Bolivia Ecuador y Peru

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					     Bolivia, Ecuador y Perú: un breve diagnóstico.


Introducción a los conflictos sociopolíticos y medioambientales
preexistentes
   Los regímenes de democracia formal establecidos en la región durante los años 80,
no han resuelto los principales conflictos sociopolíticos y medioambientales latentes.
Por el contrario, la retórica democrática tiene la potencialidad de ampliarlos. Al limitar
el recurso autoritario de represión incontinente y posibilitar la emergencia de nuevos
actores y propuestas, los regímenes democráticos se convierten en entornos
catalizadores de conflictos, en lugar de promover soluciones socialmente constructivas.
   Después de dos décadas de intensa experimentación democrática en Latinoamérica,
el panorama se muestra desolador. Lo precario de las condiciones de gobernabilidad
resultante de sus débiles instituciones, la expansión de las expectativas sociales y su
concurrente frustración, la tenacidad de las asimetrías sociales y entre naciones, más el
flagelo de conductas ilícitas, como el narcotráfico, corrupción, y otras, concurren en la
explicación de este escenario.
   Los principales conflictos sociopolíticos de las dos ultimas décadas del pasado siglo
fueron expresión de una amalgama formada por la pobreza, la exclusión y las ideologías
socialistas, en la cual esta última fue la variable que dotó de racionalidad y perfil al
conjunto causal. Esta generalización se aplica al singular conflicto armado interno de
Colombia, que contrasta con la situación actual.
   La impronta de la revolución cubana tuvo profundo arraigo en la región. Durante los
años 70 y 80, la imagen de Che Guevara constituyó acaso el principal símbolo de
identidad común entre los jóvenes de la región. Muchos no se resignaron a vivir en el
reino de las imágenes y persiguieron, de diversos modos, cómo dar sustancia a su
rebeldía idealista. En Latinoamérica, la bipolaridad mundial encontró sus propios
referentes en las asimetrías sociales. Ésta pudo ser una etapa mundial sin gran
continuidad endógena –y así lo fue en países donde las sociedades habían alcanzado
mayores niveles de cohesión basados en la equidad- pero los propios desgarramientos
sociales de la región latinoamericana, sumados a las estrechas interpretaciones que de
ellos hiciera el hegemon hemisférico, decidieron un curso distinto, más destructivo.
   Durante los años 80 y 90, el eje de la conflictividad social generalmente se desplazó
hacia el terreno de la política legal: Las ánforas del sufragio sustituyeron a los fusiles,
aunque dentro de un entorno plagado por el caudillismo, la falta de convicciones
democráticas y la ausencia de sistemas de partidos sostenibles. Un dato alarmante sobre
esta situación es la entrada recurrente en escena –muchas veces debido a brevísimas
coyunturas— de movimientos políticos explícitamente diferenciados del perfil
partidista, y de caudillos de abierta proclividad autoritaria.
   El caso peruano fue singular en su materialización, pero expresivo de las
condiciones y carencias regionales que constituyen factores potenciales de conflicto.
Sendero Luminoso no fue el ejército de los pobres del campo, ni logró la reivindicación
de quienes sufrían profundas exclusiones étnico-culturales sino, principalmente, un
movimiento de la juventud urbana emergente y pauperizada –frente a la generalizada
crisis de instituciones-, impedida de pertenecer a otras organizaciones partidarias o
sociales.   Sendero    Luminoso      fue   causa    de    opresión,   destrucción,   mayor
empobrecimiento, violento sojuzgamiento y muerte para los pobres del campo. De ahí,
su radical fracaso en convertirse en ejército campesino. Para sus jóvenes militantes, la
rigidez y beligerancia de esta organización constituyó una oportunidad de pertenencia y
una seductora fuente de identidad, imposible de encontrar en otras expresiones de
socialización, dentro de las muy escasas opciones ofrecidas por la legalidad burguesa.
Mientras, Fujimori era una expresión exacerbada de la tendencia antipartidista y
caudillista, ya afincada en otras latitudes latinoamericanas.
   En Bolivia –más que en Perú— la lucha contra las políticas estadounidenses de
erradicación de cultivos de coca ha sido un factor central en el quehacer político-social
durante las últimas dos décadas. Los campesinos cocaleros y sus líderes se han
convertido, al calor de la confrontación con el gobierno nacional y el hegemon al que
responden, en actores políticos de primer orden. Nadie mejor que Evo Morales Ayma,
expresa esta realidad. A sus 43 años, es presidente de la federación de los productores
de la hoja de coca en el Chapare, y símbolo de la lucha contra la política neoliberal en
Bolivia. Entre 1998 y 2002, ha sido diputado en el parlamento por el Movimiento al
Socialismo (MAS). En las elecciones del 30 de junio de 2002 estuvo cerca de lograr la
Presidencia de la República, pues en primera vuelta recibió más del 21 por ciento de los
votos.
