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WORLD RAINFOREST MOVEMENT
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES

Secretariado Internacional
Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
Correo electrónico: wrm@wrm.org.uy
Página web: http://www.wrm.org.uy
Editor: Ricardo Carrere
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B O L E T I N 9253086
SetiEneroMarzoAbrilJunio embre 20054 - Edición en castellano

Este boletín está también está también disponible en francés, inglés y portugués. Si desea recibirlo en
alguno de estos idiomas comuníquese con nosotr@s.
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EL TEMA CENTRAL DE ESTE BOLETÍN: LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES

La destrucción de los bosques no es algo que ocurra naturalmente. Existe todo un entramado de actores
y políticas que siempre pueden ser identificados como los responsables de iniciar procesos que
provocan la deforestación y la degradación de los bosques. Entre esos actores se destacan las
Instituciones Financieras Internacionales, que promueven y hacen posible actividades que desembocan
en la pérdida en gran escala de bosques y en la violación de los derechos de los pueblos de los bosques
y de los pueblos que de ellos dependen. Sin embargo, la función negativa de esas instituciones no es
fácilmente percibida por la opinión pública en general, ya que sus préstamos y políticas se presentan
bajo el disfraz de “ayuda para el desarrollo”. Por esa razón, el Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales y Amigos de la Tierra Internacional decidieron producir en conjunto un boletín sobre este
tema, dirigido a arrojar algo de luz sobre las oscuras andanzas de esas instituciones. Esperamos que los
artículos siguientes contribuyan a ese objetivo.

En este número:

* NUESTRA OPINION

- Otro mundo es posible … sin las Instituciones Financieras Internacionales

* DESENTRAÑANDO EL PAPEL DE LAS IFIs

- Instituciones financieras internacionales: el negocio del “desarrollo”

* FINANCIANDO LA DESTRUCCIÓN GLOBAL

- El papel del FMI en la destrucción de los bosques tropicales
- El Banco Mundial, los bosques y los pueblos de los bosques: políticas, impactos e implicaciones
- "Abiertos a los negocios”: como la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la
celulosa y el papel
- El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación

* LOS ACTORES REGIONALES
- Secretos y mentiras: la nueva política forestal del Banco Asiático de Desarrollo
- El Banco Interamericano de Desarrollo, los bosques y las plantaciones
- El Banco Europeo de Inversiones: envuelto en secretos

* IMPACTOS A NIVEL LOCAL

- El FMI y la deforestación en Indonesia
- Laos: ¿habrá alterado los números el Banco Mundial para justificar Nam Theun 2?
- Perú: el BID financia proyecto de gas de Camisea que amenaza la diversidad biológica y cultural de        Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
la selva
- Uruguay: campaña ante la CFI contra proyectos de instalación de fábricas de celulosa                      Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, Spanish
                                                                                                            (Uruguay)

* CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS                                                                                 Formatted: Font: Not Bold, Spanish
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
- La Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre como alternativa real para los bosques y los pueblos de los
bosques

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* NUESTRA OPINION
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- Otro mundo es posible … sin las Instituciones Financieras Internacionales                                 Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)


Hasta la década de 1950, los países eran solo eso: países. Durante la presidencia de Harry Truman en
los Estados Unidos, los países fueron clasificados en “desarrollados” y “subdesarrollados”, según cuán
cerca o cuán distante estuvieran del modelo estadounidense. Con posterioridad, el adjetivo negativo
“subdesarrollado” fue reemplazado por el más positivo de “en desarrollo”. El hecho de que la mayoría
de los países llamados “en desarrollo” estén ahora en una situación social, económica y ambiental peor
de la que tenían cuando recibieron esa clasificación, no es siquiera objeto de demasiado debate.

Lo que es importante –para los países “desarrollados”- es mantener la ilusión de que los países “en         Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
desarrollo” PUEDEN llegar a ser similares a los países occidentales. Esa es también una de las              Formatted: Spanish (Uruguay)
ilusiones que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) procuran mantener.                       Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
El objetivo no declarado de las IFIs, por supuesto, es diferente: asegurar que los recursos de los países   Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
“en desarrollo” continúen fluyendo hacia las naciones “desarrolladas” económicamente ricas, que en el
proceso se enriquecen aún más –mientras los países “en desarrollo” se siguen empobreciendo.                 Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
Lamentablemente, hasta ahora las IFIs han tenido gran éxito, tanto en lograr este objetivo, como en         Formatted: Spanish (Uruguay)
mantener la ilusión de un futuro al estilo occidental para el sur.                                          Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
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Las dos IFIs más conocidas son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuentan con el          Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
apoyo de los bancos de desarrollo regionales: el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de
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Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como también el Banco Europeo de
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Inversiones y un gran número de Agencias de Crédito a las Exportaciones.
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El financiamiento ofrecido por todas esas instituciones --que falsamente aducen ayudar a los países a       Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)

“desarrollarse”-- ha provocado un empobrecimiento y una destrucción ambiental generalizada, a la vez        Formatted: Spanish (Uruguay)
que ha aumentado la deuda externa y la dependencia de los países del Sur. Esa dependencia es luego          Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
utilizada por las IFIs para imponer condiciones favorables --que claramente afectan la soberanía de los
países-- a las inversiones del norte y a la apropiación de los recursos.
La huella de las IFIs es visible en la mayoría de los procesos que conducen a la deforestación.
Tomemos el caso de la Amazonía. La deforestación fue posible en primer lugar por los préstamos de
las IFIs destinados a la construcción de carreteras que penetraron en el bosque. A partir de ahí fue
posible llevar a cabo actividades de madereo industrial, ganadería extensiva, agricultura en gran escala,
minería y explotación petrolera, provocando una vasta destrucción forestal y violaciones de los
derechos humanos. En la mayoría de los casos esas actividades pudieron llevarse a cabo por los
préstamos de las IFIs. A pesar de la expoliación de sus recursos, los países amazónicos se endeudaron
y los condicionamientos de las IFIs los forzaron a aumentar aún más la explotación de sus recursos
para su exportación, a efectos de pagar los intereses de la deuda externa. Al mismo tiempo, los
programas de ajuste estructural abrieron aún más el acceso de las empresas del norte a las riquezas de
los países amazónicos. En la región tropical de África y Asia se identifica con facilidad la existencia de
un modelo similar.

Aún hoy, cuando los ministros de finanzas de los siete países más ricos del mundo prometieron
recientemente cancelar las deudas que los países más pobres deben al Banco Mundial y al Fondo
Monetario Internacional, están persiguiendo los mismos objetivos que antes. Esto queda patente en el
párrafo 2 de la declaración de los ministros de finanzas (11 de junio de 2005), que dice que para estar
en condiciones de ser beneficiados con la cancelación de la deuda, los países en desarrollo deben “…         Formatted: Spanish (Uruguay)
alentar el desarrollo del sector privado” y eliminar “impedimentos a la inversión privada, tanto             Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
nacional como extranjera”. Esto significa abrir las puertas aún más a las empresas transnacionales así
como privatizar todo lo que pueda ser privatizado, incluidas las necesidades básicas de la gente (tales
como agua, asistencia de la salud, seguridad social, educación), activos de propiedad del Estado de
todo tipo e incluso la atmósfera (a través del comercio de carbono relacionado con el cambio
climático).

Queda claro que lo que la gente y el ambiente necesitan es exactamente lo opuesto: entre otras cosas,
impulsar el desarrollo de las comunidades, establecer impedimentos claros a la inversión privada
destructiva, asegurar el libre acceso de tod@s al agua, la asistencia de la salud, la seguridad social, la
educación. En la medida que las IFIs empujan en la dirección contraria, resulta claro que no son parte
de la solución de los problemas del mundo sino un actor de primera línea en agravarlos. Son
herramientas utilizadas por los poderosos en contra de aquéll@s a quienes han quitado poder. Sus
financiamientos y condicionamientos dan lugar a actividades social y ambientalmente destructivas.
Otro mundo es posible sin esas instituciones.

Movimiento Mundial por los Bosques – Amigos de la Tierra Internacional                                       Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Uruguay)
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* DESENTRAÑANDO EL PAPEL DE LAS IFIs
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- Instituciones financieras internacionales: el negocio del “desarrollo”

El desarrollo puede brindar --de hecho lo hace-- grandes oportunidades para las corporaciones ansiosas
por aprovechar los negocios en los llamados países "en desarrollo". Las instituciones financieras
internacionales (IFI) han demostrado ser instrumentos muy buenos para lograr ese objetivo, y
extremadamente malos para mejorar las formas de sustento de los pueblos del Sur o para proteger el
medio ambiente.

El Grupo del Banco Mundial, constituido por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Asiático de Desarrollo
(ADB), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco Europeo de Inversiones (EIB), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y las Agencias de Crédito a la Exportación son las IFI más
importantes.
¿En qué se basa su poder? La desigualdad en la distribución de votos en las IFI es determinante para
ejercer el control. La representación en el directorio ejecutivo está basada en la proporción de los
fondos aportados. La estructura de las IFI se basa en la ponderación del voto, donde no opera el
criterio de un voto por país sino que está condicionada al monto de dinero invertido por cada país
miembro. La trascendencia del voto básico que se asigna a todos los miembros ha disminuido en
proporción al número de votos asignados según el poder económico de cada país. La pérdida de valor
del voto básico ha inclinado la balanza del poder en favor de los países industrializados. En la medida
en que este "factor de equidad" ha ido perdiendo importancia, la asignación de votos se ha
aproximado cada vez más a una relación de “un dólar, un voto”.

Si bien el FMI está integrado por más de 180 países, cinco de ellos (EE.UU., Gran Bretaña, Japón,
Francia, Alemania y Arabia Saudita) controlan el 44 % de los votos. EE.UU. tiene una participación de
control de más de 16 por ciento del total de votos en ambas instituciones, lo que le da el poder de veto
en decisiones muy importantes. En el caso del BM, los 24 países de la OCDE controlan más de dos
tercios de los votos. Los directorios de los bancos regionales multilaterales como el Banco Asiático de
Desarrollo (ADB) y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), además de seguir la misma estructura de
"un voto, un dólar", son controlados principalmente por países que no pertenecen a la región, y que al
integrar los bancos permiten que sus corporaciones se beneficien de las concesiones otorgadas a través
de proyectos de "desarrollo". En el ADB, el país que detenta el mayor número de votos es EE.UU.,
seguido por Japón, Canadá y Alemania.
(http://www.bicusa.org/bicusa/issues/ADB_Voting_power_by_country2003.pdf).
En el AfDB, Nigeria lidera la lista, pero seguido de cerca por los EE.UU. y Alemania.
(http://www.afdb.org/pls/portal/docs/PAGE/ADB_ADMIN_PG/DOCUMENTS/FINANCIALINFOR
MATION/2005-VP-ENG-MAY.PDF).

La asignación desigual de votos se ve exacerbada por el sistema de asignación de puestos en los
directorios del FMI y el Banco Mundial sobre la base de un puesto por circunscripción, que les asigna
un puesto a cada uno de los cinco países con mayor número de votos (EE.UU., Reino Unido, Francia,
Alemania y Japón). Otros tres países (China, Rusia y Arabia Saudita) constituyen una circunscripción
de un solo país, lo que les garantiza tener un puesto en los directorios. Quedan apenas 16 puestos
libres, a ser compartidos por los restantes 176 países miembros.

Esta desigualdad transforma a las IFI en una herramienta a través de la cual los países del G7 (Canadá,
Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, y EE.UU.) proyectan sus objetivos económicos y de
política exterior. Este pequeño grupo de países puede acordar políticas fuera de las IFI e
implementarlas a través de ellas. Los países del sur deben adaptarse continuamente a las últimas modas
económicas de las IFI, que a su vez son influidas por las necesidades de los países industrializados.

Las transacciones realizadas por las IFI en proyectos de (anti)desarrollo y otras actividades
comerciales tienen varias consecuencias. Las transacciones han tenido y todavía tienen lugar en un
campo desigual: los países ricos prestan dinero a los países empobrecidos, aumentando su ya enorme
deuda externa. Cabe señalar que la deuda de muchos países creció durante períodos de dictadura
militar a través de préstamos concedidos por las IFI, que apoyaron durante mucho tiempo esos
regímenes dictatoriales.

Aunque muchos países derrocaron las dictaduras, sus gobiernos heredaron de todas formas esas
deudas. Una vez atrapados, los países endeudados tienen que cumplir con el pago de su deuda
financiera a expensas de su propia economía, desviando recursos de otras áreas, por ejemplo de
programas sociales y ambientales.
Las IFI se relacionan de esta forma con el círculo vicioso de la deuda externa sobre el que se construye
la dependencia. Por medio de esta dependencia, las naciones poderosas pueden imponer sus
condiciones, imponiendo las políticas que deben seguir los gobiernos si quieren recibir los préstamos.
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Entre las medidas que incluye la receta de políticas de las IFI están los programas de ajuste estructural   Formatted: Spanish (Uruguay)
(PAE) para recuperar la estabilidad macroeconómica en el corto plazo. Los PAE conllevan un paquete
de políticas económicas diseñado para solucionar los desequilibrios de los países en el comercio
mejorando su balanza de pagos, a través del incremento de las exportaciones y la reducción de las
importaciones. Por lo tanto, los países del sur se han embarcado en la extracción intensiva de recursos
naturales y en actividades de monocultivo orientadas a la exportación (los llamados productos básicos
o “commodities”), también para generar las divisas necesarias para pagar la deuda externa. Otras
políticas adicionales han forzado a los países a abrir sus economías nacionales a las compañías
transnacionales que invierten en la explotación de los recursos naturales de los países.

Esas políticas y las inversiones de las IFI han implicado muy a menudo consecuencias ambientales y
sociales negativas, porque ejercen una presión creciente e indiscriminada sobre la naturaleza.
Proyectos de combustibles fósiles (como el gasoducto Bolivia-Brasil o el Proyecto de gas de Camisea
en Perú), proyectos de explotación minera (como la mina Ok Tedi y la mina Lihir en Papua Nueva
Guinea), represas (la represa Nam Theun 2 en Laos), el cultivo de camarones (como el proyecto que
financian el BM y la CFI en Bangladesh, el Proyecto de servicios de apoyo a la industria pesquera en
Indonesia, o el Proyecto de cultivo de camarones y peces en India), carreteras y plantaciones
industriales (eucalipto, palma aceitera, teca, árboles de caucho, soja), por todas partes destruyen el
medio ambiente y las formas de sustento locales y regionales y llevan a la deforestación y la
destrucción de otras áreas biológicamente ricas.

Muy lejos de cualquier idea de "asistencia", los países del norte buscan las mejores oportunidades
comerciales en todos los terrenos, incluyendo el del "desarrollo". Las experiencias a lo largo de los
años muestran además -como en los casos de Camboya, Timor Oriental, Afganistán e Irak- que la
etapa de reconstrucción posterior a los conflictos, guerras y desastres ha sido otro campo de
operaciones para las IFI, cuyos programas de reconstrucción no contribuyen de manera significativa a
la reconstrucción o la rehabilitación de la vida de los pueblos y comunidades afectados. Los gobiernos
que no cumplen con sus recetas y condiciones, entran en la lista negra, es decir no reciben más
inversiones ni transferencias de tecnología y a menudo ven bloqueados sus créditos para la exportación
e importación.

A fin de demostrar lo rentable que son las inversiones en las IFI para los países industrializados,
dejemos que el gobierno de EE.UU. hable por sí mismo (¡nos ha evitado la tarea de intentar descifrar
su mensaje!): “La participación de EE.UU. en los bancos de desarrollo suministra un apoyo financiero
esencial para el trabajo de las agencias de promoción de las exportaciones de EE.UU. (...) Los
programas de ajuste estructural y de préstamos sectoriales de los bancos de desarrollo han sido
extremadamente importantes en la promoción de sistemas de comercio más abiertos. En América
Latina y el Caribe, este tipo de préstamos, junto con los programas de ajuste del Fondo Monetario
Internacional, ha dado como resultado la reforma de políticas económicas fundamentales en algunos de
los países más grandes. (...) Como consecuencia, estos países se están convirtiendo en mercados de
exportación más grandes e importantes para EE.UU. y otros países industriales. (...) El importante
papel de los BMD (bancos multilaterales para el desarrollo) en la economía internacional y los
beneficios económicos que brindan a EE.UU. no son bien conocidos. (...) Desde la fundación del
Banco Mundial en 1945, hemos sido su miembro contribuyente más grande e influyente. También
hemos sido su mayor beneficiario en término de los contratos otorgados a empresas de EE.UU. para
ayudar a los países prestatarios a ejecutar proyectos financiados a través de los bancos. Los
antecedentes de EE.UU. en materia de contrataciones logradas en licitaciones a través de los bancos de
desarrollo reflejan el enorme interés económico que tenemos como nación en la promoción del
crecimiento económico sostenido de la economía internacional. La acción económica se desarrolla
cada vez más en este terreno. Para que las cosas funcionen bien en casa, tenemos que efectuar acciones
en el exterior." (“The Multilateral Development Banks: Increasing U.S. Exports and Creating U.S.
Jobs”- Bancos multilaterales de desarrollo: cómo hacer crecer las exportaciones estadounidenses y
crear empleo en EE.UU.", informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América,
mayo de 1994).

Las IFI facilitan hoy la fuga de recursos del sur al norte, cuyos orígenes se remontan a la época
colonial, cuando las potencias se apoderaron de la riqueza de sus colonias para construir el "desarrollo"
del norte. La pérdida masiva de capital de los países pobres en favor de los países ricos del norte fue
calculada en US$ 50 mil millones sólo para 1985. En 1990 hubo una transferencia neta de US$ 156
mil millones del "Tercer mundo" hacia el norte. Sólo de África, el flujo de fondos hacia el FMI y el
BM entre 1986 y 1990 fue de US$ 4,7 mil millones, mientras que en América Latina, entre 1990 y
1998 se transfirieron más de US$ 700 mil millones sólo por concepto de pagos a bancos y
multinacionales de EE.UU. y Europa. En otras palabras, como consecuencia del otorgamiento de
préstamos y del requisito de repago con intereses se está produciendo un flujo inverso de recursos
desde el sur hacia el norte a una escala sin precedentes.

Esto tiene lugar en el marco de un sistema de comercio injusto controlado por los países más
importantes a través de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de “libre comercio”, un
conjunto de mecanismos comerciales y la inversión extranjera directa canalizada a través de las IFI.

En las raíces de todo este proceso está el modelo de producción excesiva, consumo excesivo y
desperdicio excesivo de las sociedades industrializadas del norte, a donde se dirige la mayor parte de la
producción del sur. El norte puede mantener su estilo de vida gracias a la apropiación de recursos y de
mano de obra barata de los países del sur y a su destrucción ambiental, que incluye la deforestación.

Sin embargo, la resistencia se expresa de varias formas, desde las luchas locales a las campañas
mundiales y las nuevas perspectivas que aportan a la construcción de otros mundos posibles que
desafíen el modelo globalizador dominante.

Una de esas expresiones es el concepto de deuda ecológica. Se basa en la idea de que existe una deuda
histórica, social, ambiental y cultural del norte con el sur, originada en el saqueo colonialista impune
que taló los bosques para extraer minerales y plantar cultivos comerciales, se apropió de los
conocimientos ancestrales, esclavizó a los pueblos del sur y produjo daños ambientales y sociales
irreparables.

La deuda ecológica no solo reside en los bajos precios que se pagan por los productos de exportación
provenientes del sur, que no incluyen los costos sociales y ambientales locales y globales, sino también
en los servicios ambientales que proporciona la riqueza natural del sur, como sus bosques, ríos y
biodiversidad, por los cuales no se paga absolutamente nada.

Al cambiar la perspectiva desde la cual se enfrenta la deuda que ha esclavizado a los países del sur, la
deuda ecológica convierte a los países del norte en deudores de los países del sur, porque es tan
inmensa e histórica que ha hecho insignificantes las deudas financieras que los países del sur tienen
con las IFI. El sur ya ha pagado con creces su deuda.

No obstante, la desproporción destruye el concepto de compensación. ¿Cuál es el precio de casos de
daño a la salud o muerte, destrucción de culturas o del ambiente? ¿Pueden ser compensados con dinero
en efectivo? Varias comunidades indígenas, como los U’WA en Colombia, han rechazado la                      Formatted: Spanish (Uruguay)
compensación económica de la compañía Occidental Petroleum para que dejen su región porque para
ellos no tiene precio, es su madre tierra.
La deuda ecológica no intenta convertir la naturaleza en mercancía sino oponerse como concepto a la
deuda externa, que es recusada por ilegítima, inhumana e inmoral.

Crece cada día la conciencia sobre el papel que juegan las IFI en el mantenimiento de un orden
internacional injusto que afecta negativamente al medio ambiente y a los pueblos. Con este boletín nos
unimos a las distintas organizaciones del norte y del sur que monitorean y ponen al descubierto las
actividades de las IFI para contribuir a la justicia social y ambiental.

Artículo basado en información obtenida de: “IMF and World Bank: Instruments of Globalisation”,
Alternative Information & Development Centre (AIDC),
http://www.aidc.org.za/?q=book/view/119; “Deuda ecológica y derechos económicos, sociales y                  Field Code Changed
culturales”, Joan Martínez-Alier, http://www.deudaecologica.org/a_alier02es.html ; Ecological                Formatted: Spanish (Uruguay)
debt: the desecration of life, Aurora Donoso, Acción Ecológica,                                              Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.accionecologica.org/descargas/alertas/deuda/pasivos%20en%20la%20mineria.doc;                      Field Code Changed
“Options for democratising the World Bank and the IMF”, Paul Ladd,                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.sarpn.org.za/documents/d0000527/page3.php#footnote;
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* FINANCIANDO LA DESTRUCCIÓN GLOBAL
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- El papel del FMI en la destrucción de los bosques tropicales                                               Formatted: Spanish (Uruguay)
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No nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un “ambiente                      Formatted: Spanish (Uruguay)
favorable”, se refiere a los negocios, a un ambiente favorable para la inversión extranjera directa, por     Formatted: Spanish (Uruguay)
medio de las operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de compañías
transnacionales. Las esporádicas referencias al medio ambiente en sus préstamos, donaciones,
documentos y estrategias, son funcionales a sus clásicas recetas basadas en programas de ajustes y
estabilización, que bien aplicados, nos deben conducir al desarrollo sostenido, entendido claro está, en
términos de crecimiento continuo del PBI. El FMI sigue creyendo, o insiste en hacernos creer que hay
un círculo mágico o “virtuoso” en el cual el crecimiento económico “sostenido” reduce la pobreza e
incrementa los recursos disponibles para mejorar el medio ambiente. Círculo que además, se
retroalimenta por sí mismo (1). Algo así como la mano invisible de Adam Smith.

El mismo FMI confiesa que no tiene en cuenta problemas ambientales ya que está limitado por su
mandato y por la poca preparación de su personal en tales temas. Esta institución argumenta                  Comment [MA1]: “The extent to which the IMF
                                                                                                             can take account of environmental issues in its
especializarse “solamente en temas referentes a políticas macroeconómicas, monetarias, comerciales y         operational work is limited by its mandate and by the
fiscales a nivel nacional e internacional”, y que son otras las organizaciones, tales como el Banco          expertise of its staff.”
Mundial, las Naciones Unidas o los bancos de desarrollo regional, las que “están mejor equipadas”            Formatted: Spanish (Uruguay)
para lidiar con los problemas del medio ambiente” (2). De esta manera, el FMI elude toda                     Comment [MA2]: (IMF staff specializes in
responsabilidad por los impactos ambientales generados por sus programas de estabilización y ajuste          national and international issues of macroeconomics,
                                                                                                             monetary, trade, and fiscal policies and does not
estructural.                                                                                                 have the expertise to tackle broader, more systemic
                                                                                                             issues.)

Ya se han cumplido 3 décadas desde los primeros experimentos de ajuste estructural implementados             Formatted: Spanish (Uruguay)
por las sangrientas dictaduras de Uruguay, Chile y Argentina allá por mediados de los setenta. Desde         Comment [MA3]: (Other organizations, such as
                                                                                                             the World Bank, the United Nations, or the regional
allí, y sin distinciones de carácter histórico, geográfico, cultural o social, el FMI ha venido imponiendo   development banks, are better equipped to deal with
una receta única para todo país que intenta acceder a sus fondos, la que supuestamente apunta a lograr       such problems
crecimiento económico. El FMI aprovecha la oportunidad para imponer programas de ajuste                      Formatted: Spanish (Uruguay)
estructural y estabilización como condicionalidades para la obtención de sus préstamos. Los mismos
incluyen la implementación de medidas destinadas a superar el déficit presupuestario mediante el
recorte del gasto público, como también la implementación de procesos de privatización,
desregulación de la economía incluyendo la liberación comercial y financiera, y un crecimiento
económico basado en el aumento de las exportaciones. Estos ajustes conllevan una reforma estructural
del Estado, la cual permite la eliminación de las barreras que impiden el acceso y la creación de un
ambiente favorable para la inversión extranjera. Tales “barreras” incluyen todo tipo de regulación
social (incluidas medidas de protección laboral y ambiental). En resumen, cuando un país con
dificultades en su balanza de pagos y al borde de la bancarrota se ve forzado a aceptar la “asistencia”
financiera del FMI, en realidad comienza a sumergirse en un proceso de pérdida de control de sus
recursos (entendidos en sentido AMPLIO) y soberanía.

Protestas y movilizaciones de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y estudios de
caso de organizaciones ambientalistas han demostrado una y otra vez que en la mayor parte de los
países clientes del FMI no sólo no se han alcanzado los objetivos de desarrollo, sino que el resultado
general de esas políticas sobre el medio ambiente, ha sido devastador (3). Y los ecosistemas boscosos
no escapan a la regla. En el año 2002, un estudio de American Lands Alliance concluyó que los
créditos y las políticas del FMI provocaron un notable aumento de la deforestación en países de gran
riqueza biológica de América Latina, Asia y Africa. El estudio señala que la estrategia del FMI de
promover el crecimiento basado en exportaciones e inversión extranjera, y a la vez presionar a los
países para que recorten su gasto en programas ambientales, ha acelerado la deforestación. El FMI
parece haber promovido la tala de bosques amenazados en Brasil, Camerún, Chile, Ecuador, Ghana,
Honduras, Indonesia, Costa de Marfil, Madagascar, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, República
Centroafricana, Rusia y Tanzania.

La respuesta a este informe por parte del FMI fue que el mismo parecía basarse en información “vieja
o incorrecta”. El Fondo argumenta haber incorporado condiciones que requieren la reforma de
políticas forestales -destinadas a reducir la tala ilegal y fortalecer la protección de los bosques-, y que
incluso ha suspendido sus préstamos a varios países, en un intento por detener la tala ilegal y la
deforestación (4). Pero la verdad es que hasta ahora el Fondo se niega a reconocer el impacto
ambiental de sus programas de ajuste estructural.

El estudio señala por ejemplo que en Brasil, cuyas selvas tropicales representan un tercio de todos los
bosques húmedos que quedan en el planeta, el gobierno redujo en casi dos tercios el gasto en
programas ambientales, como condición de un acuerdo por un paquete de emergencia de 41.500
millones de dólares firmado con el FMI en 1998. Esto implicó la reducción presupuestal y 10 de los 16
programas ambientales de Brasil dejaron de aplicarse, varios de ellos destinados a hacer cumplir las
normas de explotación forestal y protección de los bosques.

El FMI logró que Camerún, uno de los países con mayor diversidad biológica de Africa, devaluara su
moneda y rebajara los impuestos a las exportaciones de productos forestales. "Esto volvió más rentable
la explotación forestal y aumentó el número de especies comercialmente viables, lo que incrementó el
volumen talado por hectárea”. En consecuencia, el número de empresas forestales con operaciones en
Camerún aumentó de 177 a 479 entre 1990 y 1998, frente a apenas 106 en 1980, con el resultado de
que más del 75 por ciento de los bosques del país han sido talados o lo serán en breve.

En Papúa Nueva Guinea, que alberga 1.500 especies de árboles, 200 especies de mamíferos y 750 de
aves, la mitad de ellas endémicas, el recorte del gasto público resultó en el desmantelamiento del
Departamento de Ambiente y Conservación. Para incentivar a la industria maderera, el FMI logró que
se redujeran los impuestos a las exportaciones forestales de 33 por ciento a entre 0 y cinco por ciento
en 1998. El resultado no se hizo esperar: varias de las gigantes compañías forestales de Malasia se
establecieron de inmediato en Papúa Nueva Guinea, afectando gravemente a los bosques del país.

El FMI, que responde principalmente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no ha hecho
ningún viraje sustantivo para mejorar la situación. Apenas si ha reconocido que sus políticas tienen
algún impacto en la pobreza, lo que ha significado un cambio de maquillaje en los programas de ajuste
estructural. Nada sobre políticas que favorezcan al medio ambiente. El pasado 11 de junio los
Ministros de Finanzas del Grupo de los 8 (Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados
Unidos, Canadá y Rusia) hicieron pública una declaración sobre "Desarrollo y Deuda" que incluye una
propuesta de cancelación de deuda multilateral que sería presentada a las Reuniones Anuales del FMI,
Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo en septiembre de 2005. La cancelación de deuda
multilateral propuesta está todavía ligada al acatamiento de los condicionamientos que exacerban la
pobreza, la sobreexplotación y el saqueo de los recursos naturales y perpetúan la dominación sobre el
Sur. En la cancelación de deuda no se conmuta ninguna restitución y/o reparación por la esclavitud y
la colonización, el saqueo de la riqueza y recursos naturales, la explotación laboral, ni la destrucción
humana, social y ecológica en el Sur causada por las actividades económicas, operaciones militares y
guerras que protegen los intereses de la cleptocracia internacional (5).
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
El silencio de los tecnócratas del FMI, producidos por universidades como Harvard y sus pares, no es
una mera casualidad. Ellos han sido entrenados en función de un solo objetivo: suprimir las barreras
que dificultan el acceso y control de las grandes empresas a los recursos naturales del planeta. O tal
vez para la perpetuación del déficit comercial de Estados Unidos destinado a financiar los negocios de
la cleptocracia mundial. Una vez más el fin justifica los medios: se firman cartas de intención, se
organizan talleres para construcción de capacidad técnica, se extorsiona con amenazas de cierre de
acceso a los mercados del capital internacional, se reprime a quien tenga el coraje de oponerse a este
modelo de desarrollo neoliberal. Los actores son poderosos y conocidos: los gobiernos de los países
ricos del Norte, las multinacionales, el FMI, la OMC, los bancos multilaterales y las elites y
oligarquías corruptas del Sur. El resultado no se puede llamar de ningún modo desarrollo, no si es a
costa de la destrucción de ecosistemas saludables, el empobrecimiento y marginación de las
comunidades que los habitan o que dependen de ellos para su supervivencia, y la perpetuación a todo
costo del actual sistema de producción global.

Por Marta Zogbi, Amigos de la Tierra Internacional, correo electrónico: marta@foei.org                       Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                             Field Code Changed
Fuentes consultadas: 1. Ficha técnica - Abril de 2004 “El FMI y el medio ambiente”,                          Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/enviros.htm; 2. “The IMF and the Environment”, Ved P.           Field Code Changed
Gandhi, July 28, 1998, http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/environ/; 3. "The IMF: Funding               Formatted: Spanish (Uruguay)
Deforestation", Jason Tockman, American Lands Alliance,
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.wrm.org.uy/actores/FMI/Jason.doc (en inglés); 4. “FMI bajo fuego por promover
                                                                                                             Field Code Changed
desforestación”, Danielle Knight, www.tierramerica.net/2002/0203/noticias1.shtml; 5. ADITAL
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
22.06.05 - ARGENTINA “Respuesta de Jubileo Sur a la propuesta sobre Deuda del G8”,
http://www.adital.org.br/site/noticias/17311.asp?lang=ES&cod=17311                                           Formatted: Spanish (Uruguay)

**********************************************************************                                       Field Code Changed
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
- El Banco Mundial, los bosques y los pueblos de los bosques: políticas, impactos e implicaciones            Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                             Field Code Changed
Nuevas políticas, viejos problemas. Ya desde la década de 1970 el Banco Mundial viene esforzándose           Formatted: Spanish (Uruguay)
para definir una forma de encarar los bosques que reconcilie su declarado compromiso de aliviar la           Formatted: Spanish (Uruguay)
pobreza con su promoción del “desarrollo” a través de modelos verticales de crecimiento y
comercialización. Los modelos de desarrollo de libre mercado, fundados en el derecho a la propiedad
privada, no concuerdan con las formas convencionales de encarar la actividad forestal. Desde
principios del siglo dieciocho, el modelo dominante de “silvicultura científica” europeo se ha opuesto
a la libre actuación de las fuerzas del mercado, reservando los bosques para intereses estratégicos
definidos por el Estado. Esto supone el control estatal de las reservas forestales, en tanto “bienes
públicos”, del que están excluidas tanto las comunidades locales como (por lo menos en teoría) las
industrias destructivas. Hace tiempo que los ministerios de Silvicultura, a favor del control estatal y la
propiedad pública, y los ministerios de Agricultura, a favor de la propiedad privada y el libre mercado,
desconfían unos de otros.
.
La primera vez que se impuso este modelo de “silvicultura científica” a un país en desarrollo fue en la
década de 1840, con los británicos en Birmania. Desde entonces, en los bosques tropicales la política
económica ha estado dominada por relaciones, demasiado cercanas para ser saludables, entre los
organismos estatales, que controlan los bosques, y los madereros a gran escala dispuestos a
sobornarlos para acceder a la madera. Por lo tanto, la “silvicultura científica” no solamente ha
favorecido la corrupción y la connivencia; también ha llevado al soborno institucionalizado, de ahí que
una parte sustancial de las ganancias producidas por la madera va a parar a las cuentas bancarias de
políticos y sus redes patrimoniales y, en las llamadas democracias de hoy día, partidos políticos. La
penetración de la corrupción y la exclusión social en el sector forestal ha sido tan grave que los
objetivos de la “silvicultura científica”, de reservar bosques para producir madera con fines
estratégicos y garantizar los servicios ambientales, han sufrido una derrota total. Los bosques han sido
explotados en aras de las ganancias de las elites comerciales y esto ha tenido severas consecuencias
sociales y ambientales.

Esta forma de silvicultura no solamente está plagada de “ineficiencias” económicas (que los
economistas del Banco Mundial encuentran de tan mal gusto) sino que ha impuesto una onerosa carga
a las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, a quienes se privó de sus derechos al establecerse
las reservas forestales del Estado, al punto de que la contradicción entre la actividad forestal y los
pobres es tan cruda que hasta el Banco Mundial tuvo que darse por enterado. A partir de los años 1980
la solución preferida del Banco Mundial ha sido entonces promover por un lado enfoques del sistema
de concesiones basados en el mercado (a través de medidas como la licitación competitiva, la
transparencia del mercado o la revocación de prohibiciones del madereo) y por el otro la “silvicultura
social”, en general fuera de las reservas forestales. La “silvicultura social”, basada en el modelo chino
de plantaciones masivas a cargo del campesinado dirigido por el Estado, pretendía brindar a la
población rural por lo menos algunos productos forestales. Sin embargo, en países más capitalistas
pronto se descubrió que estas plantaciones podían diseñarse para beneficiar a las fábricas de celulosa y
las industrias papeleras más que a los forestadores locales, cuya mano de obra fue cooptada y así se
ocuparon de mudas y plantines pero prácticamente no tuvieron acceso a los árboles una vez que éstos
maduraron.

Fue recién a mediados de la década de 1980 que los movimientos ambientalistas y por la justicia social
impugnaron el enfoque del Banco Mundial respecto de los bosques. En cuanto quedó claro que el
Banco Mundial estaba financiando la destrucción masiva de los bosques tropicales y los Pueblos
Indígenas (mediante planes colonizadores, plantaciones, represas, minas, construcción de carreteras y
agronegocios), éste prometió reformas. Estableció un nuevo departamento ambiental, adoptó lo que
llegó a llamarse “políticas de salvaguardia” (procedimientos obligatorios cuyo fin es proteger de los
peores impactos a los ambientes y grupos sociales más vulnerables) y anunció que su objetivo era
promover el “desarrollo sustentable”, un concepto contradictorio que se hizo famoso gracias a la
Comisión Brundtland.

Sin embargo, en realidad las ONG no empezaron a centrarse en la política forestal del Banco Mundial
hasta que en 1986 se reveló el Plan de Acción de Bosques Tropicales (TFAP), una propuesta del
Banco Mundial, la FAO, el PNUD y el World Resources Institute para lanzar US$ 7 mil millones de
ayuda monetaria a la actividad forestal tropical. Esto iba a ser más de lo mismo: más madereo
comercial, más plantaciones según el modelo de Aracruz en Brasil y más silvicultura social vertical del
tipo que estaba desposeyendo a los campesinos y cubriendo los mal llamados ‘eriales’ de India con un        Formatted: Spanish (Uruguay)
mar de Eucalyptus. Una respuesta de las ONG fue fundar el Movimiento Mundial por los Bosques                Formatted: Spanish (Uruguay)
Tropicales, que surge en respuesta al TFAP durante una conferencia internacional realizada en 1986 en
Malasia.

La indignación fue tanta y las pruebas reveladas por las ONG tan concluyentes que, en 1990, la
cumbre del G-7 llamó a la reforma del TFAP, que pronto se desintegró. Durante un corto período la
voz crítica de las ONG fue tan fuerte que, cuando quedó claro que prácticamente no había en el mundo
un solo ejemplo de manejo sustentable de los bosques tropicales, el Banco se vio obligado a adoptar
una política forestal basada en un enfoque de precaución respecto de la explotación de los recursos
naturales; esto ocurrió en 1991. En ausencia de cualquier prueba de la sustentabilidad del madereo en
los bosques tropicales, la nueva “política forestal” prohibió al Banco Mundial financiar proyectos que
dañaran los bosques tropicales húmedos primarios.

La Ley del Mercado: divide y reinarás. Desgraciadamente, las ONG no se mantuvieron firmes en su
rechazo a los modelos de mercado para la reforma forestal. Es cierto que algunas, como el WRM,
dieron prioridad a enfoques alternativos de los bosques basados en la restitución de los derechos de los
Pueblos Indígenas, la reforma agraria para hacer justicia a los campesinos y los pobres y sin tierra del
campo, la promoción del sustento local, la justicia entre los sexos y el autogobierno. Sin embargo
muchas otras, con inclusión de grandes organizaciones conservacionistas como el WWF, se sintieron
atraídas por la posibilidad de aprovechar las fuerzas del mercado para incentivar al sector privado a
manejar los bosques en forma “sustentable”, lo que a su vez, esperaban, traería las reformas para el
sector forestal. El resultado inmediato fue el Consejo de Manejo Forestal, establecido 1993; si bien
entre sus principios y criterios figura la fuerte protección de los derechos de las comunidades locales,
los Pueblos Indígenas y los trabajadores, llevó a la rehabilitación del sospechoso concepto de Manejo
Forestal Sustentable. En 1998, el WWF y el Banco Mundial anunciaron una nueva “Alianza Forestal”
conjunta dedicada a promover para 2005 la certificación de 200 millones de hectáreas de bosques en
países que el Banco Mundial se había fijado como objetivo. El Banco Mundial había vuelto al juego
forestal.

El Banco Mundial seguía teniendo el problema de que su estrategia forestal de 1991 no era realmente
compatible con un enfoque de los bosques basado en el mercado. Sin embargo, ahora que las ONG
estaban divididas, el Banco se embarcó en una compleja maniobra pensada para legitimar su regreso a
la promoción del madereo de los bosques tropicales y las reformas basadas en el mercado. Llevó a
cabo un prolongado proceso de revisión de la instrumentación y desarrollo estratégico de su Política
sobre Bosques, inició consultas regionales extensivas, encargó una serie de documentos para examinar
asuntos importantes como la reducción de la pobreza, los Pueblos Indígenas y el manejo comunitario
de los bosques para llegar a la conclusión, impugnada pero nada sorprendente, de que era hora de
volver a la explotación forestal igual que en las décadas de 1970 y 1980: promoviendo reformas de la
industria forestal basadas en el mercado y haciendo al mismo tiempo “forestería comunitaria” para
demostrar que todavía le preocupaba la pobreza. Se levantó la prohibición de financiar el madereo en
los bosques tropicales húmedos primarios y el enfoque precautorio se dejó de lado.

La nueva Estrategia y su política asociada, adoptadas en 2002, ponen todavía más énfasis que antes en
el mercado. Se promoverán nuevos mercados para servicios ambientales, junto con mercados para la
madera “verde”, que esta política pretende alcanzar mediante la certificación voluntaria. También se
está promoviendo el comercio de carbono a través del nuevo Fondo de Biocarbono del Banco.
                                                                                                           Formatted: Font: Not Italic, Spanish
                                                                                                           (Uruguay)
Tal como se detallara en la edición de abril del boletín del WRM (Nº 93), las inversiones recientes del
Banco Mundial desatadas por la nueva política están causando graves problemas: la expansión de             Formatted: Spanish (Uruguay)

inversiones dañinas tanto social como ambientalmente en plantaciones, agronegocios y falsos
sumideros de carbono y los esquemas verticales de foresteria comunitaria que pisotean los derechos de
los Pueblos Indígenas. Mientras tanto, en las operaciones forestales sustentables certificadas por el
Banco los ejemplos de mejores prácticas no se ven por ninguna parte.

Mercados sin derechos. Nadie debería sorprenderse de que el Banco Mundial prefiera un enfoque de
mercado al tratar el tema de los bosques, pero lo que el enfoque del Banco Mundial tiene de realmente
incoherente es el tratamiento de los derechos a la propiedad de los pobres. Por supuesto que las ONG
tienden a argumentar a favor del reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas
y las comunidades locales sobre la base de los derechos humanos y la justicia natural, pero
economistas capitalistas como De Soto han subrayado también que el desarrollo no puede funcionar a
favor a los pobres si no hay un marco fuerte para la protección de los derechos de propiedad.
Como señaló Adam Smith, filósofo del libre mercado del siglo dieciocho, para que los “mercados
libres” funcionen el Estado debe, en la mayor medida posible, “poner a cubierto de la injusticia y de la
opresión a todo ciudadano por parte de otro miembro de la misma...” y para eso ha de “establecer una
exacta justicia entre sus pueblos”. Smith concluye que el imperio de la ley es necesario para proteger
la propiedad privada y que esto debe hacerse en forma justa para no “exacerbar la indignación de los
pobres”, resultante en el peligro de que “el gobierno civil, en la medida en que se instituye en aras de
la seguridad de la propiedad, en realidad se instituya para que los ricos se defiendan de los pobres”
(Adam Smith, La riqueza de las naciones).

Aun así, la nueva “Política sobre Bosques” del Banco Mundial, basada en el mercado, cae en esta
misma trampa. El Banco Mundial señala que alrededor de 1.200 millones de personas pobres en el
mundo entero dependen de los bosques para obtener agua, leña que se utiliza como combustible y
otros elementos fundamentales para su sustento. De estas personas, cerca de 350 millones dependen
enteramente de los bosques; de éstas, apenas 60 millones han sido clasificadas como “Pueblos
Indígenas” por el Banco. Aunque la nueva política sobre bosques exige que los proyectos de madereo
financiados por el Banco garanticen “el reconocimiento y el respeto de los derechos de propiedad y
uso de la tierra documentados jurídicamente o consuetudinarios”, tales protecciones no se extienden a
los pueblos que sufren los impactos de otros proyectos financiados por el Banco que afectan a los
bosques, como represas, minas, carreteras, planes de colonización, agronegocios y plantaciones. En
lugar de tratar directamente estos problemas, el Banco Mundial dijo que resolvería estas cuestiones
más amplias sobre la tenencia de la tierra en su Política Revisada sobre Pueblos Indígenas, a pesar de
que dicha política está dirigida a aproximadamente el 5% de los 1.200 millones de personas que, según
estima el Banco Mundial, dependen de los bosques. En efecto, el Banco Mundial está dispuesto a
imponer su política de mercado para el “desarrollo” de bosques y plantaciones sin tratar el asunto de
los derechos de tenencia de unos 1.100 millones de personas que dependen de estos bosques para su
bienestar.

Además, incluso la política sobre Pueblos Indígenas, aprobada finalmente por el Banco Mundial en
mayo de 2005, ofrece protecciones muy inciertas. Aunque la política constituye una leve mejoría con
respecto a los borradores para la discusión publicados a lo largo de los últimos cuatro años, la nueva
política no pide el reconocimiento pleno de los derechos territoriales. Lo único que exige a los
gobiernos beneficiarios del préstamo es que establezcan un “plan de acción” para iniciar sea el total      Formatted: Font: Not Bold, Spanish
reconocimiento legal de los sistemas existentes de tenencia consuetudinaria de tierras, o bien un          Formatted: Spanish (Uruguay)
proceso de conversión de los derechos consuetudinarios en derechos de propiedad, o bien medidas            Formatted: Font: Not Bold, Spanish
para el reconocimiento legal de los derechos de uso de larga data.                                         Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                           Formatted: Font: Not Bold, Spanish
Los Pueblos Indígenas no quedaron contentos con la nueva política. Una declaración firmada por
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
muchas de las principales organizaciones de Pueblos Indígenas que participaron en el Foro Permanente
                                                                                                           Formatted: Font: Not Bold, Spanish
sobre Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas en mayo de 2005 señala al respecto de la nueva
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
política del Banco Mundial que:

“Esta política revisada recientemente ha hecho progresos importantes en muchas esferas, como la
exigencia de que el desarrollo comercial de los recursos culturales y conocimientos de los Pueblos
Indígenas afectados esté sujeto a su consentimiento previo. Sin embargo, seguimos estando
extremadamente preocupados porque estos Bancos Multilaterales de Desarrollo no reconocen los
derechos consuetudinarios de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, ni
tampoco su derecho al libre consentimiento previo informado; también nos preocupa la degradación de
normas internacionales a leyes nacionales que han llevado a cabo”.

En particular, los Pueblos Indígenas se han inquietado con lo ocurrido con su exigencia de
                                                                                                           Formatted: Font: Not Bold, Spanish
reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
afectadas en relación con los proyectos propuestos para sus tierras consuetudinarias; la misma fue         Formatted: Spanish (Uruguay)

convertida en una exigencia de “consulta libre, previa e informada” resultante en un “amplio               Formatted: Font: Not Bold, Spanish
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
apoyo de parte de la comunidad”. Según la nueva política del Banco, dicha consulta y la
evaluación del “amplio apoyo de parte de la comunidad” serán realizadas por el gobierno
beneficiario del préstamo, no implican el derecho de la comunidad a vetar el proyecto y solamente
serán verificadas por el Banco a través del análisis de los documentos proporcionados por el
gobierno.

Todo esto deja demasiado lugar para que se impongan proyectos sin que se respeten adecuadamente
los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras y a la autodeterminación. Como señaló el activista
canadiense por los derechos indígenas Arthur Manuel:

“La consulta suena bien, pero no sirve para nada. Es un mecanismo para permitir el robo definitivo de
nuestras propiedades indígenas sin costo alguno. El consentimiento previo e informado significa
reconocer nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra forma de vida”.

Por Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, correo electrónico:
marcus@forestpeoples.org. Puede encontrarse información más detallada (en inglés) sobre las                  Formatted: Spanish (Uruguay)
implicaciones de la Política sobre Bosques del Banco Mundial en:                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.wrm.org.uy/actors/WB/brokenpromises.html. Por más información relacionada véase:                  Field Code Changed
www.forestpeoples.org                                                                                        Field Code Changed
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- "Abiertos a los negocios”: como la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
celulosa y el papel
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)

Desde su fundación en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$             Field Code Changed

44 mil millones de sus propios fondos y movilizado otros US$ 23 mil millones en forma de préstamos
a 3.143 empresas en 140 países. Según su declaración de principios, la CFI existe para promover
“inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo como una manera de reducir la
pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente”.

Pero al dirigirse a la industria, los funcionarios de la CFI dejan entrever a veces el verdadero propósito
de la institución. “Estamos abiertos a los negocios”, anunció Tatiana Bogatyreva, jerarca en el sector
de inversiones de la CFI, durante una conferencia sobre la industria del embalaje realizada en Moscú
este mismo mes. La conferencia fue organizada por el Instituto Adam Smith, un grupo de presión de
extrema derecha a favor de la privatización, e incluyó sesiones con nombres como “El embalaje como
herramienta de marketing” y una “Mesa redonda del champán” con ejecutivos de la industria del
embalaje. Bogatyreva declaró en la conferencia que la CFI está dispuesta a financiar más proyectos en
el sector del embalaje.

A diferencia del resto del Grupo del Banco Mundial, la CFI otorga préstamos directamente a las
empresas, no a los gobiernos. Los beneficios para las empresas son claros. Además de financiación
barata a largo plazo, la CFI brinda asesoramiento sobre mercados emergentes, sectores industriales y
estructuración financiera. Y la CFI puede ayudar a movilizar fondos de bancos comerciales para
financiar los proyectos, así como brindar apoyo financiero a las empresas a través de la compra de
acciones..

Durante varias décadas la CFI ha sido un importante patrocinador de proyectos de celulosa y papel en
todo el mundo. Hace pocos meses la CFI aprobó préstamos para proyectos de celulosa y papel en
Pakistán, China, Brasil, Jordania y Kirguistán. La CFI tiene un papel importante en la financiación de
la expansión del sector forestal industrial en China.

En setiembre de 2001 la CFI otorgó préstamos por un total de US$ 25 millones a dos subsidiarias de la
corporación Sino-Forest para la construcción de fábricas relacionadas con la madera y la compra de
plantaciones en China. Las plantaciones de la empresa canadiense Sino-Forest abarcan unas 240.000
hectáreas en el sur del país. Actualmente la empresa está expandiendo la superficie de sus plantaciones
en unas 200.000 hectáreas en la provincia de Guangdong.

En diciembre de 2004 la CFI anunció un paquete financiero para la papelera Jiangxi Chenming Paper
Company, destinado a construir una fábrica de papel que produciría 350.000 toneladas anuales y una
planta de celulosa asociada. Jiangxi Chenming es un emprendimiento conjunto de Sappi (Sudáfrica),
Shinmoorim (Corea del Sur), Chenming Group (China) y Jiangxi Paper Industry Company Limited
(China). La CFI suministrará US$ 72,9 millones en participaciones de capital y préstamos y movilizará
otros US$ 205 millones para financiar el proyecto.

En junio de 2005, Stora Enso firmó con la CFI un acuerdo para un préstamo de US$ 75 millones para
financiar las actividades de esta empresa en China. El dinero irá a parar a las plantaciones de
eucaliptos de Stora Enso en la provincia de Guangxi, en el sur de China, y a expandir su fábrica de
Suzhou.

Las empresas que reciben préstamos de la CFI a menudo declaran que el préstamo es una suerte de
aprobación independiente de las actividades de la firma. Luego de que su empresa recibiera un
préstamo de la CFI, Allen Chan, presidente y director ejecutivo de Sino-Forest, dijo que “la
contribución de la CFI respalda a Sino-Forest en tanto uno de los líderes del manejo forestal
sustentable en China".

Cuando la CFI acordó otorgar un préstamo a Stora Enso, el director de Stora Enso Asia Pacífico,
Markku Pentikäinen, dijo: “Nos complace ver que inversores como la CFI aprecian nuestro enfoque de
sustentabilidad tanto en las operaciones forestales como en la producción de papel. Gracias a que hace
énfasis en la inversión socialmente responsable, la CFI es un buen ejemplo para otros inversores en la
región".

Aunque la CFI tiene una serie de políticas que deberían significar que los proyectos se miden según
normas ambientales y sociales, la realidad es que la CFI prefiere hacer negocios antes que respetar las
normas.

En noviembre de 2004, la CFI aprobó un préstamo de US$ 50 millones a la gigante brasileña de la
celulosa Aracruz, para financiar la expansión de las operaciones de esta empresa en celulosa y
plantaciones. La CFI otorgó el préstamo a pesar de los continuados litigios territoriales iniciados
contra la empresa.

En abril de 2005, representantes de 64 ONG escribieron al entonces presidente del Banco Mundial,
James Wolfensohn, para exigir que la CFI cancelara su préstamo a Aracruz. En su respuesta, Atul
Mehta, director del Departamento para América Latina y el Caribe de la CFI, desestimó las
continuadas reclamaciones territoriales a la empresa y declaró que “durante la evaluación de la CFI se
hizo una revisión completa de las cuestiones de litigios territoriales”.

Una semana después de que Mehta enviara su carta, unos 500 indígenas Tupinikim y Guaraní cortaron
miles de eucaliptos para demarcar 11.008 hectáreas de su tierra, tierra que Aracruz había cubierto de
plantaciones de eucaliptos. “Con este acto”, escribieron los Tupinikim y Guaraní al ministro de Justicia
de Brasil, “queremos expresar a Ud. y a la entera nación brasileña que la tierra pertenece a las naciones
Tupinikim y Guaraní y debe ser restituida para que podamos construir nuestro propio futuro y
garantizar nuestra libertad y autonomía y el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Con su apoyo a Aracruz y al sector de la pulpa y el papel en general, la CFI deja en claro de qué se
trata su negocio: otorgar dinero público para el lucro privado.
Por Chris Lang, correo-e: chrislang@t-online.de
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- El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación

La globalización, un proceso liderado por corporaciones a lo largo del mundo, ha tenido inmensos
impactos sociales y ambientales negativos, particularmente en el Tercer Mundo. Aunque las enormes
fuerzas comerciales detrás de la globalización han intentado hacer que la gente piense que se trata de
algún tipo de fuerza incontrolable de la naturaleza, y que el famoso libre mercado gobierna el mundo
por derecho propio, cada vez hay una mayor conciencia de que gran parte de esa devastación es
financiada y apoyada por el dinero de los contribuyentes, a través de las agencias nacionales de crédito
a la exportación, comúnmente conocidas por sus siglas en inglés como ECAs (Export Credit
Agencies).

Las ECAs son agencias públicas del norte y constituyen la mayor fuente de financiamiento
gubernamental – es decir, de los contribuyentes- para proyectos en el sur y en Oriente. A través del        Formatted: Font: Not Bold, Spanish
otorgamiento de préstamos, garantías, créditos y seguros, las ECAs permiten que compañías privadas
de sus países de origen hagan negocios en el exterior.

Durante la década de 1990, el financiamiento de las ECAs promediaba entre US$ 80 y US$ 100 mil
millones o más por año, aproximadamente el doble del total oficial de la asistencia al desarrollo. En
todo el mundo, las ECAs sostienen actualmente actividades de comercio e inversiones por un monto
estimado en US$ 432 mil millones, casi el 10 por ciento de las exportaciones mundiales. El sistema se
basa en un acuerdo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que tienen todos al menos una ECA, que es en general, una división oficial o
cuasi-oficial del gobierno.

