es necesario brindarles la posibilidad de
          procurarse una satisfacción equivalente a la que han perdido. Por
          algo se enseña el verdadero carácter del resarcimiento de los daños
          y perjuicios es un PAPEL SATISFACTORIO…”

Con posterioridad, en sentencia del 25 de septiembre de 1997, se precisó al
respecto lo que se trascribe a continuación154:


      “1. El mal llamado perjuicio fisiológico se conoce en el derecho francés
      como perjuicio de placer (prejudice d´agrément), loss ofamenity of the




154
      Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 10.421, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
      life (pérdida del placer de la vida) en el derecho anglosajón o daño a la
      vida de relación en el derecho italiano155.

      “La jurisprudencia francesa ha definido este particular tipo de daño
      tomando como marco de referencia la resolución No. 75-7 del Comité de
      Ministros del Consejo de Europa relativo a la reparación de daños en
      caso de lesión corporal, adoptada el 14 de marzo de 1975, según la cual
      la víctima debe ser indemnizada de “diversos problemas y malestares
      tales como enfermedades, insomnios, sentimientos de inferioridad, una
      disminución de los placeres de la vida causada principalmente por la
      imposibilidad de dedicarse a ciertas actividades placenteras”.156

      “2. La indebida utilización del concepto fisiológico parece derivarse de
      una mala traducción e interpretación de la jurisprudencia francesa, la
      cual en una sentencia de la Corte de Casación del 5 de marzo de 1985
      distinguió entre el daño derivado de la “privación de los placeres de la
      vida normal, distinto del perjuicio objetivo resultante de la incapacidad
      constatada” y los “problemas psicológicos que afectan las condiciones
      de trabajo o de existencia de la vida”. El perjuicio psicológico, de
      acuerdo con esta distinción, constituye un perjuicio corporal de carácter
      objetivo que se distingue esencialmente del perjuicio moral reparado
      bajo la denominación de perjuicio de placer.157

      “Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el adjetivo fisiológico que hace
      referencia a disfunciones orgánicas, no resulta adecuado para calificar el
      desarrollo de actividades esenciales y placenteras de la vida diaria
      (recreativas, culturales, deportivas, etc.).

      “3. El perjuicio de placer es un perjuicio extrapatrimonial que tiene una
      entidad propia, lo cual no permite confundirlo con el daño moral (pretium
      doloris o Schmerzgeld) o precio del dolor, especie también del daño
      extrapatrimonial, ni con el daño material (daño emergente y lucro
      cesante, art. 1613 del C.C.).

      “(...)

      “5. Así mismo, tampoco constituye perjuicio de placer el caso en que la
      víctima, “a pesar de no presentar ninguna anomalía orgánica, a causa
      de la depresión en que se ve sumergido no puede realizar las
      actividades normales de la vida”158, perjuicio que debe entenderse
      indemnizado bajo el rubro de lucro cesante (ganancia o provecho
      frustrado), a fin de evitar la resurrección del fantasma del daño moral
      objetivado, concepto en el que la jurisprudencia buscó englobar en el
      pasado las llamadas repercusiones objetivas del daño moral”.




155
    Algunos autores han sugerido llamar a este perjuicio préjudice de désagrément,
perjuicio por desagrado. Cfr. Yvez Chartier, citado por Javier Tamayo Jaramillo, De la
responsabilidad civil, T. II, de los perjuicios y su indemnización. Bogotá, Ed. Temis,
1986, pág. 147.
156
     Max Le Roy. L´evaluation du préjudice corporel. Paris, Libraire de la Cour de
Cassation, 1989. p. 66.
157
    Ibidem, p. 67.
158
    Ibidem.
Luego, en proveído del 19 de julio de 2000, expediente 11842, la Sección Tercera
del Consejo de Estado replanteó el nomen iuris del citado perjuicio con
fundamento en el siguiente razonamiento que se transcribe in extenso159:


       “Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño
       extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la
       vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más
       comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso
       de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría
       ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este
       daño extrapatrimonial – distinto del moral – es consecuencia de
       una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala
       desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio
       aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las
       consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de
       relación de quien la sufre.

