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									  LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
           MARCO LEGAL



     ANDRÉS PASTRANA ARANGO
           Presidente de la República



     AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO
       Ministro de Desarrollo Económico




  JUAN ALFREDO PINTO SAAVEDRA
                  Viceministro




       ALVARO JOSÉ COBO SOTO
          Director General de Vivienda




            COLABORADORES:

Martha Isabel González, Ismael Molina, Martha
Sofía Cogollo Petro, José Miguel Morales, Jorge
Taua, Patricia Garcíaherreros, Nancy Zuluaga,
            Jackelinne Díaz Martínez



                 CARÁTULA

Carlos Alberto López O.




                                                  1
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

   DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA




MARCO LEGAL PARA VIVIENDA DE INTERES
               SOCIAL




           Bogotá, D.C. , COLOMBIA




                                       2
Todos los colombianos tienen derecho                      a
vivienda digna.

El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes
de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de
vivienda




                     Artículo 51 de la Constitución Nacional




                                                           3
                                 INTRODUCCIÓN

La vivienda es un bien necesario e insustituible cuyo consumo es de largo plazo,
lo cual imprime características básicas. Como bien necesario su consumo no
puede ser reemplazado por otros bienes, que en el mejor de los casos solo
permite que la demanda se desplace a la adquisición del mismo, pero de menor
calidad, que en el caso de la vivienda se traduce en espacios más pequeños o en
una peor localización. Como un bien de consumo durable implica que la vivienda
tiene una vida útil de no menos de 15 años y por las condiciones de producción
es un bien costoso, lo cual obliga a que su financiación sea de largo plazo.

Por las condiciones particulares del desarrollo económico de los países, la rápida
urbanización se acompaña de la aparición y consolidación de formas precarias de
ocupación del suelo urbano para vivienda, generando con ello el déficit
habitacional, que en cualquiera de sus expresiones no es una distorsión del
mercado de vivienda como se podría suponer, sino parte de un modelo de
desarrollo y de una estructura empresarial sectorial que no ha sido capaz de
resolver tal desafío y por el contrario, las condiciones de carencia y precariedad
habitacional se han integrado al modelo, como mecanismo de producción social
por fuera de los instrumentos establecidos en una economía de mercado.

La expedición de la Ley 3 de 1991 introduce en Colombia el sistema de subsidios
directos a la demanda de vivienda. El cambio de los subsidios dirigidos hacia la
oferta por subsidios basados en la demanda, está en concordancia con la filosofía
del Estado según la cual éste no debe ser productor de bienes y servicios y su
intervención debe ser de regulador y/o facilitador de las acciones del sector
privado, buscando la transparencia, equidad y eficiencia social en su provisión.

En el actual Gobierno – administración Pastrana 1998 a 2002 -, se ha diseñado
una política de subsidios de vivienda, tanto para el sector urbano como rural,
donde se busca realizar una asignación transparente, con base en criterios claros
orientados a la población de menores ingresos, que tenga progresividad en su
aplicación, de manera que les llegue a los hogares más pobres un subsidio mayor
y que asegure equidad regional en la distribución de dichos recursos.

La política de vivienda de interés social otorga subsidios para facilitar el acceso a
una solución habitacional a las familias de más bajos recursos. Las entidades
ejecutoras de esta política son el INURBE, entidad que atiende a las familias que
no tienen una vinculación formal con el mercado laboral, con recursos del



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presupuesto nacional y las Cajas de Compensación Familiar, entidades que
atienden las familias con vinculación formal al mercado laboral, con recursos de
los aportes parafiscales.

Los hogares que aspiren a un subsidio familiar de vivienda, deben cumplir, entre
otros requisitos, con el ahorro previo e inscribirse al registro de postulación, cuyas
variables socioeconómicas son calificadas para la asignación y entrega de dicho
subsidio.

Por otra parte, la financiación de vivienda ha tenido tres grandes cambios en los
últimos 30 años en Colombia: la creación del UPAC en 1972, la Reforma
Financiera en 1993 y la expedición de la Ley de Financiamiento de Vivienda – Ley
546 de 1999 -.

La crisis del sistema llegó a su máxima expresión cuando, en 1999, la Corte
Constitucional declaró inconstitucionales las normas legales con las cuales se
había instituido el sistema de valor constante, particularmente los mecanismos e
instrumentos introducidos en la Reforma Financiera de 1993. Tal situación se
subsanó con la expedición de la Ley 546 de 1999, por medio de la cual se
instauró un nuevo sistema de financiamiento de vivienda, a través de la nueva
Unidad de Valor Real – UVR -.

El sistema UVR establece múltiples ventajas económicas y sociales: en primer
lugar, reestablece un sistema que permite hacer efectiva la demanda potencial de
vivienda a través de créditos de largo plazo. En segundo lugar, este crédito se
reajusta con base en la variación del índice de precios al consumidor, con lo cual
se utiliza el mismo índice de reajuste para los ingresos, permitiendo que el valor
de la cuota crezca a un ritmo similar al de los ingresos. En tercer lugar, se limita la
incertidumbre generada en la tasa de interés cuando permite la existencia de una
tasa fija durante la totalidad del tiempo del crédito. En cuarto lugar, permite
resolver la desconfianza jurídica que ha implicado la desaparición del sistema
UPAC, estableciendo las condiciones necesarias para una reactivación económica
rápida a través de la construcción.

Recientemente el Gobierno ha tomado una serie de medidas encaminadas a
reactivar el sector de la construcción de vivienda, entre las cuales está la exención
de retención en la fuente para las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la
Construcción (AFC) siempre que los recursos sean retirados para la compra de
vivienda, exención del impuesto del tres por mil a las Cuentas de Ahorro



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Programado, simplificación y recopilación de la normatividad sobre subsidios,
exención del impuesto de timbre a los pagarés de créditos hipotecarios, acceso de
los constructores a mecanismos de reestructuración para su fortalecimiento
financiero y patrimonial, exención del tres por mil para las operaciones de cartera y
su posterior retorno en procesos de titularización, fortalecimiento de la captación
de recursos para ser destinados a la financiación de vivienda, creación del Fondo
de Reserva para la Estabilización Hipotecaria, flexibilización por parte del Banco
de la República para el acceso de las entidades financieras a los mecanismos de
liquidez, estructuración de una garantía para los bonos hipotecarios originados en
créditos para vivienda de interés social, y por último, la creación de un fondo de
redescuento para la venta de bienes entregados en dación en pago para su venta
por parte de las entidades financieras.

Las acciones definidas en la política nacional con el objeto de enfrentar el déficit
habitacional, tienen como línea articuladora la profundización del proceso
descentralizador y, por tanto, un mayor protagonismo de las entidades territoriales
en los diferentes procesos definidos en la política de vivienda. Como lo plantea el
documento de las bases del Plan de Desarrollo, la descentralización es una
estrategia que debe atravesar a todas las otras estrategias del Estado, no solo
como un instrumento de su propia reorganización, sino también como un
mecanismo de devolución de poder real a la base social y de convocatoria de la
participación comunitaria para establecer compromisos conjuntos de gestión del
desarrollo entre el Estado y la sociedad civil.

Es de destacar      que las acciones emprendidas por los diversos actores
económicos, tanto públicos como privados, han dado muestra que solamente a
través de estudios, concertaciones y diálogo, se           superan los diferentes
problemas, tal como en este caso la del sector de la construcción, en donde hoy
se puede decir que contamos con unas reglas de juego más claras y suficientes
para responder eficiente y eficazmente al reto de ofrecer una vivienda más digna y
que por su impacto contribuye significativamente a la generación de empleo y por
ende a la tan anhelada paz de nuestro país.

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de
Vivienda, se complace en presentar el libro sobre el Marco Legal de la Vivienda de
Interés Social en Colombia, con el objeto de llenar un vacío que se ha venido
generando en los últimos tiempos con respecto a las leyes y normas aplicables al
sector de la vivienda en todos sus aspectos. En el pasado han existido otras
recopilaciones que llenaron esta carencia, pero que en la actualidad, ante los



                                                                                    6
cambios políticos, institucionales, económicos y sociales, son incompletos en
algunos casos y, en otros, han perdido vigencia.




AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO                     ALVARO JOSE COBO SOTO
Ministro de Desarrollo Económico           Director General de Vivienda




                                                                            7
                              TABLA DE CONTENIDO



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I.   REGLAMENTACIÓN SOBRE EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
     DE INTERÉS SOCIAL

     Ley 21 de 1982. Por el cual se modifica el régimen del subsidio familiar
     de vivienda y se dictan otras disposiciones.

     Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo
     municipal, compraventa y expropiación de bienes raíces y se dictan otras
     disposiciones.

     Ley 49 de 1990. Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se
     estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria,
     aduanera y se dictan otras disposiciones

     Ley 2 de     1991. Por la cual se modifica la Ley 9a De 1989


     Ley 3 de 1991. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de
     Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
     Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.


     Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a.
     De 1991 y se dictan otras disposiciones

     Decreto 1396 del 28 de julio de 1999. Por el cual se reglamenta
     parcialmente la Ley 3ª de 1991.




                                                                                    8
Decreto 621 del 5 de abril del 2000. Por el cual se reglamenta
parcialmente el Decreto Legislativo 350 de 1999 y se modifica parcialmente
el Decreto 1539 de 1999.

Decreto 1746 del 11 de septiembre del 2000. Por el cual se
reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 1982, 49 de 1990, 03 de 1991 y
546 de 1999.

Decreto 2620 del 18 de diciembre del 2000. Por el cual se reglamentan
parcialmente la Ley 3ª de 1991 en relación con el Subsidio Familiar de
Vivienda en dinero y en especie para áreas urbanas, la Ley 49 de 1990, en
cuanto a su asignación por parte de las Cajas de Compensación Familiar y la
ley 546 de 1999, en relación con la vivienda de interés social.

Ley 633 del 29 de diciembre del 2000. Por lo cual se expiden normas
en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los
fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas
para fortalecer las finanzas de la rama judicial.

Resolución 0254 del 29 de Marzo del 2001: Por la cual se establecen
los cupos indicativos correspondientes a los recursos del Subsidio Familiar
para Vivienda de Interés Social para zonas urbanas.

Decreto 1243 del 22 de junio del 2001: Por el cual se reglamenta el
procedimiento de devoluciones y compensaciones del impuesto sobre las
ventas en materiales de construcción utilizados en vivienda de interés social.

Resolución 622 del 5 de julio del 2001: Por la cual se deroga un
artículo, se modifica y adiciona la Resolución 02254 del 29 de marzo del
2001.

Decreto 1585 del 30 de julio del 2001: Por el cual se modifica y
adiciona    el Decreto 2620 de diciembre 18 del 2000, se modifican
parcialmente los Decretos 1539 de 1999 y 1746 del 2000 y se dictan otras
disposiciones.




                                                                                 9
      Resolución 722 del 2 de agosto del 2001: :           Por el cual se establecen
      los criterios de distribución correspondientes al   30% de los recursos del
      subsidio familiar de vivienda para vivienda de      interés social para zonas
      urbanas y se derogan las resoluciones 615 del 7     de julio del 2000 y la 917
      del 22 de septiembre del 2000.

II.   REGLAMENTACION SOBRE LA FINANCIACIÓN PARA LA VIVIENDA
      DE INTERÉS SOCIAL

      Decreto 1990 del 11 de agosto de 1997. Por el cual se autoriza al
      Fondo Nacional de Garantías para la creación de una línea de garantía para
      la vivienda de interés social y se permite a los beneficiarios del subsidio
      familiar de vivienda de interés social destinar parte de este subsidio a pago
      total o parcial de servicios de garantía y seguros de acceso a crédito
      complementario

      Ley 546 del 23 de diciembre de 1999. Por la cual se dictan normas, en
      materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los
      cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
      especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro
      destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
      impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de
      vivienda y se expiden otras disposiciones.

      Decreto 2702 del 30 de diciembre de 1999. Por el cual se establece la
      metodología para la reliquidación de los créditos destinados a la financiación
      de vivienda de largo plazo denominados en moneda legal.

      Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999. Por el cual se determina la
      equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante –
      UPAC– y se adopta la metodología para calcular el valor en pesos de la UVR.

      Decreto 145 del 4 de febrero del 2000. Por el cual se determina la
      equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante –
      UPAC– y se adopta la metodología para calcular el valor en pesos de la UVR.




                                                                                       10
        Decreto 146 del 4 de febrero del 2000. Por medio del cual se establece
        la forma de calcular la equivalencia de once puntos de tasa de interés
        remuneratoria para créditos contratados en moneda legal colombiana.

       Decreto 418 del 8 de marzo del 2000. Por el cual se reglamenta
       parcialmente la Ley 546 de 1999, en lo relacionado con el Consejo Superior
       de Vivienda.

        Decreto 2336 del 9 de noviembre del 2000. Por medio del cual se
        reglamenta la forma en que puede ejercerse la opción de readquisición de
        vivienda prevista en los artículos 46 y 47 de la Ley 546 de 1999.

       Decreto 2319 del 9 de Noviembre del 2000: Por el cual se adiciona el
       decreto 418 de 2000

       Decreto 2670 del 22 de diciembre del 2000: Por medio del cual se
       Reglamentan los artículos 48 y 49 de la ley 546 de 1999 sobre el Fondo de
       Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria.


        Circular 085 del 29 de diciembre del 2000. Disposiciones aplicables a
        los créditos de vivienda.

        Decreto 332 del 1 de marzo del 2001: Por el cual se autoriza una
        operación a los establecimientos de crédito.

        Decreto 612 del 10 de abril del 2001. Por el cual se reglamenta el
        procedimiento para el pago del subsidio previsto en el numeral 7 del artículo
        46 de la Ley 546/89-opción de readquisición de vivienda.

III.    ASPECTOS LEGALES SOBRE LOS FONDOS MUNICIPALES PARA
        VIVIENDA

        Ley 11 del 16 de enero de 1986. Por la cual se dicta el estatuto básico
        de la administración municipal y se ordena la participación de la comunidad
        en el manejo de los asuntos locales.




                                                                                        11
      Decreto 77 de 1987. Por el cual se expide el estatuto de descentralización
      en beneficio de los municipios

      Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
      organización y el funcionamiento de los municipios

      Decreto 1168 del 28 de junio de 1996. Por el cual se reglamente
      parcialmente la Ley 03 de 1991 y la Ley 60 de 1993, materia de subsidios
      municipales para vivienda de Interés social.

      Decreto 1133 del 19 de junio del 2000. Por medio del cual se
      reglamenta parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991 y 546 de 1999.


      Resolución 0253 del 29 de Marzo del 2001: Por el cual se establecen
      los cupos indicativos correspondientes al setenta por ciento de los recursos
      del Subsidio Familiar para Vivienda de Interés Social para zonas rurales.



IV.   LEGISLACIÓN ESPECIAL EN CASO DE DESASTRES NATURALES

      Decreto 919 del 1 de Mayo de 1989. Por el cual se organiza el Sistema
      Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras
      disposiciones


      Decreto-Ley 350 del 25 de febrero 1999. Por el cual se dictan
      disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y
      ecológica causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999.

      Decreto 1516 del 13 de agosto de 1999. Por el cual se declara la
      existencia de una situación de desastre en el municipio de San Cayetano del
      departamento de Cundinamarca.




                                                                                     12
    Decreto 1539 del 19 de agosto del 1999. Por el cual se reglamenta
    parcialmente el Decreto Legislativo 350 de 1999.



    Decreto 2316 del 23 noviembre de 1999. Por el cual se reglamenta
    parcialmente el Decreto 196 de 1999, en lo relacionado con el Censo de
    Inmuebles Afectados por el Terremoto del 25 de enero de 1999.


    Ley 608 del 8 de agosto del 2000: Por la cual se modifican los Decretos
    258 y 350 de 1999, proferidos en desarrollo de la emergencia económica
    declarada mediante el Decreto número 195 de 1999 y se dictan otras
    disposiciones.

    Decreto 1515 del 11 de agosto del 2000. Por el cual se dictan
    disposiciones encaminadas a facilitar el otorgamiento de subsidio familiar
    de vivienda de interés social, por parte de las Cajas de Compensación
    Familiar del departamento de Cundinamarca, a los habitantes del municipio
    de San Cayetano.

    Decreto 2462 del 27 de Noviembre del 2000. Por el cual se reglamenta
    parcialmente la Ley 608 de 2000 en relación con el subsidio adicional para
    vivienda, destinado a los arrendatarios afectados por el sismo del 25 de
    enero de 1999.

    Decreto 951 del 24 de mayo del 2001. Por el cual se reglamenta
    parcialmente las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la
    vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada.

V   REGLAMENTACIÓN SOBRE LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD Y
    MODERNIZACION DE LA TITULACION PREDIAL

     Ley 9 de 1989, artículo 58. Por la cual se dictan normas sobre planes de
    desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes raíces y se
    dictan otras disposiciones.




                                                                                 13
     Ley 3ª de 1991, artículo 8. Por la cual se crea el Sistema Nacional de
     Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se
     reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se
     dictan otras disposiciones.

      Ley 136 de 1994, artículo 23. Por la cual se dictan normas
     tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los
     Municipios.

     Ley 223 de 1995. Por             la    cual    se    expiden normas    sobre
     Racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones.


     Ley 258 del 17 de enero de 1996. por la cual se establece la afectación
     a vivienda familiar y se dictan otras disposiciones.

     Ley 388 de 1997, artículo 95. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y
     Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

     Decreto 2157 de 1995. Por el cual se reglamentan parcialmente los
     Decretos-ley 960 y 1250 de 1970, 1711 de 1984 y se modifica el artículo
     18 del Decreto 2148 de 1993

     Decreto 2158 DE 1995. Por el cual se modifican y adicionan los decretos
     1572 de 1994 y 1708 de 1989, en cuanto corresponde a los actos y
      negocios jurídicos relacionados con la vivienda de interés social

      Decreto 371 del 26 de febrero de 1996. por el cual se modifica y
      adiciona el Decreto 2158 de 1995.

      Decreto 540 DE 1998. Por el cual se reglamentan los artículos 58 de la
      Ley 09 de 1989 y 95 de la Ley 388 de 1997 en materia de transferencia
      Gratuita de bienes fiscales.


       Decreto 821 del 8 de mayo de 2000. por el cual se suprime el
Programa



                                                                                     14
     Presidencial para la formalización de la Propiedad y Modernización de la
     Titulación Predial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
     República.


    Decreto 1428 del 26 de julio de 2000. Por el cual se fijan los derechos
    por concepto de la función registral y se dictan otras disposiciones.



                               CAPITULO I


REGLAMENTACIÓN SOBRE SUBSIDIO FAMILIAR
     DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL


                                LEY 21 DE 1982

 Por el cual se modifica el régimen del subsidio familiar de vivienda y se
                        dictan otras disposiciones

ARTICULO 65. Las Cajas de compensación Familiar podrán convenir con otras
Cajas, empleadores, sindicatos y organismos especializados públicos y privados, la
realización de planes de construcción, financiación y mejora de vivienda para los
trabajadores beneficiarios.

PARÁGRAFO. 1º. Con el fin de llevar a cabo programas de vivienda las cajas
podrán constituir entre sí corporaciones gestoras, las cuales serán organizadas de
conformidad con el artículo 633 del Código Civil.

PARÁGRAFO 2º. (Subrogado por el Artículo 67 de la Ley 49 de 1990).

PARÁGRAFO 3º. (Subrogado por el Artículo 68 de la Ley 49 de 1990).




                                                                                  15
PARÁGRAFO 4º. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá exonerar de
esta obligación cuando, además de darse especiales circunstancias que así lo
justifiquen, los recaudos para subsidio en la respectiva Caja no superen el quince
(15%) de los de la Caja de recaudos más altos.

ARTICULO 66. Para los fines previstos en el artículo anterior y con el objeto de
estimular el ahorro, las Cajas de Compensación Familiar podrán constituir
asociaciones mutualistas de ahorro y préstamos para vivienda y cooperativas para
vivienda con aportes voluntarios de los trabajadores beneficiarios y concederles
préstamos para los mismos fines.


                                     LEY 9
                              11 de Enero de 1989
                                Reforma Urbana

    Por la cual se dictan normas sobre el Plan de Desarrollo Municipal,
    Compraventa y Expropiaciones de Bienes Raíces y se dictan otras
                               disposiciones


ARTÍCULO 44. Entiéndese por viviendas de interés social todas aquellas
soluciones de vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido
en la fecha de su adquisición:

a) Inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades
en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con cien mil (100.000)
habitantes o menos;

b) Inferior o igual a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales en las
ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más de cien
mil (100.000) pero menos de quinientos mil (500.000) habitantes;


c) Inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales
en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más
de quinientos mil (500.000) habitantes.



                                                                                   16
Lo anterior no obsta para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad
que cumpla sus funciones, a petición de cualquier persona o entidad, establezca
mediante avalúo si una vivienda o un grupo de viviendas tiene o no el carácter de
vivienda de interés social.

En las áreas metropolitanas el intervalo aplicable se determinará por la población
del municipio mayor.

Entiéndese por sistemas de financiación de vivienda de interés social aquél cuya
tasa de interés anual no exceda el porcentaje del último reajuste del salario
mínimo y su incremento anual de cuotas de amortización no supere el cincuenta
por ciento (50%) del mismo índice de reajuste.

Los municipios deberán reservar en sus planes de desarrollo o planes de desarrollo
simplificados un área suficiente para adelantar estos planes de vivienda.


PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional podrá ajustar los límites a que se refiere el
primer inciso del presente artículo cuando el incremento del salario mínimo difiera
del comportamiento del índice de precios de la construcción que lleva el DANE


ARTÍCULO 48. Los concejos, el consejo intendencial y las juntas metropolitanas
podrán delegar en los alcaldes e Intendente de San Andrés y Providencia la
legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social. La
legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y la
regulación urbanística del asentamiento humano.

PARÁGRAFO. Los asentamientos urbanos de viviendas de interés social, por fuera
del perímetro urbano actual de los municipios, que existieran el 28 de julio de
1988, desarrollados por las organizaciones contempladas en el artículo 62,
recibirán el mismo tratamiento que los incorporados al perímetro urbano y de
servicios, serán regularizados urbanísticamente y podrán por consiguiente solicitar
la prestación de servicios en los términos contemplados en el artículo 47 de la
presente ley.




                                                                                 17
ARTÍCULO 49. Para favorecer la vivienda de interés social, las asambleas
departamentales, los consejos intendenciales y el del Distrito Especial de Bogotá
podrán graduar las tarifas del impuesto de registro y anotación.


                                    LEY 49
                            28 de Diciembre de 1990

Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado
 accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan
                              otras disposiciones


ARTÍCULO 68. Subsidio a la vivienda de interés social por parte de las cajas de
compensación familiar. Cada caja de compensación familiar estará obligada a
constituir un fondo para el subsidio familiar de vivienda, el cual a juicio del
Gobierno Nacional, será asignado en dinero o en especie y en seguimiento de las
políticas trazadas por el mismo.


El subsidio para vivienda otorgado por las cajas de compensación familiar será
destinado conforme a las siguientes prioridades:

1o. A los afiliados de la propia caja de compensación, cuyos ingresos familiares
sean inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

2o. A los afiliados de otras cajas de compensación, cuyos ingresos familiares sean
inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

3o. A los no afiliados a las cajas de compensación, cuyos ingresos familiares sean
inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.


El fondo para el subsidio familiar de vivienda, estará constituido por los aportes y
sus rendimientos, que al mismo haga la correspondiente caja de compensación
familiar, en los porcentajes que se refieren a continuación:

a) Cuando el cuociente de recaudos para subsidio familiar de una caja resultare



                                                                                  18
igual o superior al ciento diez por ciento (110%), la caja transferirá mensualmente
al fondo, una suma equivalente al dieciocho por ciento (18%) de los aportes
patronales para subsidio el primer año de vigencia de esta Ley y el veinte por
ciento (20%) del segundo año en adelante;


b) Cuando el cuociente de recaudos para subsidio familiar de una caja resultare
igual o superior al cien por ciento (100%) e inferior al ciento diez por ciento
(110%) la Caja transferirá mensualmente al fondo, una suma equivalente al doce
por ciento (12%) de los aportes patrones para subsidio.

PARÁGRAFO 1o. Las cajas de compensación familiar, con los recursos restantes
de sus recaudos para subsidio, no estarán obligadas a realizar destinaciones
forzosas para planes de vivienda.


PARÁGRAFO 2o. El cincuenta y cinco por ciento (55%) que las cajas destinarán
al Subsidio Monetario, será sobre el saldo que queda después de deducir la
transferencia respectiva al fondo de subsidio familiar de vivienda y el diez por
ciento (10%) de los gastos de administración y funcionamiento. En ningún caso
una caja podrá pagar como subsidio en dinero una suma inferior a la que esté
pagando en el momento de expedir esta Ley.

PARÁGRAFO 3o. Las cajas de compensación familiar que atienden el subsidio
familiar en las áreas rurales o agroindustriales ubicadas en zona del Plan Nacional
de Rehabilitación y en las intendencias y comisarías, no estarán obligadas a
constituir el fondo para el subsidio de vivienda de interés social en la parte
correspondiente al recaudo proveniente de dichas áreas y adelantarán
directamente los programas de vivienda.

ARTÍCULO 69. Reservas para vivienda. Las reservas para vivienda acumuladas
que figuren en los balances oficiales a 30 de septiembre de 1990, según lo
estipulado en la Ley 21 de 1982, continuarán en poder de las cajas de
compensación familiar y serán destinadas exclusivamente para la vivienda de
afiliados de acuerdo con la política señalada por el Gobierno Nacional.




                                                                                 19
                                    LEY 02 DE
                              15 de Enero de 1991


                  Por la cual se modifica la Ley 9a De 1989


                           El Congreso de Colombia,


                                 DECRETA:


ARTICULO 3o. El artículo 44 de la Ley 9a de 1989, quedará así:


"Entiéndese por viviendas de interés social todas aquellas soluciones de vivienda
cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido en la fecha de su
adquisición:


a)Inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades
en las cuales, según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, cuenten con cien mil (100.000) habitantes o menos;


b)Inferior o igual a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales en las
ciudades en las cuales, según el último censo del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE, cuenten con más de cien mil (100.000) pero menos
de quinientos mil (500.000) habitantes;


c)Inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales
en las ciudades en las cuales, según el último censo del Departamento



                                                                                  20
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cuenten con más de quinientos mil
(500.000) habitantes.


"Lo anterior no obsta para que el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la
entidad que cumpla sus funciones, a petición de cualquier persona o entidad,
establezca mediante avalúo si una vivienda o grupo de viviendas tiene o no el
carácter de vivienda de interés social".


"El conglomerado urbano perteneciente a varias jurisdicciones municipales
contiguas para efectos de este artículo se considerará ciudad, según lo determine
el reglamento".


"Los municipios deberán reservar en sus planes de desarrollo o planes de
desarrollos simplificado una área suficiente para adelantar planes de vivienda de
interés social".


PARAGRAFO. El Gobierno Nacional podrá ajustar los límites a que se refiere el
presente artículo y el 119 de la presente Ley cuando el incremento del salario
mínimo difiera del comportamiento del índice de precios de la construcción que
lleva el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE".




                                                                               21
                                LEY 3 DE 1991
                               Enero 15 de 1991


Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se
  establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de
Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones. Territorial, ICT, y
                       se dictan otras disposiciones.



                           El Congreso de Colombia

                                   DECRETA:

                                  CAPITULO I

            Del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social


ARTICULO 1o. Créase el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social,
integrado por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones
conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación,
habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza. En las
entidades integrantes del sistema actuarán de conformidad con los planes
generales que adopte el Gobierno Nacional.

El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución
seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo
integran, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la
asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de políticas de vivienda de
interés social.


ARTICULO 2o. Las entidades integrantes del Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, de acuerdo con las funciones que cumplan conformarán los



                                                                                22
subsistemas de fomento o ejecución, de asistencia técnica y promoción a la
organización social, y de financiación, así:

a) El subsistema de fomento o ejecución estará conformado por los organismos
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales, de los
distritos especiales y de las áreas metropolitanas, y por organizaciones populares
de vivienda, las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas que
fomenten, diseñen o ejecuten planes y programas de soluciones de vivienda de
interés social. Entre otros, serán integrantes de este subsistema el Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social de que trata el artículo 10, el Fondo
Nacional del Ahorro, la Caja de Vivienda Militar, los Fondos de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana de que trata el artículo 17 y las entidades que prestan
servicios públicos domiciliarios;

b) El Subsistema de Asistencia Técnica y de Promoción a la Organización Social
estará conformado por los organismos nacionales, departamentales, intendenciales
y comisariales, y por las agremiaciones de las organizaciones populares de
vivienda, las organizaciones no gubernamentales y las entidades privadas que
prestan asistencia técnica y promueven la organización social. Entre otros, serán
integrantes de este subsistema el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, el
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" -IGAC-, el Centro Nacional de la
Construcción -CENAC-, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, las
Universidades y los Centros de Investigación o Consultoría especializados en
vivienda;

c) El Subsistema de Financiación estará conformado por las entidades que,
cumplan funciones de captación de ahorro, concesión de créditos directos,
otorgamiento de descuentos, redescuentos y subsidios, destinadas al cumplimiento
de los objetivos del Sistema. Entre otros, serán integrantes de este subsistema las
entidades de que trata el artículo 122 de la Ley 9a. de 1989, la Financiera de
Desarrollo Territorial -FINDETER-, el Banco Central Hipotecario -BCH-, la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, y las de Cajas de Compensación Familiar que
participen en la gestión Financiera del Sistema.




                                                                                 23
ARTICULO 3o.- El Ministerio de Desarrollo Económico, ejercerá la dirección y
coordinación del Sistema Nacional de vivienda de Interés Social y formulará las
políticas y los planes correspondientes con la asesoría del Consejo Superior de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social de que trata el artículo 50 de la Ley 81 de
1988.

El Ministerio de Desarrollo Económico coordinará con el Ministerio Agricultura las
políticas y planes por desarrollar en materia de vivienda rural.

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda Social del Ministerio de
Desarrollo Económico ejercerá la Secretaría Técnica permanente del Consejo
Superior de Desarrollo Urbano y Vivienda Social y coordinará organismos de
planeación de las instituciones del Sistema para que cumplan funciones en forma
armónica.


ARTICULO 4o. Las Administraciones Municipales, distritales, de las áreas
metropolitanas y de la Intendencia de San Andrés y Providencia coordinarán en su
respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, a través de
las entidades especializadas que en la actualidad adelantan las políticas y planes
de vivienda social en la localidad o a través de los Fondos de Vivienda de Interés
Social y reforma urbana, de que trata artículo 17 de la presente Ley.

Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios coordinarán las acciones que
adelanten las dependencias y entidades seccionales para fomentar y apoyar las
políticas municipales de vivienda de interés social y reforma urbana.



                                CAPITULO II
                      Del Subsidio Familiar de Vivienda


ARTICULO 5o.- Se entiende por solución de vivienda, el conjunto operaciones
que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias
satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el
proceso para obtenerlas en el futuro.



                                                                                  24
Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda
entre otras, las siguientes:

- Construcción o adquisición de vivienda;
- Construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo
progresivo;

-   Adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo;
-   Adquisición de terrenos destinados a vivienda;
-   Adquisición de materiales de construcción;
-   Mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda;
-   Habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a la vivienda.

ARTICULO 6o.- Establécese el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte
estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el
objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de
restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece
esta Ley.


La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con
los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones
socioeconómicas de los beneficiarios.

ARTÍCULO 7o. Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los
hogares de quienes se postulen para recibir el subsidio, por carecer de recursos
suficientes para obtener una vivienda mejorarla o habilitar legalmente los títulos de
la misma; el reglamento establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.


A las postulaciones aceptables se les definirá un orden secuencial para recibir la
asignación del subsidio de acuerdo con la calificación de los aportes del
beneficiario a la solución de vivienda, tales como ahorro previo, cuota inicial,
materiales, trabajo o su vinculación a una organización popular de vivienda.




                                                                                   25
El acto de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario de las
condiciones bajo las cuales se otorga el subsidio.

ARTÍCULO 8o. El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuando
el beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en
ella antes de haber transcurrido cinco años desde la fecha de su asignación, sin
mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por
el reglamento.

También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o
imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos
establecidos para la asignación del subsidio.

ARTÍCULO 9o. Los subsidios se otorgarán para facilitar las soluciones de vivienda
propuestas por el beneficiario, pero si ella forma parte de un conjunto o de un plan
de soluciones éstas deberán cumplir las condiciones y especificaciones que señale
la autoridad competente, después de evaluar sus características sanitarias,
técnicas y económicas.


                               CAPITULO III
           Del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
                         Reforma Urbana -INURBE-


ARTICULO 10. A partir de la vigencia de la presente Ley el Instituto de Crédito
Territorial -ICT- se denominará Instituto Nacional de Vivienda Interés Social y
Reforma Urbana -INURBE-. Para todos los efectos legales las actuaciones
administrativas adelantadas por el Instituto de Crédito Territorial, con anterioridad
a la vigencia de la presente Ley, se entenderán realizadas a nombre el Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -INURBE-.
 El Instituto mantendrá su naturaleza de establecimiento público del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e
independiente, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico.

      Conc.: Ley 281 de 1996




                                                                                   26
ARTÍCULO 11. En adelante el Instituto de que trata el artículo anterior tendrá
como objeto fomentar las soluciones de vivienda de interés social y promover la
aplicación de la Ley 9a. de 1989 o las que la modifiquen, adicionen o
complementen, para lo cual prestará asistencia técnica y financiera a las
administraciones locales y seccionales y las organizaciones populares de vivienda,
así como administrará los recursos nacionales del Subsidio Familiar de Vivienda.


ARTÍCULO 12. Para el desarrollo de su objeto el INURBE cumplirá las siguientes
funciones:

a) Coordinar sus actividades con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social para el desarrollo de las políticas respectivas y la aplicación de la
Reforma Urbana. En especial coordinará con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero los planes de Vivienda con los programas de crédito de esa entidad para
vivienda rural;

b) Administrar los recursos nacionales del Subsidio Familiar de Vivienda en
coordinación con las administraciones locales, para la construcción, adquisición,
mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legalización de títulos de la vivienda de
interés social, de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II de la presente
Ley;

c) Prestar asistencia técnica a los municipios, los distritos especiales, y las áreas
metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y Providencia o a las
administraciones seccionales para el desarrollo de las políticas de vivienda de
interés social y la aplicación de la Reforma Urbana;
d) Otorgar créditos a municipios, Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana, organizaciones populares de vivienda y entidades ejecutoras, a través de
intermediarios financieros o con garantías bancarias, para el desarrollo de
programas de soluciones de vivienda de interés social;

e) Otorgar, excepcionalmente, créditos hipotecarios directamente o a través de
intermediarios financieros, o con garantías bancarias, para el desarrollo de
programas de soluciones de vivienda de interés social; o aquellos créditos de que
trata el artículo 119 de la Ley 9a. de 1989;




                                                                                   27
f) Fomentar las organizaciones populares de vivienda y prestarles asistencia
técnica,

g) Investigar y desarrollar metodologías y tecnologías apropiadas para la ejecución
de los programas de vivienda de interés social y de la Reforma Urbana;

h) Promover y fomentar centros de acopio de materiales de construcción y de
herramientas destinados a soluciones de vivienda de interés social;

i) Ejecutar proyectos para el desarrollo de soluciones de vivienda de interés social
dando prioridad a aquellos realizados en asocio de las administraciones locales o
de las organizaciones populares de vivienda; y excepcionalmente, realizados
directamente por el Instituto mediante expreso encargo de su Junta Directiva,
aprobado con el voto favorable e indelegable del Ministro de Desarrollo;


j) Evaluar, con base en la política de vivienda de interés social, la participación de
las Cajas de Compensación Familiar que concurran en la financiación de Subsidio
Familiar de Vivienda. El resultado de esta evaluación deberá ser forzosamente
tenido en cuenta por la Superintendencia del Subsidio Familiar;

k) Derogado por la Ley 281 de 1996, Art. 10.- Continuar desarrollando las
funciones propias de Agente Especial en los casos de urbanizaciones objeto de
toma de posesión o liquidación previstas en la Ley 66 de 1968;


l) Las demás funciones señaladas por la Ley 9a. de 1989 al Instituto de Crédito
Territorial.

Para el desarrollo de su objeto y el cumplimiento de sus fines, el INURBE podrá
celebrar encargos de gestión, sujeto al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previstos en la Ley para los establecimientos públicos.




                                                                                    28
ARTÍCULO 13. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Junta Directiva del
INURBE estará integrada por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Desarrollo Económico o su Delegado, quien la presidirá.

2. Un Delegado del Presidente de la República.

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o el Presidente de la Financiera de
Desarrollo Territorial, como su Delegado personal.

4. El Ministro de Agricultura, o el Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero, como su Delegado personal.
5. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su Delegado.

6. Dos alcaldes designados por el Presidente de la República de ternas propuestas
por las organizaciones que los representan, y

7. Dos representantes de las Agremiaciones Nacionales de las Organizaciones
Populares de Vivienda, designados por el Presidente de la República de ternas
propuestas por ellas.

PARÁGRAFO. El Gerente General del Instituto Nacional de vivienda de interés
Social y Reforma Urbana, forma parte de la Junta Directiva, con voz pero sin voto.
Como Secretario General de la Junta Directiva, actuará el Secretario General del
Instituto.

ARTÍCULO 14. Corresponde a la Junta Directiva del INURBE, como su órgano
máximo de dirección y administración, las siguientes funciones:

1. Adoptar los Estatutos y cualquier modificación que a ellos se introduzca.

2. Adoptar la organización interna del INURBE para lo cual podrá crear, suprimir o
fusionar las dependencias administrativas que estime conveniente para el correcto
funcionamiento y el cabal cumplimiento de los objetivos del mismo, de
conformidad con las disposiciones legales.




                                                                                   29
3. Adoptar la planta de personal y cualquier reforma que se haga a la misma, así
como las primas técnicas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

4. Estudiar y aprobar el presupuesto anual del INURBE, así como los traslados y
adiciones presupuestales que garanticen la normal ejecución de los planes y
programas del mismo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

5. Disponer la contratación de empréstitos internos y externos con destino al
INURBE y autorizar los contratos respectivos, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

6. Establecer los planes y programas que deberá adelantar el INURBE para
desarrollar y ejecutar las políticas de vivienda de interés social que formule el
Gobierno Nacional, dentro del marco del Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social.


7. Reglamentar el otorgamiento y administración del Subsidio Familiar de Vivienda,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

8. Reglamentar el otorgamiento de créditos y la asistencia técnica con destino a
programas de vivienda de interés social.

9. Reglamentar la participación de las comunidades en los programas de vivienda
de interés social, así como la forma de evaluar los aportes de los beneficiarios del
subsidio, hechos en especie, trabajo o vinculación a una organización comunitaria.

10. Evaluar el funcionamiento general del INURBE, y adoptar las medidas que
requiera para conformar su actividad con las políticas generales del Gobierno
Nacional.

11. Organizar comités de trabajo, integrados por miembros de la Junta Directiva y
empleados del Instituto, con el objeto de que evalúen y conceptúen sobre los
temas que específicamente le sean encomendados.




                                                                                  30
12. Examinar las cuentas y aprobar anualmente o cuando lo estime conveniente, el
balance y los estados financieros.

13. Autorizar las comisiones al exterior de los empleados oficiales del INURBE, de
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.

14. Darse su propio reglamento.

15. Las demás que le señalen la Ley, los reglamentos y los estatutos, siempre que
sean complementarios o afines a las determinadas por este artículo.

PARÁGRAFO. Las funciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del presente
artículo, requieren para su validez la aprobación por decreto del Gobierno Nacional.
Las relacionadas con los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 requieren para su validez el
voto favorable e indelegable del Ministerio de Desarrollo Económico.



                                CAPITULO IV
                        Del Banco Central Hipotecario


ARTÍCULO 15. El Banco Central Hipotecario, como integrante del Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social, tendrá por objeto captar ahorro y financiar
con prioridad la compraventa de vivienda usada, la integración inmobiliaria, el
reajuste de tierras, la rehabilitación de inquilinatos y los programas de
remodelación, ampliación y subdivisión de vivienda. También podrá realizar las
operaciones autorizadas a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, las operaciones
de descuento y redescuento de que trata el

artículo 119 de la Ley 9a. de 1989, para lo cual creará y administrará un fondo
especial, canalizar los recursos de ahorro que el Gobierno decida aplicar a la
financiación de la política de vivienda de interés social y prestar servicios
financieros.

Facultase a la Junta Monetaria para expedir el reglamento especial de colocaciones




                                                                                  31
del Banco Central Hipotecario para el cumplimiento de su objeto.

El Banco podrá continuar los programas de construcción y de fiducia inmobiliaria
contratados antes de la vigencia de la presente Ley y excepcionalmente ejecutar
proyectos de construcción de vivienda por encargo de su junta Directiva con el
voto favorable e indelegable del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del
Ministro de Desarrollo Económico.


ARTÍCULO 16. Cuando el Gobierno o la Nación disponga que el Banco central
Hipotecario realice operaciones que le impliquen asumir costos no trasladables a
los beneficiarios o la de conceder subsidios, deberá comprometerse previamente a
la realización de la correspondiente operación, los recursos de los presupuestos
públicos o de otras fuentes que cubran tales costos.



                                  CAPITULO V
                     De los Fondos de Vivienda de Interés
                           Social y Reforma Urbana


ARTÍCULO 17. A partir de la vigencia de esta Ley, los municipios, los distritos
especiales, las áreas metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y Providencia
podrán crear un Fondo municipal, distrital, metropolitano o intendencial, según el
caso, de Vivienda de Interés Social y Reforma urbana para la administración de las
apropiaciones previstas en la Ley 61 de 1936 y demás disposiciones concordantes,
y de los bienes y recursos de que trata el artículo 21 de la presente Ley.

EL Fondo se manejará como una cuenta especial del presupuesto con unidad de
caja y personería jurídica, sometido a las normas presupuestales y fiscales de la
entidad territorial correspondiente.

La representación legal del Fondo podrá ser ejercida por el Jefe de la entidad
territorial o por el Director designado para el efecto cuando se cree una entidad
descentralizada para su administración. Sin embargo, cuando el Fondo se cree
adscrito a un organismo descentralizado de la respectiva entidad territorial, la



                                                                                32
representación legal será ejercida por el Jefe del organismo al cual se adscriba el
Fondo.

ARTÍCULO 18. Los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
tendrán como objeto desarrollar las políticas de vivienda de interés social en las
áreas urbanas y rurales, aplicar la Reforma Urbana en los términos previstos por la
Ley 9a. de 1989 y demás disposiciones concordantes, especialmente en lo que
hace referencia a la vivienda de interés social, y promover las organizaciones
populares de vivienda.

ARTÍCULO 19. Serán funciones de los Fondos de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana, sin perjuicio de las otras que les asignen los concejos
municipales, distritales, las juntas metropolitanas o el Consejo Intendencial de San
Andrés y Providencia, las siguientes:


a) Coordinar acciones con el INURBE y demás entidades del Sistema Nacional de
Vivienda de interés Social para la ejecución de sus políticas. Especialmente
coordinará con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero la ejecución de
programas de soluciones de vivienda de interés social en el sector rural;

b) Canalizar recursos provenientes del Subsidio Familiar de Vivienda para aquellos
programas adelantados con participación del municipio, del Distrito Especial, de
área metropolitana o de la Intendencia de San Andrés y Providencia;


c) Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de
construcción, adquisición, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legalización
de títulos de soluciones de vivienda de interés social;

d) Adquirir por enajenación voluntaria, expropiación o extinción del dominio, los
inmuebles necesarios para la ejecución de planes de vivienda de interés social, la
legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, la reubicación de
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, la rehabilitación de
inquilinatos y la ejecución de proyectos de reajuste de tierras e integración
inmobiliaria siempre que se trate de vivienda de interés social;




                                                                                  33
e) Fomentar el desarrollo de las organizaciones populares de vivienda;

f) Promover o establecer centros de acopio de materiales de construcción y de
herramientas para apoyar programas de vivienda de interés social,

g) Otorgar créditos descontables o redescontables en el Banco Central Hipotecario
según lo dispuesto en la Ley 9a. de 1989, para financiar programas de soluciones
de vivienda de interés social.

ARTÍCULO 20. Las Juntas Directivas de los Fondos de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana y de las entidades especializadas que en la actualidad adelantan
las políticas y planes de vivienda social en las localidades, se constituirán de
acuerdo con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 11 de 1986.

Para este efecto se entenderá como entidades cívicas o de usuarios del servicio,
las organizaciones populares de vivienda definidas en el artículo 62 de la Ley 9a.
de 1989 y en el Decreto 2391 de 1989 y que se encuentren debidamente
registradas en el municipio, el Distrito Especial, el área metropolitana o en la
Intendencia de San Andrés y Providencia.

PARÁGRAFO. Cuando el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
se adscriba a una entidad descentralizada cuyo objeto no se refiera exclusivamente
al del Fondo, la Junta Directiva de dicha entidad establecerá un Consejo
Administrador del Fondo para cuya composición se observará lo previsto en el
presente artículo.


ARTÍCULO 21.- El patrimonio y los recursos de los Fondos de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana estarán constituidos por:

a) Al menos el cinco por ciento (5%) de los ingresos corrientes municipales,
previsto en el artículo 1o. de la Ley 61 de 1936. La cesión del IVA se entenderá
como ingreso corriente municipal;


      Inexequible: Sentencia C-495-98



                                                                                34
b) El producto de las multas previsto en el artículo 66 de la Ley 9a. 1989;

c) El producto de la contribución de Desarrollo Municipal previsto en la Ley 9a. de
1989, que fuere destinado por el municipio a fines relacionados con vivienda de
interés social;

d) El producto de sus operaciones, incluyendo rendimientos financieros y
utilidades;

e) Las donaciones que reciba;

f) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título; g) Los bienes
vacantes y terrenos ejidales que se encuentren en su jurisdicción y que estén
ubicados en las zonas previstas para vivienda de interés social en los Planes de
Desarrollo, y

h) Los aportes, apropiaciones y traslados que le efectúen otras entidades públicas.

ARTÍCULO 22. Extiéndase a favor de los Fondos de vivienda de Interés Social y
Reforma urbana el derecho de preferencia establecido en favor de los Bancos de
Tierras por la Ley 9a. de 1989. Este derecho será ejercido por los Fondos con
respecto a los inmuebles necesarios para cumplir su objeto y ejercer sus funciones.



                             CAPITULO VI
             De los Departamentos, Intendencias y Comisarías



ARTÍCULO 23. Los Departamentos, Intendencias y Comisarías prestarán
asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios para la constitución
de los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, así como respecto
de la aplicación de los instrumentos administrativos, financieros y técnicos que en
desarrollo de las normas previstas en la presente Ley requieran las entidades



                                                                                   35
municipales.

ARTÍCULO 24. Los Departamentos, Intendencias y Comisarías podrán concurrir a
la financiación de programas de vivienda de interés social en asocio con los
municipios, a través de convenios, transferencias, créditos, cofinanciación o
cualquier modalidad definida por aquellos conjuntamente con los municipios.

ARTÍCULO 25. En el orden seccional se establecerá un Consejo de Vivienda de
Interés Social presidido por el Gobernador, Intendente o Comisario, cuyo objetivo
será asesorar a la Administración en las políticas, planes, programas y proyectos
de apoyo a las entidades municipales y en la definición de las acciones que para
estos efectos cumplirán las dependencias y organismos de la administración
central y descentralizada del orden seccional.


                                CAPITULO VII
                       De los Instrumentos Financieros



ARTÍCULO 26. Cuando se utilice la fiducia en garantía, para respaldar
obligaciones derivadas de crédito destinados a la financiación de proyectos
inmobiliarios, las entidades fiduciarias podrán emitir títulos de deuda como los
considerados en la Ley 9a. de 1989, tomando como base un razonable porcentaje
del mayor valor que con el tiempo adquiera el inmueble.

Tales títulos se expedirán a solicitud del fideicomitente y otorgarán al beneficiario
los mismos derechos derivados del contrato de fiducia mercantil.


ARTÍCULO 27. Los recursos previstos en el artículo 98 de la Ley 9a. de 1989
serán destinados por el INURBE a otorgar Subsidios Familiares de Vivienda
conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 28. Derogado por el numeral 6o. del Art. 138 de la Ley 388 de 1997.-
Cédese la contribución de Desarrollo Municipal, de que trata el artículo 106 de la
Ley 9a. de 1989, en favor de los Distritos Especiales, la Intendencia de San Andrés



                                                                                   36
y Providencia y los Municipios en los cuales esté ubicada la totalidad o la mayor
parte del inmueble afectado. Esta contribución podrá cancelarse mediante la
dación en pago de parte del predio respectivo o con moneda corriente o mediante
el endoso de títulos a los que se refiere el artículo 121 de la misma Ley.

Están exentos del pago de la contribución los propietarios o poseedores vivienda
de interés social, los de predios urbanos con área de lote mínimo que para el
efecto se entiende de trescientos (300) metros cuadrados, y los que rehabiliten
inmuebles existentes para aumentar la densidad habitacional en proyectos de
renovación o remodelación urbana y reajuste o reintegro de tierras de los que trata
la Ley 9a. de 1989. Los Municipios podrán variar, según las condiciones locales, el
limite del área del lote mínimo.




                               CAPITULO VIII
                  De la Contratación en Entidades Públicas



ARTÍCULO 29. Los contratos de promesa de compraventa, y los de compraventa
de que trata el Capítulo III de la Ley 9a. de 1989 que celebren las entidades
descentralizadas del orden nacional, no requerirán el concepto del Consejo de
Ministros ni de la revisión de legalidad del Consejo de Estado.



                                 CAPITULO IX
                                De las Sanciones




ARTÍCULO 30. La persona que presente documento o información falsos con el
objeto de que le sea adjudicado un Subsidio Familiar de vivienda, quedará
inhabilitado por el término de diez (10) años para volver a solicitarlo.



                                                                                 37
ARTÍCULO 31. El INURBE, cuando conozca de la posible violación de algunas de
las normas aplicables para la obtención del Subsidio por parte de la entidad
financiera sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o
de cualquiera de sus Directores, gerentes, revisor fiscal u otro funcionario o
empleado, inmediatamente pondrá en conocimiento de la Superintendencia tal
circunstancia, con el fin de que aplique las sanciones correspondientes; cuando
compruebe que la contravención fue realizada por una entidad financiera no
sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o por uno de
sus directores, gerentes, revisor fiscal u otro funcionario o empleado, informará
inmediatamente de esta situación a la Superintendencia de Sociedades para que
aplique las sanciones correspondientes.


ARTÍCULO 32. Cuando por cualquier medio probatorio se estableciere que en la
escritura pública de compraventa de un inmueble adquirido con un Subsidio
Familiar de Vivienda se ha hecho figurar un valor diferente al valor real convenido
o al de oferta pública, el vendedor quedará inhabilitado para realizar la actividad
de construcción y enajenación de vivienda hasta por un término de diez (10) años
a partir de la fecha de la sanción. Esta sanción será impuesta por la
Superintendencia de Sociedades previa solicitud de investigación formulada por
cualquiera de las entidades que integran el sistema de Vivienda de Interés Social y
motivada según el reglamento de esta Ley.


ARTÍCULO 33. Las sanciones señaladas en este capítulo se impondrán sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.


                                  CAPITULO X
                              Disposiciones Varias


ARTÍCULO 34. Los incisos 2o. y 3o. del artículo 14 de la Ley 9a. de 1989,
quedarán así:

Otorgada la escritura pública de compraventa, ésta se inscribirá con prelación



                                                                                 38
sobre cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, previa cancelación de la inscripción a la cual se refiere el
artículo 13 de la presente Ley.

Realizada la entrega real y material del inmueble a la entidad adquirente, el pago
del precio se efectuará en los términos previstos en el contrato. El cumplimiento de
la obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la escritura
pública de compraventa debidamente inscrita en el folio de matricula inmobiliaria
en el cual conste que se ha perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de
todo gravamen o condición, sin perjuicio de que la entidad adquirente se subrogue
en la hipoteca existente.


ARTÍCULO 35. El inciso 4o. del artículo 15 de la Ley 9a. de 1989, quedará así:

El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales refiere la
presente Ley no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia
ocasional, siempre y cuando la negación se produzca por la vía de la enajenación
voluntaria.

ARTÍCULO 36. El artículo 45 de la Ley 9a. de 1989, quedará así:

Con el objeto de sanear la titulación de la vivienda de interés social, el
otorgamiento, la autorización y el registro de cualquier escritura pública de
compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés social no requerirá:


a) Ningún comprobante de paz y salvo o declaración fiscal, excepto paz y salvo
municipal si la propiedad figura en el catastro;

b) El pago del impuesto de timbre y el pago de retenciones en la fuente;

c) La presentación de la tarjeta o libreta militar;

d) Los requisitos a) y b) de que trata el artículo siguiente.

Parágrafo. En los casos de legalización de la vivienda de interés social se requerirá



                                                                                   39
el permiso de enajenación de inmuebles.

ARTÍCULO 37. El artículo 59 de la Ley 9a. de 1989 quedará así:


Los créditos de largo plazo que otorgue las instituciones financieras, para la
adquisición, construcción, mejora o subdivisión de vivienda no podrán contener
exigencias o contraprestaciones de ningún tipo, salvo las que expresamente
autorice la Superintendencia Bancaria para el ahorro contractual de que trata el
artículo 122 de la presente Ley.

En los seguros que se pacten sobre el bien hipotecado el valor asegurado no podrá
sobrepasar el de la parte destructible del inmueble; y en los seguros de vida del
deudor, el valor asegurado no excederá el del saldo insoluto del crédito. En todos
los casos el deudor deberá recibir un certificado individual y copia de las
condiciones del contrato de seguro con la estipulación de la tarifa aplicable. La
factura de cobro del crédito presentará por separado y en moneda corriente la
liquidación de las primas como obligación independiente de los cobros referentes al
crédito de largo plazo.


Todos los comprobantes expedidos al deudor y las comunicaciones informativas
referentes al desarrollo de crédito deberán expresarse en moneda corriente.
Antes de iniciarse el proceso ejecutivo, el acreedor no podrá rechazar abonos con
el fin de impedir la reducción de su cuantía en mora; para evitar tal efecto, el
deudor podrá acudir al procedimiento de pago por consignación extrajudicial
previsto en el Código de Comercio. En todo caso la aplicación del respectivo abono
se hará de conformidad con las normas legales vigentes.


ARTÍCULO 38. El inciso 2o. del artículo 60 de la Ley 9a. de 1989, quedará así:

El patrimonio de familia es embargable únicamente por las entidades que financien
la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda.




                                                                                 40
ARTÍCULO 39. El artículo 61 de la Ley 9a. de 1989, quedará así:

Las entidades que otorguen financiación para la construcción, adquisición, mejora
o subdivisión de vivienda de interés social, podrán aceptar como garantía de los
créditos que concedan, la prenda de las mejoras que el beneficiario haya realizado
o realice en el futuro sobre inmuebles respecto de los cuales se pueda acreditar su
condición de dueño siempre y cuando los haya poseído regularmente por un lapso
no inferior a cinco (5) años.


El Gobierno dispondrá en el reglamento la forma de realizar el registro de los actos
a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 40. El artículo 64 de la Ley 9a. de 1989, quedará así:

El Gobierno Nacional reglamentará las normas mínimas de calidad de la vivienda
de interés social, especialmente en cuanto a espacio, servicios públicos y
estabilidad de la vivienda.

ARTÍCULO 41. La autoridad municipal, distrital, metropolitana o intendencial
competente, cuando expida licencias de construcción, permisos de urbanización o
sus equivalentes, dejará constancia expresa en los mismos acerca de la existencia
o disponibilidad definida de los servicios públicos en el programa de vivienda de
que se trate.


ARTÍCULO 42. Los procesos de administración y ejecución de los proyectos de
vivienda intervenidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la
Ley 66 de 1968 y normas que la adicionen, modifiquen o complementen, se
financiarán a través de las contribuciones que por concepto de inspección y
vigilancia se recauden por la Superintendencia de Sociedades, de las personas
naturales y jurídicas que desarrollen planes y programas de vivienda

Para tal efecto la Superintendencia de Sociedades constituirá un Fondo especial
administrado por la mencionada entidad, cuyo manejo será fiscado por la
Controlaría General de la República.




                                                                                  41
Lo anterior sin perjuicio que el INURBE destine los recursos requeridos para
atender la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación y legalización de
títulos de viviendas de interés social objeto de intervención.

ARTÍCULO 43. Autorízase al Ministerio de Hacienda para abrir los créditos
suplementarios y/o extraordinarios y hacer las apropiaciones presupuestales
correspondientes al Subsidio Familiar de Vivienda.

ARTÍCULO 44. Deróganse el artículo 1o. de la Ley 130 de 1985 y el inciso 4o. del
artículo 44 de la Ley 9a. de 1989.

ARTÍCULO 45. La presente Ley rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.


Dada en Bogotá, D. E., a los ...

El Presidente del honorable Senado de la República, AURELIO IRAGORRI
HORMAZA, el presidente de la honorable Cámara de Representantes, HERNAN
BERDUGO, el Secretario General del honorable Senado de la República, Crispín
Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes, Silverio Salcedo Mosquera.

República de Colombia - Gobierno Nacional
 Bogotá, D. E., a 15 de enero de 1991

Publíquese y ejecútese.


CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rudolf Hommes Rodríguez, el Ministro
de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pizano




                                                                                42
                                      LEY 388


                               18 de Julio de 1997


 Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991, y se dictas otras
                                 disposiciones

ARTÍCULO 91. Concepto de vivienda de interés social. El artículo 44 de la Ley 9a.
de 1989, quedará así:

Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada
Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio
máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de
acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos
de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del
Estado destinados a los programas de vivienda.


En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destinen el Gobierno
Nacional, en desarrollo de obligaciones legales, para promover la vivienda de
interés social se dirigirá prioritariamente a atender la población más pobre del país,
de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y los
resultados de los estudios de ingresos y gastos.

PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional en
ejercicio de la potestad reglamentaria del presente artículo que hagan referencia a
ciudades con más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán aplicables a los
municipios aledaños dentro de su área de influencia y hasta una distancia no
mayor de cincuenta (50) kilómetros de los límites del perímetro urbano de la
respectiva ciudad, que evidencie impactos directos en la demanda de suelos e
inmuebles urbanos, derivados de un elevado grado de accesibilidad e
interrelaciones económicas y sociales, lo mismo que a los demás municipios que
integren el área metropolitana, cuando fuere del caso.




                                                                                    43
PARÁGRAFO 2o. El precio de este tipo de viviendas corresponderá al valor de las
mismas en la fecha de su adquisición o adjudicación.

ARTÍCULO 92. Planes de ordenamiento y programas de vivienda de interés
social. Los municipios y distritos determinarán sus necesidades en materia de
vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento integral, y de
acuerdo con las mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias e
instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit
correspondiente. En todo caso al incorporar suelo de expansión urbana, los planes
de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen determinarán porcentajes
del nuevo suelo que deberán destinarse al desarrollo de programas de vivienda de
interés social. Igual previsión habrán de contener los planes parciales para
programas de renovación urbana. Lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de
programas se localicen en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con las normas
generales sobre usos del suelo.


Los planes parciales correspondientes determinarán la forma de definir las
localizaciones de los terrenos tendientes al cumplimiento de los porcentajes
expresados, así como los mecanismos para la compensación de las cargas
urbanísticas correspondientes, cuando a ello hubiere lugar.

En todo caso las zonas o áreas destinadas para este tipo de viviendas deberán
desarrollarse de conformidad con este uso, por sus propietarios o por las entidades
públicas competentes, en los casos en los que se hubiere determinado la utilidad
pública correspondiente.


ARTÍCULO 93. Prestación de servicios públicos domiciliarios. Para los efectos de
esta ley y de la Ley 142 de 1994, consideránse (sic) municipios menores los
clasificados en las categorías 5a. y 6a. de la Ley 136 de 1994. Como áreas o zonas
urbanas específicas se entenderán los núcleos poblacionales localizados en suelo
urbano que se encuentren clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de
estratificación socioeconómica vigente.

ARTÍCULO 94. Modificación de los procedimientos de prescripción ordinaria y



                                                                                 44
extraordinaria del dominio. Se introducen las siguientes modificaciones a los
procedimientos de prescripción ordinaria y extraordinaria de dominio, regulados
por la Ley 9a. de 1989 y el Código de Procedimiento Civil:


1. Los procesos de pertenencia de soluciones de vivienda de interés social, que se
ajusten a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 9a. de 1989, se tramitarán y
decidirán en proceso abreviado, de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil, en la Ley 9a. de 1989 y en las disposiciones adicionales
contenidas en la presente ley.

2. Corresponde a los municipios y distritos, directamente o a través de los fondos
municipales de vivienda de interés social y reforma urbana, prestar la asistencia
técnica y la asesoría jurídica para adelantar los procesos de pertenencia en las
urbanizaciones que hayan sido objeto de la toma de posesión o liquidación
previstos en la Ley 66 de 1968, y respecto de las viviendas calificadas como de
interés social que cumplan lo establecido en el artículo 51 de la Ley 9a. de 1989.


3. El juez que tenga a su cargo los procesos de prescripción ordinaria o
extraordinaria de dominio, solicitará el avalúo de los inmuebles objeto del proceso
para la definición del carácter de interés social, el cual debe ser rendido en un
término no superior a 15 días hábiles.

5. (sic) El juez de conocimiento podrá abstenerse de la práctica de la inspección
judicial a que se refiere el numeral 10 del artículo 407 del Código de Procedimiento
Civil, y en su lugar dar aplicación a lo dispuesto por el inciso final del artículo 244
del mismo Código.


ARTÍCULO 95. Transferencia de inmuebles. Todas las asignaciones de subsidio
familiar de vivienda en terrenos y las cesiones de que trata el artículo 58 de la Ley
9a. de 1989, que realicen las entidades públicas se efectuarán mediante resolución
administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la Oficina
de Instrumentos Públicos será plena prueba de la propiedad.

En todo caso, los inmuebles cuya propiedad se adquiera conforme a lo dispuesto



                                                                                     45
por el artículo 58 de la Ley 9a. de 1989, tendrán las mismas limitaciones
establecidas en la Ley 3a. de 1991 para las viviendas adquiridas o mejoradas con
el subsidio familiar de vivienda.

      Ver.: DECRETO 540 DE 1998

ARTÍCULO 96. Otorgantes del subsidio. Son otorgantes del Subsidio Familiar de
Vivienda, además de las entidades definidas en la Ley 3a. de 1991, las
instituciones públicas constituidas en los entes territoriales y sus institutos
descentralizados establecidos conforme a la ley, cuyo objetivo sea el apoyo a la
vivienda de interés social en todas sus formas, tanto para las zonas rurales como
urbanas.

ARTÍCULO 97. Limitación al subsidio familiar de vivienda en especie. En ningún
caso el Inurbe podrá asignar subsidio familiar de vivienda en especie mediante la
entrega de terrenos que hayan sido ocupados con posterioridad a la expedición de
la Ley 3a. de 1991.


ARTÍCULO 98. Expropiación por motivos de equidad. Se adiciona el artículo 53 de
la Ley 9a. de 1989 con el siguiente parágrafo:

PARÁGRAFO. Para los efectos de que trata este artículo se presumirá el
aprovechamiento de la necesidad de vivienda de los ocupantes, en los casos de
inmuebles clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación
socioeconómica vigente. El alcalde municipal o distrital iniciará directamente el
proceso de expropiación por vía administrativa, aplicándose el procedimiento
previsto en los artículos 69 y siguientes de la presente ley, siendo entendido que
no habrá lugar a indemnización alguna.




                                                                                46
                                DECRETO 1396
                              28 de julio de 1999

        Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 3ª de 1991.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial de las consagradas en el numeral
     11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y en
            desarrollo de lo establecido en la Ley 3ª de 1991,

                                   DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Determinación de puntajes para calificación de postulaciones. De
conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 3ª de 1991, en
concordancia con el artículo 46 del Decreto 824 de 1999, las postulaciones
aceptables que conforman el Registro Unico de Postulantes al Subsidio Familiar de
Vivienda, deberán calificarse de acuerdo con la ponderación de las variables de
condiciones socioeconómicas y ahorro previo de los postulantes.

Para efectos de determinar el puntaje de calificación de cada postulante, se
aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje = [36.584 x Bl] + [11.261 x B2] + [36.788 x B3 + [21.745 x B4] +
[408.603 x B5] + [0.496 x B6] + [7.907 x B7] + [6.796 x B8]- 33.006.

Para la aplicación de la fórmula antes enunciada deberá tenerse en cuenta que:

B1 = Puntaje Sisben. Si el Puntaje es 1 o 2, B1 es igual a 1. Para los demás
puntajes o sin carnet Sisben, B1 es igual a 0.

B2 = Número de miembros del hogar. B2 es igual al número de miembros del
hogar. Si el hogar es de 5 o más miembros, B2 es igual a 5.

B3 = Condición de mujer cabeza de familia. Si el jefe de hogar es mujer, B3 es
igual a 1. Si no lo es, B3 es igual a 0.




                                                                                 47
B4 = Tipo de Vivienda a la cual el postulante aplicará el subsidio. Si la vivienda a la
que este postulando es de tipo 1, B4 es igual a 5. Si es de tipo 2, B4 es igual a 4.
Si es de tipo 3, B4 es igual a 3. Si es de tipo 4, B4 es igual a 2 y si es de tipo 5, B4
es igual a 1.

B5 = Ahorro programado y/o cesantías como porcentaje, en relación al tipo de la
vivienda expresado en pesos. Se obtiene de dividir el valor ahorrado y/o el valor de
las cesantías, en pesos, sobre el tipo de la vivienda, expresado en pesos. B5 igual
(ahorro + cesantías)/ Tipo de la vivienda expresado en pesos. El valor mínimo de
B5 es 0%

B6 = Tiempo de ahorro. Se contabiliza el número de meses desde la fecha de
apertura de la cuenta de ahorro para la vivienda o desde la fecha en que el
postulante oficializó su compromiso de aplicar a la vivienda sus cesantías de
acuerdo con establecido en el artículo número 31 del Decreto 824 de 1999.
Cuando el postulante acredite tanto la apertura de la cuenta como la formalización
del compromiso antes citado el tiempo del ahorro se contará a partir de la fecha
más antigua.

B7 = Número de veces que ha postulado

B8 = Cumplimiento del compromiso del ahorro. Si lo cumple, B8 es igual a 1, si no
lo cumple B8 es igual a 0.

PARÁGRAFO 1º. El puntaje resultante de la aplicación de la fórmula para cada
postulante podrá alcanzar un máximo de 1.000 puntos y el resultado final se
expresará con seis (6) decimales.

PARÁGRAFO 2º. Para efecto de las asignaciones de subsidios familiares de
vivienda, que se realicen durante el segundo semestre de 1999, el valor de la
variable tiempo de ahorro (B6) será 0. La variable número de veces que ha
postulado (B7), solamente se aplicará a partir de la segunda asignación de
subsidios de 1999.

ARTÍCULO 2°. Procedimiento en casos de empate. Para definir la asignación del
subsidio en las situaciones en que se presenten empates se tendrá en cuenta el
hecho de que el postulante haya votado en la elección inmediatamente anterior,



                                                                                      48
situación que se probará de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley
403 de 1997.

PARÁGRAFO. Para efectos de la primera asignación, a partir de la expedición del
presente decreto, el Inurbe, en coordinación con la Registraduría Nacional del
Estado Civil, efectuará el cruce de cédulas de los postulantes que hagan parte del
orden secuencial para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda, con la base de
datos de la Registraduría para determinar cuales de ellos votaron en la última
elección.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto rige a partir la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 28 de julio de 1999.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Desarrollo Económico,

FERNANDO ARAUJO PERDOMO




                                                                                 49
                                 DECRETO 1746

                          11 de Septiembre del 2000

  por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 1982, 49 de
                    1990 y 03 de 1991 y 546 de 1999.


                                CONSIDERANDO:

Que se hace necesario destinar recursos para la financiación de vivienda a largo
plazo;

Que los recursos asignados al subsidio familiar de vivienda, por parte de las cajas
de compensación familiar no se han ejecutado en su totalidad debido a la ausencia
parcial de crédito hipotecario para vivienda de interés social;

Que la Ley 21 de 1982, y la Ley 3ª de 1991 les da la facultad a las cajas de
compensación familiar de orientar recursos para financiación de vivienda de interés
social;

Que se hace necesario destinar recursos del Fondo de Subsidio para Vivienda de
Interés Social, de las Cajas de Compensación Familiar para financiar a aquellos
beneficiarios del subsidio, que no han encontrado en el sector financiero oferta
suficiente de créditos hipotecarios,

                                    DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Financiación para vivienda de interés social. Con el fin de
contribuir a la ejecución de los subsidios asignados cuyos beneficiarios no han
encontrado una oferta suficiente de crédito hipotecario, las cajas de compensación
familiar, que constituyan Fondo para Subsidio Familiar de Vivienda de Interés
Social, podrán destinar hasta un 30% de la proyección del plan anual de ejecución
de los recursos del fondo, para el otorgamiento del crédito hipotecario entre los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, para la adquisición de vivienda o la
construcción en sitio propio, durante un término de doce (12) meses a partir de la
vigencia de este decreto.



                                                                                   50
ARTÍCULO 2°. Autorización de recursos para financiación de vivienda de interés
social. La Superintendencia de Subsidio Familiar de Vivienda, previo concepto del
Ministerio de Desarrollo Económico, autorizará los montos de los recursos del
Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social destinados a la
financiación de vivienda, por parte de cada Caja de Compensación Familiar,
teniendo en cuenta para su evaluación, la proyección del plan anual de ejecución,
los sistemas de amortización que se apliquen a los créditos, las tasas de interés, el
plazo de financiación, los requisitos y garantías que se requieran para la aplicación
del crédito hipotecario, como también las estrategias de recuperación de cartera,
estudio de siniestralidad y las condiciones y exigencias establecidas en la Ley 546
de 1999 y demás normas reglamentarias.

PARÁGRAFO. Las cajas de compensación familiar que constituyan Fondo para el
Subsidio Familiar de Vivienda podrán financiar la adquisición de vivienda a largo
plazo, siempre y cuando la caja posea la infraestructura (software) para
administrar créditos hipotecarios o en su defecto la contrate con un tercero
especializado.

ARTÍCULO 3°. Requisitos. Las cajas de compensación familiar deberán orientar
los recursos de crédito hipotecario, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

a) Ser beneficiario de un subsidio para vivienda de interés social;

b) Que los ingresos mensuales del hogar sean igual o inferior a tres (3) salarios
mínimos legales mensuales;

c) Que el valor total de la vivienda no supere los setenta (70) salarios mínimos
legales mensuales;

d) Que el avance de obra de la vivienda a financiar no supere el 30% de la
construcción al momento de la vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 4°. Valor del crédito. El monto total del crédito hipotecario tendrá un
valor máximo equivalente a la diferencia entre el valor total de la vivienda y la
sumatoria del monto del valor del subsidio y el aporte del ahorro previo del hogar.




                                                                                   51
PARÁGRAFO. Los inmuebles financiados deberán estar asegurados contra los
riesgos de incendio y terremoto.

ARTÍCULO 5°. Responsabilidad. Las Cajas de Compensación Familiar serán
responsables de la administración de los recursos del Fondo de Vivienda de Interés
Social destinados para el crédito hipotecario, en cuanto a la evaluación financiera y
evaluación moral de los deudores, aprobación del crédito, cumplimiento de los
requisitos, recaudo de cuotas y demás sumas, así como la recuperación de cartera.

ARTÍCULO 6°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán promover la
negociación de la cartera hipotecaria, transferir sus créditos, incluyendo las
garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías, a
sociedades titularizadoras, a sociedades fiduciarias en su calidad de
administradoras de patrimonios autónomos o a otras instituciones autorizadas por
el Gobierno Nacional, con el fin de que éstas emitan títulos, para ser colocados
entre el público.

Artículo 7°. Reintegro. Los recursos autorizados para la financiación de vivienda
deberán reintegrarse al Fondo de Vivienda de Interés Social expresados en UVR,
en un plazo no superior a tres (3) años.

Artículo 8°. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2000.


ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓM.

El Ministro de Desarrollo Económico,




                                                                                   52
AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

ANGELINO GARZON.




                                             53
                              DECRETO 2620
                           18 diciembre del 2000

 Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3ª de 1991 en relación
 con el Subsidio Familiar de Vivienda en dinero y en especie para áreas
 urbanas, la Ley 49 de 1990, en cuanto a su asignación por parte de las
Cajas de Compensación Familiar y la ley 546 de 1999, en relación con la
                       vivienda de interés social.

                                  DECRETA


                                 CAPITULO I

        GENERALIDADES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA



ARTICULO 1. OBJETO. El presente decreto reglamenta en forma parcial el
Subsidio Familiar de vivienda de que tratan las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991 y
546 de 1999.


PARÁGRAFO. Las normas del presente decreto se aplicarán de igual manera a las
demás entidades que administren recursos públicos o parafiscales con destino al
Subsidio Familiar de Vivienda para áreas urbanas.




                                                                             54
ARTÍCULO 2. NOCION. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este decreto
es un aporte estatal en dinero o en especie, que se otorga por una sola vez al
beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que constituye un
complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o
mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. El aporte en especie
puede estar representado en lotes de terreno de propiedad de entidades públicas
nacionales.


PARÁGRAFO. Los beneficiarios de dicho Subsidio que hayan perdido su vivienda
por imposibilidad de pago podrán obtener de nuevo el subsidio de vivienda, por
una vez más, previa solicitud a las instituciones encargadas de su asignación, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley 546 de 1999.


ARTÍCULO 3. FUENTES DE RECURSOS. El Subsidio Familiar de Vivienda de que
trata este decreto se otorgará con cargo a los fondos del Gobierno Nacional
apropiados en los presupuestos del INURBE y con las contribuciones parafiscales
administradas por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo
establecido en las normas vigentes.


ARTÍCULO 4. COBERTURA. El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
tiene cobertura nacional y se aplica en todas las zonas definidas como suelo
urbano en los Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo IV de la ley 388 de 1997. En tanto los municipios adopten el Plan de
Ordenamiento Territorial se entiende por zona urbana las cabeceras municipales y
los centros poblados de los corregimientos que concentren una población igual o
superior a los dos mil quinientos habitantes.


ARTÍCULO 5. NOCIÓN DE HOGAR OBJETO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE
VIVIENDA. Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones
maritales de hecho y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco
hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que
compartan un mismo espacio habitacional.




                                                                                 55
ARTÍCULO 6. POSTULANTES. Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar
de Vivienda, los hogares que carecen de recursos suficientes para obtener o
mejorar una única solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales
mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales y cumplan con los requisitos que señalan la Ley 3ª. de 1991 y el
presente decreto.

PARÁGRAFO 1º. Cuando la postulación al subsidio Familiar de Vivienda lo haga
un miembro del hogar, cumpliendo los requisitos legales para ello, se entiende que
lo hace en representación de todos los miembros del hogar. Lo anterior no obsta
para que varios o todos los miembros del hogar puedan suscribir conjuntamente la
postulación al subsidio.

PARÁGRAFO 2º. Las personas que formen parte de hogares beneficiarios del
subsidio, podrán postular al subsidio cuando en el futuro conformen un nuevo
hogar, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas para ello.


Cuando se produzca la disolución de la sociedad conyugal, podrá ser parte de un
nuevo hogar postulante el cónyuge que no viva en la solución habitacional en
donde se aplicó el subsidio, siempre y cuando a éste no se le hayan adjudicado los
derechos de propiedad sobre la solución habitacional subsidiada.


ARTÍCULO 7. IMPOSIBILIDAD PARA POSTULAR AL SUBSIDIO. No podrán
postular al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este decreto los siguientes
hogares:

a) Cuando alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del
   Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con
   aplicación de créditos de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas que
   hayan regulado dichos beneficios, sea directamente o a través de algún tipo de
   organización popular de vivienda. Lo anterior regirá aun cuando la vivienda
   haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales
   beneficios.




                                                                                  56
b) Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda
   otorgados por el INURBE, por la CAJA AGRARIA, el BANCO AGRARIO y las
   CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, en los términos de la Ley 3ª de 1991,
   Ley 49 de 1990 y normas reglamentarias y, por el FOREC, de acuerdo con el
   Decreto Ley 350 de 1999 y demás entidades u organismos que se establezcan
   en el futuro para atender calamidades naturales. Lo anterior no se aplicará en
   caso que el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la respectiva entidad
   otorgante.

c) En el caso de adquisición o construcción de vivienda nueva, cuando alguno de
   los miembros del hogar sea propietario o poseedor de una solución de vivienda
   a la fecha de postular.

d) En el caso de programas de mejoramiento de vivienda cuando ningún miembro
   del hogar aparezca como propietario de la solución de vivienda que se
   pretende mejorar o alguno aparezca como propietario de otra vivienda, con
   excepción de lo establecido en el artículo 21 del presente decreto. Igualmente,
   cuando la vivienda se localice en zonas urbanas no legalizadas.

e) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan derecho a solicitar otros
   subsidios nacionales para vivienda, diferentes de los que trata este decreto.

f) Quienes hubieren presentado información falsa o fraudulenta en cualquiera de
   los procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente durante el
   término de diez (10) años conforme a lo dispuesto por la Ley 3ª de 1991.

PARÁGRAFO. No se aplicará lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la
propiedad de la vivienda o cuando haya resultado totalmente destruida o quedado
inhabitable a consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas que no sean imputables al beneficiario, en cada caso
debidamente certificadas por la autoridad competente.


ARTÍCULO 8. ENTIDADES OTORGANTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA.
Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que trata este
decreto serán el Inurbe y las Cajas de Compensación Familiar.




                                                                                57
De conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º. del artículo 91 de la Ley 388 de
1997, los recursos que destine el Gobierno Nacional para la asignación de
subsidios de vivienda se canalizarán por medio del Inurbe y se dirigirán
prioritariamente a atender las postulaciones de la población más pobre, dentro de
la cual se encuentran las personas no vinculadas al sistema formal de trabajo.

Las personas afiliadas al sistema formal de trabajo serán atendidas en forma
prioritaria por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990.

En las ciudades en donde las Cajas de Compensación Familiar no tengan la
obligación de constituir Fondos para Vivienda de Interés Social – FOVIS – o, en los
casos en donde se hayan asignado la totalidad de los recursos presupuestados
para la respectiva vigencia anual o cuando el cuociente de recaudo sea menor o
igual al ochenta por ciento (80%), el INURBE deberá aceptar y tramitar las
solicitudes de Subsidio Familiar de Vivienda, para los afiliados a tales Cajas de
Compensación Familiar con ingresos familiares hasta dos (2) salarios mínimos
mensuales legales. Los solicitantes de subsidio familiar de vivienda en el INURBE
deberán acreditar en la respectiva postulación la condición anteriormente
mencionada de la Caja de Compensación Familiar, mediante certificación emitida
por la misma.

Las Cajas de Compensación Familiar operarán de manera autónoma con respecto a
sus beneficiarios y serán los responsables del montaje y operación del registro de
ahorradores, de los postulantes y de adelantar los procesos de postulación,
calificación, asignación y pago de los subsidios.


ARTÍCULO 9. PRECIOS DE LAS VIVIENDAS SUBSIDIABLES. Los precios máximos
de las soluciones de vivienda a las cuales puede aplicarse el Subsidio Familiar de
Vivienda serán los establecidos en el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, es decir,
cien salarios mínimos legales mensuales (100 SMLM), para municipios con
población igual o inferior a cien mil (100.000) habitantes; ciento veinte salarios
mínimos legales mensuales (120 SMLM), para municipios con población superior a
cien mil (100.000) e inferior a quinientos mil (500.000) habitantes; y ciento treinta
y cinco salarios mínimos legales mensuales (135 SMLM) para municipios con
población superior a quinientos mil (500.000) habitantes.



                                                                                   58
PARÁGRAFO. El límite señalado para los municipios con más de quinientos mil
(500.000) habitantes le será aplicable a los demás municipios aledaños dentro de
su área de influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) kilómetros
de los límites del perímetro urbano de la respectiva ciudad. Igualmente, el límite
de los 135 SMLM se aplicará a los municipios que integren un área metropolitana,
siempre y cuando la población del conjunto de los municipios sea superior a
quinientos mil (500.000) habitantes, de conformidad con el parágrafo primero del
artículo 91 de la Ley 388 de 1997.


ARTÍCULO 10. SOLUCIONES DE VIVIENDA A LAS CUALES PUEDE APLICARSE EL
SUBSIDIO - TIPOS. Los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda podrán
aplicarlo a la adquisición de una solución de vivienda escogida libremente dentro
de los planes o conjuntos declarados elegibles al efecto, incluyendo el lote
urbanizado en el caso de la unidad básica por desarrollo progresivo o a su
construcción o mejoramiento, cuando se disponga de sitio propio. Se establecen
los siguientes tipos de solución de vivienda, de acuerdo con el valor o precio limite
equivalente en salarios mínimos legales mensuales (SMLM), así:

Vivienda Tipo                 Valor máximo

1                          Hasta 30 SMLM
2                          Hasta 50 SMLM
3                          Hasta 70 SMLM
4                          Hasta 100 SMLM
5                          Hasta 120 SMLM
6                          Hasta 135 SMLM

PARÁGRAFO 1º. Para estos efectos el valor de la vivienda será, en el caso de
compraventa, el precio estipulado en el contrato respectivo.

En caso de celebrarse contratos de mejoras o acabados con el vendedor de la
solución de vivienda, suscritos con anterioridad a la fecha de otorgamiento de la
escritura pública de compraventa, se presumirá que su valor forma parte del precio
de la compraventa.




                                                                                   59
PARÁGRAFO 2º. Para los casos de mejoramiento y de construcción en sitio
propio se tendrá como valor de la solución de vivienda el que arroje el presupuesto
de obra con el correspondiente costo financiero, de acuerdo con la documentación
para elegibilidad del plan o conjunto. En éste valor se incluirá el del terreno o lote,
valorado de acuerdo con el respectivo avalúo catastral. En este caso el subsidio
familiar de vivienda solo se podrá destinar a vivienda tipo 1 y 2 en ciudades con
menos de 500.000 habitantes y hasta vivienda tipo 3 en ciudades mayores.


PARÁGRAFO 3º. El valor de la solución de vivienda a la que se aplicará el
subsidio podrá ser diferente al de la solicitud de la postulación, siempre y cuando
tal valor se encuentre en el rango de precio establecido para el mismo tipo de
vivienda y el demandante demuestre fehacientemente la fuente de recursos
adicionales que cubren la diferencia de precios.