Actualmente, las ECAs están colectivamente entre las mayores fuentes de financiamiento público para
la participación corporativa extranjera en proyectos industriales en los países del sur. Se estima que en
los últimos años han brindado apoyo financiero de entre US$50 y US$70 mil millones por año en lo
que se da en llamar "transacciones a mediano y largo plazo", una gran parte de las cuales son grandes
proyectos industriales y de infraestructura en esos países.

Cuando un negocio se frustra, la garantía de la ECA cubre las pérdidas de la compañía privada, pero
luego añade esa suma a la deuda bilateral entre el país de origen y el país receptor. Como resultado, las
ECAs son actualmente responsables de hasta un 25 por ciento del total de la deuda pendiente del sur.

El tipo de proyectos que a menudo apoyan las ECAs son proyectos que incluso el Grupo del Banco
Mundial y otros bancos multilaterales encuentran potencialmente perjudiciales de apoyar. Por este
motivo, las ECAs tienen un papel muy importante en la expansión de proyectos rentables de
(anti)desarrollo de globalización corporativa. Compiten en una carrera en la oferta de créditos con las
restricciones ambientales menos estrictas posibles y a raíz de esa carrera hacia abajo, los proyectos que
respaldan a menudo saquean el medio ambiente y distorsionan las vidas de las comunidades locales
debido a sus impactos ambientales, políticos, sociales y culturales. Por ejemplo, las ECAs financian
plantas de energía que emiten gases de efecto invernadero, grandes represas, proyectos de minería,
construcción de carreteras en bosques tropicales prístinos, oleoductos, planes de plantación y
explotación forestal, por nombrar algunos.


Sólo recientemente la mayoría de las ECAs adoptaron políticas ambientales comparables a las del
Grupo Banco Mundial y las de los bancos regionales de desarrollo (como el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el
Banco Interamericano de Desarrollo). Estas políticas fueron el resultado de un acuerdo sobre una serie
de recomendaciones, denominadas los "Enfoques Comunes", adoptadas en diciembre de 2003 en el
Grupo de Créditos a las Exportaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico en París, Francia.

Las políticas ambientales del los bancos regionales de desarrollo han sido criticadas por sus
debilidades, al tiempo que el Grupo del Banco Mundial parece determinado a debilitar sus propias
políticas también. Por lo tanto, las débiles normas de las ECAs se basan en los débiles parámetros de
los bancos regionales o del Banco Mundial, con muy poco que poder mostrar en materia de liderazgo
mundial. Mientras tanto, el acuerdo de los Enfoques Comunes está lleno de vías de escape. Por
ejemplo, establece que los proyectos apoyados por las ECAs deben cumplir “en todos los casos” con
las normas del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y del país receptor, a menos que
una ECA "encuentre necesario" aplicar ...¡normas inferiores!.

Otra característica de las ECAs es la total falta de transparencia ya que los impactos de sus proyectos
no se dan a conocer a la opinión pública. Los Enfoques Comunes no exigen que las ECAs consulten a
las comunidades y la sociedad civil afectada por los proyectos que financian. Según Transparencia
Internacional, "sobornar a funcionarios extranjeros a fin de asegurar contratos en el exterior para sus
exportaciones se ha convertido en una práctica habitual en los países industriales, particularmente en
ciertos sectores como el de la exportación de equipos militares y el de obras públicas. Normalmente
estos contratos son garantizados por planes de Seguros de Créditos a la Exportación (ECI por sus
siglas en inglés) de carácter público o apoyados por los gobiernos (HERMES en Alemania, COFACE
en Francia, DUCROIRE en Bélgica, ECGD en el Reino Unido).”

Gracias al apoyo de las ECAs, los bancos comerciales privados pueden eludir gran parte de sus
responsabilidades. Como lo describiera un ejecutivo del Midland Bank a cargo de los negocios de
armamento, "...antes de que adelantemos dinero a una compañía, siempre insistimos en que los fondos
estén cubiertos por el Departamento de Garantía al Crédito a la Exportación (Export Credit Guarantee
Department)[del Reino Unido] ... No podemos perder. A los 90 días, si los iraquíes no pagaron a la
compañía, paga el gobierno británico en su lugar. De cualquiera de las dos formas, recuperamos
nuestro préstamo, más el interés por supuesto. Es hermoso." (Killing Secrets: ECGD, The Export
Credit Guarantee Department, Killing Secrets, 1998.)

Un ejemplo de los proyectos perjudiciales apoyados por las ECAs es la inversión en la industria de la
pulpa y el papel de Indonesia, que está entre las diez más grandes del mundo. Esto ha sido posible
gracias a la inversión internacional de más de US$15 mil millones durante la década de 1990.

Los dos mayores productores de pulpa de Indonesia --Asia Pulp and Paper (APP) y Asia Pacific
Resources International, Ltd (APRIL)-- multiplicaron por nueve su producción entre 1988 y 1999, lo
que implicó un gran aumento en el consumo anual de madera para pulpa de papel que pasó de 1,8
millones de m3 a 16,7 millones de m3.

Para satisfacer la demanda de fibra para la industria de la pulpa, el gobierno indonés promueve el
establecimiento de plantaciones de árboles, a pesar de los problemas sociales y ambientales que
generan. Aún así, el desarrollo de las plantaciones ha ido a la zaga del aumento en la capacidad de
procesamiento de la industria y los productores de pulpa pasaron a depender de una mezcla de maderas
duras tropicales. Un estudio del Banco Mundial calcula que la deforestación en Indonesia avanza a un
ritmo de 2 millones há/año, lo que equivale aproximadamente a la superficie del territorio de Bélgica.

Otro ejemplo de la participación de las ECAs en proyectos ambientalmente destructivos es el
gasoducto de gas natural Bolivia - Brasil, con un costo total de US$2 mil millones. La construcción del
gasoducto requirió la tala del bosque, y se extiende sobre unos 3.150 kilómetros, desde Santa Cruz,
Bolivia hasta Mato Grosso do Sul en Brasil. Atraviesa varios ecosistemas importantes: el Gran Chaco,
un área protegida de bosque tropical seco primario en Bolivia; el Pantanal, el humedal más grande del
mundo; y lo que queda del bosque tropical denominado Mata Atlántica en el sudeste de Brasil.

El proyecto, con sus problemas sociales concomitantes, también tiene impactos importantes sobre las
comunidades locales en Brasil y Bolivia. En Bolivia el gasoducto atravesó un número de comunidades
indígenas y un área protegida gestionada por una organización indígena. En Brasil, Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolivia - Brasil (TBG) cuyos inversores incluyen a Petrobras, Transredes, Enron
y Shell, es la empresa propietaria del gasoducto; Gas Transboliviano S.A., un consorcio que
comprende a Transredes, Nerón, Shell y Petrobras es la compañía dueña de la porción boliviana del
gasoducto.

En 1997, el Banco Mundial se convirtió en la primera agencia multilateral en financiar el gasoducto.
Otros bancos multilaterales involucrados son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Europeo de Inversiones (EIB). Las agencias de créditos a la exportación involucradas incluyen la
agencia japonesa Japan Bank for International Cooperation (JBIC), y la agencia italiana de créditos de
exportación SACE, que conjuntamente aportaron la suma de US$346 millones.

Un segundo gasoducto de 630 kilómetros comienza en Ipiás, Bolivia, donde se bifurca del gasoducto
principal Bolivia - Brasil y corre en sentido noreste hacia San Matías y de allí hacia Cuiaba, Brasil.
Este gasoducto atraviesa unos 200 kilómetros del bosque tropical primario Chiquitano, 100 kilómetros
de humedales prístinos del Pantanal y divide en dos el Área Natural de Manejo Integrado San Matías
en Bolivia, la única área protegida para el mayor bosque seco tropical del mundo y las cabeceras del
Pantanal. Este proyecto es financiado por Gas Oriente Boliviano (GOB), un consorcio formado por
Enron, Shell, y Transredes. En 1999, Enron obtuvo financiamiento por US$ 200 millones del gobierno
estadounidense a través de una de sus agencias de créditos de exportación: la agencia Overseas Private
Investment Corporation (OPIC).

El financiamiento fue aprobado a pesar de la Ley de Asistencia Exterior que prohíbe financiar
proyectos en "bosques tropicales primarios". La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
al igual que científicos independientes califican a esta región como "bosques tropicales primarios".
Utilizando la degradación previa para justificar una mayor degradación, Enron, el principal
patrocinador del proyecto, sostuvo que se trataba de un bosque "secundario" debido a las actividades
esporádicas de tala en algunas partes.

Como forma de cortar sus pérdidas en la quiebra de Enron, OPIC se retiró en febrero 2002. De todas
formas, los impactos locales sobre la región de bosques de Chiquitano y la población local han sido
importantes: contaminación de los recursos hídricos locales, degradación de los caminos locales,
contaminación de la tierra y el aire, aumento de la criminalidad, la prostitución y la perturbación de los
poblados y ciudades locales debido a los campamentos de trabajadores.

Mientras las ECAs cumplen su papel, hay cada vez más conciencia de que están muy lejos de ser
vehículos potenciales del desarrollo y, que por el contrario, encarnan una forma de globalización
corrupta, turbia y ambiental y socialmente destructiva. Los procesos sociales en varios países del sur se
oponen a estas agencias en búsqueda de otros mundos posibles, libres de la dependencia y la
alienación de comercial.

Artículo basado en información obtenida de: The Shadowy World of Export Credits”, Tove Selin,
Aaron Goldzimer, y Roy Jones, Asian Labour Update, http://www.amrc.org.hk/4301.htm; “Financial
power + ECA: themes and alternatives”, James Goodman, AID/WATCH and the Minerals Policy
Institute, http://www.amrc.org.hk/4302.htm; “What are ECA?”, ECAWatch, http://www.eca-
watch.org/eca/ecas_explained.html; “Export credits: Fuelling illegal logging”, Chantal Marijnissen,
FERN, http://www.illegal-logging.info/papers/illegal.pdf
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
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* LOS ACTORES REGIONALES
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- Secretos y mentiras: la nueva política forestal del Banco Asiático de Desarrollo

Fundado en 1966, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) declara “dedicarse a reducir la pobreza en
Asia y el Pacífico”. Los préstamos que el Banco otorga al sector forestal indican que en realidad el
Banco se centra en la promoción de la industria y las empresas más que en resolver las necesidades de
los pobres de la región.

El primer préstamo del BAsD al sector forestal ocurrió en 1977, y a partir de entonces el Banco ha
otorgado más de mil millones de dólares en préstamos para proyectos forestales. Más del 80% de este
total se invirtió en establecer más de un millón de hectáreas de plantaciones forestales, tres cuartos de
las cuales son plantaciones comerciales. Éstas brindan pocos beneficios a los pobres, si es que brindan
alguno.

Durante los pasados dos años el Banco Asiático de Desarrollo ha mantenido discusiones secretas sobre
su nueva propuesta de política forestal. El público no tiene acceso a ningún detalle relativo a las
discusiones del Banco. El borrador más reciente de la política forestal propuesta disponible para el
público data de junio de 2003. El Directorio del Banco rechazó esta versión en julio de 2003.

En noviembre de 2004, veinticuatro ONGs de dieciséis países escribieron al entonces presidente del
BAsD, Tadao Chino, señalando los defectos del proceso de revisión de la política forestal del Banco.
En respuesta, Robert Dobias, director de la División de Agricultura, Recursos Naturales y Sector
Social del BAsD, explicó que el Banco había revisado el borrador de junio de 2003 para “incorporar
los comentarios recibidos de parte de analistas internos y externos”. En algún momento después de
esto, añadió, “se plantearon cuestiones fundamentales relativas al apoyo que el BAsD brinda al sector
forestal”.

Dobias no dijo cuáles fueron las “cuestiones fundamentales” ni quién las planteó. “Actualmente
estamos en un proceso de discusión interna de estas inquietudes”, escribió. “Por favor tengan la
certeza”, añadió Dobias al final de su carta, “de que las conclusiones de nuestras deliberaciones
internas se harán públicas y se invitará a presentar comentarios”.

En enero de 2004 Grant Curtis, un “especialista en ONGs” del Departamento de Desarrollo Regional y
Sustentable del BAsD, me dijo, en respuesta a mis preguntas, que “el BAsD piensa poner la versión
final del documento de política a disposición del público antes de someterlo a consideración del
Directorio”.

La información sobre la próxima reunión del Directorio del BAsD es secreta. Sin embargo, se filtró un
memorando interno del Banco, de fecha 7 de abril de 2005, donde se menciona un documento R de
Política Forestal (la R significa “restringido”) para ser discutido y posiblemente aprobado por el
Directorio del BAsD el 5 de julio de 2005.

La fecha de reunión del Directorio puede cambiar. Sin embargo, el memorando filtrado confirma que
el BAsD ha producido otra versión de su política forestal. Contrariamente a las afirmaciones de Dobias
y Curtis, no está a disposición del público.

El BAsD comenzó la revisión de su Política Forestal de 1995 en junio de 2000. Se previó que la nueva
política forestal se completara para fines de 2002. Para ese momento, según Jan van Heeswijk,
entonces director general del Departamento de Desarrollo Regional y Sustentable del BAsD, “los
estudios y el borrador de una política estaban listos”. Tras seis meses de “revisión interna y afinación
del documento”, el BAsD produjo el borrador de junio de 2003 de su propuesta en materia de política
forestal.

Durante un tiempo el Banco solicitó comentarios a su borrador a través de su sitio web, sin mencionar
que en julio de 2003 su propio Directorio lo había rechazado. Luego el BAsD dejó de solicitar
comentarios y prometió que en julio de 2004 publicaría un borrador revisado.

En setiembre de 2004 el borrador revisado todavía no había aparecido (y el sitio web del Banco seguía
prometiendo que el borrador se publicaría dos meses atrás, en julio de 2004). Escribí entonces a Javed
Mir, jerarca del Banco especializado en recursos naturales (forestales) y director de misión para la
nueva política forestal, para preguntarle, entre otras cosas, para cuándo podríamos esperar la
publicación del próximo borrador. Mir no respondió.

Más tarde, el 27 de octubre de 2004, el Banco publicó la siguiente explicación en su sitio web: “Luego
de haber celebrado consultas internas y externas, durante la segunda mitad de 2003 se preparó y
discutió un borrador de documento de trabajo (documento W). Se esperaba la publicación de un
borrador revisado del documento en este sitio para hacer posibles los comentarios del público. Sin
embargo, discusiones internas recientes (agosto de 2004) han planteado cuestiones fundamentales
relativas al apoyo al sector forestal de parte del Banco. Que el borrador de la política continúe
progresando dependerá de los resultados de dichas discusiones, que siguen en curso”.

En marzo de 2005 volví a escribirle a Javed Mir. Le pregunté por qué el Banco no había publicado el
documento de trabajo para la segunda mitad de 2003 y quién, exactamente, había discutido el
documento. Le pregunté si había notas disponibles en relación con estas discusiones. Le pregunté qué
había ocurrido entre la segunda mitad de 2003 y agosto de 2004. Le pregunté cuáles “cuestiones
fundamentales” se plantearon y quién las había planteado. Le pregunté para cuándo anticipaba el
Banco la publicación del siguiente borrador de su política forestal propuesta. Una vez más, Mir no
respondió mis preguntas.

Luego de recibir el memorando filtrado del BAsD que declara que el Directorio discutirá la política
forestal en julio le escribí a Rolf Eckermann, director ejecutivo del BAsD para Alemania. Le pregunté
sobre la situación actual de la nueva propuesta de política forestal del Banco y para cuándo esperaba el
Banco elaborar la nueva política. Le pregunté qué documentos había producido el Banco a partir de
julio de 2003. También pedí a Eckermann que garantizara que Javed Mir o alguna otra persona del
Banco respondiera mis cartas de setiembre de 2004 y marzo de 2005. Eckermann no respondió.

El Banco proclama que la política forestal que propone se basa en un “proceso participativo de
revisión”, y esto es totalmente falso. El proceso del BAsD expone al Banco como lo que realmente es:
una institución secreta, deshonesta y no democrática.

Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de
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- El Banco Interamericano de Desarrollo, los bosques y las plantaciones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tiene una política ni una estrategia sectorial
específica en materia de bosques, dado que afirma que ha abarcado el asunto de los bosques en otros
documentos de política y estrategia, entre ellos los documentos sobre reducción de la pobreza rural,
finanzas rurales, agricultura, recursos hídricos, recursos costeros y energía. El proyecto actual de la
Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID también menciona el tema de la
protección de los hábitats naturales.
En junio de 2005, el BID dio a conocer un Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) que
evalúa a los países en base a su situación para recibir inversiones en el sector forestal. El índice evalúa
a los países latinoamericanos y del Caribe sobre la base de 80 indicadores, incluidas medidas
económicas nacionales, riesgo político, reglamentaciones nacionales y el estado de derecho. Utilizando
datos de 2002, el índice identificó que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica ofrecen el mejor
"clima de negocios para la inversión” forestal. También identificó a Haití, Ecuador, Guatemala, Belice,
y Paraguay como los países que plantean más dificultades al referido sector.

Antes de crear el índice, el BID contrató la realización de tres estudios sobre las acciones del Banco en
el sector forestal y de bosques entre 1999 y 2002. El informe más reciente, "Financiamiento Forestal
en América Latina: el rol del Banco Interamericano de Desarrollo", brinda recomendaciones para el
otorgamiento de préstamos relacionados con los bosques y ofrece el apoyo por parte del BID al
desarrollo institucional y de las políticas.

El informe afirma que el potencial de financiamiento para el sector forestal en América Latina y el
Caribe se estima en US$ 6,8 mil millones al año durante los próximos 10 años, más de dos tercios de
los cuales corresponden a plantaciones industriales. Esto obviamente quiere decir que los países
identificados como aquellos que ofrecen mejor "clima de negocios para la inversión" forestal se verán
más afectados por las plantaciones industriales de monocultivos de árboles financiadas por el BID, que
ya han demostrado tener efectos sociales y ambientales negativos en los cinco países mencionados.

La inversión del BID en el sector forestal se redujo durante la década de 1990 de US$ 100 millones a
US$ 40-20 millones. Sin embargo, el informe anima al BID a incrementar el financiamiento en el
sector para aprovechar las "oportunidades inversión" en lo que llama el "manejo sostenible de los
bosques".

El informe analiza una gran variedad de fuentes e instrumentos de financiamiento que podrían hacer
más viables las inversiones privadas en el manejo de bosques. Continúa diciendo que los préstamos del
BID al sector público seguirán siendo importantes para promover el manejo ecológico y social de los
bosques y que también pueden utilizarse para crear las condiciones que permitan su explotación
industrial.

El BID promoverá además la utilización de "instrumentos comerciales para el desarrollo, como las
compensaciones de carbono, el cobro de derechos por el uso de agua y los fondos de riesgo" para
promover "actividades de manejo sostenible de los bosques". El manejo sostenible incluiría un cambio
hacia el manejo "sostenible" de las plantaciones, lo que significa que "se deberá requerir el
cumplimiento estricto de las precauciones ambientales y se deberá prestar la debida consideración a la
protección de los derechos de los pueblos indígenas y otros temas sociales". Brasil, Chile y Uruguay
son presentados como casos exitosos importantes en el manejo de plantaciones en América Latina.

A pesar de lo que dice el informe, el hecho es que en ninguno de esos países se puede definir a las
plantaciones como "casos exitosos" para las personas o el medio ambiente. A menos que, por supuesto,
la pérdida de medios de sustento, las violaciones de los derechos humanos, la usurpación de tierras de
los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques, la concentración de la tierra en manos de
empresas, el agotamiento del agua, la erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad se consideren
logros "exitosos". El otorgamiento de préstamos del BID al sector de las plantaciones sólo contribuiría
a exacerbar esos impactos.

Varios documentos del BID sobre estrategias y políticas abordan el tema de los bosques en una
variedad de formas, pero no llegan a constituir una estrategia integral en materia de bosques. La
Estrategia Ambiental reconoce que los bosques son "frágiles y en la mayoría de los casos están en un
estado de deterioro", pero no propone medidas específicas para detener la deforestación. La Estrategia
de Reducción de la Pobreza Rural establece que uno de los factores clave de las nuevas estrategias
rurales es "romper el círculo vicioso de la deforestación, la degradación de los recursos hídricos y del
suelo y el crecimiento de la pobreza rural". La instrumentación de esta estrategia debería llevar a que el
Banco deje de financiar plantaciones industriales (ya que éstas tienen como resultado precisamente los
impactos mencionados) pero obviamente no es lo que ocurre.

La Estrategia para el Desarrollo Agrícola incluye la producción forestal en el sector agrícola y afirma
que los nuevos acuerdos comerciales presentan nuevas oportunidades de incrementar el comercio de
productos forestales. La estrategia exhorta nuevamente a realizar un manejo sostenible de los
productos forestales, utilizar de manera sostenible los recursos naturales y aplicar prácticas de
reforestación en las cuencas altas. Esto plantea la pregunta: ¿qué se entiende por "prácticas de
reforestación"? ¿El establecimiento de plantaciones industriales o la replantación de especies
autóctonas diversas?

El BID ha tenido la misma Política Ambiental de una página y media desde 1979, y finalmente la
revisará este año. El proceso de revisión surgió después de la decisión del Banco de financiar el muy
polémico proyecto del gasoducto de gas natural de Camisea en Perú. El gas se extrae de depósitos
ubicados en una de las áreas de mayor diversidad cultural y biológica del bosque tropical amazónico,
se transporta hasta la costa al otro lado de la cordillera de los Andes, donde se procesa en una planta en
la bahía de Paracas, en una zona adyacente a un sitio Ramsar de Naciones Unidas, y luego se exporta.

La zona de concesión de Camisea en la Amazonía y la planta de fraccionamiento de gas en la costa
fueron algunos de los puntos más controvertidos del proyecto. El setenta y cuatro por ciento de la zona
de concesión se encuentra en la Reserva territorial Nahua - Kugapakori de pueblos indígenas en
aislamiento voluntario, algunos de los cuales evitan celosamente el contacto con intrusos. La planta de
fraccionamiento de la bahía de Paracas plantea una amenaza directa a la única área marina protegida
de Perú. Los debates que se suscitaron por la construcción en estas zonas parecen haber servido como
incentivo tanto para que el BID cambie su Política Ambiental como para que además elabore una
Política de Pueblos Indígenas, pero no para que revise el otorgamiento de préstamos a Camisea. Si
bien los procesos de consulta de ambas políticas han terminado, ninguna de las dos ha sido aprobada
todavía.

El borrador de consulta de la nueva Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias
contiene una directiva que protege las "áreas de conservación críticas", que es paralela en líneas
generales a la política del Banco Mundial que protege los hábitats naturales críticos. Sin embargo, la
versión borrador de la política de hábitats naturales del BID es significativamente más débil que la del
Banco Mundial y protegería menos áreas. Durante las consultas sobre la política, las ONG instaron al
BID a que reforzara la redacción de esta directiva, pero sigue sin quedar claro cómo incorporará el
BID este aporte en la versión final.

En general, el BID parece considerar la promoción de los "negocios forestales" como un requisito
previo esencial para el manejo sostenible de los recursos forestales y en consecuencia promueve las
plantaciones y otras inversiones en el sector como una manera de promover la "sostenibilidad".
Lamentablemente, lo que el BID entiende por sostenibilidad no necesariamente coincide con el
significado que tiene para nosotros ese término.

Por Elizabeth Bast, Amigos de la Tierra-Estados Unidos, correo electrónico: ebast@foe.org,
www.foe.org
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- El Banco Europeo de Inversiones: envuelto en secretos

Las deliberaciones financieras generalmente tienen lugar entre actores dudosos desde oscuros
escondrijos del escenario político. Así se maneja el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que recién en
los últimos tiempos ha comenzado a estar en el centro de la atención pública. Ya es hora de revelar los
sucios secretos de la institución bancaria de la Unión Europea.

Fundado en 1958 para respaldar la integración dentro de Europa, el BEI nunca se sometió al escrutinio
de la opinión pública. Esto es bastante increíble si se examinan las cifras. El BEI tiene actualmente un
presupuesto anual mayor que el del Banco Mundial: alrededor de 4 mil millones de euros. Tiene un
historial de financiamiento de obras de infraestructura a gran escala dentro de la Unión Europea,
incluidos numerosos aeropuertos polémicos y la serie de autopistas destructivas conocida como las
Redes Transeuropeas. Su gigantesca cartera de préstamos le da gran influencia sobre el desarrollo de
los países receptores. Muchos de sus préstamos están destinados a riesgosos proyectos de
infraestructura, así como a actividades petroleras, de extracción de gas, de minería y grandes represas
hidroeléctricas. A diferencia de otras instituciones financieras, el BEI nunca se molestó en adoptar
salvaguardias para asegurar que sus proyectos protegieran a las personas y el medio ambiente.

Mientras que el Banco Mundial y otros bancos están reconociendo la necesidad de fijar normas
sociales y ambientales, el BEI guarda silencio. Si bien está obligado a cumplir la legislación de la
Unión Europea en sus actividades, hay pocas pruebas de que lo haga.

La situación jurídica del BEI y sus obligaciones con respecto a la UE nunca han sido aclaradas en
forma apropiada. Hay confusión acerca de los procedimientos exactos para hacer que el BEI asuma su
responsabilidad en virtud de la legislación de la UE y exigirle que rinda cuentas por la infracción de
leyes, políticas y reglamentaciones ambientales y sociales pertinentes. Tanto el Consejo Europeo de
Gotemburgo (2001) como el Parlamento Europeo (2002) han subrayado la necesidad de que el BEI
integre las prioridades generales de la Unión Europea en sus actividades.

Pero en la práctica la evaluación de proyectos del BEI se realiza en base a consideraciones
económicas, financieras y técnicas, sin centrarse en el desarrollo sustentable. Mientras afirma que
respalda la política de cambio climático de la UE, el BEI sigue financiando proyectos que involucran
la utilización de combustible fósil a gran escala. Ha comenzado a otorgar préstamos polémicos para la
captura de gases de efecto invernadero a través del llamado "desarrollo forestal sostenible", y participa
en la aplicación de los controvertidos "mecanismos flexibles" del Protocolo de Kioto. “El BEI
considera que los mecanismos flexibles con asiento en el mercado son fundamentales para los
esfuerzos de lograr una mitigación del cambio climático oportuna y eficaz en cuanto a costes”, declaró
el Vicepresidente del BEI, Peter Sedgwick, en diciembre de 2004.

Actualmente el Banco Europeo de Inversiones dirige cada vez más sus proyectos de inversión hacia
los países del sur. Pero no queda claro si cuenta con el mandato necesario para hacerlo.

La mayor parte de los préstamos del BEI fuera de la UE están dirigidos a países de África, el Caribe y
el Pacífico (países ACP). El 2 de junio de 2003, el BEI inició un fondo de inversiones que se conoce
como la Facilidad de Inversiones del Acuerdo de Cotonou para los países ACP, que canaliza dinero
hacia el sector privado. Entre 2003 y 2008, la región de los países ACP recibirá unos 2.200 millones de
euros provenientes de este fondo, además de 1.700 millones de euros de recursos propios del BEI. Pero
no hay señales de que el BEI preste alguna consideración sustancial al objetivo fundamental del
Acuerdo de Cotonou, que es el de erradicar la pobreza en los países ACP. Al mismo tiempo, el BEI
tampoco tiene una estrategia de desarrollo propia.

El BEI es más explícito sobre sus razones para las líneas de financiamiento en América Latina. Un
memorando de diciembre de 2004 para el Banco Interamericano de Desarrollo declara que "La
actividad de préstamos en América Latina tiene un objetivo de acción claro, principalmente en apoyar
la Inversión Extranjera Directa europea". El BEI es claro acerca de sus ambiciones y afirma que el
"alcance político" del Banco Interamericano de Desarrollo hace muy atractiva la cooperación.
Actualmente el BEI se ha comprometido a invertir 2.480 millones de Euros en la región de Asia y
América Latina. Ambos bancos aspiran a trabajar juntos para implementar la Iniciativa para la
Integración Regional Sudamericana (IIRSA), un programa regional de alto riesgo para la integración
de la infraestructura regional. Los proyectos del IIRSA seguramente pondrán en peligro algunas de las
culturas y de los ecosistemas más delicados de la región. Malas noticias, si tenemos en cuenta la falta
de todo tipo de garantías en cuanto a que estos proyectos sean adecuados o sustentables. Pero peor aún,
el informe continúa diciendo que la preparación de proyectos será delegada generalmente a los
patrocinadores. Esto significa que las dos instituciones financieras se eximen de asumir cualquier
responsabilidad ambiental y social.

Por citar tan solo algunos de los proyectos del BEI que han causado graves impactos en las
comunidades y bosques del mundo en la década pasada: el Gasoducto Brasil-Bolivia de Shell (55
millones en 1998), el Oleoducto Chad-Camerún de Exxon (134 millones en 2001), las plantaciones de
eucaliptos y fábrica de celulosa de Veracel, en Brasil (98 millones en 2003) y la Represa Nam Theun
II en Laos (40 millones en 2004).

Entre los principales problemas identificados en las actividades del Banco Europeo de Inversiones se
incluyen:

- Su confusa condición simultánea de institución de la UE y entidad independiente;
- Un mandato poco claro de realizar actividades en los países del sur ;
- Siempre hay un velo de secreto en torno a sus actividades;
- Ausencia de directrices ambientales y sociales claras;
- Omite consultar a las comunidades afectadas;
- Personal escaso y dirigido en forma inadecuada;
- No concede préstamos proactivos de protección ambiental;
- Falta de implementación de objetivos ambientales.

A medida que el Banco Europeo de Inversiones comienza a actuar en todo el mundo, también nosotros
lo hacemos. La sociedad civil presentó recientemente un sitio web donde se puede efectuar el
seguimiento de todos los proyectos financiados por el BEI en los últimos diez años. Con el "No" a la
Constitución Europea, surge ahora un espacio renovado para la protesta civil en el escenario político
europeo. Y podemos utilizarlo para denunciar públicamente los secretos de las actividades financieras
europeas en todo el mundo. Debemos organizarnos, movilizarnos y plantear propuestas en nombre de
nuestros bosques, nuestra dignidad y nuestras vidas. L@s inivitamos a visitar el sitio
www.eibprojects.org e informarse.

Por Janneke Bruil, Amigos de la Tierra Internacional, correo electrónico: janneke@foei.org. Por
mayor información: www.foei.org/ifi/BEI.html, www.eibprojects.org, www.BEI.org

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* IMPACTOS A NIVEL LOCAL
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- El FMI y la deforestación en Indonesia

Debido a la prolongada crisis económica y la devaluación de la rupia indonesa a comienzos de 1997, el
país se vio forzado a buscar la asistencia del FMI. A fines de octubre se acordó el primer paquete de
asistencia. Los US$ 43 mil millones del paquete del rescate financiero incluían algunos ajustes o
reformas estructurales estipuladas en la Carta de Intención, a los que se obligaba el gobierno de
Indonesia. El entonces Presidente Suharto firmó la primera carta de intención con el FMI en octubre de
1997, que planteaba fundamentalmente reformas en el sector financiero, pero no incluía ninguna
referencia al sector de bosques ni al medio ambiente.
A comienzos de enero de 1998, el gobierno indonés no había logrado implementar los compromisos de
la primera carta de intención y el país se hundía en una crisis económica aún más aguda. A pesar de no
haber cumplido con los compromisos de la primera carta, se negoció una segunda carta de intención
que se firmó el 15 de enero de 1998. El FMI anunció que esta segunda carta de intención aceleraría y
ampliaría los compromisos de reforma ya asumidos.

El primer conjunto importante de reformas que afectó los bosques fue parte de las condiciones de la
carta de intención firmada por el gobierno indonés con el FMI en enero de 1998 –donde se establecían      Formatted: Spanish (Uruguay)
las condiciones que debía aceptar Indonesia para asegurarse US$1 mil millones como parte de un
paquete de rescate de US$43 mil millones. Un agregado impactante, ausente en la primera carta
firmada por Indonesia, fueron las disposiciones relativas a los bosques (6 puntos) y al medio ambiente
(4 puntos). Estos puntos incluyen importantes compromisos de “reducir los impuestos a la exportación
de rollizos (madera sin procesar), madera aserrada y caña, e imponer impuestos adecuados a la renta de
los recursos” (punto 37) y “eliminar las restricciones a la inversión extranjera en las plantaciones de
palma aceitera” (punto 39).

Irónicamente, mientras las cartas de intención exigían mayor transparencia y consulta con la sociedad
civil, el proceso de redacción de los acuerdos mismos fue en realidad todo menos transparente. Los
contenidos de las cartas de intención todavía no se hacen públicos antes de que éstas se firmen. No
existe ninguna participación importante de las ONG, ni en particular de las personas mas afectadas por
las condiciones que establecen las cartas.

A través de los paquetes de las cartas de intención del FMI, el Banco Mundial ha llevado al gobierno
indonés a implementar las recetas del FMI de sus préstamos de ajuste estructural. Las cartas de
intención se transformaron en la “santa biblia” que guía la economía del país y las políticas de manejo
de recursos.

En 2002, WALHI/AT Indonesia encargó un estudio independiente para evaluar el impacto de la
implementación de las Cartas de intención sobre los bosques y el medio ambiente. El estudio fue
conducido por un equipo liderado por un eminente experto en economía de bosques del Instituto de
Agricultura de Bogor. Según las conclusiones de estudio, el presupuesto estatal de gastos públicos en
el manejo ambiental disminuyó y la liberalización del comercio y la economía determinó el aumento
de la explotación de los recursos naturales. Algunas conclusiones del estudio se resumen más adelante.

La liberalización de las exportaciones de rollizos (punto 37, carta de intención de 1998) estableció
incentivos financieros para la exportación de madera. Aunque la reducción de los impuestos a la
exportación de madera puede haber mejorado el precio de la madera subvaluada en Indonesia, lo que
podría implicar la mejora de la eficiencia en la extracción de la materia prima y servir de incentivo a
los esfuerzos de conservación, esta política ha sido por el contrario catastrófica.

A la vez que se alentó la exportación de rollizos aumentó el déficit en la oferta de madera para las
industrias nacionales procesadoras de madera. Irónicamente, a pesar de la escasez de madera en el
mercado local, la industria basada en la madera incluso aumentó su producción, en particular, de
celulosa y papel. La madera utilizada por la industria provino entonces de fuentes ilegales no
registradas. Más aún, en la medida que la oferta de madera de las concesiones madereras disminuyó,
aumentó la demanda de madera proveniente de la conversión de bosques.

Básicamente la misma tendencia mostró la política de liberalización de inversiones en el sector de
plantaciones de palma aceitera (punto 39). Esta política había sido controvertida desde sus inicios, ya
que contravenía absolutamente el compromiso asumido con el Banco y el FMI de reducir la
conversión de bosque en Indonesia. La eliminación de las restricciones a las inversiones extranjeras en
aceite de palma significó un importante aliciente para la expansión de las plantaciones de palma
aceitera a expensas de los bosques. Conjuntamente con la política previa del gobierno indonés, esta
condición abrió las puertas a una mayor conversión de bosques. De acuerdo al estudio, el 80% de
plantaciones de palma aceitera se estableció a partir de la conversión de bosques naturales.

Aunque las mejoras en algunos aspectos de gobernanza y transparencia (por ejemplo, la solicitud de
reformas en las reglamentación de las concesiones, la introducción de normas de desempeño y el
demantelamiento de los cárteles) podrían ser evidentemente beneficiosas para los bosques y las arcas
del estado, otros objetivos planteados, como la reducción de impuestos a la exportación de madera,
resultaron claramente negativos, contrapesando estos aspectos positivos. El compromiso de terminar
con la conversión de los bosques, resultó totalmente inconsistente con la eliminación de las
restricciones a la exportación de aceite de palma y a la inversión extranjera en el sector (una medida
cuyo resultado probable era acelerar la conversión de bosques en plantaciones). Entre las medidas no
se incluyó ninguna referida a las causas estructurales subyacentes de la deforestación y degradación de
los bosques.

Desde el colapso económico de 1997, el Banco Mundial y el FMI han jugado un rol directo en la toma
de decisiones que afectan a los bosques y los pueblos de los bosques, mientras presionan a Indonesia a
mantenerse al día en el repago de la deuda. Estas instituciones deben aceptar su responsabilidad por la
destrucción de los bosques y la marginalización de las comunidades que conlleva, y comenzar a
priorizar las necesidades de los pobres por sobre los intereses de las finanzas internacionales.

Por Longgena Ginting, WALHI /Amigos de la Tierra Indonesia, correo electrónico: ginting@foei.org
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- Laos: ¿habrá alterado los números el Banco Mundial para justificar Nam Theun 2?

Cuando el 31 de marzo de este año el Banco Mundial aprobó el otorgamiento de US$ 270 millones en
fondos y garantías para la controvertida represa hidroeléctrica de Nam Theun 2 (NT2), de mil
megawatts de potencia, la mayoría del Directorio tenía la convicción de que los beneficios
económicos del proyecto superaban sus consecuencias ambientales y sociales negativas.

El reservorio de la represa de Nam Theun 2 inundará una superficie de 450 kilómetros cuadrados,
hogar de 6.000 indígenas y hábitat de especies amenazadas como el elefante asiático y el pato de alas
blancas. El agua se transferirá del río Theun al río Xe Bang Fai. El curso alterado del Xe Bang Fai
destruirá la pesca y el sustento de más de 120.000 personas que habitan a lo largo de este río.

Pero existen pruebas de que el personal del Banco alteró la valoración económica del proyecto;
asimismo, los supuestos erróneos justifican algo más que el beneficio económico neto del proyecto. A
lo largo de una nutrida correspondencia con el Banco, un equipo conformado por economistas
universitarios tailandeses y un analista del sector de la energía que trabaja por el interés público se
dieron cuenta de las suposiciones erróneas del Banco y de los impactos que éstas tendrían.

La evaluación del Banco Mundial concluye que “la decisión de comprar la energía producida por NT2
redundará en ahorros significativos para el sistema energético regional” y los ahorros netos que se
lograrán con la construcción de NT2 a lo largo de su vida, en comparación con la producción de la
misma cantidad de electricidad mediante gas natural, ascenderá a $188 millones. Cerca del 95% de la
electricidad de NT2 se venderá a Tailandia.

El equipo investigó los supuestos sobre los que se calculó el ahorro de $ 188 millones declarado por el
Banco, así como los cambios experimentados por dichos supuestos entre el borrador de la evaluación,
de amplia circulación, y la versión final publicada apenas una semana antes de la reunión del
Directorio. Un descubrimiento impactante es que en la versión final de la evaluación, el personal del
Banco había inflado los costos estimados para “operaciones variables y mantenimiento” de la otra
alternativa (el gas natural) en 1.240% con relación a la estimación del borrador. El cambio, de $ 0,564
a $ 7,000 por MWh, solamente se percibe al comparar las dos versiones de un cuadro (borrador y
documento final) que figuran en la mitad del estudio, uno de ellos en letra tamaño 6 y el otro en letra
tamaño 5.5.

La suma retocada es 1.310% mayor que la estimada por la autoridad tailandesa encargada de la
electricidad de $ 0,5358 por MWh. Los costos estimados de las operaciones y el mantenimiento de la
alternativa a la represa (el gas), se disparan a más del triple de los parámetros base tailandeses y a más
del doble de los parámetros base internacionales más elevados que los investigadores pudieron
encontrar.

Al hacer que la electricidad generada mediante gas natural parezca más cara, las alteraciones a las
estimaciones de los costos de operaciones y mantenimiento en el caso del gas justifican US$ 156
millones del declarado ahorro de $ 188 millones que conllevaría la construcción de NT2. Un dato
revelador es que esta cantidad corresponde más o menos a la necesaria para compensar el aumento de
los costos y la baja de los beneficios que hubo que acomodar en la versión final, con inclusión de un
aumento de US$ 101 millones en los costos de desarrollo del proyecto y la supresión de un crédito de
$ 20 millones en emisiones de gases de efecto invernadero no concedido a NT2.

Los investigadores descubrieron que el análisis económico de NT2 realizado por el Banco también
estaba plagado de muchas otras suposiciones incorrectas que ayudaron a dar una buena imagen de la
represa.

En primer lugar, el análisis determinaba hasta qué punto NT2 reduciría realmente los beneficios
económicos de la producción de electricidad de otra represa, Theun Hinboun, de donde NT2 desviará
agua. Inexplicablemente, el Banco adjudicó a cada unidad de electricidad producida por Theun
Hinboun solamente 1/3 del valor de cada unidad producida por NT2. Esto otorga a NT2 un atractivo de
entre $ 51 y $ 63 millones que de otro modo no tendría.

En segundo lugar, el análisis del Banco no tuvo en cuenta las cuatro centrales de energía que
generarían un total de 2.800 megawatts, que construirá la autoridad tailandesa responsable de la
energía eléctrica. En caso de que la futura demanda de electricidad de Tailandia sea baja, la
construcción de NT2 significará que estas centrales de energía permanezcan inactivas, acumulando
gastos sin generar beneficios. La evaluación económica del Banco considera una situación en que la
demanda de energía es baja, pero no toma en consideración estas centrales eléctricas. La inclusión de
una sola de estas centrales de energía omitidas (pero no por ello menos reales) reduciría los ahorros
totales de NT2 en otros US$ 20 millones.

En tercer lugar, el Banco no incorpora los resultados de un estudio que él mismo encargó, según los
cuales sería más barato invertir en 1.225 megawatts de conservación de energía y 216 megawatts de
energía renovable que construir NT2. Es difícil determinar con exactitud cuánto se inflan los “ahorros”
atribuidos a NT2 con esta omisión, pues el cálculo exigiría pasar revista a todo el modelo económico y
el Banco no ha puesto a disposición del público las hojas de cálculo ni la información económica
pertinente.

Si sumamos el impacto de todos los errores antes analizados obtenemos un total de por lo menos US$
227 millones, que sobrepasa por lejos los US$ 188 que supuestamente ahorraría el proyecto.

Además, el Banco declara reiteradamente algo que no es cierto: que su modelo de simulación
económico consideró “solamente riesgos de pérdida” que “podían considerarse las pruebas más
difíciles para la viabilidad del proyecto, por ejemplo condiciones de demanda menor que la esperada,
combustibles más baratos que lo esperado y gastos de inversión más elevados que lo anticipado para
NT2”. De hecho, el Banco basó su evaluación del riesgo en la suposición de que los costos de
construcción serían “bajos”, con lo que la opción a favor de NT2 ofrece beneficios económicos
inesperados. Si el análisis del Banco realmente utilizara las condiciones pretendidas, NT2 parecería $
51 millones más caro.

Las irregularidades de la evaluación económica de NT2 deben investigarse en forma independiente, y
el Banco Mundial debe reconsiderar su papel en el proyecto NT2. Todavía se está a tiempo de corregir
los errores y evaluar el proyecto basándose en sus verdaderos méritos. La cancelación del proyecto
sigue siendo probablemente una opción mejor que comprometer a los contribuyentes de Tailandia con
una opción económicamente inferior. Los inversores también resultan afectados, pues muchas de las
cifras falsas del Banco Mundial inflan muchísimo la valoración comercial del proyecto.

La evaluación económica discutida en este artículo es de Robert Vernstrom, Nam Theun 2 Hydro
Power Project Regional Economic Least-Cost Analysis: Final Report, marzo de 2005 en:
http://siteresources.worldbank.org/INTLAOPRD/Resources/RELC-2005-final.pdf.                               Field Code Changed
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
El borrador del informe de la evaluación económica se encuentra en:                                       Formatted: Spanish (Uruguay)
http://siteresources.worldbank.org/INTLAOPRD/491761-1094074854903/20251513/Economic.pdf.                  Field Code Changed
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
Una versión de este artículo con referencias completas se encuentra en:
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
www.palangthai.org/docs/NT2EconMalfeasRefs.pdf
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
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Los cálculos de los investigadores relativos al impacto de las suposiciones erróneas del Banco están
disponibles en: www.palangthai.org/docs/NT2EconMalfeas.xls                                                Field Code Changed
                                                                                                          Field Code Changed
El archivo de la correspondencia con el director del Banco Mundial para Laos y Tailandia (con copia       Formatted: Spanish (Uruguay)
al Directorio del Banco) relativa a estos asuntos está disponible en:                                     Formatted: Spanish (Uruguay)
www.palangthai.org/docs/RemarkableAssumptions.pdf.                                                        Field Code Changed
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
Por Christopher E. Greacen, Ph.D., director, Palang Thai, correo electrónico: chris@palangthai.org; y     Formatted: Spanish (Uruguay)
Decharut Sukkamnoed, profesor de Economía, Universidad de Kasetsart, correo electrónico:
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
tonklagroup@yahoo.com
                                                                                                          Field Code Changed
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- Perú: el BID financia proyecto de gas de Camisea que amenaza la diversidad biológica y cultural de      Formatted: Spanish (Uruguay)

la selva                                                                                                  Field Code Changed
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Camisea es el proyecto energético más grande de la historia peruana. Este proyecto involucra la           Formatted: Spanish (Uruguay)
extracción de gas natural de un área conocida como Lote 88, ubicado en ambas márgenes del río             Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
Camisea, una de las áreas más ricas en biodiversidad en el mundo. El costo de la construcción de todo
el proyecto será de 1.600 millones de dólares lo que incluye la explotación, el procesamiento del gas y
la construcción de dos gasoductos que pasarán por la cordillera de los Andes antes de llegar a la costa
para su distribución.

El yacimiento contiene un estimado de 11 trillones de pies cúbicos de gas y 600 millones de barriles de
condensado. La mitad de la producción será exportada a Estados Unidos para proveer a los mercados
de energía de la costa oeste. El costo de esas exportaciones ya lo están pagando los pueblos indígenas,
dado que cerca del 75% de los yacimientos de extracción de gas están localizados dentro de la reserva
de pueblos indígenas, quienes ya han sido forzados a tener contacto con el consorcio Camisea,
violándose así sus derechos reconocidos internacionalmente.

Asimismo, Camisea es el hogar de los Machiguengas, y de las comunidades nativas en aislamiento
voluntario como los Nahua, los Yora o Kugapakori, y posiblemente de los Kirineri. Las comunidades
de Camisea Shivankoreni, Segakiato y Cashiari tienen asentamientos cercanos a los pozos, con una
población de alrededor de mil habitantes. Para sobrevivir, estas comunidades dependen de la
agricultura, recolección, caza, pesca y extracción de los productos del bosque, actividades amenazadas
por la expansión de los proyectos de extracción de gas.

Además, la planta de extracción de gas natural del Proyecto Camisea se encuentra en una región de
abundante biodiversidad. Según el Smithsonian Institution, se han identificado 747 especies de
árboles, 150 especies de mamíferos, 75 de anfibios, 83 de reptiles, 156 especies de peces, 420 de aves
y cientos de especies de invertebrados.

Una gran victoria de la campaña contra el proyecto Camisea fue lograr que el Export-Import Bank (la
agencia oficial de los EE.UU. para el financiamiento de exportaciones ) negara préstamos vinculados
al proyecto Camisea (Lote 88) en agosto del 2003. El directorio de este Banco tomó en cuenta los
riesgos sociales y ambientales del proyecto que no pudieron ser minimizados por los proponentes de la
inversión.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) igual decidió hacer un préstamo por 135
millones de dólares al proyecto. Poco lo importó el hecho de que la empresa no cumplía con estándares
internacionales como evitar el contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco le
pareció importante que la planta de fraccionamiento se ubicara en la zona de amortiguamiento de la
Reserva Nacional de Paracas, que es la única área marina costera protegida del país.

De esta forma, el BID desconoció su propio mandato, que dice que: “Los dos principales objetivos del
Banco son reducir la pobreza y promover la equidad social, y lograr el crecimiento económico
sostenible”. En efecto, el proyecto ya está incrementando la pobreza, aumentando la inequidad social y
haciendo imposible un desarrollo sostenible.

Un acuerdo entre la sociedad civil y el BID ha impulsado la puesta en marcha de un ‘monitoreo            Formatted: Spanish (Uruguay)
independiente’ del Proyecto del Gas de Camisea, el cual aun no garantiza que los impactos del            Formatted: Spanish (Uruguay)
proyecto sean revertidos pero con mayor información sobre estos.

Entre los impactos sociales ya sufridos por las poblaciones del área de influencia del proyecto se
pueden encontrar los siguientes: disminución de los recursos pesqueros, afectando la alimentación de
las familias; debido a la contaminación del agua con aceites, grasas, detergentes y residuos
inadecuadamente manejados, se ha deteriorado la salud de los pobladores indígenas; las comunidades
afectadas por donde pasa el gasoducto manifiestan que las empresas no han pagado derechos
administrativos; no han dado trabajo a los pobladores; han destruido caminos, puentes y canales de
regadío; y se han dañado las viviendas, etc.

A menos de cinco meses de iniciadas las operaciones del proyecto, el 22 de diciembre del 2004, en el
Km. 8,8 se produjo la ruptura del gasoducto del Proyecto Camisea, ocasionándose el derrame del
hidrocarburo, que pasó a la quebrada Kemariato y de ahí al río Urubamba. “Nuestras comunidades han
sido gravemente afectadas y hasta el 20 de enero, cuando estuve en la zona, se seguían encontrando
animales muertos en las orillas del Urubamba”, señaló Roger Rivas del Consejo Machiguenga del Río
Urubamba.

Asimismo, entre los impactos ambientales se encuentran: la deforestación por el derecho de vía, la
contaminación de los ríos, contaminación por ruido, erosión de los suelos, y la consecuente alteración
de la flora y fauna en el área de influencia del proyecto.

Con respecto a impactos sobre el ambiente global, las reservas del yacimiento de Camisea liberarán un
estimado de 687,2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Este proyecto será el
sexto en América financiado por una institución financiera internacional, en contar con el más grande
potencial de emisiones de dióxido de carbono. Camisea generará, luego de su tiempo de vida, más de
23 veces el total de combustible fósil en relación con el CO2 que actualmente es liberado en el Perú
cada año (Caffrey, 2002, Informe de consultoría independiente para COMARU Y AIDESEP). Todo
esto en un mundo cuyo futuro está comprometido por el cambio climático relacionado con las
emisiones de dióxido de carbono. El BID por ende está contribuyendo al cambio climático.

En el Urubamba, los impactos ambientales y sociales continúan y la capacidad de las poblaciones de
defender su territorio es limitada. Para agravar la situación de los ecosistemas, un nuevo proyecto de
explotación aumentará aún más los impactos sobre los bosques, reservas de agua natural y la flora y
fauna de una región cuyo valor natural es de alcance nacional e internacional.

En efecto, en setiembre del 2004, Perupetro firmó el contrato de concesión del Lote 56 con el
Consorcio Pluspetrol de Camisea I. El lote 56 está ubicado también en el Bajo Urubamba, con una
extensión de 58.500 hectáreas, al noroeste del actual Lote 88. Dentro del Lote 56 se encuentra un área
clasificada como bosque primario y es hogar de los Kirineri, población en aislamiento voluntario
altamente vulnerable. Se invertirán 500 millones de dólares en la extracción del gas líquido; asimismo,
1.100 millones de dólares serán destinados a aumentar la capacidad del gasoducto Camisea para
transportar el gas a la costa. La explotación del Lote 56 (Camisea II) viene a ser el primer componente
de un proyecto de exportación de gas licuado.

El segundo componente consiste en una Planta de Licuefacción (Gas Natural Licuado) que convertiría
el gas en líquido para su exportación. Esta planta se construirá en la Pampa Melchorita al sur de Lima.

La lejanía del proyecto imposibilita la difusión pertinente de los impactos que ocasiona; sólo las
poblaciones que se encuentran en su área de influencia ven día a día cómo su ambiente natural, el cual
les proporciona seguridad alimentaria y social, se va transformando en un cruce de tuberías inmensas,
por donde pasa un elemento que quizás para ellos nunca significará mejorar su calidad de vida.

Este proyecto hará desaparecer poblaciones nativas en aislamiento voluntario como los Kirineri y
devastará un territorio de inigualable importancia. Peor aún, ahora el gobierno se encuentra
impulsando la exploración de más lotes (57 y 58) en la misma zona de Camisea, acumulando aún más
impactos a los ya existentes.

¿Financiará el BID también estos nuevos proyectos destructivos?

Por Patricia Patrón, Amigos de la Tierra Perú, correo electrónico: ppatron@labor.org.pe
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- Uruguay: campaña ante la CFI contra proyectos de instalación de fábricas de celulosa

Uruguay está bajo la mira de la industria de la celulosa. La multinacional finlandesa Metsa Botnia y la
española Ence se proponen instalar dos fábricas para la producción de celulosa de eucalipto (“al
sulfato”) blanqueada con dióxido de cloro (proceso ECF), con un volumen máximo de producción de 1
millón de toneladas anuales Botnia, y 500.000 toneladas Ence, para exportación. Las fábricas se
instalarían sobre las márgenes del río Uruguay, el cual es compartido con Argentina, a la altura de la
localidad de Fray Bentos.

Los proyectos han levantado una creciente oposición ciudadana tanto en Uruguay como en Argentina,
que ha tenido como máxima expresión un multitudinario encuentro de ambos pueblos sobre el Puente
General San Martín que une los dos territorios (ver boletín Nº 94del WRM).

Las cuestionadas fábricas de celulosa, cuya propia escala constituye un alto riesgo de contaminación
del río y la atmósfera, están vinculadas además al modelo de monocultivos forestales en gran escala
que las abastecerían, y acerca de cuyos impactos también se ha generado una fuerte denuncia (ver
boletín Nº 68 del WRM).
La FAO, el Banco Mundial, y la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), han sido
artífices de la creación de esa masa forestal para celulosa (ver boletín Nº 83 del WRM), en este país
donde los árboles crecen rápido, la mano de obra es barata y los controles ambientales son muy
débiles, al igual que el poder de un Estado condicionado por la deuda externa generada a lo largo de
varias décadas, y aún más durante la dictadura militar instalada entre 1973 y 1984.

Ahora las IFIs entran en acción. Para llevar adelante su negocio, la empresa Metsa Botnia ha solicitado
un préstamo de US$ 100 millones a la Corporación Financiera Internacional (CFI, institución miembro
del Banco Mundial que promueve la inversión en el sector privado). Al mismo tiempo, la CFI también
facilitaría un préstamo de otros US$ 100 millones por parte de la banca privada para este proyecto.
Ence también acaba de solicitar un préstamo a la CFI para la instalación de la fábrica que aspira a
comenzar a construir en octubre de 2005.

Cientos de organizaciones de Uruguay, Argentina, y del mundo entero enviaron una carta a la CFI
reclamando que no apruebe el préstamo ya solicitado por la empresa Metsa Botnia, y el que se sabe
está por solicitar la empresa Ence, debido a los graves impactos que la instalación de las fábricas de
celulosa generarán en el Uruguay. En la carta, las organizaciones firmantes manifestaron las siguientes
preocupaciones:

“En primer lugar, es importante destacar la escala de estos emprendimientos y sus posibles impactos
acumulados en caso de que efectivamente se concretaran.