       “De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza
       puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como
       consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el
       concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que,
       como lo advierte el profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente
       permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de
       los derechos de la personalidad, la integridad física.160 Así, aquella
       afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad
       para provocar una alteración a la vida de relación de las personas,
       como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho
       al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona
       (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del
       Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral),
       que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien
       lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte
       de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de
       una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el
       perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al
       patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la
       pérdida económica es tan grande que – al margen del perjuicio
       material que en sí misma implica – produce una alteración
       importante de las posibilidades vitales de las personas.

       “Debe decirse, además, que este perjuicio extrapatrimonial puede
       ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas
159
    Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, exp. 11842,
M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
160
    NAVIA ARROYO, Felipe. Ensayo sobre la evolución del daño moral al daño fisiológico,
próximo a publicarse. El doctor Navia Arroyo precisa, además, que el concepto de daño
fisiológico – de acuerdo con el alcance que, hasta ahora, le ha dado esta Corporación –
corresponde al de perjuicio de agrado, elaborado por la doctrina civilista francesa, y
explica que la expresión daño fisiológico, en realidad, corresponde a una noción más
amplia, también de creación francesa y aparentemente abandonada, que hace
referencia a las repercusiones que puede tener una lesión permanente no sólo en la
capacidad de gozar la vida de una persona, sino, en general, en sus condiciones de
existencia, al margen de cualquier consecuencia patrimonial, por lo cual resultaría más
cercana al concepto de daño a la vida de relación, elaborado por la doctrina italiana.
      cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras.
      Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que –
      además del perjuicio patrimonial y moral – puedan sufrir la esposa y
      los hijos de una persona, en su vida de relación, cuando ésta muere.
      Así sucederá, por ejemplo, cuando aquéllos pierden la oportunidad
      de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas
      ofrecidas por su padre y compañero, o cuando su cercanía a éste les
      facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra
      índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de
      determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan
      imposibles.

      “Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio al que se
      viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la
      imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como parece
      desprenderse de la expresión préjudice d´agrement (perjuicio
      de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las
      actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen
      difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras.
      Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden
      realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo. Es por esto que,
      como se anota en el fallo del 25 de septiembre de 1997, algunos
      autores prefieren no hablar de un perjuicio de agrado, sino de
      desagrado. Lo anterior resulta claro si se piensa en la incomodidad
      que representa, para una persona parapléjica, la realización de
      cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta
      muy fácil de lograr, al punto que puede constituir, en muchos
      eventos, un acto reflejo o prácticamente inconsciente.

      “En este sentido, son afortunadas las precisiones efectuadas por
      esta Sala en sentencia del 2 de octubre de 1997, donde se expresó,
      en relación con el concepto aludido, que no se trata de indemnizar la
      tristeza o el dolor experimentado por la víctima – daño moral -, y
      tampoco de resarcir las consecuencias patrimoniales que para la
      víctima siguen por causa de la lesión – daño material –, “sino más
      bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una
      indemnización integral... la mengua de las posibilidades de realizar
      actividades que la víctima bien podría haber realizado o realizar, de
      no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad
      corporal”.161

      “Para designar este tipo de perjuicio, ha acudido la
      jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración
      de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo
      expresado anteriormente, parecería más afortunada.                No
      obstante, considera la Sala que su utilización puede ser
      equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier
      perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones
      de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su
      patrimonio económico o por fuera de él. Tal vez por esta razón se
      explica la confusión que se ha presentado en el derecho francés, en
      algunos eventos, entre este tipo de perjuicio y el perjuicio material,

161
   Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, expediente 11.652. Actor: Francisco
Javier Naranjo Peláez y otros. M.P. Daniel Suárez Hernández.
       tema al que se refiere ampliamente el profesor Henao Pérez, en el
       texto citado.162

       “De acuerdo con lo anterior, resulta, sin duda, más adecuada la
       expresión daño a la vida de relación, utilizada por la doctrina
       italiana, la cual acoge plenamente esta Corporación. Se advierte,
       sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de
       la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que
       la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos
       otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos,
       y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se
       trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior;
       aquél que afecta directamente la vida interior sería siempre un daño
       moral.