   Sin embargo, en Perú, esa misma lucha contra las políticas estadounidenses de
erradicación de cultivos de coca quedó mediatizada por la presencia de los
protagonistas del conflicto armado interno: Sendero Luminoso, el Movimiento
Revolucionario Tupac Amaro (MRTA) y las Fuerzas Armadas. Todos convergieron en
corrupta coincidencia hacia la preservación del status quo. Entre 1980 y 1995, cada uno
medró del narcotráfico y garantizó un precario equilibrio, que resultó funcional a la
propagación de ese comercio ilícito transnacional.
   En el plano regional, las luchas continuaron hasta encontrar solución el conflicto
fronterizo entre Ecuador y Perú, que a lo largo del siglo XX –en 1941, 1985 y 1995--
llevó a ambas naciones a enfrentarse militarmente. En 1996, la presión internacional de
los países garantes, principalmente la de Estados Unidos, condujo a un cambio en el
esquema de negociación definido por el Protocolo de Río de Janeiro, de 1942. En virtud
de ello, los cuatro países garantes se transformaron en una suerte de árbitro; es decir,
este nuevo marco negociador impuso a ambos países una fórmula de solución, previa
aceptación por parte de sus gobiernos. El 26 de octubre de 1998 se firmó el tratado de
paz con la propuesta íntegra de los garantes. Gracias a ello, la relación bilateral entre
Ecuador y Perú ha experimentado una muy positiva transformación y se han disipado
por completo los riesgos de nuevos conflictos en sus fronteras. Ecuador ha enfrentado
diversos conflictos socio-ambientales en las últimas décadas. En junio de 1990, las
poblaciones indígenas --que constituyen alrededor del 35 por ciento de la población
nacional-- bloquearon carreteras y paralizaron el país para reclamar acceso a las tierras,
educación, desarrollo y mayor atención gubernamental. En enero de 2000, las protestas
indígenas bloquearon el acceso al Congreso Nacional y fueron decisivas para forzar la
renuncia del presidente Jamil Mahuad.
   Como en muchos otros países latinoamericanos --Bolivia y Perú entre ellos--, en
Ecuador se ha producido una ostensible evolución en la actuación de los movimientos
indígenas, en tanto actores políticos conscientes que reclaman el reconocimiento
constitucional de una realidad multicultural y plurinacional en el país. La
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue organizada en
1986 con el propósito de representar a todos los grupos indígenas de la costa, sierra y
amazonía bajo una común bandera pan-india.
   En Bolivia, el protagonismo político de los grupos indígenas ha seguido un curso
creciente, desde que en 1990 alrededor de 700 indígenas marcharon desde Trinidad
hacia La Paz, durante 35 días, para reivindicar su dignidad y el derecho a la tierra. La
Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y
la Confederación Indígena del Oriente, Amazonas y El Chaco (CIDOB) se han
consolidado como las entidades gremiales que dirigen al movimiento indígena en el
país. En Perú, la pesada herencia de los grupos campesinos de izquierda marxistas, y
luego la irrupción de la violencia política de Sendero Luminoso, retrasaron el
surgimiento de los grupos indígenas, como protagonistas políticos, hasta finales de la
década de los años 90.


Reseña sobre los actuales conflictos sociopolíticos y medioambientales.
   El hito trágico del 11 de Septiembre ha empezado a alterar el perfil de la
conflictividad sociopolítica y medioambiental en la región, al agudizar algunas de las
condiciones preexistentes. Esto se evidencia en dos asuntos centrales de la proyección
de Estados Unidos hacia la región: el narcotráfico y la crisis colombiana.
   La política estadounidense para enfrentar el primer peldaño del narcotráfico –los
cultivos de coca— empieza a mostrar signos de radicalización con la adopción de la
noción de tolerancia cero en materia de sustitución de cultivos. Queda por discutirse
cuáles son las vinculaciones que existen entre ese giro y el 11 de Septiembre, o si se
trata de una mera coincidencia temporal. Es cierto que Estados Unidos se ha vuelto más
intolerante hacia los riesgos de su seguridad nacional luego del 11 de Septiembre, y que
dolorosamente ha tenido que reconocer que los grandes desafíos posmodernos a la
seguridad nacional tienen una naturaleza incierta. En su presentación de la nueva
Estrategia de Seguridad Nacional, en septiembre de 2002, el presidente George Bush
señaló: “Ahora, oscuras redes de individuos pueden traer gran caos y sufrimiento a
nuestras costas por menos de lo que cuesta comprar un solo tanque. Los terroristas están
organizados para penetrar sociedades abiertas y pueden revertir el poder de tecnologías
modernas en contra nuestra. Para derrotar esta amenaza debemos hacer uso de cada
herramienta en nuestro arsenal –poderío militar, mejores defensas del territorio patrio,
ley y orden, inteligencia y esfuerzos vigorosos para cortar el financiamiento terrorista.