En segundo lugar, el informe ambiental de Metsa Botnia ha sido criticado en forma detallada por un
conjunto de técnicos vinculados al grupo ambientalista uruguayo Guayubira.

En tercer lugar, ni Metsa Botnia ni Ence llevaron a cabo ningún estudio serio acerca de los posibles
impactos sociales negativos de sus emprendimientos, tanto en materia de previsibles pérdidas de
empleo (por la contaminación producida por los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas y con
fuerte olor desagradable de las plantas de celulosa), como en los posibles impactos sobre la salud de la
población local. Por otro lado, ambas empresas han exagerado el número de empleos “indirectos” que
generarían, manejando cifras sin fundamento alguno.

En cuarto lugar, la instalación de una o dos plantas de celulosa implicaría el aumento del área
actualmente plantada de monocultivos forestales. Es necesario señalar que ya se están constatando
graves impactos ambientales y sociales en las plantaciones de eucalyptus existentes, que se agravarían
en caso de que la superficie plantada se ampliara.

Es también importante señalar los impactos que una o ambas plantas tendrían en materia de uso de la
infraestructura carretera del país debido al tránsito de cientos de camiones con cargas de 40 o más
toneladas.

Existen además otros problemas no resueltos en torno a la instalación de ambas plantas:

1) Una disputa internacional aún no formalizada con Argentina, vinculada a la posible contaminación
del río Uruguay, compartido por ambos países.
2) Un cuestionamiento acerca de la legalidad del otorgamiento de una zona franca a cada una de las
dos empresas que pretenden instalar plantas de celulosa.
3) Un cuestionamiento acerca de la legalidad del uso de enormes volúmenes de agua y su posible
contaminación luego de la aprobación de la reforma constitucional del agua en las últimas elecciones.

Finalmente, es fundamental destacar la creciente oposición social a estos proyectos, tanto en lo
referente a las plantaciones de eucalyptus como sobre las plantas de celulosa”.
Por estas razones, las organizaciones firmantes reclamaron a la Corporación Financiera Internacional
que no se involucre en los proyectos de Metsa Botnia y Ence ni tampoco les otorgue crédito, ya que la
instalación de las plantas de celulosa provocaría graves impactos ambientales y sociales que no sólo no
resolverán, sino que agravarán los problemas que viven el país y su gente.

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* CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS                                                                                Formatted: Font: Not Bold, Spanish
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- La Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre como alternativa real para los bosques y los pueblos de los
bosques

“La peor inmoralidad es la ignorancia estudiada, la determinación de negarse a ver o conocer” (Andrea
Dworkin)

Las instituciones para el “desarrollo” y las instituciones financieras internacionales (IFIs), junto con
los principales responsables de las decisiones en el seno de las mismas, intentan a menudo justificar
políticas y proyectos destructivos con el argumento de que la política económica neoliberal encarna la
única vía posible hacia la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Tal como se
demuestra en la recopilación de artículos aquí presentada, seguir manteniendo este argumento equivale
a “la determinación de negarse a ver o conocer”.

Si estudiamos la historia de las IFI en lo que atañe a los bosques, lo que se manifiesta, más que una
ignorancia estudiada, es el éxito perpetuo, sistemático e institucionalizado de negar a los Pueblos
Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques el acceso a los procesos de adopción de
decisiones. Las comunidades y los pueblos, legítimos propietarios de estos bosques, son los más
directamente afectados por estas decisiones y como grupo representan una enorme masa de
poblaciones empobrecidas.

La Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre sobre los bosques comprende los principios de unidad de un
movimiento mundial para garantizar los derechos de los pueblos a los bosques y la conservación de los
bosques. Nació de la aspiración a “otro mundo posible” durante el Foro Social Mundial de 2004,
reiterada y revisada durante el Foro 2005 en Porto Alegre. Se trata de una declaración de principios
concreta que da cuerpo a las voces de una coalición diversa de organizaciones e individuos que
trabajan por la justicia social y ambiental en los bosques.

Su punto de partida es que “Los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques,
que viven en los bosques y los utilizan para satisfacer sus necesidades de subsistencia, son los
verdaderos protectores y gobernantes de sus bosques y gozan de derechos inalienables sobre los
mismos”. [Principio #1)

Continúa afirmando que “La protección y la conservación de los bosques exigen que se garanticen sus
derechos”. (Principio #2)

Los dos primeros principios, primeros tanto en esencia como en la disposición espacial, surgen del
claro entendimiento de que las cuestiones relacionadas con los bosques son principalmente sociales y
políticas, y por lo tanto las soluciones que se requieren para enfrentarlas son sociales y políticas más
que técnicas.

Esta Iniciativa de base tan amplia se fundamenta en la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y
los derechos sobre sus territorios ancestrales, que estos Pueblos vienen reclamando desde hace mucho
tiempo, así como en la larga experiencia con los proyectos de “desarrollo”, los ajustes estructurales y
los condicionamientos para la ayuda que las IFI imponen. Estas amargas experiencias son testimonio
de que la respuesta a reiterados reclamos de transparencia ha sido el secretismo rampante (véase el
artículo sobre el Banco Asiático de Desarrollo), del mismo modo que al reclamarse un mayor acceso a
los recursos mínimos para la supervivencia se ha respondido con una exclusión aun más aguda de los
mismos (véase artículo sobre el Banco Mundial). Este movimiento por la justicia social y ambiental no
puede ignorar estas experiencias y no lo hará, así como tampoco dejará de lado los derechos de los
Pueblos Indígenas. Por lo tanto se opone “…a cualquier participación del Banco Mundial, el FMI, la
OMC y otras instituciones financieras internacionales en políticas y proyectos que puedan afectar a los
bosques y a los pueblos de los bosques”. (Principio # 11)

Los pueblos que integran la Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre sobre los bosques han expresado el
deseo cada vez más consciente de impugnar los “monocultivos globales de la mente” y el paradigma
de modelo único para toda ocasión que éstos profesan; han comprendido que el futuro está en la
diversidad, la aceptación y el respeto mutuos y el derecho a elegir la velocidad y las formas del propio
“desarrollo”: “Los mecanismos institucionales para el control social de los bosques por parte de los
pueblos de los bosques, incluidos los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los
bosques, evolucionarán de acuerdo con las necesidades socioecológicas y económicas de las
comunidades y adoptarán distintas formas según los diferentes perfiles culturales de las comunidades
en las diferentes partes del mundo”. (Principio #3)

En la medida más amplia, las causas profundas de la pobreza en casi todo el mundo tropical son
consecuencia directa de las transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas impuestas por
los invasores del “viejo mundo” durante la colonización. Las políticas de las instituciones financieras
internacionales han perpetuado y continúan imponiendo las construcciones ideológicas socioculturales
de occidente so pretexto de que estos valores son universales. La traducción de este proceso en los
bosques tropicales ha sido dar prioridad a las necesidades de los consumidores y las empresas
occidentales sobre la población y las necesidades locales, lo que ha provocado conflictos sociales
siempre en aumento y una carrera desesperada para agotar los ecosistemas de bosques tropicales. Si
pudiera decirse que no hay mal que por bien no venga, esta larga historia de ostentosa falta de respeto
a los pueblos y los ecosistemas resultó fundamental para la creación de una contracorriente sólida y
unida con principios concretos y una determinación bien dirigida.

Apelamos a tod@s a unirse a este proceso.

El texto completo de la Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre sobre los bosques se encuentra en:             Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.wrm.org.uy/declaraciones/Mumbai/indice.html                                                     Field Code Changed
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Los doce principios, seguido cada uno de un breve comentario, están disponibles en:                        Field Code Changed
http://www.wrm.org.uy/boletin/91/mumbaiPA.html                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
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Si desea solidarizarse con los principios de este movimiento o necesita más información, por favor
comuníquese con: antonis@wrm.org.uy                                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)
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Por: Antonis Diamantidis, correo electrónico: antonis@wrm.org.uy EL TEMA CENTRAL DE ESTE                   Field Code Changed
BOLETÍN: EL BANCO MUNDIAL                                                                                  Field Code Changed
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El presente boletín es el resultado de un esfuerzo conjunto llevado a cabo por un grupo de
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
organizaciones preocupadas por el papel que cumple el Grupo Banco Mundial en materia de
deforestación y violación de los derechos de los pueblos que habitan los bosques. Las organizaciones
participantes incluyen al Forest Peoples Programme, Rainforest Foundation (Reino Unido),
Environmental Defense, Global Witness, SinksWatch, CDM Watch, Samata, Down to Earth y
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Este trabajo está disponible en formato pdf en la
página del WRM http://www.wrm.org.uy/XXXX, con el título “Promesas rotas: las políticas del Grupo
Banco Mundial no protegen a los bosques ni a los derechos de los pueblos que los habitan”, y contiene
fotos y una serie de notas y referencias que no han sido incluidas en este boletín. La versión en inglés
está disponible también, además de en pdf, en formato papel y pueden solicitarse ejemplares a Forest
Peoples Programme (julia@forestpeoples.org) o al Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
(wrm@wrm.org.uy).                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
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En este número:                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)


* NUESTRA OPINION

- El Banco Mundial y los bosques: mentiras y engaños

- Revisión de certificación de plantaciones del FSC en marcha

- Foro Social Mundial: avanzando hacia un nuevo mundo posible


* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

AMERICA DEL SUR

- Argentina: destrucción de la selva misionera equivale a genocidio de los Mbya Guaraní
- Brasil: préstamo del Banco Mundial a Aracruz viola política forestal del Banco
- Paraguay: la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental
- Perú: Minera Yanacocha retrocede ante resistencia popular

AFRICA

- África: la red Oilwatch se fortalece en Lagos
- Burundi: conservación de los bosques contra la gente
- Nigeria: “pensamos que era petróleo, pero era sangre” (N. Bassey)
- Sudáfrica: trabajo en redes para canalizar acciones de protección ambiental
- República Democrática del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)


ASIA

- Bangladesh: los Mro resisten su expulsión de un "ecoparque"
- Laos: represa Nam Theun 2, Banco Mundial y corrupción
- Malasia: falso sello verde a madereo en tierras de los Penan
- Madereo legal e ilegal en VietnamCamboya: los engaños del Banco Mundial
- The Great “Community Forest Management” Swindle In India – critical evaluation of an ongoing             Formatted: Spanish (Uruguay)
World bank-financed project in Andhra Pradesh
- Indonesia: invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera
- Laos: Banco Mundial financia la represa Nam Theun 2 desconociendo sus propias políticas

AMÉRICA DEL SUR

- La inversión del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional en la compañía Aracruz
Celulose S.A.
- Los caminos de la deforestación en Brasil: cómo la soja y la ganadería están destruyendo la
Amazonía con la ayuda de la CFI
- La iniciativa de Mumbai - PortoAlegre sobre los bosques
- Retomar el clima en nuestras manos


* LOS ARCHIVOS DE CARBONOBANCO MUNDIAL: POLÍTICAS Y REALIDADES

- Certificación de explotación forestal
- El “Grupo Asesor Externo”: un subterfugio para aparentar transparencia
- La Corporación Financiera Internacional (CFI) quiere atraer a cualquier precio las inversiones
privadas forestales y de otros sectores que afectan a los bosques
- La política sobre hábitats naturales: derogación institucionalizada
- Bosques y ajuste estructural: el Banco Mundial pasa por encima de accionistas y de su propio
Directorio Ejecutivo
- El Manual de consulta invisible: una omisión “crítica”
- La función del Banco Mundial en la creación del mercado de carbono: ayudando a los ricos a
enriquecerse y a los pobres a empobrecerse mientras siguen subsidiándose los combustibles fósiles
- El FMAM y los Pueblos Indígenas: conclusiones de un estudio crítico reciente
- Rechazan proyecto de plantaciones de carbono de V&M do Brasil
- BioCarbon Fund = ¿manipulando_los_datos_Inc.cárcel.com?                                                   Field Code Changed
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AMERICA DEL SUR

- Argentina: un respiro a la arremetida comercial contra los bosques
- Brasil: carta abierta de las organizaciones sociales en rechazo de la certificación de Aracruz Celulose


AFRICA

- Camerún: políticas restrictivas en parque nacional tienen importantes impactos sobre las mujeres
- Congo (RDC): Alianza contra el apoyo del Banco Mundial al madereo industrial
- Swazilandia: el impacto de 50 años de forestación industrial


ASIA

- Asia: la dimensión ecológica, social y política del tsunami del 26 de diciembre
- Camboya: informe sobre la corrupción institucionalizada y el madereo ilegal


OCEANIA


- Papúa Nueva Guinea: Rainforest Alliance socava los esfuerzos de conservación de los bosques

* CRÓNICAS DE LAS NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS

- Negociaciones sobre cambio climático: tiempo para un cambio
- Grandes represas, cambio climático y desalojos forzados
- Presentación de los árboles transgénicos a COP 10 de las Naciones Unidas
- Convención sobre Cambio Climático: primeras impresiones de alguien con esperanzas y sospechas

* GENERAL
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* NUESTRA OPINION
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- El Banco Mundial y los bosques: mentiras y engaños

En octubre de 2002, el Banco Mundial adoptó una nueva política en materia de bosques. Revirtiendo la
política anterior que había prohibido que el Banco financiara proyectos que destruirían los bosques
tropicales húmedos primarios, la nueva política, adoptada con el aval del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) apuntó a alentar una mayor participación de la institución en
las actividades de explotación forestal. El objetivo era ayudar al Banco Mundial a alcanzar los
objetivos establecidos por la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF para asegurar que 200
millones de hectáreas de bosques quedaran bajo un régimen de madereo responsable (“manejo forestal
sustentable certificado de manera independiente”). La política y estrategia asociada también apuntaba
a la promoción de mercados en servicios ambientales, a crear mejores oportunidades para la inversión
del sector privado en el manejo forestal, a la vez que reclamaba, poco convincentemente, que también
mejoraría las formas de vida de los sectores rurales pobres.

La política fue condenada rotundamente por numerosas ONGs y organizaciones de Pueblos Indígenas
que habían participado en las prolongadas consultas que precedieron su aprobación. Las principales
razones por las que cuestionamos la política fueron que:

- no se aplica a las divisiones del Banco Mundial que apoyan al sector privado --la Corporación
Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)
- no se aplica a los préstamos de ajuste estructural y programáticos
- levanta la proscripción anterior al financiamiento por parte del Banco Mundial del madereo en
bosques tropicales húmedos primarios
- ofrece solamente una protección ambigua a los bosques “críticos” que serían afectados por los
proyectos financiados por el Banco Mundial
- no ofrece protección adicional a los pueblos dependientes de los bosques que serían perjudicados por
préstamos no relacionados con bosques pero que afectarán a los mismos
- permite que el Banco financie la tala de bosques para hacer lugar a plantaciones (si bien “prefiere”
que las plantaciones se establezcan en otro lado)
- se basa en normas de certificación inciertas para proteger a los bosques y los pueblos de los bosques
en los proyectos del Banco Mundial que promueven el madereo.

Lo que preferíamos era una simple proscripción que el personal no técnico del Banco Mundial pudiera
entender fácilmente: que todo el Grupo Banco Mundial no debía apoyar proyectos que pudieran
destruir los bosques primarios. Lamentablemente, los tecnócratas querían algo más tecnocrático –y lo      Formatted: Spanish (Uruguay)
lograron.

Varios gobiernos compartieron algunas de nuestras preocupaciones sobre esta política, que fue
eventualmente aprobada por la Junta de Directores Ejecutivos aunque sujeta a una serie de
condiciones. Para asegurar el acuerdo de la Junta, el Banco Mundial prometió que:

- evaluaría los avances en la aplicación de la política después de tres años,
- se crearía un “Grupo Asesor Externo” a efectos de lograr transparencia y asegurar que el Banco
obtuviera asesoramiento independiente sobre cómo aplicar la política,
- se establecerían “mecanismos transparentes” en la política sobre préstamos de ajuste (PO/MP 8.60),
que se revisaría próximamente, que abordaría “sistemáticamente” los aspectos ambientales,
incluyendo “en especial los impactos de la explotación forestal”,
- mientras tanto, los Vicepresidentes regionales supervisarían los futuros préstamos de ajuste por sus
posibles impactos y la gerencia del Banco establecería “acuerdos transparentes para identificar
sistemáticamente” los impactos importantes,
- se elaboraría un “Manual de consulta” sobre bosques para guiar al personal del Banco Mundial en la
aplicación de la nueva política con respecto a identificar los “bosques críticos”, estableciendo normas
para la certificación y salvaguardando a los habitantes de los bosques,
- que la CFI pronto adoptaría una versión revisada de la política adaptada a su tarea de financiar al
sector privado.

Ahora, pasados tres años, es hora de ver los resultados. Como demuestran los artículos de este número
especial, el Banco no ha mantenido ninguna de esas promesas y, tristemente, los temores que teníamos
sobre la nueva Política Forestal del Banco Mundial resultaron estar demasiado bien fundados.

- La CFI no adoptó la nueva política --mucho menos la MIGA-- y sin embargo invierte en una serie de
dudosos proyectos que amenazan a los bosques y los pueblos de los bosques, en especial de la
Amazonía.
- El prometido “Manual de consulta” nunca apareció.
- Los mecanismos prometidos para asegurar que la situación de los bosques se estudiaría
sistemáticamente en los préstamos programáticos demostró ser tan “transparente” que resultó
totalmente invisible.
- El “Grupo asesor externo”, que debía incluir representantes de la sociedad civil y pueblos indígenas,
no los incluye y ha sigo engullido por el Banco Mundial. Sus acciones no son informadas al mundo
exterior.
- Los proyectos de “manejo comunitario del bosque” en India, que estaban destinados a aliviar la
pobreza, han ignorado las políticas de salvaguardia del Banco Mundial y pisotearon los derechos de los
pueblos indígenas.
- Los mecanismos para extender el madereo en la cuenca del Congo han sido impuestos sin asegurar
los derechos de las comunidades, lo que promete una aceleración de la deforestación.
- Las muy publicitadas iniciativas en Camboya para eliminar la corrupción en el sector forestal
quedaron en la nada por falta de compromiso del Banco.
- Los proyectos para promover nuevos mercados de carbono han destruido ambientes y arruinado
formas de sustento.
- Incluso los proyectos de conservación financiados a través del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial han fracasado.
- Mientras tanto, la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF, por la cual se reformuló la nueva
política forestal, no puede mostrar un solo proyecto de “mejor práctica” de madereo certificado
financiado por el Banco que justifique el nuevo enfoque.

El (ahora a punto de retirarse) Presidente del Banco Mundial ha estado durmiendo --o fingiendo que
dormía-- en su puesto, mientras el Grupo Banco Mundial ha vuelto a las viejas malas prácticas de la
década de 1980, cuando la destrucción de los bosques y el pisoteo de las comunidades locales se
consideraba que era el precio a pagar por el desarrollo.

Si el Banco Mundial pretende ser serio en cuanto a la protección de los bosques, entonces los
Directores Ejecutivos de la Junta del Banco deben despertar y ver lo que está aconteciendo. Se necesita
una evaluación exhaustiva independiente de lo que está ocurriendo actualmente. Es urgente evaluar la
política sobre Hábitats Naturales. Mientras tanto, los proyectos malos deben ser congelados y se deben
suspender nuevas inversiones de la CFI relacionadas con los bosques.
Por Ricardo Carrere, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, correo-e:
rcarrere@wrm.org.uy, http://www.wrm.org.uy, y Marcus Colchester, Forest Peoples Programme,
correo-e: marcus@forestpeoples.org, http://www.forestpeoples.org

- Revisión de certificación de plantaciones del FSC en marcha

La Revisión de certificación de plantaciones del Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship
Council – FSC) finalmente está en marcha. La comisión de 12 miembros electa para implementar la            Formatted: Spanish (Uruguay)
primera parte de este proceso (la “fase de políticas”) se reunió por primera vez del 9 al 11 de marzo en
Estocolmo, Suecia. Cuatro miembros –dos del norte y dos del sur- de cada una de las tres cámaras           Formatted: Spanish (Uruguay)
(social, ambiental y económica) tendrán a su cargo la tarea de llevar adelante este proceso y elaborar
directivas claras para la certificación de plantaciones en el futuro. Una posible segunda “fase técnica”
está ahora siendo discutida por los miembros de dicho comité.

El WRM saluda este proceso de revisión, que nuestra organización viene solicitando desde hace
muchos años y al que hemos contribuido -desde fuera- de muy diversas maneras. En 1997, el WRM
difundió una crítica detallada de las carencias del principio del FSC sobre plantaciones (“Error!          Field Code Changed
Hyperlink reference not valid.Comentarios sobre el principio 10 del FSC: Plantaciones”). En 2001           Formatted: Spanish (Uruguay)
invitamos a los miembros del FSC a que “revisen por completo el tema de la certificación de                Formatted: Spanish (Uruguay)
plantaciones, que tomen en cuenta la abundante documentación existente referente a la básica
insustentabilidad del modelo de plantaciones forestales y que, o bien excluyan completamente a las
plantaciones de la certificación del FSC o que modifiquen substancialmente el principio 10”. En 2002,
en vísperas de la asamblea general del FSC “exhortamos a los miembros del FSC a abrir la discusión
sobre la certificación de plantaciones en general y sobre el principio 10 en particular”. En 2003 el
WRM publicó “Certificando lo incertificable” un libro basado en estudios de caso que documenta los
problemas presentados en Tailandia y Brasil con las plantaciones certificadas por el FSC. Además
hemos producido dos ediciones completas del boletín del WRM dedicadas a los problemas generados
por la certificación de plantaciones y una serie de artículos críticos sobre la certificación de
plantaciones en diversos países.

El WRM participó además en la reunión de Bonn de 2004, en la que se inició el proceso de la Revisión
de plantaciones del FSC, con una presentación en la que expresamos nuestra preocupación por la
certificación de plantaciones del FSC, al tiempo que ofrecimos nuestra asistencia para proporcionar
información relevante sobre los impactos documentados de las plantaciones de árboles en gran escala -
tanto certificadas como no certificadas-, y para acompañar a los miembros de la Comisión de revisión
de Plantaciones del FSC a visitar las comunidades locales afectadas por las plantaciones.

En la reunión de Bonn, hicimos además una serie de recomendaciones para la revisión, siendo la más
importante que el FSC debería suspender nuevas certificaciones de plantaciones industriales de árboles
en gran escala hasta finalizar la revisión. El argumento de esta recomendación era que al iniciar una
revisión, el FSC aceptaba la existencia de problemas que debían ser resueltos y que era tiempo de
evaluar la experiencia antes de avanzar en la certificación de plantaciones. Lamentablemente este
pedido de una moratoria no fue discutido en ese momento. Sin embargo, el tema ha vuelto a surgir en
esta primera reunión de la Comisión de revisión, donde se decidió solicitar opinión sobre el tema al
Directorio del FSC.

Si bien tenemos confianza en que la Comisión de Revisión tiene la voluntad y la capacidad para llevar
adelante de forma seria y abierta el proceso de revisión, sentimos la necesidad de expresar nuestra
sorpresa ante la elección de Luis Fernando Jara como representante de la cámara ambiental del Sur. El
Sr. Jara es el gerente general de una compañía –PROFAFOR S.A.- que ha establecido plantaciones de          Formatted: Spanish (Uruguay)
sumidero de carbono en Ecuador para la fundación holandesa FACE. Estas plantaciones –certificadas          Formatted: Spanish (Uruguay)
por el FSC— han causado graves impactos sociales y ambientales, que se documentan en una                   Formatted: Spanish (Uruguay)
investigación recientemente finalizada (ver http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/face.html). No
tenemos nada personal contra el Sr. Jara, pero creemos que ante tales circunstancias se debería
reconsiderar su participación en esta comisión, en particular debido a su involucramiento directo en las
plantaciones de FACE-PROFAFOR actualmente cuestionadas.

Mas allá de lo anterior, deseamos expresar nuevamente nuestra confianza en este proceso y reiterar lo
que afirmamos en febrero de 2001: “la fortaleza principal del FSC es su credibilidad pública. La
certificación de operaciones forestales insustentables --tales como los monocultivos de árboles a gran
escala-- pueden erosionar esta credibilidad. Solo una revisión crítica por parte del FSC de sus propios
principios puede incrementar esta credibilidad. Nosotros esperamos sinceramente que el FSC pueda
hacerlo”.

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* LUCHAS LOCALES Y NOTICIASEL BANCO MUNDIAL EN EL SUR
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AMERICA DEL SUR ÁFRICA

- República Democrática del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque
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Los bosques tropicales de la República Democrática del Congo (RDC, antes Zaire) y los muchos
millones de personas que en ellos viven se encuentran en una coyuntura crítica. La mayor parte del
país aún no ha sido afectada por el madereo industrial y la tala de bosques a gran escala que
prácticamente ha erradicado los bosques tropicales en otras partes de África. Sin embargo, finalizadas
las décadas de caos económico y guerras civiles, esto está a punto de cambiar.

Los organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Alimentación y la
Agricultura de la ONU (FAO) tienen planes para el ‘desarrollo’ extensivo de los bosques de la RDC.         Formatted: Spanish (Uruguay)
Potencialmente podrían abrirse decenas de millones de hectáreas a las empresas madereras. Los              Formatted: Spanish (Uruguay)
derechos y la subsistencia de millones de personas estarán en peligro.

Ha comenzado un proceso que pronto podría ser irreversible y que podría terminar en la pérdida de
gran parte de la segunda mayor zona de bosques tropicales del mundo. Esta bien podría ser la primera
gran catástrofe ambiental del siglo XXI.

Después de las décadas de gobierno despótico de Mobutu Sese Seko, la RDC cayó en una ‘guerra               Formatted: Spanish (Uruguay)
civil’ en la que participaron nada menos que nueve poderes internacionales y que, directa e                Formatted: Spanish (Uruguay)
indirectamente, cobró las vidas de unos tres millones y medio de personas. En diciembre de 2002 se
llegó a un acuerdo según el cual Joseph Kabila permanecería como presidente, con cuatro
‘vicepresidentes’ de los grupos rebeldes. En junio de 2003 se estableció un ‘gobierno de transición’; se   Formatted: Spanish (Uruguay)
prevén elecciones nacionales para 2005 o 2006.                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
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La carnicería en gran escala que reinó en el país ha retrocedido. Sin embargo, esporádicamente estallan    Formatted: Spanish (Uruguay)
cruentas batallas, y gran parte de la zona oriental de este vasto país sigue bajo el control nominal de
grupos ‘rebeldes’, en una compleja trama de alianzas cambiantes entre varias facciones, grupos étnicos     Formatted: Spanish (Uruguay)
y milicias, con apoyo y participación de los ejércitos de países vecinos.                                  Formatted: Spanish (Uruguay)


Al menos en parte, la guerra se alimentó con la competencia por el control sobre los recursos naturales.
El Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU encargado de examinar la explotación
ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RDC informó en octubre de 2002 que “elites
corruptas y criminales” tanto dentro de la RDC como de países vecinos como Uganda y Rwanda
estaban aprovechando la guerra civil para ganar acceso a minerales, madera y marfil. Las ganancias
producidas por la minería y el madereo ilegales se han utilizado para comprar armas y municiones,
perpetuando así el conflicto.
Algunos observadores -incluido el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU mediante
un informe secreto- temen que la ‘paz’ actual simplemente esté siendo usada por las facciones rebeldes       Formatted: Spanish (Uruguay)
y el gobierno para continuar con el saqueo ilícito de los recursos y así poder reagruparse y adquirir más    Formatted: Spanish (Uruguay)
armas, y que es altamente probable que ocurra otro conflicto importante.

La explotación ilegal e incontrolada de estos recursos ha tenido repercusiones sociales y ambientales
devastadoras en algunas localidades. Durante el conflicto, pueblos de los bosques como los ‘Pigmeos’         Formatted: Spanish (Uruguay)
Twa del este de la RDC han sufrido impactos traumáticos. Además del tratamiento brutal a manos de            Formatted: Spanish (Uruguay)
una u otra facción, que ha incluido casos de canibalismo e informes de ‘genocidio’, el pueblo Pigmeo         Formatted: Spanish (Uruguay)
ha sufrido también el agotamiento de los recursos alimentarios silvestres, explotados por ejércitos,         Formatted: Spanish (Uruguay)
milicias y los millones de refugiados que huyeron del conflicto.

Con el establecimiento del gobierno de transición en 2003, la comunidad internacional pasó
rápidamente a reconstruir las instituciones políticas y la economía del país y, en particular, a estimular
las inversiones extranjeras. Los bosques de la RDC se perciben como fuente potencial de rápidas
ganancias para los extranjeros, y la industria de la madera como forma de ‘dar el puntapié inicial’ a la     Formatted: Spanish (Uruguay)
arruinada economía del país.                                                                                 Formatted: Spanish (Uruguay)


Los bosques de la RDC abarcan una superficie de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, más del doble
del tamaño de Francia. Según estimaciones del Banco Mundial, unos 35 millones de personas (el 70%
de la población nacional) residen en los bosques del país o dependen de ellos en alguna medida.

Se cree que hace muchos miles de años los pueblos agrícolas Bantú se establecieron en gran parte de la
zona boscosa, donde ya podrían haber estado presentes los ‘Pigmeos’ cazadores y recolectores Mbuti y         Formatted: Spanish (Uruguay)
Twa. El Banco Mundial estima que el ingreso per cápita promedio en la RDC es actualmente el más              Formatted: Spanish (Uruguay)
bajo del mundo, US$ 90 por año; es probable que el ingreso en las zonas rurales con cobertura
boscosa, sea incluso menor que el promedio nacional.

El caos económico de las décadas de Mobutu y la falta de inversión en infraestructura han significado
una explotación industrial del bosque relativamente pequeña, aunque unas pocas empresas (en su
mayoría extranjeras) han tenido acceso al madereo en grandes extensiones. El grupo alemán Danzer,
por ejemplo, ha mantenido durante varios años concesiones para madereo que abarcan 2,4 millones de
hectáreas.

En algunas zonas como Kivu del Norte y del Sur, donde hay ricos suelos volcánicos, se han convertido
áreas boscosas en granjas, más que nada de subsistencia. En torno a las grandes ciudades, en un país
donde escasean otros tipos de energía, la recolección de leña también llevó a la pérdida de cobertura
boscosa. Sin embargo, en comparación con otras partes de África central y occidental, las tasas de
deforestación han permanecido bajas. Gracias al ‘consejo’ de la comunidad internacional, esto podría         Formatted: Spanish (Uruguay)
estar a punto de cambiar.                                                                                    Formatted: Spanish (Uruguay)


En agosto de 2002 el (no electo) gobierno interino de la RDC adoptó el nuevo Código de Manejo de
Bosques. Este código establece el ‘marco’ básico de la política forestal del gobierno de la RDC, por         Formatted: Spanish (Uruguay)
ejemplo que el gobierno continúa afirmando que todas las zonas de bosques son propiedad del Estado.          Formatted: Spanish (Uruguay)
Algunas categorías se definen en forma muy amplia, como ‘explotación’, ‘uso comunitario’ y                   Formatted: Spanish (Uruguay)
‘conservación’ de los bosques. La elaboración de este código contó con el apoyo del Banco Mundial.           Formatted: Spanish (Uruguay)
La liberación de un ‘tramo para el sector forestal’ (de US$ 15 millones) de un crédito de ajuste             Formatted: Spanish (Uruguay)
estructural del Banco en mayo de 2002 tuvo como condición la adopción del Código, cuyo modelo fue
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la Ley de Bosques que el Banco diseñó para Camerún en 1994.
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Un indicio de la extraordinaria falta de realismo del pensamiento del Banco es que haya creído que
sería posible establecer todo el nuevo sistema legal para el sector forestal, que consiste quizá en veinte   Formatted: Spanish (Uruguay)
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nuevos decretos presidenciales y ministeriales, en el correr de unos pocos meses tras la adopción del
Código de Manejo de Bosques marco. Esto indica también que, a pesar de las exhortaciones de la
Estrategia sobre Bosques del propio Banco sobre la importancia de un ‘desarrollo participativo de la      Formatted: Spanish (Uruguay)
política forestal’, no puede haber habido intenciones serias de consultar al pueblo congoleño sobre las   Formatted: Spanish (Uruguay)
reformas legales pensadas, pues habría sido imposible realizar una tarea así en tan corto período en un
país del tamaño de Europa occidental, gran parte del cual sigue estando bajo control rebelde, y
prácticamente sin infraestructura que funcione.

En enero de 2003, tras la adopción del nuevo Código de Manejo de Bosques, se estableció un nuevo
proyecto de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), también con
financiación del Banco Mundial (y otros donantes), en virtud del cual se elaborarían y adoptarían los
decretos específicos para instrumentar el Código de Manejo de Bosques marco. La FAO y el Banco
Mundial también están desarrollando un sistema de ‘división en zonas’ para los bosques de la RDC,         Formatted: Spanish (Uruguay)
según el cual la totalidad de la zona de bosques del país se dividirá en espacios para el madereo, la     Formatted: Spanish (Uruguay)
conservación y otros usos.

El Banco Mundial ha tomado algunas medidas positivas para reformar la industria de la madera en la
RDC. Por ejemplo, el Banco ha presionado al gobierno de la RDC para que cancelara varios contratos
de madereo existentes y revocara concesiones para el madereo de 6 millones de hectáreas, otorgadas
ilegalmente a una empresa portuguesa. El Banco ha instado también al aumento sustancial de los
impuestos a la actividad forestal, de modo de generar mayores ingresos para el fisco congoleño. Sin
embargo, la industria maderera ha resistido estos cambios: los impuestos a la explotación forestal
siguen siendo muy bajos (US$ 0,10 por hectárea) y el madereo en las concesiones ilegales ha
continuado.

A pesar de que el intento de controlar la explotación forestal existente parece haber fracasado, el
Banco Mundial ha estado conversando con el gobierno de la RDC sobre la expansión en gran escala de
la industria de la madera en el país. La industria decayó durante los últimos años del régimen de
Mobutu y la guerra civil, pero los documentos del Banco Mundial hacen referencia a un posible
incremento de la producción de madera de 6.000%, hasta alcanzar aproximadamente entre 6 y 10
millones de metros cúbicos de madera por año, y a la “creación de un clima favorable al madereo
industrial”. Según el Banco, una zona de cerca de 60 millones de hectáreas (un poco mayor que la
superficie de Francia) se considera como ‘bosques de producción’.                                         Formatted: Spanish (Uruguay)
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Con el fin de establecer la base geográfica para la explotación de bosques en la RDC, el Banco incluyó
un componente forestal de US$ 4 millones en un proyecto que lleva por nombre ‘Proyecto de                 Formatted: Spanish (Uruguay)
emergencia económica y social y de apoyo a la reunificación’ (EESRSP, Emergency Economic and              Formatted: Spanish (Uruguay)
Social Reunification Support Project), aprobado por el Directorio del Banco en setiembre de 2003. En
virtud del mismo, el Banco apoyaría la preparación de un ‘plan de división en zonas de los bosques’       Formatted: Spanish (Uruguay)
que “organizaría las áreas rurales en tres categorías amplias de acuerdo con sus objetivos primarios      Formatted: Spanish (Uruguay)
(desarrollo rural, producción sustentable, protección del medio ambiente)”. Aunque el Banco declaró
que dicha división en zonas es “fundamental para garantizar los derechos a la tierra y el acceso
transparente a los recursos forestales para TODAS las partes interesadas” (énfasis agregado), este
ímpetu aparente se contradice con el segundo elemento sobre bosques del proyecto: “preparar el
terreno para instrumentar el sistema de concesiones forestales de la nueva ley”. De hecho, de los
únicos dos ‘indicadores de desempeño’ que el Banco se propuso lograr en el componente forestal de         Formatted: Spanish (Uruguay)
este proyecto, uno es “Cantidad de nuevas concesiones [al madereo industrial] otorgadas en forma          Formatted: Spanish (Uruguay)
transparente”.

A pesar de los compromisos generales y las políticas declaradas tanto del Banco Mundial como de la
FAO, prácticamente no se ha consultado a la sociedad civil ni a las comunidades de los bosques sobre
el nuevo Código de Manejo de Bosques o los decretos legales que lo instrumentarán. En noviembre de
2003, en un seminario en el que participaron las principales organizaciones de la sociedad civil de la
RDC, se reveló que casi nadie (fuera de un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales y sus
asesores y algunas personas del sector privado) estaba al tanto de la existencia del nuevo Código de
Manejo de Bosques del país, cuánto menos de los cambios de largo alcance que allí se contemplan.

Para noviembre de 2003 ya se habían redactado o planificado 15 decretos para instrumentar el Código
de Manejo de Bosques, seis de los cuales pasaron inmediatamente a la instancia de la autorización
oficial, habiéndose considerado que “no se necesitaba una consulta”. Había nueve decretos en varias
etapas de “discusión y consulta”, pero solamente tres habían sido puestos a disposición de un pequeño
grupo de ONGs cercanas al gobierno.

En febrero de 2004 tuvo lugar una iniciativa sin precedentes: más de 150 ONGs congoleñas, en
representación de grupos de todo el país, con inclusión de una amplia gama de grupos étnicos, ONGs
para el desarrollo y asociaciones ambientales y de derechos humanos, hicieron una demanda conjunta
al Banco Mundial, la FAO y el gobierno de la RDC para que detuvieran su programa de desarrollo en
los bosques del país. Reclamaron una moratoria a la formulación de nuevas leyes forestales y al plan
de división en zonas de los bosques mientras no se haya llevado a cabo una detallada revisión del
Código de Manejo de Bosques y los decretos existentes y mientras en el nuevo ejercicio de división en
zonas de los bosques no se hayan tomado en cuenta los derechos consuetudinarios a la tierra de los
pobladores locales.

Sin embargo, a fines de 2004 el ministro responsable había redactado o aprobado nuevos decretos. Se
destaca el hecho de que todos ellos se relacionaban con el proceso de establecimiento de nuevas
concesiones al madereo industrial, en tanto ninguna de las nuevas leyes concernía a los derechos de la
comunidad local, los derechos de los Pueblos Indígenas de los bosques, los bosques comunitarios ni la
protección del medio ambiente.

El ‘desarrollo’ de los bosques de la RDC que se propone y la forma en que éste se está llevando a cabo       Formatted: Spanish (Uruguay)
presenta una serie de peligros.                                                                              Formatted: Spanish (Uruguay)


En primer lugar, mientras se reconoce que las personas pobres de la RDC necesitan desesperadamente
el desarrollo económico, el Banco Mundial y la FAO no han tomado en cuenta la inestable situación
política de la RDC ni la grave debilidad del gobierno. Las autoridades de Kinshasa todavía no pueden
ejercer siquiera un gobierno rudimentario, tal como la recaudación de impuestos, en muchas partes del
país (especialmente en zonas remotas y cubiertas de bosques), cuanto menos controlar las actividades
de las empresas madereras. Un estudio realizado por la consultoría ARD para la Agencia de los EEUU
para el Desarrollo Internacional (USAID) concluyó que:

“El peligro que hoy se cierne sobre los bosques de la RDC es un gobierno débil, es decir, la
probabilidad de que el Estado no sea capaz de reglamentar en forma efectiva el acceso a los recursos
forestales o, una vez que se otorguen las concesiones, controlar las actividades dentro de las mismas
para garantizar que se respetan los límites de la concesión, etc. Si el Estado demuestra no poder o no
desear controlar a los concesionarios de madereo nacionales y extranjeros, este hecho puede señalar el
comienzo de una explosión del madereo que podría diezmar rápidamente los recursos forestales del
país. A su vez, esto podría desencadenar una serie de consecuencias ambientales negativas”.

El Consejo de Seguridad de la ONU también ha reconocido los peligros y aprobado en forma unánime
una resolución que alienta “a los Estados, las instituciones financieras internacionales y otras
organizaciones a que presten asistencia... en los intentos de crear estructuras e instituciones nacionales
apropiadas para controlar la explotación de los recursos” en la RDC. Hasta ahora esto no ha ocurrido,
y hay pocas expectativas de que tales instituciones se establezcan en el futuro previsible.

La experiencia en otros países, por ejemplo en Camerún, ha sido que, sin una reglamentación
cuidadosa, la industria maderera es extremadamente susceptible de caer en la corrupción y en las malas
prácticas, lo que puede tener un penetrante efecto corruptor sobre el gobierno y las estructuras
administrativas en general. Si se permite que esto ocurra en la RDC, podría haber graves resultados
negativos de larga duración.

En segundo lugar, el enfoque del Banco Mundial en cuanto al desarrollo de los bosques de la RDC
parece basarse en la suposición de que la expansión del madereo industrial traerá necesariamente
beneficios económicos a la población pobre del país. Sin embargo, hay muy pocos indicios de que esta
suposición sea válida. De hecho, la experiencia de países como Camerún demuestra que las
comunidades que viven en los bosques, a menudo las más pobres, se empobrecen aun más, pues la
industria del madereo puede destruir los recursos de los cuales los habitantes de los bosques dependen
para su mero sustento, como granjas a pequeña escala en los bosques, agua potable, caza silvestre,
frutas y aceites y medicinas naturales.

Por lo tanto, el desarrollo de la industria del madereo a gran escala en la RDC podría tener graves
repercusiones negativas sobre millones de personas pobres. Como bien señaló el informe de ARD:

“Dada la debilidad del gobierno, una paz sostenida podría desencadenar un período de madereo
intenso en muchas partes del Congo, haciendo destrozos en el medio ambiente, reduciendo o
destruyendo la biodiversidad y dañando materialmente las posibilidades de vida de los grupos
humanos que más dependen de los bosques para su supervivencia, por ejemplo los pigmeos del Congo
(que suman unos cuatro millones de personas)”.

En tercer lugar, el enfoque del Banco también parece no reconocer que, al igual que en toda África, las
comunidades que han estado presentes durante cientos o incluso miles de años reclaman vastas zonas
de los bosques del Congo en virtud de ‘derechos consuetudinarios’. En la RDC, como en todas partes        Formatted: Spanish (Uruguay)
del mundo, el Estado reclama para sí la propiedad de las tierras donde hay bosques, y el nuevo Código     Formatted: Spanish (Uruguay)
de Manejo de Bosques reafirma este reclamo. Sin embargo, la experiencia de países como Camerún es
que el no reconocimiento apropiado de los derechos de los pobladores locales puede provocar
conflictos sociales graves, persistentes y violentos.

En cuarto lugar, a pesar de la cantidad de ramificaciones ambientales, sociales y económicas de sus
intervenciones en el sector forestal de la RDC, hasta el momento no se ha aplicado ninguna de las
políticas de salvaguardia internas del Banco, como las relativas al medio ambiente. El apoyo prestado
por el Banco a la modificación de las leyes forestales de la RDC en 2002 fue procesado como parte de
un crédito de ajuste estructural, y por lo tanto no se sujetó a las políticas de salvaguardia. El Banco
también brindó apoyo a la ‘operacionalización’ del Código de Manejo de Bosques en 2004, que en            Formatted: Spanish (Uruguay)
forma similar fue procesado como crédito de ajuste estructural y por lo tanto tampoco se sujetó a las     Formatted: Spanish (Uruguay)
políticas de salvaguardia.

Tal como se señala arriba, el apoyo del Banco a la ‘división en zonas’ de los bosques de la RDC y la      Formatted: Spanish (Uruguay)
preparación del sistema de concesiones para el madereo fue brindado, en setiembre de 2003, en forma       Formatted: Spanish (Uruguay)
de EESRSP. Fue clasificado como proyecto de ‘Categoría B’, lo que puso en marcha las siguientes           Formatted: Spanish (Uruguay)
políticas del Banco: Evaluación Ambiental (OP 4.01), Silvicultura (OP 4.36) y Reasentamiento              Formatted: Spanish (Uruguay)
Involuntario (OP 4.12). Sin embargo, el Banco también aplicó a este proyecto la OP 8.50, directiva
concerniente a la ‘Ayuda para la recuperación de emergencias’, posponiendo por lo tanto los requisitos    Formatted: Spanish (Uruguay)
de aplicación de todas las otras políticas de salvaguardia por 12 meses. En abril de 2005 las             Formatted: Spanish (Uruguay)
evaluaciones sociales y ambientales necesarias para este proyecto todavía no habían comenzado. Lo
que es aun más grave, a pesar de los potenciales impactos devastadores de la expansión de las
concesiones para madereo industrial en la RDC sobre los numerosos pueblos ‘Pigmeos’ del país, el          Formatted: Spanish (Uruguay)
personal del Banco ni siquiera trató de aplicar la Política sobre Pueblos Indígenas (OD 4.20) en este     Formatted: Spanish (Uruguay)
proyecto, quizá por ser consciente de que hubiera sido muy difícil de cumplir.
Además de eludir sistemáticamente las políticas formales de salvaguardia, el personal del Banco se ha
negado permanentemente a iniciar un diálogo significativo con la mayoría de las ONGs nacionales e
internacionales y ha utilizado tácticas poco limpias para tratar de minimizar las críticas y subvertir o
cooptar a las organizaciones críticas. Por ejemplo, en diciembre de 2003 la organización Rainforest
Foundation envió una detallada carta al Banco Mundial solicitándole que esclareciera su participación
en el sector forestal en la RDC y planteando varias de las inquietudes arriba mencionadas. En abril de
2005, 16 meses más tarde, no se había recibido una respuesta sustantiva.

Las primeras ‘reuniones’ entre el Banco y sus críticos nacionales e internacionales consistieron en          Formatted: Spanish (Uruguay)
furiosas conferencias de 90 minutos a cargo del representante del Banco en el lugar. El Banco se negó        Formatted: Spanish (Uruguay)
a discutir los detalles de sus actividades y a ‘cooperar’ con Rainforest Foundation, aduciendo que la        Formatted: Spanish (Uruguay)
fundación había ‘informado mal al público acerca del Banco’, pero cuando se le pidieron detalles sobre       Formatted: Spanish (Uruguay)
lo que consideraba era ‘informar mal’ se negó a hacerlo, alegando que esto sería ‘cooperar’.                 Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
Durante un ‘Foro sobre bosques’ nacional organizado en la RDC por el Banco en noviembre de 2004,
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
se descubrió que partes sustanciales del texto de un borrador de ‘declaración de las ONGs’ que tenía
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
que ser entregado por una organización de Kinshasa cercana al Banco habían sido redactadas por el
mismo Banco. Este torpe engaño fue rápidamente identificado y resuelto por auténticas ONGs                   Formatted: Spanish (Uruguay)

nacionales, junto con ONGs internacionales entre las que se contaban WWF, Greenpeace,                        Formatted: Spanish (Uruguay)
Conservation International, Wildlife Conservation Society y CARE, que en su lugar emitieron un               Formatted: Spanish (Uruguay)
llamado a la continuación de una moratoria de hecho al otorgamiento de nuevas concesiones de                 Formatted: Spanish (Uruguay)
madereo mientras no se cumplieran varias condiciones estrictas.                                              Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
Durante 2004 y 2005, el Banco hizo circular una serie de borradores de un informe sobre una ‘revisión        Formatted: Spanish (Uruguay)
del sector forestal’ que evidentemente pretende justificar a posteriori su propuesta de industrialización
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
de los bosques de la RDC. En un esfuerzo desesperado para recuperar algún tipo de credibilidad y
demostrar el apoyo de las ONGs, el Banco expresó su reconocimiento a Greenpeace y Global Witness
por sus ‘valiosos aportes’ a este informe, aunque rápidamente se supo que Greenpeace ya había                Formatted: Spanish (Uruguay)
declarado por escrito que no compartía el análisis fundamental del Banco y no quería que se la               Formatted: Spanish (Uruguay)
asociara con el informe. En cuanto a Global Witness, ni siquiera habían leído el documento en el que
el Banco les agradecía sus aportes. Para marzo de 2005, reconociendo quizás que se estaba
enfrentando a graves críticas de parte de los representantes indígenas ‘Pigmeos’ más activos y               Formatted: Spanish (Uruguay)
articulados de la RDC, el Banco empezó a ‘organizar’ otras ‘ONGs pigmeas’ en Kinshasa.                       Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
Junto con todo esto, el Banco ha seguido engañando al público y los medios en cuanto a sus                   Formatted: Spanish (Uruguay)
intenciones. La única explicación sustantiva de sus actividades forestales en la RDC disponible para el      Formatted: Spanish (Uruguay)
público, un ‘comunicado de prensa’ cuidadosamente redactado en el sitio web del Banco, declara que:
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“El Banco no está financiando ninguna actividad de madereo industrial en la RDC. El apoyo financiero
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
actual al sector forestal abarca servicios de asesoría, estudios, talleres, capacitación y fortalecimiento
institucional. Este apoyo se brinda a través de varias actividades multisectoriales, entre ellas el
Proyecto de emergencia económica y social y de apoyo a la reunificación (EESRSP Cr. 3824DRC).
Este proyecto tiene un componente para el sector forestal de 4 millones de dólares, que financiará la
revisión de los contratos forestales y la planificación de la utilización de los bosques”.

Esta declaración no menciona el apoyo del Banco, en virtud del proyecto EESRSP, a la
‘instrumentación del sistema de concesiones forestales’, ni el hecho de que la propia documentación          Formatted: Spanish (Uruguay)
del Banco (que lleva el rótulo ‘solamente para uso oficial’) demuestra que realmente evaluará el éxito       Formatted: Spanish (Uruguay)
de este proyecto según la cantidad de nuevas concesiones otorgadas para el madereo.                          Formatted: Spanish (Uruguay)
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Mientras que el Banco ha enfatizado su inquietud de que el desarrollo de la RDC beneficie a las
personas que allí habitan, no ha hecho nada para ponerla en práctica. En su lugar ha continuado con la
creencia fatalmente errónea de que, en medio de una situación casi de guerra civil, con un gobierno
que en gran parte es apenas nominal y que más que nada sirve a los intereses personales de sus
integrantes, con instituciones financieras que se sabe son completamente corruptas y con las funciones
básicas de gobierno aún frágiles, en el mejor de los casos, todavía sería posible establecer una industria
de la madera ambientalmente aceptable, socialmente sensata y económicamente beneficiosa.

Pocos observadores creen que esto sea otra cosa que un dogma ideológico impulsado por noveles
funcionarios del Banco ávidos de promoción, que al fin de cuenta no rendirán cuentas de sus acciones.
Lo más probable es que el enfoque del Banco beneficie a pocos que no sean las empresas madereras
extranjeras, en especial alemanas y francesas, que según se sabe han estado presionando al Banco, al
más alto nivel, para que éste asuma una postura favorable sobre la industria de la madera.

Con esto no se quiere decir que no haya una función para el Banco en los bosques de la RDC; de
hecho, es una de las pocas instituciones que pueden tener la habilidad y el peso financiero para
promover un futuro diferente para los bosques del Congo.

Con esto tampoco se quiere decir que no hay lugar para la explotación comercial de la madera en los
bosques de la RDC. Sin embargo, el desarrollo de la industria de la madera en el Congo no debe
ocurrir a expensas de los derechos y el sustento de quizá decenas de millones de personas pobres que
habitan en los bosques. Un enfoque tan apresurado podría resultar en un grave conflicto social de larga
duración, tendría efectos negativos sobre los más vulnerables de la sociedad congoleña y provocaría
daños ambientales duraderos o irreversibles.

En cambio, el Banco Mundial, la FAO y el gobierno congoleño deberían adoptar un enfoque que
reduzca los riesgos de conflicto y de daño ambiental y que al mismo tiempo beneficie directamente a
los más pobres del país, los que viven en los bosques. Específicamente, las autoridades nacionales e
internacionales deberían, tal como ha sugerido la sociedad civil congoleña y extranjera, mantener
rigurosamente la moratoria a la expansión del madereo industrial hasta el momento en que se hayan
considerado seriamente las alternativas al madereo industrial, se hayan relevado correctamente las
tierras de la comunidad local y reconocido los derechos de las comunidades y se haya examinado y
apoyado el desarrollo de los bosques comunitarios.

El Banco debería apoyar, como asunto de máxima prioridad, una investigación independiente sobre las
siguientes omisiones de su parte: el no cumplimiento de la resolución 1457 del Consejo de Seguridad
de la ONU; la no justificación de la línea de acción que propone para los bosques de la RDC; la no
iniciación ni instrumentación de sus políticas internas de salvaguardia; el comportamiento de su
personal en relación con las ONGs nacionales e internacionales.

A fines de 2004, los mayores bosques de la Tierra relativamente poco perturbados son los bosques
tropicales de la República Democrática del Congo. La comunidad internacional tiene la oportunidad
trascendental de explorar e instrumentar nuevos enfoques en lugar de aquéllos que han fracasado tan
rotundamente en otras partes del mundo.

Por Simon Counsell, The Rainforest Foundation-UK, correo-e: simonc@rainforestuk.com,
http://www.rainforestfoundationuk.org                                                                        Field Code Changed
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- Argentina: destrucción de la selva misionera equivale a genocidio de los Mbya Guaraní                      Formatted: Spanish (Uruguay)


En la provincia de Misiones, ubicada en el nordeste argentino, las autoridades del antiguo pueblo
Mbya Guaraní (ver Boletín Nº 87 del WRM), que habitan lo que hoy constituye la Reserva de Yabotí,
han recurrido a la justicia penal para denunciar por genocidio al gobernador de la provincia, Carlos
Rovira.
Los Mbya Guaraní, antiguos habitantes de la selva misionera que durante siglos vivieron como parte
de ella sin sentirse sus dueños, vieron sus territorios amenazados cuando la empresa Moconá Forestal
S.A., con el aval del gobierno provincial, comenzó a deforestar lo que constituye su medio de vida y
sustento.
En la presentación judicial los Caciques describen cómo están organizadas sus comunidades desde
hace siglos, y denuncian al gobierno misionero por querer imponerles organizaciones que los propios
funcionarios inventaron "para dividirnos y poder así controlarnos mejor". Raúl Montenegro, Premio
Nóbel Alternativo 2004 y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), afirma
que "la gran cantidad de árboles que taló la empresa Moconá Forestal S.A. en Yabotí pese a la veda,
muestra que allí continúa el genocidio silencioso y la brutal destrucción de la selva”. En los últimos
meses, varios niños de las comunidades murieron de desnutrición. Desde agosto de 2004, Caciques y
miembros de unas 40 comunidades Mbya Guaraní se han turnado en la plaza central de Posadas para
pedir el reconocimiento de sus derechos, la devolución de sus territorios ancestrales y la renuncia del
Director de Asuntos Guaraníes. Hasta ahora, el gobernador sigue negándose a recibirlos.
"Mientras los niños Mbya Guaraníes mueren de desnutrición porque el hombre blanco tala su selva y
los margina, el gobierno de Misiones y varias organizaciones extranjeras construyeron una Estación
Biológica con aire acondicionado, calefacción y todas las comodidades", recordó irónicamente Raúl
Montenegro. “Conservar no es inaugurar una estación biológica para que los extranjeros, por más
reconocidos que sean, jueguen a los exploradores. Conservar es proteger lo poco que queda de selva
mediante un trabajo conjunto de comunidades indígenas, gobierno y otros sectores de la sociedad",
denunció Montenegro.
Ariel Araujo de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de la Región Chaqueña y
Misiones (COPIRECHA), la organización que acompaña a los Mbya en su lucha, expresó que la
insensibilidad del gobierno "es agobiante e incomprensible. No les importa ver sufrir a niños, mujeres
y hombres. Solo quieren que los indígenas sigan haciendo lo que dice el blanco, lo que dice el
gobierno".