       “Por último, debe precisarse que, como en todos los casos, la
       existencia e intensidad de este tipo de perjuicio deberá ser
       demostrada, dentro del proceso, por la parte demandante, y a
       diferencia de lo que sucede, en algunos eventos, con el perjuicio
       moral, la prueba puede resultar relativamente fácil, en la medida en
       que, sin duda, se trata de un perjuicio que, como se acaba de
       explicar, se realiza siempre en la vida exterior de los afectados y es,
       por lo tanto, fácilmente perceptible. Podrá recurrirse, entonces, a la
       práctica de testimonios o dictámenes periciales, entre otros medios
       posibles.” (Cursivas del original – negrillas adicionales).

Por último, en recientes pronunciamientos163 del máximo tribunal de lo contencioso
administrativo se adoptó la denominación de “alteración a las condiciones de
existencia”, para designar ese “específico” perjuicio que desde el año 1993 fue
avalado por la jurisprudencia contencioso administrativa, para indemnizar no sólo
las lesiones a la integridad psicofísica sino cualquier lesión de bienes, derechos o
intereses legítimos diversos a la unidad corporal del sujeto, como la honra, el buen
nombre, el daño al proyecto de vida, etc., como se hizo a partir de la sentencia de
19 de julio de 2000, exp. 11842, ya trascrita.


En efecto, en sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG 2003-385, se sostuvo:


       “A partir del fallo anterior, la jurisprudencia ha entendido el daño a
       la vida de relación, como aquel que “rebasa la parte individual o
       íntima de la persona y además le afecta el área social, es decir su




162
  Ibid. p.p. 252 a 263.
163
   Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, exp. 15.657,
M.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG 2003 –
385 M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia de 1º de diciembre de 2008, exp. 17.744,
M.P. Enrique Gil Botero, con aclaración de voto del ponente sobre esta materia.
       relación con el mundo exterior; por ello se califica en razón al plano
       afectado: la vida de relación”.164


       “En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y
       rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha
       venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para
       acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de
       existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo
       la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más
       general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una
       persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío
       atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado
       Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según
       consagra el artículo 1° de la Constitución Política.

       “En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al
       daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de
       perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la
       expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en
       principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada.
       No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en
       la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí
       mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una
       persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por
       fuera de él.”

       “Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar
       que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las
       condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal
       podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado,
       que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria
       y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia
       jurídicamente relevante.

       “Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que
       se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las
       condiciones de existencia, se requerirá de una connotación
       calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo
       superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos
       de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien
       efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de
       que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no
       cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad
       podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos
       tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece” 165.




164
    Sección Tercera, Sentencia del 10 de julio de 2003, Radicación número: 76001-23-
31-000-1994-9874-01(14083), Actor: JORGE ENRIQUE RENGIFO LOZANO Y OTROS,
Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
165
    Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed.
Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.
       “Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los
       llamados troubles dans les conditions d’éxistence166 pueden entenderse
       como “una modificación anormal del curso de la existencia del
       demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”167
       o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por
       fuera del mismo daño material y del dolor moral”168.

       “El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por
       alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del
       daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el
       reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en
       el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por
       cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de
       existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se
       presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales
       condiciones.

       “En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de
       responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de
       existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente
       extraordinario.”169 (negrillas y cursivas del original – subrayado
       adicional).




Como se desprende de los anteriores pronunciamientos, la línea jurisprudencial
que se ha trazado en torno a la tipología del perjuicio inmaterial, diferente al moral,
ha supuesto una naturaleza dual, consistente en que se indemniza la lesión a la
integridad corporal del sujeto –daño evento– (artículo 49 C.P. derecho a la salud),
así como las consecuencias que el daño produce tanto a nivel interno (alteración a
las condiciones de existencia) como externo o relacional (daño a la vida de
relación).


