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                  SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL


I

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo sigue Nanneth Orellana
contra el IESS, se resuelve:


SINTESIS:

Nanneth Bernardita Orellana Bone, ha trabajado en el IESS, primero como
Guardalmacén y luego como Auxiliar de Contabilidad, hasta que fue suspendida del
trabajo por petición de su patrono al solicitar el visto bueno, razón por la cual,
demanda indemnizaciones laborales por haberse producido el despido intempestivo,
puesto que la Inspectora del Trabajo resolvió concediendo el visto bueno a los 42
días, mas no al tercer día como manda la ley.

La Jueza Segunda del Trabajo de Pichincha determina que, el hecho de que la
Inspectora del Trabajo, no haya resuelto el visto bueno en el término que establece el
Art. 599 del Código Laboral, no constituye despido intempestivo, sino simplemente
incumplimiento de sus obligaciones, puesto que, sólo si el visto bueno concedido
hubiera sido rechazado por el juez, o si negado el mismo, el empleador se negare a
reintegrar al trabajador, opera el despido intempestivo. En tal virtud, desecha la
demanda.

La Primera Sala de la Corte Superior de Quito por su parte establece que, en cuanto a
la prescripción alegada por la actora, no procede porque el mes que establece el Art.
612 del Código del Trabajo, no se cuenta desde la fecha en que se realizó el hecho sino
desde la fecha en que el empleador tuvo conocimiento de tal hecho. En consecuencia,
desechando las demás excepciones, califica de legal el visto bueno y confirma la
sentencia apelada.

La Segunda Sala de lo Laboral y Social, en fallo de mayoría considera que, contarse el
tiempo para la prescripción desde que el empleador tuvo conocimiento de alguna falta
del trabajador, resulta antitécnico, antijurídico e ilógico, puesto que, se prestaría para
abusos y, a distorsionar la estabilidad, pues toda infracción pierde efecto por la simple
acción del tiempo. Por lo tanto, aceptando el recurso de casación ordena que la
trabajadora sea restituida a su cargo o a otro de igual categoría y remuneración.

En el voto salvado del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, estimando que el visto
bueno carece de todo valor legal, acepta el recurso de casación y dispone la restitución
de la trabajadora a su cargo o a otro igual.

EL TIEMPO PARA SOLICITAR EL VISTO BUENO, A EFECTO DE QUE OPERE
LA PRESCRIPCION, DEBE CONTARSE DESDE QUE SE COMETIO LA
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INFRACCION, MAS NO DESDE QUE EL PATRONO TUVO CONOCIMIENTO
DE LA MISMA.


PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO SEGUNDO DEL TRABAJO DE PICHINCHA.- Quito, 30 de agosto de 1995;
las 09h00.-
VISTOS.- Nanneth Bernardita Orellana Bone comparece a fs. 1 y manifiesta que, desde el
15 de abril de 1985, presta sus servicios lícitos y personales en el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social IESS; que sus labores las realizó, primero en Esmeraldas, para luego,
desde abril de 1994, por cambio administrativo, laboral en la matriz, en Quito; que las
funciones que desempeñaba, primero fueron las de Guardalmacén y, luego, de Auxiliar de
Contabilidad, con el honorario y remuneraciones que detalla. Que el 13 de octubre de 1994,
el Dr. Raúl Zapater Hidalgo, Director General del IESS, ha presentado, en la Inspección del
Trabajo de Pichincha, solicitud de Visto Bueno en su contra, argumentando que la
compareciente ha infringido lo dispuesto en los Arts. 41, letra a), 43, letra a) e i) del
Reglamento Interno de Trabajo y 171, numerales 2, 3 y 5 del Código del Trabajo. Que la
mencionada petición de visto bueno le ha sido comunicada el mismo día y, encontrándose
dentro del término legal concedido, entre otras excepciones ha propuesto la de prescripción
de la acción, acorde a lo prescrito en el Art. 612, literal b) y, conforme lo indica su
empleador en su solicitud, la infracción ha sido cometida por la compareciente el 2 de
octubre de 1992. Que la Inspectora del Trabajo ha resuelto concediendo el Visto Bueno a
los 42 días de encontrarse suspendida del trabajo, el 24 de noviembre de 1994, actitud que
da lugar a un despido intempestivo del trabajo. Que con los antecedentes expuestos, y como
la resolución de visto bueno únicamente tiene valor de informe para el Juez, impugna la
Resolución y solicita que, previó el trámite correspondiente, se ordene lo solicitado en tres
numerales.- Luego del sorteo de ley, la demanda que antecede correspondió a este Juzgado,
por lo que, agotado el trámite en su integridad, para resolver, se considera: PRIMERO.- Se
ha dado a este juicio el trámite verbal sumario previsto en el Art. 563 del Código del
Trabajo, no habiéndose omitido solemnidad sustancial alguna ni violado el trámite, por lo
que se declara la validez procesal. SEGUNDO.- Citado legalmente el demandado (fs. 2
vta.) y el señor Procurador General del Estado (fs. 3), se ha convocado a la audiencia de
conciliación (fs. 9), diligencia a la que concurre el abogado defensor de la actora ofreciendo
poder o ratificación de su defendida, lo que cumple posteriormente a fs. 206; el abogado
defensor del demandado ofreciendo poder o ratificación de su defendido, lo que cumple
posteriormente a fs. 205, planteando las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de
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los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; que las relaciones de trabajo
terminaron de conformidad con la ley, por cuanto el Inspector del Trabajo ha concedido el
Visto Bueno solicitado por el IESS en contra de la accionante; falta de derecho de la actora
para que haya intentado su acción y de todas las exigencias constantes en ella; nulidad del
proceso; la plena validez de trámite de visto bueno, planteado por el IESS en contra de la
actora, como también la resolución del señor Inspector del Trabajo; que al IESS, como
Institución Pública de acuerdo al Art. 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no se
le puede condenar al pago de costas procesales y honorarios; la abogada defensora del señor
Procurador General del Estado, ofreciendo poder o ratificación de su defendido, lo que
cumple posteriormente a fs.11, expresando su negativa pura y simple de los fundamentos
de hecho y de derecho de la demanda; y manifestando que conforme lo dispone el Art. 19
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no se puede condenar al pago de costas al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo una Institución Pública.- Se traba así la
litis.- TERCERO.- Negados los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, como
lo dispone el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil, correspondía a la actora
demostrar sus aseveraciones, especialmente respecto de la impugnación del trámite de visto
bueno; en lo referente a la existencia de la relación laboral, entre las partes, vemos que no
es materia de controversia.- CUARTO.- La actora, en su demanda, impugna la Resolución
de visto bueno concedido por la Inspectora del Trabajo de Pichincha el 24 de noviembre de
1994.- El Art. 183 del Código del Trabajo determina que la resolución de visto bueno del
Inspector del Trabajo no obsta el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo
tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con las pruebas
rendidas, en el juicio, por lo que acogiendo la impugnación de la actora es necesario
analizar lo siguiente: A fjs. 25 a 26 de los autos, obra el testimonio indagatorio de la
trabajadora accionante, rendido el 21 de julio de 1994, en el que manifiesta que el señor
Víctor Cuero, quien denunciara la irregularidad, mediante oficio de fjs. 40, le solicitó que le
tramitara el préstamo quirografario; que, cuando se enteró, luego de haber llamado a la
Refinería de Esmeraldas, de que el solicitante estaba cesante del cargo, le informó al
respecto; y, que, entonces, éste le solicitó que ella solucionara el problema y se fue sin el
cheque de los quinientos setenta mil sucres; que el mismo día procedió a falsificar la firma
con conocimiento del propio Víctor Cuero, endosándose el cheque con su firma y número
de cédula y que lo mandó a cobrar; que el día siguiente procedió a realizar el pago del
préstamo del señor Víctor Cuero en la cuenta del IESS en el Banco de Fomento, pagando
el valor total del préstamo quirografario; sin embargo, a fjs. 259 de los autos, consta el
informe del Departamento de Contabilidad del IESS, de 30 de junio de 1994, en el sentido
de que no se ha cancelado el préstamo quirografario en mención; de la misma declaración
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de la actora se desprende que ésta acostumbrada a emitir y legalizar boletines únicamente
con la cédula de los afiliados, "por ayudarlos" y que posteriormente la entregaban las
solicitudes; y, que además no comunicó la irregularidad suscitada referente al préstamo
quirografario del afiliado Víctor Cuero.- De lo analizado se concluye que la actora está
inmersa en la disposición del literal a) del Art. 43 del Reglamento Interno de Trabajo del
IESS, encontrándose comprendida en las causas por las que el empleador puede dar por
terminado el contrato de trabajo previstas en los numerales segundo y tercero del Art. 171
del Código del Trabajo, siendo por lo tanto la resolución de Visto Bueno concedido por la
Inspectora del Trabajo de Pichincha, el 24 de noviembre de 1994 procedente.- QUINTO.-
Cuanto a la prescripción de la acción, alegada por la actora en el trámite de Visto Bueno, es
necesario analizar que consta del proceso que, entre los trabajadores y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, existe una Contratación Colectiva, forma parte de dicha
contratación colectiva el Reglamento Interno de Trabajo reformado (fjs. 44 a 63), mismo
que fija el marco normativo dentro del cual se desenvolverán las pertinentes relaciones
laborales - internas entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y sus
trabajadores sujetos al Código del Trabajo; en el Art. 58 del mencionado Reglamento, se
determina que se procederá a la separación del trabajo una vez que se haya realizado ante
el Comité Obrero Patronal el trámite previsto en el correspondiente Contrato Colectivo; a
fs. 15 de 1os autos obra la comunicación dirigida el 16 de septiembre de 1994 por el Dr.
Luis Araujo Pino, en su calidad de Presidente del Comité Obrero Patronal, al Dr. Raúl
Zapater Hidalgo Director General del IESS mediante el cual le comunica que el Comité
Obrero Patronal del Nivel Central en sesión de 14 de septiembre de 1994, ha resuelto
pronunciarse favorablemente para que el IESS solicite el Visto Bueno en contra de la Sra.
Nanneth Orellana Bone, por incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 5 del
Art. 171 del Código de Trabajo y los literales a) e i) del Art. 43 del Reglamento Interno de
Trabajo reformado con la suspensión inmediata de las labores, cumpliendo el Art. 600 del
Código del Trabajo; es evidente que desde esa fecha, 16 de septiembre de 1994, la parte
empleadora debía sujetarse a los términos establecidos para la prescripción determinados en
el literal b) del Art. 600 del Código del Trabajo, como así ha ocurrido, pues el 13 de
Octubre de 1994, es decir dentro del término establecido en la forma legal ya citada solicita
el Visto Bueno, que a la postre le fue concedido por la autoridad del trabajo
correspondiente, quien ha considerado con fundamento legal que la trabajadora se
encontraba incursa en la causal que para tal propósito contempla el Art. 171 numeral
segundo del Código del Trabajo; y, en la disposición del Art. 43 literal a) del Reglamento
Interno de Trabajo.- SEXTO.- Cuanto a la alegación de la trabajadora en el sentido de que
se encontraba suspendida durante 42 días del trabajo y que, al no haber resuelto la autoridad
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administrativa el visto bueno, constituye despido intempestivo, es necesario analizar que, el
que la Inspectora del Trabajo no hubiera resuelto en el término establecido en el Art. 599
del Código del Trabajo, determina que estaba en mora en el cumplimiento de sus
obligaciones, pero en ningún momento que se haya producido el despido intempestivo;
pues únicamente si el visto bueno concedido e impugnado en este juicio, hubiera motivado
la resolución de la Jueza, desechando la resolución de la Inspectora del Trabajo, entonces
sí, hubiera operado el despido intempestivo, o si, negado el visto bueno, el empleador se
hubiere negado a reintegrar a la trabajadora.- Sin embargo, transcurridos los treinta días de
suspensión de las relaciones laborales, si no existe pronunciamiento favorable al visto
bueno, el trabajador puede reintegrarse a sus labores; en el caso que nos ocupa, no existe
prueba de que la trabajadora se hubiera reintegrado a sus funciones, luego de los treinta días
de suspensión y de que la parte empleadora le hubiera impedido hacerlo. En virtud de lo
expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA Ley, se desecha la demanda.- Sin costas ni honorarios que
regular.- NOTIFIQUESE.-
f) Dra.- Paulina Aguirre Suárez.



SEGUNDA INSTANCIA.