En su presentación al tribunal, los Caciques dicen que "nos hemos afincado en la plaza 9 de Julio de la
ciudad de Posadas, que representa 'la libertad' del pueblo blanco, y a la sombra de la estatua que
representa 'su libertad' (para) pedir se detenga la masacre de nuestros niños y ancianos".
Los hechos demuestran que la muerte de la selva es la muerte de su gente. Por eso, conservarla es un
imperativo social y lo contrario constituye un crimen ambiental y un genocidio, como lo denuncia el
pueblo Mbya Guaraní.

Artículo basado en información obtenida de: “Indígenas Mbya Guaraní denuncian penalmente por
genocidio a Gobernador Rovira y Ministros de Misiones (Argentina)”, enviado por Servicio de
Información Indígena SERVINDI, Nº 35, correo electrónico: servindi@amauta.rcp.net.pe;                     Formatted: Spanish (Uruguay)
“Vergonzoso: el gobernador Rovira recibe a dos ingleses y un estadounidense interesados en Yabotí,        Field Code Changed
pero no a indígenas guaraníes que están en la plaza de Posadas desde hace 52 días”, FUNAM,                Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.funam.org.ar/ingleses.htm                                                                      Field Code Changed
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- Brasil: préstamo del Banco Mundial a Aracruz viola política forestal del Banco

El mayor productor del mundo de celulosa blanqueada de eucalipto tiene planes de agrandarse aún
más. El año pasado, Aracruz Celulose produjo 2,5 millones de toneladas de celulosa. La compañía está
estudiando cinco sitios posibles para construir una nueva planta de celulosa con una capacidad de
producción de un millón de toneladas anuales. En los próximos dos años, Aracruz gastará 600 millones
de dólares en la modernización de sus plantas de celulosa ya existentes, y ampliará la superficie de
plantaciones de eucaliptos, que ahora ocupan 305.000 hectáreas.

El Banco Mundial está muy afín de ayudar a Aracruz con sus planes de expansión. En noviembre de
2004, el Directorio de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), parte del
Grupo del Banco Mundial, aprobó un préstamo de 50 millones de dólares para Aracruz. El especialista
en medio ambiente del IFC, Meter Neame, me dijo que “El IFC tiene mucho gusto en apoyar a esta
compañía brasileña líder en el sector forestal, así como reconocer sus programas ambientales y
sociales y el avance que han realizado en esos sectores”.

Las plantaciones de Aracruz fueron establecidas en tierras de comunidades locales, entre ellas de los
pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní. Aracruz construyó su planta de celulosa en el Estado de
Espírito Santo, en una aldea Tupinikim llamada Aldea de los Monos.

En febrero de 2005, el WRM recibió una copia de un informe filtrado del IFC, en el que el personal de
dicho organismo informaba al Directorio sobre el préstamo propuesto. En el informe, el personal del
IFC desestimaba las críticas a Aracruz: “Aracruz ha sido objeto de acusaciones relativas a sus prácticas
ambientales y sociales, típicamente de organizaciones no gubernamentales (“ONGs”) con fines
políticos o anti plantaciones”. El personal del IFC aparentemente no consideró conveniente preocupar
al Directorio con hechos embarazosos, tales como una ocupación por parte del MST (Movimiento de
los Sin Tierra) de las plantaciones de Aracruz, que tuvo lugar en abril de 2004. El personal del IFC no
explicó al Directorio que los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní continúan protestando contra la
conversión de sus tierras en plantaciones de eucaliptos por parte de Aracruz.

El personal del IFC sí le dijo al Directorio que habían realizado una evaluación de las “prácticas de
sustentabilidad” de Aracruz, que incluyó reuniones con “autoridades locales, líderes de comunidades,
analistas de mercado y ONGs”, según el informe del IFC a su Directorio. Le pedí a Peter Neame, del
IFC, una lista de la gente y las organizaciones con las cuales se había reunido el IFC durante su
evaluación de Aracruz. También le pedí los apuntes de las reuniones de consulta.

Neame declinó brindar la información requerida y en su lugar me ofreció el Resumen de Evaluación
Ambiental. El resumen no brinda información alguna sobre las reuniones. No obstante, la respuesta de
Neame revela las carencias de la consulta del IFC con la gente local. Explicó que el Resumen de
Evaluación Ambiental “fue dado a conocer públicamente aquí en Washington y también a nivel local
en Brasil”. Añadió luego que “Ni los grupos locales ni la sociedad civil plantearon problema alguno en
respuesta a esta información”.

El préstamo del IFC infringe la política forestal del Banco Mundial, que exige que “las actividades de
extracción comercial a escala industrial” deban “ser certificadas por un sistema de certificación
forestal independiente, aceptable para el Banco”. El IFC tiene su propia política forestal, que no hace
mención alguna a la certificación. Pero, según el informe del IFC al Directorio, cuando el Banco
Mundial elaboró su nueva política forestal en 2002, el IFC “indicó al Directorio … que estaba de
acuerdo con el criterio de certificación”.

El personal del IFC no le dijo al Directorio que en 1999 el SCS (Scientific Certification Systems), una
empresa certificadora acreditada ante el FSC (Forest Stewardship Council), comenzó una evaluación
de una parte de las plantaciones de Aracruz y concluyó que la empresa no cumplía con las normas del
FSC. En vez de informar sobre ello, el personal del IFC escribió en su informe al Directorio, que
Aracruz tiene como objetivo certificar todas sus plantaciones dentro de un programa de certificación
brasileño llamado CERFLOR.

Para ser aceptable ante el Banco Mundial, un sistema de certificación debe reconocer los derechos de
los pueblos indígenas. Las normas deben elaborarse con la “participación significativa” de ONGs,
población local y pueblos indígenas. El sistema de certificación debe basarse en “normas de resultados
objetivas y medibles”. Debe ser independiente. Sus procedimientos de toma de decisiones deben ser
“justos, transparentes independientes y concebidos para evitar conflictos de interés”.

CERFLOR no cumple ninguno de esos requisitos. CERFLOR ni siquiera menciona a los Pueblos
Indígenas. Aracruz formó parte de la formulación de la norma, pero no hubo participación alguna de
pueblos indígenas y fueron muy pocas las ONGs involucradas. En lugar de especificar normas de
resultado mínimas, CERFLOR exige la aplicación de planes y programas. Para acceder a las normas
de CERFLOR hay que pagar una tarifa. Los resúmenes de las evaluaciones no están disponibles
públicamente. En lugar de evitar conflictos de interés, CERFLOR parece destinado a fomentarlos.
Aracruz representa a la Asociación Brasileña de Celulosa y Papel en el Subcomité Técnico Forestal del
Comité Brasileño de Certificación.

El IFC encomendó a un “especialista forestal independiente” que verificara si CERFLOR cumple con
la política forestal del Banco Mundial. Neame no accedió a mi solicitud de recibir una copia del
informe del consultor.

Neame me dijo que CERFLOR “es en general compatible con los requisitos de un sistema aceptable
conforme a lo especificado en la política forestal del Banco Mundial”. Para Neame, los problemas con
CERFLOR son simplemente “áreas que pueden ser mejoradas”.

Si bien el personal del IFC reconoció en el informe al Directorio que “CERFLOR todavía no cumple
íntegramente con la nueva política del Banco”, decidieron que “para el futuro sería conveniente que
tanto IFC como Aracruz trabajasen en forma cooperativa con los organismos brasileños de
acreditación y fijación de normas … para mejorar las normas y procedimientos de CERFLOR y que
lleguen a ser íntegramente aceptables”.

Este criterio, escribió el personal del IFC, “puede ser tenido en cuenta para estar a la altura del espíritu
de la nueva política del Banco”. Pero si el Banco Mundial puede decidir simplemente que los
préstamos deben cumplir únicamente con el espíritu y no con la letra de las políticas del Banco,
entonces de poco sirven las políticas.

Por Chris Lang, e-mail: chrislang@t-online.de
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- Paraguay: la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental

El 13 de diciembre de 2004 el Congreso paraguayo aprobó la Ley Nº 2524 “De prohibición en la
Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura
Boscosa”. La misma fue conocida posteriormente como la Ley de Deforestación Cero. Esta Ley
menciona que su objetivo principal es “propiciar la protección, recuperación y el mejoramiento del
bosque nativo en la Región Oriental” por lo cual, a partir de la fecha de promulgación de la presente
Ley y por un periodo de dos años, queda “prohibida la emisión de permisos; licencias, autorizaciones
y/o cualquier documento jurídicamente válido, que ampare la transformación o conversión de
superficies con cobertura de bosques nativos, a superficies destinadas a aprovechamiento agropecuario
en cualquiera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos humanos”.

El Paraguay es un país en el cual los decretos tienen sus historias y por decreto se han declarado,
prohibido, permitido o promocionado un sin número de acciones, algunas de ellas beneficiosas y otras
con resultados catastróficos para la ciudadanía. El Decreto Ley 2524/04 no escapa del esquema en el
cual son elaboradas y aceptadas las Leyes en el país. Esta situación nos lleva a considerar ciertos
puntos que guardan relación con la efectividad de dicha Ley para “propiciar la protección,
recuperación y el mejoramiento del bosque nativo” así como el contexto temporal y social en el que
aparece la Ley:

- El 2 de noviembre de 2004, un mes antes de la promulgación de la Ley 2524, la Secretaría del
Ambiente resuelve mediante la Resolución Nº 1133, que “las Licencias Ambientales o Declaraciones
de Impacto Ambiental otorgadas por la Secretaria del Ambiente (SEAM) en el Marco de la Ley de
Impacto Ambiental, para planes de uso de la tierra, no contemplan la Autorización de Desmontes,
quedando bajo exclusiva responsabilidad del Servicio Forestal Nacional, la aprobación de desmontes
propuestos en los planes de uso de la tierra”. De esta manera la SEAM deja en manos del Servicio
Forestal Nacional (dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería) la responsabilidad de
otorgar los permisos para desmontes.

- La región Oriental del país cuenta con menos de un millón setecientas mil hectáreas de bosques
remanentes de las más de ocho millones quinientas mil hectáreas con que contaba hace cuarenta años.
Esta deforestación fue impulsada por el propio gobierno a través de planes de extensión de la frontera
agrícola, créditos blandos para los grandes latifundistas y con la especulación inmobiliaria tras la
construcción de carreteras y dos grandes represas, todas estas acciones enmarcadas dentro de planes y
créditos brindados especialmente para estas actividades por instituciones financieras internacionales
como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y con el asesoramiento técnico de la
FAO, en la mayoría de los casos. Muchos de estos planes y proyectos continúan hasta hoy sin cambio
alguno.

- La Ley tiene un período de duración de dos años inicialmente, tiempo que no permite ver cambios,
mejoras o recuperación alguna en la mayoría de las zonas que han sido deforestadas, las cuales están
hoy ocupadas por latifundios ganaderos o monocultivos de soja.

- La Ley no hace mención a la Región Occidental del País (la cual representa el 61% del territorio),
cubierta en gran parte por bosques sobre suelos sumamente frágiles y donde la deforestación está
avanzando a pasos agigantados, dejando tras de sí desertificación, pobreza y expulsión de
comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.

- La Ley aparece en un momento de gran tensión social y de movilizaciones campesinas que buscan
reivindicar su derecho a la tierra.

La rápida promulgación de esta Ley, más los puntos anteriores, nos hacen dudar del objetivo real del
decreto y por sobre todo de su efectividad para detener la deforestación, cuando las verdaderas causas
no son analizadas, cuando todavía hoy las autoridades responsables de promocionar y hacer cumplir
las leyes son las primeras en violarlas.

Ejemplos de lo anterior se dan todos los días y el 28 de enero de este año, a poco más de un mes de
haber sido aprobada la ley, un “honorable” Diputado de la Cámara Baja del Congreso dio uno de ellos,
al ordenar la liberación de un camión que transportaba rollos (madera sin aserrar) de manera ilegal. El
camión, el chofer y los rollos no tenían documentos, pero aún así el diputado ordenó su liberación y
amenazó a la fiscal, que había detenido el camión, con removerla del cargo. Estas acciones del
diputado han motivado la reacción de la sociedad civil, quienes piden en este momento su desafuero.
Sin embargo, éste será un trabajo muy difícil, ya que el diputado en cuestión pertenece al partido en el
poder y con mayoría en el Congreso.

Todo lo anteriormente expuesto, más otros innumerables casos de abuso de poder y de desidia de las
autoridades cuando se trata de temas ambientales y por sobre todo sociales, nos dejan con muchas
interrogantes acerca de esta Ley y su efectividad como mecanismo para frenar el proceso de
deforestación, ya que además no presenta más alternativa que la prohibición, sin mencionar procesos
de uso sustentable, ordenamiento territorial y recuperación de aquellas zonas que han sido
deforestadas.

Por: María José López, Sobrevivencia, correo electrónico: bosques@sobrevivencia.org.py, Error!             Formatted: Spanish (Uruguay)
Hyperlink reference not valid.www.sobrevivencia.org.py                                                     Field Code Changed
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- Perú: Minera Yanacocha retrocede ante resistencia popular                                                Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
En Perú, los departamentos donde prevalece la minería ostentan los más altos niveles de pobreza del
país. Tal es el caso de Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha --51.35% de cuyas
acciones las posee la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo
nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Minera Yanacocha actúa en Cajamarca desde 1993 y es la segunda mina de oro más grande en el
mundo. Si bien Cajamarca aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto
departamento más pobre del país, con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la
extrema pobreza.

El 2 de setiembre de 2004, cerca de 3.000 campesinos marcharon hacia el campamento de la empresa
Minera Yanacocha (ver Boletín Nº 86 del WRM), ubicado en el Cerro Quilish, exigiendo que no se
realizaran las nuevas labores de exploración proyectadas en Quilish, Yanacocha Sur y Cuenca Porcón.
Se trata de una zona con un ecosistema muy frágil, ubicada en una parte alta, en cabecera de cuenca.
Quilish está a sólo 8,5km. de la planta de tratamiento de agua potable “El Milagro”. Según estudios e
informes técnicos, su exploración y posterior explotación pondría el agua en grave riesgo de
envenenamiento, con la consiguiente repercusión en la salud y la vida de la población del área urbana
y rural, además de un creciente desabastecimiento de agua.

A los enfrentamientos entre campesinos y efectivos policiales le siguió el ataque desde un helicóptero
facilitado por el Ejército, de donde lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes para
dispersarlos. El enfrentamiento terminó con varios lesionados, entre ellos un herido de bala, y varias
detenciones, incluso de niños y ancianos.

A los pocos días, en una marcha multitudinaria realizada el 15 de setiembre, día de paro regional, la
población cajamarquina exclamaba: “Escucha Yanacocha: Cajamarca se respeta”, “Pueblo inteligente
defiende el medio ambiente”, “La vida es un tesoro que vale más que el oro”, “Queremos agua limpia
y no contaminada”, “¡Si se puede, Sí se puede!”

La contundente protesta cívica del pueblo de Cajamarca por su legítimo derecho a consumir agua
limpia, libre de metales pesados, dio sus frutos. Después de dos semanas de movilizaciones y protesta
cívica, el Ministerio de Energía y Minas dejó sin efecto la autorización expedida a la minera
Yanacocha en el cerro Quilish. Se instalará una Mesa de Diálogo para discutir las alternativas
concretas a problemas concretos ocasionados por Minera Yanacocha. La sociedad civil presentará sus
propuestas al Estado Peruano.

Queda por delante la tarea de seguir informando y organizando. Pero el pueblo está claro y dice:
“Cuando las lagunas de cianuro se filtren por nuestros ríos, no nos salvarán ni el oro ni el dinero
¡despierten cajamarquinos!”

Artículo basado en información obtenida de: “El retroceso de Yanacocha”, Iván Salas Rodríguez,
enviado por SERVINDI, Nº 31, correo electrónico: servindi@amauta.rcp.net.pe; “Cajamarca
dignidad”, Iván Salas Rodríguez, http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=13944;
“Impacto de la minería en América Latina”, Mines and Communities,
http://www.minesandcommunities.org/Action/press545.htm
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AFRICA ASIA

- Camboya: los engaños del Banco Mundial

En 2004, el director del grupo a cargo del Proyecto Piloto de Manejo y Control de Concesiones
Forestales (FCMCPP por sus siglas en inglés) del Banco Mundial describió el sistema de concesiones
forestales de Camboya como “inadecuado en el papel, disfuncional en la realidad”. Podría haber
agregado que todos los concesionarios han cometido infracciones legales o contractuales y vastos
saqueos a lo que el Banco Mundial denominó “el recurso natural de Camboya más importante en
términos de desarrollo”. Estas consideraciones no han evitado, no obstante, que el Banco Mundial
invirtiera cinco años en apoyar a este mismo sistema de manejo defectuoso y sus operadores piratas.

En el año 2000, el Banco lanzó el proyecto FCMCPP de U$S 5 millones, con el objetivo de reformar
el sistema de concesiones de Camboya a través de la asistencia técnica a la Administración de Bosques
y a los concesionarios del madereo. El FCMCPP estuvo asociado a un Crédito de Ajuste Estructural
(SAC por sus siglas en inglés) de US$ 30 millones que recibió el país. El Banco condicionó la
liberación de la segunda partida de US$ 15 millones de este préstamo al progreso en la reforma del
sector forestal.

Vincular el desembolso del préstamo con el desempeño del gobierno en el tema bosques tenía sentido.
A la inversa, la hipótesis del Banco de que era posible hacer funcionar el sistema de concesiones
existente estaba completamente fuera de lugar. Para el momento en que se inició el proyecto, Global
Witness y otros habían estado documentando las actividades de los concesionarios –el madereo ilegal,       Formatted: Spanish (Uruguay)
el abuso de los derechos de la población local y la evasión de las regalías de venta al por mayor- a lo
largo de varios años. Al basar los objetivos de su proyecto en el presupuesto de que se debía mantener
el sistema, el Banco fusionó imprudentemente sus intereses con los de las compañías madereras y sus
patrocinadores gubernamentales.

La decisión del Banco de usar el dinero del préstamo para beneficiar a las compañías madereras
infringió su Política de Bosques de 1993. Los arquitectos de FCMCPP, sin embargo, se habían
anticipado casi dos años a la introducción de una nueva política más permisiva; de hecho los
documentos del proyecto de 2000 predecían que la revisión de la política del Banco de 1993 “debe
construir la legitimidad para la participación en la explotación de bosques de producción”. El
FCMCPP parece haber sido concebido para justificar los futuros proyectos forestales del Banco que
involucren el apoyo directo a la tala comercial.

El principal componente del proyecto ha implicado ayudar a las compañías a cumplir los
requerimientos del gobierno de nuevos planes de manejo sustentable de bosques y evaluaciones de
impacto social y ambiental. El personal del proyecto evaluó luego los mismos planes que ellos habían
ayudado a producir, utilizando un sistema de puntajes que asignaba una importancia abrumadora al
volumen de madera en pie y no a la calidad de la planificación o la consulta pública.

Los esfuerzos para reducir las prohibiciones a las compañías y de diluir o evadir las normas han sido la
marca característica del FCMCPP. El Banco ha instado a diferir las evaluaciones completas de impacto
social hasta que las compañías obtuvieran la aprobación para sus planes de manejo de nivel estratégico
(25 años). También ha argumentado en contra de exigirles a las compañías el cumplimiento de los
plazos acordados. En diciembre de 2001, luego de que ninguno de los concesionarios enviara sus
planes de manejo a tiempo, el gobierno camboyano suspendió la tala y el transporte de rolos. El Banco,
sin embargo, presionó con éxito para levantar la prohibición del transporte, erosionando así uno de los
pocos puntos de influencia sobre las compañías.

En noviembre de 2002, el Banco aceptó tomar en cuenta la obligación legal del gobierno camboyano
de revelar públicamente los planes de manejo de los concesionarios. Sin embargo, cuando los
pobladores locales fueron a la oficina del Banco Mundial en Phnom Penh a solicitar los documentos, el
personal del Banco les anunció que no disponían de fondos suficientes para las fotocopias. En las
semanas siguientes, las compañías y los funcionarios organizaron tardíamente consultas públicas para
discutir los planes. Aunque varias consultas fueron imposibilitadas por la intimidación, el vice-
presidente regional del Banco las declaró satisfactorias.
Los esfuerzos del FCMCPP por ayudar a los concesionarios en todo el proceso de planificación del
manejo de bosques llegó a un punto crítico a mediados de 2004, cuando el equipo de proyecto
recomendó que el gobierno camboyano aprobara los planes de nivel estratégico de seis compañías
madereras. Los documentos de planificación del FCMCPP establecen que “los planes de gestión y
operaciones de las concesiones desarrollados con la ayuda de asistencia técnica servirán como modelos
para planes similares a desarrollarse, subsecuentemente, en todas las concesiones en operación”. Dada
la calidad de los planes que el proyecto recomendó para su aprobación, uno solo puede desear que esa
expectativa no se concrete. Los puntos destacados de los seis “modelos” incluyen la intención
declarada de los concesionarios de talar los árboles de resina de los pobladores locales en clara
infracción de la ley, propuestas de exclusión ilegal de la población local de las áreas de las concesiones
y textos plagiados de planes de otras compañías. El Banco puede argumentar que sus intervenciones
han brindado apoyo a un conjunto de objetivos colectivamente acordados sobre la reforma forestal
pero en realidad, han servido para socavar las salvaguardas diseñadas para excluir a las compañías
predadoras y habilitar a los ciudadanos comunes de Camboya a hacer rendir cuentas a las demás.

Gracias al FCMCPP, las seis compañías cuyos planes respaldó están ahora en una posición más fuerte
que antes que el proyecto comenzara. Es improbable que ninguna de ellas hubiera tenido la
oportunidad de pasar la etapa de planificación de nivel estratégico sin la asistencia provista por el
FCMCPP, tanto a través del asesoramiento técnico brindado para el bosquejo de los planes como en el
enfoque excesivamente complaciente que utilizara para evaluarlos. Además, como ya se demostró, las
seis compañías ahora pueden utilizar el respaldo del Banco para desviar las críticas a sus operaciones.
Durante los próximos 25 años, o más bien hasta que hayan terminado de liquidar sus concesiones, las
seis compañías se presentarán como los concesionarios que han obtenido el sello de aprobación del
Banco Mundial. Al mismo tiempo, el Banco no ha logrado introducir ningún cambio en el
funcionamiento del sector forestal que pueda persuadir a las compañías a mostrar un poco más de
respeto por la ley y los derechos de la población local, una vez que reanuden la tala.

Las desventuras del Banco en la reforma del sistema de concesiones no persuadieron al gobierno
camboyano a acatar las condiciones para el desembolso de la segunda partida de US$ 15 millones del
SAC. Con la fecha revisada para la liberación de la partida (diciembre de 2003), acechando en el
horizonte, seguían sin cumplirse muchas de las condiciones, en particular el requerimiento de que los
concesionarios completaran el programa de reestructuración y planificación. Ansioso por pasar raya al
conflictivo SAC, el Banco declaró -faltando a la verdad- que el único compromiso que todavía tenía
que cumplir el gobierno era la designación de un nuevo monitor independiente del sector forestal. Esta
condición fue entonces inmediatamente cumplida al poner el Banco, a través del FCMCPP, el dinero
para contratar a la empresa suiza SGS para que cumpliera ese rol. El dinero del SAC fue debidamente
desembolsado; sin embargo el juego de manos del Banco agravó seriamente el deterioro de su
credibilidad.

La críticas de años no han generado cambios sustanciales en el enfoque del Banco en Camboya. Hay
señales de que hay quienes dentro del Banco reconocen que se han cometido errores graves. Sin
embargo, resulta crítico que el personal de alto rango se haya rehusado hasta ahora a enfrentar los
errores y reparar el daño causado. En febrero de este año, un grupo de camboyanos apoyados por
ONGs presentaron un reclamo ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, expresando su
preocupación ante el hecho de que el FCMCPP ha aumentado sustancialmente la probabilidad de que
las comunidades vuelvan a sufrir daños a manos de los concesionarios madereros en el futuro próximo.
Luego de una visita a Camboya a mediados de marzo, el Panel hará una recomendación al directorio
del Banco Mundial a comienzos de abril sobre si debe conducir o no una investigación completa sobre
las actividades y los impactos del proyecto.

Para obtener más detalles sobre el reclamo presentado ante el Panel de Inspección, póngase en
contacto con Mike Davis en mdavis@globalwitness.org Para obtener un resumen de los temas que                 Field Code Changed
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
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rodean a la liberación de la segunda partida del SAC por parte del Banco Mundial, consulte el artículo
de Global Witness en http://www.phnompenhpost.com/TXT/comments/c1301-1.htm                                  Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                            Field Code Changed
Por Global Witness, correo-e: mail@globalwitness.org                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                            Field Code Changed
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- África: la red Oilwatch se fortalece en Lagos
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)

El petróleo es un grave problema a nivel mundial, dado que su uso está generando el cambio climático
debido a la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Al mismo tiempo, el petróleo
representa un problema inmediato aún mayor en las áreas donde se extrae, en particular en los trópicos.
En estas regiones, la exploración y la explotación petrolera producen impactos graves sobre las
poblaciones locales, destruyendo sus vidas y formas de sustento a través de la deforestación, la
degradación de los bosques y la destrucción de los ecosistemas costeros, que a su vez generan
violaciones generalizadas de los derechos humanos y empobrecimiento generalizado.

En ese contexto, se realizó del 1º al 3 de marzo en Lagos, Nigeria, una importante reunión convocada
por Oilwatch-África: la “Conferencia sobre petróleo, conflictos por recursos y formas de sustento en
África”. Esta reunión contó con la asistencia de representantes de ONGs, académicos, medios de
comunicación y legisladores provenientes de Camerún, Chad, República del Congo (Congo-
Brazzaville), Ghana, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Sudán, así como de América Latina, América
del Norte y Europa. El WRM estuvo presente en la conferencia.

Asume Osuoka, coordinador de Oilwatch-África, inició la reunión expresando la importancia
simbólica de que el encuentro se realizara en Nigeria, país que muestra mejor que ningún otro la
paradoja del petróleo y el gas. “En tanto las compañías transnacionales se van con sus mega ganancias
y el gobierno nacional obtiene ingresos de gran magnitud de la venta de crudo en los mercados
internacionales, el pueblo de Nigeria es uno de los más pobres del planeta. La generación y el
suministro de energía eléctrica son deplorables, ya que la mayor parte de los nigerianos no tienen
acceso a la electricidad. Las infraestructuras sociales están colapsando a gran velocidad, a pesar de que
el gobierno obtiene 20 mil millones de dólares de la venta de petróleo. La ausencia de responsabilidad
y transparencia en la administración del petróleo y las alteraciones de los sectores más productivos de
la economía han traído como consecuencia el empobrecimiento masivo y la frustración de la
población”, afirmó.

En palabras de Nnimmo Bassey, presidente de Oilwatch-África y director ejecutivo de la ONG
nigeriana Environmental Rights Action (ERA), “el anuncio del descubrimiento de petróleo en
cualquier territorio es comparable a la declaración de guerra contra ese territorio”. Y agregó “el
petróleo destruye el medio ambiente, contamina el agua y el aire y también contamina la estructura
social, destruye los bosques, destruye la vida y las formas de sustento. Para el petróleo nada es
sagrado”.

Los participantes de la Conferencia de Lagos compartieron sus experiencias en los distintos países
representados, y todos ellos sumaron elementos al cuadro general descrito previamente. Además,
compartieron su voluntad de resistir la expansión de la industria del petróleo, creando alianzas dentro y
fuera del continente.

Los participantes también identificaron el problema adicional que produce la militarización creciente
del Golfo de Guinea por parte de los Estados Unidos y algunos países europeos -en particular Francia-
“alimentada por su deseo de controlar los recursos de petróleo y gas de África, incluidos sus planes de
establecer bases militares en Sao Tome y otros países del continente”, y agregaron que “la expansión
de la cooperación militar con regímenes seudo-democráticos en África constituye una amenaza grave y
preocupante, que representa en realidad una declaración de guerra hacia la región”.
Para enfrentar esa situación, la conferencia convocó a “los grupos de la sociedad civil del continente y
a otros grupos igualmente preocupados por este problema en el extranjero, a condenar fuertemente esta
agresión latente de los EE.UU. y Europa contra África, y a utilizar todos los medios necesarios para
asegurar el completo retiro de estos países de la región”.

Además, los participantes exigieron “una moratoria sobre la exploración y el desarrollo de nuevos
campos petroleros y de gas en el continente como medida de corto plazo, y que se realicen esfuerzos
para desarrollar fuentes alternativas de energía y la prohibición a largo plazo de la explotación de
combustibles fósiles”.

Más importante aún, la reunión tuvo por resultado el fortalecimiento de Oilwatch-África, que ahora
contará con una voz aún más fuerte para enfrentar las actividades destructivas de las compañías
transnacionales de petróleo y gas. Como dijera Esperanza Martínez de la Secretaría de Oilwatch
Internacional: “Resistir, organizarse, pelear es la única forma de sobrevivir. Compartir experiencias y
coordinar acciones, la mejor forma de hacerlo. Ese fue el objetivo de esta reunión y la participación
activa de todas y todos han hecho de esta conferencia un gran éxito”.

La declaración final (en inglés) de la conferencia está disponible en:
http://www.wrm.org.uy/deforestation/oil/OilwatchAfrica.html
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- The Great “Community Forest Management” Swindle In India – critical evaluation of an ongoing              Formatted: Spanish (Uruguay)
World bank-financed project in Andhra Pradesh
- Burundi: conservación de los bosques contra la gente

Burundi es un país sin salida al mar cuya superficie alcanza los 27.834 km². Además de sufrir las
secuelas de una prolongada guerra civil que ha cobrado la vida de miles de civiles, Burundi es un
campo de batalla para el ejército de Rwanda y las milicias del Congo.

La población de Burundi supera los cinco millones y está distribuida geográficamente en forma
despareja; muchas poblaciones han sido desplazadas por la crisis económica y la guerra y obligadas a
cambiar su forma de subsistencia.

Tras las sucesivas colonizaciones holandesa y belga, a las que se añaden divisiones pre-coloniales y
problemas entre los propietarios de la tierra y los agricultores de las comunidades, este país carga con
un antiguo legado colonial. La falta de acceso a la tierra ha sido una importante causa de deforestación.
Los bosques, antes extensivos, constituyen hoy el 9% de la superficie total de tierras.

El gobierno de Burundi, sin atacar las verdaderas causas del problema y aceptando la destrucción
como hecho consumado, ha prohibido recientemente a un grupo de agricultores de la provincia de
Cibitoke el acceso a la reserva natural del bosque de Kibira, un bosque de montaña que abarca 40.000
hectáreas, aduciendo que la agricultura había llevado a la destrucción del bosque en tal medida que la
zona "podría convertirse en un desierto".

Este es el enfoque típico de un gobierno presionado por el capital mundial con intereses en la
prospección biotecnológica y el turismo, que pretende establecer reservas forestales y parques
nacionales vacíos de gente, como islas perdidas en medio de un contexto de devastación.

"En [la norteña provincia de] Kirundo la gente se está muriendo debido a la escasez de alimentos; nos
preocupa que el gobierno no nos permita cosechar nuestros cultivos en la zona de Masango y sin
embargo no haya sido capaz de alimentar a todas las personas que se mueren de hambre en Kirundo",
dijo el representante de los agricultores Michel Niyonsaba, de 44 años.
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
Niyonsaba añadió que las fuertes lluvias recientes habían destruido sus hogares y algunos de sus
cultivos, pero que el gobierno no los había ayudado. La severa escasez de alimentos que asola el norte
de Burundi afecta a más de medio millón de personas e incluso ha causado la muerte de algunas. Uno
de los principales motivos es la disminución de las lluvias.

La prohibición afecta a todas las actividades agrícolas en la zona de Mirundi de la Comuna de
Bukinanyana. El presidente Niyindereye declaró que la administración local también pondría fin a la
agricultura en la zona de Ruhororo de la Comuna de Mabayi, en especial en la frontera con Rwanda y
en el bosque natural de Nyungwe.

En protesta contra la prohibición de sembrar, los agricultores expresaron que las tierras que cultivaban
habían sido otorgadas a sus mayores en 1954. Añadieron que se los expulsó de la reserva en 1980,
cuando se proyectaron los parques nacionales del país.

"Yo tenía trece años cuando nos echaron", dijo Niyonsaba. Desde entonces, continuó, intentaron a
menudo regresar a las tierras en los fértiles bosques, enfrentándose siempre a la resistencia oficial.

Un funcionario del Instituto nacional de conservación del medio ambiente y la naturaleza (Institut
National de la Conservation de l’ Environnement et de la Nature, INCEN) dijo que la mayor parte de          Formatted: Spanish (Uruguay)
la destrucción forestal de la zona había comenzado a fines de 2004, luego de que el gobernador (que
ahora ha sido separado de su cargo), distribuyera tierras de los bosques a vecinos agricultores. Según el
funcionario, la prohibición fue impuesta en un momento en que muchos de los agricultores aún no
habían sembrado sus semillas.

Parte del bosque se destruyó también durante la guerra civil de Burundi, que duró una década, cuando
las fuerzas de seguridad permitieron a las personas que vivían cerca de la carretera entrar a los bosques
para limpiarlos de los arbustos donde se sospechaba había rebeldes escondidos.

En la larga cadena de agentes responsables del desarrollo injusto, las víctimas finales son el eslabón
más débil y son acusadas del desastre, dejándolas luego libradas a su suerte.

Artículo basado en información tomada de: “Burundi: Farmers decry eviction from forest reserve”,
Integrated Regional Information Networks (IRIN), Error! Hyperlink reference not                             Field Code Changed
valid.http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=45447                                                     Formatted: Spanish (Uruguay)
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- Indonesia: invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera

Indonesia ocupa el tercer puesto en cuanto a la mayor superficie de bosque tropical en el mundo, y es
uno de los centros de diversidad biológica más ricos. Es también el segundo productor mundial de
aceite de palma; en 2004 tuvo una producción de más de 11 millones de toneladas de aceite de palma
crudo. Los bosques de Indonesia desaparecen a un ritmo de 3,8 millones de hectáreas por año, y la
tierra convertida a plantaciones de palma aceitera se ha duplicado durante la última década a casi 5
millones de hectáreas –una superficie equivalente a la de Costa Rica. La mayoría de las plantaciones        Formatted: Spanish (Uruguay)
de palma aceitera en Indonesia están establecidas en tierras que fueron, hasta hace muy poco, bosques
tropicales húmedos primarios. Según un informe encomendado por el Banco Mundial, en Indonesia
alrededor de 50 millones de personas viven en bosques que son tierras estatales y 20 millones más
viven en aldeas próximas a los bosques, de los cuales cerca de 6 millones perciben gran parte de sus
ingresos monetarios a partir de los bosques. No debería causar sorpresa, pues, que la expansión de las
plantaciones en gran escala de palma aceitera haya traído consigo destrucción ambiental y conflictos
sociales generalizados. Las instituciones financieras que las propiciaron, incluido el Grupo Banco
Mundial, deben compartir la responsabilidad por esos impactos adversos.

El Grupo Banco Mundial ha ayudado directa e indirectamente al desarrollo de plantaciones en gran
escala de palma aceitera en Indonesia. El Banco Mundial estuvo muy implicado en proyectos de
“desarrollo” durante los treinta años del régimen de Suharto. Los programas de explotación forestal de
fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, apoyaron la política forestal oficial por la cual
más de un tercio de los bosques del país fue entregado a compañías madereras comerciales, y otro
tercio destinado a “conversión” para plantaciones. Como de costumbre, los mismos conglomerados
dueños de las compañías que destruyeron los bosques por el madereo excesivo son dueños también de
las compañías plantadoras que se benefician de la tala de los bosques. Durante el mismo período, el
Banco Mundial ayudó a financiar el programa de transmigración de Indonesia. Los transmigrantes
auspiciados por el gobierno y otros colonos alentados por la política de reasentamiento de Indonesia,
fueron una mano de obra barata y de fácil acceso para el sistema de plantación núcleo (PIR, por su
sigla en indonesio). Las plantaciones también se beneficiaron de proyectos de infraestructura
financiados por el Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (CFI), ofreció por lo
menos un préstamo a una compañía indonesia durante la década de 1990 para promover plantaciones
de palma aceitera y fábricas de aceite de palma crudo.

Cuando la economía Indonesia colapsó en 1998, el FMI y el Banco Mundial impusieron como
condicionamiento la aplicación de un “programa de rescate” financiero. En ese programa estaban
incluidas medidas para promover el sector del aceite de palma, entre ellas reducciones de los
impuestos a la exportación de aceite de palma crudo y el levantamiento de la prohibición a la inversión
extranjera en empresas conjuntas de aceite de palma de Indonesia. El acuerdo FMI/Banco Mundial
también ayudó a reestructurar el sector bancario del país. Como los conglomerados en bancarrota
tenían intereses en la explotación forestal y en la banca, más de 100 compañías endeudadas vinculadas
al sector forestal obtuvieron beneficios del orden de por lo menos 2.000 millones de dólares, cuando el
Estado asumió algunas de sus deudas privadas. Una evaluación interna de las políticas y prácticas del
Banco Mundial en materia forestal, que incluía a Indonesia, llegó a la conclusión terminante de que
tanto la deforestación como la pobreza aumentaron durante la década de 1990.

Indonesia continúa extendiendo sus plantaciones. Una de las razones es la de satisfacer las demandas
de los gobiernos locales, a los que en 2001 se les dio considerable poder sobre las decisiones en
materia de utilización de la tierra y generación de ingreso, cuando se aprobó la autonomía regional. Ya
se han destinado grandes superficies para la palma aceitera: 1 millón de hectáreas en Jambi; 1 millón
de hectáreas en Kalimantán este; 3 millones de hectáreas en Kalimantán oeste –con objetivos generales      Formatted: Spanish (Uruguay)
de más de 9 millones de hectáreas. Los gobiernos locales y el gobierno central consideran ahora al
sector plantador como el motor del desarrollo y un actor importante de generación de ingresos para la
economía. Irónicamente, esto reemplaza al sector procesador de la madera –relegado a una industria         Formatted: Spanish (Uruguay)
decadente a medida que los bosques fuera de las áreas protegidas en la parte occidental del
archipiélago han sido talados a tal grado que han dejado de interesar desde el punto de vista comercial.

La rama del Grupo Banco Mundial encargada de los préstamos al sector privado, la Corporación
Financiera Internacional, se ha vuelto crecientemente activa en Indonesia. La misión de la CFI es
promover la inversión privada sustentable en países en desarrollo movilizando capital en mercados
internacionales y brindado asesoramiento técnico para grupos comerciales y gobiernos. En el contexto
indonesio, la CFI desea promover exportaciones –en especial de la agroindustria- y mejorar el clima        Formatted: Spanish (Uruguay)
para las inversiones. Sin embargo, la CFI no tiene una política en materia de palma aceitera como para
definir las condiciones según las cuales las compañías plantadoras y sus garantes financieros puedan
recibir su apoyo.

Como otras ramas del Grupo Banco Mundial, la CFI comparte el deber de ayudar a mitigar la pobreza
y mejorar las condiciones de vida de la gente, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo de las
Naciones Unidas para el Milenio. Se supone que debería entonces estar tratando de ayudar a las
pequeñas y medianas empresas indonesias, a pequeños titulares independientes, para atraer
financiamiento, de manera que puedan mejorar la productividad y el manejo de las plantaciones
existentes. Pero en lugar de eso, la CFI ofrece apoyo a algunos de los mayores actores del sector de
palma aceitera de Indonesia, entre ellos inversionistas y compañías extranjeras con un historial
ambiental y social nefasto, que ahora se están expandiendo a nuevos sectores.

Según las Directrices Ambientales y Sociales de la CFI, los proyectos se clasifican de tres formas:
Categoría A: Grandes impactos sociales y económicos
Categoría B: “Puede provocar una cantidad limitada de impactos ambientales y sociales específicos
que pueden ser evitados o mitigados adhiriendo a las normas de desempeño, directrices o criterios de
diseño reconocidos generalmente”.
Categoría C: impactos mínimos o ningún impacto ambiental adverso.

No queda claro qué sanciones impondrá la CFI –si es que impone alguna- en caso de que se ignoren           Formatted: Spanish (Uruguay)
las Directrices Ambientales y Sociales.

El capital y los préstamos destinados directamente a las plantaciones indonesias de palma aceitera
generalmente están calificados dentro de la Categoría B, de manera que es necesario realizar una
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En la práctica esto ofrece poca protección. Las EIA en
Indonesia a menudo son ejercicios mecánicos y no es poco común que el estudio sea realizado varios
años después que se haya establecido una plantación. Además, el cumplimiento de las leyes y las
reglamentaciones locales del país receptor implica que es posible ignorar impunemente los derechos de
los pueblos indígenas y que haya una aplicación débil de las normas ambientales y laborales.

La situación es aún peor para el financiamiento de la CFI relacionado con el comercio, que es
clasificado como Categoría C. En este caso existe la presunción de que no habrá impactos ambientales
adversos, si bien ni siquiera se consideran los impactos sociales y mucho menos se verifican en el
terreno. Esto significa que la CFI no puede obtener la información necesaria para asegurar el
cumplimiento de sus propias normas.

Al respecto, un caso ilustrativo es el apoyo financiero previo a la exportación brindado por la CFI a la
compañía Filmar Trading. El Grupo Filmar es el mayor procesador y exportador de aceite crudo de
palma de Indonesia. Posee cuatro refinerías en Indonesia y otra en Malasia, con una producción total
de 3,3 millones de toneladas de aceite crudo de palma por año. Tiene inversiones en, como mínimo,
85.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, pero compra aproximadamente el 90% de sus
suministros a productores indonesios que pertenecen a otros conglomerados.

La CFI describe que este proyecto “permite a Wilmar cumplir con los requisitos de su capital
circulante para comprar aceite crudo de palma de plantaciones en Indonesia y procesarlas en aceite
refinado para la exportación”. En otras palabras, la CFI ofrece una garantía de 33,3 millones de
dólares, renovable anualmente por tres años, de manera que Wilmar pueda pedir dinero prestado
fácilmente a los bancos comerciales para comprar suministros de aceite de palma. Los préstamos son
reembolsados después de haber enviado el aceite crudo de palma a los compradores en el exterior,
tales como compañías de detergentes o procesadoras de alimentos. Unilever es uno de los clientes de
Wilmar.

No queda claro por qué se considera que este proyecto merece el apoyo de la CFI. Wilmar es el
segundo comerciante de aceites comestibles del mundo. En 2002, Wilmar Holdings tenía un giro
annual de 3.530 millones de dólares y obtuvo una ganancia neta de 52,2 millones de dólares. La CFI
justifica su acción diciendo que a los bancos comerciales los pone nerviosos invertir en Indonesia. Sin
embargo Wilmar obtuvo préstamos de varias fuentes internacionales, por sí solo y a través de los
servicios de Rabobank, el banco internacional con sede en Holanda. Rabobank puede incluso ser un
inversionista de Wilmar.

No hay dudas que la garantía del crédito de la CFI facilitará las exportaciones del aceite de palma de
Indonesia y beneficiará al grupo Wilmar y sus filiales indonesias. Lo que resulta menos claro es si
pueden justificarse los argumentos de la CFI acerca de los beneficios positivos para los agricultores
locales. En efecto, la CFI no tiene formas de medir el impacto en los aparceros a pequeña escala o en
las economías locales, ya que el negocio de Wilmar está calificado como Categoría C.

La CFI nunca dio información básica al público sobre las filiales de Wilmar –incluidas las                  Formatted: Spanish (Uruguay)
plantaciones, los molinos de aceite crudo de palma y otras inversiones en Indonesia. Si bien
aparentemente Wilmar mantiene esa lista en su sitio web, la misma siempre permanece inaccesible.
Por lo tanto, es muy difícil evaluar la extensión total de las responsabilidad de la CFI. Ni la CFI ni
Wilmar asistieron a las reuniones de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable. Aún así,
ONGs holandesas e indonesias que intentan seguir los pasos de las conexiones de Wilmar, plantearon
su preocupación sobre una serie de cuestiones en materia ambiental, social y de derechos humanos.

Entre esas cuestiones se incluyen las siguientes:

- La filial de Wilmar, PT Jatim Perkasa Jaya, en la provincia de Riau, posee una plantación en un área
de bosques pantanosos de turba. Ha habido reiterados incendios forestales que quemaron esa parte del
distrito de Rokan Hilar. Las autoridades locales y ONGs ambientales están convencidas de que la
compañía está implicada en este desmonte ilegal, pero eso todavía no ha sido demostrado ante los
tribunales.

- El desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en el oeste de Sumatra ha sido el foco de violentos
conflictos desde abril de 2000, cuando la policía armada intentó intimidar por la fuerza a la población
local para que abandonara sus tierras y las dejara a la filial de Wilmar, PT Permata Hijau Pasaman.
Una ONG local supervisó las instancias de intimidación, razzias, secuestros, arrestos y tortura por
parte de las fuerzas de seguridad.

- Hay pruebas de que empresas abastecedoras de Wilmar, pertenecientes a los grupos Salim, London
Sumatra, Sinar Mas y Surya Dubai, también han participado en la destrucción de bosques, desmonte
ilegal por quema, apropiación de tierras y violaciones de los derechos humanos.

- Nuevas investigaciones han revelado que algunas cooperativas dirigidas por compañías comerciales
dejaron a los pequeños titulares esperando la asignación de predios. También identificaron casos
graves de contaminación de agua por desechos de palma y por lo menos un molino de aceite crudo de
palma que ha estado funcionando durante 4 años sin una EIA.

La reacción inmediata de la CFI al estudio de las ONG fue negar que estuviera apoyando la expansión
de las plantaciones de palma aceitera o que hubiera problemas sociales y ambientales asociados con las
filiales de Wilmar. Rechazó los informes de las disputas en torno a la tierra diciendo que Wilmar no
era responsable de la adquisición inicial de tierras para las plantaciones. Wilmar también criticó el
documento por considerarlo “incompleto e inexacto” y dijo a Rabobank que PT Jatim fue vendida a
fines de 2003. Más tarde Wilmar aceptó contratar un consultor para realizar un estudio independiente
de su desempeño social y ambiental. Antes de que fuera llevado a cabo, el Directorio de la CFI
anunció en mayor de 2004 que se había aprobado la garantía de 33,3 millones de dólares para Wilmar.

Wilmar Trading es tan solo uno de los numerosos negocios en Indonesia que plantean interrogantes
acerca del compromiso de la CFI para promover la sustentabilidad ambiental, la justicia social y la
erradicación de la pobreza. Desde 2002, la CFI ha invertido aproximadamente 3,5 millones de dólares
y ofrecido compromisos contingentes de participación en el capital social de hasta 16,5 millones de
dólares para PT Astra Internacional para la reestructura de la deuda con el fin de apoyar las
operaciones actuales y futuras de la compañía. Astra es uno de los mayores conglomerados de
Indonesia; además de las plantaciones de palma aceitera, abarca rubros como automotores y negocios
bancarios e inmobiliarios. La CFI también hizo un préstamo de 40 millones de dólares a Verdaine –
una compañía con sede en Mauricio, creada como vehículo para adquirir y manejar las plantaciones de        Formatted: Spanish (Uruguay)
palma aceitera en Indonesia. Actualmente controla una plantación de 9.100 hectáreas en el distrito
Tapanuli Selatan, de Sumatra del Norte, y una concesión de 5.000 hectáreas en la isla de Belitung, al
este de la costa de Sumatra. Uno de sus fundadores es Austindo Nusantara Jaya, otro conglomerado
indonesio con intereses en la agroindustria, la generación de energía eléctrica, la minería y los
servicios financieros. La CFI ya compró un 7% de acciones en una plantación de palma aceitera en
Bengkulu, de la empresa PT Agro Muko, filial de Austindo. La CFI también ayuda al Grupo indonesio
Wings a incursionar en el lucrativo mercado de aceite culinario, además de los negocios que ya tiene
entre manos en el rubro de productos de tocador, materiales de construcción, cerámica, cemento,
amianto, banca y propiedades. Ofreció un préstamo de 10 millones de dólares y ayudó a organizar el
préstamo de un consorcio de 11 millones de dólares para tres fincas de palma aceitera en Kalimantan
sur, que opera con el nombre de PT Gawi.

La CFI aún sostiene que su participación puede tener un impacto, tanto en términos de impactos
económicos generales positivos como en cuanto a mejoras en el desempeño ambiental y social. “La
renovada participación de la CFI en la financiación de proyectos en Indonesia envía un mensaje muy
positivo a las compañías con un compromiso de buena gestión empresarial, desarrollo sustentable y la
creación de oportunidades de empleo para el pueblo indonesio”, dijo uno de los directores de
Verdaine. Sin embargo, la cuestión importante aquí es que la CFI niega completamente cualquier
responsabilidad de sus inversiones en otros niveles de la cadena productiva. Pero las comunidades
locales cuentan una historia muy distinta a la que pintan de color de rosa los representantes de la CFI.

Por Liz Chidley, Down to Earth, correo-e: dtecampaign@gn.apc.org, http://www.dte.org                       Field Code Changed
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
- Nigeria: “pensamos que era petróleo, pero era sangre” (N. Bassey)                                        Formatted: Spanish (Uruguay)


Nigeria tiene la superficie de bosque de manglares más grande de África, la mayor parte en el delta del
Níger, donde 11.700 kilómetros cuadrados de bosques de pantano albergan especies únicas de plantas
y animales.

Sin embargo, esta riqueza invaluable está en peligro debido a la industria del petróleo que controlan
transnacionales como Shell, Agip, Mobil, Texaco y Chevron. Estas compañías han contribuido no solo
a la destrucción de los bosques sino también a la explotación y la violación de los derechos humanos
de las comunidades locales, propagando conflictos y muerte (ver Boletín Nº 56 del WRM).

Recientemente, la comunidad Odioma en el área del gobierno local de Brass en el Estado Rivers fue
afectada por una tragedia. Como pasa siempre en el delta del Níger, el problema tuvo su origen en una
exploración petrolera, y puede rastrearse al año 1998 cuando Shell descubrió la existencia de petróleo
en Owukubu, un pantanal en la vecindad de la comunidad. La propiedad de esta área había dado origen
a una disputa local entre las comunidades de Odioma y Obioku, que aún no había sido resuelta al
comenzar Shell sus operaciones de perforación en el área en enero de 2005.

La comunidad de Odioma sufrió un fuerte impacto y se sintió agraviada cuando la compañía Shell
comenzó las perforaciones de los pozos petroleros y diseñó una estación de flujo denominada Toru-9.
Los pobladores se concentraron en gran número en el área exigiendo que la compañía detuviera las
obras hasta que se realizara una consulta adecuada a la comunidad y se les acordara el debido
reconocimiento de su calidad de propietarios de Owukubu. Los jóvenes de Odioma ocuparon el lugar
de las obras y sólo pudieron ser retirados tras la intervención de personal militar proveniente de una
comunidad vecina.
Inmediatamente, la crisis comunal se transformó en una bola de nieve que desencadenó una serie de
fatalidades inenarrables. Una delegación de rivales en el reclamo por la indemnización, que según se
informa se dirigía a Brass en misión de paz, fue supuestamente emboscada y atacada por líderes de
Odioma. Doce personas habrían resultado muertas.

En respuesta, una Fuerza Especial Conjunta dirigida por oficiales del ejército y la marina de Nigeria
invadió Odioma el 19 de enero. Los informes establecen que su actuación no solo tiene el carácter de
“ejército de ocupación”, sino además de “operación de exterminio”. Como en otras operaciones de este
tipo realizadas antes, el ejército invasor prendió fuego a muchísimas viviendas, asesinando a más de
1.500 personas, dejando además cientos de heridos y unas 3.000 personas detenidas como rehenes,
según declaró el vocero de la comunidad de Odioma, Philemon Dickson. El resto de la población
escapó, huyendo hacia el bosque de manglares y hacia otros poblados.

“Cuando ayer llegaron los soldados a la comunidad con sus barcos de guerra, nuestro pueblo creyó
que llegaban en son de paz, y nadie se resistió. Nuestros jefes se reunieron inmediatamente en el
palacio del Amanyanabo a esperar a los soldados para que les explicaran su misión, pero no hubo
tiempo para nada más que para los disparos, unos tras otros, ... disparos y más disparos. Los soldados
le disparaban a todos, y comenzaron a quemar nuestras casas a la orilla del río”, declaró Dickson.

Los miembros de la comunidad que escaparon informaron que actualmente los soldados peinan el
bosque que bordea el poblado de Odioma en busca de personas que se hayan refugiado allí,
llevándolas a adentrarse en los pantanos y calas, que en la mayoría de los casos están infestados de
mosquitos y son prácticamente inhabitables. Es probable que sobrevengan más muertes, no sólo
producto de las balas provenientes de los fusiles de los soldados sino a causa del hambre y las
enfermedades.

Mientras tanto, Shell, cuya operación en Owukubu es la causa del conflicto en el área, no ha dicho una
palabra.

Como dice el fuerte poema de Nnimmo Bassey: “bolsas de lágrimas secas/ arroyos contaminados/ las
cosas son reales/ cuando se encuentran en sueños / vemos sus armazones con la marca de Shell/ detrás
de los escudos militares/ horcas perversas, horribles, llamadas torres de perforación petrolera/ que
perforan nuestras almas./ Pensamos que era petróleo, pero era sangre.”

Artículo basado en información obtenida de: “The Odioma Tragedy”, This Day,
http://allafrica.com/stories/200503030172.html; “Briefings on the Odioma genocide 2”, Ogele Club,        Field Code Changed
http://www.unitedijawstates.com/ogele.htm; “Again, genocide in the Niger Delta”,                         Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.unitedijawstates.com/odioma.htm#odioma                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)
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- Laos: Banco Mundial financia la represa Nam Theun 2 desconociendo sus propias políticas
                                                                                                         Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                         Formatted: Spanish (Uruguay)
En 1989, cuando la compañía australiana Snowy Mountains Engineering Corporation fue contratada
                                                                                                         Field Code Changed
para realizar un estudio de factibilidad de la represa hidroeléctrica Nam Theun 2 financiado por el
Banco Mundial, el proyecto a estudio era una represa para generar electricidad para exportar a           Formatted: Spanish (Uruguay)

Tailandia.

Dieciséis años más tarde, la generación de electricidad parece ser un producto secundario de un
proyecto cuyo objetivo es el alivio de la pobreza. El 31 de marzo de 2005, el directorio del Banco
Mundial aprobó US$ 270 millones en garantías y préstamos para la represa. “Nuestro único interés es
hacer lo que podamos para ayudar a parte de la población más pobre de Asia a aumentar sus ingresos
para que puedan tener una vida mejor –y ése es el propósito del proyecto hidroeléctrico Nam Theun           Formatted: Spanish (Uruguay)
2", declaró a “La Voz de América”, Peter Stephens, vocero del Banco Mundial en Singapur.