Esa doble connotación del daño fisiológico, a la vida de relación o alteración a las
condiciones de existencia –entendiéndolos como perjuicios de índole idéntica o
similar, tal y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia vernácula–, ha limitado
la posibilidad de valorar el daño en términos de objetividad material –es decir, a

166
    Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.
167
    Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences
réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao,
El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en
Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p.
252.
168
     Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.
169
    Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG
2003-385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
partir de criterios reales, uniformes y verificables–. En consecuencia, esa
naturaleza bifronte, ha desencadenado que, teóricamente, se haya aceptado esos
planteamientos como un progreso jurisprudencial que permite no sólo indemnizar
la integridad psicofísica del sujeto (daño corporal), sino también otros bienes
jurídicos como su honra, el buen nombre, la tranquilidad, etc.


No obstante lo anterior, esa doble condición del daño a la vida de relación o
alteración a las condiciones de existencia, ha generado que se creen problemas
en la cuantificación y en la naturaleza óntica del daño, ya que el actual contenido y
alcance de los mismos en el ámbito nacional, se presta para valoraciones
equívocas, lo que en determinados eventos puede dar lugar a inequidades como
por ejemplo el haber decretado una grave alteración a las condiciones de
existencia cuando el daño consistió en la pérdida de un testículo 170, sin que esa
precisa circunstancia afectara la esfera interna del sujeto, ni mucho menos la
externa, ya que la posibilidad de procreación se mantiene intacta al igual que la
capacidad de interrelacionarse sexualmente, motivo por el que, en esas
circunstancias especiales, el daño a reconocerse, sin anfibología alguna, sería el
daño a la salud en la medida que supone una afectación a la integridad psicofísica
del sujeto.


En ese orden de ideas, es posible afirmar que se presentó un trastrocamiento en
la sistematización del perjuicio inmaterial diferente al moral, a partir de una
confusión que se generó con la asimilación entre el daño biológico, fisiológico o a
la salud con el préjudice d´agrément (daño de placer o de agrado), reconocido en
el derecho francés, relacionado con la pérdida del placer o del disfrute que, en
ocasiones, se deriva de la producción de un determinado daño, al no poder
realizar las actividades (deportes, trabajos, hobbies, etc.) a las que estaba
acostumbrado el sujeto. Ahora, con el criterio adoptado en el año 2007, la
confusión relacionada con la tipología del perjuicio inmaterial se entronizó en
mayor medida, como quiera que sin abandonar el contenido y alcance del
concepto “daño a la vida de relación”, se mutó su nombre, para designarlo como
“la alteración a las condiciones de existencia” (des troubles dans les conditions
d’existence), lo cual a todas luces es incorrecto, puesto que este último
corresponde a un perjuicio autónomo que tiene una dimensión distinta al perjuicio
de placer o de agrado (daño a la vida de relación), y que se refiere a la

170
   Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2009, exp. 16925,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
modificación grave, sustancial y anormal del proyecto de vida que cada persona
tiene trazado171.


Como se aprecia, el daño a la salud172 –denominado por la doctrina y
jurisprudencia francesa como daño corporal o fisiológico, y en Italia biológico–, fue
imbricado con el concepto de perjuicio de agrado y con la alteración a las
condiciones de existencia, daños autónomos que han sido reconocidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, lo que desencadenó que un
perjuicio de constatación y valuación objetiva como lo es aquél, fuera revestido por
una condición indefinida o englobada en la que se puede dar cabida a cualquier
tipo de afectación, al margen de que se refleje en el ámbito externo o interno del
sujeto, y sea liquidable en términos objetivos o subjetivos.


En efecto, la citada superposición de conceptos se desprende de manera palmaria
en una sentencia proferida el 3 de julio de 1992173, por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, confirmada por el Consejo de Estado el 1º de julio de 1993 174,
proveído en el que el tribunal a quo puntualizó lo siguiente:




       “8. El daño especial.