PARÁGRAFO 4º. Para los efectos de la calificación establecida en el decreto 1396
de 1999, la variable B4 que define los valores para el Tipo de Vivienda a la cual el
postulante aplicará el subsidio se calculará así: Si la vivienda a la que esté
postulando es de tipo 1, B4 es igual a 6. Si es de tipo 2, B4 es igual a 5. Si es de
tipo 3, B4 es igual 4. Si es de tipo 4, B4 es igual 3. Si es de tipo 5, B4 es igual 2. Si
es de tipo 6, B4 es igual 1.


ARTÍCULO 11. PLANES O CONJUNTOS DE SOLUCIONES DE VIVIENDA. Para los
efectos de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, se entiende como plan
de vivienda un conjunto de diez (10) o más soluciones de vivienda, sean estas de
vivienda nueva, construcción en sitio propio o de mejoramiento, que conforman un
proyecto objeto de una o varias licencias de construcción o una etapa del mismo,
desarrollados por una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal.

PARÁGRAFO 1º. En los casos de construcción en sitio propio y de mejoramiento
de vivienda estas pueden ser nucleadas o dispersas.

PARÁGRAFO 2º. Cuando el techo presupuestal departamental o los recursos del
FOVIS de la Caja de Compensación Familiar sean menores al equivalente de diez
(10) subsidios familiares de vivienda, no se tendrá en cuenta el límite de planes o
conjuntos de soluciones de vivienda, establecido en el presente artículo.



                                                                                       60
ARTICULO 12. VALOR DEL SUBSIDIO. Los montos del Subsidio Familiar de
Vivienda de que trata este decreto se determinan en función del tipo de solución
de vivienda que adquirirá, construirá o mejorará el beneficiario, así:

1. El equivalente a Veinticinco Salarios Mínimos Legales Mensuales (25 SMLM) en
   la fecha de su asignación, cuando se aplique a viviendas Tipos 1 y 2 en
   cualquier municipio y, hasta Tipo 3, cuando el municipio tenga una población
   superior a los quinientos mil (500.000) habitantes.

2. Para aplicar a viviendas Tipo 3, en municipios con población inferior a
   quinientos mil (500.000) habitantes y Tipos 4, 5 y 6 en todos los municipios, el
   valor del subsidio será el equivalente a Veinte Salarios Mínimos Legales
   Mensuales (20 SMLM) en la fecha de su asignación.

3. Para aplicar el subsidio a mejoramiento de vivienda, su valor será hasta de
   doce y medio salarios mínimos mensuales legales (12,5 SMLM), en los
   municipios con población menor a quinientos mil (500.000) habitantes y, hasta
   de quince Salarios Mínimos Legales Mensuales (15 SMLM), en los municipios
   con población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, de acuerdo con el
   presupuesto de obra.

PARÁGRAFO 1º. Para el caso de viviendas Tipo 3, en municipios con población
superior a quinientos mil (500.000) habitantes, se aplicará a los demás municipios
aledaños dentro de su área de influencia y hasta una distancia no mayor de
cincuenta (50) kilómetros de los límites del perímetro urbano de la respectiva
ciudad, el límite del precio del valor de la vivienda subsidiable en Ciento Treinta y
Cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales (135 SMLM.).

PARÁGRAFO 2º: No obstante lo aquí dispuesto, en ningún caso la cuantía del
subsidio de que trata este decreto podrá ser superior al noventa por ciento (90%)
del valor o precio de la solución de vivienda a adquirir o construir y al noventa por
ciento (90%) del valor de la mejora, en la fecha de asignación del subsidio.




                                                                                   61
ARTÍCULO 13. VIGENCIA DEL SUBSIDIO. La vigencia de los subsidios
correspondientes al sistema que regula el presente decreto será de doce (12)
meses calendario, contados desde el día 1º del mes siguiente a la fecha de la
publicación de su asignación. Para el caso de las postulaciones colectivas, dicha
vigencia podrá ser hasta de quince (15) meses, siempre y cuando lo permitan las
normas sobre vigencia presupuestal, para el caso de los recursos del Inurbe.


ARTÍCULO 14. RENUNCIA AL SUBSIDIO. El beneficiario del subsidio podrá, en
cualquier momento, renunciar voluntariamente al beneficio obtenido, mediante
comunicación suscrita en forma conjunta por los miembros del grupo familiar
mayores de edad y la devolución a la entidad otorgante del documento que
acredita la asignación del subsidio respectivo. La renuncia al subsidio no implica la
pérdida del derecho a postular nuevamente.


ARTÍCULO 15. MODALIDADES DE SOLUCIONES DE VIVIENDA A LAS CUALES
PUEDE APLICARSE EL SUBSIDIO. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata
éste decreto se podrá aplicar a programas de soluciones de vivienda nueva, a
construcción en sitio propio y a soluciones de mejoramiento de vivienda.


ARTÍCULO 16. MODALIDADES DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA. Las
soluciones de vivienda nueva a adquirir o construir, mediante la aplicación del
Subsidio Familiar de Vivienda, podrán ser unidades básicas por desarrollo
progresivo, unidades básicas y viviendas mínimas.

La adquisición de vivienda es el proceso mediante el cual el beneficiario de un
subsidio familiar obtiene su solución de vivienda en el mercado, mediante la
celebración y registro de un contrato de compraventa, dentro de los planes
declarados elegibles por la entidad competente.

La construcción en sitio propio se refiere al proceso por el cual el beneficiario del
subsidio obtiene su solución de vivienda mediante la edificación de la misma en un
lote de su propiedad o de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante, o
participa como afiliado en programas colectivos de construcción, a través de una
entidad que promueva tales programas.



                                                                                   62
PARÁGRAFO 1º. Sin perjuicio de lo dispuesto por las normas urbanísticas
municipales, para los efectos de lo previsto en este decreto, se entiende como lote
urbanizado, para cualquier modalidad de vivienda, aquel que cuenta con las
acometidas domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
energía y las obras de vías y espacios públicos completos.

PARÁGRAFO 2º. Para postulantes que estén incorporados en programas de
reasentamientos de familias contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial
del respectivo municipio o distrito, por causas tales como alto riesgo no mitigable,
obra pública, renovación urbana y reordenamiento urbano, y les sea promovida y
financiada en su totalidad la solución de vivienda nueva, mediante créditos puente,
por parte de la entidad territorial o unidades administrativas, dependencias,
entidades, entes u oficinas que cumplan con las funciones de implementar las
políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito, el Subsidio familiar
de vivienda servirá para amortizar el valor de dicho crédito puente.


ARTÍCULO 17. UNIDAD POR DESARROLLO PROGRESIVO. Es la solución de
vivienda cuya construcción se efectúa en dos etapas, comprendiendo la primera
etapa como mínimo, la adquisición de un lote urbanizado y la segunda etapa, la
ejecución de la unidad básica de vivienda.

La entidad responsable del plan deberá desarrollar esta unidad en la modalidad de
postulación colectiva y asegurar la financiación total de la solución, incluyendo el
desarrollo de la segunda (2ª) etapa, así como la asistencia técnica necesaria para
que la misma se desarrolle dentro del plazo de vigencia del subsidio.

ARTÍCULO 18. UNIDAD BASICA. Es la solución de vivienda que, además del lote
urbanizado, incluye una edificación conformada por un espacio múltiple, cocina,
lavadero, baño con sanitario, lavamanos y ducha, que contemple la posibilidad de
desarrollo hasta una vivienda mínima.


ARTÍCULO 19. VIVIENDA MÍNIMA. Es la solución de vivienda que además de la
unidad básica incluye espacios independientes para alcobas.




                                                                                     63
ARTÍCULO 20. CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO. Se entiende por construcción
en sitio propio la construcción de vivienda que pretende adelantar la familia
postulante al subsidio familiar de vivienda, en un lote de terreno cuyo dominio se
encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a nombre de
uno cualquiera de los miembros del hogar postulante.

PARÁGRAFO. Para todos los casos, los programas realizados con base en terrazas
o cubiertas de losa se asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas nuevas
resultantes de proyectos de redensificación, renovación o redesarrollo urbano, se
asimilarán a proyectos de construcción en sitio propio.


ARTÍCULO 21. SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. Es la solución de
vivienda que permite la superación de una o varias de las carencias básicas de la
vivienda, cuyo título de propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar
de los postulantes, a excepción de las viviendas que hagan parte de programas
municipales de legalización de las urbanizaciones, en los términos establecidos en
el articulo 48 de la ley 9 de 1989.

Cuando la solución habitacional que se proyecta, sea de mejoramiento, el hogar
postulante debe habitar una vivienda de su propiedad, o de alguno de los
miembros del hogar, que presente al menos una de las siguientes situaciones:

   Carencia de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y
    alcantarillado.

   Carencia de baños y/o cocina.

   Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.

   Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados.

   Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfáltica y
    madera de desecho.




                                                                                64
   Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vivienda con
    más de tres personas por cuarto (incluyendo sala, comedor y dormitorios).

Las postulaciones para mejoramiento se realizarán a través de la modalidad de
postulación colectiva.

PARÁGRAFO 1º. En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se
encuentre construida en materiales provisionales, se considerará objeto de un
programa de construcción en sitio propio.

PARÁGRAFO 2º. Para mejoramiento de vivienda, las entidades otorgantes no
podrán destinar más del diez por ciento (10%) de recursos del presupuesto anual
del subsidio familiar de vivienda.


ARTICULO 22. OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA POLÍTICA DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Los municipios y distritos, en su carácter de
instancias responsables a nivel local de la política en materia de vivienda y
desarrollo urbano, participarán en el programa de subsidios a la demanda, de
conformidad con las reglas y modalidades establecidas en el presente decreto.

Las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No
Gubernamentales, las Cajas de Compensación Familiar, las Unidades
Administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas que cumplan con las
funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio o
distrito, los Fondos Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales u otras
entidades con personería jurídica vigente, que tengan incluido en su objeto social
la promoción y el desarrollo de programas de vivienda, podrán participar en los
diferentes programas de vivienda a los cuales los beneficiarios podrán aplicar sus
subsidios, en los términos previstos en la Ley 3ª de 1991 y normas reglamentarias.

PARÁGRAFO. Las postulaciones realizadas por las Organizaciones No
Gubernamentales, incluidas las Organizaciones Populares de Vivienda, se realizarán
a través de postulación colectiva. Su participación se podrá hacer mediante aportes
no reembolsables, certificados por su Revisor Fiscal y soportados en los
documentos contables del caso. Los aportes en tierra no urbanizada, en todos los
casos se entenderán equivalentes, como máximo, al diez por ciento (10%) del



                                                                                   65
valor de la solución de vivienda y se podrán adicionar como ahorro programado
para efectos de la calificación del hogar postulante.


                       CAPITULO II
 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA


                                   SECCIÓN I

                      POSTULACION A LOS SUBSIDIOS


ARTÍCULO 23. MODALIDADES DE LA POSTULACION. La solicitud de asignación
de los subsidios familiares de vivienda se hará mediante postulación, dado el
cumplimiento de las condiciones de ahorro previo, bajo las modalidades de ahorro
programado y realización de aportes periódicos en las entidades captadoras de
recursos indicadas en el inciso siguiente, y la financiación complementaria para la
obtención de la solución de vivienda.

El ahorro previo, en la modalidad de ahorro programado, se realizará con
establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria;
cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro
y crédito, previamente autorizadas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, para el ejercicio de la actividad financiera, vigiladas por esta misma
entidad e inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP. El ahorro previo, en la modalidad de aportes periódicos, se realizará
en Fondos Comunes Especiales administrados por Sociedades Fiduciarias, cuya
finalidad específica sea que sus aportantes adquieran vivienda; y en Fondos
Mutuos de Inversión vigilados por la Superintendencia de Valores; así mismo se
considerará ahorro previo, en la modalidad de aportes periódicos, las cesantías
depositadas en los fondos públicos o privados de cesantías o en el Fondo Nacional
de Ahorro. El monto del ahorro previo deberá ser como mínimo igual al diez por
ciento (10%) del valor de la solución de vivienda a adquirir o a construir o del
valor del mejoramiento y deberá conformarse en un período no inferior al
establecido en el artículo 30 del presente decreto.




                                                                                 66
La postulación al subsidio familiar de vivienda podrá ser individual o colectiva. Se
denomina postulación individual aquella en la cual un hogar, en forma
independiente, solicita el subsidio para la adquisición de vivienda. Se denomina
postulación colectiva aquella en la cual un grupo de hogares solicita el subsidio,
para su aplicación a soluciones de vivienda que conforman un proyecto en el que
participan los postulantes.


ARTÍCULO 24. DE LAS POSTULACIONES COLECTIVAS. Las postulaciones
Colectivas se realizan a través de las Organizaciones Populares de Vivienda, las
Organizaciones No Gubernamentales, las Cajas de Compensación Familiar, los
constructores, las unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u
oficinas que cumplan con las funciones de implantar las políticas de vivienda de
interés social en el municipio o distrito, los Fondos Departamentales de Vivienda,
las entidades territoriales u otras entidades con personería jurídica vigente que
tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de
vivienda de interés social para sus asociados, afiliados o vinculados, que hayan
definido conjuntamente un proyecto de vivienda al cual aplicarán el subsidio, el
cual podrá ser de mejoramiento, adquisición o construcción de vivienda, de
conformidad con los planes establecidos en el presente decreto. La financiación de
tales postulaciones se hará a través de aportes económicos solidarios y su
ejecución se realizará por sistemas de autogestión o participación comunitaria, de
acuerdo con el artículo 62 de la ley 9ª de 1989 y del decreto 2391 de 1989.

Se entiende por financiación a través de aportes económicos solidarios aquella en
la cual los afiliados o asociados participan directamente, mediante aportes en
dinero y trabajo comunitario, o en cualquiera de las dos modalidades. Se entiende
por sistemas de autogestión o participación comunitaria aquellos en los cuales el
proyecto se desarrolla con la participación de todos los afiliados administrativa,
técnica ó financieramente. Estos últimos pueden ser por autoconstrucción o por
construcción delegada.

En la postulación colectiva, las condiciones de ahorro previo y crédito se evaluarán
individualmente y, de igual forma se otorgarán los subsidios a cada socio, miembro
o afiliado postulante.




                                                                                  67
En las postulaciones colectivas se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Referirse únicamente a viviendas Tipos 1 y 2 en todos los municipios y, Tipo 3
   en municipios con población superior a quinientos mil (500.000) habitantes y a
   programas de mejoramiento.

2. Los integrantes del grupo deberán ser afiliados a la misma Caja de
   Compensación Familiar o estar todos por fuera del sistema de Cajas. No
   obstante, las Cajas de Compensación Familiar podrán hacer o promover
   alianzas o uniones temporales, para conformar proyectos colectivos entre ellas
   mismas y entre ellas y el Inurbe.

3. El número de afiliados que conforman el grupo que postula no podrá ser
   inferior a diez (10) ni superior a cien (100), salvo lo establecido en el parágrafo
   2º del artículo 11 del presente decreto.

4. Acreditar la propiedad del lote o terreno, cuando a ello haya lugar y la
   correspondencia entre el número de lotes y postulantes.

5. Los afiliados beneficiados sólo podrán aplicar sus subsidios al pago del precio
   de adquisición, construcción o mejoramiento de una vivienda incluida en el
   proyecto presentado y declarado elegible.

PARÁGRAFO 1º. Los aportes económicos solidarios, realizados en trabajo, no
reemplazarán para ningún efecto el ahorro previo.

PARÁGRAFO 2º. En las Postulaciones Colectivas el ahorro previo podrá estar
conformado por el terreno sobre el cual se plantea el desarrollo del programa de
vivienda, siempre y cuando se acredite su propiedad por parte de los postulantes o
de las entidades promotoras de programas, diferentes a las empresas
constructoras y su destinación exclusiva a dicho programa. El terreno debe estar
libre de todo gravamen o hipoteca o condición resolutoria. Este ahorro se estimará
en un diez por ciento (10%) del valor de las respectivas soluciones de vivienda, en
el caso del terreno en bruto, y hasta en un veinte por ciento (20%), en el caso de
terrenos urbanizados.




                                                                                    68
PARÁGRAFO 3º. En la postulación colectiva se presentará en forma simultánea la
postulación y el respectivo proyecto donde se aplicarán los subsidios. El proyecto
deberá contar con la declaración de elegibilidad de la entidad competente.


ARTÍCULO 25. POSTULACIÓN PARA PROGRAMAS EN SITIO PROPIO. Podrán
desarrollar proyectos de construcción en sitio propio, con fines de obtener el
Subsidio Familiar de Vivienda para sus asociados, afiliados o vinculados: las
Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No Gubernamentales,
las Cajas de Compensación Familiar, los constructores, las unidades
administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas que cumplan con las
funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio o
distrito, los Fondos Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales u otras
entidades con personería jurídica vigente, que tengan incluido en su objeto social
la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social. Los
proyectos se realizarán con base en lotes individuales, loteos, terrazas o en
divisiones de propiedad horizontal.

La construcción propuesta deberá contar con licencia de construcción y
disponibilidad inmediata, mediante la conexión a redes matrices, de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, según
certificados expedidos por las respectivas empresas de servicios públicos, sin
perjuicio de la reglamentación mínima del municipio.

En todos los casos de construcción en sitio propio, el plan correspondiente deberá
desarrollarse bajo la modalidad de postulación colectiva.

PARÁGRAFO. Todos los esquemas de construcción, en cualquier modalidad,
deben resultar en una vivienda cuyo valor sea inferior a los topes legales de precio
de vivienda de interés social subsidiable.


ARTÍCULO 26. REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS ENTIDADES
OFERENTES EN POSTULACIÓN COLECTIVA. Las entidades que deseen participar
en la presentación de programas de vivienda de interés social, que se realicen con
base en postulación colectiva, deberán acreditar ante el Inurbe los siguientes
requisitos:



                                                                                   69
a) Estar legalmente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio respectiva.

b) Estar inscrita en el Registro Único de Proponentes.

c) Demostrar una capacidad financiera de contratación igual o mayor al valor total
   del proyecto presentado para declaratoria de elegibilidad.

d) Demostrar una experiencia mínima de dos (2) años en gestión y promoción de
   vivienda.

e) Estar sometida a auditoría externa.


PARÁGRAFO 1º. La experiencia mínima, exigida a la entidad, se podrá suplir
con la demostración de 10 años de experiencia específica en gestión y promoción
de vivienda por parte del representante legal de la entidad oferente.


PARÁGRAFO 2º. Cuando la Organización Popular de Vivienda no cumpla con los
requisitos establecidos en los literales c y d, éstos se podrán suplir con un aval de
un organismo de segundo grado - Federación de Vivienda - legalmente reconocida
que cumpla, además, con los requisitos exigidos de capacidad de contratación y de
tiempo de experiencia. La organización de segundo grado responderá
solidariamente en todos los aspectos, ante la entidad otorgante del subsidio, por la
postulación realizada por la Organización Popular de Vivienda avalada por ella.

En tal caso, el valor del proyecto afectará la capacidad financiera residual de la
organización de segundo grado que avale a la Organización Popular de Vivienda.


PARÁGRAFO 3º. Las entidades territoriales o las unidades administrativas,
dependencias, entidades, entes u oficinas que cumplan con las funciones de
implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito,
participarán por derecho propio como oferentes en programas de vivienda de
interés social con postulación colectiva.




                                                                                   70
ARTÍCULO 27. DEL REGISTRO DE AHORRADORES. El acceso al módulo de
demanda del Sistema de Información del Subsidio se realizará mediante la
inscripción en el Registro de Ahorradores, en el cual se inscribirán las personas
interesadas en ser beneficiarias del Subsidio Familiar de Vivienda.

Para solicitar su inscripción en el Registro de Ahorradores, los interesados en ser
beneficiarios del subsidio de que trata este decreto deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Abrir una Cuenta de Ahorro para la Vivienda o realizar los aportes periódicos en
   los fondos comunes especiales o en los fondos mutuos de inversión, vigilados
   por la Superintendencia de Valores, a nombre del inscrito o su cónyuge o uno
   de los miembros del hogar beneficiario. Tal obligación es extensiva incluso en
   los casos en que el compromiso de ahorro se realice en cesantías o en
   terrenos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 42 del presente
   decreto.

2. Diligenciar el formulario de inscripción en el Registro de Ahorradores, en el cual
   se incluirá la identificación completa de los integrantes del hogar del ahorrador,
   con indicación de su ocupación e ingresos mensuales.


PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en el Inciso 2º del artículo 45 de este
decreto, con el fin de mantener el principio de equidad y estimular la generación
de oferta de viviendas de los Tipos 1, 2 y 3, los respectivos interesados se
inscribirán en el Registro de Ahorradores con una antelación no inferior al plazo del
ahorro previo establecido en el artículo 30 del presente decreto. En estos eventos,
en lugar de la apertura de la Cuenta de Ahorro para la Vivienda o de la iniciación
de los aportes periódicos para el ahorro previo para la vivienda, se deberá
acreditar la financiación complementaria con recursos de subsidios de otras
fuentes.




                                                                                   71
ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AHORRADORES. La inscripción
en el Registro de Ahorradores se hará simultáneamente con la iniciación del ahorro
previo en cualquiera de sus dos modalidades. Las entidades captadoras de
recursos reportarán este hecho al Sistema de Información del Subsidio.

En los casos en que no se requiera ahorro previo o éste se encuentre representado
por terrenos, la inscripción en el registro de ahorradores se realizará en las
entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda.


ARTÍCULO 29. SUMINISTRO DE INFORMACION SOBRE EL AHORRO PREVIO.
Además de la información de la iniciación del ahorro previo, las entidades
captadoras de recursos deberán allegar a la entidad operadora del Registro de
Ahorradores del Sistema de Información del Subsidio, trimestralmente y en medio
magnético, la información detallada que se requiera para mantener actualizado
dicho Registro.


ARTÍCULO 30. PLAZO DEL AHORRO PREVIO. Quienes se encuentren inscritos en
el Registro de Postulantes, de acuerdo con las normas del decreto 824 de 1999 y
quienes lo hicieren, de acuerdo con las normas del presente decreto, deberán
acreditar como mínimo, en el año 2000 y 2001, un período de ahorro previo de
tres (3) meses. Quienes lo hagan para las postulaciones del año 2002 deberán
acreditar, como mínimo, un período de ahorro de seis (6) meses. El período de
ahorro previo mínimo de 12 meses se aplicará para las postulaciones del año 2003
y siguientes.


ARTÍCULO 31. REGISTRO DE POSTULANTES. Las personas inscritas en el
Registro de Ahorradores, que cumplan con los requisitos de ahorro previo y
evaluación de su capacidad de crédito, cuando éste se requiera, podrán solicitar el
Subsidio Familiar de Vivienda mediante su ingreso al Registro de Postulantes, en
las entidades otorgantes del subsidio.




                                                                                 72
La postulación se realizará mediante el diligenciamiento del formulario de
postulación y la entrega de los documentos que se señalan a continuación:


1. Copia de las comunicaciones recibidas por las entidades captadoras de
   recursos, en las cuales se avisa el hecho de la postulación y la ratificación de
   aplicar la totalidad del ahorro previo para la vivienda que se adquirirá con el
   subsidio, con la consecuente inmovilización de los mismos, en los términos
   previstos en los artículos 38 y 42 de este decreto.

2. Informe de la evaluación de la capacidad de crédito por parte del
   establecimiento que lo tramitó, con indicación del monto del préstamo al cual
   podrá acceder el postulante, en caso de requerirse para completar el valor de la
   vivienda. En caso de no utilizarse financiación, se acreditará la disponibilidad
   inmediata de los recursos para la obtención de la solución de vivienda, en la
   forma señalada en el artículo 44 de este decreto.

3. Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho y registro civil
   de nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar.

4. Documento expedido por la autoridad competente que acredite la condición de
   mujer cabeza de hogar, cuando fuere del caso.

5. Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN, para quien lo posea.

6. Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los cónyuges
   que conforman el hogar postulante, el cual incluirá la actualización de la
   información socioeconómica de los miembros del hogar; la condición de mujer
   cabeza de hogar, cuando a ello hubiere lugar; la Caja de Compensación
   Familiar y Fondo de Cesantías a los cuales se encuentren afiliados al momento
   de postular, si fuere del caso; el municipio en el cual desea aplicar el subsidio.
   Cuando se trate de postulaciones colectivas, en el formulario se determinará el
   correspondiente plan o conjunto de soluciones.

7. Declaración jurada de que el postulante, su cónyuge y los demás miembros del
   hogar, cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios
   del Subsidio Familiar de Vivienda, que no están incursos en las inhabilidades



                                                                                   73
   para solicitarlo y que sus ingresos familiares no son superiores al equivalente a
   cuatro salarios mínimos legales mensuales (4 SMLM).

8. Autorización para la verificación de la información suministrada por el
   postulante y de su destinación para los fines del subsidio y la aceptación de la
   exclusión automática del sistema de postulación al subsidio, en los casos de
   verificarse falsedad o fraude en la información o la documentación.

9. En postulaciones colectivas, certificación de aportes del municipio o de una
   Organización No Gubernamental, en terrenos para planes previamente
   declarados elegibles, o en efectivo, cuando a ello hubiere lugar. En caso de
   terrenos no desenglobados, el aporte de cada postulante será el
   correspondiente a la parte alícuota sobre el valor del mismo.


PARÁGRAFO 1º. Dentro de los recursos propios a acreditar por parte del
postulante, se podrán incluir las cuotas iniciales entregadas al vendedor del
inmueble respectivo, cuando así se haya pactado entre las partes.


PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 del presente
decreto, se ingresará al Registro de Ahorradores y Postulantes, inscribiéndose ante
el Inurbe, las unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas
que cumplan con las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés
social en el municipio o distrito, los Fondos Departamentales de Vivienda y otros
puntos de atención y recepción de información, que determine la entidad
otorgante del subsidio.


PARÁGRAFO 3º. Los afiliados a una Caja de Compensación Familiar ingresarán al
Registro de Ahorradores y Postulantes inscribiéndose ante la Caja en la cual se
encuentran afiliados y no tendrán que acreditar aquellos documentos que se
encuentren debidamente actualizados en la respectiva Caja.


ARTÍCULO 32. PERÍODO DE POSTULACIÓN. Los inscritos en el Registro de
Postulantes, que no fueren beneficiarios en una asignación, podrán continuar como



                                                                                  74
postulantes hábiles para las asignaciones de la totalidad del año calendario. Si no
fueren beneficiarios en las demás asignaciones de dicho año, para continuar
siendo postulantes en las asignaciones del año siguiente deberán manifestar tal
interés, mediante una comunicación escrita dirigida a la entidad donde postularon
por primera vez. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de mantenerse en el
Registro de Postulantes mediante la actualización de la información, cuando
correspondiere. En todo caso, la comunicación del interés o la actualización de la
información deberá acompañarse de la certificación actualizada de los ahorros, en
donde conste su antigüedad, el saldo y la inmovilización de los mismos.

PARÁGRAFO. La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda ante la cual
se realiza la inscripción en el Registro de Postulantes, al igual que las entidades
que ésta autorice para tal efecto, verificarán que la documentación se encuentra
completa y entregarán un desprendible acreditando tal hecho. Dicha entidad será
responsable del envío de la información correspondiente a la entidad operadora del
sistema de información del subsidio, a través de los medios establecidos en el
reglamento de operación del mismo, dentro de los plazos que se establezcan al
efecto.


ARTÍCULO 33. DUPLICIDAD DE POSTULACIONES. Ningún hogar podrá acceder al
sistema de información del subsidio con más de una solicitud de postulación, así
sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del hogar. Si se
infringe esta prohibición, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de
inmediato mediante el mecanismo que se establezca al efecto. Si se detectare su
infracción con posterioridad a la asignación del subsidio, éste no será pagado y si
ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con
el Índice de Precios al Consumidor – IPC- desde la fecha en que se asignó.

La infracción de esta norma implicará la pérdida del derecho a nuevas
postulaciones durante un período de diez (10) años.




                                                                                 75
                            SECCION II
             SISTEMA DE AHORRO PREVIO PARA LA VIVIENDA


ARTÍCULO 34. SISTEMA DE AHORRO PREVIO. Los aspirantes al Subsidio Familiar
de Vivienda se comprometerán a realizar aportes mensuales, con el fin de reunir el
ahorro previo para la adquisición de una vivienda de interés social, durante un
periodo de tiempo determinado.

El valor de los depósitos a realizar en cada mes, para alcanzar el porcentaje
mínimo establecido, se calculará en pesos.

PARÁGRAFO 1º. El ahorrador podrá cambiar semestralmente los términos del
compromiso adquirido, sin que tales cambios afecten la antigüedad del ahorro
previo.

PARÁGRAFO 2º. El tiempo convenido para el ahorro de que trata este artículo no
podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 30 del presente decreto, contado a
partir del día del inicio del ahorro previo.

PARÁGRAFO 3º. Los ahorradores podrán realizar aportes extraordinarios a su
ahorro previo.


ARTÍCULO 35. CUENTAS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. Las personas
interesadas en ser beneficiarias de un Subsidio Familiar de Vivienda, en la
modalidad de ahorro programado, constituirán depósitos de ahorro en cuentas que
se denominarán Cuentas de Ahorro para la Vivienda, en establecimientos de
crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria, cooperativas de ahorro y crédito
y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, previamente
autorizadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para el ejercicio de
la actividad financiera, vigiladas por esta misma entidad e inscritas en el Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP – y en el Fondo Nacional de
Ahorro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1453 de 1.998 y en la Ley 546
de 1.999, con el propósito de que acumulen, mediante tal sistema, el ahorro previo
requerido para la postulación al Subsidio Familiar de Vivienda.




                                                                                   76
ARTÍCULO 36. APORTES PARA EL AHORRO PREVIO PARA LA VIVIENDA. Los
postulantes al subsidio Familiar de Vivienda, en la modalidad de aportes periódicos,
acumularán los recursos requeridos para el ahorro previo, con aportes realizados
en los Fondos Comunes Especiales           cuya finalidad específica sea que sus
aportantes adquieran vivienda y en los Fondos Mutuos de Inversión.

Estas entidades deberán informar a los suscriptores de manera clara y explícita, al
momento del ofrecimiento del servicio, que respecto a los aportes efectuados a
dichos fondos no opera el seguro de depósitos del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras.


PARÁGRAFO. Los Fondos Comunes Especiales de que trata el presente artículo
deberán efectuar sus inversiones en títulos calificados en las categorías que al
efecto determine la Superintendencia Bancaria y su reglamento de inversiones
deberá contemplar que las mismas se efectuarán, de preferencia, en bonos
hipotecarios o en títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización
inmobiliaria, siempre que los mismos cumplan con el requisito de calificación
mencionado.


ARTÍCULO 37. EVALUACION DEL COMPROMISO DE AHORRO. El cumplimiento
del compromiso de ahorro será informado por la entidad captadora de recursos,
evaluado por las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda, con base
en el promedio trimestral. Dicha evaluación deberá ser reportada al operador del
Sistema de Información del Subsidio.

El incumplimiento del compromiso de ahorro producirá pérdida de puntaje para
esta variable en la calificación de las postulaciones.


ARTÍCULO 38. INMOVILIZACION Y APLICACIÓN DEL AHORRO PREVIO. Con el
fin de garantizar su aplicación al pago del precio de adquisición, construcción o
mejoramiento de la vivienda, a partir del momento de la postulación el ahorro
acreditado será inmovilizado en la entidad en la cual esté depositado, mientras se




                                                                                  77
encuentre vigente la postulación, de acuerdo con la autorización otorgada por el
titular al momento de iniciar el ahorro previo.

Una vez comunicada la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda los recursos
que constituyen el ahorro previo se aplicarán al pago de la cuota inicial de la
solución de vivienda adquirida por el beneficiario, o a su edificación en los casos de
construcción en sitio propio o de mejoramiento.


ARTÍCULO 39. RETIROS ANTERIORES A LA POSTULACION. El retiro de recursos
que conforman el ahorro previo para la Vivienda implicará la pérdida de
antigüedad para efectos de calificación. En tal caso, el ahorrador deberá definir su
nuevo compromiso de ahorro para continuar dentro del Registro de Ahorradores.

PARÁGRAFO. Lo anterior no se aplicará cuando el retiro se haga para compra
del terreno en las postulaciones colectivas. Igualmente, no se aplicará a los retiros
de los aportes extraordinarios previstos en el parágrafo 3º del artículo 34 del
presente decreto.


ARTÍCULO 40. TRASLADO DE LOS DEPOSITOS. Cada seis (6) meses, los
ahorradores podrán trasladar libremente sus recursos entre las entidades
captadoras, siempre y cuando no esté vigente la postulación al Subsidio Familiar
de Vivienda.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar traslados a la entidad financiera que
otorgue al postulante el préstamo de largo plazo para vivienda, sin que se aplique
el término previsto en el inciso anterior.

PARÁGRAFO 1º: Los traslados de que trata este artículo no implicarán la
modificación en el compromiso de ahorro establecido, ni interrupción en su
permanencia o antigüedad.

PARÁGRAFO 2º: En todo caso, el traslado de los recursos se realizará
directamente entre las entidades, sin que haya lugar a la entrega de los mismos a
los ahorradores.




                                                                                    78
ARTÍCULO 41. CONTRAPRESTACIONES. La conformación del ahorro previo
genera el derecho a postular al Subsidio Familiar de Vivienda, pero en ningún caso
implica el derecho a su asignación.




                                SECCION III
                            AHORRO EN CESANTIAS


ARTÍCULO 42. AHORRO EN CESANTIAS. El ahorro previo en esta modalidad
implicará el compromiso, por parte del interesado en ser beneficiario de un
Subsidio Familiar de Vivienda, de aplicar a la vivienda sus cesantías depositadas en
fondos privados o públicos que se especialicen en la administración de cesantías y
en el Fondo Nacional de Ahorro, así como los aportes que en el futuro se depositen
en su nombre, dentro de los montos y plazos establecidos.

Para efectos de la calificación de las postulaciones, la antigüedad de este ahorro se
contará a partir de la fecha de la orden de inmovilización por parte del postulante.
Pese a lo anterior, la antigüedad de la orden de inmovilización de las cesantías no
será condición para la postulación al subsidio familiar de vivienda. Cuando el
monto de las cesantías no cubra el diez por ciento (10%) exigido de ahorro previo,
el monto faltante se reunirá a través de cualquiera de las modalidades del ahorro
previo indicadas en el presente decreto. Cuando las cesantías cubran el 80% o
más del monto del ahorro previo, el postulante podrá completarlo a efectos de
quedar habilitado como postulante al subsidio familiar de vivienda.


PARÁGRAFO. Cuando las cesantías no hayan sido transferidas a la entidad
especializada para su manejo, la institución o empresa donde se encuentre la
cesantía certificará su disponibilidad inmediata y el compromiso del interesado en
ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda, cumpliendo con lo establecido en
el presente decreto.




                                                                                   79
ARTÍCULO 43. COMPROMISO DE NO RETIROS Y APLICACIÓN DE LAS
CESANTIAS. Lo dispuesto en los artículos 34 al 38 de este decreto se aplicará en lo
pertinente al ahorro previo para la vivienda conformado con cesantías. De igual
manera, el Fondo Nacional de Ahorro y los fondos públicos o privados de cesantías
suministrarán trimestralmente, a la entidad operadora del Sistema de Información
del Subsidio, en medio magnético, la información detallada que se requiera para
mantenerlo actualizado.



                             SECCION IV
               AHORRO EN LAS POSTULACIONES COLECTIVAS


ARTÍCULO 44. AHORRO PREVIO EN LAS POSTULACIONES COLECTIVAS. En las
postulaciones Colectivas, cuando el ahorro previo esté conformado por terrenos,
para determinar el período del mismo se tendrá como punto de partida la fecha de
iniciación del ahorro previo, si el producto del ahorro se utilizó en la adquisición del
terreno o, en su defecto, la fecha de compra del terreno, siempre que el predio se
encuentre libre de todo gravamen.

La financiación complementaria para la obtención de la solución de vivienda,
cuando se requiera, será acreditada mediante la evaluación de la capacidad de
crédito del postulante o con la verificación del monto de los recursos propios,
conformados por la suma del ahorro previo y el subsidio, de acuerdo con lo
establecido en el presente decreto.

PARÁGRAFO 1º. Los interesados en ser beneficiarios de un subsidio familiar de
vivienda en cualquier modalidad de postulación, para aplicarlo a compra,
adquisición o mejoramiento de viviendas Tipos 1 y 2 en todos los municipios y Tipo
3 en municipios con población superior a los quinientos mil (500.000) habitantes,
que dispongan de financiación total de la solución de vivienda, mediante otras
fuentes de subsidio municipal o de Organizaciones No Gubernamentales o por
donación de entidades nacionales o internacionales, no tendrán que acreditar el
requisito del ahorro previo.




                                                                                      80
PARÁGRAFO 2º. En los casos de construcción en sitio propio y de mejoramiento,
el diez por ciento (10%) de ahorro previo mínimo se calculará sobre el valor del
presupuesto de construcción correspondiente.

PARÁGRAFO 3°. En los programas de mejoramiento, el terreno no podrá
considerarse como ahorro previo, aun cuando deba certificarse la propiedad del
mismo. Se exceptúa lo establecido en el artículo 21 del presente decreto en lo
concerniente al programa de titulación o proceso de legalización.



                            SECCION V
         OBLIGACIONES DE LOS POSTULANTES A LOS SUBSIDIOS


ARTÍCULO 45. CUMPLIMIENTO DEL AHORRO PREVIO. Será responsabilidad de
cada uno de los ahorradores la verificación del cumplimiento de su meta de ahorro
previo en plazo y montos. Para tales efectos, consultarán lo relacionado con el
cumplimiento de su compromiso de ahorro directamente ante las entidades
captadoras de recursos en donde realizan su ahorro previo.

De igual forma, quienes pueden postular sin cumplir el requisito del ahorro previo
por disponer de la financiación total de la vivienda, serán responsables de su
inscripción en el Registro de Ahorradores.

ARTÍCULO 46. EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE CREDITO. Los ahorradores
inscritos, que cumplan con el requisito del ahorro previo, procederán a solicitar una
evaluación de su capacidad de crédito para la adquisición, construcción o
mejoramiento de la solución de vivienda, salvo que dicho crédito no se requiera.

Si el ahorrador dispone de recursos propios adicionales al subsidio, para financiar
la solución de vivienda, deberá acreditar al momento de la postulación la
disponibilidad de tales recursos en cesantías, ahorro previo, cuota inicial,
propiedad del terreno o en aportes, certificados por organizaciones no
gubernamentales o por municipios.




                                                                                   81
La evaluación y acreditación de la capacidad de crédito del postulante podrá ser
realizada por el establecimiento de crédito, cooperativa de ahorro y crédito y
multiactiva e integral con sección de ahorro y crédito, en la cual posea la Cuenta
de Ahorro para la Vivienda, por el Fondo Nacional de Ahorro, por un Fondo de
Empleados vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por un
Fondo Mutuo de Inversiones vigilados por la Superintendencia de Valores, por un
constructor o promotor privado vigilado por la Superintendencia de Sociedades,
por las unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas que
cumplan con las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social
en el municipio o distrito y por los Fondos de Vivienda Departamentales y las Cajas
de Compensación Familiar cuando financien la compra de la vivienda.

PARÁGRAFO 1º. La evaluación de la capacidad de endeudamiento por parte de
un establecimiento de crédito, no se entenderá como un compromiso por parte de
éste de otorgar el respectivo crédito.

 2. La evaluación de la capacidad de endeudamiento para la obtención de la
solución de vivienda, por parte de una entidad diferente a un establecimiento de
crédito, se hará con la certificación de aprobación del crédito hipotecario
correspondiente, cuyo valor en ningún caso podrá exceder el 80% del precio de la
vivienda.


ARTÍCULO 47. DESTINACION DEL SUBSIDIO. El Subsidio Familiar de Vivienda se
destinará al abono de la cuota inicial o al pago de la solución de vivienda adquirida
por el beneficiario, al valor de su edificación para el caso de construcción en sitio
propio, al mejoramiento de la vivienda del postulante o al abono del crédito en los
casos establecidos en el parágrafo 2º del artículo 16 del presente decreto.

En las postulaciones individuales, el valor del subsidio será consignado
directamente en la entidad captadora de recursos de ahorro previo para la vivienda
elegida por el beneficiario, una vez se acredite la promesa de compraventa. El
monto del subsidio quedará inmovilizado en dicha entidad, rentando los intereses
del caso, hasta que se autorice por parte de la entidad otorgante del subsidio
familiar de vivienda su giro al vendedor de la solución de vivienda. Los
rendimientos financieros harán parte integral del subsidio.




                                                                                   82
En las postulaciones colectivas, el valor del subsidio se consignará, previa
autorización del beneficiario, en una cuenta establecida para tal fin por parte de la
organización promotora del proyecto, una vez ésta entregue a la entidad otorgante
la garantía establecida para el giro anticipado del subsidio. Cuando no se entregue
la garantía establecida de que trata el artículo 59 del presente decreto, el valor del
subsidio se consignará en las mismas condiciones de las postulaciones individuales.



PARÁGRAFO 1º. Para estos efectos, los recursos del subsidio quedarán
inmovilizados hasta que puedan aplicarse para el pago de la cuota inicial de la
solución de vivienda adquirida por el beneficiario o a su edificación, en los casos de
construcción en sitio propio o de mejoramiento.

PARÁGRAFO 2º. Quienes hubiesen resultado beneficiarios de la asignación del
subsidio y no tuvieren ahorro previo para la vivienda, por no requerirse según lo
previsto en este decreto, deberán proceder a la apertura de cuentas de ahorro
para la vivienda, en las entidades autorizadas para la modalidad de ahorro
programado.

PARÁGRAFO 3º. En los casos de proyectos financiados con recursos de
promoción de oferta de los FOVIS de las Cajas de Compensación Familiar, el giro
del subsidio se podrá realizar directamente al constructor para abonar a su deuda
con el FOVIS respectivo, una vez se entregue la autorización del beneficiario del
subsidio para su giro al constructor y éste último cumpla con las garantías
establecidas por la entidad otorgante.



                             SECCION VI
               CALIFICACION Y ASIGNACION DE SUBSIDIOS


ARTÍCULO 48. PERIODOS DE ASIGNACION. Periódicamente, en las fechas
definidas por la Junta o Consejo Directivo de la entidad otorgante, se realizarán las
asignaciones del Subsidio Familiar de Vivienda, en las cuales participarán los
inscritos en el Registro de Postulantes.



                                                                                    83
Las postulaciones serán recibidas en el referido Registro, con una antelación no
inferior a quince (15) días a la fecha prevista para la correspondiente asignación.


ARTÍCULO 49. VERIFICACION DE INFORMACION. Antes de proceder a la
calificación de las postulaciones, la entidad otorgante del subsidio familiar de
vivienda verificará la información suministrada por los postulantes, en la forma que
señale al respecto su Junta o Consejo Directivo.

La falsedad o fraude de la información, que se detectare en las postulaciones,
implicará la eliminación de las mismas y la imposibilidad para solicitar de nuevo el
subsidio por parte del postulante, durante un término de diez (10) años, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 3ª de 1.991.


ARTÍCULO 50. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS POSTULACIONES. Una vez
surtido el proceso de verificación de la información, cada entidad otorgante
calificará en forma automática cada una de las postulaciones aceptables que
conforman el Registro de Postulantes, esto es, aquellas que no se hubieren
rechazado por inconsistencia o falsedad en la información.

Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede
realizar un hogar se definen en función de su nivel de ingresos y del número de
miembros del mismo, la calificación de las postulaciones se realizará de acuerdo
con la ponderación de las variables de ahorro previo y condiciones
socioeconómicas de los postulantes. Estas variables son:

1. Mayor número de miembros del hogar.

2. Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del SISBEN, que
   evidencien mayor nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten
   carné o certificación municipal del puntaje SISBEN.

3. Menor valor de la vivienda a la cual el postulante aplicará el subsidio.

4. Condición de mujer cabeza de hogar.



                                                                                  84
5. Ahorro previo, con ponderación del mayor porcentaje de ahorro en relación con
   el valor de la vivienda a adquirir, el tiempo del ahorro y el cumplimiento del
   compromiso.

6. Cesantías comprometidas para la vivienda, con ponderación del mayor
   porcentaje de cesantía en relación con el valor de la vivienda a adquirir, el
   período de depósito de las cesantías y el cumplimiento del compromiso.

7. Número de veces que el postulante ha participado en el proceso de asignación
   de subsidios, sin haber resultado beneficiario, siempre y cuando haya
   mantenido la inmovilización del ahorro mínimo pactado para la postulación.

Los puntajes a aplicar a cada una de las variables son los establecidos en el
Decreto 1396 de 1999 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

Parágrafo. La calificación de las postulaciones para mejoramiento se hará de
manera independiente, aplicando la misma fórmula de calificación.


ARTÍCULO 51. PUNTAJE PROMEDIO EN POSTULACIONES COLECTIVAS. En el
caso de las postulaciones colectivas, previstas en este decreto, el puntaje de cada
uno de sus miembros será el promedio del grupo, obtenido mediante la suma de
los puntos de cada uno de los integrantes postulantes dividida por el número de
postulantes miembros del grupo.


ARTÍCULO 52. PROCESO DE ASIGNACION DE SUBSIDIOS. Una vez calificadas
cada una de las postulaciones aceptables, la entidad otorgante las ordenará en
forma secuencial descendente, de manera automática, para conformar una lista de
postulantes calificados. La asignación de los subsidios se efectuará mediante la
aplicación de los recursos disponibles en cada entidad otorgante a los postulantes
que les corresponda, de acuerdo con el referido orden secuencial de las listas de
postulantes calificados. La asignación incluirá las postulaciones correspondientes a
las mejores calificaciones, hasta completar el total de los recursos disponibles para
cada entidad otorgante. Si los recursos no son suficientes para atender el monto
total de subsidio solicitado por el postulante individual alcanzado por el corte, tanto



                                                                                     85
ese postulante como los que le siguen en el orden secuencial serán excluidos de la
correspondiente asignación.

Del total de los recursos disponibles en cada entidad otorgante, para cada período,
se deducirán los valores de los subsidios correspondientes a reclamaciones
aceptadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 de este decreto.



PARÁGRAFO 1º. Para los efectos aquí dispuestos, se entenderá como recursos
disponibles para cada entidad otorgante, en el caso de las Cajas de Compensación
Familiar, el presupuesto disponible para el período de asignación correspondiente,
de acuerdo con el plan anual de ejecución de recursos presentado a la
Superintendencia del Subsidio Familiar. Para el caso de los recursos del INURBE,
será el presupuesto para el período fijado por la Junta Directiva, con base en los
respectivos cupos departamentales indicativos.

PARÁGRAFO 2º. El INURBE y las Cajas de Compensación Familiar no asumirán
compromiso alguno frente a los postulantes no beneficiados con la asignación.


ARTÍCULO 53. ASIGNACION EN POSTULACIONES COLECTIVAS. Si el corte al que
se refiere el artículo anterior, esto es, el resultante de aplicar los recursos
disponibles para cada entidad otorgante al orden secuencial de postulaciones, no
alcanza a incluir a la totalidad de los miembros de una postulación colectiva, los
subsidios se asignarán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, en estricto
orden secuencial de la calificación individual de las familias. El resto de los hogares
que conforman la postulación colectiva se mantendrán automáticamente en el
registro de postulantes y recibirán el subsidio en la o en las próximas asignaciones
del mismo por parte de la entidad otorgante, manteniendo el mismo orden
secuencial, hasta completar la totalidad del grupo postulante, sin necesidad de que
su postulación sea nuevamente calificada.


ARTÍCULO 54. REMANENTES EN LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO. Las Cajas de
Compensación Familiar deberán aplicar a la asignación de los subsidios familiares
de vivienda, en cada vigencia anual, la totalidad de los recursos de los respectivos



                                                                                     86
Fondos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, incluidos sus
rendimientos, con exclusión de los recursos que efectivamente se comprometan en
promoción de oferta y los recursos para crédito hipotecario. Una vez realizado el
corte anual en cada una de las entidades otorgantes, los excedentes de recursos
se aplicarán, previo concepto del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante
resolución de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la siguiente forma:

1. Los remanentes de cada una de las Cajas de Compensación Familiar se
   aplicarán a la segunda prioridad señalada en el artículo 68 de la Ley 49 de
   1990, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Desarrollo
   Económico y la Superintendencia del Subsidio Familiar, según la información
   suministrada por las Cajas de Compensación Familiar con corte a 31 de
   diciembre de cada vigencia anual.

2. Si después de este proceso resultaren excedentes de recursos de Cajas de
   Compensación Familiar, se aplicarán a la tercera prioridad establecida en el
   referido artículo 68 de la ley 49 de 1990, esto es, a los postulantes no afiliados
   a las Cajas de Compensación, de acuerdo con el orden secuencial de la lista de
   hogares postulantes calificados entregada por el Inurbe.

3. Los    excedentes de recursos del Gobierno Nacional se aplicarán a los
   postulantes afiliados a las Cajas de Compensación Familiar.

4. Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean
   utilizados dentro de la vigencia del subsidio, retornarán a la Caja original.

PARÁGRAFO. Los recursos destinados por las Cajas de Compensación Familiar
para la asignación de subsidio familiar de vivienda, durante la vigencia del año
2000, solo pasarán a segunda prioridad a partir del 1º de Julio de 2001.


ARTÍCULO 55. OFICIALIZACIÓN DE LA ASIGNACION. Una vez se cumpla la
totalidad del proceso automático de asignación de subsidios, de acuerdo con lo
señalado en los artículos anteriores, la entidad otorgante producirá las diferentes
listas de beneficiarios y procederá a oficializar la correspondiente asignación, en la
forma y plazos que se establezcan al efecto.




                                                                                    87
PARÁGRAFO. El INURBE, antes de oficializar la asignación del subsidio familiar de
vivienda, deberá obtener la certificación de la firma de auditoría contratada para el
efecto.


ARTÍCULO 56. PUBLICACION. Cada entidad otorgante publicará, en periódicos de
amplia circulación nacional, las listas de postulantes beneficiados, con indicación
del orden secuencial de la lista de postulantes calificados, incluyendo el nombre
completo del beneficiario, su cédula de ciudadanía, el puntaje total, el municipio y
tipo de vivienda a la que deberá aplicarse el subsidio.

La entidad administradora del sistema de información del subsidio remitirá a las
entidades captadoras de recursos, copia de las listas de sus respectivos
ahorradores beneficiados con la asignación del subsidio, para los efectos de lo
dispuesto en los Artículos 37 y 44 de este Decreto.


ARTÍCULO 57. RECLAMACIONES. Los postulantes no beneficiados en la
respectiva asignación, que se sientan afectados en relación con la calificación y el
orden secuencial, tendrán un plazo de quince (15) días calendario desde la fecha
de la publicación, a que se refiere el artículo anterior, para presentar por escrito
ante la entidad otorgante, las observaciones y reclamos que les merece dicha
asignación. Transcurrido dicho plazo no se atenderán reclamaciones. Sólo serán
atendidos los reclamos fundados en errores de hecho no imputables a los
postulantes, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca por
resolución el Ministerio de Desarrollo Económico. Los postulantes cuyos reclamos
fueren acogidos serán incorporados a la lista de postulantes beneficiados, previo
informe motivado y suscrito por el representante legal de la entidad otorgante y si
los recursos resultaren insuficientes, las postulaciones respectivas se harán
efectivas en la siguiente asignación.


ARTÍCULO 58. COMUNICACIÓN SOBRE ASIGNACION DEL SUBSIDIO. Las
entidades otorgantes de los subsidios de que trata este decreto suscribirán y
entregarán a cada uno de los beneficiarios los correspondientes documentos que
acrediten la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. Estos documentos
indicarán: la fecha de su expedición;    el nombre de los miembros del hogar



                                                                                   88
beneficiado; sus cédulas de ciudadanía; el monto del subsidio asignado; la
modalidad de vivienda que fue indicada en la postulación; el tope máximo de
precio de la vivienda; establecido por el tipo de solución a que se aplique el
subsidio; el período de vigencia del subsidio y la fecha a partir de la cual
puede ser cobrado; el tipo y monto de ahorro acreditado y el departamento en el
cual se utilizará el subsidio.


ARTÍCULO 59. EL GIRO ANTICIPADO DEL SUBSIDIO. El beneficiario del subsidio
podrá autorizar el giro del mismo y de sus rendimientos financieros a favor del
vendedor o de la organización o entidad promotora del programa, según sea el
caso. Para proceder a ello, el vendedor o quien haga sus veces deberá entregar
una garantía que cubra la restitución de los dineros entregados por cuenta del
subsidio.

El 100% de los subsidios sólo se podrá entregar de manera anticipada cuando la
garantía que entregue el oferente sea el aval bancario. Cuando la garantía sea
cualquier otra, los desembolsos de los recursos del subsidio se harán de acuerdo
con el avance de obra realmente ejecutada y se podrá desembolsar hasta el 80%
del mismo, dejando el 20% restante una vez se presente la escritura debidamente
registrada.

La Junta o Consejo Directivo de la entidad otorgante, en un plazo no mayor de
treinta (30) días calendario siguientes a la expedición del presente decreto,
aprobará el tipo específico de garantía diferente al aval bancario que acepte para
la utilización anticipada de los subsidios. Las garantías cubrirán el cien por cien
(100%) de las sumas que sean objeto de restitución.

Para el caso de las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda que
incumplan el anterior plazo, el Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de
Resolución, expedirá un reglamento de garantías que será de obligatorio
cumplimiento.

Las entidades otorgantes definirán autónomamente el alcance, actividades y
responsabilidades que deben desarrollarse para la vigilancia del uso adecuado de
los recursos del subsidio familiar de vivienda. Cuando las entidades otorgantes
tengan asignada interventoría externa en los proyectos que se adelanten con



                                                                                 89
recursos del subsidio familiar de vivienda, el interventor podrá realizar las
funciones establecidas en el presente artículo.


PARÁGRAFO. Cuando se trate de postulaciones colectivas con ahorro previo
representado en el lote de terreno donde se desarrollará el proyecto, en las cuales
la financiación del proyecto dependa por lo menos en un ochenta por ciento (80%)
del valor del subsidio familiar de vivienda, se considerará como avance de obra el
valor del aporte certificado sobre el lote e, igualmente, se autorizará el primer giro
de recursos en proporción a la participación del valor del subsidio en el precio de la
solución y se exigirá la contratación de una fiducia de administración y pago de los
recursos del subsidio familiar de vivienda.


ARTÍCULO 60. GIRO DEL SUBSIDIO UNA VEZ OBTENIDA LA SOLUCION DE
VIVIENDA. Cuando no se hiciere uso de la facultad prevista en el artículo 59 del
presente decreto, la entidad captadora de recursos girará el valor del subsidio
depositado en el sistema de Ahorro Previo para la Vivienda, en favor del vendedor
de la solución de vivienda a la cual se aplicará, una vez se acredite el otorgamiento
y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de construcción,
según la modalidad para la cual se hubiere aplicado el Subsidio Familiar de
Vivienda, como se señala a continuación:

A) Si el subsidio se hubiere aplicado al pago del precio de la compraventa de una
solución de vivienda, se deberán presentar los siguientes documentos:

1. Copia de la respectiva escritura de compraventa y el certificado de tradición y
   libertad del inmueble con una vigencia no mayor a 30 días.

2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de
   Vivienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.

B) Si el subsidio se hubiere aplicado a la construcción de una vivienda en lote
propio o a mejoramiento, se deberá presentar:

1. Copia de la escritura de declaraciones de construcción o mejoramiento, con la
   constancia del registro correspondiente.



                                                                                    90
2. Acta de terminación y recibo a satisfacción de la vivienda construida en sitio
   propio o el mejoramiento efectuado, en la que se especifique que la misma
   cumple con las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación
   correspondientes, debidamente firmada por el beneficiario del subsidio.

3. Documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
   autorización de cobro por parte del beneficiario.

PARÁGRAFO 1º. La operación de compraventa, de construcción o mejoramiento,
según sea el caso, deberá escriturarse y registrarse dentro del período de vigencia
del Subsidio Familiar de Vivienda. Con todo, dentro de los cuarenta y cinco (45)
días siguientes a su vencimiento, se podrá proceder a su pago siempre que se
acredite que la correspondiente escritura se ingresó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos antes del vencimiento del subsidio y que el respectivo
registro se ha realizado.

PARÁGRAFO 2º. Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los
pagos aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y
cuando el plazo adicional no supere los cuarenta y cinco (45) días calendario:


1. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la
   construcción o el mejoramiento al cual se aplicará el Subsidio Familiar de
   Vivienda, por fallecimiento del beneficiario ocurrido antes de la expiración de su
   vigencia, sea necesaria la designación de un sustituto.

2. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del
   valor del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma
   errores no advertidos anteriormente, que sea necesario subsanar.

Parágrafo 3º. Una vez cumplidos los requisitos exigidos, el pago efectivo del
subsidio al oferente se hará en los tres días hábiles siguientes. La entidad
captadora que retenga tales recursos reconocerá al vendedor de la vivienda la tasa
de interés de mora máxima certificada por la Superintendencia Bancaria vigente a
la fecha del desembolso efectivo.




                                                                                   91
ARTÍCULO 61. ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL CASO DE CREDITOS PUENTE. En
el caso previsto en el parágrafo 2º del artículo 16 del presente decreto, se podrá
realizar el proceso de escrituración previa a la asignación del subsidio familiar de
vivienda, quedando establecida en ésta lo siguiente:


1. Que la vivienda haya sido recibida a entera satisfacción por parte del
   beneficiario del crédito.

2. Que la vivienda se encuentra financiada en un tope del 90% por un ente
   territorial municipal y/o distrital o por la unidad administrativa, dependencia,
   entidad, ente u oficina que cumpla con las funciones de implantar las políticas
   de vivienda de interés social en el municipio o distrito y el 10% restante como
   mínimo con recursos del adjudicatario.

3. Que se trate de una vivienda de interés social financiada con el subsidio
   familiar de vivienda y con la participación del municipio o distrito.


4. Que los recursos del subsidio familiar de vivienda asignados al beneficiario
   serán utilizados únicamente para cubrir el crédito puente otorgado por el ente
   municipal o distrital.

5. Que el valor correspondiente al subsidio será girado directamente a la entidad
   otorgante del crédito puente.


ARTÍCULO 62. ENTREGA DEL SUBSIDIO PARA LOS AFILIADOS AL FONDO
NACIONAL DE AHORRO. Se podrá asignar y entregar el Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social a hogares que hayan suscrito escritura pública de
compraventa sobre la solución de vivienda objeto del mismo, con anterioridad a su
asignación, cuando para su adquisición se hayan aplicado ahorros representados
en cesantías y el producto de un crédito hipotecario del Fondo Nacional de Ahorro
y en la escritura de compraventa correspondiente se hayan consagrado como parte
del pago recursos provenientes del subsidio y conste la radicación de postulación
con fecha anterior a la suscripción de dicha escritura.



                                                                                  92
ARTÍCULO 63. RESTITUCION DEL VALOR DEL SUBSIDIO. En los casos en que el
beneficiario del subsidio no adquiera, no construya la solución o no ejecute el
mejoramiento dentro de la vigencia del mismo y ya se hubiere abonado en el
sistema de Ahorro Previo para la Vivienda, el valor del subsidio, con los
rendimientos generados, deberá restituirse a la entidad otorgante. Para la
restitución del valor del subsidio, la entidad otorgante deberá avisar del
vencimiento de la vigencia del subsidio a la entidad captadora quien reintegrará los
recursos a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si ya se
hubiere entregado al vendedor o se hubiere aplicado a su construcción o
mejoramiento, se hará efectiva la garantía prevista en el artículo 59 del presente
decreto, en cuyo caso el valor de restitución será en pesos constantes.

PARÁGRAFO. El valor constante de restitución estará determinado por el valor
recibido ajustado de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumidor
(IPC) entre la fecha de recibo del subsidio y la de restitución.


ARTÍCULO 64. PROHIBICION DE ENAJENAR LA VIVIENDA Y RESTITUCION DEL
SUBSIDIO. La vivienda adquirida, construida o mejorada con el subsidio familiar de
vivienda estará sujeta a la prohibición de enajenarse durante los cinco (5) años
siguientes, contados a partir de la fecha de expedición del documento que
acredita la asignación de subsidio correspondiente, salvo cuando el beneficiario
que deseare enajenarla restituya el subsidio recibido, en valor constante a la fecha
de la restitución.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las enajenaciones que pudieren autorizarse de
acuerdo con lo señalado en el artículo siguiente.


ARTÍCULO 65. AUTORIZACION PARA ENAJENACION. La entidad otorgante podrá
autorizar la venta de una vivienda adquirida o construida con el subsidio, cuando
se acrediten las razones de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la
necesidad del cambio de vivienda, bajo la condición que el producto de esa
enajenación se destine a la adquisición de una vivienda de interés social.




                                                                                  93
La adquisición de la vivienda a cuyo precio se aplique el producto de la
enajenación autorizada, deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses calendario
siguientes a la fecha del registro de la enajenación autorizada, so pena de tener
que restituir el subsidio. En todo caso, sobre la nueva vivienda deberá constituirse
el patrimonio de familia inembargable.




ARTÍCULO 66. OBLIGACION DE LOS REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS Y DE LAS ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS. Los registradores
de instrumentos públicos y los funcionarios de las entidades captadoras de
recursos, que por su trabajo tengan conocimiento de enajenaciones no autorizadas
de viviendas obtenidas con el Subsidio Familiar de Vivienda, dentro del término de
cinco (5) años de que trata el artículo 64 del presente decreto, deberán poner tal
situación en conocimiento de la respectiva entidad otorgante, para efectos de
iniciar el trámite de restitución del subsidio.


ARTÍCULO 67. RESTITUCION DEL SUBSIDIO EN CASO DE REMATE. En el caso
en que la vivienda adquirida o construida con aplicación del Subsidio Familiar de
Vivienda fuere objeto de remate judicial, dentro del plazo de cinco años contados a
partir de la fecha de expedición del documento que acredita la asignación del
Subsidio Familiar de Vivienda, luego de deducirse el valor del crédito hipotecario
insoluto y sus intereses y las costas correspondientes y demás créditos que gocen
de privilegio conforme a la ley, deberá restituirse a la entidad otorgante el saldo
hasta el monto del subsidio otorgado, en valor constante, en los términos
expresados en el parágrafo del artículo 63.


ARTÌCULO 68. VERACIDAD DE INFORMACION.                 Los datos que deberán
proporcionar los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda se contendrán en
formularios en los que deberán dejar constancia, bajo juramento, de que son
ciertos.

Las entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la
veracidad de la información suministrada por el postulante. Si antes de la



                                                                                  94
asignación o de la entrega del subsidio se comprueba que existió falsedad en los
datos suministrados en el formulario de postulación y/o en los documentos que lo
acompañan y en los documentos de cobro del subsidio, se resolverá de pleno
derecho la asignación del subsidio.

Si después de entregado el subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante
comprueba que existió falsedad en los datos suministrados en el formulario de
postulación y/o en los documentos que lo acompañan y en los documentos de
cobro del subsidio, el Subsidio Familiar de Vivienda será restituido a la entidad
otorgante. El valor a restituir será el monto del subsidio asignado, ajustado de
acuerdo con el valor del salario mínimo legal mensual al momento de la
restitución.


                               SECCION VII
                  LA OFERTA DE SOLUCIONES DE VIVIENDA


ARTÍCULO 69. SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS PLANES O CONJUNTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Los planes o conjuntos de soluciones de vivienda
a los cuales los beneficiarios aplicarán el Subsidio Familiar de Vivienda deberán
cumplir con las características y condiciones de viabilidad técnica, legal y financiera
establecidas en este decreto, según verificación que realizarán los establecimientos
de crédito cuando el plan o conjunto de vivienda requiera crédito o el Inurbe en los
otros casos. La entidad contará con un plazo máximo de diez (10) días para
expedir la certificación de elegibilidad.

La elegibilidad de los planes o conjuntos de soluciones de vivienda, construcción
en sitio propio o mejoramiento, que no requieran de préstamos para su
construcción por disponer de recursos propios y/o de aportes de la entidad
promotora que garanticen su desarrollo, podrán ser declarados elegibles por un
establecimiento de crédito, que otorgue préstamos para la construcción de planes
o conjuntos de vivienda, según escogencia de la entidad promotora, o por el
INURBE, de acuerdo con la metodología aprobada por su Junta Directiva. Para
mejoramiento de vivienda, el INURBE expedirá la elegibilidad del proyecto.




                                                                                     95
PARÁGRAFO 1º. En ningún caso la declaratoria de elegibilidad de un plan o
conjunto de soluciones generará derecho alguno a la asignación de subsidios para
su aplicación a las soluciones de vivienda que lo conforman.

PARÁGRAFO 2º. La Superintendencia Bancaria vigilará y controlará la
transparencia y la observancia por parte de los establecimientos de crédito de los
criterios establecidos para la declaratoria de elegibilidad, de acuerdo con lo
dispuesto en este decreto.


ARTÍCULO 70. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS PLANES O
CONJUNTOS. Los planes o conjuntos de soluciones de vivienda a las cuales los
beneficiarios aplicarán sus subsidios, incluyendo las diferentes modalidades de
construcción en sitio propio y mejoramiento, serán declarados elegibles siempre y
cuando la persona o entidad promotora de los mismos acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

1. Disponer de licencia de construcción y de urbanismo, otorgada por quien tenga
   la competencia legal en los municipios o distritos, con la expresa referencia de
   la disponibilidad inmediata de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
   alcantarillado y energía eléctrica, incluyendo los planos con los diseños para la
   ampliación de las unidades básicas por desarrollo progresivo debidamente
   aprobados.

2. Acreditar el financiamiento       para el desarrollo del proyecto o etapa
   correspondiente, ya sea con recursos propios, cuotas iniciales por ventas del
   proyecto o abonos a los contratos de construcción, en el caso de construcción
   en sitio propio o mejoramiento, recursos del Subsidio Familiar de Vivienda,
   otros subsidios, préstamos de establecimientos financieros vigilados por las
   Superintendencias Bancaria, de Valores, de Economía Solidaria, ó las demás
   entidades a la que se refiere el parágrafo del articulo 1° de la Ley 546 de 1999,
   con el producto de titularizaciones inmobiliarias o mediante la emisión de bonos
   debidamente autorizada. Para la construcción en sitio propio o mejoramiento, la
   financiación podrá ser acreditada con préstamos de las unidades
   administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas que cumplan con las
   funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio
   o distrito.



                                                                                   96
3. Acreditar la propiedad del terreno o lote en el cual se desarrollará el proyecto,
   en cabeza de la persona natural o jurídica promotora del plan o conjunto, o de
   los postulantes en los casos de construcción en sitio propio y de mejoramiento,
   libre de limitaciones al dominio, condiciones resolutorias, embargos y
   gravámenes, salvo la hipoteca constituida a favor de la entidad que financiará
   su ejecución. Estas condiciones se acreditarán con los siguientes documentos:

   a) Copia del título de dominio respectivo en que conste su inscripción en la
      Oficina de Registro.

   b) Folio de matrícula inmobiliaria del respectivo terreno o lote.


   c) Certificado predial en el cual conste su avalúo.

4. Comprobar la viabilidad legal para la enajenación de las soluciones de vivienda
   sólo en el momento de suscribir la respectiva promesa de compraventa, lo cual
   se acreditará con la constancia de la radicación de que tratan: artículos 9° y
   10° de la Ley 66 de 1968, el artículo 57 de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 120
   de la Ley 388 de 1997.

5. Incluir los presupuestos de construcción y demás documentación definida para
   acreditar la viabilidad financiera del plan.

6. La información de precios y forma de pago de las soluciones de vivienda que
   conforman el plan, incluyendo vigencias y fechas de reajustes de precios, si
   fuere el caso.

PARÁGRAFO: En todos los programas de vivienda nueva se deberá disponer el
uno por ciento (1%) de las viviendas construidas para población minusválida. En
los proyectos de menos de cien (100) viviendas, por lo menos una de ellas será
destinada para la población minusválida.




                                                                                  97
ARTÍCULO 71. ELEGIBILIDAD DE PLANES O CONJUNTOS SOBRE BIENES
INMUEBLES RECIBIDOS A TÍTULO DE DACIÓN EN PAGO. La elegibilidad de los
planes o conjuntos de proyectos de promoción de oferta sobre soluciones de
vivienda nueva recibidos a título de dación en pago por parte de las Cajas de
Compensación Familiar o los establecimientos de crédito, que se encuentren
registrados en sus patrimonios, podrá ser declarada por las entidades captadoras
de recursos. Dichos bienes también pueden estar registrados en un patrimonio
autónomo, originado en una fiducia mercantil, constituida por éstos.


ARTÍCULO 72. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA OFERTA. Sin
perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 32 de la Ley 3ª de 1991 para
los casos de falsedad o simulación respecto al grupo familiar o de las escrituras
públicas de compraventa de inmuebles adquiridos, construidos o mejorados con el
Subsidio Familiar de Vivienda, en relación con el valor del inmueble, los inscritos en
el Registro de Oferta de que aquí se trata, que incumplan las condiciones
señaladas en la documentación presentada para la declaratoria de elegibilidad,
serán eliminados del Registro y quedarán inhabilitados para presentar planes o
conjuntos de soluciones de vivienda para elegibilidad durante un período de diez
(10) años.

La exclusión se determinará por acto debidamente motivado, proferido por la
entidad otorgante del subsidio.

PARÁGRAFO: La exclusión del Registro de Oferta regirá para las personas
naturales y jurídicas – sociedades u ONGs – que incurran en tal incumplimiento,
para sus socios y representantes legales y para los integrantes de la Junta
Directiva o integrantes del consorcio o unión temporal, cuando fuere del caso.


                                  CAPITULO III

  DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RECURSOS NACIONALES DE SUBSIDIO
                    FAMILIAR DE VIVIENDA

Básicas Insatisfechas -NBI- para vivienda elaborado y certificado por el DANE, y la
distribución de la población correspondiente a la proyección para el año



                                                                                    98
inmediatamente anterior certificadas por el DANE; indicador que en adelante se
denominará Indice de Población en Pobreza Relativa.

 El Indice de Población en Pobreza Relativa, se expresa en coeficientes regionales
cuya fórmula es:

PPRi = Pi * NBIvi

IPPRi = (PPRi /  PPR)%

Donde:

PPRi : Población en Pobreza Relativa.
Pi    : Población en el Departamento del que se trate.
NBIvi : Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas por Vivienda (Hacinamiento y
      Calidad de Vivienda) del Departamento del que se trate.
IPPRi : Indice de Población en Pobreza Relativa.

El Indice de Población en Pobreza Relativa se aplicará a nivel nacional para la
distribución de los cupos indicativos de recursos nacionales para el subsidio
familiar de vivienda. Para efectos de la distribución de cupos indicativos dentro de
los respectivos departamentos, el criterio a utilizar será el de participación de la
población de la ciudad capital del respectivo departamento respecto del total de la
población de dicho departamento.

PARÁGRAFO. En la distribución regional de recursos para el área rural, se
aplicarán los criterios establecidos en el presente artículo, teniendo en cuenta,
además, el índice de ruralidad del departamento del que se trate, frente a la
población total del mismo.


ARTÍCULO 74. ALCANCE DE LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RECURSOS. La
distribución regional se hará sobre la totalidad de recursos nacionales destinados al
subsidio familiar de vivienda de interés social. El Indice de Población en Pobreza
Relativa se aplica de manera desagregada para el sector urbano y el rural, de
acuerdo con el Parágrafo 1º del artículo 29 de la ley 546 de 1999. Del total de
recursos destinados al área urbana, el setenta por ciento (70%) se distribuirá



                                                                                   99
exclusivamente con el criterio establecido en el artículo 73 del presente decreto; el
treinta por ciento (30%) restante se distribuirá, además con los siguientes
criterios:

a. Los municipios y distritos deberán aportar recursos complementarios al subsidio
   nacional de vivienda, es decir, subsidios municipales o distritales y aplicarán los
   instrumentos de gestión urbanística para vivienda de interés social, que
   garanticen la provisión de infraestructura de servicios y de equipamiento
   urbano, establecidos en la ley 9a de 1989 y en la Ley 388 de 1997.

b. Tendrán prioridad los municipios y distritos con población superior a cien mil
   (100.000) habitantes, que realicen mayores aportes en relación con su
   presupuesto, con el valor del proyecto y con el subsidio final resultante a los
   beneficiarios.

c. Se preferirán los proyectos que tengan una mejor relación de tamaño – precio,
   de manera que el precio por metro cuadrado resultante sea menor.

d. El Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de resolución previo concepto
   del Departamento Nacional de Planeación, podrá definir condiciones adicionales
   que deben cumplir los municipios para acceder a estos recursos. Los recursos
   de subsidio solo podrán ser aplicados a aquellos proyectos declarados elegibles
   por el INURBE, previo concepto favorable del Ministerio de Desarrollo
   Económico.

e. La distribución de estos recursos se informará por parte del Ministerio de
   Desarrollo Económico antes de la primera asignación de subsidios en el
   segundo semestre de cada año.

PARÁGRAFO 1. En todo caso antes de la asignación de cupos indicativos, en los
diferentes municipios o regiones referidos en el presente decreto, se dará prioridad
a la atención de calamidades originadas por desastres naturales y se tendrá en
cuenta la potencialización de los programas de vivienda de interés social por
autogestión o sistemas asociativos.

PARÁGRAFO 2. El total de recursos del subsidio familiar para vivienda de interés
social destinados al área rural, se canalizarán a través del Banco Agrario de



                                                                                   100
Colombia S.A.. El setenta por ciento (70%) de estos recursos se distribuirá según
los criterios establecidos en el artículo 73 del presente decreto y el treinta por
ciento (30%) restante, teniendo en cuenta dichos criterios y los lineamientos de la
política sectorial definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico.


ARTÍCULO 75. COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN.. En desarrollo de los criterios
técnicos establecidos en el presente decreto, los coeficientes porcentuales para la
distribución regional de recursos nacionales del subsidio familiar de vivienda de
interés social, serán los siguientes:


                     Coeficientes de Distribución Regional de Recursos
                     (%)
                     Departamento Urbano              Rural
                     Antioquia      8,91                9,89
                     Atlántico      6,47                0,59
                     Bogotá         16,64               0,00
                     Bolívar        7,10                5,40
                     Boyacá         1,59                5,19
                     Caldas         1,39                2,38
                     Caquetá        0,70                3,04
                     Cauca          1,48                6,93
                     Cesar          4,03                3,36
                     Córdoba        4,70                8,19
                     Cundinamarca 3,98                  5,30
                     Choco          0,62                3,80
                     Huila          1,69                3,38
                     La Guajira     2,00                1,71
                     Magdalena      4,58                4,68
                     Meta           1,57                2,59
                     Nariño         3,51                8,01
                     Norte       de 3,45                3,31
                     Santander
                     Quindio        1,17                0,59



                                                                                101
                      Risaralda         1,73             1,58
                      Santander         3,13             4,03
                      Sucre             4,62             2,59
                      Tolima            2,70             4,03
                      Valle             9,85             2,53
                      Arauca            0,68             2,04
                      Casanare          0,58             2,19
                      Putumayo          0,35             2,68
                      San Andrés        0,35             0,00
                      Amazonas          0,11             0,00
                      Guainía           0,03             0,00
                      Guaviare          0,17             0,00
                      Vaupés            0,04             0,00
                      Vichada           0,08             0,00
                       Total Nacional   100,00           100,00


PARÁGRAFO. En todo caso, los cupos indicativos para cada vigencia fiscal, se
comunicarán mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo
Económico, en los primeros tres meses de cada año. En lo concerniente a los
cupos indicativos del área rural, deberá contarse con el concepto previo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.


ARTÍCULO 76. APOYO A LOS MUNICIPIOS CON PLAN DE ORDENAMIENTO
APROBADO. Para efectos de la asignación de los recursos destinados a apoyar la
participación municipal correspondientes al año dos mil (2000), se dará prioridad a
aquellos proyectos localizados en municipios cuyos planes de ordenamiento
territorial, planes básicos o esquemas de ordenamiento, hayan sido aprobados y
adoptados con anterioridad al 30 de junio del mismo año.


ARTICULO 77. LA PARTICIPACIÓN DE LAS CIUDADES CAPITALES EN LOS
RECURSOS DEL SUBSIDIO. Para contribuir con la equidad en el interior de los
Departamentos, la distribución de los subsidios de vivienda se hará aplicando el
criterio del peso relativo de la población de cada ciudad capital, sobre la población
urbana del respectivo departamento. Los recursos nacionales del subsidio familiar


                                                                                  102
de vivienda de interés social, no asignados en los municipios diferentes de las
capitales de departamento hasta el 1º de Octubre de cada año, se asignarán en la
capital del departamento respectivo, siempre y cuando los recursos inicialmente
destinados a ella se hubieren asignado en su totalidad.

De igual forma, los recursos nacionales del subsidio familiar de vivienda de interés
social, no asignados en las capitales de departamento en la fecha señalada en el
inciso anterior, se asignarán en otros municipios del mismo departamento, siempre
y cuando los recursos inicialmente destinados a ellos se hubieren asignado en su
totalidad.


ARTÍCULO 78. REDISTRIBUCIÓN ANUAL DE RECURSOS NO ASIGNADOS. Si a
primero de Noviembre de cada año existen recursos que no hayan sido asignados,
estos se distribuirán en una asignación por bolsa nacional, en la cual compiten la
totalidad de postulaciones que se hayan realizado en el país.


ARTÍCULO 79. APLICACIÓN REGIONAL DE LOS SUBSIDIOS. Los subsidios de
vivienda asignados individualmente podrán aplicarse en cualquier municipio del
departamento respectivo. Los asignados con base en postulaciones colectivas solo
podrán aplicarlo a soluciones de vivienda localizadas en el municipio donde se
realiza la postulación.

PARÁGRAFO 1. De los subsidios asignados en el Departamento Archipiélago de
San Andrés y Providencia, el 50% será aplicado en dicho departamento para la
población raizal y el 50% restante lo será para el programa de retorno para
población no raizal. Los subsidios asignados a población no raizal, los aplicarán en
cualquier sitio del país diferente al Departamento Archipiélago de San Andrés y
Providencia.

PARÁGRAFO 2. Las Familias inmigrantes que apliquen al programa de retorno
en el Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, tendrá las
siguientes condiciones especiales:




                                                                                 103
a) No requiere de la inscripción previa en el registro de ahorradores.

b) No tendrán que acreditar el requisito de ahorro previo cuando dispongan de la
   financiación total de la solución de vivienda.

c) El subsidio puede representar hasta el 100% del valor de la solución
   habitacional, sin exceder el monto del subsidio establecido en el presente
   decreto.

d) El subsidio familiar de vivienda podrá aplicarse para la compra de vivienda
   nueva o usada en cualquier sitio del país, diferente al Departamento
   Archipiélago de San Andrés y Providencia.

e) La inscripción en el registro de postulantes solo podrá realizarse en el
   Departamento archipiélago de San Andrés y Providencia.


ARTÍCULO 80. APLICACIÓN DE DISPOSICIONES PRESUPUESTALES.- Los
coeficientes que se establecen en el presente decreto se sujetarán para su
aplicación a las disponibilidades presupuestales y a las disposiciones del Estatuto
Orgánico de Presupuesto.


                                  CAPITULO IV

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA ADMINISTRADO POR LAS CAJAS
                 DE COMPENSACION FAMILIAR

                                    SECCIÓN I

  DE LA CONSTITUCION, CONFORMACION Y MANEJO DE LOS FONDOS
            PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA


ARTÍCULO 81. CONSTITUCIÓN DE LOS FONDOS PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. En consonancia con las políticas trazadas por
el Gobierno Nacional y de acuerdo con las normas vigentes, los aportes de



                                                                                104
recursos parafiscales que constituyan los Fondos para el Subsidio de Vivienda,
podrán ser incrementados por las Cajas de Compensación Familiar, adicional a los
porcentajes que establece el artículo 68 de la Ley 49 de 1990.

En la respectiva solicitud de autorización de constitución de los Fondos o de
incremento de los aportes, se deberá hacer explícito el porcentaje de aporte al
Fondo y tal porcentaje no podrá variar durante la respectiva vigencia anual de
recaudo del aporte.


ARTÍCULO 82. CONSTITUCIÓN DE FOVIS VOLUNTARIOS. Las Cajas de
Compensación Familiar que no estén obligadas a constituir el Fondo para el
Subsidio de Vivienda de Interés Social de que trata el artículo 68 de la Ley 49 de
1990, podrán constituir voluntariamente dicho fondo, con recursos provenientes
del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de inversión o aporte
patronal.


ARTÍCULO 83. RÉGIMEN DE LOS FOVIS VOLUNTARIOS. Las Cajas que no estén
obligadas y decidan voluntariamente constituir el Fondo para el subsidio familiar de
vivienda de interés social se someterán a la reglamentación de los fondos de que
trata este decreto.


PARÁGRAFO. A los recursos de las Cajas de Compensación Familiar con los
cuales se constituyan voluntariamente o adicionen el FOVIS obligatorio, no se les
aplicará la reglamentación vigente con relación a la atención de segunda y tercera
prioridad establecida en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990.


ARTÍCULO 84. OBLIGACIÓN DE REPORTE. Las Cajas de Compensación Familiar
reportarán obligatoriamente a la Superintendencia del Subsidio Familiar a más
tardar el día veinte (20) de enero de cada año, los estados financieros con el visto
bueno de los respectivos revisores fiscales, y la información estadística de la
vigencia anterior que para el efecto solicite dicha entidad.




                                                                                 105
La Superintendencia de Subsidio Familiar expedirá todos los años, a mas tardar el
treinta y uno (31) de enero, las certificaciones correspondientes al cuociente
nacional y a los cuocientes particulares y fijará, mediante resolución, el porcentaje
que le corresponda aportar mensualmente a cada una de las Cajas de
Compensación Familiar con destino a su Fondo.


PARÁGRAFO 1º. Los recursos parafiscales administrados por las Cajas de
Compensación Familiar y destinados a proyectos de inversión en vivienda,
independiente de los recursos del respectivo FOVIS, deberán ser reportados
semestralmente a la Superintendencia de Subsidio Familiar y ésta al Ministerio de
Desarrollo Económico, especificando los servicios que ofrecen a sus afiliados y el
estado de ejecución de los proyectos que adelante, el tipo y valor de la vivienda y
el número de afiliados beneficiarios de la vivienda.


PARÁGRAFO 2º. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de
Compensación se realizarán en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, una
vez el hogar beneficiado cumpla con los requisitos exigidos en el presente decreto.