PRIMERA SALA DE LA CORTE SUPERIOR. Quito, a 10 de abril de 1996.- Las 11H00.
VISTOS: Nanneth Bernardita Orellana Bone, fs 616, apela de la sentencia de 30 de agosto
de 1995, fs. 613-614, mediante la cual la Jueza Segunda del Trabajo de Pichincha desecha
su demanda contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, fs. 1.- Se adhiere a la
apelación, fs. 617, el Director General de ese Instituto.- La Primera Sala de la Corte
Superior de Justicia de Quito, a la que ha correspondido conocer la causa por el sorteo de
fs. 1 del cuaderno de segunda instancia, para resolver considera: PRIMERO: No se
detectan omisiones de solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias,
ni violación del trámite propio de la causa o del asunto que se juzga. Por esta razón, se
declara válido el proceso.- SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 117
y 118 del Código de Procedimiento Civil, actora y demandado estaban obligados a probar
los hechos propuestos afirmativamente. Al efecto, han solicitado la práctica de las
diligencias que han creído conveniente a sus intereses.- TERCERO: Apreciada la prueba
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en la forma que preceptúa el Art.
119 del Código de Procedimiento Civil, se concluye: a) No ha sido materia de discusión la
existencia de relaciones laborales entre la actora y el demandado, ya que surge de la
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demanda, fs. 1; de la contestación a la demanda, fs 9; y de numerosas otras piezas
procesales.- b) Las relaciones laborales, entre actora y demandado, se han iniciado el 15 de
abril de 1985, y han concluido el 13 de octubre de 1994, según el juramento deferido, fs.
208 vta., el informe para goce de vacaciones, fs. 535, y la nota interna del IESS, fs. 415.- c)
La terminación de las indicadas relaciones laborales se ha producido por decisión del
Director General del IESS, basada en el Visto Bueno de 24 de noviembre de 1994, fs. 42-
43, 201-202 y 348-349.- CUARTO: La actora sostiene en su demanda que el visto bueno
para dar por terminadas las relaciones laborales fue ilegal, por lo que luego de impugnarlo,
reclama lo que consta en su libelo. El demandado alega que el visto bueno, ya indicado, fue
legal, por lo que la actora no tiene derecho a lo que se menciona.- Ante estas posiciones,
conviene fijar lo sucedido acerca del visto bueno y realizar las siguientes reflexiones: Lo
sucedido.- 1. Teniendo como antecedentes el Of. No. 11300-1348, de 22 de agosto de 1994,
enviado por el Supervisor General del IESS, fs. 27-36 y 114-123, y sus anexos
(documentos de los que aparecen graves presunciones de responsabilidad de parte de
Nanneth Bernardita Orellana Bone, en la irregular concesión de un préstamo quirografario,
el 2 de octubre de 1992, a Víctor Cuero Arcos, fs. 16-17, cesante mucho tiempo atrás), el
Director General del Instituto solicita al Comité Obrero Patronal, con Of. No. 01100-3910
de 7 de septiembre del propio año 1994, fs. 14, 73 y 220, su anuencia para pedir dicho visto
bueno.- Actúa así dice, con arreglo al Reglamento Interno de Trabajo del IESS.- II. El
Presidente del Comité Obrero Patronal, por Of. No. 11104-318, de 16 de septiembre de
1994, fs. 15, 74 y 221, da respuesta al Director General del IESS, informándole que este
organismo, en sesión de 14 de esos mes y año, se ha pronunciado favorablemente a que se
pida el visto bueno, con suspensión de relaciones laborales.- III. El Director General del
IESS, contando con la opinión del Comité Obrero Patronal, el 13 de octubre de 1994, fs.
69-70, pide el visto bueno para dar por terminadas las relaciones laborales con Nanneth
Bernardita Orellana Bone. Invoca las causales 2, 3 y 5 del Art. 171 del Código del Trabajo
y requiere la inmediata suspensión de relaciones laborales de conformidad con el Art. 600
del Código del Trabajo.- IV. Avoca conocimiento de esta petición la Lcda. Magdalena
Sarmiento R., Inspectora del Trabajo de Pichincha, el mismo día 13 de octubre de 1994, fs.
70; y notifica a Naneth Bernardita Orellana Bone, cinco horas después, con la petición de
visto bueno y su providencia inicial, en que dispone la suspensión inmediata de las
relaciones laborales, fs.70 vta.- V. La notificada contesta el 17 de octubre de 1994,
oportunamente, fs. 75, y propone excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos
de la petición; Improcedencia de ésta; Falta de derecho del IESS para haberla formulado;
Improcedencia de la acción; Prescripción de la acción.- VI. La Inspectora del Trabajo
concede el Visto Bueno el 24 de noviembre de 1994.- VII. El Director General del IESS
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consigna la suma de S/. 508.262,oo fs. 213, en acatamiento del Art. 600 del Código del
Trabajo, como expresa.- Reflexiones: Una. Al tenor del Art. 612 del Código del Trabajo,
literal a) prescribe "en un mes" la acción de "los empleadores para despedir o dar por
terminado el contrato con el trabajador", previo desahucio o visto bueno lógicamente. Pero
este tiempo no se cuenta desde la fecha en que se supone realizado el hecho, que se estima
fundamento del posible visto bueno, sino desde la fecha en que el hecho es conocido por el
empleador. Esto es evidente, ya que, si se contare desde la fecha en que se supone realizado
el hecho, no procedería la mayor parte de las peticiones de visto bueno; bastaría con que el
hecho se descubra después de un mes, para que el trabajador siga en su cargo.- Como el
indicado tiempo debe contarse desde la fecha en que el empleador conoce el hecho, la Sala
desestima la excepción de prescripción del derecho del IESS para pedir el visto bueno, a fin
de dar por terminadas las relaciones laborales con Nanneth Bernardita Orellana Bone. Para
mayor claridad, señala, con precisión: El Director General del IESS conoció del hecho
anotado en el punto I, de "lo sucedido", el 22 de agosto de 1994, día en que fue elaborado el
Of. No. 11300-1348 del Supervisor General.- Envió su solicitud al Comité Obrero Patronal,
recabando su anuencia para solicitar el visto bueno, el 7 de septiembre de 1994, esto es, a
los 15 días de conocer el hecho. El Comité Obrero Patronal le hizo saber su
pronunciamiento el 16 de octubre de 1994. Formuló su petición de visto bueno el 13 de
octubre de 1994, vale decir a los 27 días de contar con la anuencia de este Comité.- Dos.-
La Inspectora del Trabajo de Pichincha dispone, el 13 de octubre de 1994, la inmediata
suspensión de relaciones laborales existentes entre Nanneth Bernardita Orellana Bone y el
IESS. Por lo tanto, esa suspensión cesó el 13 de noviembre de 1994. La actora, si lo hubiera
querido, pudo presentarse para reanudar su trabajo el 14 de estos mes y año. No hay
constancia, en autos, de que lo hubiera hecho, por lo que no puede sostenerse que fue
despedida intempestiva de su trabajo en esta fecha, o la víspera.- Tres.- Con arreglo al
Reglamento Interno del Trabajo IESS, fs. 44-73, 151-188, 298-335 y 338-413, y el Segundo
Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre el IESS y sus organizaciones sindicales, fs.
351-387, el Director General del Instituto debe someterse a un procedimiento especial,
encaminado a la concesión de visto bueno para dar por terminadas las relaciones laborales
existentes con un trabajador. Obviamente, el IESS debe realizar una "investigación" de
carácter administrativa, si fuere menester.- En la especie, se ha realizado esta investigación,
durante la cual se ha interrogado a Nanneth Bernardita Orellana Bone. A fs.25-26 afirma,
ella que procedió "a digitar el boletín- cheque No 341108 de 92-1002, por S/. 570.000,oo" a
favor de Víctor Cuero Arcos, por concepto de préstamo quirografario, y que "a las doce y
treinta del mismo día al ver que el interesado no llegaba" llamó telefónicamente a la
Refinería de Esmeraldas; habiéndosele contestado que Cuero Arcos "ya no trabajaba pues
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estaba cesante". Añade que a "las dos de la tarde" manifestó a Cuero Arcos que no podía
obtener préstamo quirografario por estar cesante, a lo que él le dijo que no tramite ningún
préstamo, sino "Los fondos de reserva" y que ella “arregle el problema" suscitado. Afirma,
luego, que procedió "a falsificar la firma" de Cuero Arcos con su conocimiento, y mandó a
cobrar el valor del instrumento, adjuntando su cédula de ciudadanía. La actora violó, pues,
el literal a) del Art. 43 del Reglamento Interno de Trabajo del IESS, que está incorporado al
Segundo Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que es perfectamente legal la concesión del
visto bueno.- Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desechándose la apelación de
Nanneth Bernardita Orellana Bone se confirma la sentencia subida en grado.- Sin costas.-
Notifíquese.-
f) Drs. Gonzalo Moreno Jiménez.- Jaime Espinosa Vega.- Jorge Cevallos (Conjuez
permanente).-



RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.-
Quito, agosto 21 de 1996; las 09h05.
VISTOS: En el juicio laboral incoado por Nanneth Benardita Orellana Bone contra el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la persona de su Director General, la
actora inconforme con el fallo de la Primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil (sic),
confirmatorio de la sentencia desestimatoria del primer nivel, en tiempo oportuno,
interpuso recurso de casación. Por tal motivo accedió la causa a este Tribunal que, para
decidir, por ser ese el estado, formula las consideraciones siguientes. PRIMERA.- Esta
Sala de lo Laboral y Social es competente para resolver sobre el recurso planteado, en
virtud del ordenamiento jurídico vigente: Constitución Política del Estado (Arts 128 y 127
de la Codificación); Ley de Casación; Resolución de enero de 1996 del Tribunal en Pleno y
el sorteo certificado que antecede.- SEGUNDA.- Se consideran cumplidos los requisitos
formales.- TERCERA.- La accionante ataca la sentencia, aduciendo que en ella se han
infringido algunas normas de derecho: Arts. 117, 121, 124 y 178 del Código de
Procedimiento Civil; y, 5, 7, 599, 600 y 612, letra b) del Código del Trabajo,
fundamentando el recurso en las causales 1ra. 3ra y 5ta del Art. 3 de la Ley de Casación.-
CUARTA.- Confrontando los autos con las afirmaciones antes dichas y de manera
particular con el contenido del libelo inicial y de la Audiencia de Conciliación, se encuentra
que el punto principal de la litis se centró en la validez del visto bueno o su ineficacia, con
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las consecuencias jurídicas derivantes. Y al respecto, se encuentra lo siguiente: El visto
bueno fue solicitado por la parte patronal el 13 de octubre de 1994 por faltas graves
previstas en el Art. 171 del Código del Trabajo y el 49 del Reglamento del IESS, o sea, por
falta de probidad; 2) Se asegura en la solicitud que las faltas se dicen cometidas en octubre
de 1992; 3) La resolución favorable se pronuncia el 24 de noviembre de 1994; 4) que la
actora alegó durante el trámite de visto bueno la prescripción de la acción; 5) El Art. 612
del Código del Trabajo estatuye claramente que: "Prescriben en un mes estas acciones...b)
La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el trabajador; ... 6)
Al haberse impugnado la Resolución Administrativa, es obligación de los jueces analizarla
en todo su ser, puesto que unánimemente tiene el mérito de informe, encontrándose en el
caso que efectivamente, entre el tiempo que se dicen cometidas las faltas, o sea entre la
ejecución de ellas y la solicitud y resolución del visto bueno, transcurrió con exceso el
tiempo previsto en el Art. 612 ya referido, operándose en consecuencia la prescripción,
tornando improcedente, ilegal e ineficaz el trámite del visto bueno, advertido que para el
objeto ninguna consideración merecen los alegatos de que estuvo sometido al dictamen
previo del Comité Obrero Patronal y de que los hechos llegaron a conocimiento del
empleador en época reciente pues, ello esta en oposición a la amplia jurisprudencia
establecida por los distintos estamentos judiciales y sobre todo de la propia Corte Suprema
de Justicia, más aun que lo primero o sea la evacuación del informe por el Comité Obrero
Patronal- es inaceptable, ya que el tiempo para la prescripción es fatal, sin
condicionamiento de ninguna naturaleza y mal puede aceptarse la suspensión por la mora
de opinión de un Organismo de intermediación y mero conocimiento. Y, en cuanto a lo
segundo, es decir que el tiempo para la prescripción debe contarse a partir del conocimiento
del empleador de alguna falta del trabajador, resulta no solo antitécnico, sino también
antijurídico e ilógico, pues ello se prestaría a abusos y a distorsionar la institución de
estabilidad ya que toda falta, toda infracción prescribe o pierde efecto por la simple acción
del tiempo. Y en la especie esta identificada en las prescripciones particulares o especiales
que constituyen una garantía laboral. La circunstancia de la gravedad o naturaleza de las
faltas, no corre para el enfoque que se concreta exclusivamente en la figura jurídica de la
prescripción, obra del tiempo. Por lo anotado, el recurso es valido ya que el Tribunal de
Alzada ha aplicado e interpretado indebidamente las normas laborales: y en tal virtud,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la casación interpuesta y como la accionante, al
tenor del libelo inicial, se acoge a las disposiciones del Contrato Colectivo constante en la
página 356 del cuaderno de primera instancia, declarando con lugar la demanda, se ordena
que la trabajadora sea restituida a su cargo o a otro de igual categoría y remuneración y que
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se le paguen los valores que determina en el libelo inicial.- Sin costas.- Publíquese,
notifíquese y devuélvase.-
f) Drs. Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy (V.S).- Trajano
Vargas Noriega.- Conjuez Ocasional.-


VOTO SALVADO DEL DOCTOR CARLOS JULIO AROSEMENA MONROY

Quito, agosto 21 de 1996; las 09h05
VISTOS: Nanneth Bernardina Orellana Bone demanda al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS), en la persona de su Director General el doctor Raúl Fernando
Zapater Hidalgo, lo que anota en su libelo presentado el 30 de noviembre de 1994. El Juez
a-quo mediante sentencia fechada el 30 de agosto de 1995 desecha la demanda. Y la
Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito con fallo fechado el día 10 de abril
de 1996, confirma la sentencia recurrida. La actora inconforme con este resultado interpone
el recurso de casación para ente la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de
Justicia, recurso que le es concedido. Para resolver se considera: PRIMERO: Esta Segunda
Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer
del proceso en virtud del ordenamiento jurídico vigente y el sorteo de rigor. SEGUNDO:
El juicio es válido: se han cumplido de manera cabal todas las solemnidades esenciales que
el legislador indica para esta clase de disputas judiciales. TERCERO: No se discute la
existencia de un contrato de trabajo que unió jurídicamente a los contendientes. La ha
aceptado expresamente la Institución accionada. CUARTO: El meollo de la cuestión
reside: 1) En la importancia que se le debe atribuir el visto bueno concedido; y b) Si se
produjo el hecho del despido intempestivo, o sea a la terminación unilateral del contrato de
trabajo por la sola voluntad del patrono. QUINTO: Es evidente que las faltas que la
accionada atribuye a la accionante, y que esta siempre ha negado, se dice que ocurrieron
casi dos años antes de la concesión del visto bueno, y como la actora alegó prescripción, el
visto bueno carece de todo valor legal. También hubo mora, mucha mora en la concesión
del visto bueno en el momento en que pidió la demandada, otro motivo más para afirmar
que carece de eficacia jurídica el visto bueno. Por otro costado, si no hubo visto bueno, si
se produjo el despido intempestivo. En consecuencia, esta Sala ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
acepta la casación interpuesta, declara con lugar la demanda y ordena que la trabajadora sea
restituida a su cargo o a otro de igual jerarquía y remuneración y que se le paguen los
valores que determina en su libelo. Sin costas. Publíquese, notifíquese y devuélvase.
                                           11




f) Drs.- Carlos Julio Arosemena Monroy.- Julio Jaramillo Arízaga.- Trajano Vargas
Noriega, Conjuez Ocasional.-



II

En el juicio verbal sumario que, por indemnización de trabajo, sigue Jhonny Viteri Vaca
contra el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se resuelve:


SINTESIS:

El Juez a-quo declara la nulidad del proceso, por carecer de competencia para
conocer y resolver el asunto en razón de la materia, puesto que, el demandante no esta
sujeto al Código del Trabajo, pues, las funciones que realizaba el actor en el BEV, en
su calidad de Coordinador Nacional de Comunicaciones, son inherentes a las
excepciones que establece la Constitución Política.

La Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, confirma el auto de nulidad por cuanto
establece que el actor en calidad de Coordinador Nacional de Comunicaciones del
BEV, no está sujeto al Código del Trabajo sino a las leyes que regulan la
administración pública en general; tanto mas que, el accionante percibía
emolumentos que son propios de los empleados que se someten a leyes que rigen la
administración pública, así como también constan los contratos de prestación de
servicios personales, circunstancias que determinan la incompetencia del juzgador en
razón de la materia, lo cual constituye una solemnidad sustancial común a todos los
juicios.

La Sala de Casación desecha el recurso de casación interpuesto por el demandante,
porque concluye que el actor se encuentra incurso en la excepción que establece el
inciso final del Art. 128 de la Constitución vigente a la época, sin que la sentencia
impugnada haya violado norma de derecho alguna en el fallo impugnado.

SE DECLARA LA NULIDAD DEL PROCESO POR FALTA DE COMPETENCIA
EN RAZON DE LA MATERIA, POR CUANTO EL COORDINADOR NACIONAL
DE COMUNICACIONES DEL BEV NO ESTA SUJETO AL CODIGO DEL
TRABAJO SINO A LAS LEYES QUE RIGEN LA ADMINISTRACION PUBLICA.


PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO QUINTO DEL TRABAJO DE PICHINCHA.- Quito, noviembre 5 de 1993; las
10h00.
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VISTOS: De fs. 1 a 3 de los autos comparece el señor licenciado JHONNY VITERI
VACA y dice que desde agosto 22 de 1990, ha prestado sus servicios en el Banco
Ecuatoriano de la Vivienda -BEV-, en calidad de Coordinador Nacional de Comunicación,
que si bien en algunos oportunidades se le encargó la Dirección Nacional de ese
Departamento, no se constituía en titular de ese puesto; que en calidad, de Coordinador ha
salido a gozar de vacaciones el 23 de septiembre de 1992 y que ha vuelto a su lugar de
trabajo en noviembre de 1992 y ha recibido una acción de personal por la cual se le
cambiaba de puesto y ocupación, ordenándosele se traslade de Coordinador Nacional de
Comunicación al Departamento Nacional de Capacitación; que ha reclamado verbalmente
al señor Gerente y que en febrero 2 de 1993 se ha dado por despedido intempestivamente
de su trabajo, al tenor del Art. 193 del Código del Trabajo y 59 del Contrato Colectivo; ha
concurrido a la Inspección del Trabajo, pero que no se han puesto de acuerdo las partes;
demanda verbal y sumariamente al Banco Ecuatoriano de la Vivienda y solidariamente a su
Gerente General y por consiguiente, representante legal señor ingeniero HERNAN
BENITEZ E. para que en sentencia se le condene al pago de las remuneraciones e
indemnizaciones solicitadas en los 6 numerales de su demanda: fija la cuantía como
superior a S/.60'000.000,00 e inferior a S/.70'000.000,00.- Siendo el estado de la causa, el
de dictar sentencia, para resolver, se considera: el inciso último del Art.128 de la
Constitución de la República, regla: "Las personas jurídicas creadas por ley o por acto
legislativo seccional para la prestación de servicios públicos o las creadas para actividades
económicas subsidiadas por el Estado, norman las relaciones con sus servidores de acuerdo
con el Código del Trabajo, a excepción de las personas que ejerzan funciones de dirección,
gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o similares, las cuales están
sujetas a las leyes que regulan la administración pública", conforme se observa en el
documento de fs. 47 de los autos las actividades que ha realizado el accionante señor
licenciado JHONNY VITERI VACA en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, han sido las
de coordinar y evaluar las actividades del área especifica que supervisa; realizar actividades
de coordinación institucional previa autorización al Director Nacional; Coordinar
Programas y Proyectos a nivel nacional; presentar al Director Nacional plan de actividades
tendientes a mejorar el área; participar en las representaciones que delegue el Director
Nacional; atender consultas que en el campo de su competencia le formule el Director
Nacional y el personal de su área; asesorar a ejecutivos del BEV en el área de su
competencia e inclusive como el propio actor en su libelo inicial afirma: "...en algunas
oportunidades se me encargó la Dirección Nacional de este Departamento..."; y a fs. 49
obra la certificación de lo que ha percibido el accionante mensualmente como sueldo, en el
que se han incluido valores inherentes a gastos de representación y administración; y a fs.
                                              13




51 a 52 constan los contratos denominados de PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES, que en su cláusula sexta, han estipulado que para todos los efectos
legales y judiciales que puedan derivarse del mismo, se someten a los jueces competentes,
así como a las disposiciones del Derecho Público Administrativo; y fundamentalmente
porque las funciones que ha realizado el demandante en el Banco Ecuatoriano de la
Vivienda son inherentes a las excepciones puntualizadas en la Carta Magna; el demandante
esta sujeto a las leyes que regulan la administración pública y no al Código del Trabajo,
siendo incompetente esta Judicatura, para conocer y resolver esta litis; por lo que, ante la
falta de solemnidad sustancial segunda del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil, se
declara la nulidad procesal a partir de fs. 1, en razón de la materia.- Con costas a cargo del
actor.- Sin honorarios que regular.- NOTIFIQUESE.-
f) Dr. Alfonso Salazar V.



SEGUNDA INSTANCIA.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- QUINTA SALA .- Quito, 30 de marzo de 1995.- Las
16h30.-
VISTOS: Jhonny Viteri Vaca expone en el libelo inicial que desde el 22 de agosto de 1990
prestó servicios en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en calidad de Coordinador
Nacional de Comunicaciones, si bien en algunas oportunidades se le encargó la Dirección
Nacional de este Departamento, encargo que por su puesto no le constituía en Titular de
este puesto, ya que luego debía volver y volvía a su puesto de Coordinador calidad en la
cual salió a gozar de vacaciones el 23 de septiembre de 1992 y debía volver como
efectivamente volvió al puesto del trabajo el 23 de Noviembre del mismo año, y cuando
regresó al trabajo recibió la acción de personal por la cual se le cambiaba de puesto y
ocupación de manera que de Coordinador Nacional de Comunicaciones se le ordenaba
trasladarse al Departamento Nacional de Capacitación, en calidad de coordinador de las
tareas inherentes a este Departamento; que trató de formular reclamo verbalmente y para
ello solicitó audiencia al Gerente General del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y luego al
Ministro de Vivienda y Urbanismo, y como no se le concedió audiencia presentó reclamo
por escrito dentro de los setenta días que le otorga la ley, el mismo que fue recibido tanto
en la Secretaría de la Gerencia General, cuanto en la Presidencia del BEV-JNV el 22 de
enero de 1993, y como no obtuviera contestación, el 29 de los mismo mes y año, volvió a
insistir en el reclamo y como tampoco recibiera contestación, el 2 de febrero de 1993,
comunicó al Gerente General del BEV que por no haberse rectificado el cambio de
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ocupación se daba por despedido intempestivamente al tenor de los Arts. 193 del Código
del Trabajo y 59 del Contrato Colectivo conjunto celebrado entre el Banco Ecuatoriano de
la Vivienda y el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Sucursal Mayor Guayaquil,
el Sindicato de Trabajadores Bancario del BEV, Matriz Quito y la Federación Nacional de
Organizaciones Sindicales del BEV-FENOSBEV, e inmediatamente concurrió a la
Inspección del Trabajo de Pichincha y solicitó se haga comparecer al empleador a fin de
practicar el finiquito y suscribir el acta correspondiente previo el pago de las
indemnizaciones y prestaciones que en derecho le correspondieron y concurrió el abogado
del BEV, Dr. Mario Hidalgo, pero no fue posible ponerse de acuerdo, hechos todos que
constan de la documentación que acompaña en seis fojas útiles.- Con estos antecedentes en
juicio verbal sumario demanda al Banco Ecuatoriano de la Vivienda y solidariamente a su
Gerente General y Representante Legal, Ing. Hernán Benítez E. para que sea condenado al
pago de las prestaciones e indemnizaciones que en once rubros señala en el libelo inicial de
demanda, expresando que la cuantía oscila entre sesenta y setenta millones de sucres.- Por
el sorteo de ley ha correspondido el conocimiento de la mencionada demanda al Juzgado
Quinto del Trabajo de Quito, por lo que aceptada a trámite y citados el Ing. Hernán Benítez,
así como el Dr. Carlos Larreátegui, Procurador General del Estado, comparecen en juicio
señalando casillero judicial para sus notificaciones posteriores, a fs. 7 y 10 respectivamente,
y en la Audiencia de Conciliación y Contestación a la demanda el Dr. Mario Hidalgo
Fernández, ofreciendo poder o ratificación del Gerente General del Banco Ecuatoriano de la
Vivienda, Ing. Hernán Benítez Estupiñán y el Dr. Wilfrido López Domínguez, ofreciendo
poder o ratificación del Procurador General del Estado, personerías que legitiman a fs. 16-
17 y 32 de los autos, el primero deduce las siguientes excepciones: a) Niega los
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, señalando que el 22 de agosto de 1990
se celebró entre el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el actor un Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales sujetos a la Ley de Servicios Personales por Contrato, para que
desempeñe el cargo de Coordinador en el BEV-JNV Quito, con el plazo de un año y
posteriormente bajo este mismo sistema legal el 26 de agosto de 1991, se suscribe un nuevo
contrato de prestación de servicios personales entre las partes indicadas con el plazo de un
año el 8 de julio de 1992 y se nombra al actor como Coordinador de la matriz BEV- Quito,
reconociéndole el pago de gastos de representación y residencia asignado solo a los
funcionarios que se encuentran sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,
esto es, el cargo para el que se extendió el nombramiento está sujeto a la antes indicada
Ley; b) Alega incompetencia del Juzgado en razón de la materia porque el funcionario que
desempeñó el cargo de Coordinador se encuentra sujeto a la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativo, pues Jhonny Viteri en razón de su cargo ejerció funciones de Dirección
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conforme se desprende que este cumplió en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, motivo
por el cual no estaba sujeto al Código del Trabajo, en virtud de lo que dispone en Art. 125
de la Constitución Política del Estado, el Art. 5 del decreto No. 54 de 25 de julio de 1970,
publicado en el R.O. 27 de 29 de julio del mismo año, Art.1 del Decreto 855 de 15 de junio
de 1971, publicado en el R.O. 249 de 4 de junio del mismo año; c) Alega improcedencia de
la acción pues el actor presenta su acción con posterioridad al hecho de que se inició
sumario administrativo en su contra, entre otras causas por abandono de su trabajo por más
de tres días, pues se dispuso esté trámite administrativo con el que fue legalmente
notificado el 10 de Febrero de 1993 y la demanda ha presentado el 25 de febrero del mismo
año, aclarándose el hecho de que el BEV fue citado con la demanda con posterioridad a la
fecha en que el actor fue destituido de su cargo, esto es a esa fecha no existía relación
alguna entre el BEV y el actor; y subsidiariamente alega falta de derecho del actor, pues en
el hipotético caso, de considerarse amparado por el Código del Trabajo y por el Contrato
Colectivo vigente, no se le ha efectuado cambio de funciones, ya que la función de
Coordinador se la puede desempeñar en cualquier área de la Institución, y además al actor
previo a incoar cualquier acción debió someter previamente su reclamo a conocimiento o
resolución del Comité Obrero-Patronal del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, cosa que no
lo ha hecho, violando en forma expresa lo dispuesto en el Art. 9 del Reglamento Especial
del Comité Obrero Patronal, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que expresa que las
partes contratantes no podrán presentar queja o petición alguna sobre conflictos
individuales o colectivos sin que previamente hubiera conocido el asunto el Comité
Obrero- Patronal, por lo que a más de la falta de derecho es improcedente la acción por
violación de trámite; y también subsidiariamente alega que no se allana a ninguna de las
nulidades que afecte en la demanda o que presentaré en el proceso; por su parte el Dr.
Wilfrido López Domínguez en la calidad en que comparece, y de conformidad con el Art.
12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y sin perjuicio de lo expuesto por la
Institución demandada, deduce las excepciones de negativa simple y llana de los
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, incompetencia del juzgado en razón de
la materia, improcedencia de la acción y falta de derecho del actor para proponer la
demanda.- Trabada así la litis y concluido el trámite de la causa se ha pronunciado el auto
de 5 de noviembre de 1993, fs. 293 mediante el cual se declara la nulidad del proceso a
partir de fs. 1, en razón de la materia toda vez que el demandante está sujeto a las leyes que
regulan la administración pública y no al Código del Trabajo, siendo incompetente el
Juzgado del Trabajo para conocer y resolver esta litis; providencia de la que el actor ha
interpuesto recurso de apelación.- Por el sorteo de ley ha correspondido a esta Sala el
conocimiento del mencionado recurso, por lo que para resolver lo procedente, de acuerdo
                                              16