Stephens es plenamente consciente de que el proyecto conducirá a un incremento de la deuda del
gobierno de Laos, inundará 450 kilómetros cuadrados de bosques, humedales, campos y poblados.
Implicará el desalojo forzado de 6.200 personas y destruirá las pesquerías y los medios de sustento de
otras 120.000. El proyecto destruirá enormes áreas del último hábitat restante del elefante asiático y el
pato de alas blancas, especies en peligro de extinción.

La participación del Banco Mundial asegura una serie de contratos lucrativos para las compañías
internacionales. EDF International de Francia lidera el consorcio que construirá la represa, la compañía
Nam Theun 2 Power Company. Los otros miembros del consorcio son el gobierno de Laos, Italian-
Thai Development y la empresa pública de generación tailandesa Electricity Generating Public
Company. La ingeniería del emprendimiento está a cargo de Lahmeyer Internacional de Alemania.

"Ésta es exactamente la clase de propuesta que los procedimientos de salvaguarda del Banco Mundial
… pretenden impedir”, escribió David Hales del Worldwatch Institute. "El riesgo de un
empobrecimiento aún mayor de la gente, de corrupción y mal manejo, y de un fracaso financiero del
proyecto, es simplemente demasiado alto”.

No es de sorprender que el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn discrepe. Su trabajo,
después de todo, implica gerenciar una institución con una inmensa capacidad de autoengaño.
"Después de una larga deliberación hemos decidido que los riesgos son manejables; ciertamente, una
razón central para nuestra participación es justamente ayudar a manejar esos riesgos" dijo Wolfensohn
en una declaración emitida por el Banco luego de la decisión del directorio.

El Banco Mundial ha estado involucrado en el proyecto Nam Theun 2 desde la financiación del estudio
de factibilidad en 1989. Desde entonces, una compañía maderera de Laos operada por militares ha
hecho millones talando el área del reservorio. Miles de personas en la Meseta Nakai han visto sus
medios de sustento destruidos. Aunque los consultores internacionales se han beneficiado con millones
de dólares en estudios sobre el proyecto, el Banco Mundial ha fracasado completamente en el “manejo
de los riesgos”.

James Chamberlain es un antropólogo que vive en Laos desde 1965. En 1997 dirigía el equipo de un
proceso de “consulta” sobre el proyecto Nam Theun 2. Un video del Banco Mundial de 1997 registra
sus comentarios sobre tres grupos de pueblos indígenas que habitan el área del proyecto propuesto.
"Son principalmente cazadores y recolectores tradicionales, con muy poco desarrollo o ninguno de la
agricultura, dependen de las pasturas y tienen un modo de vida nómade”, según Chamberlain. Hablan
un lenguaje viético que no está relacionado con los otros grupos lingüísticos del área. Chamberlain los
describió como “casi extintos”, con culturas que son "muy pero muy diferentes a cualquier otra con la
que nos hayamos cruzado alguna vez”.

En el pasado el gobierno de Laos ha forzado a poblaciones de lengua viética a dejar sus bosques
espirituales y a vivir en poblados. "No funcionó" declaró Chamberlain. "La mayoría de ellos murieron,
en realidad, como resultado de vivir en poblados, tanto por razones de orden psicológico como físico".

El equipo de Chamberlain recomendó que se les permitiera a estos pueblos indígenas permanecer en
el bosque. "Creemos que se trata de una decisión consciente por parte de estos pueblos en cuanto al
estilo de vida que prefieren y al lugar donde quieren vivir. Es una preferencia ecológica" dijo
Chamberlain.

"Desde el punto de vista del Banco Mundial, y su política sobre Pueblos indígenas”, agrega, “esto es lo
que debe pasar. De acuerdo a la directiva operativa sobre Pueblos indígenas, DO 4.2, los pueblos
deben ser consultados sobre lo qué quieren hacer con su propio futuro. Y esto debe ser respetado en las
políticas y en la planificación.”.

Pero las recomendaciones de Chamberlain fueron ignoradas. En 2000, tal como lo ha documentado el
Panel de Expertos sobre Nam Theun 2 financiado por el Banco Mundial, el gobierno de Laos desalojó
34 hogares de pueblos de habla viética de sus bosques espirituales a un poblado denominado Ban
Nakadok. Al año siguiente, diez familias más fueron forzadas a mudarse a otro poblado, Ban Nathon.
Muchas familias viéticas murieron luego de haber sido desplazadas a Ban Nathon a mediados de los
años setenta.

Habiendo recomendado previamente que no se desplazara a los pueblos viéticos, en su último informe
(febrero de 2005), el Panel de Expertos recomienda que los constructores del proyecto contraten a una
ONG para trabajar con las comunidades viéticas. Según el Panel de expertos, ello serviría, "a los
efectos de comprender mejor su situación actual, para identificar sus preferencias de reubicación y
para mejorar sus formas de sustento”. En otras palabras, los constructores del proyecto, el gobierno de
Laos, el Panel de Expertos y el Banco Mundial, ni siquiera conocen la “situación actual” de los
pueblos de habla viética, ni qué hablar de sus “preferencias de reubicación”.

Esto no es más que la admisión de que los constructores del proyecto no han prestado atención alguna
ni a las recomendaciones de Chamberlain ni a la política del Banco Mundial sobre Pueblos indígenas.
El desalojo de las personas de habla viética de sus bosques espirituales no solo infringe las políticas de
salvaguarda del Banco Mundial. Para quienes están involucrados, se trata de un tema de vida o muerte.

Nam Theun 2 se convertirá en uno más de una larga lista de proyectos absurdos del Banco Mundial.
Pero es una prueba concluyente (como si se necesitaran aún más pruebas) de que la única forma de
evitar que el Banco Mundial repita los mismos errores es cerrándolo.

Por Chris Lang, e-mail: chrislang@t-online.de                                                                Field Code Changed
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- Sudáfrica: trabajo en redes para canalizar acciones de protección ambiental                                Formatted: Spanish (Uruguay)


El 5 de marzo de 2005 se llevó a cabo una reunión de la sociedad civil de Mpumalanga en un galpón
del criadero de truchas de Tim Brewer, en Katrinasrus, cerca de Machadodorp. Este lugar un tanto a
trasmano brindó a la mayoría de los participantes la oportunidad de explorar rutas poco transitadas.
Concurrieron cerca de 50 personas, algunas llegadas de lugares tan lejanos como Gauteng y KwaZulu
Natal.

Esta reunión fue convocada por Philip Owen, de Geasphere, y tuvo como objetivo "permitir a las
diversas organizaciones el intercambio de conocimientos y una mejor comprensión en cuanto a...
temas de interés común, y discutir formas de... trabajar en red en forma más eficaz". La oratoria abarcó
temas radicalmente diversos, desde "salvar el mono vervet" al relato desgarrador sobre la difícil
situación de las personas que viven sobre los yacimientos de carbón abandonados, que arden todavía,
cerca de Witbank.

Tony Ferrar presentó el Plan de conservación de la biodiversidad de Mpumalanga; por su parte, Philip
Owen disertó sobre la amenaza que las plantaciones forestales comerciales, siempre en expansión,
plantean a nuestras praderas, que están desapareciendo. Owen señaló que nuestras praderas protegidas
no llegan al 3% y que en promedio las praderas se componen de unas 4.000 especies de plantas, de las
cuales solamente el 11% corresponde a pastos y el resto a hierbas de hoja ancha, bulbos, etcétera.

El presidente de TimberWatch, Wally Menne, de Durban, habló sobre lo dudosa que resulta la captura
del carbono mediante plantaciones forestales comerciales. Menne señaló que las plantaciones
funcionan como sumideros de carbono solamente durante unos doce años y que la degradación
asociada a los monocultivos forestales supera por lejos todo beneficio generado por la absorción del
carbono.

George Dor, secretario general de Jubilee Sudáfrica e integrante del Foro de redes por la justicia
ambiental (Environmental Justice Networking Forum) habló sobre la deuda ecológica. Como ejemplo
de deuda ecológica impaga se citó el drama de una comunidad de Ga-Pila que fue expulsada por Anglo
Platinum y recibió una compensación inadecuada. El grupo de Dor lucha para que las grandes
empresas paguen la debida compensación en casos de injusticias similares.

En la última parte de la reunión se analizaron formas de interrelacionar las organizaciones presentes
para así poder compartir conocimientos y recursos. Se creó una base de datos, disponible para todos,
con la información de contacto y un resumen de las actividades de cada organización; se creó también
una línea telefónica de apoyo que permitirá que las personas hagan preguntas y planteos para ser luego
derivadas, utilizando la base de datos, a los individuos u organizaciones mejor capacitados para brindar
asistencia en un determinado problema ambiental.

Esta reunión significó un esfuerzo para empezar a movilizar a los activistas y organizaciones
ambientalistas hacia la formación de un grupo más efectivo e intercomunicado en la sociedad, de modo
que sean capaces de compartir recursos y apoyar las luchas de los demás. Esperamos que, en el futuro,
sigamos construyendo, con reuniones similares, los cimientos del impulso que se ha creado para
encontrar otras formas de alcanzar un mayor grado de comunicación y cooperación.

Por Philip Owen, Geasphere, correo-e: owen@soft.co.za. Por más información comunicarse con                 Formatted: Spanish (Uruguay)
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ASIAAMÉRICA DEL SUR                                                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)
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- La inversión del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional en la compañía Aracruz
Celulose S.A.

Carta al Presidente del Banco Mundial Sr. James D. Wolfensohn
cc a:
- Directores Ejecutivos y Alternos
- Gerencia del Grupo del Banco
- Vice Presidentes del Banco, CFO y MIGA

4 de abril de 2005

Sr. Presidente Wolfensohn:

En noviembre de 2004, el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI)
otorgó un préstamo de US$ 50 millones a la compañía Aracruz Celulose S.A. en Brasil. Es inadmisible
que el Banco Mundial, después de efectuar un análisis ambiental y social completo de la compañía,
llegara a la conclusión de que Aracruz Celulose S.A. está resolviendo los temas ambientales y sociales
en forma correcta y cumpliendo con la Directriz Operativa (DO) 4.20 del Banco sobre Pueblos
Indígenas.

Resulta sorprendente que en ninguna parte del texto la CFI cite y/o evalúe el tema de la disputa de
tierras que protagonizan Aracruz y los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní en la municipalidad de
Aracruz (Espirito Santo), ni otras disputas de tierras existentes con otras comunidades que se han visto
afectadas por Aracruz Celulose. Un ejemplo lo constituyen las 34 comunidades quilombolas (1) de São
Mateus y Conceição do Barra que están luchando por reclamar tierras a las que tienen derecho y que
están bajo el control de Aracruz Celulose desde la década de 1970. Al analizar la Directriz Operativa
4.20 del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas y minorías similares, se comprueba que no se ha
cumplido totalmente con lo establecido en esa directiva al momento de preparar y analizar el proyecto
de Aracruz. Esta directiva define que: “Se requiere una acción especial en aquellos lugares donde las
inversiones del Banco afecten a pueblos indígenas, tribus, minorías étnicas u otros grupos, cuya
situación social y económica restrinja su capacidad de proteger sus intereses y derechos sobre la tierra
y otros recursos productivos”. (DO 4.20, apartado 2). Otra cláusula afirma que: “En proyectos que
involucran los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el Banco deberá trabajar con el prestatario
para aclarar los pasos necesarios y sanear la tenencia de la tierra (titulación, demarcación) lo más
temprano posible, ya que las disputas de tierras frecuentemente atrasan aquellas medidas de ejecución
que dependen de la existencia de títulos de tierra adecuados”. (OD 4.20, apartado 17). Por lo tanto
consideramos que la afirmación que se expresa en los documentos del proyecto presentados a la Junta
Directiva del Banco Mundial, de que Aracruz y el proyecto “cumplen con los requisitos de (…) la
Directriz Operativa 4.20 del Banco Mundial sobre Pueblos indígenas” es inaceptable.

La única conclusión a la que podemos llegar es que el análisis del Banco Mundial no ha respetado
temas de máxima importancia para las comunidades que habitan y resisten en los alrededores de las
plantaciones de eucalipto de Aracruz Celulose, entre las que se incluyen los pueblos Tupinikim y
Guaraní, comunidades quilombolas, comunidades de pescadores, pequeños agricultores y pobladores
sin tierra. La invasión perpetrada por Aracruz a las tierras pertenecientes a pueblos indígenas y
agricultores ha sido la razón principal de la resistencia desplegada por estas comunidades.

Desde 1979, los pueblos Tupinikim y Guaraní han luchado por la recuperación de sus tierras, un
derecho garantizado por la Constitución brasileña. En 1981, los pueblos Tupinikim y Guaraní
obtuvieron el derecho a 4.491 hectáreas de tierras indígenas. En 1997, el Grupo de trabajo N° 783
identificó un área de 18.070 hectáreas para su demarcación. La FUNAI estableció en su asesoramiento
para esta identificación que “confirma todos los términos del informe del Grupo de trabajo instalado
por el Decreto N° 783/94, que sostiene la demarcación de las tierras indígenas”, y decidió, en relación
a la petición presentada por Aracruz, que “la petición presentada no es pertinente”.

A pesar de ello, en 1998 Aracruz Celulose presionó al Gobierno Federal para actuar contra sus
atribuciones legales al decidir, a través del Ministerio de Justicia, reducir el área indígena a solo 7.061
hectáreas del total de 18.070 hectáreas a las que legalmente tenían derecho los pueblos indígenas.
Resistiendo esa decisión, los indígenas iniciaron por sus propios medios la demarcación de las 18.070
hectáreas, pero una intervención de la policía federal el 18 de marzo de 1998, en una verdadera
operación de guerra, cerró el acceso a los poblados. El gobierno federal obligó a los líderes indígenas a
ir a Brasilia donde se los presionó para que firmaran un acuerdo con Aracruz Celulose. Ese acuerdo
establecía que las comunidades indígenas aceptaban que Aracruz continuara explotando 11.009
hectáreas de tierras Tupinikim y Guaraní a cambio de la creación de proyectos sociales con ambos
grupos durante los siguientes 20 años. El carácter ilegal del intercambio de tierras indígenas por dinero
fue confirmado por el servicio de la fiscalía pública federal de Brasil que retiró su firma del acuerdo/
En la CARTA PÚBLICA adjunta a la presente, los líderes indígenas establecen claramente su
insatisfacción con ese acuerdo, afirmando que lucharán por sus derechos constitucionales sobre sus
tierras.

Por lo tanto, resulta de vital importancia que el Banco Mundial también evalúe la real contribución a la
población brasileña de una compañía que ocupa 375.000 hectáreas de tierras en cuatro estados.
Actualmente, Aracruz Celulose es el mayor propietario de tierras de Espirito Santo, un estado en el
que, según la información del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), existen más
de 70.000 familias sin tierra. La reforma agraria en el norte de Espírito Santo y el extremo sur de
Bahía, regiones en las que Aracruz concentra sus tierras, está prácticamente paralizada. Una estrategia
utilizada por Aracruz Celulose ha sido comprar o “arrendar” la mayoría de las tierras agrícolas fértiles,
tomando posesión de establecimientos agrícolas que se podrían utilizar para la reforma agraria,
provocando a la vez un aumento en el precio de la tierra que ha sido confirmado en forma sistemática
por los representantes regionales del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).

En relación a la creación de puestos de trabajo, los hechos indican que Aracruz Celulose generó solo
2.031 trabajos directos en 2004. Además, los supuestos 6.776 trabajos indirectos incluyen, en gran
medida, a los trabajadores de las plantaciones que ganan aproximadamente US$ 100 por mes y no
tienen los mismos derechos o condiciones de trabajo que la mano de obra directa. Los puestos de
trabajo generados por Aracruz son absolutamente insignificantes en comparación con los pobladores
indígenas, comunidades quilombolas, agricultores y personas sin tierra que podrían vivir de la
agricultura en pequeña escala en las tierras que actualmente ocupa la compañía. Las tierras de Aracruz
Celulose podrían producir alimentos en un país donde millones de personas padecen hambre, y podrían
generar trabajo e ingresos para personas que no tienen acceso a la tierra por causa de la expansión de la
compañía. Cada uno de los 173 puestos de trabajo directos e indirectos generados por la tercera planta
de celulosa de Aracruz Celulose en 2002, cuesta el equivalente a US$ 3.323.699, mientras que la
generación de un puesto de trabajo en un asentamiento rural cuesta solo 2.900 dólares, según un
estudio de la Universidad Rural de Río de Janeiro.

La CFI afirma que Aracruz cumple una función macroeconómica importante como compañía de
exportación. Pero desde el punto de vista de las comunidades afectadas, la presencia de Aracruz ha
sido un desastre. A continuación se citan algunos ejemplos de las acciones perjudiciales de la
compañía:

-destrucción de 50.000 hectáreas de bosque tropical atlántico (mata atlántica) en las décadas de 1960 y
1970; además continúa con la deforestación en forma indirecta en tierras de agricultores que venden
sus tierras a Aracruz; esta situación corresponde al sur de Bahía, según lo establece el organismo de
control ambiental IBAMA;

-implantación de extensas áreas de monocultivo de eucalipto sin respetar la legislación ambiental; en
marzo de 2005, la Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional (FASE) presentó
una acción civil ante la Justicia Federal de Vitoria, Espírito Santo, donde denuncia el incumplimiento
por parte de Aracruz Celulose del requisito legal de efectuar evaluaciones de impacto ambiental;

- aplicación de agroquímicos que contaminan las fuentes de agua de las comunidades que resisten;

-crecimiento explosivo de la población y problemas de la comunidad de pescadores de Barra do
Riacho (Espírito Santo), antes y después de la implementación de las plantas de celulosa de Aracruz;

- promoción de la persecución policial de las poblaciones vecinas que solo tienen los restos de
eucalipto como fuente de supervivencia;

- contaminación y desviación ilegal -Aracruz también enfrenta una demanda por esto - de ríos que
suministran agua a comunidades, solo para garantizar suficiente agua para abastecer sus plantas de
celulosa en Barra do Riacho, cuyo consumo actual es equivalente al de una ciudad de 2.5 millones de
habitantes;

- financiación de campañas electorales a cambio de favores;

- manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación;

- co-optación de líderes comunitarios y sindicales, además de ONG ambientalistas.

En base a la explotación que realiza de los recursos naturales, unida a la falta de respeto hacia las
comunidades locales que dependen de esos recursos, Aracruz ha logrado convertirse en una compañía
“eficiente” y lucrativa para el mundo de los negocios. Además, promueve un consumo excesivo de
papel desechable (el 55% de la producción se destina a papel higiénico y papel tisú), sobre todo en
Europa y América del Norte. Pero es necesario agregar que las violaciones de derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales de Aracruz Celulose ya habían sido comunicadas y denunciadas a
nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la ciudad de
Washington en 2002.

Afirmamos que las comunidades afectadas solo reclaman dignidad, y desean utilizar la tierra para
generar vida, y no la muerte que ha generado Aracruz con su “desierto verde”. Por lo tanto, exigimos
que el Banco Mundial revoque el préstamo concedido por la CFI a Aracruz Celulose. Y también que el
Banco Mundial cuestione y presione a Aracruz Celulose y al Gobierno Federal de Brasil para lograr
que se respeten los derechos de las poblaciones afectadas, sobre todo el derecho constitucional a sus
tierras.

Solicitamos que la respuesta a esta carta se envíe a las direcciones electrónicas de los 64 firmantes de
la presente.

Saludan atentamente,
[siguen firmas].Por detalles de l@s firmantes, ver la versión electrónica de la publicación impresa en:
http://www.wrm.org.uy/actors/WB/brokenpromises.html y en http://www.forestpeoples.org.

 (1) Los “quilombolas” son los descendientes de esclavos africanos que huyeron de las zonas de las
plantaciones durante la época colonial y fundaron comunidades “libres” y autónomas (llamadas
“quilombos”), a menudo en áreas de bosques.

- Bangladesh: los Mro resisten su expulsión de un "ecoparque"

Los Mro (conocidos también como Mru) son uno de los Pueblos Indígenas que desde hace mucho
tiempo habitan en las colinas de Chittagong. Para su sustento dependen del bosque, donde no
solamente cazan sino que también se dedican al cultivo de variedades locales, la producción
agropecuaria colectiva y la jardinería.

En el caso de los Mro, el grado de su dependencia de su bosque refleja sus conocimientos
etnobotánicos. Según un estudio del Instituto de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad
de Chittagong, “la conservación de los conocimientos indígenas de la tribu Mro puede conservar
también los bosques, lo que puede ser un instrumento para la conservación de los bosques” en
Bangladesh.

Sin embargo, las políticas oficiales se inclinan por los proyectos que sustituyen los bosques y sus
pueblos por jardines para turistas (los llamados 'ecoparques'), supuestamente en aras del desarrollo
económico y para preservar el medio ambiente. Los Pueblos Indígenas saben bien que dichas políticas
implican que se los expulse y se despejen miles de acres de bosque, cortando árboles y nivelando el
terreno para construir carreteras que serpentearán por las colinas permitiendo el pasaje de los
automóviles.

Hace algún tiempo, el establecimiento del ecoparque de Madhabkunda-Muraichhari también implicó el
desalojo de cientos de familias Khasia y Garo que vivían en las colinas. En aquella ocasión Rang Lai
Mro, dirigente del Comité para la protección de los bosques y los derechos territoriales de Chittagong,
declaró: “Luego de que el departamento forestal adquiriera 20.000 acres de tierra en nombre de la
Forestería Social, cientos de familias que vivían en las colinas fueron desarraigadas y expulsadas de
sus hogares ancestrales en Bandarban, por citar sólo este caso”.
Ahora el gobierno propone otro ecoparque en las tierras de la comunidad Mro, más precisamente en la
cadena de Chimbuk, en el distrito de las colinas de Bandarban. Los Mro, cuyo papel fundamental
como protectores del bosque ha sido reconocido incluso en investigaciones académicas, corren el
peligro de ser expulsados de su propio hogar.

Rang Lai Mro, presidente del Consejo Social Mro, dijo que 700 familias serían desalojadas en caso de
que el gobierno ponga en práctica su proyecto de construir un ecoparque en un terreno de 5.500 acres
en los “upazilas” (subdivisiones administrativas rurales de los distritos) de Sadar, Roangchhari, Ruma
y Lama.

Por consiguiente, los indígenas de la zona han declarado que resistirán cualquier intento de establecer
un ecoparque que implique su desplazamiento. El llamado a la resistencia surgió de una movilización
realizada en Empu Para, a 36 kilómetros de la sede del distrito de Bandarban. El Comité para la
protección de la tierra y la preservación del bosque organizó la movilización de 500 jefes de familia de
la comunidad Mro. El próximo paso será la realización de una reunión con todos los jefes y dirigentes
de base en las distintas regiones para delinear un programa de resistencia a esta iniciativa.

Artículo basado en información tomada de: “Indigenous people to resist eco-park in Bangladesh”,
PraxisNews, enviado por Zakir Kibria, correo-e: banglapraxis@yahoo.com; “Foundation of                     Field Code Changed
‘controversial’ Eco-park to be laid today”, Rajat Kanti Goswami, Moulvibazar,                              Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.sdnbd.org/sdi/news/pages/eco-park/eco-park.htm; “Bangladesh Hills Rumble With                   Formatted: Spanish (Uruguay)
Discontent, Sharier Khan, http://www.banglarights.net/marginalised/marzinalized-8.htm; “Traditional        Formatted: Spanish (Uruguay)
forest utilization practice by the Mro tribe in Bandarban region, Bangladesh”,                             Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.bnp2004.com/p/p219.pdf, “Planned Eco Park: Unrest brewing in Bandarban: Indigenous
                                                                                                           Field Code Changed
leaders held meetings, decide to resist”, Monirul Islam Monu,
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.thedailystar.net/2005/03/14/d50314070176.htm, distribuido por PraxisNews, Zakir Kibria,
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
correo-e: banglapraxis@yahoo.com
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- Los caminos de la deforestación en Brasil: cómo la soja y la ganadería están destruyendo la              Formatted: Spanish (Uruguay)
Amazonía con la ayuda de la CFI                                                                            Field Code Changed
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En Brasil, en los últimos 60 años la agricultura de la soja se ha expandido de cero a más de 21 millones   Formatted: Spanish (Uruguay)
de hectáreas de tierra cultivada. El cultivo de la soja se inició en los estados sureños más áridos de     Formatted: Spanish (Uruguay)
Brasil, pero ahora se ha extendido a las zonas del centro y el oeste, invadiendo principalmente el
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cerrado (el bosque de sabana latinoamericano) y en menor medida el bosque tropical de la Amazonía.
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Uno de los motores de la expansión de la agricultura de la soja ha sido la gigantesca expansión de la
ganadería en Brasil, principalmente en los estados de Mato Grosso, Pará y Rondônia. La cantidad de         Field Code Changed

cabezas de ganado aumentó de 26 millones en 1990 a 164 millones en 2004. La Corporación                    Formatted: Spanish (Uruguay)

Financiera Internacional (CFI) tiene participación directa, desde hace poco tiempo, tanto en la            Formatted: Spanish (Uruguay)
expansión de la soja como en la explotación ganadera en Brasil.

Tradicionalmente la cría de ganado ha sido identificada como la causa principal de la deforestación en
la Amazonía, pero ahora el cultivo de soja ocupa un cercano segundo lugar; a la fecha, ambos factores
juntos han provocado el desmonte de 80 millones de hectáreas de tierra en Brasil (que equivale
aproximadamente al 10% de la superficie total del país).

En el año 2003, CIFOR (Centro Internacional de Investigación Forestal) dio a conocer un informe que
pone de relieve cómo la causa principal de la deforestación de Brasil fue la rápida expansión de las
pasturas para ganado: otra vez la conocida Conexión Hamburguesa. El estudio reveló que entre 1997 y
2003, las exportaciones de carne brasileña se quintuplicaron y que en 2003, por primera vez, el
crecimiento de la producción de ganado brasileño -80% del cual está en la Amazonía- estaba dirigido a
la exportación.
Simultáneamente, desde el brote de aftosa de 2001, la soja se ha convertido cada vez más en el
ingrediente básico de la alimentación del ganado en Europa y los Estados Unidos, y un volumen
importante de la producción de soja de Brasil es exportada a Europa –en 2003, las exportaciones de          Formatted: Spanish (Uruguay)
soja representaron el 6% del PBI de Brasil. El gobierno brasileño estima ahora que su producción total
de soja alcanzará los 63,6 millones de toneladas en 2005. Así, la superficie de cultivo de soja en Brasil
aumentó aproximadamente un 50% en los últimos cuatro años (de 14 millones de hectáreas en 1990 a
21 millones de hectáreas en 2004). El cultivo de soja en la Amazonía ha estado en la raíz de la
creciente deforestación directa del cerrado de Brasil, donde se concentra la producción de soja, y de la
creciente deforestación indirecta de la Amazonía a través del desplazamiento de actividades vinculadas
a la tierra de las zonas invadidas por la soja. Como explica Philip Fearnside, co-autor de un informe
publicado en Science (21 de mayo de 2004) y miembro del Instituto Nacional de Investigación de la
Amazonía en Manaus, Brasil:

 “Los productores de soja provocan directamente cierto grado de desmonte. Pero su impacto en la
deforestación es mucho mayor por la utilización que hacen de tierras, sabanas y bosques de transición,
que obliga a criadores de ganado y agricultores migratorios a internarse aún más en el bosque. La
producción sojera también impulsa política y económicamente la construcción de proyectos de
infraestructura, que aceleran la deforestación provocada por otros actores”.

Muchos han reiterado el peligro de que la expansión de la soja invada aún más negativamente el
ecosistema del bosque tropical húmedo. WWF ha estimado que en 2020, podría destruirse cerca de 22
millones de hectáreas de bosques y sabanas en América Latina como consecuencia de la producción de
soja.

Esto no solamente devastaría ecosistemas únicos, sino que pondría en riesgo innumerables integrantes
de pueblos indígenas, sus culturas y su supervivencia. En muchas regiones, regímenes poco claros de
tenencia de la tierra y la corrupción han sido de gran ayuda para la expansión del negocio de la soja.
Los pueblos indígenas se ven amenazados de expulsión de sus tierras ancestrales para hacer lugar a la
soja, mientras que los campesinos sin tierra se ven amenazados con seguir perdiendo territorio y
recursos hídricos. De hecho, la agricultura de la soja ha demostrado que altera los sistemas
hidrológicos y climáticos locales –y ésta puede ser la razón de que los rendimientos de soja hayan          Formatted: Spanish (Uruguay)
caído en 2003-2004 como resultado de la sequía.

Las violaciones de los derechos humanos como resultado de la expansión de la ganadería en los
estados amazónicos de Mato Grosso, Rondônia and Pará son graves, especialmente con relación a los
pueblos indígenas y los campesinos sin tierra. Ha habido un prolongado conflicto entre pueblos
indígenas y ganaderos que han invadido sus tierras; en la mayoría de los casos, los ganaderos ganan las
luchas, en gran medida por la corrupta protección política que tienen y el uso de la violencia. Ha
habido reiterados casos como el de los Guaranda-Kiaowá en Mato Graso, cuya lucha por las tierras
ante la invasión de ganaderos en los últimos 20 años, ha sido causa de desplazamientos, violencia,
asesinatos, pérdida de formas de sustento, hambrunas y suicidios.

A pesar de las graves consecuencias ambientales y sociales de la producción de soja y la cría de
ganado, en los dos últimos años, la CFI concedió dos préstamos a la mayor compañía agroindustrial de
soja del país, el Grupo Amaggi, y está próximo a aprobar un préstamo a Bertín, el mayor exportador de
carne vacuna de Brasil.

A la cabeza de la expansión de la soja en Brasil está Blairo Maggi, llamado el “Rey de la soja”,
gobernador de la provincia de Mato Graso y Director del Grupo Amaggi. En julio de 2002 y diciembre
de 2004, la CFI prestó al Grupo Amaggi 30 millones de dólares. El préstamo de 2002 estuvo destinado
a apoyar las crecientes necesidades de capital circulante de Amaggi, tales como para ofrecer adelantos
y posibilitar el almacenamiento de soja y productos derivados. El préstamo concedido en 2004 fue para
instalar nuevos centros de colección de soja y silos y para ayudar aún más a cubrir las crecientes
necesidades de capital circulante de Amaggi. Blairo Maggi es, casualmente, también el que más
impulsa la pavimentación de la ruta BR-163, la autopista que pronto unirá a Mato Grosso con
Santarém, un importante puerto del Río Amazonas. Esto facilitará enormemente el transporte de soja
y, según el Instituto de la Amazonía de Investigación Ambiental, los 1.600 km de la carretera
atravesarían una extensión de 10 millones de hectáreas de tierra a lo largo de la región. No obstante,
Maggi no se inmuta: “Para mí, un aumento del 40% de la deforestación no significa nada en absoluto,
y no me siento culpable en absoluto por lo que estamos haciendo aquí. Hablamos de una superficie
mayor que Europea que apenas si ha sido tocada, así que no hay nada de que preocuparse”.

Acto seguido, en diciembre de 2004, aparentemente se aprobó un préstamo de 300 millones de dólares
para Bertín, a pesar de enérgicas protestas de ONGs nacionales e internacionales. Robert Goodland, ex
alto funcionario del Banco Mundial, señaló en diciembre de 2004 que “El proyecto Bertín viola las
salvaguardias ambientales del Banco”.

Está demostrado que la expansión de la producción de soja y de la ganadería incrementan
enormemente la deforestación y generan graves problemas sociales, económicos y culturales para los
pueblos indígenas y los campesinos sin tierra de Brasil. Sin embargo, la política de salvaguardia de la
CFI relativa a los bosques -la Política Forestal (OP 4.36) de 1998- no brinda salvaguardia alguna para
los bosques y los pueblos que dependen de ellos en proyectos que no están directamente relacionados
con la explotación forestal. Por lo tanto, los proyectos mencionados en este artículo son llevados a
cabo sin que existan disposiciones para sus impactos en los bosques y los pueblos de los bosques.
Además, hay solo otra política que ofrecería cierta protección a los ecosistemas de la Amazonía en el
marco de esos proyectos: la política sobre Hábitats Naturales (OP 4.04). La disposición más
importante de esta política es que “La CFI no presta apoyo para proyectos que, a su juicio, entrañan
una conversión o degradación importante de hábitats naturales críticos” (apartado 3). Esta disposición
debería lógicamente abarcar los ecosistemas de cerrado y bosque amazónico y, sin embargo,
claramente, “en opinión de la CFI”, los proyectos de expansión de soja que ha financiado y el proyecto
de cría de ganado cuyo financiamiento propone, no entrañan una conversión “importante” de esos
hábitats críticos.

La CFI ha financiado la expansión de soja a través de una de las compañías de la agroindustria más
irresponsables, y propone financiar al mayor grupo ganadero de Brasil. Ambas actividades han
demostrado reiteradamente ser no solamente destructivas en gran escala para los frágiles ecosistemas
de Brasil, sino también para los pueblos indígenas y los pobres sin tierra. Las políticas de salvaguardia
actuales de la CFI y el sistema de control de la sustentabilidad ambiental y social brindan protección
inadecuada a los bosques, a los pueblos que dependen de ellos y a los sectores sin tierra. La carencia
de la política es, pues, enorme, y obvia. El proceso actual emprendido por la CFI de revisión de las
salvaguardias tiene mucho para mejorar y muchas lagunas para resolver antes de que sea aceptado por
ONGs, pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques.

Por Emily Caruso, Forest Peoples Programme, correo-e: Emily@forestpeoples.org,                              Formatted: Spanish (Uruguay)
www.forestpeoples.org                                                                                       Field Code Changed
- Laos: represa Nam Theun 2, Banco Mundial y corrupción                                                     Formatted: Spanish (Uruguay)
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El 31 de marzo de 2005, la Junta de Directores del Banco Mundial decidirá si apoya o no una serie de        Formatted: Spanish (Uruguay)
préstamos y garantías para la represa hidroeléctrica Nam Theun 2 en Laos.
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El Banco Mundial ha estado involucrado con la represa Nam Theun 2 desde 1989, cuando financió un
estudio de factibilidad. Sin las garantías del Banco Mundial para cubrir los riesgos de los
inversionistas, los bancos comerciales no financiarán el proyecto. A cualquier altura de los últimos 16
años el Banco Mundial podría haber decidido no apoyar este proyecto y el proyecto hubiera muerto. El
Banco Mundial, por lo tanto, es por lo menos en parte responsable de lo que ha ocurrido en el proyecto
durante este tiempo.

El Banco Mundial argumenta que su participación en el proyecto Nam Theun 2 es importante para que
el proyecto sea un medio de reducir la pobreza en Laos. En noviembre de 2004, Ian Porter, el director
regional del Banco Mundial para Laos, dijo en una reunión de los Directores Ejecutivos del Banco que
“el argumento del proyecto descansa en la utilización adecuada de los ingresos para la reducción de la
pobreza y la gestión ambiental”.

Desde 1989 se ha venido talando el área del embalse de 450 km2 y se han devastado las formas de
sustento de los 6.000 integrantes de pueblos indígenas que viven en la Meseta Nakai. De continuar el
proyecto, la pesca y el sustento de 130.000 personas más que viven río abajo de la represa quedarán
destruidas. “Además, tendrá un grave impacto en la flora y fauna de la Meseta Nakai, poniendo incluso
en peligro la supervivencia de elefantes asiáticos y patos de ala blanca. El 11 de marzo de 2005, ONGs
y académicos tailandeses escribieron a Ian Porter, del Banco Mundial, explicándole el impacto que han
tenido las represas en los elefantes de Tailandia, y ahora Nam Theun 2 inevitablemente provocará un
aumento del conflicto entre la gente del lugar y los elefantes” (ver la carta --en inglés-- al final de este
artículo).

La compañía maderera Bholisat Pattana Khed Phoudoi (BPKP), dirigida por el ejército lao, comenzó a
talar la zona del embalse a principios de la década de 1990. La compañía taló dentro de áreas
protegidas e incluso una zona del bosque que se suponía era un bosque comunitario para la gente que
sería desalojada de la zona del embalse.

En 2002, Supalak Ganjanakhundee, un periodista del periódico tailandés The Nation, estimó que
BPKP había ganado aproximadamente 70 millones de dólares anuales por las actividades de madereo.
Un año después, BPKP quedó prácticamente en bancarrota y solo sobrevivió merced a donaciones del
gobierno.

Hace cuatro años escribí a Helmut Schaffer, el entonces Director Ejecutivo alemán en el Banco
Mundial, para preguntarle qué había hecho BPKP con el dinero que había ganado del madereo de la
zona de embalse. Ni Schaffer ni el personal del Banco al que Schaffer pidió se encargaran de mis
preguntas, las respondieron.

Parece que nadie en el Banco Mundial se preocupa particularmente por el destino de los dineros de
BPKP. En respuesta a mi pregunta sobre BPKP, Ian Porter me dijo en febrero de 2005, “No tenemos
información específica sobre la recaudación y uso de los ingresos por concepto de madereo que usted
menciona”.

La compañía Italian-Thai Development Public Company comenzó a perforar túneles asociados con la
represa, anticipando la decisión del Banco Mundial de apoyar el proyecto. La compañía eléctrica Nam
Theun 2 Power Company (NTPC), los ejecutores del proyecto, obtuvieron el contrato de construcción
de la represa para la empresa Italian-Thai sin que se hubiera llamado a licitación pública. Italian-Thai
es parte de NTPC. Otro miembro de NTPC, Electricité de France, ganó el contrato de dirección de la
construcción, también sin haber licitado.

El 15 de febrero de 2005, Christian Delvoie, director de infraestructura regional para el Banco
Mundial, dijo a Radio Free Asia, “En todos los proyectos financiados por el Banco, apenas se detecta
algún caso de corrupción, vamos al gobierno y cancelamos el contrato inmediatamente”.

Le pedí a Delvoie que explicara exactamente lo que el Banco está haciendo para detectar corrupción en
el proyecto. Le pregunté si el Banco había encomendado evaluaciones independientes, de dominio
público, que investigaran la forma en que los ejecutores de la represa se habían concedido a sí mismos
los contratos sobre el proyecto, así como las actividades de BPKP en el proyecto. Y le pregunté a
Delvoie cómo podría obtener copias de esos documentos.

Once minutos después de haber enviado mi mensaje electrónico, Delvoie me respondió. No contestó
ninguna de las preguntas ni me dijo cómo podía obtener copias de los documentos. “Hemos
investigado la mayoría de los puntos que usted plantea”, escribió. Cuando le pregunté que quería decir
con la palabra “la mayoría”, me pidió que no leyera entre líneas. “Investigamos, y documentamos
debidamente, todos los contratos de compra, y estamos conformes porque cumplen nuestras
directrices”, escribió. No me dijo cómo podría obtener copias de los documentos que el Banco había
elaborado para llegar a esta conclusión.

En 1999, James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, dijo, “La libertad de prensa no es un lujo.
La libertad de prensa está en el corazón mismo de un desarrollo equitativo”. Describió la libertad de
prensa como un “faro en busca de la corrupción y prácticas desleales”. Lamentablemente, no hay
libertad de prensa en Laos.

En Laos el estado controla todos los periódicos. Bajo el decreto gubernamental anti corrupción, los
periodistas deben procurar la autorización del Estado antes de informar sobre prácticas corruptas. El
decreto prohíbe a los periodistas revelar documentos oficiales secretos. No es de sorprender que la
corrupción no figure en los titulares de prensa en Laos.

Hace un tiempo un empleado del Banco Mundial me llamó por teléfono. Quería hablar sobre la represa
Nam Theun 2 en Laos pero con la condición de que guardara el anonimato. Mencionó algo que había
oído la última vez que estuvo en Vientiane: el sonido que hacían los funcionarios gubernamentales de
Laos hojeando los nuevos catálogos de Mercedes-Benz. El suave, palpitante sonido de la corrupción.

Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de                                                  Field Code Changed
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La carta al Banco Mundial está disponible en:                                                              Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.wrm.org.uy/countries/Laos/NamTheundam.html
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- Malasia: falso sello verde a madereo en tierras de los Penan

El 18 de octubre de 2004, Samling Plywood, empresa maderera de Malasia, recibió la certificación de
manejo forestal de parte del Consejo para la Certificación de la Madera de Malasia (Malaysian Timber
Certification Council, MTCC) por el madereo supuestamente sustentable de una de las últimas zonas
contiguas de bosque tropical primario de Sarawak que todavía perduran.

Cerca del 80% de la concesión certificada es territorio Penan tradicional, donde los Penan vivieron
tradicionalmente como nómadas hasta establecerse como sedentarios, bajo influencia británica, a
mediados del siglo XX. Actualmente hay en la zona por lo menos 410 hogares, con una población
estimada de 2.000 personas.

Aunque luego de volverse sedentarios los Penan comenzaron a practicar la agricultura itinerante
cultivando arroz de altura, todavía dependen en gran medida de la selva tropical primaria para la caza y
la recolección, con lo que satisfacen una parte importante de sus necesidades alimentarias (proteínas,
frutas, etc). La selva tropical primaria es también la cuna de la cultura y la mitología de los Penan y
alberga varios sitios de gran importancia para este pueblo, tales como tumbas ancestrales, el árbol ipoh
(Antiaris toxicaria), que suministra el veneno para sus dardos, la palma sago (Cycas revoluta), la caña
ratán y árboles de sándalo (Santalum album). En la zona viven, además de los Penan, un número
indeterminado de otros Dayak.
“Aquí vivíamos en paz hasta que las empresas madereras vinieron a perturbar nuestra vida e instalarse
en nuestro bosque”, escribió el jefe Bilong Oyau en nombre de los Penan que firman una carta.
“Muchos de nosotros hemos sufrido debido a las operaciones de madereo de Samling: nuestros ríos
están contaminados, nuestros lugares sagrados han sido dañados y nuestros animales huyen,
perseguidos por personas que nos quitan nuestro sustento y nuestra cultura. (...) No podemos aceptar
que ahora se otorgue a Samling un certificado para que siga violando nuestros derechos
consuetudinarios nativos”. Los Penan de estas comunidades se quejan también del daño sustancial
sufrido por sus fuentes de agua potable como resultado del madereo.

Aunque los Penan han resistido la destrucción de sus tierras y sus bosques con piquetes para impedir el
tránsito de camiones y maquinaria para el madereo, el MTTC no los consultó antes de otorgar la
certificación de su selva. Además, la información obtenida en 2001 por el satélite IKONOS indica que
el manejo que Samling practica en esta concesión particular es cualquier cosa menos sustentable. La
grave destrucción del bosque es visible incluso en baja resolución.

Si Samling logró acceder a la zona hoy certificada es por haber recurrido a la fuerza policial y militar,
y si bien ha logrado extraer madera del lugar, esto ha sido en contra de la voluntad expresa de las
comunidades afectadas, en una clara violación de sus derechos humanos. Las comunidades Penan
apelaron al MTCC para que revoque la certificación de inmediato.

Este es un ejemplo más de falso sello verde otorgado a una actividad social y ambientalmente
destructiva como lo es el madereo industrial. Para las grandes empresas se trata apenas de otra
herramienta de comercialización para ganar nuevos mercados, a menudo conformados por personas
bien intencionadas de los países del Norte, quienes, muy lejos del lugar, creen que así contribuyen a la
conservación de los bosques.

Artículo basado en información extraída de: “Penan protest against the certified logging of the last
primeval forests of Sarawak (Malaysia)” y “Report on the Malaysian Timber Certification Council
(MTCC) certification of the Sela'an-Linau Forest Management Unit in the Ulu Baram area of Sarawak
/ Malaysia”, enviados por Lukas Straumann, Bruno Manser Fonds, correo-e: bmf@bmf.ch
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- Madereo legal e ilegal en Vietnam

El madereo ilegal es moneda corriente en Vietnam. Los periódicos vietnamitas informan
frecuentemente de nuevos escándalos en materia de madereo. Algunos ejemplos del año pasado
ilustran el tema. En enero, el periódico “People's Army Newspaper” (del Ejército Popular) contó del
arresto del “conocido comerciante maderero” Nguyen Van Hung. En junio, el “Labour Newspaper”
informó que hombres de la guardia del ferrocarril habían interceptado el transporte por tren de madera
extraída ilegalmente. Y en noviembre finalizó el mayor juicio realizado hasta ahora por madereo ilegal
en las montañas de la zona central. Pioneer informó que el Tribunal Popular de Kon Tum sentenció a
19 personas, entre ellas 10 funcionarios de gobierno, por madereo ilegal y por haber recibido sobornos.

Pamela McElwee, estudiante de doctorado de la Escuela Forestal y de Estudios Ambientales de la
Universidad de Yale, ha investigado el madereo ilegal en Vietnam durante varios años. En un artículo
de reciente aparición, “You say illegal, I say legal" (Usted dice ilegal, yo digo legal), expone algunas
de las cuestiones planteadas por la tala ilegal en Vietnam.

McElwee compara las grandes actividades de extracción ilegal de madera con las “pequeñas acciones
de cientos de miles de leñadores locales que necesitan desesperadamente madera”. Explica que si bien
el Estado a menudo culpa a la población local por la deforestación, de hecho el propio Estado ha
“contribuido de manera significativa” al problema.
Cuando el gobierno nacionalizó los bosques del país (a mediados de la década de 1950 en Vietnam del
Norte, y después de la reunificación del país en 1975 en el sur), los entregó al sistema de Empresas
Forestales del Estado. “El Estado, y no la población local, taló vastas extensiones en las montañas de
Vietnam, hasta dejarlas completamente desnudas”, escribe McElwee.

McElwee hace referencia a una evaluación de las acciones de Unión Industrial-Agrícola-Forestal
Easup. Formada en 1979 en la provincia Dak Lak, en las montañas centrales, la Unión supuestamente
debía apoyar a 200.000 personas, organizadas en aldeas con nombres como “Aldea del Bosque
Verde”. Más de 20.000 personas se trasladaron de las zonas bajas para trabajar para la compañía
maderera. La Unión extrajo madera por un valor de 2 a 3 millones de dólares por año; después de diez
años había talado aproximadamente la mitad del volumen de madera en pie que se había estimado que
había en el bosque en 1979. McElwee concluye que las actividades de madereo de la Unión
provocaron grandes cambios en la provincia, incluso “elevadas tasas de migración de las tierras bajas a
las montañas, pérdida de derechos sobre la tierra por parte de minorías indígenas y expansión de
sistemas agrícolas de cultivo de arroz húmedo en zonas más aptas para el cultivo migratorio debido a
los bajos niveles de riego y a los suelos e inclinaciones altamente variables”.

Además de haber talado grandes zonas de bosques del país, el Estado parece incapaz o reticente a
resolver el madereo ilegal. McElwee describe cómo una banda de madereros ilegales de Yen Bail, en
la zona norte de Vietnam, utilizaron dinamita para construir caminos permanentes dentro del bosque y
hasta marcaron los árboles que querían talar, aparentemente sin temor a ser enjuiciados.

La madera talada ilegalmente en Vietnam es transportada en camiones, trenes e incluso aviones de
compañías aéreas vietnamitas. “Esos tipos de conexiones indican que la gente implicada no son
operadores a pequeña escala sino poderosas figuras conectadas a vastas redes de contrabando”, señala
McElwee.

El Departamento de Protección Forestal, que vigila el madereo ilegal en Vietnam, con frecuencia está
involucrado con las Empresas Forestales del Estado en actividades de madereo ilegal. Los menguados
salarios del personal de protección de los bosques, de unos 30 dólares por mes, son caldo de cultivo
para la corrupción generalizada.

Cuando el personal del Departamento de Protección Forestal intenta detener a madereros ilegales,
suele encontrarse en inferioridad numérica y con menos armas que ellos. En febrero de 2005, el
periódico “Labour” informó que de 30 a 40 personas habían atacado a una patrulla forestal en el
Parque Nacional Bu Gia Map, después que ésta los descubriera transportando madera ilegal.

Si bien en 2004 el Departamento de Protección Forestal descubrió más de 50.000 violaciones a la Ley
de Protección y Desarrollo Forestal, muchos de esos casos fueron de delitos a pequeña escala. En un
puesto de control del Departamento de Protección Forestal, entre Camboya y el puerto costero
vietnamita de Nha Trang, McElwee vio camiones del gobierno cargados de madera proveniente de
Camboya que utilizaban papeles fraudulentos para pasar el puesto, mientras se detenía y multaba a
agricultores locales que llevaban en sus tractores de tres ruedas leña o madera para construcción de
vivienda, sin los papeles necesarios.

Durante un trabajo de campo de un año, en la provincia Ha Tinh, en la zona norte de Vietnam,
McElwee entrevistó a aldeanos que viven cerca de la Reserva Natural de Ke Go y de la Empresa
Forestal del Estado Cam Xuyen. La mitad de las 104 familias con las que conversó percibía alguna
forma de ingreso por la venta de productos forestales tales como leña, carbón, ratán o plantas
medicinales.
McElwee descubrió que el Departamento de Protección Forestal se centra casi totalmente en el
mercado local donde los aldeanos venden leña, pero no hace nada para detener el madereo ilegal y
transporte de madera cometido por la policía fronteriza y el ejército.

Una campaña radial del gobierno empeoró las cosas cuando explicó que la referida Reserva Natural es
propiedad del gobierno y que por lo tanto la población local no está autorizada a acceder a ella. El jefe
de una aldea comentó a McElwee, “¿Por qué no impedimos que la gente entre a la reserva? Podríamos
hacerlo, pasan por nuestra aldea todos los días. Pero el gobierno nos dice una y otra vez que es de
propiedad del gobierno. Entonces tiene que ser el gobierno el que impida a la gente entrar, no
nosotros”.

Los aldeanos consideran que la utilización que hacen de la madera tiene escaso impacto en los
bosques, comparado con los madereros en gran escala, que utilizan botes para transportar los troncos
de la Reserva Ke Go. Los aldeanos preguntaron a McElwee, “¿Qué tiene de malo sacar un árbol de vez
en cuando? Es tan sólo para construir una casa. Todos necesitamos una casa”.

Por Chris Lang, e-mail: chrislang@t-online.de

Artículo basado en información obtenida de: Pamela McElwee, "You Say Illegal, I Say Legal: The
Relationship Between 'Illegal' Logging and Land Tenure, Poverty, and Forest Use Rights in Vietnam,"
Journal of Sustainable Forestry, Vol. 19, No. 1/2/3, 2004. http://www.haworthpress.com/web/JSF              Field Code Changed
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* LOS ARCHIVOS DE CARBONOBANCO MUNDIAL: POLÍTICAS Y REALIDADES
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- Certificación de explotación forestal

En 1998, el Banco Mundial y el WWF anunciaron una nueva “Alianza Forestal” con el objetivo de
asegurar que para 2005 hubiera 200 millones de hectáreas de bosques certificados en los países
clientes del Banco Mundial. La Alianza tuvo serias dificultades para lograr este objetivo. Como la
mayoría de las actividades de madereo en realidad son llevadas a cabo por compañías madereras
privadas, el componente principal del Grupo Banco Mundial (el BIRF), carece de influencia como para
persuadir a las compañías a que mejoren sus normas de certificación, en tanto que la Corporación
Financiera Internacional (CFI), que es el componente del Banco que invierte en el sector privado,
todavía debe cambiar su política de conformidad con el resto del Banco Mundial y de todas maneras
no forma parte de la Alianza. La Alianza admite que, hasta la fecha, solamente se han certificado
alrededor de 22 millones de hectáreas de bosques conforme a normas creíbles en países clientes del
Banco, pero la contribución de los proyectos del Banco Mundial y el WWF para asegurar ese total no
está nada clara.

Para que un proyecto de explotación forestal sea financiado por el Banco, la nueva política exige que
el proyecto haya sido certificado (artículo 9a) o tenga un plan para obtener la certificación (9b). La
certificación debería exigir: cumplimiento con la ley, reconocimiento y respeto de los derechos de uso
y tenencia de la tierra, documentados o consuetudinarios, así como de los derechos de los pueblos
indígenas y trabajadores; medidas para conservar o mejorar relaciones armónicas y positivas de la
comunidad y beneficios múltiples; conservación de la biodiversidad y funciones ecológicas; monitoreo
y evaluación. Además, la certificación debe ser justa, transparente, independiente, basada en la
evaluación de terceros, eficiente desde el punto de vista de sus costos, basada en normas de desempeño
definidas a escala nacional que sean objetivas y mensurables, compatibles con principios y criterios de
manejo forestal sustentable aceptados internacionalmente, elaborados con la participación genuina de
la población y las comunidades locales y otros miembros de la sociedad civil, y concebidas para evitar
los conflictos de intereses. El único sistema que se acerca apenas a cumplir esos criterios es el Consejo
de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés), pero la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF
ignoró muchos de los problemas del proceso de certificación del FSC. Un análisis de los 11 “criterios”
del Banco para un programa de certificación “creíble” demostró que el FSC probablemente fracasaría
en por lo menos 7 de ellos.

No obstante, en los casos en que el Banco Mundial ha realizado importantes intervenciones en el
sector forestal, como en la República Democrática del Congo (ver el artículo “República Democrática
del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque” en este número), no hay pruebas de que se
hayan aplicado esos criterios. La vigilancia que hace la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF del
proceso de esos emprendimientos es también motivo de cuestionamiento.

Según el Artículo 9b, el Banco podría financiar un proyecto en un bosque que todavía no haya
cumplido los requisitos de certificación sujeto a “un plan de acción en etapas aceptable para el Banco
para obtener la certificación”.

Además, en su nueva Estrategia sobre Bosques, el Banco adujo que había:

“acordado con importantes organismos conservacionistas internacionales que promovería el uso
generalizado de criterios e indicadores internacionalmente aceptados para el manejo sustentable del
bosque. Esos criterios incluyen los definidos por el ITTC, discutidos en el IPF [e] IFF, y encarnados en
los principios y criterios de organismos tales como el Consejo de Manejo Forestal”.

Hay otros problemas fundamentales con este elemento de la Política sobre Bosques del Banco:

- Ni la Estrategia ni la Política son claras en absoluto sobre qué ocurre en el caso de que las compañías
con certificación al momento de recibir los préstamos o garantías del Banco, dejen de cumplir con su
“plan de acción” para lograr la certificación. ¿El Banco exigiría el reembolso de los préstamos o
donaciones?

*La Estrategia y la Política no resuelven la paradoja obvia de que, según sistemas de certificación
“creíbles” como el FSC, un criterio importante para la certificación es que la actividad forestal sea
“económicamente sustentable”. Si las actividades certificadas ya son económicamente sustentables, no
queda claro cuál sería el propósito o valor de brindarles financiamiento del Banco Mundial.