ARTÍCULO 85. CONFORMACIÓN DE LOS FONDOS PARA SUBSIDIO FAMILIAR DE
VIVIENDA. Las Cajas de Compensación Familiar apropiarán, dentro de los primeros
diez días calendario (10) de cada mes, los recursos para sus respectivos Fondos
para Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, aplicando a los recaudos del
mes anterior los porcentajes señalados para cada Caja, según lo indicado en la
resolución de la Superintendencia del Subsidio Familiar de que trata el artículo 84
del presente Decreto.

Las Cajas de Compensación Familiar depositarán, a más tardar el día doce (12) de
cada mes, los aportes del Fondo en inversiones líquidas en entidades vigiladas por
la Superintendencia Bancaria.

Los Fondos para Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social mantendrán
contabilidad independiente, de acuerdo con las directrices que para el efecto fije la
Superintendencia del Subsidio Familiar.




                                                                                  106
ARTÍCULO 86. RECURSOS DE LOS FONDOS PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Los recursos de los Fondos para Subsidio Familiar
de Vivienda de Interés Social estarán constituidos por:

a) Las transferencias mensuales que realice la Caja de Compensación Familiar, de
   acuerdo con los porcentajes sobre los aportes parafiscales establecidos para
   cada caso.

b) El capital y los intereses de las inversiones realizadas con recursos de los
   Fondos para Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social.

c) Los recursos provenientes de:

  i. La recuperación de la inversión en los proyectos cuya construcción haya sido
     contratada por la respectiva Caja, con recursos del Fondo.

  ii. La venta de terrenos adquiridos con recursos de los Fondos, para la
      construcción de proyectos de vivienda de interés social.

  iii. La venta de proyectos de vivienda de interés social adquiridos por las Cajas
       con recursos de los Fondos.

  iv. La recuperación de las financiaciones de proyectos de vivienda de interés
      social, con recursos del Fondo.

  v. La recuperación de cartera hipotecaria generada en desarrollo del decreto
     1746 de 2000.

d) Los rendimientos financieros de los recursos del Fondo colocados en proyectos
   para promoción de oferta.


PARÁGRAFO. Los recursos de los Fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda
de Interés Social, se invertirán en valores de alta liquidez, en entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria, asegurando que su rendimiento sea como
mínimo el promedio de interés de los últimos 12 meses.



                                                                                 107
ARTÍCULO 87. PLAN ANUAL DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO. Las
Cajas de Compensación Familiar elaborarán un Plan Anual de Ejecución de los
recursos del FOVIS, el cual presentarán en enero de cada año al Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Superintendencia del Subsidio Familiar.

El Plan contendrá la proyección mensual de ejecución de los recursos apropiados,
los rendimientos financieros, los recursos por asignar, los recursos por
desembolsar, los recursos proyectados en promoción de oferta y los reintegros al
Fondo por concepto de vencimientos, renuncias, reembolsos de subsidio,
reintegros de promoción de oferta y de cartera hipotecaria.


ARTÍCULO 88. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EJECUCIÓN DE                        LOS
RECURSOS DEL FONDO PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. La
Superintendencia del Subsidio Familiar conjuntamente con el Ministerio de
Desarrollo Económico realizará trimestralmente, la evaluación y el seguimiento del
cumplimiento del Plan Anual de Ejecución de los recursos del Fondo para el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, de acuerdo con los procedimientos
de control y evaluación establecidos para el efecto.


                           SECCION II
       LA OFERTA DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN LAS CAJAS DE
                     COMPENSACIÓN FAMILIAR


ARTÍCULO 89. PROMOCIÓN DE OFERTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON
RECURSOS DEL FONDO PARA SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL. Se entenderá por promoción de oferta, el desarrollo, por parte de las
Cajas de Compensación Familiar, de las siguientes actividades:

a) Desarrollar proyectos de vivienda de interés social contratando la construcción
   con constructores privados, públicos, Organizaciones no Gubernamentales u
   Organizaciones Populares de Vivienda.




                                                                               108
b) Financiar proyectos de vivienda de interés social.

c) Adquirir proyectos de vivienda de interés social.

d) Adquirir lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social.


ARTÍCULO 90. RECURSOS PARA PROMOCIÓN DE OFERTA. Las Cajas de
Compensación Familiar podrán utilizar hasta el veinte (20%) por ciento de la
proyección de los recaudos de aporte del Fondo para Subsidio Familiar de
Vivienda de cada vigencia anual, para promoción de oferta.

La Superintendencia del Subsidio Familiar, previo concepto del Ministerio de
Desarrollo Económico, autorizará el uso de los recursos de promoción en el
respectivo acto administrativo y señalará entre otros, los siguientes aspectos:

a) El nombre y el tipo de proyecto.

b) El número de soluciones, el valor de venta de las soluciones, el área por unidad
   de construcción, la disponibilidad de servicios públicos y el número y fecha de
   la licencia de construcción.

c) El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma.

d) El monto de los recursos aprobados.

e) Las fechas de desembolso de los recursos.

f) Las fecha de reintegro de los recursos.

g) El presupuesto y flujo de caja del proyecto


ARTÍCULO 91. DESEMBOLSO Y PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE OFERTA. Los
recursos de los Fondos para Subsidio de Vivienda de Interés Social que se destinen
a promoción de oferta, serán desembolsados una vez se apruebe el proyecto por
parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar.



                                                                                109
Los recursos de promoción de oferta deberán ser reintegrados al Fondo en un
plazo no mayor a doce (12) meses. Los reintegros de los recursos se harán con
los incrementos respectivos equivalentes a la variación del IPC.

Vencido el término anterior, durante los siguientes doce (12) meses, se causarán
intereses equivalentes a la DTF anual reportada por el Banco de la República.
Vencido este período, sin que se produzca el reintegro de los recursos, éstos se
deberán reembolsar al Fondo con intereses moratorios.

La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente artículo y los plazos de retorno de los
recursos al Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda.


ARTÍCULO 92. INCUMPLIMIENTO EN EL REINTEGRO DE RECURSOS DE
PROMOCION DE OFERTA: El incumplimiento de los plazos iniciales de reintegro
podrá ocasionar una sanción consistente en la no autorización de colocación de
nuevos recursos en esta modalidad hasta tanto estos no sean reintegrados.

ARTÍCULO 93. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA REINTEGRO DE LOS RECURSOS DE
PROMOCIÓN DE OFERTA. Los recursos utilizados en promoción de oferta que
actualmente tienen dicha destinación y no hayan retornado al Fondo de subsidio
familiar de vivienda de intereses social en el plazo establecido en el acto
administrativo que los autorizó, podrán ser reintegrados en un periodo adicional
de hasta 10 meses a partir de la vigencia de este decreto, siempre y cuando se
realice la evaluación técnica y financiera por parte del Ministerio de Desarrollo
Económico que lo justifique. La aprobación de ampliación de dicho plazo, se hará
mediante acto administrativo proferido por la Superintendencia de Subsidio
Familiar previa solicitud del interesado.




                                                                              110
                                  SECCIÓN III

DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS
PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE LAS
               CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

ARTÍCULO 94. REPORTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS FONDOS
PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Las Cajas de
Compensación Familiar deberán presentar, durante los diez (10) primeros días
siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario, a la Superintendencia del
Subsidio Familiar, con copia al Ministerio de Desarrollo Económico, informes
consolidados sobre la gestión de administración realizada por las Cajas a los
Fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social.

Los informes deberán contener:

a) El balance y estado de resultado y flujo de fondos de los FOVIS.

b) El monto de las apropiaciones mensuales para el Fondo de Vivienda de Interés
   Social.

c) El portafolio de inversiones con sus respectivos rendimientos y vigencias.

d) El monto de los recursos reintegrados por concepto de promoción de oferta.

e) Los reintegros por vencimientos, renuncias y reembolsos.

f) El monto correspondiente a las asignaciones de subsidio, pagos de subsidios,
   subsidios por pagar, desembolsos de promoción de oferta y el monto destinado
   a los gastos administrativos del fondo.

g) El monto correspondiente a los recursos destinados a crédito hipotecario.


ARTÍCULO 95. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS FONDOS
PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. La Superintendencia del Subsidio
Familiar, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico, evaluará



                                                                                111
trimestralmente, de acuerdo con los informes de que trata el artículo anterior, el
desempeño de las Cajas de Compensación Familiar en todo lo relativo a la
administración y manejo de los Fondos de Subsidio Familiar de Vivienda de Interés
Social y, en general, de la gestión que éstas realicen en ejecución de la Política
Nacional de Vivienda de Interés Social y adoptarán las medidas a que haya lugar.

En todo caso, la Superintendencia del Subsidio Familiar deberá ejercer el control
requerido sobre la inversión de recursos en portafolio, el reintegro de recursos a
los Fondos con sus respectivos rendimientos y la colocación eficiente de los
recursos.

ARTÍCULO 96. RECURSOS PARA CREDIITO HIPOTECARIO. Los recursos del
Fondo destinados a la colocación de créditos reglamentados en el decreto 1746 de
2000, podrán destinarse a inversiones en bonos, títulos hipotecarios u otros
instrumentos de largo plazo, con calificación de riesgo, que impulsen el mercado
hipotecario. En tal caso las Cajas de Compensación Familiar no tendrán la
responsabilidad establecida en el artículo 5º del decreto 1746 de 2000.

PARÁGRAFO. El reintegro de los recursos destinados al crédito hipotecario
establecido en el decreto 1746 de 2000, tendrá un plazo no mayor a cinco (5)
años.


ARTÍCULO 97. DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
FONDOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Las Cajas de
Compensación Familiar podrán imputar a sus respectivos Fondos el valor de los
costos y gastos administrativos en que incurran en cumplimiento de sus
obligaciones legales y reglamentarias, sin exceder el 5% del valor correspondiente
a las transferencias mensuales por concepto de aportes al Fondo.


ARTÍCULO 98. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA CON RECURSOS
DE LA RESERVA PARA VIVIENDA DEFINIDA EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 49 DE
1990. Los recursos provenientes de la Reserva de Vivienda de que trata el artículo
69 de la Ley 49 de 1990 y sus correspondientes rendimientos causados a partir de
la vigencia del presente Decreto, deberán ser destinados por las respectivas Cajas




                                                                               112
de Compensación Familiar a Programas de Vivienda con destino a afiliados con
ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos legales.



                              CAPITULO V
                 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO


ARTÍCULO 99. SISTEMA DE INFORMACION DEL SUBSIDIO. El Ministerio de
Desarrollo Económico implementará un Sistema de Información de oferta y
demanda que cubra todas las operaciones del Subsidio Familiar de Vivienda, que
permita el control del proceso y provea información Gerencial para la toma de
decisiones, donde se use la información como herramienta de competitividad, para
diferenciar productos, identificar segmentos del mercado y reducir la carga
operativa para la obtención de información.


ARTÍCULO 100. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DEL SUBSIDIO. El Sistema de Información del Subsidio debe ser flexible para
adaptarse a cambios integrales y coexistentes con otros sistemas sectoriales y
responder oportunamente a las necesidades de las entidades usuarias.

Este sistema incluirá:

a) El módulo de demanda, con los registros de los ahorradores y los postulantes;

b) El Modulo de Oferta, con toda la información de los planes y conjuntos de
   soluciones de vivienda a las cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios

c) Una base de datos con la información actualizada de la totalidad de subsidios
   asignados a partir de la fecha de vigencia de este decreto, a la cual se
   insertarán las bases de datos del INURBE, las Cajas de Compensación Familiar,
   el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y el FOREC,
   correspondientes a los subsidios asignados con anterioridad.




                                                                                  113
ARTÍCULO 101. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SUBSIDIO.
El Sistema de Información del Subsidio se financiará con un aporte máximo del
cero punto cinco por ciento (0.5%) de los recursos del presupuesto anual de los
FOVIS de las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente de los aportes
destinados para tal fin en las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de
Vivienda.

ARTÍCULO 102. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Para efectos de
consolidación de la información de los subsidios asignados con anterioridad al
funcionamiento de este sistema, el Inurbe, las Cajas de Compensación Familiar, el
Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y el Fondo para la
Reconstrucción del Eje Cafetero – FOREC, entregaran las bases de datos, en medio
digital y en un formato previamente definido, a la entidad Operadora del Sistema
de Información del subsidio de vivienda de interés social, en un plazo no mayor a
treinta (30) días calendario a partir de la solicitud de la entidad Operadora.

ARTÍCULO 103. EL REGISTRO DE POSTULANTES EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de
vivienda reportarán al operador del Sistema de Información del Subsidio los
registros de los postulantes que cumplan con las condiciones establecidas en el
presente decreto para ser beneficiarios del subsidio. Igualmente reportará la
calificación obtenida por dichos postulantes.


ARTÍCULO 104. INFORMACIÓN DE DEMANDA DE VIVIENDA. Una vez se
publique la asignación de subsidios por parte de las entidades otorgantes, éstas
reportarán tal información al sistema, que permitan proporcionar a los oferentes
de vivienda de interés social acceder a los beneficiarios del subsidio en su calidad
de demandantes de vivienda de interés social. Las bases de datos resultantes
serán entregadas por las entidades otorgantes del subsidio al operador del Sistema
de Información, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en
que culmine cada proceso de asignación


ARTÍCULO 105. REGISTRO DE LA OFERTA EN EL SISTEMA DE INFORMACION.
Una vez se declare la elegibilidad de los planes y proyectos, la información básica
de los mismos se incorporará al Módulo de Oferta del sistema de información.



                                                                                 114
Será función de las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda velar por
la oportuna, amplia y transparente divulgación de esta oferta, de tal manera que
los postulantes y beneficiarios del subsidio dispongan de una suficiente
información, que les permita comparar y escoger libremente su solución de
vivienda.

ARTÍCULO 106. LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
SUBSIDIO. Las bases de datos de oferta y demanda del sistema de información del
subsidio, serán de libre acceso a los interesados.


                               CAPITULO VI
                       DISPOSICIONES TRANSITORIAS


ARTÍCULO 107. REGISTRO DE OFERTA Y DEMANDA DURANTE EL PERIODO DE
TRANSICION. En las asignaciones de subsidios que se realicen de acuerdo con las
normas del presente decreto, mientras se contrata la entidad privada que se
encargará del procesamiento de la información a que se hace referencia en los
artículos 99 y 100, el sistema de información de oferta y demanda operará en la
siguiente forma:

1. El INURBE centralizará y consolidará la información del Registro de Ahorradores
   remitida por las entidades captadoras de recurso. Lo anterior, sin perjuicio de
   que las Cajas de Compensación Familiar puedan obtener esta información en
   forma directa.

2. La información del ahorro previo que corresponda a los afiliados de las Cajas de
   Compensación Familiar será enviada por el INURBE a cada Caja, dentro de los
   ocho (8) días siguientes a las fechas de cierre de las postulaciones en cada
   período de asignación.

3. El registro de postulantes será llevado por cada una de las entidades
   otorgantes, en relación con los postulantes que les corresponda.




                                                                                 115
4. El Registro de Postulantes será llevado por cada una de las entidades
   otorgantes, en relación con los postulantes que les correspondan.

5. Cada entidad otorgante realizará los procesos de calificación y asignación de los
   subsidios que les corresponden, en un todo de conformidad con las normas
   establecidas en el presente decreto.

6. El registro de oferta será consolidado por el INURBE, de acuerdo con su propia
   información y la enviada por los establecimientos de crédito que declaren la
   elegibilidad de los planes y conjuntos de soluciones de vivienda.

En tanto se realice la contratación del operador del Sistema de Información del
Subsidio, la escogencia de la auditoría se realizará por parte del INURBE.


ARTICULO 108. AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS.
Amplíase la vigencia de los subsidios asignados durante 1999 y el primer semestre
de 2000, hasta el 31 de julio de 2001.


ARTÍCULO 109. CONSIGNACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS EN LAS
CUENTAS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. Para los subsidios asignados durante
los años 1999 y 2000, se podrá consignar el subsidio familiar de vivienda en la
cuenta de ahorro para la vivienda del beneficiario sin que éste acredite la promesa
de compraventa establecida en el artículo 48 del presente decreto. La entidad
otorgante dará un plazo máximo improrrogable de noventa (90) días calendario
para que el beneficiario del subsidio cumpla con el requisito de la promesa de
compraventa, una vez traslade tales recursos a la cuenta de ahorro programado.
Cuando el beneficiario no acredite la promesa de compraventa en el plazo
establecido, deberá restituir el subsidio a la entidad otorgante sin que el subsidio
se afecte en su vigencia.


ARTÍCULO 110. AJUSTE DE LA OFERTA. La oferta de vivienda a la cual podrán
aplicarse los subsidios que se asignen de acuerdo con lo aquí establecido, deberá
someterse a las normas de este decreto. Los proyectos declarados elegibles con
anterioridad a la vigencia del presente decreto mantendrán esta condición, siempre



                                                                                 116
y cuando cumplan con tales requisitos, e ingresarán al registro de oferta de
manera automática.


ARTÍCULO 111. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Este decreto rige a partir de la
fecha de su publicación, con las salvedades señaladas en el presente capítulo en
cuanto a la transición, y deroga en su totalidad los Decretos 1956 de 1997, 1310
de 1998, 824 de 1999, 1537 de 1999, 1538 de 1999, 1729 de 1999, el decreto 568
de 2000, el literal d) del artículo 3º y el artículo 7º del decreto 1746 de 2000 y
consecuentemente las normas reglamentarias de los mismos contenidas en los
Acuerdos expedidos por la Junta Directiva del INURBE que les sean contrarias y
todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C.

Ministro de Hacienda y Crédito Público
JUAN MANUEL SANTOS

Ministro de Desarrollo Económico
AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO

Ministro de Trabajo y Seguridad Social
ANGELINO GARZÓN




                                                                               117
                                   LEY 633
                           29 de Diciembre de 2000


                           El Congreso de Colombia,


                                  D E C R E T A:


                             CAPITULO I
              GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS


ARTICULO 1º. Gravamen a los Movimientos Financieros. Adiciónase el Estatuto
Tributario con el siguiente Libro:


                           "LIBRO SEXTO
              GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS


ARTÍCULO 870. Gravamen a los Movimientos Financieros -GMF-. Créase como un
nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de enero del año 2001, el Gravamen a
los Movimientos Financieros, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las
entidades que lo conforman.

ARTÍCULO 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentas del Gravamen a los
Movimientos Financieros:

1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro destinadas exclusivamente a la
   financiación de vivienda. La exención no podrá exceder en el año fiscal del
   cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo mensual vigente y se aplicará
   proporcionalmente en forma no acumulativa sobre los retiros mensuales
   efectuados por el titular de la cuenta. El Gobierno expedirá la reglamentación
   correspondiente.



                                                                                 118
2. Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante
   expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito.

ARTÍCULO 881. Devolución del GMF. Las sociedades titularizadoras, los
establecimientos de crédito que administren cartera hipotecaria movilizada, y las
sociedades fiduciarias, tendrán derecho a obtener la devolución del gravamen a los
movimientos financieros que se cause por la transferencia de los flujos en los
procesos de movilización de cartera hipotecaria para vivienda por parte de dichas
entidades, a que se refiere la Ley 546 de 1999, en los términos y condiciones que
reglamente el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 2º. Del recaudo proveniente del Gravamen a los Movimientos
Financieros por los meses de enero y febrero del año 2001, un valor equivalente a
dos (2) de los tres (3) puntos de la tarifa del impuesto será destinado a la
reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido a financiar vivienda de interés social
y otorgar subsidios para vivienda, a la dotación de instituciones oficiales de salud,
a la dotación educativa y tecnológica de los centros docentes oficiales de la zona
afectada, a la concesión de créditos blandos para las pequeñas y medianas
empresas asociativas de trabajo en tanto fueron afectadas por el terremoto y el
vandalismo    y a los fondos previstos en el Decreto 1627 de 1996 para
organizaciones existentes antes del 25 de enero de 1999 en Armenia y Pereira.



                                   CAPITULO II

                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA


ARTÍCULO 8º. Entidades que no son contribuyentes. Adiciónase el artículo 22 del
Estatuto Tributario, con un inciso, el cual quedará así:

“El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, no es contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios, y no está obligado a presentar
declaración de ingresos y patrimonio.”




                                                                                  119
ARTÍCULO 158-1. Deducción por inversiones en desarrollo científico y
tecnológico. Las personas que realicen inversiones directamente o a través de
Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como
entidades sin ánimo de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones
de Educación Superior, reconocidos por COLCIENCIAS, en proyectos calificados
como de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, o en proyectos de formación profesional de
instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por
el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en
un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o
varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por
ciento (125%) del valor invertido en el período gravable en que se realizó la
inversión. Los proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas
para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo
industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud,
electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta
deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida,
determinada antes de restar el valor de la inversión.


PARÁGRAFO 1º. Las personas podrán optar por la alternativa de deducir el ciento
veinticinco por ciento (125%) del valor de las donaciones efectuadas a centros o
grupos a que se refiere este artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente
a proyectos calificados previamente por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. Los proyectos a los cuales se dirija la donación deberán desarrollarse
igualmente en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias
sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente,
hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, informática,
biotecnología, minería, energía, o formación profesional de instituciones de
educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de
Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso
voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios
programas. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la
renta líquida, determinada antes de restar el valor de la donación. Serán igualmente
exigibles para la deducción de donaciones los demás requisitos establecidos en los
artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.




                                                                                 120
A partir del año gravable 2000, no están sometidas a renta presuntiva las
empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de
generación de energía; las Entidades Oficiales prestadoras de los servicios de
tratamiento de aguas residuales y de aseo; las sociedades en concordato; las
sociedades en liquidación, las entidades sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la liquidación o que hayan
sido objeto de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g)
del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los bancos de tierra
de los distritos y municipios destinados a ser urbanizados, y por los años gravables
2001, 2002 y 2003, las sociedades titularizadoras de cartera hipotecaria.


ARTÍCULO 401. Retención sobre otros ingresos tributarios.

Los porcentajes de retención no podrán exceder del tres punto cinco por ciento
(3.5%) del respectivo pago o abono en cuenta. En los demás conceptos,
enumerados en el inciso anterior, se aplicarán las disposiciones que los regulaban a
la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de
retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el
presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar
declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el
inciso primero de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos
agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo
federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles
derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los
contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra
material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes
retenciones."


ARTÍCULO 115. Deducción de impuestos pagados. Son deducibles en su
totalidad los impuestos de industria y comercio, predial, de vehículos, de registro y
anotación y de timbre, que efectivamente se hayan pagado durante el año o




                                                                                  121
periodo gravable; siempre y cuando tuvieren relación de causalidad con la renta
del contribuyente.

ARTICULO 23º. Modifícase el inciso tercero del artículo 126-4 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:

"El retiro de los recursos de las cuentas de ahorro "AFC" antes de que transcurran
cinco (5) años contados a partir de su fecha de consignación, implicará que el
trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas, salvo que dichos recursos se
destinen a la adquisición de vivienda financiada por entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria."


                               CAPITULO III
                        IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS


                            CAPITULO IV
                 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y CONTROL


                                CAPITULO V
                            OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 46º. Documentos exentos del impuesto de timbre. Adiciónase el
artículo 530 del Estatuto Tributario con los siguientes numerales:

"54º Los pagarés que instrumenten cartera hipotecaria.

56º Los títulos y demás documentos que se originen o deriven directamente de las
    operaciones de compra de cartera hipotecaria, su titularización y la colocación
    de los títulos correspondientes a los que se refiere la Ley 546 de 1999."


ARTICULO 48º. Facilidades para el pago. Adiciónase el artículo 814 del Estatuto
Tributario, con el siguiente parágrafo:



                                                                                 122
PARÁGRAFO Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de
reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, de conformidad con
la reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia Bancaria, y el
monto de la deuda reestructurada represente no menos del cincuenta por ciento
(50%) del pasivo del deudor, el Subdirector de Cobranzas y los Administradores de
Impuestos Nacionales, podrán mediante Resolución conceder facilidades para el
pago con garantías diferentes, tasas de interés inferiores y plazo para el pago
superior a los establecidos en el presente artículo, siempre y cuando se cumplan la
totalidad de las siguientes condiciones:

ARTÍCULO 49º. Adiciónase un parágrafo 2 al artículo 850 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:

PARÁGRAFO 2. Tendrán derecho a la devolución o compensación del impuesto al
valor agregado IVA, pagado en la adquisición de materiales para la construcción de
vivienda de interés social, las entidades cuyos planes estén debidamente
aprobados por el Inurbe, o por quién este organismo delegue, ya sea en proyectos
de construcción realizados por constructores privados, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro.

La devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento
(4%) del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo tal como
lo adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda los ciento treinta y
cinco (135) salarios mínimos mensuales legales de acuerdo a la reglamentación
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

La DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que
demuestren el pago del IVA en la construcción del proyecto de vivienda de interés
social.




                                                                                123
ARTICULO 63º. El Fondo obligatorio para vivienda de interés social FOVIS. El
Fondo obligatorio para vivienda de interés social, FOVIS, estará constituido por los
aportes y sus rendimientos, que al mismo haga la correspondiente Caja de
Compensación Familiar, los cuales continuarán administrados directamente por las
Cajas en forma autónoma en sus etapas de postulación, calificación, asignación y
pago, en los porcentajes mínimos que se refieren a continuación:



a) Para el año 1999, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%)
   del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una suma que será del
   veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos
   recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos
   de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del veintidós por ciento
   (22%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
   vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
   acuerdo con lo dispuesto por este artículo.

b) Para el año 2000, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%)
   del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una suma que será del
   veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos
   recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos
   de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del veinticuatro por ciento
   (24%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
   vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
   acuerdo con lo dispuesto por este artículo.

c) Para el año 2001, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%)
   del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una suma que será del
   veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos
   recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos
   de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del veinticinco por ciento
   (25%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
   vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
   acuerdo con lo dispuesto por este artículo.



                                                                                 124
d) Para el año 2002, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%)
   del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una suma que será del
   veintisiete por ciento (27%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos
   recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos
   de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del veintiséis por ciento
   (26%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
   vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
   acuerdo con lo dispuesto por este artículo.

e) Para el año 1999, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al cien por cien (100%), e inferior
   al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional deberá transferir al
   FOVIS una suma que será del trece por ciento (13%) de los aportes patronales
   para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente, determinará
   el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
   artículo.

f) Para el año 2000, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al cien por ciento (100%), e
   inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional, deberá
   transferir al FOVIS una suma que será del quince por ciento (15%) de los
   aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia
   competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con
   lo dispuesto por este artículo.

g) Para el año 2001, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al cien por ciento (100%), e
   inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional, deberá
   transferir al FOVIS una suma que será del diecisiete por ciento (17%) de los
   aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia
   competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con
   lo dispuesto por este artículo.

h) Para el año 2002, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual o superior al cien por ciento (100%), e



                                                                                   125
   inferior al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional, deberá
   transferir al FOVIS una suma que será del dieciocho por ciento (18%) de los
   aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia
   competente, determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con
   lo dispuesto por este artículo.

i) Para el año 1999, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al
   cien por ciento (100%) del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una
   suma que será del siete por ciento (7%); para aquellas cajas, del mismo
   cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al diez por ciento (10%)
   de los recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del cinco
   por ciento (5%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de
   inspección y vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de
   cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo.

j) Para el año. 2000, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al
   cien por cien (100%) del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una
   suma que será del nueve por ciento (9%); para aquellas cajas, del mismo
   cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores al diez por ciento (10%)
   de los recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del siete
   por ciento (7%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de
   inspección y vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de
   cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo.

k) Para el año 2001, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al
   cien por ciento (100%) del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una
   suma que será del diez por ciento (10%) de los aportes patronales para
   subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente, determinará el
   porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
   artículo.

l) Para el año 2002, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio
   familiar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al
   cien por cien (100%) del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una



                                                                              126
   suma que será del doce por ciento (12%) de los aportes patronales para
   subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente, determinará el
   porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
   artículo.

m) Para los años 1999, 2000, 2001 y 2002, cuando el cociente particular de
   recaudo para subsidio familiar de una caja resultare inferior al ochenta por
   ciento (80%) del cociente nacional, deberá transferir al FOVIS una suma que
   será del cinco por ciento (5%) de los aportes patronales para subsidios. La
   autoridad de inspección y vigilancia competente, determinará el porcentaje de
   aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo.

PARÁGRAFO 1. Las Cajas de compensación familiar con los recursos restantes de
sus recaudos para subsidios, no estarán obligadas a realizar destinaciones forzosas
para planes de vivienda.

PARÁGRAFO 2. El cincuenta y cinco por ciento (55%) mínimo, que las cajas
destinarán al subsidio monetario, será calculado sobre el saldo que queda después
de deducir la transferencia respectiva al Fondo de subsidio familiar de vivienda y
las demás obligaciones que determine la ley, así como el diez por ciento (10%) de
los gastos de administración y funcionamiento la contribución a la
Superintendencia del Subsidio Familiar según la legislación vigente. En ningún caso
una caja podrá pagar como subsidio en dinero una suma inferior a la que esté
pagando en el momento de expedirse esta ley.

PARÁGRAFO 3. No estarán obligadas a la destinación de recursos para el FOVIS
en el componente de vivienda de interés social, las Cajas de compensación familiar
que operen al tenor del inciso 2 del artículo 43 del decreto 341 de 1988, en las
áreas que a continuación se enuncia y respecto de los recaudos provenientes de
las mismas:

Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía,
Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y la
región de Urabá, con excepción de las ciudades de Riohacha, Sincelejo,
Villavicencio, Yopal, y sus respectivas áreas de influencia en estas áreas; las cajas
podrán adelantar libremente programas de vivienda, incluidos subsidios para los




                                                                                  127
beneficiarios adjudicatarios de los mismos. La autoridad de inspección y vigilancia
competente evaluará las situaciones de excepción de este parágrafo.

PARÁGRAFO 4. No estarán obligadas a la destinación de recursos para el FOVIS
en los componentes de vivienda de interés social, de que trata esta ley, las Cajas
de compensación familiar que operen al tenor del inciso 2 del artículo 43 del
decreto 341 de 1988, en las zonas de desastre del eje cafetero. La autoridad de
inspección y vigilancia esta facultada para evaluar la situación de estas cajas en la
medida en que se vaya recuperando la zona.

PARÁGRAFO 5. No obstante lo señalado en este artículo, las cajas podrán
someterse a un plan de ajuste para alcanzar los porcentajes aquí establecidos,
cuando las circunstancias financieras así lo requieran, a juicio de la entidad que
ejerza la supervisión y control de las Cajas de compensación.

ARTICULO 64º. Destinación de los recursos del FOVIS. Los recursos adicionales
que se generen respecto de los establecidos con anterioridad a la presente ley, se
destinarán de la siguiente manera:

a) No menos del cincuenta por ciento (50%) para vivienda de interés social.

b) El porcentaje restante después de destinar el anterior, para la atención integral
   a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la jornada escolar complementaria.
   Estos recursos podrán ser invertidos directamente en dichos programas
   abiertos a la comunidad, por las Cajas de compensación sin necesidad de
   trasladarlos al FOVIS.


ARTÍCULO 67º. FOVIS. Las cajas de compensación familiar continuarán
administrando autónomamente en los términos previstos por las leyes 49 de 1990
y 3 de 1991 los recursos apropiados con destino a la postulación, calificación,
asignación y pago de subsidios para VIS de conformidad con los procedimientos
señalados por el Gobierno Nacional.


ARTÍCULO 68º. Subsidios. La asignación de subsidios correspondientes a la
vigencia presupuestal del año 1999 para el rango de familias con ingreso hasta dos



                                                                                  128
(2) SMLM se orientará en primer lugar a programas asociativos que a la fecha de la
sanción de la presente ley demuestren un avance en construcción de obras de
infraestructura o vivienda no menor al veinte por ciento (20%) del valor total del
proyecto.



ARTÍCULO 69º. Acceso al subsidio. Las familias de ingresos inferiores a dos (2)
SMLM podrán acceder al subsidio de vivienda sin el requisito del ahorro
programado siempre y cuando tengan garantizada la financiación completa de la
solución de vivienda a la que aspiran.



ARTÍCULO 70º. Proyectos colectivos en vivienda de interés social. La asignación
individual de los subsidios a la demanda para vivienda de interés social, contempla
las modalidades de proyectos individuales y proyectos colectivos.


ARTÍCULO 71º. Concurrencia de las entidades públicas del orden nacional,
departamental o municipal en proyectos de Vivienda de Interés Social. Las
entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, podrán invertir
recursos en programas colectivos de Vivienda de Interés Social, VIS. En aquellos
municipios en donde haya aporte en lotes municipales en los programas de VIS,
que cuenten con financiación de la nación, dichos lotes se adjudicarán por el
sistema de libre concurrencia y selección objetiva entre los constructores interesa-
dos, que ofrezcan menor valor de la vivienda excepto cuando la construcción vaya
a ser totalmente ejecutada por una entidad estatal.

ARTÍCULO 72º. Afiliación de los trabajadores por cuenta propia. El gobierno
promoverá la legislación para la incorporación voluntaria de los trabajadores por
cuenta propia a las Cajas de compensación familiar, mediante el pago mensual del
dos por ciento (2%) de sus ingresos reales, con una base mínima de dos (2)
salarios mínimos, con derecho a todos los servicios que las cajas ofrecen,
exceptuando el subsidio monetario; y para programas voluntarios de ahorro
programado que se creen para el acceso a la vivienda en el caso de estos
trabajadores. Los programas de ahorro voluntario para vivienda, podrán
extenderse a trabajadores afiliados a las Cajas de compensación, del sector formal.



                                                                                 129
ARTICULO 88º. Impuesto de registro de instrumentos públicos y derechos
notariales. Constituyen actos sin cuantía para efectos de la liquidación de derechos
notariales y registrales, la transferencia a título de dación en pago de los bienes
inmuebles que garantizan una obligación hipotecaria.

ARTICULO 92º. Para efectos del artículo 18 del Decreto 350 de 1999, el consejo
directivo del FOREC determinará la naturaleza de los contratos de prestación de
servicios celebrados con las gerencias zonales para la reconstrucción económica,
social y ecológica de la región del eje cafetero afectada por el terremoto del 25 de
enero de 1999.


ARTICULO 94º. El Departamento del Atlántico en su calidad de Ente Recaudador
del producido del Impuesto denominado Estampilla "CIUDADELA UNIVERSITARIA
DEL ATLANTICO”, administrará el cien por ciento (100%) del recurso de la
estampilla a través de la Junta Especial denominada “JUNTA CIUDADELA
UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO”, dicho impuesto quedará vigente de manera
indefinida y se utilizará destinando el ochenta por ciento (80%) para la
construcción, dotación y sostenimiento de la Universidad del Atlántico y el veinte
por ciento (20%) para la construcción y mejoramiento de vivienda de interés social
e infraestructura de servicios públicos domiciliarios del Departamento del Atlántico.

ARTICULO 129º. El Inurbe podrá adelantar un programa de refinanciación de las
obligaciones que tengan los deudores del I.C.T. mejorando los plazos de la
Resolución No. 0167 de 2000 y las tasas de interés para pago de capital (Plazo
mínimo de 12 meses) e intereses.


El Presidente del Honorable Senado de la República

MARIO URIBE ESCOBAR

El Secretario General del Honorable Senado de la República

MANUEL ENRIQUEZ ROSERO




                                                                                  130
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes

BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO


El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes

ANGELINO LIZCANO RIVERA


                            RESOLUCION 0254

                         29 DE MARZO DEL 2001


  Por la cual se establecen los cupos indicativos correspondientes a los
      recursos del Subsidio Familiar para Vivienda de Interés Social para
                                 zonas urbanas



                EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO



 En virtud de lo previsto en las Leyes 418 de 1997 y 546 de 1999, y en el Decreto
                        2620 del 18 de diciembre de 2000 y


                               CONSIDERANDO



Que el artículo 29 de la Ley 546 de 1999 estableció que, durante los cinco años
siguientes a la vigencia de la ley, se asignará con recursos del presupuesto
nacional una suma anual equivalente a ciento cincuenta mil millones de pesos



                                                                               131
($150.000.000.000.oo) expresados en Unidades de Valor Real – UVR -, con el fin
de destinarlos a subsidio familiar de vivienda de interés social;

Que, de conformidad con lo establecido en dicha ley, el ochenta por ciento (80%)
de los recursos presupuestales apropiados para el subsidio a la vivienda de interés
social, se destinarán a zonas urbanas;

Que es prioriodad del Gobierno Nacional, a través del Inurbe, asignar los recursos
necesarios para la atención de los desastres naturales y los atentados terroristas
que han afectado la vivienda de un número de ciudadanos;

Que el artículo 30 de ley 546 de 1999, en su inciso segundo, permite destinar
recursos del subsidio de vivienda de interés social al otorgamiento de las garantías
para bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para títulos
emitidos en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable;

Que el artículo 27 de la Ley 546 de 1999, señaló que el Gobierno Nacional
establecerá un reglamento para distribuir los recursos nacionales del Subsidio
Familiar de Vivienda, con base en criterios técnicos;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 2620 del 18
de diciembre de 2000, “Para cumplir los requisitos que se describen en el artículo
27 de la Ley 546 de 1999, se requiere identificar las regiones con mayor atraso
relativo, generado por hacinamiento habitacional y calidad de la vivienda, al igual
que aquellas que concentran la mayor cantidad de población. El indicador que
reúne los anteriores factores, es la combinación del Indice de Necesidades Básicas
Insatisfechas -NBI- para vivienda elaborado y certificado por el DANE, y la
distribución de la población correspondiente a la proyección para el año
inmediatamente anterior certificadas por el DANE; indicador que en adelante se
denominará Indice de Población en Pobreza Relativa”.

Que la ley 628 del 27 de diciembre de 2000, “Por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1°
de enero al 31 de diciembre de 2001”, faculta al Gobierno Nacional para que en el
decreto de liquidación, clasifique y defina los ingresos y gastos;

Que, según lo establecido en el artículo 74 del Decreto 2620 del 18 de diciembre



                                                                                  132
de 2000, el setenta por ciento (70%) de los recursos del Subsidio para Vivienda de
Interés Social Urbana, se distribuirá según los criterios que en esta Resolución se
indican y el treinta por ciento (30%) restante con base en los aportes municipales
complementarios al subsidio nacional de vivienda y demás criterios establecidos
en el citado artículo, al igual que las condiciones adicionales definidas por el
Ministerio de Desarrollo Económico;

Que de acuerdo con el decreto 2790 del 29 de diciembre de 2000, en la sección
2003 de los artículos 2° y 3°, se le destinó al Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana – INURBE-, un total de ciento treinta y cinco mil
millones de pesos ($135.000.000.000.oo) para subsidios de vivienda urbana;

Que de conformidad con el artículo 75 del decreto 2790 de 2000, los recursos del
subsidio familiar de vivienda urbana apropiados al Inurbe deben ser distribuidos
según los criterios establecidos en el decreto 568 de 2000, que fue incorporado en
el decreto 2620 de 2000;

Que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 75 del Decreto
2620 del 18 de diciembre de 2000, los cupos indicativos correspondientes al
setenta por ciento (70%) de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda para
cada vigencia fiscal, se comunicarán mediante resolución expedida por el Ministerio
de Desarrollo Económico, en los primeros tres (3) meses de cada año;

Que en cumplimiento de la sentencia T –1635 de 2000 promulgada por la Corte
Constitucional, el Ministerio de Desarrollo Economía expidió la Resolución 098 del
16 de febrero de 2001, por medio del cual asignó un cupo de un mil cien millones
de pesos ($1.100.000.000) provenientes de los recursos del subsidio familiar de
vivienda y destinados a atender a las personas y familias desplazadas por la
violencia que ocupan la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá;

Que se deben establecer los cupos indicativos de los recursos del Subsidio Familiar
para Vivienda de Interés Social para zonas urbanas

RESUELVE




                                                                                133
ARTICULO 1º. GARANTÍAS PARA BONOS HIPOTECARIOS PARA
FINANCIAR CARTERA VIS SUBSIDIABLE Y PARA TÍTULOS EMITIDOS EN
PROCESOS DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA VIS SUBSIDIABLE.
Destínese la suma de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) de los
recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social a las garantías para los
bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para títulos emitidos en
procesos de titularización de cartera VIS subsidiable, emitidos por los
establecimientos de crédito, en las condiciones señaladas por el Gobierno Nacional,
de acuerdo con lo establecidas en el artículo 30 de la ley 546 de 1999. El Inurbe,
realizará los movimientos presupuestales necesarios para hacer realidad la
constitución de dichas garantías.


ARTÍCULO 2°. DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE
DESASTRES NATURALES Y OTRAS SENTENCIAS. Destínese ocho mil
doscientos ochenta y un millones quinientos cuatro mil ciento cincuenta y ocho
pesos ($8,281,504,158) para la atención de acciones judiciales derivadas de
desastres naturales y otras sentencias que han afectado a un número de
ciudadanos en sus viviendas, con la siguiente distribución:


DEPARTAMENTO MUNICIPIO         # SUBSIDIOS          VALOR                 MODALIDAD
Atlántico       Soledad                  251     1,492,651,500 ACCION DE CUMPLIMIENTO
Cauca           Inza                     964     1,827,235,720 ACCION DE CUMPLIMIENTO
                                                               COMPLEMENTO SENTENCIA T-
Bogotá. D.C.    Bogotá, D.C.               60 429,000,000      1635
                Bucaramang
Santander       a                              650,000,000      ACCIONES POPULARES
                Olaya
Nariño          Herrera                  460      1,073,318,460 ACCION DE CUMPLIMIENTO
                Santa
                Bárbara                  578      1,348,647,978 ACCION DE CUMPLIMIENTO
                Roberto
                Payán                    500      1,116,650,500 ACCION DE CUMPLIMIENTO

                Pasto                      14 344,000,000       ACCION DE CUMPLIMIENTO
TOTAL



                                                                                  134
                                             8,281,504,158

ARTICULO 3º. CUPOS INDICATIVOS POR DEPARTAMENTO PARA EL AÑO
2001. Con base en los criterios previstos en el artículo 73 del Decreto 2620 del 18
de diciembre de 2000 y sin perjuicio de la disponibilidad de recursos del
presupuesto general de la nación para tal fin, el setenta por ciento (70%) de la
asignación presupuestal para los subsidio de vivienda urbana, excluidos los
recursos destinados a las garantías establecidas en el artículo 30 de la ley 546 de
1999, al cumplimiento de la sentencia T – 1635 de 2000 y a la atención de
acciones judiciales derivadas por desastres naturales y otras sentencias, durante el
año 2001 los cupos indicativos de recursos del subsidio de vivienda de interés
social correspondientes a los sectores urbanos de los diferentes departamentos,
son los siguientes:

Departamento      CUPO INDICATIVO (En millones de pesos)
                   TOTAL DEL     CAPITAL       DEMÁS
                 DEPARTAMENTO                CABECERAS
                                             MUNICIPALE
                                                  S
Antioquia                 6,747       3,411         3,335
Atlántico                 4,899       3,166         1,733
Bogotá                   12,600     12,600              0
Bolívar                   5,376       3,363         2,013
Boyacá                    1,204         239           965
Caldas                    1,052         530           523
Caquetá                     530         305           225
Cauca                     1,121         536           584
Cesar                     3,051       1,347         1,704
Córdoba                   3,559       1,435         2,124
Cundinamarca              3,014            0        3,014
Choco                       469         238           232
Huila                     1,280         679           600
La Guajira                1,514         473         1,042
Magdalena                 3,468       1,584         1,884
Meta                      1,189         726           463


                                                                                 135
 Nariño                     2,658        1,296         1,362
 Norte de
Santander                   2,612        1,668           944
 Quindio                      886          540           346
 Risaralda                  1,310          707           603
 Santander                  2,370          921         1,449
 Sucre                      3,498        1,417         2,081
 Tolima                     2,044        1,013         1,031
 Valle                      7,458        4,317         3,141
 Arauca                       515          230           285
 Casanare                     439          172           267
 Putumayo                     265           49           216
 San Andrés                   265          255            10
 Amazonas                      83           77             6
 Guainía                       23           23             0
 Guaviare                     129           84            45
 Vaupés                        30           25             5
 Vichada                       61           39            22
 TOTAL PAIS             75,718.5       43,464        32,255

ARTÍCULO 4°. RECURSOS A DISTRIBUIR POR ESFUERZO MUNICIPAL. Los
recursos restantes de la asignación presupuestal para los subsidio de vivienda
urbana, equivalentes a treinta y seis mil millones de pesos ($36.000.000.000.oo)
se distribuirán de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 74 del
decreto 2620 y los demás que defina el Ministerio de Desarrollo Económico.

De los anteriores recursos destínese el diez por ciento (10%) para la atención de
las necesidades de vivienda derivadas de actos terroristas. La asignación de tales
recursos deberá contar con el concepto previo favorable de la Dirección General de
Vivienda del Ministerio de Desarrollo Económico.

ARTICULO 5º. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE LA
BOLSA DE ESFUERZO MUNICIPAL. Durante el presente año, los proyectos que
se presenten para participar en la distribución de recursos por esfuerzo local según



                                                                                 136
lo establecido en la resolución 615 de 2000, podrán ser entregados hasta 30 días
antes del cierre de la postulación, de acuerdo con lo que establezca la Junta
Directiva del Inurbe.

ARTICULO 6º. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y modifica el artículo 11 de la Resolución 615
de 2000.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los


AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO




                                 DECRETO 1243
                                JUNIO 22 DEL 2001




Por el cual se reglamenta el procedimiento de devoluciones y compensaciones del
impuesto sobre las ventas en materiales de construcción utilizados en vivienda de
                                  interés social.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20
del artículo 189 de la Constitución Política, y en el parágrafo 2° del artículo 850 de
Estatuto Tributario,

                                     DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Vivienda de Interés Social que da derecho a devolución o
compensación del impuesto sobre las ventas por la adquisición de materiales de



                                                                                   137
construcción. Para efectos de la devolución del impuesto sobre las ventas, IVA, de
que trata el parágrafo 2° del artículo 850 del Estatuto Tributario, es Vivienda de
Interés Social, VIS, la solución de vivienda nueva que se desarrolla para garantizar
el derecho a la vivienda de personas de menores ingresos, cuyo precio al momento
de su adquisición o adjudicación sea inferior o igual a ciento treinta y cinco (135)
salarios mínimos legales mensuales, smlm, ubicada en los estratos
socioeconómicos 1, 2, y 3.

Los constructores de vivienda de interés social podrán solicitar a la autoridad
competente la clasificación o reclasificación del estrato socioeconómico en relación
con los proyectos que desarrollen, siempre y cuando estos hayan obtenido la
declaratoria de elegibilidad por el Inurbe o la entidad delegada para tal fin.

En los sitios en donde no se haya hecho la estratificación socioeconómica, y en los
casos de vivienda rural, para la aplicación de este decreto, se tendrán en cuenta
las soluciones de vivienda para personas de menores ingresos, entendiéndose por
tales quienes acrediten ingresos familiares totales hasta de cuatro (4) smlm,
siempre que el precio final de la vivienda no supere la suma de ciento veinte (120)
smlm.

PARÁGRAFO. Se entiende que cada solución de Vivienda de Interés Social,
además de los servicios públicos instalados, también contará con ducha, sanitarios,
lavamanos, lavadero, cocina y lavaplatos. El precio total de la vivienda, así
descrita, no podrá exceder el precio máximo señalado en este artículo, según su
ubicación.

ARTÍCULO 2°. Aprobación por el Inurbe. El Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, podrá aprobar directamente los
proyectos o planes de construcción de vivienda de interés social, o delegar su
aprobación mediante acuerdo de su junta directiva. Tratándose de vivienda rural la
aprobación corresponderá al Banco Agrario que podrá delegar su aprobación
mediante acuerdo de su junta directiva, para lo cual deberá tener en cuenta los
mismos parámetros de elegibilidad del Inurbe.

PARÁGRAFO 1°. Para efectos de lo dispuesto en este decreto, la aprobación de
los planes o proyectos se entenderá realizada mediante la declaratoria de
elegibilidad para asignación del subsidio familiar de vivienda, efectuada por la



                                                                                 138
entidad competente, de conformidad con lo establecido en la Ley 3ª de 1991 y
normas posteriores.

PARÁGRAFO 2°. La aprobación impartida por el Inurbe o su delegado, de
conformidad con las normas vigentes antes de la expedición de la Ley 633 de
2000, conserva su validez para efectos la devolución de que trata el presente
decreto, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en el mismo.

ARTÍCULO 3°. Requisitos de la contabilidad. La solicitud de compensación o
devolución del IVA pagado en la adquisición de los materiales de construcción para
vivienda de interés social, deberá ser presentada por el constructor. Los
constructores pueden ser también los titulares del proyecto aprobado por Inurbe, o
construir bajo alguna modalidad de contrato con el titular. En todo caso, los
constructores de vivienda de interés social deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Llevar contabilidad en debida forma, según las reglas básicas señaladas en el
Decreto 2649 de 1993, especialmente en lo previsto en su artículo 6°. En
consecuencia, su contabilidad y sus estados financieros deben permitir identificar
en forma clara el monto del IVA correspondiente a cada etapa de los proyectos
desarrollados.

2. Elaborar, por cada centro de costos de cada uno de los proyectos de VIS que
desarrollen, un presupuesto de costos de obra por capítulos, subcapítulos e ítems,
en el que se refleje la cantidad y el valor de los materiales que destinen al
proyecto, en forma separada de los que destinen a otras actividades o proyectos,
así como la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en este decreto. En proyectos que se desarrollen por etapas de
construcción será necesario llevar centros de costos por cada una de dichas
etapas.

3. Llevar en una cuenta transitoria el IVA cancelado en la adquisición de materiales
de construcción de vivienda de interés social, el cual se trasladará a una cuenta de
Impuesto a las Ventas por Cobrar en la parte que corresponda a cada unidad del
proyecto que se encuentre en condiciones de enajenación. Para tal efecto, es
necesario llevar por centros de costos el valor del IVA cancelado en la adquisición




                                                                                 139
de materiales de construcción de vivienda de interés social, objeto de la solicitud
de devolución o compensación.

4. El IVA que corresponde a materiales de proyectos diferentes de los de vivienda
de interés social, será tratado como factor de costo en el respectivo centro de
costos, sin que pueda afectar el IVA de vivienda de interés social que será
solicitado en compensación o devolución.

5. Cuando el IVA pagado en la adquisición de materiales de construcción de la
vivienda de interés social, exceda el porcentaje a que se refiere el parágrafo 2° del
artículo 49 de la Ley 633 de 2000, dicho exceso deberá registrarse como factor de
costo en el respectivo centro de costos y en ningún caso afectará el IVA que sea
solicitado como devolución o compensación.

6. Las facturas o documentos equivalentes que, de conformidad con el artículo 123
del Decreto 2649 de 1993, sirvan de soporte a los registros contables, deben
satisfacer los requisitos señalados en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y
discriminar en todos los casos el IVA correspondiente a la transacción.

PARÁGRAFO 1°. Para los efectos contemplados en este decreto, se consideran
materiales de construcción solamente aquellos bienes corporales muebles que
constituyan costo directo imputable a la construcción de vivienda de interés social.

PARÁGRAFO 2°. Los constructores como titulares del derecho a la devolución o
compensación del IVA de que trata este decreto, podrán desarrollar la construcción
de los proyectos de vivienda de interés social en forma directa, o mediante
subcontratos de construcción, o por el sistema de autoconstrucción. En todo caso,
ellos serán los únicos responsables ante la Administración Tributaria por el
cumplimiento de los requisitos señalados en este decreto para la procedencia de la
devolución o compensación.

PARÁGRAFO 3°. Cuando los proyectos de vivienda de interés social se desarrollen
por el sistema de autoconstrucción, para que proceda la aprobación del proyecto y
la devolución o compensación del impuesto sobre las ventas, se requiere que los
mismos sean adelantados bajo la responsabilidad de una entidad vigilada, como
una cooperativa, una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, u otra entidad, que
figure como titular del proyecto y satisfaga los requisitos señalados en este



                                                                                  140
decreto. En este evento, las facturas de compra de los materiales utilizados
deberán estar expedidas a nombre de dicha entidad.

ARTÍCULO 4°. Solicitud de devolución o compensación. Las entidades solicitantes
de devolución o compensación conforme con lo establecido en el parágrafo 2° del
artículo 850 del Estatuto Tributario, responsables o no del impuesto sobre las
ventas, deberán presentar la solicitud ante la División de Devoluciones, o la
dependencia que haga sus veces, de la Administración de Impuestos con
jurisdicción en el domicilio fiscal de la entidad solicitante, aunque desarrollen los
proyectos en diferentes municipios del país, caso en el cual deberán consolidar la
respectiva documentación.

La solicitud deberá presentarse, con respecto a cada unidad de obra terminada y
enajenada, dentro de los dos (2) bimestres siguientes a la fecha de registro de la
escritura pública de venta de dicha unidad y en todo caso, a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes a la terminación total del proyecto de construcción de
vivienda de interés social.

En el evento en que dentro de estos dos (2) años no se hayan podido enajenar las
unidades de vivienda construidas, la entidad deberá solicitar al Administrador de
impuestos de su domicilio una prórroga, con dos (2) meses de anterioridad al
vencimiento de los dos (2) años y con la comprobación del hecho. El Administrador
de Impuestos, dentro del mes siguiente concederá la prórroga hasta por seis (6)
meses, si encuentra fundados los hechos aducidos en la solicitud.

Para el efecto aquí previsto, la certificación de terminación del proyecto de
construcción o de liquidación de cada unidad, será expedida por el representante
legal de la constructora.

PARÁGRAFO. Las solicitudes de devolución del IVA pagado en adquisición de
materiales de construcción, relacionados con proyectos iniciados y terminados bajo
las normas anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000,
deberán versar únicamente sobre el monto del IVA todavía no solicitado, siempre
que no se haya llevado a costo ni tratado como impuesto descontable.

Dichas solicitudes de devolución deberán presentarse a más tardar el 31 de julio
del año 2001, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 7° de este



                                                                                  141
decreto. El Revisor Fiscal o Contador Público titulado, según el caso, certificarán el
cumplimiento de todos los requisitos para la procedencia de la solicitud.

Las facturas base para la solicitud de devolución o compensación del IVA no
podrán tener fecha de expedición superior a un año, en relación con la fecha de la
solicitud, y el monto de la devolución o compensación correspondiente al proyecto
total no podrá exceder del 4% del valor de la vivienda enajenada, incluyendo el
IVA que ya hubiere sido parcialmente devuelto.

ARTÍCULO 5°. Registro del proyecto ante la DIAN. Antes de presentar la solicitud
de devolución o compensación, como requisito para su procedencia, deberá
registrarse ante la División de Fiscalización, o la unidad que haga sus veces, de la
Administración de Impuestos del domicilio social de la entidad solicitante, el
proyecto de vivienda de interés social aprobado por el Inurbe o su delegado, con
copia del correspondiente plan de costos, por capítulos, subcapítulos, ítems y
unidades de obra.

ARTÍCULO 6°. Monto de la solicitud. La solicitud de devolución o de
compensación del IVA se podrá formular hasta por el 4% del valor registrado en la
escritura de enajenación de la vivienda de interés social, por unidades completas
de construcción. Si el valor de la vivienda fuere superior al del IVA cancelado en la
adquisición de los materiales utilizados, solamente podrá solicitarse la devolución o
compensación del IVA efectivamente pagado, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente decreto. En caso contrario, la diferencia se tendrá
como mayor valor de costo del proyecto.

ARTÍCULO 7°. Requisitos de la solicitud. La solicitud de devolución o
compensación deberá presentarse por escrito, por el representante legal de la
entidad constructora del proyecto, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad
competente, con anterioridad no mayor de cuatro (4) meses;

b) Poder otorgado en debida forma cuando se actúe mediante apoderado;

c) Certificado expedido por la autoridad municipal competente acerca del estrato
socioeconómico correspondiente al proyecto de vivienda de interés social;



                                                                                   142
d) Si el constructor solicitante ha desarrollado bajo contrato el proyecto, deberá
adjuntar certificación expedida por el titular del proyecto, sobre el contrato de
construcción correspondiente;

e) Relación certificada por Revisor Fiscal o Contador Público, de las facturas o
documentos equivalentes, de compra de materiales utilizados para la construcción
de viviendas de interés social, indicando su número, el nombre o razón social y
NIT del proveedor y valor del IVA cancelado, discriminado en ellas;

f) Garantía bancaria o de compañía de seguros expedida con el cumplimiento de
los requisitos legales, cuando el solicitante se acoja a la opción contemplada en el
artículo 860 del Estatuto Tributario;

g) Certificado expedido por el Inurbe o su delegado, en el que conste que el plan
fue debidamente aprobado o declarado elegible;

h) Copia de los certificados de tradición de los inmuebles enajenados, que
constituyan vivienda de interés social, expedida por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.

PARÁGRAFO. Si la construcción se desarrolla por contrato de construcción sobre
sitio propio, o por autoconstrucción, el certificado de la Oficina de Registro deberá
incluir la construcción realizada y su valor.

ARTÍCULO 8°. Término para efectuar la devolución o compensación. El término
para efectuar la devolución o compensación de que trata el presente decreto, será
el consagrado en los artículos 855 y 860 del Estatuto Tributario, contado a partir
del día siguiente a la presentación oportuna y en debida forma de la solicitud ante
la Administración competente.

Para los solicitantes de la devolución o compensación, que no cumplan
debidamente con los requisitos establecidos para su contabilidad en el artículo 3°
del presente decreto, se aplicará lo previsto en el artículo 857-1 del Estatuto
Tributario, respecto de todas las solicitudes de devolución o compensación que
presenten, relacionadas con vivienda de interés social.




                                                                                  143
ARTÍCULO 9°. Inadmisión de la solicitud. Sin perjuicio de lo señalado en el
artículo siguiente, cuando las solicitudes de devolución o compensación, no
cumplan alguno de los requisitos señalados en el artículo 7° del presente decreto,
la división de devoluciones o dependencia que haga sus veces, proferirá auto
inadmisorio dentro del término de quince (15) días contados a partir de la fecha de
radicación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 858 del
Estatuto Tributario.

La solicitud deberá presentarse nuevamente dentro del mes siguiente a la
notificación del auto de inadmisión, subsanando las causales que dieron lugar al
mismo.

ARTÍCULO 10. Rechazo de la solicitud. La solicitud de devolución o compensación
a que se refieren los artículos anteriores, deberá rechazarse en forma definitiva en
los siguientes casos:

a) Cuando se presente extemporáneamente;

b) Cuando el proyecto de vivienda de interés social no haya sido aprobado con
anterioridad a la solicitud de devolución o compensación;

c) Cuando al momento de la enajenación del inmueble respectivo, el estrato
socioeconómico no corresponda a lo previsto en el artículo 1° de este decreto;

d) Cuando se verifique que el impuesto sobre las ventas objeto de la solicitud ha
sido utilizado como impuesto descontable o como costo;

e) Cuando el impuesto solicitado haya sido objeto de devolución o compensación
anterior;

f) Cuando dentro del término establecido en el inciso segundo del artículo anterior,
la entidad solicitante no subsane los requisitos para su admisión;

g) Cuando las facturas con base en las cuales se solicita la devolución o
compensación no cumplan los requisitos indicados en el artículo 3° de este
decreto.




                                                                                 144
PARÁGRAFO. Cuando el IVA solicitado exceda el 4% del valor registrado en las
escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo adquiere su comprador o
usuario final, la Administración devolverá o compensará hasta dicho monto,
rechazando el exceso.

ARTÍCULO 11. Devoluciones o compensaciones improcedentes. La Administración
de Impuestos efectuará las investigaciones que considere necesarias, con el fin de:

a) Constatar el pago del impuesto sobre las ventas por parte del solicitante.

b) Que el impuesto sobre las ventas no haya sido solicitado como descontable en
la cuenta impuesto a las ventas por pagar ni tratado como costo en la declaración
de renta correspondiente;

c) Verificar el derecho a la devolución o compensación solicitada, la cual podrá
realizarse sobre la contabilidad del solicitante y sobre la de sus proveedores o
contratistas.

PARÁGRAFO. Cuando se obtenga la devolución o compensación utilizando
documentos falsos o mediante fraude, se impondrá una sanción equivalente al
quinientos por ciento (500%) de la suma devuelta o compensada, para lo cual
previamente a su imposición se dará traslado del pliego de cargos por el término
de un mes para responder. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 222 de 1995.

ARTÍCULO 12. En lo no previsto en este decreto se aplicarán, en lo pertinente las
disposiciones del Estatuto Tributario y demás normas concordantes, para las
devoluciones o compensaciones de saldos a favor.

ARTÍCULO 13. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del día
siguiente a su publicación, y deroga el Decreto 1288 de 1996 y los artículos 26 a
29 del Decreto 406 de 2001.

Publíquese y cúmplase.




                                                                                145
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
JUAN MANUEL SANTOS.

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EDUARDO PIZANO DE NARVÁEZ.




                               RESOLUCION 622

                           DEL 5 DE JULIO DEL 2001


Por la cual se deroga un artículo, se modifica y se adiciona la Resolución
                        0254 del 29 de marzo de 2001.


                EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO


 En virtud de lo previsto en las Leyes 418 de 1997 y 546 de 1999, y en el Decreto
                        2620 del 18 de diciembre de 2000 y


                                CONSIDERANDO


Que es necesario trasladar recursos de la actual vigencia para atender el Pago
Pasivo de Vigencias Expiradas del subsidio familiar de vivienda correspondiente a la
vigencia de 1999 y no cobrados en las vigencias de 1999 y 2000, sin que exceda
de seis mil novecientos setenta y tres punto siete millones de pesos ($6.973.7




                                                                                 146
millones) conforme al concepto emitido por la Dirección General del Presupuesto
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que dichas vigencias expiradas se han calculado en un monto de dos mil
ochocientos millones de pesos ($2.800.000.000.oo)

Que para el presente año no se destinarán recursos para garantizar los bonos
hipotecarios para financiar cartera de vivienda de interés social subsidiable de
acuerdo con el artículo 30 de la Ley 546 de 1999, ya que es necesario incrementar
el monto de los recursos para el Subsidio Familiar de Vivienda;

Que el Ministerio de Desarrollo Económico expidió la Resolución 0254 de 2001 con
base en la cual se cumplió con lo preceptuado en el parágrafo del artículo 75 del
Decreto 2620 de 2000, pero que debido a las nuevas circunstancias de orden legal,
debe ser modificada de manera integral;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el documento CONPES 3058, se hace
necesario atender de forma inmediata a las familias residentes en el Departamento
Archipiélago de San Andrés y Providencia que desean retornar al territorio
continental;

Que en cumplimiento de la sentencia T –1635 de 2000 promulgada por la Corte
Constitucional, el Ministerio de Desarrollo Economía expidió la Resolución 098 del
16 de febrero de 2001, por medio de la cual asignó un cupo de un mil cien
millones de pesos ($1.100.000.000) provenientes de los recursos del subsidio
familiar de vivienda y destinados a atender a las personas y familias desplazadas
por la violencia que ocupan la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en
Bogotá;

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Derógase el artículo 1º de la Resolución 0254 de 2001.

ARTÍCULO 2º. El artículo 2º de la Resolución 0254 de 2001 quedará así:
“Destinación de recursos para atención de desastres naturales y otras
sentencias. Destínense seis mil setecientos veinte millones noventa y un mil
ochenta y seis pesos ($6.720.091.086) para la atención de sentencias judiciales



                                                                               147
debidamente ejecutoriadas hasta la fecha, por acciones de cumplimiento, acciones
populares y tutelas, para atender la demanda de subsidios familiares de vivienda
de hogares afectados por desastres naturales y desplazamientos generados por la
violencia, de acuerdo a la siguiente distribución:




  Departamen
                   Municipio            Modalidad         # Subsidios           Valor
      to
                                  Acción de
 Atlántico      Soledad           cumplimiento                      251       655,207,388
                                  Acción de
 Cauca          Inza              cumplimiento                      964     1,827,235,720
                                  Cumplimiento
 Bogotá, D. C. Bogotá, D. C.      Sentencia T-1635                  178     1,272,400,000
 Santander     Bucaramanga        Acciones Populares                149       551,250,000
                                  Acción de
 Nariño         Santa Bárbara     cumplimiento                      578     1,348,647,978
                                  Tutela T-210117 Juzg.
 Bogotá, D. C. Bogotá, D. C.      26 CC Bogotá                       40       286,000,000
                                  Tutela T-130 Tribunal
                                  Superior Sala de
 Tolima         Ibagué            Familia                          109       779,350,000
 Total                                                           2,269    6,720,091,086

ARTÍCULO 3º: El artículo 3º de la Resolución 0254 de 2001 quedará así: “CUPOS
INDICATIVOS POR DEPARTAMENTO PARA EL AÑO 2001. Con base en los criterios
previstos en el artículo 73 del Decreto 2620 del 18 de diciembre de 2000 y sin
perjuicio de la disponibilidad de recursos del presupuesto general de la nación para
tal fin, el setenta por ciento (70%) de la asignación presupuestal para los subsidios
de vivienda urbana durante el año 2001, excluidos los recursos destinados a la
atención de acciones judiciales derivadas por desastres naturales y otras
sentencias según el artículo 2º de la presente Resolución, los de atentados
terroristas y tomas guerrilleras según el artículo 6º de la presente Resolución y los
destinados al pago de vigencias expiradas según el artículo 7º de la presente
Resolución, se distribuirán por departamentos así:



                                                                                  148
                                                        Demás Cabeceras
Departamento   Total Departamento        Capital
                                                          Municipales
Antioquia
               6.597.478.923            3.335.685.343       3.261.793.579
Atlántico
               4.790.761.911            3.096.029.885       1.694.732.026
Bogotá                12.321.217.651   12.321.217.651                  -
Bolívar
               5.257.250.320            3.288.725.510       1.968.524.810
Boyacá
               1.177.327.889              233.699.586        943.628.303
Caldas
               1.029.236.330              518.529.263        510.707.067
Caquetá
               518.320.454                298.277.872        220.042.582
Cauca
               1.095.877.531              524.048.636        571.828.896
Cesar
               2.984.044.900            1.317.425.983       1.666.618.917
Córdoba
               3.480.151.620            1.403.197.133       2.076.954.487
Cundinamarca
               2.947.022.010                       -        2.947.022.010
Chocó
               459.083.831                232.755.502        226.328.329
Huila
               1.251.373.668              664.479.418        586.894.250
La Guajira
               1.480.915.583              462.667.646       1.018.247.937
Magdalena
               3.391.296.685            1.548.974.761       1.842.321.924
Meta
               1.162.518.733              709.833.938        452.684.795
Nariño
               2.599.006.848            1.267.223.759       1.331.783.089



                                                             149
 Norte de Santander
                          2.554.579.381              1.631.328.847              923.250.534
 Quindío
                          866.335.616                  528.014.231              338.321.385
 Risaralda
                          1.280.991.979                691.338.561              589.653.418
 Santander
                          2.317.632.888                900.655.316           1.416.977.571
 Sucre
                          3.420.914.997              1.385.778.456           2.035.136.541
 Tolima
                          1.999.236.037                990.821.380           1.008.414.657
 Valle
                          7.293.509.247              4.221.774.892           3.071.734.354
 Arauca
                          503.511.298                  224.868.146              278.643.152
 Casanare
                          429.465.519                  168.264.590              261.200.929
 Putumayo
                          259.160.227                    47.921.318             211.238.909
 San Andrés
                          259.160.227                  249.379.520                   9.780.707
 Amazonas
                          81.450.357                     75.562.311                  5.888.046
 Guainía
                          22.213.734                     22.213.734                        -
 Guaviare
                          125.877.825                    81.966.604              43.911.220
 Vaupés
                          29.618.312                     24.681.828                  4.936.484
 Vichada
                          59.236.623                     37.872.343              21.364.281
 Total Nacional
                          74.045.779.154          42.505.213.964          31.540.565.190

“PARAGRÁFO 1.- Destínese hasta el diez por ciento (10%) de los cupos
indicativos señalados en el presente artículo para atender la demanda de subsidios


                                                                               150
familiares para mejoramiento de vivienda. En caso de que en una región no se
presenten proyectos para mejoramiento de vivienda o su valor no alcance a copar
el diez por ciento (10%) aquí señalado, la asignación de subsidios para
mejoramiento se limitará al monto solicitado y el resto del cupo indicativo de la
respectiva región se empleará para la asignación de subsidios familiares de
vivienda para adquisición de vivienda o construcción en sitio propio.”

“PARAGRÁFO 2.- Destínese el cincuenta por ciento (50%) del cupo indicativo
correspondiente al Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia para
atender a las familias interesadas en retornar al territorio continental, de acuerdo
con el parágrafo 1º del artículo 79 del Decreto 2620 de 2000.”

ARTÍCULO 4°. El artículo 4º de la Resolución 0254 de 2001 quedará así:
“RECURSOS A DISTRIBUIR POR ESFUERZO MUNICIPAL. Los recursos para
la asignación de los subsidios de vivienda urbana por esfuerzo municipal,
equivalentes a treinta y un mil setecientos treinta y tres millones novecientos cinco
mil trescientos cincuenta y dos pesos ($31.733.905.352) se distribuirán de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 74 del decreto 2620 y los demás que
defina el Ministerio de Desarrollo Económico. Adicionalmente, los recursos
apropiados en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2001
correspondientes a la partida - 620-1402-2. Subsidio Familiar de Vivienda a Nivel
Nacional - en cuantía de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) se
distribuirán con los criterios que defina el Ministerio de Desarrollo Económico para
la distribución del 30% de esfuerzo municipal. Los proyectos podrán ser
presentados por cualquier ente territorial.”

“ PARAGRÁFO 1.- No obstante lo expresado en el presente artículo, destinase la
suma de ochocientos catorce millones doscientos diecinueve mil ochocientos
ochenta y seis pesos ($814.219.886), para atender a las familias residentes en el
Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia interesadas en retornar al
territorio continental.”

“PARAGRÁFO 2.- Destínese hasta el diez por ciento (10%) de los cupos
indicativos señalados en el presente artículo para atender la demanda de subsidios
familiares para mejoramiento de vivienda. En caso de que en una región no se
presenten proyectos para mejoramiento de vivienda o su valor no alcance a copar
el diez por ciento (10%) aquí señalado, la asignación de subsidios para



                                                                                  151
mejoramiento se limitará al monto solicitado y el resto del cupo indicativo de la
respectiva región se empleará para la asignación de subsidios familiares de
vivienda para adquisición de vivienda o construcción en sitio propio.”

ARTÍCULO 5º. El artículo 5 de la Resolución 0254 de 2001 quedará así: “PLAZO
PARA LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE LA BOLSA DE ESFUERZO
MUNICIPAL. Los proyectos que se presenten para participar en la distribución de
recursos por esfuerzo municipal según lo establecido en la Resolución 615 de 2000
o la que la modifique o adicione, deberán ser entregados hasta la fecha de cierre
de la postulación que señale la Junta Directiva del INURBE”.

ARTÍCULO 6º. RECURSOS PARA ATENTADOS TERRORISTAS Y TOMAS
GUERRILLERAS. Destínese cuatro mil setecientos millones doscientos
veinticuatro mil cuatrocientos ocho pesos ($4.700.224.408). para la atención de
hogares afectados con tomas guerrilleras o actos terroristas, cuya documentación
completa había sido acreditada ante el INURBE hasta el 25 de mayo de 2001, de
acuerdo con la siguiente relación:

                                                           No.
    Departamento                    Ciudad              Subsidios      Valor Subsidios
 ANTIOQUIA                                                 207           1,793,989,866
                          CAROLINA DEL PRINCIPE                7             47,494,300
                          DABEIBA                              5             14,770,000
                          GRANADA                           124          1,240,000,000
                          ITUANGO                            46            328,900,000
                          MARINILLA                            1               7,150,000
                          MEDELLIN                             2             12,965,875
                          SAN CARLOS                         13              87,770,000
                          SAN LUIS                             3             12,039,691
                          SONSON                               1               7,150,000
                          VIGIA DEL FUERTE                     5             35,750,000
 ARAUCA                                                      57            297,925,603
                          ARAUQUITA                            1               7,150,000
                          CRAVO NORTE                          4             28,326,413
                          FORTUL                             12              50,319,503
                          PUERTO RONDON                        8             49,901,400


                                                                              152
                  SARAVENA                 10          60,792,828
                  TAME                     22         101,435,459
BOLIVAR                                    14          39,981,809
                  CORDOBA                  14          39,981,809
CAQUETA                                     3          21,450,000
                  CURILLO                   1            7,150,000
                  EL DONCELLO               1            7,150,000
                  FLORENCIA                 1            7,150,000
CAUCA                                      76         397,287,037
                  ARGELIA                  35         206,187,150
                  CALDONO                   4          14,198,600
                  FLORENCIA                 1            6,500,000
                  MIRANDA                  12          64,801,770
                  PATIA                    20          77,709,217
                  SANTANDER DE QUILICHAO    1            6,440,300
                  SUAREZ                    3          21,450,000

CESAR                                       2   4,697,560
                  VALLEDUPAR                2            4,697,560
HUILA                                      59         306,571,397
                  ALGECIRAS                42         210,512,086
                  COLOMBIA                  1            7,150,000
                  GIGANTE                   3          13,635,000
                  VILLAVIEJA               13          75,274,311
META                                       51         341,221,347
                  EL CASTILLO              50         334,071,347
                  PUERTO LLERAS             2          14,300,000
NORTE. DE SANTANDER                        12          69,550,000
                  CUCUTA                    5          19,500,000
                  LABATECA                  7          50,050,000
NARIÑO                                     69         461,162,538
                  CORDOBA                   5          24,886,330
                  OLAYA HERRERA            19         135,842,329
                  SAN PABLO                31         221,650,000



                                                       153
                  SANTACRUZ GUACHAVES                          14              78,783,879
 NORTE DE SANTANDER                                            10              71,500,000
                  EL TARRA                                     10              71,500,000
 RISARALDA                                                      9              59,800,000
                  GUATICA                                       2              14,300,000
                  PUEBLO RICO                                   7              45,500,000
 SUCRE                                                         29             207,350,000
                  COLOSO                                        7              50,050,000
                  OVEJAS-CHENGUE                               21             150,150,000
                  SAN ONOFRE                                    1                7,150,000
 TOLIMA                                                       100             595,403,046
                  ALPUJARRA                                     9              62,787,443
                  ATACO                                        47             265,750,315
                  IBAGUE                                        1                7,150,000
                  MARIQUITA                                    15              97,878,044
                  NATAGAIMA                                     3              21,007,636
                  RIOBLANCO                                     3              21,450,000
                  RONCESVALLES                                  3              21,450,000
                  SAN ANTONIO                                  18              89,832,608
                  VILLARRICA                                    1                8,097,000
 VALLE DEL CAUCA                                                3              18,034,205
                  BUGA                                          2              10,884,205
                  CALI                                          1                7,150,000

 VAUPES                                                         1      7,150,000
                           MITU                                 1               7,150,000
 TOTAL GENERAL                                                703          4,700,224,408

ARTÍCULO 7º. RECURSOS PARA VIGENCIAS EXPIRADAS. Destínese un total de
Dos mil ochocientos millones de pesos ($2.800.000.000) de los recursos del
subsidio familiar de vivienda para “Pago Pasivo de Vigencias Expiradas del subsidio
familiar de vivienda” correspondientes a la vigencia de 1999 y no cobrados durante
las vigencias de 1999 y 2000.




                                                                                154
ARTÍCULO 8º. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.


PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los




EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO




                                 DECRETO 1585

                              30 DE JULIO DEL 2001



Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2620 de diciembre 18 de 2000, se
modifican parcialmente los Decretos 1539 de 1999 y 1746 de 2000 y se dictan
otras disposiciones.


EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA




                                                                           155
En uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y en desarrollo de las leyes 49 de 1990, 3ª de 1991 y 546 de
1999 y el Decreto Legislativo 350 de 1999.

                                   DECRETA


ARTÍCULO 1. El artículo 12 del Decreto 2620 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 12. VALOR DEL SUBSIDIO. Los montos del Subsidio Familiar de
Vivienda de que trata este decreto se determinan en función del tipo de solución
de vivienda que adquirirá, construirá o mejorará el beneficiario, así:

1. El equivalente a Veinticinco Salarios Mínimos Legales Mensuales (25 SMLM) en
   la fecha de su asignación, cuando se aplique a viviendas Tipos 1 y 2 en
   cualquier municipio y hasta Tipo 3, cuando el municipio tenga una población
   superior a los quinientos mil (500.000) habitantes.

2. El equivalente a Quince Salarios Mínimos Legales Mensuales (15 SMLM) en la
   fecha de su asignación, cuando se aplique a viviendas Tipos 3, en municipios
   con población inferior a quinientos mil (500.000) habitantes y Tipo 4 en todos
   los municipios.

3. El equivalente a Diez Salarios Mínimos Legales Mensuales (10 SMLM) en la
   fecha de su asignación, cuando se aplique a viviendas Tipos 5 y 6 en todos los
   municipios.

4. Para aplicar el subsidio a mejoramiento de vivienda, su valor será hasta de
   Doce y medio Salarios Mínimos Legales Mensuales (12,5 SMLM), en los
   municipios con población menor a quinientos mil (500.000) habitantes y hasta
   de quince Salarios Mínimos Legales Mensuales (15 SMLM), en los municipios
   con población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, de acuerdo con el
   presupuesto de obra.

PARÁGRAFO 1º. Para el caso de viviendas Tipo 3, en municipios con población
superior a quinientos mil (500.000) habitantes, se aplicará a los demás municipios
aledaños dentro de su área de influencia y hasta una distancia no mayor de



                                                                               156
cincuenta (50) kilómetros de los límites del perímetro urbano de la respectiva
ciudad, el límite del precio del valor de la vivienda subsidiable en Ciento Treinta y
Cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales (135 SMLM).

PARÁGRAFO 2º: No obstante lo aquí dispuesto, en ningún caso la cuantía del
subsidio de que trata este decreto podrá ser superior al noventa por ciento (90%)
del valor o precio de la solución de vivienda a adquirir o construir y al noventa por
ciento (90%) del valor de la mejora, en la fecha de asignación del subsidio.

PARÁGRAFO 3°. Para el caso de proyectos colectivos de vivienda nueva que
promuevan la construcción de unidades básicas por desarrollo progresivo,
unidades básicas y viviendas mínimas, en donde la financiación del proyecto
cuente con un aporte adicional de una entidad territorial o de un tercero, el valor
del subsidio podrá ser de menor valor al establecido en el numeral primero de
este artículo, siempre y cuando se garantice la financiación total del proyecto y
que dicho propósito permita ampliar la cobertura a un mayor número de hogares
beneficiados.

PARÁGRAFO 4°. Para el caso de las postulaciones de afiliados a Cajas de
Compensación Familiar, en donde la vivienda a adquirir forme parte de los
proyectos financiados con recursos de Promoción de Oferta del Fondo para
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, autorizados con anterioridad a la
expedición del presente decreto, el valor equivalente del subsidio podrá ser de
hasta Veinte Salarios Mínimos Legales Mensuales (20 SMLM) en la fecha de su
asignación para viviendas tipo 4, 5 y 6 en todos los municipios.”

ARTÍCULO 2°. El artículo13 del Decreto 2620 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 13. VIGENCIA DEL SUBSIDIO. La vigencia de los subsidios
correspondientes al sistema que regula el presente decreto será de doce (12)
meses calendario, contados desde el día 1º del mes siguiente a la fecha de la
publicación de su asignación. Para el caso de las postulaciones colectivas, dicha
vigencia podrá ser hasta de quince (15) meses, siempre y cuando lo permitan las
normas sobre vigencia presupuestal, para el caso de los recursos del Inurbe.

PARÁGRAFO:     Para los subsidios cuyos beneficiarios a la fecha de su
vencimiento, hayan suscrito promesa de compraventa de una vivienda ya



                                                                                  157
construida, en proceso de construcción o preventa sobre planos, la vigencia del
subsidio tendrá una prórroga de seis (6) meses adicionales, siempre y cuando el
beneficiario del subsidio remita a la entidad otorgante antes del vencimiento del
mismo, la respectiva copia auténtica de la promesa de compraventa. Para el caso
del Inurbe, operará dicha prórroga siempre y cuando lo permitan las normas
sobre vigencia presupuestal.”

ARTÍCULO 3°. El parágrafo del artículo 22 del Decreto 2620 de 2000,
quedará así:

“PARÁGRAFO. Las postulaciones realizadas por las Organizaciones No
Gubernamentales, incluidas las Organizaciones Populares de Vivienda, se realizarán a
través de postulación colectiva. Su participación se podrá hacer mediante aportes no
reembolsables, certificados por su Revisor Fiscal y soportados en los documentos
contables del caso. Los aportes en tierra no urbanizada, en todos los casos se
entenderán equivalentes, como máximo, al diez por ciento (10%) del valor de la
solución de vivienda y se considerarán como ahorro previo.”

ARTÍCULO 4°. El artículo 23 del Decreto 2620 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 23°. MODALIDADES DE LA POSTULACION. La solicitud de
asignación de los subsidios familiares de vivienda se hará mediante postulación,
dado el cumplimiento de las condiciones de ahorro previo, bajo las modalidades de
ahorro programado y realización de aportes periódicos en las entidades captadoras
de recursos indicadas en el inciso siguiente, y la financiación complementaria para
la obtención de la solución de vivienda.

El ahorro previo, en la modalidad de ahorro programado, se realizará con
establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria;
cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro
y crédito, previamente autorizadas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria para el ejercicio de la actividad financiera, vigiladas por esta misma
entidad e inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP. El ahorro previo, en la modalidad de aportes periódicos, se realizará
en Fondos Comunes Especiales administrados por Sociedades Fiduciarias, cuya
finalidad específica sea que sus aportantes adquieran vivienda; y en Fondos
Mutuos de Inversión vigilados por la Superintendencia de Valores; así mismo se



                                                                                 158
considerará ahorro previo, en la modalidad de aportes periódicos, las cesantías
depositadas en los fondos públicos o privados de cesantías o en el Fondo Nacional
de Ahorro. El monto del ahorro previo deberá ser como mínimo igual al diez por
ciento (10%) del valor de la solución de vivienda a adquirir o del valor del
presupuesto de construcción de la vivienda a mejorar o construir y deberá
conformarse en un período no inferior al establecido en el artículo 30 del presente
decreto.

La postulación al subsidio familiar de vivienda podrá ser individual o colectiva. Se
denomina postulación individual aquella en la cual un hogar, en forma
independiente, solicita el subsidio para la adquisición de vivienda. Se denomina
postulación colectiva aquella en la cual un grupo de hogares solicita el subsidio,
para su aplicación a soluciones de vivienda que conforman un proyecto en el que
participan los postulantes.”