con el mérito de los autos, se considera: PRIMERO: Que habiéndose deducido
expresamente por la Institución demandada y por el señor Procurador General del Estado la
excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, para el conocimiento o
resolución de la presente causa por parte del Juez del Trabajo, puesto que se alega que el
actor está sujeto a la Ley de Servicios Personales por Contrato para que desempeñe el cargo
de Coordinador en el BEV-JNV Quito, con el plazo de un año, y está sujeto a la Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa en razón de que ejerció funciones de Dirección y
no está sujeto al Código del Trabajo en virtud de lo que dispone el Art. 125 de la
Constitución Política del Estado y demás Leyes que señala en la Audiencia de Conciliación
y Contestación a la demanda, y teniendo en cuenta que de acuerdo con el Art. 355 numeral
2do. del Código de Procedimiento Civil, la competencia del Juez o Tribunal en el juicio
que se ventila es solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias y que
conforme al Art. 358 del mismo Código los jueces y tribunales están obligados a declarar la
nulidad aunque las partes no hubieren alegado, tal omisión, es del caso analizar
previamente las mencionadas excepciones opuestas por el Banco Ecuatoriano de la
Vivienda; SEGUNDO: Que al efecto el último inciso del Art. 128 de la Constitución
Política del Estado Ecuatoriano en actual vigencia y 125 de la anterior Codificación de la
Constitución, expresa en forma clara y categórica que las personas jurídicas creadas por ley
o por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos o las creadas para
actividades económicas subsidiadas por el Estado norman las relaciones con sus servidores
de acuerdo con el Código del Trabajo, a excepción de las personas que ejerzan funciones de
dirección, Gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o similares. Las cuales
están sujetas a las leyes que regulan la Administración Pública.- TERCERO: Que en el
caso de autos, conforme se observa del documento de fs. 47 las labores que ha efectuado el
actor en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda fueron las de coordinar y evaluar actividades
del área específica que supervisa en calidad de Coordinador Nacional de Comunicación del
Banco de la Vivienda, así como realizar actividades de coordinación institucional previa
autorización del Director Nacional, coordinar programas y proyectos a nivel nacional,
presentar al Director Nacional el plan de actividades tendientes a mejorar su área, participar
en las representaciones que delegue el Director Nacional, atender consulta que en el campo
de su competencia formule el Director Nacional y el personal de su área y además y
principalmente asesorar a ejecutivos del BEV en el área de su competencia, debiendo tener
presente que como el propio actor afirma en el libelo de demanda, en algunas ocasiones se
le encargó la Dirección Nacional de este Departamento; por lo que la Sala llega al
convencimiento de que las labores del actor no están sujetas a las disposiciones del Código
del Trabajo, sino a las leyes que regulan la administración pública en general, si se tiene en
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cuenta inclusive que a fs. 49 consta la certificación de que el actor ha recibido
mensualmente a más del sueldo valores referentes a gastos de representación y residencia
emolumentos que son propios de los empleados que se sometan a las leyes que rigen la
Administración Pública constando además del proceso a fs, 52-53 los Contratos de
Prestación de Servicios Personales en cuyas cláusulas 6ta. se estipula que para todos los
efectos legales y judiciales que puedan derivarse del mismo las partes se someten a los
jueces competentes así como las disposiciones de derecho público administrativo.- En
virtud de las consideraciones que anteceden, y no siendo necesario analizar el contenido de
las demás excepciones confírmase el auto de nulidad venido en grado. Sin costas.
Notifíquese.
f) Drs. Jaime Chávez Yerovi.- Raúl Rosero Palacios.- Nelson Almeida García.-



RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO LABORAL y SOCIAL.-
Quito. agosto 21 de 1996; las 09h45.
VISTOS: Jhonny Viteri Vaca, dentro del juicio laboral que sigue contra el Banco
Ecuatoriano de la Vivienda, interpone recurso de casación del auto de nulidad dictado por
la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, auto por el que se establece que existe
incompetencia de la Judicatura del Trabajo para resolver la litis, ya que, el demandante está
sujeto a las leyes que regulan la administración pública. Para resolver, se considera:
PRIMERO: Esta Segunda Sala de lo Laboral Y Social es la competente para conocer y
resolver el recurso interpuesto, en razón del ordenamiento jurídico vigente y, del último
sorteo realizado. SEGUNDO: El recurrente censura el auto de nulidad dictado por la Sala
de instancia manifestando que hay falta de aplicación de la Regla General del último inciso
del artículo 128 de la Constitución Política de la República, pues, las relaciones del BEV
con el impugnante estaban regladas por el Código del Trabajo y al no haber aplicado esta
norma se la ha infringido. Que, además existe indebida aplicación de la excepción del
último inciso del mentado artículo 128 de la Constitución, porque sus funciones como
Coordinador Nacional de Comunicación no está contemplada en la excepción del último
inciso del artículo 128 de la Constitución, puesto que sus funciones eran las de conseguir
que las informaciones que de las labores del BEV salieran al conocimiento público, fueran
pertinentes y guardaran armonía unas con otras, las de un lugar con las de otro, las de una
dependencia con las de otra, y las de un día con las de otros días, etc. pues, esto y no otra
cosa es coordinar las comunicaciones públicas de una entidad. También era la de sugerir a
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los funcionarios y empleados del Departamento las medidas que se debía arbitrar para que
existiera armonía y congruencia en las tareas de información de las labores del BEV.
TERCERO: La resolución de la Quinta Sala de la Corte de Alzada en forma de auto de
nulidad es una verdadera sentencia y es lo que realmente debió expedir la Corte, puesto
que, aceptó en su fallo la excepción de incompetencia en razón de la materia, o de las cosas
como dice el Código de Procedimiento Civil y dicha defensa de conformidad con lo
prescrito en el Artículo 559 del Código del Trabajo solo puede alegarse como excepción.
Empero, de todas maneras lo resuelto ha puesto fin al proceso. CUARTO: La Corte de
Segunda Instancia tuvo por acreditadas las funciones que desempeñaba el actor en el BEV
con la documentación que corre a folios 48 y 49 del primer cuaderno en la que se destaca la
labor de asesorar a ejecutivos del BEV, en el área de su competencia. Este Tribunal de
Casación respalda la conclusión a que llegaron los jueces inferiores por encontrarse
ajustada al contenido del inciso final del artículo 128 de la Constitución, puesto que, el
actor se encuentra incurso en las excepciones de la mentada norma. El propio actor recalca
en su escrito de interposición del recurso de casación que realizaba funciones de dirección,
no otra cosa puede significar su afirmación de que como Coordinador Nacional de
Comunicación de el dependía que las informaciones de las labores del BEV que salieran al
conocimiento público fueran pertinentes. Agrega que también sugería a los funcionarios y
empleados del Departamento las medidas que se debían arbitrar para que existiera una
armonía y congruencia en las tareas de información de las labores del BEV. QUINTO:
Dirigir según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española es "encaminar la
intención y las operaciones de un determinado fin"; y, asesorar es "dar consejo o dictamen".
El concepto legal de las excepciones al inciso final del artículo 128 de la Constitución, es
ejercer funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o
similares, las cuales estarán sujetas a las leyes que regulan la administración pública. Por
consiguiente y tomando en cuenta las propias afirmaciones de sus funciones que relata el
actor, se concluye que se encuentra incurso en la excepción que describe el inciso final del
artículo 128 de la Constitución; y, por lo mismo procede brindarle confirmatoria a la
resolución que se conoce, pues, la misma no ha violado ninguna norma de derecho en la
parte esencial y de fondo que decide, esto es, la incompetencia. En tal razón,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación formulado por el actor.
Notifíquese.
f) Drs. Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.- Trajano Vargas
Noriega (Conjuez Ocasional).
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III

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Fredy Vaca Balseca
contra Kléber Montesinos, se resuelve:


SINTESIS:

La jueza de primera instancia determina que, la relación laboral se ha probado con
los roles de pago y contestación a la demanda, diligencia en la cual, los demandados
deducen entre otras la        excepción de prescripción de la acción, aceptando
implícitamente que existen derechos, puesto que, sólo prescriben derechos existentes,
pero lo que no ha justificado el actor es el despido intempestivo, ni los trabajos
suplementarios ni extraordinarios y otros rubros reclamados. Por lo tanto, aceptando
parcialmente la demanda ordena el pago de los rubros a que tiene derecho.

La Primera Sala de la Corte Superior de Latacunga, revoca la sentencia apelada y
desecha la demanda por falta de legítimo contradictor, así como por no haber
legitimado la personería de los demandados; pues, la Sala estima que el actor
equivocadamente ejerce su acción en contra del ingeniero Kléber Montesinos, Moisés
Maturana y abogado Mario Franco en forma personal y solidaria, como Gerente
General, Jefe de Planta y Jefe de Personal, respectivamente, y además, como
representantes de la fábrica S'QUARE D'ANDINA, calidades que jamás se han
justificado en el juicio, pero que, en el supuesto de haberse probado tales calidades,
sólo contra el Gerente debió dirigirse la demanda, mas no en contra del Jefe de Planta
y del Jefe de Personal que resultan ajenos al juicio, y por lo mismo, su intervención es
ilegítima.

La Sala de lo Laboral y Social considera que, no es obligación del actor saber cuál es
la persona que ejerce la representación judicial de la compañía o institución para
dirigir su acción, puesto que le basta dirigir su demanda contra las personas que
ejercen dirección o administración; que el Tribunal de Alzada, en fallo de mayoría ha
hecho una errónea interpretación del Art. 35 del Código del Trabajo, al darle a dicha
norma un alcance que no le corresponde. En consecuencia, casa la sentencia de
mayoría y confirma el fallo de minoría que ratifica la sentencia de primera instancia.

ES SUFICIENTE QUE EL TRABAJADOR DIRIJA SU ACCION EN CONTRA DE
QUIEN EJERCE FUNCIONES DE DIRECCION O ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA, PUES NO TIENE LA OBLIGACION DE SABER CUAL ES      SU
REPRESENTANTE LEGAL.