En los hechos, al igual que muchos otros elementos de la “Estrategia” sobre Bosques y de los
compromisos contraídos por el Banco en 2002, tampoco se han aplicado los requisitos de certificación.
Los autores de este informe no conocen ningún caso en que el BIRF/AIF haya exigido realmente
certificación asociada a un préstamo o donación al sector forestal, si bien se brindaron algunos fondos
para desarrollar normativas nacionales de certificación, en especial en Europa del Este.

En la Estrategia sobre Bosques, el Banco sugirió que se incluyera un experto en certificación en algún
Grupo Especial Asesor que sería llamado para todos los proyectos de explotación forestal de
“Categoría Ambiental A”. Sin embargo, como se ha señalado en otra parte de este informe, el Banco
ha debilitado significativamente el grupo especial y ha evitado el requisito de la certificación, ya sea
rebajando la categoría de proyectos forestales controvertidos a “Categoría Ambiental B”, o dándole
intervención al sector forestal dentro de los Créditos para Ajuste Estructural que no están sujetos a la
Política sobre Bosques.

Por Forest Peoples Programme, correo-e: info@fppwrm.gn.apc.org, http://www.forestpeoples.org, y
The Rainforest Foundation-UK, correo-e: simonc@rainforestuk.com,
http://www.rainforestfoundationuk.org
- Rechazan proyecto de plantaciones de carbono de V&M do Brasil
Por segunda vez, el Comité Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ha rechazado las
razones expuestas por Vallourec & Mannesmann do Brasil solicitando dinero de créditos de carbono
para plantaciones industriales de árboles.

En una reunión celebrada en Alemania (23-25 de febrero), el Comité Ejecutivo del MDL del Protocolo
de Kioto decidió seguir la recomendación de su Panel de Metodologías y rechazar el último borrador
de metodología de proyecto de “sustitución de combustible evitada” presentado por V&M do Brasil.
Este documento técnico es la base sobre la cual se establece el monto de crédito de carbono que puede
vender un proyecto MDL. Allí, V&M do Brasil argumenta que solamente puede continuar utilizando
el carbón vegetal de sus plantaciones de eucalipto para alimentar sus fundiciones de hierro a través de
un ingreso adicional proveniente de la venta de créditos de carbono. Según la empresa, de lo contrario,
deberá recurrir al carbón mineral – un combustible más lesivo desde el punto de vista climático.          Formatted: Spanish (Uruguay)


La credibilidad de estas aseveraciones está seriamente cuestionada. Cuando el Panel de Metodologías
del MDL rechazó por primera vez el argumento de V&M en mayo de 2003, señaló sus “dudas” sobre
el escenario presentado por la empresa: que la sustitución por el carbón mineral es inevitable en el
marco de las tendencias actuales de la industria del hierro en Brasil, a menos que se consigan fondos
adicionales provenientes de los créditos de carbono. En febrero de 2004, el Panel expresó su
preocupación por la “naturaleza inmaterial de la actividad del proyecto y el riesgo moral relacionado
con el hecho de que [éste] consistiera en continuar con las mismas prácticas actuales”.

La decisión de rechazar la propuesta de V&M por segunda vez, es una mala señal para el controvertido
proyecto Plantar, que también incluye un componente de “sustitución de combustible evitada”. El
proyecto Plantar, que expandirá las plantaciones de eucalipto en unas 23.000 hectáreas de “cerrado”
(un tipo de bosque de sabana), es promovido por el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial,
como el único proyecto de sumidero de carbono del Fondo, pero ha sido criticado por numerosas
organizaciones de la sociedad civil brasileña por sus impactos ambientales y sociales negativos. Las
ONGs criticaron esta propuesta de expansión de las plantaciones de árboles, argumentando que los
créditos de carbono generados por las plantaciones de árboles no tienen valor climático, entre otras
razones, porque no es posible verificar en forma suficiente las reducciones en emisiones producidas
por la plantación de árboles.

La decisión del Comité Ejecutivo del MDL aumenta todavía más el peso de los argumentos de quienes
hace mucho tiempo vienen manteniendo que la capacidad de las plantaciones de absorber una cantidad
de carbono especificable no es verificable y que plantar árboles para generar créditos de carbono no es
una solución para combatir el cambio climático. Por el contrario, distrae la atención respecto de la
adopción de medidas en materia de eficiencia energética y de economías basadas en el uso de energías
renovables.

Por Jutta Kill, SinksWatch, correo electrónico: jutta@fern.org, www.sinkswatch.org,                       Formatted: Spanish (Uruguay)
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- Foro Social Mundial: avanzando hacia un nuevo mundo posible                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
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Miles de personas de todo el mundo se preparan a partir este mes hacia Porto Alegre, Brasil, para         Formatted: Spanish (Uruguay)
asistir al Quinto Foro Social Mundial. Si bien muchas tal vez tengan agendas muy específicas, todas
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
comparten el objetivo común de trabajar juntas en la tarea de construir otro mundo posible.

El hecho es que otro mundo no sólo es posible, sino que es urgentemente necesario. La base misma de
la vida en la Tierra se ve amenazada por un modelo de “desarrollo” basado en la explotación
insustentable de la naturaleza. Se destroza el clima, se contamina y agota el agua, se arrasa con la
biodiversidad a la vez que se somete parte de ella a la manipulación genética, se envenenan y
erosionan los suelos.
Al mismo tiempo, el modelo económico predominante explota despiadadamente a las sociedades
humanas --descritas como meros “recursos humanos”-- a la vez que aumenta la pobreza, el desempleo
y la pérdida de formas de sustento.

Por eso resulta claro que el cambio es necesario, tanto desde una perspectiva social como ambiental.
Al respecto es interesante señalar que hay una creciente percepción entre muchos de los activistas
sociales y ambientales que participarán en el Foro Social Mundial acerca de la necesidad de unir las
luchas y temas que hasta ahora han estado aislados unos de otros, como forma de fortalecer el
movimiento por el cambio. Esto implica volver a analizar los sectores temáticos desde una perspectiva
diferente, tratando primero de visualizar los temas “escondidos” dentro de ellos y luego actuar para
establecer vínculos con las organizaciones correspondientes que ya están trabajando en ellos.

Por ejemplo, tal vez para muchos a primera vista los bosques parezcan una cuestión típicamente
ambiental. Sin embargo, los bosques son también una típica cuestión de derechos humanos,
especialmente en los casos cuya destrucción --o incluso su conservación-- implica la expulsión de
pueblos indígenas o comunidades locales que dependen de ellos para su sustento. En muchos casos los
bosques son un tema relacionado específicamente con las mujeres, los jóvenes o los trabajadores
forestales, en tanto su explotación provoca impactos diferenciados en esos grupos sociales.

También pueden identificarse claros vínculos con temas y actores aparentemente más distanciados. Por
ejemplo, los acuerdos comerciales internacionales pueden provocar una mayor destrucción de los
bosques en la medida que eliminen reglamentaciones; las instituciones financieras internacionales
proporcionarán financiamiento para actividades madereras, construcción de represas, minería,
explotación de petróleo o cría industrial de camarón, que generalmente ocasionan desastres
ambientales y sociales en zonas de bosque; otra institución financiera internacional --el Fondo
Monetario Internacional-- puede imponer programas de ajuste estructural que provocarán una mayor
destrucción de los bosques.

Lo anterior son apenas algunos ejemplos de una lista mucho más larga de temas y actores relacionados
con los bosques, y para nosotros es claro que es necesario establecer tantos vínculos como sea posible
con la gente que trabaja en ellos. Juntar los temas y las luchas es un paso en la dirección correcta y el
Foro Social Mundial ciertamente brindará una buena oportunidad para avanzar aún más por esa senda.

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* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
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- La iniciativa de Mumbai - PortoAlegre sobre los bosques

Un conjunto de participantes del Foro Social Mundial 2004 realizado en Mumbai, considerando que
los asuntos relacionados con los bosques son en esencia sociales y políticos y que las comunidades de
los bosques se ven cada vez más afectadas por la globalización (y las nuevas formas de liberalización
económica y del comercio que ésta conlleva), acordaron en la necesidad de crear un movimiento
mundial para garantizar la conservación de los bosques y los derechos de los pueblos sobre los
mismos. También se acordaron los principios sobre los cuales se fundaría el movimiento, que se
hicieron circular como Declaración de Principios de la Iniciativa de Mumbai sobre los Bosques.

Un año más tarde el grupo y otros participantes del Foro Social Mundial 2005 se reunieron en Porto
Alegre, Brasil, donde analizaron y revisaron la Iniciativa de Mumbai sobre los Bosques. El resultado
es la Iniciativa de Mumbai-Porto Alegre sobre los Bosques. A continuación se enumeran sus doce
principios, cada uno acompañado de una breve explicación.
1. Los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques, que viven en los bosques
y los utilizan para satisfacer sus necesidades de subsistencia, son los verdaderos protectores y
gobernantes de sus bosques y gozan de derechos inalienables sobre los mismos.

El punto de partida es que las comunidades de los bosques y las que de ellos dependen tienen derechos
inalienables sobre sus bosques. Estos derechos fueron eliminados durante la colonización, y los nuevos
estados independientes conservaron la misma legislación que el poder colonial había impuesto a las
comunidades. Al mismo tiempo, este principio reconoce el papel que las comunidades cumplen y
desean cumplir en la protección de los bosques que satisfacen sus necesidades vitales, así como el
hecho de que estas comunidades tienen el conocimiento necesario para administrarlos en forma
adecuada.

2. La protección y la conservación de los bosques exigen que se garanticen sus derechos.

En la mayoría de los casos, la destrucción de los bosques no es causada por las comunidades, sino que
resulta de decisiones tomadas fuera de las áreas boscosas (por ejemplo, las concesiones para el
madereo otorgadas por los gobiernos). Si los bosques han de ser protegidos y conservados, el primer
paso es garantizar el reconocimiento legal de los derechos de las comunidades sobre sus territorios. El
paso complementario es asegurar el pleno respeto de estos derechos.

3. Los mecanismos institucionales para el control social de los bosques por parte de los pueblos de los
bosques, incluidos los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques,
evolucionarán de acuerdo con las necesidades socioecológicas y económicas de las comunidades y
adoptarán distintas formas según los diferentes perfiles culturales de las comunidades en las diferentes
partes del mundo.

Este principio subraya la diversidad cultural y biológica que existe en los bosques y enfatiza que
diferentes comunidades de los bosques aplicarán diversos mecanismos en diferentes tipos de bosques,
y que estos mecanismos evolucionarán con el tiempo para adaptarse a los cambios. Al mismo tiempo
advierte sobre la imposición de recetas homogéneas de parte de actores gubernamentales o no
gubernamentales.

4. Debe reconocerse el papel histórico y la contribución positiva de las mujeres en el gobierno y
cuidado de los bosques y garantizarse su plena participación en la toma de decisiones.

Si en muchas esferas las mujeres son “invisibilizadas”, en ningún lugar son tan invisibles como en los
bosques, tanto en lo que respecta a su papel en la protección de los bosques como en los impactos
diferenciados que son obligadas a sufrir como resultado de la deforestación y la degradación de los
bosques. El reconocimiento de su papel debe estar necesariamente acompañado de su derecho a
participar plenamente de las decisiones relativas a dichos bosques.

5. Los gobiernos deben garantizar un entorno propicio para el control comunitario de los bosques.

Los gobiernos tienen un nuevo papel fundamental en la creación de las condiciones para la apropiada
protección de los bosques. No solamente deben garantizar que los derechos sobre los bosques pasen a
manos de las comunidades locales en forma segura y legal, sino también establecer mecanismos para
apoyar el gobierno comunitario de los bosques. Este “entorno propicio” va desde responder a
solicitudes específicas de apoyo de parte de las comunidades hasta establecer políticas que aumenten la
capacidad de las comunidades para lograr la protección de los bosques.

6. Los gobiernos deben garantizar que la legislación y las políticas cumplan con los principios antes
mencionados.
En muchos casos, políticas y legislación en apariencia no vinculadas con los bosques resultan en la
destrucción de los mismos. Por ejemplo, la legislación sobre petróleo y minería relacionada con
políticas energéticas puede contradecirse con políticas sobre los bosques fundadas en los principios
antes mencionados y resultar en la desposesión de las comunidades locales de los bosques y la
degradación de estos. Por eso todas las políticas y leyes gubernamentales deberían analizarse
previamente en lo que respecta a los posibles impactos sobre los bosques y las comunidades de los
bosques y, de ser necesario, ser modificadas o retiradas de modo de evitar que estos impactos tengan
lugar.

7. La sociedad en general, que se beneficia de la amplia variedad de productos y servicios que brindan
los bosques, debe apoyar a las comunidades en su esfuerzo para gobernar y conservar los bosques.

La opinión pública percibe con creciente claridad el papel que los bosques desempeñan en nuestras
vidas, en particular en lo referente a la importancia ambiental de los bosques en cuanto a la
conservación del agua, la diversidad biológica y el clima a nivel local, regional y mundial. El apoyo de
la sociedad es fundamental, en particular en esta etapa en que ni siquiera se otorga a las comunidades
de los bosques sus derechos sobre los bosques y en que los bosques están desapareciendo a un ritmo
alarmante en muchos países. Por lo tanto, apoyar las luchas de las comunidades por el gobierno y la
protección de sus bosques debería constituir un paso importante en la creación de las condiciones que
devuelvan el poder sobre los bosques a aquellos que mejor pueden garantizar su conservación: las
comunidades que allí habitan.

8. Las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la conservación de los
bosques y la protección de los derechos de los pueblos de los bosques a nivel nacional e internacional
deberían desempeñar una función de apoyo a las iniciativas de los pueblos en cuanto al gobierno de los
bosques y ser responsables ante estos pueblos.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel negativo o positivo en los
bosques, y hay ejemplos de ambos. La primera pregunta que necesitan plantearse es si están
comprometidas solamente con la conservación de los bosques o si están comprometidas con los
derechos de los pueblos de los bosques y también con la conservación de los bosques. Si la respuesta
es esta última, necesitan comprender que lo que las comunidades necesitan es apoyo y no liderazgos
externos, y que garantizar la protección de los bosques a largo plazo implica el real empoderamiento
de las comunidades de los bosques. Por lo tanto el papel de estas organizaciones debe entenderse como
una participación a corto plazo que ayude a crear las condiciones para que las comunidades de los
bosques se gobiernen por sí mismas.

9. Nos oponemos a las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil involucradas en actividades
que afectan o socavan los derechos e intereses de los pueblos de los bosques.

Aunque de ningún modo se trata de una situación generalizada, un puñado de grandes organizaciones
conservacionistas internacionales, actuando junto a unos pocos socios locales, han elegido desconocer
los derechos y capacidades de las comunidades de los bosques y procuran activamente, en
colaboración con algunos gobiernos y empresas, obtener derechos de propiedad o de administración
sobre bosques pertenecientes a comunidades locales. Tales organizaciones recibirán la absoluta
oposición que se merecen.

10. No puede permitirse el madereo industrial ni las plantaciones a gran escala, ni tampoco los
llamados proyectos de desarrollo y conservación que resultan en deforestación y degradación de los
bosques y en el desplazamiento de las comunidades de los bosques y pérdida de sus medios de
sustento.
La experiencia ha demostrado en forma más que suficiente que muchos de los llamados proyectos "de
desarrollo" solamente han servido para desarrollar la riqueza de los ricos, al tiempo que empujan a los
pueblos de los bosques al empobrecimiento y a la pérdida de sus medios de subsistencia. El madereo
industrial es quizás el ejemplo más obvio, pero hay muchos otros, como las represas, los monocultivos
forestales, las carreteras, la minería, la explotación petrolera, el cultivo del camarón, la colonización,
etcétera. Si se trata de proteger los bosques no deben permitirse proyectos de este tipo. El verdadero
desarrollo no implica la destrucción de los bosques; al contrario, para las comunidades de los bosques
desarrollo significa el acceso mejorado y permanente a los productos y servicios que brindan los
bosques, y por lo tanto implica la conservación de los bosques.

11. Nos oponemos a cualquier participación del Banco Mundial, el FMI, la OMC y otras instituciones
financieras internacionales en políticas y proyectos que puedan afectar a los bosques y a los pueblos de
los bosques.

El Banco Mundial tiene una larga historia en cuanto a destrucción de bosques. Muchos de los
proyectos más destructivos en los bosques han sido financiados por esta institución, que continúa
haciéndolo. Los aspectos positivos de su política forestal anterior nunca fueron aplicados, y la solución
que encontró fue debilitar su propia política para poder así continuar con sus acciones destructivas. El
Fondo Monetario Internacional ni siquiera ha tenido nunca una política forestal ni ha reconocido los
enormes impactos que sus políticas de ajuste estructural tienen sobre los bosques. La Organización
Mundial del Comercio está haciendo todo lo que puede para asegurar que no se establezca ningún
obstáculo al comercio internacional e incluso define algunas medidas de protección de los bosques
como "medidas no arancelarias" ilegales. La conclusión es que para proteger los bosques y los pueblos
de los bosques hay que mantener a estas instituciones bien lejos de los bosques y que sus políticas y
proyectos deben analizarse cuidadosamente en cuanto a sus posibles impactos sobre los bosques.

12. La transformación de la naturaleza y los bosques en mercancías por parte de empresas, gobiernos,
instituciones internacionales y algunas ONG es inaceptable.

Al mismo tiempo que las comunidades de los bosques intentan hacer valer sus derechos sobre los
bosques como forma de garantizar la conservación de los bosques y sus medios de sustento, el
neoliberalismo intenta crear mecanismos de mercado para lucrar aun más con la naturaleza. La
naturaleza está en venta y se está poniendo una etiqueta con el precio a todo lo que pueda ser
comercializado. Se está vendiendo incluso el carbono almacenado en la madera; lo mismo ocurre con
la capacidad de reciclar el agua y las propiedades medicinales de innumerables plantas. Esto debe
verse como lo que realmente es: otro paso en la privatización de la vida que, de permitirse, resultará en
que las empresas se apropien de prácticamente todo. Por este motivo, esta iniciativa concluye que tal
proceso es completamente inaceptable.

Esta declaración de principios intenta contribuir al inicio de un proceso mundial de creación de lazos
de solidaridad entre movimientos, grupos e individuos que trabajan en cuestiones vinculadas con los
bosques en el ámbito local, nacional e internacional. Apelamos a tod@s ustedes para que se unan a
este proceso.

Porto Alegre, 30 de enero de 2005.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Delhi Forum, National Forum of Forest People and
Forest Workers of India, Jharkham/Save the Forest Movement (India),
New Trade Union Initiative (India), Amigos de la Tierra Internacional, WALHI/Amigos de la Tierra             Formatted: Spanish (Uruguay)
(Indonesia), Tebtebba Foundation (Filipinas), Coecoceiba/Amigos de la Tierra (Costa Rica),
CENSAT/Amigos de la Tierra (Colombia), Rede Alerta Contra o Deserto Verde (Brasil), FASE
(Brasil), Sobrevivencia/Amigos de la Tierra (Paraguay), International Forum on Globalisation (USA),
Acción Ecológica/Oilwatch (Ecuador).
Si Ud. desea firmar, puede enviar un correo electrónico a wrm@wrm.org.uy (incluyendo nombre,
organización y país) o hacerlo a través de nuestro sitio web:
http://www.wrm.org.uy/declaraciones/MumbaiPA.html                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
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Comentarios de los doce principios por Ricardo Carrere, correo-e: rcarrere@wrm.org.uy                         Formatted: Spanish (Uruguay)


- Retomar el clima en nuestras manos

El Grupo de Durban es una coalición de ONGs, activistas sociales y ambientales, comunidades,
académicos, científicos y economistas de todo el mundo preocupados por el cambio climático, que
hacen un llamado a un movimiento mundial de base contra el cambio climático. El grupo denuncia el
equivocado enfoque actual de las negociaciones internacionales y sostiene que el mismo debe ser
contrarrestado a través de la participación activa de un movimiento mundial de pueblos del Norte y del
Sur para retomar el clima en nuestras manos.

Varios miembros del Grupo de Durban que participaron del quinto Foro Social Mundial realizado en
Porto Alegre, Brasil, se reunieron allí para intercambiar información y elaborar estrategias de acción
en relación con el cambio climático. Uno de los resultados fue una carta abierta al secretario general de
la ONU, Kofi Annan, para hacerle llegar "dos convicciones: la primera, que otro mundo es posible; la
segunda, que no será posible si las personas no tienen un clima en el que puedan vivir".

La carta fue redactada en Porto Alegre y enviada el 15 de febrero, coincidiendo con la entrada en vigor
del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue acordado en 1997 durante la Convención sobre
Cambio Climático de la ONU, supuestamente para establecer compromisos concretos para la
reducción de las emisiones de combustibles fósiles de parte de los países del Norte. Sin embargo, el
Grupo de Durban alega que el tratado sobre el clima no solamente fracasa en cortar las emisiones de
gases de efecto invernadero lo suficiente como para alejar una catástrofe climática, sino que además
roba de los pobres para dar a los ricos.

En la carta enviada a Kofi Annan, el grupo expresa su desilusión en cuanto a que las negociaciones
internacionales sobre el clima resultantes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de 1992 no
"enfrentan en forma efectiva las amenazas para la vida, el sustento y la paz planteadas por el cambio
climático y la continuada extracción de combustibles fósiles que las provocan. Esperábamos que las
negociaciones atacaran la raíz del problema del cambio climático: la transferencia del petróleo, el
carbón y el gas del subsuelo a la superficie".

Esta quema excesiva de combustibles fósiles amenaza ahora la capacidad de la Tierra de mantener un
clima habitable. Sin embargo, el grupo observa que "En lugar de ordenar importantes reducciones en la
extracción y quema de carbón, petróleo y gas y reducir el capital destinado a la exploración petrolera,
la ONU, bajo la influencia de Estados Unidos, ha gastado una cantidad desproporcionada de tiempo y
recursos en el desarrollo de un complicado mercado mundial del clima".

La carta del Grupo de Durban explica al secretario general de la ONU que mediante el nuevo mercado
de carbono "los países industrializados y sus empresas están adquiriendo valiosos derechos formales
sobre la capacidad de la Tierra de reciclar las emisiones de los combustibles fósiles, al tiempo que se
los alienta a utilizar la tierra y otros recursos del Sur para ‘mitigar’ las continuadas emisiones de gases   Formatted: Spanish (Uruguay)
de efecto invernadero". En este último proyecto ha colaborado el Banco Mundial, que, mediante sus             Formatted: Spanish (Uruguay)
varios fondos para el carbono, respalda muchos proyectos de "ahorro de carbono" en todo el Sur.

El Grupo de Durban critica a la ONU por el fracaso en "avanzar hacia políticas alternativas sensatas y
justas de reglamentación, gravamen, fin de los subsidios a la extracción y el uso de combustibles
fósiles y apoyo a la energía sustentable local, o incluso alentar el debate sobre las mismas. Al mismo
tiempo, una cortina de humo de jerga especializada sobre el ‘mercado de carbono’ ha impedido al              Formatted: Spanish (Uruguay)
público comprender o controlar las políticas sobre el clima".                                                Formatted: Spanish (Uruguay)


"El propósito y la legitimidad de este mercado del carbono", sigue la carta, "están siendo cuestionados
por muchos que los perciben como sesgados a favor de los intereses a corto plazo de los países
industrializados y sus empresas".

La carta iba acompañada de un comunicado de prensa que observa que "mientras que muchos están
celebrando esta semana la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto, otros encuentran motivos de
honda preocupación" y se plantea la pregunta: "Kioto: ¿qué hay para celebrar?".

El comunicado de prensa expone los argumentos de los miembros del Grupo de Durban en relación
con la presente situación: "Estamos creando una especie de ‘apartheid climático’ donde los más pobres        Formatted: Spanish (Uruguay)
y los de piel más oscura pagan el precio más alto –con su salud, sus tierras y, en algunos casos, con sus    Formatted: Spanish (Uruguay)
vidas– por el despilfarro de carbono por los ricos", dijo Soumitra Ghosh del Foro Nacional de Pueblos        Formatted: Spanish (Uruguay)
de los Bosques y Trabajadores Forestales de India.                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)

"Aun en términos puramente económicos, un mercado en créditos de proyectos ‘de ahorro de carbono’            Formatted: Spanish (Uruguay)
fracasará", dijo Jutta Kill de Sinkswatch, una organización de control con sede en el Reino Unido.           Formatted: Spanish (Uruguay)
"Simplemente no se puede verificar si las emisiones de una planta de energía pueden ser
‘compensadas’ a través de la plantación de árboles o por otros proyectos. Finalmente, los inversores         Formatted: Spanish (Uruguay)
van a perder la confianza en los créditos que compran de tales proyectos".                                   Formatted: Spanish (Uruguay)


Ricardo Carrere, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, añadió que "las llamadas
plantaciones para sumideros de carbono resultarán en una mayor expansión de los monocultivos de
árboles que ya tienen un enorme impacto sobre las personas y sus ambientes".

El Protocolo de Kioto también permite la utilización de árboles manipulados genéticamente en las
plantaciones para absorción de carbono. "Esto abrirá una caja de Pandora de impactos que ni podemos
adivinar", dijo Anne Petermann, del Proyecto de Justicia Ecológica Global con sede en Estados
Unidos.

En cuanto al papel del Banco Mundial como promotor del mercado de carbono, incluidos los proyectos
de "ahorro de carbono" en países pobres, Nadia Martínez, de la Red de Energía y Ambiente
Sustentable basada en Washington, declaró que “Es ridículo que el Banco, uno de cuyos objetivos es
fortalecer a la industria de combustibles fósiles, ahora se esté autopublicitando como resolviendo la
crisis climática”.

"Si queremos evitar la crisis climática, es ineludible realizar reducciones drásticas en la inversión y el
uso de combustibles fósiles, y es igualmente ineludible asegurar la protección de los bosques nativos
aún existentes", confirmó Heidi Bachram de Carbon Trade Watch (Vigilancia del Comercio de
Carbono).

Las tendencias mundiales de privatización del agua y la biodiversidad ahora también pretenden lucrar
con el clima. Para enfrentar la crisis climática, el Grupo de Durban hace un llamado a organizaciones y
activistas de base para ayudar a fortalecer un movimiento que se alce contra estos procesos y así
"tomar nuevamente el tema del clima en nuestras manos".
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valid.http://www.carbontradewatch.org/durban/letter.html y al comunicado de prensa completo en
                                                                                                             Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.carbontradewatch.org/durban/kofi.html.
, paja para techadosArtículo basado en opiniones expresadas durante el evento. La primera parte del          Field Code Changed

artículo esta basada en información obtenida de                                                              Formatted: Spanish (Uruguay)
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Para contactarse con el secretariado de la RECOMA, dirigirse a Ana Filippini en la direccion:
anafili@wrm.org.uy
 do Solquienes AMERICA DEL SUR

- Argentina: un respiro a la arremetida comercial contra los bosques

El 26 de noviembre de 2004, la legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó una ley de emergencia
ambiental que constituye una moratoria -suspensión- absoluta de desmonte, tala, deforestación, quema
o destrucción de montes y bosques nativos por el término de 180 días, prorrogable por el poder
ejecutivo a 180 días más.

Por otra parte, el 17 de diciembre último, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 a cargo de la Dra. Iride
Isabel María Grillo, de la Provincia del Chaco, hizo lugar a una Acción de amparo colectivo
interpuesta por comunidades indígenas en defensa de sus territorios. En tal sentido, declaró
inconstitucional la reforma de la ley de bosques, que permitía la tala del bosque sin límites, partiendo
de la violación del deber de consulta a las comunidades indígenas y la violación de las obligaciones
ambientales de parte del Estado chaqueño y por todos los efectos que ello causa, obligando a realizar
una evaluación del daño sufrido por el monte chaqueño y a una evaluación de impacto ambiental y
social de persistirse en tales acciones.

Para dicho fallo citó, entre sus fundamentos, parte del documento del Foro del Buen Ayre, una
coalición de ONGs que estuvo presente en la 10ª Conferencia de las Partes (COP 10) de la Convención
de Cambio Climático realizada en Buenos Aires, y que exigió detener todos los desmontes sosteniendo
que "tanto por razones de protección de la biodiversidad, como por los múltiples servicios ambientales
que ofrecen, también desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, debemos proteger
los últimos bosques que quedan en la Argentina”.

En el referido documento, el Foro del Buen Ayre reclama al Estado Nacional argentino que actúe para
proteger a las comunidades y pueblos originarios que son despojados de sus tierras, y cuyas reservas
naturales son licitadas para aprovechamiento particular. “El Estado Nacional no puede continuar
ausente en este proceso de devastación de nuestros bosques”, se dice.

En el documento, las organizaciones del Foro del Buen Ayre sostienen que: “Son necesarios planes de
ordenamiento territorial que aseguren la preservación de los bosques nativos, su biodiversidad y el uso
del suelo con criterios de sustentabilidad. El Estado debe comprometerse con una política activa y
responsable y no dejar librada la preservación de los bosques a la desigual correlación de fuerzas entre
empresarios, vulnerables comunidades campesinas y gobiernos provinciales”.

Se identifican también las causas de una de las mayores catástrofes climáticas del siglo XXI
enfrentadas por la Argentina entre marzo y abril del 2003. La provincia de Santa Fe sufrió una de las
peores inundaciones de las que se tenga registro: en 10 días cayeron 400 mm de lluvia que afectaron
220.000 hectáreas, perjudicando a la población y a las principales actividades económicas de la zona.
El saldo de la catástrofe fue de 130.000 damnificados, 30 muertos, 28.000 viviendas dañadas y
pérdidas por más de 1.500 millones de dólares.

Uno de los factores coadyuvantes para que las inundaciones se transformaran en una verdadera
tragedia fue la pérdida sostenida durante las últimas décadas de superficie boscosa en las cuencas de
ríos como el Salado (ver boletín del WRM Nº 85). Esta deforestación tiene su principal causa en la
expansión agrícola. Desde 1999 el trabajo incesante de las topadoras en las provincias de Santiago del
Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ha permitido la expansión de los
cultivos de soja en más de 2.000.000 de hectáreas. En la región chaqueña, que es una de las más
afectadas, se estima que de continuarse con esta práctica, para el año 2010 se desmontarán unas
4.300.000 hectáreas.
Dicha deforestación es, a su vez, un aporte notable a las emisiones de carbono y por ende, al
incremento del calentamiento global. En un trabajo reciente de la Dirección de Bosques de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se efectuó una evaluación actualizada
de las emisiones provenientes de la deforestación en los distintos ambientes forestales. Los datos
presentados señalan que, en la actualidad, Argentina posee una gran fuente de emisiones producto de
la deforestación en la región Noroeste del país, Parque Chaqueño y Selva de Yungas.

En una situación desalentadora en la que los bosques nativos ocupan hoy sólo el 14% del territorio
nacional -mientras que en el año 1914 ocupaban el 39% de la superficie- las organizaciones locales
consideran positivas ambas resoluciones, que siquiera dan un respiro a la arremetida de los intereses
comerciales que arrasan con la vida misma.

Será cuestión de aprovechar ese espacio para trabajar socialmente en la visualización de modelos
productivos que restañen la separación entre producción y naturaleza y permitan desenterrar los
saberes locales y sus formas de relacionarse con el mundo, que seguramente mucho tienen que aportar
para lograr una integración recíproca de los sistemas.

Artículo basado en información obtenida de: “Urgente, Santa Fe declaró la emergencia ambiental y
frenó los desmontes por ley”,
http://www.greenpeace.org.ar/noticia.php?contenido=4432&item=&seccion=4; “Chaco: fallo a favor
de comunidades indígenas”, http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/12/248289.php; “El                  Formatted: Spanish (Uruguay)
Cambio Climático y la agenda local”, documento del Foro del Buen Ayre, correo electrónico:                  Field Code Changed
marem@lq.com.ar, www.foroba.org.ar, enviado por la Dra. Anna Petra, correo electrónico:                     Formatted: Spanish (Uruguay)
annapetra@cabledosse.com.ar                                                                                 Field Code Changed
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- Brasil: carta abierta de las organizaciones sociales en rechazo de la certificación de Aracruz Celulose
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En una carta abierta firmada por varias organizaciones sociales y personalidades de Brasil, la Rede
Alerta contra o Deserto Verde (Red Alerta contra el Desierto Verde) denuncia y rechaza la                   Field Code Changed

certificación de Aracruz Celulose, gran empresa de plantaciones y una de las mayores productoras de         Field Code Changed
pulpa de eucalipto blanqueada en el estado de Espírito Santo, a través del programa CERFLOR del             Formatted: Spanish (Uruguay)
gobierno brasileño.                                                                                         Formatted: Spanish (Uruguay)


La Red Alerta contra el Desierto Verde está indignada con el proceso de CERFLOR para la
certificación del "manejo de bosques" de Aracruz Celulose. Esta empresa posee 146.000 hectáreas de
tierras en el estado de Espírito Santo, de las cuales 93.000 están ocupadas por monocultivos de
eucaliptos.

Una vez más declaramos que un monocultivo industrial, a gran escala, no puede ser certificado puesto
que es insustentable. Las plantaciones de eucaliptos son "sustentables" solamente en opinión de
Aracruz, que aumenta su productividad a expensas del alto consumo y contaminación de los recursos
hídricos, la muerte de peces y animales y muchos otros impactos socioambientales que involucran a
comunidades indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos africanos) y pequeños agricultores
que vivían en la región que ahora se conoce como Desierto Verde. La forma de vida de estas
comunidades ha cambiado para el exclusivo beneficio de Aracruz, que ha arruinado la Selva Atlántica,
destruyendo así la fuente de verdadera sustentabilidad de estas comunidades.

Pensamos que CERFLOR no merece la confianza de los movimientos, organizaciones, comunidades y
ciudadanos de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido expresamente excluida de la discusión sobre
los objetivos, principios y criterios de este sistema de certificación. Actualmente ni siquiera sabemos
cuáles son los principios y criterios que la empresa certificadora, BVQI, utilizará en este proceso de
certificación; para enterarnos tenemos que comprar los documentos referentes al proceso de
certificación establecido por CERFLOR, lo que lo convierte en un proceso no transparente. Aparte de
esto, no hay exigencias mínimas sociales o ambientales en relación con el certificado de CERFLOR,
que básicamente hace referencia a leyes brasileñas.

En el caso de Aracruz Celulose, el intento de certificar sus plantaciones en el estado de Espírito Santo
parece una provocación para todos aquellos que conocen de cerca la conducta y la posición de los
ejecutivos de la empresa hacia las comunidades locales y su medio ambiente a lo largo de los últimos
35 años. He aquí algunos ejemplos de estos conflictos, algunos más recientes que otros:

* Aracruz Celulose continúa ocupando cerca de 10.500 hectáreas de tierras indígenas Tupinikim y
Guaraní en la municipalidad de Aracruz. Estas son tierras que ya han sido reconocidas como tierras
indígenas por el gobierno federal; sin embargo, fueron excluidas de la última demarcación, realizada
en 1998. En aquel momento, el mismo gobierno federal, presionado por Aracruz Celulose, cometió un
acto ilegal al reducir la extensión de la tierra que habría de demarcarse. Por lo tanto, cabe preguntarse:
¿Cómo puede ser certificada una empresa que ocupa y explota tierras indígenas?

* Aracruz Celulose invadió las tierras de las quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos
africanos) en el norte de Espírito Santo, desalojando a miles de personas y plantando eucaliptos. En los
últimos años, 34 quilombolas iniciaron un proceso de rearticulación y reorganización para garantizar
que se las reconozca y que sus tierras sean devueltas y demarcadas, con el apoyo de Fundação
Palmares, INCRA (Instituto para la reforma agraria) y la sociedad civil organizada. Sin embargo,
CERFLOR pretende otorgar la certificación a una empresa que ocupa y explota las tierras de las
quilombolas.

* Los hornos de los habitantes de Vila do Riacho, que fabricaban carbón con los restos de los
eucaliptos de Aracruz Celulose, fueron destruidos en una acción articulada entre el gobierno municipal
de Aracruz, la empresa, policías y la "milicia armada" de Aracruz Celulose: Visel. Los restos de
eucaliptos (restos de ramas y leños) son la única fuente de ingresos para las comunidades, a quienes se
quitó su medio de sustento. Actualmente, esta empresa es considerada sensible desde el punto de vista
ambiental porque tiene una máquina que aplasta estos restos de modo que la materia orgánica se
reincorpora al suelo. Sería increíble que se otorgue a Aracruz un premio ambiental por eso... Ahora,
¿cómo certificar a una empresa que quita la única forma de ingresos a familias sin tierras, quilombolas
y comunidades indígenas, empujándolas al hambre?

* En octubre de este año, Aracruz destruyó cuatro casas de habitantes de la zona de Barra do Riacho,
cerca de su complejo industrial. Este acto inhumano y criminal tuvo lugar de acuerdo con una
sentencia preliminar emitida por una jueza de la municipalidad de Aracruz. Los abogados de la
empresa alegaron que las familias eran "intrusas" en tierras de Aracruz. Tras la destrucción de las casas
se probó ante el tribunal que las familias habían vivido en la zona durante más de diez años. En una
acción bárbara, Aracruz destruyó las casas y arrancó todos los cultivos de banana, mandioca y ananá.
En virtud de una apelación presentada por la defensa de las familias, la jueza consideró que había sido
engañada por la multinacional Aracruz y exigió que Aracruz reconstruyera las casas en un plazo de
diez días. Aracruz todavía tiene que indemnizar a las familias por daños morales y perjuicios. ¿Es esta
una empresa que merezca recibir un certificado de manejo forestal en tanto continúa cometiendo actos
violentos contra los pobladores locales, así como contra comunidades indígenas, quilombolas y
pequeños agricultores, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 35 años, incluso con el apoyo de la
dictadura militar?

* En el norte de Espírito Santo, cientos de familias siguen acampando y esperando una parcela de
tierra mientras el mayor terrateniente del estado, Aracruz, puede continuar comprando y arrendando
tierras a precios superiores a los del mercado y plantando eucaliptos. ¿Cómo certificar a una empresa
que obstaculiza aun más la reforma agraria?
Estos son apenas algunos ejemplos de la violencia aplicada por Aracruz, con el apoyo de los
gobiernos, contra derechos fundamentales de las comunidades locales, derechos garantizados a dichas
comunidades por la Constitución brasileña y por acuerdos internacionales sobre derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, firmados y ratificados por Brasil. Los ejemplos demuestran que si
CERFLOR se toma en serio por lo menos la ley brasileña, Aracruz nunca debería recibir este sello.

Y por último, no vale la pena discutir condiciones para tanta insustentabilidad. Las comunidades
locales están cansadas de los impactos de los monocultivos de eucaliptos. Lo que quieren son
alternativas basadas en la producción de alimentos en la tierra mediante una amplia reforma agraria,
quieren la reforestación con especies que mejoren el medio ambiente local y ofrezcan múltiples
opciones de uso; las comunidades indígenas y quilombolas quieren que les devuelvan sus tierras y,
sobre todo, quieren que se respeten sus derechos más fundamentales.

Por: Red Alerta contra el Desierto Verde, diciembre de 2004, enviado por Winfridus Overbeek, FASE
– ES, e-mail: winnie.fase@terra.com.br                                                                  Formatted: Spanish (Uruguay)
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AFRICA

- Camerún: políticas restrictivas en parque nacional tienen importantes impactos sobre las mujeres

En general las comunidades locales perciben el manejo de los bosques como un asunto público. Y sin
embargo, en el hogar, el dominio público y las inversiones son competencia de los hombres, puesto
que las mujeres son responsables de los asuntos "privados", domésticos. A causa de su papel decisorio
en la seguridad alimentaria del hogar, son las mujeres las más afectadas por las disrupciones en la
disponibilidad de los alimentos y el acceso a los mismos. Así, las últimas políticas forestales
impulsadas por las tendencias ambientales internacionales y nacionales afectan a las comunidades
locales y, dentro de éstas, principalmente a las mujeres.

En Camerún, Bifa y Ebianomeyong son buenos ejemplos de esto. Ambos poblados llamaron la
atención de los investigadores porque allí las mujeres expresaron claramente, lo que es inusual, sus
opiniones acerca de un parque nacional cercano llamado Campo-Ma'an. Un trabajo de campo de
CIFOR sobre el impacto del parque en las actividades socioeconómicas de las comunidades cercanas
al mismo relata la historia de estas mujeres.

El bosque de Campo-Ma’an, situado en la parte sudoeste de Camerún, linda con Guinea Ecuatorial y        Formatted: Spanish (Uruguay)
está dotado de una riqueza casi única en cuanto a flora y fauna. Declarada reserva de caza en 1932,
esta zona fue más tarde el objetivo de una serie de proyectos comerciales (madereo, plantaciones
industriales) hasta 1999, cuando el gobierno de Camerún estableció 260.830 hectáreas de zonas y
bosques protegidos. En 2000, con el apoyo financiero del Banco Mundial, fue convertido en parque
nacional.

Bifa es una aldea de 306 habitantes, atrapada entre el parque nacional y un complejo agroindustrial
compuesto de plantaciones de caucho, fábricas y campamentos de trabajadores con aproximadamente
18.216 habitantes. Las comunidades locales están compuestas por los Bulu, un grupo étnico que se
asentó en Bifa alrededor de 1860 y forma parte del gran complejo étnico Fang-Beti, conformado por
los grupos étnicos Fang, Fon, Mvae, Ntumu, Zaman y Bulu. Tienen relaciones preferenciales y
complejas con sus vecinos de Nzingui.

Al igual que en los poblados vecinos, la población de Bifa ha experimentado a lo largo de los años
influencias externas que han modificado gradualmente su forma de vida. La creación de la plantación
de caucho de HEVECAM en 1975 ocupó parte del poblado y causó grandes cambios en las
comunidades locales, con inclusión de la exacerbación de los conflictos entre las comunidades y
dentro de las mismas por los recursos que quedaron, la destrucción de grandes superficies de bosques y
la reducción de los recursos y los ingresos, el influjo de extranjeros en busca de empleos en la zona, y
el aumento de la caza furtiva y la ocupación ilegal de tierras de parte de los trabajadores de las
plantaciones y sus familias.

Los hombres y las mujeres de Bifa se ocupan de actividades tradicionales como la agricultura, la caza,
la recolección y la cosecha de productos no madereros del bosque, la pesca y la cría a pequeña escala
de aves de corral y pequeños rumiantes. Al estudiar el empleo del tiempo del grupo étnico Ntumu en la
región de Campo-Ma’an, los investigadores encontraron que tanto hombres como mujeres ocupan la             Formatted: Spanish (Uruguay)
misma cantidad de tiempo en actividades de sustento, cerca de cuatro horas y media por día. Los
desplazamientos diarios para las actividades de sustento llevan unas dos horas y media por día tanto a
los hombres como a las mujeres.

A lo largo de los años las poblaciones locales fueron adaptando gradualmente su forma de vida para
enfrentar los cambios inducidos por factores externos. Al principio de este proceso las mujeres
obtuvieron la parte del león al colocarse como las vendedoras de los productos familiares. Los
hombres se ocupaban de la mayor parte de la caza, pero el comercio era mayoritariamente trabajo de
mujer, por lo que eran ellas quienes recibían el dinero. Hasta hace poco, las mujeres de Bifa
recolectaban todos los recursos y los distribuían para compras, ventas, regalos y varios intercambios
sociales.

La creación del parque nacional llevó a nuevas perturbaciones, que han trastornado la base misma de
la vida económica de la aldea y puesto en tela de juicio los logros de todas las comunidades locales, en
especial de las mujeres. Las mujeres acusan a los guardabosques, que han estado presentes en la zona
desde la creación del parque en 2000, de no haber demarcado claramente el parque ni hecho explícitas
las normas y reglamentaciones relativas a la caza, en un intento de decomisar toda la caza que se
encuentre a las mujeres, tanto en el mercado como en la aldea. Las mujeres se quejan del acoso de los
guardabosques, que no dudan en "entrar a las cocinas a examinar el contenido de las ollas" o
"decomisar nuestra caza en cualquier momento y lugar".

Los guardabosques no consiguieron detener la caza, pero ahora la gente tiene que entrar
subrepticiamente al bosque y comprar su carne directamente a los cazadores. Puesto que la venta de la
caza era la principal fuente de ingresos de las mujeres de Bifa, éstas se han vuelto cada vez más
pobres, incapaces de crear a tiempo estrategias de adaptación como los hombres. Las mujeres ven
disminuir sus ingresos al tiempo que el problema de la caza furtiva continúa existiendo. Esto ha tenido
un impacto negativo en el equilibrio entre hombres y mujeres.

Ebianemeyong es una aldea de 103 habitantes que pertenecen al grupo étnico Mvae y a diferentes
clanes. Se encuentra en un enclave en el borde sudeste del parque nacional. Los pobladores de
Ebianemeyong son agricultores tradicionales que se ganan el sustento mediante la agricultura, la caza,
la recolección de productos no madereros del bosque y la pesca. Las mujeres se ocupan principalmente
de la agricultura para la alimentación y, cada vez más, del cultivo de árboles frutales. Las actividades
típicas de los hombres les son rentables financieramente. Las actividades de las mujeres, por el
contrario, se centran más en cubrir las necesidades de subsistencia del hogar: solamente agricultura y,
en menor medida, recolección y cosecha de productos no madereros del bosque, que genera ingresos
monetarios.

Sin embargo, las mujeres dicen que estas actividades que se han descrito no representan realmente la
situación actual sino más bien la situación anterior al cierre de la ruta entre Ebianemeyong y Campo,
suspendida a pedido del Banco Mundial porque atraviesa el parque y lo que se quería era mantener
alejados a los cazadores furtivos. Esto ha dejado a la población de Ebianemeyong sin acceso a Campo
Ma’an. En realidad los cazadores furtivos rara vez utilizan la ruta, pues podrían ser atrapados            Formatted: Spanish (Uruguay)
fácilmente. Los verdaderos perdedores han sido las mujeres agricultoras, que ya no pueden enviar sus
cultivos al mercado ni llevar al médico a sus hijos cuando están enfermos.

Además de la reducción del espacio para vivir, que es un problema común a todas las comunidades
adyacentes al parque nacional, las mujeres de Bifa y Ebianemeyong están experimentando más
dificultades que los hombres para adaptarse a nuevas circunstancias. Este no es un caso aislado. La
mínima perturbación del sector agrícola afecta directamente la capacidad de las mujeres de alimentar a
sus familias y les quita su principal fuente de ingresos. Esta vulnerabilidad se asocia con las muchas
exigencias en cuanto al tiempo de las mujeres, la escala delimitada de sus actividades, la concentración
o singularidad de sus fuentes de ingresos y el bajo valor de mercado de los productos derivados de sus
actividades. A diario se ven abrumadas por el trabajo en actividades productivas como agricultura,
caza, pesca, cosecha, cría de animales, transporte, etc., así como las distintas actividades domésticas
tales como buscar agua, alimentar a la familia, criar a los niños y ocuparse del hogar. Así,
prácticamente no tienen tiempo de organizarse para adoptar estrategias razonadas y comunes de cara a
la adversidad.

El sentir de las mujeres de Ebianemeyong se refleja en las palabras de una de ellas – Septe-quien          Formatted: Spanish (Uruguay)
enfatizó que las comunidades no deben ser “rehenes de los animales” en Campo Ma’an.                        Formatted: Spanish (Uruguay)


Artículo basado en fragmentos editados de: “Women in Campo-Ma’an National Park. Uncertainties              Formatted: Spanish (Uruguay)
and Adaptations in Cameroon”, por Anne Marie Tiani, George Akwah, y Joachim Nguiébouri, en "The
Equitable Forest", enviado por Rahayu Koesnadi, Center for International Forestry Research (CIFOR),
correo-e: r.koesnadi@cgiar.org, Error! Hyperlink reference not valid.http://www.cifor.org/                 Field Code Changed
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- Congo (RDC): Alianza contra el apoyo del Banco Mundial al madereo industrial                             Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
El 13 de noviembre de 2004 una amplia alianza de organizaciones que trabajan en temas de medio
                                                                                                           Field Code Changed
ambiente, desarrollo y derechos humanos indígenas organizó un "Foro de los bosques" en Kinshasa
con el fin de fortalecer la lucha contra el aumento del madereo industrial en los bosques tropicales de
la RDC y por el respeto a los derechos de la población local. (ver boletín 80 del WRM )

Frente a la inminente amenaza de nuevas leyes y planes para una nueva división en zonas apoyados
por el Banco Mundial, que podrían resultar en la apertura a las empresas madereras de hasta 60
millones de hectáreas de bosques tropicales (una superficie del tamaño de Francia), un grupo de ONGs
internacionales elaboró una declaración conjunta dirigida al gobierno congoleño y los organismos
financieros internacionales. Exigieron que se mantenga una moratoria al otorgamiento de nuevas
concesiones madereras hasta que las autoridades congoleñas cumplan con condiciones estrictas, que
implicarían también la existencia de condiciones que aseguren, entre otras cosas:

* La transparencia del Estado hacia la sociedad civil, con inclusión de información pública que debería
comprender dos etapas: la publicación inicial de la legislación propuesta, permitiendo que la sociedad
civil se informe y que sus reacciones sean recopiladas, y una segunda publicación donde se presenten
las decisiones del Estado, tomadas sobre la base de las reacciones del público en particular.

* Un sistema independiente de control accesible para todos, en particular para las poblaciones locales,
que podrían tener una función en el suministro de información pertinente. Al control debe seguir
también la aplicación de sanciones disuasivas en caso de constatarse infracciones, incluida la
terminación del contrato de concesión.

* Respeto a los derechos de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, lo que implicaría su
participación activa en la preparación del plan de división en zonas previsto, de acuerdo con el
principio de consentimiento previo, libre e informado, su participación activa en el otorgamiento y
planificación de las concesiones de acuerdo con el principio de consentimiento previo, libre e
informado, y la delimitación, prueba e identificación de los bosques comunitarios.

En su declaración, la alianza alentó a las instituciones de Bretton Woods a garantizar una mayor
transparencia en sus acciones.

Simon Counsell, director de Rainforest Foundation UK, una de las organizaciones que integran la
alianza, dijo que "El madereo industrial ha sido desastroso ambiental y socialmente en muchas partes
de África, y ahora hay un acuerdo general en cuanto a que los planes del Banco Mundial de expansión
masiva de la industria maderera en el Congo tendrán probablemente las mismas consecuencias. Deben
encontrarse alternativas al madereo industrial que beneficien al pueblo congoleño y al mismo tiempo
protejan el medio ambiente. Algo alentador es que la exigencia de respeto a los derechos de los
pobladores locales representa un gran cambio en la forma de pensar de las organizaciones
conservacionistas en cuanto a la mejor forma de proteger los bosques tropicales que quedan en el
mundo".

Artículo basado en información obtenida de: “World's leading conservation organisations call for halt
to expansion of logging in Congo rainforest, and for respect of local peoples' rights” [Las principales
organizaciones conservacionistas del mundo exhortan a detener la expansión del madereo en los
bosques tropicales del Congo y a respetar los derechos de los pobladores locales], comunicado de
prensa de Rainforest Foundation, enviado por Simon Counsell, SimonC@rainforestuk.com
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- Swazilandia: el impacto de 50 años de forestación industrial

Mirar las estadísticas de Swazilandia es una experiencia deprimente. El desempleo se sitúa en el 40 por
ciento. Más de dos tercios de los habitantes de Swazilandia viven con un ingreso de menos de US$ 1
por día. Cerca de un tercio de la población de Swazilandia depende de la ayuda alimentaria para vivir.
Casi el 40 por ciento de la población está infectada con el VIH, una de las tasas más elevadas del
mundo. La esperanza de vida ha caído a 33 años para los hombres y 35 para las mujeres.

Este país es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo. Los partidos políticos
son ilegales. El rey, Mswati III, lleva una vida lujosa, en absoluto contraste con la mayoría de las
personas de Swazilandia. El año pasado las celebraciones del cumpleaños número 36 del rey costaron
US$ 600.000 y en diciembre Mswati gastó US$ 500.000 en un automóvil deportivo.

Las principales industrias de Swazilandia son el azúcar y la forestación. Ambas requieren grandes
extensiones de tierra. "Son un desastre para un país como Swazilandia, donde todavía hay relaciones
sociales feudales", dijo Nhlanhla Msweli, de la Campaña contra la pobreza y la desigualdad económica
de Swazilandia (Swaziland Campaign Against Poverty and Economic Inequality, SCAPEI) durante
una reunión realizada en Sudáfrica en 2003. En un país donde la mayoría de las personas no posee
tierras, las plantaciones industriales de árboles cubren casi el 10 por ciento de la tierra.

La Red solidaria de Swazilandia (Swaziland Solidarity Network, SSN) es un grupo que hace campaña
por el cambio democrático en Swazilandia. En 2002, Bongani Masuku, secretario de la SSN, dijo:
"Salvo que la tierra sea un componente central de cualquier liberación, esa liberación no amerita el
noble nombre de libertad sino una mera fantasía para unos pocos y la continuación del sufrimiento
para la mayoría pobre".

Un reciente informe escrito por Wally Menne de TimberWatch Coalition, "Timber Plantations in
Swaziland" [Plantaciones madereras en Swazilandia] describe el impacto que han tenido las
plantaciones industriales de árboles sobre la población y el medio ambiente de Swazilandia. Aunque
muchas de las plantaciones fueron establecidas hace más de 50 años, los impactos de las plantaciones
industriales de árboles "aún tienen un profundo efecto en la sociedad y el medio ambiente y
continuarán teniéndolo mientras las plantaciones permanezcan", escribe Menne.

La investigación de Menne, basada en entrevistas con integrantes de la comunidad, ambientalistas y
representantes de la industria y del gobierno, explica el modo en que las plantaciones industriales de
árboles han dañado los ecosistemas y provocado la pérdida de biodiversidad. Menne dice que se han
establecido plantaciones en las tierras con mayor potencial productivo a expensas de otros usos
agrícolas de la tierra.

Hoy, dos empresas sudafricanas de la pulpa y el papel controlan la mayor parte de las 120.000
hectáreas de plantaciones industriales de árboles de Swazilandia. La empresa Mondi posee 30.000
hectáreas de eucaliptos y pinos alrededor de Pigg's Peak, en el norte del país. Los eucaliptos se
exportan a Sudáfrica, a la planta de celulosa de Mondi en Richards Bay, a 400 kilómetros. Los pinos
van a parar a aserraderos locales.

Otra gigante sudafricana de la pulpa y el papel, Sappi, arrienda 70.000 hectáreas de tierras para
plantaciones en el oeste de Swazilandia. Las plantaciones comenzaron en 1950, con financiación de la
corporación británica Colonial Development Corporation (CDC, que hoy se llama CDC Capital for
Development). CDC y la empresa británica Courtaulds construyeron la planta de celulosa de Usutu en
1962. Hoy, esta planta produce 220.000 toneladas de pulpa por año, la mayoría de las cuales se exporta
al sudeste del continente asiático.