ARTÍCULO 5°. El parágrafo 2° del         Artículo 24 del Decreto 2620 de 2000,
quedará así:

“PARÁGRAFO 2º. En las Postulaciones Colectivas el ahorro previo podrá estar
conformado por el terreno sobre el cual se plantea el desarrollo del programa de
vivienda, siempre y cuando se acredite su propiedad por parte de los postulantes o
de las entidades promotoras de programas, diferentes a las empresas
constructoras y su destinación exclusiva a dicho programa. El terreno debe estar
libre de todo gravamen o hipoteca, o condición resolutoria. No obstante lo anterior,
se podrá aceptar hipotecas constituidas por créditos para la adquisición del
terreno. Este ahorro se estimará en un diez por ciento (10%) del valor de las
respectivas soluciones de vivienda, en el caso del terreno en bruto, y hasta en un
veinte por ciento (20%), en el caso de terrenos urbanizados.”

ARTÍCULO 6°. El Parágrafo del artículo 25 del Decreto 2620 de 2000, quedará
así:

“ PARÁGRAFO. Todos los esquemas de construcción, en cualquier modalidad,
deben resultar en una vivienda cuyo valor sea inferior o igual a los topes legales
de precio de vivienda de interés social subsidiable.”




                                                                                 159
ARTÍCULO 7°. Adicionase al artículo 26 del Decreto 2620 de 2000, el parágrafo
4°.

“ PARÁGRAFO 4°. La auditoria externa puede ser realizada por una persona
natural o jurídica que cumpla con las condiciones de revisor fiscal de acuerdo con
las normas legales establecidas.”

ARTÍCULO 8°. Adicionase al Decreto 2620 de 2000, el artículo 33A.

ARTÍCULO 33A. POSTULACIÓN REGIONAL AL SUBSIDIO. Las postulaciones
individuales o colectivas al subsidio familiar de vivienda de interés social deberán
realizarse en el departamento en donde se aplicará el subsidio. Cuando el INURBE
no posea regional en el correspondiente departamento, la postulación deberá
efectuarse ante la regional asignada para atenderlo.

ARTÍCULO 9°. El artículo 42 del Decreto 2620 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 42°. AHORRO EN CESANTIAS. El ahorro previo en esta modalidad
implicará el compromiso, por parte del interesado en ser beneficiario de un
Subsidio Familiar de Vivienda, de aplicar a la vivienda sus cesantías depositadas en
fondos privados o públicos que se especialicen en la administración de cesantías y
en el Fondo Nacional de Ahorro, así como los aportes que en el futuro se depositen
en su nombre, dentro de los montos y plazos establecidos.

Para efectos de la calificación de las postulaciones, la antigüedad de este ahorro se
contará a partir de la fecha de la orden de inmovilización por parte del postulante.
Pese a lo anterior, la antigüedad de la orden de inmovilización de las cesantías no
será condición para la postulación al subsidio familiar de vivienda. Cuando el
monto de las cesantías no cubra el diez por ciento (10%) exigido de ahorro previo,
el postulante deberá demostrar los recursos adicionales a efectos de quedar
habilitado como postulante al subsidio familiar de vivienda.

PARÁGRAFO. Cuando las cesantías no hayan sido transferidas a la entidad
especializada para su manejo, la institución o empresa donde se encuentre la
cesantía certificará su disponibilidad inmediata y el compromiso del interesado en
ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda, cumpliendo con lo establecido en
el presente decreto.”



                                                                                  160
ARTÍCULO 10°. Adicionase al artículo 44 del Decreto 2620 de 20000, el parágrafo
4°.

“PARÁGRAFO 4°. Para proyectos de postulación colectiva se considerarán parte
de la financiación complementaria los aportes económicos solidarios a los que se
refiere el inciso 2° del artículo 24 del presente decreto.”

ARTÍCULO 11° El artículo 60 del Decreto 2620 de 2000 quedará así:

“ARTÍCULO 60. GIRO DEL SUBSIDIO UNA VEZ OBTENIDA LA SOLUCION
DE VIVIENDA. Cuando no se hiciere uso de la facultad prevista en el artículo 59
del presente decreto, la entidad captadora de recursos girará el valor del subsidio
depositado en el sistema de Ahorro Previo para la Vivienda, en favor del vendedor
de la solución de vivienda a la cual se aplicará, una vez se acredite el otorgamiento
y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de construcción,
según la modalidad para la cual se hubiere aplicado el Subsidio Familiar de
Vivienda, como se señala a continuación:

A) Si el subsidio se hubiere aplicado al pago del precio de la compraventa de una
solución de vivienda, se deberán presentar los siguientes documentos:

1. Copia de la respectiva escritura de compraventa y el certificado de tradición y
   libertad del inmueble con una vigencia no mayor a 30 días.

2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de
   Vivienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.

3. El acta de entrega del inmueble a satisfacción del beneficiario del subsidio.

B) Si el subsidio se hubiere aplicado a la construcción de una vivienda en lote
propio o a mejoramiento, se deberá presentar:

1. Copia de la escritura de declaraciones de construcción o mejoramiento, con la
   constancia del registro correspondiente.




                                                                                   161
2. Acta de terminación y recibo a satisfacción de la vivienda construida en sitio
   propio o el mejoramiento efectuado, en la que se especifique que la misma
   cumple con las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación
   correspondientes, debidamente firmada por el beneficiario del subsidio.

3. Documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
   autorización de cobro por parte del beneficiario.

PARÁGRAFO 1º. La operación de compraventa, de construcción o mejoramiento,
según sea el caso, deberá escriturarse y registrarse dentro del período de vigencia
del Subsidio Familiar de Vivienda. Con todo, dentro de los cuarenta y cinco (45)
días siguientes a su vencimiento, se podrá proceder a su pago siempre que se
acredite que la correspondiente escritura se ingresó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos antes del vencimiento del subsidio y que el respectivo
registro se ha realizado.

PARÁGRAFO 2º. Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los
pagos aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y
cuando el plazo adicional no supere los cuarenta y cinco (45) días calendario:

1. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la
   construcción o el mejoramiento al cual se aplicará el Subsidio Familiar de
   Vivienda, por fallecimiento del beneficiario ocurrido antes de la expiración de su
   vigencia, sea necesaria la designación de un sustituto.

2. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del
   valor del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma
   errores no advertidos anteriormente, que sea necesario subsanar.

PARÁGRAFO 3º. Una vez cumplidos los requisitos exigidos, el pago efectivo del
subsidio al oferente se hará en los tres días hábiles siguientes. La entidad
captadora que retenga tales recursos reconocerá al vendedor de la vivienda la tasa
de interés de mora máxima certificada por la Superintendencia Bancaria vigente a
la fecha del desembolso efectivo.




                                                                                  162
PARÁGRAFO 4°. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán
ante la entidad otorgante del subsidio, quien autorizará el giro al vendedor de la
solución de vivienda.”

ARTÍCULO 12°. El artículo 69 del Decreto 2620 de 2000 quedará así:

“ARTÍCULO 69°. SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS PLANES O
CONJUNTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Los planes o conjuntos de
soluciones de vivienda nueva o construcción en sitio propio a los cuales los
beneficiarios aplicarán el Subsidio Familiar de Vivienda deberán cumplir con las
características y condiciones de viabilidad técnica, legal y financiera establecidas en
este decreto, según verificación que realizarán los establecimientos de crédito
vigilados por la Superintendencia Bancaria o el Inurbe, de acuerdo con la
metodología aprobada por su Junta Directiva. La entidad contará con un plazo
máximo de diez (10) días para expedir la certificación de elegibilidad. Para
mejoramiento de vivienda, el INURBE expedirá la elegibilidad del proyecto.

 PARÁGRAFO 1º. En ningún caso la declaratoria de elegibilidad de un plan o
conjunto de soluciones generará derecho alguno a la asignación de subsidios para su
aplicación a las soluciones de vivienda que lo conforman.

PARÁGRAFO 2º. La Superintendencia Bancaria vigilará y controlará la
transparencia y la observancia por parte de los establecimientos de crédito de los
criterios establecidos para la declaratoria de elegibilidad, de acuerdo con lo
dispuesto en este decreto.”

ARTICULO 13°. El inciso primero del artículo 79 del Decreto 2620 de 2000,
quedará así:

“APLICACIÓN REGIONAL DE LOS SUBSIDIOS. Los subsidios de vivienda asignados
individualmente podrán aplicarse en cualquier municipio del departamento
respectivo donde se efectuó la postulación. Los asignados con base en
postulaciones colectivas sólo podrán aplicarlo a soluciones de vivienda localizadas
en el municipio donde se realiza la postulación.”




                                                                                    163
ARTÍCULO 14°. El artículo 93 del Decreto 2620 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 93°. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA REINTEGRO DE LOS
RECURSOS DE PROMOCIÓN DE OFERTA. Los recursos utilizados en promoción
de oferta que actualmente tienen dicha destinación y no hayan retornado al Fondo
de Subsidio Familiar de Vivienda de Intereses Social en el plazo establecido en el
acto administrativo que los autorizó, podrán ser reintegrados en un periodo
adicional de hasta doce (12) meses a partir de la vigencia de este decreto,
siempre y cuando se realice la evaluación técnica y financiera por parte del
Ministerio de Desarrollo Económico que lo justifique. La aprobación de ampliación
de dicho plazo, se hará mediante acto administrativo proferido por la
Superintendencia de Subsidio Familiar previa solicitud del interesado.”

ARTÍCULO 15°. El artículo 108 del Decreto 2620 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 108°. AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS SUBSIDIOS
ASIGNADOS. Ampliase la vigencia de los subsidios asignados durante 1999 y el
primer semestre de 2000, hasta el 31 de octubre de 2001.”

ARTÍCULO 16º. UNIDAD DE CAJA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FONDO PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL. Las Cajas de Compensación Familiar podrán utilizar los
recursos asignados no pagados del Fondo para Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social, en la promoción de oferta de vivienda de interés social, para
soluciones de vivienda de tipo 1, 2 y 3, y en la reasignación del subsidio, siempre y
cuando se garantice una liquidez equivalente al treinta por ciento (30%) para el
pago de los subsidios asignados pero no pagados.

En todo caso, los recursos de unidad de caja que se destinen a promoción de
oferta previo concepto favorable del Ministerio de Desarrollo Económico y
autorización de la Superintendencia de Subsidio Familiar, deberán ser reintegrados
al Fondo en un plazo máximo de diez (10) meses y estos recursos no se podrán
autorizar para la adquisición de terrenos.

ARTÍCULO 17°. GIRO DEL SUBSIDIO. Las Entidades Otorgantes del Subsidio
Familiar de Vivienda podrán girar el subsidio anticipado previsto en el artículo 59
del decreto 2620 de 2000 ó desembolsar el subsidio previsto en el articulo 60 de



                                                                                  164
dicho decreto, una vez se acredite el otorgamiento y registro de la escritura
pública de adquisición o de la declaración de construcción, directamente a favor
del vendedor o de la organización o entidad promotora del programa, previa
autorización del Beneficiario del subsidio, sin necesidad de consignar los recursos
en la cuentas individuales de ahorro programado y sin perjuicio de los requisitos
establecidos en el decreto 2620 de 2000.

ARTÍCULO 18°. El artículo 1 del Decreto 1746 de 2000, quedará así:

“ARTÍCULO 1°. FINANCIACIÓN PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.
Con el fin de contribuir a la ejecución de los subsidios asignados cuyos
beneficiarios no han encontrado una oferta suficiente de crédito hipotecario, las
Cajas de Compensación Familiar, que constituyan Fondo para Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social, podrán destinar de las vigencias del año 2001 y del
2002 hasta un 30% de la proyección del plan anual de ejecución de los recursos
del Fondo, para el otorgamiento del crédito hipotecario entre los beneficiarios del
subsidio familiar de vivienda, para la adquisición de vivienda o la construcción en
sitio propio.”

ARTÍCULO 19°. AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS SUBSIDIOS
ASIGNADOS EN EL EJE CAFETERO. Para los hogares arrendatarios afectados
por el sismo del 25 de enero de 1999 y
 beneficiados por el Subsidio Familiar de Vivienda, otorgado por la Junta
Administradora del Fideicomiso FOCAFE, en la zona del Eje Cafetero, se amplia la
vigencia de los subsidios asignados por seis (6) meses más, según lo establecido
en el artículo 10° del Decreto No. 1539 del 19 de agosto de 1999.

ARTÍCULO 20°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Este decreto rige a partir de la
fecha de su publicación con excepción del artículo 1° que rige a partir del treinta y
uno (31) de octubre del año 2001, y modifica los artículos 22, 23, 24, 25, 42,
69,79,93,108 del Decreto 2620 de 2000, el artículo 1 del Decreto 1746 de 2000, el
artículo 10 de Decreto 1539 de 1999, adiciona los artículos 26 y 44 del Decreto
2620 de 2000 y modifica y adiciona los artículos 12,13 y 60 del Decreto 2620 de
2000 y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE




                                                                                  165
Dado en Bogotá, D. C. a

EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ
MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

JUAN MANUEL SANTOS
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO




                                RESOLUCIÓN 722

                             2 DE AGOSTO DEL 2001



Por la cual se establecen los criterios de distribución correspondientes al treinta por
        ciento (30%) de los recursos del Subsidio Familiar para Vivienda de Interés
        Social para zonas urbanas y se derogan las Resoluciones 615 del 7 julio de
                        2000 y la 917 del 22 de septiembre de 2000


                 EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO


En virtud de lo previsto en las Leyes 3° de 1991, 388 de 1997 y 546 de 1999, y en
                  el Decreto 2620 del 18 de Diciembre de 2000, y


                                 CONSIDERANDO


Que el artículo 24 de la Ley 3° de 1991 estableció que los Departamentos podrán
concurrir a la financiación de programas de vivienda de interés social en asocio
con los municipios, a través de convenios, transferencias, créditos, cofinanciación o
cualquier modalidad definida por aquellos conjuntamente con los municipios;



                                                                                    166
Que el Decreto 1168 de 1996, reglamentario de las Leyes 3° de 1991 y 60 de
1993, determina lo correspondiente a los subsidios municipales de vivienda de
interés social.

Que el artículo 92 de la Ley 388 de 1997 estableció que los municipios y distritos
determinarán sus necesidades en materia de vivienda de interés social, tanto
nueva como de mejoramiento integral, y que al incorporar suelo de expansión
urbana, los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los
desarrollen determinarán porcentajes del nuevo suelo que deberán destinarse al
desarrollo de programas de vivienda de interés social;

Que el artículo 96 de la Ley 388 de 1997 estableció como otorgantes del subsidio,
entre otros, a las instituciones públicas constituidas en los entes territoriales y sus
institutos descentralizados establecidos conforme a la ley, cuyo objetivo sea el
apoyo a la vivienda de interés social en todas sus formas;

Que el artículo 27 de la Ley 546 de 1999, señaló que el Gobierno Nacional
establecerá un reglamento para distribuir regionalmente los recursos nacionales
del Subsidio Familiar de Vivienda, con base en criterios técnicos que entre otros
maximicen el beneficio social de las respectivas inversiones, contribuya
regionalmente a la equidad y potencialicen los programas de vivienda de interés
social por autogestión o sistemas asociativos y el mejoramiento de la vivienda de
interés social;

Que en virtud de tal disposición el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2620 del
18 de diciembre de 2000, por medio del cual se establece la distribución regional
de recursos del Subsidio Familiar de Vivienda;

Que el Ministerio de Desarrollo Económico, previo concepto del Departamento
Nacional de Planeación, definirá las condiciones que deben cumplir los municipios
para acceder a estos recursos;

Que los proyectos deben tener concepto previo favorable por parte del Ministerio
de Desarrollo Económico para ser declarados elegibles y sólo el INURBE declarará
tal elegibilidad;




                                                                                    167
Que el parágrafo 3º del artículo 26 del Decreto 2620 de 2000 establece que las
entidades territoriales o las unidades administrativas, dependencias, entidades,
entes u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las políticas de
vivienda de interés social en el municipio o distrito, participarán por derecho propio
como oferentes en programas de vivienda de interés social con postulación
colectiva;

Que el artículo 26 del Decreto 2620 de 2000 estableció los requisitos que deben
presentar las entidades oferentes en la postulación colectiva;

Que el artículo 21 del Decreto 2620 de 2000 definió y estableció las condiciones
para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda en los casos de mejoramiento de
viviendas;

Que se hace necesario derogar las Resoluciones 615 y 917de 2000, con el fin de
establecer concordancia con el Decreto 2620, adecuar las fechas a la vigencia del
año 2001 y precisar algunos condicionantes para la distribución del treinta por
ciento (30%) de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
para zonas urbanas, destinado a apoyar el esfuerzo municipal.

RESUELVE


ARTICULO 1º. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. El treinta por ciento (30%)
de los recursos del Subsidio Familiar para Vivienda de Interés Social para las zonas
urbanas, de que trata el artículo 74 del Decreto 2620 de 2000, se distribuirán
regionalmente con base en proyectos presentados directamente o avalados por
las administraciones municipales, los cuales tendrán que cumplir con las siguientes
condiciones:
a. El oferente debe ser una entidad municipal, un Fondo Municipal de Vivienda o
   la dependencia o entidad que cumpla sus funciones o una dependencia o
   entidad pública local, estas últimas respaldadas por el municipio. También
   podrán ser oferentes con el necesario respaldo del municipio, la
   correspondiente entidad departamental, una organización no gubernamental,
   una entidad privada, según los requisitos establecidos en el artículo 26 del
   Decreto 2620 de 2000.




                                                                                   168
b. Los beneficiarios del proyecto deben recibir,     subsidio directo o indirecto
   municipal de vivienda.

c. El proyecto debe estar destinado a la población de menores recursos es decir,
   a hogares con ingresos menores o iguales a dos salarios mínimos legales
   mensuales (2 SMLM), y debe estar integrado únicamente por soluciones de
   vivienda subsidiables con un valor menor o igual a setenta salarios mínimos
   legales mensuales (70 SMLM) en ciudades de más de quinientos mil habitantes,
   y de hasta cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLM) en
   ciudades con menos de dicha población, o por soluciones de mejoramiento de
   vivienda.

d. Las modalidades de soluciones de vivienda subsidiables serán las previstas en
   las disposiciones vigentes.

e. Los proyectos deben localizarse en municipios o distritos donde se haya
   adoptado el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de
   Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial, y en el cual
   se hayan definido las necesidades en materia de vivienda de interés social y
   señalado los porcentajes de suelo para atender el respectivo déficit
   cuantitativo.

f. Los proyectos deben ser presentados cumpliendo todas las normas vigentes
   para postulación colectiva.


PARAGRÁFO 1º: Para efectos de la presente Resolución, la mención de municipio
abarca también a los distritos.


ARTICULO 2°: REVISIÓN PREVIA DE LOS PROYECTOS POR EL INURBE. El
INURBE deberá realizar una revisión previa, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 69 y 70 del Decreto 2620 de 2000, de la totalidad de los proyectos que
los municipios postulan para su concurso en la distribución regional del 30% de los
recursos nacionales del Subsidio Familiar de Vivienda, con anterioridad a su envío
al Ministerio de Desarrollo Económico. Emitirá un concepto previo sustentado y
escrito sobre la viabilidad de elegibilidad de cada proyecto, de acuerdo a las
normas legales vigentes, y enviará los proyectos con viabilidad de elegibilidad




                                                                                169
conjuntamente con los conceptos sobre el resto de proyectos presentados, a la
Dirección General de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Económico.

ARTICULO 3°: CONCEPTO PREVIO FAVORABLE DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO. El concepto previo favorable del Ministerio de
Desarrollo Económico para la elegibilidad definitiva de los proyectos que
concursarán por los recursos de esfuerzo municipal, se dará solamente sobre
aquellos enviados con viabilidad de elegibilidad y con documentación completa
revisada previamente por el INURBE, quien relacionará los proyectos y la
documentación correspondiente a cada uno para su remisión al Ministerio, foliando
las respectivas hojas. Los proyectos deberán cumplir con los criterios establecidos
en el artículo 74 del Decreto 2620 de 2000 y los adicionales definidos en la
presente Resolución. El análisis que realizará el Ministerio para emitir el concepto
previo favorable se circunscribirá únicamente a los aspectos adicionales definidos
para los proyectos que concursan por los recursos del Subsidio Familiar de
Vivienda, destinados a incentivar el esfuerzo municipal.


PARAGRÁFO 1º: La distribución regional de recursos por esfuerzo municipal que
efectúa el Ministerio de Desarrollo Económico, no implica la asignación de
subsidios familiares de vivienda a los beneficiarios ni elegibilidad de los proyectos,
procesos que seguirán siendo realizados de acuerdo con las normas específicas
establecidas por el Gobierno Nacional para el efecto.

PARAGRÁFO 2º: El INURBE, en el momento de la validación de la postulación al
Subsidio Familiar de Vivienda, verificará que la población objetivo del proyecto
corresponda a la definida en el literal c del Artículo 1° de esta Resolución y cumpla
todos los demás requisitos establecidos para la asignación de un Subsidio Familiar
de Vivienda.

ARTICULO 4º. LOS APORTES DEL SUBSIDIO MUNICIPAL O DISTRITAL
DE VIVIENDA: La participación de las entidades territoriales se realiza a través
de aportes que viabilizan la financiación del proyecto en cuestión, esta debe ser
explícita, concreta y cuantificable dentro del presupuesto de costos del proyecto.
Estos aportes o subsidios municipales deben ser en dinero o en especie, y pueden
ser otorgados de forma directa o indirecta.




                                                                                   170
Los aportes o subsidios directos de las entidades territoriales afectarán la ejecución
del proyecto apalancando su financiación y viabilizan su elegibilidad como
subsidiable con los recursos nacionales del Subsidio Familiar de Vivienda. Los
subsidios municipales directos pueden ser en dinero o en especie (terrenos,
predios o materiales de construcción). Las obras de urbanización correspondientes
al terreno o lote del proyecto y financiadas o ejecutadas por la entidad territorial
tales como      las redes viales y de servicios públicos domiciliarios (acueducto,
alcantarillado, energía y gas), también constituyen subsidio directo municipal.
Estos subsidios deberán poderse individualizar calculando el costo de los mismos
por cada solución de vivienda que presenta el proyecto.

Los aportes o subsidios indirectos municipales afectarán la ejecución del proyecto,
viabilizando su ejecución desde el punto de vista técnico y financiero y su
elegibilidad como subsidiable con los recursos nacionales del Subsidio Familiar de
Vivienda. Sólo pueden ser utilizados en postulaciones para mejoramiento de
vivienda y eventualmente para construcción de vivienda en sitio propio cuando las
soluciones de vivienda de estos planes estén ubicadas en zonas de mejoramiento
barrial.

Se consideran los aportes municipales como subsidios indirectos cuando se realizan
como parte de programas de mejoramiento barrial integral, bien en procesos de
legalización y regularización de asentamientos, y que estén representados en la
inversión para la ejecución de redes viales y de servicios públicos domiciliarios, que
aún cuando se realicen con recursos públicos municipales y beneficien
directamente a la población objetivo, no pueden ser individualizadas ni sus
inversiones ni sus efectos.

Lo anterior, siempre y cuando las primeras se refieran a la malla vial que
interconecta los barrios en proceso de mejoramiento o a la propia red vial de los
mismos (vías colectoras, locales, peatonales), y las segundas no constituyan
estructuras principales de dotación, tratamiento, distribución, manejo y disposición
final de servicios públicos domiciliarios (bocatomas, plantas de tratamiento,
estaciones de bombeo, subestaciones, tanques de almacenamiento), ni redes
principales o matrices de servicios, se aceptarán solo las redes secundarias y las
conexiones domiciliarias.
PARAGRÁFO 1°: Los aportes que realice al proyecto la entidad Departamental
correspondiente, al tenor de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 3° de 1991,



                                                                                   171
se considerarán como subsidio municipal para efectos de la presente Resolución en
lo que concierne a la financiación y calificación de los proyectos.

PARAGRÁFO 2°: Serán considerados como subsidios municipales para efectos de
la calificación del proyecto, los aportes con carácter de donación que el municipio
logre con su gestión, provenientes de Organismos no Gubernamentales, entidades
públicas o privadas del orden local, departamental, metropolitano, nacional o
internacional destinados a contribuir a la financiación del proyecto. Estos aportes
podrán ser en dinero o especie, directos o indirectos y asignados a los
beneficiarios.

ARTICULO 5º. POSTULACIONES EN LOS PROYECTOS DE ESFUERZO
MUNICIPAL: El número total de postulantes en los proyectos presentados para el
concurso de esfuerzo municipal debe ser igual al número de soluciones de vivienda
del proyecto de conformidad con el numeral 4 del artículo 24 del Decreto 2620 de
2000. Los postulantes deben corresponder a hogares con ingresos menores o
iguales a dos salarios mínimos legales mensuales (2 SMLM), y en lo posible para el
año 2001, que se encuentren inscritos en el SISBEN en los niveles 1 y 2. Dichas
postulaciones serán revisadas y calificadas por el INURBE de acuerdo con los
criterios y puntajes establecidos en el Decreto 1396 de 1999.

PARAGRÁFO 1°: Para asignaciones del Subsidio Familiar de Vivienda que se
realicen a partir de enero de 2002, el INURBE entregará a los municipios en medio
magnético la aplicación para calificación de postulantes y asignación de los
subsidios familiares de vivienda de acuerdo a la fórmula y al procedimiento
establecidos en el Decreto 1396 de 1999. Los municipios anticipadamente a la
presentación ante el INURBE de los proyectos de esfuerzo municipal, precalificarán
los hogares que van a postular en cada proyecto y eliminarán aquellos cuya
calificación esté un veinte por ciento (20%) o más, por debajo de la calificación
mínima obtenida por los beneficiarios del subsidio de su respectivo departamento,
en la última asignación de subsidios correspondientes al setenta por ciento (70%)
de los recursos de distribución regional.

Para que los municipios tengan el parámetro de comparación, el INURBE publicará
dichos resultados inmediatamente se asignen los subsidios correspondientes y los
enviará a los municipios. Será responsabilidad del INURBE antes de asignar el
Subsidio Familiar de Vivienda, revisar las precalificaciones hechas por los



                                                                                172
municipios, y verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por las
normas legales vigentes para la postulación y asignación de dicho Subsidio. Los
postulantes como condición mínima deben corresponder a hogares con ingresos
menores o iguales a dos salarios mínimos legales mensuales (2 SMLM), y
obligatoriamente deben encontrarse inscritos en el SISBEN en los niveles 1 y 2.

PARAGRÁFO 2°: No obstante lo mencionado en el parágrafo 1°, en los proyectos
de reubicación de hogares localizados en zonas de alto riesgo solo se exigirá que
estos cumplan con los requisitos legales de postulación y que estén inscritos en el
SISBEN en los niveles 1 y 2.

ARTICULO 6º. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION URBANISTICA: Por
instrumentos de Gestión Urbanística se entiende el conjunto de métodos y
procedimientos de carácter administrativo, financiero y de gestión del suelo que se
utiliza para ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Básico o el
Esquema de Ordenamiento Territorial, y que aseguren la oferta de vivienda de
interés social. Estos instrumentos son medios y herramientas que pueden valerse
las entidades territoriales según sus respectivas competencias, para realizar eficaz
y eficientemente las acciones relacionadas con la función pública del ordenamiento
territorial.

ARTICULO 7º: INSTRUMENTOS DE GESTION URBANISTICA PARA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL: Los proyectos de vivienda de interés social
que para su implementación se inscriban o utilicen uno o varios de los siguientes
instrumentos de gestión urbanística, serán tenidos en cuenta como objeto de
subsidio en la distribución de recursos por esfuerzo municipal:

a) Que el proyecto haga parte de un Plan Parcial, de una Unidad de Actuación
   Urbanística, de un área urbana declarada de ejecución prioritaria o haya sido
   considerado como estructurante o estratégico en el Plan de Ordenamiento
   Territorial respectivo.

b) Que en la ejecución del proyecto se utilice el reajuste de suelo, la integración
   inmobiliaria o la cooperación entre partícipes.




                                                                                 173
c) Que en la adquisición de la tierra, el municipio haya utilizado el derecho de
   preferencia, la expropiación judicial, la expropiación por vía administrativa, la
   enajenación forzosa o el predio haya sido declarado de desarrollo prioritario.

d) Que el proyecto se realice como efecto de la utilización de derechos de
   construcción y desarrollo sobre inmuebles, en procesos de densificación,
   renovación y de reutilización de estructuras urbanas.

e) Que en el proyecto se apliquen recursos provenientes de la participación en
   plusvalía urbana.

f) Que el proyecto utilice cualquiera de los instrumentos definidos en el Plan de
   Ordenamiento, Plan Básico o en el Esquema de Ordenamiento Territorial

g) Que el proyecto haga parte del Plan de Desarrollo del municipio.

Si el proyecto no cumple con por lo menos una de las anteriores condiciones, no
podrá ser considerado para la distribución de estos recursos. El municipio o distrito
certificará la situación del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial respectivo o en el Plan de Desarrollo.

PARAGRÁFO: Para la vigencia del año 2001, sólo se exigirá que el Plan de
Ordenamiento Territorial el Plan Básico o el Esquema de Ordenamiento Territorial
esté legalmente adoptado, y que el proyecto que se presente haga parte del
programa de ejecución del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial o del Plan
de Desarrollo.

ARTICULO 8º. PRIORIDAD PARA LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN
MAYOR A CIEN MIL(100.000) HABITANTES. Los proyectos presentados en
los municipios con población mayor a cien mil (100.000) habitantes, tendrán un
puntaje adicional equivalente al cinco por ciento (5%) respecto a los presentados
en municipios menores.

ARTICULO 9º. RELACION TAMAÑO - PRECIO DE LA VIVIENDA. El criterio
de mantener una mejor relación tamaño – precio de la vivienda en los proyectos,
busca que se premie a los oferentes que entreguen una mayor área construida
privada por el mismo o por menor precio comparativamente con otros proyectos



                                                                                  174
presentados y que incluya las puertas y ventanas externas necesarias y el
amoblamiento mínimo establecido por el artículo 18 del decreto 2620 de 2000. Lo
anterior se logra con base en el establecimiento de un mecanismo de comparación
entre los proyectos, donde el mayor valor para este criterio lo obtendrán quienes
ofrezcan la mejor relación.

ARTICULO 10º. CALIFICACION DE PROYECTOS: Los proyectos relacionados
con programas de vivienda nueva y construcción en sitio propio, se calificarán y
ordenarán en forma descendente de acuerdo con la siguiente fórmula:


   PP = 18*(Ivi/Itm) + 40* (Ivpi/Vsv)      +40* (Ivpi/ (Ivpi + VSFV)) + 2*(Vm2
   r/Vm2p)

      Donde:
      PP   : Puntaje del Proyecto

      Ivi    : Presupuesto de Inversión en Vivienda del Mpio i, en las dos últimas
             vigencias.

      Itm   : Presupuesto Total de Inversión del Municipio i, en las dos últimas
            vigencias.

       Ivpi : Inversión en vivienda per cápita del municipio i. Se calcula así:

              Ivpi = Ivi / Población del municipio i con NBI de vivienda.

      Vsv : Valor unitario de la solución de vivienda del proyecto.
      .
      VSFV : Valor del Subsidio Familiar Nacional de Vivienda solicitado en el
           proyecto por solución de vivienda.

      Vm2p : Valor del Metro cuadrado del proyecto

      Vm2r : Valor del Metro cuadrado de referencia.




                                                                                  175
PARAGRÁFO 1°: Los presupuestos de inversión sobre los cuales se realizarán las
diferentes evaluaciones son los apropiados para el año en curso, y los ejecutados
en el año inmediatamente anterior. Para el análisis de estos presupuestos y en
relación con las obras viales y de servicios públicos que aparezcan como inversión
en vivienda, se tomarán en consideración solo las partidas de las obras a que hace
referencia el artículo 4° de la presente Resolución.

PARAGRÁFO 2°. Las inversiones realizadas por los municipios en atención a
desplazados por la violencia, se incluirán como recursos invertidos en programas
de vivienda, para los fines establecidos en la presente Resolución.

PARAGRÁFO 3°: El cálculo del metro cuadrado de cada proyecto se obtendrá de
dividir el valor de la solución de vivienda individual por el área construida de la
misma. El valor del metro cuadrado de referencia será el promedio aritmético
simple obtenido de la suma del valor del metro cuadrado de todos los proyectos,
dividido por el número de proyectos.

En el caso en que un proyecto presente soluciones de vivienda con áreas y precios
diferentes, el valor del metro cuadrado del proyecto será el obtenido por un
promedio ponderado.

PARAGRÁFO 4°: Para los proyectos de construcción en sitio propio el valor del
metro cuadrado se obtendrá dividiendo el presupuesto total del proyecto, por el
área total a construir.

PARAGRÁFO 5°: Dados los costos de construcción diferenciales entre ciudades y
la diversidad de exigencias legales respecto a las normas urbanísticas, existirán
tres (3) precios del metro cuadrado de referencia así: uno para las ciudades
menores a cien mil (100.000) habitantes, otro para las ciudades entre cien mil y
quinientos mil (100.000 y 500.000) habitantes y otro para las ciudades de más de
quinientos mil (500.000 habitantes). Para todos los efectos de esta Resolución se
tomará como población del respectivo municipio, la población certificada por el
DANE.

PARAGRÁFO 6°: Los proyectos relacionados con programas de mejoramiento de
vivienda se calificarán con la misma fórmula, eliminando las variables que miden la
relación valor del metro cuadrado de referencia y valor metro cuadrado del



                                                                                176
proyecto: 2(Vm2r/Vm2p). El puntaje asignado a esta relación (2) se aplicará a la
primera relación de la fórmula la cual quedará así: 20 (Ivi/Itm) Se tomará como
valor unitario de la solución de vivienda ( Vsv) el valor unitario promedio de las
soluciones de mejoramiento en el proyecto y como valor del Subsidio Familiar de
Vivienda (VSFV) el valor promedio del Subsidio Familiar Nacional de Vivienda
solicitado por solución de mejoramiento en el proyecto.

ARTICULO 11°: Para efectos de la distribución de los recursos entre proyectos
de vivienda nueva y de mejoramiento, se aplicará lo dispuesto por el parágrafo 2°
del artículo 21 del Decreto 2620 de 2000.

ARTÏCULO 12° Definición de cupos municipales: Después de la calificación
de cada uno de los proyectos por parte del Ministerio de Desarrollo Económico, se
procederá a determinar los cupos para los municipios con proyectos que tienen
concepto favorable, a través de los coeficientes calculados con la siguiente
fórmula:


                           
CMi  PPRi /  PPR* 0.5  PPi /  PP* 0.5
En donde:

CMi : Coeficiente del municipio i.
PPRi : Población en pobreza relativa del municipio i.
PPR : Sumatoria de la población en pobreza relativa del total de los
municipios con proyectos que tienen concepto favorable del Ministerio.
PPi : Puntaje promedio ponderado por el número de soluciones de
vivienda de los proyectos presentados por el municipio i.
PP: Sumatoria de los puntajes de los proyectos


Para calcular PPRi se utiliza la siguiente fórmula:

      PPRi = (Pi * NBIi)




                                                                               177
En donde:

Pi: Población del municipio.
NBIvi: Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas por vivienda (Hacinamiento y
calidad de vivienda) del municipio i.

PARAGRÁFO 1°: El Indice de Población en Pobreza Relativa aplicable a la
distribución del treinta por ciento (30%) de los recursos del Subsidio Familiar de
Vivienda destinados a incentivar el esfuerzo municipal, se establece con los
mismos criterios definidos en el Decreto 2620 de 2000 a nivel municipal. La
población que conforma el universo será la correspondiente a la del conjunto de
los municipios cuyos proyectos han recibido concepto previo favorable del
Ministerio de Desarrollo Económico.

PARAGRÁFO 2°: Para efectos de la distribución de los recursos entre los
municipios o sea la fijación de los cupos indicativos, cuando en uno de ellos se
presente más de un proyecto que obtenga concepto previo favorable del Ministerio
de Desarrollo, se aplicará el promedio ponderado de los puntajes de acuerdo con
el número de soluciones de vivienda de cada proyecto.

ARTICULO 13º. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROYECTOS
PARA CONCEPTO PREVIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO. Los proyectos deben ser presentados ante el INURBE cumpliendo
todos los requisitos establecidos para la declaratoria de elegibilidad, de acuerdo
con las normas vigentes. Adicionalmente deben presentar los siguientes
documentos:

   1. Copia del Acuerdo Municipal mediante el cual se aprobó el Plan de
      Ordenamiento Territorial, el Plan Básico de Ordenamiento o Esquema Básico
      de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio, de conformidad con lo
      estipulado en la Ley 388 de 1997 o la certificación correspondiente expedida
      por el respectivo Concejo Municipal. En el caso de que dichos instrumentos
      de planificación hayan sido adoptados por Decreto municipal, se deberá
      anexar la copia del Decreto o la certificación firmada por el respectivo
      Alcalde.




                                                                               178
2. Certificación de la partida presupuestal reservada para la asignación de los
   recursos de subsidio municipal, distrital o departamental de vivienda a los
   respectivos beneficiarios, señalando el monto asignado a cada uno, cuando
   se hace subsidio directo. Copia de la escritura del lote o predio cuando el
   subsidio directo está representado por terrenos o predios.

3. Certificación de la respectiva partida presupuestal municipal, distrital, o
   departamental o de las correspondientes dependencias o entidades
   descentralizadas locales o departamentales, destinada a financiar subsidios
   indirectos de vivienda de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4° de la
   presente Resolución, incluyendo la certificación presupuestal de la partida
   destinada a obras de urbanización cuando estas sean financiadas o
   ejecutadas por una entidad descentralizada de la administración municipal o
   por el departamento.

4. Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o quien
   haga sus veces, de las instituciones públicas o privadas del orden nacional
   o internacional cuando concurren mediante aportes no recuperables, en la
   financiación de los proyectos municipales, aportando recursos y otorgando
   subsidios directos o indirectos a los beneficiarios del proyecto,

5. Certificación del presupuesto de inversión del municipio, total y en vivienda,
   para la correspondiente vigencia y del presupuesto total y de vivienda
   ejecutado en la anterior.

6. Documento que sustente la aplicación de instrumentos de gestión
   urbanística en el proyecto y que hayan sido aprobados en el Plan de
   Ordenamiento Territorial, Plan Básico o Esquema de Ordenamiento
   Territorial respectivo. O en su defecto el correspondiente al Plan de
   Desarrollo Municipal.

7. Presupuesto total de obra, discriminando costos directos, indirectos, el valor
   del lote sin urbanizar, el valor de las obras de urbanización y el área total a
   construir discriminando la correspondiente a vivienda de la de otros usos. Si
   el subsidio del municipio está representado totalmente o en parte por la
   construcción de obras de urbanización o si financia solo una parte de las
   mismas, los costos de dichas obras deben discriminarse.



                                                                               179
   8. Población municipal, certificada por el DANE.

ARTICULO 14º. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PROYECTOS PARA EL
CONCEPTO PREVIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Los
proyectos deberán ser entregados al INURBE hasta la fecha de cierre de la
postulación que señale la Junta Directiva de esta entidad. El Instituto revisará que
los proyectos se entreguen con la documentación completa exigida para estudiar la
elegibilidad y con la información adicional mencionada en el Artículo 13° de la
presente Resolución, los estudiará y emitirá un concepto previo de elegibilidad,
en un término máximo de diez (10) días hábiles a partir de su recibo. Al término
de ese plazo, los remitirá inmediatamente al Ministerio de Desarrollo Económico
cumpliendo lo estipulado en el Artículo 2° de la presente Resolución. El Ministerio
de Desarrollo Económico tendrá un plazo máximo de (8) días hábiles para
entregar el concepto previo, contados a partir de la fecha de recepción de los
proyectos. Con base en lo anterior comunicará la distribución regional de recursos
por esfuerzo territorial para la asignación correspondiente.

ARTICULO 15º. PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO. Para la asignación de los recursos a los que se
refiere esta Resolución, el Ministerio de Desarrollo Económico seguirá en estricto
orden las siguientes etapas:

   1. Recepción de los proyectos
   1.                                 mediante acta escrita y firmada por el
      representante de la Dirección general de Vivienda del Ministerio de
      Desarrollo Económico y del representante del INURBE en donde conste: el
      número de proyectos entregados, el nombre y ubicación de los mismos, la
      relación de documentos entregados por cada uno, el concepto previo de
      elegibilidad del INURBE para cada uno.

   2. Verificación de la existencia en cada proyecto de los documentos exigidos
      y eliminación de aquellos proyectos que no cumplan con el requisito.

   3. Análisis de los proyectos desde el punto de vista de los requisitos exigidos,
      de la financiación, revisión de las partidas presupuestales asignadas en los
      presupuestos de inversión en vivienda, de los subsidios municipales




                                                                                 180
      incluidos los de otras fuentes, identificación de inconsistencias y escogencia
      y eliminación de proyectos.

   4. Calificación de los proyectos para expedir el concepto previo.

   5. Distribución municipal de cupos indicativos de recursos de acuerdo con los
      criterios del Decreto 2620 de diciembre 18 de 2000.

   6. Envío de proyectos con concepto previo al INURBE para la elegibilidad de
      los mismos, de acuerdo con lo establecido en el decreto 2620 de 2000 y las
      normas que lo modifiquen o sustituyan.

ARTICULO 15º. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 615 y 917 de 2000 y
demás normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los




EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO



ANGELINO GARZÓN
MINISTRO DE TRABAJO




                                                                                 181
                           CAPITULO II


  REGLAMENTACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN
     PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

                           DECRETO 1990

                         11 de agosto de 1997

Por el cual se autoriza al Fondo Nacional de Garantías para la creación de
una línea de garantía para la vivienda de interés social y se permite a los
 beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés social destinar
  parte de este subsidio a pago total o parcial de servicios de garantía y
               seguros de acceso a crédito complementario.


                              CONSIDERANDO:




                                                                        182
Que el artículo 51 de la Constitución Política consagra el derecho de todos los
colombianos a una vivienda digna y la obligación del Estado de fijar las condiciones
necesarias para hacerlo efectivo, y promover planes de vivienda de interés social;

Que es necesario establecer mecanismos que coadyuven e incentiven el desarrollo
de los planes y programas de vivienda de interés social;

Que se hace necesario facilitar el acceso al crédito hipotecario a los hogares
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda,


                             DECRETA:

ARTÍCULO 1. Fondo Nacional de Garantía para la Vivienda de Interés Social.
Autorícese al Fondo Nacional de Garantía la creación de una Iínea de garantía para
la vivienda de interés social como un servicio del Fondo Nacional de Garantías.

ARTÍCULO 2. Destinación voluntaria del subsidio familiar de vivienda de interés
social para la adquisición de seguros y garantías de acceso al crédito hipotecario. El
subsidio familiar de vivienda de interés social podrá ser destinado por el beneficiario
para la adquisición de seguros y garantías de acceso al crédito hipotecario.

PARAGRAFO. El porcentaje del subsidio familiar de vivienda de interés social que
destine el beneficiario para pago de comisión de garantía de crédito
complementario, sólo se podrá aplicar a garantías que ofrezca el Fondo Nacional de
Garantías directamente o a través de fondos regionales y que ofrezcan entidades
similares vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

ARTÍCULO 3. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 1997.

ERNESTO SAMPER PIZANO




                                                                                  183
El Ministro de Desarrollo Económico,
ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JOSÉ ANTONIO OCAMPO GAVIRIA.




                                             184
                               LEY 546 DE 1999
                               (23 de diciembre)

   Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los
 objetivos y criterios generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se
crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan
medidas relacionadas con los impuestos y otros costos relacionados a la
construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones

                           El Congreso de Colombia

                                    DECRETA

                                   CAPITULO I

                            Disposiciones generales


ARTÍCULO 1°. Ambito de aplicación de la ley. Esta ley establece las normas
generales y señala los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional
para regular un sistema especializado de financiación de vivienda individual a largo
plazo, ligado al índice de precios al consumidor y para determinar condiciones
especiales para la vivienda de interés social urbana y rural.

PARAGRÁFO. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las entidades del
sector solidario, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas
financieras, los fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera
otra entidad diferente de los establecimientos de crédito, podrán otorgar créditos
de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor
Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos
órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen
capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o
parciales.




                                                                                 185
ARTÍCULO 2°. Objetivos y criterios de la presente ley. El Gobierno Nacional
regulará el sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo para
fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la
vivienda digna, de conformidad con los siguientes objetivos y criterios:

1. Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda.

2. Proteger y fomentar el ahorro destinado a la financiación y a la construcción de
   vivienda, manteniendo la confianza del público en los instrumentos de
   captación y en los establecimientos de crédito emisores de los mismos.

3. Proteger a los usuarios de los créditos de vivienda.

4. Propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de
   vivienda a largo plazo.

5. Velar para que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la
   capacidad de pago de los deudores.

6. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia.

7. Promover la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan
   asequible la vivienda a un mayor número de familias.

8. Priorizar los programas y soluciones de vivienda de las zonas afectadas por
   desastres naturales y actos terroristas.

ARTÍCULO 3°. Unidad de Valor Real (UVR). La Unidad de Valor Real (UVR) es
una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base
exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por
el DANE, cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que
establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare
a modificar la metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los
contratos ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de
titularización de cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado.




                                                                                  186
El Gobierno Nacional determinará la equivalencia entre la UVR y la Unidad de
Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la
UPAC a la UVR.

ARTÍCULO 4°. Participantes. Harán parte del sistema especializado de
financiación de vivienda:
1. El Consejo Superior de Vivienda.

2. Los establecimientos de crédito que otorguen préstamos con este objetivo.

3. Los ahorradores e inversionistas.

4. Los deudores.

5. Los constructores, y

6. Los demás agentes que desarrollen actividades relacionadas con la
financiación de vivienda tales como fondos hipotecarios, sociedades fiduciarias
en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos, sociedades
titularizadoras y otros agentes o intermediarios.

ARTÍCULO 5°. Conversión de las corporaciones de ahorro y vivienda. A partir
de la vigencia de la presente ley, las corporaciones de ahorro y vivienda
tendrán la naturaleza de bancos comerciales. Para tal efecto, dispondrán de un
plazo de treinta y seis (36) meses con el fin de realizar los ajustes necesarios
para adecuarse a su nueva naturaleza.

Los establecimientos bancarios que posean participación accionaria en
corporaciones de ahorro y vivienda que se conviertan en bancos comerciales en
virtud de lo dispuesto en la presente ley, deberán enajenar dicha participación
dentro de los cinco (5) años siguientes a la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 6°. Consejo Superior de Vivienda. Créase el Consejo Superior de
Vivienda, como organismo asesor del Gobierno Nacional en todos aquellos
aspectos que se relacionen con la vivienda.




                                                                             187
El Consejo estará conformado así:

1. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

4. El Superintendente Bancario o su delegado.

5. El Superintendente de Valores o su delegado.

6. El Superintendente de Sociedades o su delegado.

7. El Superintendente de Subsidio Familiar o su delegado.

8. Un representante de las organizaciones populares de vivienda.

9. Un representante de los constructores.

10. Un representante de los establecimientos de crédito.

11. Un representante de los usuarios de crédito individual de vivienda, elegido
    de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

12.Un representante de los trabajadores, elegido de conformidad con el
   reglamento que expida el Gobierno Nacional.

13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar, elegido por el
    Consejo Superior de Subsidio Familiar.

14. Un representante del sector inmobiliario nacional, elegido de conformidad
    con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, de conformidad con lo que
disponga el reglamento, a quien le corresponderá entre sus funciones, la de



                                                                            188
calcular y divulgar el valor diario de la Unidad de Valor Real.

PARAGRÁFO. El Consejo creado en este artículo asumirá las funciones del
Consejo Superior de Vivienda de que trata la Ley 3ª de 1991.

ARTÍCULO 7°. Reuniones y funciones del Consejo Superior de Vivienda. El
Consejo Superior de Vivienda se reunirá como mínimo dos veces al año y
tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación, coordinación y ejecución
de la Política de Vivienda, particularmente la de interés social.

2. Revisar los costos para adquisición de vivienda, tales como los gastos por
concepto de impuestos, tarifas, tasas.

3. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en desarrollo de los
programas de ejecución de la política de vivienda.

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos y criterios del sistema
especializado de financiación de vivienda de largo plazo, consagrado en la
presente ley.

5. Establecer y divulgar las estadísticas que afecten a la construcción y
financiación de vivienda.

6. Velar por el cumplimiento de las condiciones de transferencia e información
en las actividades de las diferentes entidades involucradas en el sistema
especializado de financiación de vivienda a largo plazo.

7. Recomendar a la Junta Directiva del Banco de la República la intervención
temporal en los márgenes de intermediación de los créditos destinados a la
financiación de vivienda.

8.Recomendar los seguros y riesgos que deban tener los activos que se
financien.

9. Recomendar incentivos para la adquisición y comercialización de bonos y



                                                                           189
títulos hipotecarios.

10.Presentar anualmente al Congreso de la República un informe acerca del
déficit cuantitativo y cualitativo, urbano y rural de vivienda, en el nivel nacional
y regional, en forma global y por estrato socioeconómico.

11. Las demás que le asigne la ley.



                              CAPITULO II
                 Recursos para la financiación de vivienda


ARTÍCULO 8°. Recursos para la financiación de vivienda. Además de las
operaciones autorizadas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sin
perjuicio de las facultades de las Superintendencias Bancaria y de Valores en
sus áreas de competencia, el Gobierno Nacional reglamentará nuevas
operaciones destinadas a la financiación de vivienda, expresadas en UVR, de
conformidad con las disposiciones de la presente ley, y establecerá estímulos
especiales para canalizar recursos del ahorro remunerado a la vista con destino
a la financiación de vivienda.

ARTÍCULO 9°. Bonos hipotecarios. Se autoriza a los establecimientos de
crédito la emisión de bonos hipotecarios denominados en UVR, los cuales se
enmarcarán dentro de los siguientes lineamientos:

1. Serán títulos valores de contenido crediticio.

2. Serán emitidos por los establecimientos de crédito y tendrán como finalidad
exclusiva cumplir los contratos de crédito para la construcción de vivienda y
para su financiación a largo plazo.

3. Los créditos que obtengan financiación mediante la emisión de bonos
hipotecarios deberán estar garantizados con hipotecas de primer grado, que no
podrán garantizar ninguna otra obligación.




                                                                                 190
4. Los créditos que hayan sido financiados con bonos hipotecarios no podrán
ser vendidos, ni cedidos o transferidos de ninguna manera, ni sometidos a
ningún gravamen, ni utilizados como garantías por el emisor de los respectivos
bonos, con excepción de lo señalado en el artículo siguiente.

Con todo, el establecimiento de crédito emisor podrá convenir con otro
establecimiento de crédito que éste asuma la obligación de pagar los bonos,
para lo cual cederá la correspondiente cartera hipotecaria, de conformidad con
las normas que al respecto expida el Gobierno Nacional, siempre que dichas
operaciones cuenten con la autorización de la Superintendencia Bancaria,
previo concepto favorable del Consejo Asesor y el consentimiento de la
Asamblea de los tenedores de bonos.

5. El emisor, o quien haya asumido la obligación de pagar los bonos, será
responsable por la administración y gestión de los activos que se financien
mediante los mismos, ante los tenedores de dichos bonos. Para el efecto,
deberá suscribir un contrato de administración.

6. La Superintendencia Bancaria establecerá obligaciones de revelación
contable que garanticen el adecuado conocimiento del público sobre el valor de
aquella parte de los activos que, no obstante figurar en el balance de los
establecimientos de crédito, no forman parte de la prenda general de los
acreedores de los mismos, en caso de liquidación de la entidad emisora, de
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

7. La Superintendencia de Valores señalará los requisitos y condiciones para la
emisión y colocación de los bonos que se emitan en desarrollo de lo aquí
previsto, los cuales deberán promover su homogeneidad y liquidez. En todo
caso, los bonos a que se refiere el presente artículo serán desmaterializados y
podrán negociarse a través de las Bolsas de Valores.

ARTÍCULO 10. Evento de liquidación de un establecimiento de crédito que
tenga bonos hipotecarios en circulación. Cuando por cualquier circunstancia se
decida liquidar un establecimiento de crédito que tenga en circulación bonos
hipotecarios, o que haya asumido la obligación de pagarlos de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 4 del artículo anterior, se aplicarán en relación con



                                                                             191
los bonos hipotecarios, las siguientes normas:

1. Se entenderá que tanto los créditos financiados mediante dichos bonos,
como los fondos recaudados para aplicar a los mismos y las garantías o
derechos que los amparen o respalden, pertenecen a los tenedores de los
bonos y no a la entidad en liquidación. Para el efecto, se identificarán los
créditos y demás activos que pertenecen al conjunto de tenedores de cada una
de las emisiones, a las que se les dará, para todos los efectos, tratamiento
separado.

En el caso previsto en el presente artículo, los créditos hipotecarios que
respaldan los bonos no constituirán parte de la prenda general de los
acreedores del emisor o de quien haya asumido la obligación de pagarlos en el
proceso de liquidación y, por lo tanto, estarán excluidos de la masa de bienes
del mismo para cualquier efecto legal.

2. En ningún caso la entidad en liquidación podrá ceder, con la responsabilidad
de pagar los bonos, la cartera hipotecaria.

3. La Superintendencia de Valores convocará a las asambleas de tenedores de
tales títulos para que decidan, respecto de cada emisión, bien sobre la
enajenación de los créditos y el correspondiente prepago total de los
respectivos bonos, o bien sobre la cesión a otro establecimiento de crédito o a
una sociedad fiduciaria en su calidad de administradora de patrimonios
autónomos, del contrato de administración de los bonos, incluyendo la cesión
de los créditos y de sus respectivas garantías, y la entrega de los fondos
recaudados y de los pendientes de recaudo y de las demás garantías o
derechos que los amparen o respalden. En el evento de cesión del contrato de
administración, el cesionario sólo será responsable de la administración de la
emisión.

4. Si se optare por la enajenación de los créditos otorgados bajo este sistema y
por cualquier razón quedare un remanente después del pago de los bonos
hipotecarios, éste se restituirá a la entidad en liquidación.




                                                                             192
PARAGRÁFO 1°. En caso de que se decida la venta de los activos hipotecarios
o la cesión del contrato de administración, se entenderá que los tenedores de
bonos pierden su calidad de acreedores de la entidad en liquidación.

En caso de que, dentro del término de noventa días, no se decida la cesión del
contrato de administración de la emisión o la venta de los activos, no se
aplicará lo previsto en el presente artículo y, por lo mismo, los activos
hipotecarios se reintegrarán a la masa de la liquidación y los tenedores de los
bonos se entenderán reconocidos por sus respectivas acreencias, en el proceso
liquidatorio.

PARAGRÁFO 2°. Si algún establecimiento de crédito o una sociedad fiduciaria
en su calidad de administradora de patrimonios autónomos acepta la cesión del
contrato de administración, deberá informar al depósito centralizado de valores
donde se encuentran inscritos los bonos, que dicha emisión sólo cuenta con la
garantía de la cartera hipotecaria.

PARAGRÁFO 3°. Para todos los efectos legales, las operaciones a que se
refiere el numeral tercero del presente artículo se entenderán perfeccionadas
con el solo acuerdo entre el representante legal de los tenedores de bonos y el
nuevo administrador o el adquiriente de la cartera hipotecaria, según fuere el
caso. Dicho acuerdo será suficiente para que el nuevo administrador o el nuevo
propietario de los créditos se entienda legitimado para administrar, cobrar e
incluso ejecutar judicialmente las garantías cedidas o los créditos enajenados,
con las facultades que correspondían al anterior administrador, o al acreedor,
según el caso.

ARTÍCULO 11. Creadores de mercado. El Gobierno Nacional establecerá
condiciones que permitan a las personas jurídicas sometidas a la vigilancia y
control de las Superintendencias Bancaria o de Valores, que cuenten con la
capacidad financiera y la liquidez que determine el Gobierno Nacional, para
actuar como originadores y como creadores de mercado de los bonos y títulos
hipotecarios a que se refiere la presente ley. Para estos propósitos, el Gobierno
Nacional diseñará y adoptará mecanismos que permitan otorgar cobertura de
riesgos de tasas de interés, de liquidez y de crédito, entre otros.

El Gobierno Nacional creará y promoverá los mecanismos necesarios que



                                                                              193
aseguren el mercado secundario de los bonos y títulos hipotecarios y las
condiciones en que se ofrezcan tales mecanismos.


                                CAPITULO III
                               Titularizaciones


ARTÍCULO 12. Titularización de cartera hipotecaria. Los establecimientos de
crédito y las entidades descritas en el artículo 1° de la presente ley podrán
emitir títulos representativos de créditos otorgados para financiar la
construcción y la adquisición de vivienda, incluyendo sus garantías o títulos
representativos de derechos sobre los mismos y sobre las garantías que los
respaldan, cuando tengan como propósito enajenarlos en el mercado de
capitales. Dichos títulos sólo contarán, de parte de los respectivos emisores,
con las garantías o compromisos respecto de la administración y el
comportamiento financiero de los activos, que se prevean en los
correspondientes reglamentos de emisión.

Los establecimientos de crédito podrán otorgar garantías a los títulos
representativos de proyectos inmobiliarios de construcción.

Los establecimientos de crédito también podrán transferir sus créditos,
incluyendo las garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas
garantías, a sociedades titularizadoras, a sociedades fiduciarias en su calidad de
administradoras de patrimonios autónomos o a otras instituciones autorizadas
por el Gobierno Nacional, con el fin de que éstas emitan títulos, en las
condiciones previstas en el presente artículo, para ser colocadas entre el
público.

Cuando en desarrollo de esta autorización se movilicen activos de manera
directa o se transfieran para su posterior movilización, se entenderá que los
activos transferidos no se restituirán al patrimonio del originador ni al del
emisor, en los casos en que éste se encuentre en concordato, liquidación, o
cualquier otro proceso de naturaleza concursal.




                                                                               194
La Superintendencia de Valores señalará los requisitos y condiciones para la
emisión y colocación de los diferentes títulos que se emitan en desarrollo de lo
aquí previsto, los cuales deberán promover su homogeneidad y liquidez. En
todo caso, los títulos a que se refiere el presente artículo serán
desmaterializados.

PARAGRÁFO. La cesión de cualquier crédito, garantía o derecho sobre los
mismos, que se realice para movilizar activos financieros en desarrollo de lo
dispuesto en el inciso primero del presente artículo, no producirá efectos de
novación y sólo requerirá para perfeccionarse que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 35 de 1993, o en la norma que lo sustituya
o modifique, y a sus reglamentos. La Superintendencia Bancaria tendrá,
respecto de los procesos de movilización de activos a que se refiere el presente
artículo, las facultades previstas en el último inciso de dicha norma.

ARTÍCULO 13. Derechos de los tenedores de títulos hipotecarios. En ningún
caso los títulos emitidos en los procesos de titularización otorgarán a sus
tenedores el derecho de solicitar o iniciar procesos divisorios respecto de la
universalidad o masa que constituyen los créditos subyacentes y/o las garantías
que los amparen.

ARTÍCULO 14. Sociedades titularizadoras. Las sociedades titularizadoras de
que trata la presente ley, tendrán como objeto social exclusivo la titularización
de activos hipotecarios y estarán sometidas a la vigilancia y control de la
Superintendencia de Valores.

ARTÍCULO 15. Autorización al Gobierno. Autorízase a la Nación para que,
directamente o por intermedio del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, participe en el capital de una o más sociedades titularizadoras.




                                                                              195
                            CAPITULO IV
     Régimen tributario de los bonos hipotecarios y de los títulos
               representativos de cartera hipotecaria


ARTÍCULO 16. Beneficio tributario para los rendimientos de títulos de ahorro
a largo plazo para la financiación de vivienda. Estarán exentos del impuesto de
renta y complementarios, los rendimientos financieros causados durante la
vigencia de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera
hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que trata la presente ley, siempre
que el plazo previsto para su vencimiento no sea inferior a cinco (5) años. Los
títulos y bonos aquí previstos, que estarán expresados en UVR, podrán dividirse
en cupones representativos de capital y/o intereses. En todo caso, los títulos o
bonos deberán contemplar condiciones de amortización similares a las de los
créditos que les dieron origen.

Para efectos de gozar del beneficio de que trata este artículo, los títulos o
bonos no podrán ser readquiridos o redimidos por su emisor.

Gozarán del beneficio aquí consagrado los títulos emitidos en procesos de
titularización de cartera hipotecaria y los bonos hipotecarios de que trata la
presente ley, que se coloquen en el mercado dentro de los cinco (5) años
siguientes a la fecha de expedición de la presente ley.

En ningún caso el componente inflacionario o mantenimiento de valor de dichos
títulos o bonos constituirá un ingreso gravable.


                            CAPITULO V
           Régimen de financiación de vivienda a largo plazo


ARTÍCULO 17. Condiciones de los créditos de vivienda individual. Sin perjuicio
de lo establecido en el artículo primero de la presente ley, el Gobierno Nacional
establecerá las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo,
que tendrán que estar denominados exclusivamente en UVR, de acuerdo con
los siguientes criterios generales:



                                                                              196
1. Estar destinados a la compra de vivienda nueva o usada o a la construcción
de vivienda individual.

2. Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se
cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será
fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una
reducción de la misma y deberán expresarse única y exclusivamente en
términos de tasa anual efectiva.

3. Tener un plazo para su amortización comprendido entre cinco (5) años como
mínimo y treinta (30) años como máximo.

4. Estar garantizados con hipotecas de primer grado constituidas sobre las
viviendas financiadas.

5. Tener un monto máximo que no exceda el porcentaje, que de manera
general establezca el Gobierno Nacional, sobre el valor de la respectiva unidad
habitacional, sin perjuicio de las normas previstas para la financiación de
vivienda de interés social subsidiable.

6. La primera cuota del préstamo no podrá representar un porcentaje de los
ingresos familiares superior al que establezca, por reglamento, el Gobierno
Nacional.

7. Los sistemas de amortización tendrán que ser expresamente aprobados por
la Superintendencia Bancaria.

8. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento
sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho
a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la
obligación.

9. Para su otorgamiento, el establecimiento de crédito deberá obtener y
analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base
en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución
previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de



                                                                             197
manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su
vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado.

10. Estar asegurados contra los riesgos que determine el Gobierno Nacional.

PARAGRÁFO. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los
establecimientos de crédito y todas las demás entidades a que se refiere el
artículo 1° de la presente ley, podrán otorgar créditos de vivienda denominados
en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se
otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los
sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte
expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier
momento sin penalidad alguna. Se aplicarán a estas operaciones todas las
demás disposiciones previstas en esta ley para los créditos destinados a la
financiación de vivienda individual.

Adicionalmente y a solicitud del deudor, las obligaciones establecidas en UPAC
por los establecimientos de crédito y por todas las demás entidades a que se
refiere el artículo 1° de la presente ley, podrán redenominarse en moneda legal
colombiana en las condiciones establecidas en el inciso anterior.

ARTÍCULO 18. Desembolsos. Los créditos a que se refiere el artículo anterior
podrán ser desembolsados por los establecimientos de crédito en moneda legal
o a solicitud del deudor, en bonos hipotecarios expresados en UVR, en los
términos que establezcan las Superintendencias Bancaria y de Valores, cada
una en el ámbito de sus respectivas competencias. En todo caso, los créditos
destinados a la financiación de vivienda de interés social tendrán que ser
desembolsados en moneda legal colombiana y podrán ser otorgados en
moneda legal colombiana.

ARTÍCULO 19. Intereses de mora. En los préstamos de vivienda a largo plazo
de que trata la presente ley no se presumen los intereses de mora. Sin
embargo, cuando se pacten, se entenderá que no podrán exceder una y media
veces el interés remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre las
cuotas vencidas. En consecuencia, los créditos de vivienda no podrán contener
cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la
obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial o se



                                                                              198
someta el incumplimiento a la justicia arbitral en los términos establecidos en la
correspondiente cláusula compromisoria. El interés moratorio incluye el
remuneratorio.

ARTÍCULO 20. Homogeneidad contractual. La Superintendencia Bancaria
establecerá condiciones uniformes para los documentos contentivos de las
condiciones del crédito y sus garantías, mediante los cuales se formalicen las
operaciones activas de financiación de vivienda individual a largo plazo.

Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito
enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para
vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una
proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que
se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de
conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia
Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en
cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los
cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los
montos proyectados. Con base en dicha información los deudores podrán
solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros
meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar
el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose de ser
necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total.

ARTÍCULO 21. Deber de información. Los establecimientos de crédito deberán
suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para
el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en
los términos que determine la Superintendencia Bancaria.

Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito
enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para
vivienda una información en las condiciones del presente artículo.

ARTÍCULO 22. Patrimonio de familia. Los deudores de créditos de vivienda
individual que cumplan con lo previsto en la presente ley podrán constituir,
sobre los inmuebles adquiridos, patrimonio de familia inembargable por el valor




                                                                               199
total del respectivo inmueble, en la forma y condiciones establecidas en los
artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991.

Lo previsto en el inciso anterior sólo tendrá efecto cuando el crédito de vivienda
haya sido otorgado por un valor equivalente como mínimo al cincuenta por
ciento (50%) del valor del inmueble. El patrimonio de familia así constituido
perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos del veinte
por ciento (20%) de dicho valor.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, una vez constituido el
patrimonio de familia inembargable y mientras que la deuda se encuentre
vigente, éste no podrá ser levantado sin la autorización del acreedor
hipotecario. Dicha autorización deberá protocolizarse en la escritura pública
mediante la cual se solemnice el acto.

ARTÍCULO 23. Derechos notariales y gastos de registro. Los derechos
notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o
modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el
sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de
vivienda individual, se liquidarán al setenta por ciento (70%) de la tarifa
ordinaria aplicable. La cancelación de gravámenes hipotecarios de créditos para
vivienda se considerará acto sin cuantía.

Para efectos de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del
patrimonio de familia de que trata el artículo 22, cuya inembargabilidad se
entenderá levantada únicamente a favor del acreedor hipotecario que financió
su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se
considerará como un acto sin cuantía.

ARTÍCULO 24. Cesión de créditos. En cualquier momento, los créditos
hipotecarios para vivienda individual podrán ser cedidos, a petición del deudor,
a favor de otra entidad financiera.

Para tal efecto, los establecimientos de crédito autorizarán, en un plazo no
mayor de diez (10) días hábiles, la cesión del crédito y sus garantías, una vez el
deudor entregue la oferta vinculante del nuevo acreedor. Dicha cesión tendrá
los efectos previstos por el artículo 1964 del Código Civil.



                                                                               200
La cesión de créditos no generará derechos notariales, gastos notariales e
impuestos de timbre.

ARTÍCULO 25. Crédito para la construcción de vivienda. A los créditos que se
otorguen para financiar proyectos de construcción de vivienda les será aplicable
lo dispuesto en el artículo 17, numerales 2, 4, y el artículo 18 anterior. El
Gobierno Nacional establecerá las demás condiciones para el otorgamiento y
los desembolsos de estos créditos, así como los sistemas de subrogación en la
medida en que se vendan las viviendas construidas.


                               CAPITULO VI
                         Vivienda de interés social


ARTÍCULO 26. Los planes de ordenamiento territorial deberán            contemplar
zonas amplias y suficientes para la construcción de todos los tipos   de vivienda
de interés social definidos por los planes de desarrollo              y por las
reglamentaciones del Gobierno de tal manera que se garantice el       cubrimiento
del déficit habitacional para la vivienda de interés social.

Con el propósito de garantizar la reactivación de la construcción en beneficio de
los adquirentes, amplíase hasta el 30 de junio del año 2000, el plazo para que
los municipios, distritos y la Isla de San Andrés adopten los planes de
ordenamiento territorial previstos en la Ley 388 de 1997 y prorróganse por tres
(3) meses los plazos contemplados en la Ley 505 de 1999, excepto los del
artículo 10 de dicha ley.

El Gobierno Nacional establecerá estímulos en materia de asignación de
recursos para vivienda, equipamiento e infraestructura vial y de servicios, que
no constituyan transferencias, dirigidos a los municipios y distritos que hayan
adoptado su plan de ordenamiento territorial antes del 30 de junio del año
2000.




                                                                              201
PARAGRÁFO 1°. Para aquellos municipios que se erijan con posterioridad a la
promulgación de esta ley establécese el plazo hasta por dos (2) años, contados
a partir de la elección del primer alcalde municipal para que adopten los planes
de ordenamiento territorial previo cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios establecidos para tales efectos y referidos en la Ley 388 de
1997 y las concordantes que la modifiquen o adicionen.

PARAGRÁFO 2°. Amplíase el plazo hasta por un año más, contado a partir de
la vigencia de la presente ley para los municipios que hayan sido erigidos
dentro del año anterior a la promulgación de esta misma ley, para que adopten
los planes de ordenamiento territorial previo cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios establecidos para tales efectos y referidos en la Ley
388 de 1997 y las concordantes que la modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 27. Criterios para la distribución regional de los recursos del
subsidio para vivienda de interés social. Los recursos nacionales del subsidio
familiar para vivienda de interés social previstos en la Ley 3ª de 1991, se
distribuirán según lo establezca el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional, el cual deberá contemplar, entre otros, criterios técnicos
que maximicen el beneficio social de las respectivas inversiones, contribuya
regionalmente a la equidad, permita atender las calamidades originadas por
desastres naturales, potencialicen los programas de VIS por autogestión o
sistemas asociativos y el mejoramiento de la vivienda VIS.

ARTÍCULO 28. Obligación de los establecimientos de crédito de destinar
recursos a la financiación de vivienda de interés social. Las entidades
financieras deberán destinar anualmente, durante los cinco (5) años siguientes
a la vigencia de la presente ley, como mínimo el veinticinco por ciento (25%)
del incremento de la cartera bruta de vivienda, al otorgamiento de crédito para
financiar la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda de interés
social. El Gobierno Nacional reglamentará el porcentaje y las condiciones
especiales que deberán destinarse a la vivienda de los minusválidos.

La obligación prevista en el inciso primero del presente artículo se entenderá
cumplida si las respectivas entidades demuestran que, durante el período
estipulado, efectuaron inversiones en bonos hipotecarios o títulos hipotecarios




                                                                             202
originados en procesos de titularización de cartera de vivienda de interés social
subsidiable por la misma cuantía.

PARAGRÁFO. Para toda la vivienda de interés social la tasa de interés
remuneratoria no podrá exceder de once (11) puntos durante el año siguiente
a la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 29. Destinación de subsidios a la vivienda de interés social
subsidiable. De conformidad con el numeral 2 del artículo 359 de la
Constitución Política, durante los cinco (5) años siguientes a la vigencia de la
presente ley, se asignará de los recursos del presupuesto nacional una suma
anual    equivalente    a ciento      cincuenta mil      millones de      pesos
($150.000.000.000.00) expresados en UVR, con el fin de destinarlos al
otorgamiento de subsidios para la Vivienda de Interés Social, VIS, subsidiable.
La partida presupuestal de que trata este artículo no podrá ser objeto en
ningún caso de recortes presupuestales.

Para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política de Colombia las
entidades del Estado o de carácter mixto, que promuevan, financien, subsidien
o ejecuten planes de vivienda de interés social subsidiable, directa o
indirectamente diseñarán y ejecutarán programas de vivienda urbana y rural,
especialmente para las personas que devengan hasta dos (2) salarios mínimos
y para los desempleados. Dichos programas se realizarán en distintas
modalidades en los términos de la Ley 3ª de 1991.

PARAGRÁFO 1°. El Gobierno Nacional destinará anualmente el veinte por
ciento (20%) de los recursos presupuestales apropiados para el subsidio a la
vivienda de interés social VIS para atender la demanda de la población rural. Al
final de cada semestre si no se hubiere colocado el total de los recursos en la
vivienda rural, el remanente se destinará a atender la demanda urbana.

PARAGRÁFO 2°. Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los
proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de
las viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien (100) viviendas
de una de ellas para la población minusválida. Las viviendas para minusválidos
no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para




                                                                              203
dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida
el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 30. Garantías para bonos hipotecarios para financiar cartera VIS
subsidiable y para títulos emitidos en procesos de titularización de cartera VIS
subsidiable. El Gobierno Nacional, a través de Fogafín, otorgará garantías para
los bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para títulos
emitidos en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable, que emitan
los establecimientos de crédito, en los términos y con las condiciones que
señale el Gobierno Nacional.

Los recursos del subsidio para vivienda de interés social podrán destinarse al
otorgamiento de estas garantías. La cuantía de tales recursos será la
correspondiente a la prima asumida o al pago de la contingencia, cuando fuere
el caso y será adicional a las sumas que se destinen en el presupuesto nacional
al otorgamiento de subsidio directo a favor de los adquirentes de vivienda de
interés social subsidiable.

La junta directiva del Inurbe, con el voto favorable del Ministro de Desarrollo
Económico, determinará el monto de los recursos adicionales que podrán
otorgarse en forma de garantía para los fines expresados en el inciso anterior.

También podrán otorgarse en forma de compromisos gubernamentales para
atender un porcentaje de cada una de las cuotas periódicas a cargo de los
deudores de préstamos de vivienda de interés social o para cubrir parte del
canon de arrendamiento en los términos y con las condiciones que establezca
el Gobierno Nacional.

PARAGRÁFO. Cuando los subsidios de interés social se otorguen en forma de
garantías, la contingencia correspondiente deberá estimarse sobre bases
técnicas, para efectos de cuantificar la correspondiente asignación.

ARTÍCULO 31. Derechos notariales y gastos de registro. Los derechos
notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o
modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el
sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de




                                                                             204
vivienda individual de interés social no subsidiable, se liquidarán al cuarenta por
ciento (40%) de la tarifa ordinaria aplicable.

Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la
constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un
participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para
garantizar un crédito de vivienda individual de interés social, que en razón de
su cuantía pueda ser objeto de subsidio directo, se liquidarán al diez por ciento
(10%) de la tarifa ordinaria aplicable.

Para efectos de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del
patrimonio de familia de que trata el artículo 22, cuya inembargabilidad se
entenderá levantada únicamente a favor del acreedor hipotecario que financió
su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se
considerará como un acto sin cuantía. Igualmente la cancelación de los
gravámenes será considerado un acto sin cuantía.

PARAGRÁFO. Lo previsto en el presente artículo, se aplicará sin perjuicio de
las normas que establezcan tarifas más favorables, respecto de actos relativos
a viviendas de interés social.

ARTÍCULO 32. Recursos de Finagro para vivienda de interés social rural.
Destínese el veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes de las
inversiones forzosas con que cuenta Finagro, a la financiación de vivienda de
interés social rural, bien sea para la construcción de programas o para la
adquisición, mejoramiento y construcción individual en sitio propio, en las
condiciones que para el efecto establezca la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario, con sujeción a lo dispuesto por el Consejo Superior de Vivienda.

PARAGRÁFO 1°. En aquellos casos en que por razón de la demanda los
recursos previstos en el presente artículo no se utilicen, Finagro podrá
destinarlos al fomento agrícola a través del financiamiento de las actividades
agropecuarias de conformidad con las disposiciones vigentes y su objeto social.

PARAGRÁFO 2°. Para los efectos de lo previsto en este artículo, Finagro
realizará de manera permanente actividades tendientes a promocionar esta
línea de financiamiento.



                                                                                205
ARTÍCULO 33. Beneficiarios del subsidio. Los beneficiarios de subsidio de
vivienda que habiendo perdido la misma por imposibilidad de pago, podrán
obtener de nuevo el subsidio de vivienda por una sola vez más y previa
solicitud a las instituciones encargadas de su asignación.

ARTÍCULO 34. Aplicación a los créditos para financiación de vivienda de
interés social. Lo dispuesto en la presente ley será aplicable a los créditos para
construcción y financiación de vivienda de interés social en lo que no
contradiga sus disposiciones especiales.


Para efectos de la presente ley, se entenderá por vivienda de interés social la
que cumpla los requisitos establecidos por la legislación vigente en esta
materia.


                            CAPITULO VII
                   Mecanismos de solución de conflictos


ARTÍCULO 35. Pacto arbitral. Se aplicarán las reglas previstas en el presente
capítulo cuando entidades financieras que otorguen créditos para la
construcción o adquisición de vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente ley, pacten con los deudores de dichos créditos cláusulas
compromisoria o compromiso, con el objeto de deferir a un tribunal lo
relacionado con el cumplimiento y la ejecución forzada de las obligaciones
derivadas de dichos créditos.

La cláusula compromisoria o el compromiso deberá constar por escrito.

En los eventos de cesión de los créditos que se otorguen en desarrollo de lo
previsto en la presente ley, se entenderá que el adquirente se subroga, para
todos los efectos legales, en la posición del acreedor original.

El tribunal de arbitramento decidirá en derecho.




                                                                               206
PARAGRÁFO 1°. El pacto arbitral no se aplicará para los conflictos suscitados
por la reliquidación de los deudores en el sistema UPAC.

PARAGRÁFO 2°. Solamente por solicitud expresa del deudor podrá pactarse
el procedimiento de arbitramento.

ARTÍCULO 36. Procedimiento arbitral. Los procesos que, en relación con los
asuntos mencionados en el artículo anterior, se sometan a la justicia arbitral, se
adelantarán conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil
para los procesos de ejecución con título hipotecario. Para su desarrollo, los
árbitros tendrán las mismas funciones, deberes, facultades y atribuciones
legalmente asignadas a los jueces en relación con dichos procedimientos. No
obstante, contra las decisiones del tribunal de arbitramento, las partes sólo
podrán intentar los recursos que de acuerdo con las normas legales sobre
arbitramento proceden dentro del proceso arbitral.

Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia podrán ser ordenadas y
practicadas por los árbitros o por quienes designen para obrar en su nombre,
conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil y demás
normas aplicables. Los árbitros podrán comisionar a las autoridades
correspondientes, con las mismas atribuciones de los jueces de la República,
para la práctica de las medidas mencionadas. Igualmente, podrán requerir la
colaboración de las autoridades, con las mismas atribuciones que corresponden
a los jueces de la República, para lo relacionado con la ejecución de las
providencias, diligencias de entrega y demás actuaciones que se hagan
necesarias para cumplir sus decisiones.

En lo no previsto en este capítulo, los tribunales de arbitramento se regirán por
las disposiciones vigentes en materia de arbitramento, y en particular por las
contenidas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de
1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 510 de 1999 y las
demás que en el futuro las adicionen, complementen, modifiquen o sustituyan.
No obstante, cuando de acuerdo con dichas disposiciones se requiera la
citación de terceros que no estipularon el pacto arbitral, la imposibilidad de su
notificación o la falta de su adhesión al pacto arbitral, no conlleva la extinción
de los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria, pero se



                                                                               207
entenderá que el efecto del respectivo fallo no se les podrá hacer extensivo.
Los honorarios y funcionamiento del tribunal, se regirán por el reglamento.

PARAGRÁFO. Los árbitros serán seleccionados de listas integradas mediante
concurso público que será organizado por el Consejo Superior de la Judicatura
entre personas que reúnan los requisitos exigidos para ser juez civil de circuito.

ARTÍCULO 37. Costas y gastos. Las costas y los gastos a que haya lugar con
ocasión del trámite de los procesos arbitrales previstos en el presente capítulo,
incluidos los honorarios de árbitros y secretarios de los tribunales de
arbitramento y los gastos fijados por éstos para el desarrollo del proceso
arbitral, excluidos los honorarios del abogado del deudor, serán de cargo del
acreedor, y su pago se hará conforme a las normas que regulan la materia en
el procedimiento arbitral. Sin embargo, en el evento en que el deudor se
opusiere a la ejecución y resultase vencido, en el mismo laudo se le condenará
a pagar la mitad de dichas costas y gastos, a favor del acreedor. En este caso,
el laudo incluirá la liquidación de la respectiva condena.

PARAGRÁFO. El Consejo Superior de la Judicatura coordinará la defensa de
los deudores de vivienda de interés social subsidiable por parte de la
Defensoría del Pueblo, los estudiantes de derecho en práctica y año social y los
consultorios jurídicos de las universidades debidamente autorizados.


                              CAPITULO VIII
                           Régimen de transición


ARTÍCULO 38. Denominación de obligaciones en UVR. Dentro de los tres (3)
meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las
obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR, según la equivalencia
que determine el Gobierno Nacional. Vencido este término sin que se hayan
modificado los documentos en que consten tales obligaciones, éstas se
entenderán expresadas en UVR, por ministerio de la presente ley.

PARAGRÁFO. Las entidades financieras quedan facultadas para redimir en
forma anticipada los títulos valores denominados en UPAC. Igualmente, a



                                                                               208
elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás
pasivos, en UVR o en pesos.

ARTÍCULO 39. Adecuación de los documentos contentivos de las condiciones
de los créditos. Los establecimientos de crédito deberán ajustar los documentos
contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo
plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley
a las disposiciones previstas en la misma. Para ello contarán con un plazo hasta
de ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

No obstante lo anterior, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las
deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en
UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por ministerio de
la presente ley.

PARAGRÁFO 1°. La reliquidación de los créditos en los términos de que trata
el presente capítulo y los correspondientes documentos en los que consten las
condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, no constituirá
una novación de la obligación y por lo tanto, no causará impuesto de timbre.

PARAGRÁFO 2°. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la
presente ley, y a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, pueda acreditar
que se encuentra atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de otra
persona natural o jurídica, podrá requerir a las entidades financieras para que
actualicen la información y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y
cuando demuestre tener la capacidad de pago adecuada. Obtenida la
subrogación, dichos créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en este
artículo.

ARTÍCULO 40. Inversión social para vivienda. Con el fin de contribuir a hacer
efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas
previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que
hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la
financiación de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la formación
del ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que hayan
entregado en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en el
artículo 46.



                                                                               209
PARAGRÁFO 1°. Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente
se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga
crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel
sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos
establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un
crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse
sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una
misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la fecha del
crédito originalmente pactado.

PARAGRÁFO 2°. Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto
en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos
que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos
que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales
establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las
sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con
intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley.

ARTÍCULO 41. Abonos a los créditos que se encuentren al día. Los abonos a
que se refiere el artículo anterior se harán sobre los saldos vigentes a 31 de
diciembre de 1999, de los préstamos otorgados por los establecimientos de
crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo así:
1. Cada establecimiento de crédito tomará el saldo en pesos a 31 de diciembre
de 1999, de cada uno de los préstamos, que se encuentren al día el último día
hábil bancario del año de 1999.