La guerra contra terroristas de alcance global es una empresa global de duración
incierta.”
   Al lado de la causalidad posterior al 11 de Septiembre, hay factores inherentes al
signo ideológico de la actual administración de Estados Unidos. El conservadurismo de
Bush –y notoriamente de su secretario de Justicia— implica también creciente
intolerancia frente al lado débil de la ecuación del narcotráfico. Cabe resaltar que en
este contexto, mientras se han hecho más restrictivas las leyes estadounidenses sobre el
lavado de dinero vinculado al terrorismo, ningún resultado se ha evidenciado sobre el
masivo lavado de dinero proveniente del narcotráfico en bancos de Estados Unidos.
   En el otro extremo del conflicto empiezan también a radicalizarse las posturas. En
Bolivia, Evo Morales sigue consolidándose como personalidad política de primer orden,
frente a un gobierno tambaleante. En Perú, las tensiones con los agricultores cocaleros
de la selva peruana, en febrero y marzo de 2003, han significado protestas violentas,
con saldos negativos de muertos y heridos, cierre de carreteras, destrucción de edificios
públicos y negociaciones de los agricultores con las autoridades gubernamentales. El
fenómeno Evo Morales empieza a vislumbrarse en Perú con rasgos propios, a través del
caudillo cocalero Nelson Palomino La Serna, vinculado a la expresión radical y
corrupta de “Patria Roja”.
   La crisis colombiana también amenaza con desbordarse hacia Ecuador y Perú, más
de lo que ya ha ocurrido. En Ecuador esa amenaza se hace tangible en los flujos de
víctimas de la violencia que cruzan la frontera en busca de asilo. En el caso de Perú, esa
amenaza se expresa en el crecimiento de la producción, procesamiento y embarque de
cocaína, debido al relativo desplazamiento de esas actividades fuera de Colombia, así
como en el surgimiento de nuevas modalidades de narcotráfico, como la producción y
procesamiento de amapola. Aunque no hay evidencias empíricas suficientes, puede
estimarse que el desbordamiento del conflicto colombiano se expresa también en el
incremento del lavado de dinero. Aunque sí existe certeza sobre la presencia de
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio
peruano. Existen informes que colocan a esos guerrilleros portando armas de guerra en
zonas cocaleras peruanas, pero no se conoce de acciones bélicas, o violencia, que hayan
desplegado fuera de sus fronteras tradicionales. Eso corrobora cómo la insurgencia
desideologizada, en Colombia, y ahora en Perú, se desplaza en estrecho maridaje con el
narcotráfico. La versión aceptada –acaso en peligrosa complacencia— por funcionarios
de inteligencia peruanos es que las FARC sólo actúan en territorio peruano buscando
santuario para reposar y luego retornar a Colombia.
   En Perú, como ya ocurre desde antes en Ecuador, están adquiriendo impacto
político nacional e internacional los conflictos entre comunidades nativas y
transnacionales extranjeras dedicadas a la explotación de recursos naturales, a partir de
factores ambientales y desarrollistas. Es particularmente paradigmático el caso de la
comunidad de Tambogrande, en la costa norte del país, enfrentada con la transnacional
Manhattan Minerals. Esta compañía ha desarrollado un proyecto minero de explotación
aurífera, cuya inversión total bordea los US$ 350 millones, bajo un plan que implica la
división del pueblo y el desplazamiento de alrededor de la tercera parte de su población.
La resistencia contra la mina ha sido fuerte desde el principio. El 27 y 28 de febrero de
2001, un paro general y una movilización masiva en Tambogrande exhortaron a la
corporación minera a retirarse; posteriormente, fueron destruidos las instalaciones y
campamentos de la empresa. Un mes después, el agrónomo y líder de la resistencia fue
asesinado en circunstancias sospechosas. Los ciudadanos organizaron una “consulta”
para poner en claro que no quieren una mina en medio de su pueblo. De un total de
36,000 personas, el 77 por ciento de la población de Tambogrande ejerció el voto en la
consulta, y un 98 por ciento de los votantes dijo “no” a la propuesta de explotación
minera.