171
     “Se ve cómo se introduce una nueva categoría de daño que llama perjuicio
fisiológico o perjuicio a la vida de relación, que trata como sinónimos, desconociendo el
significado que tales categorías tiene en los sistemas de origen. Y al momento de
liquidar el daño, al que le reconoce un carácter satisfactorio, vuelve en confusión al
decir que, “habida consideración de la gravedad que tuvieron las lesiones, que
determinaron la amputación bilateral de las piernas por encima de las rodillas, la edad
del lesionado y su actividad profesional como chofer, la cual no podrá ejercer en el
futuro por el estado corporal en que quedó, los fija en la suma de… con cuya
rentabilidad la víctima podrá atender razonablemente al pago de una persona que lo
acompañe en su silla de ruedas cuando tenga necesidad de movilizarse de un sitio a
otro. Con ella puede, igualmente, adquirirla sin sofisticaciones”. Habiendo deslindado
en precedencia el daño fisiológico del daño patrimonial, al momento de la liquidación
los mezcla con la consideración que hace del trabajo de la víctima y con la necesidad
que elle tiene de una silla de ruedas y de un acompañante. El daño que se había
propuesto se desdibuja así, al momento de la liquidación.” CORTÉS, Edgar Ob. Cit. Pág.
255.
172
    “…la ciencia jurídica que le dio entrada al concepto de daño biológico prefiere hoy
utilizar la expresión “daño a la salud”, concepto jurídico (y no médico) con un alcance
más amplio, pues mientras que el daño biológico se refiere a aspectos anatómicos y
fisiológicos de la persona, el daño a la salud, además de referirse a ellos, tiene que ver
con las manifestaciones generales del bien “salud” como bien necesario para una
correcta expresión de la persona en la comunidad en que vive.” CORTÉS, Edgar Ob. Cit.
Pág. 21 y 22. Consultar igualmente: BUSNELLI, Francesco Donato, “Il danno biologico.
Dal diritto vivente al diritto vigente” Torino, 2001, pág. 3 y s.s.
173
    Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencia del 3 de julio de 1992, exp. 25878,
M.P. Humberto Cárdenas.
174
    Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de julio de 1993, exp. 7772,
M.P. Daniel Suárez Hernández.
       “8.1. El demandante separa este perjuicio en tres categorías
       diferentes, a saber: a. El daño personal especial debido “al perjuicio
       sufrido… en su vida de relación social y personal, por efecto de la
       grave invalidez…” b. Los “perjuicios estéticos” y el “daño corporal
       especial” debido también a la invalidez total que sufre. La Sala
       estima que los anteriores daños deben agruparse en uno solo que
       los comprende a todos: el perjuicio fisiológico, o el “préjudice
       d´agrément” de que habla la doctrina francesa. A pesar de los
       elementos comunes que los unen, o confunden, en algunos casos,
       es posible afirmar que los daños moral subjetivo, materiales y
       fisiológico son diferentes, es decir, se refieren a distintos bienes del
       ser humano: a.- El moral subjetivo o “Pretium doloris”, trata de
       mitigar la aflicción, la tristeza y la depresión que producen la muerte
       o las lesiones de un padre, un hijo, un hermano, etc., b.- El material,
       se encamina a mantener los ingresos que, por ejemplo, percibían en
       lesionado y la esposa y los hijos del padre fallecido., c.- El
       fisiológico, que pretende darle oportunidad a una persona como…
       que ha sido privado de llevar a cabo los “placeres de la vida”, de
       reemplazar, o mejor, de tratar de reemplazar lo que en adelante no
       le será dado hacer…

       “(…) La parálisis de los miembros inferiores (paraplejia) que padece
       el actor lo priva de los placeres cotidianos de la vida, tales como los
       de caminar, trotar, montar en bicicleta, bailar, trepar a un árbol,
       nadar, desplazarse cómodamente de una ciudad a otra y otras
       actividades similares. La fijación de la indemnización de este rubro
       depende mucho del criterio prudente del juez, quien debe tener
       también en cuenta para el efecto la profesión y la edad del
       lesionado, las privaciones que sufre a raíz de la lesión, etc. Se
       condenará, en consecuencia, a la demandada, a cubrir al
       demandante, una suma equivalente a 2.000 gramos de oro fino.”