Para efectos de determinar el saldo total de cada obligación, se adicionará el
valor que en la misma fecha tuviere el crédito otorgado por el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, en virtud de lo dispuesto por
los artículos 11 y 12 del Decreto Extraordinario 2331 de 1998, cuando fuere del
caso.

2. El establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de cada uno de los
créditos, para cuyo efecto utilizará la UVR que para cada uno de los días
comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999,




                                                                            210
publique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la
metodología establecida en el Decreto 856 de 1999.

3. El Gobierno Nacional abonará a las obligaciones que estuvieren al día el 31
de diciembre de 1999 el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación
indicada en el numeral anterior, mediante la entrega de los títulos a que se
refiere el parágrafo 4° del presente artículo, o en la forma que lo determine el
Gobierno Nacional.

PARAGRÁFO 1°. Para la reliquidación de los saldos de los créditos destinados
a la financiación de vivienda individual de largo plazo, otorgados por los
establecimientos de crédito en moneda legal, se establecerá una equivalencia
entre la DTF y la UPAC, en los términos que determine el Gobierno Nacional,
con el fin de comparar el comportamiento de la UPAC con el de la UVR, a
efectos de que tengan la misma rebaja que la correspondiente a los créditos
pactados en UPAC.

PARAGRÁFO 2°. Los establecimientos de crédito tendrán un plazo de tres (3)
meses, contados a partir de la presente ley para efectuar la reliquidación. Los
intereses de mora a que hubiere lugar por concepto de cuotas de amortización
no atendidas durante este lapso, serán descontados del valor que al deudor
moroso le correspondiere por concepto del abono para la reducción del saldo
de su crédito.

PARAGRÁFO 3°. Si los beneficiarios de los abonos previstos en el presente
artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la
respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El
establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se
refiere el parágrafo cuarto del presente artículo por dicho valor. En todo caso si
el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el
establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional
que le corresponda de la suma recaudada.

PARAGRÁFO 4°. El Gobierno Nacional queda autorizado para emitir y
entregar Títulos de Tesorería, TES, denominados en UVR y con el rendimiento
que éste determine, con pagos mensuales, en las cuantías requeridas para
atender la cancelación de las sumas que se abonarán a los créditos



                                                                               211
hipotecarios. Dichos títulos serán emitidos a diez (10) años de plazo. Estas
operaciones sólo requerirán para su validez del decreto que ordene su emisión
y determine las condiciones de los títulos, que podrán emitirse con cargo a
vigencias futuras y con base en los recursos provenientes de las inversiones
forzosas establecidas por la presente ley.

ARTÍCULO 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los
deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999,
podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el
deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la
reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la
vigencia de la ley.
Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses
de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.

A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el
monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada
de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior,
mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que
se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.

PARAGRÁFO 1°. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo
incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva
obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de
crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo
4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare
impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito
devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la
suma recaudada.

PARAGRÁFO 2°. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán
igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto
en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo.

PARAGRÁFO 3°. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y
sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90)
días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a



                                                                              212
la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar
suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse
automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde
dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo
previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su
archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del
crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a
solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la
etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa
actualización de su cuantía.

ARTÍCULO 43. Excepción de pago. El valor que se abone a cada crédito
hipotecario por concepto de las reliquidaciones a que se refiere esta ley, así
como los subsidios que entregue el Gobierno Nacional dentro del programa de
ahorro a los titulares de la opción de readquisición de vivienda dada en pago,
constituirán un pago que como tal, liberará al deudor frente al establecimiento
de crédito acreedor. Dicho pago, a su vez, constituirá una excepción de pago
total o parcial, según sea el caso, tanto para el establecimiento de crédito como
para el Estado, en los procesos que se adelanten por los deudores para
reclamar devoluciones o indemnizaciones por concepto de las liquidaciones de
los créditos o de los pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos.

En caso de sentencia favorable, los mencionados valores se compensarán
contra el fallo. La misma excepción podrá alegarse sobre el monto de los
subsidios que entregue el Gobierno Nacional a los titulares de la opción de
readquisición de vivienda dada en pago, dentro del programa de ahorro para
completar la cuota inicial.

La excepción aquí prevista podrá proponerse en cualquier estado del proceso.
Así mismo, en las sentencias que se dicten se aplicará como mecanismo para
satisfacer los correspondientes derechos individuales, los previstos en esta ley.

ARTÍCULO 44. Inversión en Títulos de Reducción de Deuda (TRD). Créase
una inversión obligatoria temporal en "Títulos de Reducción de Deuda" –TRD–
destinados a efectuar los abonos sobre los saldos vigentes de las deudas
individuales para la financiación de vivienda a largo plazo, en los términos
señalados en los artículos anteriores.



                                                                              213
Los TRD se denominarán en UVR; serán emitidos por el Gobierno Nacional;
podrán ser desmaterializados, tendrán un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha de su colocación y serán negociables.

El capital de los títulos se amortizará en un solo pago a su vencimiento y podrá
ser prepagado cuando las condiciones fiscales así lo permitan. Los títulos no
reconocerán intereses remuneratorios.

La emisión y colocación de los TRD sólo requerirá del Decreto de emisión y la
firma del Director General de Crédito Público.

ARTÍCULO 45. Sujetos obligados a invertir en TRD. Estarán obligados a
suscribir en el mercado primario TRD todos los establecimientos de crédito, las
sociedades de capitalización, las compañías de seguros, los fondos comunes
ordinarios, especiales y de inversión administrados por sociedades fiduciarias,
los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa y los
fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de
inversión. No estarán sometidos a esta inversión los fondos que de conformidad
con el respectivo reglamento, tengan como objeto exclusivo la administración
de los recursos de seguridad social y los fondos de inversión extranjera.
Igualmente, quedan excluidos los recursos destinados exclusivamente a
seguridad social administrados por las compañías de seguros.

La inversión a que se refiere este artículo será del cero punto sesenta y ocho
por ciento (0.68%) anual, durante seis (6) años, contados a partir del año 2000
y se liquidará sobre el total de sus pasivos para con el público, en el caso de
establecimientos de crédito y las sociedades de capitalización; del cero punto
sesenta y ocho por ciento (0.68%) anual, durante seis (6) años, del valor del
respectivo fondo en el caso de los fondos de valores, fondos comunes
ordinarios, especiales y de inversión administrados por sociedades fiduciarias,
los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa y los
fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de
inversión, y del cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) anual, durante
seis (6) años, sobre las primas emitidas en el caso de las compañías de
seguros.




                                                                             214
PARAGRÁFO. Los sujetos obligados a efectuar la inversión forzosa la
realizarán anualmente por períodos mensuales para completar en cada período
anual el cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%). Para el efecto, deberán
invertir mensualmente en títulos una doceava parte del porcentaje señalado en
el presente artículo, calculado sobre los saldos de los pasivos para con el
público, el valor del respectivo fondo, o el valor de las primas emitidas, según
sea el caso. El nivel de la inversión deberá ajustarse al final de cada año
calendario, con base en el promedio mensual de la base de cálculo de la
inversión durante el plazo aquí previsto. Este mismo procedimiento tendrá lugar
anualmente durante el período comprendido entre los años 2000 y 2005,
ambos inclusive.

En caso de reducción de los recursos que sirven de base para el cálculo anual
de la inversión, no habrá lugar al reembolso del valor invertido en títulos de
reducción de deuda.

ARTÍCULO 46. Opción de readquisición de vivienda. Durante el año siguiente
a la vigencia de la presente ley, quienes entreguen o hayan entregado en
dación en pago su vivienda, tendrán opción para readquirirla siempre que no
haya sido enajenada por el respectivo establecimiento de crédito. En caso de
que haya sido enajenada, el establecimiento de crédito podrá ofrecer, en las
mismas condiciones, otro inmueble de propiedad de la entidad sobre el cual no
se haya ejercido por parte de su anterior propietario, la opción de readquisición
de vivienda.

La opción se pactará en un contrato que suscribirán el deudor que entrega el
inmueble en dación en pago y la respectiva entidad financiera, en el que se
harán constar los derechos y las obligaciones del titular de la opción y de la
entidad financiera, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Al momento de celebrarse el contrato, el inmueble objeto del mismo deberá
   ser avaluado en los términos consagrados en la presente ley. Dicho avalúo
   servirá de base para determinar el precio mensual del arrendamiento que no
   podrá exceder del cero punto ocho por ciento (0.8%) del valor del avalúo y
   el de la opción de readquisición, en los términos que se señalan en los
   numerales 5 y 6 de este artículo.



                                                                              215
2. El titular de la opción tendrá el derecho real de habitación sobre el mismo,
   mediante el pago de un canon mensual.

3. El establecimiento de crédito ofrecerá en venta el inmueble objeto del
   contrato al titular de la opción.

4. El establecimiento de crédito estará obligado a mantener la oferta por el término
   pactado en el contrato, el cual no podrá exceder de tres (3) años.

4. El precio de la oferta será el valor comercial del inmueble, en la fecha del
   vencimiento del plazo determinado por un avalúo técnico realizado en los
   términos de la presente ley o en la fecha anterior en que el titular de la opción
   decidiere ejercerla.

5. En el momento de hacerse efectiva la oferta, la valorización del inmueble se
   compartirá por partes iguales entre el establecimiento de crédito y el titular de
   la opción.

6. El titular de la opción deberá cumplir durante todo el plazo de la oferta, un
   programa de ahorro que tendrá, además de los beneficios previstos para el
   programa de ahorro para el fomento de la construcción –AFC–, un subsidio del
   Estado consistente en un abono de un peso por cada peso ahorrado por el
   titular de la opción, sin que exceda en ningún caso del quince por ciento (15%)
   del valor comercial del bien establecido al momento de la celebración del
   contrato especial previsto en esta ley, el cual se hará efectivo sólo cuando se
   concrete la venta.

7. Vencido el plazo de la oferta, si ésta no se aceptare, su titular deberá devolver
   al establecimiento de crédito el inmueble en el mismo estado en que lo recibió
   y podrá disponer del dinero ahorrado, deducido el valor del subsidio.

9. La restitución del inmueble objeto de la operación se sujetará a lo dispuesto
   para el comodato precario.

10. Podrá pactarse que las diferencias entre las partes sean sometidas a decisión
  arbitral en los términos de la presente ley.




                                                                                    216
11. El inmueble objeto del contrato deberá estar asegurado durante todo el
    plazo por los riesgos que determine el Gobierno Nacional.

11. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas tanto del
    contrato que incorpora el derecho de habitación como del de ahorro
    programado, dará lugar a la terminación del contrato especial aquí señalado.

   PARAGRÁFO 1°. En el evento en que el bien haya sido transferido a cualquier
   título a un patrimonio autónomo, sociedad matriz o subsidiaria del respectivo
   establecimiento de crédito, las obligaciones que de acuerdo con el presente
   artículo corresponderían al establecimiento de crédito radicarán en la persona o
   entidad a quien se haya transferido el bien, incluido el patrimonio autónomo.

   PARAGRÁFO 2°. El titular de la opción tendrá derecho a cancelar el valor del
   inmueble con recursos propios o con el producto de un préstamo otorgado por
   cualquier establecimiento de crédito.

   ARTÍCULO 47. Autorización. Se autoriza por un año contado a partir de la
   fecha de promulgación de la presente ley, a los establecimientos de crédito
   para comercializar los inmuebles destinados a vivienda que hayan recibido en
   dación en pago, mediante el contrato especial establecido en el artículo
   anterior, salvo el subsidio previsto en el numeral 7 del artículo 46.

   ARTÍCULO 48. Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera
   Hipotecaria. Con el propósito de facilitar las condiciones para la financiación de
   vivienda referida al índice de precios al consumidor, autorízase la creación de
   un Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria que será
   administrado por el Banco de la República en los términos que establezca el
   Gobierno Nacional. Las inversiones en el Fondo de que trata este artículo, se
   considerarán como inversión social.
   Dicho fondo contará con los siguientes recursos:

   1. Los provenientes de un impuesto nacional que se crea por la presente ley,
   que se causará mensualmente, a partir del mes siguiente a la vigencia de la
   misma y hasta el 31 de diciembre del año 2002. La base gravable del impuesto
   es el valor mensual de la remuneración de los encajes. Son sujetos pasivos de
   este impuesto los establecimientos de crédito. La tarifa del tributo será del



                                                                                  217
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de los encajes. El
Banco de la República retendrá y colocará directamente en el Fondo el monto
del impuesto al momento del pago al respectivo establecimiento de crédito de
la remuneración sobre el encaje. Este impuesto no hará parte de la
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

2. Ciento cincuenta mil millones ($150.000.000.000) provenientes de las
utilidades del Banco de la República correspondientes al ejercicio de 1999.

3. Los provenientes de la diferencia entre la UVR adicionada en el interés
remuneratorio y la DTF, cuando la primera fuere superior a la segunda, que
deberán ser aportados por los establecimientos de crédito que tengan cartera
hipotecaria denominada en UVR y pasivos para con el público denominados en
DTF, de conformidad con el reglamento que expida para el efecto el Gobierno
Nacional.

4. Los rendimientos de los recursos que conformen el Fondo.

5. Los provenientes de los créditos que se contraten o se asignen para este fin.
El Banco de la República, como agente fiscal del Gobierno Nacional, podrá
contratar a nombre de éste, créditos destinados al Fondo. El pago de las
operaciones de crédito destinadas al Fondo podrán abonarse con cargo a los
recursos del mismo.

ARTÍCULO 49. Coberturas de riesgo. Con cargo a los recursos de dicho fondo,
el Banco de la República podrá ofrecer a los establecimientos de crédito, y
solamente para el saldo de la cartera de vivienda individual de largo plazo
registrada a 31 de diciembre del año 2000, coberturas de riesgo del diferencial
entre la tasa de interés de mercado y la inflación. Las condiciones en que se
ofrezca la anterior cobertura propenderán por el reflejo de su valor económico
en el largo plazo, en los términos que determine el Gobierno Nacional.




                                                                             218
                                CAPITULO IX
                             Otras disposiciones


ARTÍCULO 50. Avalúos y avaluadores. Sin perjuicio de la competencia que en
materia de avalúos corresponde al Instituto Agustín Codazzi y a los catastros
municipales y departamentales y distritales autorizados por la ley, los avalúos
que se requieran para las operaciones activas y pasivas de que trata la
presente ley, serán realizados por personas pertenecientes a una lista cuya
integración y actualización corresponderá reglamentar a la Superintendencia de
Industria y Comercio, con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional,
solvencia moral, independencia y responsabilidad, en los términos que
determine el Gobierno Nacional.

La remuneración de la labor de los avaluadores se hará con base en el número
de metros cuadrados de los bienes inmuebles, aplicando una tarifa
descendente en proporción a la extensión, y con un monto máximo establecido
en el respectivo reglamento del Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 51. Régimen especial de negociación en bolsa. La
Superintendencia de Valores podrá establecer reglas que permitan el acceso a
las compañías de seguros, las sociedades fiduciarias, las sociedades
administradoras de fondos de pensiones y de cesantías y las entidades que
administren reservas pensionales del régimen de prima media con prestación
definida, a los sistemas de negociación de las bolsas de valores que operen en
el país para realizar operaciones sobre bonos hipotecarios y títulos hipotecarios,
de que trata la presente Ley, por cuenta de los fondos o reservas que
administren o para la inversión de las reservas técnicas, de acuerdo con el
respectivo régimen de inversión. Los valores a que se refiere este inciso serán
transables en bolsa. La Superintendencia de Valores podrá requerir y regular la
integración del mercado de dichos valores.

Las entidades a que se refiere este artículo no podrán negociar títulos emitidos,
avalados, garantizados u originados por ellas, por sus filiales, subsidiarias,
vinculadas o por la matriz, sus filiales, subsidiarias o vinculadas. Las bolsas de
valores velarán por el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.




                                                                               219
La Superintendencia de Valores regulará, mediante preceptos de carácter
general, lo atinente a la aplicación de las normas del mercado público de
valores y las disposiciones de las bolsas de valores, a las instituciones
mencionadas en el primer inciso del presente artículo, que ingresen a los
sistemas de negociación de las bolsas en desarrollo de la autorización contenida
en el mismo.

ARTÍCULO 52. Registro en centrales de riesgo. Los deudores de los créditos
de vivienda individual a largo plazo que reestructuren sus créditos hipotecarios
en los términos previstos en el artículo 42 de la presente ley, tendrán derecho a
exigir que sus nombres se retiren como deudores morosos de las centrales de
riesgo, una vez hayan cumplido puntualmente con el pago de las tres primeras
cuotas de la obligación reestructurada. Los deudores hipotecarios de viviendas
entregadas en dación en pago con posterioridad al 1° de enero de 1997,
tendrán derecho a que las entidades financieras los declaren a paz y en salvo
por el crédito respectivo y retiren sus nombres de las centrales de riesgo.
Igualmente, podrán beneficiarse de la opción de readquisición de vivienda
establecida en el artículo 46 de la presente ley.

ARTÍCULO 53. Fomento a la competencia. El Gobierno Nacional, mediante
normas de carácter general, podrá ordenar a los establecimientos de crédito
que otorguen crédito de vivienda individual a largo plazo, que pongan en
práctica procedimientos dirigidos a incrementar la competencia entre quienes
deseen proveer los seguros que deban adquirir los deudores de dichos créditos.

ARTÍCULO 54. Comisión de seguimiento. El Congreso, representado por las
Comisiones Terceras, elegirá una comisión de seguimiento para el cabal
cumplimiento de la presente ley y su correspondiente desarrollo reglamentario
y financiero.

ARTÍCULO 55. Protección especial para los adquirientes de vivienda individual.
El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general, determinará los
mecanismos que aseguren que los dineros recibidos por las personas dedicadas
a la actividad de la construcción, por concepto de ventas de contado y pago de
cuotas iniciales, se canalicen a través de instrumentos que tiendan a asegurar




                                                                              220
la adecuada inversión y destinación de los recursos del proyecto de
construcción al inmueble vendido o prometido en venta.

Para los fines aquí previstos, el Gobierno establecerá para los constructores la
obligación de informar a los prometientes compradores sobre la existencia de
gravámenes en mayor extensión y exigirá que en las escrituras públicas que
perfeccionen dichas promesas de compraventa se protocolice una carta del
establecimiento de crédito titular de la garantía en mayor extensión mediante la
cual autorice el otorgamiento de la escritura de compraventa por haber recibido
el pago de la prorrata correspondiente.

ARTÍCULO 56. Incentivos a la financiación de vivienda de interés social
subsidiable. Adiciónase al Estatuto Tributario, el siguiente artículo: Las nuevas
operaciones destinadas a la financiación de vivienda de interés social
subsidiables, no generarán rentas gravables por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO TRANSITORIO 57. Se extiende hasta el 31 de enero del año
2000 lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo 2331 de 1998.

ARTÍCULO 58. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
MIGUEL PINEDO VIDAL.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
MANUEL ENRIQUEZ ROSERO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
ARMANDO PÓMARICO RAMOS
.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
GUSTAVO BUSTAMANTE MORATTO
.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL




                                                                              221
Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 1999.

ANDRES PASTRANA ARANGO


EL Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
.
El Ministro de Desarrollo Económico,

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE




                                                                222
                                DECRETO 2702
                           30 de diciembre de 1999


    Por el cual se establece la metodología para la reliquidación de los
     créditos destinados a la financiación de vivienda de largo plazo
                       denominados en moneda legal.

                                     DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Para la liquidación de los saldos de los créditos destinados a la
financiación de vivienda individual de largo plazo, otorgados por los
establecimientos de crédito en moneda legal, se utilizará la siguiente metodología
para establecer la equivalencia entre la DTF y la UPAC, para cada crédito y para
cada período mensual de causación de intereses del mismo, empezando en enero
1° de 1993 o en el día del desembolso del respectivo crédito, si fuere posterior.

Para determinar dicha equivalencia se utilizará la siguiente fórmula:

((1+Ti)/(1+CMi))-1=Fi

Donde: Ti es la tasa efectivamente cobrada al crédito durante el período de
causación.

CMi es la variación porcentual de la UPAC durante el período de causación Fi es el
factor de equivalencia para el período de causación.

Conocidos todos los factores de equivalencia de los períodos de causación hasta el
31 de diciembre de 1999, se procederá a la reliquidación del crédito utilizando los
factores de equivalencia como tasa de interés sobre la variación de la UVR en el
respectivo período.

ARTÍCULO 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 1999.



                                                                                223
ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro Técnico, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público,
CARLOS FELIPE JARAMILLO JIMÉNEZ.




                                                                              224
                               DECRETO 2703
                           30 de Diciembre de 1999


   Por el cual se determina la equivalencia entre la UVR y la Unidad de
  Poder Adquisitivo Constante –UPAC– y se adopta la metodología para
                    calcular el valor en pesos de la UVR.


                               CONSIDERANDO:


Que el artículo 3° de la Ley 546 de 1999 dispone que la Unidad de Valor Real es
una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base
exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por
el DANE, cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que
establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes;

Que en sesión del 23 de diciembre de 1999, el Consejo de Política Económica y
Social, Conpes, recomendó que el valor en moneda legal colombiana de la UVR
cambie diariamente durante el período de cálculo, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
UVRt=UVR15*(1+i)t/d

Donde:
Período de cálculo: Período comprendido entre el día 16 inclusive, de un mes
hasta el día 15, inclusive, del mes siguiente.

UVRt: Valor en moneda legal colombiana de la UVR del día t del período de
cálculo.
t: número de días calendario transcurridos desde el inicio de un período de cálculo
hasta el día de cálculo de la UVR. Por lo tanto t tendrá valores entre 1 y 31, de
acuerdo con el número de días calendario del respectivo período de cálculo.

UVR15: Valor en moneda legal colombiana de la UVR el día 15 de cada mes.
i: Variación mensual del índice de precios al consumidor durante el mes calendario
inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo.



                                                                                225
d: Número de días calendario del respectivo período de cálculo.
Que corresponde al Gobierno Nacional determinar la equivalencia entre UVR y la
Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición
de la UPAC a la UVR,



                                    DECRETA:


ARTÍCULO 1°. Para efectos de la transición de la UPAC a la UVR, una UPAC será
equivalente a 160.7750 UVR el 31 de diciembre de 1999.

ARTÍCULO 2°. Adoptase como metodología para calcular el valor de la UVR la
recomendada por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes, en sesión del
23 de diciembre de 1999.

Dicha metodología deberá utilizarse para calcular el valor diario en pesos de la UVR
por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda a partir del 1°
de enero del 2000.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 30 de diciembre 1999.


ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro Técnico encargado de las funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público,

CARLOS FELIPE JARAMILLO JIMÉNEZ.




                                                                                 226
                                  DECRETO 145


                             4 de febrero del 2000



   Por medio del cual se establecen las condiciones de los créditos de
                   vivienda individual a largo plazo.

                                    DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Condiciones de los créditos. Para efectos del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 17 y demás normas concordantes de la Ley
546 de 1999, los créditos de vivienda individual a largo plazo que otorguen los
establecimientos de crédito deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Monto del crédito. Podrá financiarse hasta el setenta por ciento (70%) del valor
del inmueble. Dicho valor será el precio de compra o el de un avalúo practicado
dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito.

En los créditos destinados a la financiación de vivienda de interés social podrá
financiarse hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble;

b) Límite para la primera cuota. La primera cuota del crédito no podrá representar
más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares.

Los ingresos familiares están constituidos por los recursos que puedan acreditar los
solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se
trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán
serlo hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil;

c) Seguros. Los inmuebles financiados deberán estar asegurados contra los riesgos
de incendio y terremoto.




                                                                                 227
ARTÍCULO 2º. Los créditos de vivienda que otorguen las entidades de que trata
el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 de 1999, se regirán por las
disposiciones que para tal efecto expidan sus respectivos órganos de dirección.

ARTÍCULO 3º. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del
despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,


FRANCISCO ESTUPIÑAN HEREDIA


El Ministro de Desarrollo Económico,

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE




                                                                                228
                                 DECRETO 146
                             4 de febrero del 2000


 Por medio del cual se establece la forma de calcular la equivalencia de
once puntos de tasa de interés remuneratoria para créditos contratados
                     en moneda legal colombiana.


                                CONSIDERANDO:


Primero. Que el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, dispuso que la
tasa de interés remuneratoria de todos los créditos de vivienda de interés social no
podrá exceder once (11) puntos, durante el año siguiente a la vigencia de la
misma;

Segundo. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 546 de
1999, dicha tasa de interés, remuneratoria es efectiva anual, calculada sobre la
UVR;

Tercero. Que es necesario establecer la equivalencia de dicha tasa remuneratoria
efectiva anual, para los créditos denominados en pesos,


                                    DECRETA:


ARTÍCULO 1º. Para los créditos denominados en pesos la tasa mensual
equivalente a UVR más once (11) puntos se calculará para cada período de
causación mediante la siguiente fórmula:


Si = [(UVRf/UVRi) x ((1.11)^(1/12))]-1

Donde:
Si: Tasa de interés remuneratoria efectiva mensual.



                                                                                 229
UVRf. Valor en pesos de la UVR del último día del período mensual de causación de
intereses del crédito.

UVRi: Valor en pesos de la UVR el día de inicio del período mensual de causación
de intereses del crédito.

ARTÍCULO 2º. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.


Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2000.


ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del
despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,


FRANCISCO ESTUPIÑAN HEREDIA


El Ministro de Desarrollo Económico,

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE




                                                                              230
                                  DECRETO 418
                               8 de marzo del 2000

     por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 546 de 1999, en lo
             relacionado con el Consejo Superior de Vivienda.


                                     DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Naturaleza y funciones del Consejo Superior de Vivienda. El
Consejo Superior de Vivienda, creado mediante el artículo 6° de la Ley 546 de
1999 es un organismo asesor del Gobierno en materia de vivienda, adscrito al
Ministerio de Desarrollo Económico, que cuenta con las siguientes funciones, según
lo establecido en la Ley 3ª de 1991 y en la Ley 546 de 1999.

1. Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación, coordinación, y ejecución de la
Política de Vivienda, particularmente de la de interés social.

2. Revisar los costos para adquisición de vivienda, tales como los gastos por
concepto de impuestos, tarifas y tasas.

3. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en desarrollo de los programas
de ejecución de la política de vivienda.

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos y criterios del sistema especializado
de financiación de vivienda a largo plazo.

5. Establecer y divulgar las estadísticas que afecten a la construcción y financiación
de vivienda.

6. Velar por el cumplimiento de las condiciones de transferencia e información en
las actividades de las diferentes entidades involucradas en el sistema especializado
de financiación de vivienda a largo plazo.




                                                                                   231
7. Recomendar a la Junta Directiva del Banco de la República la intervención
temporal en los márgenes de intermediación de los créditos destinados a la
financiación de vivienda.

8. Recomendar los seguros que amparen los riesgos que puedan tener los activos
que se financien.

9. Recomendar incentivos para la adquisición y comercialización de bonos y títulos
hipotecarios.

10. Presentar anualmente, dentro de los primeros quince (15) días de cada
legislatura, al Congreso de la República un informe acerca del déficit cuantitativo y
cualitativo, urbano y rural de vivienda, en el nivel nacional y regional, en forma
global y por estrato socioeconómico.

11. Las demás que le asigne la ley.

ARTÍCULO 2°. Conformación del Consejo Superior de Vivienda y escogencia de
sus integrantes. El Consejo Superior de Vivienda, consagrado en la Ley 546 de
1999, estará integrado por:

1. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

4. El Superintendente Bancario o su delegado.

5. El Superintendente de Valores o su delegado.

6. El Superintendente de Sociedades o su delegado.

7. El Superintendente del Subsidio Familiar o su delegado.

8. Un representante de las organizaciones populares de vivienda, escogido por el
Ministro de Desarrollo Económico, de las organizaciones de este tipo, legalmente



                                                                                  232
reconocidas y que se inscriban para este propósito, ante la Secretaria Técnica del
Consejo Superior de Vivienda.

9. Un representante de los Constructores, escogido por el Ministro de Desarrollo
Económico, de las agremiaciones de este tipo, legalmente constituidas y que se
inscriban para este propósito, ante la Secretaría Técnica del Consejo Superior de
Vivienda.

10. Un representante de los Establecimientos de Crédito, escogido por el Ministro
de Hacienda y Crédito Público, de los que se inscriban para este propósito, ante la
Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda.

11. Un representante de los usuarios de crédito individual de vivienda, escogido
por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, de las asociaciones de este tipo
legalmente constituidas, y que se inscriban para este propósito, ante la Secretaría
Técnica del Consejo Superior de Vivienda.

12. Un representante de los trabajadores, escogido por el Ministro de Desarrollo
Económico, de terna enviada por las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado a
la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda.

13. Un representante de las cajas de compensación familiar, elegido por el Consejo
Superior del Subsidio Familiar.

14. Un representante del sector inmobiliario nacional, escogido por el Ministro de
Desarrollo Económico, de las lonjas de propiedad raíz y establecimientos de
comercio que cumplen funciones de enajenación de inmuebles, que se inscriban
para este propósito, ante la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda.

PARÁGRAFO 1°. El período de los integrantes del Consejo, de que tratan los
numerales 8 al 14 del presente artículo, será de dos (2) años contados a partir de
la fecha de su escogencia o elección. En el evento de renuncia de uno de ellos, sin
que hubiere concluido el período para el cual fue elegido, se procederá a la
elección de un nuevo representante, en la forma prevista en el presente artículo,
para que culmine el período correspondiente.




                                                                                233
PARÁGRAFO 2°. Para efectos de la primera designación de los integrantes del
Consejo Superior de Vivienda, de que trata el Parágrafo anterior, la inscripción o
envío de la terna para la selección de cada representante ante la Secretaría
Técnica del Consejo Superior de Vivienda, deberá radicarse dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto.

PARÁGRAFO 3°. La inscripción para la selección de cada representante ante la
Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda, se hará indicando para qué
propósito y allegando los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO 3°. Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda. El Consejo
Superior de Vivienda, contará con una Secretaría Técnica permanente la cual será
ejercida por la Dirección General de Vivienda del Ministerio de Desarrollo
Económico, o la dependencia que haga sus veces, y tendrá las siguientes
funciones:

1. Calcular y divulgar el valor diario de la Unidad de Valor Real (UVR).

2. Prestar apoyo operativo al Consejo, en los asuntos relacionados con su
participación en el mismo.

3. Levantar las actas de las reuniones del Consejo y ejercer la guarda de las
mismas.

4. Preparar los temas a tratar en cada reunión del Consejo.

5. Informar con la debida antelación a los miembros del Consejo, sobre las
convocatorias a las reuniones realizadas por la Presidencia del Consejo.

6. Informar mensualmente a los miembros del Consejo, sobre la variación de la
Unidad de Valor Real (UVR), durante el mes inmediatamente anterior.

7. Las demás establecidas en la ley o el reglamento.


ARTÍCULO 4o. Asesores del Consejo Superior de Vivienda. El Consejo Superior de
Vivienda contará con dos asesores, designados uno (1) por el Ministro de Hacienda



                                                                               234
y Crédito Público, y uno (1) por el Ministro de Desarrollo Económico, los cuales
serán expertos con amplia preparación en los temas de competencia del mismo.
Los asesores del Consejo Superior de Vivienda analizarán y conceptuarán sobre los
asuntos sometidos a su consideración por el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 5°. Reuniones y convocatorias. El Consejo Superior de Vivienda se
reunirá, al menos, dos (2) veces al año, previa convocatoria del Ministro de
Desarrollo Económico, a través de la Secretaría Técnica, efectuada por escrito que
se enviará como mínimo con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión.

ARTÍCULO 6°. Quórum deliberatorio. El Consejo Superior de Vivienda sesionará
con la mitad más uno de sus miembros.

ARTÍCULO 7°. Quórum decisorio. El Consejo Superior de Vivienda decidirá con la
mitad más uno de los miembros presentes. En todo caso, se requerirá al menos
del voto favorable de uno de los Ministros miembros o su respectivo delegado.

ARTICULO 8°. Actas. De cada reunión se levantará un acta suscrita por el
Presidente del Consejo y la Secretaria Técnica, que indicará, entre otros, los
siguientes aspectos:

1. Hora de iniciación y terminación de la reunión.

2. Llamado a lista, con indicación de los presentes y ausentes, así como de la
presencia de delegados o invitados, cuando fuere el caso.

3. Los aspectos sometidos a su consideración en la reunión correspondiente.

4. Decisiones adoptadas, con indicación de los consensos y disensos.

5. Constancias solicitadas por los miembros del Consejo.

6. Los demás que se consideren necesarios para el cabal funcionamiento del
Consejo.

ARTÍCULO 9°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones de igual jerarquía, que le sean contrarias.



                                                                               235
Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR.

El Ministro de Desarrollo Económico,

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE.




                                                           236
                                DECRETO 2336
                           9 de Noviembre del 2000


  Por medio del cual se reglamenta la forma en que puede ejercerse la
 opción de readquisición de vivienda prevista en los artículos 46 y 47 de
                           la Ley 546 de 1999.




                                    DECRETA:


Artículo 1°. Opción de readquisición de vivienda. De conformidad con el artículo 46
de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, durante el año siguiente a su entrada
en vigencia, los deudores individuales de vivienda que entreguen o hayan
entregado en dación en pago su unidad habitacional, tendrán derecho a optar por
la readquisición de la misma y los establecimientos de crédito están en la
obligación de ofrecerla, en los siguientes términos:

a) Si la vivienda entregada en dación en pago no ha sido enajenada, prometida en
venta o entregada mediante contrato de opción de readquisición por el
establecimiento de crédito, el titular de la opción podrá optar por la readquisición
de ésta exclusivamente;

b) Si el establecimiento de crédito enajenó, prometió en venta o celebró contrato
de opción de readquisición de vivienda con un tercero diferente al titular de la
opción, podrá ofrecerle a éste otro inmueble de su propiedad, en las mismas
condiciones señaladas en la ley;

c) Simultáneamente con la formalización de la dación en pago, los establecimientos
de crédito podrán celebrar el contrato de opción de readquisición.

Ningún establecimiento de crédito podrá negar el derecho a la opción de
readquisición so pretexto de que la dación en pago no se encuentra formalizada.




                                                                                 237
ARTÍCULO 2°. Contrato de opción de readquisición de vivienda. De conformidad
con el artículo 46 de la Ley 546 de 1999, la opción de readquisición de vivienda se
pactará en un contrato que suscribirán el usuario que entrega o entregó su
inmueble en dación en pago y el respectivo establecimiento de crédito al que se
haya transferido o se transfiera el bien. Para la elaboración del contrato de
readquisición de vivienda se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Durante el plazo del contrato, que será el de la oferta y que en todo caso no
excederá de tres (3) años, se aplicarán las reglas generales del arrendamiento de
inmueble urbano destinado para vivienda, en especial la Ley 56 de 1985 y sus
decretos reglamentarios, en cuanto no pugnen con los aspectos específicos
determinados en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999. Para el caso de inmuebles
rurales, se dará aplicación a las normas del Código Civil;

b) Los establecimientos de crédito deben definir y dar a conocer al público, los
criterios de evaluación que le sirven para determinar la capacidad de pago en
relación con el canon de arrendamiento que el titular de la opción deberá pagar
durante el plazo del contrato, así como los relacionados con su capacidad de
cumplimiento del programa de ahorro que se pacte;

c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas tanto del contrato
que incorpora el derecho real de habitación como del ahorro programado,
constituye causal de terminación del contrato de opción de readquisición de
vivienda.

En consecuencia, el establecimiento de crédito podrá solicitar la restitución del
inmueble antes del vencimiento del plazo del contrato, de conformidad con los
numerales 8 y 11 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999.

d) En todos los casos, el establecimiento de crédito deberá entregar el inmueble al
usuario totalmente al día en materia de servicios públicos y administración. A partir
de la fecha de celebración del contrato y durante el plazo del mismo, el usuario
deberá pagar tanto los cánones de arrendamiento como los gastos generados por
los servicios públicos domiciliarios, las reparaciones necesarias y los gastos de
administración del inmueble.




                                                                                  238
Podrá pactarse que los saldos adeudados por estos conceptos se deduzcan del
ahorro programado cuando el usuario decida no ejercer la opción de readquisición
de vivienda o incumpla los términos del contrato. Los costos relacionados con las
tasas, impuestos y contribuciones que recaigan sobre el inmueble ofrecido estarán
a cargo del establecimiento de crédito durante la vigencia del contrato.

e) El avalúo técnico que debe realizarse tanto para fijar el canon de
arrendamiento, como para determinar el valor de la opción de readquisición,
establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999, estará a cargo
del establecimiento de crédito y se realizará atendiendo las reglas establecidas en
los Decretos 422 y 466 de 2000 o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan. El avalúo técnico así realizado reflejará el valor comercial del inmueble.

El valor máximo de la opción de readquisición de vivienda será el valor comercial
del inmueble. A su vez, el canon de arrendamiento no podrá exceder del 0.8% del
valor de la opción de readquisición;

f) En el momento de ejercer la opción de readquisición de vivienda, el titular de la
misma tendrá derecho a escoger libremente la entidad que le brinde las mejores
condiciones de financiación de su vivienda, razón por la cual, en ningún caso, el
establecimiento de crédito propietario del bien podrá obligarlo a tomar el crédito
por él ofrecido, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 46 de la Ley 546
de 1999;

g) De conformidad con el numeral 6 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999, el valor
final de la operación no podrá superar el valor comercial del bien inmueble
establecido por el avalúo realizado al momento de la celebración del contrato de
opción de readquisición de vivienda, adicionado hasta en el 50% de la valorización
que haya tenido desde el momento de celebración del contrato de opción de
readquisición de vivienda hasta el momento en que se ejerza la misma.

Para el cálculo de la valorización del inmueble ofrecido, se deberá tomar como
referencia el avalúo previsto en el literal e) del presente artículo y el que se realice
en el momento en que el titular ejerza la opción;

h) El respectivo establecimiento de crédito deberá establecer dentro del contrato,
con total claridad, la forma como se ejecutará el programa de ahorro y los demás



                                                                                     239
aspectos relativos al mismo tales como el plazos que no podrá ser inferior a (6)
seis meses, y el monto máximo del subsidio previsto en el numeral 7 del artículo
46 de la Ley 546 de 1999, de acuerdo con el valor del inmueble calculado de la
forma como lo establece el presente decreto.

ARTÍCULO 3°. Programa de ahorro. De conformidad con el numeral 7 del artículo
46 de la Ley 546 de 1999, el usuario titular de la opción deberá cumplir con un
programa de ahorro que como mínimo le permita cubrir el valor de la cuota inicial
de la vivienda, el cual tendrá los beneficios previstos para el programa de ahorro
para el fomento a la construcción - AFC y un subsidio del Estado consistente en un
abono de un peso por cada peso ahorrado, sin que exceda en ningún caso el 15%
del valor comercial del inmueble ofrecido, para lo cual se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:

a) El incentivo tributario previsto en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley 546 de
1999, en concordancia con el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, consiste en
que las sumas destinadas a la cuenta de ahorro programado orientado al ejercicio
de la opción de readquisición de vivienda, no harán parte de la base gravable para
aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como ingresos no
constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, hasta una suma que no exceda del
treinta por ciento (30%) de su ingreso laboral o ingreso tributario del año;

b) Los establecimientos de crédito que manejen cuentas de ahorro programado
deberán llevar para cada una de éstas, una cuenta en pesos de control
denominada "retenciones contingentes por retiro de ahorro programado", cuyo
manejo se sujeta a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2577 de 1999, en lo
que no contravenga lo dispuesto en el presente decreto. Esta cuenta se cancelará
una vez se ejerza la opción de readquisición;

c) En caso de que el usuario no ejerza la opción, perderá los beneficios
consagrados en la ley y el ahorro por él conformado estará sujeto a las normas
aplicables a los ingresos gravables del trabajador. La retención en la fuente a que
haya lugar se calculará y practicará de conformidad con lo previsto en el literal b)
del artículo 11 del Decreto 2577 de 1999.

ARTÍCULO 4°. Seguros. De conformidad con el numeral 10 del artículo 46 de la
Ley 546 de 1999, el establecimiento de crédito deberá tomar una póliza de seguro



                                                                                 240
sobre el bien objeto de contrato de readquisición de vivienda, que ampare los
riesgos de incendio y terremoto, en su parte destructible, por su valor comercial
calculado de la forma como lo establece el literal e) del artículo 2° del presente
decreto. El valor asegurado se ajustará anualmente. El costo de la prima estará a
cargo del establecimiento de crédito durante la vigencia del contrato de opción de
readquisición de vivienda.

ARTÍCULO 5°. Autorización. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 546 de
1999, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de la ley, los
establecimientos de crédito podrán comercializar entre los usuarios diferentes de
aquellos que hubieren entregado su inmueble en dación en pago, los inmuebles
recibidos por este concepto y sobre los cuales no se haya ejercido la opción de
readquisición de vivienda, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) El mecanismo de comercialización debe cumplirse atendiendo los criterios
señalados en los artículos precedentes, salvo lo relativo al subsidio previsto en el
numeral 7 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999;

b) El usuario que decida hacer uso de la oferta del establecimiento de crédito a
través de este mecanismo de comercialización, deberá realizar un ahorro
programado cuyo monto, plazo y condiciones podrán pactarse libremente con el
establecimiento de crédito respectivo. El ahorro que se conforme tendrá los
beneficios señalados en el literal a) del artículo 3° del presente decreto. De
acuerdo con el artículo 47 de la Ley 546 de 1999, este programa de ahorro en
ningún caso hará que el usuario sea acreedor al subsidio estatal previsto en el
numeral 7° del artículo 46 de la mencionada norma.

ARTÍCULO 6°. Efectos del contrato. Para efectos del presente decreto, se
entenderá que el contrato de opción de readquisición de vivienda produce efectos
a partir del momento en que el usuario suscriba el documento que la instrumenta.

ARTÍCULO 7°. Aplicación. Cuando en el presente decreto se determinen
obligaciones a cargo de un establecimiento de crédito, debe entenderse que tales
obligaciones quedan radicadas en el patrimonio autónomo, persona jurídica o
establecimiento de crédito al que se haya transferido o se le transfiera el
respectivo bien y que obre como propietaria del mismo, de conformidad con el
parágrafo 1° del artículo 46 de la Ley 546 de 1999.



                                                                                 241
ARTÍCULO 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2000.


ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,


JUAN MANUEL SANTOS




                                                                              242
                                DECRETO 2319
                           9 de Noviembre del 2000

               Por el cual se adiciona el Decreto 418 de 2000.


                                CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 418 de 2000 fue reglamentada parcialmente la Ley 546
de 1999, en lo relacionado con el Consejo Superior de Vivienda, estableciendo,
entre otros aspectos, sus funciones, conformación y el procedimiento de
escogencia de los representantes que integran dicho Consejo Superior;

Que en el parágrafo segundo del artículo segundo del Decreto 418 de 2000 se
determinó que, para efectos de la primera designación de los integrantes del
Consejo Superior de Vivienda, la inscripción o envío de la terna para la selección de
cada representante ante la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda,
debía radicarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del mencionado decreto;

Que en el citado Decreto 418 de 2000 no se previó el procedimiento mediante el
cual, tanto el Ministro de Hacienda y Crédito Público, como el Ministro de
Desarrollo Económico, escogerían a los representantes que integran el Consejo
Superior de Vivienda, en el evento de que las Organizaciones Populares de
vivienda, los Constructores, los Establecimientos de Crédito, los Usuarios de
Crédito individual de Vivienda, los Trabajadores y el Sector Inmobiliario Nacional,
no efectuaran la respectiva inscripción o envío de la composición de la
correspondiente terna;



Que, en consecuencia, es necesario establecer un procedimiento que permita
contar con la participación de los representantes de las organizaciones, y usuarios
de que trata el artículo segundo del Decreto 418 de 2000 en el Consejo Superior
de Vivienda.




                                                                                  243
                                    DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Adiciónase al artículo segundo del Decreto 418 de 2000 el
siguiente parágrafo:

PARÁGRAFO 4°. En el evento que no se inscriban o no sean enviadas las ternas
de que trata el presente artículo, el Ministro de Hacienda y Crédito Público
designará a los Representantes de los Establecimientos de Crédito y de los
Usuarios de Crédito Individual, y el Ministro de Desarrollo Económico designará a
los Representantes de las Organizaciones Populares de Vivienda, de los
Constructores, de los Trabajadores y del Sector Inmobiliario Nacional".

ARTÍCULO 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D. C., a 9 de noviembre de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

El Ministro de Desarrollo Económico,

AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO.




                                                                              244
              MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

                            DECRETO 2670 DE 2000

                                   (22 de DIC.)


  Por medio del cual se reglamentan los artículos 48 y 49 de la ley 546 de 1999
   sobre el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria.




             EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA




En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 48 y
49 de la ley 546 de 1999,


                                     DECRETA


Artículo primero. Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera
Hipotecaria - FRECH. En desarrollo de la autorización prevista en el artículo 48
de la Ley 546 de 1999, créase el Fondo de Reserva para la Estabilización de la
Cartera Hipotecaria - FRECH, administrado por el Banco de la República, como un
fondo-cuenta de la Nación. Para tal finalidad el FRECH podrá ofrecer a los
establecimientos de crédito coberturas de riesgo del diferencial entre flujos
denominados en tasa de interés DTF efectiva anual y flujos denominados en la
tasa efectiva anual de crecimiento de la UVR adicionados, estos últimos, en una
tasa de interés real, solamente para el saldo de la cartera de vivienda individual de
largo plazo registrada a 31 de diciembre de 2000 y hasta el agotamiento de los



                                                                                  245
recursos que por ley se le han asignado para el cumplimiento de tal finalidad. Los
pagos que se realicen por este concepto estarán supeditados a las apropiaciones
presupuestales respectivas.

Articulo segundo. Manejo presupuestal de los recursos del FRECH. El
manejo de los recursos del FRECH se realizará teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Los recursos provenientes del impuesto establecido en el numeral 1° del
   artículo 48 de la Ley 546 de 1999 serán retenidos y colocados directamente en
   el FRECH al momento del pago al respectivo establecimiento de crédito de la
   remuneración sobre el encaje. Los recursos provenientes de este impuesto que
   fueron recaudados por el Banco de la República a partir del mes siguiente a la
   fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley hasta la fecha del presente
   decreto y que fueron trasladados a la Nación, deberán ser solicitados en
   devolución con destino al FRECH a la Dirección del Tesoro Nacional del
   Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual bastará la solicitud que en
   tal sentido presente a dicha Dirección el representante legal del Banco de la
   República.

2. Los recursos provenientes de parte de las utilidades del Banco de la República
   correspondientes al año de 1999 y que ascienden a la suma de ciento cincuenta
   mil millones de pesos, serán entregados por la Nación – Ministerio de Hacienda
   y Crédito Público con destino al FRECH con sujeción a las normas
   presupuestales correspondientes.

3. Los recursos aportados al FRECH por los establecimientos de crédito de
   conformidad con el mecanismo establecido en el presente decreto, los cuales
   deberán apropiarse para su ejecución.

4. Los ingresos provenientes de los rendimientos financieros de los recursos que
   conformen el FRECH deberán apropiarse para su ejecución.

Parágrafo. El Banco de la República, en su calidad de administrador, deberá
separar en dos cuentas los recursos del FRECH. Una de las cuentas se utilizará
para depositar los recursos efectivamente apropiados, los cuales pueden ser
ejecutados por el FRECH para el cumplimiento de su finalidad. La otra cuenta se



                                                                                  246
utilizará para mantener en depósito las sumas no apropiadas, hasta el momento en
que se surta dicho procedimiento por el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

Las cuentas abiertas por el Banco de la República para el cumplimiento del
presente decreto se denominarán cuentas – FRECH. Los depósitos y retiros de
dichas cuentas solo pueden corresponder a la operación del FRECH, previo el
cumplimiento de las normas legales respectivas.

Artículo tercero. Contrato de permuta financiera, Los establecimientos de
crédito que decidan contratar la cobertura que ofrezca el FRECH, deberán celebrar
con el Banco de la República, en su calidad de administrador del Fondo, uno o
varios contratos de permuta financiera entre flujos denominados en tasa de interés
DTF efectiva anual y flujos denominados en la tasa efectiva anual de crecimiento
de la UVR adicionados, estos últimos, en una tasa de interés real. Para tal efecto
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Alcance de la cobertura. El monto máximo de la cobertura que legalmente
   puede ofrecer el FRECH será equivalente al saldo de la cartera de vivienda
   individual de largo plazo registrada por el establecimiento de crédito a 31 de
   diciembre de 2000.

2. Inscripción y franja de tasa de interés. Los establecimientos de crédito
   podrán inscribir en el FRECH hasta el 30 de septiembre de 2001, su cartera
   vigente al 31 de diciembre de 2000, total o parcialmente, de acuerdo con los
   siguientes criterios:

   a.     A un monto hasta del treinta y cinco por ciento (35%) de la totalidad de la
        cartera hipotecaria de cada establecimiento de crédito, vigente al 31 de
        diciembre de 2000, le será aplicable la franja fija de tasa de interés real
        anualizada entre 4,9% y 8%.            En términos nominales, esta franja
        corresponde a la tasa de crecimiento anual de la UVR, adicionada en 4,9%,
        como límite inferior y la tasa de crecimiento anual de la UVR, adicionada en
        8%, como límite superior.

   b.     Al restante sesenta y cinco por ciento (65%) de la totalidad de la cartera
        hipotecaria de cada establecimiento de crédito, vigente al 31 de diciembre



                                                                                  247
      de 2000, le será aplicable una franja fija de tasa de interés real anualizada
      entre 5,9% y 8%. En términos nominales, lo anterior corresponde a la tasa
      de crecimiento anual de la UVR, adicionada en 5,9%, como límite inferior
      de la franja y la tasa de crecimiento anual de la UVR, adicionada en 8%,
      como límite superior de la franja.

3. Plazo de los contratos de cobertura. El plazo de los contratos de cobertura
   será de cinco (5) años. Dicho término será prorrogable por otros cinco (5)
   años, previa revisión por parte del Gobierno Nacional de las franjas establecidas
   en el numeral anterior.

4. Condiciones especiales del contrato de cobertura. Los contratos de
   cobertura se harán por montos nominales fijos de mil millones de pesos
   ($1,000,000,000.oo) cada uno, durante el período de vigencia del mecanismo.
   La vigencia de cada contrato comenzará el primer día calendario del mes
   inmediatamente siguiente a aquel en el cual se suscriba.

   Cada establecimiento de crédito podrá suscribir el número de contratos que
   requiera dentro de los plazos y límites establecidos en los numerales anteriores.

5. Negociación de los contratos. Los contratos de permuta financiera previstos
   en el presente artículo podrán ser negociados en el mercado secundario entre
   establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria.

Artículo cuarto. Funcionamiento del FRECH. El FRECH funcionará de acuerdo
con las siguientes reglas:

1. Cálculo de la posición del FRECH. El último día de cada mes, el
   administrador del FRECH deberá calcular la posición en la operación de
   cobertura de cada uno de los establecimientos de crédito.

   A partir de la fecha de iniciación de operación del mecanismo de cobertura y
   hasta la terminación de los respectivos contratos, cada 30 de septiembre, el
   administrador del FRECH calculará la posición neta de cada entidad participante
   durante el año corrido y determinará el pago efectivo que deba hacer o recibir
   el FRECH.




                                                                                 248
   De esta forma, sin perjuicio del cálculo mensual de las obligaciones causadas a
   favor o en contra de las partes intervinientes en el contrato de permuta, sólo
   anualmente y dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha establecida en
   el inciso anterior se realizarán los pagos netos efectivos.

2. Cálculo de las obligaciones del FRECH. El cálculo de las obligaciones que
   se causen mensualmente en contra del FRECH y a favor de los establecimientos
   de crédito inscritos en el mecanismo de cobertura, se realizará por el
   administrador del Fondo teniendo en cuenta los eventos en que la tasa de
   interés DTF mensualizada sea mayor que el equivalente mensual del límite
   superior de las franjas en términos nominales.

   De esta forma, la diferencia entre la tasa de interés DTF mensualizada y el
   limite superior de la respectiva franja mensualizado, servirá como base para
   liquidar los pagos del FRECH, los cuales serán calculados sobre el monto
   nominal de los contratos de cobertura de cada intermediario.

3. Cálculo de los aportes al FRECH. El cálculo de los aportes que se causen
   mensualmente en contra de los establecimientos de crédito inscritos en el
   mecanismo de cobertura y a favor del FRECH, se realizará por el administrador
   del Fondo teniendo en cuenta los eventos en que la tasa de interés DTF
   mensualizada sea menor que el equivalente mensual del límite inferior de las
   franjas en términos nominales.

   De esta forma la diferencia absoluta entre la tasa de interés DTF mensualizada
   y el límite inferior de la respectiva franja mensualizado, servirá como base para
   liquidar los aportes al FRECH, los cuales serán calculados sobre el monto
   nominal de los contratos de cobertura de cada intermediario.

4. Evento sin causación de obligaciones y aportes. Para el caso en que el
   valor de la tasa de interés DTF se ubique dentro de la respectiva franja, no se
   causarán obligaciones para ninguno de los participantes.

5. Liquidación anual de los pagos. La forma en que las obligaciones
   mensuales deberán actualizarse para establecer la posición neta del FRECH, el
   día 30 de cada mes de septiembre, dependerá a su vez de la tasa de descuento
   aplicable según los criterios que se establecen a continuación:



                                                                                 249
   a. Las obligaciones del FRECH a favor de los intermediarios inscritos, se
      causarán mensualmente y se llevará al valor del mes de septiembre
      siguiente usando como tasa de interés la DTF mensual.

   b. Los aportes de los intermediarios inscritos en el FRECH, se causarán
      mensualmente y se llevará al valor del mes de septiembre siguiente
      dependiendo de la realización de la tasa de interés DTF mensualizada. Con
      tal propósito se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

         Si para un mes la tasa de interés DTF es mayor al límite superior de las
          franjas previstas en el artículo 3° del presente decreto, la tasa de interés
          aplicable para dicho mes será el límite superior de la franja
          correspondiente, en términos nominales.

         Si para un mes la tasa de interés DTF es menor que el límite inferior de
          las franjas previstas en el artículo 3° del presente decreto, la tasa de
          interés aplicable para dicho mes será el límite inferior de la franja
          correspondiente, en términos nominales.

         Si para un mes la tasa de interés DTF se encuentra dentro de la franja
          correspondiente, la tasa de interés aplicable para dicho mes será la DTF.

   c. En todo caso, las obligaciones causadas se actualizarán mensualmente,
      hasta el mes de septiembre siguiente, usando la tasa de interés que la regla
      descrita implique.

6. Instrumentos de pago. El aporte que deban efectuar los establecimientos de
   crédito al FRECH será de contado preferiblemente. No obstante lo anterior, el
   pago podrá realizarse mediante la entrega de los títulos valores a los que se
   refiere el numeral 7 del presente artículo.

   El pago que deba efectuar el FRECH a los establecimientos de crédito debe
   realizarse de contado. No obstante, si el FRECH es poseedor de títulos valores a
   que hace referencia el inciso anterior, el pago que deba efectuar a los
   establecimientos de crédito debe realizarse en primera instancia con los
   mencionados títulos y posteriormente de contado si a ello hubiere lugar.



                                                                                   250
   El pago de contado de las obligaciones provenientes de estos contratos se hará
   mediante la utilización de las cuentas abiertas por los establecimientos de
   crédito en el Banco de la República.

7. Condiciones de los títulos. Los títulos valores que se emitan o giren por
   parte de los establecimientos de crédito con el propósito de instrumentar sus
   aportes al FRECH, estarán denominados a una tasa de referencia determinada
   por la evolución de la DTF dentro de las franjas de tasas de interés establecidas
   en el artículo 3° del presente decreto y su plazo será equivalente al término
   que reste para que venza el contrato de cobertura del cual derivan.

   Dependiendo de la realización de la tasa de interés DTF mensualizada, los
   títulos valores rentarán de la siguiente manera:

   a) Si para un mes la tasa de interés DTF es mayor al límite superior de la
      franja correspondiente, la tasa de interés aplicable al título valor para dicho
      mes será el límite superior de la franja, en términos nominales.

   b) Si para un mes la tasa de interés DTF es menor que el límite inferior de la
      franja correspondiente, la tasa de interés aplicable al título valor para dicho
      mes será el límite inferior de la franja, en términos nominales.

   c) Si para un mes la tasa de interés DTF se encuentra dentro de la franja
      correspondiente, la tasa de interés aplicable al título valor para dicho mes
      será la DTF.

   En todo caso, el título valor emitido por un establecimiento de crédito para
   instrumentar su pago al FRECH, será valorado mensualmente con base en los
   anteriores criterios, hasta su madurez.

8. Finalización de la cobertura. Si al finalizar los contratos de cobertura el
   FRECH ha recibido y posee títulos-valores emitidos o girados por los
   establecimientos de crédito para cubrir el valor de los aportes que legalmente
   deben realizar, podrá efectuar la permuta de los mismos por otros títulos-
   valores girados por cada uno de éstos. Los títulos-valores que se giren tendrán
   un valor equivalente a la sumatoria de los títulos emitidos o girados y



                                                                                  251
   entregados por cada establecimiento de crédito y que se encuentran en poder
   del FRECH, un plazo máximo de 5 años y una tasa de interés equivalente al
   crecimiento anual de la UVR.

Artículo quinto. Inversión de los recursos del FRECH. El Banco de la
República invertirá los recursos del FRECH con criterios de seguridad, liquidez y
rentabilidad. Para el efecto, invertirá en títulos emitidos o garantizados por la
Nación, el Banco de la República o el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, Títulos de Desarrollo Agropecuario y en los bonos y títulos previstos
en los artículos 9 y 12 de la Ley 546 de 1999, en los términos y condiciones que
establezca el Comité de Inversiones de que trata el artículo séptimo del presente
decreto.

Artículo sexto. Convenio de administración. Para la debida administración del
FRECH, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República
convendrán la forma como se darán las instrucciones para su administración,
mediante la suscripción de un convenio en donde se establecerán las condiciones
específicas para tal efecto, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Los recursos del FRECH serán administrados con criterios de seguridad, liquidez
   y rentabilidad apropiados al cumplimiento de sus fines.

2. Las operaciones de tesorería que debe llevar a cabo el FRECH dentro del giro
   ordinario de sus actividades, tales como operaciones de reporto y
   transferencias temporales de valores se sujetaran a las normas legales
   vigentes.

3. Los gastos en que incurra el Banco de la República por la administración del
   FRECH se reconocerán con cargo a los recursos de éste, previo el cumplimiento
   de las normas legales correspondientes.

Artículo séptimo. Comité de Inversiones. De acuerdo con el inciso 1° del
artículo 48 de la Ley 546 de 1999, la administración del FRECH le corresponde al
Banco de la República. Para el cumplimiento de esta finalidad, contará con un
Comité de Inversiones cuya función será dar las instrucciones en materia de
inversiones que deben ser adoptadas por el Banco de la República.




                                                                               252
El Comité de Inversiones se compondrá por tres personas: el Viceministro Técnico
de Hacienda o su delegado, el Director General del Tesoro del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público o su delegado y Director General de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado. A dicho comité asistirá
como invitado el Gerente General del Banco de la República o su delegado.

La secretaría técnica del Comité de Inversiones del FRECH será efectuada por el
funcionario designado por el Banco de la República. El Comité de Inversiones se
reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada tres (3) meses y
extraordinariamente cuando sea convocada por cualquiera de sus miembros o por
su secretario.

Artículo octavo. Contabilidad.           El Banco de la República llevará una
contabilidad separada del FRECH, sujetándose a los principios y normas que rigen
para el Banco, que pondrá a disposición de la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, luego de finalizar cada semestre calendario. Aunque los pagos de
las obligaciones generadas en los contratos de permuta financiera se realicen
anualmente, cada mes se contabilizarán las posiciones pasivas o activas de cada
una de las partes.

Artículo noveno. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.C., a los


                            JUAN MANUEL SANTOS

                      Ministro de Hacienda y Crédito Público




                                                                                253
                           CIRCULAR EXTERNA 085
                            Diciembre 29 del 2000

                 Disposiciones aplicables a los créditos de vivienda



Señores
REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES
Entidades Vigiladas
Ciudad


Referencia: Disposiciones aplicables a los créditos de vivienda


Apreciados señores:

Con el propósito de unificar las instrucciones impartidas en desarrollo de la Ley 546
de 1999, actualizar el régimen aplicable a los créditos de vivienda a largo plazo y
cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 20 y 21 de la disposición
citada, este Despacho se permite reemplazar el Capítulo Cuarto del Título Tercero
de la Circular Básica Jurídica.

Para tal efecto, se sustituye la totalidad de las páginas del mencionado Capítulo.

La presente Circular rige a partir de su publicación y deroga las instrucciones
impartidas hasta el momento, sobre los temas en ésta contenidos, en especial las
Circulares Externas 068 y 069 del presente año.

Cordialmente,


PATRICIA CORREA BONILLA
Superintendente Bancario




                                                                                     254
                                DECRETO 332
                          DEL 1 DE MARZO DEL 2001


      por el cual se autoriza una operación a los establecimientos de crédito.

El Ministro de Justicia y del Derecho, delegatario de funciones presidenciales
mediante Decreto 313 del 23 de febrero de 2001, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 25 del artículo
189 de la Constitución Política y el literal a) del artículo 48 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, previa información a la Junta Directiva del Banco de la
República,

                                     DECRETA:

 CONTRATOS DE AHORRO PROGRAMADO PARA LA COMPRA DE VIVIENDA CON
                  DERECHO REAL DE HABITACION

ARTICULO 1°. Objeto del contrato de ahorro programado para la compra de
vivienda con derecho real de habitación. Los establecimientos de crédito están
autorizados para suscribir contratos de ahorro programado cuyo objeto sea que los
clientes hagan un ahorro que les permita a la finalización del contrato el pago de la
cuota inicial de una vivienda y durante el plazo del mismo ocupar la vivienda,
propiedad del establecimiento de crédito, en ejercicio del derecho real de
habitación previsto en el contrato.

ARTICULO 2°. Condiciones del contrato. Los contratos de ahorro programado para
la compra de vivienda que se celebren de conformidad con lo dispuesto por este
decreto deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Tener un plazo mínimo de seis (6) meses y no superior a tres (3) años.

2. El monto que deberá ser ahorrado durante el plazo del contrato será por lo
menos del treinta por ciento (30%) del valor del inmueble que el ahorrador desea




                                                                                  255
adquirir o del veinte por ciento (20%) de ese valor tratándose de vivienda de
interés social.

3. El ahorrador se obligará a realizar depósitos periódicos a partir de la suscripción
del contrato, según el plan de ahorro establecido en el mismo.

4. El monto que se obliga a ahorrar el cliente no puede ser superior al treinta por
ciento (30%) de su ingreso mensual o de los ingresos mensuales familiares.

5. El establecimiento de crédito deberá realizar un estudio técnico para determinar
la capacidad de cumplimiento del contrato por parte del ahorrador.

6. Los valores ahorrados se registrarán en cuentas de ahorro programado para la
compra de vivienda, así como los intereses devengados, y podrán ser retirados
únicamente a la terminación del contrato.

7. Establecer el derecho real de habitación sobre el inmueble escogido por el
ahorrador en los términos previstos en el artículo 4° de este decreto.

8. Establecer que a la finalización del contrato, el ahorrador tendrá la opción de
compra del inmueble en las condiciones fijadas en el artículo 5° del presente
decreto.

ARTICULO 3°. Determinación del valor del inmueble. Cuando el cliente haya
escogido el inmueble respecto al cual desea suscribir el contrato de ahorro
programado, se deberá realizar un avalúo técnico del mismo atendiendo las reglas
establecidas en los Decretos 422 y 466 de 2000 o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan, cuyo costo será asumido por partes iguales entre el
establecimiento de crédito y el cliente. En caso de existir un avalúo cuya fecha de
realización no sea superior a seis (6) meses, el mismo podrá utilizarse para
determinar el valor del inmueble y no será necesario practicar uno nuevo.

El valor así establecido servirá para efectos de calcular el monto del ahorro
programado en el contrato y el valor inicial de la contraprestación a pagar por el
derecho real de habitación.




                                                                                   256
El establecimiento de crédito podrá encargar la realización de avalúos anuales del
inmueble, cuyo costo será asumido en su totalidad por éste, para efectos de
establecer el valor máximo de la contraprestación que puede cobrarse y de ajustar
el monto del ahorro programado.

Al momento de ejercerse la opción de compra del inmueble se practicará un nuevo
avalúo del mismo, cuyo costo será asumido por partes iguales entre el
establecimiento de crédito y el ahorrador.

PARAGRAFO. En ningún caso los avalúos comerciales de los inmuebles podrán ser
realizados por personas naturales o jurídicas relacionadas o vinculadas, directa o
indirectamente, con el establecimiento de crédito dueño del inmueble.

Para estos efectos, la calidad de persona natural o jurídica relacionada o vinculada
directa o indirectamente se establecerá especialmente con base en los criterios
consignados en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2360 de 1993 y 26, 27 y 28
de la Ley 222 de 1995.

Así mismo, se entenderá que la relación o vinculación se predicará tanto de los
accionistas y de los administradores de los establecimientos de crédito como de las
personas naturales o jurídicas a ellos vinculadas o relacionadas, previa aplicación
de las reglas de acumulación previstas en el Decreto 2360 de 1993.

ARTICULO 4°. Derecho real de habitación. El derecho real de habitación que se
establecerá en el contrato de ahorro programado para la adquisición de vivienda se
sujetará a lo dispuesto en los siguientes numerales:

1. Una vez suscrito el contrato, el establecimiento de crédito entregará al
ahorrador el inmueble escogido por éste, el cual deberá estar en condiciones de
ser habitado y al día en el pago de servicios públicos y administración.

2. El contrato deberá establecer el valor que pagará el ahorrador al
establecimiento de crédito como contraprestación mensual por el derecho real de
habitación. Transcurridos doce (12) meses de ejecución del contrato en los cuales
se haya cobrado un mismo valor de contraprestación el establecimiento de crédito
podrá ajustar el valor de la misma en una proporción que no sea superior a la




                                                                                 257
meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año inmediatamente
siguiente.

En ningún caso el valor de la contraprestación podrá ser superior al cero punto
ocho por ciento (0.8%) del valor del inmueble, establecido de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 3° del presente decreto.

3. Desde la fecha de entrega del inmueble al ahorrador, los gastos por concepto de
servicios públicos domiciliarios, las reparaciones locativas y las cuotas de
administración correrán por su cuenta.

4. Las reparaciones indispensables no locativas serán de cargo del establecimiento
de crédito siempre y cuando el ahorrador no las hubiere hecho necesarias por su
culpa.

5. En caso que el ahorrador quiera hacer mejoras útiles al inmueble deberá contar
con la autorización expresa y escrita del establecimiento de crédito con el cual
tiene suscrito el contrato, permiso que no podrá ser negado salvo por causas
razonables. En caso de terminación del contrato sin que el ahorrador ejerza la
opción de compra, éste tendrá derecho a retirar las mejoras autorizadas siempre y
cuando con ello no deteriore el inmueble y lo deje en las mismas condiciones en
que lo recibió. Si no fuere posible retirar las mejoras sin deterioro del inmueble, las
mismas se dejarán en el mismo. El establecimiento de crédito únicamente estará
obligado a compensar al ahorrador el valor de las mejoras útiles cuando en la carta
que autoriza la realización de las mismas se haya comprometido a efectuar el pago
correspondiente.

6. En el contrato podrá pactarse la terminación anticipada en caso de presentarse
incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el mismo.

7. En caso de incumplimiento en el pago de las sumas previstas en los numerales 2
y 3 de este artículo, los establecimientos de crédito podrán compensar las sumas
adeudas con el valor ahorrado en la cuenta de ahorro programado. Queda
expresamente prohibido a los establecimientos de crédito pactar la compensación
automática del valor ahorrado con las sumas debidas por conceptos diferentes a
los previstos en los numerales citados.




                                                                                    258
8. En caso de terminación anticipada del contrato por incumplimiento del
ahorrador o vencimiento del plazo sin que el ahorrador ejerciere la opción de
compra, el ahorrador deberá restituir el inmueble al establecimiento de crédito
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes en las mismas condiciones en que lo
recibió, salvo el deterioro ocasionado por el uso normal y adecuado del mismo.

9. Los costos relacionados con tasas, impuestos y contribuciones que recaigan
sobre el inmueble serán de cargo del establecimiento de crédito durante la
vigencia del contrato de ahorro programado.

10. El ahorrador no podrá conceder el uso y goce del inmueble objeto del contrato
bajo ninguna modalidad contractual.

ARTICULO 5°. Opción de compra. A la terminación del contrato de ahorro
programado de que trata el presente decreto el ahorrador tendrá derecho a ejercer
la opción de compra.

El ahorrador deberá manifestar su intención de hacer uso de la opción de compra
con una antelación de por los menos treinta (30) días hábiles a la fecha de
terminación del contrato. En caso de no hacerlo se entenderá que no ejerce el
derecho de opción y deberá restituir el inmueble a la terminación del contrato de
ahorro programado.

El ahorrador deberá suscribir la escritura pública de compraventa del inmueble
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en la cual la misma se
encuentre lista para su firma en la Notaría correspondiente. En caso de que venza
el plazo sin que el ahorrador firme la escritura, se entenderá que éste desiste de
realizar la compra y deberá restituir el inmueble al establecimiento de crédito.

Hasta la fecha de la firma del contrato de compraventa el ahorrador continuará
ocupando el inmueble en ejercicio del derecho real de habitación, por lo cual
deberá pagar la contraprestación pactada.

Cuando el ahorrador ejerza la opción de compra el monto ahorrado se aplicará
como parte de pago del precio y el saldo deberá ser cancelado, en los términos
pactados con el establecimiento de crédito.




                                                                                 259
La valorización del inmueble se compartirá por partes iguales entre el
establecimiento de crédito y el titular de la opción de compra. En consecuencia, el
precio del inmueble que deberá pagar el ahorrador no podrá ser superior al valor
comercial del bien establecido por el avalúo realizado al momento de la celebración
del contrato, adicionado hasta en el cincuenta por ciento (50%) de la valorización
que haya tenido el inmueble, establecida con base en el avalúo que se realice al
momento del ejercicio de la opción de compra.

El saldo del precio del inmueble podrá ser pagado por el ahorrador con recursos
propios o mediante la utilización de financiación. El establecimiento de crédito
propietario del inmueble podrá ofrecer al ahorrador un plan de financiación para el
pago del saldo que se ajuste a su capacidad de pago, con sujeción a las normas
que regulan el crédito de vivienda. En todo caso, el ahorrador podrá obtener la
financiación requerida con cualquier otro establecimiento de crédito o persona que
elija, evento en el cual el establecimiento propietario del inmueble deberá expedir
una certificación donde conste el monto de su ahorro y el valor de la opción de
compra del inmueble, previa solicitud del ahorrador.

PARAGRAFO. En caso que al momento de ejercer la opción de compra el valor
ahorrado no sea suficiente para cancelar el treinta por ciento (30%) del valor de la
misma o el veinte por ciento (20%) de ella tratándose de vivienda de interés
social, el ahorrador tendrá las siguientes alternativas:

a) Utilizar recursos propios para completar el treinta por ciento (30%) del valor de
la opción de compra o el veinte por ciento (20%) de la misma cuando se trate de
vivienda de interés social;

b) Obtener financiación para cancelar el saldo del valor del inmueble en un
porcentaje superior al setenta por ciento (70%) del valor de la opción de compra o
al ochenta por ciento (80%) de la misma tratándose de vivienda de interés social.
En el evento previsto en este literal, los establecimientos de crédito quedan
autorizados para conceder financiación por un valor igual al saldo del precio del
inmueble, siempre y cuando quien pretenda adquirir el inmueble cuente con la
capacidad de pago para atender oportuna y debidamente el crédito.

ARTICULO 6°. Restitución del depósito. En el evento que el ahorrador no ejerza la
opción de compra o no pueda ejercerla por no contar con los recursos propios o la



                                                                                 260
financiación necesaria para el pago de la misma, éste tendrá derecho a que el
establecimiento de crédito le restituya el monto de su ahorro más los intereses
causados hasta la fecha en que le sea restituido su ahorro.

De igual forma se procederá en caso de terminación anticipada del contrato de
ahorro programado por incumplimiento del ahorrador.

ARTICULO 7°. Preferencia sobre inmuebles entregados en dación en pago. Cuando
dos o más personas manifiesten al establecimiento de crédito su intención de
celebrar un contrato de los previstos en el presente decreto respecto de un
inmueble, aquella que lo hubiese entregado a título de dación en pago tendrá
preferencia para la suscripción siempre y cuando su capacidad de pago se lo
permita.

ARTICULO 8°. Inmuebles que pueden ser objeto de los contratos de ahorro
programado con opción de compra. Unicamente podrán celebrarse contratos en los
términos del presente decreto en relación con inmuebles que sean destinados a la
vivienda del ahorrador.

ARTICULO 9°. Personas que pueden suscribir estos contratos. Los contratos de
que trata el presente decreto sólo podrán suscribirse entre establecimientos de
crédito y personas naturales.

ARTICULO 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2001.


ROMULO GONZALEZ TRUJILLO


El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN MANUEL SANTOS.




                                                                              261
                                DECRETO 612
                            DEL 10 DE ABRIL 2001


por el cual se reglamenta el procedimiento para el pago del subsidio previsto en el
  numeral 7 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999 - opción de readquisición de
                                     vivienda.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política y en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley
546 de 1999, y

                                 CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999, estableció un subsidio
aplicable a los programas de ahorro destinados al ejercicio de la opción de
readquisición de vivienda para aquellos usuarios que hubiesen entregado su
inmueble en dación en pago de un crédito hipotecario de vivienda;

Que dicho subsidio consiste en el abono de un peso por cada peso ahorrado por el
titular de la opción, sin que exceda el quince por ciento (15%) del valor comercial
del bien establecido al momento de la celebración del contrato de opción de
readquisición de vivienda, el cual se hará efectivo sólo en el momento en que se
concrete la venta derivada del contrato de opción de readquisición de vivienda;

Que existe apropiación presupuestal en los años 2001, 2002 y 2003 para atender
el pago del respectivo subsidio,

                                    DECRETA:

ARTICULO 1°. Procedimiento a seguir por las entidades acreedoras, la
Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el




                                                                                 262
pago del subsidio. El pago del subsidio se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1. Cada establecimiento de crédito convendrá con el titular de la opción las
condiciones en que se cumplirá el programa de ahorro estableciendo el monto y
plazo del mismo el cual en ningún caso será inferior a 6 meses ni superior a 3
años.

Una vez cumplido y certificado el ahorro, el subsidio a cargo del Estado
corresponderá a un peso por cada peso ahorrado por el titular hasta completar,
como máximo el quince por ciento (15%) del valor de la vivienda que se desea
readquirir. El valor de la vivienda deberá calcularse de conformidad con la regla
establecida en el literal e) del artículo 2° del Decreto 2336 de 2000.

2. El titular de la opción podrá ejercerla anticipadamente y obtener el subsidio
creado por el artículo 46 de la Ley 546 de 1999, siempre y cuando el día en que
manifieste a la entidad acreedora que ejerce la opción, presente en el saldo de su
cuenta de ahorro programado el monto pactado con la entidad financiera para
toda la vigencia del contrato y haya cumplido con el plazo mínimo del programa
establecido en el Decreto 2336 de 2000.

3. Trimestralmente, el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de
diciembre, una vez certificado el cumplimiento de las condiciones de plazo y monto
ahorrado por parte del establecimiento de crédito correspondiente y perfeccionado
el contrato de compraventa del inmueble, la entidad acreedora remitirá a la
Superintendencia Bancaria la cuenta de cobro de los subsidios causados en el
respectivo período, certificada por el representante legal y el revisor fiscal de la
entidad o quienes hagan sus veces.

4. La Superintendencia Bancaria verificará que la información allegada por las
entidades acreedoras coincida con los registros contables de las cuentas por cobrar
a cargo de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y remitirá a la
Subsecretaría Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
información allegada por cada entidad.




                                                                                 263
5. La Superintendencia Bancaria remitirá dicha información dentro de los quince
(15) días siguientes a las fechas que se establecen en el numeral 3 del presente
artículo y deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Identificación de la entidad acreedora: Razón Social, Número de Identificación
Tributaria (N.I.T.), dirección y número de teléfono;

b) Cuenta de cobro en pesos de los subsidios a pagar a cada entidad acreedora
debidamente certificada por el representante legal y el revisor fiscal de la entidad o
quienes hagan sus veces;

c) Las proformas que a juicio de la Superintendencia Bancaria se requieran para el
control de la información que aporten las entidades acreedoras.

PARAGRAFO 1°. La Subsecretaría Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, dará trámite únicamente a la información remitida por la Superintendencia
Bancaria que cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo.

PARAGRAFO 2°. La información recibida por la Subsecretaría Financiera del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se tomará como cierta y la
responsabilidad de la veracidad de la misma estará a cargo del representante legal
y del revisor fiscal de la entidad acreedora o quien haya hecho sus veces.

ARTICULO 2°. Pago del subsidio a las entidades financieras. Cumplido lo dispuesto
en el artículo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público ordenará mediante
resolución el pago del valor del subsidio por ahorro programado dentro de los
contratos de opción de readquisición de vivienda a las entidades acreedoras, en las
cuantías previstas en las respectivas cuentas de cobro. Dicho pago se realizará
directamente a las entidades acreedoras, en favor de los titulares que cumplieron
con el programa de ahorro y efectivamente ejercieron la opción de readquisición
de vivienda.

El plazo para el pago será de treinta (30) días calendario contados a partir de la
recepción por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la
documentación remitida por la Superintendencia Bancaria.




                                                                                   264
Todo pago que se efectúe bajo este contrato, se hará con sujeción a las
apropiaciones presupuestales respectivas y al programa anual mensualizado de
caja, asignado en concordancia con el plan financiero y las metas de pago
establecidas por el Confis .

ARTICULO 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN MANUEL SANTOS.




                                                                         265
 CAPÍTULO CUARTO: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CREDITOS DE
                          VIVIENDA



      1. SISTEMA ESPECIALIZADO DE FINANCIACION DE VIVIENDA

La Ley 546 de 2000 o Ley de Vivienda creó un sistema especializado
para la financiación de vivienda individual a largo plazo.

De acuerdo con la disposición mencionada se define como crédito de vivienda
individual a largo plazo el otorgado a personas naturales orientado a financiar la
compra de vivienda nueva o usada o la construcción de una unidad habitacional.
Tratándose de Vivienda de Interés Social, VIS, el crédito también podrá destinarse
al mejoramiento de dicha unidad.

La financiación de vivienda individual a largo plazo podrá darse a
través de líneas de crédito denominadas en unidad de cuenta UVR
ligada exclusivamente al IPC o también, a través de líneas
denominadas en moneda le gal, siempre y cuando se otorguen a una
tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas
de amortización no contemplan capitalización de intereses y se acepte
expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en
cualquier momento sin penalidad alguna


                                                                               266
1.1   Ambito de aplicación

El sistema de financiación enunciado es de obligatoria observancia por parte de los
establecimientos de crédito, razón por la cual deberán cumplir con todas las
disposiciones previstas en la Ley de Vivienda, en particular los requisitos
establecidos en el artículo 17 de la misma.

En este orden de ideas, las instrucciones contenidas en este Capítulo aplican única
y exclusivamente a las instituciones financieras destinatarias de la misma. Esto,
independientemente de que, tal como lo establece el parágrafo del artículo 1° de
la Ley 546, las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de
ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo
Nacional del Ahorro y cualesquier otro ente diferente de los establecimientos de
crédito que otorguen créditos de vivienda individual a largo plazo, puedan utilizar
el sistema de financiación contemplado en la Ley de Vivienda, con las
características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección y
siempre que los planes de amortización adoptados no contemplen capitalización de
intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales.

1.2   Unidad de Valor Real, UVR.

La Unidad de Valor Real, UVR, es una unidad de cuenta, creada por la Ley 546 de
1999, que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en el
índice de precios al consumidor certificado por el DANE. De conformidad con lo
resuelto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-955 de julio 26 de
2000, el valor de la UVR lo deberá establecer la Junta Directiva del Banco de la
República “de tal manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación,
como tope máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiendo
exactamente al IPC”.

1.2.1. Metodología para el cálculo del valor en pesos de la UVR

La Resolución Externa N° 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República establece en el Artículo 1°. que el valor en moneda
legal colombiana de la UVR se determinará diariamente durante el
período de cálculo, con base en la siguiente formula:



                                                                                267
     UVR t =UVR 1 5 *(1+i) t / d

Donde:

UVR t : Valor en moneda legal colombiana de la UVR del día t del
período de cálculo.

UVR 1 5 : Valor en moneda legal colombiana de la UVR el día 15 de
cada mes.

i: Variación mensual del índice de precios al consumidor certificada
por el DANE durante el mes calendario inmediatamente anterior al
mes del inicio del período de cálculo.

t: Número de días calendario transcurridos desd e el inicio de un
período de cálculo hasta el día de cálculo de la UVR. Por lo tanto, t
tendrá valores entre 1 y 31, de acuerdo con el número de días
calendario del respectivo período de cálculo.

d: Número de días calendario del respectivo período de cálc ulo.

Período de cálculo : Se entiende como período de cálculo el
comprendido entre el día 16 inclusive de un mes, hasta el día 15,
inclusive, del mes siguiente.

1.2.2 Cálculo y divulgación del valor en pesos de la UVR

Según dispone el artículo 2 de la R esolución Externa N°. 13 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República, “el Banco de la
República calculará y divulgará mensualmente, para cada uno de los
días del período de cálculo e informará con idéntica periodicidad, el
valor en moneda legal de la UVR” de acuerdo con la metodología
prevista en dicha resolución, cuya divulgación le corresponde al
Banco de la República




                                                                   268
De igual forma, el valor de la mencionada unidad puede consultarse
permanentemente     en    la  página   web   de   dicha  autoridad
(www.banrep.gov.co).

1.2.3. Informe del valor de reajuste

Con el objeto de determinar que la tasa de interés efectiva cobrada
durante cada período para los créditos en UVR no sobrepase la tasa
de usura, el Decreto 234 de 2000 señala que la UVR se reajustará co n
la inflación ocurrida durante el año, es decir, de los doce meses
inmediatamente anteriores a cada período, y no con variaciones de
cada mes anualizadas.


Dicha disposición asigna a la Superintendencia Bancaria la función de
informar mensualmente el va lor de reajuste en cada período de la
inflación registrada durante los doce meses inmediatamente
anteriores, de acuerdo con las certificaciones publicadas por el DANE.
Esta función es cumplida por la Superintendencia mediante la
expedición de Cartas Circul ares mensuales.

