APROBACI�N DE ACTAS

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					                                   Nº 33-12

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del diez de abril del dos mil doce.

     Sesión ordinaria con asistencia de la Vicepresidenta, Magistrada

Villanueva, quien sustituye en este acto al Presidente, Magistrado Mora, la

doctora Lupita Chaves Cervantes, los licenciados Mario Mena Ayales,

Alejandro López Mc Adam y el Suplente licenciado Ricardo Monge Bolaños,

en sustitución de la licenciada Milena Conejo Aguilar, por incapacidad. Asiste

también el Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

                                ARTÍCULO I

DOCUMENTO 3727

      Se dispone llamar al suplente licenciado Ricardo Monge Bolaños, para

que del 9 al 13 de abril del año en curso, sustituya a la Integrante licenciada

Milena Conejo Aguilar, por incapacidad.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO II

DOCUMENTO 3464

      Se aprueba el acta Nº 27-12 de la sesión celebrada 20 de marzo del año

en curso.
                               ARTÍCULO III

Documento Nº 3286-2012

      En razón del sentido fallecimiento de la señora Blanca Rosa Artavia

Agüero, Abuela materna del servidor Emilio Romero Chaverri, Investigador

de la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial, se acuerda

expresar a don Emilio y a su estimable familia las condolencias de la Corte.

                                  ARTÍCULO IV

      DOCUMENTO 3629-12

      Ante el sentido fallecimiento del licenciado Jorge Chacón Cantillano,

Juez del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Cartago, se acuerda

expresar a su estimable familia las condolencias de este Consejo.

                                  ARTÍCULO V

      DOCUMENTO 3651-12

      Con motivo del sentido fallecimiento del licenciado Antonio Biolley

Riotte, Jubilado Judicial, esposo de la señora Floribeth Blanco Villegas,

Técnica Judicial de la Sala Constitucional y padre de la licenciada Susana

Biolley Aymerich, Jueza del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena y

de este Consejo a doña Floribeth, a doña Susana y a sus estimables familias.

                               ARTÍCULO VI
DOCUMENTO Nº 1613-12, 3170-12

      En sesión N° 18-12 celebrada el 28 de febrero del año en curso, artículo

XLIII, se le denegó al servidor Franz Sánchez Ramírez, Técnico

Administrativo 1 del Archivo Criminal, la solicitud de permiso sin goce de

salario por seis meses a partir del 12 de abril, en razón de que la jefatura

respectiva ya le concedió el permiso requerido y por plazo autorizado por el

artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no existe motivo válido

para justificar su ampliación.

      En nota del 22 de marzo último, el servidor Franz Sánchez Ramírez, en

su expresado carácter, manifestó lo siguiente:

               “Estimados señores del Consejo Superior, sirva la presente
       para saludarles y a la vez solicitarles una reconsideración de la
       solicitud de un nuevo permiso sin goce de salario por seis meses, a
       partir del 12 de abril de 2012; lo anterior debido a los cambios
       dados en el Archivo Criminal en los horarios, a partir de octubre de
       2011.

              Durante los últimos catorce años he laborado en horario
       nocturno en la oficina, este cambio afecta directamente mis otras
       actividades diurnas que he desarrollado desde hace muchos años,
       por tal motivo solicité el permiso sin goce de salario desde el 12 de
       octubre 2011 hasta el próximo 11 de abril para reorganizar dichas
       actividades, tiempo que no ha sido suficiente para poder regresar a
       cumplir las nuevas exigencias de horarios diurnos en el Archivo.

              Mi objetivo con este nuevo permiso es concluir las
       adaptaciones necesarias, buscando el menor perjuicio para mi
       familia y sustento económico derivado de estas otras actividades, y
       poder ya concluir con este proceso, para reingresar al Archivo,
       posterior a este tiempo. Toda esta situación se deriva de los cambios
       que se hicieron para el beneficio de la oficina, situación que
       entiendo plenamente, lo único que solicito es un plazo de tiempo
       determinado, para poder solventar toda esta situación con el menor
       de los perjuicios para mi persona, además que se me había negado
       el romper la relación laboral con responsabilidad patronal, situación
       que si se podía según manifestó la Msc. Priscilla Rojas Muñoz,
       Asesora Jurídica 1 a. i. en el oficio AL.D.P.023-11.

              En conclusión lo que ocupo es un poco más de tiempo para
       adaptar mi vida, y continuar en el Archivo Criminal, minimizando
       el perjuicio que ya de hecho ha provocado este cambio de horarios.”
                                       -0-

      Se acordó: Denegar el recurso de reconsideración planteado por el

señor Franz Sánchez Ramírez, por cuanto no se aportan nuevas razones que

justifiquen variar lo resuelto, por el contrario, como lo señala el mismo

gestionante, ya se le concedió un permiso por un plazo razonable para los

fines que señala. Por lo anterior se ordena mantener lo resuelto en la sesión

No. 18-12 celebrada el 28 de febrero del año en curso, artículo XLIII.

                               ARTÍCULO VII

DOCUMENTO Nº 1706-12, 3290-12

      En nota del 22 de marzo último, la señora Damaris Molina González, en

su condición de Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de

Jubilados y Pensionados, manifestó lo siguiente:

              “En nombre de Asojupen, les presentamos nuestro saludo
       respetuoso.

              Conociendo en forma extraoficial que el asunto objeto de
       esta misiva y de una anterior, enviadas a Corte Plena, fue trasladado
       a su conocimiento, siendo que a su vez remitimos la misiva señalada
       a la Secretaría de ese Consejo, con una copia al señor representante
de los trabajadores, Lic. Mario Mena Ayales, una vez más acudimos
a su estrado, esta vez para solicitarles se reconsidere el pago de
cinco mil colones acordado como aumento por costo de vida para el
primer semestre 2012 para trabajadores y por ende a los jubilados y
pensionados. En oficio anterior citado, se expusieron las razones
que sustentan la validez de una aplicación equitativa para nuestro
gremio, del pago acordado. Ello, por cuanto en la práctica, la suma
de cinco mil colones resulta totalmente disminuida al aplicarse las
cargas sociales fijadas por ley en un 9 y un 7%, respectivamente.
Obsérvese, como también ya se indicó, que en una jubilación de
trescientos mil colones (que es el monto fijado para la mayoría de
nuestros afiliados), ese impacto representan alrededor de
ochocientos colones que se restan para que queden libres apenas
¢4.200, que no alcanzan ni para cubrir el alza de los buses en la
Meseta Central. Qué decir entonces de los que viven en la periferia
de San José u otras provincias. Ello para citar un elemento más,
pues las demás consideraciones, ya fueron referidas en el oficio
mencionado.

       Ahora bien, los propios negociantes en materia salarial
reunidos a resolver en esta oportunidad, han reiterado el desfase que
se produce con esta aplicación y solicitan los ajustes
correspondientes para el segundo semestre según se ha publicado.
Sin embargo, amén de la espera que para nuestro grupo es
agobiante, injusta y no valedera por no ser parte de presupuesto
alguno, siempre continuamos en desventaja, por la propia condición
del pago a jubilados sobre el monto correspondiente a cada persona,
que difiere en mucho, con relación a los activos; ello, por no tener
base ni pluses que nos favorezcan; de manera que en forma
vehemente, solicitamos se acuerde el pago de 2.5% ya reservado por
la Institución desde el año anterior para estos efectos. Si no se
acordare, al menos implementar desde ahora, un 1.9% como lo
indica la publicación del Diario Extra de este día, página 5, campo
pagado de ANDE, que igualmente vendría a ser una suma ínfima,
de poco impacto a nuestro Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

       Por todo lo expresado, rogamos acoger esta solicitud; no se
trata de pedir por pedir, los argumentos ya se han dado; reclamamos
voluntad política para atender y resolver positivamente nuestras
gestiones; la discriminación hacia el sector jubilado es muy sensible
en el ambiente. Nuestras gestiones son transferidas y se agotan en
el tiempo con estudios de comisión excesivamente dilatados que
desfasan aún más las pretensiones claramente expuestas para un
       momento determinado. Sin embargo se ha mostrado paciencia y
       respeto de nuestra parte hacia los órganos encargados de la decisión,
       a pesar de tener bajo nuestro compromiso, un grupo etario muy
       vulnerable que demanda justicia social y calidad de vida real, y para
       quienes se hace incomprensible la atención tardía de sus luchas por
       la equidad y el cumplimiento a tiempo de una verdadera política
       salarial. Es la hora de la reivindicación. Postergarla, es demasiado
       tarde para muchos de nosotros.
                                       -0-

      La Corte Plena en sesión Nº 9-2012 celebrada el 5 de marzo del año en

curso, artículo XVI, por ser el Consejo Superior quien administra el Fondo de

Jubilaciones y Pensiones, dispuso remitir para lo que corresponda, la

propuesta planteada por el Magistrado Ramírez, para que a los jubilados y

jubiladas judiciales se les aplicara un aumento de un 1.9%.

      Luego este Consejo en sesión Nº 21-12 celebrada el 6 de marzo último,

artículo LXXIV, siguiendo las políticas presupuestarias, dispuso mantener en

¢5.000,00 (cinco mil colones exactos) el aumento por costo de vida para el

primer semestre del 2012 a los jubilados y pensionados judiciales.


      Finalmente, en sesión N° 24-12 del 13 de marzo último, artículo

LXXVI, al conocerse la gestión de la señora Damaris Molina González, en su

condición de Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de

Jubilados y Pensionados, se dispuso comunicarle lo resuelto por este Consejo

en sesión N° 21-12 de 6 de ese mes, artículo LXXIV, en la que se analizó la

propuesta del Magistrado Ramírez de aumentar el porcentaje por concepto
costo de vida para las jubilaciones y pensiones, sin embargo se mantuvo en

¢5.000,00 (cinco mil colones exactos) el aumento. En razón de lo anterior, se

denegó la gestión presentada.

      Se acordó: 1.) Denegar la solicitud formulada, en consecuencia,

mantener lo resuelto en la sesión no. 24-12 celebrada el 13 de marzo pasado,

artículo LXXVI. 2.) Aclarar a doña Damaris que lo dispuesto por este

Consejo se fundamenta en lo establecido en el artículo 229, párrafo segundo,

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone que el reajuste de las

pensiones y jubilaciones, cuando se decrete un incremento para los servidores

judiciales por variaciones en el costo de la vida se hará “… en igual

porcentaje que los decretados para estos.”

                                ARTÍCULO VIII

Documento Nº 2301, 3175-2012

      Informa la Secretaría General de la Corte, que mediante resolución Nº

198-2012 de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del quince de marzo

del año en curso, por correo electrónico de las catorce horas cuarenta y tres

minutos del veintiuno de marzo del dos mil doce, se notificó a la servidora

Gloriana Villalobos Torres, Técnica Judicial 2 del Juzgado Agrario de

Cartago, el acuerdo tomado por el Consejo Superior, en sesión N° 24-12

celebrada el 13 de marzo último, artículo XXX, que literalmente dice:
       “Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis
Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefes del
Departamento de Personal, Administración Humana y de la Sección
de Administración Salarial, en oficio Nº 0092-UCS-AS-2012
recibido el 2 de marzo en curso, comunicaron lo siguiente:

         “Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras
           Instituciones del Estado para efectos de:

                 ANUALES Y JUBILACIÓN

NOMBRE: Gloriana Villalobos Torres

Nº CÉDULA: 03-0364-0272

PUESTO: Técnico Judicial 2

OFICINA: Juzgado Agrario de Cartago

LUGAR          PARA    NOTIFICACIONES:          gvillat@Poder-
Judicial.go.cr

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN: 03-08-2011

FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN: 03-08-2011

RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE
TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL
ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALIDADES Y
JUBILACIÓN:

      N° DE RTFPJ: 2011298

    TIEMPO A RECONOCER: 1 año, 8 meses y 19 días

      MONTO A REINTEGRAR: ¢3 228 264,60

      INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ: Instituto Nacional de
las Mujeres (INAMU)

    RESUMEN RESPUESTA DEL                    SERVIDOR        O
SERVIDORA A LA COMUNICACIÓN DE
       DEUDA:      FECHA DE RESPUESTA:               10 de enero de
2012

      PORCENTAJE SOLICITADO POR EL SERVIDOR
(A): 5%

     La servidora solicita se aplica el rebajo del 5% de su salario
bruto mensual. Se adjunta nota.

      RECOMENDACIÓN:         Aprobar   el    estudio     de
Reconocimiento de Tiempo servido en otras instituciones del
Estado N° 2011298

       1.   CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

       1.1. El Consejo Superior en sesión 28-07 del diecinueve de
abril del dos mil siete, artículo XLI conoce la gestión de un servidor
que recibió el pago de cesantía e ingresó al Poder Judicial sin
realizar la devolución al estado, para el cual se acordó:

       Se dispuso: 1.) Tener por contestada la audiencia concedida
a don Víctor Manuel. 2.) Reconocer el tiempo laborado,
únicamente, para efectos de pago de anualidades al señor Mata
Vargas, correspondiente al tiempo laborado para el Banco Popular y
de Desarrollo Comunal. 3.) Deberá el petente, reintegrar el dinero o
hacer el arreglo de pago con dicho Banco, correspondiente a los 82
días cancelados de cesantía y demostrar ante el Poder Judicial que
ha actuado conforme se dispone.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que
corresponda.

       1.2. No obstante al realizar una reconsideración por ser el
tipo de institución reconocida solamente para efectos de
anualidades, en sesión 89-07 del veintisiete de noviembre del dos
mil siete, artículo LXXVII el Consejo Superior dispone:

      se acordó: 1.) Dejar sin efecto el acuerdo tomado por este
Consejo en la sesión 28-07 del 19 de abril del año en curso, artículo
XLI, únicamente en lo que se refiere al punto 3 que dispuso:

      "Deberá el petente reintegrar el dinero o hacer un arreglo de
pago con dicho Banco, correspondiente a los 82 días cancelados de
cesantía y demostrar ante el Poder Judicial que ha actuado conforme
se dispone." 2.) El Departamento de Personal procederá a realizar a
la brevedad los ajustes que correspondan al salario del servidor
Mata Vargas por concepto de las anualidades reconocidas, el cual
rige desde la fecha en que le fue reconocido ese tiempo. 3.) Póngase
en conocimiento de la Dirección de Desarrollo Humano y
Organizacional del Banco Popular y Desarrollo Comunal lo
resuelto.

      2.    DISPOCISIONES LEGALES:

      2.1. Sobre el Código de Trabajo

       El artículo 29: “Si el contrato de trabajo por tiempo
indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las
causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del
trabajador, el patrono deberá pagarle auxilio de cesantía …”

       El artículo 586, Inciso b): “ Los servidores que se acojan a
los beneficios de este artículo no podrán ocupar puestos
remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo
igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de
cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán
obligados a reintegrar al tesoro Público las sumas percibidas por ese
concepto deduciendo aquellas que representen los salarios que
habían devengado durante el término que permanecieron cesantes.”

      3.    ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:

       3.1. La señora Villalobos Torres prestó servicios en el
INAMU del 26-05-2009 al 28-02-2011 e ingresó al Poder Judicial a
partir del 01-03-2011, de lo anterior se demuestra que no hubo
discontinuidad en su prestación de servicios para el Estado,
partiendo de la teoría de Patrono Único.

        3.2. Así las cosas y de conformidad con lo dispuesto en el
punto 2.1, la señora Villalobos Torres se encuentra en la obligación
de reintegrar al Tesoro Público la suma recibida por concepto de
Auxilio de Cesantía, toda vez que según consta en las
certificaciones emitidas por INAMU este rubro le fue cancelado.

      En virtud de lo anteriormente expuesto se recomienda el
reconocimiento para efectos de anualidades y jubilación de un año,
ocho meses y diecinueve días laborados para el INAMU con la
obligación de reintegrar al fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial la suma de ¢3 228 264, 60, y que salvo mejor
criterio, sea el honorable Consejo Superior quien determine si es
procedente o no el reintegro al Tesoro Público.”
                                    -0-
        El informe Nº 2011298 de 2 de este mes, reporta que el
monto a reintegrar por la servidora Gloriana Villalobos Torres,
Técnico Judicial 2 del Juzgado Agrario de Cartago, asciende a la
suma de ¢ 3.228.264,60 ( tres millones doscientos veintiocho mil
doscientos sesenta y cuatro colones con sesenta céntimos), para que
se le pueda reconocer 1 año, 8 meses y 19 días, laborados para el
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), para efectos de
anualidades y jubilación, a partir del 3 de agosto del 2011, de
conformidad con lo acordado por este Consejo en sesión N° 93-10
celebrada el 19 de octubre del 2010, artículo XX.

       Con vista en el informe del Departamento de Personal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se acordó: 1.) Reconocer para efectos de
anualidades y jubilación a la servidora Gloriana Villalobos Torres,
Técnico Judicial 2 del Juzgado Agrario de Cartago, 1 año, 8 meses y
19 días, laborados para el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU), a partir del 3 de agosto del 2011, con la obligación de
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la
suma de ¢3.228.264,60 (tres millones doscientos veintiocho mil
doscientos sesenta y cuatro colones con sesenta céntimos), que se le
deducirá de su salario en el tanto de un 7% mensual hasta la
cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas
corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del
Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el
Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo
resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado
de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia
de los informes elaborados por el Departamento de Personal, el que
también tomará nota para lo que corresponda. 2.) Se le hace saber a
la servidora Villalobos Torres, que al gestionar este reconocimiento
de tiempo servido, acepta que en caso de renunciar a laborar en el
Poder Judicial, y de no haber pagado integralmente el monto que
debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial, que se aprueba en este acto, el reconocimiento acordado
quedará sin efecto hasta tanto cancele el 100% de la suma indicada.
Asimismo, que en caso de acceder a la jubilación por enfermedad o
       cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Ley, y si no ha
       efectuado aún el reintegro total de ese monto, este se le continuará
       rebajando en su jubilación en el mismo porcentaje que se le rebajará
       de su salario. Se declara acuerdo firme.”
                                      -0-
      En relación con lo anterior, la servidora Gloriana Villalobos Torres, en

su citada condición, en nota de 22 de marzo recién pasado, presentó la

siguiente reconsideración:

              “La suscrita, en mi calidad de Técnica Judicial 2 del Juzgado
       Agrario de Cartago de conformidad con lo establecido en el artículo
       83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tiempo y en forma me
       apersono a interponer formal recurso de reconsideración contra la
       resolución tomada según acuerdo en sesión Nº 24-12 celebrada el
       13 de Marzo del dos mil doce, con base a los siguientes argumentos:

              El Consejo Superior mediante sesión 24-12 celebrada el 13
       de Marzo del dos mil doce, acordó tomar el informe remitido por el
       Departamento de Personal y reconocer para efectos de anualidades
       y jubilación a mi persona , 1 año, 8 meses y 19 días, laborados para
       el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a partir del 3 de
       agosto del 2011, sin embargo se me obliga al pago de ¢3.228.264,60
       como concepto de reintegro al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       del Poder Judicial la suma indicada, suma que se me deducirá del
       salario en el tanto de un 7% mensual hasta la cancelación total.

               Dentro de los argumentos de reconsideración interpuestos en
       contra de la resolución número Nº 24-12, ante el Consejo Superior,
       he de destacar que se me esta obligando según el estudio que el
       Departamento de Personal envía, al pago de auxilio de cesantía,
       amparados en el artículo 586, inciso b del Código de Trabajo, tome
       nota este honorable Consejo que al momento de realizar el trámite
       correspondiente para el reconocimiento de Tiempo Servido ante el
       Departamento de Personal, adjunte certificación emitida por el
       Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en el cual se especifica
       claramente que no recibí suma alguna por concepto de auxilio de
       cesantía.

             Otro de los puntos a reconsiderar , es que en fecha martes 10
de Enero del 2012 solicite a la Unidad de Componentes Salariales
mediante correo electrónico que siendo que actualmente mi persona
esta realizando sustituciones a diferentes oficinas del Poder Judicial
como Psicóloga y que en caso de no ser así regreso a mi puesto en
propiedad como Técnica Judicial en el Juzgado Agrario de Cartago,
mi salario se vera muy afectado en los momentos en los que no me
encuentre nombrada como profesional y literalmente dije:

       "quisiera solicitar de la manera más respetuosa que en caso
de reintegro se rebaje un 5 % mensual, lo anterior en virtud que en
este momento no cuento con nombramiento en el área que estudie y
se me dificulta pagar el 10% de mi salario bruto, además porque
tengo dos hijas que dependen de mi económicamente, ambas son
escolares.

      Si es el caso que fuera nombrada en un puesto profesional yo
podría solicitar que se me aumente al 10%, sin embargo en este
momento se me hace difícil, por eso solicito se me rebaje el 5%".

       Adjunto como prueba de lo dicho:

       1) Certificación expedida por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU), misma que entregue al Departamento de
Personal para el estudio respectivo, donde se indica en la página
dos, en el primer párrafo, desglose de las sumas recibidas, en la cual
queda claro que no recibí por concepto de cesantía ningún rubro.
       2) Recibo del Instituto Nacional de las Mujeres, desglose de
las sumas recibidas.
       3) Copia de correo en el que solicito que en caso de algún
tipo de reintegro, se me rebaje un 5%, tomando en consideración mi
situación.
       4) Certificación del Instituto Nacional de las Mujeres
actualizada donde se indica expresamente que por concepto de
Cesantía no se me pago ningún rubro.

       Visto lo anterior solicito a los respetables miembros del
Consejo Superior: 1.) Acoger el presente recurso de reconsideración
interpuesto contra la resolución tomada según acuerdo en sesión Nº
24-12 celebrada el 13 de Marzo del dos mil doce , y en su lugar se
ordene no obligarme a reintegrar al Tesoro Público la suma de
¢3.228.264,60 correspondiente al pago de auxilio de cesantía siendo
que nunca he recibido suma alguna de dinero por concepto de
cesantía y en su lugar se solicite al Instituto Nacional de las Mujeres
       trasladar dichos fondos al Poder Judicial a fin de no ver afectado mi
       fondo de Jubilación en el futuro.

              2.) Que si eventualmente existiera un monto que reintegrar,
       el rebajo se realice de un 5% y no de un 7% del salario bruto, lo
       anterior en el tanto este nombrada como técnica Judicial, en caso de
       estar con nombramiento continuo como profesional se me rebaje el
       7%.

              Notificaciones: Las atenderé al correo electrónico
       gvillat@poder-judicial.go.cr, o en su defecto al correo
       glorivito@yahoo.es rotuladas a nombre de Gloriana Villalobos
       Torres.”
                                       -0-

      Se acordó: 1) Aclarar a la señora Villalobos Torres que el monto que se

le obliga a reintegrar, no es al Tesoro Público ni por concepto de prestaciones

legales, sino, como lo indica el acuerdo, a favor del Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial y en virtud del reconocimiento de tiempo servido

de que fue objeto para efectos de anualidades y de jubilación. 2) Asimismo, el

Departamento Financiero Contable deberá solicitar a la respectiva institución

o dependencia, el traslado de las cotizaciones que se hubiesen realizado a otro

régimen de pensiones, tanto obreras como patronales. Todo lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial. 3) Mantener el rebajo dispuesto en la sesión No 24-12

celebrada el 13 de marzo último, artículo XXX, de un 7% mensual.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota

para lo que corresponda.
                                 ARTÍCULO IX

DOCUMENTO Nº 3270-12

      El licenciado Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento de

Proveeduría, en oficio Nº 3040-DP/15-12 de 23 de marzo del año en curso,

presentó la siguiente gestión:

             “En referencia a la Licitación Abreviada 2011LA-000115-
       PROV, denominada “Compra de cámaras fotográficas digitales
       para el Organismo de Investigación Judicial”, remitimos a usted
       la documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento
       del Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que
       consideren conveniente.
             En este sentido, es importante indicar que el plazo para
       resolver esta contratación, de conformidad con la cláusula 4.1.21
       del pliego de condiciones, vence el 10 de abril de 2012.

            Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el pliego de
       condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
       conserva esta Proveeduría, se determinó que:

             Ofertas recibidas en el presente concurso:

             Para este concurso se recibieron dos ofertas correspondientes
       a:

            No. 1:       Infotron, S. A., cédula jurídica 3-101-274122.
            No. 2:       Compañía Técnica y Comercial SATEC S. A.,
       cédula jurídica 3-101-024094-30, esta oferta se recibió en forma
       extemporánea.

             Estudio de las ofertas:

            Mediante el oficio N° 202-DP/15-12 de 27 de febrero del año
       en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
       Ejecutiva, el estudio legal de las ofertas recibidas, en los siguientes
       términos:
     “A efecto de que se proceda con el estudio legal de las ofertas
recibidas en la Licitación Abreviada Nº 2011LA-000115-PROV,
denominada “Compra de cámaras fotográficas para el Organismo
de Investigación Judicial”, adjunto el correspondiente expediente
administrativo.

      Asimismo, sin perjuicio del estudio que se realice por parte de
ese Despacho, en donde se determine tanto la admisibilidad de la
oferta como cuales defectos u omisiones son subsanables, producto
de la revisión inicial de los documentos aportados, esta
Proveeduría ha advertido lo siguiente:

     N° 1: Infotron, S. A., cédula jurídica N° 3-101-274122.

     1. No aportó el documento original que permita constatar que
cuenta con un mínimo de 3 años de experiencia en la venta de los
equipos ofertados y la fecha desde la cual cuenta con esta
autorización, conforme con la cláusula 2.2.1 del apartado de
“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”.

      2. Indica de que cuenta con un taller de servicio propio o de un
tercero, en ambos casos deben estar autorizados por el fabricante de
los equipos para la prestación de servicios de reparación y
mantenimiento, para lo cual deberá aportar documento idóneo
actualizado y vigente, en el que el fabricante confirme tal condición
y la fecha desde la cual cuenta con tales autorizaciones, no deben
ser anteriores al año 2010, de conformidad con la cláusula 2.2.2 del
apartado de “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”.

      3. De conformidad con la cláusula 2.3.2, de “Garantía
técnica”, el período de garantía por defectos de fabricación que no
podrá ser inferior a veinticuatro (24) meses.

      4. En la cláusula 2.3.2.2 se indica que se debe describir el tipo
de instalaciones físicas con que cuenta el oferente para prestar el
servicio de reparación, pero no presenta la descripción requerida.

     5. Presenta declaración jurada de los impuestos nacionales,
pero no así la declaración jurada de encontrarse al día con los
impuestos municipales.

     6. No presenta la declaración jurada de no estar inhabilitado
para contratar con el sector público, de conformidad con el artículo
100 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

     7. No aporta documento de la Dirección General de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, pero visible a folio 45,
presenta declaración jurada de encontrarse al día con este rubro.

     8. No     presenta    documento     de    la     Municipalidad
correspondiente en el que conste que este oferente y/o taller, cuenta
con patente y que se encuentra al día con todos los impuestos
municipales al día de la apertura.

      9. No indica la vigencia de la oferta; no obstante, en la
cláusula 4.1.20 señala que en caso de falta de indicación expresa en
la oferta, el término de su vigencia, se entenderá que la misma, por
su sola presentación, se mantendrá vigente por el plazo indicado en
este pliego de condiciones, conforme lo estipulado en el artículo 67
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

      10. No indica el lugar de entrega de los equipos, cuando el
cartel indica que deberá ser en las bodegas en la Ciudad Judicial,
en San Joaquín de Flores, Heredia.

      11. Igualmente, no indica el plazo de entrega de los
equipos requeridos que será de 30 días hábiles; sin embargo, el
cartel en la cláusula 7.1 ENTREGA DEL OBJETO
CONTRACTUAL, indica que así se entenderá en caso de omisión.

        Es importante indicar que este oferente hace una
trascripción literal del cartel, pero no hace manifestaciones clara y
detallada de cada uno de los puntos que conformar el cartel.

     N° 2: Compañía Técnica y Comercial SATEC, S. A.

             Esta oferta se recibió en forma extemporánea, al ser las
16:20 horas del 9 de febrero en curso, cuando la hora de la apertura
fue a las 10:30 horas de ese mismo día, razón por la cual no se entró
a analizar la misma.

     Estudio legal:

     Mediante oficio N° 374-DE/AL-12, recibido el 6 de marzo en
curso, el Licenciado Juan Carlos Orozco Quirós, Asesor Jurídico,
con el visto bueno de la licenciada Ana Patricia Álvarez
Mondragón, Jefa de la Sección de Asesora Legal y el licenciado
Alfredo Jones León; Director Ejecutivo, al referirse al estudio legal
de las ofertas, señalaron:

     “En respuesta al oficio No. 202-DP/15-12 de 27 de febrero del
año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa
del Subproceso de Licitaciones de ese Departamento, requiriendo el
análisis legal de las dos ofertas presentadas en la Licitación
Abreviada N° 2011LA-000115-PROV, cuyo objeto es la “Compra
de cámaras fotográficas digitales para el Organismo de
Investigación Judicial".

     OFERTA Nº 1.- Infotrón S. A.:

      En virtud de que la otra oferta presentada dentro del concurso
resulta extemporánea, tal como lo señala ese Departamento, se debe
tener a Infotrón S. A. como único oferente, por lo que deben
aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto a la
posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o documento
omitidos para valorar su propuesta, y si es del caso, se ajuste a los
requerimientos cartelarios.

      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación del negocio, se
protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente y
la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

     En virtud de lo anterior, es posible prevenir que aporte la
documentación omitida que se señala en los puntos 1 y 2, más aún si
se toma en cuenta que la empresa declaró bajo juramento cumplir
con tales aspectos. Además de los anteriores requisitos de
admisibilidad, también se omitió la presentación de los atestados del
personal técnico de la oferente, por lo que se deberá cursar la
prevención respectiva.

     Las declaraciones juradas que se omitieron, según se indica en
los puntos 5 y 6, pueden solicitarse mediante prevención, conforme
lo permite el numeral 81 inciso a) del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. Por otra parte, los aspectos indicados
en los puntos 4, 8 y 10 también deben ser subsanados mediante
prevención.

     Respecto a lo indicado en los puntos 3, 9 y 11, verifica esta
Asesoría que la oferente sí cumple con lo requerido por el cartel, tal
como se aprecia a folio 67.

      En cuanto al punto 7, de momento es suficiente la declaración
jurada rendida por la empresa de estar al día con el pago de las
obligaciones al Fondo de la Dirección General de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares, ya que la cláusula 4.1.17 f) acepta
demostrar este extremo tanto mediante una certificación, como por
medio de una declaración jurada, por lo que, conforme a la misma
cláusula, será posteriormente cuando deba aportar la certificación
de referencia.

     En aplicación del artículo 81 inciso a) del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa, se debe prevenir que indique la
propiedad de las acciones y aportar una personería jurídica, o en su
defecto, revisar esa información con la documentación original
vigente que consta en ese Departamento.”

     Estudio técnico:

      Con el correo electrónico de fecha 13 de febrero del año en
curso, el licenciado Mauricio Pérez Soto, servidor de la
Administración del Organismo de Investigación Judicial, remite el
criterio técnico aportado por el licenciado Rafael Vargas Fonseca,
Jefe de la Sección de Fotográfica y Audiovisuales del
Departamento de Ciencias Forenses y al referirse a la oferta
presentada, manifestó:

     “Revisada la oferta e informaciones técnicas adjuntas del
oferente unico (sic) en la licitacion publica (sic) 2011LA-000115-
PROV Poder Judicial (sic) Camaras (sic) 09-2-2012, le rendimos
nuestro criterio tecnico (sic) sobre la misma:

     1.     La camara (sic) y accesorios de los cuales se brinda
información tecnica (sic) cumplen con lo estipulado en el cartel.
En nota de la oferta se dice textualmente que la camara (sic)
ofrecida “incluye cada uno de los requerimientos tecnicos (sic)
del cartel”. No obstante, esa nota en la que se asume que todo
cumple con lo requerido, faltan fichas tecnicas (sic) de algunos
accesorios que se detallan en el punto 2.

      2.     No se brindan fichas tecnicas (sic) o literatura de tres
de los accesorios ofertados a saber: Adaptador AC de la camara
(sic) fotografica (sic) pero se asume que este debe ser compatible
con el modelo de camara (sic) ofertado, Kit de limpieza del equipo
y tipo de tarjeta de memoria formato SD especificando su
velocidad de lectura y escritura. Se sugiere una rápida consulta al
proveedor sobre estos tres aspectos para asegurarse de la calidad
de tales accesorios.”

     Prevenciones:

      De acuerdo con lo externado en los informes presentados por
las Secciones de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva y
Administración del O.I.J., se procedió a prevenir a la empresa
Infotron, S. A., misma que atendió en tiempo y forma la prevención
cursada.

     Análisis de los precios:

    En cuanto a la razonabilidad de los precios ofertados, la
empresa oferente cotizó los siguientes precios:

     Línea única:         80 cámaras fotográficas digitales

    Oferta única      Precio unitario        Precio total
    Infotron, S. A.   $1.345,00              $107.600,00

      En ese sentido, el licenciado Mauricio Pérez Soto, con correo
del 19 de marzo en curso, indica que una vez realizada un pequeño
estudio de mercado para determinar la razonabilidad del precio
ofertado, se determinó que el mismo es excesivo, por lo que solicitó
prevenir a la oferente para que refirieran al mismo, tomando en
cuenta la cantidad de equipos a adquirir.

      Con correo del 19 de los corrientes, de conformidad con el
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, se le solicitó a la empresa Infotron, S. A., analizar
la posibilidad de aplicar una mejora en el precio, ajustando el
precio ofertado a la cantidad de cámaras requeridas (80),
manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido.
      Con nota recibida el 21 de marzo en curso, suscrita por la
señora Laura Chaves Castro, representante Legal de la empresa
Infotron, S. A., manifestó:

     “En fecha lunes 19 de marzo de 2012, por correo electrónico
enviado     por     el    sr.    Johnny      Zúñiga     al    correo
administración.infotron@gmail.com, donde indica que no ha sido
posible localizarnos por teléfono para la siguiente consulta:

     “referente a la compra de cámaras fotográficas digitales
para el O.I.J; en vista de que el presupuesto estimado
(¢40000000,00), para esta compra no alcanza dado el precio
ofertado de ($170.000.00) que al tipo de cambio de ¢511.48 de hoy
19/03/2012, equivale a la suma de ¢54.728.360,00, es necesario y
se le solicita muy respetuosamente analizar la posibilidad, de
conformidad con el Artículo 30 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, ápices b y c hacer una mejora en el
precio ofertado, para ajustar el precio ofertado a la cantidad de
cámaras requeridas (40).

     En respuesta al mismo correo se solicita se aclare si son 40
uds o 80 uds de cámaras digitales como lo indica el cartel.

      Además ante la consulta al fabricante si es posible rebajar el
precio de las cámaras, se solicita prórroga para dar respuesta ya
que la diferencia de horarios nos afecta el tiempo de respuesta a la
referida solicitud.

     El sr. Zuñiga responde “No veo problema alguno, en el
entendido que se le podrá otorgar como máximo un plazo de 2 días
hábiles”.

      Es para INFOTRON, de gran preocupación el cumplir con
todos los alcances que la LCA, y su Reglamento establece, por esa
razón hemos hecho las consultas necesarias al fabricante para
analizar si es posible cumplir con su solicitud, a lo cual el
fabricante está anuente a otorgar un descuento adicional para que
el negocio se finiquite de forma positiva para mi representada
como con el fabricante de cámaras Canon.

      Sin alterar las condiciones de sometimiento del cartel de
Licitación 2011LA-000115-PRO, en cuanto al tiempo de entrega,
forma de pago, y condiciones de carácter obligatorio como lo son
     las características técnicas y las condiciones legales hacemos la
     siguiente propuesta:

Ítem único    Descripción                           Precio          Precio Total
                                                    unitario
               Cámaras digitales CANON EOS
               REBEL T2i, que incluye: dos años
80 uds         de garantía, memoria adicional 8GB, $1,158.61        $92.688.80
               estuche para cámara, kit de limpieza,
               adaptador AC.
Total en letras: noventa y dos mil seiscientos ochenta y ocho dólares con 80/100

           Les recordamos señores de la Administración que la Ley y su
     Reglamento les permite lo siguiente según el Art.52 del Reglamento
     inciso N.

          n) Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar
     parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo objeto
     conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este
     último caso, esta alternativa será posible cuando el objeto lo
     permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se
     exigirá, al menos, los precios unitarios.

          No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de
     adjudicar parte de la totalidad de las líneas contempladas en éste.
     La obligación de participar en la totalidad de los renglones,
     solamente será posible cuando exista una justificación técnica
     para ello y así haya sido advertido en el cartel.

         De lo cual hace referencia el cartel de licitación apartado de
     OBSERVACIONES, punto N° 2 que indica:

          “el Poder Judicial ser reserva la facultad de adjudicar
     menores o mayores cantidades respecto a las indicadas en el
     cartel, de acuerdo con tel (sic) contenido presupuestario
     disponible o la adjudicación parcial de una línea.”

          INFOTRON, no considera que nuestro precio sea
     inaceptable, ya que hemos sido anuentes a una negociación directa
     con el fabricante para que se otorgue al Poder Judicial la rebaja
     que indicamos, no sin antes hacer la aclaración que no solamente
     se solicita una cámara como tal sino diferentes accesorios que
     engrosan el precio del artículo y que se suman como un todo para
su entrega.

     De tal manera solicitamos se considere por parte de la
Administración el apartado n° 2 de las Observaciones del cartel
que se indican anteriormente.

      A la espera de su aprobación en aras de mantener el interés
Público e Institucional a partir de un correcto uso de los recursos
Públicos, los principios del Art 2 del RLCA, principios de Eficacia
y Eficiencia.”

      En ese sentido, se traslado a la Administración del O.I.J. las
manifestaciones vertidas por la señora Chaves Castro para que se
refiriera a las mismas y a la mejora en el precio ofrecida y al
respecto, con correo del 22 de marzo en curso, el licenciado
Mauricio Pérez Soto, servidor de esa Administración, manifestó:
      “Tal y como se indicó en correo hecho infra, las cámaras
ofertadas por la casa comercial INFOTRON, S.A. cumplen con
todas las especificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.

      Con respecto a la mejora en el precio presentada por dicha
empresa, se concluye que el mismo es razonable de acuerdo a lo
ofertado por el mercado.

     Para tales efectos, se realizó un estudio de mercado, donde
Tienda Costa Rica ofrece la cámara en ¢449,000.00 (sin los
accesorios solicitados), mientras que Equipos Fotográficos la
ofrece en ¢606,000.00 (ajustándose a lo solicitado en el cartel).

     Si tomamos como válida la primer cotización, aún así nos
daría como resultado un promedio de ¢527,500.00; por tal motivo
se acepta la mejora en cuestión.

     Finalmente, se solicita reducir la cantidad de cámaras por
adjudicar a 67 unidades, esto (sic) con el fin de ajustarse al monto
presupuestado, para un monto total de $77,626.87.”

     Análisis y valoración:

      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, se procede
seguidamente a la exposición, análisis y valoración de las
circunstancias concurrentes en el presente procedimiento de
contratación.

     Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de los siguientes
oferentes: Infotron, S. A., y Compañía Técnica y Comercial
SATEC S. A., esta oferta se recibió en forma extemporánea

      De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
Asesoría Legal, la oferta presentada por la empresa Infotron, S. A.,
califica legalmente a concurso siempre y cuanto atienda la
prevención cursada, misma que fue atendida en tiempo y forma. En
cuanto a la oferta presentada por la empresa Compañía Técnica y
Comercial SATEC S. A., no se entró a su análisis, toda vez que fue
recibida en forma extemporánea, lo que constituye un aspecto grave
que le impide continuar en el concurso.

      En cuanto a los aspectos técnicos, del criterio externado por la
Administración del O.I.J, la oferta presentada por la empresa
Infotron, S. A., cumple técnicamente con los aspectos requeridos en
el pliego de condiciones; no obstante, a pesar de que técnicamente
cumplen, el presupuesto dispuesto para la compra de las 80 cámaras
digitales por la suma de ¢40.000.000,00, no es suficiente, por lo
que se le solicitó a la esta oferente, de conformidad con el artículo
30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ápices
b) y c), analizar la posibilidad de de hacer una mejora en el precio
unitario ofertado, aspecto que fue debidamente incorporado y
analizado en el apartado de “Análisis de los precios”.

     En ese sentido, dada la mejora en el precio ofertado, el
presupuesto no es suficiente para comprar la totalidad de las
cámaras requeridas, por lo que ante la consulta hecha por esta
Proveeduría, el licenciado Mauricio Pérez Soto, con correo del 22
de marzo en curso, solicitó rebajar la cantidad a 67 cámaras.

     En este sentido, es de indicar que inicialmente se tenía
previsto la adquisición de 80 cámaras fotográficas digitales; no
obstante, en vista de que el presupuesto no es suficiente para la
compra de la totalidad de las cámaras, a pesar de la mejora en el
precio hecha por la empresa Infotron, S. A.           El pliego de
condiciones en el punto 2) de las “Observaciones”, previó que el
Poder Judicial se reservaba la facultad de adjudicar menores o
mayores cantidades respecto a las indicadas en el cartel, de acuerdo
con el contenido presupuestario disponible, por lo que de
conformidad con la mejora de los precios ofertados por la única
oferente susceptible de adjudicación y el presupuesto disponible,
disminuir la cantidad de cámaras fotográficas en 67 unidades

     Evaluación de ofertas:

      Con base en los criterios legal y técnico emitidos por la
Sección de Asesoría Legal y la Administración del Organismo de
Investigación Judicial, del análisis de la oferta y de la respuesta a la
prevención cursada por esta Proveeduría, se tiene a la empresa
Infotron, S. A., como único oferente susceptible de adjudicación,
por lo que pierde trascendencia la aplicación del sistema de
evaluación propuesto en el cartel, en vista de que no existen
oferentes que compitan.

     Recomendación:
     De acuerdo con las circunstancias concurrentes en esta
contratación, se concluye que la ganadora es la empresa Infotron,
S.A., por cumplir a cabalidad con las condiciones y
especificaciones del objeto contractual y ser la única oferente
susceptible de adjudicación.

     Asimismo, en cuanto a la disponibilidad presupuestaria se
cuenta con las Solicitudes de Pedido siguientes con cargo a la
subpartida 5.01.99, a efecto de atender las obligaciones que se
deriven de esta compra.

Número             Monto           Programa        F.F.       I.P.
2011-213110        ¢29.500.000,00 928              001        23
2011-213114        ¢10.246.226,00 928              280        23
2011-213112           ¢253.774,00 928              001        23
TOTAL                 ¢40.000.000,00

     Así las cosas, se recomienda adjudicar la presente licitación
conforme al detalle siguiente:

     A: Infotron, S. A., cédula jurídica 3-101-274122.

    Compra de sesenta y siete (67) cámaras fotográficas digitales,
marca CANON EOS REBEL T2i del tipo Reflex SRL de 18.0
megapixeles, de última generación, que incluye: memoria adicional
8GB del tipo SD, estuche para cámara, kit de limpieza, adaptador
AC.
            Precio unitario:    $1.158,61.

            Precio total: $77.626,87 (requiere exoneración).

             Plazo de entrega: 10 días hábiles contados a partir del
       recibido del Pedido, desglosados de la siguiente manera: 6 días
       hábiles para la presentación de los documentos de exoneración y 4
       días hábiles para la entrega definitiva de los equipos.

            Garantía:    24 meses.

             Lugar de entrega: Bodegas de Proveeduría ubicada en la
       Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, Heredia, para lo cual
       deberá coordinar la cita con al menos dos días hábiles de
       anticipación al teléfono 2295-3982, con el señor Wesly Barrientos
       Bermúdez.

            Demás términos y condiciones conforme al pliego de
       condiciones.

              MONTO TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR A
                   ESTE OFERENTE: $77.626,87

            (Que al tipo de cambio de referencia de venta del B.C.C.R.
       de hoy 23/03/2012 de ¢513,08 equivale a la suma de
       ¢39.828.794,45)”

                                      -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 45 de la Ley de Contratación Administrativa

y 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada

2011LA-000115-PROV, denominada “Compra de cámaras fotográficas
digitales para el Organismo de Investigación Judicial”, conforme al siguiente

detalle:

A: Infotron, S. A., cédula jurídica 3-101-274122.

     Compra de sesenta y siete (67) cámaras fotográficas digitales, marca

CANON EOS REBEL T2i del tipo Reflex SRL de 18.0 megapixeles, de

última generación, que incluye: memoria adicional 8GB del tipo SD, estuche

para cámara, kit de limpieza, adaptador AC.

     Precio unitario: $ 1.158,61 (mil ciento cincuenta y ocho dólares con

sesenta y un centavos.)

     Precio total: $ 77.626,87 (setenta y siete mil seiscientos veintiséis dólares

con ochenta y siete centavos) (requiere exoneración).

     Plazo de entrega: 10 días hábiles contados a partir del recibido del

Pedido, desglosados de la siguiente manera: 6 días hábiles para la presentación

de los documentos de exoneración y 4 días hábiles para la entrega definitiva

de los equipos.

     Garantía: 24 meses.

     Lugar de entrega:     Bodegas de Proveeduría ubicada en la Ciudad

Judicial, San Joaquín de Flores, Heredia, para lo cual deberá coordinar la cita

con al menos dos días hábiles de anticipación al teléfono (…), con el señor

Wesly Barrientos Bermúdez.
     Demás términos y condiciones conforme al pliego de condiciones.

     Monto total a adjudicar a este oferente: $77.626,87 (setenta y siete mil

seiscientos veintiséis dólares con ochenta y siete centavos)

     Al tipo de cambio de referencia de venta del B.C.C.R. del 23/03/2012 de

¢ 513,08 equivale a la suma de ¢ 39.828.794,45 (treinta y nueve millones

ochocientos veintiocho mil setecientos noventa y cuatro colones con cuarenta

y cinco céntimos).

     La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO X

DOCUMENTO Nº 3257-12, 7579-11

      En sesión N° 66-11 celebrada el 3 de agosto del 2011, artículo VI, de

conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 44 y 45 de la Ley de Contratación Administrativa

y 97 a 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría, se adjudicó la

Licitación Abreviada Nº 2011LA-000029-PROV, denominada “Compra de un

microscopio de barrido electrónico con detector de rayos X (SEM/EDX) para

el Departamento de Ciencias Forenses”, a la empresa            Jeol USA, Inc,

representada por G & H Steinvorth Ltda., cédula jurídica 3-102- 026972,
conforme al siguiente detalle:

              “Un microscopio electrónico de barrido, marca JOEL, JSM-
       6610LV. El escáner incluye todos los accesorios solicitados en el
       pliego de condiciones, según códigos detallados en la oferta:

              1.) JSM-6610LV que incluye: a) control por computadora,
       b) Funciones automáticas, c) Sistema de imagen, d) Óptica
       electrónica, e) Detectores de electrones, f) Cámara de muestras y
       platina, g) Sistema de vacío, h) Video/película, i) Instalación y
       prueba del funcionamiento garantiza en el laboratorio del cliente, j)
       Garantía de dos años en todas las partes, así como en el
       funcionamiento, k) Un juego de manuales de operación.

              2.) 2 MGE85320, UPS de 3.2 LVA para series de barrido y
       recirculador (JU2007517).

              3.) 1 RO33SP/4 Recirculador de agua.

              4.) 1 GW-IRCS-PIP Cámara infrarroja GW.

           5.) 1 AMT-DCS Platina de enfriamiento marca DEBEN
       PARA SEM -25°C A +50°C,

           6.) 1 LK-IE250P20 EDS INCA ENERGY 250 EDS CON
       DETECTOR SECO X-MAX 20,

              7.) 1 SOFTWARE LK-EI-FEATURE,

            8.) 1 LK-IEGSR           PAQUETE DE SOTFWARE GSR
       DEDICADO,

              9.) 1LK-L818 MESA PARA EL SISTEMA EDS INCA,

           10.) 1 JUS-SKSM OPERACIÓN VIA UN MOUSE UN
       TECLADO,

            11.) 1 LK-INSEGR/MEXICO                INSTALACIÓN         DEL
       SISTEMA EDS ENERY INCA LINK.,

            12.) 1 JDM-EXTWARR1 UN AÑO DE GARANTÍA
       ADICIONAL DE GARANTÍA JEOL,
            13.) SM-SPK1, Kit de consumibles para un año para el SEM
       (SM-SPK)

              Garantía 24 meses.

              Se incluye el costo de la instalación y capacitación, el cual
       consta de al menos 5 días, 8 horas por día, para un total de 40
       horas, según se detalla a folio 176 del expediente.

              Precio CIF AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA CON
       DESTINO FINAL EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN QUE
       INDICA EL CARTEL $337.475.00 (trescientos treinta y siete mil
       cuatrocientos setenta y cinco dólares exactos), Equivalente al tipo
       de cambio de 1US$ = ¢ 509.68 del (22 de julio de 2011) Para un
       monto total en colones de ¢172.004.258,00 (ciento setenta y dos
       millones cuatro mil doscientos cincuenta y ocho colones exactos).

              Forma de pago: Carta de crédito en dólares a favor de JOEL

             Plazo de entrega: 80 días hábiles después de recibido el
       pedido, sea vía fax o en forma personal, lo que ocurra primero.

              El lugar de entrega e instalación del equipo será en el lugar
       designado por la Sección de Pericias Físicas del Departamento de
       Ciencias Forenses, ubicado en la Ciudad Judicial de San Joaquín de
       Flores, sita de la Casona del Cerdo de San Joaquín de Flores, 100
       noreste, 100 sureste y 500 al noreste, para lo cual se deberá solicitar
       cita con al menos dos días hábiles de anticipación, a los teléfonos
       2267-1072, con la licenciada Kattia Saborío Chaverri.

             Demás términos y condiciones según el pliego de
       condiciones.”
                                        -0-

      Relacionado con lo anterior el licenciado Wilbert Kidd Alvarado, Jefe

interino del Departamento de Proveeduría, en oficio Nº 2892-DP/10-12 de 19

de marzo del año en curso, presentó la siguiente gestión:

          “Respecto de la Licitación Abreviada Nº 2011LA-000029-
       PROV “Compra e instalación de un microscopio de barrido
       electrónico con detector de rayos X (SEM/EDX) para el
       Departamento de Ciencias Forenses”, la cual fue adjudicada por
       ese Consejo Superior en la sesión 66-11, artículo VI, de 3 de
       agosto del año en curso, a la empresa Jeol USA, Inc, representada
       por G & H Steinverth Ltda., nos permitimos informarle que por
       error se indicó que el plazo de entrega de 80 días hábiles,
       empezaría a correr después del recibido el pedido, sea vía fax o en
       forma personal, lo que ocurriera primero, siendo lo correcto, por la
       forma de pago solicitado por la adjudicataria, que el mismo iniciará
       su cómputo a partir de la confirmación de la apertura de la carta de
       crédito, en razón de ello, se solicita que se realice la respectiva
       corrección.”
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, se tiene por

modificado lo dispuesto en la sesión Nº 66-11 celebrada el 3 de agosto del

2011, artículo VI, en el sentido de que el plazo de entrega para la licitación

referida, iniciará su cómputo a partir de la confirmación de la apertura de la

carta de crédito, y no como se indicó.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XI

DOCUMENTO N° 3255-12

      El licenciado Wilberth Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento

  de Proveeduría, en oficio N° 0261-DP/15-12 de 19 de enero del año en

  curso, recibido por correo electrónico el 23 de marzo último, presenta la

  siguiente gestión:
      “En relación con la Licitación Abreviada N° 2011LA-
000060-PROV “Contratación de Servicios en terapia física para
servidores judiciales del I y II Circuito Judicial de San José y
Cartago”, se remite a usted la documentación adjunta, con el ruego
de que sea sometida a conocimiento de los miembros del Consejo
Superior para lo que consideren conveniente resolver.

       En este sentido, es importante indicar que el plazo de 40 días
hábiles dispuesto en la cláusula 7.1.22 del aparte condiciones
generales del cartel para resolver esta contratación quedó definido
inicialmente para el día 16 de diciembre del año en curso.

       En este sentido, dado que la Dirección de Gestión Humana
en su informe técnico N° 1018-JP-2011, recibido el 4 de noviembre
de 2011, hizo observaciones a las ofertas presentadas que eran
prevenibles, así como justificación de los precios ofertados,
prevenciones que fueron cursadas y que fueron atendidas entre el 23
de noviembre de 2011 y el 25 de enero del año en curso. Dadas las
observaciones presentadas por la Dirección de Gestión Humana, el
18 de noviembre de 2011; también se le solicitó a la Sección de
Asesoría Legal, referirse a las mismas y determinar si lo dicho en el
referido informe técnico era subsanable mediante prevención. El
informe legal se recibió el 1 de diciembre de 2011. Con correo del
7 de diciembre de ese año, la licenciada Laura Hernández Quiel
presenta observaciones al criterio técnico y presenta una propuesta
de rebajo en el precio ofertado, situación que consumió la totalidad
del tiempo de los plazos establecidos en el cronograma. Así las
cosas, mediante la resolución N° 47-2011, de las 16:00 horas del 16
de diciembre de 2011, se resolvió ampliar el plazo para adjudicar
esta contratación en 40 días hábiles más, conforme a la reforma
parcial de la Ley N° 7494, Contratación Administrativa, publicada
en la Gaceta N° 20 del 29 de enero de 2009, en consecuencia el
plazo para adjudicar venció el 24 de febrero de 2012 y en vista de
que no fue posible adjudicar en la fecha antes descrita, por motivo
que se realizaron constantes consultas por los oferentes, las cuales
debieron enviarse a consulta de la Dirección de Gestión Humana
para que rindiera los informes técnicos, se confeccionó la
resolución N° 22-2012 de las 15:00 horas del 24 de febrero del
presente año, donde se deja constancia en el expediente (folios 371
a 372) en vista de que resultó materialmente imposible adjudicar
dentro del plazo de Ley, ya que con base en el principio de
eficiencia y eficacia fue necesario agotar la posibilidad de
adjudicar la presente licitación.
      Conforme lo disponen los artículos 42 bis de la Ley de
Contratación Administrativa y 87 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, se determina que:

      PARTICIPANTES:

      Para este concurso, se recibieron las siguientes ofertas:

      N° 1: Jessica Ballestero Ureña, cédula de identidad No. 1-
            1213-200.
      N° 2: Laura Hernández Quiel, cédula de identidad No. 1-
            937-764.
      N° 3 Michael Matamoros Serrano, cédula de identidad
            No. 5-357-748.
      N° 4 Daniela Montenegro Esquivel, cédula de identidad
            No. 2-588-748.

      ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

       Mediante el oficio No. 8516-DP/15-11, se le solicitó a la
Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el análisis
legal de las ofertas presentadas, en el cual en lo conducente se
indicó:

       “A efecto de que se proceda con el estudio legal de las
ofertas recibidas en la Licitación Abreviada No. 2011LA-000060-
PROV, denominada “Contratación de servicios en terapia física
para servidores judiciales del I y II Circuito Judicial de San José y
Cartago”, adjunto el correspondiente expediente administrativo.

      Asimismo, sin perjuicio determine tanto la admisibilidad de
la oferta como cuales defectos u omisiones son subsanables,
producto de la revisión inicial de los documentos aportados, esta
Proveeduría ha advertido lo siguiente: del estudio que se realice
por parte de ese Despacho, en donde se

      N° 1: Jessica Ballestero Ureña, cédula de identidad No. 1-
1213-200.

      1. Los atestados presentados visibles a folios 72 a 78 no
cumplen el requisito de ser original o copia certificada.
       2. Presenta 2 carta, ver folios 62 y 63, correspondientes a
Clínica Juan 14:6, la cual no indica el tiempo que se desempeño
como profesional y del Ministerio de Educación Pública, en esta
última señala que laboró solo 3 meses, no ajustándose ninguna de
las 2 a los requerimientos cartelarios para valorar su experiencia.

       3. No indica la vigencia de la oferta, que es de 60 días
hábiles; no obstante, en la cláusula 7.1.21 se indica: “A falta de
indicación expresa en la oferta del término de su vigencia, se
entenderá que la misma, por su sola presentación, se mantendrá
vigente por el plazo indicado en este pliego de condiciones,
conforme con lo dispuesto por el artículo número 67 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”

       4. En cuanto al informe técnico de esta oferta, hace algunas
observaciones a aspectos de admisibilidad que son de cumplimiento
obligatorio y otras que manifiesta no observarse en la oferta, como
las siguientes:

       4.1. Líneas ofertadas, indica que no se observa cuáles líneas
ofrece. En este sentido, se observa en la oferta que indica la
dirección exacta de la clínica en la localidad de Cartago, por lo que
se presupone que la línea ofertada es para los Tribunales de
Cartago.

       4.2. En cuanto a que el local donde se brindarán los servicios
carezca de cualquier barrera topográfica ó arquitectónica, para
tener acceso a él, si bien en la oferta no se indicó, según lo indicado
en el informe, en visita realizada al local se constató esta condición,
cumpliéndose con este requisito.

       4.3. En relación con el detalle los equipos y materiales con
que cuenta para brindar los servicios, haciendo mención a la marca,
cantidad, etc., de conformidad con la cláusula 2.2.4. A folio 76 de
esta oferta se observa el detalle de los equipos con los cuales
brindará el servicio.

       4.4 Indica que no aporta la documentación de experiencia
laboral en contratos de similar naturaleza. No obstante, visible a
folios 62 y 63, constan 2 cartas de referencia, correspondientes a
Clínica Juan 14:6, la cual no indica el tiempo que se desempeño
como profesional y del Ministerio de Educación Pública, en la cual
se constata que laboró solo 3 meses, no ajustándose ninguna de las 2
a los requerimientos cartelarios para valorar su experiencia.

       4.5 En cuanto a la razonabilidad del precio pretendido por
esta oferente por la suma de ¢10.212.000,00 anuales, el Dr. Cordero
Arias, del Departamento de Gestión Humana, indica que el precio no
se considera razonable, ya que excede el presupuesto estimado por
¢4.000.000,00, igualmente, señaló:

       “Ante estos datos se presume una oferta para una jornada de
medio tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N 36637-
MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 "
Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre 2011"del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de la
Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base de
Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-371-
2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es
decir,¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones) para una jornada
de medio tiempo en los Tribunales de Justicia de Cartago, el precio
no se considera razonable.”

      5. Solo esta oferente ofrece los servicios para los Tribunales
de Cartago.

      N° 2: Laura Hernández Quiel, cédula de identidad No. 1-
937-764.

       1. Los atestados presentados visibles a folios 95 a 106 no
cumplen el requisito de ser original o copia certificada de los
atestados aportados.

       2. Presenta 3 cartas de referencia, pero solo 2 cumplen con
los requerimientos cartelarios para valorar experiencia.

       3. Solo presenta declaración jurada de que está al día con los
impuestos nacionales, no así de los municipales. Al respeto es de
indicar que con nota recibida el 15 de noviembre en curso, la
Licenciada Hernández Quiel, presentó declaración de que no cuenta
obligación tributaria municipal, indicando además que la
corporación municipal, en aplicación al principio de legalidad,
exonera de patente por tratarse de un único profesional que ejercerá
el servicio de fisioterapia.

       4. No indica la vigencia de la oferta, que es de 60 días
hábiles; no obstante, en la cláusula 7.1.21 se indica: “A falta de
indicación expresa en la oferta del término de su vigencia, se
entenderá que la misma, por su sola presentación, se mantendrá
vigente por el plazo indicado en este pliego de condiciones, conforme
con lo dispuesto por el artículo número 67 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.”

      5. No aporta los Documentos emitidos por la Municipalidad
correspondiente de que cuenta con patente municipal y que se
encuentra al día con los impuestos municipales.

       6. En la oferta aportó permisos de habilitación al día
extendido por el Ministerio de Salud, visible a folio 112, pero a
nombre de la empresa Distarosta Internacional, S. A.; no obstante,
con nota recibida el 15 de los corrientes, aportó un nuevo documento
pero a su nombre, cumpliendo con este requisito.

       7. En cuanto al informe técnico de esta oferta, hace algunas
observaciones a aspectos de admisibilidad que son de cumplimiento
obligatorio y otras que manifiesta no observarse en la oferta, como
las siguientes:

       7.1 Líneas ofertadas, indica que no se observa cuáles líneas
ofrece para brindar los servicios. En este sentido, se observa en la
oferta que señala la dirección exacta de la clínica cercana a los
Tribunales del II Circuito Judicial de San José, por lo que se
presupone que la línea ofertada es para este Circuito Judicial.

       7.2 En cuanto a la razonabilidad del precio pretendido por
esta oferente por la suma de ¢33.360.000,00 anuales, el Dr. Cordero
Arias, del Departamento de Gestión Humana, indica que el precio no
se considera razonable, ya que excede el presupuesto estimado por
¢6.000.000,00 para esta línea, igualmente, señaló:

      “Al considerar lo estipulado en el Decreto N 36637-MTSS
publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 " Salarios
mínimos para el sector privado segundo semestre 2011"del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de la
Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base de
Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-371-
2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada.”

       En este sentido, con nota recibida el 15 de noviembre en
curso, suscrito por la Licenciada Laura Hernández Quiel, manifestó:

        “RESPECTO AL PRECIO OFERTADO: Se señala que el
precio ofertado tiene un costo NO razonable en virtud de que no se
(sic) corresponde con el salario mínimo en esta área de trabajo.
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la conceptualización de
salario mínimo se da en el marco de una relación de empleo,
empero, el cartel ha sido claro y en tal condición he ofertado dentro
de este procedimiento de contratación, estamos en presencia de un
procedimiento de contratación de servicios profesionales y no una
relación laboral, lo que hace que deba variarse el parámetro de
medición de la razonabilidad de los costos que he ofertado pues,
antológicamente (sic), existe una diferencia sustancial: en la
relación de empleo el patrono ofrece los medios, instrumentos y el
local de trabajo, mientras que en una relación de contrato por
servicio (sic) profesionales sin responsabilidad patronal alguna
para el Poder Judicial –que es el caso que nos ocupa en esta
licitación abreviada- la suscrita como oferente y eventual
contratista, asume el pago y costo de la instalación y
mantenimiento de local, instrumentación, materiales y demás medio
propios para el ejercicio profesional (pólizas, cargas sociales, etc.)
a que aspira en este concurso público en los términos y condiciones
cartelarias y el contenido propio de mi plica. Así las cosas es en
respeto del ordenamiento jurídico aplicable en cuanto a las
regulaciones de mi profesión y las propias disposiciones
cartelarias, que se plantea la oferta económica sobre la base de la
tarifa establecida por el Colegio de Médicos y Cirujanos, que
establece un costo por paciente de ¢18.000 cuando se trata de
primera consulta y ¢14.000 para consulta consecuente, sin que sea
dable al Poder Judicial como entidad llamada a resguardar el
respeto y observancia del ordenamiento jurídico nacional, que se
induzca a un cobro menor a tales tarifas, lo que por supuesto
constituiría una competencia desleal en el ejercicio de la
profesión.“
       7.3. Solo esta oferente ofrece los servicios para el II Circuito
Judicial de San José.

      N° 3 Michael Matamoros Serrano, cédula de identidad No.
5-357-748.

        1. El título universitario es copia, no cumpliendo con el
requerimiento de ser original o copia certificada; además, no aporta
el resto de los atestados indicados en su currículo.

       2. Presenta 5 cartas de referencia, visibles a folios 178 a 182,
pero las mismas no cumplen con los requerimientos cartelarios para
valorar su experiencia.

       3. No aportó los permisos de habilitación al día extendido por
el Ministerio de Salud.

      4. No aparece inscrito como patrono, según constancia
aportada de la C.C.S.S. visible a folio 147.

      5. No aporta los Documentos emitidos por la Municipalidad
correspondiente de que cuenta con patente municipal y que se
encuentra al día con los impuestos municipales.

       6. En cuanto al informe técnico de esta oferta, hace algunas
observaciones a aspectos de admisibilidad que son de cumplimiento
obligatorio y otras que manifiesta no observarse en la oferta, como
las siguientes:

       6.1 Líneas ofertadas, indica que no se observa cuáles líneas
ofrece para brindar los servicios. En este sentido, se observa en la
oferta que señala la dirección exacta de la clínica en relación con los
Tribunales del I Circuito Judicial de San José, por lo que se
presupone que la línea ofertada es para este Circuito Judicial.

       6.2 En cuanto a la razonabilidad del precio pretendido por
este oferente por la suma de ¢8.400.000,00 anuales, el Dr. Cordero
Arias, del Departamento de Gestión Humana, indica que el precio se
considera razonable, ya que excede el presupuesto estimado por
¢6.000.000,00 para esta línea, igualmente, señaló:

      “Ante estos datos se presume una oferta para una jornada de
tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada.”

      N° 4 Daniela Montenegro Esquivel, cédula de identidad No.
2-588-748.

       1. Los atestados presentados visibles a folios 335 a 337 no
cumplen el requisito de ser original o copia certificada de los
atestados aportados.

       2. En cuanto al informe técnico de esta oferta, hace algunas
observaciones a aspectos de admisibilidad que son de cumplimiento
obligatorio y otras que manifiesta no observarse en la oferta, como
las siguientes:

       2.1 Líneas ofertadas, indica que no se observa cuáles líneas
ofrece para brindar los servicios. En este sentido, se observa en la
oferta que señala la dirección exacta de la clínica en relación con los
Tribunales del I Circuito Judicial de San José, por lo que se
presupone que la línea ofertada es para este Circuito Judicial.

       2.2 En cuanto a la razonabilidad del precio pretendido por
este oferente por la suma de ¢28.896.000,00 anuales, el Dr. Cordero
Arias, del Departamento de Gestión Humana, indica que el precio no
se considera razonable, ya que excede el presupuesto estimado por
¢10.000.000,00 para esta línea, igualmente, señaló:

      “Al considerar lo estipulado en el Decreto N 36637-MTSS
publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 " Salarios
mínimos para el sector privado segundo semestre 2011"del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de la
Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base de
Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-371-
2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
       del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
       setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
       estimado por la Institución para la contratación indicada (…).”

              En este sentido, con nota recibida el 31 de octubre del año en
       curso, la Licenciada Daniela Montenegro Esquivel, manifestó:

              “En relación con la oferta presentada por el señor Michael
       Matamoros Serrano, cédula de identidad 5-357-748, en la
       Licitación Abreviada 2011LA-000060-PROV, por este medio me
       permito muy respetuosamente, hacer observaciones sobre la plica
       presentada por este oferente.

              Según la normativa del Colegio de Médicos y Cirujanos de
       Costa Rica al cual pertenecemos los Terapeuta Físicos como
       profesionales afines, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos
       y Cirujanos aprobó en Sesión Ordinaria 2008.09.17 celebrada el
       diecisiete de setiembre de dos mil ocho, las siguientes tarifas
       mínimas de los Profesionales Afines las cuales son:

Consulta                           Salario Base   Porcentajes     Monto de Tarifa

Primera consulta                    ¢498.616,60         4%          ¢18.000.00

Consulta subsecuente                                    3%          ¢14.000.00

Consulta a domicilio a más de 10
                                                        5%          ¢23.000.00
km.

             El salario base está conforme lo estipulado en Decreto Nº
       36637-MTSS, publicado en La Gaceta Nº 123 del lunes 27 de junio
       de 2011, el cual rige a partir del 1º de julio del 2011.

              Sin embargo, el señor Michael Matamoros Serrano, ofertó
       un precio mensual de ¢700.000,00, lo cual al hacer los cálculos
       correspondientes a la atención por paciente para el I Circuito
       Judicial de San José, según el objeto contractual de un mínimo de
       ocho pacientes diarios, el valor por sesión sería de ¢4.042,00, lo
       cual es sumamente inferior al mínimo estipulado por el Colegio de
       Médicos y Cirujanos indicado anteriormente, además de ser un
       precio que desvaloriza completamente nuestra profesión y por
       supuesto califica como una competencia desleal que se encuentra
       estipulado en el Código de Ética Médica- Publicado en la Gaceta
Nº 130 del 07 de julio del 2009- Vigente del Colegio de Médicos y
Cirujanos, específicamente Artículo 57, el cual reza: “ El Médico o
Profesional Afín no disminuirá sus honorarios en un afán de
competencia desleal con respecto a sus colegas.”; asimismo, el
Artículo 78, señala: “El Médico o Profesional Afín debe respetar
las tarifas mínimas establecidas por el Colegio de Médicos y
Cirujanos.”.

       En este sentido, como se observa, este oferente incumple con
lo preceptuado por el Colegio de Médicos y Cirujanos y si bien, el
cartel señala en la descripción del objeto contractual que se
requiere, que el proveedor deberá cotizar el costo de la
contratación por mes de atención de acuerdo a la jornada diaria y
mínimo de pacientes a atender por día que se especifica para el I
Circuito Judicial de San José, contraviene un decreto ejecutivo que
es de cumplimiento obligatorio de todos los órganos que son
tutelados por el Colegio de Médicos y Cirujanos

        Por otro lado, según lo establecido en dicho proceso
licitatorio, los oferentes participantes deben estar ubicados en un
radio que no supere los 500 mts, tomando como punto de referencia
el Edificio de los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de
San José y éste oferente me parece que se encuentra muy por fuera
de dicha distancia, por lo cual solicito se verifique este aspecto,
mismo que es un requisito de admisibilidad y de incumplir con este
requisito de debe excluir del presente concurso.