PRIMERA INSTANCIA
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JUZGADO DEL TRABAJO DE COTOPAXI.- Latacunga, a 10 de diciembre de 1992.- Las
10h00.-
VISTOS: Fredy Orlando Vaca Balseca a fs. 1 de los autos comparece y demanda en juicio
verbal sumario y solidariamente al Ing. Kléber Montesinos, Moisés Maturana y abogado
Mario Franco en sus calidades de Gerente General, Jefe de Planta y Jefe de Personal
respectivamente de la Fábrica S. Quare Andina de esta ciudad de Latacunga, el pago de las
indemnizaciones, remuneraciones y beneficios sociales que indica en su libelo de demanda,
en razón de haber venido prestando sus servicios personales en las labores de ensamblador
de centros de carga, baquelista, instalador de tableros, ensamblador de brakes y troquelador,
desde el 6 de agosto de 1990, hasta el 15 de agosto de 1991, en que fue despedido
intempestivamente de su trabajo, percibiendo en este lapso de tiempo los salarios en él
mencionados, con un horario de 7h00 hasta las 15h00 y después por otra disposición del
empleador, desde las 7h00 hasta las 18h00, de todos los días de la semana incluidos los
sábados y domingos, laborando en doble turno. Que con posterioridad a la fecha en la que
señala fue despedido por el abogado Mario Franco en la primera ocasión; para ser
reintegrado a su trabajo el 25 de septiembre de 1991, laborando hasta el 1 de octubre del
mismo año, y que en esta vez fue despedido intempestivamente y en forma definitiva por
sus empleadores.- Citados los demandados, han comparecido, señalando domicilio legal.
En la audiencia de conciliación, comparecen y deducen las excepciones constantes del acta
respectiva, (fs. 17) quedando trabada la litis, correspondiendo a las partes probar sus
afirmaciones conforme las disposiciones de los Arts. 117 y 118 del Código de
Procedimiento Civil. El estado de la causa es la de dictar sentencia, y para expedirla, se
considera: PRIMERO.- Procede la declaratoria de validez del proceso desde que se ha
tramitado conforme a las prescripciones legales pertinentes, sin que se advierta omisión de
solemnidad sustancial.- SEGUNDO.- En la audiencia de conciliación los accionados al
contestar la demanda, niegan los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, 2) falta
de derecho del actor para proponer esta acción, 3) alegan la falta de legítimo contradictor,
4) ilegitimidad de personería, 5) nulidad y finalmente 6) la prescripción de la acción.-
TERCERO.- La excepción que alegan los demandados con el número 6) supone que
necesariamente ha existido el vínculo contractual, pues, al afirmar que existe prescripción
de los derechos reclamados, se está implícitamente admitiendo que existen derechos, pues
de otro modo no tenían porqué prescribir, ya que sólo prescriben los derechos existentes. Es
más con los roles de pago, planillas también de pagos hechos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social que se encuentran agregados a los autos por los empleadores desde fs. 19
a 46 de los autos, la relación laboral existente entre los litigantes encuéntrase establecida en
el proceso, como también con las pruebas testimoniales del actor.- CUARTO.- No existe
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prueba alguna para considerar que el trabajo del actor haya tenido el carácter de eventual,
pues la eventualidad u ocacionalidad en la relación obrero-patronal, debe probarse de modo
fehaciente, y no enunciándolo como simplemente lo han hecho los demandados.-
QUINTO.- Para determinar el tiempo de servicios, vale el juramento deferido de fs. 57,
diligencia que también sirve para establecer las remuneraciones percibidas en la parte que
no han sido evidenciadas con prueba documental.- SEXTO.- Una vez probada la relación
trabajador-empleador, correspondíales a estos últimos demostrar que cumplieron con las
obligaciones derivadas de este nexo, que se reclaman en la demanda, como no lo han
hecho, ha lugar el pago de lo siguiente: diferencia de salarios, en el lapso de tiempo que no
ha percibido los mínimos establecidos por la ley; los décimos tercero, cuarto y quinto
sueldos, la bonificación complementaria, la compensación salarial por el alto costo de la
vida, vacaciones no gozadas, la remuneración del 25 de septiembre de 1991, hasta el 1 de
octubre de 1991, en la forma determinada por el Art. 93 del Código del Trabajo.-
SEPTIMO.- El actor estaba obligado a evidenciar procesalmente la terminación unilateral
de la relación laboral, el trabajo en tiempo suplementario y extraordinario y el de los días
sábados, domingos y días festivos, como no lo ha hecho, se rechazan estos reclamos.-
OCTAVO.- Al empleador le tocaba por ley, el depósito de los fondos de reserva de su
trabajador, así como la afiliación al Seguro Social, y como de autos aparece que fue afiliado
a dicha Entidad, el demandante deberá acudir para su reclamo al propio Instituto para el
cumplimiento de las demás obligaciones patronales.- NOVENO.- De la misma manera no
puede considerarse el pago de utilidades, que es otro de los rubros demandados, porque no
existe prueba al respecto, ni la bonificación por transporte por igual motivo.- DECIMO.-
El valor de la ropa de trabajo es procedente tomando en cuenta la resolución de la Corte
Suprema de Justicia publicada en el R.O. 421 de enero 28 de 1983, cuyo valor será
liquidado pericialmente.- En consecuencia, con lo expuesto, "ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY",
se ordena que la Fabrica SQUARE D ANDINA S.A pague a su extrabajador Fredy Orlando
Vaca Balseca las remuneraciones, indemnizaciones y beneficios sociales que se indican en
los considerandos de este fallo, con los intereses y recargos legales, que se liquidaron por
medio de perito.- Sin costas.- NOTIFIQUESE.-
f) Dra. Lupe Haro Monteros.



SEGUNDA INSTANCIA
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA.- Latacunga, a 19 de octubre de
1993.- Las 11h00.-
VISTOS: Para resolver la apelación interpuesta por el actor Fredy Orlando Vaca Balseca y
los demandados Ing. Kléber Montesinos, abogado Mario Franco y Moisés Maturana de la
sentencia dictada por la señorita Juez del Trabajo de Cotopaxi, en el laboral que sigue el
primero de los nombrados contra los segundos, se considera: PRIMERO.- El juicio es
válido por cuanto no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial que pueda influir en la
decisión de la causa.- SEGUNDO.- En el libelo inicial del presente juicio, en su parte
pertinente, el actor Fredy Orlando Vaca Balseca dice lo siguiente: "2.- Con todos los
antecedentes expuestos, acudo ante Ud. señorita Juez del Trabajo, y demando en forma
solidaria a los señores: Ingeniero Kléber Montesinos, señor Moisés Maturana y abogado
Mario Franco, para que personalmente y en las calidades de Gerente General, Jefe de Planta
y Jefe de Personal, de la Fábrica Square D' Andina, de la ciudad de Latacunga, que ellos
representan, amparado en el Art. 556 y siguientes del Código del Trabajo, para que en
sentencia se les condene al pago de los siguientes rubros, con los recargos e intereses
determinados en la Ley y Reglamentos respectivos". Al respecto cabe hacer las siguientes
consideraciones: a) El nexo contractual de trabajo hállase establecido entre Fredy Orlando
Vaca Balseca y la Fabrica Square D' Andina, por lo que el legítimo contradictor en este
juicio debió ser la Fábrica Square D'Andina y no Kléber Montesinos, Moisés Maturana y
Mario Franco.- En derecho, la litis debió trabarse entre Fredy Orlando Vaca Balseca y la
Fábrica Square D" Andina.- b) En el presente caso, el actor equivocadamente demanda al
Ing. Kléber Montesinos, Moisés Maturana y al abogado Mario Franco en forma personal, y
solidaria como Gerente General, Jefe de Planta y Jefe de Personal, respectivamente, y
además como representantes de la Fábrica Square D' Andina. Pero que para el caso, vienen
a ser simples personas naturales, pues tales calidades jamás han sido justificadas ni
probadas en el juicio; c) Es bien sabido que la persona que ejerce el cargo de Gerente
General, de acuerdo con la Ley de Compañías, es la que tiene la representación legal de una
empresa. En el supuesto de que se hubiere demostrado que el Ing. Kléber Montesinos sea el
Gerente General de Square D' Andina y por lo mismo su representante legal, acompañando
el respectivo nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, sólo contra él
debió dirigirse la demanda y no contra los demás; ch) Resulta obvio que los otros
demandados Moisés Maturana y Mario Franco, aún si se hubiera probado sus calidades de
Jefe de Planta y Jefe de Personal de Square D' Andina, resultan ajenos al juicio y su
intervención es ilegítima, siendo del todo improcedente que se haya dirigido también contra
ellos la demanda; d) No habiendo constancia procesal que les vincule a estas tres personas:
Ing. Kléber Montesinos, Moisés Maturana y Mario Franco a la Fábrica Square D' Andina,
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resultaría ilógico e injurídico que se le condene a esta última al pago de las
indemnizaciones reclamadas por Vaca Balseca; y, e) Por último, a las tres personas
aludidas, ni siquiera a título personal se les puede hacer responsables, como pretende el
actor, pues de acuerdo con el Art. 40 del Código del Trabajo, solo hay responsabilidad
solidaria cuando el trabajo se realiza para dos o más empleadores interesados en la misma
empresa, como condueños, socios o copartícipes, hechos que tampoco han sido probados en
forma alguna en el presente juicio. Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se revoca la
sentencia subida en grado y se rechaza la demanda por improcedente, tanto porque no
existe legítimo contradictor ni se ha legitimado la personería de los demandados.
Notifíquese.-
f) Drs.- José A. Zúñiga A (V. S.).- Fausto Pacheco T.- Carlos Sandoval.-



RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.-
Quito, agosto 28 de 1996; las 09h50.
VISTOS: Fredy Orlando Vaca Balseca interpone recurso de casación de la sentencia
dictada por mayoría de la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Latacunga, en
el juicio de trabajo que sigue en contra de los Srs. Ing. Kléber Montesinos, Moisés
Maturana y Ab. Mario Franco por sus propios derechos y por lo que representan en su
calidades de Gerente General, Jefe de Planta de Latacunga y Jefe de Personal
respectivamente de la Fábrica SQUARE D ANDINA. Señala que se han inobservado los
Arts. 35 y 40 del Código de Trabajo, así como lo dispuesto por el Art. 31 literal d) de la
Constitución Política. Que las causales en la que fundamenta su recurso son la 1ra y 2da del
Art. 3 de la Ley de Casación; y, que los Ministros que suscribieron el fallo de mayoría
interpretando erróneamente que el legítimo contradictor es la Fabrica Square D Andina y no
los demandados antes citados, habiéndose concedido dicho recurso por haberse interpuesto
dentro del término de ley. para resolver se considera: PRIMERO: Esta Sala de lo Laboral y
Social es competente para conocer del proceso en virtud del Ordenamiento Jurídico vigente
y en razón del sorteo correspondiente. SEGUNDO.- Lo esencial del recurso planteado, es
que se ha violado la disposición del Art. 35 del Código de Trabajo; al considerar los
Ministros de mayoría de la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Latacunga
que no existe legítimo contradictor en el presente proceso. TERCERO: La Sala hace las
siguientes acotaciones de orden legal: a.- Conforme es de conocimiento general, si la
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persona que carece de capacidad procesal es el demandante en el juicio, se podrá reclamar
de su incapacidad oponiendo el demandado la excepción dilatoria de ILEGITIMIDAD DE
PERSONERIA, es decir alegando su falta de capacidad; pero si el incapaz asume el rol de
demandado y a él se le cita con la demanda hay que oponer la excepción de FALTA DE
LEGITIMO CONTRADICTOR; excepción opuesta por los demandados al contestar la
demanda en la respectiva audiencia de conciliación.- b.- De conformidad con lo señalado
en el Art. 35 del Código de Trabajo. "Representantes de los empleadores.- Son
representantes de los empleadores los directores, gerentes, administradores, capitanes de
barco, y en general, las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de
dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común.
El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en sus relaciones con
el trabajador", esto quiere decir que un trabajador puede formular sus reclamos laborales
aún por la vía judicial al empleador directamente o a sus representantes o a todos ellos
conjuntamente como bien lo señala Ediciones Legales en su obra Régimen Laboral
Ecuatoriano, tal disposición legal se fundamenta en la necesidad de precautelar los
derechos de los trabajadores ante la posibilidad de que el empleador, para eludir sus
responsabilidades haga actuar a nombre suyo a otras personas. La solidaridad establecida
por la ley excluye esta alternativa. Por supuesto que si el representante del empleador ha
debido satisfacer personalmente los reclamos del trabajador tendrá derecho luego a
demandar al empleador la restitución de lo que él hubiera pagado como indemnizaciones c.-
Se ha manifestado en forma reiterada por parte de la Sala de lo Laboral y Social de la
Excma. Corte Suprema de Justicia que: 1.- No es obligación del actor saber cual es la
persona que ejerce la representación judicial de una compañía o institución para dirigir
acción contra dicho procurador, bástale a un trabajador dirigir la demanda contra las
personas que ejercen funciones de DIRECCION Y ADMINISTRACION aún sin tener
poder escrito; 2.- Respecto al inciso segundo del Art. 35 del Código de la Materia, la Sala
de lo Laboral y Social ha manifestado en fallos de casación, que esta disposición responde
al espíritu social de la legislación laboral y está dada para garantizar al trabajador en sus
derechos laborales, los cuales por ningún concepto pueden ser desconocidos y esto porque
si estas personas basándose en que el representante ejecuta actos administrativos personales
en ejercicio de sus funciones, pueden ocasionar perjuicio a los derechos de las personas que
trabajan bajo sus órdenes por cuenta de la empresa que representa.- CUARTO: En el
presente caso los Ministros de la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de
Latacunga, que han suscrito el fallo de mayoría, sin duda alguna han hecho una errónea
interpretación del Art. 35 del Código de Trabajo, al atribuir a dicha norma legal un sentido
o alcance que no le corresponde esto es se le ha dado al Art. 35 ibídem un sentido o alcance
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de que dicha norma carece en realidad por las motivaciones y razonamientos expuestos en
líneas anteriores. En tal virtud, la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Excma. Corte
Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aceptando el recurso de casación
interpuesto por la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, toda vez que no se ha
comprobado la 2da. causal, casa la sentencia de mayoría dictada por la Primera Sala de la
H. Corte Superior de Justicia de Latacunga y en su lugar se confirma el fallo de minoría
suscrito por el señor doctor José Augusto Zúñiga Alcázar, Ministro Juez de la Primera Sala
de la H. Corte Superior de Justicia, el mismo que ratifica la sentencia de primera instancia.
Sin costas, publíquese, notifíquese y devuélvase.
f) Drs.- Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.- José García
Falconí.-



IV

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Luis Freire Espín
contra TEXACO, se resuelve :


SINTESIS:

El señor Luis Freire Espín, mediante resolución del Gerente General de CEPE, pase
en comisión de servicios sin sueldo a laborar en el Consorcio CEPE-TEXACO, por el
tiempo de dos años, bajo la dependencia económica y administrativa de la Compañía
Texaco Petroleum Company, pero como dicha Compañía ha incumplido con el
Contrato Colectivo, demanda el pago de indemnizaciones laborales.

El juez de primera instancia considera que, el trabajador lo que ha hecho es cumplir
con la comisión de servicios sin sueldo, pero aquello no significa que tenga que
renunciar sus derechos, porque si está prestando sus servicios en otro lugar por orden
superior, no quiere decir que quede desprotegido de los beneficios establecidos en el
Contrato Colectivo, pues, no podía renunciar sus derechos por la comisión que tenga
que cumplir. En consecuencia, como la Compañía empleadora Texaco Petroleum
Company ha incumplido con el Quinto Contrato Colectivo, aceptando parcialmente la
demanda, ordena el pago de las indemnizaciones incumplidas.