Aunque el sector de la forestación constituye hasta el nueve por ciento del PBI de Swazilandia, emplea
directamente a apenas 8.000 personas. Nhlanhla Msweli, de SCAPEI, dijo a Menne que "La industria
de la madera no ha contribuido significativamente al progreso económico de sus trabajadores". En los
últimos años, gran parte del trabajo ha sido transferido a contratistas externos, muchos de los cuales
habían sido empleados de la empresa.

Incluso los empleos que quedan no son seguros. Mandla Dlamini, director de relaciones públicas de la
planta de celulosa de Sappi en Usutu, dijo a Menne que Sappi había considerado el cierre de la planta a
causa de la "incertidumbre económica" provocada por las tasas cambiarias y "otros factores
económicos" que afectaban la rentabilidad de la empresa.

Menne informa que la planta de celulosa de Sappi en Usutu es "notoria por arrojar efluentes
regularmente al cercano río Lusutfu", y añade que "del sumidero industrial situado en el poblado de los
trabajadores llega más contaminación".

El gobierno describe las escasas lluvias de los últimos años como "una sequía grave, que parece ser la
peor de la historia ". Pero la investigación de Menne sugiere que la escasez de agua es, al menos en
parte, un problema causado por la intervención humana. Rex Brown, de la empresa consultora
Environmental Consultancy Services de Swazilandia, que trabaja para el gobierno y para empresas
privadas, considera que las plantaciones son una de las causas de la escasez de agua en el país. Brown
dijo a Menne que "Las plantaciones están en zonas de captación elevadas, zonas esenciales para el
abastecimiento de agua para las igualmente importantes actividades de riego en las tierras bajas de
Swazilandia".

En octubre de 2004 visité Swazilandia junto a Wally Menne. En la frontera vimos camiones Volvo y
Mercedes nuevos cargados con troncos de eucaliptos, esperando para salir del país. Atravesamos
superficies de monocultivos que parecían no tener fin y enormes zonas taladas que recordaban paisajes
lunares. Vimos los campos secos de los agricultores y vimos aldeanos haciendo fila para obtener el
maíz donado por el Programa Mundial de Alimentos. Vimos, y también olimos, la planta de celulosa
de Sappi en Usutu. Vimos el humo de la planta esparciéndose sobre el poblado de los trabajadores, que
queda inmediatamente al lado.
Ciertamente, no todos los males de Swazilandia pueden achacarse a las plantaciones industriales de
árboles. Sin embargo, más de 50 años de desarrollo de la industria de la pulpa y el papel no han
logrado beneficiar a la mayoría de la población de Swazilandia. En vez de esto, han empeorado las
cosas.

Por: Chris Lang, correo-e: chrislang@t-online.de
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ASIA

- Asia: la dimensión ecológica, social y política del tsunami del 26 de diciembre

El poderoso tsunami causado por el terremoto de 9.0 grados que tuvo lugar frente a las costas de
Sumatra el pasado 26 de diciembre, causó graves estragos y el mundo entero se sumergió en el horror
por la enorme pérdida de vidas humanas y tanto sufrimiento.

Por otra parte, resulta perturbador que la severidad del desastre podría haber sido mucho menor si se
hubieran conservado en un estado saludable los manglares, los arrecifes de coral, los lechos de hierbas
marinas y las turberas a lo largo de las costas que ahora están devastadas. Estos amortiguadores
naturales protegen el terreno costero, resguardando a las comunidades y a la flora y fauna de la costa
del embate de las olas y tormentas.

Existe amplia evidencia que demuestra, por ejemplo, que la fuerza destructiva de una ola de tsunami
de 15 metros se reduce enormemente al pasar a través de zonas costeras intactas y saludables donde
existan corales, hierbas marinas y manglares. Los manglares proporcionan doble protección contra las
olas: las primeras líneas de manglares rojos, con sus ramas flexibles y sus raíces enredadas ancladas en
lo profundo del agua, absorben el primer embate de las olas; las segundas líneas de altos manglares
negros actúan como una pared, soportando gran parte de la furia del mar. Estos “cinturones verdes
costeros de protección” también desempeñan una función vital en reducir la sedimentación y la erosión
de la faja costera. Pero estos amortiguadores protectores que la naturaleza provee contra el viento y las
olas han sido degradados o eliminados para abrir paso a proyectos comerciales no sustentables como la
cría industrial de camarones y el turismo.

Según un comunicado de prensa de la organización Mangrove Action Project -MAP (Proyecto de
Acción Manglares), actualmente se ha perdido más de las mitad de los bosques de manglares del
mundo. En fajas costeras donde antes predominaba la cubierta de espesos bosques de mangles de gran
resistencia y flexibilidad, hoy quedan menos de 16 millones de hectáreas de manglares. Desde la
década de 1980, la costa oceánica asiática ha sido asolada por grandes granjas industriales de cría de
camarones que han traído la acuicultura antiecológica a sus orillas --la industria del saqueo, como la
denominó una vez la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La cría de camarones, que en el año 2000 superó los 8 mil millones de toneladas y que concentra el
72% de su producción en Asia, ya había causado estragos en ecosistemas frágiles. Empresarios que
sabían poco y les preocupaba menos la necesidad de proteger los bosques, habían talado muchos
manglares tropicales para hacer lugar a estanques de camarones. Los organismos multilaterales y los
gobiernos locales han apoyado con entusiasmo durante demasiado tiempo la cría de camarones y otros
proyectos destinados a la exportación, sin prestar atención a la seguridad social y ecológica local.

Lo que fuera que quedó de los manglares fue talado por las industrias de la construcción y de la
hotelería, mientras brotaban hoteles cinco estrellas, campos de golf, industrias y mansiones a lo largo
de toda la faja costera, convirtiendo a estas regiones costeras en zonas frágiles, y ahora muy
vulnerables.
Según un informe proveniente de la India, “cuando el 26 de diciembre el tsunami golpeó al estado de
Tamil Nadu en el sur de la India … zonas de Pichavaram y Muthupet, con densos manglares, tuvieron
menos víctimas humanas y sufrieron menos daños materiales en comparación con zonas carentes de
manglares…”

Además, “cuando un tsunami cayó sobre la costa de Bangladesh en 1960, los informes no registraron
ni una sola pérdidas de vida. En ese entonces la faja costera estaba bordeada por manglares, que luego
fueron talados y reemplazados por granjas camaroneras. En 1991, miles de personas murieron cuando
un tsunami de la misma magnitud asoló la región.”

Muchos otros informes como éstos han verificado el hecho de que en las zonas en que los manglares
que estaban más intactos, hubo menos pérdidas de vidas y daños materiales. En varias de las zonas
donde tuvo lugar la mayor devastación, ya no quedaban más manglares.

En octubre de 1999, los bosques de mangles redujeron el impacto de un “super ciclón” que cayó sobre
Orissa, en la costa este de la India, y mató a no menos de 10.000 personas y dejó sin hogar a 7,5
millones. Las poblaciones que estaban protegidas por manglares en buenas condiciones, sufrieron
pocas pérdidas --o incluso ninguna.

Según el analista indio Devinder Sharma, “Tanto el Ministerio de Ambiente y Bosques como el
Ministerio de Industria trabajaron horas extra para diluir las normas de la Zona de Regulación Costera,
permitiendo a los hoteles apoderarse de los 500 metros de zona de amortiguación que hay que
mantener libres a lo largo de las playas. En una economía predominantemente de mercado, que se
refleja en el eslogan de la “India brillante”, bastante alejado de la realidad, los burócratas son aliados
de los industriales y los grandes intereses comerciales. Gran parte de la responsabilidad por el enorme
número de víctimas en el desastre del tsunami recae, por tanto, en el gobierno y los apologistas del
libre mercado. Lo que se está protegiendo como indicador de un crecimiento económico espectacular
oculta los enormes costos ambientales que estos países pagan y seguirán pagando en el futuro”.

Devinder Sharma agrega que “Myanmar-Birmania y las Maldivas sufrieron menos los efectos del
tsunami, ya que la industria del turismo aún no ha extendido sus tentáculos hasta los manglares y
arrecifes de coral vírgenes a lo largo de estas fajas costeras. El enorme arrecife de coral alrededor de
las Maldivas absorbió gran parte del impacto de las olas gigantes, restringiendo el número de víctimas
humanas a poco más de 100 muertos. En forma similar, la cadena de islas de Surin, frente a la costa
occidental de Tailandia, escapó de una gran destrucción. Si bien el anillo de arrecifes de coral que
rodea a las islas recibió una paliza de las poderosas olas, se mantuvo firme. Los arrecifes de coral
absorben la furia del mar ayudando al rompimiento de las olas; la tragedia es que más del 70% de los
arrecifes de coral del mundo ya han sido destruidos.”

En todo el mundo, el comercio ha invadido temerariamente los ecosistemas, distorsionando su
equilibrio ecológico. A su vez, los gobiernos nacionales han sido incapaces o no han querido detener a
las industrias que han surgido a lo largo de gran parte de las fajas costeras, reemplazando a las zonas
de amortiguación de la naturaleza por proyectos urbanos desprotegidos. Finalmente, entraron en un
callejón sin salida perverso. Tanto así que tal vez los intereses comerciales hayan prevalecido sobre la
precaución.

Según el periódico “The Nation”, con sede en Bangkok, uno de los funcionarios del Departamento
Meteorológico tailandés, que convocó a una reunión de emergencia minutos después de que el
terremoto azotara el norte de Sumatra, declaró que “El factor de peso para tomar la decisión fue que
era temporada alta [de turismo] y los hoteles estaban casi 100 por ciento llenos. Si dábamos un alerta,
que hubiera desembocado en una evacuación [y al final no hubiera pasado nada], ¿qué hubiera
ocurrido entonces? El comercio se habría visto afectado de inmediato. El Departamento Meteorológico
no habría podido manejarlo. Si [el tsunami] no venía, hubiéramos tenido que irnos ”.
Así que, a pesar del enorme avance en tecnologías sofisticadas, la tragedia reciente demostró que
fueron inútiles –cualquiera fuera la razón- en los países del Tercer Mundo afectados. Como dice           Formatted: Spanish (Uruguay)
Vandana Shiva: “Aunque nos engañemos a nosotros mismos al creer que vivimos en una "era de la             Formatted: Spanish (Uruguay)
información" y en “economías del conocimiento", el conocimiento del terremoto de 8,9 grados de la
escala Richter no pudo ser comunicado a tiempo por U.S. Geological Survey -el organismo
estadounidense que vigila ese tipo de accidentes geológicos- a los países del Océano Índico para que
pudieran tomar medidas oportunas para salvar vidas. Mientras que los mercados de valores del mundo
reaccionan instantáneamente ante las señales y mientras que toda la economía de las tecnologías de la
información se basa en comunicaciones instantáneas, al mundo le ha llevado días poder establecer
cuántos murieron y cuántos han quedado sin hogar a causa del maremoto. El tsunami nos enseña que
no vivimos en una era de la información basada en la "conectividad" sino en la ignorancia, en la
exclusión y la incomunicación. La revolución de las tecnologías de la información ha evolucionado
para servir a los mercados, pero ha dejado de lado las necesidades de la gente”.

Pero, sin tecnología, animales y comunidades indígenas tuvieron la inteligencia de anticipar el tsunami
y protegerse. Se trasladaron a sitios más seguros, presumiblemente por haber percibido vibraciones o
cambios en la presión del aire que anticipaban la llegada de las olas. Según una historia relatada por
BBC Online, funcionarios del Departamento de Fauna Silvestre de Sri Lanka informaron que a pesar
de la enorme cantidad de pérdidas en vidas humanas, no se registraban muertes de animales.

En el balneario Khao Lak Merlin, un centro turístico de una línea de hoteles a lo largo de los 10 km de
playas tailandesas, hay historias de elefantes agitados que sintieron venir el tsunami y su percepción
salvó a una docena de turistas extranjeros de sufrir el mismo destino de miles de muertos por las olas
gigantes. Los elefantes comenzaron a barritar –en una forma que solo puede describirse como llanto-       Formatted: Spanish (Uruguay)
con las primeras luces, aproximadamente en el momento en que un terremoto de 9.0 abrió una brecha
en el lecho marino de la isla Sumatra de Indonesia. “Los elefantes corrían hacia la colina”, señaló Wit
Aniwat, un poblador local de 24 años que trabaja con turistas ayudándolos a subirse a los elefantes
desde una robusta plataforma de madera. Los elefantes que en ese momento hacían el recorrido con los
turistas se dirigieron hacia una colina cubierta de bosques, detrás de la playa del centro vacacional
donde luego murieron al menos 3.800 personas. Los elefantes que no estaban trabajando rompieron las
cadenas que los sujetaban. Alrededor de una docena de turistas también corrieron hacia la colina y los
mahouts (cuidadores y jinetes de elefantes) consiguieron que los elefantes levantaran a los turistas y
los colocaran en sus lomos. Los elefantes avanzaron subiendo la montaña y luego se detuvieron . El
tsunami avanzó hasta 1 Km. más allá de la orilla y se detuvo a poco de donde estaban los elefantes.

La observación meticulosa y los conocimientos transmitidos de generación en generación a partir de
una coexistencia más integrada con la naturaleza –menospreciados por el conocimiento occidental           Formatted: Spanish (Uruguay)
moderno- resultaron a la postre más eficientes para salvar vidas. Los 181 miembros del poblado de
pescadores conocidos como gitanos del mar, en la isla sur de Surin, sobrevivieron al tsunami del 26 de
diciembre. “Los mayores nos dijeron que si el agua se retira rápidamente, volverá rápido y reaparecerá
en la misma cantidad en que desapareció,” dice Sarmao Kathalay, de 65 años, jefe del poblado.
Sarmao condujo rápidamente a todos los miembros a Wat Samakkitham, en una colina tierra adentro.
Algunos resultaron heridos, pero pasaron la noche en un templo hasta que todos se recuperaron y
estuvieron listos para retornar a sus hogares. Estos pobladores de constituyen una minoría en el mar
Andaman, que va de India hasta Indonesia. En la estación de los monzones viven en barcas, luego
entre diciembre y abril en refugios sobre la orilla. Sobreviven recogiendo camarones y pescando con
lanzas. En mayo tienen un festival de lanzamiento de barcas para pedir perdón al mar.

Para Sarmao y su gente, el mar siempre ha sido amable. No desea lastimar a nadie, dice, pero
“debemos saber cuándo estar en él y cuando no”.
También, fueron antiguos “sistemas de alerta” los que enviaron las primeras señales de alarma a los
miembros de cinco tribus aborígenes. Las islas Andaman albergan cuatro tribus ‘Negrito’ –los Grandes        Formatted: Spanish (Uruguay)
Andamaneses, los Onge, los Jarawa y los Sentineleses- quienes se cree arribaron a las islas                 Formatted: Spanish (Uruguay)
provenientes de África hace unos 60.000 años. Todos son cazadores-recolectores nómades, que cazan           Formatted: Spanish (Uruguay)
cerdos salvajes y varanos (lagarto monitor), atrapan peces con arcos y flechas y recolectan miel, raíces
y bayas del bosque. Las islas Nicobar son hogar de dos tribus “mongoloides” –los Shompen y los              Formatted: Spanish (Uruguay)
Nicobareses. Estos últimos son los que tienen mayor población de todas las tribus (alrededor de
30.000), no dependen de los bosques y son primordialmente agricultores y horticultores.
Probablemente llegaron a las islas desde las costas de Malasia y Birmania hace mucho miles de años.

Se cree que el aislamiento y el conocimiento antiguo de señales en el viento y el mar se combinaron
para salvar del tsunami a las seis tribus indígenas en el archipiélago indio de Andaman y en las islas
Nicobar. Si bien se reportaron algunas víctimas en la tribu de los Nicobareses, que habitan 12 islas,
incluidas las devastadas islas Car Nicobar, Charwa y Teresa, los antropólogos especulan que el
conocimiento del movimiento del viento y el vuelo de las aves pudo haber salvado a muchos
integrantes de las tribus, que parecen haber huido de la orilla mucho antes de que las olas golpearan la
costa, donde habitualmente estarían pescando en esa época del año.

“Los integrantes de las tribus se enteran del peligro inminente por señales de advertencia biológicas,
como el grito de los pájaros y el cambio en los patrones de conducta de los animales marinos. Deben
haber corrido a los bosques por seguridad”, explicó el director del Instituto de Investigación
Antropológica de India (ASI), el Dr. V. R. Rao.

“Pueden oler el viento. Pueden calibrar la profundidad del mar con el sonido que hacen sus remos.
Tienen un sexto sentido que nosotros no poseemos,” dijo Ashish Roy, un ambientalista y abogado
local que ha instado a los tribunales a proteger a las tribus evitando su contacto con el mundo exterior.

Dos días después de que el tsunami azotara la isla donde sus ancestros vivieron por decenas de miles
de años, un hombre solitario de una de las tribus estaba parado en la playa de una isla de 23 millas
cuadradas en los confines más bajos de la cadena de islas, y miraba hacia arriba a un helicóptero de la
guardia costera que lo sobrevolaba. Sacó entonces con calma su arco y disparó una flecha hacia el
helicóptero de rescate. Fue una señal que los Sentineleses han enviado al mundo durante milenios:           Field Code Changed
quieren estar solos.                                                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)
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Tal vez más allá de la tragedia, el tsunami nos ha enseñado que, por nuestra supervivencia, es hora de      Field Code Changed
recuperar los caminos que nos integran con la naturaleza y con nosotros mismos, y recrear un sentido        Formatted: Spanish (Uruguay)
de nuestra humanidad común. De no ser así, como reflexiona Devinder Sharma: “¿tiene que haber               Formatted: Spanish (Uruguay)
graves pérdidas humanas antes que nos demos cuenta de la locura de seguir ciegamente el mantra de la
                                                                                                            Field Code Changed
economía de mercado? ¿Cuántas personas más tienen que morir, y cuántos millones tienen que
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
quedarse sin hogar hasta que nos demos cuenta de la futilidad de imponer la economía de mercado?”
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)

Artículo basado en información obtenida de: “Loss Of Mangrove Forests Contributed To Greater                Field Code Changed

Impact Of Tsunamis!”, comunicado de prensa de Mangrove Action Project, correo electrónico:                  Formatted: Spanish (Uruguay)
mangroveap@olympus.net, www.earthisland.org/map; “Age old early warning systems saved                       Formatted: Spanish (Uruguay)
Andaman tribes”, crónica principal, en el Forest Conservation Portal,                                       Field Code Changed
http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=37845; “Elephants saved tourists from tsunami, Error!         Formatted: Spanish (Uruguay)
Hyperlink reference not valid.Reuters,                                                                      Formatted: Spanish (Uruguay)
Error! Hyperlink reference not valid.http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3145501a4560,00.html;              Field Code Changed
 “Background for newsdesks on the tribes of the Andaman and Nicobar islands”, Survival International
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
Briefing, enviado por Miriam Ross, correo electrónico: mr@survival-international.org; “Saved by old
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
wisdom: Gypsies know their sea”, Thawechai Jaowattana, The Nation; y “Reading the Waves,
Smelling the Winds May Have Saved Tribes”, Scotsman.com, los dos artículos enviados por Maurizio            Field Code Changed

Ferrari, Forest Peoples Program (FPP), correo electrónico: maurizio@forestpeoples.org; “The tsunami         Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)
as a man-made disaster”, Devinder Sharma, http://www.infochangeindia.org/features234.jsp, enviado          Field Code Changed
por Infochange India, correo electrónico: infochangeindia@dishnetdsl.net; “Thai Talk: Horrendous           Formatted: Spanish (Uruguay)
failure of our national warning system”, The Nation, Suthichai Yoon,                                       Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.nationmultimedia.com/search/page.arcview.php?clid=11&id=110580&usrsess=; “Warning               Field Code Changed
rejected to protect tourism”, Pravit Rojanaphruk, The Nation,                                              Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.nationmultimedia.com/2004/12/28/headlines/index.php?news=headlines_15908069.html;
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
“Lecciones del tsunami”, Vandana Shiva, Lista de distribución Vecinet - No. 670, correo electrónico:
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
guifont@chasque.net; y en
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.rockymountainbullhorn.com/news.cfm?action=view&articleID=357
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- Camboya: informe sobre la corrupción institucionalizada y el madereo ilegal                              Formatted: Spanish (Uruguay)
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Se ha identificado a la corrupción como un obstáculo mayor al cambio real en el sector forestal de         Field Code Changed
Camboya. No solamente el gobierno sino también los donantes internacionales se han negado a                Formatted: Spanish (Uruguay)
enfrentar el tema. Los costos de la mala gestión del sector forestal, en términos de ganancias perdidas,   Formatted: Spanish (Uruguay)
destrucción del sustento de los pobladores del medio rural y daños ambientales, continúan
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aumentando, lo que resulta en que Camboya siga dependiendo por entero de la ayuda extranjera.
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)

La organización Global Witness ha destacado el alcance de esta corrupción y realizado una detallada        Formatted: Spanish (Uruguay)

investigación del madereo ilegal en la reserva de Aural para la vida silvestre, en el sudoeste de
Camboya, en el año 2004. El informe resultante, “Taking a Cut - Institutionalised Corruption and
Illegal Logging in Cambodia’s Aural Wildlife Sanctuary” [Corrupción institucionalizada y madereo           Formatted: Spanish (Uruguay)
ilegal en la reserva de Aural para la vida silvestre, Camboya] revela en minucioso detalle dónde ocurre
el madereo ilegal, quiénes son los infractores y cómo operan y a quién le están pagando, ilustrando así
la corrupción institucionalizada que prevalece en el país y el conspicuo fracaso del gobierno en
combatirla.

Según la investigación, en Aural todas las instituciones públicas responsables de la protección del
bosque son corruptas y algunas, en especial las Reales Fuerzas Armadas de Camboya (RCAF), forman
la base de la industria maderera local. El imperio de la ley está ausente en Camboya, y este hecho está
arraigado en su penetrante cultura de la impunidad que actúa de la mano de la percepción del rango
oficial como licencia para extorsionar.

Más allá de la pérdida de biodiversidad, los servicios ambientales brindados por los bosques de Aural,
en especial su papel en la gestión de cuencas, también están en peligro. Las experiencias de otras
partes del mundo sugieren que la deforestación de las laderas del monte Aural acelerarán la erosión del
suelo y las inundaciones relámpago, lo que tendrá un impacto negativo sobre el sustento de las
personas que viven en zonas aledañas.

Los impactos negativos no son solamente ambientales sino también sociales. Los pobladores locales se
ven obligados a vivir en una sociedad dominada por el crimen organizado, donde la ley no ofrece
protección. En tales circunstancias, la minoría indígena Souy es de las más vulnerables y el influjo de
los forasteros traídos para trabajar en la industria de la madera los amenaza económica y
culturalmente.

Los donantes suelen citar la falta de voluntad política como principal obstáculo al combate de la
corrupción en Camboya. Sin embargo, el caso de Aural demuestra que la culpabilidad de altos
funcionarios y generales va más allá de la mera lentitud deliberada. La corrupción en el sector forestal
es parte intrínseca de los sistemas de clientelismo que mantienen el poder de la elite política de
Camboya. Muchos, tal vez la mayoría de los funcionarios y soldados involucrados en los delitos
forestales, siguen simplemente una clara cadena de mandos que surge de Phnom Penh. La situación no
es anárquica, y los perpetradores no son unos granujas sueltos.
La responsabilidad aquí debe recaer sobre los donantes internacionales, que continúan entregando
dinero al país y ejerciendo en consecuencia una considerable influencia. La comunidad donante sabe
bien de la necesidad de atacar la corrupción directamente si es que quiere hacerse algún progreso en el
establecimiento de un manejo sustentable de los bosques. La mayoría, sin embargo, parece más
interesada en desembolsar fondos de ayuda por la ayuda en sí que en garantizar que los recursos
naturales de Camboya se manejen pensando en todos los camboyanos y no en apenas una minoría
corrupta.

A pesar de las oportunidades sin precedentes de establecer las condiciones de un manejo sensato de los
recursos naturales, hasta ahora Camboya representa uno de los mejores ejemplos de cómo no hay que
tratar el papel de los recursos naturales en un país que ha salido de un conflicto.

Los donantes internacionales tienen responsabilidades tanto con la población de Camboya como con
sus propios contribuyentes para garantizar que la ayuda sea bien invertida y tenga resultados
beneficiosos y duraderos.

Artículo basado en fragmentos editados de: “Taking a cut - Institutionalised Corruption and Illegal
Logging in Cambodia’s Aural Wildlife Sanctuary – a Case Study” [La corrupción institucionalizada y        Formatted: Spanish (Uruguay)
el madereo industrial en la reserva de Aural para la vida silvestre, Camboya: estudio del caso], por      Formatted: Spanish (Uruguay)
Global Witness, noviembre de 2004, http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00066.html
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OCEANIA

- Papúa Nueva Guinea: Rainforest Alliance socava los esfuerzos de conservación de los bosques

Rainforest Alliance, organización cuya base se encuentra en Estados Unidos, está socavando los
esfuerzos de los grupos de conservación locales en Papua Nueva Guinea que luchan por combatir el
madereo ilegal e insustentable generalizado.

El Programa Smartwood de Rainforest Alliance se niega a retirar su certificación a las operaciones
forestales de una compañía que es parte de un grupo multinacional acusado de madereo ilegal
extendido y de violaciones a los derechos humanos en PNG y otras partes del mundo, incluyendo el
Sudeste Asiático y África. Rainforest Alliance ha optado por mantener su relación comercial con esta
compañía, a pesar de las protestas que durante 12 meses han llevado a cabo grupos de la sociedad civil
en PNG.

Los increíblemente ricos y diversos bosques húmedos de Papúa Nueva Guinea, son aclamados
universalmente tanto por su importancia biológica como por su valor de subsistencia para las
poblaciones humanas locales. Pero vastas áreas de estos bosques están siendo destruidas por el
madereo ilegal que realizan las compañías extranjeras.

Aunque Rainforest Alliance realiza declaraciones prominentes diciendo que “las compañías,
cooperativas y terratenientes que participan en nuestros programas cumplen con normas rigurosas que
conservan la biodiversidad y proporcionan medios de vida sustentables”, esto no se sustenta en
absoluta en la evidencia en Papúa Nueva Guinea.

En PNG las compañías que forman parte del mismo conglomerado trasnacional que fuera certificado
por Smartwood en Nueva Zelanda, han sido claramente identificadas como involucradas en el madereo
ilegal extendido y en la generación de grave destrucción ambiental. Este grupo de compañías también
ha sido denunciado por las lamentables condiciones de empleo, el uso de mano de obra extranjera
ilegal y su participación en violaciones de los derechos humanos de las poblaciones indígenas locales.
Las compañías del grupo en Nueva Zelanda comercian con madera tropical y manejan plantaciones de
coníferas. Algunas de estas plantaciones están certificadas por Rainforest Alliance como que cumplen
con los requisitos del Consejo Forestal Mundial (FSC). Esta certificación da credibilidad internacional
y un aura de respetabilidad a una empresa internacional condenada por los grupos de la sociedad civil
en PNG.

En febrero de 2004, el Foro Eco-Forestal de PNG se quejó ante Smartwood por su certificación de las
operaciones forestales de la compañía en Nueva Zelanda. El Foro destacó específicamente el hecho de
que la subsidiaria de la compañía certificada estaba importando madera ilegal desde Papúa Nueva
Guinea y que era parte de un grupo responsable de madereo ilegal y destructivo y de violaciones a los
derechos humanos en PNG y otros lugares. Las mismas preocupaciones fueron planteadas en Nueva
Zelanda a la Asociación de Importadores de Madera (Timber Importers Association) y al Grupo de
Comercio Internacional de Madera Tropical (Tropical Timber Trade Group).

Ambas organizaciones se conmovieron ante la sobrecogedora naturaleza de los abusos descubiertos y
por la claridad de la evidencia presentada. Ambas se movilizaron inmediatamente para expulsar a la
compañía involucrada de sus organizaciones; decisiones éstas que fueron mantenidas posteriormente
por la Suprema Corte de Nueva Zelanda (Comunicado de Prensa de la Asociación de Importadores de
Madera de Nueva Zelanda, 12 de diciembre de 2004).

Las cinco empresas comercializadoras de madera más grandes de Nueva Zelanda también
respondieron positivamente a las quejas y emitieron una declaración que afirmaba que no comprarían
madera a dicho grupo multinacional (The Independent (NZ), 28 de julio de 2004).

En contraste con estos ejemplos de responsabilidad corporativa y toma ética de decisiones, Smartwood
eligió rechazar la queja del Foro –luego de cinco meses de deliberación- y respaldar la certificación     Formatted: Spanish (Uruguay)
FSC de la compañía corrupta. Al hacer eso, Smartwood se basó en una interpretación estrecha y
legalista de las reglas del FSC, en vez de aprovechar la oportunidad para rever la continuidad de su
relación comercial con uno de los peores destructores de bosques del mundo.

El Foro Eco Forestal apeló inmediatamente la decisión de Smartwood, con la esperanza de que
Rainforest Alliance comprendiera la gravedad de la situación y reviera su posición. Pero en noviembre
de 2004, luego de una nueva dilación de más de cuatro meses, el Foro Eco Forestal fue informado por
Rainforest Alliance de que su apelación había sido rechazada.

La respuesta del Foro fue inmediata, “estamos muy decepcionados de que Smartwood y Rainforest
Alliance hayan decidido en última instancia proteger los intereses comerciales de una compañía
implicada en el madereo ilegal extendido y en graves violaciones a los derechos humanos, en lugar de
apoyar los intereses de los pueblos indígenas y promover el manejo sustentable de nuestros bosques
húmedos”.

Mientas tanto, se presentaron quejas sobre el mismo grupo de compañías madereras por parte de
grupos de la sociedad civil en Australia. El Ministerio Federal de los Bosques australiano respondió
inmediatamente con una declaración reconociendo que la mayor parte de la madera importada de PNG
provenía de fuentes ilegales. Esta fue seguida en noviembre de 2004 por la afirmación (del senador Ian
MacDonald) de que el gobierno australiano se movería para darle marco a una legislación para
prohibir la importación de madera tropical de fuentes ilegales.

Esta acción del gobierno conservador en Australia contrasta fuertemente con la actitud de Rainforest
Alliance y la posición adoptada por su Programa Smartwood.
Las operaciones de madereo ilegal destruyen vastas áreas de bosque cada año y traen consigo
problemas sociales y otros impactos negativos graves para la población rural en Papúa Nueva Guinea y
muchas otras partes del mundo.

Es muy difícil para el Foro entender por qué los grandes grupos de conservación deben mantener
relaciones comerciales con estas compañías y darles credibilidad internacional a través de la
certificación forestal de cualquier parte de sus operaciones globales. Las acciones de Rainforest
Alliance socavan los esfuerzos de los grupos locales por combatir el madereo ilegal y destructivo.

Por: Foro Eco Forestal de PNG, correo electrónico: teff@global.net.pg, www.ecoforestry.org.pg            Field Code Changed
enviado por Timothy King, correo electrónico: tim@global.net.pg                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                         Formatted: Spanish (Uruguay)
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* CRÓNICAS DE LAS NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS                                                               Formatted: Spanish (Uruguay)
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- Negociaciones sobre cambio climático: tiempo para un cambio
                                                                                                         Formatted: Spanish (Uruguay)

Estaban terminando las negociaciones sobre el cambio climático en Buenos Aires, el sábado 18 de          Field Code Changed

diciembre de 2004, cuando los trabajadores ya habían comenzado a desmontar las instalaciones de la
conferencia. Sin embargo, después de dos semanas de negociaciones, el mayor logro al que pudieron
llegar los más de 6.000 participantes fue un acuerdo para celebrar otra reunión.

Se suponía que la reunión de Buenos Aires discutiría sobre qué debería hacer el mundo para enfrentar
el cambio climático después de 2012, cuando cesa el Protocolo de Kioto. “Francamente, no creemos
que sea el momento de atender la agenda post-2012”, dijo Harlan L. Watson, el principal negociador
en materia de cambio climático de los EE.UU., el segundo día de la reunión. Según Watson, 2012
daría tiempo suficiente.

Los EE.UU. no han firmado el Protocolo de Kioto, ni tienen intenciones de hacerlo. Pero como lo
explicó recientemente Michael Zammit Cutajar, ex Secretario Ejecutivo del Secretariado de la
CMNUCC: “…la orientación de mercado del Protocolo de Kioto estuvo en gran parte inspirada por los
EEUU y fuertemente instigada por las posiciones de negociación de EE.UU.”.

Esta “orientación de mercado” crea un nuevo producto básico para el mercado –la capacidad de             Formatted: Spanish (Uruguay)
reciclar carbono. El comercio del carbono “transforma la capacidad de reciclar carbono de la Tierra en
un bien objeto de compra y venta en el mercado mundial” afirma la Declaración de Durban sobre el
Comercio del Carbono, que ha sido firmada por más de 100 organizaciones.

En la tarde del 14 de diciembre de 2004, me senté al fondo de la sala de reuniones en Buenos Aires a
escuchar el debate sobre algunos de los temas en discusión. Por supuesto, los negociadores
estadounidenses rara vez estaban callados.

Cuando llegué, el punto en discusión era el L.21, que trataba sobre el nivel de emisiones para el año
base de Croacia. El punto dice lo siguiente: “El Organismo Subsidiario para la Implementación no
completó su consideración de este punto de la agenda. Acordó continuar la consideración del mismo
en una sesión futura”. No hay mucha controversia por aquí, pensé.

Pero el equipo de EE.UU. sintió que no podía considerar este punto sin verlo escrito. Las
negociaciones se detuvieron mientras se hacían cientos de fotocopias, una para cada asistente en sala.
Los EE.UU. sugirieron que el Cuerpo Subsidiario para la Implementación debía considerar las
emisiones de Croacia para el año base en “su próxima sesión, sobre la base de que una futura sesión
puede ser la reunión 63 de ese organismo (SBI 63)”.
Arabia Saudita se opuso inmediatamente a la enmienda de los EE.UU., sin dar ninguna razón. Los
Países Bajos apoyaron la enmienda y preguntaron por qué se oponía a ella Arabia Saudita. Los EE.UU.
sugirieron que dado que los EE.UU. no estaban de acuerdo con el texto de las consultas informales que
habían tenido lugar sobre las emisiones de Croacia para el año base, y dado que Arabia Saudita estaba
en desacuerdo con la enmienda propuesta por EEUU, “deberíamos establecer un grupo de contacto”
para discutir más profundamente el asunto.

Luego de una pausa Arabia Saudita decidió que, después de todo, sí estaba de acuerdo con la enmienda
propuesta por EEUU.

El siguiente punto era el L.22. Éste parecía mucho más complicado: el informe del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes. Ponerse de acuerdo sobre una declaración de
dos frases sobre Croacia había llevado 10 minutos. Me imaginé que acordar sobre una declaración
global de 12 párrafos podría llevar varios días. Sorprendentemente, sin embargo, la declaración fue
aceptada, salvo el párrafo 11 que mencionaba “metodologías, indicadores y datos”. Argentina y China
sugirieron enmendar el texto. EE.UU. y Japón estuvieron en desacuerdo con las enmiendas sugeridas.
La discusión se estancó.

Daniela Stoycheva, de Bulgaria, tuvo el poco envidiable trabajo de presidir la reunión. Solicitó a los
representantes de distintos países, incluidos los EE.UU., los Países Bajos, Sudáfrica, Arabia Saudita,
Argentina y Brasil que se le unieran en el podio. Se amontonaron en el frente de la sala de reuniones.
Luego de unos 15 minutos de discusión en privado, Stoycheva anunció que “las partes pudieron llegar
a acuerdo”. Las palabras “metodologías, indicadores y datos” fueron eliminadas del informe.
Presumiblemente el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reanudará sus operaciones sin el
contratiempo de tener que considerar nada tan entorpecedor como las metodologías, los indicadores y
los datos.

Cuando se cerró la reunión, salí del centro de conferencias y pasé por la pequeña Arca que Greenpeace
había construido bajo un cartel gigantesco de publicidad de Coca-Cola. Al volverme a mirar la entrada
al área de la conferencia, leí un cartel que anunciaba la reunión de la Convención sobre el Cambio
Climático: “Para prevenir el cambio climático tenemos que cambiar”. De acuerdo a las discusiones que
acababa de escuchar no me quedaba más que estar de acuerdo. Un buen comienzo podría ser cambiar
la forma en que los gobiernos negocian sobre lo que planean hacer (o no hacer) para enfrentar el
cambio climático.

A los participantes de la próxima reunión internacional sobre cambio climático, que tendrá lugar en
Alemania en mayo, no se les permitirá discutir nada que pueda llevar a nuevos compromisos. Los
EE.UU. se negaron a acordar la realización de una reunión cuyo tema central fuera la reducción
obligatoria de las emisiones. Harlan Watson, el principal negociador en temas de cambio climático de
EE.UU., declaró a la BBC: “Es un ejercicio de toma y daca, y creo que haciendo un balance estamos
muy complacidos con el resultado”.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de                                               Field Code Changed
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- Grandes represas, cambio climático y desalojos forzados

Durante largo tiempo, la industria hidroeléctrica ha dependido de subsidios para poder construir
grandes represas. Los defensores de la hidroelectricidad promueven ahora a las represas como
“favorables al clima”, en un intento desesperado de ganar financiamiento de carbono para las represas.
La Asociación Internacional de la Energía Hidroeléctrica (International Hydropower Association -
IHA), junto con la Asociación Mundial de la Energía Eólica (World Wind Energy Association) y la
Sociedad Internacional de Energía Solar (International Solar Energy Society), conformaron la Alianza
Internacional de Energía Renovable (International Renewable Energy Alliance -IREA). La IREA
realizó un evento paralelo durante la reunión internacional sobre cambio climático realizada en Buenos
Aires en diciembre de 2004.

El evento fue presidido por Peter Rae, “convocante” de la IREA y miembro del directorio de la IHA.
Durante 90 minutos la audiencia escuchó cortésmente mientras los representantes de las industrias de
la energía eólica, solar e hidroeléctrica hacían su mejor esfuerzo para persuadirnos de que las
ganancias eran un interés marginal y que sus compañías en realidad solo querían salvar el planeta.
Robert Dixon, del Departamento de Energía de los EE.UU., no dijo nada que pudiera cuestionar esa
visión. Henk Sa, de EcoSecurities, hizo una presentación sobre las complejidades financieras del
carbono vinculado a los mecanismos flexibles del Convenio sobre Cambio Climático. Cuanto menos
rentable es un proyecto tanto mejor es en términos de financiamiento a través del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, según Sa. “Para la energía hidroeléctrica, el Mecanismo de Desarrollo Limpio es
un factor para hacer el proyecto rentable”, dijo.

La IHA sostiene que la energía hidroeléctrica produce muy pocas emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con las opciones de generación con combustibles fósiles. Sin embargo,
las afirmaciones de la IHA ignoran un creciente cuerpo de evidencia que muestra que las represas y
reservorios en los trópicos son fuentes significativas de metano. Patrick McCully de la Red
Internacional de Ríos (International Rivers Network) ha analizado las afirmaciones de la IHA y
concluye que son “diversamente irrelevantes, incompletas o simplemente equivocadas”. Más de 260
organizaciones han firmado la declaración de la IRN para que se excluya a la energía hidroeléctrica a
gran escala de las iniciativas de energía renovable.

Después de las presentaciones de la IREA se dio la oportunidad de hacer preguntas. Patrick McCully
comenzó una elocuente descripción de los problemas causados por las grandes represas
hidroeléctricas. El convocante de la IREA, Peter Rae, lo interrumpió. “¿Hará una pregunta o solo está
haciendo una declaración?”, preguntó.

Entre las preguntas que McCully hizo al panel estuvo la de si las compañías de energía hidroeléctrica
miembros de la IREA estarían dispuestas a acordar en el futuro no participar en la construcción de
represas que implicaran desalojos forzados. Nadie del panel contestó la pregunta.

Pensé en volver a hacer la pregunta. Peter Rae me interrumpió y me dijo que no debería molestarme en
hacer preguntas que ya se hicieron. Ignorando a Rae pregunté “¿acordarán las compañías de energía
hidroeléctrica de la IREA no participar en la construcción de represas que impliquen desalojos
forzados?”

Rae replicó, sin ni un atisbo de respuesta a la pregunta. Señalé que lo único que quería era una simple
respuesta de sí o no. “Me rehúso a ser dictado por usted”, dijo bruscamente Rae. Detrás de mi, un
integrante de la audiencia dijo, “eso suena como un no para mi:”

En lugar de contestar la pregunta de McCully sobre los desalojos forzados, Rae habló sobre las
directrices de sustentabilidad de la IHA, adoptadas formalmente por la asociación en noviembre de
2003. “La Comisión Mundial sobre Represas fue un buen comienzo, y la IHA ha ido más allá de sus
recomendaciones,” explicó Rae.

Cuando se completó el proceso de la Comisión Mundial sobre Represas en noviembre de 2000, el
documento resultante tenía más de 400 páginas. El informe estaba respaldado por dos años de estudios
de caso, discusiones y reuniones. Concluye estableciendo siete prioridades estratégicas y un conjunto
de directrices de buenas prácticas.

No es sorprendente que a algunas personas de la industria de la construcción de represas no les hayan
gustado los resultados. “No nos gustan para nada las directrices de la Comisión Mundial;” me dijo en
junio de 2002 Konrad Attengruber de VA TECH HYDRO, un compañía austríaca de equipamiento
electromecánico que integra la IHA.

Las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Represas incluyen el principio del libre
consentimiento, previo e informado de los pueblos indígenas. Éste les da a los pueblos indígenas el
derecho a negarse a permitir las represas propuestas que puedan afectar sus tierras. También les da el
poder de negociar las condiciones en que se puede implementar un proyecto. La palabra “indígena”
aparece solo una vez en las directrices de sustentabilidad de la IHA, en una sección que trata la gestión
de las represas existentes. El consentimiento libre, previo e informado no se menciona para nada.

Las directrices de sustentabilidad de la IHA sí mencionan el desalojo forzado, aunque no en esas
palabras: “cuando sea necesario el desplazamiento de la población, se deberán desarrollar e
implementar planes amplios de reasentamiento y rehabilitación en consulta con la población afectada”.

La construcción de grandes represas ha conducido al desalojo de millones de personas en todo el
mundo. Nadie sabe la cifra exacta. La industria de la energía hidroeléctrica da todas las señales de que
se propone seguir desalojando a la gente de sus hogares. La razón por la cual Peter Rae y otros
miembros de la IREA del panel en Buenos Aires estaban reacios a discutir el desalojo forzado es
simple. Las directrices de sustentabilidad de la IHA no excluyen el desalojo forzado.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de
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- Presentación de los árboles transgénicos a COP 10 de las Naciones Unidas

Organizaciones y representantes de movimientos sociales de Europa Oriental y Occidental, así como
de Norteamérica y Sudamérica, se reunieron en Buenos Aires, Argentina durante la primera mitad de
diciembre de 2004, para urgir a la décima Conferencia de las Partes (COP 10) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que prohíba los árboles transgénicos en el Protocolo
de Kioto –el tratado internacional sobre el calentamiento global.                                           Formatted: Spanish (Uruguay)


Fue en la COP 9 del año pasado que un comité de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) declaró que los árboles transgénicos podían ser usados en plantaciones
creadas supuestamente para neutralizar las emisiones de carbono de las fábricas en el Norte
Industrializado, como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

La decisión impulsó la creación de una red internacional de grupos que se unieron para exigir que las
Naciones Unidas excluyera a los árboles transgénicos de Kioto y más aún: que los prohibiera
totalmente. En mayo del año pasado, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM),
Amigos de la Tierra Internacional, Global Justice Ecology Project y Peoples Forest Forum
concurrieron al Foro sobre Bosques de las Naciones Unidas (UNFF) para presentar a los delegados
nacionales y a otras organizaciones no gubernamentales de 22 países, los peligros de los árboles
transgénicos y cómo muy probablemente éstos empeorarían el calentamiento global en vez de ayudar a
mitigarlo.

Además, Peoples Forest Forum de Finlandia, que incluye a Union of Ecoforestry, Peoples Biosafety
Organization y Amigos de la Tierra, inició una campaña de petición internacional poco después de la
decisión de Naciones Unidas de diciembre de 2003. Para la reunión del UNFF de mayo, habían
recolectado 1.500 firmas exigiendo a Naciones Unidas la prohibición de los árboles transgénicos. En
un encuentro de grupos contrarios a los árboles transgénicos realizada durante la reunión de mayo de
Naciones Unidas, se sugirió realizar otra presentación sobre árboles transgénicos en la COP 10 de la
CMNUCC en Buenos Aires como forma de aumentar la presión para revertir la decisión pro árboles
transgénicos. WRM y Global Justice Ecology Project analizaron con mayor profundidad estos planes
en Durban, Sudáfrica, en una reunión sobre alternativas al comercio de carbono y otros métodos que
están siendo utilizados actualmente por los gobiernos y las corporaciones para evadir sus compromisos
de reducir las emisiones de carbono en el marco del Protocolo de Kioto.

En diciembre de 2004, FERN, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Global Justice
Ecology Project, una científica mapuche de Chile, Peoples Forest Forum, la Coalición Mundial por los
Bosques, Amigos de la Tierra Internacional y otras organizaciones y personas, convergieron en
Buenos Aires para la COP 10.

El problema de los árboles transgénicos debutó en la COP 10 de 2004 durante una conferencia de
prensa de “Justicia climática” organizada por los grupos que se habían reunido anteriormente en
octubre en Durban, Sudáfrica, en el encuentro donde se criticaba el comercio del carbono. Raquel
Nuñez del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales habló en la conferencia de prensa y
declaró que, “las plantaciones de monocultivos de árboles están devastando las comunidades locales y
su medio ambiente. Si el Protocolo de Kioto permite que las enormes plantaciones de árboles
transgénicos cuenten como proyectos de desarrollo limpio, los resultados serán catastróficos”.

Pocos días después, el WRM organizó un evento paralelo sobre árboles transgénicos para la
comunidad local en el Jardín Botánico, fuera de la COP 10. Este evento trató los problemas y peligros
asociados a los árboles transgénicos frente a una gran audiencia muy interesada.

En otra conferencia de prensa el jueves 16 de diciembre, el grupo presentó nuevamente los hechos y
peligros de los árboles genéticamente modificados. Los medios que asistieron parecieron muy
interesados e hicieron muchas preguntas para el seguimiento del tema. Además, Hannu Hyvonen de
Peoples Forest Forum presentó la petición de su grupo con 2.000 nombres que se oponen a liberar a los
árboles transgénicos en el medio ambiente. Global Justice Ecology Project también mostró un clip
promocional de su próximo video documental titulado “El Bosque Silencioso: La creciente amenaza
de los árboles genéticamente modificados” a ser lanzado en febrero de este año.

En la conferencia de prensa, Lorena Ojeda, una científica mapuche, explicó los impactos que sufren las
comunidades rurales e indígenas. “Las plantaciones impactan el sur de Chile, causando graves
problemas ambientales y sociales. El polen de estas plantaciones viaja largas distancias en el viento,
contaminando el agua y afectando a la gente con alergias y asma”.

“Si las plantaciones industriales de árboles ya causan tantos problemas con el polen ¿cuál será el efecto
del polen de los árboles transgénicos que contiene pesticida Bt?” preguntó. “Este polen modificado
podría causar más enfermedades al contaminar el agua, los ecosistemas, la flora, la fauna y a la gente”,
continuó.

La conferencia de prensa fue organizada conjuntamente por el Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales, FERN, Amigos de la Tierra Internacional y Global Justice Ecology Project, luego de que
se perdiera su solicitud para realizar un evento paralelo oficial sobre árboles transgénicos en la
Convención de Naciones Unidas, en el cual pudieran dirigirse directamente a los delegados de las
Naciones Unidas.

Durante la COP 10, la red de grupos que trabajan en el tema de los árboles transgénicos se reunió para
discutir los planes futuros. En esta reunión, Ricardo Carrere del Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales explicó que el delegado de Uruguay ante Naciones Unidas le había explicado los orígenes
de la decisión sobre árboles transgénicos adoptada en la COP 9 del año pasado. Le dijo que había
surgido porque Noruega había intentado que los árboles GM fueran prohibidos en el Protocolo de
Kioto. Esto desató una reacción de otros países como China (que ya había comenzado el cultivo de
árboles transgénicos resistentes a los insectos en plantaciones) y Brasil, que sintieron que una
prohibición de este tipo violaría su soberanía estatal. En esencia, la decisión pro árboles transgénicos
se adoptó simplemente porque el grupo no pudo acordar una prohibición.

En el último día de reuniones de la COP 10, grupos políticos de Buenos Aires y el resto de Argentina
organizaron una manifestación fuera de las puertas de la convención. Orin Langelle de GJEP habló con
una mujer que participaba en la manifestación que objetaba que se impidiera al público participar en
las decisiones sobre el calentamiento global, que nos iba a afectar a todos. Cuando Orin le explicó que
él estaba con Global Justice Ecology Project, la joven exclamó: “¡Ah, fuiste parte del evento sobre
árboles transgénicos en el Jardín Botánico el lunes pasado! ¡Estuvo muy bueno! ¡Las Naciones Unidas
deberían haber hecho todos los eventos abiertos al público como ése!”

Por: Anne Petermann, Global Justice Ecology Project, correo electrónico: globalecology@gmavt.net
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- Convención sobre Cambio Climático: primeras impresiones de alguien con esperanzas y sospechas

“Para impedir el cambio climático, tenemos que cambiar” [lema de la COP 10]

La posibilidad de tener el estatus de observador en la 10ª Conferencia de las Partes de la Convención
sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre pasado, generó en mí
expectativas contradictorias.

Estar al tanto de los decepcionantes antecedentes de las pasadas nueve conferencias en cuanto a
atender la gravedad del cambio del clima de la atmósfera debido a las acciones de la civilización
industrial, anticipaba el resultado de siempre del proceso internacional –admirable en su inventiva para    Formatted: Spanish (Uruguay)
propagar la inacción. Por otra parte, el atisbo de esperanza de una posibilidad de cambio se rehusaba
testarudamente a acatar la razón.

No hubiera sido realista esperar que se re-evaluara la convicción de confiar en las fuerzas del mercado
para frenar las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, yo esperaba que la controvertida
inclusión de último minuto de las plantaciones de árboles genéticamente modificados en el Mecanismo
de Desarrollo Limpio durante la COP 9, considerando sus efectos potencialmente devastadores sobre
la biodiversidad, proporcionara un tema de debate interesante.

Para sorpresa de cualquier ‘observador’ dentro de la Conferencia, este tema tan importante (ver             Formatted: Spanish (Uruguay)
http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTrees/text.html) fue silenciado de la manera más audaz. La ONG             Formatted: Spanish (Uruguay)
FERN había presentado una solicitud para realizar, dentro de la conferencia, un evento paralelo sobre       Field Code Changed
árboles transgénicos, pero los organizadores perdieron la solicitud y no se le permitió volver a hacerla.   Formatted: Spanish (Uruguay)
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¿Cómo es posible que las negociaciones entre los Estados, reforzadas con los aportes de numerosos
‘expertos’, ni siquiera tocaran un tema que podría permitir a los científicos insertar genes de peces en    Formatted: Spanish (Uruguay)
árboles de eucalipto que luego serían plantados en millones de hectáreas? Este absurdo ni siquiera          Formatted: Spanish (Uruguay)
contempla la amplia evidencia de violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales a
causa de las plantaciones de árboles a gran escala, ni las consecuencias ambientales posteriores
[http://www.wrm.org.uy/plantations/carbon.html].                                                            Field Code Changed
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La respuesta parece simple para una persona de afuera que entrara por casualidad a la conferencia. En       Formatted: Spanish (Uruguay)
primer lugar, contrario a lo que podría suponerse, no hubo un gran debate abierto entre los delegados
de los países. La mayor parte de las conversaciones cruciales tuvieron lugar en pequeños grupos de
trabajo que no estaban obligados a autorizar la asistencia de no participantes. Cuando todos esos
grupos de trabajo se reunieron para ‘votar’ las decisiones, podía verse una sala a medio llenar y          Formatted: Spanish (Uruguay)
procedimientos de votación para los cuales “votar” implicaba que no hubiera objeciones de alguno de        Formatted: Spanish (Uruguay)
los delegados (ausentes). A EE.UU. (aunque están claras sus intenciones de no adherir al Protocolo de
Kioto) se le permitió interrumpir y exigir cambios en las redacciones con las que se sentía incómodo.
¿Por qué quienes no participan en el Protocolo pudieron influenciar las negociaciones y no así las
organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas que participan en cada aspecto de sus
consecuencias?

En segundo lugar, fue dolorosamente evidente que para la mayoría de los participantes el cambio
climático era sinónimo ----si no una tautología-- de compra y venta de “mercancías”. La zona de
puestos estaba llena de firmas consultoras, negocios ambientales, grupos de “negocios para el
desarrollo sustentable”, ostentando las laptop y las tecnologías de telefonía móvil G5 más recientes.

Las compañías privadas que ven la posibilidad de hacer negocio con el recién nacido mercado
millonario del carbono, por lo menos no proclamaron estar representando algo más que ambiciones
personales. Sin embargo, las delegaciones de los países a la COP representan y están financiadas por
los pueblos de sus países. Cuando intenté personalmente comunicarme con la delegación griega para
indagar sobre “nuestra” postura (la de los griegos) en este foro, me sorprendió escucharles decir que no
tenían ningún conocimiento de los árboles transgénicos. Seguramente no todas las delegaciones tienen
el mismo desconocimiento, pero ¿cuántas delegaciones de las 134 firmantes no tienen ni idea de los
asuntos que aprueban pasivamente?

Desde una perspectiva más social pero vinculada con la economía política de la COP 10, la primera
impresión cuando se llega al complejo de la conferencia es un involuntario sentimiento inducido de
secreto orgullo. La exclusividad de los participantes de este encuentro global internacional y el
ambiente creado en el que tiene lugar, juegan con sentimientos humanos de autoestima, profundamente
arraigados, de forma de distraer la atención de las estructuras injustas que conforman su base. Es de
destacar que la abrumadora cantidad de personas empleadas para atender a los participantes (guardias
de seguridad, mozosempleadas de restaurante, personal de información, etc.) eran mujeres jóvenes, en
un foro donde el poder se concentra casi exclusivamente en manos masculinas. ¿Fue una estrategia
planificada para hacer el ambiente de la conferencia más ‘amigable’ para estos últimos?                    Formatted: Spanish (Uruguay)
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El presupuesto que gastó el gobierno del pueblo argentino para albergar esta conferencia de dos
semanas fue presumiblemente grande, aunque sospechosamente oscuro. Pregunté a todas las personas
imaginables, desde el Oficial de Relaciones Exteriores para Asuntos Intergubernamentales y de la
Conferencia de la Secretaría de Cambio Climático, hasta las oficinas del gobierno argentino en la
conferencia. En todos los casos vi la misma expresión de desconcierto y desconocimiento con relación
a los costos logísticos de la conferencia. Finalmente no pude descubrir cuánto dinero se había gastado
en este encuentro internacional, un encuentro que además ignoró las consecuencias sociales y
ambientales de las decisiones allí adoptadas.