       Por último me gustaría recalcar la importancia de la calidad
y variedad de los equipos con las mejores tecnologías que se deben
de utilizar en las terapias, lo cual definitivamente y está
comprobado influye notablemente en la recuperación más rápida y
eficaz de los pacientes de manera que se pueden incorporar en el
menor tiempo posible a sus actividades de la vida diaria y por
supuesto a su trabajo.”

      El criterio técnico emitido con el oficio No. 1018-JP-2011 por
Dr. Bernal Cordero Arias, con el visto bueno del MBA. Mauricio
Quirós Álvarez, Subdirector, Gestión Humana, consta a folios 281 a
286.

      Por último, es de indicar que el Consejo Superior con el oficio
No. 9309-11 de fecha 21 de octubre del año en curso, visible a folio
274, remitió al Departamento de Gestión Humana gestión
presentada por la Licenciada María Piedra Ramírez, Coordinadora
del Comité de Salud del II Circuito Judicial de San José, para que se
refiriera las razones por las cuáles el servicio de fisioterapia no se
llevará a cabo dentro de las instalación de los Tribunales de ese
Circuito Judicial, toda vez que ello implicaría consecuencias para
los servidores y funcionarios judiciales usuarios de ese servicio, al
tenerse que trasladar para su atención hasta la clínica que se
adjudicaría; no obstante, a la fecha no se tiene conocimiento de la
respuesta brindada por el Departamento de Gestión Humana ni de
lo acordado por el Consejo Superior.

      ANÁLISIS LEGAL:

       Con el oficio No. 3283-DE/AL-2011 recibido el 1 de
diciembre de 2011, el licenciado Juan Carlos Orozco Quirós, Asesor
Jurídico, con el visto bueno de la licenciada Ana Patricia Álvarez
Mondragón, Jefa de la Sección de Asesoría Legal y el Licenciado
Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, al referirse al estudio legal
de las ofertas recibidas, señaló:

       “Me refiero al oficio N° 8516-DP/15-2011 de 18 de
noviembre del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia
Fernández Arley, Jefa del Subproceso de Licitaciones de ese
Departamento, requiriendo el análisis legal de las cuatro ofertas
presentadas en la Licitación Abreviada N° 2011LA-000060-PROV,
cuyo objeto es la “Contratación de Servicios en terapia física para
servidores judiciales del I y II Circuito Judicial de San José y
Cartago”.

      OFERTA Nº 1.- Jessica Ballestero Ureña:

       En cuanto al punto 1, el folio 72 no requiere certificación,
toda vez que se trata de un documento original. Por su parte, los
atestados visibles a folios 78 a 88 sí deberán certificarse para dar
cumplimiento a lo solicitado por la cláusula 2.2.1; lo anterior por
cuanto se trata de aspectos formales de información ya acreditada,
por lo que el artículo 81 incisos a) e i) del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa permite su subsanación.

      Respecto al punto 2, la carta de experiencia de la Clínica
Juan 14:6 sí indica el tiempo laborado como profesional, el cual es
de 8 meses, y por tanto no cumple con el plazo requerido (un año).
Por su parte, tal como lo señala ese Departamento, la experiencia en
el Ministerio de Educación Pública es de sólo tres meses, por lo cual
tampoco califica. Sin embargo a folio 74 consta una constancia
rendida bajo fe de juramento de estar ejerciendo de manera
independiente desde enero de 2009, por lo que, en aplicación de lo
previsto en el primer párrafo de la cláusula 9.4 II, tal experiencia le
permite entrar a concurso, salvo que el órgano técnico determine
alguna razón para considerar que tal experiencia no es de recibo.

       Lleva razón ese Departamento en cuanto a lo indicado en el
punto 3, ya que ante la omisión del plazo de vigencia de la oferta, en
aplicación de lo previsto en la cláusula 7.1.21 y el artículo 67 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe
entender que la vigencia es por el plazo mínimo establecido para la
presente contratación.

       En atención a lo expuesto en el punto 4.1, tomando en cuenta
que la ubicación donde se llegaría a prestar el servicio sólo califica
para Cartago, comparte esta Asesoría la posición de presumir que la
interesada concursa para ese Circuito.

       Se omite referencia a los puntos 4.2 y 4.3, ya que sólo refieren
requisitos que se tienen por cumplidos. En cuanto al punto 4.4, se
remite a lo indicado en el punto 2.

       En cuanto al punto 4.5, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta contratación,
deberá el órgano técnico determinar si se está ante la figura de
precio excesivo o precio insuficiente, para proceder, según
corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o c) del
referido cuerpo normativo.

       OFERTA Nº 2.- Laura Hernández Quiel:

       Respecto al punto 1, los atestados visibles a folios 95 a 106
deberán certificarse para dar cumplimiento a lo solicitado por la
cláusula 2.2.1; lo anterior por cuanto se trata de aspectos formales
de información ya acreditada, por lo que el artículo 81 incisos a) e i)
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite su
subsanación.

      En cuanto al punto 2, corresponderá a ese Departamento
valorar cuántas cartas son susceptibles de obtener puntaje, ya que
esta Asesoría tiene por cumplido el requisito de verificar que al
menos se cuente con una carta aceptable para entrar a concurso.

       En atención al punto 3, no se considera suficiente que la
oferente manifieste no tener obligaciones tributarias, antes bien,
deberá aportar certificación extendida por la respectiva
Municipalidad para demostrar tal circunstancia. Lo anterior en
aplicación del artículo 81 incisos a) del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

       Lleva razón ese Departamento en cuanto a lo indicado en el
punto 4, ya que ante la omisión del plazo de vigencia de la oferta, en
aplicación de lo previsto en la cláusula 7.1.21 y el artículo 67 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe
entender que la vigencia es por el plazo mínimo establecido para la
presente contratación.

      En cuanto al punto 5, debe prevenirse la presentación de los
documentos municipales sobre patente e impuestos, conforme lo
permite el numeral 81 incisos a) del Reglamento de rito.

       Respecto al punto 6, es aceptable la documentación
presentada posterior a la entrega de la oferta para subsanar la
omisión inicial, en cuanto a contar con permiso del Ministerio de
Salud.

       Revisado lo indicado en el punto 7.1, no lleva razón el órgano
técnico en indicar que no se aclaró la línea para la cuales se
concursa, toda vez que tal dato se encuentra a folio 141.

        En cuanto al punto 7.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta contratación,
deberá el órgano técnico determinar si se está ante la figura de
precio excesivo o precio insuficiente, para proceder, según
corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o c) del
referido cuerpo normativo. En este sentido, la discrepancia de
criterios que pueda existir entre el órgano técnico y las
manifestaciones de la oferente en su nota del 11 de noviembre del
año en curso, deberá ser resuelto por el Departamento de Gestión
Humana.

      OFERTA Nº 3.- Michael Matamoros Serrano:

      El defecto que señala el punto 1, en cuanto a que la copia del
título universitario no está certificada, es un aspecto que tampoco
cumplieron las otras oferentes, pero del cual se puede prescindir,
toda vez que se demostró la debida incorporación al colegio
profesional, por lo que resulta innecesario prevenir el cumplimiento
del requisito en cuestión. Los atestados que se omitieron, pueden
solicitarse, ya que al estar debidamente referenciados en el
currículum y corresponder a hechos acaecidos antes de la apertura
de ofertas, resulta posible su subsanación en apego de lo dispuesto
en el artículo 81 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

        En cuanto al punto 2, al estar debidamente referenciada a
folio 182 una contratación que sirven para demostrar la experiencia
de la oferente y tratarse de hechos históricos invariables, conforme
al artículo 81 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, deberá ese Departamento verificar que exista
similitud la carta de referencia en relación con el objeto contractual,
y en caso de tratarse de objetos contractuales análogos, es posible
solicitar su subsanación para que indique el plazo de tal
contratación. Si por el contrario, no cumplen con el carácter de
similitud, no podrán cursarse subsanación alguna ni se tomarán en
cuenta para ser evaluadas. Asimismo, debe ese Departamento
verificar que una vez subsanadas, cumplan con los requisitos
mínimos que establece el cartel.

      Respecto al punto 3, dado que el permiso del Ministerio de
Salud constituye un requisito con el que debe cumplirse previo a
concursar, en aplicación del artículo 81 inciso i) del referido
Reglamento, puede prevenirse la presentación del documento
omitido.

        En atención al punto 4, deberá prevenirse que aporte
certificación de "trabajador independiente" ante la Caja
Costarricense de Seguro Social, ya que el haber demostrado que no
está inscrito como patrono no lo excluye del concurso, pues si logra
comprobar que está cotizando bajo esa otra modalidad, podrá
mantenerse dentro del mismo. Lo anterior, conforme lo permite el
artículo 81 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

      En cuanto al punto 5, debe prevenirse la presentación de los
documentos municipales sobre patente e impuestos, conforme lo
permite el numeral 81 incisos a) del Reglamento de rito.
       En atención a lo expuesto en el punto 6.1, tomando en cuenta
que la ubicación donde se llegaría a prestar el servicio sólo califica
para el Primer Circuito Judicial de San José, comparte esta Asesoría
la posición de presumir que la interesada concursa para este
Circuito.

       En cuanto al punto 6.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta contratación,
deberá el órgano técnico determinar si se está ante la figura de
precio excesivo o precio insuficiente, para proceder, según
corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o c) del
referido cuerpo normativo.

      OFERTA Nº 4.- Daniela Montenegro Esquivel:

       Respecto al punto 1, los atestados deberán certificarse para
dar cumplimiento a lo solicitado por la cláusula 2.2.1; lo anterior
por cuanto se trata de aspectos formales de información ya
acreditada, por lo que el artículo 81 incisos a) e i) del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa permite su subsanación.

       Revisado lo indicado en el punto 2.1, no lleva razón el órgano
técnico en indicar que no se aclaró la línea para la cuales se
concursa, toda vez que tal dato se encuentra a folio 268.

       En cuanto al punto 2.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta contratación,
deberá el órgano técnico determinar si se está ante la figura de
precio excesivo o precio insuficiente, para proceder, según
corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o c) del
referido cuerpo normativo. Por su parte, el tema de la alegada
competencia desleal que refiere la oferente, deberá ser definido por
parte de ese Departamento en coordinación con el órgano técnico,
ya que al parecer puede haber un error en cuanto a la manera de
calcular el monto a cancelar por los servicios de esta contratación.

       Adicionalmente, deberá prevenirse que aclare por qué a folio
352 declaró estar afectada por las incompatibilidades que establece
el artículo 18 de la Ley número 8422, y en caso de que confirme
estarlo, quedará excluida del concurso.

      La certificación de estar al día con las cuotas obrero
patronales (folio 338) estaba vencida para el momento de apertura
de ofertas, razón por la cual deberá prevenirse que demuestre que
para la fecha de ese acto se encontraba al día o al menos con
arreglo de pago, ya que en caso de que efectivamente se encontrara
morosa al día de la apertura de ofertas, no podrá admitirse a
concurso. Lo anterior conforme lo indicado en el artículo 3 de los
"Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo
74 de la Ley Constitutiva de la Caja y el numeral 65 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa" aprobados por la Junta
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual
establece entre otras cosas, la obligación de toda persona que
pretenda participar en procedimientos de contratación
administrativa, estar inscrita, activa, al día, o al menos con un
arreglo de pago formalizado, en cuanto al pago de sus obligaciones
con la Caja Costarricense del Seguro Social.

       Se aclara que los números de páginas del expediente
señalados en el presente oficio, se apega al consignado en los
respectivos folios, sin embargo, la foliatura presenta errores, ya que
hay varias páginas con el mismo número y no siempre llevan un
orden consecutivo.”

      ANÁLISIS TÉCNICO:

       Con el oficio No. 1018-JP-2011 de fecha 4 de noviembre de
2011, el Doctor Bernal Cordero Arias, con el visto bueno del MBA.
Mauricio Quirós Álvarez, Subdirector del Departamento de la
Dirección de Gestión Humana, emitió el criterio técnico de las
ofertas recibidas, y al respecto manifestó:

      “En respuesta a su oficio Nº 7515-DP/15-11, y de
conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, me permito presentarle la
información solicitada:

      A- Con relación a los requerimientos técnicos de las ofertas
presentadas por parte de:

      1-Jessica Ballestero Ureña, cédula de identidad 1-1213-200
      2-Laura Hernández Quiel, cédula de identidad 1-937-764
      3-Michael Matamoros Serrano, cédula de identidad 5-357-
748
      4-Daniela Montenegro Esquivel, cédula de identidad 2-588-
748,
       Y los cuales están establecidos por el cartel Licitación
Abreviada Nº 2011LA-000060-PROV para la " Contratación de
servicios en terapia física para servidores judiciales del I, II
Circuito Judicial de San José y Tribunales de Cartago ", me
permito indicar lo siguiente:

       Oferta 1 Jessica Ballestero Ureña,

        La documentación entregada no aporta una oferta de
servicios indicando los servicios ofrecidos (sic). No se establece en
cual (sic) o cuáles líneas del cartel está participando. No cumple
con lo estipulado en los puntos que a continuación se detallan del
cartel:

       “7.1.16 El oferente está obligado a detallar en forma clara y
precisa los extremos a que se obliga con su oferta, así como, el
servicio cotizado, según los requerimientos de documentación e
información contenidos en este cartel

       7.1.17 El oferente será responsable de brindar en su oferta,
la información necesaria de modo claro y suficiente para su
evaluación.”

       Requerimientos técnicos del oferente:
       2.2.1 Si cumple con la certificación
       2.2.2 No cumple con el requerimiento, no aporta la
documentación de experiencia laboral en contratos de similar
naturaleza, entendida ésta como la de aquellos contratos cuya
duración sea igual o superior a un año, llevando a cabo funciones
profesionales en fisioterapia.
       2.2.3 No indica la aceptación de estos términos
       2.2.4 No indica la aceptación de estos términos
       2.2.5 No se puede evaluar este punto ya que la oferta no
indica la o las líneas en que ofrece servicio. Cumple con un local
debidamente acondicionado a un radio menor de 500 metros del
Edificio de los Tribunales de Cartago: "De la entrada principal del
Poder Judicial Cartago, 100 metros norte, 200 metros este y 25
metros norte", lo cual se verifica en visita realizada el día 1 de
noviembre del año en curso. Aporta habilitación del Ministerio de
Salud al día para esta actividad.
       2.2.6 No indica la aceptación de estos términos. En visita
realizada el día 1 de noviembre del año en curso se verifica que su
planta física carece de cualquier barrera topográfica.

      Oferta 2 Laura Hernández Quiel

        Requerimientos técnicos del oferente:
        2.2.1 Si cumple con la certificación
        2.2.2 Sí cumple con el requerimiento, aporta la
documentación de experiencia laboral en contratos de similar
naturaleza, entendida ésta como la de aquellos contratos cuya
duración sea igual o superior a un año, llevando a cabo funciones
profesionales en fisioterapia.
        2.2.3 Acepta los términos indicados
        2.2.4 Acepta los términos indicados
        2.2.5 No cumple con el requerimiento ya que a pesar de
indicar un local en un radio menor de 500 metros del Edificio del II
Circuito Judicial de San José: " Esquina Noroeste del Edificio de la
Corte Goicoechea, 75 metros al este" (se especifica que la dirección
correcta es de la Esquina Noreste de del Edificio de la Corte
Goicoechea, 75 metros este), lo cual se verifica mediante visita
realizada el día 1 de noviembre del año en curso, el local no está
debidamente acondicionado y además no aporta la habilitación por
parte del Ministerio de Salud para la actividad ofrecida. La
certificación 0747 indica actividad: Importación y exportación de
productos varios, médicos y cosméticos y distribución de
implementos médicos.
        2.2.6. Declara cumplir con este punto. En visita realizada el
día 1 de noviembre del año en curso se verifica que su planta física
carece de cualquier barrera topográfica.

      Oferta 3 Michael Matamoros Serrano

       La documentación entregada no establece en cual o cuáles
líneas del cartel está participando. No cumple con lo estipulado en
los puntos siguientes puntos del cartel:

       “7.1.16 El oferente está obligado a detallar en forma clara y
precisa los extremos a que se obliga con su oferta, así como, el
servicio cotizado, según los requerimientos de documentación e
información contenidos en este cartel.

       7.1.17 El oferente será responsable de brindar en su oferta,
la información necesaria de modo claro y suficiente para su
evaluación.”
       Requerimientos técnicos del oferente:

       2.2.1 Si cumple con la certificación
       2.2.2 No cumple con el requerimiento, no aporta la
documentación de experiencia laboral en contratos de similar
naturaleza, entendida ésta como la de aquellos contratos cuya
duración sea igual o superior a un año, llevando a cabo funciones
profesionales en fisioterapia.
       2.2.3 Acepta los términos indicados
       2.2.4 Acepta los términos indicados
       2.2.5 No cumple con el requerimiento, indica un local en un
radio menor de 500 metros del Edificio de Tribunales del I Circuito
Judicial de San José: "Barrio Luján. De la Escuela República de
Chile 200 metros Este y 50 metros sur Edificio Andrea mano
izquierda", al realizar la verificación del sitio el día 1 de noviembre
del año en curso se encuentra que el local está a 600 metros del
punto de referencia. El local esta debidamente acondicionado.
Además no aporta habilitación por parte del Ministerio de Salud
       2.2.6Declara cumplir con este punto. En visita realizada el
día 1 de noviembre del año en curso se verifica que su planta física
carece de cualquier barrera topográfica.

       Oferta 4 Daniela Montenegro Esquivel

       Requerimientos técnicos del oferente:
       2.2.1 Si cumple con la certificación
       2.2.2 Sí cumple con el requerimiento, aporta la
documentación de experiencia laboral en contratos de similar
naturaleza, entendida ésta como la de aquellos contratos cuya
duración sea igual o superior a un año, llevando a cabo funciones
profesionales en fisioterapia, sin embargo la documentación no
establece las jornadas laborales requeridas en el cartel.
       2.2.3 Acepta los términos indicados
       2.2.4 Acepta los términos indicados
       2.2.5 Cumple con un local debidamente acondicionado, en
un radio menor de 500 metros del Edificio del los Tribunales del I
Circuito Judicial de San José: "Diagonal Tribunales de Justicia
Primer Circuito Judicial, Edificio La Rosa, planta baja, tercer local
de oeste a este, Avenida 8va, calle 15", lo cual se verifica mediante
visita realizada el día 1 de noviembre del año en curso. Aporta
Habilitación por parte del Ministerio de Salud para la actividad
ofrecida.
       2.2.6. Declara cumplir con este punto. En visita realizada el
día 1 de noviembre del año en curso se verifica que su planta física
carece de cualquier barrera topográfica.

      B- Con relación a los precios ofertados

       Primero es importante aclarar que el cartel se solicita la
cotización de un servicio de terapia física basado en jornadas
laborales de 8, 6 y 4 horas (que incluye diversas actividades) y no
con base a un costo de consulta por paciente o por hora
profesional, por lo que a la hora de analizar los precios se
considera entre otros, el costo de la contratación de un profesional
de acuerdo a lo estipulado en el Decreto N 36637-MTSS publicado
en La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 " Salarios mínimos
para el sector privado segundo semestre 2011"del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la directriz de la Dirección General de
Servicio Civil con relación a salarios base de Profesionales afines a
las Ciencias Médicas, Resolución DG-371-2008 que rige a partir
del 1 de julio de 2008, publicado en la Gaceta N 201 del 17 de
octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos
aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de septiembre del 2008, los
precios de mercado y el presupuesto estimado por la Institución
para la contratación indicada es decir, de ¢10.000.000.00 (diez
millones de colones ) para el I Circuito Judicial de San José,
¢6.000.000.00 (seis millones de colones) para el II Circuito Judicial
de San José y ¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones) para los
Tribunales de Justicia de Cartago.

       Oferta 1 Jessica Ballestero Ureña, No se establece en cual o
cuáles líneas del cartel está participando pero indica un local a un
radio menor de 500 metros del Edificio de los Tribunales de
Cartago. Su oferta es por un monto de ¢851.000,00 (ochocientos
cincuenta y un mil colones) mensuales, para un total anual de
¢10.212.000.00 (diez millones doscientos doce mil colones). Ante
estos datos se presume una oferta para una jornada de medio
tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N 36637-MTSS
publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 " Salarios
mínimos para el sector privado segundo semestre 2011"del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de la
Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base de
Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-371-
2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es
decir,¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones) para una jornada
de medio tiempo en los Tribunales de Justicia de Cartago, el precio
no se considera razonable.

       Oferta 2 Laura Hernández Quiel oferta por un monto de
¢2.780.000,00 (dos millones setecientos ochenta mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢33.360.000.00 (treinta y tres
millones trescientos sesenta mil colones), para una jornada de tres
cuartos de tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢6.000.000.00 (seis millones de colones) para una jornada de tres
cuartos de tiempo en el II Circuito Judicial de San José, el precio
no se considera razonable.

       Oferta 3 Michael Matamoros Serrano. No se establece en
cual o cuáles líneas del cartel está participando pero indica un
local en Barrio Luján. De la Escuela República de Chile 200 metros
Este y 50 metros sur Edificio Andrea mano izquierda. Su oferta por
un monto de ¢ 700.000 (setecientos mil colones) mensuales, para un
total anual de ¢8.400.000.00 (ocho millones cuatrocientos mil
colones).Ante estos datos se presume una oferta para una jornada
de tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢10.000.000.00 (diez millones de colones) para una jornada de
tiempo completo en el I Circuito Judicial de San José, el precio se
considera razonable.

       Oferta 4 Daniela Montenegro Esquivel oferta por un monto
de ¢2.408.000.00 (dos millones cuatrocientos ocho mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢28.896.000.00 (veintiocho
millones ochocientos noventa y seis mil colones), para una jornada
de tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir
¢10.000.000.00 (diez millones de colones) para una jornada de
tiempo completo en el I Circuito Judicial de San José, el precio no
se considera razonable.

      C-Experiencia del Oferente en contratos

        Experiencia positiva entendida ésta, como los servicios
recibidos a entera satisfacción del cliente en la prestación de
servicios profesionales en fisioterapia, en jornadas de al menos 4
horas diarias. Las ofertas que no acrediten experiencia positiva al
menos en un proyecto conforme a lo aquí indicado, serán
desestimadas. La experiencia antes de la incorporación al colegio
profesional respectivo no será válida.          La experiencia se
contabilizará a partir del primer año de experiencia en el ejercicio
de labores profesionales. En caso de presentarse documentación
de experiencia de diferentes instituciones o ejercicio libre de la
profesión en períodos simultáneos, se contabilizará únicamente uno
de ellos. En caso de que en una oferta proponga más de un
fisioterapeuta en una misma zona, se promediará la experiencia de
cada una de ellas.

      Oferta 1 Jessica Ballestero Ureña,
      a- Incorporación 19 febrero 2009
       1-Certificación MEP DRH-ASIGRH-UADM-9517-2009
         período: 19 agosto a 26 noviembre 2009 no indica
jornada tiempo: 3 meses 7 días
       2-Declaración jurada Consultorio Médico Cervantes
         período 5 enero- agosto 2009 medio tiempo
          tiempo 5 meses 9 días
       3-Declaración jurada CAIPAD
          período agosto- noviembre 2009 no indica jornada
          tiempo 4 meses
       4-Declaración jurada Consultorio Médico Cervantes no
indica jornada
          período diciembre 2009-marzo 2011
          tiempo 1 año 4 meses
       La oferente cumple con un contrato inicial en el MEP
       Total de tiempo de experiencia certificada 2 años 4 meses
       Total de tiempo de experiencia certificada en jornadas
iguales o mayores a 4 horas diarias 5 meses 9 días
       Total de experiencia que se contabiliza para licitación: 0
días

      Oferta 2 Laura Hernández Quiel
      a- Incorporación 1 junio 2005
      1-Certificación INS C-784-RH-2011
        a-Profesional 1
           período 10-11-06 al 1-4-07 discontinuos no indica
jornada
           tiempo 98 días
        b- Profesional en Servicios de Salud
           período 2/4/7 al 20/7/10 discontinuos no indica jornada
           tiempo 343 días
      2-Certificación Especialidades Médicas Rojas&Brenes
Limitada
          a- período año 2003 hasta junio 2006
          b- tiempo 3 años 6 meses tiempo completo (de los cuales
únicamente se contabiliza 1 año 1 mes ya que su incorporación al
Colegio profesional fue 1 junio 2005
          c- período julio 2006 - diciembre 2010 medio tiempo
             tiempo 4 años 6 meses jornada 4 horas
      3-Certificación Comité de Salud II Circuito Judicial
          a- período 19 julio 2010 - fecha actual
          b- tiempo 1 año 3 meses tiempo completo
      La oferente cumple con un contrato inicial en el INS
      Total de tiempo de experiencia certificada 6 años 4 meses 20
días
       Total de tiempo de experiencia certificada en jornadas
iguales o mayores a 4 horas diarias
       2 años 4 meses
       Total de experiencia que se contabiliza para licitación: 1 año
4 meses

       Oferta 3 Michael Matamoros Serrano.
       a- Incorporación 18 mayo 2011
       1-Certificación Universidad Santa Paula
         período 4 mayo 2009 a la fecha
         tiempo 2 años 5 meses 20 días no indica jornada, de los
cuales se contabiliza 5meses 20 días ya que su incorporación al
Colegio Profesional fue el 18/5/2011
       2-Certificación Almacenes Mayoreo Aceros
          período 9 enero 2010 al 4 diciembre 2010
          tiempo 10 meses 25 días no indica jornada. No se
contabiliza por no estar incorporado al Colegio respectivo en este
período
       El oferente cumple con un contrato inicial en la Universidad
Santa Paula
       Total de tiempo de experiencia certificada 5 meses 20 días
       Total de tiempo de experiencia certificada en jornadas
iguales o mayores a 4 horas diarias: 0 días
       Total de experiencia que se contabiliza para licitación: 0
días

       Oferta 4 Ofrece dos fisioterapeutas
       I- Daniela Montenegro Esquivel
       a- Incorporación 7 noviembre 2007
       1-Constancia Laboratorios MASC S.A.
         período del año 2003 al año 2009 no se indica jornada
         tiempo 6 años se contabiliza 1 año 1 mes 23 días ya que
su incorporación al colegio respectivo fue de 7/11/2007
       El oferente cumple con un contrato inicial en Laboratorios
MASC S.A.
       Total de tiempo de experiencia certificada 1 año 1 mes 23
días
       Total de tiempo de experiencia certificada en jornadas
iguales o mayores a 4 horas diarias: 0 días
       Total de experiencia que se contabiliza para licitación: 0
días
             II- Mariam Villegas Gutiérrez
             a- Incorporación 24 agosto 2005
             1-Certificación Asociación PRO-Centro de Ancianos Hatillo-
      San Sebastián período febrero 2007 a octubre 2011 cuatro horas
      por semana (no cumple con jornada solicitada)
               2-Centro de Belleza Manabe
                período abril 2005- octubre 2011 no indica jornada
                tiempo 6 años 6 meses
             3-Certificación MASC S.A.
                período abril 2010- octubre 2011 no indica jornada
                tiempo 1 año 6 meses
             El oferente cumple con un contrato inicial en Centro de
      Belleza Manabe
             Total de tiempo de experiencia certificada 6 años 1 mes 26
      días
             Total de tiempo de experiencia certificada en jornadas
      iguales o mayores a 4 horas diarias: 0 días
             Total de experiencia que se contabiliza para licitación: 0
      días

              Promedio de ambas fisoterapeutas (sic) 0 días

              D-Cuadro comparativo de análisis de las ofertas

                                                       Actividades Certificación
                      Ofrece servicios
     Oferente                                Jornada de promoción de Colegio
                   Líneas en que participa
                                                      y prevención Profesional
Jessica Ballestero No hay documentación de No indica No indica     Si      aporta
      Ureña        oferta de servicios                             certificación
Laura Hernández 1-No oferta en línea 1      6 horas  Sí indica     Si aporta
      Quiel        2-Ofrece servicios en la
                   línea 2 II Circuito
                   Judicial -San José
                   3-No oferta línea 3
     Michael       No hay documentación de No indica Sí indica     Si aporta
   Matamoros       oferta de servicios
     Serrano
     Daniela       1-Oferta línea 1         8 horas  Sí indica     Si aporta
   Montenegro      2-No oferta línea 2
     Esquivel      3-No oferta línea 3

   Oferente     Experiencia    Ubicación local a 500 Habilitació Fotocopi
                laboral     en metros o menos de punto n         a de la
                contratos      de referencia y no Ministerio cédula
                similares    barreras arquitectónicas      de Salud
                iguales    o
                mayores a un
                año
    Jessica     No aporta    De la entrada principal del   Si aporta    Sí aporta
   Ballestero                Poder              Judicial   Certificació
    Ureña                    Cartago,100 metros norte,     n 2302-11
                             200 metros este y 25
                             metros norte
    Laura       Si aporta    Esquina Noroeste del          No aporta Sí aporta
Hernández Quiel              Edificio de la Corte          habilitación
                             Goicoechea, 75 metros al      para       la
                             este                          actividad
                                                           ofertada.

                                                            Certificació
                                                            n 0747 tipo
                                                            de
                                                            actividad:
                                                            Importación
                                                            y
                                                            exportación
                                                            de
                                                            productos
                                                            varios,
                                                            médicos y
                                                            cosméticos
                                                            y
                                                            distribución
                                                            de
                                                            implemento
                                                            s médicos
   Michael      No aporta       Barrio Luján. De la No aporta No
  Matamoros                     Escuela República de                     aporta
   Serrano                      Chile 200 metros Este y 50
                                metros sur Edificio Andrea
                                mano izquierda
   Daniela      Si aporta       Diagonal Tribunales de Sí aporta         Sí aporta
  Montenegro                    Justicia Primer Circuito Certificació
   Esquivel                     Judicial, Edificio La Rosa, n 4211
                                planta baja , tercer local
                                de oeste a este, Avenida
                                8va, calle 15

 Oferente      Oferta Informaci Declaración jurada al Declaració Certificación
               firmad ón        día    en    impuesto n    jurada CCSS al día
                a        completa        nacionales             y artículos 22 en
                         del             municipales              y 22 bis     obligaciones
                         proveedor
 Jessica          No      Si aporta            SI aporta            Si aporta      Si aporta
Ballestero      aporta
  Ureña
  Laura           Si      Si aporta       Aporta de impuestos       Sí aporta      Sí aporta
Hernández       aporta                     nacionales , no de
  Quiel                                       municipales
 Michael          Si      Sí aporta            Si aporta            Si aporta Certificado de
Matamoros       aporta                                                         no patrono
 Serrano
 Daniela          Si      Sí aporta            Sí aporta            Sí aporta      Sí aporta
Montenegro      aporta
 Esquivel



    Oferente        Declaración           Declaración       Documento Documentos
                    jurada          no    jurada no ha sido FODESAF Municipalid
                    afectado       por    inhabilitado para           ad -Patente
                    incompatibilidad      contratar     con
                    es del articulo 18    Sector Público
                    Ley 8422
     Jessica            Si aporta             Si aporta         Si aporta       No aporta
    Ballestero
     Ureña
     Laura               Sí aporta            Sí aporta       Aporta            No aporta
 Hernández Quiel                                            declaración
                                                              jurada
    Michael          Sí aporta                Sí aporta      Si aporta          No aporta
   Matamoros
    Serrano
    Daniela          Sí aporta                Sí aporta       Aporta        Sí aporta
   Montenegro                                               declaración
    Esquivel                                                  jurada
             Oferente                 Desglose        Costo          costo anual
                                      del precio     mensual
      Jessica Ballestero Ureña        Si aporta     851.000.00     10.212.000.00
       Laura Hernández Quiel          Si aporta    2.780.000.00 33.360.000.00
        Michael Matamoros             Si aporta     700.000.00      8.400.000.00
              Serrano
        Daniela Montenegro            No aporta    2.408.000.00      28.896.000.00
              Esquivel

     Oferente               Experiencia positiva Número de años documentados en
                                         jornadas de al menos 4 horas
 Jessica Ballestero   1-Certificación MEP 3 meses 7 días no indica jornada
       Ureña          2-Declaración jurada Consultorio Médico Cervantes 6 meses
                      medio tiempo
                      3-Declaración jurada CAIPAD 4 meses no indica jornada
 Laura Hernández      1-Certificación INS
      Quiel           a-Profesional 1 98 días no indica jornada
                      b-Profesional en Servicios de Salud 343 días no indica jornada
                      2-Certificación Especialidades Médicas Rojas&Brenes Limitada
                      a-2 años 6 meses tiempo completo (de los cuales únicamente se
                      contabiliza 1 año 1 mes ya que su incorporación al Colegio
                      profesional fue 1 junio 2005
                      b-4años 6 meses 4 horas
                      3-Certificación Comité de Salud II Circuito Judicial 1 año 3
                      meses tiempo completo
Michael Matamoros     1-Certificación Universidad Santa Paula 2 años 5 meses 20 días
     Serrano          de los cuales se contabiliza 5meses 2 días ya que su
                      incorporación al Colegio Profesional fue el 18/5/2011 no indica
                      jornada
                      2-Certificación Almacenes Mayoreo Aceros
                      10 meses 25 días No se contabiliza por no estar incorporado al
                      Colegio respectivo en este período
Daniela Montenegro    Daniela Montenegro
     Esquivel         1-Constancia Laboratorios MASC S.A. 6 años , no indica
                      jornada 2003-2009, se contabiliza 1 año 1 mes 21 días ya que
                      su incorporación al colegio respectivo fue de 9/11/2007

                      Marian Villegas
                      1-Certificación PRO-Centro de Ancianos Hatillo-San Sebastián
                      2-Certificación Centro de Belleza Manabe abril 2005-octubre
                      2011 no indica jornada
                      3-Certificación MASC S.A. abril 2010- octubre 2011 no indica
                      jornada

             Considerando todos los factores anotados y analizados se
      encuentra que ninguna de las ofertas cumple con la totalidad de los
      requisitos técnicos del cartel Licitación Abreviada Nº 2011LA-
      000060-PROV para la " Contratación de servicios en terapia física
      para servidores judiciales del I, II Circuito Judicial de San José y
      Tribunales de Cartago". Del análisis de los precios presentados, al
      considerar lo estipulado en el Decreto N 36637-MTSS publicado en
      La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 " Salarios mínimos para
      el sector privado segundo semestre 2011"del Ministerio de Trabajo
      y Seguridad Social, la directriz de la Dirección General de Servicio
      Civil con relación a salarios base de Profesionales afines a las
Ciencias Médicas, Resolución DG-371-2008 que rige a partir del
1 de julio de 2008, publicado en la Gaceta N 201 del 17 de octubre
de 2008 y que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos aprobó
en Sesión Ordinaria del 17 de setiembre del 2008, los precios de
mercado y el presupuesto estimado por la Institución para la
contratación indicada, se concluye que únicamente la oferta 3 del
señor Michael Matamoros Serrano ,cédula de identidad 5-357-748,
ofrece un costo razonable y el resto de las ofertas se consideran con
un costo no razonable.

      Por los motivos anteriormente expuestos se considera que es
necesario desestimar las ofertas analizadas.

       Asimismo es indispensable que la Proveeduría Judicial
realice las gestiones necesarias de conformidad con lo establecido
en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa con el fin
de que el proceso de contratación pueda sacarse nuevamente a
concurso.”

      PREVENCIONES:

       De acuerdo con lo externado en los informes presentados por
la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva y la
Dirección de Gestión Humana, se le previno a todas las oferentes
para que aportaran la documentación correspondiente, así como se
refieran, en el caso de las licenciadas Daniela Montenegro Esquivel,
Jessica Ballestero Ureña y Laura Hernández Quiel, de conformidad
con el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, a la razonabilidad de los precios ofertados, ya que
los ofrecidos por estas oferentes sobrepasan en demasía el
presupuesto estimado para la contratación de los servicios. En este
particular, solo la Licenciada Laura Hernández Quiel y el licenciado
Michael Matamoros Serrano, atendieron en tiempo y forma la
prevención cursada, aportando toda la documentación requerida. La
licenciada Montenegro Esquivel, atendió en forma, no así en
tiempo, ya que presentó la documentación requerida fuera del plazo
dado, siendo que debió aportar la respuesta a la prevención cursada
a más tardar el 22 de noviembre de 2011 y no fue sino hasta el 25 de
enero de 2012 que presentó lo requerido.

      La licenciada Ballestero Ureña, no atendió la prevención
cursada y no indicó los motivos por los cuales no atendió la
prevención cursada.
      ANÁLISIS DE LOS PRECIOS:

       En cuanto a la razonabilidad de los precios anuales ofertados,
las oferentes cotizaron por línea los siguientes precios:

       Línea No. 1: Servicios de fisioterapia para los servidores
judiciales del I Circuito Judicial de San José.

               OFERTA No. 3          OFERTA No. 4
          Lic. Michael Matamoros     Licda. Daniela
                  Serrano          Montenegro Esquivel
                     ¢8.400.000,00       ¢28.896.000,00

       Línea No. 2: Servicios de fisioterapia para los servidores
judiciales del II Circuito Judicial de San José.

                          OFERTA No. 2

                      Licda. Laura Hernández
                               Quiel

                                ¢33.360.000,00


       Línea No. 3: Servicios de fisioterapia para los servidores
judiciales de los Tribunales de Justicia de Cartago.

                          OFERTA No. 1

                      Licda. Jessica Ballestero
                               Ureña

                                ¢10.212.000,00

       En cuanto a los precios ofertados, la Licenciada Daniela
Montenegro Esquivel, con nota recibida el 31 de octubre de 2011,
presentó observaciones sobre el precio pretendido por el Licenciado
Michael Matamoros Serrano, preocupaciones que fueron puestas en
conocimiento de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, y sobre el particular, la Licenciada Montenegro Esquivel
manifestó:
            “En relación con la oferta presentada por el señor Michael
     Matamoros Serrano, cédula de identidad 5-357-748 en la Licitación
     Abreviada 2011LA00060-PROV, por este medio me permito muy
     respetuosamente, hacer observaciones sobre la plica presentada
     por este oferente.

            Según la normativa del Colegio de Médicos y Cirujanos de
     Costa Rica al cual pertenecemos los Terapeuta (sic) Físicos como
     profesionales afines, la Junta de Gobierno el Colegio de Médicos y
     Cirujanos aprobó en Sesión Ordinaria 2008.09.17 celebrada el
     diecisiete de setiembre de dos mil ocho, las siguientes tarifas
     mínimas de los Profesionales Afines las cuales son:


Consulta                        Salario Base   Porcentajes   Monto de Tarifa

Primera consulta                ¢498.616,60       4%           ¢18.000.00

Consulta subsecuente                              3%           ¢14.000.00

Consulta a domicilio a más de                     5%           ¢23.000.00
10 km.

           El salario base está conforme lo estipulado en Decreto N°
     36637-MTSS, publicado en La Gaceta N° 123 del lunes 27 de junio
     de 2011. el cual rige a partir del 1° de julio del 2011.

            Sin embargo. el señor Michael Matamoros Serrano. ofertó
     un precio mensual de ¢700.000.00, lo cual al hacer los cálculos
     correspondientes a la atención por paciente para el I Circuito
     Judicial de San José, según el objeto contractual de un mínimo de
     ocho pacientes diarios, el valor por sesión sería de ¢4.042,00, lo
     cual es sumamente inferior al mínimo estipulado por el Colegio de
     Médicos y Cirujanos indicado anteriormente, además de ser un
     precio que desvaloriza completamente nuestra profesión y por
     supuesto califica como una competencia desleal que se encuentra
     estipulado en el Código de Ética Médica- Publicado en la Gaceta
     N° 130 del 07 de julio del 2009- Vigente del Colegio de Médicos y
     Cirujanos, específicamente Artículo 57, el cual reza: “El Médico o
     Profesional Afin no disminuirá sus honorarios en un afán de
     competencia desleal con respecto a sus colegas.“; asimismo, el
     Artículo 78, señala: “El Médico o Profesional Afin de respetar las
tarifas mínimas establecidas por el Colegio de Médicos y
Cirujanos.”.

        En este sentido, como se observa, este oferente incumple con
lo preceptuado por el Colegio de Médicos y Cirujanos y si bien, el
cartel señala en la descripción del objeto contractual que se
requiere, que el proveedor deberá cotizar el costo de la
contratación por mes de atención de acuerdo a la jornada diaria y
mínimo de pacientes a atender por día que se especifica para el I
Circuito Judicial de San José, contraviene un decreto ejecutivo que
es de cumplimiento obligatorio de todos los órganos que son
tutelados por el Colegio de Médicos y Cirujanos.
        Por otro lado, según lo establecido en dicho proceso
licitatorio, los oferentes participantes deben estar ubicados en un
radio que no supere los 500 mts, tomando como punto de referencia
el Edificio de los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de
San José y éste oferente me parece que se encuentra muy por fuera
de dicha distancia, por lo cual solicito se verifique este aspecto,
mismo que es un requisito de admisibilidad y de incumplir con este
requisito de debe excluir del presente concurso.

       Por último me gustaría recalcar la importancia de la calidad
y variedad de los equipos con las mejores tecnologías que se deben
de utilizar en las terapias, lo cual definitivamente y está
comprobado influye notablemente en la recuperación más rápida y
eficaz de los pacientes de manera que se pueden incorporar en el
menor tiempo posible a sus actividades de la vida diaria y por
supuesto a su trabajo.”

       Sobre lo observado por la Licenciada Montenegro Esquivel,
el Licenciado Juan Carlos Orozco Quirós, en el informe legal
transcrito supra, manifestó:

       “En cuanto al punto 2.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta contratación,
deberá el órgano técnico determinar si se está ante la figura de
precio excesivo o precio insuficiente, para proceder, según
corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o c) del
referido cuerpo normativo. Por su parte, el tema de la alegada
competencia desleal que refiere la oferente, deberá ser definido por
parte de ese Departamento en coordinación con el órgano técnico,
ya que al parecer puede haber un error en cuanto a la manera de
calcular el monto a cancelar por los servicios de esta contratación.”
       En cuanto a la razonabilidad de los precios ofertados, Doctor
Bernal Cordero Arias, en su informe técnico transcrito en el
apartado de “Criterio técnico”, manifestó:

       “Oferta 1 Jessica Ballestero Ureña, (…). Su oferta es por un
monto de ¢851.000,00 (ochocientos cincuenta y un mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢10.212.000.00 (diez millones
doscientos doce mil colones). Ante estos datos se presume una
oferta para una jornada de medio tiempo. Al considerar lo
estipulado en el Decreto N 36637-MTSS publicado en La Gaceta N
123 del 27 de junio del 2011 " Salarios mínimos para el sector
privado segundo semestre 2011"del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, la directriz de la Dirección General de Servicio
Civil con relación a salarios base de Profesionales afines a las
Ciencias Médicas, Resolución DG-371-2008 que rige a partir del
1 de julio de 2008, publicado en la Gaceta N 201 del 17 de octubre
de 2008 y que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos aprobó
en Sesión Ordinaria del 17 de setiembre del 2008, los precios de
mercado y el presupuesto estimado por la Institución para la
contratación indicada es decir, ¢4.000.000.00 (cuatro millones de
colones) para una jornada de medio tiempo en los Tribunales de
Justicia de Cartago, el precio no se considera razonable.

       Oferta 2 Laura Hernández Quiel oferta por un monto de
¢2.780.000,00 (dos millones setecientos ochenta mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢33.360.000.00 (treinta y tres
millones trescientos sesenta mil colones), para una jornada de tres
cuartos de tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 "Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢6.000.000.00 (seis millones de colones) para una jornada de tres
cuartos de tiempo en el II Circuito Judicial de San José, el precio
no se considera razonable.
       Oferta 3 Michael Matamoros Serrano. (…). Su oferta por un
monto de ¢700.000 (setecientos mil colones) mensuales, para un
total anual de ¢8.400.000.00 (ocho millones cuatrocientos mil
colones). Ante estos datos se presume una oferta para una jornada
de tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢10.000.000.00 (diez millones de colones) para una jornada de
tiempo completo en el I Circuito Judicial de San José, el precio se
considera razonable.

       Oferta 4 Daniela Montenegro Esquivel oferta por un monto
de ¢2.408.000.00 (dos millones cuatrocientos ocho mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢28.896.000.00 (veintiocho
millones ochocientos noventa y seis mil colones), para una jornada
de tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir
¢10.000.000.00 (diez millones de colones) para una jornada de
tiempo completo en el I Circuito Judicial de San José, el precio no
se considera razonable.”

       De conformidad con el criterio técnico, específicamente
sobre la razonabilidad de los precios emitido por el Doctor Cordero
Arias, la Licenciada Laura Hernández Quiel, con correo electrónico
de fecha 7 de diciembre de 2011 (véase folios 318, 319 y 320),
presentó ofrecimiento de oferta alternativa para una mejora del
precio inicialmente ofertado.

       Con correos de fechas 19 y 20 de diciembre último, se le
traslado al Dr. Cordero Arias, del Departamento de Gestión
Humana, la propuesta presentada por la Licenciada Hernández
Quiel, así como las observaciones presentadas por la Licenciada
Montenegro Esquivel sobre el precio ofertado por el Licenciado
Michael Matamoros Serrano y en lo que interesa, el Dr. Cordero
Arias, con oficio 1144-JP-2011, remitido por correo electrónico el
23 de diciembre de 2011, manifestó:

      “En atención a su solicitud nos permitimos indicar que se
mantiene criterio emitido por órgano técnico en oficio N 1018-JP-
2011 del 4 de noviembre del presente año. Nos referimos a lo
indicado en cada punto:

      OFERTA Nº 1.- Jessica Ballestero Ureña:

        En cuanto al punto 4.5, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta
contratación, deberá el órgano técnico determinar si se está ante la
figura de precio excesivo o precio insuficiente, para proceder,
según corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o
c) del referido cuerpo normativo.

       Tal y como se anotó en citado oficio el precio se considera
excesivo:

       Oferta 1 Jessica Ballestero Ureña, No se establece en cual o
cuáles líneas del cartel está participando pero indica un local a un
radio menor de 500 metros del Edificio de los Tribunales de
Cartago. Su oferta es por un monto de ¢851.000,00 (ochocientos
cincuenta y un mil colones) mensuales, para un total anual de
¢10.212.000.00 (diez millones doscientos doce mil colones). Ante
estos datos se presume una oferta para una jornada de medio
tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N 36637-MTSS
publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del 2011 " Salarios
mínimos para el sector privado segundo semestre 2011"del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de la
Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base de
Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-371-
2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es
decir,¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones) para una jornada
de medio tiempo en los Tribunales de Justicia de Cartago, el precio
no se considera razonable.

      OFERTA Nº 2.- Laura Hernández Quiel:

       En cuanto al punto 7.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta
contratación, deberá el órgano técnico determinar si se está ante la
figura de precio excesivo o precio insuficiente, para proceder,
según corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o
c) del referido cuerpo normativo. En este sentido, la discrepancia
de criterios que pueda existir entre el órgano técnico y las
manifestaciones de la oferente en su nota del 11 de noviembre del
año en curso, deberá ser resuelto por el Departamento de Gestión
Humana.

      En ese sentido, en cuanto a esta oferente, deberá igualmente
hacer mención a la consulta presentada por la licenciada Laura
Fernández, en donde hace referencia al precio ofertado.

       Tal y como se anotó en citado oficio el precio de considera
excesivo:

       Oferta 2 Laura Hernández Quiel oferta por un monto de
¢2.780.000,00 (dos millones setecientos ochenta mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢33.360.000.00 (treinta y tres
millones trescientos sesenta mil colones), para una jornada de tres
cuartos de tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 "Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢6.000.000.00 (seis millones de colones) para una jornada de tres
cuartos de tiempo en el II Circuito Judicial de San José, el precio
no se considera razonable.

       Con relación a la nota del día 11 de diciembre del presente
año, se analiza la oferta alternativa, encontrándose un precio que
se considera excesivo:

       Oferta Alternativa Laura Hernández Quiel oferta por un
monto de ¢2.605.000,00 (dos millones seiscientos cinco mil
colones) mensuales, para un total anual de ¢31.260.000.00 (treinta
y un millones doscientos sesenta mil colones), para una jornada de
tres cuartos de tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢6.000.000.00 (seis millones de colones) para una jornada de tres
cuartos de tiempo en el II Circuito Judicial de San José, el precio
no se considera razonable.

      OFERTA Nº 3.- Michael Matamoros Serrano:

        En cuanto al punto 6.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta
contratación, deberá el órgano técnico determinar si se está ante la
figura de precio excesivo o precio insuficiente, para proceder,
según corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o
c) del referido cuerpo normativo.

       Tal y como se anotó en citado oficio, se aclara que el precio
ofertado no excede la disponibilidad presupuestaria establecida en
esta contratación y el precio se considera razonable:

       Oferta 3 Michael Matamoros Serrano. No se establece en
cual o cuáles líneas del cartel está participando pero indica un
local en Barrio Luján. De la Escuela República de Chile 200 metros
Este y 50 metros sur Edificio Andrea mano izquierda. Su oferta por
un monto de ¢ 700.000 (setecientos mil colones) mensuales, para un
total anual de ¢8.400.000.00 (ocho millones cuatrocientos mil
colones).Ante estos datos se presume una oferta para una jornada
de tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢10.000.000.00 (diez millones de colones) para una jornada de
tiempo completo en el I Circuito Judicial de San José, el precio se
considera razonable.

      OFERTA Nº 4.- Daniela Montenegro Esquivel:

       En cuanto al punto 2.2, siendo que el precio ofertado excede
la disponibilidad presupuestaria establecida para esta
contratación, deberá el órgano técnico determinar si se está ante la
figura de precio excesivo o precio insuficiente, para proceder,
según corresponda, conforme lo dispone el artículo 30 incisos b) o
c) del referido cuerpo normativo. Por su parte, el tema de la
alegada competencia desleal que refiere la oferente, deberá ser
definido por parte de ese Departamento en coordinación con el
órgano técnico, ya que al parecer puede haber un error en cuanto a
la manera de calcular el monto a cancelar por los servicios de esta
contratación.

       Tal y como se anotó en citado oficio el precio de considera
excesivo:

       Oferta 4 Daniela Montenegro Esquivel oferta por un monto
de ¢2.408.000.00 (dos millones cuatrocientos ocho mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢28.896.000.00 (veintiocho
millones ochocientos noventa y seis mil colones), para una jornada
de tiempo completo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 " Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011"del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir
¢10.000.000.00 (diez millones de colones) para una jornada de
tiempo completo en el I Circuito Judicial de San José, el precio no
se considera razonable.

       Con relación a la nota de la señorita Montenegro, se aclara
nuevamente que en el cartel se solicita la cotización de un servicio
de terapia física basado en jornadas laborales de 8, 6 y 4 horas
(que incluye diversas actividades) y no con base a un costo de
consulta por paciente o por hora profesional, por lo que a la hora
de analizar los precios se considera entre otros, el costo de la
contratación de un profesional de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto N 36637-MTSS publicado publicado (sic) en La Gaceta N
123 del 27 de junio del 2011 " Salarios mínimos para el sector
privado segundo semestre 2011"del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, la directriz de la Dirección General de Servicio
Civil con relación a salarios base de Profesionales afines a las
Ciencias Médicas, Resolución DG-371-2008 que rige a partir del
1 de julio de 2008, publicado en la Gaceta N 201 del 17 de octubre
de 2008 y que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos aprobó
en Sesión Ordinaria del 17 de septiembre del 2008, los precios de
mercado y el presupuesto estimado por la Institución para la
contratación indicada es decir, de ¢10.000.000.00 (diez millones de
colones ) para el I Circuito Judicial de San José, ¢6.000.000.00
(seis millones de colones) para el II Circuito Judicial de San José y
¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones) para los Tribunales de
Justicia de Cartago. Es importante indicar que en su oportunidad
se hizo la consulta respectiva a la Fiscalía del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica, de tal manera que los procedimientos no
contravengan lo establecido en nuestra legislación.”

       Con correo electrónico de 17 de enero en curso, se pone en
conocimiento de la licenciada Laura Hernández Quiel, el informe
técnico emitido por la Dirección de Gestión Humana, a lo que la
indica profesional, con correo del 18 de ese mismo mes, presentó
una nueva propuesta o mejora en el precio en los siguientes
términos:
       “Vista que el pazo (sic) para la adjudicación venció el
pasado 16/12/2011 me permito solicitar se me informe cual sería el
plazo para la resolución final.

       Siendo que tengo el conocimiento que mi oferta es la única
por la línea dos de la Licitación Abreviada 2011-LA-000060-
PROV con la que cuenta la administración, adiciono a esta
consulta la oferta de un 20% de descuento a la oferta presentada.
Lo anterior como una forma de sostener el actual proceso licitario
(sic), en apego al principio de economía procesal y en
consideración a las necesidades urgentes que tienen los empleados
y empleadas judiciales de contar con este servicio, el que propicia
mejores en el quehacer diario laboral.

       De la forma más respetuosa sugiero un estudio de mercado,
donde se considere el precio de servicios profesionales de esta
naturaleza prestados a instituciones públicas que puedan servir de
referencia para que la distinguida administración, tome la
decisiones y considere oportuno no omitir y cuidar que los precios
que rigen el presupuesto de la oferta económica propuesta por la
suscrita, está amparada a la legalidad, y en concursos a futuro no
pase la misma situación, toda vez que en esta tipo de servicios el
referente lo constituye el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica.”

       Con correo del 19 de enero 2012, se le trasladó al Dr.
Cordero Arias, la nueva propuesta presentada por la Licda.
Hernández Quiel, el cual se le reitero el 23 de ese mismo mes, y al
respecto, con el oficio No. 0000-JP-2012 (sic) de 23 de enero del
presente año, manifestó:

       En atención a su consulta realizada vía correo electrónico el
19 de enero de 2012 en relación con la nueva oferta de Laura
Hernández Quiel para el proceso de Licitación Abreviada N°
2011LA-000060-PROV para la Contratación de servicios en
terapia física para servidores judiciales del I y II Circuito Judicial
de San José y Tribunales de Cartago, nos permitimos indicar lo
siguiente:

       La señora Laura Hernández Quid mediante oficio de fecha
16 de enero de 2012 manifiesta lo que de seguido se transcribe:
       “Siendo que tengo el conocimiento que mi oferta es la única
por la línea dos de la Licitación Abreviada 2011-LA-000060-PRO y
con la que cuenta la administración, adiciono (sic) a esta consulta
la oferta de un 20% de descuento a la oferta presentada. Lo
anterior como una forma de sostener el actual proceso licitatorio,
en apego al principio de economía procesal y en consideración a
las necesidades urgentes que tienen los empleados y empleadas
judiciales de contar con este servicio, el que propicia mejores en el
quehacer diario laboral.”

       En este sentido la oferta inicial de la señora Hernández
Quiel es la siguiente:

       Oferta 2 Laura Hernández Quiel oferta por un monto de
¢2.780.000,00 (dos millones setecientos ochenta mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢33.360.000.00 (treinta y tres
millones trescientos sesenta mil colones), para una jornada de tres
cuartos de tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 “Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011 “del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371- 2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢6.000.000.00 (seis millones de colones) para una jornada de tres
cuartos de tiempo en el II Circuito Judicial de San José, el precio
no se considera razonable.

       Oferta Alternativa (oficio 16 de enero 2012) Laura
Hernández Quiel oferta un 20 por ciento de descuento en relación
con la oferta inicial, lo que corresponde a un monto de
¢2.224.000,00 (dos millones seiscientos cinco mil colones)
mensuales, para un total anual de ¢26.688.000.00 (treinta y un
millones doscientos sesenta mil colones), para una jornada de tres
cuartos de tiempo. Al considerar lo estipulado en el Decreto N
36637-MTSS publicado en La Gaceta N 123 del 27 de junio del
2011 “ Salarios mínimos para el sector privado segundo semestre
2011 ”del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la directriz de
la Dirección General de Servicio Civil con relación a salarios base
de Profesionales afines a las Ciencias Médicas, Resolución DG-
371-2008 que rige a partir del 1 de julio de 2008, publicado en la
Gaceta N 201 del 17 de octubre de 2008 y que la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos aprobó en Sesión Ordinaria del 17 de
setiembre del 2008, los precios de mercado y el presupuesto
estimado por la Institución para la contratación indicada es decir,
¢6.000.O00.00 (seis millones de colones) para una jornada de tres
cuartos de tiempo en el II Circuito Judicial de San José, el precio
no se considera razonable.

Por lo cual se mantiene criterio emitido por órgano técnico en
oficio N 1048-JP-2011 del 4 de noviembre del presente año.

       No obstante, dadas las consultas presentadas por las
licenciadas Hernández Quiel y Montenegro Esquivel en cuanto a los
precios ofertados por otros oferentes y las propuestas de mejora en
los precios ofertados, con oficio No. 0621-DP/15-12 de 24 de enero
del año en curso, se le trasladó a la Junta de Gobierno del Colegio
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicitud de asesoría para
determinar si los precios ofertados se podían considerar, en el caso
del Licenciado Michael Matamoros Serrano, como competencia
desleal, oficio que fue reiterado mediante correo electrónico del 7
de febrero.

       Con nota No. FJG-169-12, recibido el 7 de febrero del año en
curso, el Dr. Karim Rojas Herrera, Fiscal General del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en respuesta al oficio No. 0621-
DP/15-12, manifestó:

       “En respuesta al Oficio 0621-DP/15-12 de fecha 24 de enero
del año 2012, en la cual pone en conocimiento de las ofertas hechas
por los Terapeutas Michael Matamoros Serrano y Jessica
Ballesteros Ureña, entre otros, los cuales, según en estudio de
análisis de las tarifas mínimas que da a conocer el Comité de
Profesionales Afines, es de dieciocho mil colones en la primera
consulta, catorce mil colones en la consulta subsecuente, y
veintitrés mil colones, si la consulta es a domicilio a más de diez
kilómetros, esto según Decreto No 36637-MTSS, publicado en la
Gaceta Número 123, del lunes 27 de junio del año 2011 (tabla que
aquí se adjunta), se evidencia que efectivamente las ofertas
realizadas por los terapeutas mencionados, son espurias en
detrimento del gremio debidamente agremiado (sic) al Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por lo cual, desde el momento
en que se realiza una oferta al público o en este caso, a la
institución pública de cobrar tarifas por debajo de las legalmente
ya establecidas, se está incurriendo en una competencia desleal.”

       Con correo del 7 de febrero del presente año, se puso en
conocimiento del Doctor Cordero Arias, el informe del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica y además se le hizo la propuesta
siguiente:

        “Ante consulta realizada por esta Proveeduría, dadas las
manifestaciones realizadas por las Licenciadas Daniela
Montenegro Esquivel y Laura Hernández Quiel, referente a los
precios ofertados por estas profesionales en la licitación abreviada
2011LA-000060-PROV, referente a la contratación de servicios de
fisioterapia para los servidores judiciales del I y II Circuito Judicial
de San José y los Tribunales de Justicia de Cartago, adjunto remito
respuesta de la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, en la cual hace referencia a los precios ofertados por la
Licenciada Jessica Ballesteros Ureña y el Licenciado Michael
Matamoros Serrano, los cuales son considerados por debajo de las
legalmente establecidas, incurriendo a competencia desleal.

       Así las cosas, dado que los precios pretendidos por la
Licenciada Jessica Ballesteros Ureña y el Licenciado Michael
Matamoros Serrano, ofertados por los servicios de fisioterapia para
los servidores judiciales de los Tribunales de Cartago y I Circuito
Judicial de San José, respectivamente, y con el fin de no declarar
desierto la licitación de comentario, al menos en las líneas
correspondientes para el I y II Circuito Judicial de San José,
indicar si es posible obtener el presupuesto necesario para
adjudicar a las Licenciadas Daniela Montenegro Esquivel y Laura
Hernández Quiel los servicios de fisioterapia para estos circuitos
judiciales por las sumas mensuales de ¢2.408.000,00 y
¢2.780.000,00 respectivamente, caso contrario, se procederá a
recomendar al Consejo Superior, declarar desierta la licitación de
comentario.

       Dada la urgencia de continuar con el trámite
correspondiente, es necesario emita el criterio correspondiente en
el plazo improrrogable de 1 día hábil.”

      En cuanto a lo señalado por el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, una vez vistas las mismas por el licenciado
Michael Matamoros Serrano, con nota recibida el 09 de febrero del
año en curso, manifestó:

       “Estimados Señores, ante todo reciban un saludo cordial por
parte del Lic. Michael Matamoros Serrano, la presente tiene como
fin aclarar la forma en que se planteó el precio estipulado en mí
propuesta en cuanto a la contratación de servicios en Terapia
Física para servidores judiciales del I y II circuito judicial de San
José y Cartago, debido a la queja que presentó mi colega la Licda.
Daniela Montenegro Esquivel. En dicho reclamo se justifica como
competencia desleal el monto de 700.000 colones mensuales por los
servicios ofrecidos de mi parte.

      Por esta razón, cabe indicar que el precio establecido fue
basado por dos motivos fundamentales que mencionaré a
continuación:

        1. Previamente se consultó personalmente el presupuesto
inicial de 10.000.000 de colones anuales para esta licitación, en el
departamento de Proveeduría Judicial. Por esta razón coticé un
precio razonable dentro las posibilidades que pretende el Poder
Judicial.

       2. Para explicar este punto, se referirán ciertos puntos que
establece la LICITACION ABREVIADA 2011 LA 000060 PROV:

        a. 3.DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRACTUAL QUE
SE REQUIERE
        Línea No. 1.
        I Circuito Judicial de San José.
        Jornada de tiempo Completo (8 horas) con atención de un
mínimo de 8 pacientes por día.
        b. Articulo 2.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS
SERVICIOS, punto 2.2.10 la modalidad de servicio que se requiere,
debe ajustarse al horario laboral del Poder Judicial, es decir de
lunes a viernes de 7:30 a 12:00 md y de 1:00pm a 4:30pm en los
tres circuitos y líneas que al efecto se ha mencionado.

      c. 9 DE LA EVALUACION:

      1 EL PRECIO

      Los oferentes deberán cotizar el precio por atención
mensual de acuerdo a cada línea, la cual específica jornada
laboral y número mínimo de pacientes a atender según se especificó
en la descripción del objeto contractual.

       Con base a esta información se da a entender que la
contratación requiere un profesional por jornada de tiempo
completo de 8 horas diarias no por consulta individual ni por hora
profesional. Por este motivo el presupuesto se basó según el salario
mínimo de un Terapeuta Físico en el sector público, con respecto a
lo establecido por el Ministerio de Trabajo emitido en el 2011, el
cual es de 498.616 colones mensuales. El monto restante del precio
ejecutado en mi licitación va dirigido a los gastos mensuales y al
servicio de promoción y prevención de la salud que se exigía.

       Por otra parte, debido a que el número de pacientes no es
definido ya que únicamente se expresa que serán un mínimo de 8
personas por día, se sobreentiende que el precio a cotizar es por
atención mensual de jornada continua.”

       Con correo del 9 de febrero último, se le reiteró al Licenciado
Francisco Arroyo Meléndez, Jefe de la Dirección de Gestión
Humana, el correo del 7 de este mismo mes y se hizo de su
conocimiento que el informe de recomendación debía ser conocido
por el Consejo Superior a más tardar el 23 de febrero de 2012.

     Con nota recibida el 10 de febrero, el licenciado Michael
Matamoros Serrano, oferente, reitera la nota recibida el 9 de ese
mismo mes.

      Con el oficio No. FJG-204-12, recibida el 15 de febrero, el
Doctor Karim Rojas Herrera, Fiscal General del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en cuanto al procedimiento de
comentario indica:

       “Esta Fiscalía tiene conocimiento por parte de los oferentes
de la licitación del Departamento de Proveeduría del Poder
Judicial, quienes se apersonaron a esta oficina para hacer de
nuestro conocimiento los documentos de la oferta de licitación y el
precio que se ofrece en el concurso por jornada completa y no por
paciente.

       Por lo tanto, le solicitamos aclarar el punto 2 de la página 3
del oficio donde se plantea la oferta presentada, además, se sirva
enviarnos la oferta realizada de cada uno de los oferentes, con el
fin de poder emitir un criterio adecuado en cuanto a sí los
participantes están incluidos en competencia desleal.”

       Mediante correo electrónico del 20 de febrero, se le reitera al
Licenciado Francisco Arroyo Meléndez, los correos del 7 y 9 de
febrero, para que ampliara el informe correspondiente sobre la
razonabilidad de los precios ofertados; no obstante al día de hoy el
informe solicitado no fue presentado por parte del titular de la
Dirección de Gestión Humana.

       En ese sentido, de conformidad con reunión sostenida el 28
de febrero, con servidores del Departamento de Proveeduría, el
Doctor Bernal Cordero del Departamento de Gestión Humana y el
Dr. Karim Rojas Herrera y el Doctor Alejandro Madrigal Lobo, en
su orden Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el Doctor Rojas Herrera remitió
el oficio No. FJG-299-12, con el cual, en cuanto a los precios
pretendidos por los oferentes en este concurso, manifestó:

       “Conforme a la reunión sostenida el día de hoy, donde se
conversó sobre el tema de la Licitación abreviada 2011LA-000060-
PROV; le comunico que dicha Licitación podría ser considerada
ruinosa o excesiva para algunos de los oferentes, debido a una
errónea interpretación por parte de los mismos al detallar sus
ofertas; ya que en las condiciones especificas de los servicios y en
ningún otro requisito de la Licitación, se solicita el costo individual
por paciente.

       (…).”

       De conformidad con el anterior criterio, es de indicar que el
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, informó que de
conformidad con la sesión ordinaria 2008.09.17, celebrada el 17 de
setiembre de 2008, aprobó para los profesionales afines,
correspondiente a fisioterapeutas, un salario base por jornada
completa la suma de ¢496.616,60, en caso de ser consulta
individual, para la primera consulta, la suma de ¢18.000,00,
consulta subsecuente, la suma de ¢14.000,00 y para la consulta a
domicilio a más de 10 kilómetros, la suma de ¢23.000,00.

       Así las cosas, a pesar de que no haberse recibió el criterio
técnico sobre la razonabilidad de los precios ofertados por parte de
la Dirección de Gestión Humana, se cuenta con el criterio del
Colegio de Médicos y Cirujanos, entidad que regula la actividad
afín de los profesionales en fisioterapia, se consideran los precios
ofertados ruinosos en el caso de la licenciada Jessica Ballestero
Ureña, licenciado Michael Matamoros Serrano y excesivos en los
casos de las licenciadas Laura Hernández Quiel y Daniela
Montenegro Esquivel, por lo cual no pueden ser tomados como
eventuales adjudicatarios.

      ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

       Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente
a la exposición, análisis y valoración de las circunstancias
concurrentes en el presente procedimiento de contratación.

       Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de los siguientes
oferentes, Licenciadas Jessica Ballestero Ureña, Laura Hernández
Quiel y Daniela Montenegro Esquivel y el Licenciado Michael
Matamoros Serrano.

       De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
Asesoría Legal, en las ofertas presentadas, no se observan vicios
graves que inhiban a estas de participar al concurso y califican
legalmente siempre y cuanto atiendan las prevenciones que se les
cursen, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma por las
oferentes Licenciada Laura Hernández Quiel y el Licenciado
Michael Matamoros Serrano, no así por las Licenciadas Daniela
Montenegro Esquivel, misma que no atendió en tiempo, pero si en
forma; no obstante, este motivo no permite excluirla del concurso,
ya que durante el proceso de análisis de las ofertas, aportó la
información y documentos necesarios para tenerla como eventual
adjudicataria, como en el caso de las dos ofertas anteriores. La
Licenciada Jessica Ballestero Ureña, no atendió la prevención
cursada y no indicó los motivos por los cuales no atendió la
prevención cursada.

       En cuanto a los aspectos técnicos, de los criterios externados
por el Doctor Bernal Cordero Arias y avalados por el M.B.A.
Mauricio Quirós Álvarez, Subdirector de Gestión Humana, las
cuatro ofertas presentadas no cumplen con algunas condiciones y
especificaciones técnicas solicitadas; no obstante, una vez realizadas
las prevenciones correspondientes, se determinó el ajuste de las
mismas a dichos requerimientos.

       En cuanto a los precios ofertados, como se indicó en el
apartado de “Análisis de los precios” los precios pretendidos por
las licenciadas Laura Hernández Quiel, Daniela Montenegro
Esquivel y Jessica Ballestero Ureña, no se consideran razonables, ya
que las 2 primeras se consideran excesivas y el caso de la tercera
oferta se consideró ruinosa, consideraciones sobre este aspecto que
fueron debidamente desarrolladas en el apartado indicado

       En cuanto al precio ofertado por el Licenciado Michael
Matamoros Serrano, si bien la Dirección de Gestión Humana,
consideró el mismo como razonable y así lo mantuvo en reiterados
informes técnicos, de conformidad con oficio No. FJG-299-2012,
suscrito por el Doctor Karim Rojas Herrera, Fiscal General del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el precio pretendido
por el Licenciado Matamoros Serrano, se considera ruinoso, aspecto
que igualmente fue debidamente desarrollado en el apartado de
“Análisis de los precios”.