Como se aprecia, el equívoco en la determinación del contenido y alcance del
perjuicio a la salud (fisiológico o biológico), operó en una traspolación jurídica del
derecho francés e italiano al ámbito nacional, pero se dejó de lado que en el
primero de los países mencionados se ha reconocido, dependiendo el caso
concreto, de una multiplicidad de daños que pretenden cubrir las esferas del
individuo afectadas con el mismo (v.gr. daño estético, daño sexual, alteración a las
condiciones de existencia, perjuicio de agrado, entre otros), mientras que en el
segundo, dada la redacción rígida del artículo 2059 del Código Civil de ese país175,
el propósito de la doctrina y jurisprudencia recayó en la forma de abrir nuevas
perspectivas   y   hermenéuticas    que    permitieran   ir   más   allá   del    simple
reconocimiento del daño moral en cuanto se refiere al resarcimiento del daño no
patrimonial. Como se aprecia, los conceptos de perjuicio de agrado (préjudice
d´agrément), frente al perjuicio corporal (dommage corporel) si bien parecieran

175
    “El daño no patrimonial debe ser resarcido sólo en los casos determinados por la
ley.”
tener puntos de encuentro y semejanzas, lo cierto es que el primero cubre una
esfera interna del individuo, mientras que el segundo está estructurado sobre la
necesidad de resarcir la órbita de la salud del ser humano, entendida esta última,
según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el estado
completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de
afecciones y enfermedades.”176


Así se desprende de la misma jurisprudencia Italiana –supuestamente a partir de
la cual se adoptó el concepto de daño a la vida de relación–, en la que se hace
una clara diferencia entre el perjuicio biológico (fisiológico), el daño moral, y el
daño existencial. Sobre el particular, vale la pena destacar la sentencia del 19 de
diciembre de 2007, proferida por la Corte Suprema de Casación de ese país, en la
que se puntualizó:




       “(…) 3) La categoría del daño no patrimonial se articula a su vez en
       un subsistema compuesto del daño biológico en estricto sentido, del
       daño existencial, y del daño moral subjetivo.

       “4) El daño biológico y el daño existencial tienen una morfología
       homogénea, entrañan internamente una lesión de carácter
       constitucional, la primera referida a la salud, y la segunda constituida
       por “valores/intereses constitucionalmente protegidos…”177.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la
salud (fisiológico o biológico), pero con su contenido y alcance primigenio, como
quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven
para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes
latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr.
Francia), se desdibujó su verdadero y real propósito que era delimitar un daño
común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor
medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos178.

176
    www.who.int/en/
177
    Cf. Corte de Casación Italiana, sentencia del 19 de diciembre de 2007, No. 4712.
(Traducción libre). Ver igualmente, las sentencias de 31 de mayo de 2003, números
8827 y 8828 de la Sala Civil de la Corte de Casación Italiana, así como las sentencias
Nos. 184 de 1986 y 233 de 2003, proferidas por la Corte Constitucional de ese mismo
país.
178
     “El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser
humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción
hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar
alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. FERNÁNDEZ
SESSAREGO, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y s.s.
Es así como la doctrina, sobre el particular señala:


       “Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la
       salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico;
       terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al
       daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad
       física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta,
       como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida
       de rentas que pueda ocasionar.

       “Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una
       realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay
       que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del
       llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha
       señalado que este último, es un concepto médico – legal, mientras
       que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se
       encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”179.



En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al
Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el
sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto desechado y obsoleto por
la doctrina y jurisprudencia Italianas, en la medida en que se ha reconocido
independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico –relacionado con la órbita
psicofísica del individuo– y otros perjuicios que afectan valores, derechos o
intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo
la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la
seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)180, sin que esta última
categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para
rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de
manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala
Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial




179
    VICENTE Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch,
Barcelona, 1994, Pág. 139.
180
    “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la
Corte de Casación Italiana No. 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio
causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera
objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas
de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el
mundo exterior.” KOTEICH Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto
Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, Pág. 259.
dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que
implicaba (imposibilidad de objetivización)181.


Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las
condiciones de existencia, nunca podrán servir de instrumento para obtener la
reparación del daño a la salud, puesto que parten de confrontar, o mejor de un
parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga
relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en
Italia como un daño subjetivo e inequitativo –dado que una persona puede tener
una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba
indemnizarse diferente el daño–, y el segundo, por referirse a una alteración grave
y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona
hacia el futuro. A contrario sensu, el daño a la salud, gana claridad, exactitud y
equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está
referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a
cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las
mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el
estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de
ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se
conseguiría una sistematización del daño no patrimonial182.


En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la
persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que
comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más
sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización
idéntica183.