El Tribunal    de segunda instancia, por su parte estima que, jamás puede seguirse
aplicando el   Quinto Contrato Colectivo en favor del actor, una vez que ha concluido
la comisión    de servicios, cuyos beneficios ampara únicamente a trabajadores de
Texaco mas     no a personas que antes laboraron en dicha empresa y que han sido
devueltas a    su lugar de trabajo original; que pretender que Texaco reconozca
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reajustes salariales contemplados en un contrato colectivo que ampara a sus
trabajadores, una vez que el actor se ha reintegrado a su trabajo original, deviene en
improcedente. Consecuentemente, revoca la sentencia apelada y desecha la demanda
por falta de derecho del actor.

La Sala de lo Laboral y Social, desecha el recurso de casación interpuesto por el actor,
por cuanto no señala en forma clara y sucinta los fundamentos en que se apoya, pues
se limita a relatar los hechos materia de la litis, sin determinar de que manera y forma
han influido en la sentencia las normas señaladas, por lo que el Tribunal Inferior no
ha violado la ley en el fallo dictado.

SE RECHAZA LA DEMANDA POR FALTA DE DERECHO DEL ACTOR,
PUESTO QUE CONCLUIDA LA COMISION DE SERVICIOS, RESULTA
IMPROCEDENTE HACER AJUSTES SALARIALES A UN TRABAJADOR QUE
SE HA REINTEGRADO A SU TRABAJO ORIGINAL.



PRIMERA INSTANCIA.

JUZGADO CUARTO DEL TRABAJO DE PICHINCHA.- En Quito, a 14 de julio de
1993.- Las 11h30.-
VISTOS: Luis Gonzalo Freire Espín, dice que desde el 11 de mayo de 1977, mediante
resolución 976 del señor Gerente General de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana
CEPE, ha sido enviado en comisión de servicios, sin sueldo, a laborar en el Consorcio
Cepe-Texaco, habiendo prestado sus servicios bajo la dependencia económica y
administrativa de la Compañía Texaco Petroleum Company en Quito, cuya comisión se
ampara el señor Gerente General en el Acuerdo No. 976, y en su Art. 4, expresa que Texaco
remita los fondos a Cepe, para cubrir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el
tiempo de dos años que durará la comisión según el Art. 11 de la Ley, por lo que en juicio
verbal sumario demanda al señor Warren Gilies a fin de que en sentencia sea condenado al
pago de las indemnizaciones reclamadas en su libelo de demanda.- Citado el demandado,
señala casillero judicial para las posteriores notificaciones. En este estado se convoca a
audiencia de conciliación y contestación a la demanda. De fojas 9 a 12 consta el escrito
presentado por el señor Warren Gilies como representante de la Compañía Texaco
Petroleum Company el mismo que no se encuentra firmado por el peticionario, y a fojas 60
consta la intervención del Dr. Rodrigo Pérez Pallares, en su calidad de mandatario y
legalmente instituido como se desprende del poder que en 22 fojas, por lo que no se toma
en cuenta el escrito no firmado por el demandado por los que suscriben, no ofrecen poder o
ratificación, pero por equivocación se ha proveído dando por legitimada la personería de los
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doctores Patricio Campuzano y Diego Larrea, cuya providencia consta a fojas 37. A la
diligencia de audiencia de conciliación y contestación a la demanda concurre el doctor
Fabián Corral ofreciendo poder o ratificación de la Compañía Texaco Petroleum Company
y por ella su mandatario el Dr. Rodrigo Pérez Pallares y por la otra el señor Luis Freire
acompañado de su defensor Dr. Fernando Jaramillo, en cuya diligencia el demandado
opone las excepciones que ocurren a fojas 63 vuelta a 69 vuelta, cuya legitimación de
personería del Dr. Fabián Corral consta en providencia de fojas 87, trabándose de esta
manera la litis, y como se encuentra en estado de resolver la causa se considera.-
PRIMERO.- El trámite dado a la presente es el dispuesto en el Art. 563 del Código del
Trabajo, y como no se han omitido solemnidades sustanciales que vicie de nulidad la causa
es válida.- SEGUNDO.- Es obligación de las partes el demostrar sus afirmaciones como lo
dispone el Art. 117 y 118 del Código de Procedimiento Civil, siendo obligación del
demandado el demostrar que cumplió con lo dispuesto en el Art. 41 numeral primero del
Código del Trabajo.- TERCERO: La relación laboral se encuentra demostrada con la
contestación a la demanda y más documentos que obran de autos.- El actor presenta entre
otros documentos el que consta a fojas 74, que lo declaran en comisión del Consorcio; con
nota de fojas 76 el Sr. Ing. René Bucaram le comunica al actor que ha sido designado
miembro de la comisión de apoyo, que preparará los estudios que se requieran para la
comisión, negociadora que se requieran. A fojas 77, Texaco Petroleum Company le
reconoce al actor prestación de servicios y le conceden una insignia; a fojas 78, consta que
ha hecho uso de las vacaciones el actor, como consta del certificado conferido por el Jefe
de Relaciones de Texaco Petroleum Company; de fojas 81 a 84, Texaco Petroleum
Company, hace algunos egresos a favor del actor.- Con nota de fojas 353, consta que el
actor fue trasladado de Cepe al Consorcio Petroecuador Texaco, de comisión de servicios
sin sueldo; a fojas 354, consta asignado a Petroamazonas en las mismas condiciones, al
trabajador no consta que ha sido consultado para tomar resoluciones sobre la Organización,
que ha hecho es cumplir con la comisión de servicios sin sueldos al que fue designado y
esto no significa que tenga que renunciar a sus derechos, por que si esta prestando sus
servicios por orden superior en otro lugar, no significa que queda desprotegido de los
beneficios establecidos en el Quinto Contrato Colectivo de Trabajo y el empleador no ha
quedado exento del cumplimiento del mismo, ya que no podía hacerle renunciar sus
derechos por la comisión que tenga que cumplir.- De acuerdo con la nota de fojas 312 el
señor Gerente de Petroamazonas que dirige a este Juzgado, manifiesta que la Institución
que la Gerencia de Petroamazonas no ha pagado suma alguna a los empleados según el
Contrato Colectivo suscrito con Texaco ya que Petroamazonas es una persona jurídica
distinta, lo que significa que el empleador Texaco Petroleum Company incumplió con el
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Quinto Contrato Colectivo, lo dispuesto en los Arts 76, e intereses del Art. 80, pagará las
indemnizaciones constantes en el citado contrato que es obligatorio para las partes. Se niega
los demás reclamos por falta de prueba.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda en
parte y se dispone que la Compañía Texaco Petroleum Company a través de su apoderado y
representante legal Warren Gillies Campo y Dr. Rodrigo Pérez Pallares paguen al señor
Luis Freire Espín las indemnizaciones incumplidas en el Quinto Contrato Colectivo como
lo determina en el numeral tercero de esta sentencia.- Liquídese pericialmente.- Con costas
se regula el honorario del defensor del actor en el diez por ciento que arroje el valor de la
liquidación debiéndose pagarse el cinco por ciento al Colegio de Abogados de Quito.
Notifíquese.
f) Dr. Jorge Costa Jiménez.



SEGUNDA INSTANCIA.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUITO.- SEXTA SALA .- Quito, agosto 17,
1995; las 15h45.
VISTOS: Se radica en esta Sala, según acta de sorteo de septiembre 13 de 1993, la
competencia del juicio de trabajo que sigue Luis Gonzalo Freire Espín contra Warreen
Douglas Gillies Campo, en su calidad de Gerente y, como tal, representante legal de Texaco
Petroleum Company, empresa para la que dice haber laborado, desde que, con fecha 11 de
mayo de 1977, mediante resolución de Gerencia General de la ex-Corporación Estatal
Petrolera Ecuatoriana (CEPE), se le envió en comisión de servicios sin sueldo a trabajar en
el Consorcio Cepe-Texaco, habiendo, señala, prestado sus servicios, en realidad, para la
Texaco Petroleum Company, donde se desempeñó, reemplazando en varias oportunidades
al Subgerente Administrativo, cuya remuneración era substancialmente superior a la suya
como Jefe de Departamento Presupuestos y Proyectos Especiales, suplencias que habrían
llegado a completar un tiempo total de tres años, hasta cuando todas las operaciones de
dicha empresa pasaron a Petroamazonas, a través de sus distintas filiales, habiendo,
finalmente, sido asignado a Petroamazonas, a la que se integró el 07 de enero de 1991.
Alega que, a partir de julio 01 de 1990, Petroamazonas continuó pagándole sus haberes,
que eran los mismos que había percibido en la Texaco, con excepción de los reajustes
salariales contemplados en el Art. 33 del V Contrato Colectivo de Trabajo vigente. En este
juicio, el demandado apela la sentencia dictada por el señor Juez Cuarto del Trabajo de
Pichincha, que, en parte, acepta su demanda, que plantea reclamaciones por ciento treinta y
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siete millones setecientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete sucres. Para
resolver conforme a derecho, se considera: PRIMERO: Exenta de vicios de procedimiento
y omisión de solemnidades sustanciales, la causa, tramitada por la vía verbal sumaria, como
manda el Art. 563 del Código del Trabajo, es válida.- SEGUNDO: La litis se traba con las
excepciones opuestas por el demandado en la audiencia de conciliación, fs. 63 vta a 69 vta.-
TERCERO: Expedito el recurso interpuesto por el demandado, y negados que han sido los
fundamentos de la demanda, al actor correspondía justificarlos, según el Art. 117 del
Código de Procedimiento Civil, en especial, la existencia de la relación existente con la
empresa demandada y de la consiguiente obligación de ésta a satisfacer los valores
reclamados en la demanda.- CUARTO: El demandado, en la audiencia de conciliación,
deduce las siguientes excepciones: negativa pura y simple de todos los fundamentos de
hecho y de derecho de la demandada; falta de legítimo contradictor; falta de derecho del
actor para plantear la demanda; niega la existencia de la relación laboral, pues el accionante
jamás ha sido empleado de la Texaco y, si, más bien, de CEPE y, luego, de Petroecuador,
en la filial de Petroamazonas, donde ha continuado prestando sus servicios, habiendo sido
asignado en comisión de servicios al Consorcio Cepe-Texaco hasta el año de 1990, en que
pasó a Petroecuador, en la filial Petroamazonas; ilegitimidad de personería del demandado,
porque Texaco nunca fue empleadora del actor; falta de competencia del juez, por haberse
fundado la demanda en una comisión de servicios institución extraña al derecho laboral y
de aplicación exclusiva del derecho administrativo, ya que sólo la pueden prestar los
servidores públicos; alega copropiedad sobre los derechos y acciones provenientes del
contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, suscrito por la Texaco con el
Estado ecuatoriano y respecto del cual Petroecuador pasó a ser propietaria del 62.5% del
total de esos derechos y acciones; la dependencia del accionante, respecto de su
subordinación, de CEPE, luego Petroecuador, y no de la Texaco; subsidiariamente,
inaplicabilidad del V Contrato Colectivo de Trabajo de la Texaco Petroleum Company,
para efectos de la acción materia de esta litis; inaplicabilidad de los artículos 33, 75, 80, 81
y 82 del mismo contrato; violación de trámite; nulidad de la causa.- QUINTO: Admitido
por el accionante que laboró en la Texaco en comisión de servicios, cabe analizar si los
fundamentos en que él basa sus reclamaciones, a partir de las disposiciones que cita del V
Contrato Colectivo de Trabajo de la Texaco Petroleum Company, amparan tales
pretensiones. Así, vemos que, conforme consta de la Resolución 976, de mayo 11 de 1977,
fs. 2 a 5, se declara en comisión de servicios, sin sueldo, al personal que pasa a formar parte
de la Operadora CEPE-TEXACO, a partir de junio -01 de ese año, en cuya nómina consta
el accionante, aclarándose, entre otros aspectos, en el Art. 10º, que el personal en comisión
de servicios mantendrá sus respectivos cargos y categorías en CEPE, hoy Petroecuador, y
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que tendrá derecho a ascensos y promociones por motivos de cambio en la estructura
orgánica o a ocupar vacantes que se produjeren en la Corporación, de donde, claramente, se
aprecia que la relación continuó existiendo entre dicha Corporación y el actor, al punto que,
para cubrir aportes al IESS, se establece que Texaco ha de remitir a CEPE el valor de los
aportes patronales e indivisibles del personal, para que CEPE lo entregue al IESS pero
utilizando el mismo número de afiliación que dicho personal tiene en CEPE, más aún si el
actor reconoce que, a partir de julio 01 de 1990 Petroamazonas -la filial de Petroecuador a
la cual fue asignado- continuó pagándole sus haberes, "que eran los mismos que había
venido percibiendo en la Texaco, con excepción de los reajustes salariales contemplados en
el artículo 33 del V Contrato Colectivo de Trabajo vigente", instrumento éste que jamás
puede pretenderse que, una vez concluida la comisión de servicios, siga aplicándose, como
si persistiera la referida comisión de servicios o como si el accionante hubiera sido
asignado en tal condición desde la Texaco Petroleum Company a Petroamazonas, para que
los beneficios de un Contrato Colectivo que únicamente ampara a trabajadores de la Texaco
se aplique a personas que antes laboraron allí y que han sido devuelvas a su lugar de trabajo
de origen, donde obviamente, han de percibir las remuneraciones y beneficios
contemplados para los trabajadores de Petroamazonas y no los correspondientes a los de la
Texaco, Empresa para la cual dejó de prestar sus servicios, pues la comisión de servicios
definitivamente había ya concluido. Por ello, pretender que se reconozcan en la Texaco
Petroleum Company reajustes salariales contemplados en el Contrato Colectivo, una vez
que se ha reintegrado a su lugar original de trabajo, asignado, como queda manifestado, a
Petroamazonas, cuando todas las circunstancias que vincularon a las partes habían
concluido y, consiguientemente, cuando el actor ya había normalizado sus actividades en
dicha filial de Petroecuador, deviene improcedente, no sólo porque, bajo esos términos,
resulta del todo inaplicable el referido contrato colectivo, sino porque los derechos y
obligaciones laborales quedaban, a partir de ese momento, circunscritos entre Petroecuador
-filial Petroamazonas- y el accionante, debido a que, para entonces, en virtud de la
terminación de la comisión de servicios y a que, como bien anota el propio actor, todas las
operaciones de Texaco Petroleum Company pasaron a Petroecuador, a través de sus
distintas filiales, la vinculación entre Texaco Petroleum Company y el accionante. había
llegado a su fin.- Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, admitiendo el recurso
interpuesto por el demandado y acogiendo su excepción de falta de derecho del actor para
plantear la demanda, se revoca el fallo subido en grado y se desecha la demanda.- Sin
costas ni honorarios que regular en esta instancia .- Notifíquese.
f) Drs. Jorge Mazón Jaramillo.- José García Puma.- Jenner Larreátegui Russo.-
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RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION.-