       Adicionalmente, es importante destacar que el cartel solicitó
lo siguiente:

       “La contratación de servicios en terapia física para
servidores judiciales de los siguientes circuitos judiciales. En este
sentido el proveedor deberá cotizar el costo de la contratación por
mes de atención de acuerdo a la jornada diaria y mínimo de
pacientes a atender por día que se especifica para cada línea:

      Línea No. 1

     I Circuito Judicial de San José.
     Jornada de tiempo completo (ocho horas) con atención de un
mínimo de 8 pacientes por día.

      Línea No. 2

      II Circuito Judicial de San José y Edificio Motorola.
      Jornada de tres cuartos de tiempo (seis horas) con atención
de un mínimo de 6 pacientes por día

      Línea No. 3
             Circuito Judicial de Cartago.
             Jornada de medio tiempo (cuatro horas) con atención de un
        mínimo de 4 pacientes por día.”

      En este sentido, los oferentes presentaron sus propuestas de la siguiente
manera:

       Licda. Jessica Ballestero Ureña:

                Atención a pacientes                   Ingreso mensual    Ingreso anual
 Atención individual                                       10.000,00        120.000,00
 Día (atención mínima de 4 pacientes)                      40.000,00        480.000,00
 Semana (5 días efectivos)                                200.000,00       2.400.000,00
 Mes (80 pacientes atendidos)                             800.000,00       9.600.000,00

 Actividad de promoción y prevención en salud          Ingreso mensual    Ingreso anual
 Charlas, brochures, información adicional, etc.          15.000,00        180.000,00
 Dos actividades afines mensuales                         30.000,00        360.000,00

          Gastos administrativos y técnicos:           Ingreso mensual    Ingreso anual
 confección de expedientes clínicos                         2.000,00         24.000,00
 confección de informes estadísticos                        2.000,00         24.000,00
 Gasto en pago de luz, agua.                                7.000,00         84.000,00
 material de limpieza                                       5.000,00         60.000,00
 mantenimiento de equipo terapéuticos                       5.000,00         60.000,00
 Total de gastos administrativos:                          21.000,00        252.000,00
 TOTAL MENSUAL                                            851.000,00
 TOTAL ANUAL                                                                10.212.000,00

       Licda. Laura Hernández Quiel:

                        Servicio                       Monto Mensual      Monto Anual
Atención de paciente (precio por sesión                  ₡2.340.000,00     ₡28.080.000,00
18.000.000.00)
Confección de informes                                       ₡20.000,00       ₡240.000,00
Actividades de promoción y prevención                        ₡35.000,00       ₡420.000,00
Papelería (panfletos)                                        ₡15.000,00       ₡180.000,00
Insumos                                                      ₡35.000,00       ₡420.000,00
Gastos administrativos (agua, luz, teléfono,                 ₡50.000,00       ₡600.000,00
misceláneos y otros)
Alquiler de local                                           ₡250.000,00     ₡3.000.000,00
Mano de obra (Cargas sociales CCCC, póliza de                ₡35.000,00      ₡420.000,00
riesgos de trabajo, póliza de responsabilidad civil)
TOTALES                                                   ₡2.780.000,00    ₡33.360.000,00
       Lic. Michael Matamoros Serrano:

                                                      Monto Mensual       Monto Anual
Desglose de los elementos (estructura porcentual)
Mano de obra.                                              ₡140.000,00     ₡1.680.000,00
Insumos                                                    ₡175.000,00     ₡2.100.000,00
Gastos administrativos                                     ₡315.000,00     ₡3.780.000,00
Utilidad                                                    ₡70.000,00      ₡840.000,00
TOTALES                                                    ₡700.000,00     ₡8.400.000,00

                Licda. Daniela Montenegro Esquivel:

                Esta profesional no aportó la estructura porcentual de los
         rubros que conforman el precio ofertado, solo indicó que su precio
         mensual era de ¢2.408.000,00 para un monto total anual de
         ¢28.896.000,00, asimismo, manifestó que el precio cotizado incluye
         las actividades de promoción y prevención mediante los programas
         de capacitación preventivos para la población judicial, así como el
         material requerido y personal de apoyo, y al menos 2 actividades
         por mes, utilizando las diferentes técnicas y metodologías para
         transmitir la información.

                 Por lo que se puede concluir que el único oferente que
         presentó la propuesta tal y como lo solicita el cartel es el licenciado
         Michael Matamoros Serrano; no obstante, al revisar la estructura del
         precio en el rubro de mano de obra, se observa un costo de
         ¢140.000,00 por este concepto y de acuerdo con el punto 3.3 del
         cartel, en el apartado de reajuste de precio, se evidencia que esta por
         debajo del salario base para un profesional licenciado universitario,
         el cual para el segundo semestre de 2011, se encontraba en
         ¢498.616,60, esto según el decreto No 36292-MTSS del Ministerio
         de Trabajo y Seguridad Social, publicado en la Gaceta No. 123 del
         27 de junio de 2011, sobre los salarios mínimos para el sector
         privado, el cual sería el aplicable, en vista de que la recepción y
         apertura de las ofertas se llevó a cabo el 20 de octubre de 2011.

                Así las cosas, verificadas las condiciones técnicas y legales,
         de las respuestas a las prevenciones cursadas y de la disponibilidad
         presupuestaria, bajo las circunstancias concurrentes hasta aquí
         expuestas, no existe otra alternativa que recomendar que se declare
         infructuoso el procedimiento de contratación observado, ya que
         ninguno de los oferentes que participaron en el procedimiento para
         la contratación de servicios de fisioterapia para los servidores
         judiciales del I y II Circuito Judicial de San José y Tribunales de
       Justicia de Cartago, pueden ser tenidos como eventuales
       adjudicatarios.

              Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se concluye
       que solo resta emitir la correspondiente recomendación de
       infructuosa.

             RECOMENDACIÓN:

              En vista de lo anteriormente expuesto y en la promoción de
       esta licitación no se logra ajustar los precios ofertados con la
       disponibilidad presupuestaria definida para esta contratación y por
       consiguiente dictar una adjudicación, toda vez que los precios
       pretendidos por las licenciadas Laura Hernández Quiel y Daniela
       Montenegro Esquivel, no se consideran razonables, ya que los
       precios ofertados exceden la disponibilidad presupuestaria y en el
       caso de las ofertas presentadas por la licenciada Jessica Ballestero
       Ureña y el licenciado Michael Matamoros Serrano, no cumplen con
       el salario mínimo de conformidad con el decreto No 36292-MTSS
       del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicado en la
       Gaceta No. 123 del 27 de junio de 2011, sobre los salarios mínimos
       para el sector privado y acogido por el Colegio de Médicos y
       Cirujanos de Costa Rica para este tipo de actividad, considerándose
       ruinosos.”

                                      -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 45 de la Ley de Contratación Administrativa

y 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente trascrito, se dispuso: Declarar infructuoso el procedimiento de

Licitación Abreviada Nº 2011LA-000060-PROV, denominada “Contratación

de Servicios en terapia física para servidores judiciales del I y II Circuito

Judicial de San José y Cartago”.
      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO XII

      DOCUMENTO: 3819

      En virtud que se declaró infructuoso el procedimiento de Licitación

Abreviada Nº         2011LA-000060-PROV, denominada “Contratación               de

Servicios en terapia física para servidores judiciales del I y II Circuito Judicial

de San José y Cartago”, tal y como consta en el artículo que antecede, y

considerando el Consejo la importancia que ese servicio se brinde a las y los

servidores en todo el país, no a cargo del presupuesto del Poder Judicial, sino

que cada servidor o servidora que lo desee lo cubra de su propio peculio, se

dispone: Solicitar al Departamento de Proveeduría que en coordinación con el

Departamento de Personal, promuevan un concurso de licitación pública,

mediante el cual el Poder Judicial facilite el espacio en que se pueda ofrecer el

servicio indicado mediante la figura de concesión de instalaciones públicas y a

su vez, se reciban y adjudiquen ofertas de profesionales en la materia que

ofrezcan sus servicios a las y los servidores judiciales a un precio razonable y

accesible a ellos.

                               ARTÍCULO XIII

DOCUMENTO Nº 3375-12
      Mediante oficio Nº 3135-DP/10-12 del 23 de marzo último, el

licenciado Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento de

Proveeduría, presentó la siguiente gestión:

             “En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2011LA-
       000104-PROV        “Anclaje     de    mármol,      limpieza     e
       impermeabilización del edificio de los Tribunales de Justicia de
       Heredia”, remitimos a usted la documentación adjunta, para que
       sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que
       tomen el acuerdo que consideren conveniente.

              En este sentido, es importante indicar que el plazo dispuesto
       en la cláusula 3.1.16 del aparte condiciones generales del cartel
       para resolver esta contratación vence el día jueves 12 de abril del
       año en curso.

             Al tenor del artículo 78 siguientes y concordantes del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el pliego de
       condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
       conserva esta Proveeduría, se determinó que:

              Oferta recibida en el presente concurso:

              Para este concurso         se   recibió   una   única   oferta
       correspondiente a:

            Nº 1 Promatco Centroamérica S. A., cédula jurídica 3-101-
       160697

              Análisis de las ofertas:

              Mediante el oficio 1334-DP/10-12 de 10 de febrero del año
       en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
       Ejecutiva, el estudio del marco legal de la oferta recibida, para lo
       cual se señaló:

              “…Para que se proceda al estudio de legal de la única oferta
       recibida, adjunto expediente administrativo de la Licitación
       Abreviada Nº 2011LA-000104-PROV, denominada “Anclaje de
       mármol, limpieza e impermeabilización del edificio de
       Tribunales de Justicia de Heredia.”
      Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de la oferta y qué defectos u omisiones serían
subsanables en caso de requerirse, seguidamente se detallan los
aspectos más relevantes que se han advertido por parte de este
Despacho, producto de su revisión inicial:

      Oferta Nº 1 Promatco Centroamérica S. A., cédula jurídica
3-101-160697:

       1. No presenta vicios y comisiones (sic) que la inhiban de
participar en el concurso.

       Con oficio Nº 1305_DP/10-12, se remitió al Departamento
de Servicios Generales, copia de la oferta y el pliego de condiciones
para su respectiva valoración técnica, sistema de evaluación y
experiencia requerida.”

       Análisis legal:

        Mediante oficio Nº 260-DE/AL-12, recibido el 16 de febrero
del año en 2012, la licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Jefa de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, al
referirse al estudio legal de la oferta recibida, señaló:

       “(…) En respuesta al oficio Nº 1334-DP/10-12 de 10 de
febrero del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández
Arley, Jefa del Subproceso de Licitaciones de ese departamento,
requiriendo el análisis legal de la propuesta de Promatco
Centroamérica, S. A., recibida en la Licitación Abreviada Nº
2011LA-000104-PROV, cuyo objeto es el “Anclaje de mármol,
limpieza e impermeabilización del edificio de Tribunales de Justicia
de Heredia”; me permito referirle que por tratarse de un
procedimiento en el que participa un único oferente, en principio
debe aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto a
la posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o documento
emitidos para valorar su propuesta, y si es del caso, se ajuste a los
requerimientos cartelarios.

       En ese sentido, como lo refieren esos criterios, la igualdad de
trato cede ante los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir
más participantes; de ahí que al procurar la adjudicación del
negocio, se protegería la satisfacción del interés genera y el
cumplimento de los fines y cometidos de la Administración,
siempre y cuando una vez cumplido lo anterior, previamente se
verifique la idoneidad técnica de ese único oferente y la
razonabilidad del precio que cotiza, según lo parámetros del
articulo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.”

      Análisis técnico:

      Mediante correo electrónico recibido el 20 de febrero del año
en curso,     se remite por parte del Departamento de Servicios
Generales, los oficios 0135-04-SG-2012 y 40-2012, en los siguientes
términos:

      Oficio 0135-04-SG-2012:

       “… En atención de su oficio Nº 1305-DP/10-2012,
relacionado con la valoración de la oferta para el proyecto de
Anclaje de mármol, limpieza e impermeabilización del equipo de
Tribunales de Justicia de Heredia, se adjunta informe Nº 40-2012,
suscrito por el arquitecto Jhonny Santamaría Fonseca, Profesional II
de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de este Departamento.”

      …

      Oficio 40-2012:

        “…Por medio del presente oficio, en respuesta a solicitud de
criterio por parte de Verificación contractual (sic) 2011LA-
000104-PROV sobre el proyecto denominado "Anclaje de mármol,
limpieza e impermeabilización del edificio de Tribunales de Justicia
de Heredia".

      Indicó lo siguiente:

      Se entrega una oferta y se toma como base el presupuesto
asignado, para utilizarlo como comparación de la misma. Cuyo
monto se indica en ¢23.000.000 colones

      A continuación se analiza la oferta enviada.

      1-La oferta enviada por Promacto Centroamericana S
      Plazo de entrega: 55 días hábiles
      Vigencia de la oferta: 40 días hábiles
      Garantía: 5 años
      Valor de la oferta: ¢ 8.442561.40 colones.

      Observaciones

        1-Cumple con plazo de entrega y valides de oferta
        2-Cumple con la garantía solicitada en el cartel.
        3-Las cartas de referencia aportadas por el oferente no se
ajustaron al formato estrictamente en un 100% al del cartel, pero
como presentó la información que se requería ver como era el
costo de la obra, una complejidad similar a los proyectos
solicitados, la fecha, de la entidad a la que fue realizada la obra,
se consideró que en alguna medida era una cuestión de forma del
documento ya que por las características que se describían los
proyectos, calificaban para ser evaluadas
        Por lo cual la carta presentada para acreditar experiencia
por parte de la C.C.S.S, se acredita como positiva, cumplimiento
como requisito de admisibilidad

      El oferente deberá aclarar.

       1-El oferente deberá ratificar los costos e indicar que cumple
con el objeto contractual, en vista que el presupuesto asignado por
esta sección es mucho mayor.
       2-Deberá aclarar el proceso de relleno de orificios de las
losetas de mármol con el propósito de indicar su adherencia a la
superficie actual.
       3-Ratificar la colocación de 4 pernos por pieza de mármol,
en vista que en el cartel (sic) (debe leerse correctamente oferta)
indica la colocación de 8 unidades por metro cuadrado.”


       En razón de lo anteriormente expuesto, se le previno a      la
oferente para que se refiriera a lo señalado por el Departamento   de
Servicios Generales y al respecto mediante nota de fecha 01        de
marzo del año en curso, suscrita por Bernd Krause, Presidente,     se
recibió la siguiente respuesta:

      “De conformidad con lo solicitado en su oficio 1975-DP/10-
2012, mediante el cual previene la aclaración de algunos aspectos
en    la   oferta     de    mi     representada,    PROMATCO
CENTROAMERICANA S. A., para la Licitación Abreviada N°
2011LA-000104-PROV, denominada “Anclaje de mármol, limpieza
e impermeabilización del edificio de los Tribunales de Justicia de
Heredia”; con todo respeto le manifestamos lo siguiente:

      1. Se procedió al análisis de los costos indicados         en la
propuesta económica y se determinó que se incurrió en un         error
material involuntario aritmético, al estimar los costos          en la
colocación de pernos, al cual, me referiré con más detalle       en el
punto 3 del presente escrito.

        2. Para hacer el relleno de los orificios del mármol, se
utilizará una mezcla de cemento blanco con un tinte para concreto,
esto dándole la proporción para llegar a un color similar al existente.
Esta mezcla será colocada en los orificios y por ser cementicio se
adhiere al mármol, ya que esté tiene cierta porosidad.

      Se mejorará la calidad de la mezcla para que hay (sic) mayor
adherencia y evitar la formación de microfisuras alrededor de los
parches entre el material viejo y el relleno. Esto se hará
incorporando a la mezcla arena silica en lugar de arena de tajo y
agregar una gran cantidad de Super Acril a base de latex.

       3. Al revisar oferta y cálculos, hemos observado que no se
incluyo los pernos, tipo KB-TZ SS304 (3/8” x 3”), en acero
inoxidable de larga duración a la interperie (sic); lo cual representa
un incremento de ¢9.000.000,00 adicional a lo cotizado.

       Se colocarán 8 pernos por metro cuadrado, con las
características indicadas en cartel para un total de 3.600 pernos a un
costo unitario de ¢2.500.00

      El costo ofertado originalmente fue de ¢8.442.561.40 ( ocho
millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y uno
colones con 40/100); cuando en realidad el monto real de la oferta
es de ¢17.442561.40 (Diez y siete mil millones cuatrocientos
cuarenta y dos mil quinientos sesenta y uno con 40/00)

      Como puede verse de no ser tomado en cuenta la variación
en los costos ocasionaría un grave perjuicio económico para la
empresa.

       Ofrecemos disculpas a la Administración y apelamos al
principio de eficiencia y eficacia administrativa, consagrado en la
Ley de Contratación; para que se lleve a cabo la corrección y no se
afecte nuestra oferta como manifestación de voluntad y buen fe de
mi representada y se aplique la sana critica a favor de la esencia de
la oferta; ya que en todos sus extremos conviene a los intereses
institucionales.

       Por otro parte dejamos claro que, todos los demás ítems
cotizados se mantienen dentro del equilibrio económico, donde
prevalecen los precios de mercado, sin menoscabo del
cumplimiento cabal del objeto contractual.”

       En virtud de la respuesta que se obtuvo por parte de este
oferente, se solicitó a la Asesoría Legal el análisis al amparo del
principio de eficacia, eficiencia y conservación del acto, por ser la
única oferta recibida para este procedimiento, sobre la posibilidad
de continuar con el procedimiento o bien proceder con la
declaratoria de infructuosa por existir una variación en uno de los
elementos esenciales de la contratación, sea el precio, al respecto
con oficio 598-DE/AL-12 de fecha 14 de marzo del año en curso, la
licenciada Álvarez Mondragón, indicó:

        “…Me refiero a oficio #2318-DP/10-12, de 6 de marzo del
año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa
de Subproceso de licitaciones de ese departamento, requiriendo el
criterio legal de la respuesta brindada por Promatco
Centroamericana, S. A. ante la prevención realizada en la Licitación
Abreviada Nº 2011LA-000104-PROV, cuyo objeto es el “Anclaje
de mármol, limpieza e impermeabilización del edificio los
Tribunales de Heredia”.

       Al respecto, si bien es claro que la oferente modifica su
oferta en un elemento sustancial y esencial como lo es precio que en
otras condiciones la excluiría del concurso, en apego a los
principios de eficiencia, eficacia y conservación del acto que rigen
la Contratación Administrativa y con la finalidad de obtener la
satisfacción del interés público, tratándose de que en este concurso
se recibió una única oferta; estima esta Asesoría que lo procedente
es que se analice la oferta integralmente desde el punto técnico, de
forma que el órgano correspondiente revise lo indicado por esta
oferente en cuanto a que no incluyó en su oferta original los pernos
tipo KB-TZ SS304, para lo cual debe indicar si estos eran parte de
los requerimientos cartelarios (objeto contractual) y si el precio
cotizado es razonable y aceptable según los parámetros del artículo
30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en
armonía con su criterio técnico inicial y la prevención realizada por
ese Departamento.

      En esos términos, si el criterio técnico razona lo anterior de
forma positiva, por tratarse de única oferta, legalmente podría
continuarse con el procedimiento licitatorio.”

       Así las cosas, esta Proveeduría remitió al Departamento de
Servicios Generales, que funge como técnico de esta contratación,
la respuesta a la prevención cursada y el criterio de la Sección de
Asesoría Legal, para que se refirieran al respecto, obteniéndose por
medio de correo electrónico de fecha 21 de marzo corriente la
siguiente respuesta:

        “… Referente a la licitación 2011LA-000104-PROV, que es
el “Anclaje de mármol, limpieza e impermeabilización del edificio
de los Tribunales de Justicia de Heredia”, donde indica Asesoría
Legal, que se debe analizar la oferta integralmente desde el punto de
vista técnico, cumpliendo los requerimientos cartelarios.

       Por lo tanto, según criterio de este departamento la empresa
no cumple las disposiciones necesarias, según cartel de
especificaciones.

       1-La empresa indica, únicamente 8 pernos por metro
cuadrado, lo cual no cumple con las disposiciones de este
departamento donde se indico el uso de 4 pernos por pieza de
mármol, debido a que estas piezas no son todas uniformes lo que no
permite cumplir un parámetro de anclaje por metro cuadrado.

      2-La empresa indica un costo de los pernos con un valor
mayor al costo del mercado, por lo tanto se considera excesivo.”

      Análisis y valoración:

      Conforme a lo señalado en los informes tanto de la Sección de
Asesoría Legal, como en el informe técnico emitido por el ingeniero
Jhonny Santamaría, Profesional del Departamento de Servicios
Generales, se procede seguidamente a la exposición, análisis y
valoración de las circunstancias concurrentes en el presente
procedimiento de contratación:
              Este procedimiento, tuvo como resultado la participación de
       una única oferta, a saber: Nº 1 Promatco Centroamérica S. A, no
       obstante, esta oferta en vista de una prevención cursada, modificó
       su precio, en razón de ello, se le solicitó criterio a la Sección de
       Asesoría Legal sobre la posibilidad, de por ser única oferta dejarla
       dentro de concurso, aunque existiera una variación en uno de los
       elementos esenciales de esta, a dicha consulta Legal indica que por
       ser única oferta, será el técnico el que debe realizar un revisión
       integral de la oferta para determinar si la misma cumple o no con
       los requerimiento del cartel. Así las cosas, en un nuevo análisis el
       Departamento técnico indicó que dicha propuesta no cumple con lo
       requerido en el pliego de condiciones, por ende no puede
       considerarse admisible a concurso.

             Recomendación:

              Por las circunstancias que concurren en el presente
       procedimiento de contratación y los razonamientos acreditados, esta
       Proveeduría recomienda que se declare infructuoso este
       procedimiento licitatorio, en vista de que la oferta presentó varias
       modificaciones que el técnico consideró que no cumplía con las
       especificaciones técnicas detalladas en el pliego de condiciones.”
                                       -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 86, párrafo 3 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se acordó: Acoger la

solicitud del Departamento de Proveeduría y conforme se recomienda,

declarar infructuoso el procedimiento de Licitación Abreviada Nº 2011LA-

000104-PROV,       denominada       “Anclaje     de     mármol,     limpieza   e

impermeabilización del edificio de los Tribunales de Justicia de Heredia”.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XIV
Documento Nº 3289-2012
      El licenciado Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento de

Proveeduría, en oficio Nº 2922-DP/12-2012 de 22 de marzo del año en curso,

presenta la siguiente gestión:

              “En relación con la Licitación Pública Nº 2011LN-000021-
       PROV “Compra de vehículos para uso del Poder Judicial”, se
       remite a usted la documentación adjunta, con el ruego de que sea
       sometida a conocimiento de los miembros del Consejo Superior
       para lo que consideren conveniente resolver.

              El plazo dispuesto para el vencimiento para adjudicar de
       conformidad con el artículo 87 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa y la cláusula 2.18 del cartel, quedó
       definido para el día 10 de abril del año en curso.

             Conforme lo disponen los artículos 42 bis de la Ley de
       Contratación Administrativa y 87 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, se determina que:

              PARTICIPANTES:

              Para este concurso, se recibieron las siguientes ofertas:

              1.   Purdy Motor S.A.
              2.   Vehículos Internacionales VEINSA, S.A.
              3.   Agencia Datsun S.A.
              4.   Auto Ensambladora S.A.

              Cabe indicar, que para las líneas N° 4, 5, 7, 11, 12 y 13 no se
       recibieron ofertas, por lo que resulta adjudicar las mismas
       infructuosas.

              ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

              A la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, se
       le solicitó el análisis legal de las ofertas presentadas, mediante
       oficio N° 1946-DP/12-2012 de fecha 23 de febrero del año en curso,
       en el cual en lo conducente se indicó:
       “Para que se proceda al estudio de legal de las ofertas
recibidas, adjunto expediente administrativo de la Licitación
Pública 2011LN-000021-PROV, denominada “Compra de
Vehículos para uso del Poder Judicial” (un ampo).

       Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían
subsanables e indispensables de requerir, seguidamente se detallan
los aspectos más relevantes que se han advertido por parte de este
Despacho, producto de su revisión inicial:

      Oferta 1: Purdy Motor S. A.

       1) Según consta en folio 746 del expediente, la empresa
indica estar al día en el pago de impuestos nacionales, no obstante,
omitió indicar que se encuentra al día en el pago de impuestos
municipales. Por lo demás, no existen vicios y omisiones que
mencionar.

      Oferta 2: Vehículos Internacionales VEINSA, S. A.

       1) Mediante modificación al cartel, en la cláusula 2.1.30,
se solicita demostrar la ubicación de los talleres o centros de
servicio autorizados para ejecutar la atención de los vehículos en
varias zonas del país, o presentar propuesta alternativa para que se
brinde la atención en el taller más cercano de los vehículos de esa
zona. No obstante, la empresa no indica alternativa de atención
vehicular para las zonas de Puntarenas, Limón o Guápiles y
Ciudad Neilly.

       2) En relación con la oferta presentada para la línea N° 6,
en folio N° 841 del expediente se indica un plazo de entrega de 115
días naturales; no obstante, en folio N° 828, se contradice dicho
plazo, por cuanto la empresa indica para esta misma línea, un
plazo de entrega de 85 días naturales.

      Oferta 3: Agencia Datsun, S. A.

       1)    Mediante modificación al cartel, en la cláusula 2.1.30,
se solicita demostrar la ubicación de los talleres o centros de
servicio autorizados para ejecutar la atención de los vehículos en
varias zonas del país, o presentar propuesta alternativa para que se
brinde la atención en el taller más cercano de los vehículos de esa
zona. No obstante, la empresa no indica alternativa de atención
vehicular para las zonas de Puntarenas y Ciudad Neilly.

      Oferta 4: Auto Ensambladora, S. A.

      1)    No se advierten vicios y omisiones que mencionar.

       Finalmente, no se omite referir que los informes de los
estudios técnicos de las ofertas, constan en los folios 981 al 997 del
expediente.”

      ANÁLISIS LEGAL:

       Mediante oficio N° 458-DE/AL-2012 recibido el 07 de
marzo en curso, la Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefa de
la Sección de Asesoría Legal, con el visto bueno del Licenciado
Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, al referirse al estudio legal
de las ofertas recibidas, señaló:

       “Me refiero a oficio N° 1946-DP/12-2012 de 23 de febrero
del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley,
Jefa del Subproceso de Licitaciones de ese Departamento,
requiriendo el análisis legal de las cuatro ofertas presentadas en la
Licitación Pública N° 2011LN-000021-PROV, cuyo objeto es la
“Compra de vehículos para uso del Poder judicial”.

      Oferta N° 1.- Purdy Motor, S.A.:

      La oferente cumple desde el punto de vista legal. En cuanto a
la observación de ese Departamento, respecto a que omitió la
declaración jurada de estar al día con los impuestos municipales,
es un aspecto subsanable mediante prevención según lo dispuesto
en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

      Oferta N° 2.- Vehículos Internacionales VEINSA S. A.:

       Respecto a las observaciones 1 y 2 de su oficio, por tratarse
de aspectos formales es posible subsanar la omisión de lo requerido
en la cláusula 2.1.30 del cartel relacionada con la ubicación de los
talleres o centros de servicio autorizados, según lo dispuesto por el
artículo 81 del Reglamento de la materia, que dispone que las
       omisiones formales son subsanables mediante prevención.
       Igualmente debe solicitarse que aclare la inconsistencia en cuanto
       al plazo de entrega de los vehículos ofertados en la línea 6 (folios
       841 y 828 del expediente). Por lo demás cumple legalmente.

                Oferta N° 3.- Agencia Datsun, S. A.:

             En cuanto a la omisión de referirse a lo requerido por la
       cláusula 2.1.30 cartelaria, es posible realizar prevención par su
       subsanación según lo señalado para el oferente anterior. En
       cuanto a los demás requisitos legales, no se encuentran vicios u
       omisiones.
             Oferta N° 4.- Auto Ensambladora, S. A.:

                Legalmente cumple.”


                ANÁLISIS TÉCNICO:

              Mediante correos electrónicos se recibieron los estudios
       técnicos remitidos por el Departamento de Servicios Generales,
       Almacén de la Proveeduría, Organismo de Investigación Judicial y
       la Fiscalía General, en los cuales se indicó lo siguiente:

             Con correo electrónico de fecha 23 de enero de 2012, el Ing.
       Fabián Castro Molina, remite al Departamento de Proveeduría, el
       informe técnico correspondiente a la línea N° 14, en el cual indicó:

              “Le reenvío el análisis técnico de las ofertas recibidas para
       los vehiculos (sic) de la sección de Mantenimiento y Construcción.

              Cabe indicar, y por asesoría de la Lic. Ana Beatriz Méndez,
       la nota con respecto a la altura del vehiculo (sic) es solo de
       referencia, ya que esta altura no estaba estipulada en el cartel, y
       por lo tanto no aplica para la contratación. Esto implica que ambas
       ofertas cumplen tal y como se indica en el cuadro adjunto.

                     Purdy Motor            VEINSA
    Línea                                                      Datsun        AESA
                 Especif. Tec. Precio Especif. Tec. Precio
Línea 13:
Vehiculo Tipo
                     No participa         No participa       No participa No participa
Camión (Doble
Cabina), de
acuerdo a
especificaciones
técnicas
presentes en el
cartel 2011LN-
000021-PROV
Línea 14:
Vehiculo Tipo
Pick Up doble
cabina, de
acuerdo a
                   Si cumple   $31.545 Si cumple *   $28500 No participa No participa
especificaciones
técnicas
presentes en el
cartel 2011LN-
000021-PROV
(…)

                Asimismo, mediante correo electrónico de fecha 24 de enero
         de 2012, el Lic. Primitivo Martínez Navarrete, Jefe del Almacén del
         Departamento de Proveeduría, remite criterio técnico
         correspondiente a las líneas N° 8, 9 y 10 del pliego de condiciones,
         en el cual indica lo siguiente:

                “En respuesta al Oficio Nº 9746-DP/12-2011, referido a la
         Licitación Pública Nº 2011LN-000021-PROV correspondiente a la
         adquisición de camiones para uso del Departamento de
         Proveeduría, específicamente a las líneas Nº 8, 9 y 10, del cartel de
         dicha contratación me permito externar el criterio solicitado:

                La oferta presentada por la casa comercial PURDY MOTOR
         S.A., cumple en todos los requerimientos del cartel para cada una
         de las líneas que nos corresponde evaluar, sean estas la Nº 8, 9 y
         10.

               En cuanto al precio ofertado en estas líneas, el mismo se
         encuentra dentro de las previsiones presupuestarias establecidas
         para la compra de los camiones solicitados y los mismos son
         razonables.

                Al ser único oferente en estas líneas, se omite cuadro
         comparativo ya que lo ofertado cumple con todas las
         especificaciones del cartel.”
                 Por otra parte, mediante oficio N° 0293-UAMP-2012,
         recibido el 21 de febrero de 2012, el Lic. Randall Sancho
         Hernández, de la Administración del Ministerio Público, remite
         criterio técnico referente a la línea N° 15, en el cual manifiesta:

                “En relación con lo solicitado oficio 9746-DP/12-2011,
         referente a la Licitación Pública n° 2011LN-000021-PROV
         “Compra de Vehículos”, me permito indicar que la oferta
         presentada por la casa comercial Purdy Motor S.A. se ajusta a las
         necesidades y cumple con las especificaciones expuestas en el
         cartel. Es importante aclarar que en cuanto a la razonabilidad del
         precio, se considera razonable de acuerdo con las consultas
         efectuadas en el mercado.

                Es importante señalar que la empresa VEINSA no especifica
         el tipo de suspensión del vehículo, además la empresa Agencia
         Datsun S.A., no indica si oferta en el caso de la línea n° 15.

     Línea N° 15
                              Vehiculos          Auto
                                                                                Agencia
        UAMP               Internacionales   Ensambladora    Purdy Motor SA.
                                                                               Datsun S.A
                             (VEINSA)           (AESA)
     Descripciones                                                             no indican si
                             Mitsubishi                      Toyota Fortuner
      Especificas                                                               participan
VEHÍCULO
Todoterreno Station o
Familiar
1) Cabina con
capacidad para al            7 pasajeros                       7 pasajeros
menos cinco pasajeros
2) Motor gasolina o
diesel, de al menos
                              2500cc Sí                        2982 CC Sí
3000cc, indicar
cilindrada.
3) Inyección directa                          No participa
(common rail) turbo              *                                 *
intercooler
4) Caja de cambios
manual de cinco o más            *                                 *
velocidades.
5) Doble tracción (4
x4) duplicación y
                                 *                                 *
duplicación (reductora)
manual (no eléctrica).
6) Dirección hidráulica.         *                                 *
7) Frenos hidráulicos
con servofreno
                                  *                             *
(booster) con sistema
antibloqueo "ABS".
8) Cabina diseñada
                                  *                             *
para absorber impactos.
9) Llantas radiales
doble propósito con un
excelente
                                  *                             *
comportamiento tanto
en carretera como fuera
de ella.
10) Motor con
protección metálica
                                  *                             *
inferior para caminos
malos.
11) Puertas con barras
metálicas protectora
                                  *                             *
contra impactos
laterales.
                                                            Suspensión
                                                             delantera
12) Suspensión
                                                         independiente de
delantera independiente
                            No se indica                 horquillas dobles
y suspensión trasera de
                                                           y suspensión
eje rígido con resortes.
                                                             trasera de
                                                           ballestas. Sí
13) Cuatro puertas.               *                               *
14) Diferencial
                            sin diferencial
bloqueado LSD, rueda                                            *
                           bloqueado LSD
libre automática.
15) Doble bolsa de aire.          *                             *
Presupuesto por
                                 $39.000,00                    $38.145,00
unidad: ¢
Presupuesto Total: ¢        ₡19.978.530,00       ₡0,00    ₡19.540.539,15        ₡0,00

                De igual forma, en relación con el criterio técnico para la
         línea 6, la Administración del Organismo de Investigación Judicial,
         con correo electrónico de fecha 25 de enero de 2012, remite oficio
         N° 032/UPROV/OPO, suscrito por el Lic. Roelis Reyes Picado, Jefe
         de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, en el cual indica:

                “Me permito hacer de su estimable conocimiento el
         resultado de la verificación de las condiciones ofertadas respecto a
         los términos incluidos en la Licitación Pública 2011LN-000021-
         PROV y en la cual se encuentran algunas modificaciones referentes
         a la “Compra de vehículos para el O.I.J.”.
                En este sentido, se desprende que en el plazo otorgado para
         la recepción de ofertas a fin de participar por la adjudicación del
         objeto contractual; para la línea 6 se recibieron 3 ofertas, por parte
         de las agencias automotrices las cuales detallo a continuación:

                        Purdy Motor S.A.
                        Veinsa S.A.
                        AESA

               Este apartado contempla aspectos que involucra al oferente,
         la oferta, las garantías, condiciones generales para todos los
         vehículos, características de los vehículos, especificaciones técnicas
         del automotor, términos de pago, entre otros, esto a partir de lo
         indicado en el oficio N° 9746-DP/12-2011.

                Se recomienda adjudicar la compra a Purdy Motor S.A.,
         debido a que la oferta presentada por dicha compañía, es la que se
         ajusta más, a las especificaciones solicitadas en el cartel y el precio
         ofrecido es aceptable.

                 En el siguiente cuadro se muestra el resultado obtenido para
         esta casa comercial, según la aplicación de las normas de
         adjudicación en la licitación, en la cual se evaluaron puntos tales
         como garantía, plazo para suplir repuestos, experiencia, ventas de
         los últimos 15 años, precio y el plazo de entrega.

                           Plazo
                                     Experiencia     Ventas                Plazo
 Oferentes    Garantía     suplir                                Precio
                                     del Oferente   Últimos 15            Entrega   Total
 Línea #6      (10%)     repuestos                               (50%)
                                        (12%)       años (8%)              (14%)
                           (6%)
Purdy Motor
                10          6            12             8         50        1        87
    S.A.

                En cuanto a las casas comerciales VEINSA Y AESA, se hace
         referencia su desestimación por lo siguiente:
                         La oferta presentada por VEINSA, no se toma en
         cuenta debido a que las especificaciones presentadas no se ajustan
         en los puntos 23, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 41 y 42, a lo publicado en
         el cartel y el precio por unidad es más alto.

                        La oferta presentada por AESA, no cumple con las
         especificaciones solicitadas en el cartel en los puntos 2, 3, 5, 25, 26,
         27, 29, 30, 36, 41 y 42.
       Se recomienda por parte de esta Jefatura la adjudicación de
la compra de acuerdo a lo expuesto anteriormente, estimando para
ello que los precios unitario y el costo total se aprecian razonables
de acuerdo con los términos de mercado.”

       Asimismo, mediante oficio N° 124-ST-12, remitido el 25 de
enero de 2012 a esta Proveeduría, el Lic. Andrés Miguel García
Aparicio, Jefe a.i. de la Sección de Transportes O.I.J., remite el
siguiente criterio técnico respecto a las líneas 1, 2 y 3, el cual
manifestó:

       “En atención al comunicado electrónico recibido el pasado
21 de diciembre mediante el cual se incluyó el Oficio N°9746-
DP/12-2011 y en el que se remitió los documentos de la Licitación
Pública 2011LN-000021-PROV y en la cual se encuentran algunas
modificaciones referentes a la “Compra de vehículos para el
O.I.J.” Es de interés del suscrito atender a su requerimiento, en
razón de lo cual me permito hacer de su estimable conocimiento el
resultado de la verificación de las condiciones ofertadas respecto a
los términos incluidos en la licitación supracitada.

       En este sentido, a partir de la información detallada en el
correo suscrito por la Licda. Karolyn Piedra Mora, Analista,
Subproceso de Licitaciones, del Departamento de Proveeduría, se
desprende que en el plazo otorgado para la recepción de ofertas a
fin de participar por la adjudicación del objeto contractual; se
recibieron 4 ofertas por parte de las agencias automotrices las
cuales detallo a continuación:

           Purdy Motor S.A.
           Veinsa S.A.
           Agencia Datsun S.A.
           Auto Ensambladora S.A.

       Este apartado contempla aspectos que involucra al oferente,
la oferta, las garantías, condiciones generales para todos los
vehículos, características para de los vehículos, especificaciones
técnicas del automotor, términos de pago, entre otros, en razón de
lo cual, a partir de lo indicado en el oficio N°9746-DP/12-2011 las
cuatro ofertas recibidas confirman el cumplimiento de las
condiciones según las líneas ofertadas.

      En el siguiente cuadro comparativo se muestra el resultado
      obtenido para cada casa comercial según la aplicación de las
      normas de adjudicación en la licitación, la cual se evaluaron
      puntos tales como garantía, plazo para suplir repuestos, ventas de
      los últimos 15 años y el plazo de entrega.

                              Plazo
   Oferentes                 Suplir Experiencia  Ventas                Plazo
   Línea #1        Garantía Repuestos contratos Últimos 15   Precio   Entrega
                    (10%)     (6%)     (12%)    años (8%)    (50%)     (14%) Total
Purdy Motor
S.A. (Oferta #1)     10        6         12        4,31       41        14    87,31
VEINSA
(Oferta #2)          10        6         12         2,1       44,8      9     83,9
Agencia Datsun
(Oferta #3)          10        6         12         8        44,07      14    94,07
Auto
Ensambladora
(Oferta #4)          10        6         12         1,5       50        9     88,5

                              Plazo
   Oferentes                 Suplir Experiencia  Ventas                Plazo
                                                                              Total
   Línea #2        Garantía Repuestos contratos Últimos 15   Precio   Entrega
                    (10%)     (6%)     (12%)    años (8%)    (50%)     (14%)
Purdy Motor
S.A. (Oferta #1)     10        6         12         8         50        1      87
VEINSA
(Oferta #2)           0        0         0          0          0        0       0
Agencia Datsun
(Oferta #3)           0        0         0          0          0        0       0
Auto
Ensambladora
(Oferta #4)           0        0         0          0          0        0       0

                            Plazo
 Oferentes Línea           Suplir Experiencia  Ventas                  Plazo
                                                                              Total
       #3        Garantía Repuestos contratos Últimos 15     Precio   Entrega
                  (10%)     (6%)     (12%)    años (8%)      (50%)     (14%)
Purdy Motor
S.A. (Oferta #1)    10        6        12          8          50        1      87
VEINSA
(Oferta #2)          0        0         0          0           0        0       0
Agencia Datsun
(Oferta #3)          0        0         0          0           0        0       0
Auto
Ensambladora
(Oferta #4)          0        0         0          0           0        0       0

            Finalmente el cuadro comparativo muestra el resultado
      arrogado de la evaluación de cada una de las ofertas obteniendo
como resultado:

      Línea # 1:

       La agencia automotriz Agencia Datsun S.A. obtiene como
resultado mayor 94.07%, sobre las demás casas comerciales. Por
tal razón se adjudica la compra a esta casa comercial.

      Línea # 2:

       La agencia automotriz Purdy Motor S.A. obtiene la 87% la
cual es la única casa comercial que ofrece para esta línea. Por tal
razón se adjudica la compra a esta casa comercial.

      Línea # 3

       La agencia automotriz Purdy Motor S.A. obtiene la 87% la
cual es la única casa comercial que ofrece para esta línea. Por tal
razón se adjudica la compra a esta casa comercial.

      Línea # 4:

      Esta línea se declara desierta en razón de que ninguna casa
comercial oferto lo requerido.

      Línea # 5:

      Esta línea se declara desierta en razón de que ninguna casa
comercial oferto lo requerido.

      Entre las justificaciones y criterio técnico de estas jefaturas
para brindar la adjudicación se especifican lo siguiente:

           El cumplimiento fiel del nuevo procedimiento para la
adjudicación de los vehículos pertenecientes al Organismo de
Investigación Judicial, los cuales se especifican ampliamente en
todos los aspectos del punto 9 del cartel, incluyendo las normas y
porcentajes del inciso C, D, Y E, cuyos resultados y cálculos, se
mostraron ampliamente en el cuadro comparativo ilustrado
anteriormente.
           Tomando como referencia aspectos como: garantías,
plazos de entrega y vigencia de la ofertas con mayor puntaje.
                Ahora bien, considerando que cada una de las ofertas fueron
        analizadas de manera conjunta por el grupo de trabajo,
        conformado por: los señores Roger Quesada, Jefe de la Unidad de
        Taller Mecánico, Mauricio Montero Astúa, Jefe de la Unidad de
        Transportes, Kimberly Casal Cascante, Jefa a.i. de la Unidad de
        Transporte Forense y el suscrito, a fin de verificar el cumplimiento
        de dichas especificaciones en relación con            las ofertadas,
        concluyendo entonces que las casas comerciales cumplen con lo
        solicitado.

                                                             Casa           Precio Total
                     Unidad de       Descripción del
Línea    Cantidad                                          Comercial        adjudicado
                      Medida             Artículo
                                      Vehículos tipo
                                     sedan 4 puertas.
                                                             Agencia
1           31        vehículos       Nissan TIIDA         Datsun S.A.
                                                                           ¢280.623.239,36
                                    SAFE MT, motor         (Oferta # 3)
                                        gasolina 4
                                    cilindros, 1600cc.


                                                               Casa          Precio Total
                    Unidad de       Descripción del
Línea    Cantidad                                            Comercial       adjudicado
                     Medida              Artículo
                                  Vehículos tipo pick up
                                   4 x 4 doble cabina.
                                                            Purdy Motor
2          19       vehículos                                  S.A.
                                  Toyota Hilux doble                         ¢284.836.904
                                                            (Oferta # 1)
                                  cabina, motor diesel 4
                                  cilindros, 3000cc.

                                                               Casa          Precio Total
Línea   Cantidad    Unidad de        Descripción del         Comercial       adjudicado
                     Medida              Artículo
                                        Vehículos
                                  condicionados para el
                                   traslado de cuerpos
                                       de personas          Purdy Motor
3           3       vehículos           fallecidas.            S.A.
                                                                           ¢107.675.577,60
                                                            (Oferta # 1)
                                  Toyota Land Cruiser,
                                     motor diesel 6
                                   cilindros, 4164cc.

               En el cuadro anterior hace referencia al numero de línea,
        cantidad de vehículos adjudicados, descripción de de cada vehiculo,
        casa comercial adjudicada y precio a cada adjudicación. El monto
         total de las 3 líneas adjudicadas es de ¢ 673.135.720,96
         correspondientes a adjudicación de 31 vehículos tipo sedan, 19
         vehículos tipo pick up y 3 vehículos para el traslado de cuerpos
         fallecidos.

                No omito indicar que para la ejecución de esta compara se
         cuenta con un presupuesto disponible de ¢680.000.000,00
         correspondientes a los recursos asignados para el ejercicio
         presupuestario del presente año. Lo anterior de acuerdo al escenario
         planteado por la Administración del O.I.J., en cuanto al presupuesto
         disponible para la compra de vehículos del 2012 En razón de ello
         limita el crecimiento y la renovación de la flotilla vehicular con más
         de 5 años de trabajo.

                En la cual se renuncian a comprar 8 vehículos tipo sedan 4
         puertas, 20 vehículos tipo pick up 4x4 doble cabina, 10 vehículos
         tipo pick tracción sencilla (4x2) doble cabina para el traslado de
         privados de libertad (no ofertaron) y un vehiculo tipo camioneta (no
         ofertaron).

                 Con el objetivo de continuar con el proceso de renovación de
         flotilla de los vehículos del Poder Judicial. Tratándose también de
         las unidades asignadas al Organismo de Investigación Judicial se
         requiere contar con unidades actualizadas que permitan mantener a
         ese cuerpo policial en posición menos vulnerable en cuanto a la
         movilidad de los funcionarios involucrados directamente con la
         represión de los delitos penales en confrontación con los recursos
         que disponen quienes delinquen.

               En razón de minimizar el costo de de la facturación por
         mantenimiento de los vehículos policiales, se recomienda entregar
         como parte de pago los vehículos detallados en el siguiente cuadro:

                El siguiente cuadro se detalla los vehículos que serán
         entregados como parte de pago, correspondiente a la compra de
         vehículos de la Línea # 1, 2 y 3 en los cuales se valoraron los
         siguientes aspectos técnicos por parte del señor Roger Quesada
         Aguilar, jefe de la Unidad de Taller Mecánico, y el señor Mauricio
         Montero Astúa, jefe de la Unidad de Transportes del O.I.J.

               LÍNEA N°1
No. de                                                             Monto de
          No. de motor    Marca     Modelo      No. De avalúo                     Usuario
placa                                                              avalúo ¢
                                            AV.ADM. S.J.208-
681451   1VO229489      Fiat     Siena           2011           5.200.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.215-
681540    1V0244120     Fiat     Siena           2011           4.500.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.208-
622377   1NZB734405    Toyota     2006           2011           4.900.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.210-
622525 D4EA5H119385     Kia     CDFDS85          2011           4.600.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.215-
622691   1NZB750633    Toyota     2006           2011           5.200.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.208-
681793   1VO243677      Fiat     Siena           2011           4.600.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.204-
622761 D4EA5H116873     Kia     No indica        2011           4.750.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.203-
622988 D4EA5H149787     Kia     CDFDS85          2011           4.150.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.210-
623501   1NZB734879    Toyota   No indica        2011           5.100.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.207-
623684   1NZB770297    Toyota     2006           2011           5.200.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.208-
623745   1NZB771338    Toyota     2006           2011           5.100.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.206-
627856   1NZB769938    Toyota   No indica        2011           5.100.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.203-
680582   1VO243680      Fiat     Siena           2011           4.300.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.209-
680793   1VO243644      Fiat     Siena           2011           4.600.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.208-
709576   1VO325263      Fiat    No indica        2011           5.200.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.205-
711664   1VO321340      Fiat     Siena           2011           5.100.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J. 203-
680542   1VO229485      Fiat     1VO2            2011           4.000.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.209-
622526   1NZB731924    Toyota   No indica        2011           5.000.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.210-
692035   1VO243485      Fiat     Siena           2011           4.700.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.210-
652987 D4EA5H155396     Kia     CDFDS85          2011           4.800.000.00   OIJ
                                NCP12L-     AV.ADM. S.J.205-
582027   1NZ2972093    Toyota    BEMRK           2011           3.700.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.205-
581756   1NZB1190541   Toyota   No indica        2011           4.400.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.209-
681026   1VO243683      Fiat    No indica        2011           4.600.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.206-
681116   1VO244121      Fiat    No indica        2011           4.900.000.00   OIJ
                                            AV.ADM. S.J.210-
680612   1VO243656      Fiat    No indica        2011           4.700.000.00   OIJ
                                                   AV.ADM. S.J.205-
681285     1VO244125      Fiat        No indica         2011          4.800.000.00       OIJ
                                                   AV.ADM. S.J.204-
682797     1VO243512      Fiat        No indica         2011          4.600.000.00       OIJ
                                                   AV.ADM. S.J.210-
680979     1VO243239      Fiat        No indica         2011          4.500.000.00       OIJ
                                                   AV.ADM. S.J.203-
691281 G4FC6U055324           Kia     CDFDR65           2011          4.800.000.00       OIJ
                                                   AV.ADM. S.J.203-
646764     1NZB867217    Toyota       No indica         2011          5.200.000.00       OIJ
                                                   AV.ADM. S.J.203-
653882 D4EA5H155395           Kia     No indica         2011          4.600.000.00       OIJ



                LÍNEA N°2
No. de                                                       No. De       Monto de
 placa   No. de motor Marca             Modelo               avalúo       avalúo ¢      Usuario
  CL                                                        AV.ADM.
200005   2RZ3324322 Toyota          RZN168L PRMDK         S.J.206-2011   6.600.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
216195   2KD7223333 Toyota          KUN25L- PRMDHG        S.J.205-2011   8.600.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
200003   2RZ3323254 Toyota          RZN168L PRMDK         S.J.204-2011   7.500.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
215907   QD32234361 Nissan             No indica          S.J.205-2011   7.800.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
216339   QD32234520 Nissan             No indica          S.J.208-2011   8.500.000.00    OIJ
  CL         QD                                             AV.ADM.
200282    32190295 Nissan              No indica          S.J.205-2011   6.000.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
200000   W9AT144095 Mazda              UP75 LB4           S.J.205-2011   6.600.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
215915   QD32234482 Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG             S.J.208-2011   7.500.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
215977   QD32234780 Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG             S.J.210-2011   7.700.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
216291   QD32234534 Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG             S.J.208-2011   7.000.000.00    OIJ
                                                            AV.ADM.
  CL                                                        S.J. 203-
200001   W9AT144147 Mazda              UP75 LB4               2011       6.600.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
200002   2RZ3322360 Toyota          RZN168L PRMDK         S.J.209-2011   6.800.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
216460   QD32234216 Nissan             No indica          S.J.206-2011   8.200.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
200004   2RZ3324011 Toyota          RZN168L PRMDK         S.J.208-2011   6.300.000.00    OIJ
  CL                                                        AV.ADM.
200346   QD32190198 Nissan CVRULCFD22NWNE7AKG             S.J.203-2011   7.000.000.00    OIJ
  CL                                          AV.ADM.
217269 2KD7232057 Toyota       No indica    S.J.215-2011 9.000.000.00              OIJ
  CL                                        AV.ADM.S.J.
216131 2KD7221713 Toyota   KUN25L – PRMDHG    203-2011 8.600.000.00                OIJ
  CL                                          AV.ADM.
215880 QD32234702 Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG S.J.203-2011 8.000.000.00              OIJ
                                              AV.ADM.
216270 QD32234250 Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG S.J.207-2011 8.200.000.00              OIJ



               LÍNEA N° 3
No. de                                                             Monto de
 placa    No. de motor    Marca     Modelo      No. De avalúo      avalúo ¢      Usuario
  EE                                           AV.ADM. S.J.210-
022366    1HZ0265251      Toyota   No indica        2011          3.500.000.00    OIJ
  CL                                           AV.ADM. S.J.215-
208906    2KD7021445      Toyota   No indica        2011          7.700.000.00    OIJ
  CL                                           AV.ADM. S.J.204-
207089    2KD7016897      Toyota     2006           2011          7.300.000.00    OIJ

               Se recomienda por parte de esta Jefatura la adjudicación de
         la compra de acuerdo a lo expuesto anteriormente, estimando para
         ello que los precios unitarios y el costo total de las líneas se
         aprecian razonables de acuerdo con los términos de mercado.”


                Adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha 02 de
         marzo de 2012, el Lic. Roelis Reyes Picado, Jefe de la Unidad de
         Protección a Víctimas y Testigos, amplía el criterio técnico emitido
         anteriormente mediante oficio N° 032/UPROV/OPO, indicando lo
         siguiente en relación con la línea N° 6:

               “Observaciones:

               Comparando el vehículo KIA SORENTO contra el cartel,
         encontré los siguientes incumplimientos:

                Punto 2.
                Le ofrecieron un vehículo con motor a gasolina 3.500 cc.
                Esto implica que el costo por gasto de combustible es muy
         superior al de un vehículo diesel, el costo por concepto de
         mantenimiento preventivo es mayor significativamente.
                La cilindrada ofrecida de 3.500 cc excede significativamente
         el valor de referencia dado en el cartel. Note que esta diferencia se
         reflejará directamente en el gasto de combustible, pues un motor
más grande consume más y la diferencia en el precio de los
combustibles gas/dsl le impactará por mucho.

        Punto 3.
        En el cartel se solicitó un torque de 343 Nm. Revisando una
ficha técnica encontré que el Kia posee un torque de 34.2 Kg-m a
5.000 rpm. Al pasarlo a Newton metro (Nm) se multiplica por 9.807
y da un resultado de 335.40 Nm; es decir que no llega al mínimo
solicitado. Además, el cartel señaló que el torque máximo debe
mantenerse en el rango de revoluciones por minuto de 1400 a 3200
rpm, por lo que ese vehículo incumple también, pues el torque
máximo solo se alcanza a las 5.000 rpm por ser gasolina. En otras
palabras el TOYOTA alcanza muy rápido (bajas revoluciones) el
torque máximo 1400 rpm y lo mantienen al máximo hasta las 3.200
rpm, lo cual no logra el motor del KIA por ser gasolina.

      El KIA por ser gasolina tiene una mayor potencia: 206 Kw
versus 120 Kw (277 HP vrs 161 del Toyota), pero tiene menos
torque que es la medida de la fuerza del motor. El KIA tiene 335 vrs
343 Nm del Toyota.

        Punto 8.
        El cartel pidió un peso bruto de 2500 kilos.
        Ese vehículo incumple este punto del cartel pues no alcanza
ese peso bruto. No tengo el dato exacto pero ustedes lo pueden
pedir al oferente. El dato que tengo indica que el PBV de ese
vehículo oscila entre 2.000 y 2.300 kilos; es decir, no llega al peso
solicitado. Este es un dato muy importante, pues como ese carro no
es para trabajo pesado, tiene componentes más livianos,
especialmente en carrocería, chasis y suspensión, que son los
componentes que destacan a un vehículo para trabajo pesado.

      Punto 24.
      El KIA incumple el largo máximo solicitado pues solo tienen
4.685 mm de largo.


       Punto 26.
       El Kia incumple el alto total, pues solo tiene 1.710 mm vrs
los 1850 mm que tiene el TOYOTA. Esta diferencia se da
principalmente porque el KIA no tiene tanta altura libre al suelo
como el TOYOTA y porque el tamaño de llantas es menor.
       Punto 27.
       El cartel solicita una distancia entre ejes de 2750 mm y el
KIA tiene 2.700 mm, por lo que incumple.
       Punto 31.
       El cartel solicita que el vehículo posea full time, es decir,
tracción en las cuatro ruedas todo el tiempo. Me parece que el KIA
no es full time, con lo que se pierden muchos beneficios en tracción.

      Punto 34.
      El cartel pide estribos laterales, pero las fotos que he visto
del KIA no tienen estribos. Seguro se los van a instalar en el país.
Revisar la oferta.

        Punto 36.
        El KIA incumple la capacidad del tanque de combustible
pues solo tiene 70 litros y el cartel pidió 80 litros. Esto es muy
importante pues mayor capacidad de combustible le da mayor
autonomía al vehículo, puede recorrer mayor distancia con una
sola carga de combustible. Por ejemplo si ese KIA hiciera 6 Km por
litro, en 10 litros de diferencia, el TOYOTA puede recorrer 60 km
más, pero como el TOYOTA tiene un rendimiento de combustible de
12.5 km/litro aprox, con esos 10 litros de más combustible puede
recorrer hasta 125 km más.”

       En virtud de lo indicado por el Lic. Roelis Reyes, esta
Proveeduría solicitó criterio técnico al Sr. Juan Carlos Chaves Sojo,
Perito del Departamento de Proveeduría, quien al respecto indicó:

        “Revisando los puntos indicados por la unidad usuaria como
incumplimiento del cartel por parte del oferente AESA, le informo
que la característica del motor es la línea de discordia con respecto
al cartel publicado, ya que las mismas no son consecuente con las
especificaciones técnicas requeridas por la institución, por motivo
de que ofrecen un motor Gasolina y no diesel turbado como se
solicitó, elemento que tiene gran influencia en el rendimiento del
automotor y en el gasto económico del estado; por lo cual tiene
fundamento en ese punto el criterio de la unidad usuaria.

      En razón de ello las especificaciones técnicas no están
siendo cumplidas por parte de la empresa expuesta.”

      PREVENCIONES:
               Mediante oficio N° 2141-DP/12-2012, del 29 de febrero de
        2012, se previno a la empresa Purdy Motor S.A. para que aportara
        declaración jurada de encontrarse al día en el pago de impuestos
        municipales, por lo que según consta en folio N° 1027, la empresa
        aportó dicha declaración, cumpliendo con lo solicitado.

                Por otra parte, se procedió a prevenir a la empresa Vehículos
        Internacionales VEINSA S.A.; dado que según lo solicitado en la
        cláusula N° 2.1.30 del cartel, omitió indicar la ubicación de los
        talleres o centros de servicio autorizados para ejecutar la atención de
        los vehículos en las zonas de Puntarenas, Limón o Guápiles y
        Ciudad Neilly, o bien presentar propuesta alternativa para tales
        zonas, así como aclarar el plazo de entrega indicado en su oferta
        para la línea N° 6; por lo que mediante nota presentada en este
        Departamento el 05 de marzo del presente año, visible a folio N°
        1028, la empresa atendió la prevención cursada, en forma aceptable
        para esta Administración.

                Asimismo, mediante oficio N° 2143-DP/12-2012, se cursó
        prevención a la empresa Agencia Datsun S.A., para que con base a
        lo solicitado en la cláusula N° 2.1.30 del cartel, indique la ubicación
        de los talleres o centros de servicio autorizados para ejecutar la
        atención de los vehículos en las zonas de Puntarenas y Ciudad
        Neilly, o bien presentar propuesta alternativa para tales zonas;
        siendo que mediante nota de fecha 02 de marzo de 2012, la empresa
        respondió a la prevención cursada, aportando la información en
        tiempo y forma, misma que fue debidamente aprobada por la
        Administración del Organismo de Investigación Judicial, según
        consta en folio N° 1018 del expediente.

                  ANÁLISIS DE LOS PRECIOS:

              En cuanto a la razonabilidad de los precios ofertados,
        seguidamente se indican los precios propuestos por cada una de las
        empresas participantes:

                                      ANÁLISIS DE PRECIOS
Línea                                                                       Auto
        Usuario      Purdy Motor          VEINSA       Agencia Datsun                  Desiertas
 N°                                                                    Ensambladora
  1      O.I.J.     ₡399.385.575,60    ₡371.424.412,00 ₡371.132.280,44 ₡327.187.347,20
  2      O.I.J.     ₡584.642.280,30           -               -               -
  3      O.I.J.     ₡107.671.346,40           -               -               -
  4      O.I.J.            -                  -               -               -           X
  5      O.I.J.            -                  -               -               -           X
  6         O.I.J.       ₡329.029.710,00 ₡344.043.440,00              -         ₡272.791.840,00
  7         O.I.J.               -                  -                 -                -              X
  8       Almacén        ₡101.665.854,40            -                 -                -
  9       Almacén        ₡22.510.416,20             -                 -                -
 10       Almacén        ₡22.169.426,40             -                 -                -
 11 Adquisiciones                -                  -                 -                -              X
 12 Adquisiciones                -                  -                 -                -              X
 13    Transp. Adm.              -                  -                 -                -              X
 14    Transp. Adm. ₡16.054.512,30           ₡14.504.790,00           -                -
 15      Fisc. Gral.     ₡19.413.516,30      ₡19.848.660,00           -                -
Costo Total Oferta      ₡1.602.542.637,90 ₡749.821.302,00 ₡371.132.280,44 ₡599.979.187,20
Todos los precios se encuentran colonizados al T.C.= ¢508,94 del 21-12-2011 (Fecha de Apertura de Ofertas)


                  En ese sentido, según lo indicado por la Sección de
           Transportes del Organismo de Investigación Judicial, mediante
           oficio N° 124-ST-12, se dispuso rebajar las cantidades a adquirir
           para las líneas N° 1 y 2, dado que en el cartel se había indicado para
           la línea N° 1, adquirir 41 vehículos y para la línea N° 2, 39
           vehículos; sin embargo, en apego al contenido económico
           disponible para tales líneas, se dispuso rebajar las cantidades a
           adquirir a 31 vehículos para la línea N° 1 y 19 vehículos para la
           línea N° 2.


                   ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

                  Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
           técnico detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente
           a la exposición, análisis y valoración de las circunstancias
           concurrentes en el presente procedimiento de contratación.

                  Se tiene como primer resultado de la promoción de este
           procedimiento de contratación, la participación de los siguientes
           oferentes: Purdy Motor S.A., Vehículos Internacionales VEINSA
           S.A., Agencia Datsun S.A. y Auto Ensambladora S.A.

                  De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
           Asesoría Legal, una vez atendidas las prevenciones cursadas a las
           empresas que así lo requerían, todas las ofertas cumplen legalmente
           a concurso; por tanto, siendo que todas las prevenciones fueron
           atendidas de forma satisfactoria, la totalidad de las ofertas recibidas
           se consideran admisibles a concurso.
                   EVALUACIÓN DE OFERTAS:

                 Con base a la cláusula Nº 9 del pliego de condiciones, el
           sistema de valoración se distribuirá de la siguiente manera:

                   A. Garantía por defectos de manufactura (garantía técnica)
           (10%)
                  B. Plazo para suplir repuestos de importación, a partir de que
           se recibe el pedido, hasta la recepción del artículo (6%)
                  C. Experiencia del oferente en contratos similares (12
           puntos)
                  D. Ventas realizadas en los últimos 15 años (8%)
                  E. Precio (50%)
                  F. Del Plazo de Entrega del objeto contractual (14%)

                  Por tanto, al aplicar el sistema de evaluación a los oferentes
           concursantes, el puntaje obtenido para cada línea cotizada es el
           siguiente:

                                 Purdy                     Agencia
                                           VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 1                       Motor                     Datsun
Garantía 100.000 km o más       10,00%     10,00%          10,00%           10,00%
Plazo d repuestos                6,00%      6,00%           6,00%            6,00%
Experiencia                     12,00%     12,00%          12,00%           12,00%
Ventas últ 15 años               4,32%      4,92%           8,00%            1,50%
Precio                          40,96%     44,04%          44,08%           50,00%
Plazo de Entrega en días nat.   14,00%      9,00%          14,00%            9,00%
Calificación Total:             87,28%     85,96%          94,08%           88,50%

                                 Purdy                     Agencia
                                           VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 2                       Motor                     Datsun
Garantía 100.000 km o más       10,00%
Plazo d repuestos                6,00%
Experiencia                     12,00%
Ventas últ 15 años               8,00%    No cotiza        No cotiza       No cotiza
Precio                          50,00%
Plazo de Entrega en días nat.    1,00%
Calificación Total:             87,00%

                                Purdy                      Agencia
                                           VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 3                      Motor                      Datsun
Garantía 100.000 km o más       10,00%
Plazo d repuestos               6,00%
Experiencia                     12,00%    No cotiza        No cotiza       No cotiza
Ventas últ 15 años              8,00%
Precio                          50,00%
Plazo de Entrega en días nat. 1,00%
Calificación Total:           87,00%

                                 Purdy                        Agencia
                                             VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 6                       Motor                         Datsun
Garantía 100.000 km o más       10,00%
Plazo d repuestos                6,00%
Experiencia                     12,00%
Ventas últ 15 años               1,55% No cumple técnicamente           No cumple técnicamente
                                                              No cotiza
Precio                          41,45%
Plazo de Entrega en días nat.    1,00%
Calificación Total:             72,00%

                               Purdy                           Agencia
                                               VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 8                     Motor                           Datsun
Garantía 100.000 km o más 10,00%
Plazo d repuestos              6,00%
Experiencia                    12,00%
Ventas últ 15 años             8,00%           No cotiza       No cotiza       No cotiza
Precio                         50,00%
Plazo de Entrega en días nat. 14,00%
Calificación Total:           100,00%


                                 Purdy                         Agencia
                                               VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 9                       Motor                         Datsun
Garantía 100.000 km o más        10,00%
Plazo d repuestos                6,00%
Experiencia                      12,00%
Ventas últ 15 años               8,00%         No cotiza       No cotiza       No cotiza
Precio                           50,00%
Plazo de Entrega en días nat.    14,00%
Calificación Total:             100,00%

                                 Purdy                         Agencia
                                               VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 10                      Motor                         Datsun
Garantía 100.000 km o más        10,00%
Plazo d repuestos                6,00%
Experiencia                      12,00%
Ventas últ 15 años               8,00%         No cotiza       No cotiza       No cotiza
Precio                           50,00%
Plazo de Entrega en días nat.    14,00%
Calificación Total:             100,00%

                                Purdy                          Agencia
                                               VEINSA                      Auto Ensambladora
LÍNEA N° 14                     Motor                          Datsun
Garantía 100.000 km o más       10,00%          10,00%
Plazo d repuestos               6,00%            6,00%         No cotiza       No cotiza
Experiencia                     12,00%          12,00%
Ventas últ 15 años             8,00%       5,91%
Precio                        45,17%      50,00%
Plazo de Entrega en días nat. 14,00%      14,00%
Calificación Total:           95,17%      97,91%

                                 Purdy                    Agencia
                                          VEINSA                     Auto Ensambladora
LÍNEA N° 15                      Motor                    Datsun
Garantía 100.000 km o más        10,00%   10,00%
Plazo d repuestos                6,00%     6,00%
Experiencia                      12,00%   12,00%
Ventas últ 15 años               8,00%     3,21%         No cotiza       No cotiza
Precio                           50,00%   48,90%
Plazo de Entrega en días nat.    14,00%   14,00%
Calificación Total:             100,00%   94,11%

                 En virtud de lo anterior, la oferta que estaría resultando
           ganadora para cada una de las líneas, es la empresa que obtuvo el
           mayor puntaje en el sistema de evaluación.

                  Cabe indicar, que en el cuadro anterior, no se consideraron
           las líneas N° líneas N° 4, 5, 7, 11, 12 y 13, por cuanto no se
           recibieron ofertas para las mismas.


                   RECOMENDACIÓN:

                  De acuerdo con todo lo indicado anteriormente, se concluye
           que por cumplir técnica y legalmente a cabalidad con las
           condiciones y especificaciones del objeto contractual, las empresas
           ganadoras de este concurso para cada una de las líneas cotizadas,
           son las siguientes:

                      Línea N° 1: Agencia Datsun S.A.
                      Línea N° 2: Purdy Motor S.A.
                      Línea N° 3: Purdy Motor S.A.
                      Línea N° 6: Purdy Motor S.A.
                      Línea N° 8: Purdy Motor S.A.
                      Línea N° 9: Purdy Motor S.A.
                      Línea N° 10: Purdy Motor S.A.
                      Línea N° 14: Vehículos Internacionales VEINSA S.A.
                      Línea N° 15: Purdy Motor S.A.
                  Se recomienda declarar las líneas N° 4, 5, 7, 11, 12 y 13
           infructuosas, por cuanto no se recibieron ofertas para las mismas.
               En cuanto al contenido presupuestario, se procedió a reservar
        el mismo mediante los siguientes pedidos provisionales, con cargo a
        la subpartida 5.01.02 “Equipo de Transporte”, a efecto de atender
        las obligaciones que se deriven de esta contratación para el presente
        ejercicio presupuestario:

 N° Pedido Provisional   N° Solicitud de Pedido        Monto              Programa   I.P.
     2011-014009             2011-212166                ¢194.313.695,00      926      60
     2011-014010             2011-212184                 ¢94.130.471,69      928      60
     2011-014011             2011-212186                ¢847.773.570,00      928      60
     2011-014012             2011-212187                 ¢18.000.000,00      929      60
     2011-014013             2011-212886                 ¢87.500.000,00      928      69

       De lo anterior, el monto total requerido para la presente adjudicación por
parte del Organismo de Investigación Judicial es de ¢703.395.175,96, y el monto
reservado para hacer frente al presente procedimiento licitatorio, es de
¢1.029.404.014,69, por lo que el mismo se ajusta al presupuesto estipulado.