2.    UNIFORMIDAD DE LOS DOCUMENTOS CONTENTIVOS DEL
      CRÉDITO DE VIVIENDA INDIVIDUAL A LARGO PLAZO

A efectos de desarrollar el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, este
Despacho se permite instruir respecto de las condiciones mínimas que
deben incorporar los documentos contentivos de los créditos
individuales de vivienda y sus garantías, a saber:

2.1   Contratos de mutuo o pagarés

2.1.1 Condiciones uniformes

Todo contrato de mutuo o pagaré debe contener como mínimo las siguientes
estipulaciones:

a.    Identificación de las partes intervinientes en el negocio.



                                                                     269
b.   El monto del crédito expresado en UVR y su equivalencia en
     pesos, o el monto adeudado en pesos, cuando se trate de
     obligaciones denominadas en moneda legal.

c.   La destinación del crédito. Debe indicarse que el crédito se
     destinará a la adquisición de vivienda nueva o usada o a la
     construcción de vivienda individual. Para efectos de que el
     crédito quede clasificado como crédito hipotecario de vivienda,
     el destino sólo puede ser la compra de vivi enda, entendiéndose
     por tal, la financiación que se otorga a personas naturales que
     buscan una solución de vivienda para su núcleo familiar y/o al
     mejoramiento de la misma, tratándose de vivienda de interés
     social.

d.   Plazo de la obligación. Podrá pactarse entre cinco (5) años como
     mínimo y treinta (30) como máximo, según elección y capacidad
     de pago verificada del deudor, indicando la forma de pago en
     número de cuotas mensuales y la fecha de la primera cuota.

e.   La tasa de interés remuneratoria del crédito. Cuando se trate de
     créditos pactados en UVR la tasa de interés remuneratoria de
     los créditos de vivienda individual a largo plazo y de los créditos
     para financiar proyectos de construcción de vivienda no podrán
     exceder los topes máximos establecidos por l a Junta Directiva
     del Banco de la República, y se aplicará sobre la UVR. Cuando
     se trate de créditos pactados en moneda legal, la tasa nominal
     fija de los mismos no podrá exceder la suma de la variación de
     la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfecci onamiento del
     contrato, más el tope máximo establecido por la Junta Directiva
     del Banco de la República para la tasa remuneratoria.

f.   El sistema de amortización aplicable a la deuda que se contrae,
     previa y expresamente aprobado por la Superintendencia
     Bancaria.




                                                                     270
g.   Los seguros necesarios para garantizar el cubrimiento de los
     riesgos de incendio y terremoto a los que está expuesto el
     inmueble financiado, así como los seguros definidos en los
     manuales    de   crédito   de  las   instituciones financieras,
     particularmente el seguro de vida deudores. En todo caso se
     deberá indicar la libertad que tiene el deudor de asegurar el
     bien con la compañía de seguros que escoja y la cobertura y
     demás condiciones exigidas en cada caso por el establecimiento
     de crédito.

h.   Impuestos y gastos a cargo del deudor. Deberá indicarse clara y
     detalladamente aquellos que se causen al momento del
     perfeccionamiento del contrato y los que podrían cobrarse en
     caso de incumplimiento, como por ejemplo el impuesto de
     timbre.

i.   Las causales para dar apl icación a la cláusula aceleratoria del
     plazo del contrato. Esto en el entendido de que el
     incumplimiento en el pago de la obligación no dará lugar a que
     la totalidad de la misma se considere de plazo vencido, hasta
     tanto no se presente la correspondiente d emanda judicial.

j.   En adición a las anteriores, y si el deudor lo solicita, deberá
     estipularse   la   constitución    del  patrimonio   de   familia
     inembargable, de conformidad con las normas que rigen la
     materia, por el valor total del inmueble y siempre que el crédi to
     haya sido otorgado como mínimo por el cincuenta por ciento
     (50%) de dicho valor.

     El patrimonio de familia así constituido perderá su vigencia
     cuando el saldo de la obligación hipotecaria represente menos
     del veinte por ciento (20%) del valor de la uni dad habitacional.

2.1.2 Condiciones limitantes

Por disposición de la Ley 546 de 1999, los contratos de créditos o
pagarés que se suscriban con el objeto de financiar la adquisición,



                                                                    271
construcción de vivienda o mejoramiento tratándose de vivienda de
interés social, así como las reestructuraciones sobre los mismos, se
encuentran sujetos a las siguientes condiciones:

a.   Capacidad de pago por parte del deudor. Los establecimientos de
     crédito deberán obtener y analizar la información referente al
     respectivo deudo r y a la garantía, con base en una metodología
     técnicamente idónea que permita proyectar la evolución
     previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del
     deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el
     crédito durante toda su vi da, podría ser puntualmente atendido y
     estaría suficientemente garantizado.

     En este orden de ideas y de acuerdo con el Decreto 145 de 2000,
     la primera cuota no deberá representar más del treinta por ciento
     (30%) de los ingresos familiares. Se entiende p or éstos la
     totalidad de los recursos que puedan acreditar los solicitantes del
     crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o
     se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de
     parientes   deberán     serlo  hasta   el  segundo      grado    de
     consanguinidad y único civil.

b.   Monto del crédito. No podrá exceder el setenta por ciento (70%)
     del valor del inmueble. Tratándose de vivienda de interés social
     el monto del crédito no podrá exceder el ochenta por ciento
     (80%). En cualquier caso, el valor d el inmueble será el precio de
     compra o el de un avalúo practicado dentro de los 6 meses
     anteriores al otorgamiento del crédito.

c.   Valor del inmueble. Se podrá establecer mediante avalúo técnico
     realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas,
     inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado y
     actualizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, de
     conformidad con Decreto 422 de 2000.

d.   Interés de mora. En caso de que se pacten, pues no se
     presumen, éstos no podrán exceder una y media veces el interés



                                                                     272
      remuneratorio pactado y solamente se podrán cobrar sobre las
      cuotas vencidas.

2.1.3 Cláusulas prohibidas

Los documentos contentivos de los créditos individuales de vivienda y
sus garantías no podrán, en ningún caso, incluir cláus ulas o
estipulaciones que establezcan o permitan inferir cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a.    Impedir, restringir, obstaculizar o imponer sanciones               o
      penalidades por el prepago total o parcial de las obligaciones.

b.    Constituir para el deudor la obl igación de asumir los gastos
      correspondientes a labores de cobranza, mientras no se haya
      presentado demanda judicial.

c.    Contemplar intereses por encima de los topes máximos legales.

d.    Facultar a los establecimientos de crédito para realizar
      modificaciones un ilaterales a las condiciones del contrato.

e.    Utilizar sistemas de amortización           no   aprobados   por   la
      Superintendencia Bancaria.

f.    Indicar que las obligaciones derivadas de estos contratos son
      indivisibles por razón de la deuda sumida.

g.    Permitir la capitalizaci ón de intereses.

h.    Restringir o no hacer efectiva la cesión del crédito hipotecario
      para vivienda individual contemplada en el artículo 24 de la Ley
      546 de 1999.

2.2    Contrato de hipoteca




                                                                         273
Además de las condiciones definidas en los ordinales a, b, d, g, h, i y j del
subnumeral 2.1.1 de este instructivo, los documentos constitutivos de la hipoteca
deberán contener como mínimo:

a. Identificación plena del bien hipotecado. Esto es, la descripción del
   inmueble, sus linderos, la dirección y cédula catastral que le
   corresponde así como el número de matrícula inmobiliaria
   asignado.

b. La causa que da origen a la hipoteca

c. El monto por el cual se otorga la hipoteca. Se debe indicar la
   cantidad de unidades de valor real, UVR, y su equivalencia en
   pesos, o el monto adeudad o cuando se trate de obligaciones
   denominadas en moneda legal.

d. Garantía con hipoteca de primer grado. El contrato accesorio de
   hipoteca se debe constituir sobre el bien inmueble financiado y se
   debe indicar expresamente que tal hipoteca se contrata para
   garantizar el préstamo otorgado por la entidad vigilada.

e. La cesión de la hipoteca. Las condiciones para efectuar la cesión
   de la hipoteca deberán atender lo ordenado en el inciso segundo
   del artículo 24 de la Ley 546 de 1999.


3.    TASAS DE INTERÉS EN CRÉD ITOS DE VIVIENDA

3.1   Tasas máximas de interés remuneratorias

3.1.1 Para créditos en UVR

De conformidad con el artículo 1° de la Resolución N° 14 de 2000 de
la Junta Directiva del Banco de la República, la tasa de interés
remuneratoria para los créditos de vivie nda individual a largo plazo y
para los créditos destinados a financiar proyectos de construcción de
vivienda denominados en UVR otorgados a partir del 3 de septiembre



                                                                              274
de 2000, no podrá exceder 13.1 puntos porcentuales nominales
anuales, pagaderos mes venc ido sobre UVR.

Los créditos otorgados a tasas superiores con anterioridad a la
vigencia de la citada Resolución, deberán ajustar y mantener la tasa
como máximo al tope señalado.

3.1.2 Para créditos en pesos

De conformidad con el artículo 2° de la Reso lución N° 14 de 2000 de
la Junta Directiva del Banco de la República, para los créditos
denominados en pesos a tasa nominal fija que se otorguen a partir
del 3 de septiembre de 2000, la tasa máxima de interés remuneratoria
será equivalente a 13.1 puntos p orcentuales nominales anuales,
pagaderos mes vencido, adicionados con la variación de la UVR de los
últimos 12 meses vigente al perfeccionarse el contrato.

Para los créditos perfeccionados antes del 3 de septiembre de 2000,
la tasa máxima de interés remu neratoria será equivalente a 13,1
puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido,
adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses,
tomando como fecha de partida el 3 de septiembre de 2000 y hasta el
mismo día del año 1999, es d ecir, 13,92% + 9,45% = 23,37%
efectivo anual.

3.1.3 Para créditos de vivienda de interés social.

Tal como lo establece la Resolución Externa N° 20 de 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República, la tasa de interés remuneratoria de los créditos
denominados en UVR para financiar la construcción, mejoramiento y adquisición de
vivienda de interés social se mantendrá igual a la prevista en la ley 546 de 1999,
es decir no podrá exceder de once (11) puntos porcentuales adicionales a la UVR.

De acuerdo con la misma disposición, para los créditos denominados en pesos a
tasa nominal fija, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a once
(11) puntos porcentuales, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12
meses vigente al perfeccionamiento del contrato.



                                                                               275
3.2   Expresión de las tasas en términos efectivos

La información que se suministre a los clientes de los
establecimientos de crédito, tanto al momento de la celebración del
contrato, como la que se registre en los correspondient es extractos o
cuentas de cobro, deberá expresarse en términos de interés efectivo
anual.

No computarán para efectos de determinar las tasas efectivas, los pagos
individuales que se causen y cobren por concepto de primas de seguros.



3.3   Oportunidad para el inicio del cobro de intereses

El cobro de intereses remuneratorios en créditos destinados a
financiación de vivienda individual a largo plazo sólo podrá causarse y
hacerse efectivo a partir del momento y sobre el monto por el cual se
efectúe el desembolso.

De otra parte y dado que no se pueden capitalizar intereses, los
réditos corrientes mensuales y el abono a capital correspondiente en
cada una de las cuotas periódicas serán iguales a los valores
consignados en la última proyección del crédito en U VR o en pesos,
de acuerdo con el sistema de amortización elegido y de conformidad
con los resultados obtenidos de aplicar las fórmulas contenidas en el
numeral 5 de este capítulo.

3.4   Interés de mora

En caso de presentarse mora en el pago de cuotas periód icas y de
haber sido pactado el pago de intereses por mora, éstos se liquidarán
en forma simple sobre las cuotas vencidas, por el tiempo de la mora,
a la tasa pactada que, en todo caso, no podrá exceder de una y
media veces el interés remuneratorio pactado .

4.    APLICACIÓN DE LOS PAGOS


                                                                    276
Cada pago se aplicará en el siguiente orden: primas de seguros,
intereses de mora si fueron pactados y se han causado y cuota o
cuotas predeterminadas vencidas o causadas en orden de antigüedad,
es decir, cubriendo todos los componentes de las cuotas mas
atrasadas. Salvo manifestación expresa en contrario del deudor, si
después de cancelar la última cuota causada hasta la fecha de pago
queda un excedente inferior a la cuota subsiguiente, éste se abonará
como pago parcial de l a misma, si el excedente es mayor o igual al
valor de una cuota, se aplicará como abono a capital.

Teniendo en cuenta que los créditos pueden prepagarse total o
parcialmente sin castigo, y que en caso de prepago parcial el deudor
tiene derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la
cuota o el plazo de la obligación, después de cada prepago y de
conformidad con la voluntad del deudor, la entidad crediticia deberá
actualizar la proyección de las cuotas y su correspondiente
distribución.

Todas las primas de seguros deben liquidarse en pesos. Para el caso
del seguro de vida deudores la entidad            deberá informar
periódicamente al deudor la tasa con la cual se liquida la prima.
Para los demás seguros deberá informar adicionalmente el valor
asegurado.


5.   SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

Sobre este tema en particular es necesario indicar que a partir de la
expedición de la Circular Externa 068 de 2000, esta Superintendencia
autorizó con carácter general los sistemas de amortización que se
señalan en el presente numeral, los cuales a partir del 15 de
septiembre de 2000 constituyen los únicos aprobados para utilización
de las entidades vigiladas en el sistema de crédito de vivienda a largo
plazo y deberán aplicarse tanto para los créditos que se encontraban
vigentes a tal fecha como para aquellos que se otorguen en adelante.




                                                                    277
No obstante lo anterior e independientemente del sistema de
amortización adoptado para cada crédito, a partir del 1°. de enero de
2000, fecha de entrada en vigencia de la UVR, en la apl icación de las
cuotas las vigiladas deberán dar estricto cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la Ley 546 de 1999. En consecuencia, a
partir de esa fecha los créditos que no hubieren sido redenominados
en moneda legal colombiana han debido estar e xpresados en UVR y
en cualquier caso, no puede haber capitalización de intereses ni
sanciones por prepago total o parcial de la obligación.




5.1. Sistemas en Unidades de Valor Real UVR:

5.1.1. Cuota    constante   en   UVR   (Sistema    de   Amortización
Gradual)

La cuota mensual es constante en UVR por todos los meses del plazo
del crédito. Se calcula como una anualidad uniforme en UVR a la tasa
sobre UVR pactada y por los meses del plazo mediante la siguiente
fórmula:



Cu  D         an i


donde:

Cu = Cuota mensual en UVR

D = Monto del préstamo en UVR

n = Plazo en meses

i = tasa efectiva mensual equivalente a la tasa remuneratoria efectiva


                                                                   278
anual i a ,


i = ((1+i a ) (1/12) )-1

an i
 = Valor presente de n pagos unitarios periódicos a la tasa i por
período

Como la UVR se reajusta diar iamente con la tasa de inflación, las
cuotas en pesos variarán en la misma proporción. De igual manera,
aunque el saldo de la deuda valorada en UVR es siempre decreciente,
al convertirlo a pesos normalmente crece durante aproximadamente
las dos terceras pa rtes del plazo.

5.1.2.        Amortización Constante a Capital en UVR

Durante cada uno de los meses del plazo se amortiza a la deuda una
cantidad uniforme en UVR igual al monto del préstamo en UVR
dividido por el plazo en meses. La cuota mensual a pagar es la
amortización constante más los intereses del mes sobre el saldo
insoluto.

La cuota para cada mes se obtiene de aplicar la siguiente fórmula:



         D
ctu        st 1 * i
         n

donde:

C tu = Cuota en UVR a la altura t, t=1,2,3.....n

D = Monto de la deuda en UVR
S t 1



                                                                     279
= saldo a la altura t-1 igual a
S 0  t  1
              D
              n

i = tasa efectiva mensual equivalente = (( 1+i a ) (1/12) )-1 , i a tasa
efectiva anual remuneratoria sobre UVR

n = Número de meses del plazo

De esta forma, la cuota mensual en UVR es decreciente pero variable
en pesos en una proporción inferi or al IPC.

5.1.3.    Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por
períodos anuales.

Las cuotas mensuales durante cada anualidad (aniversario) del crédito
son decrecientes en UVR. Para cada período anual del crédito se
repite la serie de doce cuotas dec recientes. El decremento anual
equivalente debe ser igual a la inflación proyectada y no podrá
modificarse durante el plazo.


CD            RäN i

donde:

C = Cuota del primer mes de cada año del crédito en UVR

C t = C(1-g) t-1   para t = 2,3,4,...11,12

g   =decremento mensual equivalente          a la   inflación   proyectada
g=(1+Inf ) 1/12 -1
äN i


                                                                        280
 = El valor presente de N pagos anuales unitarios anticipados a la
tasa efectiva anual i

D = Monto de la Deuda en UVR

N = Plazo en años

i = tasa efectiva anual remuneratoria sobre UVR

R = Valor presente de 12 pagos mensuales decrecientes a una tasa
mensual equivalente a la inflación proyectada que no podrá
modificarse durante el plazo con primer pago igual a una unidad.


5.2. Sistemas en Pesos

5.2.1.     Cuota Constante (Amortización Gradual en pesos)

La cuota mensual es fija en pesos por todo el plazo del crédito. Se
calcula como una anualidad uniforme ordinaria


CD           an i

donde:

C = Valor de la cuota mensual uniforme en pesos.
an i
 = Valor presente de n pagos unitarios periódicos a la tasa i por
período
D = Monto del préstamo en pesos

n = Plazo en meses

i = tasa efectiva mensual equivalente a la tasa efectiva anual i a sobre



                                                                     281
pesos
i = ((1+i a ) (1/12) )-1


5.2.2.       Amortización Constante a Capital

Las cuotas mensuales son iguales a la enésima p arte de la deuda más
los intereses del mes calculados sobre el saldo insoluto. De esta
forma, las cuotas mensuales en pesos son decrecientes.




                                                                 282
        D
ct        st 1 * i
        n
donde

C t = Cuota en pesos a la altura t, t=1,2,3.....n

D = Monto de la deuda en pesos

S t-1 = saldo a la altura t-1 igual a
D  t  1
            D
            n
i = tasa efectiva mensual equivalente = ((1+i a ) (1/12) )-1, i a tasa
efectiva anual sobre pesos que no podrá incrementarse durante el
plazo.

n = Número de meses del plazo

Las cuotas definidas en el presente numeral corresponden únic a y
exclusivamente al servicio de la deuda en condiciones normales, es
decir no incluyen primas de seguros ni recargos por mora.

6.     INFORMACION AL DEUDOR

En cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 546 del 23 de diciembre de
1999, las entidades destinatarias de este instructivo deberán remitir a todos sus
deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda vigentes y para los
nuevos que se otorguen, una información clara, cierta, comprensible y oportuna
respecto de las condiciones de sus créditos, de manera tal que el usuario conozca
suficientemente la operación del sistema, la composición de las cuotas, el
comportamiento del crédito durante su vigencia y las consecuencias de su
incumplimiento.




                                                                              283
Dicha información será suministrada al públi co y a los deudores al
momento de ofrecer el producto y, a partir del otorgamiento del
préstamo, será remitida a los mismos durante el primer mes de cada
año calendario, en los términos del artículo 20 citado, sin perjuicio de
que pueda ser solicitada por el deudor en cualquier momento durante
la vida del crédito.

6.1   Información previa a la formalización del crédito.

6.1.1 Folleto Informativo.

Los establecimientos de crédito que otorguen financiación de vivienda
individual a largo plazo, deberán tener a disposición y entregar a sus
clientes un folleto gratuito que contenga en forma clara y
comprensible la información relativa a los créditos hipotecarios
ofrecidos por tal concepto, cuyo modelo deberá remitirse a esta
Superintendencia con no menos de qui nce (15) días hábiles de
antelación a su utilización y difusión.

Para los efectos relativos al cumplimiento de esta obligación los
establecimientos de crédito tendrán en cuenta como mínimo los
siguientes parámetros:

a.    Características de los préstamos otorg ados bajo el sistema de
      UVR o en moneda legal (tasa de interés, sistemas de
      amortización, plazo, etc.).

b.    Requisitos exigidos para su otorgamiento, indicando con
      precisión los aspectos relativos a seguros, avalúos, estudio de
      títulos, garantías, etc.


6.1.2 Proyección del crédito.

Adicionalmente, en cada caso particular, deberá entregarse una
proyección del crédito discriminando los abonos a capital (en UVR y
en pesos), los intereses a pagar, los valores a aplicar por concepto de



                                                                     284
seguros (incendio, terremoto, vida, etc.). Igualmente, se deberá
indicar el saldo de la obligación (en UVR y en pesos), aclarando que
los valores en pesos se registran a título informativo pues los reales
variarán de acuerdo con la inflación efectiva que se presente durante
cada uno de los meses del año.

6.2    Extractos

Los extractos suministrados a los clientes por parte de los
establecimientos de crédito deberán detallar de manera precisa el
nombre del titular, número de crédito, sistema de amortización, tasa
de interés pactada y cob rada en el correspondiente período expresada
en términos efectivos anuales aún cuando se haya pactado en
términos nominales, cotización de la UVR, fecha de corte de la
obligación y fecha límite de pago, número de la cuota que se cancela,
número de cuotas pendientes para el pago total del crédito, plazo
inicial del mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago
anterior indicando el monto amortizado a capital, intereses corrientes
y de mora, si es del caso, así como los pagos efectuados por conce pto
de seguros. Las cifras que se incluyan en el extracto deberán
reflejarse en UVRs y en pesos, si la obligación se encuentra
denominada en UVRs.

6.3    Anualmente

Con el objeto de que los deudores de créditos de vivienda cuenten
con los elementos de juic io necesarios a que se refiere el artículo 20
de la Ley 546 de 1999, los establecimientos de crédito deberán
remitir dentro del primer mes de cada año la siguiente información:

a.    El comportamiento histórico del crédito indicando para el año
      inmediatamente anterior cómo se aplicaron los abonos a capital
      (en UVR y en pesos), los valores por concepto de seguros
      (incendio, terremoto, vida, etc.), los correspondientes a intereses
      y el saldo de la obligación (en UVR y en pesos).




                                                                      285
b.    Una proyección del crédito para el año en curso, con las
      indicaciones señaladas en el subnumeral 6.1.2 de este capítulo.

c.    En los casos en que la proyección del año anterior no coincida
      con el comportamiento real del crédito durante ese período, el
      establecimiento de crédito podrá acompañ ar una explicación de
      las causas que dieron origen a tal situación.

6.4    Documentación del crédito

Las entidades vigiladas destinatarias de este instructivo deberán mantener durante
toda la vigencia del crédito los soportes documentales que sirvieron de base para
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de vivienda, en
sus decretos reglamentarios y en esta circular, en particular las condiciones
establecidas en el numeral 2 de la misma.

En caso de producirse la cesión del crédito, de acuerdo con el numeral 8. de este
instructivo, tanto la entidad cedente como la cesionaria, verificarán que esta última
reciba la totalidad de la documentación que soporta el otorgamiento del crédito así
como su evolución hasta la fecha del perfeccionamiento de la cesión.

6.5    Publicidad

Sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones impartidas en el
Capítulo Sexto, Título Primero de esta Circular, todos los programas o
campañas publicitarias tendientes a promover el crédito hipotecario
destinado a la financiación de vivienda deberán remitirse a esta
Superintendencia con no menos de quince (15) días hábiles a su
utilización y divulgación.

7.     CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO

El programa de ahorro que deberán cumplir tanto las personas interesadas en ser
beneficiarias del subsidio familiar de vivienda previsto en el Decreto 824 de 1999 y
demás normas que lo modifiquen, como los titulares de la opción de readquisición
de vivienda de los contratos especiales previstos en el artículo 46 de la Ley 546 de




                                                                                  286
1999 reglamentado por el Decreto 2336 de 2000, se regirá por las siguientes
condiciones:

a.   El ahorro deberá efectuarse en una cuenta de ahorros constituida en un
     establecimiento de crédito debidamente autorizado para el efecto.

b.   Los establecimientos de crédito interesados en ofrecer estos servicios
     financieros -“Cuentas de Ahorro para la Vivienda”- deberán remitir para
     aprobación de la Superintendencia Bancaria los modelos de reglamentos y de
     contratos a través de los cuales se manejarán dichas cuentas. En tales
     documentos se deberá estipular la posibilidad que tiene el ahorrador de
     trasladar libremente sus depósitos cada seis (6) meses entre los
     establecimientos de crédito que ofrezcan estos servicios financieros, siempre
     y cuando mantengan el carácter de ahorro programado.

c.   Al momento de la apertura de la cuenta, el establecimiento de crédito deberá
     suministrar al posible cliente una proyección, a efectos de establecer con total
     claridad la manera como se conformará el ahorro previo requerido para la
     postulación al subsidio familiar (10% de la vivienda a adquirir) o para hacer
     efectiva la oferta (15% del valor del bien objeto del contrato de opción de
     readquisición) y acceder al subsidio de que trata el numeral 7 del artículo 46
     de la Ley 546 de 1999.

d.   Se deberá discriminar el monto total a ahorrar, el aporte periódico, el tiempo
     durante el cual debe realizarse el ahorro y el incremento periódico que sufrirá
     la cuota.

e.   En caso de que el ahorrador esté interesado en completar el ahorro previo
     con sus cesantías depositadas en administradoras de fondos de cesantías
     privadas o en el Fondo Nacional de Ahorro, así deberá manifestarlo
     expresamente.

f.   Durante todo el plazo de la oferta el usuario titular de la opción deberá
     cumplir con un programa de ahorro que como mínimo le permita cubrir el
     valor de cuota inicial de la vivienda, al momento de ejercer la opción.




                                                                                  287
g.   Al abrir la cuenta respectiva, el titular de la opción deberá autorizar
     expresamente la inmovilización de los recursos e intereses que se acrediten a
     la misma durante el mismo plazo del contrato especial de opción de
     readquisición, que en ningún caso será superior a tres (3) años.

h.   Los titulares de estas cuentas de ahorro podrán realizar aportes
     extraordinarios, con el fin de completar en un tiempo menor el ahorro previo
     requerido para ejercer la opción, si es del caso.

i.   Las entidades financieras están en la obligación de certificar semestralmente
     el valor acumulado de ahorro y subsidio en la cuenta de cada titular, a fin de
     que se acredite el debido cumplimiento del programa ante las entidades
     otorgantes del subsidio o ante las entidades propietarias de los inmuebles
     sobre los cuales se ejerce la opción, según corresponda.

j.   Los recursos que se ahorren con el fin de ejercer la opción de readquisición
     de vivienda, no harán parte de la base gravable para aplicar la retención en la
     fuente y serán consideradas como ingresos no constitutivos de renta ni de
     ganancia ocasional, de conformidad con el numeral 7 del artículo 46 de la Ley
     546 de 1999 y el artículo 126-4 del Estatuto Tributario.

k.   Cuando el titular no acceda al subsidio de vivienda o no ejerza el derecho a la
     opción de readquisición, el establecimiento de crédito devolverá el saldo que
     figure a la fecha de retiro con los correspondientes rendimientos descontado
     el subsidio otorgado por el Estado. En ese caso, dichas sumas no gozarán de
     los beneficios tributarios contemplados en el literal anterior.

8.    CESIÓN DEL CRÉDITO

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, es obligatorio para los
establecimientos de crédito autorizar las solicitudes de cesión de crédito otorgado
para la financiación de vivienda individual a largo plazo, efectuadas por el deudor,
en cualquier momento durante la vigencia de la obligación hipotecaria.

Para tal efecto, los establecimientos de crédito autorizarán, en un plazo no mayor
de diez (10) días hábiles, la cesión de crédito y sus garantías, una vez el deudor




                                                                                 288
entregue la oferta vinculante del nuevo acreedor. Dicha cesión tendrá los efectos
previstos por el artículo 1964 del Código Civil

Como quiera que la cesión constituye la sustitución de una de las partes del
contrato por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del
mismo, la cesión de los créditos hipotecarios de vivienda se realizará mediante la
transmisión de los derechos y obligaciones derivadas del contrato original, en cuyo
caso las condiciones de dicho crédito permanecen inalteradas con excepción de las
referidas a la tasa de interés remuneratoria, la cual necesariamente deberá ser
más benéfica para el deudor, y el cedente deberá responder por la existencia y
validez del mismo y de sus garantías, salvo estipulación expresa en contrario, de
conformidad con el artículo 890 del Código de Comercio. En este caso, la cesión se
regirá por las disposiciones comerciales aplicables contenidas en el Capítulo VI del
Título Primero del Libro Cuarto del régimen mercantil.

En este caso no se generan derechos ni gastos notariales así como tampoco se
causa impuesto de timbre.

9.    GASTOS DERIVADOS DE COBRO JURÍDICO

Los gastos en que incurran las entidades financieras por concepto de la cobranza
de cartera de créditos hipotecarios individuales para vivienda, correrán por cuenta
de la respectiva institución vigilada hasta el momento en que se presente demanda
judicial, es decir, el gasto denominado prejurídico de ninguna manera puede ser
transferido al deudor.


10.   AVALÚOS

El bien inmueble que se financia de acuerdo con el numeral 4 del artículo 17 de la
Ley 546 de 1999 constituye la garantía adecuada reconocida en el ordenamiento
jurídico colombiano para este tipo de crédito. Por lo tanto, se debe contar con una
debida valoración de la misma con el objeto de cumplir tres funciones básicas así:

a.    A la entidad vigilada que concede el crédito, le permite conocer el valor del
      bien hipotecado a su favor y establecer de manera idónea el nivel de
      cobertura de las garantías vinculadas a sus operaciones activas de crédito.



                                                                                 289
b.    Al beneficiario del crédito le permite comparar el precio de compra y el
      monto del préstamo con el de mercado y, por último,

c.    Al tenedor de títulos hipotecarios, si fuere el caso, le suministrará
      información útil para establecer si su inversión está adecuadamente
      respaldada por bienes inmuebles debidamente valorados.

El avalúo de los bienes inmuebles que garantizan los créditos hipotecarios deberá
realizarse de manera independiente y objetiva por las personas pertenecientes al
Registro Nacional de Avaluadores conformado por la lista de las entidades
autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con
Decreto 422 de 2000.

11.   CRÉDITO A CONSTRUCTORES -Subrogación de obligaciones-

El crédito otorgado al constructor de vivienda para financiar la fase de construcción
debe ser subrogado al adquirente de la unidad, de tal manera que en una sola
operación formalice el mutuo debidamente aprobado al subrogatario, cuando sea
del caso, la hipoteca sobre el bien financiado en forma individual y el
levantamiento de la hipoteca de mayor extensión a favor de la entidad vigilada.

Adicionalmente, el contrato de crédito suscrito entre la entidad financiera y el
constructor deberá contener una cláusula especial en la cual se precise que la
hipoteca en mayor extensión que afecta el inmueble se cancelará
proporcionalmente a medida que se vayan enajenando las unidades de vivienda y
se haya recibido el pago de la prorrata correspondiente.

12.   SANCIONES

El incumplimiento a las instrucciones previstas en este capítulo, dará
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Estatuto
Orgánico del Sis tema Financiero.

Son causales objetivas para que se solicite la reestructuración de un
crédito de vivienda, las siguientes:




                                                                                  290
a.   Muerte del deudor.

b.   Desempleo por razones ajenas a la voluntad del deudor (por un
     período superior a tres meses).

c.   Disminución (real) del ingreso familiar por encima del treinta
     (30%) por ciento de los recursos acreditados para solicitar el
     crédito, por factores ajenos a la voluntad del deudor.

d.   Reducción (real) del salario (o pensión) del deudor por orden de
     autoridad competente.

e.   Disminución (real) de ingresos del deudor no asalariado (por un
     período superior a tres meses).

f.   Incapacidad temporal del deudor debidamente certificada (por
     un período superior a tres meses).

g.   Incremento sustancial de las obligaciones económicas debido a
     enfermedad grave o crónica del deudor o sus dependientes
     legales, debidamente comprobados.

h.   Reubicación o traslado involuntario del deudor asalariado que
     implique gastos adicionales de sostenimiento sin mejora
     proporcional de ingresos.

i.   Divorcio, separaci ón, muerte del cónyuge o compañero o
     compañera permanente cuando éstos aporten económicamente
     al sustento familiar.

j.   Pérdida de la libertad por orden judicial (por un período
     superior a tres meses).

k.   La iniciación de trámite concursal en contra del deudor.

l.   Haber sido afectado el patrimonio del deudor por desastres
     naturales o actos terroristas o de la violencia.



                                                                  291
Las condiciones señaladas en los literales a, f, g, i (en caso de
muerte) y l serán de recibo únicamente cuando por alguna
circunstancia la contingencia no sea aceptada o cubierta por la
entidad aseguradora con quien se suscribió la póliza.

13. CONDICIONES OBJETIVAS PARA SOLICITAR REESTRUCTURACIÓN
DE LA DEUDA

La reestructuración de un crédito de conformidad con el numeral 12
del Capítulo II de l a Circular Básica Contable y Financiera, se define
como el “negocio jurídico de cualquier clase, que tenga como objeto
o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente
pactadas en beneficio del deudor”.

Siguiendo el espíritu de la Ley de Vi vienda es claro que a través de
una adecuada información anual por parte de los establecimientos de
crédito respecto del comportamiento de cada obligación hipotecaria,
la   posibilidad  de    solicitar su    reestructuración  se   orienta
fundamentalmente a aliviar la situación de los deudores de manera
que las modificaciones a las condiciones originalmente pactadas se
adecuen a los parámetros establecidos por la ley para este tipo de
créditos, bajo la premisa esencial de que exista real capacidad de
pago para continua r atendiendo la obligación.

De otra parte y de conformidad con la Sentencia de la H. Corte
Constitucional C -955/00, la reestructuración del crédito solicitada
dentro de los dos primeros meses de cada año, si se dan las
condiciones objetivas para ello, deb erá ser aceptada y efectuada por
la institución financiera.

Para tal efecto, este Despacho considera que para solicitar la
reestructuración de una obligación de este tipo, deberá verificarse la
totalidad de los siguientes supuestos:

1. Acreditar capacidad de pago por parte del deudor, de manera que
   la primera cuota después de la reestructuración en ningún caso
   represente más del treinta por ciento (30%) de los ingresos
   familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000.

2. Que el saldo de la obligación a la fecha de solicitud de la
   reestructuración no exceda el setenta por ciento (70%) del valor
   del inmueble o el ochenta por ciento (80%) tratándose de vivienda
   de interés social.



                                                                    292
  El valor del inmueble se establecerá mediante avalúo técnico
  realizado por prof esionales, personas naturales o jurídicas,
  inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado por la
  lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de
  Industria y Comercio, de conformidad con Decreto 422 de 2000.

3. Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación no
   supere treinta (30) años, contados a partir de la fecha del
   desembolso del crédito.

4. Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita
   concluir que el deudor está en capacidad de cumplir con la
   obligación hipotecaria de vivienda.

5. Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra
   del deudor por la obligación respecto de la cual se solicita la
   reestructuración.

6. Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud
   de la reestructuración.

7. Que el deudor no se encuentre incurso en un trámite concursal.

8. Que la solicitud de reestructuración del crédito sea firmada por
   todos los obligados, así como los documentos a través de los
   cuales se instrumente la misma.




                                                                    293
                            CAPITULO III

          ASPECTOS LEGALES SOBRE FONDOS
            MUNICIPALES PARA VIVIENDA

                               LEY 11 DE 1986
                                 ENERO 16

 Por el cual se dicta el estatuto básico de la administración municipal y se
ordena la participación de la comunidad en el manejo de los asuntos locales


                             CAPITULO IV
                     ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

ARTICULO 27. Las Juntas o Consejos Directivos de los Establecimientos Públicos
y de las Empresas Industriales o Comerciales encargados de la prestación directa
de los servicios municipales estarán integrados así: una tercera parte de sus
miembros serán funcionarios de la correspondiente administración municipal: otra
tercera parte, representantes de los respectivos Concejos, y la tercera parte
restante, delegados de entidades cívicas o de usuarios del servicio o servicios
cuya prestación corresponda a los citados establecimientos o empresas.




                                                                             294
                             DECRETO 77 DE 1987


Por el cual se expide el estatuto de descentralización en beneficio de los
                                municipios


                                  CAPITULO VI


                           Sector Desarrollo Urbano


ARTÍCULO 61o. A partir de la vigencia del presente Decreto, la función de
adecuar terrenos con infraestructura vial y de servicios públicos y comunales
corresponde a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá. Lo anterior sin
perjuicio de las actividades que otras entidades e incluso personas privadas
realicen en concordancia con las normas municipales o distritales.

ARTÍCULO 62o. Compete al Ministerio de Desarrollo Económico dirigir la política
de desarrollo urbano y vigilar su aplicación, conforme a los planes y programas
que establezca el Gobierno Nacional.



                                    SECCIÓN I


                      Del Instituto de Crédito Territorial

ARTÍCULO 63o. En lo referente a la función legalmente atribuida al Instituto de
Crédito Territorial, de desarrollar programas de urbanización, se elimina lo relativo
a la construcción de infraestructura matriz o principal de servicios públicos y a la
provisión de equipamentos y Sociales. El Instituto podrá construir las redes propias
y dotar las áreas comunales destinadas al uso o servicio de las urbanizaciones que
construya. Para ello y en forma gradual se procederá así:

a) Durante 1987, 1988 y 1989 el Instituto iniciará el proceso de exclusión de las
actividades de que trata este artículo en los programas de urbanización que
adelante, en municipios con población mayor de 100.000 habitantes, el cual
deberá haber concluido en 1990;

b) A partir de 1990, el Instituto iniciará el proceso de exclusión de las mismas
actividades en los municipios menores de 100.000 habitantes, el cual deberá
concluir a más tardar al terminar 1992;



                                                                                  295
c) Durante los períodos de que tratan los literales a) y b) y con posterioridad a
1992, el Instituto prestará asistencia técnica a solicitud de las entidades
encargadas de dichos programas en los municipios y en el Distrito Especial de
Bogotá.

PARÁGRAFO.. EI Instituto podrá adelantar programas de urbanización sin la
restricción de que trata este artículo cuando se le confíe la ejecución de proyectos
calificados por el CONPES como de interés nacional.

ARTÍCULO 64o. El Instituto de Crédito Territorial podrá cofinanciar con los
municipios y el Distrito Especial de Bogotá, los programas de vivienda y de
urbanización previstos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 65o. Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la vigencia
del presente Decreto, la Junta Directiva del Instituto de Crédito Territorial, por
propuesta que deberá presentar su director, adecuará sus estatutos a las normas
de este Decreto y los someterá a la apropiación del Gobierno Nacional. La reforma
estatutaria debe contemplar la reorganización y reasignación de funciones de los
Consejos Regionales. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituirá
causal de mala conducta.

ARTÍCULO 66o. Como consecuencia de la supresión de funciones prevista en los
artículos anteriores de esta Sección, el Instituto de Crédito Territorial reducirá
gradualmente su planta de personal en lo relacionado con las funciones que se le
suprimen.



Dado en Bogotá, D.E., a 15 de enero de 1987.

VIRGILIO BARCO


El Ministro de Gobierno,

FERNANDO CEPEA ULLOA


El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

CESAR GAVIRIA TRUJILLO


El Ministro de Agricultura,



                                                                                 296
LUIS GUILLERMO PARRA DUSSÁN

El Ministro de Salud,

CESAR ESMERAL BARROS

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

JOSE NAME TERÁN

El Ministro de Desarrollo Económico

MIGUEL ALFONSO MERINO GORDILLO

La Ministra de Educación Nacional,

MARINA URIBE DE EUSSE


El Ministro de Obras Públicas y Transporte,

LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA

El Secretario General de la Presidencia de la República, Germán Montoya Velez.
La Jefe del Departamento Nacional de Planeación,

MARIA MERCES DE MARTÍNEZ
.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,

DIEGO YOUNES MORENO




                                                                                 297
                                     LEY 136
                               2 de Junio de 1994


 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
                    el funcionamiento de los municipios

Artículo 2. Régimen de municipios. El régimen municipal estará definido por lo
dispuesto en la constitución política por lo establecido en la Ley y por las
siguientes disposiciones:
...

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que
defina la ley.

ARTÍCULO 187o. Vigilancia y control de las actividades de construcción y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Los concejos municipales
ejercerán la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación
de inmuebles destinados a vivienda, de que trata el numeral 7o. del artículo 313
de la Constitución Política, dentro de los límites señalados al respecto por las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.


PARÁGRAFO TRANSITORIO. El ejercicio de las funciones de vigilancia y control
de que trata este artículo se llevará a cabo por parte de los municipios después de
transcurridos seis (6) meses a partir de la vigencia de esta Ley, término dentro del
cual la Superintendencia de Sociedades trasladará a los municipios los
documentos relativos a tales funciones e impartirá la capacitación que las
autoridades de éstos requieran para el cabal cumplimiento de las mismas.




                                                                                 298
                                DECRETO 1168

                              28 de junio de 1996


Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3a de 1991 y la Ley 60 de
  1993, en materia de subsidios municipales para vivienda de interés
                                 social.


                                   DECRETA:


ARTÍCULO 1º. Los subsidios para vivienda de interés social que los municipios
decidan otorgar en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 2º
de la Ley 60 de 1993, en forma complementaria a la Ley 3 de 1991, podrán ser en
dinero o en especie, según lo determinen las autoridades municipales
competentes.


Los subsidios en especie podrán consistir en terrenos fiscales enajenables de
propiedad de las entidades públicas municipales, cuando así lo haya autorizado
el respectivo Concejo municipal, de conformidad con el artículo 92, numeral 7º,
del Decreto 1333 de 1986, siempre y cuando dichos terrenos hayan sido ocupados
antes del 15 de enero de 1991, fecha en que entró en vigencia la Ley 3 de 1991.


ARTÍCULO 2º. Los subsidios que se otorguen con base en la participación de los
municipios en los ingresos corrientes de la Nación, serán en dinero y se
sujetarán a las disposiciones de la Ley 60 de 1993.


De conformidad con lo dispuesto en dicha ley, los subsidios podrán destinarse
para:

a) La adquisición de soluciones de vivienda de interés social, incluyendo lotes
con servicios y unidades básicas;

b) La construcción de soluciones de vivienda de interés social en terreno del
   beneficiario, incluyendo plan terrazas;

c) El mejoramiento de soluciones de vivienda de interés social;




                                                                            299
d) El mejoramiento integral de vivienda y entorno, incluyendo las redes
   secundarias y la conexión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto
   y alcantarillado;

e) La adquisición de terrenos destinados a programas de vivienda de interés
   social;

f) La dotación de los servicios públicos e infraestructura para terrenos
   destinados  a    programas    de     vivienda   de     interés social.


ARTÍCULO 3º. De conformidad con la Ley 60 de 1993, los subsidios se
focalizarán en las áreas geográficas de concentración de población pobre y
vulnerable, de conformidad con lo establecido en las resoluciones expedidas por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES para los recursos
provenientes de la participación de los municipios y distritos en los ingresos
corrientes de la Nación.

ARTÍCULO 4º. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y la Ley 03 de
1991, podrán ser beneficiarios del subsidio municipal de vivienda los hogares con
ingresos   inferiores  a     cuatro   salarios  mínimos      legales   mensuales.

ARTÍCULO 5º. La cuantía del subsidio será definida por las autoridades
municipales competentes, de acuerdo con los recursos disponibles, las
condiciones socioeconómicas de los hogares y el tipo y valor de la solución.


ARTÍCULO 6º.. Por ser complementarios al subsidio familiar de vivienda de que
trata la Ley 03 de 1991, al subsidio municipal de vivienda se aplicará lo
establecido en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la ley mencionada, en lo
pertinente.

Igualmente se sujetarán a lo dispuesto en los Decretos 706 de 1995 y 2154 de
1993, según se trate de subsidios de vivienda en zonas urbanas o rurales
respectivamente, en lo relativo a: objeto del subsidio, definición de hogares y
beneficiarios, situaciones que determinan cuándo se carece de recursos
suficientes para ser beneficiario del subsidio, principio de libertad de
escogencia, no transferencia del subsidio, tipos de planes y soluciones a las
cuales se puede aplicar el subsidio, precios o valores máximos de la vivienda
subsidiable, procedimiento de acceso al subsidio, restitución del subsidio,
constitución de patrimonio de familia inembargable, obligaciones de los
registradores y aplicación del subsidio en los casos de propiedad colectiva y
en resguardos indígenas.




                                                                               300
En todo caso, y en desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales,
las facultades que en materia de subsidios dichos decretos otorgan a la Junta
Directiva del INURBE y a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero serán
ejercidas, en cuanto se refiere exclusivamente a los subsidios municipales, por
las respectivas autoridades municipales, de acuerdo con las normas que las
rigen y lo que determine el concejo municipal.


ARTÍCULO 7º. Salvo los casos de atención de desastres, atención a los
desplazados por la violencia y hogares con ingresos no superiores a dos (2)
salarios mínimos mensuales legales, el monto resultante de la sumatoria del
subsidio otorgado por el INURBE o la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero y los subsidios a que se refiere el presente Decreto, que se otorguen a un n
mismo hogar, no podrán exceder el setenta por ciento (70%) del precio o valor de
la solución a la cual se aplicará.

ARTÍCULO 8º. Los concejos municipales definirán los recursos que se destinarán
al subsidio municipal de vivienda provenientes del Fondo de Vivienda de interés
social de que trata la ley 03 de 1991, del porcentaje de la participación de los
ingresos de la Nación que constituyen recursos de libre inversión de acuerdo con el
artículo 22 de la ley 60 de 1993 y de los demás recursos de libre inversión de que
disponga el municipio.

ARTÍCULO 9º. Las normas contenidas en el presente Decreto se aplicarán en lo
que no contravengan el régimen especial que los rige, al Distrito Capital y a los
Distritos Especiales. Igualmente al Departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en cuanto se refiere a las funciones municipales que
el mismo ejerce en virtud del artículo 8º. De la ley 47 de 1993.

ARTÍCULO 10º. El presente decreto rige a partir de la fecha de suy publicación


Dado en Santa Fe de Bogotà, D.C.


EL Ministro del Interior

HORACIO SERPA URIBE

EL Ministro de Hacienda y Crédito Público

JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA




                                                                                 301
La Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural encargada de las Funciones del
Ministerio de Desarrollo Económico

CECILIA LOPEZ MONTAÑO



                                 DECRETO 1133


                                junio 19 del 2000

por medio del cual se reglamenta parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª
                        de 1991 y 546 de 1999.


                                    DECRETA:


                                   CAPITULO I

                               Aspectos generales

ARTÍCULO 1°. Objetivos de la política de vivienda de interés social rural. La
política de vivienda rural tiene por objeto ofrecer a la población rural e indígena,
los medios y las condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades
económicas y facilitar el acceso a los servicios básicos, a través de procesos
autosostenidos de cambio social y progreso económico.

La política pública en vivienda de interés social rural, tiene por objeto, el
mejoramiento de la calidad de vida de los hogares rurales de bajos ingresos,
mediante acciones de intervención en el hábitat y la vivienda.

ARTÍCULO 2°. Ambito de aplicación. La política de vivienda de interés social rural
se aplica en todas las zonas definidas como suelo rural en los Planes de
Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Ley
388 de 1997.

Para efectos del crédito de vivienda de interés social rural, el campo de aplicación
serán las zonas consideradas como suelo rural y los municipios con población
inferior a 30.000 habitantes.

PARÁGRAFO. Mientras los municipios adoptan el Plan de Ordenamiento
Territorial, se entenderá por suelo rural, para efectos de lo previsto en el presente
decreto, al espacio comprendido entre el perímetro urbano de la cabecera


                                                                                  302
municipal y el límite municipal respectivo y los centros poblados de los
corregimientos con población hasta de 2.500 habitantes.

ARTÍCULO 3°. Definición de vivienda de interés social rural. Se entiende por
Vivienda de Interés Social Rural aislada, la vivienda ubicada en un terreno de uso
agropecuario, forestal o pesquero de tamaño menor o igual a una Unidad Agrícola
Familiar, UAF, definida según la Ley 505 de 1999. Cuando sea vivienda agrupada o
independiente de unidad productiva alguna, la vivienda de interés social rural
corresponderá a la perteneciente a los estratos uno y dos. Para las comunidades
indígenas, la autoridad indígena determinará las viviendas de interés social rural.

La vivienda correspondiente a predios hasta de 3 UAF o con un avalúo comercial
menor a 75 salarios mínimos mensuales se considerará en el rango de interés
social exclusivamente para los efectos del crédito con recursos provenientes de
Finagro.

PARÁGRAFO 1°. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar, un fundo de
explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa directa y
principalmente de vinculación de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo
ocasional de mano de obra contratada. La extensión debe ser suficiente para
suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones de eficiencia
productiva promedio, ingresos equivalentes a 1.080 salarios mínimos legales
diarios.

ARTÍCULO 4°. Identificación de los instrumentos de la política de vivienda de
interés social rural. La intervención del Gobierno Nacional en la provisión de
vivienda de interés social rural se realiza por medio del subsidio directo a la
demanda entregado directamente o a través de las cajas de compensación y de los
recursos de crédito para la vivienda rural provenientes del Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro.

ARTÍCULO 5°. Del subsidio familiar para la vivienda de interés social rural. Es un
aporte estatal en dinero o en especie, que se entrega por una vez al hogar
beneficiario con el objeto de facilitar el acceso de las poblaciones con altos índices
de pobreza a una solución de vivienda. El subsidio familiar de vivienda de interés
social rural es restituible en los términos establecidos en la Ley 3ª de 1991 y en el
presente decreto.

ARTÍCULO 6°. Definición de hogar. Para efectos de este decreto, se entiende por
hogar, a los cónyuges, las uniones maritales de hecho y el grupo de personas
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. El
concepto de hogar para comunidades indígenas y grupos étnicos se ajustará a sus
usos y costumbres.



                                                                                   303
ARTÍCULO 7°. Participantes en la política de vivienda de interés social rural. Los
participantes de la política de vivienda de interés social rural son: Las entidades
otorgantes del subsidio y el crédito, los beneficiarios del subsidio y del crédito, las
entidades territoriales, las Organizaciones Populares de Vivienda, las
Organizaciones No Gubernamentales, los constructores privados, las instituciones
académicas y la Comisión Intersectorial para la Vivienda de Interés Social Rural.

ARTÍCULO 8°. Entidades otorgantes del subsidio y el crédito. Los recursos
provenientes del presupuesto nacional destinados a subsidio de vivienda de interés
social rural se canalizarán a través del Banco Agrario de Colombia. Las cajas de
compensación familiar que tengan afiliados del sector rural, deberán asignar
subsidios a tales afiliados, destinando para ello, como mínimo, un porcentaje igual
de recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) a lo que representan
tales afiliados sobre el total de los mismos.

Los procesos de postulación, calificación, asignación y entrega de subsidios
familiares de vivienda de interés social rural se coordinarán con el Sistema
Unificado de Subsidio de que trata el Decreto 824 de 1999 y de las normas que lo
modifiquen o sustituyan, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión
Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural.

Los recursos de crédito serán los destinados a tal fin por Finagro, en las
condiciones establecidas en el artículo 32 de la Ley 546 de 1999. Los créditos
deberán cumplir con las normas para préstamos de vivienda de interés social de la
mencionada ley.

ARTÍCULO 9°. Destinación y valor del subsidio familiar de vivienda rural. El
subsidio familiar de vivienda de interés social rural se podrá destinar a la
generación de soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico,
construcción de vivienda en sitio propio y vivienda nueva.

La cuantía del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural será entre 10 y
15 salarios mínimos mensuales legales para mejoramiento y entre 15 y 18 salarios
mínimos mensuales legales para construcción en sitio propio y vivienda nueva. En
todos los casos, el subsidio no podrá representar más del 80% del tipo de
solución.

Las soluciones a las que se puede destinar el subsidio familiar de vivienda de
interés social rural deberán tener suministro inmediato de agua y saneamiento
básico.

Las soluciones habitacionales generadas por el subsidio familiar de vivienda de
interés social rural se constituirán en patrimonio de familia inembargable a favor



                                                                                    304
del jefe del hogar, su cónyuge y sus hijos menores y comprometerse a no
enajenarlo ni levantar el patrimonio de familia antes de cinco (5) años, con las
excepciones establecidas en la Ley 546 de 1999.

Los hogares beneficiarios con el subsidio se comprometen a conservar la propiedad
de la solución habitacional, habitarla y abstenerse de darla en arrendamiento, por
lo menos durante un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
entrega del subsidio.

Lo anterior con excepción de los casos de fuerza mayor certificada por la Alcaldía
Municipal, entendida como el hecho imprevisto al que no es posible resistir, no
imputable al beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social rural y
que le impide habitar en su respectiva solución habitacional.

PARÁGRAFO. El suministro de agua y saneamiento básico podrá prestarse con
base en tecnologías tradicionales o alternativas que aseguren la prestación
continua y eficiente de tales servicios.

ARTÍCULO 10. Beneficiarios del subsidio. Serán beneficiarios de subsidio familiar
de vivienda de interés social rural, los hogares que cumplan con los requisitos
establecidos en el presente decreto. Las postulaciones al subsidio familiar de
vivienda de interés social rural se harán a través de postulación colectiva.

Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés social rural
aportarán un mínimo de 10% del costo total de la solución habitacional. Tales
aportes podrán ser en dinero, especie o trabajo. Los aportes de los beneficiarios
serán valorados a costos de mercado. Se podrá establecer el ahorro programado
de acuerdo con los planes sectoriales del Ministerio de Agricultura.

PARÁGRAFO. Se entiende por postulación colectiva la que se realiza a través de
una entidad territorial, o una organización de carácter asociativo, solidario,
comunitario o privado que tenga entre sus objetivos la promoción y desarrollo de
programas de vivienda de interés social para sus afiliados o vinculados, quienes
han definido conjuntamente un proyecto de solución habitacional al cual aplicarán
el subsidio.

Las entidades que promuevan las postulaciones colectivas deberán cumplir con las
condiciones establecidas para las Organizaciones Populares de Vivienda en las
Leyes 9ª de 1989 y 3ª de 1991 y en el Decreto 2391 de 1989, esto es que la
financiación del proyecto se haga a través de esquemas de aportes económicos
solidarios y su ejecución sea realizada por sistemas de autogestión o participación
comunitaria.




                                                                                  305
Se entiende por financiación solidaria aquella en la cual los afiliados participan
directamente mediante aportes en dinero y trabajo comunitario o en las dos
modalidades. Se entienden por sistemas de autogestión o participación comunitaria
cuando en el desarrollo del proyecto participan todos los afiliados administrativa,
técnica y financieramente. Esta puede ser por autoconstrucción o por construcción
delegada.

ARTÍCULO 11. Participación de las entidades territoriales en la política de
vivienda de interés social rural. Las entidades territoriales participarán en la
implantación de la política de vivienda de interés social rural, a través de la
gestión, promoción y aportes complementarios al subsidio familiar de vivienda de
interés social rural. Los aportes podrán ser en dinero, terrenos, materiales,
transporte, gastos de preinversión (estudios y diseños), construcción de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, aportes de personal técnico y/o
profesional y gastos de administración y/o coordinación de los proyectos.

Los aportes de las entidades territoriales se realizarán con base en los parámetros
establecidos para tal fin por las entidades otorgantes del subsidio familiar de
vivienda de interés social rural. En todos los casos el total de aportes territoriales
no serán inferior al diez por ciento (10%) del costo total del proyecto.

La participación de los entes territoriales se podrá hacer directamente o por medio
de la entidad que designe la administración municipal.

ARTÍCULO 12. Participación de otras entidades. Las demás entidades de carácter
asociativo, solidario, comunitario o privado, podrán participar como oferentes de
proyectos de vivienda de interés social rural, siempre y cuando cumplan con las
siguientes condiciones:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Demostrar una experiencia mínima de dos años en gestión y promoción de
vivienda.

3. Que la financiación de los proyectos que promueva se haga a través de
economía solidaria y su ejecución sea realizada por sistemas de autogestión o
participación comunitaria, de acuerdo con el Decreto 2391 de 1989.

La elegibilidad de la entidad será establecida por la Comisión Intersectorial de
Vivienda de Interés Social Rural y tendrá una vigencia de dos (2) años
prorrogables previa solicitud del interesado, tres (3) meses antes de su
vencimiento.




                                                                                   306
ARTÍCULO 13. La comisión intersectorial de vivienda de interés social rural. Para
la implantación, coordinación y seguimiento de la política de vivienda de interés
social rural se contará con una Comisión Intersectorial conformada por:

a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien la presidirá;

b) El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado;

c) El Ministro de Salud o su delegado;

d) El Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario del Departamento Nacional de
Planeación o su delegado;

e) El Presidente de Finagro o su delegado;

f) El Presidente Banco Agrario o su delegado.
   Asistirán como invitados:

a) El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros o su delegado;

b) El Director Administrativo de Comcaja o su delegado.

La Secretaría Técnica será ejercida conjuntamente por la Dirección General de
Vivienda del Ministerio de Desarrollo Económico y la Dirección de Desarrollo Rural
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTÍCULO 14. Funciones de la comisión intersectorial de vivienda de interés
social rural. Son funciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés
Social Rural:

1. Prestar el apoyo requerido por el Consejo Superior de Vivienda para la
coordinación y ejecución de la Política de Vivienda de Interés Social Rural.

2. Estudiar y formular los programas de ejecución de la política de vivienda de
interés social rural e identificar los correctivos que garanticen el cumplimiento de
los objetivos del Gobierno Nacional.

3. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en desarrollo de los programas
de ejecución de la política de vivienda de interés social rural.

4. Priorizar la asignación de recursos nacionales del subsidio y del crédito de
vivienda de interés social rural de acuerdo con los planes, programas y proyectos
de la política sectorial rural.




                                                                                      307
5. Darse su propio reglamento.

6. Las demás que le señale este reglamento y el Gobierno Nacional.


                                   CAPITULO II

Procedimientos para acceso al subsidio familiar de vivienda de interés social rural

ARTÍCULO 15. Solución de vivienda para mejoramiento y saneamiento básico.
Cuando la solución habitacional que se proyecta sea de mejoramiento y
saneamiento básico, el hogar postulante debe habitar una vivienda que presente,
al menos, una de las siguientes deficiencias:

a) Carencia de agua potable y/o alcantarillado;

b) Carencia de baños y/o cocina;

c) Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta;

d) En tierra o en materiales inadecuados;

e) Construcción en materiales provisionales;

f) Existencia de hacinamiento;

g) Alto riesgo epidemiológico relacionado con la calidad de la vivienda certificado
por el Servicio Seccional de Salud.

La vivienda resultante, descontado el valor del lote, no podrá superar los cincuenta
(50) salarios mínimos mensuales legales.

ARTÍCULO 16. Procedimiento de acceso al subsidio para mejoramiento y
saneamiento básico. Los hogares postulantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Diligenciar correcta y oportunamente el formulario de postulación en donde se
identifique claramente las deficiencias de la vivienda y su solución, la composición
familiar, jefatura de hogar, nivel del Sisben y la valoración de los aportes familiares
del 10% establecido en el artículo 10;

b) Identificación del proyecto y certificación de vinculación al mismo;




                                                                                    308
c) Certificación del municipio de la condición de vivienda de interés social rural,
según lo establecido en el artículo 3° del presente decreto;

d) Certificación sobre la titularidad del derecho de dominio en cabeza de uno de
los miembros del hogar postulante o, en su defecto, en los casos de inmuebles
localizados dentro del perímetro de los municipios, en suelo diferente al clasificado
como urbano, certificación de la Alcaldía donde conste su posesión quieta y
pacífica por un término superior a cinco (5) años, liberando a la entidad otorgante
de responsabilidad ante cualquier proceso que tenga por objeto recuperar la
posesión del bien;

e) Certificación de la entidad competente donde conste que la solución no se
realizará en zona de alto riesgo.

ARTÍCULO 17. Construcción de vivienda en sitio propio. Se entiende por sitio
propio el lote de terreno cuyo dominio se encuentre inscrito en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, a nombre de uno cualquiera de los miembros
del hogar del postulante. Cuando no se pueda comprobar la propiedad en las
condiciones antes descrita, el Alcalde Municipal certificará la situación de poseedor
del hogar postulante no inferior a cinco (5) años.

La vivienda resultante, descontado el valor del lote, no podrá superar los cincuenta
(50) salarios mínimos mensuales legales.

ARTÍCULO 18. Procedimiento de acceso al subsidio para construcción en sitio
propio. Los hogares postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Declaración juramentada de no poseer vivienda;

b) Diligenciar correctamente el formulado de postulación en donde se identifique
claramente la composición familiar, jefatura de hogar, nivel del Sisben y la
valoración de los aportes familiares del 10% establecido en el artículo 10;

c) Identificación del proyecto y certificación de vinculación al mismo;

d) Certificación sobre la titularídad del derecho de dominio en cabeza de uno de
los miembros del hogar postulante o, en su defecto, en los casos de inmuebles
localizados dentro del perímetro de los municipios, en suelo diferente al clasificado
como urbano, certificación de la Alcaldía donde conste su posesión quieta y
pacífica por un término superior a cinco (5) años, liberando a la entidad otorgante
de responsabilidad ante cualquier proceso que tenga por objeto recuperar la
posesión del bien;




                                                                                  309
e) Certificación de la entidad competente donde conste que la solución no se
realizará en Zona de Alto Riesgo.

PARÁGRAFO. No se entenderá como fuerza mayor admisible, para conceder el
permiso referido en el artículo 28 del presente decreto, la recuperación de la
posesión por parte del propietario del terreno, consecuencia de una sentencia
dictada por autoridad judicial.

ARTÍCULO 19. Soluciones habitacionales de vivienda nueva. Es una solución
consistente por lo menos en la construcción de una Unidad Básica de Vivienda
Rural, que provea al menos un espacio múltiple para habitación, cocina, unidad
sanitaria y las instalaciones y acometidas domiciliarias. El valor final de la vivienda
resultante podrá tener un valor hasta de cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales.

ARTÍCULO 20. Procedimiento de acceso al subsidio para la vivienda nueva. Los
hogares postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Declaración juramentada de no poseer vivienda;

b) Diligenciar correcta y oportunamente el formulado de postulación en donde se
identifique la composición familiar, jefatura de hogar, nivel del Sisben y la
valoración de los aportes familiares del 10% establecido en el artículo 10;

c) Identificación del proyecto y certificación de vinculación al mismo;

d) Cuantificación e identificación certificada de contar con los recursos
complementarios cuando sea necesario;

e) Certificación de la entidad competente donde conste que la solución no se
realizará en zona de alto riesgo.

La certificación de recursos la hará la fuente de la misma.

ARTÍCULO 21. Requisitos para la asignación del subsidio familiar de vivienda de
interés social rural. Una vez verificada la información entregada por los hogares
postulantes, se procederá a la asignación de subsidio familiar de vivienda de
interés social rural, con base en puntajes obtenidos de acuerdo con criterios
objetivos previamente establecidos. Se le asignará el subsidio a los hogares que
obtengan un mayor puntaje. Los criterios de calificación de las postulaciones
priorizarán la población de menores ingresos y con mayor vulnerabilidad social.
Estos son:




                                                                                    310
a) Valor del subsidio: Las solicitudes de subsidio de menor valor tendrán un mayor
puntaje;

b) Número de miembros del hogar postulante;

c) Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisben que
evidencien mayor nivel de pobreza;

d) Mayor aporte familiar;

e) Mayor aporte municipal;

f) Condición de mujer cabeza de hogar;

g) Presencia de discapacitados, ancianos dependientes o de niños menores de
cinco años;

h) Número de veces que el postulante ha participado en el proceso de asignación
de subsidios sin haber resultado beneficiado;

i) Condiciones socioeconómicas del municipio donde se realice el programa.

PARÁGRAFO. Los recursos del subsidio familiar de Vivienda Rural, se distribuirán
regionalmente en las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 568 de 2000.

ARTÍCULO 22. Periodicidad de asignación de los subsidios. La Comisión
Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural determinará las fechas de
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural de acuerdo con
la disponibilidad de recursos.

Las asignaciones las realizarán las entidades otorgantes del subsidio y divulgarán
públicamente tal adjudicación, a través de los medios masivos de comunicación.
Adicionalmente, deberán comunicarlo a cada uno de los hogares beneficiados,
señalando el procedimiento para su entrega.

ARTÍCULO 23. Calificación de las postulaciones colectivas. Las postulaciones
colectivas tendrán un puntaje único equivalente al promedio aritmético del puntaje
del total del grupo. Es decir, el puntaje de las postulaciones colectivas será la
sumatoria del total de los puntajes de los hogares del grupo dividido entre el
número de hogares postulantes en dicho grupo.




                                                                                311
La recepción de postulaciones colectivas al subsidio familiar de vivienda de interés
social rural, se hará hasta un (1) mes antes de cada asignación. Las postulaciones
colectivas no podrán agrupar menos de 25 y ni más de 100 postulantes.

PARÁGRAFO. Para los programas sectoriales rurales promovidos por el Gobierno
Nacional, el tamaño del grupo postulante será establecido de acuerdo con las
condiciones particulares de cada programa.

ARTÍCULO 24. Determinación de puntajes para calificación de postulaciones. La
fórmula que se aplicará para la medición del puntaje es:

PUNTAJE = (B1*((Vmv-Vs)/Vmv) + (B2*(GF-1)) + ((B3/Sis) + (B4*(AF/Vmv) +
((B5*(Amp/Vmv)) + (B6*Mj) + (B7*Pd) + (B8*(Np-1)) + (B9*NBlmr)

Donde:

Vs:   Valor del subsidio solicitado en pesos.
Vmv: Valor máximo de la Vivienda resultante en pesos.
GF: Número de miembros del Hogar
Sis: Estrato socioeconómico en el carné Sisben.
AF: Valor aporte Familiar en pesos
Amp: Valor Aporte Municipal en pesos.
Mj:   Condición de mujer jefe de hogar.
Pd: Presencia de población dependiente.
Np: Número de veces de postulación.
NBlmr:       Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas Municipal rural.
B:    Constante.

Los valores de las Constantes son:
B1 = 750
B2 = 25
B3 = 100
B4 = 1.500
B5 = 1.500
B6 = 35
B7 = 35
B8 = 25
B9 = 100

Para efectos de determinar el puntaje se debe tener en cuenta que:

a) El valor máximo de la vivienda es de 50 salarios mínimos mensuales legales;




                                                                                 312
b) El Grupo familiar que obtiene el mínimo de puntaje es de dos personas y el
máximo se obtiene con grupo familiar de 5 o más personas;

c) El número de postulaciones son: mínimo dos y el máximo 4 o más. En la
primera postulación el puntaje es cero;

d) El estrato socioeconómico por Sisben que tiene puntaje es 1 o 2. Cualquier otro
valor tiene puntaje de cero;

e) El valor de mujer cabeza de hogar es 1. Cualquier otra situación tiene un valor
de cero;

f) La presencia de población dependiente –Discapacitados, ancianos o niños–,
tendrá un valor de 1;

g) El Indice NBl deberá ser el oficial, certificado por el DANE.

ARTÍCULO 25. Requisitos para la entrega del subsidio familiar de vivienda de
interés social rural. Una vez asignados los subsidios, la entidad otorgante suscribirá
un convenio entre ella y la entidad oferente del proyecto y el representante de los
beneficiarios. En el convenio se establecen las condiciones de desembolsos de los
recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, en función del
avance de obra, al igual que los demás aspectos que se consideren convenientes
para lograr la mayor eficacia en la entrega efectiva de los subsidios asignados. Las
entidades otorgantes prepararán la proforma del convenio.

Para la firma y legalización del convenio, la entidad promotora del proyecto en un
plazo no mayor a treinta (30) días calendario, posteriores a la asignación del
subsidio, deberá adjuntar los siguientes documentos:

a) Acta de nombramiento del representante de los beneficiarios en las condiciones
establecidas en el presente decreto;

b) Certificación de disponibilidad presupuestas respecto a los aportes municipales;

c) Constancia de apertura de cuenta en el Banco Agrario en el municipio donde se
ejecuta el proyecto o en el municipio más cercano, denominada "Proyecto...".

Una vez legalizado el convenio y conformado el Comité Operativo del Proyecto, la
entidad otorgante procederá a girar el cincuenta por ciento (50%) del subsidio a la
cuenta bancaria. El cincuenta por ciento (50%) restante se entregará en dos
contados de 40% y 10% respectivamente, con base en el avance de obra de
acuerdo con lo establecido en el respectivo convenio. El 10% final sólo se




                                                                                   313
entregará contra la escrituración del inmueble o documento público de
protocolización de mejoras.

El giro del primer cincuenta por ciento (50%) sólo se realizará una vez se
compruebe la inversión de no menos del cincuenta por ciento (50%) del total de
los recursos aportados por las demás entidades, con base en acta de avance de
obra suscrita por la interventoría y el Comité Operativo. Igualmente, la entidad
ejecutora del proyecto deberá entregar una póliza de cumplimiento y buen manejo
de recursos por la totalidad de los recursos del subsidio, constituida a favor de la
entidad otorgante del mismo.

El plazo para la ejecución del convenio no podrá ser mayor a doce (12) meses
prorrogables hasta seis (6) meses adicionales, contados a partir del primer
desembolso. Cuando no se ejecute el convenio en el plazo establecido, los recursos
del subsidio deberán ser reintegrados por el oferente, con sus rendimientos, a la
entidad otorgante, quien responderá por tales recursos ante el tesoro nacional,
incluidos sus rendimientos financieros.

PARÁGRAFO. La cuenta será manejada solidariamente por la entidad promotora
del proyecto, por el representante de los usuarios y el interventor. Las órdenes de
retiro deberán ser aprobadas por el comité operativo del proyecto.

ARTÍCULO 26. Conformación del comité operativo del proyecto. El comité
operativo del proyecto es la máxima instancia coordinadora del mismo y estará
conformado por un representante de la entidad promotora, un representante de
los beneficiarios y el interventor. El municipio o distrito participará en este comité
por derecho propio. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus
miembros.

El representante de los beneficiarios se elegirá por mayoría simple, a través de
Asamblea General del grupo postulante, con una asistencia mínima de 80% de los
beneficiarios del subsidio y deberá contar con la presencia del personero municipal
o su delegado, quien actuará como testigo de dicha elección. El acta deberá ser
firmada por la totalidad de asistentes con sus respectivos números de cédula de
identificación.

El interventor será contratado por la entidad otorgante del subsidio familiar de
vivienda de interés social rural. Ejercerá las funciones de asesoría técnica y
fiscalizadora de las decisiones del comité operativo. Deberá denunciar ante
autoridad competente cualquier irregularidad que sea detectada en el comité
operativo; de no hacerlo responderá solidariamente con los demás miembros por
tales irregularidades. Sin el nombramiento del interventor, no podrá funcionar el
Comité Operativo del Proyecto. El costo de la interventoría será a cargo de los
recursos del subsidio y no podrá ser superior al 8% del valor del programa.



                                                                                   314
ARTÍCULO 27. Funciones del Comité Operativo. Son funciones del Comité
Operativo del proyecto las siguientes:

1. Velar para que el proyecto se realice de acuerdo con las especificaciones
técnicas, los cronogramas y los costos previstos.

2. Aprobar cualquier modificación a las características del proyecto previa
sustentación técnica del interventor y del responsable de1 proyecto.

3. Aprobar los programas de trabajo, presupuesto, especificaciones y organización
presentada por los ejecutores, previa sustentación técnica del interventor.

4. Autorizar los pagos y desembolsos originados en los contratos, convenios y
órdenes de trabajo que se produzcan en el desarrollo del proyecto.

5. Evaluar y recomendar los trámites de compras y celebración de contratos
necesarios para la ejecución del proyecto que garanticen la transparencia de los
procesos.

ARTÍCULO 28. Restitución del subsidio familiar de vivienda de interés social rural.
El subsidio familiar de vivienda será restituible al Estado cuando el beneficiario
transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de
haber transcurrido cinco años desde la fecha de su asignación, sin mediar permiso
específico de la entidad otorgante fundamentado en razones de fuerza mayor
definidas por el reglamento, o cuando incumpla con los aportes que se establecen
en el presente decreto.

Sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar, también será restituible
el subsidio si se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los documentos
presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del
subsidio.

El hogar sancionado con la pérdida y restitución del subsidio familiar de vivienda
de interés social rural quedará inhabilitado para presentar nueva solicitud al mismo
por un término de 10 años. Cuando las certificaciones entregadas por la autoridad
municipal competente dirigidas a la asignación de subsidio familiar de vivienda de
interés social rural sean falsas, dará lugar a la exclusión de la familia de la
postulación quedando el hogar con la inhabilidad anteriormente establecida. La
entidad encargada de otorgar el subsidio familiar de vivienda de interés social rural
dará traslado de la denuncia correspondiente a las entidades de control y a la
Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.




                                                                                  315
El subsidio se restituirá en su valor medido en salarios mínimos mensuales legales
en el momento de asignación. No habrá lugar a pérdida y restitución del subsidio
en aquellos casos en que previamente se compruebe la existencia de fuerza mayor
por parte de la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de interés social
rural.

Cuando no se ha entregado el subsidio y un hogar sea excluido, se podrá sustituir
dicho hogar en el proceso de postulación al subsidio familiar de vivienda de interés
social rural, sin afectar en nada la postulación del grupo. Cuando la exclusión se
haga una vez se haya entregado el subsidio, la entidad otorgante no podrá
sustituir dicha familia y se aplicarán las sanciones establecidas; tal exclusión sólo
afectará a la familia y no al grupo postulante.

                                  CAPITULO III

             Del crédito para la vivienda de interés social rural

ARTÍCULO 29. Crédito de finagro para vivienda de interés social rural. El Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, destinará, a través de los
intermediarios financieros, el 20% de todos los recursos provenientes de las
inversiones forzosas a una línea de crédito para la financiación de la vivienda de
Interés Social Rural de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 546
de 1999, con el presente decreto y con las normas que establezca para tal fin la
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

PARÁGRAFO. En los casos establecidos en el parágrafo primero del artículo 32
de la Ley 546 de 1999, el cambio de destinación de los recursos por parte de
Finagro, se realizará en la vigencia inmediatamente siguiente a aquella en que no
fueron utilizados.

ARTÍCULO 30. Beneficiarios del crédito de vivienda de interés social rural. Podrán
acceder a la línea de crédito de Vivienda de Interés Social Rural, las personas
naturales o jurídicas de régimen público o privado que adelanten programas de
vivienda en el sector rural en las condiciones establecidas en el presente decreto.

Igualmente, toda persona que requiera crédito individual para vivienda de interés
social que cumpla con los términos establecidos en el artículo 3° del presente
decreto y siempre y cuando que el proyecto de vivienda se realice en municipios
con población menor a 30.000 habitantes, podrá acceder a la línea de crédito aquí
establecida.

Las entidades territoriales o las instituciones que en nombre de éstas promuevan
proyectos de vivienda de interés social rural de acuerdo con el artículo 11 del
presente decreto, podrán destinar recursos de la línea de crédito de Vivienda de



                                                                                  316
Interés Social Rural a obras complementarias con dichos proyectos en
infraestructura de agua potable, saneamiento básico e infraestructura de servicios
sociales de educación y salud.


ARTÍCULO 31. Procedimientos y condiciones de acceso al crédito. A los recursos
de la línea de crédito de vivienda de interés social rural, se accederá a través del
redescuento de operaciones de crédito presentadas por los intermediarios
financieros. El monto de redescuento para las diferentes operaciones que se
realicen con base en los recursos de la línea de crédito que aquí se establece será
definido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

De acuerdo con el Parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, la tasa de
interés máxima a la que serán entregados los recursos de crédito al usuario final
es de once (11) puntos porcentuales, como interés remuneratorio sobre la UVR.

El monto máximo de crédito individual y el límite para la primera cuota, se
establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 145 de 2000. El plazo
mínimo para créditos individuales será de 5 años.

Los créditos a entidades territoriales y a constructores, se regirán por las normas
aplicables a los créditos línea Finagro.

Finagro realizará las conversiones necesarias entre pesos y UVR, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 146 de 2000.

PARÁGRAFO. Con el objeto de dar cobertura de riesgo a la cartera generada por
la presente línea de crédito, Finagro podrá acceder al Fondo de Reserva para la
Estabilización de la Cartera Hipotecaria establecido en el artículo 48 de la Ley 546
de 1999.

ARTÍCULO 32. Líneas financiables. Se podrán financiar con recursos de esta línea
los créditos de corto y largo plazo para los diversos programas de vivienda de
interés social rural establecidos en el presente decreto, en las condiciones
definidas en la Ley 546 de 1999 y sus decretos reglamentarios.

Adicionalmente, se podrán financiar proyectos complementarios con la vivienda de
interés social rural que promuevan y ejecuten las entidades territoriales.

ARTÍCULO 33. Programas de promoción de la línea de crédito. Finagro destinará
anualmente como mínimo el 0,15% del total de recursos de la línea de crédito aquí
establecida a actividades de promoción de la misma.




                                                                                 317
                                  CAPITULO IV



La oferta de soluciones habitacionales de vivienda de interés social rural

ARTÍCULO 34. Identificación de los planes elegibles al subsidio. Podrán ser
proyectos elegibles al subsidio familiar de vivienda de interés social rural los de
mejoramiento y saneamiento básico, la construcción de vivienda en sitio propio y
la construcción de vivienda nueva. Los proyectos deben ser presentados por
Organizaciones Populares de Vivienda, Organizaciones No Gubernamentales,
entidades solidarias, entidades privadas, Fondos de Vivienda o entidades
territoriales, u otras entidades con personería jurídica vigente que tengan incluida
en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de
interés social para sus asociados, afiliados o vinculados.

ARTÍCULO 35. Condiciones de los proyectos elegibles al subsidio. Los proyectos
elegibles al subsidio deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Certificación sobre la titularidad del derecho de dominio en cabeza de uno de los
miembros del hogar postulante o, en su defecto, en los casos de inmuebles
localizados dentro del perímetro de los municipios, en suelo diferente al clasificado
como urbano, certificación de la Alcaldía donde conste su posesión quieta y
pacífica por un término superior a cinco (5) años, liberando a la entidad otorgante
de responsabilidad ante cualquier proceso que tenga por objeto recuperar la
posesión del bien;

b) Acreditar la disponibilidad inmediata del suministro de agua y saneamiento
básico. Cuando el proyecto incluya conexiones de servicios domiciliarios de agua y
alcantarillado, estas deben ser claramente señaladas en el proyecto;

c) Todo proyecto debe incluir la participación municipal por medio de aportes en
dinero o especie. Cuando el municipio no participe, tales aportes podrán ser
sustituidos con aportes de la comunidad o de la entidad oferente del proyecto;

d) La participación comunitaria deberá ser valorada a costos de mercado e
identificarla como parte de los aportes económicos al proyecto;

e) Todo proyecto contará con un presupuesto de construcción y demás
documentación definida en la metodología para acreditar la viabilidad financiera
del mismo;

f) Acreditar la financiación total del proyecto con base en los aportes de los
beneficiarios, de las entidades participantes, del subsidio y del crédito cuando sea
necesario;


                                                                                  318
g) Licencia de Urbanismo y Construcción en los proyectos de construcción de
vivienda nueva, cuando se requiera;

h) Certificación de no estar en zona de alto riesgo, expedida por la autoridad
competente.

La elegibilidad de proyectos subsidiables será expedida por las entidades
otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural con base en un
manual de evaluación de proyectos, que deberá ser aprobado por la Comisión
Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural.

ARTÍCULO 36. Reglamentación interna de procedimientos. Las entidades
otorgantes del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, deberán modificar en
un plazo no mayor a 90 días hábiles sus procedimientos internos para hacer
efectivo lo dispuesto en el presente decreto.



                                  CAPITULO V

                             Disposiciones finales



ARTÍCULO 37. Responsabilidad institucional de la política de vivienda rural. La
responsabilidad de la política de vivienda rural es del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico. La
evaluación y seguimiento se realizará a través de la Dirección General de Vivienda
del Ministerio de Desarrollo Económico. El Consejo Superior de Vivienda ejercerá
las funciones establecidas en la Ley 546 de 1999 respecto a la vivienda rural. La
Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, ejercerá las funciones
establecidas en este decreto en coordinación con las decisiones del Consejo
Superior de Vivienda.

Las entidades otorgantes del subsidio serán el Banco Agrario de Colombia, con
base en los recursos presupuestales transferidos por el Gobierno Nacional con ese
objetivo y las Cajas de Compensación Familiar con afiliados del sector rural, con
base en los recursos parafiscales destinados a ese fin.

ARTÍCULO 38. Responsabilidad de las entidades otorgantes del subsidio familiar
de vivienda de interés social rural. Las entidades otorgantes del subsidio familiar
de vivienda de interés social rural, tendrán las siguientes responsabilidades:




                                                                                319
a) Administrar, según el caso, los recursos nacionales o parafiscales destinados al
Subsidio Familiar
de Vivienda de Interés Social Rural, para los fines previstos en el presente decreto;

b) Evaluar las postulaciones que realicen los hogares, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el presente decreto;

c) Evaluar los proyectos que presenten las entidades oferentes de acuerdo con los
parámetros del presente decreto;

d) Prestar asistencia técnica en la formulación de los proyectos de vivienda de
interés social rural a las entidades territoriales, las organizaciones populares de
vivienda, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias
y, en general, a las entidades oferentes, en el desarrollo de la política de vivienda
de interés social rural;

e) Evaluar la idoneidad técnica y financiera de las entidades promotoras de
proyectos de vivienda de interés social rural, de acuerdo con lo establecido en el
presente decreto y las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda
de Rural;

f) Realizar los desembolsos de los recursos del subsidio, con base en los
procedimientos del presente decreto;

g) Realizar el seguimiento de recursos y proyectos, de acuerdo con los parámetros
establecidos en la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural;

h) Informar trimestralmente al Ministerio de Desarrollo Económico –Dirección
General de Vivienda– y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –Dirección de
Desarrollo Rural– sobre los avances y realizaciones de la asignación y entrega de
los subsidios de vivienda de interés social rural. El Ministerio de Desarrollo
Económico elaborará un formato para la entrega de dicha información;

i) Entregar y coordinar la información de demanda de subsidio y oferta de
soluciones habitacionales con el Sistema Unificado de Subsidio;

j) Cumplir con las decisiones del Consejo Superior de Vivienda y de la Comisión
Intersectorial de vivienda de interés social rural;

k) Las demás que emanen de la ley y del presente decreto.

ARTÍCULO 39. Los costos de la administración del subsidio familiar de vivienda
de interés social rural. Por administración de los recursos del Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social Rural, las entidades otorgantes podrán destinar hasta el



                                                                                  320
8% de los recursos a este fin. Los costos que excedan tal porcentaje serán con
cargo de la propia entidad otorgante.