Quito, septiembre 23 de 1996; Las 11h55.
VISTOS: En el juicio laboral incoado contra TEXACO PETROLEUM COMPANY por
Luis Freire Espín, éste, inconforme con la sentencia pronunciada por la Sexta Sala de la
Corte Superior de Quito que revocó el fallo favorable de primer nivel que aceptó en parte la
acción, presentó en tiempo oportuno, recurso de casación, motivo por el cual la causa
accedió a la Corte Suprema de Justicia y para decidir sobre ella, por ser ese el estado, se
formulan las consideraciones siguientes: PRIMERA.- Esta Segunda Sala de lo Laboral y
Social es competente para conocer y resolver el recurso, en virtud del ordenamiento
jurídico vigente: normas constitucionales, Ley de Casación, resolución del Tribunal
Supremo de Justicia y el sorteo de ley, cuya acta correspondiente consta de autos.-
SEGUNDA.- El actor ataca e impugna la sentencia de la Sexta Sala de la Corte Superior de
Quito, indicando que en ella se ha infringido la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, pues concretamente viola el "CAPITULO UNICO DISPOSICIONES
GENERALES, TITULO I Art. 1: ámbito de la ley, Art. 2; CAPITULO IV, de los sueldos,
Arts. 22 y siguientes; CAPITULO V, de los viáticos, dietas y movilizaciones, Arts. 40 y
siguientes; CAPITULO VI, de las licencias y sueldos, Art. 52; CAPITULO XI, del régimen
de remuneraciones, Arts 75, 81; TITULO III, DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA,
CAPITULO IV, de los ascensos y traslados, Arts, 102 y 103; CAPITULO X, disposiciones
finales, Arts 129, 133; REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y
CARRERA ADMINISTRATIVA, Título I, Art. 1; CAPITULO II, del ingreso, artículos 4,
5, 7, 8, 11; CAPITULO III de los viáticos, transportes y movilización, artículos 33, 34, 35;
CAPITULO VI, artículos 46, 48, 58, CAPITULO V, de los traslados, artículo 122;
CAPITULO VII, de la suspensión de la calidad de servidor de carrera, artículo 122." Es de
notarse que en el mismo escrito de casación aclara que los argumentos de la sentencia los
"hago míos e invoco como parte de la fundamentación", y, que al comparecer en este nivel
de conformidad al Art. 11 de la Ley de Casación, insiste: "invoco y me ratifico en los
términos constantes de mi escrito de casación interpuesto ante la Sexta Sala de la Corte
Superior y hago míos los considerandos y argumentos de la sentencia expedida en Primera
Instancia". Finalmente, cabe subrayar el punto "3.- Las fundamentaciones expuestas,
determinan que la Sexta Sala ha incurrido en las causales 1a. 2a y 3a del Art. 3 de la Ley de
Casación". TERCERA.- Al compaginar y revisar cuidadosamente lo expuesto con el
proceso y el texto de la sentencia de la Sexta Sala rechazada y atacada, surgen estas
observaciones: A) Pese al tiempo transcurrido con la vigencia jurídica de la Ley de
                                              32




Casación, las diversas resoluciones adoptadas por las Salas y sobretodo el rico acervo de la
doctrina sobre el particular los profesionales en su mayoría, continua confundiendo el
recurso extraordinario de casación con el desaparecido de tercera instancia, pues, sin
adentrarse en el fondo jurídico del recurso especial que tiende a reparar, a enderezar
cualquier violación legal, haciendo respetar la normatividad, sin la menor técnica y a veces
sin el menor escrúpulo, se limitan a la relación fáctica, a pretender que se rebusque el
expediente en lo juzgado o sentenciado en afán de conseguir variación en los resultados, sin
detallar la o las normas violadas. B) En la especie, el recurrente basa su recurso aceptándolo
extensivamente- en las causales 1ª, 2ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Al respecto, la
Sala reiteradamente ha precisado que existe identidad entre las causales primera y tercera
del Art. 3 de la Ley de Casación, pues ambas se refieren a la aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho; no así entre la 1ª y 2ª, pues
son diferentes, están ubicadas en campos hasta filosóficos disímiles, tienen características
suigéneris que individualizan a cada una, asignando la protección de un campo específico
del derecho. Por lo tanto, no se las pueden ni debe invocarse en conjunto al igual que las
fallas de aplicación, la aplicación indebida y la interpretación errónea, son conceptos
diferentes; pues, mal puede dejarse de aplicar y al mismo tiempo aplicarse
inadecuadamente las mismas normas e interpretar erróneamente una disposición que regula
el caso litigado. Por consiguiente, deben indicarse con exactitud y una a una las normas que
se dicen violadas, distinguiendo y diferenciando el concepto. C) El escrito contentivo del
recurso subjúdice no señala los fundamentos en los que se apoya, expuestos en forma clara
y sucinta, como exige la ley, sino que se limita a relatar y remarcar los hechos materia de la
litis, citando una cantidad indeterminada de normas, sin indicar con precisión de que
manera y forma influyó en la parte dispositiva de la sentencia la aplicación de ellas.
CUARTA.- Del análisis de los autos se encuentra que la Sexta Sala de la Corte Superior de
Justicia de Quito, al dictar su fallo lo ha hecho con propiedad, con lógica sujetándose a las
normas de derecho, tanto más que el actor ha querido encontrar respaldo en los argumentos
del Juez de la Instancia anterior sin más, y lo peor tomando como violaciones las cometidas
contra la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa ajena al estricto ámbito laboral.-
En virtud de lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso interpuesto por
improcedente e ilegal. Sin costas. Publíquese, notifíquese, y devuélvase.-
f) Drs.- Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.- José García
Falconí.
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V



En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Melba
Campodónico Reyes contra el Banco La Previsora, se resuelve:


SINTESIS:

En primer nivel se rechaza la demanda, porque de autos aparece que la relación
laboral no a concluido por despido intempestivo, sino por acuerdo entre las partes,
mediante el acta de finiquito y la renuncia presentada por la actora en forma libre y
voluntaria, misma que ha sido aceptada por la empresa.

En segunda instancia, se confirma la sentencia tomando e cuenta que la actora ha
presentado su renuncia al cargo en forma libre y voluntaria, y que el acta de finiquito
reúne los requisitos exigidos por el Art. 571 del Código del Trabajo.

La Sala de lo Laboral y Social determina que, el documento de finiquito puede ser
impugnado cuando no ha sido suscrito ante el Inspector del Trabajo o cuando dicho
documento no ha sido pormenorizado, y si se ha cumplido con estos requisitos, puede
también ser impugnado cuando la liquidación contiene evidente error de cálculo o en
esa liquidación existe renuncia de derechos del trabajador, circunstancias que no se
han dado en el presente caso; sin embargo, existe sólo prueba parcial sobre la cuantía
de la pensión de jubilación, por lo que, la sentencia del Inferior debió disponer que se
proceda a una reliquidación, a fin de conocer si la cuantía se estableció en forma legal.
En consecuencia, casa la sentencia y dispone que se realice una reliquidación de los
pagos de la pensión jubilar.

SE CASA LA SENTENCIA Y SE ORDENA UNA RELIQUIDACION DE LOS
PAGOS DE LA PENSION JUBILAR.


PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DEL GUAYAS.- Guayaquil , noviembre 8 de
1993.
VISTOS: La señora Melba Estrella Campodónico Reyes comparece y dice que trabajó bajo
la orden y dependencia de la Previsora Banco Nacional de Crédito, como Ayudante General
2, desde el 13 de marzo de 1954 hasta el 23 de enero de 1985, en que, después de concluido
el conflicto colectivo de trabajo originado el 15 de noviembre de 1984, y de acuerdo a una
acta transaccional celebrada el 11 de diciembre de 1984 entre su empleadora y el Comité de
Empresa de los Empleados de la Previsora Banco Nacional de Crédito, Casa Matriz,
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sucursales y agencias en toda la República, tuvo que acogerse, dentro del término de
sesenta días señalados en la cláusula cuarta de dicho instrumento, a la liquidación por
despido intempestivo. Que su empleadora no cumplió oportunamente con afiliarla al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni al liquidarle fondos de reservas y otros rubros
consideró todas las remuneraciones que percibía, ni se cumplió con su pago desde la fecha
que esos, derechos eran exigibles; que, asimismo, al practicarse la liquidación de las
indemnizaciones laborales por el despido, no consideró íntegramente la estabilidad ni las
indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo, conforme los Arts. 9 y 30 del
Sexto Contrato Colectivo, que se le fijó como pensión jubilar, el salario mínimo vital,
cuando en realidad le correspondía la cantidad de S/.34.348,oo mensuales, que fue la última
remuneración que percibió. Esos son los antecedentes que en concreto expone la actora
para demandar a la Previsora Banco Nacional de Crédito, en la persona de su Representante
Legal Ing. Com. Alvaro Guerrero Ferber, para que en sentencia se ordene se le pague las
indemnizaciones, prestaciones y beneficios sociales que detalla. Citado el Banco
demandado en la persona de su representante legal, se convocó a las partes a audiencia de
conciliación la que se desarrolló sin la concurrencia de la parte demandada. Transcurrido el
Término probatorio que se concedió es el momento de dictar sentencia, y, para hacerlo se
considera: PRIMERO: No existe omisión de solemnidades sustanciales dispuestas para
esta clase de trámites, por lo que se declara la validez de todo lo actuado; SEGUNDO: La
actora en su demanda reclama el pago de diferencias de algunos conceptos; Por garantía de
estabilidad, por indemnización impuesta por la Ley No.153, publicada en el Registro
Oficial No. 662 de enero 16 de 1984, etc. Al respecto, es de anotar que se solicitan el pago
de diferencias, más no se puntualiza de donde surge la diferencia reclamada, a efecto que el
Juzgado pueda tener puntos de vista, claros en que se apoye dicho reclamo; TERCERO:
En reiteradas veces la actora ha manifestado que la relación de trabajo entre el Banco y ella,
culminó por despido intempestivo, más si leemos la copia certificada del acta transaccional,
que obra a fojas 21, 22 y 23, especialmente la cláusula cuarta, y el acta de finiquito que
corre a fojas 30 y 31, observamos que dicha relación de trabajo culminó por acuerdo entre
las partes; pues, en efecto, en este último documento alcanzamos a leer que dice "A) que la
señora Melba Campodónico Reyes prestó sus servicios desde el 13 de marzo de 1954 hasta
el 8 de enero de 1985, fecha en la que de su libre y espontánea voluntad presentó su
renuncia a la empresa, renuncia que ha sido aceptada por el Banco conforme lo previsto en
el numeral 2o de la Art. 169 del Código del Trabajo vigente; CUARTO: Se debe entender,
según la demanda, que esta se basa en el hecho que la liquidación que se practicó no se
consideró lo que dice el Art. 94 del Código del Trabajo; más en el Acta de Finiquito ya
referida, vemos que tal cosa no ha ocurrido, pues, en forma expresa se hace dicho
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reconocimiento; QUINTO: En el documento en mención, acta de finiquito, la actora deja
constancia que ha cobrado sus remuneraciones adicionales en sus respectivos montos
legales y que, asimismo, ha recibido otros rubros según los Contratos Colectivos, y ha
mostrado su conformidad en lo relativo al fondo de reserva, y, finalmente, deja constancia
que nada tiene que reclamar al Banco ni de presente ni de futuro por concepto de la
extinguida relación de trabajo; SEXTO: Adicionalmente es de mencionar que no existe
elementos procesales que permitan ordenar el pago de las utilidades por el período
comprendido entre los años 1955 al 1985.- SEPTIMO: En cuanto al pago de la jubilación
patronal en el monto de S/. 34.348,oo, es de mencionar que desde el año de 1979, en que se
dictó la Ley s/n publicada en el Registro Oficial No. 68 del 19 de noviembre de 1979, se ha
determinado que la pensión jubilar patronal, en ningún caso debe ser inferior al sueldo o
salario mínimo vital, a quienes perciban únicamente esta pensión; de tal manera que no es
legal que por concepto de esta pensión se disponga el pago del valor equivalente a la última
remuneración percibida por el trabajador. Por otro lado, ni en los Art. 46 y 47 del Sexto
Contrato Colectivo Nacional de Trabajo se mejora el monto de la pensión jubilar;
OCTAVO: Apoyándose en lo que disponen los Arts. 36, 37, 38, 39 y 51 del Sexto
Contrato Colectivo de Trabajo, la actora reclama las mejoras y beneficios sociales relativos
a comisariatos, asistencia médica, descuentos en boticas y casas distribuidoras de medicinas
y préstamos quirografarios; si se examina estas disposiciones contractuales vamos a
observar que tales mejoras o beneficios sólo aparecen convenidas en favor de los
trabajadores y no de ex-trabajadores o jubilados, como es el caso de la actora. Por las
consideraciones expuestas, el suscrito Juez Primero de Trabajo del Guayas,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, declara sin lugar la demanda planteada por Melba Estrella
Campodónico Reyes. Dese lectura.- NOTIFIQUESE
f) Ab. Carlos Alfago Vite.