   En Ecuador se prolonga el conflicto provocado por la construcción de un oleoducto
por el Consorcio OCP --con un crédito de US$ 900 millones otorgados por el
Westdeutsche Landesbank (WestLB). La controversia ha llegado hasta Westphalia,
Alemania, localidad sede del Consorcio y de la entidad prestamista, pues se ha
demostrado que el proyecto no cumple con las normas de impacto medioambiental que
exige el Banco Mundial para aprobar una operación semejante.
Diagnóstico sobre los conflictos sociopolíticos y medioambientales de la
próxima década
   La guerra de Estados Unidos contra Irak abre una fisura profunda en la estructura
del orden internacional gestado a lo largo del siglo XX. A partir de este hecho, el
mundo ya no seguirá siendo como lo conocimos, pero nos es más difícil predecir cómo
será el orden mundial posmoderno. Esto es particularmente relevante para la seguridad
global y nacional, pues los nuevos factores de riesgo encierran –como bien lo demostró
la tragedia del 11 de Septiembre—una naturaleza incierta, de perfiles imprecisos, de
protagonistas esquivos hasta lo inasible, donde hasta lo inocuo se transforma en
armamento letal.
   A contramarcha de tales salvedades, hay que atreverse a vaticinar. Dentro de lo que
parece más predecible, continuarán las tendencias preexistentes de conflictos por falta
de desarrollo y gobernabilidad. Los cotidianos conflictos sociales de protesta frente a la
pobreza, marginación e ineficacia estatal, tenderán a subsistir como reflejo de la
incapacidad de los gobiernos para transformar sus causas esenciales. Aunque es
previsible el aumento de un capital social, expresado en una mejor cultura de conflicto,
que procurará soluciones constructivas. Factores propios de la globalización, como son
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) --mecanismos de exportación de
conflictos sociales-- y los medios de comunicación, catalizarán y condicionarán el perfil
de los conflictos. La externalidad de estas variables reducirá la capacidad de
negociación de los actores tradicionales, particularmente los Estados, facilitando por
ende tanto su polarización como el acceso a nuevos instrumentos para solucionarlos. De
modo particular, los movimientos indígenas consolidarán su protagonismo político en
los tres países andinos, en alianza literalmente global con las ONGs del orbe.
   La crisis colombiana va acentuar sus efectos de daño colateral sobre Ecuador y
Perú, antes de mostrar señales de amenguamiento. El curso previsible del conflicto
colombiano será el de empeorar, antes de llegar a un punto de inflexión. Ecuador y Perú
deberán seguir absorbiendo algunas externalidades de este conflicto, expresadas en
flujos de refugiados (Ecuador) y de desplazamiento de la producción de narcóticos
(Perú). Las FARC aumentarán su presencia en territorio peruano, y eventualmente
procurarán alianzas oportunistas con los rezagos reciclados de Sendero Luminoso, pero
no existen elementos para suponer que esta situación se convierta en una amenaza de
gran escala sobre la seguridad nacional de Perú. Sin embargo, el maridaje de sectores de
las FARC y de Sendero Luminoso con el narcotráfico impulsará al Estado a la
contención militar y no meramente policial.
   Mientras Bolivia, Ecuador y Perú intentan intensificar sus relaciones comerciales
con Estados Unidos para alcanzar acuerdos que liberalicen el comercio hacia ese
destino, la ejecución de políticas contra el narcotráfico se va a volver más conflictiva.
Diversos factores condicionan ese escenario:
 el contexto de recesión internacional
 la gran reducción en los precios internacionales del café, promovido como cultivo
 alternativo
 la afirmación del unilateralismo y la absoluta hegemonía hemisférica en la política
 exterior estadounidense, de modo aún más radical que antes
 la entronización de liderazgos políticos seductores entre los campesinos cocaleros.
   La apertura de los mercados en la región a las inversiones extranjeras ha cambiado
radicalmente el perfil de las relaciones entre los países. Al convertirse Chile en un
inversionista importante en Bolivia y Perú, los nuevos conflictos de aquél con éstos
están signados por consideraciones económicas en sustitución de las tradicionales y mal
definidas cuestiones geopolíticas. Este nuevo perfil de relaciones bilaterales se erige en
garantía contra el riesgo de conflictos armados, al encarecer para todas las partes los
costos de esa opción e imponerse un lenguaje económico jurídico para expresar las
posibles divergencias. Tal marco facilita la resolución de eventuales conflictos, al
proveer referentes conceptuales y procesales de consenso para abordarlos.

				
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