      Asimismo, el presupuesto reservado por el Ministerio Público para la
compra del vehículo a asignar a la Fiscalía General, es de ¢18.000.000,00, y el
monto a adjudicar es de ¢¢7.590.891,02, por lo que el mismo se ajusta al
presupuesto estipulado.

      De igual forma, el presupuesto disponible para la compra de vehículos
administrativos es de ¢194.313.695,00, y el monto que se requiere para adjudicar la
compra de los vehículos a asignar al Consejo Superior, Almacén de la Proveeduría
y Sección de Transportes Administrativos, es de ¢134.454.831,83, por lo que el
mismo igualmente se ajusta al presupuesto estipulado.

       Así las cosas, se recomienda adjudicar la presente licitación conforme al
detalle siguiente:


A:     AGENCIA DATSUN S.A., cédula jurídica N° 3-101-007435.

LÍNEA N° 1: Compra de 32 vehículos marca Nissan, TIIDA SAFE MT, tipo
sedán, cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros, totalmente nuevos,
año/modelo 2012, de los cuales 31 vehículos son para uso del Organismo de
Investigación Judicial y uno para uso del Consejo Superior.

       En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se adjudican 10 unidades
en color negro, código KH3-G; 10 unidades en color diamante, código K23-G; y 12
unidades en color gris oscuro, código K36-G. (El vehículo a ser asignado al
Consejo Superior será de color gris oscuro, código K36-G).
       Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta línea, son los
siguientes:

      No. de placa    No. de motor   Marca      Modelo             Monto de avalúo
        681451         1VO229489      Fiat       Siena              ₡5.200.000,00
        681540         1V0244120      Fiat       Siena              ₡4.500.000,00
        622377        1NZB734405     Toyota      2006               ₡4.900.000,00
        622525       D4EA5H119385     Kia      CDFDS85              ₡4.600.000,00
        622691        1NZB750633     Toyota      2006               ₡5.200.000,00
        681793         1VO243677      Fiat       Siena              ₡4.600.000,00
        622761       D4EA5H116873     Kia      No indica            ₡4.750.000,00
        622988       D4EA5H149787     Kia      CDFDS85              ₡4.150.000,00
        623501        1NZB734879     Toyota    No indica            ₡5.100.000,00
        623684        1NZB770297     Toyota      2006               ₡5.200.000,00
        623745        1NZB771338     Toyota      2006               ₡5.100.000,00
        627856        1NZB769938     Toyota    No indica            ₡5.100.000,00
        680582         1VO243680      Fiat       Siena              ₡4.300.000,00
        680793         1VO243644      Fiat       Siena              ₡4.600.000,00
        709576         1VO325263      Fiat     No indica            ₡5.200.000,00
        711664         1VO321340      Fiat       Siena              ₡5.100.000,00
        680542         1VO229485      Fiat       1VO2               ₡4.000.000,00
        622526        1NZB731924     Toyota    No indica            ₡5.000.000,00
        692035         1VO243485      Fiat       Siena              ₡4.700.000,00
        652987       D4EA5H155396     Kia      CDFDS85              ₡4.800.000,00
                                               NCP12L-
        582027        1NZ2972093     Toyota                         ₡3.700.000,00
                                                BEMRK
       581756       1NZB1190541 Toyota         No indica            ₡4.400.000,00
       681026        1VO243683      Fiat       No indica            ₡4.600.000,00
       681116        1VO244121      Fiat       No indica            ₡4.900.000,00
       680612        1VO243656      Fiat       No indica            ₡4.700.000,00
       681285        1VO244125      Fiat       No indica            ₡4.800.000,00
       682797        1VO243512      Fiat       No indica            ₡4.600.000,00
       680979        1VO243239      Fiat       No indica            ₡4.500.000,00
       691281      G4FC6U055324     Kia        CDFDR65              ₡4.800.000,00
       646764       1NZB867217 Toyota          No indica            ₡5.200.000,00
       653882      D4EA5H155395     Kia        No indica            ₡4.600.000,00
     Monto Total para esta línea:                                     ₡146.900.000,00
                    Monto equivalente en dólares: $286.025,82,     al tipo de
            cambio de 1US$=¢513,59, del día 22 de marzo de 2012.

               El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
        de $17.786,00, correspondiente a un monto total de $569.152,00. El
        monto total de los vehículos a entregar como parte de pago, es de
        $286.025,82, para un neto a girar de $283.126,18, que al tipo de
        cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
        corresponde a un monto de ¢145.410.774,79, neto a girar para esta
línea.

        Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
el pliego de condiciones de esta licitación.

       Entrega:
       El plazo máximo de entrega será de 54 días hábiles, a partir
de la entrega del Pedido al adjudicatario, para lo cual se requerirá
trámite de exoneración de impuestos. El lugar de entrega será en las
Bodegas de la Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de
Flores, Heredia; para lo cual deberán coordinar con al menos 05
días hábiles de anticipación, la entrega respectiva mediante cita
previa vía correo electrónico, con el Sr. Alexander Venegas
Elizondo a la dirección avenegas@poder-judicial.go.cr, teléfono
2295-3620, ó con la M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a la dirección
poveda@poder-judicial.go.cr, teléfono 2295-4339, del Subproceso
de Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría
Judicial.

       Garantía:
       La garantía de fábrica cubre los primeros 100.000 kilómetros
de circulación, independientemente del tiempo transcurrido, contra
defectos de fabricación en condiciones normales de uso,
almacenamiento o manipulación.


      GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR A
ESTE OFERENTE: $569.152,00, equivalentes al tipo de cambio
de 1US$=¢513,59 del 22 de marzo de 2012, para un total de
¢292.310.775,68.



      A: PURDY MOTOR S.A., cédula jurídica N° 3-101-
005744-24.


      LÍNEA N° 2: Compra de 19 vehículos marca Toyota, estilo
HILUX, tipo pick up, doble cabina, 4X4, para uso del Organismo
de Investigación Judicial.

       En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se
adjudican 5 unidades en color IE9 dark grey mica metallic; 5
        unidades en color 209 black mica/ink; 5 unidades en color IC0 silve
        metallic; y 4 unidades en color IH2 dark steel mica.

                Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta
        línea, son los siguientes:

No. de placa No. de motor        Marca                 Modelo            Monto de avalúo
 CL 200005     2RZ3324322        Toyota          RZN168L PRMDK             ₡6.600.000,00
 CL 216195     2KD7223333        Toyota         KUN25L- PRMDHG             ₡8.600.000,00
 CL 200003     2RZ3323254        Toyota          RZN168L PRMDK             ₡7.500.000,00
 CL 215907     QD32234361        Nissan               No indica            ₡7.800.000,00
 CL 216339     QD32234520        Nissan               No indica            ₡8.500.000,00
 CL 200282     QD 32190295       Nissan               No indica            ₡6.000.000,00
 CL 200000     W9AT144095        Mazda                UP75 LB4             ₡6.600.000,00
 CL 215915     QD32234482        Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡7.500.000,00
 CL 215977     QD32234780        Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡7.700.000,00
 CL 216291     QD32234534        Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡7.000.000,00
 CL 200001     W9AT144147        Mazda                UP75 LB4             ₡6.600.000,00
 CL 200002     2RZ3322360        Toyota          RZN168L PRMDK             ₡6.800.000,00
 CL 216460     QD32234216        Nissan               No indica            ₡8.200.000,00
 CL 200004     2RZ3324011        Toyota          RZN168L PRMDK             ₡6.300.000,00
 CL 200346     QD32190198        Nissan CVRULCFD22NWNE7AKG                 ₡7.000.000,00
 CL 217269     2KD7232057        Toyota               No indica            ₡9.000.000,00
 CL 216131     2KD7221713        Toyota         KUN25L – PRMDHG            ₡8.600.000,00
 CL 215880     QD32234702        Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡8.000.000,00
  216270       QD32234250        Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡8.200.000,00
Monto Total para esta línea:                                               ₡142.500.000,00
Monto equivalente en dólares: $277.458,67, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día 22 de
marzo de 2012.

               El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
        de $29.455,00, correspondiente a un monto total de $559.645,00. El
        monto total de los vehículos a entregar como parte de pago, es de
        $277.458,67, para un neto a girar de $282.186,33, que al tipo de
        cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
        corresponde a un monto de ¢144.928.077,22, neto a girar para esta
        línea.

                Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
        el pliego de condiciones de esta licitación.


               LÍNEA N° 3: Compra de 3 vehículos marca Toyota, estilo
        Land Cuiser, acondicionadas para el traslado de cuerpos de personas
        fallecidas, para uso del Organismo de Investigación Judicial.
             En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se
adjudican 3 unidades en color 058 white.
        Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta
línea, son los siguientes:

 No. de placa  No. de motor        Marca   Modelo    Monto de avalúo
  EE 022366    1HZ0265251          Toyota  No indica  ₡3.500.000,00
  CL 208906    2KD7021445          Toyota  No indica  ₡7.700.000,00
  CL 207089    2KD7016897          Toyota   2006      ₡7.300.000,00
Monto Total para esta línea:                           ₡18.500.000,00
Monto equivalente en dólares: $36.020,95, al tipo de cambio de
1US$=¢513,59, del día 22 de marzo de 2012.

       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
de $70.520,00, correspondiente a un monto total de $211.560,00. El
monto total de los vehículos a entregar como parte de pago, es de
$36.020,95, para un neto a girar de $175.539,05, que al tipo de
cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
corresponde a un monto de ¢90.155.100,69, neto a girar para esta
línea.

        Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
el pliego de condiciones de esta licitación.


       LÍNEA N° 6: Compra de 20 vehículos marca Toyota, estilo
FORTUNER, tipo todo terreno, 4X4, para uso del Organismo de
Investigación Judicial.

            En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se
adjudican 20 unidades en color 209 black mica/ink.

        Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
el pliego de condiciones de esta licitación, para un precio unitario de
$32.325,00, correspondiente a un monto total de $646.500,00, al
tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
para un precio unitario de ¢16.601.796,75, y un costo total en
colones de ¢332.035.935,00.


       Entrega:
       Para las líneas N° 2, 3 y 6, el plazo máximo de entrega será
de 107 días hábiles, a partir de la entrega del Pedido al
adjudicatario, para lo cual se requerirá trámite de exoneración de
  impuestos. El lugar de entrega será en las Bodegas de la
  Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de Flores, Heredia;
  para lo cual deberán coordinar con al menos 05 días hábiles de
  anticipación, la entrega respectiva mediante cita previa vía correo
  electrónico, con el Sr. Alexander Venegas Elizondo a la dirección
  avenegas@poder-judicial.go.cr, teléfono 2295-3620, ó con la
  M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a la dirección poveda@poder-
  judicial.go.cr, teléfono 2295-4339, del Subproceso de
  Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría
  Judicial.

         Garantía:
         Para las líneas N° 2, 3 y 6, la garantía de fábrica cubre los
  primeros 100.000 kilómetros de circulación, independientemente
  del tiempo transcurrido, la cual incluye cobertura por defectos de
  corrosión o fatiga del material producto de malas aplicaciones o
  mezclas químicas inadecuadas por parte del fabricante en la
  estructura y acabado final del vehículo.


       LÍNEA N° 8: Compra de 02 vehículos marca HINO, estilo
  FG1JPUB-TLG, para uso del Almacén de la Proveeduría.

         En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se
  adjudican 2 unidades en color 040 super white II.

          Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta
  línea, son los siguientes:


 No. de placa    No. de motor Marca            Modelo          Monto de avalúo
  PJ 001037     JO8CTW11878 Hino              No indica            ₡9.000.000,00
  PJ 001046     J08CTW11877      Hino        GD1JLTA               ₡8.000.000,00
Monto Total para esta línea:                                      ₡17.000.000,00
Monto equivalente en dólares: $33.100,33, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del
día 22 de marzo de 2012.

         El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
  de $99.880,00, correspondiente a un monto total $199.760,00. El
  monto total de los vehículos a entregar como parte de pago, es de
  $33.100,33, para un neto a girar de $166.659,67, que al tipo de
  cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
  corresponde a un monto de ¢85.594.739,92, neto a girar para esta
  línea.
             Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
     el pliego de condiciones de esta licitación.


         LÍNEA N° 9: Compra de 1 vehículo marca HINO, estilo
     XZU710L-HKFQL3, para uso del Almacén de la Proveeduría.

                 En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica
     en color 040 super white II.

             El vehículo que se entregará como parte de pago para esta
     línea, es el siguiente:

 No. de placa     No. de motor      Marca             Modelo        Monto de avalúo
  PJ 001034       4D34J53114      Mitsubishi         No indica         ₡7.000.000,00
Monto Total para esta línea:                                           ₡7.000.000,00
Monto equivalente en dólares: $13.629,55, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día
22 de marzo de 2012.

            El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
     de $44.230,00. El monto total del vehículo a entregar como parte
     de pago, es de $13.629,55, para un neto a girar de $30.600,45, que
     al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
     corresponde a un monto de ¢15.716.085,12, neto a girar para esta
     línea.

             Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
     el pliego de condiciones de esta licitación.

         LÍNEA N° 10: Compra de 1 vehículo marca HINO, estilo
     XZU710L-HKFQL3, para uso del Almacén de la Proveeduría.

                 En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica
     en color 040 super white II.

             El vehículo que se entregará como parte de pago para esta
     línea, es el siguiente:

 No. de placa   No. de motor      Marca            Modelo         Monto de avalúo
  PJ 001036      4D34J53134     Mitsubishi FE659F6SLNH                ₡6.600.000,00
Monto Total para esta línea:                                          ₡6.600.000,00
Monto equivalente en dólares: $12.850,72, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día
22 de marzo de 2012.
           El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
    de $43.560,00. El monto total del vehículo a entregar como parte
    de pago, es de $12.850,72, para un neto a girar de $30.709,28, que
    al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
    corresponde a un monto de ¢15.771.979,12, neto a girar para esta
    línea.

            Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
    el pliego de condiciones de esta licitación.


          LÍNEA N° 15: Compra de 1 vehículo marca Toyota, estilo
    Fortuner, tipo Station Wagon, para uso de la Fiscalía General.

                En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica
    en color 040 super white II.

            El vehículo que se entregará como parte de pago para esta
    línea, es el siguiente:


No. de placa    No. de motor      Marca         Modelo           Monto de avalúo
                                               GRN215L-
   624699        1GR5174337       Toyota        GKAGK                ₡12.000.000,00
Monto Total para esta línea:                                         ₡12.000.000,00
Monto equivalente en dólares: $23.364,94, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día
22 de marzo de 2012.

           El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
    de $38.145,00. El monto total del vehículo a entregar como parte
    de pago, es de $23.364,94, para un neto a girar de $14.780,06, que
    al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
    corresponde a un monto de ¢7.590.891,02, neto a girar para esta
    línea.

            Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
    el pliego de condiciones de esta licitación.


           Entrega:
           Para las líneas N° 8, 9, 10 y 15, el plazo máximo de entrega
    será de 54 días hábiles, a partir de la entrega del Pedido al
    adjudicatario, para lo cual se requerirá trámite de exoneración de
   impuestos. El lugar de entrega será en las Bodegas de la
   Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de Flores, Heredia;
   para lo cual deberán coordinar con al menos 05 días hábiles de
   anticipación, la entrega respectiva mediante cita previa vía correo
   electrónico, con el Sr. Alexander Venegas Elizondo a la dirección
   avenegas@poder-judicial.go.cr, teléfono 2295-3620, ó con la
   M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a la dirección poveda@poder-
   judicial.go.cr, teléfono 2295-4339, del Subproceso de
   Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría
   Judicial.


          Garantía:
          Para las líneas N° 8, 9, 10 y 15, la garantía de fábrica cubre
   los primeros 100.000 kilómetros de circulación, independientemente
   del tiempo transcurrido, la cual incluye cobertura por defectos de
   corrosión o fatiga del material producto de malas aplicaciones o
   mezclas químicas inadecuadas por parte del fabricante en la
   estructura y acabado final del vehículo.

         GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR A
   ESTE OFERENTE: $1.743.400,00, equivalentes al tipo de
   cambio de 1US$=¢513,59 del 22 de marzo de 2012, para un total
   de ¢895.392.806,00.



          A: Vehículos Internacionales VEINSA S.A., cédula
   jurídica N° 3-101-025416.

          LÍNEA N° 14: Compra de 1 vehículo marca Mitsubishi,
   estilo pick up L200 GLS, doble cabina, 4X4, turbo diesel
   intercooler, año 2012, para uso de la Sección de Transportes
   Administrativos.

              En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica
   en color Cool Silver Metalic (A66).

           El vehículo que se entregará como parte de pago para esta
   línea, es el siguiente:

No. de placa   No. de motor    Marca       Modelo         Monto de avalúo
 PJ 001035     4D34J57023     Mitsubishi   FE659F6            ₡6.400.000,00
Monto Total para esta línea:                                          ₡6.400.000,00
Monto equivalente en dólares: $12.461,30, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día
22 de marzo de 2012.

           El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es
    de $28.500,00. El monto total del vehículo a entregar como parte
    de pago, es de $12.461,30, para un neto a girar de $16.038,70, que
    al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,
    corresponde a un monto de ¢8.237.315,93, neto a girar para esta
    línea.

            Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y
    el pliego de condiciones de esta licitación.


           Entrega:
           El plazo máximo de entrega será de 18 días hábiles, a partir
    de la entrega del Pedido al adjudicatario, para lo cual se requerirá
    trámite de exoneración de impuestos. El lugar de entrega será en las
    Bodegas de la Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de
    Flores, Heredia; para lo cual deberán coordinar con al menos 05
    días hábiles de anticipación, la entrega respectiva mediante cita
    previa vía correo electrónico, con el Sr. Alexander Venegas
    Elizondo a la dirección avenegas@poder-judicial.go.cr, teléfono
    2295-3620, ó con la M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a la dirección
    poveda@poder-judicial.go.cr, teléfono 2295-4339, del Subproceso
    de Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría
    Judicial.

           Garantía:
           La garantía de fábrica cubre los primeros 100.000 kilómetros
    de circulación, independientemente del tiempo transcurrido, la cual
    incluye cobertura por defectos de corrosión o fatiga del material
    producto de malas aplicaciones o mezclas químicas inadecuadas por
    parte del fabricante en la estructura y acabado final del vehículo; así
    como mal funcionamiento del motor, caja de cambio, diferenciales,
    sistema eléctrico (sistema de frenos ABS, sistema bolsas de aire,
    vidrios y espejos eléctricos y cierre central), sistema de dirección
    según el caso, sistema de aire acondicionado. Todos estos aspectos
    serán exceptuados en los casos en que los daños sean provocados o
    causados por desgaste debido al uso normal del vehículo o malas
    prácticas en el uso de los sistemas por parte de la persona usuaria.
    La ejecución de la garantía será totalmente sin costo adicional
       alguno para el Poder Judicial.

             GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR A
       ESTE OFERENTE: $28.500,00, equivalentes al tipo de cambio
       de 1US$=¢513,59, del 22 de marzo de 2012, para un total de
       ¢14.637.315,00.


              GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR PARA
       ESTA LICITACIÓN: $2.341.052,00, equivalentes al tipo de
       cambio de 1US$=¢513,59, del 22 de marzo de 2012, para un
       total de ¢1.202.340.896,68.

             Asimismo, se recomienda declarar las líneas N° 4, 5, 7, 11,
       12 y 13 infructuosas, por cuanto no se recibieron ofertas para las
       mismas.”

                                        -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 45 de la Ley de Contratación Administrativa

y 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente trascrito, se dispuso: 1.) Adjudicar la Licitación Pública N°

2011LN-000021-PROV “Compra de vehículos para uso del Poder Judicial” de

la siguiente manera:

A:    AGENCIA DATSUN S.A., cédula jurídica N° 3-101-007435.

      LÍNEA N° 1: Compra de 32 vehículos marca Nissan, TIIDA SAFE MT,

tipo sedán, cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros, totalmente nuevos,

año/modelo 2012, de los cuales 31 vehículos son para uso del Organismo de
Investigación Judicial y uno para uso del Consejo Superior.

      En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se adjudican 10

unidades en color negro, código KH3-G; 10 unidades en color diamante,

código K23-G; y 12 unidades en color gris oscuro, código K36-G. (El

vehículo a ser asignado al Consejo Superior será de color gris oscuro, código

K36-G).

      Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta línea, son

los siguientes:

      No.    de
                No. de motor       Marca    Modelo        Monto de avalúo
      placa
      681451    1VO229489          Fiat     Siena         ₡5.200.000,00
      681540    1V0244120          Fiat     Siena         ₡4.500.000,00
      622377    1NZB734405         Toyota   2006          ₡4.900.000,00
      622525    D4EA5H119385       Kia      CDFDS85       ₡4.600.000,00
      622691    1NZB750633         Toyota   2006          ₡5.200.000,00
      681793    1VO243677          Fiat     Siena         ₡4.600.000,00
      622761    D4EA5H116873       Kia      No indica     ₡4.750.000,00
      622988    D4EA5H149787       Kia      CDFDS85       ₡4.150.000,00
      623501    1NZB734879         Toyota   No indica     ₡5.100.000,00
      623684    1NZB770297         Toyota   2006          ₡5.200.000,00
      623745    1NZB771338         Toyota   2006          ₡5.100.000,00
      627856    1NZB769938         Toyota   No indica     ₡5.100.000,00
      680582    1VO243680          Fiat     Siena         ₡4.300.000,00
      680793    1VO243644          Fiat     Siena         ₡4.600.000,00
      709576    1VO325263          Fiat     No indica     ₡5.200.000,00
      711664    1VO321340          Fiat     Siena         ₡5.100.000,00
      680542    1VO229485          Fiat     1VO2          ₡4.000.000,00
      622526    1NZB731924         Toyota   No indica     ₡5.000.000,00
      692035    1VO243485          Fiat     Siena         ₡4.700.000,00
      652987    D4EA5H155396       Kia      CDFDS85       ₡4.800.000,00
                                            NCP12L-
      582027      1NZ2972093       Toyota                 ₡3.700.000,00
                                            BEMRK
      581756      1NZB1190541      Toyota   No indica     ₡4.400.000,00
      681026      1VO243683        Fiat     No indica     ₡4.600.000,00
      681116      1VO244121        Fiat     No indica     ₡4.900.000,00
      680612      1VO243656        Fiat     No indica     ₡4.700.000,00
      681285      1VO244125        Fiat     No indica     ₡4.800.000,00
      682797        1VO243512           Fiat       No indica          ₡4.600.000,00
      680979        1VO243239           Fiat       No indica          ₡4.500.000,00
      691281        G4FC6U055324        Kia        CDFDR65            ₡4.800.000,00
      646764        1NZB867217          Toyota     No indica          ₡5.200.000,00
      653882        D4EA5H155395        Kia        No indica          ₡4.600.000,00
      Monto Total para esta línea:                                    ₡146.900.000,00
      Monto equivalente en dólares: $286.025,82, al tipo de cambio   de 1US$=¢513,59,
      del día 22 de marzo de 2012.



      El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$17.786,00 (diecisiete mil setecientos ochenta y seis dólares), correspondiente

a un monto total de $569.152,00 (quinientos sesenta y nueve mil ciento

cincuenta y dos dólares). El monto total de los vehículos a entregar como

parte de pago, es de $286.025,82 (doscientos ochenta y seis mil veinticinco

dólares con ochenta y dos centavos), para un neto a girar de

$283.126,18(doscientos ochenta y tres mil ciento veintiséis dólares con

dieciocho centavos), que al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de

marzo de 2012, corresponde a un monto de ¢145.410.774,79(ciento cuarenta y

cinco millones cuatrocientos diez mil setecientos setenta cuatro colones con

setenta y nueve céntimos ), neto a girar para esta línea.

      Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

Entrega:

      El plazo máximo de entrega será de 54 días hábiles, a partir de la

entrega del pedido al adjudicatario, para lo cual se requerirá trámite de
exoneración de impuestos. El lugar de entrega será en las Bodegas de la

Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de Flores, Heredia; para lo

cual deberán coordinar con al menos 5 días hábiles de anticipación, la entrega

respectiva mediante cita previa vía correo electrónico, con el Sr. Alexander

Venegas Elizondo a la dirección avenegas@poder-judicial.go.cr, teléfono

2295-3620, ó con la M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a la dirección

poveda@poder-judicial.go.cr, teléfono 2295-4339, del Subproceso de

Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría Judicial.

Garantía:

      La garantía de fábrica cubre los primeros 100.000 kilómetros de

circulación, independientemente del tiempo transcurrido, contra defectos de

fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento o manipulación.

GRAN         TOTAL       ADJUDICADO           A      ESTE       OFERENTE:

$569.152,00(quinientos sesenta y nueve mil cientos cincuenta y dos dólares),

equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢513,59 del 22 de marzo de 2012,

para un total de ¢292.310.775,68 (doscientos noventa y dos millones

trescientos diez mil setecientos setenta y cinco colones con sesenta y ocho

céntimos).

A:    PURDY MOTOR S.A., cédula jurídica N° 3-101-005744-24.

      LÍNEA N° 2: Compra de 19 vehículos marca Toyota, estilo HILUX,
tipo pick up, doble cabina, 4X4, para uso del Organismo de Investigación

Judicial.

       En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se adjudican 5

unidades en color IE9 dark grey mica metallic; 5 unidades en color 209 black

mica/ink; 5 unidades en color IC0 silve metallic; y 4 unidades en color IH2

dark steel mica.

      Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta línea, son

los siguientes:

No. de
placa       No. de motor   Marca    Modelo                  Monto de avalúo
CL
200005      2RZ3324322     Toyota   RZN168L PRMDK           ₡6.600.000,00
CL
216195      2KD7223333     Toyota   KUN25L- PRMDHG          ₡8.600.000,00
CL
200003      2RZ3323254     Toyota   RZN168L PRMDK           ₡7.500.000,00
CL
215907      QD32234361     Nissan   No indica               ₡7.800.000,00
CL
216339      QD32234520     Nissan   No indica               ₡8.500.000,00
CL
200282      QD 32190295    Nissan   No indica               ₡6.000.000,00
CL
200000      W9AT144095     Mazda    UP75 LB4                ₡6.600.000,00
CL
215915      QD32234482     Nissan   CVRULCFD22NWNA7ATG      ₡7.500.000,00
CL
215977      QD32234780     Nissan   CVRULCFD22NWNA7ATG      ₡7.700.000,00
CL
216291      QD32234534     Nissan   CVRULCFD22NWNA7ATG      ₡7.000.000,00
CL
200001      W9AT144147     Mazda    UP75 LB4                ₡6.600.000,00
CL
200002      2RZ3322360     Toyota   RZN168L PRMDK           ₡6.800.000,00
CL
216460      QD32234216     Nissan   No indica               ₡8.200.000,00
CL          2RZ3324011     Toyota   RZN168L PRMDK           ₡6.300.000,00
200004
CL
200346 QD32190198           Nissan CVRULCFD22NWNE7AKG                 ₡7.000.000,00
CL
217269 2KD7232057           Toyota No indica                          ₡9.000.000,00
CL
216131 2KD7221713           Toyota KUN25L – PRMDHG                    ₡8.600.000,00
CL
215880 QD32234702           Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡8.000.000,00
216270 QD32234250           Nissan CVRULCFD22NWNA7ATG                 ₡8.200.000,00
Monto Total para esta línea:                                          ₡142.500.000,00
Monto equivalente en dólares: $277.458,67, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día 22 de
marzo de 2012.



       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$29.455,00(veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares),

correspondiente a un monto total de $559.645,00(quinientos cincuenta y

nueve mil seiscientos cuarenta y cinco dólares con treinta y tres centavos). El

monto total de los vehículos a entregar como parte de pago, es de

$277.458,67(doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho

dólares con sesenta y siete centavos), para un neto a girar de

$282.186,33(doscientos ochenta y dos mil ciento ochenta y seis dólares con

treinta y tres centavos), que al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22

de marzo de 2012, corresponde a un monto de ¢144.928.077,22(ciento

cuarenta y cuatro millones novecientos veintiocho mil setenta y siete colones

con veintidós céntimos), neto a girar para esta línea.

       Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.
       LÍNEA N° 3:         Compra de 3 vehículos marca Toyota, estilo Land

Cruiser, acondicionadas para el traslado de cuerpos de personas fallecidas,

para uso del Organismo de Investigación Judicial.

       En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se adjudican 3

unidades en color 058 white.

       Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta línea, son

los siguientes:

No. de placa     No. de motor        Marca             Modelo        Monto de avalúo
EE 022366        1HZ0265251          Toyota            No indica     ₡3.500.000,00
CL 208906        2KD7021445          Toyota            No indica     ₡7.700.000,00
CL 207089        2KD7016897          Toyota            2006          ₡7.300.000,00
Monto Total para esta línea:                                         ₡18.500.000,00
Monto equivalente en dólares: $36.020,95, al tipo de   cambio de 1US$=¢513,59, del día 22 de
marzo de 2012.



       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$70.520,00(setenta mil quinientos veinte dólares), correspondiente a un monto

total de $211.560,00(doscientos once mil quinientos sesenta dólares). El

monto total de los vehículos a entregar como parte de pago, es de

$36.020,95(treinta y seis mil veinte dólares con noventa y cinco centavos),

para un neto a girar de $175.539,05(ciento setenta y cinco mil quinientos

treinta y nueve dólares con cinco centavos ), que al tipo de cambio de 1US$=

¢513,59, del día 22 de marzo de 2012, corresponde a un monto de

¢90.155.100,69 (noventa millones ciento cincuenta y cinco mil cien colones
con sesenta y nueve céntimos), neto a girar para esta línea.

      Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

      LÍNEA N° 6:         Compra de 20 vehículos marca Toyota, estilo

FORTUNER, tipo todo terreno, 4X4,               para uso del Organismo de

Investigación Judicial.

      En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se adjudican 20

unidades en color 209 black mica/ink.

      Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación, para un precio unitario de $32.325,00(treinta y

dos mil trescientos veinticinco dólares), correspondiente a un monto total de

$646.500,00(seiscientos cuarenta y seis mil quinientos dólares), al tipo de

cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012, para un precio

unitario de ¢16.601.796,75(dieciséis millones seiscientos un mil setecientos

noventa y seis colones con setenta y cinco céntimos), y un costo total de

¢332.035.935,00 (trescientos treinta y dos millones treinta y cinco mil

novecientos treinta y cinco colones exactos).

Entrega:

      Para las líneas N° 2, 3 y 6, el plazo máximo de entrega será de 107 días

hábiles, a partir de la entrega del Pedido al adjudicatario, para lo cual se
requerirá trámite de exoneración de impuestos. El lugar de entrega será en las

Bodegas de la Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de Flores,

Heredia; para lo cual deberán coordinar con al menos 5 días hábiles de

anticipación, la entrega respectiva mediante cita previa vía correo electrónico,

con el Sr. Alexander Venegas Elizondo a la dirección avenegas@poder-

judicial.go.cr, teléfono 2295-3620, ó con la M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a

la   dirección    poveda@poder-judicial.go.cr,      teléfono   2295-4339,      del

Subproceso de Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría

Judicial.

Garantía:

      Para las líneas N° 2, 3 y 6, la garantía de fábrica cubre los primeros

100.000     kilómetros   de   circulación,   independientemente       del   tiempo

transcurrido, la cual incluye cobertura por defectos de corrosión o fatiga del

material producto de malas aplicaciones o mezclas químicas inadecuadas por

parte del fabricante en la estructura y acabado final del vehículo.

      LÍNEA N° 8: Compra de 02 vehículos marca HINO, estilo FG1JPUB-

TLG, para uso del Almacén de la Proveeduría.

      En cuanto a los colores de los vehículos a adquirir, se adjudican 2

unidades en color 040 super white II.

      Los vehículos que se entregarán como parte de pago para esta línea, son
los siguientes:

     No.       de
     placa        No. de motor       Marca Modelo                Monto de avalúo
     PJ 001037 JO8CTW11878           Hino      No indica         ₡9.000.000,00
     PJ 001046 J08CTW11877           Hino      GD1JLTA           ₡8.000.000,00
     Monto Total para esta línea:                                ₡17.000.000,00
     Monto equivalente en dólares: $33.100,33, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del
     día 22 de marzo de 2012.



       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$99.880,00(noventa         y   nueve      mil     ochocientos      ochenta      dólares),

correspondiente a un monto total $199.760,00(ciento noventa nueve mil

setecientos sesenta dólares). El monto total de los vehículos a entregar como

parte de pago, es de $33.100,33(treinta y tres mil cien dólares con treinta y

tres centavos), para un neto a girar de $166.659,67(ciento sesenta y seis mil

seiscientos cincuenta y nueve dólares con sesenta y siete centavos), que al

tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012, corresponde

a un monto de ¢85.594.739,92(ochenta y cinco millones quinientos noventa y

cuatro mil setecientos treinta y nueve colones con noventa y dos céntimos), neto

a girar para esta línea.

       Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

       LÍNEA N° 9: Compra de 1 vehículo marca HINO, estilo XZU710L-

HKFQL3, para uso del Almacén de la Proveeduría.
         En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica en color 040

super white II.

         El vehículo que se entregará como parte de pago para esta línea, es el

siguiente:

No. de placa   No. de motor        Marca           Modelo            Monto de avalúo
PJ 001034      4D34J53114          Mitsubishi      No indica         ₡7.000.000,00
Monto Total para esta línea:                                         ₡7.000.000,00
Monto equivalente en dólares: $13.629,55, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día 22 de
marzo de 2012.



         El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$44.230,00(cuarenta y cuatro mil doscientos treinta dólares). El monto total

del vehículo a entregar como parte de pago, es de $13.629,55(trece mil

seiscientos veintinueve dólares con cincuenta y cinco centavos), para un neto a

girar de $30.600,45(treinta mil seiscientos dólares con cuarenta y cinco

centavos), que al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de

2012, corresponde a un monto de ¢15.716.085,12 (quince millones setecientos

dieciséis mil ochenta y cinco colones con doce céntimos), neto a girar para esta

línea.

         Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

         LÍNEA N° 10: Compra de 1 vehículo marca HINO, estilo XZU710L-

HKFQL3, para uso del Almacén de la Proveeduría.
       En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica en color 040

super white II.

       El vehículo que se entregará como parte de pago para esta línea, es el

siguiente:

    No.     de
    placa       No. de motor     Marca        Modelo                Monto de avalúo
    PJ 001036 4D34J53134         Mitsubishi   FE659F6SLNH           ₡6.600.000,00
    Monto Total para esta línea:                                    ₡6.600.000,00
    Monto equivalente en dólares: $12.850,72, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día
    22 de marzo de 2012.



       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$43.560,00(cuarenta y tres mil quinientos sesenta dólares). El monto total del

vehículo a entregar como parte de pago, es de $12.850,72(doce mil

ochocientos cincuenta dólares con setenta y dos centavos), para un neto a girar

de $30.709,28(treinta mil setecientos nueve dólares con veintiocho centavos),

que al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012,

corresponde a un monto de ¢15.771.979,12(quince millones setecientos setenta

y un mil novecientos setenta y nueve colones con doce céntimos), neto a girar

para esta línea.

       Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

       LÍNEA N° 15: Compra de 1 vehículo marca Toyota, estilo Fortuner,

tipo Station Wagon, para uso de la Fiscalía General.
       En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica en color 040

super white II.

       El vehículo que se entregará como parte de pago para esta línea, es el

siguiente:

    No. de placa   No. de motor     Marca       Modelo             Monto de avalúo
                                                GRN215L-
    624699         1GR5174337      Toyota       GKAGK               ₡12.000.000,00
    Monto Total para esta línea:                                    ₡12.000.000,00
    Monto equivalente en dólares: $23.364,94, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día
    22 de marzo de 2012.



       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$38.145,00(treinta y ocho mil ciento cuarenta cinco dólares). El monto total

del vehículo a entregar como parte de pago, es de $23.364,94(veintitrés mil

trescientos sesenta y cuatro dólares con noventa y cuatro centavos), para un

neto a girar de $14.780,06(catorce mil setecientos ochenta dólares con seis

centavos), que al tipo de cambio de 1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de

2012, corresponde a un monto de ¢7.590.891,02(siete millones quinientos

noventa mil ochocientos noventa y un colones con dos céntimos), neto a girar

para esta línea.

       Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

Entrega:
      Para las líneas N° 8, 9, 10 y 15, el plazo máximo de entrega será de 54

días hábiles, a partir de la entrega del Pedido al adjudicatario, para lo cual se

requerirá trámite de exoneración de impuestos. El lugar de entrega será en las

Bodegas de la Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de Flores,

Heredia; para lo cual deberán coordinar con al menos 05 días hábiles de

anticipación, la entrega respectiva mediante cita previa vía correo electrónico,

con el Sr. Alexander Venegas Elizondo a la dirección avenegas@poder-

judicial.go.cr, teléfono 2295-3620, ó con la M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a

la   dirección    poveda@poder-judicial.go.cr,      teléfono   2295-4339,      del

Subproceso de Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría

Judicial.

Garantía:

      Para las líneas N° 8, 9, 10 y 15, la garantía de fábrica cubre los primeros

100.000     kilómetros   de   circulación,   independientemente       del   tiempo

transcurrido, la cual incluye cobertura por defectos de corrosión o fatiga del

material producto de malas aplicaciones o mezclas químicas inadecuadas por

parte del fabricante en la estructura y acabado final del vehículo.

      GRAN        TOTAL       ADJUDICADO           A     ESTE         OFERENTE:

$1.743.400,00(un millón setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dólares),

equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢513,59 del 22 de marzo de 2012,
para un total de ¢895.392.806,00 (ochocientos noventa y cinco millones

trescientos noventa y dos mil ochocientos seis colones exactos).

       A:     Vehículos Internacionales VEINSA S.A., cédula jurídica N° 3-

101-025416.

       LÍNEA N° 14: Compra de 1 vehículo marca Mitsubishi, estilo pick up

L200 GLS, doble cabina, 4X4, turbo diesel intercooler, año 2012, para uso de

la Sección de Transportes Administrativos.

       En cuanto al color del vehículo a adquirir, se adjudica en color Cool

Silver Metalic (A66).

       El vehículo que se entregará como parte de pago para esta línea, es el

siguiente:

No. de placa   No. de motor      Marca            Modelo           Monto de avalúo
PJ 001035      4D34J57023        Mitsubishi       FE659F6          ₡6.400.000,00
Monto Total para esta línea:                                       ₡6.400.000,00
Monto equivalente en dólares: $12.461,30, al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del día 22 de
marzo de 2012.



       El costo unitario cotizado por la empresa para esta línea, es de

$28.500,00(veintiocho mil quinientos dólares). El monto total del vehículo a

entregar como parte de pago, es de $12.461,30(doce mil cuatrocientos sesenta

y un dólares con treinta centavos), para un neto a girar de $16.038,70(dieciséis

mil treinta y ocho dólares con setenta centavos), que al tipo de cambio de

1US$= ¢513,59, del día 22 de marzo de 2012, corresponde a un monto de
¢8.237.315,93 (ocho millones doscientos treinta y siete mil trescientos quince

colones con noventa y tres céntimos), neto a girar para esta línea.

      Demás especificaciones conforme lo indicado en la oferta y el pliego de

condiciones de esta licitación.

Entrega:

      El plazo máximo de entrega será de 18 días hábiles, a partir de la

entrega del Pedido al adjudicatario, para lo cual se requerirá trámite de

exoneración de impuestos. El lugar de entrega será en las Bodegas de la

Proveeduría Judicial, en su sede de San Joaquín de Flores, Heredia; para lo

cual deberán coordinar con al menos 05 días hábiles de anticipación, la

entrega respectiva mediante cita previa vía correo electrónico, con el Sr.

Alexander Venegas Elizondo a la dirección avenegas@poder-judicial.go.cr,

teléfono 2295-3620, ó con la M.B.A. Hellen Poveda Montoya, a la dirección

poveda@poder-judicial.go.cr, teléfono 2295-4339, del Subproceso de

Administración de Bienes del Departamento de Proveeduría Judicial.

Garantía:

      La garantía de fábrica cubre los primeros 100.000 kilómetros de

circulación, independientemente del tiempo transcurrido, la cual incluye

cobertura por defectos de corrosión o fatiga del material producto de malas

aplicaciones o mezclas químicas inadecuadas por parte del fabricante en la
estructura y acabado final del vehículo; así como mal funcionamiento del

motor, caja de cambio, diferenciales, sistema eléctrico (sistema de frenos

ABS, sistema bolsas de aire, vidrios y espejos eléctricos y cierre central),

sistema de dirección según el caso, sistema de aire acondicionado. Todos

estos aspectos serán exceptuados en los casos en que los daños sean

provocados o causados por desgaste debido al uso normal del vehículo o

malas prácticas en el uso de los sistemas por parte de la persona usuaria. La

ejecución de la garantía será totalmente sin costo adicional alguno para el

Poder Judicial.

      GRAN        TOTAL      ADJUDICADO          A    ESTE      OFERENTE:

$28.500,00(veintiocho mil quinientos dólares), equivalentes al tipo de cambio

de 1US$=¢513,59, del 22 de marzo de 2012, para un total de

¢14.637.315,00(catorce millones seiscientos treinta y siete mil trescientos

quince colones exactos).

      GRAN        TOTAL    ADJUDICADO        PARA     ESTA     LICITACIÓN:

$2.341.052,00(dos millones trescientos cuarenta y un mil cincuenta y dos

dólares), equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢513,59, del 22 de marzo de

2012, para un total de ¢1.202.340.896,68 (un mil doscientos dos millones

trescientos cuarenta mil ochocientos noventa y seis colones con sesenta y ocho

céntimos).
      2.) Declarar las líneas N° 4, 5, 7, 11, 12 y 13 infructuosas, por cuanto no

se recibieron ofertas para las mismas.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XV

Documento 3638-12

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante correo

electrónico de 10 de abril en curso, remite a conocimiento de este Consejo el

oficio N° 3484-DP/12-2012 del 9 de este mes, suscrito por el licenciado

Wilbert Kidd Alvarado, Jefe interino del Departamento de Proveeduría, que

literalmente dice:

             “En sesión N° 08-12 celebrada el 02 de febrero de 2012,
       artículo III, el Consejo Superior dispuso la adjudicación de la
       Licitación Abreviada N° 2011LA-000093-PROV, denominada
       “Sustitución del manto de impermeabilización de la losa del
       techo de los Tribunales de Justicia de Puntarenas”, de la
       siguiente forma:

           “…se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2011LA-
       000093-PROV “Sustitución del manto de impermeabilización de la
       losa del techo de los Tribunales de Justicia de Puntarenas”, de la
       siguiente manera:

           A:     Promatco Centroamericana S.A., cédula jurídica N° 3-
       101-160697.

           “Sustitución del manto de impermeabilización de la losa del
       techo de los Tribunales de Justicia de Puntarenas”

           Demás especificaciones conforme lo indicado en el pliego de
condiciones de esta licitación, para un precio total de
¢14.117.125,00 (catorce millones ciento diecisiete mil ciento
veinticinco colones exactos).”

      Mediante oficio N° 0278-04-SG-2012 suscrito por el
ingeniero José Vindas Cantillano, Jefe de la Sección de
Arquitectura e Ingeniería, con el visto bueno del Lic. Jorge
Ramírez Vega, Subjefe del Departamento de Servicios
Generales, y recibido mediante correo electrónico el día 09 de
abril del año en curso, se indicó lo siguiente:

“En relación con el oficio de fecha 29 de marzo de los corrientes,
remitido por la empresa Promatco, del cual se adjunta copia, en
cuanto a los trabajos extras que se deben de realizar en el proyecto
de reparación del manto de impermeabilización de los Tribunales
de Puntarenas, con el fin de que se brinde el trámite
correspondiente, se adjunta informe N° 95-15-2012, suscrito por
el arquitecto Sergio Barquero Rodriguez, Profesional II de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería de este Departamento.”

    De acuerdo con el informe suscrito por el arquitecto Sergio
Barquero Rodriguez, mediante informe N° 95-15-2012, indicó:

“Por medio del presente oficio, en respuesta a la referencia 654-
2012 Sobre la reparación del manto de impermeabilización de los
Tribunales de Puntarenas. En donde se solicita revisar y aprobar
los trabajos extras encontrados en dicho proyecto.

Le indico lo siguiente:

Como es de su conocimiento, por lo observado en fotografías y lo
conversado entre nosotros. Además de su conocimiento de la
situación y el documento presentado por la empresa Promatco.


1. Las situaciones señaladas en el documento enviado por
Protmaco:

. Huecos en losa con varilla expuesta y corroída.
. Salidas de bajantes a una altura superior de la losa.
. Desnivel cerca de las ventanas.
. Acabado de losa en el perímetro del edificio, superior a nivel de
losa y con un acabado brusco, lo que provoca riesgo a la instalación
del manto.

Todas son consideradas por este servidor, como situaciones
imprevisibles, que no se pudieron observar el día de la visita,
previa a la definición de las especificaciones, debido a la
existencia de una capa de espuma ( manto impermeabilizante),
que no permitió valorar las situaciones mencionadas, debido
que para hacerlo está espuma se tuvo que haber arrancado en
su totalidad .

2. Técnicamente se acepta el proceso señalado por Promatco,
agregando que se debe de picar y lograr una forma geométrica, con
profundidad uniforme en cada hueco, la profundidad debe ser
aceptable, (similar a la profundidad existente), para permitir el buen
asentamiento y adherencia del material nuevo a colocar.

3. El precio ofertado

. Huecos en losa con varilla expuesta y corroída ¢ 1 322, 341.00.
. Salidas de bajantes a una altura superior de la losa ¢ 487 ,085.00.
.. Desnivel cerca de las ventanas ¢ 560, 962.00.
.. Acabado de losa en el perímetro del edificio ¢ 1 369.595.00.

Se aceptada y se declara razonable, al encontrarse dentro de los
parámetros y costos del mercado actual, el monto total ofertado de
¢ 3 739,595.00. (sic).

4. Por último, tal y como se señalo ante la administración de los
Tribunales de Puntarenas, el viernes 30 de marzo, vía correo
electrónico y en bitácora de obra, no omito señalar que estos
trabajos son de suma importancia y poseen carácter de
urgencia, para evitar inundaciones dentro del edifico y poder
continuar con el objeto del contrato, ya que sin estas
reparaciones no se puede dar inicio con la colocación del manto
asfáltico.

Ruégole interponer sus buenos oficios, para lograr la colaboración
de otros departamentos del Poder judicial, para que estás extras
se aprueben el día de hoy y no poner en riesgo equipo de mucho
valor y documentación importante, así como el trastorno que puede
ocasionar al funcionamiento de los Tribunales de Puntarenas.”

Así las cosas, se procede a analizar la aplicación del artículo 200
 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual
 posibilita a la Administración para modificar unilateralmente sus
 contratos tan pronto éstos estén perfeccionados, ya sea antes de
 iniciar su ejecución o durante esta, siempre que se observen las
 siguientes condiciones:


 “a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le
     cambie su naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su
     funcionalidad o fin inicialmente propuesto.
 b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares.
 c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original,
    incluyendo reajustes o revisiones, según corresponda.
 d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el
    procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a
    haber adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas
    cuando definió el objeto.
 e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público.
 f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o
    revisiones de precio, y el incremento adicional no superen el
    límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.
(...)
       El incremento o disminución en la remuneración se calculará
 en forma proporcional a las condiciones establecidas en el contrato
 original.
      En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento
 solo aspectos que no sean susceptibles de una contratación
 independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la
 secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes.
 …
       La Administración deberá revisar el monto de las garantías
 rendidas a efecto de disponer cualquier ajuste que resulte
 pertinente.”

       Conforme a lo anterior, se procede a realizar el siguiente
 análisis a fin de determinar que la situación que se presenta en el
 proyecto constructivo de referencia corresponda a las condiciones
 señaladas en la normativa aplicable:
       Respecto al punto a) y b) Que la modificación, aumento
o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin
inicialmente propuesto y que en caso de aumento se trate de
bienes o servicios similares.

      En este caso, es claro que no existe un cambio en la naturaleza
del objeto contractual o en el fin inicialmente propuesto, ya que lo
que se pretende es realizar unos trabajos adicionales, los cuales se
consideran imprevisibles ya que no se pudieron observar el día de la
visita, previa a la definición de las especificaciones, debido a la
existencia de una capa de espuma (manto impermeabilizante), que
no permitió valorar la necesidad de contemplar los trabajos
adicionales requeridos, debido a que para hacerlo ésta espuma se
tuvo que haber arrancado en su totalidad, esto de conformidad con
el criterio emitido por los inspectores del Departamento de
Servicios Generales.

      Respecto al punto c) Que no exceda el 50% del monto del
contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, según
corresponda.

      La adjudicación recaída a favor de la empresa Promatco
Centroamericana S.A., correspondiente a la sustitución del manto
de impermeabilización de la losa del techo de los Tribunales de
Justicia de Puntarenas, ascendió a la suma total de ¢14.117.125,00.
A la fecha no se han tramitado reajustes de precios ni ampliaciones
a la obra contratada.

       Actualmente, la extra que se pretende realizar asciende a
¢3.739.983,00, sea, un 26,49% del monto total del contrato
original lo que evidencia que este aumento no sobrepasan el 50%
del costo del contrato original.


      Respecto al punto d) Que se trate de causas imprevisibles
al momento de iniciar el procedimiento, sea que la entidad no
pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y
de planificación mínimas cuando definió el objeto.


    Según se indicó por parte del Departamento de Servicios
Generales, en el informe Nº 95-15-2012 de fecha 09 de abril del
año en curso, las causas imprevisibles del trabajo consisten en:

   “Huecos en losa con varilla expuesta y corroída.
   Salidas de bajantes a una altura superior de la losa.
   Desnivel cerca de las ventanas.
   Acabado de losa en el perímetro del edificio, superior a nivel de
    losa y con un acabado brusco, lo que provoca riesgo a la
    instalación del manto.

Todas son consideradas por este servidor, como situaciones
imprevisibles, que no se pudieron observar el día de la visita, previa
a la definición de las especificaciones, debido a la existencia de una
capa de espuma (manto impermeabilizante), que no permitió valorar
las situaciones mencionadas, debido que para hacerlo está espuma
se tuvo que haber arrancado en su totalidad . ”

      Respecto al punto e) Que sea la mejor forma de satisfacer
el interés público.


       Una vez que el contrato inició su ejecución, es
imprescindible buscar las opciones más viables para poder llevar a
buen término la ejecución del mismo, así las cosas, y en vista de los
acontecimientos presentados se determina que el realizar los
trabajos adicionales mencionados por la empresa Promatco
Centroamericana S.A. y el Departamento de Servicios Generales,
viene a ser la mejor forma de satisfacer el interés público, sin
perjudicar el óptimo desarrollo del proyecto constructivo y la
entrega de la obra.


      Respecto al punto f) Que la suma de la contratación
original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo
de procedimiento tramitado.


       En este caso, no se afecta el límite previsto para este
procedimiento, ya que el monto adjudicado ascendió a la suma de
¢14.117.125,00 y el aumento que se pretende generar es por un
monto de ¢3.739.983,00, para un costo total para esta contratación
de ¢17.857.108,00, por tanto, con base a lo que señala este
artículo, para efectos de ampliaciones es posible aumentar el objeto
contractualmente pactado hasta por un 50%, y siendo que el monto
total del objeto contractual de interés es por la suma de
¢17.857.108,00, el mismo no sobrepasa el límite establecido para
una licitación abreviada.

           Respecto a que “El incremento o disminución en la
remuneración se calculará en forma proporcional a las
condiciones establecidas en el contrato original”.


     Se tiene que el Departamento de Servicios Generales, que
funge como fiscalizador del proyecto, y mediante oficio N° 0278-
04-SG-2012 emite el aval para dicha ampliación.


     Respecto a que “En caso de contratos de obra, podrán ser
objeto de incremento solo aspectos que no sean susceptibles de
una contratación independiente sin alterar, perjudicar o
entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros
intereses igualmente importantes”.

     Por tratarse de trabajos adicionales a la obra contratada,
los cuales deben ajustarse a las necesidades del trabajo que
además     forman     parte    integral    del   proyecto    de
impermeabilización, no es posible ni conveniente, realizar una
contratación independiente sin afectar el proyecto total.

     Confirmado el cumplimiento de los supuestos señalados
con base en los informes técnicos señalados, se recomienda al
Consejo Superior, autorizar la modificación del contrato en
examen, la cual implica un incremento de ¢3.739.983,00, con
base en la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, sobre la adjudicación de la
Licitación Abreviada N° 2012LA-000093-PROV.

     En cuanto a los recursos para este incremento, se tomarán
del programa 926, IP 38, subpartida 1.08.01, para hacer frente
al compromiso económico respectivo.

Recomendación

      Luego de determinar la aplicación del artículo 200 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se recomienda
       la ampliación de la presente licitación de la siguiente forma:


       A:    Promatco Centroamericana S.A., cédula jurídica 3-101-
       160697

             El trabajo consiste en corregir los siguientes aspectos
       adicionales, los cuales fueron posibles de detectar hasta el
       momento de avanzar la ejecución de la obra:

         Huecos en losa con varilla expuesta y corroída ¢ 1.322.
          341,00.
         Salidas de bajantes a una altura superior de la losa ¢
          487.085,00.
         Desnivel cerca de las ventanas ¢ 560. 962,00.
         Acabado de losa en el perímetro del edificio ¢ 1.369.595,00.

       Para un monto total a adjudicar de ¢3.739.983,00 por las obras
       extra antes mencionadas.

             Es importante señalar, que el contratista cuenta con un plazo
       aprobado por el Departamento de Servicios Generales de 08 días
       hábiles para la elaboración de las mismas, este plazo contará a
       partir del término del plazo de entrega originalmente pactado.”
                                        -0-


      De conformidad con lo que establece el artículo 200 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa, se acordó: Acoger la recomendación

anterior y por consiguiente autorizar la ampliación de la Licitación Abreviada

Nº   2011LA-000093-PROV,          denominada       "Sustitución    del   manto   de

Impermeabilización de la losa del techo de los Tribunales de Justicia de

Puntarenas", de la siguiente forma:

       A:    Promatco Centroamericana S.A., cédula jurídica 3-101-
       160697
             El trabajo consiste en corregir los siguientes aspectos
       adicionales, los cuales fueron posibles de detectar hasta el
       momento de avanzar la ejecución de la obra:

         Huecos en losa con varilla expuesta y corroída ¢1.322.
          341,00.
         Salidas de bajantes a una altura superior de la losa
          ¢487.085,00.
         Desnivel cerca de las ventanas ¢560. 962,00.
         Acabado de losa en el perímetro del edificio ¢1.369.595,00.

       Para un monto total adjudicado de ¢3.739.983,00 por las obras
       extra antes mencionadas.

             Es importante señalar, que el contratista cuenta con un plazo
       aprobado por el Departamento de Servicios Generales de 08 días
       hábiles para la elaboración de las mismas, este plazo contará a
       partir del término del plazo de entrega originalmente pactado.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XVI

DOCUMENTO N° 3324-12, 3404-12

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, en que se aprobó el

“Proyecto Piloto para Disminuir el Retraso Judicial” se tienen por designados

como Jueces y Juezas a los siguientes funcionarios, en los despachos y por las

fechas que se dirán:

1- EN EL JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE HEREDIA

El 29 de marzo a:
      Licda. Melania Jiménez Vargas

2- EN EL JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE ESCAZU

El 13 de abril a:

      Licda. Ana Lorena Monge Vargas

      Licda. Ileana Moreno Carvajal. Se declara acuerdo firme.

3- EN EL JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DE ESCAZU

El 26 de abril a:

      Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XVII

Documento 3615-12

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, en que se aprobó el

“proyecto Piloto para disminuir el retraso judicial” se tiene por designado

como Jueza a la licenciada Maria Mora Saprissa, en el Juzgado Segundo Civil

de Mayor Cuantía de San José, el 16 de abril en curso. Se declara acuerdo

firme.

                           ARTÍCULO XVIII

Documento 3424-12

      En sesión Nº 24-12 celebrada el 13 de marzo del año en curso, artículo

XLIII, por mayoría se aprobó el nombramiento interino de Juez 3 en el
Juzgado de Trabajo de Puntarenas, plaza Nº 44945, hasta el 30 de junio del

año en curso, a la licenciada Brenda Calvo De La O.

      En nota de 29 de marzo último, la licenciada Brenda Calvo De La O,

Asesora Legal de la Región Chorotega del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, comunicó lo siguiente:

             “Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y a la vez
       sirva la presente para comunicarles la siguiente situación: El día de
       hoy en horas de la mañana, revisé por internet las actas donde se
       aprueban los nombramientos de las ternas para Juez Laboral 3, ahí
       me entero que desde el 13 de marzo fui nombrada en una plaza
       interina desde el día 01 de abril al 30 de junio del 2012, en el puesto
       44945, en el Juzgado de Trabajo de mayor Cuantía de Puntarenas,
       sin embargo, hasta la fecha no he recibido comunicado alguno; en
       virtud de que laboro para el Ministerio de Trabajo y Seguridad
       Social como Asesora Legal, debo solicitar el permiso sin goce de
       salario con por lo menos 10 o 15 días de antelación, en este caso al
       no haber recibido a tiempo la comunicación me informan en el
       Departamento de Recursos Humanos que no se me brindaría el
       permiso, por lo que debo lamentablemente informar que no puedo
       hacerme presente en Puntarenas a laborar, no obstante, les reitero mi
       deseo de laborar para el Poder Judicial, y por ello de la forma más
       respetuosa les solicito se me vuelva a tomar en cuenta para los
       nombramientos, pero que también se valore el tiempo que requiero
       para tramitar a lo interno de la institución que laboro los permisos
       correspondientes.

            Agradeciendo de antemano la consideración del caso, se
       suscribe atentamente.”
                                        -0-

      Se acordó: Aceptar la renuncia de la licenciada Brenda Calvo De La O,

al nombramiento interino en el cargo de Jueza 3 en el Juzgado de Trabajo de

Puntarenas, plaza Nº 44945, aprobado en la sesión Nº 24-12 celebrada el 13 de
marzo del año en curso, artículo XLIII.

      El Juzgado de Trabajo de Puntarenas, el Consejo de la Judicatura, el

Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal, tomarán nota para

lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XIX

Documento Nº 694, 3251-2012

      En sesión Nº 8-12 celebrada el 2 de febrero del año en curso, artículo

XVII, se autorizó a la doctora Frezie María Jiménez Bolaños, Jueza del

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, para que impartiera

lecciones en la Universidad de Costa Rica, los lunes y jueves de las 9:00 a las

10:50 horas, a partir de marzo y hasta julio del año en curso, todo en el

entendido de que el tiempo por ella utilizado para labores de docencia en

centros de estudios superiores, no exceda de 10 horas semanales y conlleva

que la petente dará prioridad a la atención de sus funciones en el Poder

Judicial, en las condiciones en que ella lo señala. Asimismo, debía el Juez

Coordinador del citado Tribunal verificar que los asuntos a cargo de doña

Frezie no presentaran atrasos. Del mismo modo se le comunicó a doña Frezie

y al Juez Coordinador del Tribunal de Casación Penal de Cartago, que

tomarían nota en cuanto a que el permiso otorgado no puede constituirse en

impedimento para la realización de las audiencias orales, y que la Sección de
la cual forma parte doña Frezie, se reúna para conocer de los asuntos que le

corresponden resolver, y en general, de cualquier actividad oficial, en virtud

del servicio público que, de manera prioritaria respecto de la docencia, está

obligado a brindar todo servidor judicial.

      En relación con el acuerdo anterior, la doctora Frezie María Jiménez

Bolaños, en su citada condición, en correo electrónico del 26 de marzo

pasado, manifestó lo siguiente:

              “Por este medio deseo informar, que en la Universidad de
       Costa Rica, se me varió el curso que imparto y el horario. Me
       designaron el curso de Derecho Procesal Penal I los días martes y
       viernes de 9 a 11 a.m. Por ello ya no voy a dar el curso de Teoría
       General del Proceso en el horario de Lunes a Jueves de 9 a 11,
       como inicialmente solicité el permiso y me fue concedido por este
       Consejo Superior. Dicha variación se me comunicó pocos días antes
       de iniciar las lecciones en la Universidad de Costa Rica, por lo
       cual no había podido comunicar al respecto. Tengo que hacer la
       indicación de que el nuevo horario tampoco obstaculiza ninguna
       labor del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de
       Guadalupe en el cual actualmente estoy nombrada en plaza
       extraordinaria hasta diciembre del presente año, ya que las
       audiencias orales "Vistas" están señaladas los días miércoles y la
       votación del Tribunal los jueves en la mañana. Además, me
       comprometo a reponer las horas de docencia que se me han
       autorizado, solo pido que se tenga en cuenta este cambio de horario.
       Yo acepté el cambio por ser esta materia en la cual me siento más
       capacitada para impartir el curso, por tener relación directa con mi
       trabajo. Hago por este medio la gestión del cambio de horario y la
       nueva autorización al respecto. El coordinador de este Tribunal Dr.
       Omar Vargas, ya esta enterado de esta gestión y esta de acuerdo con
       la misma, ya que así me lo ha indicado.”
                                      -0-

      Por mayoría, se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia,

modificar el acuerdo tomado en la sesión Nº 8-12 celebrada el 2 de febrero del
año en curso, artículo XVII, en el sentido que el permiso concedido a la

doctora Frezie Jiménez Bolaños, es para que imparta el curso de Derecho

Procesal I en la Universidad de Costa Rica, los días martes y viernes de las

9:00 a las 11:00 horas.

      La Magistrada Villanueva votó por denegar la gestión por tratarse de

permisos que se solicitan dentro de la jornada laboral.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, el Tribunal de Casación Penal de

Cartago y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XX

Documento 3552-12

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio Nº 236-DG-2012 de 30 de marzo último,

presenta la siguiente gestión:

               “Por medio de la presente ésta Dirección General desea
       solicitar a ese honorable Consejo Superior, autorización para que los
       servidores Yorlenny Ferreto Solano, cédula de identidad Nº 4-155-
       255, Adolfo Valverde Bohórquez, cédula de identidad Nº 1-780-014
       y Rebeca Ferrero Villa, cédula de identidad Nº 1-894-057, Asesores
       Legales de ésta Dirección General, participen en el curso “Derecho
       Laboral: Relación de Empleo Público”, el cual será impartido en
       la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a partir del
       lunes 9 de abril de 2012 en el horario de las 17:00 horas a las 21:00
       horas, durante 10 sesiones.

              Es importante hacer mención que el presente curso, contiene
        muchos temas de interés del derecho Laboral y Público para ésta
        Dirección General, especialmente por las labores de asesoría que
        brindan esos servidores a ésta Dirección, así como al resto de las
        jefaturas de este Organismo. Entre los temas a tratar está la materia
        disciplinaria, interinazgo de servidores, principios de la relación
        laboral pública, entre otros.

              En ese sentido, se aporta certificación de contenido
        presupuestario Nº 10303 donde consta la disponibilidad
        presupuestaria para hacer frente a ésta erogación.

             Quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o adición, se
        despide atentamente.”
                                        -0-

      A esos efectos, se adjunta separación de contenido presupuestario

número 10303 del Sistema de Presupuesto Judicial del Departamento

Financiero Contable, por el monto de ¢450.000,00 (cuatrocientos cincuenta

mil colones exactos), con cargo al programa 928, subpartida 10701.

      Se dispuso: 1.) Tomar nota que los servidores Yorlenny Ferreto Solano,

Adolfo Valverde Bohórquez y Rebeca Ferrero Villa, participarán en el curso

“Derecho Laboral: Relación de Empleo Público”, el cual será impartido en la

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a partir del lunes 9 de abril de

2012 en el horario de las 17:00 a las 21:00 horas, durante 10 sesiones. 2.) Autorizar

la erogación correspondiente con cargo al programa 928, subpartida 10701, para

hacerle frente a la participación de los citados servidores.      En virtud de la

importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberán las señoras

Ferreto Solano y Ferrero Villa, así como el señor Valverde Bohórquez
coordinar lo necesario a fin de transmitir los conocimientos adquiridos al

equipo de trabajo del cual forman parte, en lo que les pueda ser de beneficio

en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos institucionales.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y los

Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXI

Documento 3610-12

      La licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, en

oficio Nº 0534-ADP-2012 de 9 de abril en curso, presenta la siguiente gestión:

             “Les saludo cordialmente y hago de su conocimiento la
       invitación remitida en forma tardía el pasado miércoles 04 de abril
       del presente año, por parte de la Defensoría General del Ministerio
       de la Defensa Pública del Poder Judicial de Paraguay, suscrita por la
       Licenciada Noyme Yore Ismael, quien es la Defensora General, a
       fin de que represente a la Defensa Pública de Costa Rica en dos
       actividades:

          a. En la “Actividad Conmemorativa de la Puesta en vigencia de
             la Ley N° 4423-11 “Ley Orgánica del Ministerio de la
             Defensa Pública”, la cual se llevará a cabo el día 13 de abril
             del 2012.
          b. Asistir como PONENTE en el “Seminario del Atlas de la
             Tortura”, organizado por el Ministerio de la Defensa Publica
             de Paraguay con el apoyo de la Coordinadora de Derechos
             Humanos del Paraguay (CODEHUPY) a realizarse el día 14
             de abril, en la Ciudad de Asunción, Paraguay.

            Cabe destacar que los gastos de tiquetes aéreos, hospedaje y
       alimentación corren a cargo de la entidad organizadora, quienes ya
       cancelaron lo costos correspondientes; por lo cual, nuestra
       participación no implica un gasto para el Poder Judicial
       costarricense, y una oportunidad de exponer la experiencia
       costarricense en la Defensa de Derechos Humanos y la vigencia de
       mecanismo contra la tortura.

             En virtud de lo anterior solicito a tan estimable Consejo, la
       autorización y el permiso con goce de salario para participar a dicho
       evento a llevarse a cabo en Asunción, Paraguay, del 12 al 15 de
       abril del presente año.”
                                       -0-

      En relación con lo anterior, informa la licenciada Silvia Navarro

Romanini, Secretaria General, que la Corte Plena en la sesión No. 10-12

celebrada el 12 de marzo de este año, artículo XXIII, tomó el acuerdo cuya

parte dispositiva literalmente dice:

              “Se acordó: 1.- Señalar que en toda consultoría, cooperación
       interinstitucional o proyectos especiales de carácter nacional o
       internacional que se brinde por parte de los funcionarios o
       funcionarias judiciales, queda absolutamente prohibido recibir
       cualquier remuneración por esa labor, independientemente de que se
       encuentre en vacaciones o con permiso sin goce de salario y en
       ningún caso se podrá otorgar permiso con goce de salario para ello.
       2.- En lo sucesivo la Corte Plena se avocará a resolver solicitudes en
       los casos de consultorías o cooperaciones interinstitucionales
       nacionales o internacionales y no el Consejo Superior. 3.- Aprobar
       la propuesta de la Magistrada Arias, en consecuencia, la Secretaría
       General de la Corte solicitará los informes correspondientes, para
       determinar de qué forma se han otorgado en los últimos dos años
       ese tipo de permisos (con goce y sin goce de salario), para las
       consultorías internacionales, con la indicación expresa de quiénes
       son las personas y cuáles son los viajes que se han dado en esas
       condiciones. 4.- Conforme a la propuesta planteada por el
       Magistrado Chinchilla, crear una Comisión para que se analice y
       revise las “Pautas para regular los viajes al exterior”, aprobadas por
       la Corte Plena en la sesión Nº 36-04 celebrada el 8 de noviembre de
       2004, artículo XXV, a cuyos efectos se solicita a las señoras
       Presidentas y señores Presidentes de las cuatro Salas, se sirvan
       proponer el nombre de un candidato o candidata que formará parte
       de esa Comisión. 5.- Dejar constancia de las manifestaciones hechas
       por las señoras Magistradas y señores Magistrados que hicieron uso
       de la palabra.
              La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su
       cargo.
                                      -0-

      Se dispuso: 1.) Tomar nota de las manifestaciones de la licenciada

Navarro Romanini. 2.) Por mayoría y de conformidad con el acuerdo tomado

por la Corte Plena, trasladar la solicitud de la licenciada Marta Iris Muñoz

Cascante a la Corte Plena, para que resuelva lo que corresponda.