SEGUNDA INSTANCIA

Guayaquil, 14 de noviembre de 1994; las 10h11.-
VISTOS: A fojas 123 la actora señora Melba Campodónico Reyes interpone recurso de
apelación, disconforme con la sentencia pronunciada por el Juez Primero Provincial del
Trabajo del Guayas, que desestima la demanda propuesta contra la Previsora Banco
Nacional de Crédito, representada por el Gerente General Ing. Alvaro Guerrero Ferber, y
contra éste personalmente por la responsabilidad solidaria correspondiente. A su vez la
                                             36




parte demandada se adhiere al recurso, mediante escrito que corre a fojas 124.- Por el sorteo
de ley se radica la competencia en esta Sala, a la que corresponde resolver por el mérito de
los autos, y para hacerlo considera: PRIMERO: Se ha dado a la controversia el trámite
verbal sumario señalado en el Art. 563 del Código del Trabajo, sin que se advierta omisión
de solemnidad sustancial alguna, por lo cual es válido el proceso. SEGUNDO.- La falta de
contestación de la demanda significa negativa pura y simple de los fundamentos, y se
aprecia como indicio en contra de la parte demandada. TERCERO.- La existencia del
vínculo laboral en el cual la actora funda sus pretensiones, se encuentra acreditada con
abundante prueba instrumental, entre ella la aportada por el ex-empleador agregada de fojas
26 a 31 del primer cuaderno. CUARTO.- Consta del acta de finiquito que corre a fojas 30-
31, y anexa de fojas 29, que la señora Melba Campodónico Reyes el ocho de enero de
1985, de su libre y espontánea voluntad, presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en
la empresa, renuncia que el Banco la aceptó conforme a lo previsto en el numeral 2o del
artículo 169 del Código del Trabajo.- El acta de finiquito en mención reúne los requisitos
que exige el artículo 571 del Código del Trabajo, esto es, que ha sido otorgado por las
partes con la intervención de un Inspector Provincial del Trabajo del Guayas, quien ha
cuidado que se determine en forma pormenorizada cada uno de los rubros y valores a que
tiene derecho la trabajadora, y que en ese acto paga el empleador. La señora Campodónico
Reyes ha manifestado su conformidad con este finiquito y su anexo, y los ha firmado y
recibido las sumas allí liquidadas, sin protesta o reserva alguna, por lo cual no procede la
pretendida impugnación de dicha acta. QUINTO.- No hay fundamento para que la pensión
de jubilación patronal se liquide de modo diferente al determinado en el artículo 221 del
Código del Trabajo, y a lo convenido en los artículos 46 y 47 del Sexto Contrato Colectivo
de Trabajo celebrado entre la Previsora Banco Nacional de Crédito y el Comité de Empresa
de sus empleados (fojas 82 a 92).- SEXTO.- Como bien examina el inferior en el
considerando Octavo del fallo de primer nivel, el antes mencionado Contrato Colectivo no
ha previsto que las estipulaciones referidas a mejores y beneficios sociales como
comisariato, asistencia médica, descuentos por medicinas y préstamos quirografarios,
también cubran a ex-trabajadores o a jubilados de la empresa.- SEPTIMO.- No se ha
producido prueba que apoye el reclamo de utilidades desde 1955 hasta 1985.- Por las
anteriores consideraciones, que impone desechar la demanda por improcedente, la Quinta
Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, 'ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", confirma en
todas sus partes la sentencia recurrida.- Las costas a cargo de la actora.- Sin honorarios
profesionales que regular, por no haber sido reclamados.- Dese lectura y notifíquese.-
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f) Drs.- Alfonso Oramas González.- Milton Moreno Aguirre.- Alfredo Llonto
Romero.-


RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.-
Quito, a 20 de noviembre de 1996; las 09h05.
VISTOS: Melba Estrella Campodónico Reyes, ha interpuesto recurso de casación de la
sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil que, al
rechazar la demanda, confirma el fallo del Juez Primero del Trabajo del Guayas. Al
fundamentar su recurso, la actora manifiesta que la sentencia le ha negado haberes,
beneficios e indemnizaciones reconocidos por la ley y por el contrato colectivo, cuya
eficacia no podía quedar enervada por las declaraciones contenidas en un documento de
finiquito, en virtud del carácter irrenunciable e intangible de los derechos de los
trabajadores. Concedido adecuadamente el recurso y determinada por el sorteo la
competencia de la Sala, para resolver se considera: PRIMERO: Afirma la actora en su
demanda que se retiró voluntariamente de su trabajo a fin de acogerse al tratamiento
especial considerado en el acta transaccional celebrado en Guayaquil el 11 de diciembre de
1984, con la cual se puso fin a un conflicto colectivo. Según aparece de autos, en esta
transacción trabajadores y empleador acordaron que dentro de un lapso de sesenta días
algunos empleados, entre los cuales se nombró expresamente a la actora, podrían escoger
entre continuar, en sus labores o renunciar a ellas y que, en este supuesto, el Banco
empleador aceptaba pagarles una suma de dinero adicional a los haberes que normalmente
les correspondía por su retiro voluntario y cuya cuantía se determina en base a las reglas
previstas para ciertas indemnizaciones correspondientes al despido intempestivo, que se
detallan en el acta en forma precisa. Como no se trata propiamente de indemnizaciones por
despido, el acta transaccional dice que son cantidades que se asimilan a ellas, terminología
que vuelve a utilizarse en el acta de finiquito, la cual no es sino la consecuencia de la
transacción.- SEGUNDO: El acta de finiquito comprende entonces dos clases de haberes:
los comprendidos en el acuerdo transaccional y los que provienen del reconocimiento de
los derechos del trabajador cuya existencia no ha sido controvertida. Ambas situaciones
deben tratarse de manera distinta.- TERCERO: La transacción en materia laboral surte
plenos efectos, cuando las pretensiones versen no sobre derechos ciertos, sino sobre
derechos controvertidos, es decir aquellos cuya existencia depende de hechos que deberían
ser demostrados en juicio. En consecuencia, si la terminación de las relaciones laborales se
produjo en las circunstancias descritas, no es admisible el reclamo por despido
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intempestivo, de manera que en este punto es correcta la apreciación de los jueces de
instancia.- CUARTO: El Art. 571 del Código del Trabajo permite al trabajador impugnar
el documento de finiquito. Debe examinarse entonces si la impugnación del documento de
finiquito es procedente en este juicio, a la luz de la citada disposición legal. Lo primero que
debe advertirse es que se trata de una cuestión respecto a la cual la jurisprudencia no ha
tenido un criterio uniforme y en diferentes fallos a lo largo del tiempo indistintamente ha
sostenido: 1) Que el único motivo por el cual el documento de finiquito podría impugnarse,
es la circunstancia de no haber sido suscrito ante el Inspector del Trabajo. Se apoya esta
tesis en el tenor literal del Art. 571; 2) Que aunque el documento se haya suscrito ante el
Inspector del Trabajo, podrá impugnarlo el trabajador si la liquidación no está
pormenorizada, porque lo contrario significaría reconocerle a la actuación de un
funcionario administrativo efecto de cosa juzgada; 3) Que el documento de finiquito puede
ser impugnado aunque la liquidación esté pormenorizada y el acta haya sido suscrita ante el
Inspector del Trabajo, en dos casos: a) Cuando la liquidación contiene un evidente error de
cálculo y se trata de corregirlo; b) Siempre que la liquidación entrañe renuncia a los
derechos del trabajador. Se basa este criterio en que, según lo previsto por el Art. 5 del
Código del Trabajo, debe el Juez prestar al trabajador debida protección para la eficacia de
sus derechos. El origen de este variado tratamiento en buena parte debe atribuirse al hecho
de que no se ha distinguido las situaciones en que hay una transacción, de aquellas en que
se trata de cuantificar los haberes cuya procedencia no se controvierte. Como se dijo, en la
transacción no hay renuncia, si se trata de derechos cuya existencia está controvertida.
Procede entonces examinar la situación de los otros haberes.- QUINTO: Impugnado el
documento de finiquito le correspondía a la actora probar en el juicio la ocurrencia de
alguna de las circunstancias aquí enumeradas y tal prueba no se ha producido, ni de autos
obra dato alguno del cual pueda inferirse que hubo error de cálculo o renuncia de derechos
ciertos y determinados.- SEXTO: En cuanto a la jubilación patronal, tiene la actora
derecho a percibirla en forma adicional a la del IESS. El acta de finiquito reconoce y deja
expresamente a salvo tal derecho, cuyo carácter imprescriptible está además establecido en
la ley. El empleador debió probar que la cuantía de la pensión se determinó conforme a
derecho y que pagó oportunamente a la ex-trabajadora los valores que por este concepto le
correspondían. Al respecto solamente hay prueba parcial en autos, por lo que la sentencia
debió disponer que se proceda a una reliquidación por peritos de la pensión jubilar, a fin de
constatar si su cuantía se estableció en los términos del Art. 221 del Código del Trabajo y
de los Arts: 46 y 47 del Sexto Contrato Colectivo que obra de autos, y si la ex- trabajadora
recibió los valores a que tenía derecho, para que, de haberla, se le pague la diferencia.- Por
estas consideraciones, 'ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
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REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" se casa la sentencia y, aceptando
parcialmente la demanda, se dispone que se reliquide por peritos la cuantía y los pagos de la
pensión por jubilación patronal, en los términos del considerando Sexto de este fallo.-
Notifíquese
f) Drs. Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy (V.S).- Alberto
Wray Espinoza.



VOTO SALVADO DEL DOCTOR CARLOS JULIO AROSEMENA MONROY.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.-
Quito, noviembre 20 de 1996; Las 09h05.
VISTOS: Melba Estrella Campodónico Reyes demanda a La Previsora Banco Nacional de
Crédito, en la persona de su Gerente General el ingeniero Alvaro Guerrero Ferber, y
también a éste personalmente por la responsabilidad solidaria que le impone el artículo 35
del Código del Trabajo, el pago de los valores que determina en su libelo el 14 de enero de
1988. Y, la litis se traba en la audiencia de conciliación celebrada el día 15 de enero de
1990, a la que no concurrieron los demandados, cuya rebeldía fue declarada, lo que entraña
que simplemente negaron los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. La
sentencia del Juez a-quo dictada el 8 de noviembre de 1992 declara sin lugar la demanda.
La actora apela de esta providencia; y, la Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil,
con fecha 14 de noviembre de 1994, confirma en todas sus partes el fallo recurrido.
Insatisfecha con este resultado, la accionante interpone el recurso de casación para ante la
Sala de lo Social y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que le fue concedido. Para
resolver se considera: PRIMERO: Esta Sala Segunda de lo Laboral y Social de la Corte
Suprema de Justicia es la competente para conocer del recurso, en virtud del actual
ordenamiento jurídico. SEGUNDO: A este juicio se le ha dado el trámite correspondiente a
su naturaleza y como no se advierte omisión de solemnidad alguna que influya en la
decisión, se declara su validez. TERCERO: Es un hecho indiscutible que existió un
contrato de trabajo entre los litigantes: lo reconoce expresamente el accionado a fojas 31
del cuaderno del primer nivel. CUARTO: Punto importantísimo a resolver es si hubo o no
despido intempestivo, ya que la actora así lo asegura, mientras los demandados afirman que
ella presentó voluntariamente la renuncia. QUINTO: Que el despido intempestivo se
produjo y no hubo renuncia voluntaria se colige de la forma como está redactada con
increíble eufemismo el Acta de Finiquito (fojas 30, 30 vuelta y 31), donde al referirse a las
indemnizaciones que se pagan, repetidas veces se usa la palabra "asimilación". SEXTO: La
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sentencia de Primer Nivel, confirmada por la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal de
Alzada, niega el derecho a la actora a reclamar las mejoras y beneficios sociales relativos a
comisariato, asistencia médica, descuentos en boticas y casas distribuidoras de medicinas y
préstamos quirografarios, porque los artículos 36, 37, 38, 39 y 51 del Sexto Contrato
Colectivo Nacional de Trabajo, celebrado entre la Previsora Banco Nacional de Crédito y el
Comité Nacional de sus trabajadores, nada dice al respecto de sus extrabajadores y
jubilados, pero tampoco se les niega tales derechos, razón más que suficiente para que la
accionante los tenga; y si hubiera alguna duda, la Sala tiene presente lo que dicen respecto
de los derechos de los trabajadores la Constitución Política del Estado y el Código del
Trabajo. SEPTIMO: Consideramos que no es necesario valorar otras pruebas producidas,
apoyados en el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, esta Sala
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la casación deducida, revoca la sentencia de la Quinta
Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y ordena que el Banco Nacional de
Crédito La Previsora pague a Melba Estrella Campodónico Reyes los valores y la jubilación
que ella demandó. Con costas. Fíjese los honorarios del abogado defensor de la actora en el
10% de la suma que la accionante reciba. Publíquese y devuélvase.
f) Drs. Carlos Julio Arosemena Monroy.- Julio Jaramillo Arízaga.- Alberto Wray
Espinoza.

								
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