Así las cosas, resulta pertinente que la Sección Tercera delimite y sistematice los
distintos perjuicios inmateriales distintos al moral, con miras a dotar de seguridad
181
    Ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11
de noviembre de 2008, No. 26972.
182
    Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden
que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño
estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo
cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver
entre otras, las sentencias: No. 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de
1994, y 7262 de 1991.
183
    “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea
desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de
protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser
“límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos.” CORTÉS, Edgar Ob. Cit.
Pág. 57.
jurídica a la comunidad y, principalmente, para estructurar criterios de
resarcimiento fundamentados en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que
se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”184.


En consecuencia, se debería adoptar el concepto de daño a la salud, como
perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los
casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no
está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la
compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino
que está dirigido a resarcir económicamente –como quiera que empíricamente es
imposible– una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, el
trastrocamiento del derecho a la salud del individuo. Por lo tanto, cuando el daño
tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), se podrán reclamar los
siguientes tipos de perjuicios –siempre que estén acreditados en el proceso –: i)
los materiales o patrimoniales de daño emergente y lucro cesante, y los
inmateriales o no patrimoniales, correspondientes al moral y a la salud o
fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento
desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la
pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad
corporal185. No resulta pertinente suprimir la categoría del daño moral, a pesar de
lo anfibiológico de su nominación, puesto que está encaminado, se insiste, a
compensar económicamente la aflicción espiritual que se origina con un daño,
mientras que el daño a la salud va dirigido a resarcir la modificación de la armonía
psicofísica de la persona, como presupuesto básico para el ejercicio de otros
derechos e intereses legítimos.



184
    “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el
criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico
“debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de
lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser
suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la
incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de
las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado.”
ROZO Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, pág. 209 y 210.
185
    “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la
existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico.
Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la
lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los
afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño
moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible
de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño Corporal – Daño Biológico – Daño
a la vida de relación”, pág. 10.
Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales el daño no provenga de la lesión
psicofísica del sujeto (casos minoritarios), sería oportuno que la jurisprudencia
contencioso administrativa avanzara hacia una indemnización de los bienes,
derechos o intereses legítimos que tengan un reconocimiento y           protección
constitucional, de manera autónoma e independiente, sin arribar el extremo de
reconducirlos a su unificación en una única categoría (v.gr. como la de daño
existencial o daño a la vida de relación), sino que sean analizados, valorados y
cuantificados en cuanto a su dimensión (v.gr. el daño al buen nombre, a la honra o
al honor), por cuanto constituyen daños indemnizables en sí mismos. Lo anterior,
máxime si los conceptos de daño a la vida de relación o alteración a las
condiciones de existencia, dada su ambivalencia, ambigüedad y conceptualización
equívoca, generan varios problemas en la definición y tasación de los perjuicios
que dicen comprender o abarcar.


En efecto, un criterio diferente permitiría afirmar que el desplazamiento forzado,
por sí mismo, no genera indemnización y reparación integral del daño, salvo que la
persona demandante logre acreditar de manera plena, que padeció una
consecuencia económica o material a causa esa diáspora a la que se vio
conminada por grupos al margen de la ley o por el Estado. En consecuencia,
desde este supuesto, y en esa lógica que no comparto, si el individuo víctima del
desplazamiento no se viera afectado económicamente por las consecuencias del
mismo, no sería beneficiario de la indemnización, conclusión que desde mi punto
de vista es inaceptable.