      La Integrante Lupita Chaves Cervantes y el Integrante Mario Mena

Ayales, votaron por acoger la solicitud de la licenciada Muñoz Cascante, en

consideración a la premura en que se recibió la invitación, que fue durante la

Semana Santa; y porque no implica erogación alguna por parte de la

Institución, además porque desconocen la disposición de la Corte Plena, toda

vez que el acuerdo no ha sido comunicado debido a que éste adquirió firmeza

el 9 de este mes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXII

Documento Nº 3626-2012

      El máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe del Departamento de Laboratorios

de Ciencias Forenses, con el visto bueno del licenciado Jorge Rojas Vargas,

Director General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio Nº 93-

DCF-2012 recibido el 9 de los corrientes, solicitó lo siguiente:
              El Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de
       Investigación Judicial, recibió una invitación oficial (la cual se
       adjunta) remitida por el señora Miriam Ovalle de Monroy, Directora
       General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala,
       para participar en el I Reunión Anual del Grupo Iberoamericano de
       Trabajo de Toxicología Forense (GITOF) que se realizará los días
       19 y 20 de abril del presente año en Ciudad de Guatemala. Con base
       en el tema propuesto por el organizador, se designó al Dr. Diego
       Arias Alfaro, Perito Judicial de la Sección de Toxicología Forense,
       para representarnos en tan importante evento.

              Cabe indicar, que según detalla la invitación, el ente
       organizador asumirá los costos derivados del viaje que estaría
       realizando el lic. Arias Alfaro en cuanto a (hospedaje, alimentación
       y transporte interno), como consecuencia de su participación en la
       reunión mencionada, por nuestra parte la institución estaría
       asumiendo el costo del tiquete aéreo Costa Rica- Guatemala (Para
       efecto de contenido presupuestario se gestionó mediante solicitud de
       pedido abierta No 220218).

              Por lo anterior, se solicita respetuosamente al Honorable
       Consejo Superior la autorización para que el Dr. Arias Alfaro pueda
       participar en dicha actividad, así también se autorice su permiso con
       goce de salario para estos días y se tramite el pasaporte oficial.”
                                  -0-
      Asimismo, adjunta separación de contenido presupuestario Nº 220218

del Sistema de Presupuesto Judicial del Departamento Financiero Contable,

por un monto de ¢2.500.000 (dos millones quinientos mil colones exactos),

para cubrir los gastos de participación del doctor Diego Arias Alfaro, en la

citada reunión, con cargo al programa 928, subpartida 10503.

      En relación con lo anterior, informa la licenciada Silvia Navarro

Romanini, Secretaria General, que la Corte Plena en la sesión No. 10-12

celebrada el 12 de marzo de este año, artículo XXIII, tomó el acuerdo cuya
parte dispositiva literalmente dice:

              “Se acordó: 1.- Señalar que en toda consultoría, cooperación
       interinstitucional o proyectos especiales de carácter nacional o
       internacional que se brinde por parte de los funcionarios o
       funcionarias judiciales, queda absolutamente prohibido recibir
       cualquier remuneración por esa labor, independientemente de que se
       encuentre en vacaciones o con permiso sin goce de salario y en
       ningún caso se podrá otorgar permiso con goce de salario para ello.
       2.- En lo sucesivo la Corte Plena se avocará a resolver solicitudes en
       los casos de consultorías o cooperaciones interinstitucionales
       nacionales o internacionales y no el Consejo Superior. 3.- Aprobar
       la propuesta de la Magistrada Arias, en consecuencia, la Secretaría
       General de la Corte solicitará los informes correspondientes, para
       determinar de qué forma se han otorgado en los últimos dos años
       ese tipo de permisos (con goce y sin goce de salario), para las
       consultorías internacionales, con la indicación expresa de quiénes
       son las personas y cuáles son los viajes que se han dado en esas
       condiciones. 4.- Conforme a la propuesta planteada por el
       Magistrado Chinchilla, crear una Comisión para que se analice y
       revise las “Pautas para regular los viajes al exterior”, aprobadas por
       la Corte Plena en la sesión N° 36-04 celebrada el 8 de noviembre de
       2004, artículo XXV, a cuyos efectos se solicita a las señoras
       Presidentas y señores Presidentes de las cuatro Salas, se sirvan
       proponer el nombre de un candidato o candidata que formará parte
       de esa Comisión. 5.- Dejar constancia de las manifestaciones hechas
       por las señoras Magistradas y señores Magistrados que hicieron uso
       de la palabra.
              La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su
       cargo.”
                                       -0-

      Se dispuso: 1.) Tomar nota de las manifestaciones de la licenciada

Navarro Romanini. 2.) Trasladar la solicitud del máster Marvin Salas Zúñiga a

la Corte Plena, para que resuelva lo que corresponda, de conformidad con lo

dispuesto en sesión No. 10-12 celebrada el 12 de marzo de este año, artículo

XXIII. Se declara acuerdo firme.
                              ARTÍCULO XXIII

Documento 3633-12

      En sesión Nº 31-11 celebrada el 5 de abril del 2011, artículo XIV, de

conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4°, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, se acordó acoger la recomendación del Consejo

de Personal, en consecuencia, se prorrogó el permiso sin goce de salario al

licenciado José Francisco López Chaverri, Juez del Juzgado de Trabajo del

Segundo Circuito Judicial de San José, por el término de un año a partir del 14

de abril de ese año, a efecto de que realizara estudios doctorales en Alemania,

para lo cual debía suscribir el addendum al correspondiente contrato.

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 67-CP-2012 de 30 de marzo último, para los fines

consiguientes, transcribe el artículo III de la sesión del Consejo de Personal

N° 06-2012 celebrada el 15 de ese mes, el cual literalmente dice:

             “El Licenciado José Francisco López Chaverri en correo
       electrónico del 07 de marzo señala:

             “El suscrito, José Francisco López Chaverri, mayor, casado,
       portador de la cédula de identidad número 1-0986-0718, funcionario
       judicial, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del
       contrato de adiestramiento número 01-AD-09 suscrito entre mi
       persona y la Administración Judicial, Ley de Adiestramiento de
       Servidores Públicos Nº 1810 del 15 de octubre de 1954, y otras,
       artículo 44 párrafo 3° del Reglamento de Becas y Permisos de
       Estudios para el Personal del Poder Judicial, Decreto Ejecutivo
       20324-J- del 27 de febrero de 1991 y acuerdos de la Corte Plena y el
       Consejo Superior, todos sobre el particular, me permito
formalmente presentar estas diligencias de Gestión de Renovación
de Permiso Sin Goce de Salario.

      Para los efectos citados, me permito adjuntar dos
comprobantes electrónicos donde se hace constar que estoy
realizando investigaciones doctorales en la Universidad Johann
Wolfgang Goethe-Frankfurt am Main, República Federal de
Alemania, durante el período de los últimos 12 meses, y además que
me encuentro matriculado para el próximo semestre de Verano.
Tome nota la Administración que los programas de estudios
doctorales en la República Federal de Alemania no conllevan una
evaluación por cursos semestrales, ya que estos no son como tales
ofrecidos a promoventes del citado grado académico, sino que la
valoración es por objetivos de investigación fijados entre el
interesado y el Profesor Director de la investigación, con miras a la
presentación de un trabajo final. De allí que la indicaciones que se
realizan en los adjuntos no refieren a alguna calificación en los
términos realizados en otros centros académicos para estudios
doctorales o de maestría en otros países, sino por el cumplimiento
de los supra citados objetivos. En este sentido debe destacarse que
en este momento se está laborando en la confección del documento
final para obtener el grado académico correspondiente.

      Solicito que luego de ser conocida esta gestión por la instancia
técnica-administrativa correspondiente con su respectivo análisis, se
prosiga el trámite de esta nota al Consejo Superior del Poder
Judicial, a fin de que se autorice la solicitada prórroga del Permiso
sin Goce de Salario por Adiestramiento que actualmente disfruto,
por un período igual al que vence en próximas fechas, a partir del 14
de Abril de los corrientes.

     Para la consideración del caso, estoy asimismo remitiendo dos
documentos originales al apartado postal de esta oficina
administrativa, para que sea luego agregado de la forma que
corresponda a esta gestión.

     Valga aclarar que el documento electrónico que se remite, se
hace con la finalidad de agilizar estas diligencias que se están
presentando. Además se agregan traducciones libres de los
documentos de cita, cuyos originales son presentados en el idioma
inglés y alemán.

      Para lo que corresponda, señalo a efectos de recibir
notificaciones sobre la presente gestión, mi correo electrónico
        personal: jfl_cr@yahoo.com.”

             Se acordó: Recomendar la prórroga de permiso sin goce de
        salario a partir del 14 de abril de 2012 y por un año para que el Sr.
        López Chaverri continúe con sus estudios doctorales en la
        República Federal Alemana. En caso de aprobarse, el interesado
        debe suscribir el addemdum al contrato respectivo.”
                                        -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4°, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Acoger la recomendación del

Consejo de Personal, en consecuencia, prorrogar el permiso sin goce de

salario al licenciado José Francisco López Chaverri, Juez del Juzgado de

Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por el término de un año a

partir del 15 de abril de 2012, a efecto de que continúe realizando los estudios

doctorales en Alemania, para lo cual deberá suscribir el addendum al contrato

correspondiente.

      El Despacho de la Presidencia, el Juzgado de Trabajo del Segundo

Circuito Judicial de San José y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXIV

Documento Nº 3316-2012

      El licenciado Alejandro Quesada Monestel, Subcontralor de Servicios

de Heredia, solicitó al Departamento de Personal el trámite de su jubilación a

partir del 20 de abril en curso.
      El máster José Luis Bermúdez Obando y el licenciado Manuel Antonio

Sequeira Sequeira, por su orden, Jefe de Administración Humana y Jefe de la

Unidad de Jubilaciones y Pensiones, en oficio Nº 48CJ-2012 del 26 de marzo

último, informaron lo siguiente:

  “INFORME DE            ASIGNACIÓN        DE     BENEFICIO           PARA
  JUBILACIÓN

  Solicitud de Jubilación presentada por ALEJANDRO QUESADA
  MONESTEL, cédula Nº 01-0587-0227, a partir del 20 de abril del 2012.

  Al 19 de abril del 2012, el(la) señor(a) ALEJANDRO QUESADA
  MONESTEL habrá laborado para este Poder por espacio de 24 años, 4
  mes(es), 18 día (s).

  TOTAL TIEMPO SERVIDO:             24 años, 4 mes(es), 18 día (s).

  TOTAL TIEMPO RECONOCIDO: 5 años, 7 mes(es), 12 día (s).

  TOTAL GENERAL: 30 años, 0 mes(es), 0 día (s).

  EDAD: 49 años, 8 mes(es), 9 día (s).

  ÚLTIMO CARGO EN PROPIEDAD: SUBCONTRALOR DE
  SERVICIO, SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS DE HEREDIA

  ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: SUBCONTRALOR DE
  SERVICIO, SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS DE HEREDIA

  PUESTO(S) DE REAJUSTE: SUBCONTRALOR DE SERVICIO,
  100.00 %

  Datos de referencia:

  ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢2.894.597,37

  TERCERA PARTE DEL ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢
  964,769.30 (Monto mínimo establecido por la Ley)

  SALARIO PROMEDIO: ¢2.697.766,33

  NORMA LEGAL:

  "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
  del Poder Judicial 7333 (Ley Actual) y la aplicación del Transitorio III
  de la Ley Marco de Pensiones."

  FÓRMULA APLICADA:

  SALARIO PROMEDIO * Edad del Servidor = Monto de Jubilación
      55 años

  MONTO DE JUBILACIÓN: ¢2.437.459,27 (90.35% del salario
  promedio de los veinticuatro mejores salarios)

  Información adicional:

  El pago por auxilio de cesantía y vacaciones se estará remitiendo al
  Departamento de Financiero Contable para su debido diligenciamiento.

  Se adjunta certificación en estricto apego a lo normado en el artículo 586
  del Código de Trabajo.

  Notificaciones:

  (…).”

                                     -0-

      Se adjuntan constancias de los Departamentos Financiero Contable y de

Personal de que don Alejandro no tiene deudas pendientes.

      Se acordó: 1.) Aprobar la jubilación del máster Alejandro Quesada

Monestel, Subcontralor de Servicios de Heredia, cuya asignación mensual será
de ¢2.437.459,27 (dos millones cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos

cincuenta y nueve colones con veintisiete céntimos), a partir del 20 de abril

del año en curso. 2.) Agradecer a don Alejandro, los servicios prestados al

Poder Judicial. 3.) Se advierte al servidor Quesada Monestel que en el

eventual caso que llegare a laborar para otro ente estatal, se le suspenderá el

goce de la jubilación durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro

sueldo del Estado, según lo establece el artículo 234 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial. Además se le informa que tiene imposibilidad de laborar para

el Estado, de conformidad con lo normado en el artículo 586 del Código de

Trabajo, la cantidad de 160 días.

      Los Departamentos de Personal, Financiero Contable y de Prensa y

Comunicación Organizacional tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXV

DOCUMENTO Nº 228-10, 3186-12

      En sesión Nº 104-11 celebrada el 13 de diciembre del 2011, artículo

XL, en lo que interesa, se dispuso remitir al servidor Jesús Atencio Atencio,

Oficial de Localización de los Tribunales de Golfito, a valoración médica por

parte del Departamento de Medicina Legal a efecto de determinar su estado de

salud, tomando en consideración las características de las labores que
desempeña conforme al manual descriptivo de puestos y a los desplazamientos

que tienen que realizar a los lugares que se indicaron.

      Sin embargo, en sesión Nº 14-12 del 16 de febrero último, artículo

LVII, la doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina

Legal, mediante oficio Nº 2012-0476l, del 8 de ese mes, comunicó que el

servidor Jesús Atencio Atencio no se había presentado a la cita con el Consejo

Médico Forense, razón por la que no era posible rendir la respectiva

Valoración Médico Legal solicitada por este Órgano, en esta ocasión, se

dispuso –entre otras cosas- solicitarle al Departamento de Medicina Legal que

programara una nueva cita a don Jesús, a quien se le indicó que debía asistir,

caso contrario se le aplicaría el régimen disciplinario.

      En atención a lo anterior, el doctor Carlos Luis Abarca Barrantes, y las

doctoras Patricia Solano Calderón y Grettchen Flores Sandí, por su orden,

Coordinador e Integrantes del Consejo Médico Forense, en oficio Nº DML

2012-0784 de 19 de marzo en curso, remiten el resultado de la valoración

médica practicada al servidor Jesús Atencio Atencio, Oficial de Localización

de la Unidad de Localización, Citaciones y Presentaciones del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito, en que concluyen que don Jesús

no se encuentra incapacitado de forma absoluta y permanente, para realizar

labores habituales de su puesto dentro del Poder Judicial
      Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior y hacerlo de

conocimiento del servidor Jesús Atencio Atencio, a quien se comunica que

deberá ejecutar todas las labores inherentes al cargo que ocupa como Técnico

en Comunicación Judicial del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede

Golfito. 2.) En razón de lo anterior, se ordena el archivo de las diligencias.

      La Administración Regional de Golfito tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXVI

DOCUMENTO Nº 3280-12, 4068-11

      En sesión Nº 37-11 celebrada el 26 de abril del 2011, artículo XIII, se

nombró en propiedad a la licenciada Marisol Salas Fallas como jueza 3,

puesto Nº 363476 del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda, a partir del 2 de mayo del 2011.

      La máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa de la Sección Administrativa de

la Carrera Judicial, en oficio Nº SACJ-0526-12, del 23 de marzo del año en

curso, comunicó lo siguiente:

             “Para su conocimiento y fines consiguientes, le remito los
       informes sobre la Evaluación del Desempeño rendidos por las
       licenciadas Carolina Pineda Núñez, Inspectora del Tribunal de la
       Inspección Judicial y Rebeca Chavarría Hernández, Trabajadora
       Social de la Unidad Interdisciplinaria, que literalmente indican:

                “INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE
             EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE JUECES
           NOMBRADOS EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ
    MARISOL SALAS FALLAS, NOMBRADA A PARTIR
DEL 02 DE MAYO DEL 2011 EN EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL II CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ.

   VENCIMIENTO DE PERÍODO DE PRUEBA: 02 DE
MAYO DEL 2012.

      El nombramiento en propiedad de la licenciada Marisol Salas
Fallas como jueza 3 en el puesto 363476 del Tribunal Contencioso
Administrativo de esta Ciudad, inicia el 02 de mayo del año dos mil
once, según acuerdo tomado por Consejo Superior en sesión No.
37-11 del 26 de abril del año 2011, Artículo XIII.

      La información se detalla a partir de la fecha de su
nombramiento y hasta el 30 de enero del año en curso, descontando
dieciséis días por licencia de maternidad en el mes de mayo, y
veintidós días por vacaciones en el mes de junio; para un total de
137 días laborados de los 175 que comprende el periodo.
Asimismo el informe se desglosará de la siguiente forma: Del 02 de
mayo al 31 de julio del año dos mil once como Jueza Tramitadora
Unipersonal y del 01 de agosto del 2011 al 30 de enero del año en
curso como Jueza Conciliadora Unipersonal.

   1.- RESOLUCIONES Y AUDIENCIAS COMO JUEZA
TRAMITADORA UNIPERSONAL:

  MES                    RESOLUCIÓN                 AUDIENCIAS
                  Trámite           Fondo             ORALES
                                                    ATENDIDAS
 MAYO          No especifica          4                    4
 JUNIO               0                0                    0
 JULIO         No especifica          15                   9
TOTAL               12                19                  13

      PRINCIPALES           FUNCIONES         DEL       TRÁMITE
UNIPERSONAL: Revisión del escrito de demanda, para
determinar si cumple con los requisitos de ley y comprensión en
función de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Procesal
Contencioso Administrativo. Dictado de los siguientes autos:
prevenciones, traslado de la demanda, traslado de la contestación de
la demanda y defensas y señalamiento audiencia preliminar.
Resolver recursos de revocatoria por escrito u oral. Celebrar
audiencias preliminares, para cual debe realizarse un estudio
íntegro del expediente judicial y administrativo, el saneamiento
procesal, las defensas previas, las pretensiones, los hechos
controvertidos y la prueba ofrecida. Realizar reconocimientos
judiciales. Resolver medidas cautelares ante causas y solicitadas
dentro de proceso de conocimiento.

   2.- RESOLUCIONES Y AUDIENCIAS ATENDIDAS
COMO JUEZA CONCILIADORA:

            MES          RESOLUCIONES DE         AUDIENCIA
                             FONDO                   S
       AGOSTO                     82                  39
       SETIEMBRE                 343                  42
       OCTUBRE                   167                  29
       NOVIEMBRE                 190                  29
       DICIEMBRE                 300                  21
       ENERO                      13                  28
          TOTAL                  1095                188



      PRINCIPALES             FUNCIONES             DEL     JUEZ
CONCILIADOR: En los casos de Conciliación es importante
mencionar que el juez conciliador realiza una labor completa de
manejo del expediente hasta una etapa final incluso el dictado de
sentencia con carácter de cosa juzgada material, así realiza entre
otras funciones las siguientes: Reuniones separadas con los
involucrados previo a la audiencias, estas no se realizan en todos
los casos, pero son indispensables para las audiencias masivas en
donde la cantidad de apoderados y de actores presentes, obliga a
tener una estricta coordinación. Señalamiento de audiencias orales
así como la celebración de las mismas. Resolución y dictado de
medidas cautelares en la conciliación, así como las prevenciones
por omisión de documentos de legitimación, previo o con
posterioridad a la audiencia, ya sea por escrito o en forma oral.
Dictado de Homologación o rechazo de Homologación y dictado de
sanciones por atrasos injustificados (artículo 75 C.P.C.A.)

     Finalmente, revisados los archivos del Tribunal de la
       Inspección Judicial, no se localizan sumarias administrativas en
       trámite como tampoco sanciones disciplinarias vigentes aplicadas
       en su contra.


            San José, 13 de febrero del 2012”
                                          -0-

             Al respecto, la Licda Rebeca Chavarría Hernández,
       Trabajadora Social de la Unidad Interdisciplinaria rindió el informe
       que en lo que interesa indica:

             “La investigación sociolaboral correspondiente a la
       evaluación del desempeño del período de prueba de un año de la
       Licenciada Marisol Salas Fallas, nombrada en el Tribunal
       Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, concluye como
       áreas positivas en su labor: el trabajo en equipo, diligencia en sus
       funciones y orden en los procesos de trabajo.

             Asimismo, la Jueza Coordinadora destaca como fortaleza la
       atención a personas usuarias, donde muestra actitud diligente y
       respetuosa.

             La Licenciada Salas, demuestra un buen manejo de la
       materia a su cargo así como, interés en la actualización e
       investigación constante.

             Al momento de la valoración, no se hace mención de aspectos
       que afecten de manera negativa su desempeño laboral.”

              Según acuerdo del Consejo de la Judicatura, en caso de que la
       persona valorada tenga alguna observación al respecto, deberá
       gestionarlas directamente ante el órgano al que se haya trasladado
       el informe.”
                                       -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de

conocimiento de la licenciada Marisol Salas Fallas, jueza 3 del Tribunal de

Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Se declara
acuerdo firme.

                                          ARTÍCULO XXVII

DOCUMENTO Nº 3140-12

           La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

mediante oficio N° 230-PLA-2012, de 21 de marzo pasado, remitió el informe

N° 14-DO-2012 suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección

de Desarrollo Organizacional, relacionado con la propuesta del Tribunal del

Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, para atender las funciones

encomendadas y descongestionar los Tribunales Penales de los Circuitos

Judiciales de Guanacaste, que literalmente dice:

                  “La Presidencia de la Corte puso en conocimiento del
             Departamento de Planificación la propuesta de los jueces y jueza
             del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste1, en
             cuanto a:

                   Creación de un Tribunal (o Sección) Civil y Trabajo con
                    competencia en toda la provincia de Guanacaste.
                   Conformación de dos secciones penales completas en cada
                    circuito judicial.
                   Posibilidad de que los jueces civiles realicen suplencias a las
                    secciones penales en casos de recusación, impedimento o
                    inhibitoria.
                   Seleccionar una de las dos sedes del Segundo Circuito
                    Judicial de Guanacaste (Nicoya o Santa Cruz) como sede del
                    nuevo despacho sugerido.

                   Lo anterior con el fin de atender adecuadamente las funciones
             encomendadas, descongestionar los Tribunales Penales de ambos
             circuitos judiciales en Guanacaste y cumplir con los lineamientos
             ordenados por la Sala Tercera y el Tribunal de Casación Penal.
1
    Oficio N° 647-2010 del 6 de setiembre de 2010, dirigido a la Corte Plena.
                 Se procede a revisar los estudios anteriores que este
           Departamento ha realizado sobre esos importantes temas
           propuestos. De igual forma, se realiza un análisis comparativo de la
           carga de trabajo que generan las apelaciones de las materias Civil y
           Laboral en la provincia de Guanacaste (incluyendo los dos
           tribunales existentes); con las que se generan en los demás
           tribunales del país que ya cuentan con una sección especializada
           para la atención de ese tipo de apelaciones. Finalmente, se hace un
           recuento de las recomendaciones recientes para dotar de mayor
           cantidad de recurso humano a esos tribunales.

               Al respecto le presento el informe elaborado por el Lic. Minor
           Anchía Vargas, Profesional 2 de esta Sección.

                 Cabe indicar que la versión preliminar de este informe fue
           puesta en conocimiento de la Licda. Margoth Rojas Pérez y del Lic.
           Wilson Chon Kan Chan, Jueces Coordinadores de los Tribunales de
           Juicio del Primer y Segundo Circuito Judicial de Guanacaste,
           respectivamente2. Como respuesta se recibieron correos
           electrónicos del 17 y 18 de agosto anterior, cuyas observaciones
           fueron consideradas en lo pertinente en el informe que hoy se
           presenta.

               PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN TRIBUNAL (O
             SECCIÓN) CIVIL Y TRABAJO CON COMPETENCIA EN
                              LA PROVINCIA
                            DE GUANACASTE.

           I.- Análisis de Antecedentes (Estudios previos realizados por el
           Departamento de Planificación).

                En primer término, resulta oportuno indicar que en el Informe
           de Plazas Nuevas para el 2009 N° 024-PLA-CE-2008 referente al
           “Estudio de los Tribunales Penales del País”, el Departamento de
           Planificación indicó que los Tribunales del Primer Circuito Judicial
           de Alajuela, Cartago y Heredia contaban a lo interno con una
           sección especializada en materias Civil y Laboral, característica que
           igualmente adquirió el Tribunal de Puntarenas desde julio de 20093.

                  Este dato resulta de especial relevancia para el presente
2
    Mediante oficios N° 971-PLA-2011 y 978-PLA-2011, ambos del 9 de agosto de 2011.
3
    Según acuerdo de Corte Plena del 18 de mayo de 2009, artículo XVI.
          informe, por cuanto denota que la carga de trabajo generada por
          esas materias en esos despachos es significativa y se ha dispuesto
          una organización interna específica para su adecuada atención.

               Posteriormente, en el Informe de Plazas Nuevas para el 2010
          N° 105-PLA-CE-2009 referente al “Estudio de Plazas de la
          Propuesta Integral Moderada para Atender el Proceso Penal del
          Primer Circuito Judicial de Alajuela y del Primer Circuito
          Judicial de la Zona Atlántica”, este Departamento formuló una
          propuesta similar a la expuesta por el Tribunal del Segundo
          Circuito Judicial de Guanacaste, orientada a la creación de un
          Tribunal Civil y Trabajo para el Primer Circuito Judicial de
          Alajuela, con asiento en el Edificio de Tribunales de ese Circuito
          Judicial, y con competencia sobre todo el Primer Circuito Judicial
          de Alajuela4.

                Cabe resaltar que para esa propuesta se consideró la carga de
          trabajo reportada por ambas materias durante el 2008, donde se
          registraron 539 casos entrados (292 civiles y 247 laborales). En ese
          sentido, la estructura de personal sugerida fue mínima y se limitó a
          3 Jueces/zas 4, 1 Juez/a 1, 1 Coordinador/a Judicial 3 y 2 Técnicos
          Judiciales 3.

                Si bien el Consejo Superior no aprobó la creación del Tribunal
          propuesto por este Departamento, según consta en la sesión N° 38-
          09 del 22 de abril de 2009 (Presupuesto 2010), artículo XXVI, se
          estima que constituye un precedente válido para establecer si la
          provincia de Guanacaste reúne niveles de casos entrados
          semejantes a los identificados en el 2008 para el Primer Circuito
          Judicial de Alajuela, por cuanto ese nivel de carga de trabajo
          justificó una propuesta positiva de parte del Departamento de
          Planificación.

          II.- Información Relevante.

          2.1.- Análisis de la carga de trabajo de las materias Civil y
          Trabajo en los últimos años.

               Con el fin de tener un acercamiento de las materias Civil y
          Trabajo en los tribunales mixtos del país, donde se ubican los
4
  Esa recomendación formó parte de varias acciones orientadas a disminuir la acumulación de expedientes a
nivel de la etapa preparatoria y la intermedia, y así agilizar la atención de la materia penal en ese circuito
judicial, definido por Corte Plena como prioritario para el 2010.
          Tribunales del Primer y Segundo Circuitos Judiciales de
          Guanacaste, a continuación se presenta la información estadística
          correspondiente al comportamiento mostrado por los asuntos en
          apelación ingresados durante el período 2008-2010.

                              CUADRO N° 1
               COMPORTAMIENTO DE LA ENTRADA GENERAL1/ EN
                            CIVIL Y LABORAL
                  PARA LOS TRIBUNALES MIXTOS DEL PAÍS,
                      DURANTE EL PERÍODO 2008-2010.

                                   2008                 2009                 2010
       Tribunal
                           TOTAL    Civ   Lab   TOTAL    Civ   Lab   TOTAL    Civ   Lab
                   TOTAL    343     132   211    326     151   175    320     152   168
I C.J. Guanacaste           226      79   147    190      74   116    156      59   97
II C.J. Guanacaste          117      53   64     136      77   59     164      93   71


I C.J. Zona Sur             188      95   93     177      66   111    121      46   75
II C.J. Zona Sur            134      60   74     156      81   75     169      80   89
I C.J. Alajuela             552     305   247    526     251   275    449     214   235
II C.J. Alajuela            213      71   142    225      84   141    214      93   121
III C.J. Alajuela           251     132   119    250     109   141    249     100   149
Cartago                     696     341   355    687     238   449    565     177   388
Heredia                     544     299   245    519     252   267    552     211   341
Puntarenas                  684     140   544    785      93   692    543      75   468
I C.J. Zona Atlántica       189      79   110    218      47   171    136      35   101
II C.J. Zona Atlántica      332      64   268    403      52   351    346      34   312
          1/
           Incluye los asuntos entrados y reentrados.
          FUENTE: Elaboración propia con datos de la Sección de Estadística.

                Según se observa, el volumen conjunto de casos entrados de
          las referidas materias en los últimos tres años para la provincia de
          Guanacaste (incluidos los dos circuitos judiciales), se ha mantenido
          con valores ubicados entre 343 y 320 asuntos por año. Además, se
          nota que esa variable ha mostrado un leve comportamiento
          decreciente a lo largo del período en estudio, impulsada por el
          Primer Circuito Judicial de Guanacaste en ambas materias; un
panorama opuesto se ha presentado en las zonas de Nicoya y Santa
Cruz, donde el crecimiento general en los procesos de apelación ha
sido el resultado de una combinación entre el aumento en los
asuntos civiles y una relativa estabilidad en los expedientes
laborales.

      Otro elemento a rescatar es que al comparar esa condición con
el resto de tribunales homólogos del país, la provincia de
Guanacaste en conjunto se asemeja al Segundo Circuito Judicial de
la Zona Atlántica, especialmente en el 2008 y 2010, mientras que
los niveles de entrada combinados de ambos circuitos judiciales
resultaron inferiores a los obtenidos por el Primer Circuito Judicial
de Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas, siendo que en estas
últimas zonas se cuenta con una sección especializada para la
atención de las apelaciones civiles y laborales.

2.2.- Comportamiento de los procesos abreviados y ordinarios
civiles del Tribunal Segundo Civil de San José.

     A esos valores se deben considerar una parte de los
mencionados procesos que conocen en apelación las Secciones
Primera y Segunda del Tribunal Segundo Civil de San José,
procedentes de los siguientes juzgados civiles de mayor cuantía:

Provincia de San José 1/            Provincia de Guanacaste
Juzgado Primero Civil de San José   Juzgado Civil de Liberia
Juzgado Segundo Civil de San José   Juzgado Civil de Cañas
Juzgado Tercero Civil de San José   Juzgado Civil de Nicoya
Juzgado Cuarto Civil de San José    Juzgado Civil de Santa Cruz
Juzgado Civil de Desamparados
Juzgado Civil de Hatillo
Juzgado Civil de Puriscal
Juzgado Civil de Goicoechea
Juzgado Civil de Pérez Zeledón

Provincia de Puntarenas             Provincia de Limón
Juzgado Civil de Puntarenas         Juzg. Civil Primer Circ. Jud. Zona
                                    Atlántica
Juzgado Civil de Golfito            Juzgado Civil de Pococí y Guácimo
       Juzgado Civil de Osa
       Juzgado Civil de Corredores

               1/
               El Consejo Superior en sesiones celebradas el 31 de agosto y
        7 de setiembre, ambas fechas del 2010, en su orden, artículos LXIV
        y VI, dispuso reorganizar el funcionamiento de los Juzgados
        Civiles de Mayor y Menor Cuantía y de Cobro del I Circuito
        Judicial de San José.

        FUENTE: Documento “Competencia Territorial y Jerárquica de
        los Tribunales y Oficinas del Poder Judicial” (1005-PLA-2004),
        actualizado a Marzo 2011.

              Dado lo anterior se procedió a revisar los listados trimestrales
        remitidos a la Sección de Estadística por el Tribunal Segundo Civil
        de San José, correspondientes al período 2008-2010, obteniéndose
        la siguiente información:

                          CUADRO N° 2
            DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS SECCIONES DEL
          TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL DE SAN JOSÉ, DURANTE
                      EL PERÍODO 2008-2010.

                                               2008                   2009                  2010
           Variable
                                        Sec. I     Sec. II     Sec. I    Sec. II     Sec. I        Sec. II
Asuntos Entrados                         430          430       476          476      466           465
                        Ordinarios       339          312       381          392      378           358
                        Abreviados       25           33        35           32        32            54
                           Subtotal      364          345       416          424      410           412
                    % de la Entrada     85%           80%      87%           89%      88%           89%


Asuntos de Guanacaste (a)                17           16        23           28        23            25
                       % Subtotal       5%            5%       6%            7%       6%            6%
        (a) Se refiere al número de asuntos procedentes de los juzgados civiles de mayor cuantía
        de Liberia, Cañas, Nicoya y Santa Cruz.
        FUENTE: Elaboración propia con datos de la Sección de
        Estadística.

               Se aprecia que los procesos ordinarios conocidos por las dos
  secciones del Tribunal Segundo Civil de San José, representan la
  mayor cantidad de asuntos ingresados a lo largo del período en
  estudio, los cuales junto con los asuntos abreviados alcanzaron en
  el 2010 los niveles más altos de la entrada total (casi el 90%).

       Ahora bien, al considerar el aporte de los juzgados civiles de
  mayor cuantía de Guanacaste a la entrada anual del referido
  Tribunal, se aprecia que los valores anuales conjuntos se ubicaron
  entre 33 y 51 asuntos, los cuales representan entre el 5% y el 7%
  del total de asuntos de esa naturaleza, es decir la contribución
  proporcional de Guanacaste dentro de la carga laboral del Tribunal
  Segundo Civil de San José ha resultado poco significativa.

       Se hace mención de la existencia de este tipo de procesos, por
  cuanto de optarse por la creación de un Tribunal (o Sección) Civil y
  Laboral para la provincia de Guanacaste, necesariamente tendría
  que modificarse la competencia actual del Tribunal Segundo Civil
  de San José para que asuma el conocimiento de esos asuntos.

        Al comparar los promedios mensuales de asuntos entrados en
  los tribunales que ya cuentan con una sección, con el supuesto
  Tribunal que se podría presentar en Guanacaste, se tienen los
  siguientes valores:

                    CUADRO N° 3
    PROMEDIO MENSUAL DE ASUNTOS ENTRADOS POR
    JUEZ EN ALGUNOS TRIBUNALES MIXTOS DEL PAÍS,
                DURANTE EL AÑO 2010.

          Tribunal                TOTAL1/   Civ   Lab    Total     Prom.
                                                         Jueces   Mensual
                                                                  X Juez/a
      TOTAL Guanacaste              368     200   168      3        11,1
                  I Circ. Jud.      156     59    97      ----      ----
                  II Circ. Jud.     164     93    71      ----      ----
Tribunal Segundo Civil              48      48    ----    ----      ----


I C.J. Alajuela                     449     214   235      3        13,6
Cartago                             565     177   388      3        17,1
Heredia                           552        211     341         3     16,7
Puntarenas                        543        75      468         3     16,4
  1/
   Incluye los asuntos entrados y reentrados.
  FUENTE: Elaboración propia con datos de la Sección de Estadística.

        Según se nota, aún uniendo la carga de trabajo de las materias
  Civil y Laboral de los Tribunales del Primer y Segundo Circuitos
  Judiciales de Guanacaste, con la cantidad de procesos ordinarios y
  abreviados que conoció el Tribunal Segundo Civil de San José
  durante el 2010, se tiene que el promedio mensual por Juez/a llega
  a 11,1 asuntos, colocándose por debajo de los valores establecidos
  para los Tribunales que ya cuentan con una sección especializada.

        Si bien este Departamento al momento de plantear
  recomendaciones para crear despachos especializados en el
  conocimiento de las materias, considera variables cualitativas como
  lo son el aumento de la eficiencia y el mejoramiento del servicio a
  los usuarios, debe garantizarse que la carga de trabajo resultante del
  nuevo despacho propuesto se asemeje a la mostrada por aquellos
  despachos que ya operan en esas condiciones, para no fomentar la
  subutilización de los recursos, principalmente en estos tiempos de
  crisis presupuestaria.

      2.2.- Análisis de las otras propuestas del Tribunal del
  Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya-Santa Cruz).

       De la información cuantitativa analizada se percibe que la
  provincia de Guanacaste no reúne por el momento niveles de
  entrada de asuntos en apelación similares a los mostrados por otros
  despachos homólogos que cuentan con una sección especializada
  para resolver ese tipo de gestiones, por lo que no resultaría
  conveniente disponer la creación de una sección similar a lo interno
  de los Tribunales del Primer y Segundo Circuitos Judiciales de esa
  provincia, para tales fines.

        De igual forma, referente a la creación de un Tribunal Civil y
  Trabajo para todo Guanacaste, se debe ser muy cuidadoso y debe
  estar muy justificado por cuanto si bien esta medida puede
  significar mayor agilidad y rapidez para la resolución de los
  asuntos, también significaría una afectación para algunas de las
  partes involucradas ya que deberán realizar desplazamientos
  mayores y más onerosos dependiendo de la ubicación definitiva que
          se le de a la Sección o Tribunal especializado5.

                Por lo anterior comentado, es pertinente dejar de lado las
          gestiones adicionales de considerar que los jueces civiles realicen
          suplencias a las secciones penales en casos de recusación,
          impedimento o inhibitoria, así como el establecimiento de una de
          las dos zonas del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya
          o Santa Cruz) como sede del nuevo despacho sugerido.

                 Reforzamiento de los Tribunales de Guanacaste

               Tratándose de la conformación de dos secciones penales
          completas en cada circuito judicial, es dable indicar que esta
          Sección analizó los requerimientos de los Tribunales del Primer y
          Segundo Circuitos Judiciales de Guanacaste en los informes N°
          061-PLA-DO-2011 y 065-PLA-DO-2011, siendo conocidos por el
          Consejo Superior en las sesiones extraordinarias N° 35-11 y 38-11
          (ambas de Presupuesto 2012), artículos XIII y V, respectivamente.

                En el caso de Liberia se recomendó para el 2012 la creación
          en forma extraordinaria de 1 Juez 4 y 1 Técnico Judicial 3, con el
          fin de darle continuidad a los recursos extraordinarios vigentes en
          la actualidad para mantener una conformación total de dos
          secciones colegiadas. Con respecto a Nicoya-Santa Cruz, en el
          mencionado informe se recomendó para este año 2 Jueces 4 y 1
          Técnico Judicial 3, para mantener el apoyo adicional existente el
          año anterior y de igual forma contar con una capacidad operativa
          máxima de dos secciones colegiadas. Debe recordarse que ambas
          zonas tienen sedes a su cargo (Cañas y Santa Cruz, en ese orden), lo
          que igualmente fue considerado dentro de las valoraciones de la
          carga laboral existente (penal, civil y laboral) en ambos circuitos
          judiciales de Guanacaste, debido a los desplazamientos que deben
          efectuar para realizar debates colegiados.

               El Consejo Superior dispuso para Liberia aprobar el informe
          presentado por el Departamento de Planificación, mientras que para
          Nicoya-Santa Cruz se acordó crear los referidos puestos en forma
          ordinaria “…con la espera de que constituyéndose las dos secciones
          para el Tribunal se pueda disminuir el tiempo de respuesta en los
          asuntos de su conocimiento, y mostrar un cambio significativo en la
5
  De esta forma, si la sede se ubica en Liberia, las partes involucradas en los procesos civiles y laborales que
residan en Nicoya y Santa Cruz, deberán realizar notables traslados.
prestación del servicio”. Asimismo el ente decisorio indicó que al
momento de realizar nuevos nombramientos se considere la
necesidad de que también se hagan en especialistas de otras
materias diferentes a la penal, considerando la condición de
“tribunal mixto” que ostenta el despacho en mención.

      Si adicionalmente a esos recursos recomendados y aprobados,
se incluyera una Sección especializada en Civil y Laboral, las
condiciones de carga de trabajo de este II Circuito Judicial, serían
más ventajosas que en otras zonas del país, tal como se analizó en
el informe de necesidades de recurso humano señalado, y en el
cuadro N° 1 del presente informe.

      Se corroboró que los recursos antes indicados fueron
incorporados al proyecto de presupuesto 2012 que fue conocido por
Corte Plena en las sesiones del 6 y 7 de junio del año anterior, en
los términos descritos.

      Por tanto, se concluye que tanto Liberia como Nicoya-Santa
Cruz tienen en la actualidad dos secciones colegiadas,
conformación que se mantendrá este año de conformidad con los
análisis efectuados por el Departamento de Planificación, con la
salvedad de que los niveles de entrada en las apelaciones civiles y
laborales no resultan suficientes para habilitar una sección
especializada en cada circuito judicial, por lo que deberán continuar
laborando en forma mixta conociendo las materias Penal, Civil y
Laboral.

      Adicionalmente, cabe recordar que en materia Penal el
Departamento de Planificación ha promovido desde el 2006 la
necesidad de apoyar a algunos Tribunales Mixtos del país mediante
un “Plan de Descongestionamiento del Circulante en Trámite de
los Tribunales Penales”, para compensar el impulso procesal
ejercido por el Ministerio Público sobre las causas en investigación,
con la implementación del “Sistema de Seguimiento de Diligencias
y Control de Casos” (SISPLAZO). Dentro de esos despachos
considerados están los Tribunales del Primer y Segundo Circuitos
Judiciales de Guanacaste.

     2.3.- Criterio de los Tribunales del Primer y Segundo
Circuitos Judiciales de Guanacaste.

     Mediante correo electrónico del 17 de agosto de este año la
Licda. Margoth Rojas Pérez, Jueza Coordinadora del Tribunal del
Primer Circuito Judicial de Guanacaste, comunicó los criterios
externados por los funcionarios de ese despacho, en los siguientes
términos:

      “1.- Se considera que el estudio estadístico debió tomar en
cuenta los ordinarios civiles que se originan en la provincia y que
conoce en apelación el Tribunal Superior Segundo Civil de San
José porque en la eventualidad que se creara un tribunal civil y
laboral en la provincia, el mismo debería conocer los ordinarios
civiles que en apelación van a un tribunal colegiado de San José, lo
que descongestionaría ese tribunal. Para que la estadística sea
completa, antes de rechazar la propuesta de creación de un
tribunal, debe tomarse en cuenta ese punto. 2.- Se apoya la
creación de un tribunal porque se busca especialización por
materia, que merece el usuario. 3.- Se considera que debe existir
un plus como incentivo por ser jueces de juicio trabajando con un
recargo civil y laboral. 4.- El informe habla de que estos tribunales
deben trabajar con dos secciones completas, de lo anterior se
deduce que se debe nombrar un juez/a más para realizar
unipersonales, apelaciones penales y prorrogas de prisión, ello
bajo un concepto de rotación.”

      Sobre el particular se tiene que las estadísticas del Tribunal
Segundo Civil de San José ya fueron debidamente consideradas en
el aparte 2.2. del presente informe, con el fin de ampliar el análisis
estadístico previamente realizado por esta Sección. En cuanto al
concepto de los señores jueces de Liberia sobre las ventajas que
tendría la especialización de materias, este Departamento las
comparte, pero se considera de suma importancia recomendar ese
sistema de organización cuando la carga de trabajo lo justifique y
garantice una plena utilización de los recursos. Sobre el plus
salarial por atender otras materias se hace el señalamiento de que
esta es la forma de trabajar en la mayoría de tribunales del país, sea
conociendo varias materias; pero aún así se considera que este es un
tema de resolución por parte del Departamento de Personal-Gestión
Humana. Finalmente, se reitera que este Departamento ya analizó
las necesidades de recurso humano de ese Tribunal en el año
recién pasado, y planteó las recomendaciones necesarias para el
presupuesto del 2012.

    Por su parte el Lic. Wilson Chonkan Chan, Juez Coordinador
del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste,
comunicó en correo electrónico del 18 de agosto anterior la
importancia de considerar el circulante de procesos ordinarios en
los juzgados civiles de Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Cañas, así
como la cantidad de sentencias que se han dictado en los últimos
años. Para tales efectos, se aportó información estadística de los
referidos juzgados (con excepción de Liberia), referentes a
sentencias dictadas en procesos ordinarios y casos en trámite, con el
fin de que sean debidamente considerados dentro de los análisis
estadísticos junto con los casos de administración por intervención
judicial, estos últimos apelables ante los Tribunales en San José.

      Cabe aclarar que no se consideró oportuno incorporar los
datos aportados por el Lic. Chonkan Chan, debido a que esa
información no incide de forma directa sobre la carga laboral que
ingresa al Tribunal Segundo Civil de San José, ya que solamente
resultan relevantes aquellos casos que son apelados ante el
mencionado Tribunal, siendo esta información la variable
estadística de carácter “independiente”, es decir, que no está
influida directamente por los despachos judiciales.

     III.- Elementos Conclusivos.

      3.1.- En los últimos años este Departamento ha venido
realizando estudios integrales en los tribunales del país y ha logrado
determinar que los Tribunales del Primer Circuito Judicial de
Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas cuentan a lo interno con
una sección especializada para el conocimiento de las apelaciones
de procesos civiles y laborales. El criterio que ha utilizado este
Departamento para recomendar la creación de esas secciones
especializadas es el volumen de asuntos entrados, de forma tal que
se garantice una plena utilización de los recursos asignados.

     3.2.- Si bien este Departamento recomendó en el año 2009 la
creación de un Tribunal especializado para la atención de los
asuntos civiles y laborales en el I Circuito Judicial de Alajuela, el
Consejo Superior no aprobó esa propuesta y decidió mantener la
sección especializada que ya existía.

      3.3.- Los asuntos civiles y laborales que han ingresado en
toda la provincia de Guanacaste (incluyendo los dos circuitos
judiciales) en los últimos tres años (2008-2010) se han mantenido
estables con valores entre 343 y 320 asuntos por año. Por su parte
los procesos ordinarios y abreviados que recibe el Tribunal
Segundo Civil de San José, procedentes de los juzgados civiles de
Guanacaste, aportaron entre 33 y 51 asuntos nuevos al año, durante
el período 2008-2010. Al comparar esos valores con los ingresados
en los tribunales que cuentan con una sección especializada, se
tiene que en Guanacaste habría una carga de trabajo inferior a la
identificada en los despachos comparados.

      3.4.- Este Departamento realizó el año pasado sendos estudios
donde recomendó reforzar a los tribunales de los circuitos Primero
y Segundo de Guanacaste, dentro del presupuesto institucional del
año 2012. Con base en esa propuesta, el Órgano Superior acordó
aprobar los recursos adicionales sugeridos. Las recomendaciones
pretenden que ambos tribunales laboren con dos secciones. Es
pertinente determinar cuál será el impacto en esos despachos al
contar con los nuevos recursos cedidos. De crearse una sección
adicional para que atienda en forma especializada las materias Civil
y Laboral, los tribunales de Guanacaste quedarían en una condición
más ventajosa que la mostrada por otros tribunales con mayor carga
de trabajo.

     IV.- Recomendaciones.

     De conformidad con la información contenida en el presente
informe, se formulan las siguientes recomendaciones:

      4.1.- No se recomienda la creación de un Tribunal o Sección
Civil y Trabajo para la provincia de Guanacaste, ya que los niveles
de casos entrados en los Tribunales de Liberia y de Nicoya-Santa
Cruz se ubicaron considerablemente por debajo de los reportados
por aquellos Tribunales Mixtos, que ya cuentan con una sección
especializada en la atención de las apelaciones civiles y laborales
(Primer Circuito Judicial de Alajuela, Cartago, Heredia y
Puntarenas).

      4.2.- En virtud de que este Departamento recomendó el
reforzamiento de los Tribunales de ambos circuitos judiciales de
Guanacaste, de forma tal que cada uno trabajará en el 2012 con dos
secciones, se realizarán las evaluaciones pertinentes para
determinar el verdadero impacto en la atención de la carga de
trabajo y en el servicio a los usuarios.

     Es dable indicar que el análisis y recomendaciones realizadas
en el presente informe se enmarca dentro del tema estratégico
                      “Sostenimiento de una tendencia alcista de la carga de trabajo
                      que, pese al aumento de la eficacia en la resolución de casos en
                      varias materias, mantiene elevado el retraso judicial que es
                      necesario disminuir”, contenido en el “Plan Estratégico 2007-
                      2011” del Poder Judicial.”

                                                          -0-

                En sesión N° 35-11 (Presupuesto 2012), celebrada el 13 de abril del 2011,

           articulo XIII, se aprobó el informe N° 061-PLA-DO-2011 del Departamento

           de Planificación, de requerimientos de recurso humano 2012 para el Tribunal

           del Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Sedes Liberia y Cañas), que en

           cuanto a recursos recomendó lo siguiente:

           “
Cantidad       Tipo de plaza       Condición actual   Recomendación    Período     Costo Estimado    Observac
                                                                                                     iones
1              Juez 4                                 Extraordinario               ¢ 53,052,000.00
               Técnico             Extraordinarios                     12 meses
1                                                     Extraordinario               ¢ 13,468,000.00
               Judicial 3


                      1-       Condicionamiento por el cual se otorga el recurso

                           El recurso propuesto se concede con el fin de continuar
                      apoyando al Tribunal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste
                      (Sedes Liberia y Cañas) en la atención de los casos penales y para
                      reducir los niveles de circulante, ante el aumento mostrado por
                      esas variables. Se debe realizar el esfuerzo para equiparar las
                      variables de asuntos para debate (entrados y terminados).”
                                                          -0-

                    Posteriormente, en sesión Nº 38-11 (Presupuesto 2012), del 27 de abril

           del 2011, artículo V, al conocerse el informe ejecutivo de requerimientos de

           recurso humano 2012 para el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de

           Guanacaste (Nicoya y Sede Santa Cruz), 065-PLA-DO-2011, que en cuanto a
           recursos recomendó lo siguiente:

Cantidad    Tipo de plaza    Condición actual   Recomendación     Período     Costo Estimado     Observa-
                                                                                                 ciones
2           Jueces/zas 4                                                      ¢ 106.104.000.00
            Técnico          Extraordinarios    Extraordinarios   12 meses
1                                                                             ¢ 13.468.000.00
            Judicial 3


                    5.2. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso.

                         El recurso propuesto vendría a darle continuidad en el 2012 al
                    apoyo iniciado en este año al Tribunal del Segundo Circuito
                    Judicial de Guanacaste (Sedes Nicoya y Santa Cruz), en la atención
                    de los casos penales y para reducir los niveles de circulante, dado
                    el incremento detectado en esas variables, y con el fin de
                    aprovechar al máximo la capacidad de las salas de juicio existentes
                    en esas localidades (7 en total).

                    Se deberán presentar informes semestrales, en los años 2011 y
                    2012, que justifiquen la disminución del circulante.”
                                                     -0-

              Al respecto, se aprobó el citado informe con observación de que las plazas

           serían en forma ordinaria, con la espera de que constituyéndose las dos

           secciones para el Tribunal se pudiera disminuir el tiempo de respuesta en los

           asuntos de su conocimiento, y mostrar un cambio significativo en la prestación

           del servicio.

                  Se acordó: 1) Tener por rendido el informe N° 230-PLA-2012 del

           Departamento de Planificación, sobre la propuesta del Tribunal del Segundo

           Circuito Judicial de Guanacaste, para atender las funciones encomendadas y

           descongestionar los Tribunales Penales de los Circuitos Judiciales de

           Guanacaste. 2) Aprobar las recomendaciones contenidas en el informe, por lo
que no se aprueba la creación de un Tribunal o Sección Civil y Trabajo para la

provincia de Guanacaste, en tanto el registro de casos entrados en los

Tribunales de Liberia y de Nicoya-Santa Cruz, se encuentran por debajo de los

reportados por aquellos Tribunales Mixtos, que ya cuentan con una sección

especializada en la atención de las apelaciones civiles y laborales, verbigracia

Primer Circuito Judicial de Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas. 3) Dada

la recomendación del Departamento de Planificación de reforzar los

Tribunales de ambos circuitos judiciales de Guanacaste, de forma tal que cada

uno trabajará en el 2012 con dos secciones, se solicita a dicho Departamento

que realice las evaluaciones pertinentes a fin de determinar el verdadero

impacto de la medida, en la atención de la carga de trabajo y en el servicio a

los usuarios.

                            ARTÍCULO XXVIII

Documento 2177-12

      Conoce este Consejo, en alzada la resolución Nº 722-12, emitida por la

Dirección Ejecutiva a las diez horas del veintiuno de febrero del dos mil doce,

dentro del procedimiento administrativo seguido contra la perito Inés Amador

Góngora, a través del cual se le impuso a la encausada la sanción de

advertencia, conforme el artículo 17 inciso 1° del Reglamento para Regular la

Función de los Ejecutores y Peritos del Poder Judicial, por no realizar la labor
que le fue encomendada.


      I.- En su escrito de apelación la encausada, manifiesta que en ningún

momento existió de su parte negativa para realizar la diligencia solicitada, sino

que lo sucedido obedece a la falta de interés de la parte, ya que nunca la

contactó para coordinar lo relativo, por lo que manifiesta que se mantuvo a la

espera y con la mejor disposición de que el actor la ubicara, lo que nunca hizo,

siendo en consecuencia que nunca se realizó el respectivo peritaje. Considera

que el actor la debía buscar a ella y no recurrir al despacho, aspecto que a su

criterio no se logra probar, además de que en ningún momento ella manifestó

que no haría la diligencia. Considera que no ha incurrido en una actuación

indebida, en tanto nunca se negó a aceptar el cargo, expresando que la falta de

interés de la parte no se puede valorar como una negativa de su parte para

realizar la diligencia.


      II.- La autoridad de instancia en la presente investigación tuvo como

hechos probados los siguientes: “1) Que se contactó con el licenciado Eugenio

Ortiz Álvarez para proceder con lo de su cargo y el mismo le expresó su

negativa al no querer incurrir en el pago de los gastos para dicha diligencia,

del mismo modo le informó que solicitaría al Juzgado el nombramiento de otro

ejecutor para dicha diligencia. 2) Que el Juzgado rechazó la solicitud de

cambio de ejecutor solicitado, por cuanto el mismo está obligado a suplir los
gastos de traslado, de ida y regreso de ella, pero tomando como punto de

partida la ubicación del Juzgado. 3) Que solicitó la rectificación sobre la

resolución en cuanto al lugar de partida de la diligencia de traba de embargo,

ya que el hecho de trasladarse de su domicilio en San José al lugar donde se

asienta el despacho sería más oneroso para ella que los honorarios fijados para

llevar a cabo dicha diligencia. 4) Que no recibió muestra de interés por parte de

la interesada para realizar la diligencia solicitada. 5) Que el Juzgado indica

que en vista de que no cumplió con las labores de su cargo, se deja sin efecto su

nombramiento y se nombra a otro ejecutor, por lo que procedió a presentar sus

manifestaciones en cuanto al porque no pudo concretar la diligencia. 6) Que en

ningún momento se negó a realizar lo de su cargo, que si no se había realizado

la diligencia fue por que la parte interesada no se volvió a contactar con ella. 7)

Que ella no puede actuar sin que el solicitante de la diligencia indique donde se

encuentran los bienes a embargar, así como que debe aportar los testigos de ley

e igualmente el Juzgado le ordenó suministrar el transporte desde el asiento del

Juzgado hasta el lugar del embargo.”

      III.- Luego del análisis respectivo del expediente, este Consejo

considera que no le asiste la razón a la apelante, ya que a pesar de la

responsabilidad de la parte actora en procurar la realización de la diligencia, la

auxiliar ejecutora debe mostrar interés en las diferentes actuaciones que
permitirán la ejecución de la diligencia, por lo que ante la falta de datos o

información, se espera que el perito recurra al despacho judicial para informar

lo que acontece, a fin de que se tomen las medidas pertinentes. Debe

recordarse que una vez que el profesional acepta el cargo, tal y como sucedió

en la especie sin ningún contratiempo, adquiere la obligación de ejecutar la

diligencia, siendo que para esos fines tiene que realizar lo necesario a efecto

de cumplir con lo ordenado jurisdiccionalmente. No obstante en el caso

concreto, no se observa acción alguna por parte de la señora Amador Góngora,

en procura de cumplir con su cometido, por lo que se estima que contribuyó a

la no realización del peritaje, situación que además llevó a que fuere removida

del cargo. Por consiguiente no se consideran de recibo los agravios planteados

por la recurrente.

     Se acuerda: Mantener el acto administrativo venido en alzada.

                              ARTÍCULO XXIX

DOCUMENTO N° 3210-12

      Por medio de oficio N° 208-DG-2012 del 22 de marzo último, el

licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector del Organismo de

Investigación Judicial, presentó la siguiente gestión:

             Conocido el contenido del oficio remitido por el Lic.
       Armando Castillo Fallas, Jefe de la Sección de Transportes de este
       Organismo, cabe indicar que el suscrito avala en todos sus
       extremos el presente informe, al considerar que los argumentos son
de interés para el mejoramiento del servicio público que presta esa
Sección y la organización interna de ésta. Se transcribe textualmente
el documento, en tanto contiene información de interés:

       “…Durante el primer semestre del 2010 como parte del
anteproyecto de plazas del Organismo de Investigación Judicial para
el 2011, esta Sección planteó la necesidad de contar, entre otras
plazas, con un Auxiliar Administrativo 1 para la Unidad de
Transporte Forense y un Auxiliar Administrativo 1 para la Unidad
del Taller Mecánico, en razón de lo cual el Departamento de
Planificación mediante el estudio técnico respectivo incluido en su
informe de plazas nuevas para el 2011 detallado en el oficio Nº102-
PLA-CE-2010, avaló los argumentos y requerimientos planteados
por esta Jefatura y en virtud de ello recomendó la inclusión de
dichas plazas para el ejercicio ordinario presupuestario del año
anterior; sin embargo debido al escenario económico institucional
existente en ese momento no fue posible su inclusión como parte
del equipo de trabajo de esta Sección.

       En razón de lo anterior, desde el año 2010 al día de hoy las
tareas que realizarían las plazas requeridas y avaladas por el
Departamento de Planificación son asumidas como recargo por el
personal asignado en cada una de las Unidades de esta Sección; sin
embargo tal y como se expone a continuación, en ambos casos, el
resultado final en la prestación del servicio se ve seriamente
comprometido y consecuentemente se afecta de forma negativa.

       Referente a la Unidad de Transporte Forense, existe un vacío
que genera un desequilibrio en la adecuada prestación de un servicio
que por sus características y naturaleza propia debe prestarse
durante las 24 horas del día, a través de los 365 días del año,
dedicando un grupo de trabajo conformado por 9 funcionarios para
el traslado de cuerpos de personas fallecidas a nivel nacional,
quienes por medio del cumplimiento de un rol de trabajo permite la
atención de todos los servicios de traslados requeridos durante las
24 horas.

       Ahora bien, este grupo de trabajo está supervisado por la
Jefatura de Unidad, quien por recomendación técnica emitida en su
oportunidad y aprobado así por el Consejo Superior, labora en una
jornada de las 14:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes, lo que le
permite, entre otras tareas, ejercer una supervisión directa sobre el
personal que termina su jornada laboral a las 14:00 horas, así como
aquellos que ingresan en ese horario y finalizan a las 22:00 y
consecuentemente con quienes ingresan a laborar en ese turno;
estableciendo así la programación de trabajo para cada uno de los
equipos de trabajo a partir de la realidad que afecte cada jornada.

       No obstante lo anterior y dado que el personal que ingresa a
laborar en el turno de las 06:00 horas, normalmente al iniciar el
horario administrativo (07:30 horas), no se encuentra disponible en
la Unidad de Transporte Forense, ubicada en la Ciudad Judicial de
San Joaquín de Flores, en razón de que se desplazan a distintas
zonas del país con el objetivo de concretar los traslados requeridos
en ese momento; surge entonces el inconveniente de que no se
dispone personal que, entre otras labores administrativas, pueda
atender personalmente o vía telefónica a las personas dolientes,
familiares o allegados de los fallecidos cuyos cuerpos deben ser
objeto de la pericia forense respectiva (autopsia) a cargo de la
Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal,
o bien aquellos familiares quienes cuentan con la orden del Juzgado
respectivo para que, por medio de nuestra Unidad se coordine la
devolución del cadáver hasta su comunidad en razón del escenario
socio económico que presentan los dolientes.

        Es así que la ausencia de esa persona que se desempeñaría
como Auxiliar Administrativo 1, genera un serio inconveniente para
la adecuada prestación del servicio orientado principalmente a la
persona usuaria, ya que si consideramos que en promedio se
trasladan 3.000 cadáveres al año en todo el país, lo que significa una
cantidad de 250 cuerpos de personas fallecidas al mes, representan
entonces alrededor de 11 consultas diarias que, ya sea personal o
telefónicamente generan los dolientes o familiares relacionadas con
el traslado del cuerpo, las cuales en más del 80% se generan en un
intervalo entre las 7:30 y las 13:00 horas, las cuales según los
motivos expuestos, quedan sin atender de manera eficiente y
expedita, lo que ocasiona que la consulta se canalice a dependencias
que no tienen relación con el servicio de transporte forense, o se les
transfiera su llamada hasta cuatro veces a distintas oficinas del
Poder Judicial en busca de una información que fácilmente se puede
ofrecer en la misma Unidad de Transporte Forense.

      Las consultas que normalmente se reciben tienen relación
con los tiempos de traslado para coordinar servicios funerarios o
programación de familiares relacionados con el funeral;, ubicación
del vehículo que traslada el cuerpo, lo cual es posible determinar
gracias a que los mismos cuentas con ubicación por sistema
satelital, trámites y condiciones para obtener una orden de
devolución del cadáver, tiempo aproximado que tomará la
finalización de la autopsia o estado del cuerpo a cargo de la Sección
de Patología Forense e incluso señas sobre cómo llegar a la Ciudad
Capital, la Ciudad Judicial o el Primer Circuito Judicial, sobre todo
en casos de personas de la comunicad indígena del país o zonas
rurales que nunca han salido de su localidad y deben retirar un
cuerpo en la Morgue Judicial, entre otras.

       A partir de lo anterior, es fácil comprender que nuestra
necesidad se traduce en una seria revictimización institucional hacia
el doliente o familiar, quien normalmente por su vulnerabilidad y
urgencia de satisfacer su carencia de información no acude a la
Contraloría de Servicios con la frecuencia que se esperaría a
plantear su malestar por la inatención pronta a su necesidad, no
obstante estos elementos fueron valorados junto con las tareas
administrativas que desarrollaría la plaza requerida por parte del
Departamento de Planificación en el estudio supracitado, siendo que
esa Unidad desde su conformación no cuenta con ninguna plaza
administrativa.

       Por otra parte, en lo que respecta a la Unidad del Taller
Mecánico, el estudio Nº102-PLA-CE-2010 concuerda con lo
expuesto en su momento por el suscrito, respecto a la necesidad de
contar con una plaza de Auxiliar Administrativo 1 a fin de liberar la
plaza de dicha categoría disponible en el Taller, respecto a las
labores de bodega que actualmente lleva a cabo por cuanto no
corresponden a sus tareas sustantivas, y si bien por los
inconvenientes presupuestarios que en su oportunidad impidieron
cumplir con la asignación de la plaza lo que generó que la persona
en el puesto administrativo continúe con el recargo de las tareas
administrativas, lo cierto es que a partir de enero del 2012, estas han
aumentado a partir de la implementación del contenido de la
Circular Nº07-2012 emitida por el Departamento Financiero
Contable, la cual de manera general establece entre otras cosas, que
las solicitudes de compra de diversos artículos como por ejemplo
repuestos mecánicos, las cuales son gestionadas por la Unidad del
Taller deban acompañarse de al menos dos cotizaciones por línea,
ante lo cual es frecuente que cada solicitud incluya de 5 a 10 líneas,
por lo que es necesario obtener los precios reales de mercado, así
como elaborar actas individuales por cada línea en cada solicitud de
compra una vez que los repuestos son recibidos en nuestro Taller al
ser entregados por la agencia automotriz o casa comercial
respectiva.

       Es claro que todos estos controles van en favor de un buen
manejo de la administración de una inversión tan significativa como
lo que representa la compra de repuestos, los cuales superan al mes
el pago de más de 30 millones de colones; sin embargo el
incremento de las tareas administrativas existentes, aunado a la
responsabilidad directa de administrar las bodegas de repuestos,
herramientas, insumos y consumibles, todo a cargo de una misma
persona, junto con el incremento en la cantidad y calidad de la
información que en coordinación con los Departamentos de
Proveeduría y Financiero Contable se nos exige cumplir, es que se
hace imposible continuar asumiendo la totalidad de las tareas con la
metodología de recargo de labores que hasta el día de hoy se ha
llevado a cabo, por lo que es necesario cumplir con el estudio
técnico y la recomendación emitida durante el año 2010 y disponer
de un recurso administrativo adicional para el Taller Mecánico,
según se expuso en el referido estudio a cargo del Departamento de
Planificación.

       Aunado a lo anterior, es importante considerar que durante el
2011 esta Sección gestionó un total de 760 solicitudes de compra de
repuestos, para las cuales no aplicaba el nuevo procedimiento de
confección de actas y envío de cotizaciones individuales por cada
línea incluida en cada solicitud, lo que hubiese significado, a un
promedio de 7 líneas por solicitud, un total de 5.320 cotizaciones
individuales, es decir 10.640 cotizaciones si contemplamos dos
ofertas por línea de igual número de casas comerciales, tal y como
nos lo pide la Administración del OIJ en cumplimiento a la solicitud
de hacer un estudio de mercado según lo expone la Circular Nº07-
2012, y de la misma manera, se hubieran confeccionado 5.320 actas
de recibo de repuestos durante el 2011.

        Ahora bien, para el 2012 en dos meses esta Sección gestionó
189 solicitudes de repuestos, por lo que si proyectamos esa cantidad
al finalizar el año alcanzaremos un total de 1.134 requerimientos de
compra de repuestos, es decir un 33% más de lo tramitado en el
2011, representado por 374 solicitudes, lo cual concuerda con el
escenario que muestra hoy en día la flotilla institucional ya sea por
el incremento proporcional de las cargas de trabajo en la reparación
de unidades sea en mantenimiento preventivo y correctivo en la
Unidad del Taller, considerando para esto no sólo el aumento de
vehículos producto del convenio entre el Instituto Costarricense
sobre Drogas y el Poder Judicial, sino también algunas nuevas
unidades adquiridas con el contenido presupuestario del 2011,
además de la disminución en la rotación de la flotilla por concepto
de cambio de modelo lo que alarga la permanencia de las unidades
que conforman la flotilla y consecuentemente requieren de un
mayor mantenimiento mecánico.

      Es entonces como 1.134 solicitudes de compra se traducirían
en 15.876 cotizaciones de cada línea incluida en esas solicitudes de
repuestos con dos casas comerciales ofertando cada artículo,
además de 7.938 actas de recepción de repuestos, equivalentes a
1.323 cotizaciones de precios de mercados al mes y 661 actas en el
mismo período, por lo que los argumentos incluidos en el estudio
del Departamento de Planificación se tornan aún más relevantes y
de peso para justificar la permanencia de una plaza adicional de
Auxiliar Administrativo 1 en el Taller Mecánico.

       A partir de lo anterior, es interés del suscrito solicitar
respetuosamente se analice la viabilidad de solicitar ante el Consejo
Superior el permiso con goce de salario y sustitución para dos
plazas de Auxiliar Administrativo 1 asignadas a esta Sección.

      Para contar con estas plazas se propone otorgar permiso con
goce de salario y sustitución desde el 15 de abril próximo hasta el
último día hábil del 2012 a dos funcionarios destacados en el puesto
de Auxiliar Administrativo 1 según se desglosa a continuación:

           Sra. Jéssica Vargas, cédula 1-1280-327, puesto 352733.
           Sr. Diego Arias Rivera, cédula 1-1416-0595, puesto
43528

       No se omite indicar que de no contar con el recurso requerido
se afectará de forma significativa los servicios prestados, ya que
como se aprecia, existe un aumento creciente en la cantidad de
cargas de trabajo, lo que se traduciría en graves consecuencias para
la prestación de los servicios tal y como fue valorado por el estudio
técnico supracitado, como por ejemplo revictimización de los
dolientes en caso de la Unidad de Transporte Forense y afectación
en los tiempos de respuesta en el caso de la Unidad del Taller
Mecánico para la reparación de unidades, ya que tomaría más
tiempo cumplir con los nuevos procedimientos a cargo de sólo una
persona, aunado al incumplimiento de las recomendaciones que al
       respecto en cada área son vinculantes con la Ley de            Control
       Interno, la Auditoría Judicial, entre otras…”

              Por lo anterior, de la forma más respetuosa, reitero la
       posibilidad de valorar se autorice, vía artículo 44, de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, permiso con goce de salario y
       sustitución para las plazas indicadas, a partir del 15 de abril y hasta
       el 31 de diciembre de 2012, tomando en cuenta los recursos de la
       partida presupuestaria de Servicios Personales del Programa Nº 928
       del Organismo de Investigación Judicial, correspondiente a salarios
       de las plazas vacantes aprobadas y que aún no han sido utilizadas
       durante este año.”
                                        -0-

      Se dispuso: Comunicar al licenciado Francisco Segura Montero, que no

es posible acceder a lo que solicita, en virtud de que la aplicación del permiso

con goce de salario y sustitución, de conformidad con el artículo 44 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, es un mecanismo que está definido para atender

proyectos especiales, siendo en este caso concreto una actividad normal de la

Administración. Tesis adoptada por este Consejo en virtud de los problemas

presupuestarios, conocidos. No obstante se hace este acuerdo de conocimiento

del Departamento de Planificación para que lleve a cabo el análisis de la

solicitud y en caso de considerarlo se incluya dentro del proyecto de

presupuesto para el año 2013, como plazas ordinarias.