Los rendimientos financieros de los recursos destinados al subsidio familiar de
vivienda de interés social rural, cuando los hubieren, se reinvertirán en el
programa.

ARTÍCULO 40. Intervención directa de la entidad otorgante del subsidio en la
ejecución de los proyectos. La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda
de interés social rural, podrá intervenir los proyectos y ejecutarlos directa o
indirectamente, cuando se presente una o varias causas que según su criterio
impidan la normal ejecución de los mismos. La entidad otorgante del subsidio
establecerá las causales para tal intervención por medio de acto administrativo de
su Junta o Consejo Directivo.

ARTÍCULO 41. Disposiciones transitorias. Los proyectos de Vivienda Rural que se
hayan viabilizado, se encuentren en ejecución o hayan sido objeto de la asignación
del subsidio, continuarán su trámite normal, hasta la terminación respectiva, con la
aplicación de las disposiciones vigentes antes de la publicación del presente
decreto.

Los convenios o contratos celebrados con anterioridad al presente decreto, cuyo
objeto sea derivado o conexo a la ejecución del subsidio adjudicado, igualmente se
regirán por las normas vigentes al momento de su celebración.

ARTÍCULO 42. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su
publicación y deroga las disposiciones de igual jerarquía que le sean contrarias, en
especial el Decreto 2154 de 1993.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de junio de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Desarrollo Económico,

JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE.


El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

RODRIGO VILLABA MOSQUERA.




                                                                                 321
                            RESOLUCIÓN 0253

                        DEL 24 DE MAYO DEL 2001

    Por la cual se establecen los cupos indicativos correspondientes al
          setenta por ciento de los recursos del Subsidio Familiar para
                  Vivienda de Interés Social para zonas rurales



                EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO



 En virtud de lo previsto en las Ley 546 de 1999, y en el Decreto 2620 del 18 de
                                 diciembre de 2000


                                CONSIDERANDO



Que el artículo 29 de la Ley 546 de 1999 estableció que, durante los cinco años
siguientes a la vigencia de la ley, se asignará con recursos del presupuesto
nacional una suma anual equivalente a ciento cincuenta mil millones de pesos
($150.000.000.000.oo) expresados en Unidades de Valor Real, con el fin de
destinarlos a subsidio familiar de vivienda de interés social;

Que, de conformidad con lo establecido en dicha ley, el Gobierno Nacional
destinará anualmente el veinte por ciento (20%) de los recursos presupuestales
apropiados para el subsidio a la vivienda de interés social, para atender la
demanda de la población rural;

Que el artículo 27 de la Ley 546 de 1999, señaló que el Gobierno Nacional
establecerá un reglamento para distribuir los recursos nacionales del subsidio
familiar de vivienda, con base en criterios técnicos;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 2620 del 18
de diciembre de 2000, “Para cumplir los requisitos que se describen en el artículo
27 de la Ley 546 de 1999, se requiere identificar las regiones con mayor atraso
relativo, generado por hacinamiento habitacional y calidad de la vivienda, al igual
que aquellas que concentran la mayor cantidad de población. El indicador que
reúne los anteriores factores, es la combinación del Indice de Necesidades Básicas
Insatisfechas -NBI- para vivienda elaborado y certificado por el DANE, y la
distribución de la población correspondiente a la proyección para el año


                                                                                322
inmediatamente anterior certificadas por el DANE; indicador que en adelante se
denominará Indice de Población en Pobreza Relativa”.

Que de conformidad con el parágrafo del artículo 73 del decreto 2620 de 2000,
para la distribución regional de los recursos para el área rural, se aplicarán los
criterios establecidos en dicho artículo, teniendo en cuenta además el Índice de
Ruralidad del Departamento del que se trate, frente a la población total del mismo.

Que según lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 74 del decreto 2620 de
2000, el setenta por ciento (70%) de éstos recursos se distribuirán según los
criterios anteriormente establecidos y el treinta por ciento (30%) restante teniendo
en cuenta dichos criterios y los lineamientos de la política sectorial definida por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 75 del Decreto
2620 de 2000, los cupos indicativos para cada vigencia fiscal, se comunicarán
mediante resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, en los
primeros tres meses de cada año. En lo concerniente a los cupos indicativos del
área rural, deberá contarse con el concepto previo del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Que la ley 628 del 27 de diciembre de 2000, “Por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1°
de enero al 31 de diciembre de 2001”, faculta al Gobierno Nacional para que en el
decreto de liquidación, clasifique y defina los ingresos y gastos.

Que de acuerdo con el decreto 2790 del 29 de diciembre de 2000, en la sección
1701 del artículo 3°, se le destinó a través del intersubsectorial agropecuario un
total de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000) para subsidios directos
para vivienda rural.

Que mediante oficio No. 00183 del 30 de marzo de 2001, suscrito por el Doctor
Rodrigo Villalba Mosquera, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ese Ministerio
conceptúa favorablemente sobre la distribución que contiene ésta resolución.

Que se hace necesario establecer los cupos indicativos correspondientes al setenta
por ciento (70%) de los recursos del Subsidio Familiar para Vivienda de Interés
Social para zonas rurales.

                                     RESUELVE

ARTICULO 1º. CUPOS INDICATIVOS PARA EL AÑO 2001. Con base en los
criterios previstos anteriormente y sin perjuicio de la disponibilidad de
recursos del presupuesto general de la nación para tal fin, durante el año


                                                                                   323
2001, los cupos indicativos de recursos del Subsidio de Vivienda de
Interés Social correspondientes a los sectores rurales de los diferentes
departamentos, son los siguientes:

  Departamento       Cupos Indicativos

Antioquia            2,074,800,000.00
Atlántico              123,900,000.00
Bogotá                           0.00
Bolívar              1,134,000,000.00
Boyacá               1,089,900,000.00
Caldas                 499,800,000.00
Caquetá                638,400,000.00
Cauca                1,455,300,000.00
Cesar                  705,600,000.00
Córdoba              1,719,900,000.00
Cundinamarca         1,113,000,000.00
Choco                  798,000,000.00
Huila                  709,800,000.00
La Guajira             359,100,000.00
Magdalena              982,800,000.00
Meta                   543,900,000.00
Nariño               1,682,100,000.00
Norte de Santander     695,100,000.00
Quindío                123,900,000.00
Risaralda              331,800,000.00
Santander              846,300,000.00
Sucre                  543,900,000.00
Tolima                 846,300,000.00
Valle                  531,300,000.00
Arauca                 428,400,000.00
Casanare               459,900,000.00
Putumayo               562,800,000.00
San Andrés                       0.00
Amazonas                         0.00
Guainía                          0.00
Guaviare                         0.00
Vaupés                           0.00
Vichada                          0.00
 Total Nacional      21,000,000,000.0
                                    0



                                                                     324
PARÁGRAFO. El treinta por ciento (30%) de los recursos restante, que se
distribuirán con base en los criterios anteriormente expuestos y en los lineamientos
de la política sectorial agropecuaria, se destinarán a atender las demandas
surgidas como producto de dichos lineamientos e igualmente se dirigirán a los
proyectos establecidos en las regiones que no tienen asignación específica en los
cupos indicativos de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social
rural. Las postulaciones que se realicen para competir por éstos recursos, deberán
cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 1133 de 2000, en las
mismas condiciones que las demás postulaciones.


ARTICULO 2º. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.


PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los

AGUSTO RAMÍREZ OCAMPO
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO




                              CAPITULO IV


          LEGISLACION ESPECIAL EN CASO DE
               DESASTRES NATURALES

                                  DECRETO 919


                               1 de Mayo de 1989

 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
                de Desastres y se dictan otras disposiciones.




                                                                                 325
                                     DECRETA:

                                    CAPITULO I

                    PLANEACIÓN Y ASPECTOS GENERALES.

ARTÍCULO 1º. SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres está
constituido por el conjunto de entidades públicas y privadas que realizan planes,
programas, proyectos y acciones específicas, para alcanzar los siguientes
objetivos:

a) Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades
públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación,
reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre o de
calamidad;

b) Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención
de las situaciones de desastre o de calamidad;

c) Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos,
técnicos, administrativos, y económicos que sean indispensables para la prevención y
atención de las situaciones de desastre o calamidad.

ARTÍCULO 2º. INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES. Forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres:

1. El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

2. Los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres.

3. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

4. El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

5. El Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres.

6. Los ministerios y departamentos administrativos, en cuanto sus competencias y
funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres
y, en particular, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa Nacional, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de
Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones y el
Departamento Nacional de Planeación.



                                                                                   326
7. Las entidades descentralizadas del orden nacional, en cuanto sus competencias y
funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres
y, en particular, el Instituto Nacional Geológico y Minero, Ingeominas; la Defensa
Civil Colombiana; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras,
Himat; el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema; la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, Telecom; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; el Instituto de Crédito Territorial, ICT; el Instituto
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente,
Inderena; las Corporaciones Autónomas Regionales; y la Sociedad Fiduciaria La
Previsora Limitada, en cuanto administradora del Fondo Nacional de Calamidades.

8. Las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas en cuanto sus
competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y
atención de desastres y calamidades.

9. La sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana.

10. Las entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación
con las actividades de prevención y atención de desastres y calamidades.



ARTÍCULO 3º. PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por
el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado
mediante decreto del Gobierno Nacional.

El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de
carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre
otros, a los siguientes aspectos:

a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en
relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas;

b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional;

c) La educación, capacitación y participación comunitaria;

d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y
local;

e) La coordinación interinstitucional e intersectorial;



                                                                                      327
f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios;

g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de
prevención y atención.

ARTÍCULO 4º. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN. Todas las entidades y
organismos a los cuales la Oficina Nacional para la Atención de Desastres solicite
colaboración a fin de elaborar y ejecutar el plan a que se refiere el artículo
precedente, estarán obligados a prestarla dentro del ámbito de su competencia. La
renuencia o retraso en la prestación de la colaboración será causal de mala conducta
del funcionario o empleado responsable y será sancionable con destitución.

Así mismo, las entidades privadas deberán colaborar en las solicitudes que les eleve
la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

PARÁGRAFO. Para los efectos de lo previsto en este artículo cada Ministerio,
Departamento Administrativo, las entidades territoriales y descentralizadas o las
personas jurídicas de que trata esta norma deberán designar la dependencia y/o
persona a quien se le confiere específicamente la responsabilidad de realizar las
actividades indispensables para asegurar su participación en la elaboración y
ejecución del plan.

ARTÍCULO 5º. PLANEACIÓN REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. Los
organismos de planeación del orden territorial, tendrán en cuenta las orientaciones y
directrices señaladas en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia, en
especial en lo que hace relación a los planes de desarrollo regional de que trata la
Ley 76 de 1985, los planes y programas de desarrollo departamental de que trata el
Decreto 1222 de 1986 y los planes de desarrollo municipal regulados por el Decreto
1333 de 1986 y las demás disposiciones que las reglamentan o complementan.

ARTÍCULO 6º. EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LOS PLANES
DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Todas las entidades
territoriales tendrán en cuenta en sus planes de desarrollo, el componente de
prevención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el
ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos, así como
las apropiaciones que sean indispensables para el efecto en los presupuestos
anuales. Cuando sobre estas materias se hayan previsto normas en los planes de
contingencia, de orientación para la atención inmediata de emergencias y en los
planes preventivos del orden nacional, regional o local, se entenderá que forman
parte de los planes de desarrollo y que modifican o adicionan su contenido.




                                                                                  328
PARÁGRAFO 1º Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, todas las
entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y
elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano,
incluirán en los contratos respectivos la obligación de considerar el componente de
prevención de riesgos y las disposiciones de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 2º A fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en este artículo,
las entidades territoriales crearán en las oficinas de planeación o en las que hagan
sus veces, dependencias o cargos técnicos encargados de preparar el componente de
prevención de los planes de desarrollo.

ARTÍCULO 7º. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. Corresponde a la Oficina
Nacional para la Atención de Desastres, organizar y mantener un sistema integrado
de información que permita conocer y ubicar territorialmente los riesgos existentes
en el país, así como los correspondientes análisis de vulnerabilidad. Para estos
efectos, el Gobierno Nacional dispondrá que las entidades correspondientes
establezcan los sistemas y equipos necesarios para detectar, medir, evaluar,
controlar, transmitir y comunicar las informaciones, así como realizar las acciones a
que haya lugar.

ARTÍCULO 8º. ANALISIS DE VULNERABILIDAD. Para los efectos del Sistema
Integrado de Información, todas las entidades públicas o privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que
desarrollen actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o
de alto riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres, deberán realizar análisis de vulnerabilidad, que contemplen y
determinen la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas de
jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus
actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para
atenderlos.

ARTÍCULO 9º. MEDIDAS DE PROTECCION. Todas las entidades a que se refiere el
artículo precedente, deberán tornar las medidas de protección aplicables como
resultado del análisis de vulnerabilidad. La Oficina Nacional para la Atención de
Desastres fijará los plazos y las condiciones mínimas de protección.

ARTÍCULO 10. SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN. La Oficina Nacional para
la Atención de Desastres señalará orientaciones y criterios sobre los sistemas y
equipos de información que deben utilizarse para el diagnóstico y la prevención de
los riesgos y, en especial, los métodos de medición de variables, los procedimientos
de análisis y recopilación de datos, y los demás factores que aseguren uniformidad.

ARTÍCULO 11. PLANEAMIENTO DE OPERACIONES EN CASO DE SITUACIONES DE
DESASTRE. Las entidades o personas obligadas a realizar análisis de vulnerabilidad



                                                                                   329
deberán participar en las operaciones en caso de situaciones de desastre, conforme a
los planes específicos de acción, y de acuerdo con la naturaleza de su objeto y
funciones, y su área de jurisdicción o influencia.

ARTÍCULO 12. ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO DE OPERACIONES EN CASO DE
SITUACIONES DE DESASTRE. En el planeamiento de las operaciones en caso de
situaciones de desastre se tendrán en cuenta, principalmente, los siguientes
aspectos:

a) Tipos de desastre.
b) Autoridades responsables.
c) Funciones de las entidades, organismos y personas.
d) Identificación de la amenaza, es decir de la probabilidad de que ocurra un
desastre en un momento y en un lugar determinados.
e) Análisis de la vulnerabilidad de la población, los bienes y el medio ambiente
amenazados, o sea la determinación de la magnitud en que son susceptibles de ser
afectados por las amenazas.
f) Evaluación del riesgo, mediante la relación que se establezca entre amenaza y
condiciones de vulnerabilidad.
g) Preparación de planes de contingencia.
h) Formulación de programas de educación y capacitación con participación
comunitaria.
i) Inclusión de la dimensión de prevención en los planes de desarrollo.
j) Provisión de suministros.
k) Lugares utilizables durante el desastre y formas de utilización.
l) Los demás que señale la Oficina Nacional para la Atención de desastres.

ARTÍCULO 13. PLANES DE CONTINGENCIA. El Comité Técnico Nacional y los
Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el
caso, elaborarán, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia
para facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres
probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres
preparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de contingencia.

ARTÍCULO 14. ASPECTOS SANITARIOS DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA. El
Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para
planes de contingencia en los aspectos de orden sanitaria, bajo la vigilancia y control
del Comité Técnico Nacional.

ARTÍCULO 15. SISTEMAS DE ALARMA Y DE COMUNICACIONES. Los sistemas de
alarma que se utilicen como mecanismos de información para desastres y
calamidades, cumplirán las orientaciones sobre normas y requisitos que decida
impartir la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.




                                                                                    330
La utilización de los sistemas y medios de comunicación en caso de desastres y
calamidades se regirá por las reglamentaciones que para el efecto dicte el Ministerio
de Comunicaciones.

ARTÍCULO 16. ASPECTOS PRIORITARIOS DE LA PREVENCIÓN. Los planes y
actividades de prevención de desastres y calamidades otorgarán prioridad a la salud
y al saneamiento ambiental.

ARTÍCULO 17. PRIMEROS AUXILIOS. Los primeros auxilios en situaciones de
desastre deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación
y control de las entidades y organismos del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.

                                   CAPITULO II

               REGIMEN DE LAS SITUACIONES DE DESASTRE.

ARTÍCULO 18. DEFINICIÓN DE DESASTRE. Para efectos del presente estatuto, se
entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones
normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos
naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental,
que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras
entidades de carácter humanitario o de servicio social.

ARTÍCULO 19. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE. El Presidente de la
República declarará mediante Decreto y previo concepto del Comité Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, la existencia de una situación de desastre, y en
el mismo acto la clasificará según su magnitud y efectos, como de carácter nacional,
departamental, intendencial, comisarial, distrital o municipal.

La declaratoria de una situación de desastre podrá producirse hasta tres (3) meses
después de haber ocurrido los hechos que la constituyen. De igual manera,
mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, el
Presidente de la República podrá modificar la calificación que le haya dado a la
situación de desastre y las disposiciones del régimen especial que pueden ser
aplicadas.

Producida la declaratoria de situación de desastre se aplicarán las normas pertinentes
propias del régimen especial para situaciones de desastre, que el Decreto ordene y
específicamente determine. Las autoridades administrativas, según el caso, ejercerán
las competencias que legalmente les correspondan y, en particular, las previstas en
las normas del régimen especial que se determinen, hasta tanto se disponga que ha
retornado la normalidad.




                                                                                   331
ARTÍCULO 20. PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES.
Declarada una situación de desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres procederá a elaborar, con base en el plan nacional, un plan de
acción específico para el manejo de la situación de desastre declarada, que será de
obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban
contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria, o
en los que lo modifiquen. Cuando se trate de situaciones calificadas como
departamentales, intendenciales, comisariales, distritales o municipales, el plan de
acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional
o Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de
declaratoria o en los que lo modifiquen, y con las instrucciones que impartan el
Comité Nacional, los Comités Técnico y Operativo Nacionales y la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres.

ARTÍCULO 21. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL. La dirección,
coordinación y control de todas las actividades administrativas y operativas que sean
indispensables para atender la situación de desastre, corresponderán a la Oficina
Nacional para la Atención de Desastres, de acuerdo con las orientaciones que señale
el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, si la situación ha sido
calificada como nacional, o al Gobernador, Intendente, Comisario, Alcalde del Distrito
Especial de Bogotá o Alcalde Municipal, con la asesoría y orientación del respectivo
Comité Regional o Local para la Prevención y Atención de Desastres, según la
calificación hecha, y contando con el apoyo del Comité Nacional y la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres.

PARÁGRAFO. Cuando una situación de desastre sea calificada como regional, las
actividades y operaciones de los Comités Locales y de las autoridades municipales, se
subordinarán a la dirección, coordinación y control del Gobernador, Intendente o
Comisario, en desarrollo de las directrices trazadas por el respectivo Comité Regional.

ARTÍCULO 22. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DURANTE
LA SITUACIDN DE DESASTRE. En el mismo decreto que declare la situación de
desastre, se señalarán, según su naturaleza, las entidades y organismos que estarán
obligados a participar en la ejecución del plan específico, las labores que deberán
desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por
parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y
modalidades de participación de las entidades y personas privadas y los mecanismos
para que se sometan a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o
funcionario competente.

ARTÍCULO 23. DECLARATORIA DE RETORNO A LA NORMALIDAD. El Presidente de
la República, oído el concepto del Comité Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la
normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo decreto que continuarán



                                                                                    332
aplicándose, total o parcialmente, las mismas normas especiales de que trata el
artículo 19, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación, reconstrucción y
desarrollo.

Durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo podrán variarse,
mediante Decreto del Gobierno Nacional, las normas especiales que sean aplicables.

ARTÍCULO 24. REGIMEN NORMATIVO ESPECIAL PARA SITUACIONES DE
DESASTRE. Declarada una situación de desastre conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de este estatuto, en el mismo Decreto se determinará, de acuerdo con su
carácter, magnitud y efectos, las normas legales aplicables en materia de contratos,
control fiscal de recursos, adquisición y expropiación, ocupación y demolición,
imposición de servidumbres, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de
deudas, incentivos de diverso orden para la rehabilitación, la reconstrucción y el
desarrollo, administración y destinación de donaciones, y autorización, control,
vigilancia e inversión de los bienes donados, de que tratan los artículos
subsiguientes, que específicamente se elijan y precisen.

Los órganos competentes de las entidades territoriales dictarán, igualmente, las
disposiciones especiales que deban regir en caso de que sea declarada una situación
de desastre nacional, regional o local.

PARÁGRAFO. Mediante la declaratoria de retorno a la normalidad de que trata el
artículo 23 de este estatuto, se podrá disponer que continúen aplicándose las mismas
normas, o algunas de ellas, de que trata el presente artículo y que se hayan
determinado en el decreto de declaratoria o en los que lo hayan modificado, durante
cierto tiempo en las fases posteriores de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.


                                    SECCION I

                                   CONTRATOS.

ARTÍCULO 25. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. Salvo lo dispuesto sobre contratos
de empréstito en el artículo siguiente, la Nación y sus entidades descentralizadas
podrán celebrar contratos con personas o entidades privadas o públicas, cuyo
objeto tenga inmediata relación con la atención de la situación de desastre
declarada, previa autorización dada para cada caso, proyecto o programa, por el
Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el organismo o
entidad en el cual ella delegue esta función, sujetándose únicamente a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares.
Sin embargo, en ellos deberán pactarse las cláusulas obligatorias previstas en el
Decreto extraordinario 222 de 1983 o en las normas que lo modifiquen, adicionen




                                                                                   333
o reformen y la sujeción de los pagos a las apropiaciones presupuestales, así como
llevarse a cabo el registro presupuestal y la publicación en el DIARIO OFICIAL.

Para garantizar la debida ejecución de tales contratos, las juntas o consejos
directivos de las entidades descentralizadas del orden nacional podrán autorizar
traslados presupuestales con cargo a sus recursos propios e informarán de ello al
Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación.

Los órganos competentes de las entidades territoriales regularán en qué forma y bajo
que condiciones, ellas mismas o sus entidades descentralizadas podrán celebrar
contratos cuyo objeto tenga inmediata relación con la atención de las situaciones de
desastre declaradas.

ARTÍCULO 26. CONTRATACIÓN DE EMPRESTITOS POR PARTE DE LA NACIÓN. Los
contratos de empréstito externo o interno que requiera celebrar la Nación para
atender la situación de desastre declarada, sólo necesitarán para su celebración y
validez, el concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES, y las firmas del representante de la entidad prestamista y del Presidente de
la República, quien podrá delegar la correspondiente suscripción en los Ministros o
Jefes de Departamento Administrativo.



ARTÍCULO 27. CONTRATACIÓN DE EMPRESTITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL. Los contratos de empréstito que
requieran celebrar las entidades descentralizadas del orden nacional, para atender la
situación de desastre declarada, a los cuales se les aplica ordinariamente el régimen
del Decreto extraordinario 222 de 1983, requerirán para su celebración y validez lo
siguiente:

A. EMPRESTITOS EXTERNOS.

1. Autorización previa a la entidad contratante para Iniciar gestiones otorgada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Solicitud presentada a través del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo,
al cual esté adscrita o vinculada la entidad;

b) Autorización al representante legal de la entidad, expedida por el organismo
competente;

c) Concepto favorable de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.




                                                                                   334
2. El empréstito gestionado podrá celebrarse con base en la minuta aprobada para
tales fines por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de
Crédito Público, previa autorización al representante legal para celebrar el contrato
expedida por el organismo competente. El contrato sólo será válido y podrá
ejecutarse si las condiciones financieras pactadas están comprendidas dentro de la
autorización otorgada para su gestión.

B. EMPRESTITOS INTERNOS.

1. Autorización previa a la entidad para celebrar el contrato, otorgada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución, previo el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) Solicitud presentada a través del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo
al cual esté adscrita o vinculada la entidad;

b) Autorización al representante legal de la entidad contratante para contratar y
otorgar las garantías, expedida por el organismo competente;

c) Concepto favorable de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;

d) Carta de intención de la entidad prestamista;

e) Certificado de libertad de las garantías ofrecidas expedido por la autoridad
competente.

2. El empréstito gestionado podrá celebrarse con base en la minuta aprobada para
tales fines por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de
Crédito Público, previa autorización al representante legal para celebrar el contrato
expedida por el organismo competente. El contrato sólo será válido y podrá
ejecutarse si las condiciones financieras pactadas están comprendidas dentro de la
autorización otorgada para su celebración.

Cuando se trate de emisiones de bonos u otros documentos de deuda pública
interna, además de los requisitos señalados en las letras a), b) y c) del punto 1, sólo
se requerirá el esquema o proyecto de la emisión.

PARÁGRAFO. Cuando los contratos de empréstito a que se refiere este artículo
sean con garantía de la Nación, se requerirá, además, el cumplimiento de las
siguientes formalidades:

a) Concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES.




                                                                                    335
b) Firma del Presidente de la República, quien podrá delegar la suscripción en el
Ministro o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente.

ARTÍCULO 28. PERIECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE EMPRESTITO. Los
contratos de empréstito de que tratan los artículos precedentes se perfeccionarán
mediante su publicación en el DIARIO OFICIAL, requisito que se entiende cumplido
en la fecha de pago de los derechos correspondientes o de la orden de publicación
impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de
Crédito Público.

ARTÍCULO 29. CONTRATOS DE EMPRESTITO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Los órganos competentes de las entidades
territoriales regularán el régimen especial que puede aplicarse para la contratación de
empréstitos externos o internos por parte de ellas o de sus entidades
descentralizadas, en caso de declaratoria de desastre nacional, regional o local, pero
en caso de empréstitos externos se aplicará en todo caso el procedimiento señalado
para las entidades descentralizadas del orden nacional en el artículo 27 de este
Decreto.




                                    SECCION II

          OCUPACIÓN TEMPORAL Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLES.

ARTÍCULO 30. OBLIGACIÓN DE PERMITIR LA OCUPACIÓN. En desarrollo del
principio constitucional de la función social de la propiedad, los propietarios,
poseedores y tenedores de inmuebles, predios y mejoras en las áreas geográficas
determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, están obligados a
permitir la ocupación temporal de los mismos, por parte de cualquier entidad pública,
cuando ello fuere necesario para atender la situación de desastre.

En todo caso, la entidad pública requerirá para el efecto autorización previa dada
por la Oficina Nacional de Atención de Desastres, o por el Presidente del Comité
Regional o Local, según sea el carácter de la situación de desastre declarada. La
ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente
indispensables y causar el menor daño posible.

ARTÍCULO 31. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE LA OCUPACION. La
ocupación temporal de inmuebles, predios y mejoras se regirá por las siguientes
reglas:




                                                                                    336
1. La entidad pública respectiva comunicará por escrito al propietario o poseedor del
inmueble la necesidad de la ocupación temporal, la extensión requerida y el tiempo
probable de duración de la misma, así como la estimación del valor de los perjuicios
que probablemente se causarán y que ofrece pagar. La comunicación se dirigirá, si
es posible, a la dirección conocida del propietario o poseedor y, en todo caso, se
fijará en lugar público de la Alcaldía municipal del lugar por el término de tres días.
Contra la comunicación no procederá recurso alguno por la vía gubernativa.

2. En la misma comunicación se indicará al propietario o poseedor el plazo para
manifestar si consiente en la ocupación y acepta el valor estimado de los perjuicios, o
si por la urgencia del caso la ocupación se efectuará en forma inmediata.

3. Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no hubiere
acuerdo sobre el valor estimado de los perjuicios que se causarán, dentro del plazo
señalado en la comunicación se procederá a llevar a cabo la ocupación, con el
concurso de las autoridades de policía.

4. Cuando se haya advertido en la comunicación escrita que por la urgencia del caso
la ocupación se efectuará en forma inmediata, el interesado podrá igualmente
consentir en ella y aceptar el valor de la estimación de los perjuicios con
posterioridad a la ocupación.

5. Los propietarios o poseedores afectados por la ocupación temporal, que no
consientan expresamente en ella o que habiéndola aceptado y convenido con la
entidad pública el pago del valor de los perjuicios, consideren que la estimación del
valor del daño fue insuficiente, podrán ejercer en todo caso las acciones contencioso-
administrativas a que haya lugar, dentro del término previsto en el Código
Contencioso Administrativo, contado a partir de la fecha en que concluya la
ocupación temporal. Las mismas acciones serán procedentes cuando en la
comunicación escrita se haya advertido que la ocupación se efectuará en forma
inmediata.

6. La ocupación temporal de inmuebles en ningún caso podrá ser superior a un (1)
año. Por consiguiente, transcurrido un año sin que la ocupación haya terminado el
propietario o poseedor podrá iniciar, dentro del término previsto en el Código
Contencioso Administrativo, acción contencioso-administrativa para demandar la
restitución del bien y la reparación del daño causado.

7. Las autoridades de policía prestarán todo su concurso a las entidades públicas que
requieran ocupar temporalmente bienes inmuebles, para lo cual podrán desalojar
físicamente a quienes se encontraren en los inmuebles y trasladar sus pertenencias a
otro lugar. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las autoridades de
policía configura el delito de prevaricato por omisión previsto en el Código Penal.




                                                                                    337
8. En virtud de la orden de ocupación terminarán todos los contratos de tenencia
precaria que se hayan celebrado sobre el inmueble.

Los tenedores estarán obligados, igualmente, a cumplir la orden de ocupación
temporal.

PARÁGRAFO. La competencia para adelantar el procedimiento de que trata este
artículo podrá ser delegada por la entidad pública respectiva en cualquier otra
entidad del mismo carácter.

ARTÍCULO 32. ORDEN DE DEMOLICIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 11 y 216 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), los alcaldes
que los municipios comprendidos dentro de las áreas geográficas determinadas en la
declaratoria de una situación de desastre, podrán ordenar la demolición de toda
edificación que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la
seguridad o salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas.

La orden será impartida mediante resolución motivada que será notificada al dueño,
o al poseedor y al tenedor del respectivo inmueble, dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de su expedición. Copia de la resolución a que hace referencia
el inciso anterior será fijada por el mismo término en el inmueble cuya demolición se
ordene, fijación, que suplirá la notificación personal si ella no puede realizarse.

Contra la resolución que ordene la demolición de un inmueble sólo cabe el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de notificación personal o de conclusión del término de fijación de la resolución
en el inmueble, y se resolverá de plano por el alcalde respectivo.

En casos de especial urgencia la resolución que ordene la demolición podrá advertir
expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual no se
procederá la notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se
fijará en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho
de la alcaldía respectiva. El interesado podrá ejercer las acciones contencioso-
administrativas a que haya lugar dentro del término previsto en el Código
Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la
demolición.

ARTÍCULO 33. EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN. Ejecutoriada la resolución que
ordene la demolición por haberse decidido negativamente el recurso de reposición o
por haber transcurrido el lapso legal sin que el recurso se hubiere interpuesto, se
procederá a la inmediata demolición del inmueble.




                                                                                    338
Cuando por circunstancias de especial urgencia se haya prescindido del régimen de
notificación y recursos en la vía gubernativa, la autoridad podrá proceder a la
demolición en forma inmediata.

PARÁGRAFO. La competencia para ordenar y ejecutar la demolición de que trata el
presente artículo y el precedente, podrá ser delegada por los alcaldes municipales en
cualquiera otra autoridad pública municipal.

ARTÍCULO 34. ESTUDIOS SOBRE LOCALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y EDIFICACIONES. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres o los Comités
Regionales Locales, según sea el caso promoverán la realización de estudios por
parte de las entidades Públicas correspondientes, tendientes a determinar las áreas
de la zona a que se refiere la declaratoria de una situación de desastres en las cuales
no se deben ubicar asentamientos humanos ni construir edificaciones, por razones
ambientales de peligro o de riesgo.

Con base en estos estudios los alcaldes municipales ordenarán la reubicación de las
comunidades dentro de plazos prudenciales, vencidos los cuales ordenarán las
demoliciones a que haya lugar, con arreglo a los procedimientos legales pertinentes.




                                                                                    339
                                    SECCION III



    IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

ARTÍCULO 35. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES. Los predios de propiedad
particular en las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una
situación de desastre, deberán soportar todas las servidumbres legales que sean
necesarias para la realización de todas las acciones, procesos y obras por parte de
las entidades públicas.

La imposición de las servidumbres se hará mediante acto administrativo motivado, en
el cual se fijará el valor de la indemnización correspondiente, y se notificará en forma
ordinaria al propietario o poseedor del inmueble, quien podrá interponer solamente
recurso de reposición. El acto de imposición de la servidumbre podrá ejecutarse
aunque no se haya efectuado la notificación o no se haya aún ejecutoriado el acto.
Contra el acto procederán las acciones contencioso administrativas correspondientes.

ARTÍCULO 36. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO. Conocerán de los procesos
referentes a conflictos entre particulares relativos a servidumbres, medianería,
propiedad horizontal, contratos de ejecución de obras, arrendamiento y los demás
que se relacionen con las actividades que haya que desarrollar en razón de la
situación de desastre declarada, los jueces municipales del respectivo municipio,
conforme al procedimiento verbal previsto en los artículos 443 a 448, inclusive, del
Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones:

1. La fecha de la audiencia a que se refiere el inciso 1º del artículo 445 del Código de
Procedimiento Civil, deberá tener lugar a más tardar dentro de los tres (3) días
siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda.

2. El aplazamiento de la audiencia a que se refiere el numeral 1º del artículo 445 del
Código de Procedimiento Civil, no podrá extenderse a más de tres (3) días hábiles.

3. La nueva audiencia a que se refiere el numeral 6º del artículo 445 del Código de
Procedimiento Civil, no podrá tener lugar, si fuere el caso, después de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecha de aquella en que así se dispuso.

4. En ningún caso la totalidad de las audiencias propias del proceso, podrán tener
lugar en más de cinco (5) sesiones, incluida la prórroga a que se refieren los
numerales 6º, 7º y 8º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

5. El incumplimiento de los términos por parte de los funcionarios judiciales, en estos
procesos, será causal de mala conducta.



                                                                                    340
                                    SECCION IV

                       ADQUISICION Y EXPROPIACIÓN.

ARTÍCULO 37. ENTIDADES AUTORIZADAS PARA ADQUIRIR O EXPROPIAR.
Declarada una situación de desastre conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de este
Decreto y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad, la Nación a través de
cualquiera de sus ministerios o departamentos administrativos, las entidades
territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo,
previamente autorizadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o por
el Presidente del Comité Regional o Local, según se trate de un desastre calificado
como nacional, regional o local, respectivamente, podrán adquirir total o
parcialmente los inmuebles que sean indispensables para adelantar el plan de acción
específico para la atención del desastres por negociación directa con los propietarios
o mediante el procedimiento de expropiación.

ARTÍCULO 38. NEGOCIACIÓN DIRECTA. En caso de negociación directa las
entidades públicas aplicarán las normas previstas en el Capítulo VIII del Título VIII
del Decreto extraordinario 222 de 1983, pero el precio máximo de adquisición será el
que determine un avalúo comercial especial practicado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.

En caso de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no practique el avalúo dentro
de los diez (10) días calendario siguientes a la solicitud, el precio máximo de
adquisición será el determinado mediante avalúo efectuado por la respectiva entidad
pública adquirente.

PARÁGRAFO. El avalúo a que se refiere este artículo se practicará, teniendo
exclusivamente en cuenta los factores y variables correspondientes a la época
anterior a la declaratoria de la situación de desastre.

ARTÍCULO 39. EXPROPIACIÓN. Si en un término prudencial, calificado por la
Oficina Nacional para Atención de Desastres, o por el Comité Regional o Local para la
Prevención y Atención de Desastres, según el carácter de la situación de desastre
declarada, no se puede llevar a cabo la negociación directa, la entidad pública
correspondiente podrá decretar la expropiación del inmueble y promover el proceso
correspondiente, que se surtirá conforme a los artículos 451 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, pero la entidad demandante tendrá derecho solicitar al juez
que en el auto admisorio de la demanda se ordene la entrega anticipada del
inmueble cuya expropiación se demanda, siempre y cuando se acredite haber
consignado a órdenes del respectivo juzgado una suma equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del avalúo practicado para los efectos de la negociación directa.




                                                                                   341
Contra el auto admisorio de la demanda y las demás providencias que dicte el juez
dentro del proceso de expropiación, excepto la sentencia, sólo procederá el recurso
de reposición.

PARÁGRAFO. La resolución de expropiación se notificará personalmente al
propietario dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su expedición. Si no
pudiere efectuarse la notificación personal, se notificará por edicto, el cual será fijado
el día hábil siguiente en un lugar visible de la sede de la entidad y en la de la alcaldía
del lugar de ubicación del inmueble. El edicto será desfijado dos días hábiles
después.

Contra la Resolución que ordene la expropiación sólo procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
su notificación. La presentación del recurso no suspenderá los efectos de la
resolución de expropiación. Transcurrido un mes sin que se hubiere resuelto el
recurso se entenderá negado.

ARTÍCULO 40. DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL. Para
todos los efectos relativos al procedimiento de expropiación de que trata este
Decreto entiéndese que existen motivos de utilidad pública e interés social para la
adquisición mediante expropiación de todos los bienes indispensables para la
ejecución de los planes de acción específicos para la atención de situaciones de
desastre administrativamente declaradas.

                                      SECCION V

                    MORATORIA O REFINANCIACIÓN DE DEUDAS.

ARTÍCULO 41. REFINANCIACIÓN. Las entidades públicas del orden nacional,
adoptarán los programas de refinanciación de las obligaciones que tengan
contraídas con ellos las personas afectadas por la situación de desastre que haya
sido declarada, dispuestos en las normas que para el efecto se dicten, que podrán
consistir, entre otras, en las siguientes reglas:

1. La refinanciación se aplicará únicamente para las obligaciones contraídas antes de
la fecha de ocurrencia de la situación de desastre.

2. El nuevo plazo no podrá ser superior al doble del plazo pendiente, ni exceder de
veinte años.

3. Las condiciones de las obligaciones refinanciadas no podrán ser más gravosas que
las originales.




                                                                                      342
4. La solicitud deberá ser presentada por el deudor antes de los plazos que
determine la autoridad competente.

5. No habrá lugar a intereses moratorios durante el lapso comprendido entre la
fecha de declaratoria del desastre y aquella en que se perfeccione la
renegociación.

6. La refinanciación no implica novación de las correspondientes obligaciones y, por
consiguiente, no se requerirá formalidad alguna para que se opere la renovación de
garantías hipotecarias o prendarias existentes, ni para que subsista la responsabilidad
de los codeudores, subsidiarios o solidarios y de los fiadores, según los casos.

7. Si se trata de créditos de amortización gradual y el nuevo plazo implica variaciones
en las cuotas periódicas, se suscribirán las respectivas adiciones en los mismos
documentos en que consten las obligaciones, sin perjuicio de que se opte por otorgar
nuevos documentos.

ARTÍCULO 42. SUSPENSIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS. Durante los primeros
seis (6) meses contados desde la declaratoria de la situación de desastre, los
procesos de ejecución singular, mixtos o con título hipotecario o prendario,
entablados por las entidades de que trata el artículo anterior contra personas
afectadas por el desastre, por obligaciones contraídas antes de la fecha en que
ocurrió la situación de desastre declarada, se suspenderán hasta por seis (6) meses
si así lo solicita el deudor, desde el momento en que adquiera firmeza el auto que
disponga el remate de bienes debidamente embargados, secuestrados y avaluados, o
antes de efectuar la nueva subasta, en el evento en que aquella providencia ya se
hubiere dictado.

La solicitud de suspensión se presentará con las pruebas necesarias para que el juez
pueda resolver con suficiente conocimiento de causa. Ejecutoriada la providencia
que decrete la suspensión, se producirán los efectos señalados por los artículos 168 y
171 del Código de Procedimiento Civil.

Si el deudor hiciere uso del derecho que por el presente artículo se le otorga y
hubiere bienes embargados que producen frutos, rendimientos o beneficios de
cualquier clase, podrá el juez, sin perjuicio de la suspensión decretada, disponer que
esos productos se vayan entregando al ejecutante para imputarlos a la obligación
cobrada.

ARTÍCULO 43. INAPLICABILIDAD DEL REGIMEN SOBRE FINANCIACION Y JUICIOS
EJECUTIVOS. El régimen de que tratan los dos artículos precedentes no tendrá
aplicación respecto de obligaciones existentes a favor de la Nación, de los
Departamentos, las Intendencias, Comisarías, los Municipios y el Distrito Especial de
Bogotá y a cargo de los deudores o de los responsables de sus respectivos tesoros,



                                                                                    343
por concepto de impuestos y contribuciones, así como tampoco respecto de los
procesos de ejecución por jurisdicción coactiva que adelanten por el mismo concepto
las entidades territoriales enumeradas.

ARTÍCULO 44. AFECTADOS. Para los efectos previstos en los artículos 41 y 42 del
presente Decreto, entiéndese por afectados los usuarios de crédito contraído antes
de la declaratoria de la situación de desastre, para adelantar cualquier tipo de
actividades en la zona o área de influencia de la situación de desastre. Todas las
condiciones y modalidades de la renegociación se establecerán en las normas que
para el efecto se dicten, y se aplicarán previo estudio de cada caso, teniendo en
cuenta la naturaleza y cuantía de las respectivas obligaciones, conforme al
reglamento que para ese fin debe dictar la entidad acreedora.
La condición de afectado será reconocida por la misma entidad acreedora o por el
juez, según el caso.

                                   SECCION VI



                                CONTROL FISCAL.

ARTÍCULO 45. CONTROL FISCAL POSTERIOR. Todas las operaciones de gasto
realizadas por la Nación o por las entidades descentralizadas del orden Nacional a
partir de la declaratoria de una situación de desastre y mientras no se haya
dispuesto la declaratoria de retorno a la normalidad, que tengan relación con el
cumplimiento del plan de acción específico para la atención del desastre, se
someterán únicamente a control fiscal posterior.

                                  SECCION VII



                                  DONACIONES.

ARTÍCULO 46. DESTINACION Y ADMINISTRACION. Los bienes de cualquier
naturaleza donados a entidades públicas para atender una situación de desastre
declarada se destinarán, en cuanto sea posible, conforme a lo dispuesto en el plan de
acción específico. La administración de los bienes donados corresponderá a la
entidad administradora del Fondo Nacional de Calamidades, para lo cual se contará
con la colaboración de la Oficina Nacional de Atención de Desastres o el Comité
Regional o Local, según el carácter de la situación de desastre declarada.

ARTÍCULO 47. CONTROL Y VIGILANCIA. Corresponde a la Oficina Nacional de
Atención de Desastres o el Comité Regional o Local, según el carácter de la situación



                                                                                  344
de desastre declarada, ejercer control y vigilancia de la destinación y buena
administración de los bienes donados, sin perjuicio del control fiscal correspondiente.

                                   CAPITULO III

                   SITUACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA.

ARTÍCULO 48. SITUACIONES DE CALAMIDAD. Todas las situaciones que no
revistan las características de gravedad de que trata el artículo 18 de este Decreto,
producidas por las mismas causas allí señaladas, se considerarán como situaciones
de calamidad pública, cuya ocurrencia será declarada por la Oficina Nacional de
Atención de Desastres mediante acto administrativo en el cual se determinará si su
carácter es nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital o municipal.

ARTÍCULO 49. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE SITUACION DE CALAMIDAD.
Declarada una situación de calamidad, se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las
disposiciones previstas en los artículos 20, 21 y 22 sobre plan de acción específico;
dirección, coordinación y control; y participación de entidades públicas y privadas
durante la situación de calamidad.

ARTÍCULO 50. DECLARATORIA DE RETORNO A LA NORMALIDAD. El Jefe de la
Oficina de Atención de Desastres o el Presidente del Comité Regional o Local, según
se trate de una situación de calamidad declarada del orden nacional, regional o local,
dispondrá cuando así lo considere conveniente el retorno a la normalidad, pero podrá
disponer cómo continuarán participando las entidades públicas y privadas durante las
fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.

ARTÍCULO 51. MODIFICACIÓN DE LA DECLARATORIA. Declarada una situación de
calamidad, podrá ser modificada dentro de los tres (3) meses siguientes para
calificarla como situación de desastre, mediante Decreto del Presidente de la
República conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de este Decreto.

ARTÍCULO 52. REGIMEN PARA SITUACIONES DE DESASTRE O CALAMIDAD DE
LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Independientemente del régimen previsto en este
Decreto, los órganos competentes de las entidades territoriales podrán adoptar un
régimen propio sobre situaciones de desastre o calamidad en sus respectivos
territorios.




                                                                                    345
                                    CAPITULO IV

                         ASPECTOS INSTITUCIONALES.

ARTÍCULO 53. COMITÉ NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE
DESASTRES. El Comité Nacional para la Atención y Prevención de desastres estará
integrado de la siguiente manera:

a) El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá.

b) Los Ministros de Gobierno, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Salud,
Comunicaciones y Obras Públicas y Transporte.

c) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación.

d) Los Directores de la Defensa Civil y de la Cruz Roja Nacional.

e) El Jefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, y

f) Los representantes del Presidente de la República, escogidos de las asociaciones
gremiales, profesionales o comunitarias.

PARÁGRAFO. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo,
conforman el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, podrán
delegar su asistencia únicamente en los Viceministros o en los Secretarios Generales
de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministro de Defensa Nacional, éste
podrá delegar en el Comandante General de las Fuerzas Militares. En el caso del Jefe
del Departamento Nacional de Planeación podrá delegar en el Subjefe del mismo
Departamento. Actuará como Secretario del Comité el Jefe de la Oficina Nacional
para la Atención de desastres.

Cuando la naturaleza del desastre así lo aconseje podrán ser invitados al Comité
Nacional para la Atención y Prevención de desastres otros Ministros o Jefes de
Departamento Administrativo, o Directores, Presidentes o Gerentes de entidades
descentralizadas del orden nacional.

ARTÍCULO 54. FUNCIONES DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES. Son funciones del Comité Nacional para la Atención y
Prevención de Desastres las siguientes:

1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

a) Señalar pautas y orientaciones para su elaboración por parte de la Oficina Nacional
para la Atención Desastres.



                                                                                   346
b) Aprobar el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, para su
posterior adopción mediante Decreto del Gobierno Nacional. Los programas y
proyectos de inversión derivados del Plan serán sometidos a la aprobación del
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, antes de la adopción del
Plan por el Gobierno Nacional.

c) Definir los principales mecanismos para la ejecución, seguimiento y evaluación del
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

d) Aprobar los planes nacionales de contingencia y de orientación para la atención
inmediata de desastres, según el carácter y gravedad de éstos, y señalar pautas para
su elaboración por parte de los Comités Regionales y Locales.

e) Aprobar los planes nacionales preventivos de las emergencias y recomendar y
orientar su elaboración por parte de los Comités Regionales y Locales y de las
entidades públicas o privadas.

f) Integrar grupos especiales de trabajo para los efectos del ejercicio de las funciones
anteriores.

2. En relación con el Sistema Integrado de Información, como parte del Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres:

a) Señalar pautas y orientaciones para la organización y mantenimiento del Sistema
Integrado de Información, dirigidas a la Oficina Nacional, a los Comités Regionales y
Locales y a las entidades públicas y privadas.

b) Promover estudios e investigaciones históricas sobre la ocurrencia de desastres.

c) Impulsar y orientar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de
vulnerabilidad y de evaluación de riesgos.

d) Determinar los principales sistemas y procedimientos para el suministro de
información y para la operación de los estados de alarma y alerta por parte de la
Oficina Nacional para la Atención de Desastres y los Comités Regionales y Locales.

e) Promover y coordinar, a través de la Oficina Nacional para la Atención de
Desastres, programas de capacitación, educación e información pública, con
participación de la comunidad.

3. En relación con las situaciones de desastre:




                                                                                      347
a) Brindar al Gobierno Nacional toda la información y el apoyo indispensables para
los fines de la declaratoria de situaciones de desastre, y la determinación de su
calificación y carácter.

b) Rendir concepto previo sobre la declaratoria de una situación de desastre.

c) Recomendar al Gobierno Nacional la declaratoria de retorno a la normalidad,
cuando la situación de desastre haya sido superada, y sugerir cuáles normas
especiales para situaciones de desastre declaradas deben continuar operando
durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.

4. En relación con los planes de acción específicos:

a) Señalar las pautas para la elaboración de los planes de acción específicos por
parte de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o los Comités Regionales y
Locales, según el caso;

b) Determinar las orientaciones básicas para la atención de desastres nacionales,
incluidas las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo;

c) Apoyar a los Comités Regionales y Locales y a las autoridades públicas
correspondientes en la atención de situaciones de desastre regional o local, incluidas
las fases de rehabilitación y recuperación y los componentes de prevención en los
procesos de desarrollo.

ARTÍCULO 55. COMITÉ TECNICO NACIONAL. Como organismo de carácter asesor
y coordinador funcionará un Comité Técnico Nacional conformado por los
funcionarios designados como responsables de la coordinación de emergencias en las
siguientes entidades: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio
de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de
Planeación, Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, Policía
Nacional, Defensa Civil, Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de
Tierras, HIMAT; Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM; Instituto de
Mercadeo Agropecuario, IDEMA; Instituto de Crédito Territorial, ICT; Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA;
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; Instituto Nacional Geológico y Minero,
INGEOMINAS; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; y Cruz Roja Colombiana.

El Comité Técnico podrá invitar a las personas o entidades que sea necesario
escuchar para el mejor cumplimiento de sus funciones.

El Comité Técnico Nacional podrá ejercer, en virtud de delegación, las funciones que
corresponden al Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, salvo




                                                                                   348
las previstas en el artículo 55 de este Decreto en las letras a) y b) del punto 1 y en
las letras a), b) y c) del punto 3, que son indelegables.

El Comité Técnico Nacional será presidido por el Jefe de la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres y la secretaría estará a cargo de un funcionario de la misma.

PARÁGRAFO. El Comité Técnico Nacional organizará, para los efectos de la
prevención y atención de desastres y calamidades, una Junta Nacional de
Coordinación de los Cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios, de la cual formarán
parte tres miembros del Comité designados por el mismo y representantes de los
Cuerpos de Bomberos Oficiales y Voluntarios, elegidos conforme al procedimiento
que establezca igualmente el Comité. Corresponderá a la Junta Nacional de
Coordinación dictar las reglamentaciones administrativas, técnicas y operativas a las
cuales deben someterse los Cuerpos de Bomberos en su organización y
funcionamiento.

ARTÍCULO 56. COMITÉ OPERATIVO NACIONAL PARA ATENCIÓN DE DESASTRES.
En todos los casos en que se declare una situación de desastre, funcionará un Comité
Operativo Nacional para Atención de Desastres, conformado por:

1. El Director de la Defensa Civil o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Director de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o su delegado.

3. Un delegado del Ministerio de Salud.

4. Un delegado de la Cruz Roja Nacional.

5. Delegados de otras entidades públicas del orden nacional, con voz pero sin voto,
que sean invitadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, en razón de
la naturaleza y características del desastre.

La secretaría de este Comité estará a cargo de un funcionario de la Defensa Civil.

ARTÍCULO 57. FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO NACIONAL PARA ATENCIÓN
DE DESASTRES. Corresponde al Comité Operativo Nacional para Atención de
Desastres la coordinación general de las acciones para enfrentar las situaciones de
desastre, en desarrollo de la cual adelantará las siguientes actividades:

a) Definición de soluciones sobre alojamiento temporal;

b) Realización de censos;

c) Diagnóstico inicial de los daños;



                                                                                     349
d) Atención primaria o básica a las personas afectadas;

e) Provisión de suministros básicos de emergencia, tales como alimentos,
medicamentos, menajes y similares;

f) Restablecimiento de las condiciones mínimas o básicas de saneamiento ambiental;

g) Transporte y comunicaciones de emergencia y solución de los puntos de
interrupción vial;

h) Definición, establecimiento y operación de alertas y alarmas.

ARTÍCULO 58. OFICINA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES. Créase en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la Oficina Nacional para Atención de Desastres. El Jefe de esta Oficina
será un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República,
con remuneración y régimen prestacional igual al de los Viceministros.

La oficina contará con un equipo técnico integrado por funcionarios calificados para
dirigir y orientar las áreas de estudio técnico, científico, económico, de
financiamiento, comunitario, jurídico e institucional y con el concurso de las personas
naturales, o jurídicas públicas o privadas, que sean contratadas como asesores o
consultores con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Calamidades.

En la planta de personal correspondiente se preverá el cargo de Subjefe de la Oficina
Nacional para la Atención de Desastres, que tendrá como funciones básicas suplir las
ausencias temporales del Jefe, asesorarlo, ejercer las atribuciones que éste le
delegue, y coordinar y orientar todas las acciones que debe adelantar la Oficina,
especialmente, las relacionadas con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.

ARTÍCULO 59. FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE
DESASTRES. Son funciones de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres:

1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres:

a) Elaborar el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, con base en
las pautas y orientaciones definidas por el Comité Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres;

b) Impulsar y coordinar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención
de desastres y efectuar su seguimiento y evaluación;




                                                                                    350
c) Solicitar a las entidades y organismos públicos y privados, colaboración para la
elaboración del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres;

d) Solicitar a las entidades y organismos públicos y privados colaboración para la
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres;

e) Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos para la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres;

f) Solicitar a las autoridades competentes la sanción de los funcionarios públicos que
incurran en mala conducta por no prestar la colaboración debida, previo el
cumplimiento de los procedimientos legales;

g) Dirigir y coordinar los grupos de apoyo integrados por el Comité Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres o por la propia Oficina Nacional para la Atención
de Desastres, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres;

h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres por parte de los Comités Regionales y Locales, de las
entidades territoriales y en general por las entidades públicas y privadas.

2. En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres:

a) Impulsar y promover el Sistema Integrado de Información y asegurar su
actualización y mantenimiento, con la colaboración de los Comités Regionales y
Locales y de las entidades públicas y privadas;

b) Promover estudios e investigaciones históricos sobre la ocurrencia de desastres,
tanto a nivel nacional como en los niveles regionales y locales;

c) Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de
evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y privadas y de los
Comités Regionales y Locales;

d) Suministrar información a la opinión y a las comunidades y personas interesadas,
y coordinar los sistemas de alarma y alerta, en coordinación con los Comités
Regionales y Locales y las entidades técnicas correspondientes;




                                                                                   351
e) Preparar las decisiones que debe adoptar el Gobierno Nacional sobre los sistemas
y equipos que deben establecer las entidades públicas para los efectos del Sistema
Integrado de Información;

f) Promover y coordinar programas de capacitación, educación e información pública,
con participación de la comunidad.

3. En relación con las situaciones de desastre:

a) Preparar la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la
Atención y Prevención de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria
de una situación de desastre;

b) Someter al Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres los
estudios necesarios para recomendar la declaratoria de retorno a la normalidad
cuando la situación de desastre haya sido superada y para sugerir cuáles normas
especiales para situaciones de desastre declaradas deben continuar operando
durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo;

c) Asumir la coordinación de todas las actividades necesarias para atender una
situación de desastre nacional declarada, con la colaboración de los Comités
Regionales y Locales y de las entidades públicas y privadas que deban participar;

d) Apoyar a los Comités Regionales y Locales en las labores de dirección y
coordinación de las actividades necesarias para atender situaciones de desastre de
carácter regional o local;

e) Coordinar la ejecución de los planes de contingencia y de orientación para la
atención inmediata de desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional
para la Atención y Prevención de Desastres;

f) Vigilar la elaboración y ejecución por parte de los Comités Regionales y Locales de
los Planes de Contingencia y de orientación para la atención inmediata de desastres,
de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para la Atención y
Prevención de Desastres;

g) Ejecutar los planes preventivos de las situaciones de desastre aprobados por el
Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y asegurar que se
elaboren y ejecuten por parte de los Comités Regionales y Locales;

h) Procurar la inclusión del componente de prevención de riesgos en los planes de
desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de
desarrollo departamental, intendencial o comisarial y en los planes de desarrollo
distrital, metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre



                                                                                   352
ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan
previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata, de
desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local.

Como parte esencial del componente de prevención de riesgos se dispondrá la
reserva de tierras para reubicar aquellos asentamientos que presentan graves riesgos
para la salud e integridad personal de sus habitantes, de que tratan el numeral 4º del
artículo 2º y el artículo 34 del Decreto-ley 1333 de 1986, con las modificaciones que
le fueron introducidas por la Ley 9ª de 1989;

i) Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la
declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las
fases de rehabilitación, recuperación y desarrollo;

j) Sin perjuicio de las funciones que legalmente corresponden a la División de
Cooperación Técnica Internacional del Departamento Nacional de Planeación, y en
estrecha coordinación con ella, realizar todas las acciones indispensables para
obtener la cooperación de organismos internacionales y países extranjeros en caso
de situaciones de desastre.

4. En relación con los planes de acción específicos:

a) Elaborar los planes de acción específicos para situaciones de desastre de carácter
nacional, con la colaboración de los respectivos Comités Regionales y Locales y
entidades técnicas, y de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para
la Atención y Prevención de Desastres;

b) Apoyar la elaboración y ejecución de los planes de acción específicos para
situaciones de desastre de carácter regional y local, por parte de los respectivos
Comités Regionales y Locales, de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres;

c) Apoyar a los Comités Regionales y Locales y a las entidades públicas y privadas
correspondientes en la atención de situaciones de desastre regional o local, incluidas
las fases de rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los
procesos de desarrollo;

d) Asegurar el obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas o
privadas de las actividades que se les asignen en el Decreto de declaratoria de
situación de desastre y solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones a que
haya lugar con arreglo a los procedimientos legales vigentes;




                                                                                   353
e) Dar instrucciones a los Comités Regionales y Locales sobre la forma como deben
dirigir y coordinar los planes de acción específicos en caso de situaciones de desastre
regionales o locales declaradas.

5. En relación con otras entidades del sistema:

a) Llevar a la consideración del Comité Nacional para la Atención y Prevención de
Desastres, del Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres y de la Junta
Consultora del Fondo Nacional de Calamidades, estudios y propuestas relacionadas
con el ejercicio de sus respectivas funciones;

b) Dirigir y orientar las actividades del Comité Técnico Nacional.

PARÁGRAFO. Para el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo, el Jefe
de la Oficina organizará grupos especiales internos de trabajo, teniendo en cuenta las
distintas clases de ellas y el contenido del Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.

Para la adopción de la planta de personal se considerará, para efectos de
nomenclatura y clasificación de empleos, la especial naturaleza de las funciones que
corresponden a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

ARTÍCULO 60. COMITÉS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES. Créanse Comités Regionales para la Prevención y
Atención de Desastres en cada uno de los Departamentos, Intendencias y
Comisarías, y Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres en el
Distrito Especial de Bogotá y en cada uno de los municipios del país, los cuales
estarán conformados por:

a) Gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso, quien lo presidirá;

b) El comandante de Brigada o Unidad Militar existente en el área correspondiente;

c) El Director del Servicio Seccional de Salud para los Comités Regionales o el Jefe de
la respectiva unidad de salud para los Comités Locales;

d) El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción;

e) Un representante de la Defensa Civil y uno de la Cruz Roja Colombiana;

f) Dos representantes del gobernador, intendente, comisario o alcalde, escogidos de
las corporaciones autónomas regionales o de las asociaciones gremiales,
profesionales o comunitarias;




                                                                                     354
g) El alcalde de la ciudad capital en el Comité Regional respectivo.

El Jefe de Planeación de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus
veces, actuará como Secretario del Comité Regional o Local respectivo.

Actuará como coordinador operativo, para la debida ejecución de las decisiones del
Comité, el representante de la Defensa Civil en el respectivo territorio.

PARÁGRAFO. El respectivo Comité regional o local podrá, por decisión suya,
convocar a representantes o delegados de organizaciones tales como el Cuerpo de
Bomberos, las juntas de acción comunal, la Cámara de Comercio o, en general,
organizaciones cívicas, o a personas de relevancia social en el respectivo territorio.

ARTÍCULO 61. FUNCIONES DE LOS COMITÉS REGIONALES Y LOCALES PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Son funciones de los Comités Regionales
y Locales para la Prevención y Atención de Desastres:

1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres:

a) Prestar apoyo y brindar colaboración al Comité Nacional para la Atención y
Prevención de Desastres y a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en el
ejercicio de sus funciones relativas a la elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres;

b) Solicitar apoyo y asistencia a las entidades públicas y privadas para las actividades
de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres;

c) Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos a los
cuales se les solicite apoyo y asistencia para la elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres;

d) Solicitar a las autoridades competentes la sanción de los funcionarios públicos que
incurran en mala conducta por no prestar la colaboración debida, previo el
cumplimiento del procedimiento legal vigente;

e) Contribuir al funcionamiento de los grupos especiales integrados por el Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres para la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres;

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres por parte de las entidades territoriales y, en general, por las
entidades públicas y privadas.



                                                                                    355
2. En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres:

a) Contribuir a la organización del Sistema Integrado de Información, y a asegurar su
actualización y mantenimiento;

b) Efectuar estudios e investigaciones históricos sobre la ocurrencia de desastres, de
acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de
Desastres;

c) Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de
evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y bajo la orientación
y coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;

d) Suministrar información a la opinión y a las comunidades y personas interesadas,
y coordinar y manejar los sistemas de alarma y alerta, de acuerdo con las reglas
fijadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;

e) Velar en el orden regional o local por el cumplimiento de las normas sobre
sistemas y equipos que deben establecer las entidades públicas para los efectos del
Sistema Integrado de Información;

f) Realizar, promover y coordinar programas de capacitación, educación e
información pública, con participación de la comunidad, bajo la orientación y
coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;

g) Organizar centros de información y documentación, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

3. En relación con las situaciones de desastre:

a) Colaborar con la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en la preparación
de la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la Atención y
Prevención de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una
situación de desastre o para recomendar el retorno a la normalidad;

b) Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para
atender una situación de desastre regional o local declarada, con la colaboración de
las entidades públicas y privadas que deban participar, de acuerdo con las pautas
trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;

c) Ejecutar los planes de contingencia y de orientación para la atención inmediata de
desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para la Atención y



                                                                                   356
Prevención de Desastres, bajo la coordinación y con el apoyo de la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres;

d) Ejecutar los planes sobre prevención de riesgos aprobados por el Comité Nacional
para la Atención y Prevención de Desastres;

e) Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en los planes de
desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de
desarrollo departamental, intendencial o comisarial y en los planes de desarrollo
distrital, metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre
ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan
previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de
desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local;

f) Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la
declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las
fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo;

g) Identificar los recursos institucionales, administrativos, financieros y jurídicos,
públicos y privados, relacionados con la prevención y atención de desastres;

h) Velar por el cumplimiento de las funciones y los procedimientos por parte de las
entidades públicas y privadas que participan en la prevención y atención de
desastres, en armonía con el Comité Nacional para la Atención y Prevención de
Desastres y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;

i) Aplicar los programas de educación, capacitación e información pública que se
establezcan;

j) Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la normalidad;

k) Organizar comités o grupos operativos regionales o locales.

4. En relación con los planes de acción específicos:

a) Elaborar y ejecutar los planes de acción específicos para situaciones de desastre
de carácter regional o local, con la colaboración de la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres y de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional
para la Atención y Prevención de Desastres.

b) Atender las situaciones de desastre regional o local, incluidas las fases de
rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los procesos de
desarrollo.




                                                                                      357
c) Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes de acción específicos para
situaciones de desastre de carácter nacional.

d) Asegurar el obligatorio cumplimiento, por parte de las entidades públicas o
privadas, de las actividades que se les asignen en el decreto de declaratoria de
situación de desastre y solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones a que
haya lugar con arreglo al procedimiento legal vigente.

PARÁGRAFO. Actuará como coordinador administrativo del Comité Regional o Local,
un delegado designado para el efecto por el Gobernador, Intendente, Comisario o
Alcalde, según el caso, y como coordinador operativo el delegado de la Defensa Civil.
Los Comités Regionales y Locales podrán ejercer por delegación funciones de la
Oficina Nacional para la Atención de Desastres o de los Comités Operativo y Técnico
Nacionales para la atención de desastres.

ARTÍCULO 62. FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Son funciones de
las entidades territoriales en relación con la prevención y atención de desastres:

a) Exigir a las entidades públicas o privadas que realicen obras de gran magnitud en
el territorio de su jurisdicción, estudios previos sobre los posibles efectos de desastre
que pueden provocar u ocasionar y la manera de prevenirlos, en los casos que
determine la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

b) Dirigir, coordinar y controlar, por intermedio del jefe de la respectiva
administración, todas las actividades administrativas y operativas indispensables para
atender las situaciones de desastre regional o local.

c) Prestar apoyo al Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, a la
Oficina Nacional para la Atención de Desastres y a los Comités Regionales y Locales,
en las labores necesarias para la preparación, elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

d) Designar a los funcionarios o dependencias responsables de atender las funciones
relacionadas con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, los
planes de contingencia, de atención inmediata de situaciones de desastre, los planes
preventivos y los planes de acción específicos.

e) Colaborar con la actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de
información, de acuerdo con las directrices trazadas por los Comités Regionales y
Locales.

f) Establecer los procedimientos y los equipos para el Sistema Integrado de
Información que disponga el Gobierno Nacional.




                                                                                     358
g) Cumplir las normas que entran a regir con ocasión de la declaratoria de
situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las fases de
rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.

h) Atender las recomendaciones que en materia de prevención, atención y
rehabilitación les formulen los Comités Regionales y Locales.

i) Dictar normas especiales para facilitar las actividades de reparación y
reconstrucción de las edificaciones afectadas por la situación de desastre declarada, y
para establecer el control fiscal posterior del gasto destinado a la ejecución de
actividades previstas en el plan de acción específico para la atención de una situación
de desastre.

j) Evaluar, por intermedio de las secretarías de salud, los aspectos de salud, la
coordinación de las acciones médicas, el transporte de víctimas, la clasificación de
heridos (triage), la provisión de suministros médicos, el saneamiento básico, la
atención médica en albergues, la vigilancia nutricional, así como la vigilancia y el
control epidemiológico.

k) Preparar, por intermedio de las Secretarías de Educación, a la comunidad en la
prevención, atención y recuperación en situaciones de desastre.

l) Desarrollar, por intermedio de las Secretarías de Obras Públicas, actividades
relacionadas con los servicios de transporte, las obras de infraestructura, la
evaluación de daños, y las labores de demolición y limpieza.

ll) Preparar y elaborar, por intermedio de las Oficinas de Planeación, los planes, en
armonía con las normas y planes sobre prevención y atención de situaciones de
desastre, y coordinar a las instituciones en materias programáticas y presupuestales
en lo relativo a desastres.

ARTÍCULO 63. FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Son funciones especiales de las dependencias y
organismos de la Administración Central para los efectos de la prevención y atención
de desastres, las siguientes:

a) Corresponderá a las Fuerzas Militares el aislamiento y la seguridad del área del
desastre, el control aéreo, y la identificación y atención de puertos y helipuertos.

b) Competerá a la Policía Nacional:

1. Prevenir y afrontar las perturbaciones de la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad públicas, así como colaborar en la protección de los recursos naturales y el
medio ambiente.



                                                                                    359
2. Velar por la seguridad del área afectada, garantizando la protección de la vida,
honra y bienes de las personas afectadas.

3. Proporcionar la colaboración y el apoyo requeridos por las entidades públicas
comprometidas en las labores de atención y control de las áreas afectadas por el
desastre.

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y de las
demás entidades y organismos públicos en relación con la prevención, el manejo, la
rehabilitación y la reconstrucción.

5. Colaborar en la evacuación de heridos y afectados que requieran asistencia
inmediata.

6. Asistir al Cuerpo Técnico de Policía Judicial en las tareas de identificación de
cadáveres y en la elaboración de las actas de levantamiento.

7. Determinar las áreas estratégicas para la instalación de los servicios y auxilios que
se requieran y prestar la vigilancia necesaria.

8. En general, la conservación del orden público, y la coordinación del levantamiento
y la inhumación de cadáveres.

c) Corresponderá al Ministerio de Salud la evaluación de los aspectos de salud, la
coordinación de las acciones médicas, el transporte de víctimas, la clasificación de
heridos (triage), la provisión de suministros médicos, el saneamiento básico, la
atención médica en albergues, la vigilancia nutricional, la vigilancia y el control
epidemiológico.

d) Será función del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, adelantar las
actividades relacionadas con los servicios de transporte, las obras de infraestructura,
la evaluación de daños y las labores de demolición y limpieza.

e) Competerá al Ministerio de Educación Nacional la preparación de la comunidad en
la prevención, atención y recuperación en situaciones de desastre.

f) El Ministerio de Comunicaciones deberá dictar las medidas especiales sobre el
control y manejo de la información sobre las situaciones de desastre declaradas, así
como reglamentaciones específicas sobre la utilización de frecuencias, sistemas y
medios de comunicación.

g) Corresponderá al Departamento Nacional de Planeación presentar para la
aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, los



                                                                                     360
programas y proyectos de inversión derivados del Plan Nacional para la Atención de
Desastres, así como coordinar, en armonía con la Oficina Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres, a las instituciones públicas en todo lo relacionado con los
aspectos programáticos y presupuestales sobre atención y prevención de desastres.

h) Los Consejos Regionales de Planificación creados por la Ley 76 de 1985, velaran
por la inclusión del componente de prevención de riesgos en los planes regionales
que deban incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

ARTÍCULO 64. FUNCIONES DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN
NACIONAL. Son funciones especiales de las entidades descentralizadas del orden
nacional para los efectos de la prevención y atención de desastres las siguientes:

a) El Instituto Nacional Geológico y Minero, INGEOMINAS, es la máxima autoridad en
riesgos geológicos y tiene como funciones especiales preparar los mapas de amenaza
potencial, y la observación y estudio de los volcanes del país, y las que se deriven de
lo previsto en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

b) La Defensa Civil realizará las labores de búsqueda y rescate y primeros auxilios;
establecerá el sistema inicial de clasificación de heridos (triage); atenderá el
transporte de víctimas y apoyará las acciones de seguridad.

c) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT, es la
máxima autoridad en riesgos hidrometeorológicos y preparará los mapas de amenaza
de ese carácter.

d) El Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, es responsable del abastecimiento
de alimentos no perecederos.

e) El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, preparará a la comunidad para la
prevención, atención y recuperación en caso de situaciones de desastre.

f) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAIC, suministrará la cartografía y las
aerofotografías para los estudios y la toma de decisiones.

g) El Instituto de Crédito Territorial, ICT, y el Banco Central Hipotecario adoptaran
programas especiales de crédito para estimular procesos de reubicación preventiva
de asentamientos humanos, previo concepto técnico favorable de la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres, contribuirán a definir la política de vivienda en los
asentamientos humanos; y coordinarán y participarán en la atención de los daños
causados en las viviendas, las instalaciones comunitarias y las redes básicas.

h) El Fondo Nacional de Calamidades prestará el apoyo económico indispensable
para las labores de prevención, atención y recuperación en caso de situaciones de



                                                                                    361
desastre y calamidad, administrará los aportes en dinero, y supervisará el manejo y
control del inventario de los centros de reserva para emergencias.

i) El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente,
INDERENA, y las Corporaciones Autónomas Regionales serán las entidades
encargadas del manejo ambiental.

j) El Fondo Nacional de Caminos Vecinales proveerá los recursos para la ejecución de
las obras previstas en los planes específicos de acción para la atención de desastres y
calamidades, sin el requisito de cofinanciación.

k) La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, mediante decisión de su
Junta Directiva y con el voto favorable del Ministro de Comunicaciones, podrá
disponer la prestación de uno o varios de sus servicios en forma gratuita, en
beneficio de las personas, organismos o autoridades que deban desarrollar
actividades directamente relacionadas con la prevención y atención de desastres.
Estas autorizaciones se restringen exclusivamente a los beneficiarios, para los fines
que en ellas mismas se indiquen y por el tiempo que igualmente se señale.

l) Las Corporaciones Autónomas Regionales asesorarán y colaborarán con las
entidades territoriales para los efectos de que trata el artículo 6º, mediante la
elaboración de inventarios y análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución.

ARTÍCULO 65. REDES NACIONALES. La Oficina Nacional para la Atención de
Desastres promoverá la organización y funcionamiento de la red nacional de
comunicaciones en situaciones de desastre o calamidad, de la red sísmica y
vulcanológica nacional, de la red de alertas hidrometeorológicas, de la red nacional
de centros de reserva, de la red nacional de información y de las demás redes que
técnicamente se consideren necesarias.

ARTÍCULO 66. FONDOS. Las entidades y organismos de la administración central y
sus entidades descentralizadas podrán confiar recursos en administración fiduciaria
para los efectos de la prevención y atención de desastres y calamidades, y para las
actividades de las fases de rehabilitación, reconstrucción o desarrollo, previa
autorización de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, que podrá estar
subordinada a la inclusión en el contrato respectivo de la facultad de intervención de
esa misma Oficina en orden a asegurar la estricta destinación de los recursos.

En caso de que el 30 de septiembre del respectivo año fiscal la entidad u organismo
no haya afectado los recursos destinados a los mencionados objetivos podrán,
confiarlos en administración fiduciaria.




                                                                                    362
PARÁGRAFO. Los órganos competentes de las entidades territoriales podrán
reglamentar sistemas de administración fiduciaria, para el manejo de sus recursos o
los de sus entidades descentralizadas, destinados a la prevención y atención de
desastres y calamidades.

ARTÍCULO 67. APROPIACIONES PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES. Todos los
organismos y dependencias de la administración central y todas las entidades
descentralizadas del orden nacional incluirán en sus presupuestos, apropiaciones
especiales para prevención y atención de desastres. Estos recursos se manejarán en
la forma prevista en el artículo precedente.

                                   CAPITULO V

                            DISPOSICIONES VARIAS.

ARTÍCULO 68. DEFENSA CIVIL. Los siguientes artículos del Decreto
extraordinario 2341 de 1971, con las modificaciones que le fueron introducidas por
el Decreto extraordinario 2068 de 1984, quedarán así:

"ARTÍCULO 2º. La Defensa Civil tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D. E., y
ejerce sus funciones en todo el territorio nacional, para lo cual puede organizar
unidades o dependencias seccionales o regionales".

"ARTÍCULO 3º. Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, como integrante del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ejecutar los planes,
programas, proyectos y acciones específicas que se le atribuyan en el Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, así como participar en las actividades de
atención de desastres o calamidades declaradas, en los términos que se definan en
las declaratorias correspondientes y, especialmente, en la fase primaria de atención y
control".

"ARTÍCULO 4º. La Defensa Civil Colombiana cumple las siguientes funciones:

a) Prevenir y controlar las situaciones de desastre y calamidad en la fase primaria de
prevención inminente y de atención inmediata y, cuando ellas hayan sido declaradas,
actuar en los términos definidos en los actos administrativos de declaratoria de tales
situaciones.

b) Colaborar en la conservación de la seguridad interna y en el mantenimiento de la
soberanía nacional.

c) Promover, entrenar y organizar a la comunidad para los efectos de las funciones
señaladas en este artículo".




                                                                                   363
ARTÍCULO 69. SOCORRO NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. La Cruz
Roja Colombiana, como entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, reconocida
legalmente como institución de asistencia pública y auxiliar del Ejército de Colombia,
organizará una dependencia suya, que podrá denominarse, Socorro Nacional, en
armonía con sus principios fundamentales y sus objetivos, para cumplir las funciones
y realizar las actividades que le sean asignadas en el Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres y en los actos administrativos de declaratoria de situaciones
de desastre y calamidad. En consecuencia, quedan derogados expresamente los
artículos 1º, 2º, excepto su parágrafo 1º, el artículo 3º, y lo referente a medidas para
asegurar el suministro de vehículos y combustible previsto en el artículo 4º de la Ley
49 de 1948.

PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo, la Nación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, podrá celebrar con la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja Colombiana, convenios en virtud de los cuales se regule la
forma y modalidades para el cumplimiento de las funciones y la realización de las
actividades relacionadas con la prevención y atención de desastres y calamidades.

ARTÍCULO 70. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES. El Fondo Nacional de
Calamidades, creado por el Decreto 1547 de 1984, continuará funcionando como una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable
y estadística, administrado conforme a lo dispuesto por dicho decreto.

Sin embargo, los siguientes artículos del Decreto 1547 de 1984, quedaran así:

"ARTÍCULO 1º -De la creación del Fondo Nacional de Calamidades. Créase el Fondo
Nacional de Calamidades como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y
asistencia social y dedicado a la atención de las necesidades que se originen en
situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar.

La Junta Consultora del Fondo podrá definir como situaciones de naturaleza similar,
las relacionadas con siniestros de magnitud e intensidad tales que puedan
enmarcarse dentro del ámbito cubierto por una póliza general de desastres. Esta
póliza incluirá, entre otras, coberturas para proteger pérdidas en cultivos,
infraestructura básica, vivienda y personas, entre otros. Los amparos de una póliza
general de desastres deberán cubrir, como mínimo, los siguientes aspectos:
inundaciones, sequías, heladas, vientos huracanados, terremoto, maremoto,
incendio, erupciones volcánicas, avalanchas, deslizamientos y riesgos tecnológicos en
las zonas declaradas como de desastre".

"ARTÍCULO 2º -De los objetivos del Fondo. Para los efectos previstos en el artículo
precedente, los recursos del Fondo se destinarán, entre otros, a los siguientes
objetivos:



                                                                                    364
a) Prestar el apoyo económico que sea requerido para la atención de desastres y
calamidades declarados, dando prioridad a la producción, conservación y distribución
de alimentos, drogas y alojamientos provisionales;

b) Controlar los efectos de los desastres y calamidades, especialmente los
relacionados con la aparición y propagación de epidemias;

c) Mantener durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, el
saneamiento ambiental de la comunidad afectada;

d) Financiar la instalación y operación de los sistemas y equipos de información
adecuados para la prevención, diagnóstico y atención de situaciones de desastre o de
calamidad, especialmente de los que integren la red nacional sismográfica;

e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los desastres o para atenuar sus
efectos, las cuales podrán consistir, entre otras, en pólizas de seguros tomadas con
compañías legalmente establecidas en el territorio colombiano y buscando
mecanismos para cubrir total o parcialmente el costo de las primas".

"ARTÍCULO 3º -El Fondo Nacional de Calamidades será manejado por la Sociedad
Fiduciaria La Previsora Limitada, empresa industrial y comercial del Estado, vinculada
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los bienes y derechos de la Nación integrantes del Fondo Nacional de Calamidades
constituyen un patrimonio autónomo destinado específicamente al cumplimiento de
las finalidades señaladas por el presente decreto.

Dichos bienes y derechos se manejarán y administrarán por la Sociedad Fiduciaria La
Previsora Limitada en forma completamente separada del resto de los activos de la
misma Sociedad, así como también de los que integren otros fideicomisos que esa
entidad reciba en administración.

Para todos los efectos legales la representación de dicho Fondo la llevará la
mencionada Sociedad Fiduciaria.

Por la gestión fiduciaria que cumpla, la Sociedad percibirá, a título de comisión, la
retribución que corresponde en los términos que señale la Superintendencia
Bancaria.

El Fondo Nacional de Calamidades se tendrá como un fideicomiso estatal de creación
legal. En consecuencia, la administración de los bienes y recursos que lo conforman
se regirán, en todo lo aquí no previsto, por las reglamentaciones que para el efecto
expida el Gobierno Nacional".



                                                                                   365
"ARTÍCULO 6º De la Junta Consultora. Para la administración de los recursos del
Fondo Nacional de Calamidades, la sociedad fiduciaria mencionada, contará con una
Junta Consultora integrada en la siguiente forma:

1. El Ministro de Gobierno o como su delegado el Viceministro de Gobierno, quien la
presidirá.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

3. El Ministro de Salud o su delegado.

4. El Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado.

5. El Ministro de Agricultura o su delegado.

6. El Superintendente Bancario o su delegado.

7. El Secretario General de la Presidencia de la República, o como su delegado el Jefe
de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

8. El Director de la Defensa Civil o su delegado.

9. El Director de la Cruz Roja Colombiana o su delegado.

PARÁGRAFO 1º. Los ministros que conforman la Junta Consultora únicamente
podrán delegar su participación en ella en los Viceministros, en los secretarios
generales y en los directores generales. A las sesiones de la Junta Consultora podrán
ser invitados delegados de otras entidades públicas o privadas que, a juicio de su
Presidente, puedan aportar elementos de juicio sobre las materias o asuntos que
deban ser decididos por la Junta.

PARÁGRAFO 2º. Actuará como Secretario de la Junta Consultora el representante
legal de la sociedad fiduciaria administradora del Fondo Nacional de Calamidades, o
su delegado".

"ARTÍCULO 7º -De las funciones de la Junta Consultora. La Junta Consultora tendrá
las siguientes funciones:

1. Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los recursos del Fondo y
velar por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento.

2. Velar por el cumplimiento e implementación de los objetivos del Fondo.




                                                                                   366
3. Indicar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del presente Decreto, la
destinación de los recursos y el orden de prioridades conforme al cual serán
atendidos los objetivos del Fondo frente a las disponibilidades financieras del mismo,
existentes en cada caso.

4. Recomendar los sistemas idóneos para atender situaciones de naturaleza similar,
calificadas por la propia Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de este
Decreto.

5. Absolver las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y objetivos del
Fondo que le formule el Gobierno Nacional o la sociedad fiduciaria administradora del
Fondo.

6. Determinar, cuando las circunstancias lo requieran y teniendo en cuenta el objeto
y objetivos del Fondo, los casos en los cuales los recursos pueden transferirse a título
gratuito y no recuperable.

"ARTÍCULO 9º -De la destinación de los recursos del Fondo. La destinación de los
recursos del Fondo se someterá a las orientaciones y directrices que establezca el
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y a las previsiones
especiales que contemplen los planes de acción específicos para la atención de
desastres y calamidades declarados".

"ARTÍCULO 11. Del régimen de contratación. Los contratos que celebre la sociedad
fiduciaria para la administración de los bienes, derechos e intereses del Fondo se
someterán al régimen aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado.
Sin embargo, mientras se encuentre vigente una situación de desastre declarada o
en las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo de la misma, si así lo prevé
el decreto que disponga el retorno a la normalidad, se aplicarán las normas de
contratación establecidas como parte del régimen especial para situaciones de
desastre declaradas".

"ARTÍCULO 14. De la transferencia de recursos. Corresponderá a la Junta
Consultora reglamentar todo lo relativo a la transferencia de recursos del Fondo
Nacional de Calamidades a otras entidades públicas o privadas, y al control de su
utilización".