El anterior ejemplo extraído de la experiencia, sirve de apoyo para reflejar lo que
se pretende poner a consideración a través de esta postura, esto es, la necesidad
de que se repare el perjuicio en atención a la lesión de bienes jurídicos, más no a
la consecuencia externa, física, o material que acarrea el daño. En otros términos,
el juez debe indemnizar a través de un criterio que permita reparar todas aquellas
lesiones o trasgresiones con que se vea afectada la persona o el sujeto, de
manera autónoma e independiente, sin que sea válido exigir, previa la reparación
del daño, la verificación consecuencial de los efectos que produce el mismo en el
mundo exterior (que puede ser un perjuicio interior pero que se traduzca o refleje
exteriormente), para luego ser indemnizado mediante la aplicación de un concepto
genérico que pretende englobar todos los bienes jurídicos de los cuales es titular
la persona humana.
Desde esa perspectiva, se itera, el daño a la salud comprendería toda la órbita
psicofísica del sujeto (daño corporal, daño sexual, daño psicológico, alteración o
pérdidas anatómicas o funcionales, etc.), mientras que los demás derechos o
bienes jurídicos en un criterio dinámico del daño adquirirían un escenario
autónomo en donde el juez en cada caso concreto deberá valorar si el perjuicio
está acreditado y si reviste la suficiente entidad para su reparación y
resarcimiento, es decir, que no constituya un daño irrelevante. En consecuencia, la
tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i)
perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier
otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no
esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la
integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización individual y
autónoma (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a
tener una familia, entre otros).


Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal,
psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás
bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos
conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no
se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud (v.gr. el daño
existencial del derecho italiano) que produzca los mismos efectos perjudiciales
que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y
de alteración a las condiciones de existencia.


En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y
aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantizaría un resarcimiento equitativo
y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad
psicofísica de la persona; y, por último, se debe dejar abierta la posibilidad de que
los jueces reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima
directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron
ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes
delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación estricta del paradigma
que aquí se defiende, garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio,
esto es, los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y
colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las
personas que constituyen su entorno.
Así las cosas, considero que la jurisprudencia nacional ha restringido la posibilidad
de indemnizar daños en sí mismos, para concentrarse en las manifestaciones
externas, relacionales o sociales que desencadena el daño, circunstancia que
limita ampliamente la reparación integral de todos los derechos, bienes o intereses
constitucional o legalmente protegidos y, de manera adicional, radica un problema
de tipo lógico y práctico, en tanto puede conllevar a que ciertos perjuicios que
pertenecen a la órbita interna del sujeto queden por fuera de la tutela judicial.


De otra parte, la postura que se defiende en este plano en modo alguno propende
por una reparación arbitraria e indefinida del daño, sino que atiende a la necesidad
de indemnizar de forma autónoma e independiente, las diversas afecciones que
sufre la persona frente a la concreción del daño antijurídico, de tal forma que se
repare de manera integral el perjuicio, con fundamento no en los efectos externos
o que se pueden exteriorizar a causa del hecho dañoso, sino con el criterio de que
se indemnicen todas las lesiones que sean irrogadas a bienes o derechos, lo que
reflejará una mejor concepción del Estado Social de Derecho, en el cual el ser
humano y las garantías de las que es titular son el fin último del ejercicio del poder
público y la razón de ser de la organización estatal.


En conclusión, los conceptos de daño a la vida de relación adoptado a partir del
año 2000, y modificado por el de alteración a las condiciones de existencia desde
el año 2007, no los comparto, puesto que tales aserciones, de conformidad con las
anteriores razones, no se acompasan con los lineamientos modernos que se
asumen frente a la reparación del daño, esto es, con una tipología del perjuicio
que reconozca que el ser humano se integra por una multiplicidad de derechos,
bienes e intereses legítimos, en donde se conjugan aspectos físicos, psíquicos,
morales, afectivos, de integridad emocional y social, así como relativos a la
existencia espacio temporal, en sí misma.

Bajo las anteriores precisiones, dejo sentada mi posición en cuanto concierne a la
forma como se ha venido abordando el análisis de los elementos de la
responsabilidad y de los llamados daño a la vida de relación y alteración a las
condiciones de existencia, en el ámbito de la jurisprudencia contencioso
administrativa, conceptos que como lo he precisado en estas líneas deben ser
confinados del ámbito indemnizatorio del perjuicio no patrimonial, para darle paso
a categorías o voces que reflejen un manejo más apropiado de los bienes,
derechos e intereses legítimos a ser resarcidos desde una perspectiva objetiva
(con una comprensión estática y dinámica de las consecuencias del daño), que
permita dotar al sistema de equidad y, por sobre todo, garantizar en cada caso
concreto los principios de igualdad material y de dignidad humana186.




Atentamente,




ENRIQUE GIL BOTERO
Fecha ut supra




186
    “En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de
interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras.”
Bertrand Russell.

				
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