      El Integrante Mena Ayales, votó por acoger lo gestionado por el

licenciado Francisco Segura Montero y conceder los permisos requeridos.

      La Dirección General, el Complejo de Ciencias Forenses, y las

Unidades de Transporte Forense y del Taller Mecánico, todos del Organismo
de Investigación Judicial y el Departamento de Planificación, tomarán nota

para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXX

DOCUMENTO Nº 3216-12

      La licenciada Ana Patricia Montero Morales, Jueza Supernumeraria de

la Administración Regional del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, realizó la

siguiente solicitud:

               “El día de hoy se me comunicó que fui nombrada en el
        puesto de Jueza Supernumeraria en el III Circuito Judicial de San
        Ramón a partir del próximo 2 de abril. Por este motivo y dado que
        gracias a este nombramiento podré continuar con la maestría que
        estoy cursando en la Universidad de Costa Rica (Derecho Público
        Comparado franco-latinoamericano), me presento a solicitar a este
        estimable Consejo que se me autorice para asistir a clases los
        jueves, ya que hay clase la mañana hasta las 11:50 horas y
        nuevamente de las 17:00 a las 20:00 horas. Si no se me puede dar
        un permiso con goce de salario para asistir, solicito que el permiso
        sea sin goce de salario. Me interesa no perder las clases de este día
        ya que los cursos son de asistencia obligatoria.

               Además de las clases los jueves, los días martes y viernes las
        lecciones inician a las 16:00 y 16:30 horas respectivamente, por lo
        que solicito que se me autorice a salir a las 15:00 horas para poder
        llegar relativamente a tiempo. En este caso, estaría dispuesta a
        reponer el tiempo en las mañanas y a la hora del almuerzo, o de
        cualquier otra manera en que el Consejo lo considere conveniente.

               El período para estos permisos sería a partir del momento en
        que se tome el acuerdo y únicamente hasta el próximo 8 de junio, ya
        que posterior a ello las clases finalizan y se continúa exclusivamente
        con la etapa de redacción de la tesis.

              Adjunto el documento proporcionado por la Universidad.
        Agradezco de antemano su apoyo con la finalización de este
        proyecto, el cual redundará definitivamente en beneficio no sólo
       personal, sino de la administración de justicia en el tema de
       capacitación de los jueces.”
                                        -0-

      Por su parte la licenciada Carmen María Vásquez Mora, Administradora

Regional del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en correo del 27 de marzo

último, manifestó:

               “A pesar de que, en ocasiones, se generará algún
       contratiempo, considerando que es hasta el 08 de junio y que otras y
       otros Jueces han tenido permiso con goce para asistir a cursos o
       especializaciones, esta Administración da el visto bueno a la
       solicitud de la licenciada Montero Morales.”
                                  -0-
      Por mayoría, se dispuso: Comunicar a la licenciada Ana Patricia

Montero Morales, que no es posible acceder a lo que solicita, pues se tratan de

permisos dentro de la jornada laboral y su condición de Jueza Supernumeraria,

por la especial labor que desempeña, hace que se deban proteger los intereses

institucionales y el buen servicio al usuario de la Administración de Justicia.

      La Integrante Chaves Cervantes adicionó su voto en el sentido de que si

bien es cierto deniega los permisos requeridos por doña Ana Patricia, está de

acuerdo en conceder el permiso solicitado para los jueves, pero sin goce de

salario, a fin de no afectar su plan de estudios y pueda continuar con la

maestría que cursa en la Universidad de Costa Rica.

      Los Integrantes Mena Ayales y López Mc Adam, votaron por acoger lo

gestionado por la licenciada Montero Morales.
      La Administración Regional del Tercer Circuito Judicial de Alajuela

tomará nota para lo que corresponda.

                             ARTÍCULO XXXI

Documento N° 5389-10, 3274-2012

      La licenciada Adriana Valverde Vargas, y los licenciados Luis Roberto

Ardón Acuña y Henry Chavarría Duartes, Profesionales en Derecho de la Sala

Constitucional, en nota de 26 de marzo último, expresaron lo siguiente:

              “En atención a lo dispuesto por el acuerdo número Artículo
       LIX de la sesión N° 81-10 celebrada el siete de septiembre de 2010,
       les informamos que la cuarta parte de la Maestría de Derecho
       Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de
       Zamora, se desarrollará entre el 2 y el 13 de julio de 2012, por lo
       que solicitamos se nos otorgue el respectivo permiso con goce de
       salario y sustitución para poder asistir a lecciones, conforme lo
       dispuesto en el acuerdo antes mencionado. Asimismo, dado que la
       semana del 9 al 13 de julio de 2012 corresponde al período de
       vacaciones colectivas de medio año, y tomando en cuenta que los
       suscritos nos encontramos en una actividad oficial, solicitamos se
       nos acrediten dichos días a nuestro saldo de vacaciones, tal y como
       lo resolvió el Consejo el año pasado.

             Señalamos para notificaciones       el   correo   electrónico
       lardon@poder-judicial.go.cr”
                                       -0-

      En sesión N° 81-10 celebrada el 7 setiembre de 2010, artículo LIX, se

concedió permiso con goce de salario, sustitución y una ayuda económica de

$1000 (mil dólares) a la licenciada Adriana Valverde Vargas y a los

licenciados Luis Ardón Acuña y Henry Chavarría Duartes, Profesionales en

Derecho 3B de la Sala Constitucional, para que participaran en la Maestría en
Derecho Procesal Constitucional que se realizará en Buenos Aires, Argentina.

Lo anterior en el entendido de que los citados servidores debían realizar

directamente las diligencias de inscripción correspondientes ante los

organizadores y comunicar a este Consejo las fechas en que se llevaría a cabo.

      Posteriormente, en sesión N° 37-11 de 26 de abril de 2011, artículo

XXXI, al conocer la gestión de la licenciada Adriana Valverde Vargas y los

licenciados Luis Roberto Ardón Acuña y Henry Chavarría Duartes, en la que

solicitaron entre otras cosas que los días de vacaciones de medio año y que

estuvieran participando en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, se

les acrediten dichos días a nuestro saldo de vacaciones, este Consejo, dispuso -

entre otras cosas- reconocer a la licenciada Adriana Valverde Vargas y los

licenciados Luis Roberto Ardón Acuña y Henry Chavarría Duartes, los 5 días

de vacaciones a que tienen derecho, en el momento en que lo soliciten.

      Finalmente, en sesión N° 87-11 celebrada el 13 de octubre de 2011,

artículo LIX, se concedió una ayuda económica por la suma de $1000 (mil

dólares) además de los $1000 ya girados al licenciado Luis Roberto Ardón

Acuña para que participe en el Programa de Especialización de Derecho

Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Asimismo la citada ayuda se concedió a las y los demás becados del referido

Programa. Del mismo modo se concedió permiso con goce de salario y
sustitución al licenciado Ardón Acuña y a los servidores y servidoras que

junto con él realizarán los estudios de la maestría de Derecho Procesal

Constitucional, del 30 de enero al 10 de febrero de 2012 que se llevará a cabo

en Buenos Aires, Argentina, lo anterior conforme lo dispuesto por este

Consejo en sesión N° 81-10 del 7 de setiembre de 2010, artículo LIX.

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Conceder

permiso con goce de salario y sustitución, a la licenciada Adriana Valverde

Vargas y a los licenciados Luis Roberto Ardón Acuña y Henry Chavarría

Duartes, para que del 2 al 13 de julio del año en curso, participen en la cuarta

parte de la Maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad

Nacional de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina. 2.) Reconocer a

los citados servidores los 5 días de vacaciones a que tienen derecho, en el

momento en que lo soliciten, en razón del período de vacaciones colectivas de

medio año.

      La Sala Constitucional y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda.

                             ARTÍCULO XXXII

DOCUMENTO Nº 3271-12

      La licenciada María Esther Brenes Villalobos, especialista en

Programas de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura del Poder
Judicial (FIAJ), con el visto bueno del máster Marvin Carvajal Pérez, Director

de la Escuela Judicial, en nota del 26 de marzo pasado, solicitó lo siguiente:

            “He sido designada por la Asociación de Guías y Scouts de
       Costa Rica, como representante para participar del Seminario Taller
       “Alto a la Violencia contra las niñas y las Jóvenes”, a realizarse en
       Cuernavaca, México los días 19 al 25 de abril próximos. (temario
       en documento adjunto).

             Siendo el tema del seminario de interés institucional, he
       procedido a exponer al Dr. Marvin Carvajal Pérez la posibilidad de
       que mi participación sea con permiso con goce de salario y él ha
       manifestado su anuencia e interés para que esa participación sea
       factible.

             Ante ese visto bueno de mi jefatura inmediata, expreso mi
       solicitud formal para que se considere el otorgamiento del permiso
       con goce de salario, por las fechas indicadas, comprometiéndome a
       que los conocimientos adquiridos sean de provecho no solo para la
       organización que me ha designado como representante, sino
       también, para el Poder Judicial.

             Es entendido que los trabajos y proyectos que se ordinaria se
       encuentran totalmente al día y que los que deba realizar por medios
       virtuales, los seguiré asumiendo en su totalidad, durante las fechas
       del eventual permiso.”
                                       -0-

      Se dispuso: Comunicar a la licenciada María Esther Brenes Villalobos,

que no es posible acceder a lo que solicita, en razón de que dicha actividad no

se encuentra previamente presupuestada, además de encontrarse asignada a un

programa especial de la Escuela Judicial, no obstante se le indica que este

Consejo no tendría inconveniente en concederle permiso sin goce de salario, a

fin de que pueda asistir a dicho Seminario, en caso de que lo solicite.

      La Escuela Judicial y el Departamento de Personal tomarán nota para lo
que corresponda.

                             ARTÍCULO XXXIII

DOCUMENTO Nº 3211-12

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 210-DG-2012, del 22 de

marzo último, expuso lo siguiente:

             “Con el aval de esta Dirección General y luego de revisar las
       justificaciones del caso, me permito trascribir la nota suscrita por el
       Lic. Javier Montero Herrera, jefe a. í, de la Sección de Capturas del
       OIJ, a efecto de que se valore la posibilidad de incluir los puestos
       43220 de Auxiliar Administrativo1, 43392 de Auxiliar en Servicios
       Generales 2 y 48668 de Secretaria 1 de la Sección de Capturas,
       dentro de las excepciones del Plan Anual de vacaciones vigente y se
       permita la sustitución hasta por un día hábil. El texto indica
       literalmente:
             “…En esta Sección el puesto de Auxiliar en Servicios
       Generales 2 (puesto 43392), tiene a su cargo la limpieza y la
       distribución de papelería que genera esta oficina, lo que implica
       estar constantemente trasladando documentos a los Despachos
       Judiciales y al Correo interno, ya que esta documentación
       corresponde en mayor parte a los informes positivos y reos presos
       de las órdenes de captura que se tramitan, emitidas por alguna
       autoridad judicial, lo que hace que la auxiliar pase casi todo el día
       fuera de la oficina, además aunado a esto se le ha encomendado
       colaborar con la Sección de Delitos Informáticos dos días a la
       semana durante una audiencia, lo que conlleva que la sustitución
       sea necesaria.

           En relación con la plaza de auxiliar administrativo 1 (puesto
       43220) y la misma realiza una función equivalente a:

                Servidores      (as)   de   Oficinas   de    Recepción    de
       Documentos.

            En esta sección el puesto de auxiliar administrativo 1, se
       encarga y es el responsable de la recepción de documentos que
ingresan a diario (capturas, fax, sin efectos, cancelaciones,
reafirmaciones, así como documentos varios, entre otros), atención
al público (ofendidos, imputados y personal de esta institución, y
otros), el archivo de expedientes (armar, foliar, coser y archivar),
atender la central telefónica, tomar informaciones confidenciales
que ingresan vía telefónicamente, ingresar datos al libro de ingreso
general de casos, confeccionar informes referentes a detenciones
realizadas por otras policías dirigidos a los despachos, además de
otras labores propias del puesto que requieren la presencia
continua de una persona en el puesto.

    Y con respecto al puesto de Secretaria 1(puesto 48668) la
misma se equipara con el siguiente puesto:

          Secretarios (as) de la Defensa Pública que solo cuenten
con un personal de apoyo.

      En el caso de la Secretaria 1 tiene a cargo labores
administrativas como confección de actas, correos, informes
(diarios, mensuales, trimestrales y cuatrimestrales), notas, además
de hacer el ingreso de las capturas, informes y cancelaciones en el
Sistema informático, entregar al personal de investigación los
expedientes para su tramitación y la de colaborar en la recepción o
en la conserjería, sí así se requiere

      Nótese que la distribución del trabajo administrativo es
bastante equilibrado lo cual a nuestro criterio se requiere de la
sustitución durante todo el tiempo de ausencia, ya que dichos
puestos necesitan la permanencia de la persona encargada y no
solo por periodos cortos de tiempo ( una audiencia o unas horas),
de no hacerse en esa forma perjudicaría y se atrasarían las labores
de la oficina, por lo que ningún personal puede ausentarse de sus
labores cubriendo a otro en periodos menores a 7 días hábiles, a
menos que el periodo a sustituir sea de unas cuantas horas o
máximo una audiencia,         donde si se puede hacer como
colaboración.

      En estos casos sabemos que es específicamente de Oficinas de
Recepción de Documentos y Defensa Pública y subdelegaciones del
O.I.J. respectivamente, pero como anteriormente mencionamos las
tres plazas de esta sección tienen a su cargo muchas tareas y en
caso de la ausencia de los(as) servidores por menos de siete días
hábiles no se puede sustituir; lo que con lleva a que el trabajo se
       acumule y aunque se fomente el trabajo en equipo una persona no
       podría hacer la labor de dos o tres, por mejor intención que tenga.

           No omito manifestarle que actualmente en la Sección de
       Capturas laboran 35 personas, y todas de igual forma requieren
       ayuda del personal administrativo.

             La sección a mi cargo necesita a tiempo completo a las tres
       personas encargadas de las funciones administrativas, por lo que
       les reitero la necesidad de que en ausencia alguna de ellas, sean
       sustituidas hasta por un día…”

             En virtud de lo anterior y con el fin de no afectar el servicio
       público que brinda esta Oficina, se solicita considerar la posibilidad
       de autorizar la sustitución de las plazas indicadas, hasta por un día
       hábil.”
                                       -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud que hace el licenciado Francisco

Segura Montero, por lo que cada vez que requiera la sustitución en los puestos

indicados deberán hacer la solicitud correspondiente, la cual será analizada

por este Consejo en cada caso particular. Además considera este Órgano que

los despachos mencionados pueden buscar una forma de organizarse para

cubrir estas ausencias de un día o de pocos días, lo cual fomentaría la

colaboración y el trabajo en equipo, y no se afectaría tanto el presupuesto en la

partida de sustituciones pudiendo reorientar dichos recursos a la creación de

nuevas plazas para mejorar el servicio público de justicia.

                             ARTÍCULO XXXIV

DOCUMENTO N° 3277-12

      En oficio N° 05-JVA-12 del 26 de marzo del año en curso, la
Magistrada Julia Varela Araya, en carácter de Coordinadora de la Comisión de

la Jurisdicción Laboral, presentó la siguiente gestión:

               “Reciba un cordial saludo, aprovecho para informarle y
       solicitar lo siguiente:

              Como parte de las actividades programadas por la Comisión
       de la Jurisdicción de Laboral se programó para los días 30 y 31 de
       mayo el “Taller de Normas Internacional Laborales” impartido por
       personeros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
       doña Tania Carón, don Adolfo Ciudad y don Mario Akerman.

             En el evento mencionado, participarán jueces y juezas de la
       materia, por lo que solicito elevar esta gestión ante el Consejo
       Superior para que:

             1.- Autorice el gasto correspondiente de organización del
       evento (útiles, materiales y suministros) así como los refrigerios
       programados para los participantes, los tiquetes aéreos del señor
       Mario Akerman (subpartida 10701 actividad de capacitación), por
       un monto de un millón seiscientos mil.

              2.- Autorice el permiso con goce de salario y sin sustitución,
       de los siguientes jueces y juezas:

              Freddy Aikman Espinoza, Arnoldo Álvarez Desanti, Ileana
       García Arroyo, Leyda Gutiérrez Espinoza, Edith Núñez Briceño,
       Estrellita Orellana Guevara, Manuel Rodríguez Carrillo, Silvia Arce
       Meneses, Guillermo Ballestero Umaña, Karol Baltodano Aguilar,
       Ronald Cruz Álvarez, Lizeth Delgado Chavarría, Carolina Fallas
       Sánchez, Ángela Garro Morales, Marnie Guerrero Lobato, Bettzabé
       Gutiérrez Murillo, Mauren Jiménez Gómez, Bertha Jiménez
       Alvarado, Astrid Lara Rivera, Yury López Casal, Luis Mesén
       García, Sammy Moncada Ramírez, Kattia Sequeira Muñoz, Randall
       Vargas Ramírez, Silvia Vargas Soto, Adriana Chacón Catalán,
       Gabriela Bustamante Segura, Arlette Brenes Ruiz, Elena Kikut
       Calvo, José Antonio Madrigal Soto, Liliana Azofeifa Azofeifa,
       Aleyda Vargas López, Cristian López Mora, Diamantina Romero
       Cruz, Lorena Esquivel Agüero, Ingrid Gregory Wang, Ana Ruth
       Fallas Gómez, Ana Luisa Meseguer Monge, Eugenie Salas
       Chavarría, Luis Fernando Salazar Alvarado, Juan Carlos Segura
       Solís, Leyla Shadid Gamboa, Oscar Ugalde Miranda, Aleyda
       Vargas López, Jorge Pérez Jiménez, Grace Agüero Alvarado, Jenny
       Fallas Ureña, Ignacio Saborío Crespo, Luis Rodríguez Sandí, Digna
       Rojas Rojas, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Martínez
       Guevara, Luis Fernando Guillén Zumbado, Maynor Chavarría
       Vargas, Carmen Blanco Meléndez, Jorge Mario Soto Álvarez,
       Javier Viquez Herrera, Brenda Caridad Vargas, Silvia Palma
       Elizondo, Roxana Herrera, María Angélica Carvajal Fallas, Guiselle
       Gene Calderón, Octavio Villegas Rojas, Clelia Calvo Bermúdez,
       Jorge Chacón Cantillano, Ronald Figueroa Acuña, Wilberth Herrera
       Delgado, Adrián Pérez Carpio, Marlen Solís Porras, Yesenia
       González Brenes, Fabricio Garro Vargas, Edgar Alvarado Luna,
       Oscar Cruz, María Alexandra Bogantes Rodríguez, Olman Venegas
       Guerrero, Marcela Allón Zúñiga, Irving Vargas Rodríguez, Sharon
       Kramarz Lang, Hector Blanco González, Mabel Logan Montoya,
       Adrián Calderón Chacón, Guiselle González Vargas, Henry Vargas
       Pacheco, Fabián Arrieta Segleau, Irma Araya Viquez, Rosibel
       Álvarez Rodríguez y Gabriela Salas Zamora.

              Se adjunta certificación de contenido presupuestario
       correspondiente a la Comisión de la Jurisdicción Laboral, de donde
       se tomarán los recursos para cubrir todos los gastos.”
                                     -0-

      A esos efectos, adjunta certificación de contenido presupuestario,

fechada 27 de febrero del año en curso, suscrita por la licenciada Eimy Solano

Castro, Administradora de la Escuela Judicial, para hacerle frente al pago del

“Taller de Normas Internacionales Laborales”, por ¢3.031,726.75 (tres

millones treinta y un mil setecientos veintiséis colones con setenta y cinco

céntimos), con cargo al programa 926 “Dirección, Administración y otros”, IP

22 “Escuela Judicial”.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia. 1.) Disponer la

realización del “Taller de Normas Internacional Laborales” impartido por
personeros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 30 y 31 de

mayo próximo. 2.) Autorizar la participación sin sustitución, de las

funcionarias y funcionarios indicados en la referida actividad, siempre y

cuando se minimice la afectación del servicio público a sus cargos, lo cual

implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes

relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún motivo

se podrán suspender audiencias previamente señalados. 3.) Aprobar el gasto

de ¢3.031,726.75 (tres millones treinta y un mil setecientos veintiséis colones

con setenta y cinco céntimos), con cargo al programa 926 “Dirección,

Administración y otros”, IP 22 “Escuela Judicial”, para hacerle frente a los

gastos correspondientes a la organización del evento (útiles, materiales y

suministros), así como los refrigerios programados para los participantes y los

boletos aéreos del expositor Mario Akerman. 4.) En virtud de la importancia

del contenido de la capacitación a recibir, deberán los y las asistentes

coordinar lo necesario, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos al

equipo de trabajo del cual forman parte, en lo que les pueda ser de beneficio

en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos institucionales.

      El Despacho de la Presidencia, la Comisión de la Jurisdicción Laboral,

la Escuela Judicial y los Departamentos de Personal, de Proveeduría,

Financiero Contable y la Auditoría, tomarán nota para lo que corresponda.
                                        ARTÍCULO XXXV

Documento N° 3282-2012

        En sesión N° 84-11 celebrada el 4 de octubre del 2011, artículo XLV, se

aprobó los lineamientos generales sobre sustituciones que deberán regir para

el 2012, que en lo que interesa literalmente dice:

          "(…)
          11.2. Salvo los casos excepcionales aprobados por el Consejo
          Superior, sólo se realizarán sustituciones si el motivo inicial o bien
          la combinación de factores en forma continuada (incapacidades,
          vacaciones, permisos sin goce), sean iguales o mayores a siete días
          hábiles.
          11.3. Se autoriza la sustitución en las siguientes plazas hasta por un
          día:
                   Asistentes de sala                              Técnicos de sala

Auxiliar Administrativo 1 de la Subdelegación Regional         Auxiliar administrativo
  del Organismo de Investigación Judicial de Garabito
           (siempre que sea una plaza única)

Auxiliar administrativo 1 (puesto 350265) de la Unidad         Auxiliar administrativo
          Regional del O.I.J de Buenos Aires

            Auxiliar de seguridad (guardas)                     Auxiliar de seguridad

  Auxiliares de enfermería (siempre y cuando que solo           Auxiliar de enfermería
                    exista una plaza)

 Auxiliares de Servicios Generales 2 en Delegaciones y     Auxiliar de servicios generales 2
     Subdelegaciones Regionales del Organismo de
 investigación Judicial que cuentan con sólo una plaza y
           deban realizar el aseo de las celdas

 Auxiliares de servicios informáticos en las oficinas de       técnico especializado 5
todo el país que cuenten con una sola plaza de esta clase


      Chóferes (siempre que sólo exista una plaza)                   Auxiliar de servicios generales 3

   Conserje del departamento de patología en labores                 Auxiliar de servicios generales 2
            propias del proceso de autopsias

   Coordinador Judicial del Juzgado de Tránsito del I                       Coordinador Judicial
            Circuito Judicial de la Zona Sur

                 Custodio de detenidos                                     Custodio de detenidos

    En despachos jurisdiccionales donde el personal
      subalterno se conforma con sólo dos personal

  En jefaturas únicas (oficinas, departamento, sección,
                         unidad)

Encargados de bodega y archivo (siempre que solo exista         encargado de bodega, encargado de archivo
                        una plaza)

  Encargados de grupo de celdas del Segundo Circuito               Jefe de Unidad de Cárceles del O.I.J.
                   Judicial de San José

 Encargados de Unidad del Organismo de Investigación                   encargado de unidad del O.I.J
                         Judicial

  Fiscales, fiscales auxiliares y defensores públicos, en    Fiscales, fiscales auxiliares y defensores públicos,
              despachos con una sola plaza                            en despachos con una sola plaza

     Jueces que integran tribunales de materia penal          Jueces que integran tribunales de materia penal

Juez, en las oficinas unipersonales, cuando no sea posible   Juez, en las oficinas unipersonales, cuando no sea
    asignar las funciones del despacho a otro de igual       posible asignar las funciones del despacho a otro
                  jurisdicción territorial                             de igual jurisdicción territorial

Los administradores de bases de datos destacados en los            profesional en informática regional 2
               diversos circuitos judiciales

          Los inspectores Generales Judiciales                             Inspectores Judiciales

Médico de empresa, odontólogo, auxiliar de enfermería,
        asistente dental y auxiliar administrativo


Notificadores Judiciales en aquellos despachos que sólo                     Notificador judicial
              tienen una plaza de esta clase

 Oficiales de localización en aquellas oficinas que sólo                  oficial de localización
           cuentan con una plaza de este tipo

  Perito Judicial 1 de la Delegación regional de Pérez         Perito Judicial 1 de la Delegación regional de
                         Zeledón                                              Pérez Zeledón

 Plazas de secretarios ( as) de las Oficinas de la Defensa    Auxiliar Administrativo de la Defensa Pública,
Pública, donde únicamente cuentan con un servidor en el      donde únicamente cuentan con un servidor en el
                    personal de apoyo                                       personal de apoyo

    Puestos del área de vacaciones de la Sección de                      Técnicos administrativos
               Administración de Personal

 Puestos pertenecientes al subproceso de administración                  Técnicos administrativos
     salarial del Departamento de Gestión Humana

   Radio Operadores del Organismo de Investigación                      Radio Operadores del O.I.J
                         Judicial

    Recepcionistas de indicios del Departamento de           Recepcionistas de indicios del Departamento de
            Laboratorio de Ciencias Forenses                         Laboratorio de Ciencias Forenses

               Recepcionistas de morgue                             Asistente de Recepción de Morgue

   Secretaria 1 (puesto 72771) del Archivo Criminal                            Secretaria 1

   Secretaria 1 de la Sección Delitos Informáticos del                         Secretaria 1
 Departamento de Investigaciones Criminales del O.I.J

       Secretarias de Magistrados y Magistradas.                            secretaria ejecutiva

Servidores (as) de Oficinas de Recepción de Documentos       Auxiliar Administrativo 2 (Recepción, Registro y
                                                                         Entrega de Documentos)

Servidores (as) de Oficinas de Recolección de Denuncias           Asistente de Recepción de Denuncias

Técnico criminalístico 2 de las Delegaciones Regionales                      Peritos Judiciales
del Organismo de Investigación Judicial que cuenten con
              una sola plaza de esta clase

   Técnico Judicial 2 (puesto 11308) del Juzgado de                      Técnico judicial 2
Ejecución de la Pena del Segundo Circuito Judicial de la
                     Zona Atlántica

           Técnicos de implantación del país                     Técnicos de implantación del país

                  Técnicos disectores                                    Tecnólogo Médico

Técnicos en Rayos X (siempre y cuando que solo exista                    Tecnólogo Médico
                       una plaza)

 Técnicos Especializados 2 (puestos 6496 y 4173) de la                Técnico Especializado 2
 Delegación Regional del O.I.J del primer circuito de la
                       Zona Sur

 Técnicos judiciales del Ministerio Público que cuenten    Técnicos judiciales del Ministerio Público que
               con una plaza de este tipo                        cuenten con una plaza de este tipo

 Todos los puestos de los juzgados, Fiscalía y Defensa      Todos los puestos de los juzgados, Fiscalía y
 Pública de Turno Extraordinario, de los Tribunales de     Defensa Pública de Turno Extraordinario, de los
Flagrancia, Juzgados Contravencionales de Flagrancia y           Tribunales de Flagrancia, Juzgados
 Centro Judicial de Intervención de las comunicaciones        Contravencionales de Flagrancia y Centro
                                                           Judicial de Intervención de las comunicaciones


(…)

                                                   -0-

        La licenciada Ana Catalina Campos Ramírez, Jueza Coordinadora del

Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José, en oficio N°

14-JTRANS-12 de 26 de marzo último, solicito lo siguiente:

                “El Juzgado de Tránsito del II Circuito Judicial de San José,
         inició desde el pasado 06 de febrero de 2012, con la implementación
         del expediente electrónico y del escritorio virtual, contando con el
         aval del Consejo Superior, según acuerdo tomado en la Sesión Nº
         112-10 del 23-12-2010, artículo LXXXVVI.
       De conformidad con dicho acuerdo, desde hace más de un
año se han realizado múltiples reuniones y se ha trabajado
arduamente en aspectos como capacitación, rediseño de procesos y
métodos de trabajo para que esta implementación tenga el éxito
deseado tanto para el usuario como para la aplicación de la política
Institucional de cero papel.

       El proceso exige una constante evaluación, la cual ha
permitido determinar fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas
que ayuden a la hora de tomar decisiones. Se ha logrado destacar el
impacto que tiene en cualquier proceso nuevo la ausencia del
recurso humano que lo ejecute ya que produce cuellos de botella
importantes en el flujo normal del expediente, situación que genera
gran preocupación, ya que escapa de las manos de la jefatura del
despacho la consecución de los objetivos propuestos con el nuevo
sistema.

       Desde el pasado 06 de febrero fecha del inicio de la
implementación del expediente electrónico, se han presentado 62
días hábiles en incapacidades del personal subalterno, ausencias
que entraban el flujo normal del expediente electrónico de acuerdo
al rediseño propuesto. Valga resaltar que al no contar con la
totalidad del personal, algunas áreas de trabajo se ven seriamente
afectadas y atrasadas, ya que se debe tomar compañeros que
realizan otras funciones para que colaboren en la atención de
público, y, fundamentalmente en la toma de declaraciones y
conciliaciones que, como ya se ha planteado en otras oportunidades
se generan en el Despacho con la sola presencia de las partes, sin
necesidad de ser asistidas por abogados. No obstante, la estructura
planteada se torna lenta cuando no se cuenta con la totalidad del
personal del Despacho, lo que a la postre se traduce en la atención
del usuario que está presente en el Despacho, pero a costa del atraso
del usuario que espera desde su hogar, una resolución y cuyo
expediente no puede ser tramitado, por que no se cuenta con el
personal de esa área de trabajo.

       En razón de lo anterior, y acogiendo como antecedente el
acuerdo tomado por este Consejo en Sesión Nº19-2011 del 03-03
artículo XLV, con relación a la propuesta planteada por el Juzgado
Penal de este Circuito Judicial, solicito que se autorice por lo que
resta del presente año, la sustitución por cualquier motivo, y hasta
por un día, del personal de apoyo de este despacho.”
                                      -0-

      Se acordó: Denegar la gestión anterior y señalar a la licenciada Ana

Catalina Campos Ramírez, que este Consejo valorará en cada caso particular,

por lo que cada vez que requiera la sustitución del personal de apoyo de ese

despacho deberá hacer la solicitud con la oportunidad requerida. Además

considera este Órgano que ese despacho puede buscar una forma de

organizarse para cubrir estas ausencias de un día o de pocos días, lo cual

fomentaría la colaboración y el trabajo en equipo, y no se afectaría tanto el

presupuesto en la partida de sustituciones pudiendo reorientar dichos recursos

a la creación de nuevas plazas para mejorar el servicio público de justicia.

                             ARTÍCULO XXXVI

DOCUMENTO Nº 3293-12

      En sesión Nº 112-09 celebrada el 9 de diciembre del 2009, artículo XVI,

se tomó el acuerdo, que en lo que interesa, literalmente dice:

             “De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la
       Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó: 1.) Acoger la solicitud
       de pensión que formulan la señora Karol Vanessa Solano Hidalgo y
       la señora Viviana Jiménez Abarca, en ejercicio de la patria potestad
       de su menor hijo Javier Fernando Sojo Jiménez, por su orden,
       cónyuge sobreviviente e hijo del exservidor judicial fallecido
       Ronny Javier Sojo Chacón, cuya asignación mensual será de ¢
       295.039,65(doscientos noventa y cinco mil treinta y nueve colones
       con sesenta y cinco céntimos) a partir del 20 de octubre del año en
       curso, equivalente al 100% del monto de la jubilación, la que
       deberá ser distribuida en partes iguales, sea 50% a cada uno, entre
       doña Karol Vanessa y el menor Javier Fernando, representado por
       su madre Viviana Jiménez Abarca, en ejercicio de la patria
       potestad. 2.) Con base en los informes elaborados por el
       Departamento de Personal, se aprueban los montos de
       ¢5.309.899,88 (cinco millones trescientos nueve mil ochocientos
       noventa y nueve colones con ochenta y ocho céntimos) por auxilio
       de cesantía, ¢419.128,90 (cuatrocientos diecinueve mil ciento
       veintiocho colones con noventa céntimos), ¢470.031,10
       (cuatrocientos setenta mil treinta y un colones con diez céntimos),
       ¢380.169,60 (trescientos ochenta mil ciento sesenta y nueve
       colones con sesenta céntimos) y ¢429.361,35 (cuatrocientos
       veintinueve mil trescientos sesenta y un colones con treinta y cinco
       céntimos), por concepto de vacaciones proporcionales, que
       corresponden a los causahabientes del servidor judicial fallecido
       Sojo Chacón. 3) En relación con lo dispuesto en el artículo 85 del
       Código de Trabajo, el Departamento Financiero Contable hará el
       depósito respectivo a favor de la cuenta corriente del Juzgado de
       Trabajo que corresponda y así lo hará saber mediante oficio
       dirigido al despacho. 4.) Trasladar a la Dirección Ejecutiva lo
       referente a la suma adeudada por el ex servidor judicial fallecido
       Sojo Chacón al Tesoro Público.”
                                      -0-

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, José Luis Bermúdez Obando, Subjefe de Administración Humana, el

licenciado Manuel Sequeira Sequeira, Jefe de Administración de Personal y la

licenciada Dayana Novoa Muñoz, Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones

y Pensiones, en oficio N° 657-UJP-2012, del 27 de marzo de 2012,

informaron lo siguiente:

            “En atención a la nota recibida el 19 de octubre de 2011, en
       que la señora Odilie Chacón Arroyo, solicita la pensión en calidad
       de madre de quien fuera exservidor Judicial fallecido, Ronny Javier
       Soto Chacón, nos permitimos indicar lo siguiente:

            El Consejo Superior en sesión N° 112-09 celebrada el 10 de
       diciembre de 2009, artículo XVI, concedió la pensión generada por
       el fallecimiento del servidor judicial Ronny Sojo Chacón a la
       señora Karol Vanesa Solano Hidalgo, cónyuge del fallecido y a la
        señora Viviana Jiménez Abarca, en ejercicio de la patria potestad
        de su hijo Javier Francisco Sojo Jiménez, en cuya oportunidad se
        acordó:

              “ acoger la solicitud de pensión que formulan la señora Karol
        Vanesa Solano Hidalgo y la señora Viviana Jiménez Abarca, en
        ejercicio de la patria potestad de su hijo Javier Francisco Sojo
        Jiménez, por su orden, cónyuge sobreviviente e hijo del exservidor
        fallecido Ronny Javier Sojo Chacón, cuya asignación mensual será
        de ¢295039,95 a partir del 20 de octubre del año en curso,
        equivalente a un 100% del monto de jubilación, la que deberá ser
        distribuida en partes iguales, sea 50% a cada uno, entre doña
        Karol Vanesa y el menor Javier Fernando…”

              De manera que se realizó la distribución de dicha pensión de
        la siguiente forma:

                                Parentesco     Condición        %            Monto
Karol Vanesa Solano Hidalgo     Cónyuge       Activa         50%         ¢ 178.254,83
Javier Francisco Sojo Jiménez   Hijo          Activo         50%         ¢178.254,83
Total                                                        100%        ¢356.509,66

               Posteriormente, la señora Odilie Chacón, madre del servidor
        judicial fallecido, solicitó el beneficio de la pensión, en razón de lo
        cual, la Unidad de Jubilaciones y Pensiones del Departamento de
        Gestión Humana, solicitó el estudio socioeconómico al
        Departamento de Trabajo Social y Psicología, instancia que emitió
        dicho dictamen el 20 de febrero del 2012 (del cual se remite copia),
        en el que recomienda:

              “A partir de la valoración social realizada, se identifica un
        déficit entre el ingreso y el egreso actual de la referida, el cual se
        traduce en una disminución de la capacidad de adquisición,
        limitación en la satisfacción de sus necesidades y la calidad de vida
        acostumbrada previo al fallecimiento del funcionario judicial.”

             En razón de lo anterior, esta Unidad procedió a elaborar dos
        escenarios para la redistribución y acrecimiento del beneficio, los
        cuales a continuación se detallan:

             1.     Redistribuir el 100% en partes iguales para los tres
        beneficiarios.
                                Parentesco    Condición      %          Monto
Karol Vanesa Solano Hidalgo     Cónyuge      Activa       33,33%    ¢ 118.824,66
Javier Francisco Sojo Jimenez   Hijo         Activo       33,33%    ¢118.824,66
Odilie Chacón Arroyo            Madre        Activa       33,33%    ¢118.824,66
Total                                                     100%      ¢356.509,66
              2. Redistribuir el 100%, asignándole a la cónyuge una
        proporción mayor que a los demás beneficiarios.

                                Parentesco    Condición      %         Monto
Karol Vanesa Solano Hidalgo     Cónyuge      Activa       40%       ¢142.603,86
Javier Francisco Sojo Jimenez   Hijo         Activo       30%       ¢106.952,89
Odilie Chacón Arroyo            Madre        Activa       30%       ¢106.952,89
Total                                                     100%      ¢356.509,66
        *Distribución calculada conforme la asignación del II semestre de
        2011.

              Este Departamento se mantendrá a la espera de lo que
        resuelva el Consejo Superior respecto a la forma de aplicar la
        redistribución, solicitada por la señora Chacón Arroyo así como la
        fecha en que rige tal reconocimiento, para proceder a realizar la
        modificación de los montos que tienen asignados a la señora Karol
        Vanesa y el joven Javier Francisco.”
                                       -0-

       De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, párrafo 6°, y al dictamen socioeconómico practicado a la

señora Odilie Chacón Arroyo, madre del exservidor judicial fallecido Ronny

Javier Soto Chacón, se acuerda: Acoger la solicitud de pensión formulada, en

consecuencia, mantener el 50% de la pensión que recibe la señora Karol

Vanesa Solano Hidalgo, en su condición de cónyuge sobreviviente, y el 50%

restante redistribuirlo en un 25% a cada uno, entre la señora Viviana Jiménez

Abarca, en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor Javier Fernando

Sojo Jiménez y la señora Odilie Chacón Arroyo, lo anterior a partir del 1 de
mayo próximo.

      Los Departamentos Financiero Contable, Personal y de Trabajo Social y

Psicología, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXVII

Documento N° 4389-10, 1983-12, 3265-2012

      En sesión N° 43-10 celebrada el 4 de mayo del 2010, artículo XXXIII,

acordó reconocer para efectos de anualidades y jubilación al servidor Orlando

Alvarado García, Investigador 1 de la Sección de Asaltos del Organismo de

Investigación Judicial, 1 año, 4 meses y 8 días laborados en el Ministerio de

Justicia y Paz.

      El servidor Orlando Alvarado García, Investigador 1 de la Sección de

Asaltos del Organismo de Investigación Judicial, en nota de 23 de febrero del

presente año, expresó lo siguiente:

               “…, solicito que me realicen ajustes salariales por
        reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones públicas
        desde el momento que inicie mis labores para el Poder Judicial,
        hasta la segunda quincena de mayo de 2009 (inclusive), por lo que
        en dicho periodo no se me realizó dicho pago.

              Lo anterior Según Sesión del Consejo Superior 11-08 del 12
        de Febrero del 2008. Art. XXXV. Basándose en el Articulo 10 del
        reglamento de Reconocimiento de tiempo laborado.

                Además según aprobación de tiempo servido en otras
        instituciones del Estado en fecha 04 de mayo de 2010 en Acta del
        Consejo Superior número 43-10 artículo XXXIII.

              Señalo para notificaciones los siguientes medios:
             Tel/cel: (…), (…), fax 2295-3303.
             Correo electrónico: oalvarado20@hotmail.com ”
                                       -0-

      Informa la Secretaría General de la Corte, que previamente a someter a

conocimiento de este Consejo la gestión del servidor Orlando Alvarado

García, Investigador 1 de la Sección de Asaltos, mediante oficio N° 1855-12

de 27 de febrero del año en curso, la remitió a conocimiento del Departamento

de Personal, para que informara al respecto.

      En relación con lo anterior, los máster Francisco Arroyo Meléndez, José

Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe, Subjefe del

Departamento de Personal y Jefe de Administración Salarial, en oficio N°

1516-UCS-AS-2012 de 20 de marzo recién pasado, informaron lo siguiente:

               “En atención al oficio No. 1855-12, de fecha 27 de febrero
       del 2012, donde se le concede a este departamento 15 días para
       referirse a lo manifestado por el señor Orlando Alvarado García,
       Investigador 1 de la Sección de Asaltos, en nota del 23 de febrero en
       curso.

             Al respecto nos permitimos informarle lo siguiente:

               1. El señor Orlando Alvarado García, Investigador 1, labora
       en la Sección de Asaltos del OIJ, ingresa en el Poder Judicial a
       partir del 24 de marzo del 2009.

              2. Que revisados los registros en el expediente personal del
       servidor, se encontró que la solicitud de reconocimiento de tiempo
       servido fuera del Poder Judicial, sobre el tiempo laborado en el
       Ministerio de Justicia y Paz, la realiza el 08 de junio del 2009.

              3. En ese sentido el departamento procedió a realizar el
       estudio número RTFPJ-0227-2009 y se remitió el informe 00476-
UCS-AS-2010 de fecha 14 de abril del 2010 a la Secretaría General
de la Corte, para su respectiva aprobación.

      4. Que el Consejo Superior mediante sesión No. 43-10 del 04
de mayo del 2010 artículo XXXIII, acordó reconocer para efectos
de anualidades y jubilación al señor Orlando Alvarado García 1 año,
4 meses y 8 días laborados en el Ministerio de Justicia y Paz.

       5. En virtud de lo ordenado por el Consejo Superior, este
departamento procedió a realizar el pago correspondiente por medio
del estudio de anualidades No. 560-2010 a partir del 08 de junio del
2009.

      1.    Disposiciones Legales

        1.1. El Poder Judicial, como parte de la Administración
Pública, está sujeto al principio de legalidad que rige el ejercicio y
la totalidad de sus actuaciones. Éste encuentra fundamento en:


       Artículo 11 de la Constitución Política: “Los funcionarios
públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden
arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes...”.


       Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública:
“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos
servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala
jerárquica de sus fuentes.

      2. Se considerara autorizado el acto regulado expresamente
por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido,
aunque sea en forma imprecisa

      Artículo 13 ídem: “1. La Administración estará sujeta, en
general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento
administrativo, y al derecho privado suple torio del mismo, sin
poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.

     Artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial — Para el
cómputo del tiempo servido, no es necesario que los servidores del
Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en puestos
de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de trabajo
remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder
Judicial los últimos cinco años.

       Artículo 10.-Reglamento para el reconocimiento de tiempo
servido en el poder judicial y en otros entes públicos para efectos
del pago de anualidades y la jubilación en el Poder Judicial
Reconocimiento de tiempo servido en otros entes públicos.- A
gestión del interesado, se deberá reconocer toda la antigüedad del
servidor por los trabajos prestados en otros entes públicos
(Administración Pública Central y Administración Pública
Descentralizada), excepto cuando haya sido bajo la modalidad de
servicios profesionales, es decir por el sistema de honorarios o
cuando la remuneración haya sido mediante dietas.- Se reconocerán
anualidades por el tiempo servido a los empleados de los entes
económicos de la Administración Pública, que se cataloguen como
funcionarios públicos.

       Para el cómputo del tiempo servido se tomará en cuenta todo
el tiempo laborado en entes públicos en forma remunerada, de
conformidad con las siguientes reglas:

      1. El reconocimiento y pago de anualidades es procedente,
aún cuando el servidor haya prestado servicios de manera
discontinua, interina o en propiedad.

      2. Se tomará en cuenta el tiempo de trabajo desde el
período en que fue nombrado en un ente público o un ente
económico de la Administración Pública.

       3. Los períodos de permisos sin goce de salario igual o
superior a un mes, no serán tomados en cuenta para el cálculo.

       4. Se pagarán aumentos anuales a partir del ingreso y del
reingreso, cada vez que el servidor judicial cumpla 360 días (año
salarial) de labor continua efectiva. Los anuales estarán sujetos a
las siguientes reglas: 1) El porcentaje de la anualidad. 2) Las
disposiciones de este inciso no rigen para los profesionales en
ciencias médicas a los que se les aplica lo dispuesto en la Ley de
Incentivos Médicos.
       El reconocimiento del tiempo servido fuera del Poder
Judicial, se hará de oficio o a solicitud de la parte interesada, y
tendrán efectos desde el ingreso si ya tenía un año o más
acumulados o a partir del momento en que se complete el primer
año (sumando el tiempo reconocido y el que labore en forma
efectiva en el Poder Judicial).

      2.    Disposiciones administrativas:

       2.1. En ese sentido se tiene que el Consejo Superior en
sesión N° 93-10, artículo XX, del 19 de octubre del 2010, acordó:

      “Indicar al Departamento de Personal que los
reconocimientos de tiempo servido empezarán a regir a partir del
momento en que los interesados acrediten la información completa
para esos efectos.”

       2.2. Sin embargo el Consejo Superior en sesión No. 06-12
del 26 de enero del 2012, Art. IV, conoce una situación similar y
dispuso acoger en todos sus extremos el informe del licenciado
Carlos Mora Rodríguez en que concluye que el reconocimiento de
tiempo servido para efectos de anualidades y jubilación al licenciado
Gustavo Zeledón Cantillo, Profesional 2 de la Presidencia de la
Corte, de 4 meses y 15 días laborados para la Defensoría de los
Habitantes del 16 de febrero al 30 de junio de 1998, es a partir de su
reingreso al Poder Judicial.

      3.    Conclusiones y Recomendaciones

        3.1. Por todo lo anteriormente expuesto se tiene que la
normativa aplicable a este caso es clara en decir que el
reconocimiento de tiempo servido se realizará a partir del ingreso y
del reingreso, cada vez que el servidor (a) judicial cumpla los 360
días (año salarial).     De manera que la pretensión del servidor
judicial se encuentra conforme a derecho y, por consiguiente,
resulta procedente reconocer al señor Orlando Alvarado García a
partir de su ingreso al Poder Judicial, es decir 24 de marzo del 2009.

       3.2. En ese sentido el Consejo Superior ya ha resuelto de
manera positiva una situación similar, tal es el caso que se conoció
en sesión No. 06-12 del 26 de enero del 2012, Art. IV.

      3.3. Por otra parte cabe señalar que en relación con los
       reconocimientos de tiempo servido en otras instituciones el Consejo
       Superior ha ordenado que los mismos se realicen a partir del
       momento que el servidor (a) complete la documentación, de
       conformidad con lo acordado por este Consejo en sesión N° 93-10
       celebrada el 19 de octubre del 2010, artículo XX.

               Por consiguiente será el Consejo Superior quien de acuerdo a
       sus competencias determine si el reconocimiento le corresponde a
       partir de su ingreso. Es decir a partir del 24 de marzo del 2009.”
                                      -0-

      Por mayoría, se dispuso: Acoger el informe rendido por el

Departamento de Personal, así como sus conclusiones y recomendaciones. En

consecuencia, el reconocimiento de tiempo servido para efectos de

anualidades y jubilación al servidor Orlando Alvarado García, Investigador 1

de la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial, de 1 año, 4

meses y 8 días laborados en el Ministerio de Justicia y Paz, lo es a partir de su

reingreso al Poder Judicial, sea el 24 de marzo del 2009, de conformidad con

lo establecido en el artículo 10 del “Reglamento para el reconocimiento de

tiempo servido en el Poder Judicial y en otros entes públicos para efectos de

anualidades y jubilación”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 36-06,

celebrada el 4 de diciembre del 2006, artículo XI.

      La Magistrada Villanueva y la Integrante Chaves Cervantes, emitieron

su voto en el sentido que el reconocimiento de tiempo servido sea a partir de

la fecha en que el interesado presentó la gestión.

      Los Departamentos de Personal, Financiero Contable y la Auditoría,
tomarán nota para lo que corresponda.

                            ARTÍCULO XXXVIII

DOCUMENTO Nº 3226-12, 12547-11

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y

Ronald Calvo Coto, Jefe y Subjefe del Departamento de Personal, Jefe de

Sección de Administración Salarial, respectivamente, en oficio N° 130-JP-

2012, del 23 de marzo recién pasado, comunicaron lo siguiente:

           “Con el fin de que sea conocido por los integrantes del
       Consejo Superior, se remite la siguiente información.

             Como resultado de las recomendaciones planteadas por los
       departamentos de Gestión Humana, Planificación, Tecnología de la
       Información y la Dirección Ejecutiva, el Consejo Superior aprobó,
       en sesión 79-11 del 14 de setiembre del 2011, artículo LXVI, la
       “Propuesta de Reestructuración de los Juzgados Civiles para la
       Organización de la Atención de la Materia Cobratoria a Nivel
       Nacional”, lo cual consiste, para los efectos de este informe, en la
       simbiosis estructural de los juzgados civiles de menor cuantía o de
       tránsito con la materia de cobro.

            Como parte fundamental de este proceso, se establecieron las
       diversas variables que le corresponden a cada uno de los despachos
       por crear. Entre esas variables se encuentra la asignación del capital
       humano, lo cual se fundamentó en las recomendaciones emitidas
       por el Departamento de Planificación, basado a su vez en los
       respectivos análisis técnicos de cargas de trabajo y su relación
       estadística con la materia cobratoria.

             De esta forma, se determinó la necesidad de asignar personal a
       varios de los nuevos juzgados de cobro; recurso que sería tomado
       de las plazas creadas en forma extraordinaria para los Juzgados de
       Cobro, Civil de Mayor Cuantía y Civil de Menor Cuantía, todos del
       Primer Circuito Judicial de Alajuela. Esas plazas, como resultado
       de la reorganización de las materias de interés, estarían a
       disposición de la Comisión encargada de la implementación de los
Juzgados de Cobro a nivel nacional, según las necesidades
encontradas, por lo cual ya no serían utilizadas en su totalidad por
los despachos a los cuales inicialmente le fueron asignadas.

      Ahora bien, el Consejo Superior en sesión celebrada el 26 de
mayo del 2011, artículo LXX, autorizó implementar una jornada
vespertina en el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Primer
Circuito Judicial de Alajuela a partir del 1 de julio hasta finalizar
ese año, para lo cual se habilitaron 2 plazas de Juez 1 y 5 de
Técnico Judicial 1, todas ellas extraordinarias. Esta asignación no
afectaba la distribución de plazas en otros juzgados, debido a que la
mayor parte de los nuevos despachos de cobro iniciarían funciones
en el año 2012.

     Posteriormente, mediante acta 092-11 del 01 de noviembre de
2011, artículo L, el Consejo Superior acordó lo siguiente:

      Se acordó: 1) Acoger la solicitud anterior, en consecuencia,
autorizar que las dos plazas extraordinarias de Jueces 1 y las cinco
plazas extraordinarias de Técnicos Judiciales 1, se mantengan
laborando en jornada vespertina en el Juzgado Civil de Mayor
Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, hasta el último
día laboral del presente año, en el entendido que se dedicarán a la
resolución de los asuntos de ese despacho y no a la atención de
público. 2) Las plazas extraordinarias creadas para el 2012,
inicialmente para los Juzgados de Cobro y Civiles de Mayor y de
Menor Cuantía de Alajuela, a partir de 1 enero próximo se deben
ubicar según lo indicado en el Plan de Reestructuración aprobado
por el Consejo Superior, por lo que los Departamentos de Personal
y Planificación les deben asignarse a un código que se definirá
específicamente para el Proyecto de Cobro Judicial y no podrán
disponerse para otros fines. 3) El Despacho de la Presidencia, el
Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de
Alajuela y el Departamento de Personal tomarán nota para lo que
corresponda. Se declara este acuerdo firme.

     El formato no corresponde al texto original

     Tal como se observa, estas plazas extraordinarias debían
quedar a disposición de los nuevos juzgados de cobro a partir del
2012 para continuar con la asignación que se ha definido o bien
para atender nuevas exigencias; sin embargo, dado que las plazas
de interés estaban asignadas a los juzgados de mayor y menor
cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, se realizaron los
nombramientos en esos despachos judiciales, tal como se detallará
seguidamente. La descripción de cada uno de los casos será
expuesta en apartados independientes, dado que presentan
circunstancias particulares que interesa puntualizar en forma
individual.

     Plazas asignadas al Juzgado Civil de Menor Cuantía de
Alajuela
     En el caso del Juzgado Civil de Menor Cuantía de Alajuela, se
asignó presupuestariamente un total de cinco plazas de Técnico
Judicial 1 y dos de Juez 1, todas ellas con carácter extraordinario.

     Tal como se indicó previamente, todas estas plazas fueron
nombradas por la Jueza Coordinadora de ese despacho, señora
Ileana Ruiz Quirós, por lapsos iniciales comprendidos entre enero y
mayo del año en curso. La descripción específica de las plazas se
presenta seguidamente:

                          Cuadro N º 1
      Plazas nombradas en el Juzgado Civil de Menor Cuantía
                        de Alajuela

                     Plaza                      Clase
                   365777 *                    Juez 1
                   375778 *                    Juez 1
                    365779               Técnico Judicial 1
                    365780               Técnico Judicial 1
                    365781               Técnico Judicial 1
                    365782               Técnico Judicial 1
                    365783               Técnico Judicial 1
          * Estas plazas fueron nombradas por la Presidencia de
          la Corte

      En virtud de que el destino de estas plazas no correspondía al
despacho al cual estaban asignadas sino a los juzgados de la materia
cobratoria, este Departamento comunicó a la señora Ruiz Quirós y
al despacho de la Presidencia la imposibilidad de dar continuidad a
esos nombramientos, por lo que se realizó la variación
correspondiente y se reorientó la asignación de los recursos con
base en los estudios técnicos previamente realizados por el
Departamento de Planificación.
      A pesar de lo anterior, las personas ocupantes de los cargos ya
habían laborado en el lapso comprendido entre el 09 y el 22 de
enero del año en curso (se incluye sábado 21 y domingo 22 según
lo establece la normativa vigente).

     Plazas asignadas al Juzgado Civil de Mayor Cuantía de
Alajuela

     En lo relativo al Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Alajuela,
se presentó una situación similar en la cual se realizó el
nombramiento de todas las plazas extraordinarias asignadas al
despacho para el mismo período de ejecución presupuestaria, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

                          Cuadro N º 2
      Plazas nombradas en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía
                        de Alajuela

                    Plaza                   Clase
                  365771 *                  Juez 3
                   365772            Técnico Judicial 2
                   365773            Técnico Judicial 2
                   365774            Técnico Judicial 2
                   365775            Técnico Judicial 2
                   365776            Técnico Judicial 2
             * Esta plaza fue nombrada por la Presidencia de
             la Corte

     Al igual que se realizó con el despacho analizado en el
apartado anterior, este Departamento procedió a comunicar a la
señora Roxana Hernández Araya, Jueza Coordinadora del Juzgado
Civil de Mayor Cuantía de Alajuela, así como al despacho de la
Presidencia la imposibilidad de dar continuidad a los
nombramientos de las plazas señaladas en el cuadro anterior, por lo
cual se realizaron las modificaciones a través del sistema
correspondiente, de forma tal que las personas ocupantes de esas
plazas laboraron en el lapso comprendido entre el 09 de enero y el
04 de marzo del año en curso.

      Una vez realizadas las variaciones, se procedió a bloquear las
plazas asignadas a esos despachos y al Juzgado de Cobro del
Primer Circuito Judicial de Alajuela, con el fin de evitar que se
realicen nuevamente nombramientos en esas plazas, salvo que así
sea estipulado mediante los informes técnicos correspondientes y
debidamente aprobado por las instancias competentes.

      Es importante señalar que el Departamento de Gestión
Humana procedió a realizar el pago de los salarios correspondientes
a esos nombramientos, dado que fueron debidamente laborados por
las personas ocupantes de las plazas.

     Permiso con goce de salario y sustitución para la plaza
44470 de Juez 3 del Juzgado Civil de Mayor Cuantía de
Alajuela

      Mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión
N º 69-11 del 11 de agosto del 2011, artículo XXIV, se nombró a la
licenciada Sirlene Salazar Muñoz, Jueza interina en el Juzgado
Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en
la plaza extraordinaria N º 363663 para que realizara funciones
propias del cargo en horario vespertino, con vigencia al 31 de
diciembre del mismo año.

     Posteriormente, mediante correo electrónico del 13 de
diciembre del 2011, la señora Roxana Hernández Araya, Jueza
Coordinadora del Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer
Circuito Judicial de Alajuela, planteó la siguiente solicitud al
Consejo Superior:

      “Para el próximo año se nos prorrogó la PLAZA DE JUEZ
3 n° 365771 por todo el año 2012, no obstante, la persona que
ocupa esta plaza es la Lic. Sirlene Salazar Muñoz, quién está en su
periodo de incapacidad por maternidad. En razón, de ello y siendo
importante para este despacho dicha plaza, solicitamos a dicho
consejo que se permita clonar esa plaza a efecto de que pueda ser
sustituida. No omito indicar que esta plaza está destinada en la
jornada vespertina y trabaja con 5 auxiliares. Por lo que
consideramos necesario que todo lo que se provea en esa jornada
sea firmada por el Juez. Además, consideramos oportuno la ayuda,
esto para no ver afectados a los usuarios en cuanto al proveído de
sus expedientes. En razón de lo anterior, solicito se nos permita
poder realizar la sustitución de la esa plaza y poder así contar con
el Juez de esa jornada vespertina.”

     El formato no corresponde al texto original

     Al respecto, dicho Consejo resolvió, mediante acuerdo
tomado en sesión N° 107-11 celebrada el 22 de diciembre del 2011,
artículo LXX, lo siguiente:
                                   -0-
      “Se dispuso: 1) Denegar la gestión anterior en razón que no
es posible acceder a lo que se solicita por cuanto la licenciada
Sirlene Salazar Muñoz ocupa una plaza extraordinaria y estas
plazas solo pueden ser suplidas por permisos sin goce de salario o
porque el titular pase a ocupar otro cargo. 2) A fin de no afectar el
servicio público que brinda el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del
Primer Circuito Judicial de Alajuela, conceder permiso con goce
de salario y sustitución de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
a la licenciada Roxana Hernández Araya, Jueza del citado
Despacho, puesto N° 44470 por el periodo de la licencia por
maternidad de doña Sirlene.

     El Departamento de Personal tomará nota para lo que
corresponda.”

     El formato no corresponde al texto original

      Al considerar el contenido del acuerdo mencionado
anteriormente, este Departamento estima conveniente señalar que la
génesis del permiso con goce de salario y sustitución de la plaza N º
44470 cuenta con un elemento que debe ser considerado para
valorar su continuidad.

      La gestión planteada por la Jueza Coordinadora del despacho
señala que la plaza extraordinaria N º 365771, la cual da origen al
citado permiso, fue prorrogada por todo el año 2012; sin embargo,
esta afirmación debe valorarse considerando la finalidad de ese
recurso el cual está orientado al soporte de la materia cobratoria a
nivel nacional, con base en la “Propuesta de Reestructuración de los
Juzgados Civiles para la Organización de la Atención de la Materia
Cobratoria a Nivel Nacional”, así acordado por el Consejo Superior
en sesión 79-11 del 14 de setiembre del 2011, artículo LXVI.

      En virtud de lo anterior, el argumento para la “clonación” de
esta plaza no resulta acertado pues desde un principio la finalidad
de la plaza extraordinaria está orientada a la atención de asuntos
ajenos al despacho solicitante.

     Es importante señalar que la plaza N º 365771 forma parte del
       conjunto que se nombró erróneamente en el Juzgado Civil de
       Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela y para el
       cual se realizó el ajuste correspondiente; por ende, hoy día esa
       plaza no se encuentra asignada al despacho de interés, mas si lo está
       la plaza N º 44470, la cual encuentra su origen en ese recurso que,
       desde un inicio, no corresponde a este despacho.

             En virtud de todo lo anterior, el Departamento de Gestión
       Humana pone en conocimiento del estimable Consejo Superior la
       situación presentada con las plazas extraordinarias de los despachos
       señalados y respetuosamente solicita se analicen las bases que
       propiciaron el permiso con goce de salario otorgado a la plaza Nº
       44470, perteneciente al Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer
       Circuito Judicial de Alajuela, con el fin de revisar la conveniencia
       de dar continuidad o no a dicho permiso.”
                                       -0-

      En sesión N° 49-11 celebrada el 26 de mayo del 2011, artículo LXX, se

autorizó la jornada vespertina en los Juzgados Civiles de Mayor y Menor

Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, a partir del 1 de julio del año

en curso, en el entendido que las plazas que laborarán en ese horario se

dedicarán a la resolución de los asuntos de esos despachos y no a la atención

de público. Además se distribuyó 1 plaza de Juez 3 y 5 plazas de Técnicos

Judiciales 2 para el Juzgado Civil de Mayor Cuantía y para el Juzgado Civil de

Menor Cuantía, 2 plazas de Jueces 1 y 5 plazas de Técnicos Judiciales 1.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura remitirá las ternas para designar en la

plaza de Juez 3 y las dos plazas de Juez 1.

      Posteriormente, en sesión Nº 69-11 del 11 de agosto del año en curso,

artículo XXIV, en lo que interesa, se nombró a la licenciada Sirlene Salazar
Muñoz, Jueza interina en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer

Circuito Judicial de Alajuela, horario vespertino, plaza extraordinaria N°

363663, hasta el 31 de diciembre del año en curso.

      A continuación, en sesión Nº 92-11, celebrada el 1 de noviembre del

2011, artículo L, se autorizó que las dos plazas extraordinarias de Jueces 1 y

las cinco plazas extraordinarias de Técnicos Judiciales 1, se mantuvieran

laborando en jornada vespertina en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, hasta el último día laboral de ese año, en

el entendido que se dedicarían a la resolución de los asuntos de ese despacho y

no a la atención de público. Además, las plazas extraordinarias creadas para el

2012, inicialmente para los Juzgados de Cobro y Civiles de Mayor y de Menor

Cuantía de Alajuela, a partir de 1 enero de este año se deberían ubicar según lo

indicado en el Plan de Reestructuración aprobado por el Consejo Superior, por

lo que los Departamentos de Personal y Planificación les deben asignarse a un

código que se definirá específicamente para el Proyecto de Cobro Judicial y

no podrán disponerse para otros fines.

      Posteriormente, en sesión N° 107-11 celebrada el 22 de diciembre del

2011, artículo LXX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “La máster Roxana Hernández Araya, Jueza Coordinadora del
       Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de
       Alajuela, en correo electrónico del 13 de los corrientes, solicitó lo
       siguiente:
             “Para el próximo año se nos prorrogó la PLAZA DE JUEZ 3
       n° 365771 por todo el año 2012, no obstante, la persona que ocupa
       esta plaza es la Lic. Sirlene Salazar Muñoz, quién está en su
       periodo de incapacidad por maternidad. En razón, de ello y siendo
       importante para este despacho dicha plaza, solicitamos a dicho
       consejo que se permita clonar esa plaza a efecto de que pueda ser
       sustituida. No omito indicar que esta plaza está destinada en la
       jornada vespertina y trabaja con 5 auxiliares. Por lo que
       consideramos necesario que todo lo que se provea en esa jornada
       sea firmada por el Juez. Además, consideramos oportuno la ayuda,
       esto para no ver afectados a los usuarios en cuanto al proveído de
       sus expedientes. En razón de lo anterior, solicito se nos permita
       poder realizar la sustitución de la esa plaza y poder así contar con el
       Juez de esa jornada vespertina.”
                                            -0-
             Se dispuso: 1) Denegar la gestión anterior en razón que no es
       posible acceder a lo que se solicita por cuanto la licenciada Sirlene
       Salazar Muñoz ocupa una plaza extraordinaria y estas plazas solo
       pueden ser suplidas por permisos sin goce de salario o porque el
       titular pase a ocupar otro cargo. 2) A fin de no afectar el servicio
       público que brinda el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer
       Circuito Judicial de Alajuela, conceder permiso con goce de salario
       y sustitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44,
       párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la licenciada
       Roxana Hernández Araya, Jueza del citado Despacho, puesto N°
       44470 por el periodo de la licencia por maternidad de doña
       Sirlene.”
                                        -0-

      Se acordó: Acoger el informe presentado por el Departamento de

Personal, en consecuencia, limitar al primero de mayo próximo el permiso con

goce de salario y sustitución concedido de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 44, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al puesto N°

44470, ocupado por la licenciada Roxana Hernández Araya, Jueza del Juzgado
Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela y otorgado en

sesión N° 107-11 celebrada el 22 de diciembre del 2011, artículo LXX.

      El Despacho de la Presidencia y el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, tomarán nota para lo que corresponda.

                            ARTÍCULO XXXIX

DOCUMENTO Nº 1986-12, 3264-12, 11173-10

      En sesión N° 96-10 celebrada el 28 de octubre del 2010, artículo XIII,

se dispuso reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Steve

Mora Hernández, Investigador de la Sección de Asaltos del Organismo de

Investigación Judicial, 7 años, 3 meses y 11 días laborados en el Ministerio de

Seguridad Pública a partir del 22 de enero de ese año, con la obligación de

reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de

¢6.244.614,85 (seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos

catorce colones con ochenta y cinco céntimos) que se le deduciría de su

salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total.

      El servidor Steve Mora Hernández, Investigador de la Sección de

Asaltos del Organismo de Investigación Judicial, en nota del 23 de febrero del

año en curso, manifestó lo siguiente:

            “… solicito que me realicen ajustes salariales por
       reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones públicas
       desde el momento que inicie mis labores para el Poder Judicial,
       hasta la primera quincena de enero de 2010 (inclusive), por lo que
       en dicho periodo no se me realizó dicho pago.

            Lo anterior Según Sesión del Consejo Superior 11-08 del 12
       de Febrero del 2008. Art. XXXV. Basándose en el Artículo 10 del
       reglamento de Reconocimiento de tiempo laborado.

             Además según aprobación de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado en fecha 28 de octubre de 2010 en Acta del
       Consejo Superior número 096-10 artículo XIII.

            Señalo para notificaciones los siguientes medios:
            Tel/cel: (…), fax 2295-3303.
            Correo electrónico: stevemora@gmail.com ”

                                       -0-

      Referente a lo anterior, los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del

Departamento de Personal y Ronald Calvo Coto, Jefe de Sección de

Administración Salarial en oficio N° 1514-UCS-AS-2012, del 20 de marzo del

año en curso, comunicaron lo siguiente:

             “En atención al oficio No. 1849-12, de fecha 27 de febrero del
       2012, donde se le concede a este departamento 15 días para
       referirse a lo manifestado por el señor Steve Mora Hernández,
       Investigador 1 de la sección de asaltos, en nota del 23 de febrero en
       curso. En la cual solicita que el reconocimiento de tiempo servido
       laborado en el Ministerio de Seguridad Pública se aplique a partir
       de su reingreso en el Poder Judicial.

            Al respecto nos permitimos informarle lo siguiente:

            6. El señor Steve Mora Hernández, Investigador 1, labora en
       la Sección de Asaltos del OIJ, reingresa en el Poder Judicial a partir
       del 27 de abril del 2009.

            7. Que revisados los registros que constan en el expediente
       personal del servidor, se encontró que la solicitud de
reconocimiento de tiempo servido fuera del Poder Judicial, sobre el
tiempo laborado en el Ministerio de Seguridad Pública, los
documentos los completó el 22 de enero del 2010.

     8. En ese sentido el departamento procedió a realizar el
estudio número 2010147 y se remitió el informe 1509-UCS-AS-
2010 de fecha 05 de octubre del 2010 a la Secretaría General de la
Corte para su respectiva aprobación.

      9. Que el Consejo Superior mediante sesión 96-10 del 28 de
octubre del 2010 artículo XIII, acordó reconocer para efectos de
anualidades y jubilación al señor Steve Mora Hernández, 7 años, 3
meses y 11 días laborados en el Ministerio de Seguridad Pública a
partir del 22 de enero del 2010.

     10. En virtud de lo ordenado por el Consejo Superior, este
departamento procedió a realizar el pago correspondiente por
medio del estudio de anualidades No. 990-2010 a partir de la fecha
que el Consejo Superior ordenó es decir 22 de enero del 2010.

     4.     Disposiciones Legales

      4.1. El Poder Judicial, como parte de la Administración
Pública, está sujeto al principio de legalidad que rige el ejercicio y
la totalidad de sus actuaciones. Éste encuentra fundamento en:

     Artículo 11 de la Constitución Política: “Los funcionarios
públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden
arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes...”.

      Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública:
“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos
servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala
jerárquica de sus fuentes.

     2. Se considerara autorizado el acto regulado expresamente
por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido,
aunque sea en forma imprecisa

     Artículo 13 ídem: “1. La Administración estará sujeta, en
general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento
administrativo, y al derecho privado suple torio del mismo, sin
poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.

      Artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial — Para el
cómputo del tiempo servido, no es necesario que los servidores del
Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en puestos
de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias
o instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder
Judicial los últimos cinco años.

      Artículo 10.-Reglamento para el reconocimiento de tiempo
servido en el poder judicial y en otros entes públicos para efectos
del pago de anualidades y la jubilación en el Poder Judicial
Reconocimiento de tiempo servido en otros entes públicos.- A
gestión del interesado, se deberá reconocer toda la antigüedad del
servidor por los trabajos prestados en otros entes públicos
(Administración Pública Central y Administración Pública
Descentralizada), excepto cuando haya sido bajo la modalidad de
servicios profesionales, es decir por el sistema de honorarios o
cuando la remuneración haya sido mediante dietas.- Se reconocerán
anualidades por el tiempo servido a los empleados de los entes
económicos de la Administración Pública, que se cataloguen como
funcionarios públicos.
      Para el cómputo del tiempo servido se tomará en cuenta todo
el tiempo laborado en entes públicos en forma remunerada, de
conformidad con las siguientes reglas:

     5. El reconocimiento y pago de anualidades es procedente,
aún cuando el servidor haya prestado servicios de manera
discontinua, interina o en propiedad.

     6. Se tomará en cuenta el tiempo de trabajo desde el
período en que fue nombrado en un ente público o un ente
económico de la Administración Pública.

     7. Los períodos de permisos sin goce de salario iguales o
superior a un mes, no serán tomados en cuenta para el cálculo.

      8. Se pagarán aumentos anuales a partir del ingreso y del
reingreso, cada vez que el servidor judicial cumpla 360 días (año
salarial) de labor continua efectiva. Los anuales estarán sujetos a
las siguientes reglas: 1) El porcentaje de la anualidad. 2) Las
disposiciones de este inciso no rigen para los profesionales en
ciencias médicas a los que se les aplica lo dispuesto en la Ley de
Incentivos Médicos.
      El reconocimiento del tiempo servido fuera del Poder Judicial,
se hará de oficio o a solicitud de la parte interesada, y tendrán
efectos desde el ingreso si ya tenía un año o más acumulados o a
partir del momento en que se complete el primer año (sumando el
tiempo reconocido y el que labore en forma efectiva en el Poder
Judicial).

     5.     Disposiciones administrativas:

     5.1. El Consejo Superior en sesión N° 93-10, artículo XX,
del 19 de octubre del 2010, acordó:

     “Indicar al Departamento de Personal que los
reconocimientos de tiempo servido empezarán a regir a partir del
momento en que los interesados acrediten la información completa
para esos efectos.”

      5.2. Sin embargo el Consejo Superior en sesión No. 06-12
del 26 de enero del 2012, Art. IV, conoce una situación similar y
dispuso acoger en todos sus extremos el informe del licenciado
Carlos Mora Rodríguez en que concluye que el reconocimiento de
tiempo servido para efectos de anualidades y jubilación al
licenciado Gustavo Zeledón Cantillo, Profesional 2 de la
Presidencia de la Corte, de 4 meses y 15 días laborados para la
Defensoría de los Habitantes del 16 de febrero al 30 de junio de
1998, es a partir de su reingreso al Poder Judicial.

     6.     Conclusiones y Recomendaciones

      6.1. Por todo lo anteriormente expuesto se tiene que la
normativa aplicable a este caso es clara en decir que el
reconocimiento de tiempo servido se realizará a partir del ingreso y
del reingreso, cada vez que el servidor (a) judicial cumpla los 360
días (año salarial).   De manera que la pretensión del servidor
judicial se encuentra conforme a derecho y, por consiguiente,
resulta procedente reconocer al señor Steve Mora Hernández a
partir de su reingreso al Poder Judicial, es decir 27 de abril del
2009.

     6.2.   En ese sentido el Consejo Superior ya ha resuelto de
       manera positiva una situación similar, tal es el caso que se conoció
       en sesión No. 06-12 del 26 de enero del 2012, Art. IV.

             6.3. Que el Departamento no realizó el reconocimiento a
       partir de su reingreso al Poder Judicial, en acatamiento a la sesión
       No. 96-10 del 28 de octubre del 2010 artículo XIII.

            6.4. Por otra parte cabe señalar que en relación con los
       reconocimientos de tiempo servido en otras instituciones el Consejo
       Superior ha ordenado que los mismos se realicen a partir del
       momento que el servidor (a) complete la documentación, de
       conformidad con lo acordado por este Consejo en sesión N° 93-10
       celebrada el 19 de octubre del 2010, artículo XX.

             Por consiguiente será el Consejo Superior quien de acuerdo a
       sus competencias determine si el reconocimiento le corresponde a
       partir de su reingreso. Es decir del 27 de abril del 2009.”
                                       -0-

      Por mayoría, se dispuso: Acoger el informe rendido por el

Departamento de Personal, así como sus conclusiones y recomendaciones, en

consecuencia, el reconocimiento de tiempo servido para efectos de

anualidades y jubilación al servidor Steve Mora Hernández, Investigador de la

Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial, de 7 años, 3

meses y 11 días laborados en el Ministerio de Seguridad Pública, es a partir de

su reingreso al Poder Judicial, sea el 27 de abril del 2009, de conformidad con

lo establecido en el artículo 10 del “Reglamento para el reconocimiento de

tiempo servido en el Poder Judicial y en otros entes públicos para efectos de

anualidades y la jubilación”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 36-06,

celebrada el 4 de diciembre del 2006, artículo XI.
      La Magistrada Villanueva y la Integrante Chaves Cervantes, emitieron

su voto en el sentido que el reconocimiento de tiempo servido sea a partir de

la fecha en que el interesado presentó la gestión.

      Los Departamentos de Personal, Financiero Contable y la Auditoría,

tomarán nota para lo que corresponda.

                               ARTÍCULO XL

Documento N° 7425-11, 3212-2012

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez, Jefe

y Subjefe del Departamento de Personal y la máster María Gabriela Mora

Zamora, Jefa de Análisis de Puestos, en oficio N° SAP-67-2012 de 21 del mes

recién pasado, comunicaron lo siguiente:

               “Por medio del Oficio N° 11239-11 de fecha 14 de diciembre
       del 2011, el Prosecretario General Gustavo Barquero Morales,
       remite la gestión presentada por el señor David Elizondo Vargas
       donde solicita se analice la viabilidad de que sea considerado el
       título que ostenta como “Bachiller en Ingeniería Forestal” a fin de
       ocupar un cargo de “Oficial de Investigación” en el Organismo de
       Investigación Judicial.

              Sobre la gestión particular y el grado que ostenta el señor
       Elizondo Vargas, cabe reiterar que con respecto al requisito
       académico para los cargos incorporados en el “Escalafón Policial”
       es importante mencionar que la Corte Plena tanto en la sesión N°
       18-01, celebrada el 04 de junio del 2001, artículo XX, como en una
       sesión posterior, N° 09-02, celebrada el 25 de febrero del 2002,
       artículo XXXII, fue clara en señalar que la carrera que debía
       establecerse en apego a las actividades que se desarrollan en el
       Organismo de Investigación Judicial es del campo de las “Ciencias
       Criminológicas” y salvo en aquellos casos donde se establece por
Ley debía de exigirse el derecho. 6

        Así mismo, el Consejo Superior, en acuerdos posteriores en
los cuales ha conocido gestiones de servidores que ostentan títulos
que no son del campo de la criminología o el derecho y han
solicitado dicho reconocimiento ese Consejo ha mantenido dicho
criterio técnico. Para mencionar una de las sesiones se puede
establecer los alcances de la sesión N° 79-09 de fecha 20 de agosto
del 2009, artículo III, donde acuerda:

       “… Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe de la
Comisión de Enlace Corte-OIJ. 2.) Por mayoría, denegar los
recursos de reconsideración interpuesto por los licenciados Víctor
Castro Méndez, Armando Emilio Jiménez Vargas, Carlos Montero
Zúñiga, Abel Francisco Cascante Rueda y Osvaldo Hernández
Nájar y mantener lo resuelto en sesión Nº 48-08 del 26 de junio de
ese año, artículo LXVII, por cuanto este comparte los criterios del
el Consejo de Personal, la Dirección General del Organismo de
Investigación Judicial y la Comisión de Enlace Corte-OIJ,
consideraron que los puestos de oficiales de investigación del
Organismo de Investigación Judicial, deben contar con el
requisito de bachillerato a nivel universitario en Ciencias
Criminológicas, Criminalística o Derecho; mientras que los
puestos de jefaturas de la Policía Judicial, deben contar con el
requisito académico de Licenciatura en Derecho o Criminología”.
(la negrita es nuestra)

        En virtud de lo anterior, se desestima la solicitud presentada
6
  Sesión N° 18-01, celebrada el 04 de junio del 2001, artículo XX: “Los Magistrados
Montenegro, Solís, León, Aguirre y Piza, adicionaron a su voto, que están de acuerdo
con el informe, pero en cuanto se exige como requisitos grados académicos, estarían de
acuerdo siempre y cuando esos grados académicos tengan que ver exclusivamente con
la actividad policial. No están de acuerdo con que se tome otro tipo de grado
académico, porque por este camino se puede llegar a una irracionalidad en el manejo
del recurso humano.”

Sesión N° 09-02, celebrada el 25 de febrero del 2002, artículo XXXII: “Para formalizar
esta situación se deben definir los requisitos de las nuevas descripciones de clase
considerando que el interés institucional es precisamente, dentro de los campos del
conocimiento, proceder a la especialización de la policía judicial, por ello hasta donde
la ley lo permita el requisito académico deberá ser preferiblemente en “Ciencias
Criminológicas” y se considerarán los estudios atinentes, en razón de que no es sino
hasta en la actualidad que el Poder Judicial recomienda seguir esta carrera
universitaria dentro de la profesión policial, ya que anteriormente por ser el área
jurisdiccional la más atractiva, se brindó un incentivo tácito para que muchos
investigadores realizaran sus estudios en derecho.”
       por el señor David Elizondo Vargas, quien ocupa el puesto N°
       112384 en propiedad como Investigador 2 en la Subdelegación
       Regional de Cañas, del OIJ.”
                                           -0-

      En sesión N° 79-09 celebrada el 20 de agosto de 2009, artículo III, por

mayoría, se denegaron los recursos de reconsideración interpuesto por los

licenciados Víctor Castro Méndez, Armando Emilio Jiménez Vargas, Carlos

Montero Zúñiga, Abel Francisco Cascante Rueda y Osvaldo Hernández Nájar

y se mantuvo lo resuelto en sesión Nº 48-08 del 26 de junio de ese año,

artículo LXVII, por considerar este Consejo que los puestos de oficiales de

investigación del Organismo de Investigación Judicial, deben contar con el

requisito de bachillerato a nivel universitario en Ciencias Criminológicas,

Criminalística o Derecho; mientras que los puestos de jefaturas de la Policía

Judicial, deben contar con el requisito académico de Licenciatura en Derecho

o Criminología.

      Posteriormente, en sesión N° 100-11 del 29 de noviembre de 2011,

artículo LIII, se tomó el acuerdo, que literalmente dice:

              “El 21 de julio del año en curso, se recibió en la Secretaría de
       la Corte, nota del ingeniero David Elizondo Vargas, Especialista en
       Atención de Escenario del Crimen de la Subdelegación Regional de
       Cañas, en la que literalmente indicó:

              “Al considerar la necesidad de contar con personal idóneo en
       el campo de la investigación criminal con conocimiento sobre
       delitos ambientales y la adecuada investigación de esos hechos,
       aunado a la creciente concientización de la sociedad, sobre la
       conservación de los Recursos Naturales, se podría considerar que
las Ciencias Forestales, también se ubican entre las ciencias que
afectan directamente al ser humano, al establecer en nuestra Carta
Magna, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente sostenible,
por ello y al notarse fehacientemente su relación intrínseca con la
sociedad, lo que se deberían considerar como ciencia afín y así
poder optar por un puesto de mayor rango en el escalafón policial de
la institución.

        En el caso específico, del suscrito, cuento con un Bach. en
Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es
por ello, que solicito de la manera más respetuosa se considere mi
situación y me sea reconocido el título universitario que poseo, con
el fin de ser considerado para una plaza de oficial de investigación.
Además, agrego que actualmente me gradué como Especialista en
Atención del Escenarios del Crimen.

       Lo anterior al considerar lo mencionado en el Manual de
Ciencias Forenses, tomo II, en lo que se refiere a: "La ingeniería
Forense cumple un importante papel al realizar una gran
variedad de peritajes propios de su campo, los cuales son
requeridos por entes policiales y administradores de justicia en
general, ya que sirven de apoyo dentro de los procesos de
investigación policial y judicial, es decir, que los peritajes que
realizan profesionales de ingeniería, constituyen un soporte
científico para el esclarecimiento de la investigación de un posible
delito y sus responsables. Conforme la sociedad ha tomado
conciencia de la necesidad de proteger el ambiente, se han ido
creando una serie de leyes y reglamentos que permiten a
diferentes instituciones y asociaciones de cada país, exigir su
cumplimiento. Como todo proceso judicial, es necesario contar
con evidencias necesarias que permitan determinar que se ha
cometido o se está cometiendo un delito, en el caso específico de la
ingeniería forense ambiental, se estudian y valoran una serie de
circunstancias que infringen las regulaciones de protección
ambiental, es decir, el delito en contra el ambiente".

      Por otra parte y como sigue diciendo el editor del
mencionado Manual, se debe hacer conciencia de la importancia de
"nuestros recursos naturales y de la manera que los mismos están
siendo explotados y contaminados, en detrimento de nuestra
calidad de vida".”
                               -0-
            En razón de dicha gestión, por medio de oficio Nº 6327-11,
      del 26 de julio de este año, se le solicitó al licenciado Jorge Rojas
      Vargas, Director del Organismo Investigación Judicial, emitir su
      criterio al respecto.

            En respuesta a la solicitud planteada, mediante oficio 928-DG-
      2011, del 21 de noviembre en curso, el licenciado Rojas Vargas
      literalmente indicó:

             “En atención al oficio 6327-22-1, donde se solicita criterio
      al suscrito, respecto de la nota presentada por el Ing. David
      Elizondo Vargas, quien gestiona le sea reconocido el título
      universitario que lo acredita como Bachiller en Ingeniería Forestal
      de la Universidad Nacional de Costa Rica, con el fin de ser
      considerado para un ascenso como oficial de investigación del OIJ,
      me permito indicarle que para el nombramiento en ese o cualquier
      otro de los puestos con que cuenta el Organismo de Investigación
      Judicial, hemos sido garantes y respetuosos de lo que se indica en
      el manual de descriptivo de clases, el que, para el puesto que nos
      ocupa, a saber de Oficial de Investigación, indica literalmente:
      “Formación Académica: Bachillerato Universitario en Derecho (*)
      o Ciencias Criminológicas o Criminología Incorporado al Colegio
      respectivo, cuando exista esta entidad para la correspondiente área
      profesional”.

             Evidentemente, si bien es importante el aporte que pueda
      hacer el señor Elizondo, en el área de especialidad que ostenta tal
      y como lo indica en la nota, no se constituye en una de las ramas
      propias del puesto de investigación que solicita, razón por la que
      ésta representación no puede omitir los requisitos vigentes y
      aprobados, así como la experiencia que se necesarios para el
      puesto.”
                                      -0-
             Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:
      Remitir la gestión anterior al Departamento de Personal para que
      analice la viabilidad de la gestión que hace el señor Elizondo
      Vargas e informe a este Consejo.”
                                      -0-

     Se dispuso: Acoger el informe rendido por el Departamento de

Personal, en consecuencia, comunicar al señor David Elizondo Vargas,
Investigador 2 de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación

Judicial de Cañas, que no es posible acceder a lo que solicita, por considerar

este Consejo que los puestos de oficiales de investigación del Organismo de

Investigación Judicial, deben contar con el requisito de bachillerato a nivel

universitario en Ciencias Criminológicas, Criminalística o Derecho; mientras

que los puestos de jefaturas de la Policía Judicial, deben contar con el

requisito académico de Licenciatura en Derecho o Criminología.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial tomará

nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XLI

Documento N° 7592-11, 3213-2012

      En sesión N° 52-07 celebrada el 19 de julio del 2007, artículo LXXI, se

aprobó la profesionalización de los cargos de los entonces Técnicos

Criminalísticos 1 y 2 del Archivo Criminal, entre otros a “Perito Judicial 1” y

estableció como requisito mínimo el grado universitario de bachiller. Así

mismo, se determinó por parte de este Órgano las siguientes carreras para

quienes desean optar por un cargo de “Perito en Lofoscopía”.


             o Bachiller en Ciencias Criminológicas o Criminología
             o Bachiller en Química
             o Bachiller en Física
             o Bachiller en Biología
                                     -0-
      En oficio N° SAP-64-2012 de 21 de marzo recién pasado, los máster

Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez, Jefe y Subjefe del

Departamento de Personal y la máster María Gabriela Mora Zamora, Jefa de

Análisis de Puestos, informaron lo siguiente:


              “Por medio del Oficio N° 8660-11 de fecha 03 de octubre del
       2011, la Prosecretaria General Yacira Segura Guzmán, remite la
       gestión presentada por el señor Ronald Gerardo Hernández Suárez
       donde solicita se valore si el “Diplomado en Investigación Criminal
       y Seguridad Organizacional con énfasis en Investigación Criminal”
       que posee le permite optar por un cargo de “Perito en Lofoscopía”.

              Con respecto a lo anterior, se le debe de indicar a don Ronald
       que el Consejo Superior en la sesión N° 52-07, celebrada el 19 de
       julio del 2007, artículo LXXI, acordó profesionalizar los cargos de
       los entonces Técnicos Criminalísticos 1 y 2 del Archivo Criminal,
       entre otros a “Perito Judicial 1” y estableció como requisito mínimo
       el grado universitario de bachiller. Así mismo, se determinó por
       parte de ese Órgano las siguientes carreras para quienes desean
       optar por un cargo de “Perito en Lofoscopía”.

             o Bachiller en Ciencias Criminológicas o Criminología
             o Bachiller en Física
             o Bachiller en Química
             o Bachiller en Biología

             En virtud de lo anterior, se desestima la solicitud presentada
       por el señor Ronald Gerardo Hernández Suárez, quien ocupa el
       puesto N° 33382 en propiedad como Técnico Administrativo 1
       (Técnico de Archivo Criminal) en el Archivo Criminal del OIJ.”
                                       -0-

      Se dispuso: Acoger el informe rendido por el Departamento de

Personal y por los motivos en él contenidos denegar la gestión del señor

Ronald Gerardo Hernández Suárez, Técnico Administrativo 1 del Archivo
Criminal del Organismo de Investigación Judicial.

                                ARTÍCULO XLII

DOCUMENTO N° 12551-11, 3173-12

      En sesión N° 1-12 del 10 de enero del año en curso, artículo, XXXI, se

acogieron parte de las recomendaciones contenidas en el estudio Nº 042-CE-

2010-B, que fuera presentado mediante oficio Nº 1506-PLA-2010 del

Departamento de Planificación, específicamente de la “Nº 6.3” a la “Nº 6.12”,

entre ellas que:

               “…g) La Dirección General del Organismo de Investigación
        Judicial, la Jefatura Sección de Bioquímica del Departamento de
        Laboratorio de Ciencias Forenses, la Administración de OIJ y la
        Dirección Ejecutiva, deberán trabajar en forma conjunta en el
        establecimiento en un convenio con alguna empresa de transporte
        público (taxis) para brindar traslado al personal de la Sección de
        Bioquímica del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses
        en caso de requerirse, en este sentido se deberá establecer las reglas
        necesarias para uso de ese servicio, para lo cual deberán considerar
        las recomendaciones señaladas en el punto 6.3 del estudio…”
                                         -0-

      A la luz de lo anterior, mediante oficio N° 212-DG-12 del 22 de marzo

último, el licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, comunicó lo siguiente:

              “Reciban un respetuoso saludo de parte de esta Dirección
        General, a la vez, en relación con el punto g) del acuerdo adoptado
        por ese Honorable Consejo Superior, según consta en el artículo
        XXXI del acta correspondiente a la sesión N°01-12, comunicado
        mediante oficio N°684-12 suscrito el 25 de enero pasado por el Sr.
        Gustavo Barquero Morales, Prosecretario General de la Corte
        Suprema de Justicia, me permito realizar las siguientes
indicaciones:

       Las instrucciones precisas emitidas por su autoridad fueron
que “…g) La Dirección General del Organismo de Investigación
Judicial, la Jefatura Sección de Bioquímica del Departamento de
Laboratorio de Ciencias Forenses, la Administración de OIJ y la
Dirección Ejecutiva, deberán trabajar en forma conjunta en el
establecimiento en un convenio con alguna empresa de transporte
público (taxis) para brindar traslado al personal de la Sección de
Bioquímica del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses
en caso de requerirse, en este sentido se deberá establecer las
reglas necesarias para uso de ese servicio, para lo cual deberán
considerar las recomendaciones señaladas en el punto 6.3 del
estudio…”

        Al respecto, debo indicarle que esta Representación delegó
en la Administración del O.I.J. la gestión administrativa para
coordinar lo propio con la Jefatura de la Sección de Bioquímica, a la
vez que establecer los contactos y términos de un eventual convenio
con las diferentes empresas de taxi existentes, para que una vez
establecido lo anterior, remitiera a esta Dirección General las
diferentes alternativas, con el propósito de poder analizar la mejor
opción y coordinar con la Dirección Ejecutiva el respectivo
convenio, con instrucciones de incluir también en este esfuerzo a los
profesionales de la Clínica Médico Legal, para aquellos casos en
que no sea posible su traslado mediante recursos institucionales de
la Jefatura de servicio (Alfa 6).

       Como respuesta a estas directrices, el Lic. Mauricio Fonseca
Umaña en su calidad de Jefe de la Administración del O.I.J., remitió
oficio N°88-ADM/OIJ-2012 con documento adjunto (mismos que
se anexan con la presente), escritos mediante los cuales informó
sobre las diligencias practicadas y los resultados obtenidos.

       A manera de resumen de los documentos antes mencionados,
se realizaron gestiones ante tres cooperativas de taxi, las cuales
fueron aportadas por los propios servidores de la Sección de
Bioquímica. De estas empresas, dos de ellas no tuvieron disposición
para suscribir convenios con el Poder Judicial, mientras que la
llamada COOPETICO R.L. estuvo anuente mediante el sistema que
denominan “vales corporativos” que al efecto manejan, opción que
esta Representación no considera satisfactoria, puesto que implica
un sobre precio por el servicio, ya que en una de sus cláusulas se
       indica: “La empresa, pagará por concepto de recargo un monto del
       siete por ciento (7%) de la suma total de vales presentados a cobro
       por facturación.”

              No obstante, en virtud que la decisión final sobre este tema
       debe ser adoptada por los niveles superiores del Poder Judicial, ya
       que son los que cuentan con facultades para suscribir obligaciones a
       cargo Institucional, se remite el borrador del convenio aportado por
       COOPETICO R.L. para la decisión final que esta gestión les
       merezca.”
                                       -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar la

gestión anterior a la Dirección Ejecutiva para que realice un análisis de las

posibles opciones para el traslado del personal del Organismo a la Ciudad

Judicial de San Joaquín de Flores y viceversa e informe a este Consejo lo que

corresponda.

                              ARTÍCULO XLIII

DOCUMENTO N° 1537-12, 3208-12

      En sesión N° 15-12 celebrada el 21 de febrero último, artículo LXIV, se

conoció correo electrónico del licenciado William Calvo Calvo, Ministro

Consejero y Representante Alterno de la Embajada/ Misión Permanente de

Costa Rica en Austria, mediante el cual remitió copia de la nota suscrita por el

señor Justice Tettey, Sede de la Sección Científica y Laboratorios de la

Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, en la que comunicó que

Costa Rica había sido elegida como sede para desarrollar el programa

“Entrenar Entrenadores”, desarrollado por la UNODC, del 14 al 16 de mayo
del año en curso y se dispuso trasladar la comunicación anterior al licenciado

Jorge Rojas Vargas, Director del Organismo de Investigación Judicial, para

que coordinara lo correspondiente.

      Mediante oficio N° 206-DG-2012, fechado el 22 de marzo del año en

curso, el licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, manifestó lo siguiente:

              “En atención al oficio 2343-12, contiene lo acordado por ese
       Honorable Consejo, en la sesión N° 15-12, del 21 de febrero de
       2012, artículo LXIV, donde se transcribe el correo electrónico
       enviado por Lic. William Calvo Calvo, Ministro Consejero y
       Representante Alterno de la Embajada/ Misión Permanente de Costa
       Rica en Austria y la invitación cursada por el señor Justice Tettey,
       Sede de la Sección Científica y Laboratorios de la Oficina de
       Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, para que Costa Rica sea
       la sede para el próximo entrenamiento en la modalidad “entrenar
       entrenadores para la región de Centroamérica y Panamá, actividad
       que está sugerida para desarrollarse entre los días 14 y16 de Mayo
       de 2012.

              Para tales efectos, esta Dirección General, considera
       importante la participación del Msc. Marvin Salas Zúñiga, Jefe del
       Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de
       Investigación Judicial.

              Rogamos comunicar esta designación a los organizadores del
       evento. Para facilitar la comunicación, pueden dirigir cualquier
       documento de interés, a los correos electrónicos: msalasz@poder-
       juidical.go.cr o ciencias_forenses@poder-juidicial.go.cr”
                                       -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y tener por

designado al máster Marvin Salas Zúñiga para que participe en la citada

actividad.
                              ARTÍCULO XLIV

DOCUMENTO N° 3266-12

      Por medio de oficio N° 200-DG-12 del 21 de marzo del 2012, el

licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación Judicial, comunicó lo siguiente:

              “Con el respeto y la consideración de siempre me dirijo a
       ustedes, con el interés de hacer de su conocimiento lo siguiente:

              El señor Peter de la Cuesta, Agregado del FBI en la
       Embajada de Estados Unidos en Panamá remite gestión planteada
       por la Fiscalía de David, mediante la cual, solicitan la colaboración
       del Organismo de Investigación Judicial, a fin de que se les facilite
       la colaboración de miembros de la Unidad Canina, para realizar un
       rastreo en la zona de la Comunidad Insular de Caranero de la
       Provincia de Bocas del Toro-Panamá, buscar el cuerpo de un
       ciudadano norteamericano.

               Dado lo anterior, en virtud de que en la Fiscalía de ese país
       no cuentan con unidades K9 especializadas, el suscrito autorizó al
       Oficial Alejandro Castillo Cerdas y el can Aquiles (PJ 508423) para
       que viajen al citado país del 20 al 22 de marzo para realizar tal
       diligencia. Cabe destacar que el Poder Judicial no incurriría en gasto
       alguno, por cuanto la Fiscalía de Panamá asumiría los costos de
       viaje, hospedaje y transporte (terrestre).”
                                        -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación hecha por el licenciado

Rojas Vargas.

                               ARTÍCULO XLV

Documento N° 3275-2012

      En sesión N° 84-11 celebrada el 4 de octubre del 2011, artículo XLV, se
aprobaron los lineamientos generales sobre sustituciones que deberán regir

para el 2012, que en lo que interesa literalmente dice:

         "(…)
         11.2. Salvo los casos excepcionales aprobados por el Consejo
         Superior, sólo se realizarán sustituciones si el motivo inicial o bien
         la combinación de factores en forma continuada (incapacidades,
         vacaciones, permisos sin goce), sean iguales o mayores a siete días
         hábiles.
         11.3. Se autoriza la sustitución en las siguientes plazas hasta por un
         día:
                 Asistentes de sala                            Técnicos de sala

  Auxiliar Administrativo 1 de la Subdelegación            Auxiliar administrativo
Regional del Organismo de Investigación Judicial de
    Garabito (siempre que sea una plaza única)

  Auxiliar administrativo 1 (puesto 350265) de la          Auxiliar administrativo
   Unidad Regional del O.I.J de Buenos Aires

          Auxiliar de seguridad (guardas)                   Auxiliar de seguridad

Auxiliares de enfermería (siempre y cuando que solo         Auxiliar de enfermería
                  exista una plaza)

Auxiliares de Servicios Generales 2 en Delegaciones    Auxiliar de servicios generales 2
 y Subdelegaciones Regionales del Organismo de
  investigación Judicial que cuentan con sólo una
    plaza y deban realizar el aseo de las celdas

Auxiliares de servicios informáticos en las oficinas       técnico especializado 5
 de todo el país que cuenten con una sola plaza de
                     esta clase

   Chóferes (siempre que sólo exista una plaza)        Auxiliar de servicios generales 3

 Conserje del departamento de patología en labores     Auxiliar de servicios generales 2
         propias del proceso de autopsias

 Coordinador Judicial del Juzgado de Tránsito del I         Coordinador Judicial
         Circuito Judicial de la Zona Sur

               Custodio de detenidos                        Custodio de detenidos

  En despachos jurisdiccionales donde el personal
   subalterno se conforma con sólo dos personal

En jefaturas únicas (oficinas, departamento, sección,
                       unidad)

Encargados de bodega y archivo (siempre que solo         encargado de bodega, encargado de archivo
               exista una plaza)

Encargados de grupo de celdas del Segundo Circuito          Jefe de Unidad de Cárceles del O.I.J.
               Judicial de San José

     Encargados de Unidad del Organismo de                     encargado de unidad del O.I.J
             Investigación Judicial

 Fiscales, fiscales auxiliares y defensores públicos,     Fiscales, fiscales auxiliares y defensores
          en despachos con una sola plaza                públicos, en despachos con una sola plaza

  Jueces que integran tribunales de materia penal         Jueces que integran tribunales de materia
                                                                            penal

 Juez, en las oficinas unipersonales, cuando no sea      Juez, en las oficinas unipersonales, cuando
posible asignar las funciones del despacho a otro de       no sea posible asignar las funciones del
             igual jurisdicción territorial                 despacho a otro de igual jurisdicción
                                                                           territorial

Los administradores de bases de datos destacados en         profesional en informática regional 2
         los diversos circuitos judiciales

        Los inspectores Generales Judiciales                       Inspectores Judiciales

    Médico de empresa, odontólogo, auxiliar de
enfermería, asistente dental y auxiliar administrativo

Notificadores Judiciales en aquellos despachos que                  Notificador judicial
        sólo tienen una plaza de esta clase

 Oficiales de localización en aquellas oficinas que                oficial de localización
      sólo cuentan con una plaza de este tipo

Perito Judicial 1 de la Delegación regional de Pérez Perito Judicial 1 de la Delegación regional de
                       Zeledón                                       Pérez Zeledón

  Plazas de secretarios ( as) de las Oficinas de la        Auxiliar Administrativo de la Defensa
Defensa Pública, donde únicamente cuentan con un         Pública, donde únicamente cuentan con un
         servidor en el personal de apoyo                     servidor en el personal de apoyo

  Puestos del área de vacaciones de la Sección de                 Técnicos administrativos
           Administración de Personal

     Puestos pertenecientes al subproceso de                      Técnicos administrativos
administración salarial del Departamento de Gestión
                      Humana
Radio Operadores del Organismo de Investigación                Radio Operadores del O.I.J
                   Judicial

  Recepcionistas de indicios del Departamento de       Recepcionistas de indicios del Departamento
        Laboratorio de Ciencias Forenses                  de Laboratorio de Ciencias Forenses

             Recepcionistas de morgue                      Asistente de Recepción de Morgue

 Secretaria 1 (puesto 72771) del Archivo Criminal                      Secretaria 1

Secretaria 1 de la Sección Delitos Informáticos del                    Secretaria 1
 Departamento de Investigaciones Criminales del
                       O.I.J

      Secretarias de Magistrados y Magistradas.                    secretaria ejecutiva

   Servidores (as) de Oficinas de Recepción de            Auxiliar Administrativo 2 (Recepción,
                   Documentos                              Registro y Entrega de Documentos)

   Servidores (as) de Oficinas de Recolección de          Asistente de Recepción de Denuncias
                     Denuncias

   Técnico criminalístico 2 de las Delegaciones                     Peritos Judiciales
Regionales del Organismo de Investigación Judicial
   que cuenten con una sola plaza de esta clase

 Técnico Judicial 2 (puesto 11308) del Juzgado de                   Técnico judicial 2
Ejecución de la Pena del Segundo Circuito Judicial
               de la Zona Atlántica

          Técnicos de implantación del país                 Técnicos de implantación del país

                Técnicos disectores                                 Tecnólogo Médico

 Técnicos en Rayos X (siempre y cuando que solo                     Tecnólogo Médico
                exista una plaza)

Técnicos Especializados 2 (puestos 6496 y 4173) de               Técnico Especializado 2
la Delegación Regional del O.I.J del primer circuito
                  de la Zona Sur

  Técnicos judiciales del Ministerio Público que        Técnicos judiciales del Ministerio Público
       cuenten con una plaza de este tipo                que cuenten con una plaza de este tipo

  Todos los puestos de los juzgados, Fiscalía y        Todos los puestos de los juzgados, Fiscalía y
 Defensa Pública de Turno Extraordinario, de los       Defensa Pública de Turno Extraordinario, de
       Tribunales de Flagrancia, Juzgados                los Tribunales de Flagrancia, Juzgados
Contravencionales de Flagrancia y Centro Judicial       Contravencionales de Flagrancia y Centro
     de Intervención de las comunicaciones                   Judicial de Intervención de las
                                                                    comunicaciones

(…)
                                        -0-

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 213-DG-2012 recibido el

26 de marzo último, solicitó lo siguiente:

               “Con el aval de esta Dirección General y luego de revisar
       las justificaciones del caso, me permito trascribir la nota suscrita
       por el Lic. Mario Camacho Campos, Jefe de la Oficina Regional
       de Osa, a efecto de que se valore la posibilidad de incluir el
       puesto 472047 (sic) de Auxiliar Administrativo1, dentro de las
       excepciones del Plan Anual de vacaciones vigente, permitiendo
       la sustitución hasta por un día hábil, ya que es el único puesto
       administrativo con que cuenta esa oficina. El texto indica
       literalmente:
             “… la Oficina Regional O.I.J. de Osa, cuenta con una
       única plaza Administrativa, siendo la de Asistente
       Administrativo 1, plaza número 47207, cuya titular es la señora
       Ericka Segura Soto.

              Por ser el único puesto Administrativo, su labor es
       indispensable para el despacho, de manera que su ausencia
       hasta por un día, por eventual incapacidad u otras razones,
       genera gran perjuicio para el despacho, pues no existe en esta
       Oficina Regional, otra plaza que pueda asumir sus ocupaciones.

             Es por lo anterior que cada vez que la titular de dicho
       puesto, se ausente por cualquier razón, se requiere
       necesariamente nombrar a alguien que la sustituya.

              No obstante dentro del Plan de Vacaciones 2012, no se
       contempló dicho puesto dentro de las excepciones para nombrar
       en sustitución por menos de siete días, lo cual nos imposibilita
       realizar nombramientos de uno a seis días; lo anterior significa
       un grave problema cada vez que la señor Ericka Segura Soto,
       deba ser sustituida por incapacidad o vacaciones por menos de
       siete días...”

              Adicionalmente, indica el Lic. Camacho: “…En años
       anteriores, se tramitaron sin mayor problema algunos
       nombramientos menores a siete días, en sustitución de la titular
       en dicho puesto, sin embargo este año se nos rechazó el
       nombramiento realizado a Alissa Pamela Ledezma Chavarría,
       cédula 6-384-980, del día 24-02-2012 al 29-02-2012, en el
       puesto número 47207, en sustitución de Ericka Segura Soto, por
       no estar dicho puesto incluido dentro de las excepciones del plan
       anual de vacaciones…”

              En virtud de lo anterior y con el fin de no afectar el
       servicio público que brinda esta Oficina, se solicita considerar la
       posibilidad de permitir la sustitución de la plaza indicada, hasta
       por un día hábil, asimismo, se autorice para que el Departamento
       de Gestión Humana, proceda a cancelar el nombramiento de
       cuatro días, que realizara la señora Alissa Pamela Ledezma.”
                                        -0-

      Por tratarse de un único puesto con que cuenta esa oficina regional, se

acuerda: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar la

sustitución de la plaza de Asistente Administrativo 1, plaza N° 47207, hasta

por un día. En ese sentido se tiene por modificado el "Plan de Vacaciones

Colectivas del Poder Judicial 2011-2012", específicamente el apartado de

"Disposiciones sobre Sustituciones.

      El Departamento de Personal y la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                              ARTÍCULO XLVI

Documento N° 3209-2012

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 207-DG-2012 de 22 de

marzo recién pasado, informó lo siguiente:
       “Debido a que se presume una conducta inadecuada en el
ejercicio de sus funciones, por parte del Lic. Andrés Hernández
Quesada, esta Dirección General, estima oportuno transcribir el
informe realizado por la Investigadora Karol Alvarado Sánchez y el
Investigador William Rivera Calderón, Encargado de Grupo de
Guardia, ambos de la Subdelegación Regional del OIJ de La Unión
de Tres Ríos, para lo que se tenga a bien resolver. El documento
indica textualmente:

      “Licenciado
      Oscar Murillo Soto
      Jefe O.I.J. La Unión
      S. D.

      Estimado Señor

       Por medio la presente me remito informar del hecho
irregular ocurrido el día 18 del mes y año en curso, con el Juez de
turno Lic. Andrés Hernández Quesada en la atención de la causa
12-000238-071-PE, por la muerte en investigación del señor
Ronald Uriel Alfaro Bolaños.

        Al ser las 14:10 horas el oficial de la Fuerza Pública,
Eduardo Picado Meneses, informó que en el distrito de Dulce
Nombre del cantón de La Unión, funcionarios de la Cruz Roja de
Tres Ríos dieron como fallecido a un masculino, quien conducía su
vehículo marca BMW placa particular 157424, en apariencia sufrió
una paro cardio-respiratorio, motivo por el cual el automotor se
precipitó en reversa colisionando con un paredón. Quien suscribe
al ser las 14:15 horas procedió a llamar al teléfono celular (…) del
Lic. Andrés Hernández Quesada e informar de la noticia criminis,
para lo cual el señor Juez indicó que se encontraba en un tope en la
provincia de Alajuela por lo cual le resultaba difícil el traslado,
seguidamente ordenó que delegaba la función del levantamiento del
cuerpo en mi persona como representante el O.I.J., a lo cual me
negué de forma inmediata y reiteré que dicha función recaía
únicamente en el Juez, que nuestra función era la atención del sitio
del suceso, repitió en dos ocasiones que como Juez ordenaba que
fuéramos y atendiéramos la escena y nos hiciéramos cargo del
cuerpo y que él mañana remitiría la Solicitud de Autopsia. A la
negativa de hacer caso a las órdenes indicó que le informáramos a
la Fiscal de Turno Licda. Evelyn Díaz Araya, se le consultara que
si ella se haría presente a la escena y de ser positivo que ella se
encargara del levantamiento del cuerpo. De lo anterior se le puso
en conocimiento a la Licda. Díaz Araya quien indicó que no se
presentaría y que menos se haría cargo de la función de un Juez de
la República, antes de llamar al Lic. Andrés Hernández Quesada,
se puso en conocimiento de todo lo anterior al Jefe de la Sub
Delegación Lic. Oscar Murillo Soto, quien indicó que de continuar
con la negativa de presentarse al sitio, le suministrara el número de
teléfono celular al Lic. Andrés Hernández Quesada para dialogar
de forma personal. Se llamó al señor Juez, se le indicó lo
manifestado por la fiscal de turno y al reiterar que el O.I.J. se
hiciera cargo del levantamiento del cuerpo, por lo cual se le
suministró el número del Lic. Murillo.

       Al ser las 14: 40 horas, se recibió llamada telefónica por
parte del Lic. Andrés Hernández Quesada indicando que se estaría
trasladando por sus propios medios al cantón, que duraría entre
una hora o más, por nuestra parte al ser las 15:00 horas, en
compañía de la investigadora Karol Alvarado Sánchez, procedimos
a trasladarnos al sitio del suceso y realizar las funciones que nos
competen como fotografía y atención del sitio, entrevistas a
testigos, identificación de familiares etc. Al ser las 15:40 horas, se
nos informó vía radio que el Lic. Andrés Hernández Quesada
estaba próximo al Juzgado, motivo por el cual nos desplazamos
dejando el sitio en custodia de la Fuerza Pública, previamente
protegido por cinta policial. Al ser las 16:00 horas el Juez se
presentó. Ahí nos hace ver que no cuenta con documentación, una
tabla para la documentación o un lapicero, ni portaba llaves de la
oficina, al consultarle como haría para remitir el cuerpo a la
Morgue Judicial, manifestó que con solo su orden de forma verbal
bastaba y sobraba, para lo cual le indiqué que no era el
procedimiento a seguir, que así el funcionario de la unidad de
transporte forense no trasladaría el cuerpo a la Morgue Judicial, y
por ende no se realizaría la autopsia. Por mi parte busqué en mi
documentación solicitudes para autopsia y no encontrando una, el
Lic. Andrés Hernández Quesada al observar el machote de la
Formula F.83 correspondiente a Solicitudes de Dictamen
Criminalístico por parte del O.I.J. indicó que era la que él utilizaba
y a pesar de indicarle que no era el formulario correcto insistió. Al
lugar de los hechos nos presentamos nuevamente y en compañía del
señor Juez al ser las 16:20 horas y se ordenó el levantamiento del
cuerpo a las 16:50 horas.

       Estando en la oficina, se le indicó que de no ser aceptada la
       formula F.83 para ordenar la autopsia, refirió que de ser así, le
       llamáramos al teléfono celular y que de forma personal ordenaría
       al chofer de la unidad de transporte forense el traslado. Finalizada
       la diligencia se traslado al Lic. Andrés Hernández Quesada al
       sector de Villas de Ayarco.

               Al ser las 17:30 horas se presentó el chofer Randall Cortes
       Porras en la unidad 604 de transporte forense y al ver que la
       solicitud para ordenar la Autopsia no era la correcta, lo hizo saber,
       luego dialogó con el Jefe de Servicio, Eddy Roda Abarca, con
       quien también dialogué y le hice ver las irregularidades
       anteriormente mencionadas, para lo cual refirió que con la
       finalidad de no perjudicar a los familiares del occiso, autorizaba
       que el cuerpo fuese trasladado, no obstante no podía ingerir si los
       médicos al recibir el cuerpo, presentaran algún tipo de negativa
       por no ser el documento correcto y de ser así, lo informaría para
       que el Lic. Andrés Hernández Quesada confeccione lo más pronto
       posible el documento correspondiente. De todo lo anterior se le
       informó al Lic. Oscar Murillo Soto.

              Al revisar la documentación realizada por el Lic. Andrés
       Hernández Quesada con la finalidad de confeccionar el informe
       respectivo, se logró determinar que el documento correspondiente
       al ACTA DE LEVANTAMIENTO DEL CUERPO, no fue firmado
       por el Juez.

               Se adjunta copia de la documentación confeccionada por el
       Lic. Andrés Hernández Quesada: Copia del Acta de Levantamiento
       (2 folios), Copia de Solicitud de Dictamen Criminalístico. (1 folio),
       Copia de Acta de Entrega de Evidencias (1 folio)

             Nota: De las diligencias realizadas en relación al caso
       expuesto se detallan en el libro de novedades número 109, de la
       novedad 10 del folio 152 a la novedad 29 del folio 156….”

                                       -0-

     Se acordó: Tomar nota del informe enviado por el licenciado Segura

Montero y hacerlo del conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial,

para que proceda conforme a sus atribuciones y determine la procedencia de
aplicar el régimen disciplinario.

                             ARTÍCULO XLVII

DOCUMENTO Nº 3235-12

      Por medio de oficio Nº 20-CJCA-2012 del 23 de marzo del año en

curso, la licenciada Katia Salas Abarca, Asesora de la Comisión de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, hizo de conocimiento de este

Órgano el acuerdo tomado por dicha Comisión en sesión N° 2-2012, celebrada

el 16 de marzo recién pasado, artículo VIII, que literalmente dice:

              “La licenciada Salas Abarca indica que existen serias
       dificultades para satisfacer las demandas de audiencias que se
       realizan en la jurisdicción. Es posible que el programa de medidas
       cautelares incremente estas demandas y que el número de salas
       existente no sea suficiente para cubrirlas satisfactoriamente. Indica
       además que se han estudiado una serie de opciones para dar
       solución a estas necesidades, pero entre las zonas del edificio
       asignadas a la jurisdicción no hay posibilidades de expansión o de
       reacomodos, porque incluso hay hacinamiento en algunos sectores.
       Indica además que el Consejo Superior en las sesiones 070 del 16/
       de agosto de 2011; 88 del 22 de setiembre de 2009; 008 del 03 de
       febrero de 2011; 031 del 05 de abril de 2011; 042 del 05 de mayo de
       2011; 090 del 25 de octubre de 2011; 080 del 25 de agosto de 2009;
       ha aprobado y prorrogado permisos para que personal del Digesto
       de Jurisprudencia preste sus servicios desde sus domicilio bajo la
       modalidad de teletrabajo; en consecuencia el espacio asignado al
       Digesto de Jurisprudencia podría estar subutilizado.

              Se acuerda: Solicitar al Consejo Superior del Poder Judicial,
       que gestione ante la Dirección Ejecutiva la elaboración de un
       estudio sobre las áreas asignadas al Digesto de Jurisprudencia del
       Edificio del Anexo A del II Circuito Judicial de San José, a efecto
       de determinar, con base en el número de personas asignadas a ese
       centro, si es posible destinar un espacio del Digesto de
       Jurisprudencia para acondicionar una Sala de Audiencias para el
       Tribunal Contencioso Administrativo”.
                                        -0-

      Se dispuso: Acoger la gestión que hace la licenciada Salas Abarca, y

conforme lo solicita hacerlo de conocimiento de la Dirección Ejecutiva para

los fines consiguientes.

                             ARTÍCULO XLVIII

DOCUMENTO Nº 3297-12

      La Integrante Conejo Aguilar somete a conocimiento el correo

electrónico del 29 de febrero del año en curso, que le enviara la licenciada

Patricia Ugalde Romero, Jefa del Archivo Judicial, que literalmente dice:

             “En virtud de la gran cantidad de expedientes (de nuevo
       ingreso, activos y agregados) que los despachos diariamente
       solicitan enviar al Archivo Judicial, hemos diseñado algunas
       plantillas que agilizan la transferencia y a su vez nos ha permitido
       brindar un servicio ágil y efectivo. Sin embargo, requerimos de su
       valiosa colaboración para la publicación de la circular adjunta a fin
       de normalizar el proceso en todo el país.

            Aproveché para agregar los puntos 5 y 6, respecto a los
       respaldados en CD o DVD, que algunos despachos agregan
       incorrectamente a los expedientes físicos así como el envío
       innecesario de usuarios al Archivo Judicial que tantas quejas
       genera.

                              CIRCULAR N° -12

            Asunto: Lineamientos para la transferencia documental al
       Archivo Judicial.

                A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAIS
                           SE LES HACE SABER QUE:
El Consejo Superior, en sesión N° ____, celebrada el ________,
artículo ____, dispuso aprobó los      "Lineamientos para la
transferencia documental al Archivo Judicial”, de la siguiente
manera:

       LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA
                 DOCUMENTAL AL
                ARCHIVO JUDICIAL

1.) Se les informa que para proceder con la transferencia de
expedientes, documentos base y documentación administrativa
de primer ingreso al Archivo Judicial, deben tenerse en cuenta
los siguientes aspectos:
1.1) La documentación que por primera vez va a ser remesada y
enviada al Archivo Judicial, debe contar con la autorización de la
jefatura de esta Oficina.
1.2) Una vez concedida dicha autorización, el Despacho debe
coordinar con la Unidad de Acopio (ext. 1548), para que se le
envíe la plantilla de asignación de remesas y explicación del
proceso a seguir.
2) Para el envío de expedientes, documentos base y
documentación administrativa, para ser incluidos en remesas ya
recibidas en el Archivo Judicial, deben tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:
 2.1) El Despacho debe verificar previamente la condición de los
expedientes, documentos base y documentación administrativa
en la Intranet, para identificar así si son; a) activos, b) para agregar
(a una remesa ya recibida en el Archivo), c) casos en que el sistema
indica que está archivado y físicamente se encuentra en el
Despacho; condiciones todas atendidas por la Unidad de Acopio y
Remesado.
2.1.1) Una vez verificada la condición de los expedientes, el
Despacho debe coordinar con la Unidad de Acopio y Remesado,
a fin de solicitar la plantilla correspondiente para gestionar el envío
y revisión de la información, vía correo electrónico, dependiendo
del orden de atención (agenda), de la cantidad de tipos
documentales a trasladar y el espacio disponible en el depósito
documental.
2.1.2) Cuando se va a transferir documentos identificados con la A
de “Activos”, (condición a), así como para los casos señalados en la
condición c (Archivado según sistema pero físicamente en el
Despacho), se deben solicitar las indicaciones y la plantilla a la
extensión 1552.
2.1.3) Para casos identificados bajo la condición b),
“Documentación para Agregar”, la plantilla e instrucciones debe
ser solicitada a la extensión 1560.

3) Devolución de expedientes y otros documentos prestados a los
Despachos:
3.1.1 Estas devoluciones, deben coordinarse con la Unidad de
Procesos Administrativos (extensión 1549).
4) Las plantillas para transferencia deben contener toda la
información solicitada y no debe alterarse su formato pues, su uso
sustituye los oficios o listados.
5) Tener presente que, en cumplimiento a la Circular N° 92-09
de la Secretaría General de la Corte; el Archivo Judicial no recibe
información grabada en discos compactos (CD o DVD). Estos
soportes no deben ser incluidos dentro de los expedientes físicos por
el alto riesgo a que se someten mediante dicha acción: “pérdida de
información”, exposición al extravío de dicho formato, daño,
manipulación incorrecta, condiciones ambientales inadecuadas
(temperatura, humedad relativa, polvo), entre otros.
6) Se les recuerda a los Despachos Judiciales, su obligación de
buscar en la base de datos la información referente a la ubicación de
los expedientes, a fin de evitar el desplazamiento innecesario de
personas usuarias al Archivo Judicial. Así mismo, se les recuerda
su responsabilidad de brindar a quienes requieran un expediente
depositado en el Archivo Judicial, el número de remesa y
archivo para su correspondiente localización a la hora de atender la
solicitud.

San José, ________.

                 Licda. Silvia Navarro Romanini
                       Secretaria General
                   Corte Suprema de Justicia”

                                -0-
      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la publicación de la

circular conforme lo propone la jefatura del Archivo Judicial, exceptuando el

punto 5) en virtud de que el Archivo Judicial tiene obligación de recibir los

CD o DVD pero en sobre aparte, debidamente identificados con el número de

expediente, nombre de las partes y número de remesa y archivo con el que se

envío el expediente físico y ordenar su archivo, que permita su registro y

búsqueda expedita a solicitud de las personas usuarias.

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines

consiguientes.

                              ARTÍCULO XLIX

DOCUMENTO Nº 3205-12, 6428-11

      La servidora Katia Salas Abarca, en su condición de Asesora de la

Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en oficio N° 16-

CJCA-2012 del 23 de marzo del año en curso, comunicó lo siguiente:

            “Para que por su digno medio lo haga del conocimiento del
       Consejo Superior, me permito transcribir acuerdo tomado por la
       Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Poder
       Judicial, en sesión Nº 02-2012, celebrada a las 14:00 horas del 16 de
       marzo del dos mil doce, que literalmente dice:

                                   “ARTÍCULO IV

            Se conoce oficio N° 1919-12, suscrito por la Secretaria
       General de la Corte, Licenciada Silvia Navarro Romanini, de fecha
       27 de febrero de 2012, que literalmente dice:

                                 “ARTÍCULO LXXI
      En sesión Nº 55-11 celebrada el 16 de junio del año en curso,
artículo LXXVI, se tomó el acuerdo que literalmente dice: “La
Comisión de Selección y Eliminación de Documentos en sesión Nº
1-11 celebrada el 28 de febrero de 2011, artículo II, tomó el acuerdo
que literalmente dice: “La Licda. Milena Conejo, presenta
propuesta para modificar la circular Nº 049-2010, "Sobre la
importancia de poner a disposición de las partes la documentación
aportada al expediente, una vez que ha quedado firme la resolución
que concluye el proceso; y sobre la conservación y eliminación de
documentos y expedientes”. Al respecto se presentan criterios de
los expertos: En correo electrónico del 06 de abril del 2010, la
Magistrada Anabelle León Feoli, expone: “…en realidad los
recursos de revisión se pueden plantear en algunos casos, hasta diez
años después de dictado el fallo. Conviene darle un poquito de
pensamiento”. En correo electrónico del 12 de abril del 2010, el Lic.
Gerardo Parajeles Vindas, expone: “…El artículo 620 del Código
Procesal Civil establece un plazo general de tres meses para
presentar la revisión, pero según la causal, esos tres meses corren
desde el conocimiento de los motivos. No obstante, dispone de un
tope de 10 años a partir de la firmeza de la sentencia. Por ese
motivo, se había dispuesto la eliminación de los ordinarios luego de
los 10 años de la firmeza de la sentencia, tanto para efectos de
garantizar el plazo prescriptivo de cualquier situación y la revisión.
Sin embargo, lo prudente sería NO devolver ningún documento
probatorio porque podría ser de difícil localización luego en caso de
una revisión. En eso coincido con la magistrada León, pues no es
prudente devolver de inmediato documentos”. En correo electrónico
del 13 de abril del 2010, el Lic. Gerardo Parajeles Vindas, expone:

      “…Me parece modificar la circular únicamente en cuanto
autoriza a los jueces a devolver los documentos con la firmeza de la
sentencia en los ordinarios y abreviados. Eso se puede mantener en
todos los restantes procesos que no tienen revisión”. Previa
deliberación, se acordó: 1) Acoger la propuesta de modificación de
la circular para atender las inquietudes planteadas. 2) Se traslada al
Consejo Superior para que se analice el tema, se apruebe la circular
y ordene su publicación en el Boletín Judicial

     Proyecto de CIRCULAR N°_ 2011

     Asunto: Modificación de la circular Nº 049-2010, "Sobre la
importancia de poner a disposición de las partes la documentación
aportada al expediente, una vez que ha quedado firme la resolución
que concluye el proceso; y sobre la conservación y eliminación de
documentos y expedientes”.

           A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAIS
                  SE LES HACE SABER QUE:

      El Consejo Superior, en sesión N° en la sesión _______,
celebrada el ___________, artículo ___________, dispuso ampliar
la circular N° 049-2010, "Sobre la importancia de poner a
disposición de las partes la documentación aportada al expediente,
una vez que ha quedado firme la resolución que concluye el
proceso; y sobre la conservación y eliminación de documentos y
expedientes”, publicada en su oportunidad en el Boletín Judicial Nº
72, del 15 de abril de 2010; lo anterior, con el propósito de que se
lea de la siguiente manera: Comunicarles la importancia de que
con el fin de evitar la permanencia y acumulación de gran cantidad
de documentos en los despachos por períodos indefinidos, una vez
que ha sido dictada la resolución judicial que finalice los procesos y
esta se encuentre firme, se indique a las partes interesadas que los
documentos aportados están a su disposición, y pueden ser retirados
una vez que la sentencia quede en firme, salvo; los documentos de
asuntos declarativos, ordinarios y abreviados que se podrán
devolver a las partes interesadas hasta los 10 años después de la
firmeza de la resolución. Asimismo, acordó reiterarles que para la
eliminación y conservación de documentos deben cumplir con los
procedimientos ya establecidos y conforme a las tablas de
eliminación y conservación, que ya están aprobadas para los
diferentes tipos documentales. Se acordó: 1) Tomar nota del
acuerdo de la Comisión de Selección y Eliminación. 2) Con base en
lo indicado en el acuerdo de dicha Comisión, dejar sin efecto la
circular 49-2010, para que pueda ser revisada y se le incorporen las
modificaciones que correspondan. 3) Previamente a modificar y
ordenar la publicación de una nueva circular sobre este asunto,
conceder a las Comisiones de las distintas materias audiencia por el
plazo de un mes para que se pronuncien sobre su contenido, e
indiquen a este Consejo si es necesario hacer algún otro cambio,
para ajustarla a la normativa que corresponde.” Posteriormente, en
sesión N° 74-11 celebrada el 30 de agosto de 2011, artículo
LXXXIX, este Consejo, previamente a autorizar la publicación de la
circular dirigida a los despachos judiciales que tramitan materia
civil, en la que se les permite la devolución de los documentos
aportados por las partes durante el proceso, cuando la resolución
judicial que finalice la causa ha sido dictada y se encuentra en
firme, solicitó a las Comisiones de las distintas materias sus
manifestaciones al respecto. Seguidamente en sesión N° 77-11 del
8 de setiembre anterior, artículo LXVI, se tuvo por rendido el
criterio del Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, en su
condición de Coordinador de la Comisión Nacional de Flagrancia,
en que manifestó su preocupación por la ausencia de regulación
uniforme en cuanto a la forma conservación y mantenimiento de
todos los archivos electrónicos o digitales (audio y video), ello por
aspectos de seguridad y preservación. Del mismo modo, en sesión
N° 86-11 de 11 de octubre de 2011, artículo XXXIX, se reiteró a las
Comisiones que a la fecha no han remitido el pronunciamiento
solicitado en la sesión N° 74-11 celebrada el 30 de agosto del 2011,
que procedan conforme a lo indicado, en virtud de la importancia de
contar con el criterio solicitado. Finalmente, en sesión N° 102-11 de
6 de diciembre último, artículo XLVII, se reiteró nuevamente a las
comisiones que aún no se han pronunciado sobre la propuesta para
modificar la Circular No. 049-2010, que procedieran a la brevedad
rendir el criterio solicitado. Al respecto, informa la Secretaria
General de la Corte, que el acuerdo tomado en sesión N° 55-11
celebrada el 16 de junio del 2011, artículo LXXVI, se comunicó y
reiteró a las diferentes Comisiones, en varias ocasiones y que a esta
fecha únicamente la Comisión Nacional de Flagrancias y la
Comisión de Relaciones Laborales han remito su criterio a lo
acordado por este Consejo en la sesión de referencia.              Se
acordó: 1.) Tomar nota de lo informado por la Secretaria General.
2.) Reiterar nuevamente el acuerdo adoptado en la sesión Nº 55-11
celebrada el 16 de junio de 2011, artículo LXXVI, a las Comisiones
que aún no se han pronunciado con respecto a la propuesta para
modificar el circular Nº 49-2010, para que a la brevedad procedan a
rendir el criterio solicitado, en razón de que ese acuerdo fue
reiterado en las sesiones Nºs 74, 86 y 102-11 celebradas el 30 de
agosto, 11 de octubre y 6 de diciembre de 2011, artículos LXXXIX,
XXXIX y XLVII, respectivamente.”

     Se acuerda: comunicar al Consejo Superior lo siguiente:

      El artículo 154 del Código Procesal Contencioso
Administrativo, establece el recurso de revisión en los términos
establecidos para el proceso civil. Así, siendo que el artículo 620
del Código Procesal Civil establece un plazo de tres meses para
interponer el recurso de revisión, contados desde la fecha de la
sentencia de única instancia, o en que se descubrieron los
documentos o el fraude o desde el día en el que cesó el
impedimento, o en el que se declaró la falsedad de aquéllos o el
falso testimonio, o en el que regresó el ausente, salvo, en este último
caso, que éste probare no haber tenido noticia de la sentencia en ese
período, pues entonces los tres meses comenzarán a contarse desde
la fecha del conocimiento. Establece además ese artículo que en
ningún caso podrá interponerse el recurso de revisión después de
transcurridos diez años de la fecha de la sentencia firme que
hubiere podido motivarlo. Si se presentare pasado ese plazo, se
rechazará de plano.

      Debe entonces esta jurisdicción sujetarse a la normativa
vigente y aplicable, recomendando la conservación de todos los
expedientes de procesos de conocimiento a efecto de garantizar el
plazo prescriptivo de cualquier situación y posibles recursos de
revisión, siendo que no es prudente adoptar una política de
devolución de documentos probatorios, que se aparte de los plazos
establecidos en el Código Procesal Civil; que dificulte su inmediato
acceso o haga difícil su localización en caso de revisión.

      Esta misma política debe adoptarse para los legajos de
medidas cautelares, en virtud de que, si bien es cierto que de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del CPCA, contra
el auto que resuelve la medida cautelar cabe recurso de apelación en
el plazo de tres días hábiles, también es cierto que estos legajos de
medidas cautelares forman parte del expediente principal, el cual
debe ser mantenido como una unidad completa, íntegra, durante el
mismo plazo que el principal. Ahora bien, sobre los expedientes
que se tramitan con la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa –no vigente- debe tenerse en cuenta
que de conformidad con lo establecido en los artículos 70, 75 y 103
de esa Ley , el plazo para el recurso de revisión es de tan solo 5
años.

      No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo
35 de la Ley Nº7202 del Sistema Nacional de Archivos, todas las
instituciones a que se refiere el artículo 2o. de esa Ley (órganos del
Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los poderes
Legislativo, Judicial y Ejecutivo y de los demás entes públicos, cada
uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y
privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen
someterse a estas regulaciones); incluida la Dirección General del
       Archivo Nacional, estarán obligadas a solicitar el criterio de la
       Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos,
       cada vez que necesiten eliminar algún tipo documental.

            De esta forma, se recomienda proceder de conformidad con lo
       establecido en la Ley 7202 y que sea la Comisión Nacional de
       Selección y Eliminación de Documentos, la que emita criterio
       definitivo al respecto”.
                                       -0-

      En sesión Nº 55-11 celebrada el 16 de junio del 2011, artículo LXXVI,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “La Comisión de Selección y Eliminación de Documentos en
       sesión Nº 1-11 celebrada el 28 de febrero de 2011, artículo II, tomó
       el acuerdo que literalmente dice:

            “La Licda. Milena Conejo, presenta propuesta para modificar
       la circular Nº 049-2010, "Sobre la importancia de poner a
       disposición de las partes la documentación aportada al expediente,
       una vez que ha quedado firme la resolución que concluye el
       proceso; y sobre la conservación y eliminación de documentos y
       expedientes”.

            Al respecto se presentan criterios de los expertos:

           En correo electrónico del 06 de abril del 2010, la Magistrada
       Anabelle León Feoli, expone:

             “…en realidad los recursos de revisión se pueden plantear en
       algunos casos, hasta diez años después de dictado el fallo. Conviene
       darle un poquito de pensamiento”.

            En correo electrónico del 12 de abril del 2010, el Lic. Gerardo
       Parajeles Vindas, expone:

            “…El artículo 620 del Código Procesal Civil establece un
       plazo general de tres meses para presentar la revisión, pero según la
       causal, esos tres meses corren desde el conocimiento de los motivos.
       No obstante, dispone de un tope de 10 años a partir de la firmeza de
       la sentencia. Por ese motivo, se había dispuesto la eliminación de
       los ordinarios luego de los 10 años de la firmeza de la sentencia,
tanto para efectos de garantizar el plazo prescriptivo de cualquier
situación y la revisión. Sin embargo, lo prudente sería NO devolver
ningún documento probatorio porque podría ser de difícil
localización luego en caso de una revisión. En eso coincido con la
magistrada León, pues no es prudente devolver de inmediato
documentos”.

     En correo electrónico del 13 de abril del 2010, el Lic. Gerardo
Parajeles Vindas, expone:

     “…Me parece modificar la circular únicamente en cuanto
autoriza a los jueces a devolver los documentos con la firmeza de la
sentencia en los ordinarios y abreviados. Eso se puede mantener en
todos los restantes procesos que no tienen revisión”.

     Previa deliberación, se acordó: 1) Acoger la propuesta de
modificación de la circular para atender las inquietudes planteadas.
2) Se traslada al Consejo Superior para que se analice el tema, se
apruebe la circular y ordene su publicación en el Boletín Judicial

     Proyecto de CIRCULAR N°_ 2011

Asunto: Modificación de la circular Nº 049-2010, "Sobre la
importancia de poner a disposición de las partes la documentación
aportada al expediente, una vez que ha quedado firme la resolución
que concluye el proceso; y sobre la conservación y eliminación de
documentos y expedientes”.

        A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAIS
               SE LES HACE SABER QUE:

      El Consejo Superior, en sesión N° en la sesión _______,
celebrada el ___________, artículo ___________, dispuso ampliar
la circular N° 049-2010, "Sobre la importancia de poner a
disposición de las partes la documentación aportada al expediente,
una vez que ha quedado firme la resolución que concluye el
proceso; y sobre la conservación y eliminación de documentos y
expedientes”, publicada en su oportunidad en el Boletín Judicial Nº
72, del 15 de abril de 2010; lo anterior, con el propósito de que se
lea de la siguiente manera:

    Comunicarles la importancia de que con el fin de evitar la
permanencia y acumulación de gran cantidad de documentos en los
       despachos por períodos indefinidos, una vez que ha sido dictada la
       resolución judicial que finalice los procesos y esta se encuentre
       firme, se indique a las partes interesadas que los documentos
       aportados están a su disposición, y pueden ser retirados una vez que
       la sentencia quede en firme, salvo; los documentos de asuntos
       declarativos, ordinarios y abreviados que se podrán devolver a las
       partes interesadas hasta los 10 años después de la firmeza de la
       resolución. Asimismo, acordó reiterarles que para la eliminación y
       conservación de documentos deben cumplir con los procedimientos
       ya establecidos y conforme a las tablas de eliminación y
       conservación, que ya están aprobadas para los diferentes tipos
       documentales.
       San José, __________ de 2011.”

                                      -0-

            Se acordó: 1) Tomar nota del acuerdo de la Comisión de
       Selección y Eliminación. 2) Con base en lo indicado en el acuerdo
       de dicha Comisión, dejar sin efecto la circular 49-2010, para que
       pueda ser revisada y se le incorporen las modificaciones que
       correspondan. 3) Previamente a modificar y ordenar la publicación
       de una nueva circular sobre este asunto, conceder a las Comisiones
       de las distintas materias audiencia por el plazo de un mes para que
       se pronuncien sobre su contenido, e indiquen a este Consejo si es
       necesario hacer algún otro cambio, para ajustarla a la normativa que
       corresponde.”

                                       -0-

      Posteriormente, en sesión N° 74-11 celebrada el 30 de agosto de 2011,

artículo LXXXIX, este Consejo, previamente a autorizar la publicación de la

circular dirigida a los despachos judiciales que tramitan materia civil, en la

que se les permite la devolución de los documentos aportados por las partes

durante el proceso, cuando la resolución judicial que finalice la causa ha sido

dictada y se encuentra en firme, solicitó a las Comisiones de las distintas

materias sus manifestaciones al respecto.
      Del mismo modo, en sesión N° 86-11 de 11 de octubre de 2011, artículo

XXXIX, se reiteró a las Comisiones que a la fecha no han remitido el

pronunciamiento solicitado en la sesión N° 74-11 celebrada el 30 de agosto

del 2011, que procedieran conforme a lo indicado, en virtud de la importancia

de contar con el criterio solicitado.

      A continuación, en sesión N° 102-11 de 6 de diciembre del 2011,

artículo XLVII, se reiteró nuevamente a las comisiones que aún no se han

pronunciado sobre la propuesta para modificar la Circular No. 049-2010, que

procedieran a la brevedad rendir el criterio solicitado.

      Finalmente, en la sesión N° 11-12 celebrada el 9 de febrero del año en

curso, artículo LXXI, se dispuso reiterar nuevamente el acuerdo adoptado en

la sesión Nº 55-11 celebrada el 16 de junio de 2011, artículo LXXVI, a las

Comisiones que aún no se han pronunciado con respecto a la propuesta para

modificar el circular Nº 49-2010, para que a la brevedad procedan a rendir el

criterio solicitado, en razón de que ese acuerdo fue reiterado en las sesiones

Nºs 74, 86 y 102-11 celebradas el 30 de agosto, 11 de octubre y 6 de

diciembre de 2011, artículos LXXXIX, XXXIX y XLVII, respectivamente.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y reservar el

pronunciamiento hasta que se cuente con todas las manifestaciones de las

comisiones de las distintas materias conforme se indicó en la sesión N° 74-11
del 30 de agosto del 2011, artículo LXXXIX, a quienes se les reitera, en el

entendido de que si no hay contestación de su parte se tendrá por aceptada la

propuesta de modificación que aquí se hace.