ARTÍCULO 71. PERSONAL PARAMEDICO. Para los efectos de su participación en las
labores de atención de situaciones de desastre o calamidad, pertenecen al personal
paramédico los siguientes profesionales de carácter técnico y auxiliar que apoyan la
labor del médico:

a) Enfermeros profesionales con formación universitaria y autorización del Ministerio
de Salud para ejercer la correspondiente profesión;



                                                                                    367
b) Tecnólogos de enfermería formados en instituciones de educación superior,
autorizados por el Ministerio de Salud para ejercer su profesión:

c) Auxiliares de enfermería capacitados en programas aprobados por los Ministerios
de Salud y Educación, autorizados por el Ministerio de Salud para ejercer su
ocupación;

d) Promotores de saneamiento ambiental formados en programas aprobados y
reconocidos por el Ministerio de Salud;

e) Voluntarios calificados y reconocidos por la Defensa Civil Colombiana y por la
sociedad nacional de la Cruz Roja.

PARÁGRAFO. El personal paramédico intervendrá en las labores de atención de
situaciones de desastre y calamidad, bajo la responsabilidad y con la orientación de
las personas o entidades públicas o privadas que se indiquen en el Plan Nacional para
la Prevención de Desastres y en los planes de acción específicos para la atención de
desastres y calamidades.

ARTÍCULO 72. SUSTITUCIÓN DE LAS NORMAS DEL TITULO VIII DE LA LEY 09 DE
1979. Los artículos 1º a 23, inclusive, del presente Decreto, sustituyen integralmente
los artículos 491 a 514, Título VIII de la Ley 09 de 1979.

ARTÍCULO 73. EFECTOS DE CODIFICACIÓN. El presente Decreto codifica todas las
normas vigentes relativas prevención y atención de desastres, incluidas las
correspondientes de la Ley 46 de 1988. En consecuencia, quedan derogadas todas
las normas sobre la misma materia que han sido codificadas.

ARTÍCULO 74. LEYES SOBRE OTRAS MATERIAS. Continuarán haciendo parte de los
estatutos legales correspondientes las normas que esta codificación tomó de leyes
que no se refieren exclusivamente a las materias tratadas en el presente Decreto.

ARTÍCULO 75. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 1º de mayo de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno,

RAUL OREJUELA BUENO;



                                                                                   368
el Ministro de Hacienda y Crédito Público,

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA;

el Ministro de Defensa Nacional,

General MANUEL JAIME GUERRERO PAZ;

el Ministro de Educación Nacional encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Salud,

MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY;

el Ministro de Comunicaciones,

CARLOS LEMOS SIMMONDS;

el Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

GERMAN MONTOYA;

la Jefe del Departamento Nacional de Planeación,

MARIA MERCEDES CUELLAR DE MARTÍNEZ.




                                                                             369
                          DECRETO-LEY 350 DE 1999

                                   (febrero 25)

  Por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia
económica, social y ecológica causada por el terremoto ocurrido el 25 de
                              enero de 1999.

                                CONSIDERANDO:



Que por Decreto 195 de enero 29 de 1999 modificado por el Decreto 223 del
mismo año, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
los municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca
que se indicaron en los referidos decretos, con el fin de conjurar la situación de
calamidad pública ocurrida por razón del terremoto del día 25 de enero del
presente año;

Que en el decreto 195 de 1999 se señaló que es indispensable establecer
disposiciones especiales en materia crediticia, fiscal y de endeudamiento para
lograr la recuperación de la actividad productiva y el fortalecimiento institucional y
financiero de las entidades territoriales mencionadas en los Decretos 195 y 223,
ambos de 1999, con el fin de atender las necesidades básicas de las personas
afectadas y lograr la reconstrucción y rehabilitación de la zona;

Que con el propósito de estimular la recuperación económica de la zona es
necesario dictar disposiciones tributarias para ampliar el alcance de la exención
otorgada a las personas que se establezcan en la zona afectada, así como para
aquellas que reactiven a la mayor brevedad su actividad económica en la misma.

Igualmente se requiere incorporar a las personas naturales como destinatarias de
los beneficios consagrados en el impuesto sobre la renta. De igual manera es
necesario adoptar disposiciones para evitar que se empleen inadecuadamente los
beneficios que se otorguen;

Que con la misma finalidad deben establecerse beneficios tributarios y arancelarios
para aquellas personas que adquieran nuevos bienes de capital, maquinaria y
equipo, para desarrollar actividades productoras de renta en la zona;

Que es necesario adoptar disposiciones para              evitar   que   se   empleen
inadecuadamente los beneficios que se otorguen;

Que con el fin de lograr que se inicien a la mayor brevedad los procesos de
construcción, reconstrucción y reparación de los inmuebles de la zona afectada es
necesario adoptar mecanismos fiduciarios que permitan dar subsidios a la



                                                                                   370
demanda de inmuebles, créditos para reconstrucción y reparación, líneas de
redescuento e instrumentos para apoyar los fondos de garantías;

Que igualmente, es necesario precisar el tratamiento tributario del Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero con el fin de facilitar el
desarrollo de sus operaciones;

Que así mismo es preciso aclarar que corresponde al deudor decidir si se debe
aplicar el valor pagado por razón del seguro de terremoto a la reconstrucción del
bien o al pago del crédito;

Que igualmente se requiere adoptar mecanismos para facilitar la reconstrucción de
la infraestructura hospitalaria, educativa y aeronáutica de la zona;

Que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y de otros servicios de
telecomunicaciones que fueron afectados por el terremoto, han sufrido tal
deterioro en su patrimonio que muchos de ellos no pueden cumplir con las
obligaciones derivadas de los consumos realizados en los meses inmediatamente
anteriores a la ocurrencia del desastre y tampoco podrán cancelar el consumo
durante los meses inmediatamente siguientes al terremoto, por lo cual deben
adoptarse medidas en materia de subsidios;

Que el terremoto afectó gravemente muchas viviendas de la zona, razón por la
cual se hace necesario expedir normas encaminadas a facilitar el otorgamiento de
subsidios familiares de vivienda de interés social, que permita a los beneficiarios de
los mismos la reconstrucción y rehabilitación de sus inmuebles, para lo cual es
necesario establecer disposiciones que permitan a las Cajas de Compensación
Familiar destinar recursos a la aplicación del subsidio de vivienda de interés social,
con el fin de lograr una mejor y más eficiente atención a los trabajadores
beneficiarios y a las personas a su cargo, así como a la población no afiliada
afectada por el terremoto;

Que igualmente es indispensable efectuar modificaciones al calendario académico
establecido para la educación básica y media, debido a la destrucción de los
inmuebles en la región del eje cafetero que ocasionó la interrupción del servicio
educativo;

Que así mismo se requiere adoptar mecanismos que permitan a las instituciones
de educación formal evaluar el cumplimiento de los educandos que provengan de
la zona de desastre, con el fin de facilitar la continuación de los estudios;

Que con el fin de lograr en el menor plazo el restablecimiento integral del servicio
educativo y la reconstrucción de las comunidades educativas, teniendo en cuenta
las condiciones de la zona, es necesario permitir la adopción de un plan especial
con la participación de los diversos integrantes del sistema educativo;




                                                                                   371
Que el terremoto desencadenó factores de deterioro ambiental que afectan
gravemente la salud humana, la calidad de vida y el desarrollo de actividades
productivas en la región, razón por la cual resulta necesario articular esfuerzos
para mitigar los efectos ambientales adversos y evitar su extensión o
intensificación;

Que las estrategias, programas y acciones que se implementen para hacer frente a
la situación de emergencia que aqueja a los municipios afectados por el desastre,
deben responder de manera armónica a las necesidades y requerimientos sociales,
económicos y ambientales;

Que el proceso de recuperación, reconstrucción y reactivación del sector
productivo de la región, debe realizarse teniendo en cuenta consideraciones
ambientales que garanticen la sostenibilidad del desarrollo en el Eje Cafetero;

Que de igual manera se requiere adoptar mecanismos de excepción para
responder de manera oportuna a la realización de proyectos que demanda la
atención del desastre y el desarrollo de la zona;

Que se hace necesaria una respuesta coordinada de las entidades que hacen parte
del sistema nacional ambiental para garantizar la incorporación del componente
ambiental en las actividades de recuperación, reconstrucción y reactivación del
sector productivo;

Que es necesario compensar la pérdida que sufrirán en sus ingresos las
autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios afectados por el
terremoto para que puedan cumplir sus funciones y atender las necesidades de los
habitantes de la región;

Que como consecuencia del terremoto ocurrido el valor económico y comercial de
los inmuebles destinados a vivienda urbana no pudo haberse incrementado, por
tanto es necesario expedir disposiciones encaminadas a evitar abusos al pactar los
cánones de arrendamiento así como el precio de compra o venta de los inmuebles
destinados a vivienda urbana;

Que para promover la reconstrucción de la zona afectada, incentivar el desarrollo,
estimular la recuperación del sistema económico de la zona y la generación de
empleo, es necesario destinar recursos para las actividades de concesión,
construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de los corredores viales
en la mencionada zona;

Que igualmente es necesario precisar las condiciones en que la Nación puede
otorgar garantías a las operaciones de crédito, con el fin de asegurar que las
mismas estén destinadas a apoyar la reconstrucción de la zona;

Que así mismo se deben adoptar instrumentos adicionales que permitan asegurar
que se mantenga el funcionamiento del sistema de salud en las condiciones


                                                                                372
previstas en la ley 100 de 1993. Así mismo, y con el propósito de lograr cubrir la
población desprotegida del departamento del Quindío que ha sido la más afectada
por el terremoto, es necesario prever mecanismos que permitan aplicar a la mayor
brevedad el régimen subsidiado de la ley 100 de 1993;

Que con el fin de preservar la prestación del servicio de salud en la zona afectada,
es necesario establecer nuevas fuentes de recursos, para lo cual es procedente
autorizar la realización de sorteos extraordinarios con destino a los servicios de
salud pública de la zona afectada;

Que como consecuencia del terremoto varias personas que venían prestando el
servicio público de taxi en vehículos de su propiedad y el servicio escolar en
vehículos particulares en los municipios afectados se han visto obligados a
trasladarse a otras ciudades del país, razón por cual se hace necesario facultar a
las autoridades metropolitanas, distritales y/o municipales para otorgar permisos
especiales y transitorios que permitan a las mencionadas personas prestar dicho
servicio público con los vehículos provenientes de la zona del terremoto;

Que así mismo es necesario adoptar mecanismos que permitan lograr el
restablecimiento eficaz de la administración de justicia y la recuperación de la
convivencia social;

                                    DECRETA:

                                   CAPITULO I

Disposiciones en materia tributaria y de ingresos de las entidades
territoriales

ARTICULO 1º. El parágrafo 1° del artículo 7° del Decreto 258 de 1999, quedará
así:

PARAGRAFO 1°. En el caso de las actividades comerciales, estarán exentas,
siempre y cuando se refieran a bienes corporales muebles que se expendan al
detal y su entrega física se produzca en la jurisdicción de los municipios
contemplados en los Decretos 195 y 223 de 1999.

ARTÍCULO 2°. El primer inciso del artículo 8° del Decreto 258 de 1999, quedará
así:

"Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será igualmente aplicable
exclusivamente para el año fiscal de 1999, a aquellas personas jurídicas o
naturales que para el 25 de enero de 1999 se encontraban domiciliadas o
localizadas físicamente en la jurisdicción de los municipios señalados en los
Decretos 195 y 223 de 1999, siempre y cuando en el caso de las personas jurídicas
éstas se encuentren constituidas jurídicamente en dicha zona, y adicionalmente
ellas y las personas naturales demuestren, en la forma que señale el reglamento,



                                                                                 373
que reanudaron las actividades económicas que venían desarrollando a la fecha del
desastre, a más tardar el 31 de diciembre de 1999, en la jurisdicción de los
municipios a los que se ha hecho referencia. Para efectos de lo aquí previsto, el
contribuyente deberá informar a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales de su jurisdicción, la fecha de reiniciación de actividades".

ARTÍCULO 3°. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 8° del Decreto 258 de
1999:

PARAGRÁFO 2°. El beneficio a que se refiere el presente artículo se otorgará
igualmente a todas las personas naturales o jurídicas que desarrollaban actividades
comerciales previamente al terremoto en los términos de este artículo, siempre y
cuando éstas se refieran a bienes corporales muebles que se expendan al detal y
su entrega física se produzca en la jurisdicción de los municipios contemplados en
los Decretos 195 y 223 de 1999. Para determinar la cuantía del beneficio se tendrá
en cuenta si se trata de pequeñas y medianas empresas o no.

ARTÍCULO 4°. Las transacciones que realicen las personas que gocen de los
beneficios a que se refieren los artículos 6°, 7° y 8° del Decreto 258 de 1999 con
personas que le estén vinculadas económicamente deberán realizarse por lo menos
a valores comerciales. Por consiguiente, si se realizan por un valor menor, para
efectos tributarios se entenderá que se realizó por los valores comerciales
mencionados.

ARTÍCULO 5°. Por los años 1999 y 2000, las personas ubicadas en los municipios
señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999 que adquieran bienes de capital,
consistentes en maquinaria y equipo, tendrán derecho a la devolución del
impuesto sobre las ventas que hubieren cancelado por dichos bienes, siempre y
cuando los mismos se destinen a ser utilizados en su actividad productora de renta
como activo fijo, dentro de la jurisdicción territorial de dichos municipios, durante
el período de depreciación del bien, en la forma que señale el reglamento.

ARTÍCULO 6°. Previo el cumplimiento de lo señalado en los Tratados
Internacionales, por los años 1999 y 2000, se aplicará una franquicia arancelaria a
los bienes de capital no producidos en Colombia, importados por las personas
ubicadas en los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999, siempre
y cuando los bienes importados se destinen exclusivamente a ser utilizados en su
actividad productora de renta dentro de la jurisdicción territorial de dichos
municipios, durante el período de depreciación del bien, en la forma que señale el
reglamento.

PARÁGRAFO. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior elaborará un listado
de bienes de capital no producidos en Colombia, en la forma que señale el
reglamento.

ARTÍCULO 7°. Para ser acreedor a los beneficios a que se refieren los dos
artículos anteriores las personas naturales o jurídicas deberán constituir una póliza

                                                                                  374
por el treinta por ciento (30%) de los respectivos tributos, en la forma que señale
el reglamento, con el fin de asegurar el pago de los mismos en el evento en que
no se cumplan las condiciones previstas para obtener el beneficio. Lo anterior, sin
perjuicio de que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales cobre la
totalidad de los tributos y las sanciones correspondientes.

En el evento en que se reclamen los beneficios previstos en los dos artículos
anteriores sin los requisitos establecidos en estos artículos, se aplicará la sanción
prevista por el inciso 5° del artículo 670 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra el representante legal, los socios, contadores
o revisores fiscales de la empresa, por alterar la información contable o los estados
financieros para hacer uso del beneficio fiscal solicitado.

Adicionalmente, cuando se trate de bienes importados y no se cumplan las
condiciones señaladas en el artículo anterior, los bienes serán considerados
mercancía de contrabando, para efectos de las sanciones administrativas y penales
que señalan las normas legales sobre la materia.

ARTÍCULO 8°. Los contratos de arrendamiento financiero o leasing que se
celebren en los municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999, que
tengan por objeto maquinaria o equipo que se ubique físicamente en dichos
municipios durante la vigencia del contrato de leasing, se regirán, para efectos
contables y tributarios, por las reglas aplicables al arrendamiento operativo,
cualquiera sea el patrimonio del locatario o el tipo de bien objeto del contrato. En
consecuencia, el locatario registrará como un gasto deducible la totalidad del
canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar en su activo o su pasivo
suma alguna por concepto del bien tomado en leasing.

Esta disposición estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2000.

ARTÍCULO 9°. Lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 258 de 1999 no se
aplicará a la contribución prevista en el Decreto 2331 de 1998, la cual se causará
en los términos previstos en este último.

ARTÍCULO 10. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 258 de
1999, para determinar el monto de la compensación a que se refiere dicho artículo
se incluirán dentro de los ingresos que se toman como base del cálculo aquellos
provenientes de los monopolios de licores.

Así mismo, los municipios que reciban compensaciones en desarrollo del artículo
21 del Decreto 258 de 1999 deberán transferir las sumas a su cargo por concepto
de impuesto predial a las corporaciones autónomas regionales.




                                                                                    375
                                  CAPITULO II

      Disposiciones para promover la construcción y reconstrucción



ARTÍCULO 11. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero destinará parte de sus recursos a la constitución de un fondo fiduciario
administrado a través de uno o varios contratos fiduciarios, para estimular el
otorgamiento de subsidios a la demanda de inmuebles, para lo cual podrá realizar
las siguientes actividades:

a) Otorgar créditos con el fin de suministrar los recursos necesarios para el inicio
de proyectos masivos de construcción, reconstrucción y rehabilitación en los
municipios en los cuales se decretó la emergencia económica, social y ecológica,
en la parte que dichos recursos no sean financiados por los establecimientos de
crédito;

b) Adquirir terrenos y adelantar sobre los mismos, directamente o a través de
terceros, las obras de urbanismo y adecuación y de división en lotes individuales
con el fin de que éstos sean entregados a los propietarios o poseedores de
inmuebles afectados, a cambio de la entrega de sus inmuebles al fondo fiduciario;

c) Excepcionalmente, otorgar cualquier clase de subsidios que faciliten a los
propietarios o poseedores de los inmuebles afectados, urbanos o rurales, el pago
de la cuota inicial que puedan requerir para la adquisición de un nuevo inmueble;

d) Otorgar garantías o subsidios adicionales a los que deba entregar el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras en desarrollo de los programas que le
fueron asignados mediante el Decreto 196 de 1999 con el fin de facilitar a los
propietarios o poseedores de los inmuebles afectados el acceso a la financiación
que otorguen los establecimientos de crédito.

PARÁGRAFO. El fondo fiduciario contará con un Consejo de Administración que
estará integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el
Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, y el Presidente
del Consejo Directivo del Fondo para Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero o su delegado.

ARTÍCULO 12. Serán funciones del Consejo de Administración a que se refiere el
artículo anterior, las siguientes:

a) Fijar las condiciones de elegibilidad de las operaciones que pueden realizarse
con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario para lo cual tendrá en cuenta el
interés expresado por los damnificados o por la comunidad afectada en la
adquisición de los inmuebles a los cuales se destinen los apoyos de dicho fondo;




                                                                                 376
b) Establecer las condiciones de los créditos, de las garantías y de los subsidios
adicionales que se otorguen con cargo al fondo fiduciario;

c) Adoptar los procedimientos conducentes a la adquisición de los terrenos y a la
realización de las obras de urbanismo, adecuación y división previstos en el literal
b) del artículo anterior del presente decreto;

d) Definir los mecanismos mediante los cuales los beneficiarios de los apoyos que
otorga el fondo fiduciario acrediten su calidad de tales ante terceros;

e) Determinar los demás aspectos necesarios para el desarrollo del fondo
fiduciario.

ARTÍCULO 13. Autorízase al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras para
establecer, con cargo a los recursos del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero, una línea de redescuento de créditos otorgados por los
establecimientos de crédito a constructores para financiar proyectos de vivienda de
interés social que se desarrollen en los municipios a los cuales se refieren los
Decretos 195 y 223 de 1999.

ARTÍCULO 14. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero podrá constituir un patrimonio autónomo que tendrá como propósito
otorgar créditos destinados a la reconstrucción o reparación de los inmuebles
ubicados en los municipios a los cuales se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999.

El patrimonio autónomo contará con un Consejo de Administración integrado por el
Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Director del Departamento
Nacional de Planeación o su delegado, y el Presidente del Consejo Directivo del
Fondo para Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero o su delegado.

A dicho Fondo corresponderá, además de la determinación de los aspectos
necesarios para el cumplimiento del objeto de dicho patrimonio autónomo, la
definición de los términos y condiciones de los créditos a los cuales se refiere el
presente artículo, tales como montos plazos, tasas de interés y garantías.

En todo caso, el plazo para ejecutar las obras de reconstrucción o de reparación
sobre los inmuebles afectados no podrá exceder de un año contado a partir de la
fecha en la cual el patrimonio autónomo desembolse los correspondientes
recursos.

ARTÍCULO 15. Concluidas las obras de reconstrucción o reparación de los
inmuebles de que trata el artículo anterior, el patrimonio autónomo podrá enajenar
a título oneroso o entregar en administración a los establecimientos de crédito,
total o parcialmente, la cartera constituida por los préstamos otorgados para tal
propósito. Para el efecto, utilizará mecanismos que brinden publicidad,
transparencia y permitan amplia participación de los establecimientos de crédito.



                                                                                 377
Cuando los establecimientos de crédito reciban la cartera indicada en el presente
artículo, los deudores de los préstamos individuales cedidos o recibidos en
administración tendrán derecho a que el Fondo de Garantías de Instituciones
financieras cancele a las entidades adquirentes la diferencia de tasa de interés de
que tratan el numeral 2° del literal a) y el literal b) del artículo 1° del Decreto 196
de 1999.

Sin perjuicio de la facultad de la Junta Directiva del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras para establecer la forma y procedimientos en que
deberán acreditarse los requisitos para tener derecho al beneficio de la tasa de
interés aquí previsto, será necesario que se cumplan las condiciones contenidas en
los literales b), c), y d) del artículo 2° del Decreto 196 de 1999.

ARTÍCULO 16. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero podrá celebrar contratos de crédito con los fondos de garantías de la
región afectada, con el fin de facilitar que los mismos puedan otorgar garantías a
los créditos para capital de trabajo que se otorguen a los afectados por el
terremoto del 25 de enero de 1999 que figuren en el censo respectivo.

ARTÍCULO 17. Los fondos de garantía que atienden las necesidades de la
pequeña y mediana empresa darán especial prioridad a las solicitudes de los
pequeños comerciantes damnificados en los municipios a los que se refieren los
Decretos 195 y 223 de 1999, en la ejecución de sus presupuestos de actividades y
recursos.

ARTÍCULO 18. El artículo 30 del Decreto 258 de 1999, quedará así:

El Fondo para la Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero creado por el
Decreto 197 de 1999 se denominará en adelante Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero y tendrá por objeto la financiación y realización
de todas las actividades necesarias para la reconstrucción y la rehabilitación
económica, social y ecológica que permita el desarrollo social de la región del eje
cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999. Los contratos de
asesoría técnica y consultoría que celebre el Fondo, directamente o a través de
entidades fiduciarias, no estarán sujetos al impuesto sobre las ventas. En las
fechas que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Fondo comunicará
a dicho Ministerio el valor correspondiente al impuesto sobre el valor agregado a
cargo del Fondo, con el fin de que se incluyan recursos correspondientes al monto
de dicho impuesto en el proyecto de presupuesto.

ARTÍCULO 19. La opción prevista en el literal a) del parágrafo 4° del artículo 1°
del Decreto 196 de 1999, modificado por el artículo 27 del Decreto 258 de 1999
corresponderá ejercerla al deudor y su decisión será obligatoria para el acreedor.

ARTÍCULO 20. Por el término de un año contado a partir de la publicación de
este Decreto, los recursos que el Instituto de Fomento Industrial, IFI, debería
invertir en "Títulos de Desarrollo Agropecuario", serán destinados por dicho

                                                                                    378
Instituto para abrir una línea de redescuento o crédito para la financiación de
capital de trabajo en los municipios a que se refieren los decretos 195 y 223 de
1999, en las condiciones que fije su Junta Directiva.

ARTÍCULO 21. Los contratos que celebre la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil para la reconstrucción y puesta en funcionamiento del Aeropuerto
El Edén de la ciudad de Armenia, se regirán por el derecho privado, sin perjuicio
de que se puedan incluir las cláusulas excepcionales previstas por la Ley 80 de
1993, evento en el cual las mismas se regirán por lo dispuesto en dicha ley. Lo
anterior incluirá el proceso de formación del contrato.



                                  CAPITULO III

               Disposiciones en materia de servicios públicos



ARTÍCULO 22. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero, en coordinación con la comisión de regulación respectiva, podrá otorgar
subsidios para el pago de servicios públicos domiciliarios a los usuarios cuyo
inmueble haya sido destruido o gravemente afectado por el terremoto del 25 de
enero pasado y que por ello hayan tenido que desocuparlos, así como a las
personas de los estratos 1 a 4 y cuyos inmuebles figuren en el censo por haber
sido afectados, pero que no hayan tenido que desocuparlos.

Dichos subsidios podrán otorgarse por un período máximo de ocho meses y hasta
por un monto equivalente al valor del cargo fijo o el consumo mínimo más un
veinticinco por ciento (25%) e incluir los cargos de reconexión o traslado.

El subsidio será pagado directamente a la respectiva empresa de servicios públicos
por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero.

ARTÍCULO 23. Las empresas de servicios públicos domiciliarios y todos los
operadores      de   telecomunicaciones      podrán    castigar   las   obligaciones
correspondientes al último período de facturación inmediatamente anterior del 25
de enero de 1999, a cargo de los usuarios afectados por el terremoto, en los
municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999. Lo anterior no constituirá
una violación al principio de insuficiencia financiera establecido en la Ley 142 de
1994, ni podrá ser considerado por las autoridades competentes como práctica
restrictiva de la competencia o conducta de competencia desleal.




                                                                                 379
                                  CAPITULO IV

                  Disposiciones sobre subsidio de vivienda



ARTÍCULO 24. Sin perjuicio de la atención a los trabajadores afiliados, las Cajas
de Compensación Familiar destinarán el diez por ciento (10%) de las apropiaciones
mensuales correspondientes a programas de vivienda durante los años 1999 y
2000 para atender las necesidades de vivienda de los pobladores de la zona de
desastre, prioritariamente para quienes en el momento de la ocurrencia del mismo,
tenían la calidad de afiliados a las Cajas de Compensación Familiar de la región, y
en segundo término para la población no afiliada.

PARAGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar destinarán adicionalmente
para la población no afiliada, los dineros del FOVIS que a la fecha de la expedición
del presente decreto se encuentren destinados a atender la segunda y tercera
prioridad y que no estén comprometidos.

Entiéndese por recursos no comprometidos aquellos que no han cumplido el
trámite de adjudicación y los que hayan sido adjudicados a hogares que
desistieron del mismo, o que no los utilizaron dentro del plazo que les fue
conferido para tal efecto.

Con base en el censo de afectados realizado por la autoridad competente, las
Cajas de Compensación Familiar de la región identificarán los afiliados afectados.

ARTÍCULO 25. De acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los
beneficiarios, el tipo y valor de la solución de vivienda de interés social y las
necesidades de mejoramiento, la cuantía del subsidio familiar de vivienda otorgado
por las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a los recursos indicados en el
artículo anterior de este decreto será hasta de veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 26. Las Cajas de Compensación Familiar, podrán con los recursos a
que se refiere el artículo 24 de este decreto y los que obtengan de otras fuentes,
desarrollar proyectos integrales de vivienda de interés social directamente, o
mediante convenios con entidades públicas, privadas u otras Cajas de
Compensación Familiar; adquirir de terceros, total o parcialmente, programas de
vivienda de interés social con el fin de aplicar estos subsidios.

ARTÍCULO 27. Para efectos de la asignación de subsidios de mejoramiento a los
beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas en este decreto, las Cajas
de Compensación Familiar prestarán directamente la asistencia técnica,
establecerán los controles y harán el seguimiento para la aplicación del citado
subsidio. Sin perjuicio de lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar deberán
participar en la ejecución del respectivo programa de mejoramiento.


                                                                                 380
PARÁGRAFO. Para la aplicación del presente artículo se atenderá a la definición
de mejoramiento contemplada en las normas que regulan el subsidio de vivienda
familiar y se tendrán en cuenta las actividades encaminadas a restablecer las
condiciones normales de la vivienda, superando los daños graves causados por el
terremoto.

ARTÍCULO 28. Los proyectos presentados por las Cajas de Compensación
Familiar, en cumplimiento de este decreto, deberán ajustarse a las políticas
señaladas por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero.
La aprobación de tales proyectos corresponderá a la Superintendencia de Subsidio
Familiar de conformidad con las normas vigentes, la cual deberá pronunciarse en
un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.

ARTÍCULO 29. Las Cajas de Compensación Familiar administrarán los recursos de
que trata el artículo 24 de este decreto. El seguimiento y control de la
administración de los citados recursos, lo efectuará la Superintendencia del
Subsidio Familiar de conformidad con las normas vigentes.

PARÁGRAFO. Para los efectos del régimen de excepción establecido en el
presente decreto, el Gobierno Nacional señalará el procedimiento para la
postulación, calificación, adjudicación y entrega del subsidio.

ARTÍCULO 30. Para acceder al subsidio familiar de vivienda se deberá cumplir
con las siguientes condiciones:

1. Conformar un hogar en los términos establecidos en las normas de subsidio de
vivienda familiar.

2. Ninguno de los miembros del hogar podrá ser propietario de una solución de
vivienda, excepto de la vivienda afectada por el desastre.

3. Los ingresos totales del hogar no podrán ser superiores a cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de asignación.

4. En el evento de adquisición de vivienda deberá acreditarse la fuente de
financiación del resto del valor de la solución de vivienda.

PARÁGRAFO 1°. En el caso de que el solicitante afectado por el terremoto haya
recibido subsidio por parte de las Cajas de Compensación Familiar antes del 25 de
enero de 1999, el mismo podrá obtener un nuevo subsidio en la forma que señale
el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 2°. En todo caso, los auxilios, subsidios o beneficios que se
otorguen para financiar vivienda no podrán exceder del cien por ciento del valor de
compra del inmueble.

ARTÍCULO 31. Las soluciones de vivienda a las cuales se podrá aplicar el subsidio
de vivienda de que tratan los artículos anteriores de este decreto, no podrán


                                                                                381
superar el valor equivalente a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, debiendo aplicarse preferiblemente a vivienda cuyo valor no
supere el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

                                  CAPITULO V

                     Disposiciones en materia educativa

ARTÍCULO 32. Los establecimientos educativos de los municipios señalados en
los decretos 195 y 223 de 1999, podrán reducir el calendario académico para el
año lectivo de 1999 a que se refiere el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, siempre
y cuando se garantice que el educando alcance los logros establecidos en el plan
de estudios del proyecto educativo institucional.

Dicha modificación se registrará en la secretaría de educación respectiva, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 1994.

ARTÍCULO 33. Sin perjuicio de la autonomía escolar, las instituciones de
educación formal deberán evaluar el cumplimiento de los logros de los educandos
provenientes de la zona de desastre, que aspiren a continuar en ellos sus estudios
y que carezcan del certificado de estudios respectivo, quienes, sin exigencia de
documento distinto al resultante de dicha evaluación, serán incorporados al grado
que corresponda según el plan de estudios.

ARTÍCULO 34. Los municipios relacionados en los Decretos 195 y 223 de 1999,
integrarán un área educativa especial para el desarrollo de un subsistema
educativo que garantice que la prestación del servicio educativo responda a las
necesidades de dicha zona.

Dentro del mes siguiente a la publicación del presente decreto, el Ministerio de
Educación Nacional y el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero, conjuntamente con los gobernadores y alcaldes con jurisdicción en el
área, diseñarán un Plan de Acción con identificación de alternativas, programas y
proyectos, incluyendo útiles y textos, que garanticen el restablecimiento integral
del servicio educativo y la reconstrucción de las comunidades educativas e
incorporen mecanismos especiales de coordinación y gobierno y de participación
ciudadana.

Además de las fuentes ordinarias de financiación del sector educativo, el plan de
acción incluirá los recursos que podrán aportar el Fondo de Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero y el sector privado.

El Gobierno Nacional reglamentará la administración y operación del Subsistema a
que se refiere el presente artículo.




                                                                                 382
                                  CAPITULO VI

                     Disposiciones en materia ambiental

ARTÍCULO 35. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales de Risaralda -Carder-, Quindío -CRQ-, Tolima -Cortolima-, y Valle -CVC-
formularán conjuntamente, un Plan de Acción Ambiental para hacer frente a los
factores de deterioro y riesgo ambiental originados por el evento sísmico en la
región, y garantizar la incorporación de la dimensión ambiental en las actividades
de reconstrucción, recuperación y reactivación de los sectores productivos de los
municipios afectados por el desastre, a fin de impulsar su desarrollo sostenible.

Dichas autoridades deberán elaborar el Plan de Acción Ambiental en un término
máximo de dos meses contados a partir de la publicación del presente decreto.

PARÁGRAFO 1º. El Ideam, el Ingeominas, el IGAC y demás entidades del
Sistema Nacional Ambiental, SINA, prestarán asesoría y asistencia técnica en la
elaboración y puesta en marcha de dicho Plan.

PARÁGRAFO 2º. El Plan de Acción Ambiental tendrá en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

- Mitigación de los efectos del deterioro ambiental derivados del sismo y
prevención de la extensión de sus efectos.

- Prevención, mitigación y control de los impactos ambientales generados por el
proceso de reconstrucción.

- Incorporación de criterios de identificación de amenazas naturales, mitigación de
riesgos y prevención de desastres en los planes de ordenamiento territorial.

- Manejo integral de residuos y escombros.

- Prevención de la contaminación y mejoramiento de la competitividad de los
sectores productivos mediante estrategias para una producción más limpia.

- Recuperación de cuencas hidrográficas y de áreas amenazadas o en proceso de
degradación.

- Incremento de la oferta de bienes y servicios ambientales competitivos que
genere empleo y fortalezcan la economía regional.

- Promoción de modelos de desarrollo urbano sostenible.

- Capacitación comunitaria para el manejo del riesgo y la participación en el
proceso de reconstrucción.

- Diseño y puesta en marcha del sistema de información ambiental como soporte
de las acciones del plan.


                                                                                383
PARÁGRAFO 3o. Los Planes de Acción y los Planes de Gestión Ambiental
Regional de las Corporaciones anteriormente enunciadas, deberán ser revisados y
ajustados atendiendo las necesidades de la emergencia y las previsiones
contenidas en el Plan de Acción Ambiental al que se refiere el presente artículo.

Conjuntamente con Ingeominas el Sistema Nacional Ambiental apoyará los
proyectos de microzonificacion e instrumentación sísmica.

ARTÍCULO 36. Quedarán eximidos del requisito de licencia ambiental los
proyectos, obras o actividades de rehabilitación, reconstrucción y reposición en los
sectores de transporte, infraestructura, eléctrico, servicios y productivo, en los
municipios a los que se refiere los Decretos 195 y 223 de 1999, así como las obras
geotécnicas encaminadas a la prevención y mitigación de desastres en los mismos
municipios.

Para su ejecución se requerirá de la obtención previa de los permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales
expedidos por la Corporación Autónoma Regional competente.

ARTÍCULO 37. Los proyectos, obras o actividades de que trata el artículo
anterior, deberán incorporar la variable ambiental en las fases de factibilidad,
diseño y ejecución de acuerdo con los lineamientos y parámetros establecidos en
las Guías de Manejo Ambiental que para tal propósito expidan las autoridades
ambientales.

ARTÍCULO 38. En los casos de licencias ambientales de competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales, éstas deberán pronunciarse en un término
máximo de tres (3) meses, sin detrimento del ejercicio de los derechos y
mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental. Vencido este
término se entenderá que la decisión es positiva.

ARTÍCULO 39. Las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 38 del presente
decreto sólo tendrán aplicación por un término de dos años contados a partir de la
expedición de este decreto.

No se aplicarán los artículos 36 y 38 de este decreto a las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, resguardos indígenas, reservas forestales, páramos
y demás áreas naturales protegidas, así como en las áreas estratégicas que sean
determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales.

ARTÍCULO 40. Las Corporaciones Autónomas Regionales, en conjunto con las
autoridades municipales, deberán identificar los sitios para la disposición temporal
y definitiva de escombros, así como prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental generados por dicha actividad.




                                                                                 384
ARTÍCULO 41. El Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales con jurisdicción en los municipios afectados por el sismo, el Ideam, el
IGAC e Ingeominas, prestarán la asistencia técnica que sea requerida por el Fondo
para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, que permita garantizar
la incorporación de la dimensión ambiental, la mitigación de riesgos y la
prevención de desastres, en el diseño y ejecución de los proyectos que se
financian con cargo a los recursos de dicho Fondo.

ARTÍCULO 42. Las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la
zona de desastre, apoyarán y asistirán técnicamente a los municipios afectados en
el área de su jurisdicción, en la incorporación de los determinantes y criterios
ambientales en sus planes de ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 43. Durante el término de un año se eximirá del pago de tasas
retributivas ambientales en los municipios afectados por el terremoto mencionados
en los Decretos 195 y 223 de 1999.

ARTÍCULO 44. Dentro del Plan de Acción Ambiental se formularán programas
para el fomento, establecimiento y mantenimiento de las plantaciones del bambú,
guadua y desarrollo de núcleos forestales en los municipios afectados por el
desastre.

Para lo anterior, los beneficios consagrados en los artículos 6°, 7° y 8° del Decreto
258 de 1999 se aplicarán también a las personas que desarrollan actividades de
reforestación, incluyendo el bambú, guadua, en las condiciones y términos que
dichas disposiciones establecen.

ARTÍCULO 45. Las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda y Quindío
quedan exentas del pago de los aportes al Fondo de Compensación Ambiental,
creado por la Ley 344 de 1997, por el término de tres años contados a partir de la
expedición del presente decreto.

Las Corporaciones Autónomas Regionales del Quindío y Risaralda recibirán una
compensación equivalente al ochenta por ciento y al cincuenta por ciento
respectivamente de la reducción de sus ingresos por concepto de su participación
en el impuesto predial causado en los municipios a los cuales se refieren los
Decretos 195 y 223 de 1999.

La compensación a que se refiere el presente artículo será cubierta por el Fondo
de Compensación Ambiental y por el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social
del Eje Cafetero por partes iguales, en virtud de un contrato que celebrarán con
las Corporaciones para el efecto.

El Fondo de Compensación Ambiental deberá entrar en operación a más tardar en
el segundo trimestre de 1999.




                                                                                  385
ARTÍCULO 46. Con el objeto de facilitar la coordinación y articulación del Sistema
Nacional Ambiental y del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, a partir de la expedición del presente decreto, el Ministerio del Medio
Ambiente formará parte del Comité Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, la Junta Consultora del Fondo Nacional de Calamidades y del Comité
Técnico Nacional; así mismo, los Directores de las Corporaciones Autónomas
Regionales serán miembros de los Comités Regionales para la Prevención y
Atención de Desastres.

Parágrafo. La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres del
Ministerio del Interior e Ingeominas, serán miembros del Consejo Nacional
Ambiental.

                                  CAPITULO VII

                 Disposiciones en materia de arrendamiento

ARTÍCULO 47. Durante los años 1999 y 2000, el precio de los arrendamientos de
los inmuebles urbanos ubicados en los municipios a los que se refieren los
Decretos 195 y 223 de 1999 y a los cuales no se aplique el artículo 518 del Código
de Comercio, no podrá exceder del uno por ciento del valor comercial, el cual a su
turno no podrá ser superior a dos veces el avalúo catastral.

Los inmuebles destinados a vivienda urbana continuarán sujetos a la Ley 56 de
1985.

ARTÍCULO 48. Las personas naturales o jurídicas que el 25 de enero de 1999
tuvieran la calidad de arrendatarios de inmuebles ubicados en la jurisdicción de los
municipios señalados en los Decretos 195 y 223 de 1999 que hayan sido afectados
en su estructura por el terremoto impidiendo su ocupación, tendrán derecho a que
una vez reconstruidos o reparados se les prefiera como arrendatarios en las
mismas condiciones ofrecidas por cualquier otra persona. En el caso de
establecimientos de comercio dicha preferencia se dará independientemente del
tiempo de ocupación. En todo caso no podrá exigírseles el pago de primas o
valores adicionales al canon de arrendamiento. Este derecho existirá durante los
años 1999 y 2000, siempre y cuando el propietario o poseedor no lo requiera para
su propia habitación o en el caso de locales comerciales, para un establecimiento
suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que tuviere el
arrendatario.

                                 CAPITULO VIII

         Disposiciones para promover el empleo y la reactivación

ARTÍCULO 49. Los alcaldes municipales, distritales y/o metropolitanos podrán
otorgar permisos especiales y transitorios a los propietarios de vehículos clase taxi
y escolares de servicio particular, que fueron afectados con el terremoto ocurrido


                                                                                  386
el 25 de enero de 1999, para prestar el servicio en su jurisdicción hasta por el
término de 6 meses.

ARTÍCULO 50. El permiso a que se refiere el artículo anterior sólo podrá ser
concedido a los taxis que se encontraban vinculados a empresas o a las vehículos
escolares hayan obtenido permiso por la autoridad competente de los municipios
previstos en los Decretos 196 y 223 de 1999.

ARTÍCULO 51. Para la obtención del permiso especial y transitorio los
propietarios de los vehículos taxi y de los vehículos particulares que venían
prestando el servicio escolar deberán acreditar los siguientes requisitos:

Taxis:

a) Solicitud escrita dirigida a la autoridad de transporte y tránsito competente;

b) Anexar fotocopia autenticada de la tarjeta de operación, del seguro obligatorio y
de la licencia de tránsito.

Escolares (Particulares):

a) Solicitud escrita dirigida a la autoridad de transporte y tránsito competente;

b) Anexar fotocopia autenticada del seguro obligatorio, de la licencia de tránsito y
del permiso otorgado por la autoridad de transporte y tránsito vigente para 1997 o
1998 de los municipios afectados por el desastre;

c) Acreditar la celebración de un contrato individual directamente con el padre de
familia o con un establecimiento educativo para la prestación del servicio.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores el propietario del
automotor deberá cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que rigen en
cada ciudad para la prestación del servicio.

ARTÍCULO 52. Los proyectos viales para la construcción, rehabilitación,
mantenimiento y operación de los proyectos viales de Ibagué-Armenia, Calarcá-La
Paila, Pereira-La Paila, serán considerados prioritarios dentro del plan de
inversiones del Instituto Nacional de Vías.

ARTÍCULO 53. Para el desarrollo y ejecución de los proyectos a que se refiere el
artículo anterior debidamente estructurados, el Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social de la Región del Eje Cafetero destinará cincuenta mil (50.000)
millones de pesos durante la vigencia fiscal de 1999 y cien mil (100.000) millones
de pesos durante la vigencia fiscal del año 2000.

Los recursos previstos en la presente disposición serán ejecutados a través de la
celebración de un contrato entre el citado Fondo y el Instituto Nacional de Vías de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 197 de 1999.



                                                                                    387
                                  CAPITULO IX

                 Disposiciones en materia de crédito público

ARTÍCULO 54. Para programas de reconstrucción, rehabilitación y desarrollo de
los municipios señalados en los Decretos 195 y 223, ambos de 1999, el Fondo para
la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero podrá realizar operaciones de
crédito público, asimiladas a crédito público, de manejo de deuda y conexas y de
tesorería, las cuales se sujetarán al régimen previsto para este tipo de
operaciones.

ARTÍCULO 55. Las garantías que se otorguen en desarrollo de lo dispuesto por
los artículos 9° del Decreto 196 de 1999 y 29 del Decreto 258 de 1999 sólo podrán
otorgarse para operaciones de crédito público que se contraten a partir de la
vigencia del presente decreto y no para las que resulten de operaciones asimiladas
o de manejo de deuda o de aquellas que inicialmente fueron contraídas sin su
garantía.

En todo caso para el otorgamiento de la garantía de la Nación, las entidades
deberán constituir contragarantías adecuadas, a juicio del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

Para que la Nación otorgue su garantía de pago a operaciones de crédito público
interno y externo en los términos del presente artículo, será necesario que el
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero imparta su
aprobación a la obra o proyecto que se ejecutará con los recursos provenientes de
la operación de crédito público que se garantice.



                                  CAPITULO X

                      Disposiciones en materia de salud

ARTÍCULO 56. En razón a la afectación que sufrieron todos los municipios del
departamento del Quindío y con el fin de recuperar a la mayor brevedad la
operación eficiente del sistema de salud y la cobertura de la población que quedó
desprotegida, el Gobernador de dicho departamento podrá aplicar en su integridad
la Ley 100 de 1993, en lo que se refiere al régimen subsidiado del Sistema de
Seguridad Social en Salud, sin que haya lugar a la aplicación de la transición
prevista en dicha ley ni en la 344 de 1996.

El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en las
condiciones que convenga con el departamento, podrá apoyar financieramente
dicho proceso, cofinanciando con los recursos de que disponga el departamento
que se transformen de subsidio de oferta a subsidio a la demanda, la población
subsidiada que no esté cubierta con los recursos que debe proveer el Fondo de



                                                                                 388
Solidaridad y Garantía de acuerdo con las reglas aplicables en el resto del país.
Como parte de dicho proceso, el Fondo podrá apoyar la reestructuración de los
hospitales y centros de salud de la región afectada. Una vez reestructurados dichos
hospitales y centros de salud, los mismos sólo se financiarán con la venta de sus
servicios como lo establece la Ley 100 de 1993.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto y con el fin de determinar
y adelantar la labor de reestructuración de los hospitales y centros de salud de la
red pública, se deberá hacer un estudio de la oferta publica de servicios requerida
en el departamento mencionado en materia de salud. Dicho estudio será
adelantado por el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social y evaluado
conjuntamente con el departamento del Quindío y el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 57. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero proporcionará los recursos necesarios para mantener afiliados al régimen
contributivo del sistema de seguridad social en salud durante un término de seis
meses a las personas que acrediten:

a) Haber estado afiliados al régimen de seguridad social el 25 de enero de 1999 y
haber compensado efectivamente;

b) Ser residente en los municipios a los cuales se refieren los Decretos 195 y 223
de 1999 en la misma fecha, y

c) Haber perdido la posibilidad de desempeñar su trabajo habitual o el empleo que
realizaba con contrato de trabajo.

El beneficio se perderá en el momento en que la persona celebre un contrato de
trabajo o tome posesión de un cargo público. El valor de la cotización para estas
personas se calculará sobre el valor del salario mínimo.

ARTÍCULO 58. El Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud podrá girar
directamente a las administradoras del régimen subsidiado que desarrollen su
actividad en municipios a los que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999 los
recursos de la subcuenta de solidaridad, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley. Para estos efectos, las entidades territoriales efectuarán las
operaciones presupuestales en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico
del Presupuesto y efectuarán su ejecución sin situación de fondos. De igual
manera se podrá proceder con los recursos de cofinanciación para salud.

ARTÍCULO 59. Con el fin de obtener recursos para atender las necesidades de
salud en los departamentos afectados, autorízase la realización de un sorteo
extraordinario de lotería durante cada uno de los años 1999 a 2003 inclusive. La
empresa "Lotería del Quindío" administrará y realizará los sorteos respectivos,
directamente o por contrato realizado con sujeción a la Ley 80 de 1993. El
producto del sorteo se repartirá entre los departamentos afectados por el


                                                                                   389
terremoto en proporción al número de afectados que haya en cada uno, según el
censo del Departamento Nacional de Estadística. Estos sorteos estarán sujetos a la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 60. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero podrá igualmente otorgar apoyos o subsidios a la tasa de interés de los
créditos que se otorguen para financiar la construcción o reconstrucción de
hospitales, centros de salud y escuelas en la zona a la que se refieren los Decretos
195 y 223 de 1999.

El Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero deberá contemplar
en sus planes y proyectos el manejo integral del saneamiento básico.

ARTÍCULO 61. Los contratos que se celebren para ejecutar los recursos que el
Fondo de Solidaridad y Garantía, Subcuenta Eventos Catastróficos y Accidentes de
Tránsito destine para atender los proyectos para hacer frente a la situación de
emergencia en los municipios a los que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999
se celebrarán conforme al derecho privado, sin perjuicio de que en los mismos
puedan incluirse cláusulas excepcionales, las cuales se regirán por lo dispuesto por
la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO 62. El Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero
así como las entidades públicas que hayan recibido medicamentos y otros bienes
perecederos con destino a la atención de la emergencia, podrán enajenarlos o
destinarlos a otros fines cuando tales bienes no se requieran para la atención de la
misma y estén a punto de llegar a su fecha de vencimiento.



                                   CAPITULO XI

                Disposiciones en materia de justicia y policía

ARTÍCULO 63. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el
departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior, elaborará en un
plazo no mayor de 90 días, un programa para contribuir a restablecer el eficaz
funcionamiento del aparato estatal de justicia y para facilitar el acceso real a la
administración de justicia en los municipios a los que se refieren los Decretos 195
y 223 de 1999.

Dicho programa contendrá, entre otros, los siguientes elementos:

1. Propuestas para el desarrollo de la jurisdicción de la paz.

2. Acciones para el establecimiento de casas de justicia y la implementación de
mecanismos alternativos de solución de conflictos.

3. Medidas para la recuperación y modernización de la infraestructura carcelaria.


                                                                                 390
El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del
Derecho y el Departamento Nacional de Planeación, presentará dentro del mismo
plazo previsto en el primer inciso de este artículo, un programa para el desarrollo
de la actividad policiva que permita el restablecimiento de las condiciones de
convivencia en la zona y que incluya:

1. Desarrollo de programas en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional
y las autoridades territoriales, para la organización de la policía comunitaria.

2. Recomendaciones para la actualización de los códigos locales de policía.

ARTÍCULO 64. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación, y
deroga los artículos 16 y 17 del Decreto 258 de 1999.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 1999.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro del Interior Encargado de las funciones del Despacho del Ministro
del Interior, Jorge Mario Eastman Robledo. El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo Fernández De Soto. El Viceministro de Justicia y del Derecho, encargado
de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, Mauricio
González Cuervo. El Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público, encargado
de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Sergio
Clavijo Vergara. El Comandante General de las Fuerzas Militares, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de Defensa Nacional, General Fernando Tapias
Stahelin. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Roberto Murgas
Guerrero. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Hernando Yepes Arcila. El
Ministro de Salud, Virgilio Galvis Ramírez. El Ministro de Desarrollo Económico,
Fernando Araújo Perdomo. La Ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez
de Rincón. El Ministro de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela Delgado. El
Ministro de Educación Nacional, Germán Alberto Bula Escobar. El Ministro del
Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado. La Ministra de Comunicaciones, Claudia
De Francisco Zambrano. El Ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas Santa María.
El Ministro de Cultura, Alberto Casas Santamaría.




                                                                                391
                                DECRETO 1516
                             13 de agosto de 1999

  Por el cual se declara la existencia de una situación de desastre en el
    municipio de San Cayetano del departamento de Cundinamarca.

                               CONSIDERANDO:

Que el 13 de mayo de 1999, en el municipio de San Cayetano , departamento de
Cundinamarca, debido a fallas geológicas y condiciones hidrológicas se evidencio
un movimiento de cerca de 10.000.000 M3 de lodo en sentido paralelo al caso
urbano con una pendiente de 5º, generando daño a las estructuras de las
viviendas y desencadenando fallas en el suelo del municipio;

Que según sugerencia de Ingeominas, consigna en el informe técnico del 21 de
mayo de 1999, dado el grado generalizado de inestabilidad, a lo largo del casco
urbano que afectaba grave y progresivamente las estructuras de las
construcciones, se hizo necesario la evacuación del casco urbano de dicho
municipio;

Que el artículo 18 del Decreto 919 de 1989, define como desastre “el daño grave o
la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica
determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la
acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial
atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter
humanitario o de servicio social”

Que el Decreto 919 de 1989 consagra una serie de instrumentos legales que
permiten generar acciones coordinadas tendientes a conjurar la crisis y procurar la
rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas:

Que el artículo 19 del mismo decreto, dispone que la situación de desastre debe
ser declarada por el Presidente de la República mediante decreto, hasta tres (3)
meses después de haber ocurrido los hechos que la constituyen, clasificando su
magnitud y efectos, previo concepto del Comité Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres:

Que el Comité Nacional para la Prevención y Atención de desastres, según consta
en el Acta 11 del 6 de agosto de 1999, emitió concepto favorable sobre la
declaratoria de situación de desastre municipal presentada en el municipio de San
Cayetano departamento de Cundinamarca:

Que declarada una situación de desastre se aplica un régimen normativo especial
que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratos, control fiscal



                                                                                392
de recursos, adquisición y expropiación, ocupación temporal y demolición de
inmuebles, imposición de servidumbres, soluciones de conflictos, moratoria o
refinanciación de deudas, incentivos de diverso orden para la rehabilitación, la
reconstrucción y el desarrollo, administración de donaciones y autorización,
control, vigilancia e inversión de los bienes donados. También se dará aplicación
por parte de las autoridades competentes a lo dispuesto por el artículo 56 del
Decreto 1909 de 1992 y demás disposiciones concordantes de materia de trámite
aplicable a las importaciones de las donaciones destinadas a los damnificados de
situaciones de desastre;

Que en virtud de emergencias anteriores se generó una política de vivienda para
casos de desaste, contenida en los decretos números 04 de 1993 y 824 de 1999,
así como en el Acuerdo 32 de 1994, del Inurbe, que requiere de la declaratoria
expresa de la situación de desastre para su aplicación;

Que es de interés del Gobierno Nacional agilizar los procesos de rehabilitación y
reconstrucción, de tal manera que se realice en el menor tiempo posible el tránsito
de la fase de atención de la emergencia hacia la fase de recuperación del área
afectada.

                                   DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Declárase la existencia de una situación de desastre de carácter
municipal en el municipio de San Cayetano, departamento de Cundinamarca.

ARTÍCULO 2º. Será la aplicación en el municipio señalado el régimen normativo
especial para situaciones de desastre contemplado en los artículos 24 y siguientes
del Decreto 919 de 1989, así como lo dispuesto por el artículo 56 del decreto 1909
de 1992 y demás disposiciones concordantes. Igualmente, se dará aplicación a las
normas en materia de vivienda.

ARTÍCULO 3º. El Comité Local respectivo elaborará un Plan de Acción Específico
para el manejo de la situación de desastre declarada, de acuerdo con las
orientaciones establecidas en este decreto, y conforme a las instrucciones que
impartan el Comité Nacional, los Comités Técnicos y Operativos y la Dirección
Nacional para la Prevención y Atención de desastres.

ARTÍCULO 4º. Las entidades públicas y privadas integrantes de los Sistemas
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, Nacional Ambiental y
Nacional de Cofinanciación, de acuerdo con su naturaleza y desde sus ámbitos de
competencia deberán participar en la ejecución de las labores tendientes a
recuperar y rehabilitar la zona afectada. Igualmente, las entidades públicas del
orden nacional de carácter financiero.




                                                                                393
Artículo 5º. Las Cajas de Compensación familiar podrán efectuar donaciones y
vincularse a la ejecución de los proyectos y programas de vivienda.

ARTÍCULO 6º. Para los efectos del presente decreto se entenderá por personas
damnificadas o afectadas por el desastre, aquella a quienes certifique como tales
la Red de Solidaridad Social, de conformidad con el censo que para tal efecto se
elaborará.

ARTÍCULO 7º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá D.C., a 13 de agosto de 1999.


ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA




                                                                               394
                               DECRETO 1539
                            19 de agosto de 1999

  por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 350 de
                                  1999.


                                   DECRETA:


ARTÍCULO 1º. Fuentes de recursos. A partir de la vigencia del Decreto 350 de
1999 y durante los años 1999 y 2000, al finalizar cada mes, las Cajas de
Compensación Familiar apropiarán el diez por ciento (10%) de los dineros
destinados a los FOVIS para atender las necesidades de subsidios de vivienda de
los habitantes de los municipios señalados en los decretos 195 y 223 de 1999.

ARTÍCULO 2º. Administración de recursos. Los recursos de que trata el artículo
1º de este decreto serán administrados por las Cajas de Compensación Familiar a
través de un fideicomiso de administración que se denominará Focafé.

PARÁGRAFO 1º. El fideicomiso de administración tendrá una Junta
Administradora conformada por un representante del Ministerio de Desarrollo
Económico que lo presidirá, un representante del Ministerio de Trabajo, un
representante del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero, un representante de Asocajas, un representante de Fedecajas, un
representante de Comfenalco Quindío, uno de Comfamiliar Quindío, uno de
Confamiliares de Caldas, uno de Comfamiliar Risaralda, y un representante de
Comcaja. Con cargo a los recursos de este fideicomiso se asignará el subsidio del
que trata el presente decreto. Las instrucciones de la Junta Administradora del
Fideicomiso deben estar respaldadas por escrito, con la firma de cada una de las
personas que la integran, con indicación de los votos, entendiéndose en todo caso
que las decisiones se tomarán con una mayoría de las dos terceras (2/3) partes de
los votos.

PARÁGRAFO 2º. En el acto de constitución del fideicomiso deberá establecerse
que la fiduciaria responderá hasta por culpa levísima por el manejo de los
recursos, garantizando su recta aplicación a los fines previstos en el Decreto 350
de 1999 y en el presente decreto.

PARÁGRAFO 3º. En cada una de las reuniones de la Junta Administradora del
Fideicomiso Focafé, deberá asistir un representante de la Superintendencia del
Subsidio Familiar, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
procedimientos aprobados.




                                                                               395
PARÁGRAFO 4º. Para cubrir los costos y gastos de administración del fondo,
incluyendo las publicaciones a que haya lugar, se imputará hasta el cinco por
ciento (5%) del valor correspondiente a las transferencias mensuales al
Fideicomiso.

ARTÍCULO 3º. Funciones. Para el desarrollo del objeto la Junta Administradora
del Fideicomiso Focafé cumplirá con las siguientes funciones:

a) Seleccionar la fiduciaria a la cual le serán transferidos los recursos señalados en
el artículo primero del presente decreto;

b) Impartir instrucciones para la recta inversión de los recursos de conformidad
con el objeto previsto para ello;

c) Seleccionar una Caja de Compensación Familiar de la zona cafetera para que
consolide todo el proceso de postulación, calificación, asignación y entrega de los
subsidios familiares de vivienda y promoción en programas de vivienda con
recursos del fondo;

d) Promover y fomentar los proyectos que impulsen la construcción de vivienda de
interés social, previo concepto del Ministerio de Desarrollo Económico y aprobación
de la Superintendencia de Subsidio Familiar, de conformidad con lo señalado en el
presente decreto;

e) Establecer, de ser necesario, ventanillas adicionales de acceso a la postulación;

f) Aprobar la selección de los postulantes beneficiados con el Subsidio Familiar de
Vivienda y expedir las respectivas cartas de asignación del subsidio;

g) Autorizar los respectivos desembolsos ante la Fiduciaria de los recursos del
subsidio y de los gastos de administración;

h) Para la distribución de los recursos que serán asignados prioritariamente a los
afiliados de las Cajas de Compensación Familiar, establecer la proporción de
postulantes afiliados sobre el total de postulaciones, porcentaje que se aplicará al
total de recursos disponibles al momento de la asignación, y la diferencia se
asignará para postulaciones de no afiliados;

i) Aprobar el formulario oficial de postulación colectiva e individual para programas
de vivienda nueva y mejoramiento;

j) Expedir la declaratoria de elegibilidad de los planes o conjuntos de soluciones de
vivienda nueva y programas de mejoramiento de vivienda a los cuales podrá
aplicarse el subsidio familiar de vivienda;



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k) Realizar monitoreo que permita velar por el correcto manejo de los recursos
asignados en subsidio para vivienda.

ARTÍCULO 4º. Objeto del subsidio. Serán beneficiarios del subsidio de que trata
este decreto, los hogares que habitaban la zona de desastre, dándose prioridad
para la distribución de los recursos a la proporción de postulantes que aspiren al
subsidio familiar de vivienda entre quienes, en el momento del terremoto, tenían la
calidad de afiliados a las Cajas de Compensación Familiar de la región, y en
segundo lugar a los no afiliados.

PARÁGRAFO. La verificación de que la vivienda afectada estaba destinada a la
habitación de los solicitantes, se realizará según el procedimiento que para el
efecto establezca el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero.

ARTÍCULO 5º. Postulantes. Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de
Vivienda las personas naturales, mayores de edad, solteras o casadas, que no sean
propietarias de una vivienda ni lo sea su cónyuge o compañero permanente en
unión marital de hecho, o que sean propietarias de una que quedó inhabitable
como consecuencia del fenómeno natural, que constituyan un hogar cuyos
ingresos mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que
señala la Ley 3ª de 1991.

PARÁGRAFO 1º. Se entiende por hogar, los cónyuges, las uniones maritales de
hecho y el grupo de personas unidos por vínculos de parentesco hasta tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que compartan un mismo
espacio habitacional.

ARTÍCULO 6º. Definición. Para efectos del presente decreto será aplicable la
definición de subsidio consagrada en el artículo 6º de la Ley 3ª de 1991 y en la Ley
49 de 1990, entendiéndose que este subsidio será excluyente de los demás
subsidios para vivienda que constituyan aporte estatal.

ARTÍCULO 7º. Sistema de información del subsidio. Las Cajas de compensación
Familiar que conforman la Junta Administradora del Fideicomiso Focafé
correspondientes a las zonas afectadas, deberán recibir, consolidar y revisar la
información de los hogares que solicitan el Subsidio Familiar de Vivienda de que
trata el presente decreto. Igualmente, las Cajas serán las encargadas de procesar
el registro de postulantes y realizar todo el proceso operativo, desde el registro
hasta el trámite previo a la asignación, para lo cual deberán contar con un sistema
de información del subsidio con un módulo de demanda con el registro de
postulantes, en donde dicha información deberá cruzarse con las demás entidades



                                                                                 397
otorgantes de subsidio para vivienda en el Eje Cafetero, a fin de no asignar un
doble subsidio a los pobladores de la zona de desastre.

PARÁGRAFO. Para efectos de la asignación del subsidio, la Junta administradora
del fideicomiso podrá realizar un convenio con una Caja de Compensación Familiar
que tenga el software para la postulación, calificación, asignación y entrega del
subsidio familiar de vivienda o con el Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana, Inurbe.

ARTÍCULO 8º. Cuantía del subsidio. La cuantía del subsidio familiar de vivienda
nueva de que trata este decreto será de hasta veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y para programas de mejoramiento será de hasta trece
(13) salarios mínimos legales mensuales, sin superar el cien por cien (100%) del
valor del mejoramiento.

ARTÍCULO 9º. Precios máximos de las viviendas subsidiables. Los precios o
valores máximos de las soluciones de vivienda a las cuales puede aplicarse el
subsidio familiar de vivienda serán los establecidos en la Ley 9ª de 1989, es decir,
cien salarios mínimos legales mensuales (100 s.m.m.) para municipios con
población igual o inferior a cien mil habitantes (100.000); ciento veinte salarios
mínimos legales mensuales (120 s.m.m.), para municipios con población superior a
cien mil (100.000) e inferior a quinientos mil (500.000) habitantes; y ciento treinta
y cinco salarios mínimos legales mensuales (135 s.m.m.) para municipios con
población superior a quinientos mil (500.000) habitantes.

ARTÍCULO 10. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios que regula el
presente decreto será de doce (12) meses calendario contados a partir del primer
día del mes siguiente a la fecha de asignación. La Junta Administradora del
Fideicomiso, podrá estudiar los casos excepcionales en que se debe ampliar el
plazo, sin superar el cincuenta por ciento (50%) del tiempo establecido.

ARTÍCULO 11. Modalidades de soluciones de vivienda. Las soluciones a aplicar en
el Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este decreto podrán ser unidades
básicas por desarrollo progresivo, unidades básicas, viviendas mínimas,
construcción en sitio propio y mejoramiento para las viviendas que quedaron en
condiciones de inhabitabilidad por el terremoto del 25 de enero del presente año, y
que pueden recuperar sus condiciones anteriores sin que exista peligro para la vida
o integridad de sus propietarios o poseedores.

Parágrafo. En el caso de mejoramiento de vivienda solicitado por poseedores solo
se podrá asignar este subsidio cuando la tenencia material del inmueble hubiera
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 308 de 1996.




                                                                                  398
ARTÍCULO 12. Condiciones para la postulación. Los hogares que deseen solicitar
el subsidio de que trata este decreto deberán cumplir con las siguientes
condiciones:

1. Los ingresos totales del hogar no podrán ser superiores a cuatro salarios
mínimos legales mensuales.

2. Conformar un hogar en los términos establecidos en el artículo 5º del presente
decreto.

3. Formulario de postulación debidamente diligenciado, el cual incluirá la
actualización de la información socioeconómica del postulante y los integrantes de
su hogar, la condición de mujer cabeza de hogar, cuando a ello hubiere lugar; la
Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentran afiliados al momento de
postular, si fuere del caso; el municipio en el cual se aplicará el subsidio.

4. Informe de la evaluación de la capacidad de crédito por parte de un
establecimiento de crédito, con indicación del monto del préstamo al cual podrá
acceder, en caso de requerirse para completar el valor de la vivienda. En caso de
no utilizarse financiación, se acreditará la disponibilidad inmediata de los recursos
para la obtención de la solución de vivienda.

5. Documento expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que
acredite la condición de mujer como cabeza de hogar, cuando fuere del caso.

6. Autorización para la verificación de la información suministrada por el postulante
y para su utilización para los fines del subsidio, con aceptación de que en los casos
de verificarse falsedad o inexactitud en la información o la documentación, el
postulante quedará automáticamente excluido del sistema de postulación al
subsidio.

ARTÍCULO 13. Períodos de asignación. La asignación de subsidios se realizará
por lo menos una vez cada trimestre en las fechas que establezca la Junta
Administradora del Fideicomiso Focafé.

ARTÍCULO 14. Postulaciones no aceptables. La Caja designada enviará el registro
de postulantes al Inurbe, quien en un término no mayor a 15 días deberá
pronunciarse informando sobre las postulaciones que deben ser descartadas por
encontrarse imposibilidades para acceder al subsidio.

ARTÍCULO 15. Calificación de las postulaciones. Una vez recibido el reporte por
parte del Inurbe, la Caja designada realizará el proceso mediante el cual el sistema
calificará de forma automática las postulaciones aceptables que conforman el
Registro de Postulantes. Para efectos de la calificación se tendrán en cuenta las



                                                                                  399
variables definidas a través de la Junta Administradora del Fideicomiso y las
condiciones relacionadas a continuación:

1. Mayor número de miembros del hogar.

2. Hijos con condiciones de discapacidad física o mental certificada.

3. Tipo de vivienda a la cual el postulante aplicará el subsidio.

4. Condición de mujer jefe de hogar.

5. Cesantías y/o ahorro de ser necesario.

6. Número de veces que el postulante ha ingresado al Registro Unico de
Postulantes.

La Junta Administradora determinará los puntajes a aplicar a cada una de estas
variables y demás variables que considere necesarias incluir en la calificación de
las postulaciones.

ARTÍCULO 16. Proceso de asignación de subsidios. La asignación de los subsidios
se efectuará con base en el presupuesto del 10% de los recursos proyectados de
los Fovis de acuerdo con el Plan Anual Mensualizado aprobado por la
Superintendencia del Subsidio Familiar. Una vez se cumpla la totalidad del proceso
de asignación de subsidios debidamente auditada y con el visto bueno de la Junta
Administradora del Fideicomiso, se producirán las listas de beneficiarios con el fin
de que se proceda a oficializar la correspondiente asignación, en la forma y plazos
que se establezcan al efecto.

ARTÍCULO 17. Publicación. La Junta Administradora del Fideicomiso publicará los
listados de beneficiarios en periódicos de amplia circulación regional, con
indicación del orden secuencial de los mismos en la lista única de postulantes
calificados, incluyendo el nombre completo del beneficiario, su cédula de
ciudadanía, el puntaje total recibido, el municipio y el tipo de vivienda a la que
deberá aplicarse el subsidio. Además se publicarán las fechas y lugares de entrega
de los documentos que acreditan la asignación del subsidio a los postulantes
beneficiados.

ARTÍCULO 18. Entrega del certificado del subsidio. La Junta Administradora del
Fideicomiso o el representante legal de la caja de compensación que ella designe
para el efecto, suscribirá y entregará a cada uno de los beneficiarios, los
documentos que acrediten la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. Estos
documentos indicarán: la fecha de su expedición, el nombre del postulante
beneficiado y su cónyuge o compañero permanente en unión marital de hecho; sus



                                                                                 400
cédulas de ciudadanía, el monto del subsidio asignado y tipo de vivienda a cuya
adquisición o construcción puede aplicarse, que será indicado en la postulación o
un tipo de precio inferior; el período de vigencia del subsidio y el municipio en el
cual se aplicará el subsidio.

ARTÍCULO 19. Pago del subsidio una vez obtenida la solución de vivienda. La
junta administradora del Fideicomiso ordenará girar el valor del subsidio, a favor
del vendedor o promotor de la solución de vivienda a la cual se aplicará el mismo,
una vez se acredite el otorgamiento y registro de la escritura pública de
adquisición o declaración de construcción o de mejoras, en el evento de
construcción en sitio propio o subsidio para mejoramiento, según la modalidad
para lo cual se hubiera aplicado el subsidio familiar de vivienda, como se señala a
continuación:

a) Si el subsidio se hubiere aplicado al pago del precio de la compraventa de una
solución de vivienda, se deberán presentar los siguientes documentos:

1. Copia de la respectiva escritura de compraventa, con constancia de su registro
correspondiente, a favor del postulante beneficiario y/o a nombre de uno o
algunos de los miembros del hogar beneficiario.

2. Documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
autorización de cobro por parte del beneficiario.

b) Si el subsidio se hubiere aplicado a la construcción de una vivienda en lote
propio, se deberá presentar:

1. Copia de la escritura de declaraciones de construcción, con la constancia del
registro correspondiente.

2. Certificado de la Gerencia Zonal del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero, en el cual conste que la vivienda construida en sitio propio
se encuentra terminada de conformidad con lo establecido en la licencia
urbanística y que cumple con las condiciones de tipo de vivienda señaladas en la
postulación y en la asignación correspondiente.

3. Documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
autorización de cobro por parte del beneficiario.

c) Si el subsidio se hubiere aplicado al mejoramiento de vivienda, se deberá
presentar:

1. Copia de la escritura de declaración de mejoras.




                                                                                  401
2. Certificado de la Gerencia Zonal del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero, en el cual conste que las obras de mejoramiento se
encuentran ejecutadas de conformidad con lo establecido en la licencia urbanística
y que se cumple con las condiciones de tipo de vivienda señaladas en la
postulación y en la asignación correspondiente.

3. Documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
autorización de cobro por parte del beneficiario.

Parágrafo 1º. La operación de compraventa o de construcción, según sea el caso,
deberá haber sido plasmada en escritura pública y registrada dentro del período de
vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. En el caso de mejoramiento integral,
bastará con una declaración de terminación de mejoras que obre en escritura
pública dentro del término de vigencia del subsidio.

Parágrafo 2º. Excepcionalmente, la Junta Administradora del Fideicomiso podrá
ordenar girar al oferente el valor del subsidio de vivienda nueva o de mejoramiento
anticipadamente, previa entrega al Fideicomiso y a satisfacción de la Junta, una
garantía de cumplimiento a favor del mismo, representada en póliza de garantía de
reembolso del subsidio a la entidad otorgante y/o aval bancaria.

ARTÍCULO 20. Se podrán realizar los pagos previstos en el artículo anterior, en
forma extemporánea, en los siguientes casos, siempre y cuando el plazo adicional
no supere los cuarenta y cinco (45) días calendario después de la fecha de
vencimiento del subsidio:

1. Cuando se acredite que la correspondiente escritura ingresó a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos antes del vencimiento del subsidio y que el
respectivo registro se ha realizado al momento de solicitar el pago.

2. Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa o la
construcción a la cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda, por fallecimiento
del beneficiario ocurrido antes de la expiración de su vigencia, sea necesaria la
designación de un sustituto.

3. Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del
valor del subsidio al vendedor, pero se detectaren en la misma errores de forma,
no advertidos anteriormente, que sea necesario subsanar.

Parágrafo. En el caso de mejoramiento de vivienda, sólo será aplicable la previsión
del numeral 2 del presente artículo.

ARTÍCULO 21. Proyectos desarrollados por las cajas de compensación familiar.
Como lo establece el artículo 26 del Decreto 350 de 1999, las Cajas de



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Compensación Familiar podrán desarrollar proyectos integrales de vivienda de
interés social directamente, o mediante convenios con entidades públicas, privadas
u otras Cajas de Compensación Familiar, con el fin de aplicar estos subsidios,
previo concepto favorable del Ministerio de Desarrollo Económico y aprobación de
la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Para este fin, la Junta Administradora del Fideicomiso podrá otorgar créditos a las
Cajas, con cargo a los recursos del fideicomiso, siempre y cuando garantice una
liquidez mínima para el pago de los subsidios asignados equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor de los recursos asignados y comprometidos pero no
pagados, con un plazo máximo de reintegro de doce (12) meses y con una tasa de
interés igual al índice de Precios al Consumidor acumulado de los últimos doce (12)
meses. El desembolso de los recursos autorizados para promocionar proyectos de
vivienda de interés social, estará sujeto a los recursos disponibles en el Fondo
Fiduciario.

ARTÍCULO 22. Recursos de segunda y tercera prioridad. Para efecto de lo
previsto en el artículo 24 del Decreto 350 de 1999, se entenderá que han cumplido
el trámite de adjudicación, aquellos recursos de segunda y tercera prioridad que
fueron dirigidos mediante resolución proferida por la Superintendencia de Subsidio
Familiar para atender las necesidades de vivienda de interés social de una región
específica y cuyas autoridades, con base en dicho acto administrativo, adelantaron
los trámites previstos para la declaratoria de elegibilidad y asignación de los
correspondientes subsidios familiares de vivienda, con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 350 de 1999.

ARTÍCULO 23. Normas complementarias. Para efectos de los asuntos regulados
por el presente decreto serán aplicadas las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 24. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 1999.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
HENANDO YEPES ARCILA

El Ministro de Desarrollo Económico,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO




                                                                                403
                           DECRETO 621 DE 2000
                              abril 5 del 2000


  por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 350 de
       1999 y se modifica parcialmente el Decreto 1539 de 1999.


El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
 constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral
   11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo
                   previsto en el Decreto 350 de 1999,


                                  DECRETA:


ARTÍCULO 1°. Adiciónase el artículo 3° del Decreto 1539 de 1999, con los
siguientes literales:

"l) Aprobar los procedimientos para la postulación, calificación, asignación y
entrega del subsidio, así como los correspondientes a la elegibilidad de los
proyectos.

"m) En cada asignación la Junta podrá destinar hasta un 10% de los recursos a
asignar en proyectos excepcionales, que presenten donaciones nacionales e
internacionales y en casos especiales que sean complementarios al subsidio
otorgado por la Junta Administradora del Fideicomiso, Focafé".

ARTÍCULO 2°. El artículo 5° del Decreto 1539 de 1999 quedará así:

ARTÍCULO 5°. Postulantes. Podrán postularse para la asignación del subsidio
familiar de vivienda aquellos hogares que habitaban una vivienda en calidad de
propietario, arrendatario o tenedor, que resultó afectada por el terremoto del 25
de enero de 1999, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señala la Ley
3ª de 1991.

PARÁGRAFO. Se entiende por hogar, los cónyuges, las uniones maritales de
hecho y el grupo de personas unidos por vínculos de parentesco hasta tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que compartan un mismo
espacio habitacional.

ARTÍCULO 3°. Las disposiciones consagradas en los Decretos 824 de 1999 y
1538 de 1999, no serán aplicables a los subsidios familiares para vivienda de



                                                                              404
interés social, otorgados en virtud de lo establecido en el capítulo cuarto del
Decreto 350 de 1999, que se rigen por las disposiciones especiales consagradas
para el efecto.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su
expedición y deroga las normas que le sean contrarias.


Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2000.


ANDRES PASTRANA ARANGO


La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN


El Ministro de Desarrollo Económico,
JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE.




                                                                            405
                                  DECRETO 2316


                            23 de noviembre de 1999

  por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 196 de 1999, en lo
 relacionado con el Censo de Inmuebles Afectados por el Terremoto del
                          25 de enero de 1999.

                                 CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto 195 de 1999, adicionado por el Decreto 223 de 1999, el
Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica
en varios municipios de Risaralda, Quindío, Caldas, Tolima y Valle del Cauca,
afectados por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero;

Que a través del Decreto 196 de 1999, se encargó al Ministerio de Desarrollo
Económico la elaboración de un censo de inmuebles urbanos afectados por dicho
evento catastrófico;

Que, mediante Decreto 814 de 1999, el Gobierno Nacional expidió disposiciones
para la debida ejecución del censo encargado al Ministerio del Desarrollo
Económico;

Que el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo establece que, en el
evento de no existir otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la
notificación personal, se le enviará por correo certificado una citación a la dirección
que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la
nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito;

Que, en razón a la imposibilidad de enviar la citación directamente a los inmuebles
afectados por el terremoto, por la inhabitabilidad de los mismos, y haciéndose
necesario dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, se hace necesario establecer un medio eficaz para
llevar a cabo tal citación,


                                     DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Declárase terminado el censo de inmuebles urbanos afectados por
el terremoto del 25 de enero de 1999, elaborado por el Ministerio de Desarrollo
Económico, consagrado en el literal e) del artículo segundo del Decreto 196 de
1999, integrado por la información recopilada por dicho Ministerio y por la
obtenida a través del procedimiento previsto en el Decreto 814 de 1999, sin
perjuicio de las revisiones a que haya lugar según el Decreto 814 de 1999.


                                                                                    406
ARTÍCULO 2°. El Ministerio de Desarrollo Económico o la persona natural o
jurídica, de derecho público o privado, en quien este delegue esta facultad, deberá
notificar los resultados del censo, en los términos del Código Contencioso
Administrativo, para lo cual podrá citarse a las personas incluidas dentro del censo,
para que acudan a la diligencia de notificación personal, por un medio de
comunicación masivo de amplia circulación en los municipios señalados en los
Decretos 195 y 223 de 1999.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones de igual jerarquía que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 1999.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Desarrollo Económico,
JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE




                                                                                  407
                                   LEY 608
                             8 de Agosto del 2000

 Por la cual se modifican los Decretos 258 y 350 de 1999, proferidos en
 desarrollo de la emergencia económica declarada mediante el Decreto
          número 195 de 1999 y se dictan otras disposiciones



ARTÍCULO 18º. Prorrógase hasta el 28 de febrero del año 2001 el impuesto de
las transacciones financieras mencionando en el artículo precedente y previsto en
el “Plan de Desarrollo Económico, con el contenido que a continuación se ordena.

A partir del primero (1º.) de enero del año 2001, este Impuesto a las Operaciones
Financieras tendrá las características y destinación previstas en este artículo y en
los artículos siguientes.

El impuesto nacional a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las
entidades que lo conforman.

Los recaudos por concepto del impuesto, tendrá la destinación prevista en el Plan
de Desarrollo, relativa a la financiación de los gastos ocasionados por las medidas
adoptadas para la reconstrucción, rehabilitación y desarrollo de la zona
determinada en los decretos dictados en virtud del estado de excepción declarado
por el Decreto 195 de 1999 y adicionado mediante el Decreto 223 de 1999. Estos
gastos se consideran de inversión social.

Los recaudos del impuesto se destinarán de manera específica y prioritaria a
financiar vivienda de interés social y a otorgar subsidios para vivienda, a la
concesión de créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas “Pymes”, a
las empresas asociativas de trabajo atendiendo el grado de afectación según la
actividad económica; y deberá el Forec cubrir los créditos educativos conforme al
Decreto número 1627 de 1996 para las organizaciones existentes antes del l25 de
enero de 1999 en Armenia y Pereira.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se consideran pequeñas y medianas
empresas aquellas que hubieran obtenido unos ingresos brutos inferiores a
seiscientos millones de pesos ($600.000.000), tengan un patrimonio bruto inferior
a ochocientos millones de pesos ($800.000.000) y un número de veinte (20)
trabajadores.

Hecho generador. El hecho generador del Impuesto a las Operaciones
Financieras lo constituye la realización de las transacciones financieras, mediante
las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes bancarias o



                                                                                 408
de ahorros, en cuentas de depósito del Banco de la República, y los giros de
cheques de gerencia.

ARTÍCULO 27º. Utilización de los recursos generados por el impuesto a
las operaciones financieras. Los recaudos del impuesto a las operaciones
financieras y sus rendimientos serán depositados en una cuenta especial de la
Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto
General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en
las subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la República la
incorporación de estos ingresos en la medida en que las necesidades locales así lo
aconsejen, hasta que se agote su producido.




                                                                               409
                                DECRETO 1515


                            11 de Agosto del 2000



 Por el cual se dictan disposiciones encaminadas a facilitar el otorgamiento
 del subsidio familiar de vivienda de interés social, por parte de las Cajas de
Compensación Familiar del Departamento de Cundinamarca, a los habitantes
                        del municipio de San Cayetano


                            C ON S I D E R A N D O

  Que el 13 de mayo de 1999, en el Municipio de San Cayetano, Departamento
  de Cundinamarca, debido a las fallas geológicas y condiciones hidrológicas se
  evidenció un movimiento de cerca de 10.000.000 M3 de lodo en sentido paralelo
  al casco urbano con una pendiente de 5º, generando daño a las estructuras de
  las viviendas y desencadenamiento de fallas en el suelo del municipio.

  Que mediante decreto 1516 de 1999 se declaró la existencia de una situación
  de desastre natural padecida por el municipio de San Cayetano y se permitió
  que las Cajas de Compensación Familiar pudieran vincularse a la ejecución de
  los proyectos y programas de vivienda.

  Que para facilitar tal labor, es fundamental la expedición de disposiciones que
  permitan agilizar el otorgamiento del subsidio de vivienda de interés social para
  atender en forma preferencial a los trabajadores afiliados a las Cajas de
  Compensación Familiar residentes en el municipio de San Cayetano,
  Departamento de Cundinamarca.



                                 DECRETA


  ARTICULO 1. OBJETO DE LOS RECURSOS. Las Cajas de Compensación de
  Cundinamarca, podrán destinar recursos apropiados al Fondo de Vivienda de
  Interés Social para atender de forma autónoma, voluntaria y, sin perjuicio de
  la atención a los trabajadores afiliados, la construcción ó reubicación del
  municipio de San Cayetano, Departamento de Cundinamarca, mediante la
  asignación de subsidios para la adquisición de Vivienda de Interés Social.

  ARTICULO 2. ADMINISTRACION DE RECURSOS. Los recursos destinados
  voluntariamente a la construcción de viviendas en el municipio de San Cayetano


                                                                                410
serán administrados por cada una de las Cajas de Compensación Familiar, y no
serán aplicables las disposiciones consagradas en los decretos 824 de 1999 y
1538 de 1999 y demás normas que rigen la política de subsidio familiar de
vivienda de interés social, en virtud de lo establecido en el decreto 1516 de
1999, por la cual se declara la existencia de una situación de desastre en el
municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca.

ARTICULO 3. BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO. Serán beneficiarios del
subsidio de que trata este decreto, los hogares afectados que habitaban la zona
urbana de desastre, en el momento de la declaratoria de las fallas geológicas y
condiciones hidrológicas en todo el casco urbano, identificados por la
Gobernación del Departamento de Cun