Antes de participar en la conferencia, conocer los decepcionantes antecedentes de las COP anteriores
jugaba en contra de mis expectativas de que el cambio es siempre posible. Al partir, fue evidente que
éstas no son expectativas contradictorias. Procesos globales como éste no están destinados a desarmar
las injusticias sociales, políticas y económicas que les dieron su razón de ser; se supone que las
mantienen.apuntan a mantenerlas.

La esperanza del cambio radica en las alternativas que la gente y las comunidades están poniendo en
práctica e inventando al cambiarse a sí mismas, sus formas de vida y sus relaciones dentro de cada
comunidad y entre ellas y su medio ambiente; alternativas que pueden encontrarse fuera de los muros
de la conferencia. Sería bueno que los funcionarios de los gobiernos aprendieran de la gente el
verdadero significado del lema oficial de la COP: “Para enfrentar el cambio climático, tenemos que
cambiar”.

Por: Antonis Diamantidis, correo electrónico: antonis@wrm.org.uy                                           Field Code Changed
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- Revisión del FSC sobre certificación de plantaciones: un buen comienzo

El Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés) se fundó en 1993, con la misión de
promover el manejo ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable
de los bosques del mundo. Los estándares de manejo del FSC se basan en los 10 Principios y Criterios
de manejo forestal responsable del FSC.

Lamentablemente, el FSC decidió también incluir a las plantaciones de árboles bajo su órbita y esto ha
tenido por consecuencia una crítica generalizada, particularmente en el sur, donde muchas
comunidades y ONGs locales luchan contra la expansión de las plantaciones de árboles a gran escala.

Los miembros del FSC han reconocido el problema y han aceptado que es necesario hacer un balance
de la experiencia de la organización en la certificación de plantaciones y comenzaron una “Revisión de
la certificación de plantaciones” (Plantations Review) (ver http://www.fsc.org/plantations/index.htm )     Field Code Changed
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Como parte de esa revisión, el 9 de setiembre el FSC organizó una reunión en Bonn e invitó al WRM –        Formatted: Spanish (Uruguay)
entre otros- para presentar su posición. En esa exposición, comenzamos expresando nuestra                  Formatted: Spanish (Uruguay)
satisfacción respecto de dos puntos:

1) Que se esté llevando adelante una revisión de la certificación de plantaciones, ya que esto significa
aceptar que existen problemas que deben ser atendidos, lo cual es en sí mismo un paso importante para
avanzar en la dirección necesaria.

2) Que la reunión –y el proceso de la revisión en general – tuvieran las puertas abiertas a                Formatted: Spanish (Uruguay)
organizaciones como el WRM y otras, que mantienen un punto de vista crítico sobre las plantaciones.        Formatted: Spanish (Uruguay)


A continuación aclaramos que las campañas que hacen el WRM y otras organizaciones no se dirigen
contra las plantaciones en general. No estamos en absoluto en contra de plantar árboles. Ni siquiera
estamos en contra de plantar especies como el eucalipto o el pino. Nuestra oposición está enfocada
sobre un tipo específico de plantación, definida como monocultivo industrial de árboles a gran escala,
que no tiene por objetivo la restauración de bosques.

También explicamos que al hacer campaña en contra ese tipo de plantaciones nos hemos enfrentado a
un problema inesperado: que el FSC está certificando esas mismas plantaciones contra las que luchan
las ONGs y las poblaciones locales debido a los impactos sociales y ambientales negativos que
conllevan. Esto debilita esas luchas locales y también debilita la credibilidad del FSC.

Después de dar ejemplos de algunos de los problemas creados por las plantaciones y por su
certificación, finalizamos con una serie de recomendaciones para el proceso.

La recomendación principal fue que el FSC debe suspender la certificación de plantaciones
industriales de árboles en gran escala hasta que la revisión finalice. Si el FSC reconoce que existe un
número importante de problemas referentes a la certificación de plantaciones, establecer una moratoria
temporaria de la certificación parece ser la opción más sensata.
Para la revisión en sí, propusimos varias recomendaciones específicas, organizadas bajo tres
encabezados:

1) Realizar una evaluación general de la certificación de plantaciones.

2) Realizar una investigación en profundidad sobre los impactos sociales y ambientales de las
plantaciones de árboles a gran escala.

3) Realizar estudios independientes de las plantaciones certificadas que están siendo cuestionadas por
ONGs y comunidades locales.

Creemos que la reunión de Bonn ha sido un buen punto de partida para una revisión largamente
esperada y necesaria de la certificación de las plantaciones. Como lo expresamos durante la reunión, el
WRM está abierto y dispuesto a colaborar en la implementación de las recomendaciones mencionadas
anteriormente, particularmente acompañando a los miembros del FSC a visitar las comunidades
locales afectadas por las plantaciones y aportándoles información relevante sobre los impactos
documentados provocados por las plantaciones de árboles a gran escala.

Sinceramente, esperamos que los hallazgos de la revisión tengan por resultado cambios radicales en las
políticas y prácticas actuales del FSC y que en el futuro los monocultivos de árboles a gran escala no
reciban más la certificación del FSC.

NB. La presentación completa del WRM está disponible en inglés en:
http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/concerns.html

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* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
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AMERICA DEL SUR

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* GENERAL
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- El “Grupo Asesor Externo”: un subterfugio para aparentar transparencia

Para facilitar la transparencia y obtener orientación durante la implementación de su nueva política de
bosques, el Banco anunció que establecería un Grupo Asesor Externo (EAG) con el que interactuar. El
grupo ‘tendría la tarea de proporcionar asesoramiento independiente” sobre bosques al Banco, ‘y           Formatted: Spanish (Uruguay)
tendría derecho a hacer públicas esas recomendaciones’. Este grupo incluiría integrantes provenientes     Formatted: Spanish (Uruguay)
de los gobiernos clientes, los pueblos indígenas, las comunidades locales, la sociedad civil, el sector   Formatted: Spanish (Uruguay)
privado, la ‘comunidad internacional de los bosques’, y las agencias bilaterales y multilaterales. 1      Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
Nada de esto es cierto. Por el contrario, el Banco eligió a dedo a un pequeño grupo de personas que
integran el EAG por sus capacidades individuales pero que provienen de RECOFTC, IUCN, CIFOR,
FAO, CoFO, el gobierno de Ghana, Forest Trends y una ONG de Papua Nueva Guinea. No hay
representantes de las comunidades locales, los pueblos indígenas, el sector privado o las agencias
bilaterales. El EAG se ha reunido tres veces desde 2003 pero, a pesar de las solicitudes del propio
EAG, el Banco no ha emitido ningún tipo de información sobre su estructura, membresía, o términos
de referencia. Tampoco se han puesto a disposición fuera del Banco las minutas de sus reuniones y las
recomendaciones del EAG.

Las ONGs han pedido repetidamente aclaraciones al Banco sobre el EAG, pero el proceso sigue siendo
opaco. Lejos de actuar como un mecanismo de transparencia, y no obstante las buenas intenciones de
los miembros del EAG, en realidad el grupo no es más que una cortina de humo detrás de la cual el
Banco puede esconder el incumplimiento de su nueva política.

La efectividad del EAG fue puesta a prueba por el caso de la participación del Banco en el sector
forestal de la República Democrática del Congo (RDC). Éste ha sido uno de los mayores problemas de
manejo forestal que ha debido enfrentar el Banco desde que adoptara su nueva política de bosques, y
ha sido muy polémico (ver el artículo “República Democrática del Congo: después de la guerra, la
lucha por el bosque” en esta edición). Rainforest Foundations se puso en contacto con los miembros
del EAG en febrero de 2003, y les informó que las acciones del Banco estaban poniendo en peligro el
futuro de la segunda área de bosque tropical del mundo, al igual que el futuro de los millones de
personas que dependen de él, y que era una flagrante violación de la Estrategia Forestal del Banco. En
respuesta, se le informó a la Fundación que varios miembros del EAG compartían sus principales
preocupaciones, pero que el Presidente del grupo era “la única persona autorizada a hablar en nombre
del grupo”.

En su respuesta de marzo de 2004 el Presidente del EAG, comunicaba que “el grupo está actualmente
en una etapa de formación y aún no cuenta con mandato, metodología ni medios para abordar la clase
de temas que ustedes han puesto a consideración. De mi parte, estoy intentando tener una reunión con
los funcionarios del Banco Mundial y convocando a una reunión anticipada del EAG para agilizar el
proceso. Los mantendremos informados”.

Desde entonces no ha habido ninguna noticia.

Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo-e: Marcus@forestpeoples.org,                       Formatted: Spanish (Uruguay)
www.forestpeoples.org, y Simon Counsell, The Rainforest Foundation UK, correo-e:                           Field Code Changed
simonc@rainforestuk.com, www.rainforestfoundationuk.org                                                    Formatted: Spanish (Uruguay)
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- La Corporación Financiera Internacional (CFI) quiere atraer a cualquier precio las inversiones
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
privadas forestales y de otros sectores que afectan a los bosques
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
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La Corporación Financiera Internacional es el miembro del Grupo del Banco Mundial que otorga
préstamos directamente al sector privado o compra acciones de empresas del sector privado que actúan       Formatted: Spanish (Uruguay)

en países en desarrollo. Pero la misión declarada de la CFI va más allá de ayudar a generar ganancias      Field Code Changed
para las empresas del sector privado y sus accionistas. De acuerdo con su declaración de objetivos, la     Formatted: Spanish (Uruguay)
CFI existe para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas a través del desarrollo sustentable   Formatted: Spanish (Uruguay)
del sector privado.

Junto a la CFI trabaja el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI o MIGA, por su
sigla en inglés), que brinda un seguro contra riesgos políticos y comerciales a las empresas que actúan
en países en desarrollo, economías en transición o mercados emergentes (elija el eufemismo que
prefiera).

En la actualidad la CFI tiene una cartera de compromisos de cerca de US$ 18 mil millones, pero su
papel en la distribución de préstamos de bancos privados para infraestructura, desarrollo petrolero y
otros sectores hace crecer su influencia mucho más allá de sus inversiones propias.
La Política Operacional sobre Bosques de 2002 (OP 4.36) del Banco Mundial solamente se aplica a
las operaciones del Banco en el sector público, esto es, cuando el Banco hace préstamos a los
gobiernos. No se aplica a la CFI ni al OMGI. Pero la OP 4.36, un documento breve que establece
directrices obligatorias, viene acompañado de un documento de Estrategia Forestal que lo abarca todo
y es de aplicación enteramente voluntaria. Este documento de estrategia, que también fue adoptado por
la CFI, hace un llamado a un gran aumento de la inversión privada en el sector forestal, que la CFI y el
OMGI se encargarían de movilizar. Según la Estrategia Forestal, el OMGI tendría un papel más
importante en los bosques gracias a su capacidad de asegurar a los inversores privados contra riesgos
políticos y catástrofes. De esto surge una pregunta obvia: ¿cómo es posible conciliar el objetivo
central del Banco, es decir la reducción de la pobreza mediante el manejo sustentable de los bosques,
con el apoyo que brinda a este tipo de inversiones forestales de alto riesgo, en las que el sector privado
tiene como amortiguador al dinero público mientras los ecosistemas y los pueblos que dependen de los
bosques pagan el precio de planes mal hechos?

Lo que sí se aplica a la CFI es una Política Operacional sobre Bosques de 1998 (OP 4.36, análoga a la
política previa de 1993 del Banco Mundial) que en teoría es obligatoria. Entre las disposiciones de esta
política se cuentan la prohibición de financiación directa de actividades de madereo o la compra de
equipamiento para madereo en bosques tropicales húmedos primarios, la promoción de la participación
activa de las poblaciones locales en el manejo sustentable a largo plazo de los bosques y la exigencia
de realizar evaluaciones ambientales y sociales de los bosques que están siendo considerados para uso
comercial. Si se aplicara plenamente, esta política contribuiría a resolver en forma más amplia los
problemas relativos a la sustentabilidad ecológica y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas
y las comunidades que dependen de los bosques.

Pero la lista actual de los proyectos que están siendo preparados por la CFI parece indicar que la CFI
actúa en un vacío político a pesar de la naturaleza (en teoría) obligatoria de las políticas de
salvaguardia, entre las que se incluye la Política Operacional 4.36 sobre Bosques. Para ninguno de los
proyectos de esta lista que se relacionan con los bosques se exige una evaluación completa. Todos
aparecen como proyectos de Categoría B, para los que en general se considera suficiente una simple
evaluación documental:

- India - AP Paper Mills préstamo de $ 35 millones + $ 5 millones en participación (aprobado el 6 de
julio de 2004)

- China - Chenming Corporation Pulp & Paper - $ 75 millones

- China - Krono Beijing - Wood Panels - $ 21,69 millones

- Brazil - Aracuz Cellulose - $ 50 millones

- Chile - Sociedad Inversora Forestal S.A. – $ 6,5 millones                                                  Formatted: Spanish (Uruguay)


- Uruguay - Pulp and Paper Metsä Botnia – $ 100 millones                                                     Formatted: Spanish (Uruguay)


- Federación Rusa - Kronospan Wood Panels – $ 70 millones                                                    Formatted: Spanish (Uruguay)


Esta breve lista de proyectos en curso apenas si rasca la superficie. No nos dice nada sobre las
inversiones actuales en el sector forestal, de cientos de miles de dólares. Además, es probable que las
inversiones de la CFI en industrias extractivas, infraestructura en gran escala, agronegocios, etc.,
tengan en muchos casos impactos importantes sobre los bosques y los pueblos que dependen de los
bosques. La lista más reciente de la CFI incluye inversiones en energía hidráulica en India, gas en
Bolivia y centrales de energía a carbón en Filipinas: ninguna figura como proyecto de categoría A y
por lo tanto no se exige un estudio ambiental completo. Además, un tercio de los fondos de la CFI
sirve para dar respaldo a bancos y otros intermediarios financieros. Por ejemplo, en esta última lista de
proyectos de la CFI figura un préstamo de US$ 40 millones al Banco Agro Industrial de Exportaciones
(Banex) de Costa Rica para expandir los agronegocios orientados a la exportación. Con relación a los
impactos ambientales y sociales de este tipo de préstamo, hay muy poca transparencia, una vez más, en
cuanto al modo de dar cuenta de los mismos, evitarlos o mitigarlos.

Actualmente la CFI está revisando tanto sus políticas ambientales y sociales como su publicidad de
información de las mismas. Según la descripción de la CFI, la revisión es parte de sus esfuerzos por
integrar plenamente la sustentabilidad a todas sus actividades mercantiles. Las ONG temen que la CFI
esté pensando en sustituir las políticas de salvaguardia obligatorias, en virtud de las cuales puede
exigírsele responsabilidad, por normas de desempeño casi voluntarias. Las ONG de todo el mundo
piden normas claras y aplicables para los préstamos de la CFI y las reformas institucionales necesarias
para garantizar su instrumentación. Las inversiones de la CFI en forestación e industrias extractivas
son un recordatorio de la necesidad de controles y evaluaciones transparentes de las empresas que se
benefician con el apoyo de la CFI y de una rendición de cuentas efectiva ante las comunidades
afectadas y la población general.

Por Korinna Horta, Environmental Defense, khorta@environmentaldefense.org,                                  Formatted: Spanish (Uruguay)
www.environmentaldefense.org                                                                                Formatted: Spanish (Uruguay)
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- La política sobre hábitats naturales: derogación institucionalizada
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)

Una lectura superficial de la Política de Bosques del Banco Mundial sugiere que contiene una
proscripción que prohíbe al Banco Mundial financiar proyectos que a su criterio puedan afectar los
“bosques críticos”. Sin embargo, una lectura más atenta sugiere lo contrario. Esto se debe, en primer
lugar, a que es el personal operativo del Banco y nadie más, quien decidirá cuáles áreas de bosques son
“críticas” y cuáles no. En segundo lugar, la Política de Bosques se basa en los procedimientos de la
actual Política sobre Hábitats Naturales (revisada en junio de 2001), que permite derogaciones de la
proscripción general cuando no existen alternativas viables. En las citas que figuran a continuación se
puede comparar el lenguaje utilizado en la PO 4.04 sobre Hábitats Naturales con el de la PO 4.36 sobre
Bosques.

PO 4.04 “Hábitats Naturales”:

 “4. El Banco no apoya proyectos que en su opinión involucren la conversión significativa o la
degradación Error! Hyperlink reference not valid. de hábitats naturales críticos.                           Formatted: Spanish (Uruguay)
5. Siempre que resulte viable, los proyectos financiados por el Banco se situarán en tierras ya             Field Code Changed
convertidas (con exclusión de las tierras que a juicio del Banco hubieran sido convertidas previamente
en función del proyecto). El Banco no apoya proyectos que impliquen una conversión significativa de
hábitats naturales, salvo que no haya alternativas viables para el proyecto y su ubicación, y que un
análisis extenso demuestre que los beneficios generales del proyecto superan sustancialmente los
costos ambientales. Si la evaluación ambiental indica que un proyecto implicaría la degradación o la
conversión significativa de un hábitat natural, el proyecto debe incluir medidas de mitigación que el
Banco considere aceptables. Entre esas medidas de mitigación se incluirán, según corresponda, la
minimización de la pérdida de hábitat (por ejemplo, retención de hábitat estratégico y restauración
posterior a la ejecución del proyecto) y establecimiento y mantenimiento de un área protegida
ecológicamente similar. El Banco solamente acepta otras formas de mitigación cuando las mismas
estén técnicamente justificadas”.

PO 4.36 “Bosques”:
“5. El Banco no financia proyectos que en su opinión involucren una degradación o conversión
significativa de áreas de bosque críticas, o hábitats naturales críticos relacionados. Si un proyecto
involucra una degradación o conversión significativa de bosques naturales o de los hábitats naturales
relacionados que el Banco califica como no críticos, y el Banco determina que no hay alternativas
viables al proyecto y su ubicación, y si un análisis extenso demuestra que los beneficios generales del
proyecto exceden sustancialmente los costos ambientales, el Banco puede financiar el proyecto,
siempre que el mismo incorpore las medidas de mitigación adecuadas”. (7) (Nota al pie 7: “Para
obtener información sobre las disposiciones sobre el diseño e instrumentación de las medidas de
mitigación de los proyectos que puedan tener un impacto sobre los bosques y los hábitats naturales,
consultar la PO 4.01 y la PO 4.04”). Esto significa que si bien el Artículo 5 parece prohibir el
financiamiento por parte del Banco de proyectos que conviertan o degraden bosques “críticos”, la Nota
al pie 7 correspondiente sugiere que esta disposición está sujeta a los procedimientos establecidos en la
PO 4.01 y la PO 4.04. Esta última especifica una serie de derogaciones a la proscripción general.

En el marco de la Política sobre Hábitats Naturales (PO 4.04 y MP? 4.04), hay una serie de
derogaciones que permiten al Banco apoyar proyectos que afectan hábitats naturales críticos con
sujeción a las siguientes condiciones:

- No hay alternativas “viables”.
- Se han adoptado medidas de mitigación de acuerdo a lo dispuesto en la PO 4.01 sobre Evaluación
Ambiental.
- Se establecen o mantienen áreas protegidas compensatorias
- La capacidad del prestatario de implementar dichas medidas de mitigación se evalúa y de ser
necesario, se fortalece.
-El Banco “espera” que el prestatario “tome en cuenta” las opiniones, roles y derechos de las ONGs y
las comunidades locales y las involucre en el diseño, la planificación, la implementación, el
seguimiento y la evaluación del proyecto.
- El proyecto se clasifica como Categoría A (lo que implica un mayor aporte de información a la
sociedad civil y un tiempo de preparación del proyecto ligeramente más extenso).
- Los costos de mitigación y de conservación por compensación se incluyen en la financiación del
proyecto.
- Sin embargo, si la conservación que se debe realizar en compensación no es posible y/o la mitigación
según lo dispone la PO 4.01 no es posible, se admite incluso una nueva derogación. Otras formas de
mitigación pueden ser en este caso “técnicamente justificadas” (PO 4.04 Artículo 5, última oración).
En estos casos, se consulta al propio personal ambiental y legal del Banco, y el Vicepresidente regional
tiene que aprobar el proyecto (PB 4.04 Artículo 3).

Lo que resulta necesario y ha sido reclamado durante años por parte de las ONGs, es una revisión
independiente de la efectividad de la Política sobre Hábitats Naturales. ¿Se está aplicando en forma
efectiva? ¿Verdaderamente protege la biodiversidad y los ecosistemas críticos? Nadie lo sabe en
realidad.

Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo-e: marcus@forestpeoples.org,
http://www.forestpeoples.org
************************************************************

- Bosques y ajuste estructural: el Banco Mundial pasa por encima de accionistas y de su propio
Directorio Ejecutivo

En 2001 y 2002, el Banco Mundial mantuvo nueve consultas regionales con gobiernos, la industria y
organizaciones de la sociedad civil. El objetivo declarado de este ambicioso esfuerzo era recibir
opiniones sobre el desarrollo de la nueva Política Operacional sobre Bosques del Banco. Además, el
Banco creó un Grupo Técnico Asesor (TAG) para la redacción de esta nueva política. Finalmente el
Banco recibió un resonante mensaje claro y unánime, tanto de las consultas regionales como del TAG:
se debe aplicar la nueva Política Operacional sobre Bosques del Banco a los préstamos de ajuste
estructural que el Banco otorga, para impedir que los bosques del mundo continúen perdiéndose o
degradándose.

Es bien sabido que las principales causas de la deforestación se sitúan fuera del sector de los bosques.
Entre estas causas externas se destacan las políticas económicas mal concebidas que, a veces sin
advertirlo, otorgan incentivos a la tala o conversión de bosques al promover actividades de tipo
industrial relacionadas con la exportación, como las plantaciones forestales o el madereo industrial,
debilitando o desmantelando al mismo tiempo los organismos gubernamentales responsables del
medio ambiente y la seguridad social.

El Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) del propio Banco ha identificado la
liberalización del comercio y las medidas para promover la exportación como importantes fuerzas
motoras de la deforestación. Sin embargo, políticas económicas de este tipo son precisamente lo que el
Banco está promoviendo activamente con sus préstamos de ajuste estructural, sin considerar sus
consecuencias ambientales y sociales. En la actualidad, el Banco Mundial dirige cerca de un tercio de
sus préstamos a este tipo de subvención rápida para respaldar políticas económicas encaminadas a
privatizar empresas públicas, promover las exportaciones y reducir las funciones de regulación de los
gobiernos.

Durante la década pasada el ajuste estructural se ha ganado una creciente mala fama por provocar
dificultades sociales y no lograr el desarrollo económico. Como respuesta a la creciente falta de
credibilidad del ajuste estructural, el Banco simplemente le dio un nuevo nombre: “Financiamiento en
respaldo de la política de desarrollo” (Development Policy Lending, DPL). En esencia, el DPL consiste
en el mismo conjunto de políticas económicas al que se suma un poquito de discurso sobre los "la
consustanciación del gobierno" y la necesidad de mejorar las instituciones.

La necesidad de prestar atención al impacto de los préstamos de ajuste estructural sobre los bosques no
es algo nuevo. La anterior Política sobre Bosques del Banco, de 1991, ya había prometido atender los
impactos potenciales sobre los bosques en la planificación macroeconómica. Pero, como los propios
evaluadores del Banco concluyeron en 2000, si bien las operaciones de ajuste significan una gran
presión sobre los bosques, esto rara vez se ha tomado en cuenta, ni siquiera en los países donde los
bosques son importantes para la macroeconomía.

A pesar de la opinión unánime de interesados y asesores y de las conclusiones del Departamento de
Evaluación de Operaciones del propio Banco, en su nueva Política Operacional sobre Bosques, que
entró en vigor en noviembre de 2002, el Banco no hizo referencia al ajuste estructural (ni a sus
heterónimos, es decir el préstamo programático y el financiamiento en respaldo de la política de
desarrollo).

La adopción de la Política Operacional 4.36 sobre Bosques fue una gran decepción incluso para
aquellas organizaciones que normalmente respaldan al Banco Mundial. El director general de la UICN
(Unión Mundial para la Naturaleza), que ayudó al Banco en la organización de las consultas
regionales, advirtió al presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, acerca de la pérdida de
credibilidad en tanto las consultas se percibían como un ejercicio superficial, sin un verdadero
compromiso de parte del Banco en cuanto a prestar oídos a sus conclusiones.

El Banco alegó que en aras de la eficiencia, la revisión en curso de la política del Banco sobre ajuste
estructural iba a tratar el posible impacto sobre los bosques. Varios miembros del Directorio Ejecutivo
del Banco Mundial expresaron sus inquietudes en cuanto al posible impacto del ajuste estructural sobre
los bosques. Para tranquilizar a su propio Directorio, el Banco prometió que se establecerían
mecanismos transparentes para evaluar y discernir las operaciones de ajuste durante la etapa de
preparación, con el fin de identificar los daños potenciales y ayudar a los gobiernos a evitar o al menos
mitigar esos daños.

Hubo muchas dudas sobre la posibilidad de que una nueva política de ajuste estructural fuera capaz de
tratar adecuadamente un asunto tan específico como los impactos directos e indirectos sobre los
bosques. De hecho, en diciembre de 2003 el primer borrador de la nueva política de ajuste estructural
(OP 8.60 sobre Financiamiento en respaldo de la política de desarrollo) ni siquiera mencionó la palabra
"bosques". Este pequeño descuido se corrigió en la versión final de la OP 8.60 de agosto de 2004, pero
¿con qué fin? Los párrafos sobre ‘Pobreza y efectos sociales’ y ‘Aspectos relativos al medio ambiente,      Formatted: Spanish (Uruguay)
los bosques y los recursos naturales’ de la OP 8.60 afirman que el Banco determina si es o no probable      Formatted: Spanish (Uruguay)
que [las políticas nacionales específicas respaldadas por la operación] tengan o no efectos importantes     Formatted: Spanish (Uruguay)
en el medio ambiente, los pobres y los bosques, y en caso afirmativo lleva a cabo una evaluación de         Formatted: Spanish (Uruguay)
los sistemas del prestatario para reducir esos efectos adversos y acrecentar los positivos.[...] Si el
análisis contiene lagunas importantes [...] el Banco describe en los documentos programáticos cómo se
abordarían esas lagunas o deficiencias. En otras palabras, el Banco no está obligado a actuar en caso de
que sus propios préstamos causen daño a los pobres, degraden el medio ambiente o devasten los
bosques.

Según los funcionarios del Banco Mundial dedicados al medio ambiente, se han hecho pocos esfuerzos
para definir la mejor forma de analizar los préstamos de ajuste estructural, que hoy en día no suelen
pasar de apoyo presupuestario general, aunque con condiciones en cuanto a la política económica. Si
bien algunos préstamos parecen haber sido objeto de un estudio reciente más profundo, no hay muchas
señales de que el personal del Banco tenga recursos o conocimientos para siquiera llevar adelante su
muy limitado mandato en virtud de la nueva política de “financiamiento en respaldo de la política de
desarrollo”.

La nueva Política Operacional sobre Bosques (OP 4.36) del Banco, de noviembre de 2002, debilita en
grado sumo las disposiciones sobre protección de los bosques. El Banco prometió solucionar uno de
sus principales defectos (que no se aplique a los préstamos de ajuste estructural) en la nueva Política
Operacional sobre financiamiento en respaldo de la política de desarrollo (OP 8.60) de agosto de 2004.
Esta promesa no fue cumplida.

Las ONG y otras partes interesadas, los expertos del Grupo Asesor Técnico y los evaluadores
profesionales del Banco invirtieron una cantidad considerable de tiempo y recursos para hacer sus
aportes a la Política sobre Bosques del Banco. Sus recomendaciones unánimes en cuanto a la
necesidad de garantizar que las políticas de ajuste estructural no afecten negativamente a los bosques
fueron dejadas de lado. El compromiso de establecer mecanismos transparentes para evaluar y
discernir los préstamos de ajuste estructural, asumido por el Banco ante su propio Directorio Ejecutivo,
no fue cumplido. Aquí se están planteando cuestiones fundamentales de responsabilidad; hace tiempo
que es hora de resolverlas.

Por Korinna Horta, Environmental Defense, khorta@environmentaldefense.org,                                  Field Code Changed
www.environmentaldefense.org                                                                                Formatted: Spanish (Uruguay)
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- El Manual de consulta invisible: una omisión “crítica”
                                                                                                            Formatted: Spanish (Uruguay)

Una virtud de la Política sobre Bosques de 1991 era su simplicidad. Luego de la conmoción de las
revelaciones de la década de 1980 acerca de las enormes superficies de bosques destruidas por
proyectos financiados por el Banco Mundial –construcción de represas, carreteras, pozos petroleros,         Formatted: Spanish (Uruguay)
plantaciones y por colonización y madereo- la política de 1991 instruía al personal del Banco a
mantenerse a distancia de los proyectos que pudieran perjudicar a los bosques tropicales húmedos
primarios.

En contraste, la Política sobre Bosques de 2002 permite al Banco financiar proyectos en todos los tipos
de bosques, excepto aquéllos que impliquen un desmonte “significativo” de bosques “críticos”. Las
operaciones de madereo deben ser “certificadas” (o tener un “un plan de acción con fases y
cronograma” para obtener la certificación). “Preferentemente”, las plantaciones no deberían
establecerse en zonas desmontadas de bosques no críticos a menos que no haya otras alternativas
“viables”. El significado exacto de esas palabras clave no se aclaró en el momento y el Banco admitió
que podrían dar lugar a un elevado grado de juicio subjetivo. Para aclarar cómo el personal del Banco
podría interpretar esos términos, el Banco prometió emitir un “Manual de Consulta sobre
Conservación y Manejo del Bosque”, que daría una “buena guía práctica sobre esas y otras
cuestiones”. A pesar de las reiteradas promesas a los gobiernos interesados, el “manual de consulta”
nunca apareció. Así, el personal del Banco irá elaborando las normas a medida que transcurran los
acontecimientos.

El Banco Mundial tiene ahora en marcha proyectos del orden de los 3.000 millones de dólares, que
están afectando a los bosques. Pero no hay claridad acerca de si se controlarán esos proyectos y cómo
se hará ese control para asegurar que no perjudiquen a los “bosques críticos”.

Por Forest Peoples Programme, correo-e: info@fppwrm.gn.apc.org, http://www.forestpeoples.org              Field Code Changed
                                                                                                          Formatted: Spanish (Uruguay)
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- La función del Banco Mundial en la creación del mercado de carbono: ayudando a los ricos a
enriquecerse y a los pobres a empobrecerse mientras siguen subsidiándose los combustibles fósiles

El concepto de comercio de carbono como instrumento para “evitar el peligroso cambio climático”
apareció por primera vez en las negociaciones que desembocaron en el Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) de 1992. Según dicho Convenio, los
proyectos que aducen reducir emisiones de gases de efecto invernadero podrían vender las emisiones
“ahorradas” a una compañía que encuentra más lucrativo pagarle a otros para que reduzcan emisiones
que reducirlas ella misma. Si bien el concepto enfrentó cierta oposición, la primera Conferencia de las
Partes del UNFCCC de 1995 estableció una fase piloto de Actividades Ejecutadas Conjuntamente
(Actividades Conjuntas o AIJ, por su sigla en inglés), un mecanismo que permitiría la realización de
esos proyectos. En respuesta, un gran número de países, entre ellos Costa Rica, Vietnam, Zimbabwe,
Rusia y Estados Unidos, establecieron fondos para AIJ e iniciaron proyectos.

En 1996, el Banco Mundial también estableció un fondo AIJ conjuntamente con el Gobierno noruego
y la CFI, que posibilitó proyectos experimentales. Si bien los proyectos no podían generar créditos de
carbono comercializables, comenzaron por crear la experiencia y el conocimiento necesarios para
futuros proyectos. Como señaló el Banco, este comienzo temprano fue “fundamental para establecer
una base a largo plazo para las actividades conjuntas y otros proyectos de comercialización de aspectos
ambientales”.

El concepto de un mercado de carbono fue compatible con la liberalización en marcha del Banco y el
programa de desreglamentación para el Sur, y el Banco abrazó con entusiasmo el nuevo mercado,
procurando desde sus inicios convertirse en un actor clave. Con su extensa línea de proyectos y
experiencia en financiar proyectos para países en desarrollo, el Banco Mundial estaba muy bien
ubicado para posicionarse como administrador de los fondos de gobiernos e industrias de países
industrializados que buscaran invertir en proyectos, especialmente en el Sur, que les permitieran
reducir menos las emisiones nacionales. Adoptar la función de administrador de fondos fue también
potencialmente lucrativo. Los primeros documentos internos sobre las actividades del mercado de
carbono del Banco estimaron que el mercado internacional de “compensación” de emisiones de
carbono alcanzaría miles de millones de dólares en 2020, y que el Banco estaría en posición de captar
100 millones de dólares por año en ingresos netos en 2005. Además de su programa de actividades
conjuntas, el Banco comenzó una gama de programas de “creación de capacidad” en países en
desarrollo claves –como el programa de Estudios Estratégicos Nacionales- para identificar proyectos y      Formatted: Spanish (Uruguay)
comenzar a establecer la infraestructura jurídica e institucional necesaria para futuros proyectos del
mercado de carbono.

A medida que las negociaciones internacionales sobre el clima avanzaron, acercándose a la etapa en
que los países industrializados debían asumir las metas obligatorias de reducción de emisiones
contempladas en el Protocolo de Kyoto de 1997, el Presidente del Banco Mundial James Wolfensohn
propuso en la Conferencia Río + 5, en junio de 1997, un Fondo de Inversiones de Carbono. A través de
ese fondo el Banco invertiría dinero de países industrializados en proyectos que redujeran los gases de
efecto invernadero a cambio de créditos de carbono que los países industrializados podrían utilizar
para cumplir sus metas de Kyoto. En la conferencia, el Banco se declaró “dispuesto a crear dicho
Fondo, si los signatarios de la Convención consideran que la propuesta es útil”.

Lo hicieron, pero no con el Banco como administrador. La propuesta fue recibida al principio con
escepticismo, salvo por funcionarios oficiales de Estados Unidos y una o dos organizaciones no
gubernamentales, y los países aceptaron dos mecanismos similares con base en proyectos en el marco
del Protocolo de Kyoto que permitirían a los países con una meta de reducción de emisión de gases,
explotar las oportunidades de reducción teóricamente más baratas en otros países: las actividades
conjuntas habilitarían la ejecución de proyectos en otros países con metas de reducción, y el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) habilitaría la ejecución de proyectos en países en desarrollo
que no tuvieran una meta de reducción.

El plan del Banco de un Fondo de Inversiones de Carbono fue fácilmente adaptado a esta nueva
realidad. Tan solo 20 meses después, en julio de 1999, el Presidente Wolfensohn había recibido el
respaldo del Directorio del BIRF para crear el Fondo de Prototipo de Carbono (PCF, por su sigla en
inglés), un fondo que actuaría en la misma línea que el Fondo de Inversiones de Carbono propuesto,
pero dentro del marco del MDL y las actividades conjuntas. El PCF fue públicamente lanzado en enero
de 2000 con contribuciones de Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia y una serie de compañías y casas
comerciales japonesas. Pronto le siguieron una variedad de otros fondos administrados por el Banco.
La estructura de los fondos del Banco también está concebida para demostrar la utilización de
“asociaciones públicas y privadas” en que el PCF es el modelo emblemático y se describe como “una
asociación público-privada para combatir el cambio climático global”.

Actualmente, el Banco es una de las mayores fuentes de financiamiento público para la industria de
combustible fósil. Desde 1992 hasta fines de 2004, el Grupo Banco Mundial aprobó 11.000 millones
de dólares para financiar 128 proyectos de extracción de combustible fósil en 45 países. Esos
proyectos producirán más de 43.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, con
más del 82% del financiamiento del Banco Mundial para extracción de petróleo destinado a proyectos
que exportan el petróleo a países del Norte industrializado. Tan solo en 2003, el Banco concedió
financiamiento por 2.500 millones de dólares para proyectos de combustible fósil.

En contraste, la capitalización combinada de los seis fondos administrados por el Banco a partir de
mayo de 2004, asciende a 410 millones de dólares. Así, la cifra total que los fondos de carbono del
Banco colocarán en proyectos que “reducen” los gases de efecto invernadero durante un periodo de
siete años, será aproximadamente el 20% del financiamiento anual del Banco Mundial para proyectos
de combustible fósil que producen gases de efecto invernadero. Incluso la cifra total de inversiones que
el Banco estima serán potenciadas por todos sus fondos de mercado de carbono es de solamente 2.200
millones de dólares, menos que el gasto de 2003 en combustibles fósiles.
En 1999, el año en que se creó el PCF, el Banco aseguró a las ONGs que se centraría en proyectos de
energía renovable, si bien ese mismo año el Banco rechazó una propuesta de redirigir el 20% de su
financiamiento principal a proyectos de energía renovable. Cinco años después, el Banco nuevamente
rechazó propuestas de suspender el financiamiento de industrias extractivas y utilizar sus préstamos
para “promover agresivamente la transición a energía renovable” –esta vez del Examen de las               Formatted: Spanish (Uruguay)
Industrias Extractivas, del propio Banco. El rechazo a eliminar progresivamente la financiación al
combustible fósil vino recién dos meses después que el Banco había auspiciado la primera feria
comercial del mercado del carbono en Colonia, Alemania, cuyo material de promoción llamaba al
cambio climático “uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad”.

El paquete de financiación para el controvertido proyecto del oleoducto Chad-Camerún es más que la
capitalización combinada de los seis fondos de carbono del Banco Mundial. Las emisiones de gases de
efecto invernadero relacionadas directamente con ese proyecto se estiman en 446 millones de
toneladas de dióxido de carbono –más de seis veces el total de reducción de emisiones que se espera       Formatted: Spanish (Uruguay)
logren los 43 proyectos actuales del PCF en los próximos 21 años, y aproximadamente 3 veces la
cantidad total de reducciones que se esperan de los seis fondos de carbono del Banco.

La contradicción que implica financiar proyectos que producen gases de efecto invernadero y al mismo
tiempo pregonar una función de liderazgo en contribuir a “evitar el peligroso cambio climático” no
termina aquí. Los fondos de carbono del Banco continúan esta tendencia, ya que numerosos
inversionistas del PCF reciben simultáneamente del Banco financiamiento para proyectos de
combustible fósil.

Las contribuciones de las empresas Mitsui (PCF y BCF), BP, Mitsubishi, Deutsche Bank, Gaz de
France, RWE, y Statoil a los proyectos del mercado de carbono en 1999-2004 fueron de 45 millones
de dólares. El apoyo que recibieron del Banco Mundial para proyectos de combustible fósil en 1992-
2002 ascendió a 3.834.600 millones de dólares.

Aún más increíble es que en muchos casos los inversionistas del PCF reciben créditos de reducción de
emisiones de proyectos en países en los que están simultáneamente llevando a cabo proyectos de
combustible fósil apoyados por el Banco –proyectos que ayudarán a dejar a esos países atrapados en        Formatted: Spanish (Uruguay)
una matriz energética de combustible fósil y provocará emisiones de mayor magnitud que las que los
proyectos del PCF dicen reducir.

El Banco está en una posición poco convincente en la que alega estar desarrollando un mercado de
emisiones de gases de efecto invernadero para resolver un problema que el propio Banco ayuda a
perpetuar.

Dado el papel histórico del Banco en el financiamiento y promoción del uso de combustible fósil,
quizá no cause sorpresa que haya aparecido como uno de los paladines más comprometidos en el uso
de los fondos de carbono para promover proyectos de plantación de árboles –los llamados sumideros         Formatted: Spanish (Uruguay)
de carbono, porque los árboles absorben carbono de la atmósfera. Al absorber emisiones de carbono en
el corto plazo, las plantaciones de árboles ayudar a evitar medidas inminentes para reducir las
emisiones de carbono en la fuente, que inevitablemente implicarían reducir el uso de combustible fósil.
A pesar del discurso del Banco acerca de que el PCF se enfoca en proyectos de energía renovable, los
dos proyectos de sumideros de carbono del PCF en Brasil y Moldovia, aducen un total combinado de
más de seis millones de créditos de reducción de emisiones -15% del volumen de crédito de proyectos
adoptados a partir del 30 de setiembre de 2004. Además, el Banco tiene un fondo especial de
sumideros de carbono –el BioCarbon Fund (BCF), que se espera dará cuatro millones de créditos de          Formatted: Spanish (Uruguay)
carbono a través de aproximadamente 14 proyectos pequeños de forestación. Los críticos argumentan
que sin el apoyo del BCF, muchos de esos proyectos pequeños no podrían competir en un mercado en
que un proyecto de plantaciones de árboles en gran escala como el proyecto Plantar del PCF, entregará
4,2 millones de créditos de carbono –más que el total de la cartera del BCF. El Banco Mundial podría      Formatted: Spanish (Uruguay)
también impulsar más proyectos de plantaciones a través de su Fondo de Carbono para el Desarrollo
Comunitario, que fue creado para “dar al carbono un rostro humano”.

El Banco se ha atribuido públicamente la tarea de “vender” sumideros de carbono. La literatura del
Banco sobre sumideros de carbono se centra en proyectos comunitarios pequeños con énfasis en el
alivio de la pobreza y el desarrollo sustentable. La consigna del BioCarbon Fund es --y lo dice sin
vergüenza alguna-- “traer el financiamiento del carbono a los pobres del mundo”. Detrás de su
discurso, el Banco apunta a utilizar los fondos de carbono para los mismos proyectos de plantaciones
industriales de árboles que hace largo tiempo ha propiciado. El primer proyecto de sumidero de
carbono llevado a cabo por un fondo de carbono del Banco Mundial --el PCF en este caso-- es el
proyecto Plantar en Minas Gerais, Brasil; el proyecto establecerá 23.000 ha de plantaciones de
eucaliptos que temporalmente secuestran carbono antes de ser convertidos en carbón vegetal para su
utilización en producción de hierro en lingotes. Para los pequeños agricultores vecinos, las
consecuencias de esta plantación son devastadores: se han secado arroyos y humedales, los productos
químicos contaminan el aire y el agua, y la diversidad de especies que alguna vez habitaron esas tierras
ha desaparecido.

El proyecto Plantar estuvo siempre destinado a ser un precedente para otros proyectos del mismo tipo.
El Documento de Evaluación del Proyecto 2002 establece explícitamente que “Se espera que el
proyecto prepare el terreno para proyectos similares en el futuro”. Proyectos como Plantar son el
centro real de la agenda de sumideros de carbono del Banco. El BCF es principalmente un “maquillaje
verde” que pretende aumentar el apoyo hacia los sumideros de carbono con iniciativas políticamente
atractivas que distraen la atención de proyectos como Plantar, que se basan en la producción industrial
de madera. Sin embargo, en el mercado de carbono actual, proyectos del tipo de los que está aplicando
el BCF, darán poco más que una foto de carátula para el informe anual del BCF, dados los elevados
costos y los volúmenes mínimos de créditos de carbono que generarán estos proyectos. Los volúmenes
pequeños también darán una respuesta muy insignificante al cambio climático en la medida que
justifican nueva liberación de carbono fósil.

Si los proyectos de carbono pretenden atraer inversiones comerciales y generar volúmenes importantes
de créditos de carbono, es inevitable que impliquen proyectos basados en la producción industrial de
madera, como Plantar. Una comparación de los créditos de carbono generados por el proyecto Plantar
comparado con el BCF subraya bien el argumento: El único componente de Plantar de secuestro de
carbono generará más créditos de reducción de emisiones que todo el BioCarbon Fund, y la
destrucción de los bosques relacionada con proyectos de extracción de combustible fósil e
infraestructura para ello, financiados por el Banco Mundial, seguramente liberarán más carbono que el
que los proyectos del BCF aducen secuestrar.

Por Jutta kill, Sinkswatch, correo-e: jutta@fern.org, www.sinkswatch.org, y Ben Pearson, CDMWatch,         Formatted: Spanish (Uruguay)
correo-e: cdmwatch@ozemail.com.au, www.cdmwatch.org                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)
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                                                                                                           Field Code Changed
- El FMAM y los Pueblos Indígenas: conclusiones de un estudio crítico reciente
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es el principal mecanismo intergubernamental
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
para tratar los problemas ambientales "mundiales", con inclusión de la pérdida de la biodiversidad. Es
también el principal vehículo de financiación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de la          Field Code Changed

ONU. Desde que el FMAM se fundó en 1991, entre el 30% y el 50% de su gasto anual en                        Formatted: Spanish (Uruguay)
conservación ha sido destinado a proyectos relacionados con los bosques. Hasta junio de 2003 el            Formatted: Spanish (Uruguay)
FMAM había financiado 150 proyectos de conservación de bosques por un total de US$ 778 millones.           Field Code Changed
La mayor parte de estos proyectos han sido ejecutados por el Banco Mundial, y en su mayoría han
apoyado el establecimiento o la expansión de zonas protegidas, que continúan siendo la "piedra
fundamental" del apoyo del FMAM a la conservación de la biodiversidad. Muchos de estos proyectos
asistidos por el FMAM han afectado tierras tradicionalmente ocupadas y utilizadas por Pueblos
Indígenas. Sin embargo los Pueblos Indígenas han declarado reiteradas veces que estos planes de
conservación a menudo no respetan sus derechos y socavan sus formas de sustento tradicionales.

Basándose en una serie de estudios de caso --pasados, recientes y actuales-- de proyectos del FMAM
para la conservación y el uso sustentable (en Perú, Guyana, México, Panamá, Camerún, Uganda, India,
Filipinas y Bangladesh), un estudio reciente elaborado por el Programa para los Pueblos de los
Bosques ha procurado analizar estos problemas. El estudio concluye que aunque en algunos temas se
ha progresado, en especial gracias al Programa de Pequeños Subsidios del FMAM, a algunos
proyectos y programas de conservación del FMAM todavía les cuesta respetar los derechos y formas
de subsistencia de las comunidades indígenas.

Una de las conclusiones clave es que los proyectos del FMAM siguen tendiendo a tratar a los Pueblos
Indígenas como “beneficiarios” más que como titulares de derechos. Los programas de biodiversidad
del FMAM también financian el establecimiento legal de zonas protegidas sin garantizar primero que
existan los mecanismos para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
indígenas afectadas. Algunos proyectos del FMAM han provocado la merma de los medios de
subsistencia, el reasentamiento forzoso y el incremento en la aplicación de leyes antipopulares y de
políticas de conservación excluyentes, especialmente en los proyectos del FMAM en África y Asia.
Otras conclusiones preocupantes son que los proyectos del FMAM no han logrado la participación
adecuada de las comunidades afectadas en la elaboración de los proyectos y que en las evaluaciones
sociales no se enumeran los asuntos críticos relacionados con la ley, los derechos y la cultura. Además,
este estudio encontró que:

* A veces, intervenciones "alternativas" erradas en los medios de subsistencia dejan a las familias y
comunidades afectadas en peor situación económica, con menor seguridad y mayor dependencia del
mercado y el trabajo asalariado.
* A menudo se sigue considerando que las subvenciones grandes y medianas son intervenciones
verticales, de arriba a abajo, de parte de organismos gubernamentales o grandes ONG
conservacionistas internacionales.
* En los proyectos del FMAM, los Pueblos Indígenas no participan en forma efectiva en la toma de
decisiones; esto ocurre incluso en algunos proyectos dirigidos específicamente a Pueblos Indígenas.
* Las comunidades indígenas no siempre tienen conciencia de la participación del FMAM en los
proyectos que las afectan.
* Algunos proyectos dirigidos específicamente a Pueblos Indígenas no aplican los componentes
progresistas establecidos en los acuerdos sobre las subvenciones o en los planes de los proyectos,
como por ejemplo la protección de los derechos sobre la tierra, la protección y el respeto de los
conocimientos tradicionales.
* Muchas veces en los proyectos se introducen nuevas instituciones que no se apoyan en las
instituciones y estructuras decisorias tradicionales del lugar, y que pueden incluso debilitarlas.

Si se analiza la administración, la responsabilidad y las políticas del FMAM, puede concluirse que
muchos de los problemas corrientes de los proyectos del FMAM se originan, al menos parcialmente,
en un marco para sus políticas anticuado e incompleto y en errores en los mecanismos de aplicación y
control. A este respecto se hace resaltar que los organismos encargados de la aplicación, como el
Banco Mundial, siguen sufriendo de fallas sistémicas en la aplicación de sus propias políticas sociales
y ambientales obligatorias: un problema continuado, señalado en las recientes revisiones oficiales de la
aplicación de parte del Banco de su Política sobre Pueblos Indígenas (OD 4.20).

Se señala que hay indicios de que el FMAM procura responder a algunas de las críticas antes
mencionadas. Por ejemplo, ha lanzado una revisión de los beneficios locales en los proyectos del
FMAM (que se publicaría en 2005) y ahora tiene planes para la elaboración de indicadores sociales y
de participación. En América Latina, el FMAM ha comenzado a dar su apoyo a zonas de conservación
comunitarias, y hay unos pocos casos de proyectos medianos que empiezan a ser preparados y
aplicados por Pueblos Indígenas. Sin embargo, este tipo de proyecto progresista todavía tiende a ser la
excepción más que la regla. Otra información fundamental aportada por el estudio es que incluso los
proyectos del FMAM-Banco Mundial cuya intención es "hacer el bien" pueden terminar haciendo
daño en caso de que los mecanismos de administración, aplicación y participación del proyecto
fracasen al ponerlos en práctica [por ejemplo, el Proyecto de Participación Indígena en el Manejo de
Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana - PIMA].

Las organizaciones indígenas y las ONG que las apoyan insisten en que no alcanza con enfocar por
partes el tema de los Pueblos Indígenas en los proyectos del FMAM: lo que hace falta es un análisis
completo de las políticas y los procedimientos de supervisión del FMAM. Como dijo una portavoz
indígena en una reunión con el FMAM paralela a la séptima conferencia de las partes del CDB:

"Recibimos con agrado el apoyo creciente del FMAM a las zonas conservadas por indígenas en
algunas partes de América Latina, pero siguen quedando preguntas: ¿Cómo garantizará el FMAM que
se reconozca y respete nuestros derechos en todos sus proyectos de conservación en todos los
continentes donde actúa? Por ejemplo, queremos saber de qué forma las políticas y los proyectos del
FMAM respetarán el derecho de los Pueblos Indígenas al libre consentimiento previo e informado”.
[Esther Camac, febrero de 2004]

La parte final de este estudio exhorta al FMAM a adoptar un enfoque fundamentado en los derechos,
fortalecer sus propios mecanismos de instrumentación y rendición de cuentas y adoptar una política
específica obligatoria sobre Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo, se recomienda que el FMAM
actualice todas sus políticas sobre biodiversidad para garantizar el pleno acuerdo de las mismas con las
normas internacionales sobre Pueblos Indígenas y conservación, con inclusión de las normas
establecidas en virtud del CDB y las mejores prácticas acordadas en el Plan de Acción y la lista de
Recomendaciones de la UICN, redactado en Durban en 2003.

Por Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, correo-e: Error! Hyperlink reference not                      Field Code Changed
valid.tom@forestpeoples.org.                                                                               Formatted: Spanish (Uruguay)
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- BioCarbon Fund = ¿manipulando_los_datos_Inc.cárcel.com?                                                  Field Code Changed
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
A principios de marzo de 2005 los primeros proyectos de sumideros de carbono promovidos por el             Formatted: Spanish (Uruguay)
BioCarbonFund del Banco Mundial entraron en la primera etapa de registro como proyectos del MDL
(Mecanismo de Desarrollo Limpio) en virtud del Protocolo de Kioto. En el sitio web establecido por el
Banco Mundial para la financiación del carbono se publicó, más o menos por la misma fecha, un
formulario para que los responsables de los proyectos de sumideros de carbono que se presentarán ante
el BioCarbonFund pudieran calcular las tasas de captura del carbono. En este formulario se daban
ejemplos un tanto irreverentes de cómo completar algunos datos. Se destaca la sección “Contacto
(preferentemente correo electrónico)”, completada con la dirección “Error! Hyperlink reference not         Field Code Changed
valid.fred@data_fiddling_Inc.jail.com” (literalmente, fred@manipulando_los_datos_Inc.cárcel.com).          Formatted: Spanish (Uruguay)
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
Hace mucho tiempo que SinksWatch argumenta que los cálculos para determinar el ciclo del carbono           Field Code Changed
en un bosque (y así calcular los créditos de carbono) adolecen de graves defectos, y también que estos     Formatted: Spanish (Uruguay)
números no pueden verificarse a causa de la naturaleza complicada y siempre cambiante de los ciclos
                                                                                                           Formatted: Spanish (Uruguay)
del carbono entre los bosques, la atmósfera y los océanos. Este intercambio natural de carbono entre
bosques, atmósfera y océanos discrimina entre el carbono biológico (en los árboles, por ejemplo) y el
carbono fósil, que rara vez entra a la atmósfera sin la intervención humana (por ejemplo la utilización
de combustibles fósiles). Por lo tanto, el almacenamiento del carbono en los árboles es temporario y
las plantaciones forestales que hoy actúan como "sumideros de carbono" bien pueden convertirse en
"fuentes de carbono" en el futuro próximo. Como señaló Sten Nilsson, del International Institute for
Applied Systems Analysis (IIASA) de Austria, en una publicación de 2000, "El estado actual de los
conocimientos relativos a fuentes y sumideros de carbono no puede determinar los niveles y flujos de
carbono con suficiente precisión como para formar la base del Protocolo [de Kioto] o cualquier plan
viable de comercialización".

Haciendo caso omiso de esto, quienes proponen estos proyectos de sumideros de carbono, como por
ejemplo el BioCarbon Fund, están intentando hacer algo imposible, haciendo de cuenta que los
cálculos que aparecen en los documentos de sus proyectos técnicos son de una precisión que según
muchos científicos no puede lograrse.

Pero quizás fred@manipulando_los_datos_Inc.cárcel.com no sólo está empezando a dudar de la              Formatted: Spanish (Uruguay)
retórica de los sumideros planteada por la unidad financiadora del carbono del Banco Mundial. ¿Podría   Field Code Changed
estar también preocupado por los potenciales riesgos de "Inc.cárcel"? En una presentación realizada     Formatted: Spanish (Uruguay)
durante la COP 10 (que tuvo lugar en Buenos Aires en 2004) la empresa de cemento Holcim, que
participó en la creación de proyectos del MDL pero luego se retiró, declaró que el MDL en su forma
actual creará "nuevas Enron con los promotores de los proyectos" y "nuevas Arthur Andersen con
auditores y analistas". ¿El resultado final será que vayan a la Inc. cárcel?

Por Jutta Kill, SinksWatch, correo-e: jutta@fern.org                                                    Field Code Changed
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                                                                                                        Formatted: Spanish (Uruguay)

								
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