                                ARTÍCULO L

DOCUMENTO Nº 3234-12

      La servidora Katia Salas Abarca, en condición de Asesora de la

Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en oficio N° 19-

CJCA-2012 del 23 de marzo en curso, transcribió el acuerdo tomado por esa

Comisión, en sesión Nº 02-2012, celebrada a las 14:00 horas del 16 de marzo

del dos mil doce, artículo VI, que literalmente dice:

             “Se conoce gestión remitida por el Doctor César Hines
       Céspedes, mediante correo electrónico de las once horas con treinta
       y siete minutos del lunes 20 de febrero de 2012, que literalmente
       dice:

              “En los Tribunales contenciosos se ha convertido en una
       práctica poco saludable, que algunos abogados institucionales, la
       CCSS, el ICE, el INS, RECOPE, etc, recurran a la incapacidad para
       alargar los procesos, o bien simplemente por encontrarse mal
       preparados para las audiencias etc. Los jueces se ven
       imposibilitados de controlar esa situación. Es de mencionar que
       instituciones como el ICE, el INS, RECOPE, etc, tienen su propio
       servicio médico lo que facilita la incapacidad (a veces legítima,
       otras veces no tanto) de los abogados.

             Mi sugerencia es, que tratándose de instituciones del Estado
       con un staff amplísimo de abogados (algunas como la CCSS y el
       ICE tienen más de 50 a su servicio), lo deseable es que cuando se
       apersonen al proceso, se les pida acreditar al menos dos abogados
       en cada expediente, de manera que si uno se incapacita, el otro
       asume el proceso, de lo contrario se seguirán acumulando los juicios
       hasta hacer insostenible la situación ya de por sí caótica para los
       distinguidos jueces que están abrumados de trabajo.

             Puede que su persona como Presidente de la Comisión o bien
       a través de un Acuerdo de Corte Plena para darle más potencia, se
       sirvan ordenar a los jueces tramitadores que al momento de darle
       curso a la acción le comuniquen a la Administración demandada, su
       deber de acreditar al menos esos dos abogados para evitar dilaciones
       innecesarias”.

             Se acuerda: Solicitar a la Secretaría General de la Corte
       Suprema de Justicia, extienda atenta excitativa a la administración
       descentralizada para que por cada demanda que sea presentada ante
       el Tribunal Contencioso Administrativo, acredite al menos a dos
       abogados a efecto de que en caso de incapacidad de alguno de los
       profesionales acreditados, otro pueda asumir el proceso”
                                      -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Devolver la

propuesta anterior a la Comisión de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, con el ruego atento de que se analice si resulta conveniente y

oportuno que sea el mismo Tribunal el que en la resolución inicial, prevenga a

las partes de que tengan apersonados al menos dos abogados.

                                ARTÍCULO LI

DOCUMENTO N° 3236-12

      Por medio de oficio N° 21-CJCA-2012 del 23 de marzo del año en

curso, la licenciada Katia Salas Abarca, Asesora de la Comisión de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, hizo de conocimiento de este

Órgano el acuerdo tomado por dicha Comisión en sesión N° 2-2012, celebrada

el 16 de marzo recién pasado, artículo IX, que literalmente dice:
       “La Licenciada Salas Abarca, informa que el Consejo
Superior, en sesión N° 20-12 celebrada el 1º de marzo del año en
curso, artículo LIII, acordó:

       “Autorizar la elaboración del programa de capacitación en
compras electrónicas Mer-Link para los Jueces y Juezas de la
jurisdicción contencioso administrativa, por el 16, 23, 30 de marzo
y 13 de abril del año en curso, lo anterior siempre y cuando se
minimice la afectación del servicio público a sus cargos, lo cual
implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes
relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por
ningún motivo se podrán suspender audiencias previamente
señaladas. Se declara acuerdo firme. ”

       Con fundamento en el acuerdo anterior, se elaboró el
programa de capacitación en coordinación con el Máster Gustavo
Morales, Gerente de Proyecto de la Dirección de Gobierno Digital,
en los siguientes términos:

       El curso tendrá una duración de 5 horas, en un horario de
8:a.m. a 1:p.m. La capacitación se realizará en el laboratorio de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica,
en las siguientes fechas: 16 y 23 de marzo y 13 de abril. El
Programa es el siguiente:

           Introducción a Mer-Link (30 minutos)
           Conformación de la codificación de documentos (20
minutos)
           Conformación de la estructura del expediente
electrónico (50 minutos)
           Descanso (15 minutos) (Hora estimada 9:40 a 9:55
a.m.)
           Búsqueda y consulta en el expediente electrónico –
Ejercicios prácticos (2 horas)
           Referenciar citas al expediente (20 minutos)

       La hora de inicio será a las 8 a.m., concluyendo a las 12:30
m.d. El lugar será el Laboratorio #14 de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UCR, ubicado en el sótano del edificio de esa
Facultad. Se gestionó transporte administrativo que sale de este
edificio hacia la UCR a las 7:30 a.m. y regresa a las 12:30.

      Indica la Licenciada Salas Abarca que ante el comunicado de
       la conformación de los grupos que asistirán a la capacitación,
       algunos jueces y juezas manifestaron tener dificultades para asistir,
       en virtud de que el Consejo Superior en sesión Nº 17-12 del
       veintitrés de febrero del dos mil doce, artículo XXXVIII, acordó la
       participación de 11 jueces y juezas de esta jurisdicción a la
       actividad presencial de aprovechamiento denominada: Programa de
       Capacitación sobre el Sistema Financiero Nacional, actividad
       integrada por siete módulos, impartidos durante 13.5 sesiones, todos
       los días viernes a partir del 24 de febrero y hasta el 1 de junio de
       2012, en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

               Se acuerda: Solicitar al Consejo Superior que en adelante no
       se autorice la participación de personal de la Jurisdicción
       Contencioso Administrativa en programas de capacitación, cursos,
       talleres y seminarios y actividades académicas en general, sin que
       hayan sido previamente consultadas y autorizadas por la Comisión
       de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en virtud de que es
       esta Comisión la que cuenta con el panorama integral y las
       prioridades estratégicas sobre los programas de capacitación en
       curso, implementación de proyectos, así como los asuntos urgentes
       propios de la jurisdicción”.
                                       -0-

      En sesión N° 17-12 celebrada el 23 de febrero pasado, artículo

XXXVIII, en lo conducente, se autorizó la participación de los servidores y

servidoras, -entre ellos- Jueces y Juezas del Tribunal Contencioso

Administrativo, en el “Programa de Capacitación sobre el Sistema Financiero

Nacional”, a realizarse los viernes del 24 de febrero al 1 de junio del año en

curso, en la Sala de Capacitación de la Superintendencia General de Valores

(SUGEVAL).

      Asimismo, en sesión N° 20-12 del 1 de marzo del año en curso, artículo

LIII, se autorizó la elaboración del programa de capacitación en compras
electrónicas Mer-Link para los Jueces y Juezas de la jurisdicción contencioso

administrativa, por el 16, 23, 30 de marzo y 13 de abril del año en curso, lo

anterior siempre y cuando se minimizara la afectación del servicio público a

sus cargos, lo cual implicaba que dieran prioridad a la atención de los asuntos

urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún

motivo se suspendieran audiencias previamente señaladas.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de

conocimiento de la Escuela Judicial para los fines consiguientes, lo cual

también deberá hacerse extensivo respecto de las demás Comisiones de las

diferentes jurisdicciones.

                               ARTÍCULO LII

Documento N° 3169-2012

      La máster Alejandra Monge Arias, Integrante de la Comisión de Acceso

a la Justicia, Poder Judicial, en oficio N° CACC-61-2012 de 23 de marzo

último, expuso lo siguiente:

              “El pasado 28 de febrero la Magistrada Anabelle León
       convocó a una reunión a las Subcomisiones que atienden
       poblaciones en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de
       propiciar una discusión en cuanto a la estructura de la Comisión de
       Acceso a la Justicia y las Subcomisiones, la definición de un plan de
       acción integral y el establecimiento de mecanismos de interrelación
       entre las Subcomisiones y la Comisión de Acceso a la Justicia como
       ente rector en la materia.

            Para lograr los objetivos planteados, se acordó, que dos de las
       acciones a realizar en forma conjunta y a corto plazo, serán el
       diseño y ejecución de una campaña informativa sobre Las Reglas de
       Brasilia. ¿Qué son, cómo nacen? Su finalidad y filosofía. ¿Cuáles
       son las poblaciones en condición de vulnerabilidad? ¿Qué acciones
       ha realizado cada subcomisión para implementarlas? y el diseño y
       ejecución de una campaña de sensibilización orientada a promover
       el respeto de los derechos de las personas en condición de
       vulnerabilidad.

            Esta campaña se considera de vital importancia como una
       herramienta para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones
       en condición de vulnerabilidad.

            Así la cosas, se procedió a solicitar a la Licda. María Isabel
       Hernández el apoyo para la realización de las campañas señaladas,
       no obstante, indicó que la solicitud debe hacerse al Consejo
       Superior, para su debida autorización.

            Por lo anterior se solicita a este Honorable Consejo autorizar el
       diseño y ejecución de las campañas mencionadas, en coordinación
       con el Departamento de Prensa y Comunicación.”
                                       -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar el diseño y ejecución

de las campañas mencionadas, en coordinación con el Departamento de

Prensa y Comunicación Organizacional.

                               ARTÍCULO LIII

Documento N° 3206-2012

      En sesión N° 11-12 celebrada el 19 de febrero del año en curso, artículo

LIX, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 párrafo cuarto de la

Ley Orgánica del Poder Judicial y por ser un asunto de interés institucional, se

prorrogaron a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio del año en curso,

los permisos concedidos a los tres técnicos judiciales 2 del Juzgado
Contencioso Administrativo, plazas números 43784, 43785 y 44038, a fin de

que den apoyo y asistencia a la resolución de medidas cautelares y amparos de

legalidad en el área oral del Tribunal Contencioso Administrativo, según los

problemas de congestión que determine la Comisión de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, para lo cual deberán presentar a este Consejo un

informe sobre las labores que se realizan. Asimismo, se solicitó a la citada

Comisión un plan sobre el trabajo a realizar por el personal que ahora se

dispone mantener en el citado Tribunal.

      Mediante oficio N° 18-CJCA-2012 de 23 de marzo último, la licenciada

Kattia Salas Abarca, Asesora de la Comisión de lo Contencioso

Administrativo, remitió el acuerdo tomado por esa comisión, en sesión N° 2-

2012 celebrada el 16 de ese mes, artículo V, que literalmente dice:

             “Se conoce oficio N° 975-12, suscrito por la Secretaria
       General de la Corte, Licenciada Silvia Navarro Romanini, de
       fecha 27 de febrero de 2012, que literalmente dice:

                                   “ARTÍCULO LIX

              DOCUMENTO Nº 975-12

                En sesión Nº 6-11 celebrada el 27 de enero de 2011,
       artículo XLVI, por ser un asunto de interés institucional, se
       concedió permiso con goce de salario y sustitución de conformidad
       con lo establecido por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, a partir del 1 de febrero y hasta el 31
       de diciembre de 2011, a tres técnicos judiciales 2 del Juzgado
       Contencioso Administrativo, plazas Nº s 43784, 43785 y 44038 a fin
       de que dieran apoyo y asistencia a las Secciones VI y VIII del
       Tribunal de lo Contencioso Administrativo, área oral. La máster
Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,
mediante oficio Nº 84-PLA-2012, del 1 de febrero en curso, dirigido
al Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, en calidad de Integrante de la
Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con copia
a este Consejo, comunicó lo siguiente: “En atención a su consulta
relacionada con unas plazas adicionales con las que cuenta el
Juzgado Contencioso Administrativo a partir del 2012, me permito
transcribir el informe Nº 12-CE-2012 de hoy, suscrito por el Máster
Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de Control y Evaluación,
que indica: “En relación con los correos electrónicos del 12 y 13 de
enero de 2012, en los cuales el señor Magistrado Doctor Ernesto
Jinesta Lobo, en calidad de único integrante de la Comisión de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, observa que para el
presente ejercicio presupuestario, el Juzgado Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda tiene de más y de forma
extraordinaria una plaza de Juez 3 y cinco de Técnico Judicial 2, y
que si bien, resultan de gran utilidad ante la situación actual del
nuevo modelo en desarrollo, solicita aclaración si pueden
utilizarse, concretamente en el Tribunal Contencioso
Administrativo, por cuanto se habrían alcanzado a partir de un
error en el proceso de formulación presupuestaria; sobre el
particular, le remito el informe elaborado por el licenciado Juan
Carlos Brenes Azofeifa, Profesional 2, de esta Sección. También se
recibió correo electrónico del 31 de enero de 2012 de la master
Kattia Salas Abarca, profesional que da apoyo a la Comisión de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; donde manifiesta
que “… la condición de permiso con goce de salario (códigos
43784, 43785 y 44038), las personas que ocupan esos códigos
están asignadas al Tribunal Oral y los recursos que soportan estos
códigos fueron aprobados en el presupuesto del 2012 como línea
presupuestaria independiente a la de plazas extraordinarias y
contaron con su respectiva justificación de carga laboral cuando se
aprobó el contenido integral de la partida presupuestaria
correspondiente a permisos con goce de salario. En adición, existen
tres plazas de auxiliar supernumerario (códigos 15831, 15745,
15881), pero asignadas también al Tribunal Oral, con una carga de
trabajo específica desde hace tres años y ubicadas en áreas
medulares del Tribunal de alta congestión …” Ciertamente, al
revisar la Ley Nº 9019 “Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de
2012”, se determinó que para el 2012 el Juzgado Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, cuenta en forma
extraordinaria con una plaza de Juez 3 y cinco de Técnico Judicial
2 más, respecto a las asignadas, bajo esa modalidad, en el 2011.
No obstante, en el informe Nº 055-PLA-CE-2011, del que se
originan estas plazas, se omitió indicar que de llegarse a concretar
la creación de todas las plazas recomendadas de forma
extraordinaria, se debía liberar una la plaza de Juez
Supernumerario y cinco técnicos supernumerarios, que vienen
cubriendo el faltante de personal en este Juzgado. Así las cosas,
cuando se realizó el informe Nº 055-PLA-CE-2011 la
recomendación de las plazas extraordinarias de Técnico Judicial 2
y la de Juez 3 se basó en la inteligencia de sustituir el personal
citado tanto por el señor Magistrado Jinesta Lobo como por la
señora Salas Abarca. Es importante agregar que en el momento en
que se realizó el informe, las plazas estaban ubicadas en el Juzgado
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; sin embargo, por
lo indicado por la señora Salas Abarca, ahora están en el Tribunal
Procesal Contencioso Administrativo; siendo eso factible dadas las
atribuciones que tiene la Comisión de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo. Desde luego, se comprende las necesidades que les
asiste actualmente de más personal al citado Tribunal, pero el
hecho de que se haya reubicado las citadas plazas, no es un
fundamento para que se les mantenga las plazas extraordinarias
como los permisos con goce de salario y supernumerarios, en tanto
en la formulación del presupuesto para el 2012 se tubo que
restringir ostensiblemente la creación de plazas ordinarias,
extraordinarias y el otorgamiento de permisos con goce de salario
para los diferentes despachos y oficinas judiciales, por los rebajos
presupuestarias sugeridos en una primera instancia por el
Ministerio de Hacienda y posteriormente por la Asamblea
Legislativa. Por lo antes expuesto, resulta procedente hacer los
nombramientos de las plazas extraordinarias aquí revisadas, al
tiempo que corresponde retirar los puestos de Técnicos
Supernumerarios y el Juez Supernumerario, para que sean
asignados en otras áreas que se encuentran con un déficit
importante en la atención de sus cargas de trabajo.” Es importante
agregar, que si bien usted manifiesta interés en que las plazas
puedan utilizarse en la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
para lo cual da toda una justificación, lo cierto es que los recursos
supernumerarios no deben quedarse en forma permanente en los
despachos, por cuanto deben cubrir otras necesidades a nivel
institucional que están pendientes de atender. Temporalmente, estas
plazas estaban asignadas al Juzgado Contencioso Administrativo, a
falta de que esa necesidad fuera cubierta con otro tipo de recursos,
lo cual fue ha quedado subsanado en el 2012 con las plazas
extraordinarias. Mediante copia de este oficio, se informa a la
Secretaría General de la Corte, para que se haga del conocimiento
del Consejo Superior, para lo que a bien se estime pertinente.” El
Integrante Hubert Fernández Argüello, expone su preocupación
ante la posibilidad de que las plazas indicadas –tanto las
extraordinarias como las correspondientes al personal
supernumerario-, puedan ser destinadas a otra jurisdicción que no
sea la Contencioso Administrativa.- Señala que la situación actual
del Tribunal Contencioso Administrativo es apremiante, ya que tal y
como lo señaló el Magistrado Jinesta en su gestión al
Departamento de Planificación –y le consta personalmente-, en los
últimos meses ha ingresado una enorme cantidad de procesos, los
que resultan imposibles de atender en forma oportuna y dentro de
plazos razonables, lo cual está afectando gravemente el servicio
público.- Agrega que un altísimo porcentaje de esos asuntos, están
constituidos por medidas cautelares –por su propia naturaleza
urgentes-, y sobre todo, por los denominados “amparos de
legalidad”, cuya competencia fue asignada a esa sede contencioso
administrativa, con posterioridad a la entrada en vigencia del
Código Procesal Contencioso Administrativo, en virtud de sendas
resoluciones de la Sala Constitucional, procesos que han
aumentado exponencialmente la carga de trabajo del Tribunal y
que no estaban contemplados originalmente, como parte de las
competencias otorgadas a esa sede, por la nueva legislación
procesal.- Que esa circunstancia, ha afectado y rebasado de
manera sustancial, todas las previsiones en cuanto a recursos
humanos y materiales que se hicieron en su oportunidad, situación
excepcional que en su criterio obliga a que este Consejo autorice
también medidas excepcionales, a fin de salvaguardar, en la
medida de lo posible y dentro de las limitaciones presupuestarias
que atraviesa la institución, el postulado constitucional de justicia
pronta y cumplida. Reconoce que efectivamente, tal y como lo
indica el informe del Departamento de Planificación, el personal
supernumerario no tiene vocación de permanencia en un solo
Despacho, empero, que en la coyuntura actual, no mantener esas
plazas en el Tribunal Procesal, pondría en grave riesgo el normal
funcionamiento de esa Jurisdicción y obligaría a tomar otro tipo de
medidas, que supondrían, entre otras cosas, posponer aún más, la
resolución de cientos de asuntos que aún se tramitan en el Tribunal
escrito y que deben resolverse bajo las reglas procesales de la
antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, que tiene más de cuatro años de haber sido
derogada.- Por lo expuesto, considera respetuosamente que además
 de lo indicado en el informe del Departamento de Planificación
 sobre las plazas supernumerarias y los permisos otorgados, se debe
 mantener el personal supernumerario, para que se dedique a las
 labores indicadas por el Magistrado Jinesta, todo bajo un estricto
 control y con la obligación de rendir a este Consejo, informes sobre
 la gestión que desarrolle el personal que se designe en esos
 puestos.- Por su parte, manifiesta el licenciado Alfredo Jones León,
 Director Ejecutivo que mantendrá las plazas de los técnicos
 supernumerarios en ese despacho, para que se dediquen a las
 labores indicadas por el Magistrado Jinesta. Se dispuso: 1.)
 Tener por hechas las manifestaciones del Integrante Fernández
 Argüello y del licenciado Alfredo Jones León. 2.) Tomar nota de la
 copia del oficio Nº 84-PLA-2012. 3.) De conformidad con lo
 establecido en el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del
 Poder Judicial y por ser un asunto de interés institucional,
 prorrogar a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio del año en
 curso, los permisos concedidos a los tres técnicos judiciales 2 del
 Juzgado Contencioso Administrativo, plazas Nº s 43784, 43785 y
 44038, a fin de que den apoyo y asistencia a la resolución de
 medidas cautelares y amparos de legalidad en el área oral del
 Tribunal Contencioso Administrativo, según los problemas de
 congestión que determine la Comisión de la Jurisdicción
 Contencioso Administrativa, para lo cual deberán presentar a este
 Consejo un informe sobre las labores que se realizan. 4.) Tomar
 nota que la Dirección Ejecutiva mantendrá el personal
 supernumerario en el Tribunal Contencioso Administrativo. 5.)
 Solicitar a la Comisión de la Jurisdicción de lo Contencioso
 Administrativo el plan sobre el trabajo a realizar por el personal
 que ahora se dispone mantener en el citado Tribunal. 6.) Una vez
 recibido el plan de trabajo, el Departamento de Planificación le
 dará seguimiento y rendirá el informe que corresponda.”

        Se acuerda: Solicitar a la Coordinadora del Tribunal
 Contencioso Administrativo rinda informe en un plazo de 10 días,
 sobre el plan de trabajo en los términos dispuestos por el Consejo
 Superior, para que esta comisión pueda remitirlo al Departamento
 de Planificación y darle el seguimiento respectivo.”
                                 -0-

Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior.

                         ARTÍCULO LIV
DOCUMENTO Nº 3284-12, 12487-10

      La licenciada Emi Lorena Guevara Guevara, Jueza Coordinadora del

Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia, en correo electrónico del 22 de marzo

último, expuso lo siguiente:

            “Referente a los procesos de vieja data que aún continúan en
       trámite en este proceso me permito rendir informe con corte al 29
       de febrero del 2012:

       EXPEDIENTE              FASE         TIPO DEMANDA        ESTADO

       1) 89-100346-0295-CI    DEMANDA        SUCESORIO          TRAMITE
       2) 90-100081-0295-CI    DEMANDA        SUCESORIO          TRAMITE
       3) 92-100255-0295-CI    EJECUCIÓN      SUCESORIO          TRAMITE
       4) 93-100024-0309-CI    EJECUCIÓN      EJEC SENT          TRÁMITE
       5) 94-100029-0295-CI    EJECUCIÓN      ORDINARIO          TRAMITE
       6) 94-100380-0295-CI    EJECUCIÓN      ORDINARIO          TRAMITE
       7) 95-100138-0295-CI    EJECUCIÓN      EJECUTIVO          TRAMITE
       8) 95-100318-0295-CI    EJECUCIÓN      HIPOTECARIO        TRAMITE
       9) 96-100007-0295-CI    DEMANDA       SUCESORIO           TRAMITE
       10) 96-100254-0295-CI   EJECUCIÓN      EJECUTIVO           TRAMITE
       11) 96-100330-0295-CI   EJECUCIÓN      PRENDARIO          TRAMITE
       12) 97-100055-0295-CI   EJECUCIÓN      HIPOTECARIA         TRAMITE
       13) 98-100042-0295-CI   EJECUCIÓN     EJECUTIVO           TRAMITE
       14) 99-100117-0295-CI   DEMANDA       SUCESORIO           TRAMITE
       15) 99-004283-0170-CA   EJECUCIÓN     EJECUTIVO           TRAMITE
       16) 00-100183-0295-CI   EJECUCIÓN     EJECUTIVO            TRAMITE
       17) 00-100276-0295-CI   EJECUCIÓN     HIPOTECARIO          TRAMITE
       18) 00-100321-0295-CI   EJECUCIÓN     HIPOTECARIO          TRAMITE
       19) 00-100576-0295-CI   EJECUCIÓN     ORDINARIO            TRAMITE
       20) 00-100678-0295-CI   EJECUCIÓN     EJECUTIVO            TRAMITE

             Todos los procesos ordinarios, ejecutivos, hipotecarios o
       prendarios se encuentran en la fase de ejecución donde se están
       girando periódicamente dineros producto de embargos o rematando
       bienes en virtud de saldos al descubierto.- En lo que se refiere a los
       procesos sucesorios se indica que en el expediente número 96-
       100007-0295-CI, se está cumpliendo la última disposición
       testamentaria de inversión periódica (anual) de dineros en un
       certificado, y en cuanto a los cupones se dispuso giros mensuales
       de cuota hereditaria a favor de una heredera instaurada por el
       testador, y el resto para distribuir entre los nietos, bisnietos,
       tataranietos que se registren. La inversión se estableció por quince
       años, así lo dispuso el testador, a partir del 23-04-1998 y vence el
       23-04-2013.- En cuanto los números 89-100346-0295-CI, 90-
       100081-0295 y 92-100255-0295-CI se trata de procesos remesados
       que fueron solicitados al archivo judicial, petición de parte, para
       ser reentrados por reapertura en el año 2010. Los expedientes
       sucesorios se muestran el sistema en fase demanda por cuanto ese
       tipo de procesos no cuentan con fase de ejecución.”
                                      -0-

      En sesión Nº 107-10 celebrada el 7 de diciembre de 2010, artículo

XXXI, se dispuso solicitar, entre otros, al Juzgado Civil y de Trabajo de

Grecia, que a la brevedad girara las directrices correspondientes al personal a

su cargo, para localizar y verificar el estado real de los litigios con año de

entrada más antiguos, o que registran asuntos con número único igual o

anterior al 2000, labor sobre la cual deberían informar de manera

pormenorizada a la Sección de Estadística del Departamento de Planificación

a más tardar en el plazo de tres meses.

      Posteriormente, en sesión Nº 47-11 del 19 de mayo del 2011, artículo

XLV, en lo que interesa se solicitó a los despachos que incumplieron con el

envío de la información del estado real de los litigios con número único igual

o anterior al año 2000, un informe al respecto y la remisión de lo solicitado a

la Sección de Estadística del Departamento de Planificación.

      A continuación, en sesión Nº 74-11 del 30 de agosto del 2011, artículo

XCVI, se dispuso requerir a los despachos indicados en la sesión N° 107-10
celebrada el 7 de diciembre de 2010, artículo XXXI y que aún no habían

cumplido con lo ordenado, remitir el informe requerido.

      Finalmente, en la sesión N° 82-11 celebrada el 27 de setiembre del

2011, artículo XLIII, se tuvo por rendido el informe de la licenciada Emi

Lorena Guevara Guevara, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y de Trabajo

de Grecia, sobre los expedientes con tramitación anterior al 2000, y se le instó

para que prestara especial atención en los asuntos de vieja data, para lo cual

debería elaborar un plan de trabajo de manera que los resuelva en el menor

tiempo posible.

        Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                 ARTÍCULO LV

DOCUMENTO Nº 3272-12

      El licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano, Profesional de la Unidad de

Control Interno, en oficio Nº 14-UCI-2012, del 26 de marzo último, comunicó

lo siguiente:

             “Durante el año 2011 se realizó un nuevo ejercicio del
        Proceso de Autoevaluación Institucional (PAI-2011), de este se
        desprenden una serie de resultados que nos permitimos dar a
        conocer al Jerarca de la Institución los datos más relevantes sobre el
        Sistema de Control Interno.

              La Ley General de Control Interno N° 8292 y el Manual de
        Control Interno para el sector público, impulsa el fortalecimiento de
        los mecanismos de control y desarrollo de las acciones orientadas a
        maximizar la utilización de los recursos institucionales, plantea una
        serie de criterios que las instituciones públicas deben cumplir, a
efecto de diseñar, establecer, fortalecer, mantener y perfeccionar el
Sistema de Control Interno, siendo sin lugar a dudas este ejercicio
un mecanismo para autoevaluar y autocontrolar el cumplimiento de
las exigencias. Tal y como se desprende del artículo 17 inciso b) de
la citada Ley, la administración activa, debe realizar
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno, a efecto de
identificar y corregir las acciones que obstaculicen el cumplimiento
de los objetivos de la organización.

      La información se recopiló de julio a setiembre del año 2011,
este proceso se inició con el envío de los formularios
personalizados por ámbito judicial, a todas las oficinas y despachos
del país, posteriormente a partir de agosto cada uno de los Circuitos
Judiciales realizaron un Taller de Autoevaluación, donde el
Consejo de Administración ampliado conoció las Autoevaluaciones
de cada oficina y despacho, conociendo los principales aspectos de
interés general para el Circuito, los que se plasmaron en un
documento resumen. Por su parte, profesionales de esta oficina se
visitaron varios de los circuitos a fin de participar y apoyar a los
Consejos de Administración en dichos talleres de trabajo.

      En la siguiente gráfica se observa que alrededor del 80% de
las oficinas consideran que la Normativa de Control Interno
evaluada por medio del PAI-2011, se aplica dentro de los
despachos judiciales de forma satisfactoria; mientras que un 15 %
considera que de los temas evaluados de dicha Normativa, se aplica
poco o no es de uso frecuente y por último, dentro de los valores
obtenidos se indica que únicamente un 5% considera que en el
ejercicio de sus funciones es poco satisfactoria su aplicación.

      Recordemos que el proceso de Autoevaluación cuantifica la
percepción de los funcionarios de acuerdo al conocimiento de la
normativa y su aplicación en sus labores diarias. Además este factor
se ve afectado por la cantidad de servidores(as) por despacho que
participa en este ejercicio, dado que en muchas oficinas para
agilizar su     trámite es llenado únicamente por el Titular
Subordinado del despacho, sin la participación del resto del
personal, este es un tema cultural en la organización lo cual poco a
poco se ha logrado cambiar.

                              Gráfico N° 1
                           Autoevaluación 2010 del Poder Judicial
                    Calificación General del Sistema de Control Interno


                                                                      Satisfactorio




                                                                      Poco
                                                                      Satisfactorio

            100%
                                                                      Nada
             80%                 80,26%                               Satisfactorio

             60%

             40%
                                  14,96%            4,78%
             20%

              0%




            Fuente: Proceso Autoevalución Institucional 2011

        Es importante destacar el trabajo realizado por las diferentes
oficinas y departamentos, para atender las necesidades incluidas en
la Autoevaluación 2010, pues como se detalla en las diferentes
consultas, muchas de ellas han sido consideradas y se trabaja en
asegurar su cumplimiento; otras ya fueron direccionadas a las
oficinas responsables, lo anterior genera           un ejercicio de
Autoevaluación cada día mas acorde a las necesidades
institucionales, y la administración activa toma un papel
preponderante para identificar posibles procesos o situaciones que
enfrentan una debilidad o deficiencia y a su vez la oportunidad de
realizar propuestas de mejora a cada una de ellas.

       Al comparar los resultados obtenidos en varios años de
aplicación del proceso de Autoevaluación en el Poder Judicial de
Costa Rica podemos observar el siguiente;
          Comparación porcentual en los resultados en el PAI
                         2006, 2009 y 2011


  100%
   90%
   80%        53
   70%                      71
                                         80      Se aplica de forma exitosa
   60%
   50%                                           Se aplica parcialmente
   40%                                           No se aplica
   30%        42                                 No responde
   20%                      23
                                         15
   10%        3             6             5
    0%
         Porcentaje    Porcentaje   Porcentaje
           2006          2009         2011



                   Fuente: Autoevaluación 2006, 2009, 2011

      Desde el año 2006 al 2011 vemos un comportamiento
favorable en el conocimiento sobre la aplicación de la normativa de
Control Interno en las oficinas y despachos judiciales, pasando de
un 53 % a un 80 % de aplicación exitosa de la normativa, según los
criterios dados en el proceso de la Autoevaluación. Recordemos
que este es un ejercicio de percepción por parte de las oficinas y
despachos judiciales en todo el país, por ello debemos considerar el
trabajo realizado de capacitación e inducción así como el
crecimiento que ha tenido la Institución del 2006 al 2011, al pasar
de menos de 8.000 a más de 10.000 personas.

      Estos criterios nos pueden mostrar algunas realidades
utilizando la propuesta de la Contraloría General de la Republica
con el fin de medir el “Grado de Madurez del Sistema de Control
Interno”, donde se valora cada uno de los componentes funcionales,
similar al ejercicio realizado por la unidad en la Autoevaluación.

     Seguidamente se indican los parámetros definidos por la
Contraloría General de la República, en cuánto al nivel de madurez
del SCI:

Incipiente:

     Existe evidencia de que la institución ha emprendido
esfuerzos aislados para el establecimiento del sistema de Control
Interno; sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. El
enfoque general en relación con el Control Interno es
desorganizado.

Novato:

      Se han instaurado procesos que propician el establecimiento
y operación del sistema de Control Interno. Se empieza a
generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta principalmente
en la administración superior.

Competente:

     Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se
han difundido en todos los niveles de la organización. El sistema de
Control Interno funciona conforme a las necesidades de la
organización y el marco regulador.

Diestro:

     Se han instaurado procesos de mejora continua para el
oportuno ajuste y fortalecimiento permanente del sistema de
Control Interno.

Experto:

      Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor
práctica, se basan en los resultados de mejoras continuas y la
generación de iniciativas innovadoras. El Control Interno se ha
integrado de manera natural con las operaciones y el flujo de
trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la
efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera
rápida.

      Al comparar dichos parámetros con los resultados obtenidos
en la última Autoevaluación podríamos ubicar al Poder Judicial de
Costa Rica en un nivel de madurez entre Novato / Competente.
Debido a que se han instaurado procesos dentro del Sistema de
Control Interno estandarizados y se busca la difusión en toda la
Institución, además algunas organizaciones internas (Ministerio
Público, Defensa Pública, O.I.J., Administración) se han
organizado con el fin de analizar los procesos de Control Interno.
Pero por otro lado se denota un 5 % de las oficinas y despachos
judiciales en las cuales es necesario mejorar el conocimiento y
aplicación de la normativa de Control Interno, algunos elementos
que sabemos afectan este porcentaje es la rotación en los puestos y
el acceso de las oficinas periféricas a la información, que aunque a
mejorado no es el mas apropiado.

     Para visualizar mejor el nivel institucional del Sistema de
Control Interno a continuación se detallarán las propuestas de
mejora incluidas en los talleres de Autoevaluación por ámbito, dado
que en el periodo 2011 se realizó un ejercicio tomando en cuenta
este criterio, estas fueron consultadas a los responsables de cada
proceso, donde se muestra el gran avance en la madurez del sistema
de Control Interno.

     I-     ÁMBITO JURISDICCIONAL

     1)     Dentro de los aspectos generales se consultó al
proyecto Gestión Integral de la Calidad y acreditación sobre un
tema recurrente en los talleres:

     “Coordinar la capacitación en el fortalecimiento de los
conceptos generales de la gestión integral de la calidad.”

     Mediante correo del 13 de febrero del 2012 remitido por el
Lic. Andrés Méndez Bonilla, Director Centro de Gestión de
Calidad indica lo siguiente:

      “Buenos días Juan Carlos, ciertamente el CEGECA ya tiene
una programación de giras para este año y también una lista de
despachos para iniciar el proceso de acreditación. Las giras
incluirán los Circuitos Judiciales de:

     1. Primero de Limón
     2. Segundo de Alajuela
     3. Puntarenas
     4. Cartago
     5. Primer Circuito Judicial de Guanacaste
     6. Circuitos Judiciales de San José.

     En cuanto a la lista, te la estaría remitiendo una vez que la
Corte Plena conozca y apruebe nuestro Plan de Trabajo para este
año.”

     En este correo se detallan los circuitos a visitar y se indica la
existencia de un plan de trabajo, el cual tendremos en próximos
días.

      2)     De igual forma se solicitó información sobre un tema
que corresponde a la Secretaria Técnica de Ética y Valores, para
ello se remitió la misma a la Licda. Olga Ovares Araya.

      “Se analiza la posibilidad de que se promuevan charlas para
el Circuito, con el fin de reactivar el compromiso con la institución
en cuanto a la Gestión de la Ética Institucional.”

     En respuesta vía correo electrónico se indicó lo siguiente;

      “En relación a lo consultado me permito comunicarle que la
Comisión de Valores y la Secretaría ha dispuesto materiales y
experiencias en la comunidad virtual, con el propósito de ofrecer al
personal judicial y a los despachos formas para que puedan
 trabajar con el Manual de Valores Compartidos. La información
está en la comunidad virtual cuya dirección es:
http://www.eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr

      Otro recurso que también se ha dispuesto desde marzo del
año pasado es el curso: Nuestros valores. Una ruta hacia la
plenitud humana, que se encuentra en la plataforma de Gestión de
la Capacitación y que entiendo aún la totalidad del personal no lo
ha realizado.

     Para este año la secretaría no estará haciendo
acompañamientos en esta materia, por cuanto las unidades de
capacitación y la Escuela judicial estarán produciendo insumos
para atender esta necesidad institucional.”

    3)     Varios de los temas recurrentes todos los años, es el
mantener capacitación y apoyo en los temas de Control Interno y
SEVRI-PJ, como lo vemos a continuación;

     “Capacitación y apoyo por parte del equipo de Riesgos de
Control Interno con el fin de que se termine de capacitar al
Circuito y se le de seguimiento a los integrados”

     Sobre este tema adjuntamos el programa de talleres para el
presente año, remitido en correo electrónico del 27 de febrero del
año en curso, por el señor Luis Guzman Gutiérrez.
      “Salas de la Corte y Colegio Abogados: 13 de abril en Sala
Anexa y ya se envió el correo a la Defensa Pública solicitando el
aula académica para el 27 de abril todo el día, hay que esperar a
ver que se resuelve de la gestión. Despacho de San José: 06 y 27 de
julio en el Salón Multiuso ambas fechas.

      Despachos de San José: 05 y 19 de octubre en Sala Anexa
(05) y Multiuso (19) Despachos por definir: 02 y 16 de noviembre
en el Salón Multiuso ambas fechas.”

      Con respecto a la Capacitación General de Control Interno, a
partir del 2012, se dará énfasis a la capacitación virtual con el
propósito de lograr una mayor cobertura de la población judicial y
optimizar los recursos utilizados para el desarrollo de la plataforma
de cursos del Departamento de Gestión Humana. De forma
paralela se utilizará la formación presencial en reforzar temas que
permitan una mayor vinculación de la normativa de Control Interno
con los procesos desarrollados en cada oficina según sus
particularidades y ámbito al que pertenecen.

      Otro resultado que las oficinas incluyen en la Autoevaluación
es el siguiente:

     “La Unidad de Control Interno del Poder Judicial, debe
procurar realizar una revisión del sistema de Control Interno
implementado actualmente, con el fin de lograr una vinculación
más efectiva entre los procesos de Autoevaluación y SEVRI, por
medio de un sistema y formularios más simplificados e integrales
que permitan trasladar los resultados de manera más expedita a los
Planes Anuales Operativos.”

      Sobre este punto ha sido un esfuerzo por parte de la Unidad de
Control Interno el obtener una solución tecnológica que se adapte al
proceso de Autoevalución y SEVRI, así como lograr integrar esta
información en línea a los planes anuales operativos, pero los
programas ofertados no se ajustan a los requerimientos
institucionales, y al solicitar estos ajustes los programas se
encarecen demasiado, por ello no ha sido posible contar aún con
alguna solución tecnológica a este punto.

     “Solicitar a la Unidad de Control Interno que todas las
Oficinas del Circuito sean visitadas, con el fin de informar el
resultado del proceso de Autoevaluación en cada una de ellas.”

     Esta solicitud es muy difícil de satisfacerla, dado el poco
personal con que cuenta la unidad, las limitantes de transporte y el
gasto que genera, por ello se coordina con las Unidades
Administrativas, Auditoría, Inspección Judicial y Departamento de
Planificación, a fin de que en sus visitas soliciten los formularios de
Autoevaluación y evalúen su cumplimiento, a la vez se remiten
capsulas de información con los resultados y recomendaciones
conocidas por el Consejo Superior.

     4)     Surgió la consulta sobre una política institucional, ello
en lo que respecta a la implantación de centro de impresión en los
Circuitos y oficinas judiciales, la cual se remitió a la Dirección
Ejecutiva para conocer su parecer.

     “Evaluar el impacto de los centros de impresión, los cuales
no están dando los resultados que se esperaba de ellos, además
ponen en riesgo la privacidad de las resoluciones y otros asuntos
que atienden las oficinas.”

     De fecha 15 de febrero se recibió respuesta por parte del Lic.
Alfredo Jones León, en su calidad de Director Ejecutivo, el cual
incluye el siguiente informe.



         Centros de
     Impresion y Tonner INFORMAR AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011.doc



      Como se aprecia en el informe adjunto sus conclusiones se
dirigieron únicamente al tema del consumo del papel, no así a otros
aspectos como gasto en consumo de toner, gasto por el
mantenimiento y reparación de impresoras, (un estudio costo /
beneficio integral) donde se consideren tanto aspectos cuantitativos
como cualitativos, por ello de nuevo se envió esta consulta a la
Dirección Ejecutiva, donde en correo del 16 de febrero se indicó:

     “Buen día. Ese estudio no se ha hecho. Jones”

     5)     Por otra parte a nivel institucional sigue una creciente
demanda por las capacitaciones requeridas al personal ello se
denota en las siguientes consultas:
     “Solicitar a la Escuela Judicial que los cursos dirigidos a los
Técnicos Judiciales se realicen con más periodicidad y se brinden
más cupos por despacho.”

     “Solicitar al Consejo Superior la suscripción de convenios
con instituciones públicas (INA u otras) para capacitar a
aspirantes de nuevo ingreso en el servicio al público, dando
seguimiento a la misma.”

     Estas mismas se remitieron al Director y sub director de la
Escuela Judicial el día 13 de febrero, posteriormente se reenvió un
recordatorio el día 27 de febrero sin tener respuesta.

     ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

      En el proceso de Autoevaluación 2011 las diferentes oficinas
del Organismo de Investigación Judicial incluyeron varios temas
generales los cuales se remitieron al Lic. Jorge Rojas Vargas, en su
calidad de Director General, para conocer su parecer y actuación al
respecto, adjunto listado de ellos:

     A. Gestionar una mejor capacitación en los temas según
especialización de cada oficina (el personal administrativo y de
investigación)

      B. Ministerio Público y Recepción de Denuncias (realicen
una tipificación del delito de forma exacta a fin de evitar al usuario
que deba trasladarse a diferentes oficinas para obtener información
sobre su caso)

      C. Establecer más capacitación del SEVRI pero dirigido
hacia personal que no sea solo jefatura, para que tengan
conocimiento de los mecanismos de control y su importancia y
aplicación de los mismos, para que garanticen que las instancias
superiores dentro de la oficina está velando por el seguimiento y
aplicación de las normas de control.
      D. Valoración por parte de la Secretaría General de O.I.J., la
Oficina de Planes y Operaciones y Telemática, de la instalación del
sistema de toma de denuncias en ECU, con el fin de unificar la
información.

      Sobre estos aspectos estamos a la espera de una respuesta por
parte de esa Dirección.
     II-    MINISTERIO PÚBLICO

       En el taller de Autoevaluación realizado por el Ministerio
Público así como del documento enviado directamente por la
Fiscalía General, se puede extraer varios temas de interés, entre
ellos:

            SEVRI. No existe equipo formalmente conformado
para tales efectos, recientemente se conformó una comisión de
Control Interno, sin embargo se espera designar los encargados en
la gestión y control de riesgos, para su seguimiento y valoraciones
respectivas.

           Revisar los mecanismos para el resguardo de los
archivos digitales.

           Implementar un control individual de cada escritorio
mediante una carpeta estadística asignada a su nombre para
supervisar su labor dentro del cumplimiento general de metas
propuestas.

            Propiciar que todas las Fiscalías y oficinas del
Ministerio Público cuenten e implementen el sistema de valoración
de riesgos (SEVRI) y la administración del los mismos.

           Crear espacios para dar a conocer al personal los
mecanismos de control, para que rinda cuentas por las actividades
realizadas, por el uso de los recursos y los resultados de las
gestiones que realizan los despachos.

           Concientizar a todos los funcionarios de las Fiscalías y
Oficinas, de la importancia del Control Interno para brindar un
servicio público de calidad.

          Crear una Unidad de Monitoreo sobre actividades del
MP, desempeño del personal y calidad del servicio con indicadores
definidos.

           Retroalimentación a otras instancias del MP por parte
de la Unidad de Monitoreo creada.
      En consulta realizada sobre estos aspectos, se recibió correo
electrónico del fiscal adjunto Lic. Juan Carlos Cubillo Miranda, de
fecha 21 de febrero donde se refiere:

     “Adjunto la Propuestas Generales de Mejora PAI MP-2011
del Ministerio Público que autorizó el Fiscal General para ser
remitidas a Control Interno, luego de la revisión final.

      En estas propuestas, que comparadas con la información que
nos remite parece que es del borrador que hizo don Rodrigo
Villegas( pero no la versión final autorizada por don Jorge), se
acordó para dar seguimiento a las propuestas de mejora del Taller,
crear un grupo de apoyo integrado por un miembro de la Fiscalía
General : Lic. Carlos Meléndez Sequeira, un miembro de la
Fiscalía de Apoyo Policial: Lic. Danilo Hines Jackson y un
integrante de la Unidad Administrativa.

     El grupo de apoyo, tal y como se indica en el punto e) darán
seguimiento a las propuestas de mejora. Estoy copiando copia del
correo para brindarle la información que Ustedes requieran, pero
para ello necesitamos que Ustedes actualicen las propuestas
autorizadas y las acciones”

     IV-    DEFENSA PÚBLICA

      La Defensa Pública de su taller se plantearon varios aspectos
relevantes lo cuales consultamos de igual manera a la jefatura, entre
los temas que se plantearon están:

     1.    El Coordinador de Oficina debe plantear la
problemática del no respeto de la agenda única ante el Consejo de
Administración del Circuito.

     2.     Rotación entre las oficinas de personal capacitado en
temas de valoración de riesgos.

     3.     Necesidad de sustituciones por plazos menores a 7 días
hábiles.

      4.    Falta de conexión y/o lentitud en la red interna, correo
electrónico y acceso a la información, en las oficinas de la Defensa
Pública que se encuentran ubicadas en locales alquilados.
     En correo electrónico de fecha 21 de febrero del presente año
José Luis Soto Richmond indica lo siguiente:

      1-    Efectivamente cada Coordinador de Oficina como
representante de la Defensa Pública en los Consejos de
Administración han presentado los problemas de choques de
agenda ante el Consejo de Administración de su Circuito a fin de
resolverlos en el propio Circuito y se le brinda seguimiento de las
gestiones realizados ante los Consejos a través de la evaluación
semestral del Plan Estratégico de la Defensa Pública. Asimismo, la
Defensa Pública ha solicitado la incorporación de la agenda única
en diferentes zonas del país.

      2-     La Dirección y la Administración de la Defensa
Pública en las reuniones de coordinadores de oficina han
solicitado a los Coordinadores que incorporen en sus equipos de
riesgos los funcionarios capacitados en el SEVRI. Para lo anterior,
se les ha facilitado la lista de funcionarios capacitados.

      3-     El plazo de 7 días para sustituciones es normado por el
Plan de Vacaciones del Poder Judicial, por lo que, el
procedimiento que se ha seguido ante por ejemplo una incapacidad
es que se coordina a lo interno del despacho para que se cambie el
señalamiento, otra posibilidad es que otro compañero le pueda
cubrir una diligencia (siempre se busca que no se afecte la
continuidad de la Defensa). Asimismo, si corresponde a una
solicitud de vacaciones por el periodo menor a 7 días, el Defensor
debe presentar junto con su solicitud un documento que indique las
diligencias que tiene señaladas, como política se tiene que el
Defensor que saca vacaciones por el periodo menor a 7 días es
porque no tiene señalamientos.

     4-      Se ha formulado en el presupuesto recursos para
adquirir sistemas ADSL (sistema acelera con el ICE), para poder
mejorar la conexión de red, correo electrónico, intranet e Internet
en los locales alquilados. Asimismo, los requerimientos se han
presentado al Departamento de Tecnología de la Información y
hemos recibido respuesta a través de su Jefatura y de la Jefatura
de la Sección de Telemática mediante el cual nos comunican que
están negociando con el ICE una nueva tecnología que permita
mejorar la conexión para estas oficinas que se encuentran en
locales alquilados
    V- DEPARTAMENTO                  TECNOLOGÍA          DE     LA
INFORMACIÓN

     En lo que respecta a esta área se derivan dos temas, uno muy
puntual y otro de alcance general que se indican a continuación:

      “El Departamento de Tecnología de la Información, debe
crear un sistema integral para el manejo de la información que se
genera en el Departamento de Ciencias Forenses que le permita un
flujo de la información más eficiente y controlado, ayudando a
mejorar los tiempos de respuesta. Este sistema debe estar
concluido a más tardar en el año 2013, ya que llevan más de 10
años en la elaboración del mismo. Este sistema debe además tomar
en cuenta aspectos como: protocolos de respaldo y conservación de
la información, políticas de seguridad de accesos, control de
cambios, firma digital, dispositivos de almacenamiento, entre
otros.”

     Sobre este tema se pueden incorporar dos respuestas recibidas
del Departamento de T.I, en correo recibido el 13 de febrero del
presente año Don Rafael Ramirez indica;

      “Se definió un comité ejecutivo para el control y ejecución de
este proyecto a nivel de la Dirección Ejecutiva y la Dirección del
OIJ.
      Se está trabajando en conjunto con el usuario definiendo el
orden de prioridad en los requerimientos.

      El proyecto del Complejo es bastante grande ya que son
varios sistemas, de los cuales varios están en producción – esto es
en funcionamiento -. Cabe señalar que hemos tenido limitación de
recursos y ha sido difícil definir el alcance del mismo y la
designación de usuarios expertos por parte del usuario contraparte
del área de Ciencias Forenses, aspecto que se está mejorando con
la creación del Comité Ejecutivo”

      Por otra parte el 14 de febrero se recibió correo de Helberth
Marín Hernandez uno de los expertos asignados este trabajo, el cual
se refirió:

     “Para nosotros será un place atenderlo en nuestra oficina en
la Ciudad Judicial, en San Joaquín de Flores. Nos gustaría que nos
acompañara en un recorrido para mostrarle todos los módulos que
se han logrado implementar y que están en operación en las
siguientes secciones:
           Sección de Patología Forense
           Unidad de Rayos X
           Sección de Clínica Médico Forense
         Sección de Toxicología
         Sección de Bioquímica
      También nos es grato indicarle que la aplicación está siendo
utilizada por más de 44 despachos de materia de Familia que
realizan citas de paternidades en el módulo del Sistema de
Bioquímica que está accesible desde la Intranet. Actualmente son
450 usuarios de distintas oficinas que utilizan nuestros sistemas,
tales como la Sección de Estadística del Departamento de
Planificación, Analistas Criminales de la OPO, juzgados, y
personal interno.
      Adicionalmente nos interesa explicarle que los aspectos por
ustedes señalados de terminar el sistema en el 2013, dependen de
una serie de factores tales como Recursos Humanos, compra de
equipo que debe realizar el OIJ, la buena disposición de los
usuarios para utilizar los sistemas y muchos otros que van más allá
de los aspectos técnicos.
     No omito manifestarle que la afirmación de que "llevan más
de 10 años en la elaboración del mismo" representa un juicio
subjetivo, el cual no necesariamente refleja la realidad del
proyecto (no sabemos la fuente de que la tomó), pero que quizás
con su visita pueda constatar el avance del proyecto
personalmente.”
      Adicional a ello en fecha 27 de febrero se remitieron las
siguientes consultas;
      “Solicitar al Consejo Superior interponga sus buenos oficios
para que realice las gestiones necesarias con el fin de disponer de
sistemas seguros de almacenamiento de datos, considerando
adecuados ambientes e instrumentos con los cuales se realizan los
respaldos, estableciendo para ello también plazos de
conservación.”

     “Gestionar ante el Consejo Superior la compra del equipo de
     cómputo adecuado y necesario según las normativas existentes en
     el Poder Judicial.”

           Finalmente se adjunta en este informe el detalle de las oficinas
     que incumplieron con enviar el informe sobre el proceso de
     Autoevaluación Institucional 2011, a los cules se les envio
     recordatorios via correo electronico donde se indicaba que deberían
     remitir a la Unidad de Control Interno el informe de referencia, y
     que en caso de no acatarse esta disposición se remitirían al Tribunal
     de la Inspección Judicial para lo que corresponda, sin respuesta a la
     misma.


                 Cod             Despacho                 Lugar          Correo electrónico



Ámbito Jurisdiccional

                                                                         poc-jagrario@poder-
      1         0507          Juzgado Agrario             Pococí
                                                                            judicial.go.cr

                                                                          jcivil-hda@poder-
      2         0504           Juzgado Civil              Heredia
                                                                             judicial.go.cr

                                                                          jcivil-car@poder-
      3         0640           Juzgado Civil              Cartago
                                                                             judicial.go.cr
                                                        Hatillo, San
                          Juzgado Civil, Trabajo y                        hto-civil@poder-
      4         0216                                    Sebastián y
                                  Familia                                   judicial.go.cr
                                                         Alajuelita


                        Juzgado Contravencional y de                    jcontrav-chiles@poder-
      5         0323                                    Los Chiles
                               Menor Cuantía                                 judicial.go.cr


                        Juzgado Contravencional y de                   juzalvarado-car@poder-
      6         0350                                     Alvarado
                               Menor Cuantía                                 judicial.go.cr

                           Juzgado de Pensiones                         hda-pensiones@poder-
      7         0503                                      Heredia
                               Alimentarias                                 judicial.go.cr

                           Juzgado de Pensiones                        jpensiones-sgdoc@poder-
      8         0172                                    Goicoechea
                               Alimentarias                                  judicial.go.cr

                                                                        jtrabajo-sgdoc@poder-
      9         0166        Juzgado de Trabajo          Goicoechea
                                                                             judicial.go.cr

                                                                         des-jtransito@poder-
      10        0491        Juzgado de Tránsito        Desamparados
                                                                             judicial.go.cr

                            Juzgado de Violencia                          pun-jviol@poder-
      11        0676                                    Puntarenas
                                 Doméstica                                  judicial.go.cr
                     Juzgado de Violencia                              lim-jviol@poder-
    12        0677                                 Limón
                          Doméstica                                      judicial.go.cr
                     Juzgado de Violencia
                                                                   jviolenciadom-sgdo@poder-
    13        0674     Doméstica Turno           Goicoechea
                                                                           judicial.go.cr
                        Extraordinario

                                                                        penalbri@poder-
    14        0812       Juzgado Penal              Bribrí
                                                                          judicial.go.cr

                                                                      pavas-jpenal@poder-
    15        0527       Juzgado Penal              Pavas
                                                                         judicial.go.cr

                                                                     hda-jpenal-sjq@poder-
    16        0572       Juzgado Penal        San Joaquín Flores
                                                                          judicial.go.cr

                                                                      pun-jpen-gar@poder-
    17        0796       Juzgado Penal            Garabito
                                                                          judicial.go.cr

                                                                       jpenal-sra@poder-
    18        0551       Juzgado Penal           San Ramón
                                                                          judicial.go.cr

                                                                       mzuñiga@poder-
    19        0006       Sala Tercera             San José
                                                                        judicial.go.cr

                                                                      Alj-Tribunal@poder-
    20        0285      Tribunal Penal            Alajuela
                                                                          judicial.go.cr

                                                                    tpenaljuv-sgdoc@poder-
    21        0950   Tribunal Penal Juvenil      Goicoechea
                                                                          judicial.go.cr
 Ámbito
Auxiliar de
 Justicia
                                                                      fiscalia-gol@poder-
    22        0455          Fiscalía                Golfito
                                                                          judicial.go.cr



          Es importante recordar a este Consejo que la normativa de
    Control Interno a partir del artículo 39 de la Ley de Control Interno,
    establece sanciones administrativas por el incumplimiento o
    debilitamiento del Sistema de Control Interno.

          Recomendaciones
          A continuación se incluyen recomendaciones generales para
    ser del conocimiento del Consejo Superior y Corte Plena a fin de
    propiciar mejoras en el Sistema de Control Interno a nivel
    institucional y que los entes de los diferentes ámbitos requieren el
    apoyo del jerarca.

          1.   Según lo indicado anteriormente una deficiencia
    entonos los sectores del Poder Judicial de Costa Rica son los
    sistemas de información y comunicación, pues se desconocen que
ya existen propuestas concretas por parte de la las jefaturas así
como procedimientos a fin de solventar las necesidades existentes.
Al igual que el año anterior se recomienda establecer o mejorar una
campaña de información y divulgación interna con temas de
capacitación e inducción tanto virtual como presencial (Escuela
Judicial, unidades de capacitación, Gestión Humana), logrando un
acceso a la información veraz y en el momento oportuno, la cual
solvente las respuestas de los usuarios de los diferentes ámbitos.

      2.      Que la Dirección Ejecutiva realice un estudio integral
costo / beneficio de los centro de impresión, que incluya tanto
variables cuantitativas como cualitativas, donde se reflejen los
costos de mantenimiento, reparación, toner y adecuación de las
áreas de las diferentes oficinas y despachos judiciales; así como las
implicaciones de seguridad de la información, tiempo utilizado para
retirar las impresiones, acceso a los centros de impresión en jornada
vespertina, entre otros. Dado que el impacto económico reflejado en
el estudio adjunto, fue únicamente una disminución en el consumo
de 26 resmas de papel para todo este proyecto. Sin considerar los
inconvenientes y riesgos derivados para la administración de justicia
por esta política institucional.
      3.      Que la oficina de Control Interno del Ministerio
Público, Jefaturas de la Defensa Pública y Organismo de
Investigación Judicial coordinen sesiones de trabajo con esta
Unidad, a fin de realizar una labor conjunta y direccionada al
cumplimiento de los objetivos institucionales en pro de mejorar el
nivel de madurez institucional, de acuerdo con la normativa vigente
y las limitaciones presupuestarias existentes.

     4.    La unidad de Control Interno debe continuar en la
búsqueda y ó creación de una solución tecnológica que facilite el
proceso para recopilación y procesamiento de la información
generada por Autoevaluación y SEVRI-PJ. Esto de la mano con el
Departamento Tecnología de la Información.

      5.     Dado que el articulo 17 de la ley de Control Interno
establece el realizar al menos una vez al año el proceso de
Autoevaluación, se tomen las medidas pertinentes para los titulares
subordinados que no remitieron la Autoevaluación 2011, pues
incurren en responsabilidad administrativa y civil al incumplir
injustificadamente esta ley, sin prejuicio de otras causales. (Art. 39
ley de Control Interno).
      6.     Como se indicó en la primer parte de este informe, los
       resultados obtenidos en la última Autoevaluación nos lleva a ubicar
       al Poder Judicial de Costa Rica en un nivel de madurez del Sistema
       de Control Interno, entre Novato y Competente. A pesar del
       esfuerzo institucional por pernear la cultura organizacional y apoyar
       los procesos de Autoevaluación y Riesgos de cada oficina o
       Despacho. Por lo que se recomienda, que a fin de mejorar el nivel
       de madurez del Sistema de Control Interno del Poder Judicial, es
       necesario que la implementación se disponga por parte del Consejo
       Superior, como una obligación de cada Titular Subordinado de
       implementar de forma integral el Sistema de Control Interno, aplicar
       los procesos de Autoevaluación y Valoración de Riesgos, y su
       respectivo seguimiento, todo con el apoyo y guía de la Unidad de
       Control Interno. Para esto es necesario, reiterar la obligación de los
       órganos de control, como la Inspección Judicial, Auditoría Interna,
       Oficina de Supervisores del O.I.J., Supervisores de la Defensa
       Pública, y la Inspección Fiscal, así como el Departamento de
       Planificación, de manera que incluyan en sus informes de visitas los
       aspectos relativos al cumplimiento de los procesos de
       Autoevaluación y SEVRI.”
                                       -0-

      Se dispuso: 1) Tener por rendido el informe anterior y aprobar las

recomendaciones en él contenidas, con la indicación de que en el punto N° 2

se agregue y lea en lo que interesa de la siguiente manera: “…entre otros. Y

ahorro en el consumo de papel tanto por impresiones como por fotocopias. 2)

Hacer este acuerdo de conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial y

de cada una de las dependencias involucradas para su cumplimiento.

                               ARTÍCULO LVI

DOCUMENTO Nº 3261-12

      En sesión Nº 27-12 celebrada el 20 de marzo del año en curso, artículo

XI, inciso 2), con vista en la proposición incluida en la nómina elaborada por
el Departamento de Personal, se aprobó el nombramiento en propiedad del

servidor José Esteban Cerdas Acuña, en el puesto Nº 103706 de Técnico

Judicial 2 en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona

Atlántica (Pococí-Guácimo), a partir del 15 de mayo de 2012.

      En nota del 26 de marzo último, el licenciado Henry López Torres,

Técnico Supernumerario de la Administración Regional del Segundo Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, manifestó lo siguiente:

              “La presente es para solicitar a este Respetable Consejo
       revisar los atestados por los cuales se nombra en propiedad en la
       plaza 103706 (concurso 024-2011) al señor Esteban Cerdas Acuña
       basándome en las siguientes irregularidades:

              A) Que la fecha de cierre del concurso 024-2011 fue el 21
       de diciembre del 2011, para dicha fecha la persona que ejercía el
       cargo de Juez(a) Coordinador(a) del JUZGADO DE TRABAJO II
       CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (POCOCI-
       GUACIMO) era la Licda. Damaris Acuña Fernández, siendo ella la
       madre del señor Esteban Cerdas Acuña. Basándome en el Estatuto
       Judicial en el articulo 18 que indica lo siguiente: "Artículo 18 bis.-
       En una misma dependencia no podrán prestar servicio las personas
       que sean cónyuges o que estén en el grado de parentesco que se
       indica en el inciso ch) del artículo anterior, con los jefes y demás
       servidores del respectivo tribunal u oficina. Si esa situación llegare
       a presentarse por motivo de matrimonio o por alguna otro, la Corte
       trasladará otra dependencia a quien corresponda, sin demérito del
       cargo que ocupa."

             B) A su vez el señor Cerdas Acuña nunca ha laborado en
       dicho puesto por lo que no tiene la experiencia que tienen otras
       personas participantes en dicho concurso.

               Solicito sea analizado dicho nombramiento esto a fin de que
       se respeten los derechos de los participantes en dicho concurso, ya
       que no hay transparencia e igualdad para todos, características que
       la institución siempre vela porque se cumplan, en aras de que se
       realice la mejor elección para dicho puesto.”
                                        -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Remitir la

gestión anterior al Departamento de Personal para que a la brevedad revise y

analice la propuesta de nombramiento en propiedad del señor Cerdas Acuña, a

fin de determinar si se dio algún vicio que pudiera causar una nulidad en su

designación. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LVII

Documento N° 3183-2012

      Se recibió copia del oficio N° 2012-975 de 21 de marzo recién pasado,

suscrito por la doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de

Medicina Legal, dirigido al licenciado Luis Fernando Vargas Mora,

Administrador Regional del Primer Circuito Judicial Zona Sur, en que

comunicó lo siguiente:

              “Con relación a su correo electrónico del día de ayer, me
       permito reiterarle lo manifestado en el oficio 2012-0867 de fecha 12
       de marzo de 2012, por cuanto al tratarse de la Segunda Instancia
       Médico Legal y definitiva, no es posible realizar los exámenes
       complementarios requeridos en otra Institución ajena al Poder
       Judicial.

              Asimismo, le informo que no es factible que los miembros
       integrantes del Consejo Médico Forense, se trasladen hasta Pérez
       Zeledón, ya que esta oficina trabaja con una agenda diaria de ocho
       (8) pacientes por cada sección, que se programa con mucha
       antelación, por lo que ya se cuenta con otros pacientes citados para
       el mismo día y a los cuales no se les puede reprogramar la cita,
       debido a que son personas que proceden de zonas alejadas de todo
       el país, con diferentes padecimientos, de escasos recursos, adultos
       mayores, que para presentarse ese día ya han tenido que incurrir en
       diferentes gastos no recuperables (ejemplo: tiquetes de autobús) y
       que además han pasado por procesos judiciales extensos y
       desgastantes para poder ser valorados por el Consejo Médico
       Forense.

             Como Usted comprenderá debemos ponernos en los zapatos
       de todos los usuarios que requieren valoración y brindarles de
       forma equitativa una justicia pronta y cumplida.”
                                      -0-

      Se acordó: 1) Tomar nota del contenido de los correos que se

intercambiaron el MBA Luis Fernando Vargas Mora y la Dra Leslie Solano

Calderón. 2) Comunicar a la doctora Solano Calderón que este Consejo estima

que en el cantón de Pérez Zeledón existen servicios privados de Rayos X y en

el mismo Hospital Fernando Escalante Pradilla, en donde se pueden realizar

los exámenes de rayos x que se requieren estableciendo las seguridades

necesarias para un adecuado traslado de la prueba al Departamento y de esa

forma evitar que las personas usuarias tengan que desplazarse hasta la Ciudad

Judicial de San Joaquín de Flores.

                             ARTÍCULO LVIII

Documento N° 3242-2012

      La servidora Catalina Mora Agüero, Técnico Judicial 1 del Juzgado de

Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, en correo electrónico de 23

del mes recién pasado, presentó la siguiente gestión:

              “Por acuerdo del Consejo Superior yo fui trasladada al turno
       vespertino del Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito, de
       antemano les hago saber que en lo personal no tengo queja alguna
       de mi horario; pero antes de saber de dicha disposición mi hijo
       había sido matriculado en el Centro Educativo Mi Patria, el cual
       queda a 50 metros de dicho Circuito Judicial, mi hijo tiene un
       déficit atencional llamada "TRASTORNO DE LATERALIDAD"
       por ello ocupa una atención especializada e individualizada por lo
       cual, la idea principal de su matricula en dicha institución es la de
       prestarle una buena calidad de estudio tanto en el colegio como a la
       hora de llegar a nuestro hogar ubicado en San Juan de Dios de
       Desamparados. Adjunto agrego una copia de la epicrisis del joven,
       la cual explica con mas detalle su condición y como debe ser
       tratada.

              Mi problema es que yo no cuento con ayuda alguna para el
       transporte de mi hijo ni el mío propio a la hora de salida del
       juzgado, mi situación económica esta un poco limitada por el
       momento, a esto se suma que la mensualidad del Colegio es
       bastante alta. Yo soy madre soltera y la ayuda que me brinda el papá
       de mi hijo es poca ya que él tiene 4 hijos más y en este momento
       esta desempleado.

              Les dejo mi inquietud, para que así tal vez puedan ayudarme
       a pasar mi plaza al turno diurno, ya que es necesario para mí, poder
       viajar con mi hijo, para así supervisarlo en el hogar como así lo
       ordena la doctora encargada de tratar la condición de mi hijo.”
                                       -0-

      Por su parte el licenciado Edgar Jesús Leal Gómez, Juez del Juzgado de

Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, en correo electrónico de 23

de ese mismo mes, dirigido a la servidora Mora Agüero, comunicó que no

tenía inconveniente con la gestión presentada, siempre y cuando así lo

resuelva este Órgano Superior y el Consejo de Jueces.

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones de la señora Mora

Agüero. 2) Señalar al licenciado Leal Gómez, que por tratarse de un asunto de
organización interna del despacho a su cargo, bien puede resolver la situación

de doña Catalina, siempre y cuando tomen las medidas necesarias para que el

servicio público no se vea afectado.

                                   ARTÍCULO LIX

DOCUMENTO: 3813

      El Integrante Suplente Ricardo Monge Bolaños, somete a conocimiento

y resolución de este Consejo, el oficio N° 26-UCI-2012 de 26 de marzo recién

pasado, mediante el cual la Unidad de Control Interno del Consejo Superior,

solicita se valore lo siguiente:

              “La oficina de Control Interno producto de las visitas que
        realiza a los diferentes Circuitos Judiciales, ha observado la
        deficiencia en las condiciones del equipo de cómputo de la Oficina
        de Trabajo Social de Puntarenas, además de que esa Administración
        Regional, también presenta limitaciones de equipo de cómputo
        portátil para atender las diversas necesidades de los despachos en un
        circuito tan grande y distante con respecto a algunas zonas. Esta
        situación ha sido verificada tanto por el área de informática de ese
        Circuito, como por el Departamento de Tecnología de la
        Información.

              Como es de conocimiento de ese Consejo, a finales del año
        anterior, la Unidad de Control Interno logró el cambio del equipo de
        cómputo portátil asignado a ella.

               Por lo anterior, en coordinación con la Administración
        Regional de Puntarenas se ha valorado entregar dos computadoras
        portátiles a ese Circuito, mediante la modalidad de “traslado de
        activos” a fin de suplir la necesidades generales del Circuito, con
        atención especial a la Oficina de Trabajo Social, con el propósito de
        mitigar el riesgo producido por la falta de ese recurso.

              El equipo que se estará trasladando a la Administración
        Regional de Puntarenas son dos computadores portátiles marca
       Dell, modelo Latitude D-630, activos números: 472489 y 472490.

            Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o adición al
       respecto, sin otro particular se suscriben muy atentamente;”
                                      - 0-



   Manifiesta el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que en

cuanto a la asignación de equipo de cómputo de redistribución a las oficinas

del Circuito Judicial de Puntarenas, ya giró la orden final y definitiva al

Departamento de Proveeduría para que se proceda, en cumplimiento de los

diferentes acuerdos del Consejo.

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del licenciado

Jones León. 2) Denegar la propuesta de la Unidad de Control Interno toda vez

que se deben respetar los trámites y políticas institucionales establecidas para

la asignación de equipo de cómputo. En consecuencia deberán proceder a

entregar las dos computadores portátiles marca Dell, modelo Latitude D-630,

activos N°s 472489 y 472490 al Departamento de Proveeduría para los fines

consiguientes.

                                     -o0o-

      A las 11,54 horas terminó la sesión.

				
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