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					  ÁREA DE FORMACIÓN JUDICIAL
           CONTINUA

  Sub-área de Formación Judicial
Especializada Área Civil, Comercial y
              Agraria
   Subprograma de Restitución y
     Formalización de Tierras
      MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN
DERECHO AGRARIO Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
      PARA MAGISTRADOS, JUECES Y
           SUSTANCIADORES

          Consejo Superior de la Judicatura, CSJ
       Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, EJRLB
  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD
             Programa de Acceso a la Justicia

                           Autor

                 Sergio Roldán Zuluaga

                   Bogotá, 9 de junio de 2012
                 TABLA DE CONTENIDO
1.     PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO RURAL
2.     HISTORIA LEGISLATIVA DERECHO AGRARIO
3.     INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
4.     ENFOQUE DIFERENCIAL
5.     CASO SAN PEDRO DE LA SIERRA
6.     PRINCIPIOS DEL DERECHO AGRARIO
7.     ADQUISICIÓN DE TIERRAS POR INCODER
8.     SUBSIDIO INTEGRAL DE TIERRAS
9.     ZONAS CAMPESINAS Y UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR
10.    BALDÍOS NACIONALES
11.    EXTINCIÓN DE DOMINIO DE TIERRAS INCULTAS
12.    CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD
13.    EXPROPIACIÓN
14.    REPARACIÓN COLECTIVA

27/07/2012
                              TRANSICIÓN LEGISLATIVA
LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS. ARTÍCULO 206. Proyecto de ley de desarrollo rural.
ARTÍCULO 332. Derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación, deroga la Ley 160
de 1994 salvo los artículos reformados o adicionados por los artículos 60 y 61 de la ley 1450 de 2011; la Ley
41 de 1993, 4a de 1973; 200 de 1936, salvo los artículos 20, 21, 22 y 23, con las modificaciones efectuadas
por la Ley 100 de 1944; , , el Código de Procedimiento Civil en relación con el proceso de pertenencia por
prescripción extraordinaria, la Ley 1182 de 2008, o las normas legales que la sustituyan o reformen con
relación al saneamiento de predios rurales y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Ley 200 de 1936 establecía:

Inspección ocular para el proceso de clarificación y pertenencia
Presunción legal de no baldío sobre predio explotado
Presunción de baldío sobre predio no explotado
5 años de prescripción adquisitiva agraria
Jueces de tierras para el trámite de los conflictos agrarios (acción posesoria, prescripción y lanzamiento por
ocupación de hecho,

Ley 100 de 1944 establecía:

Incrementar producción agrícola mediante contrato con productores
Limitar el lanzamiento por ocupación de hecho
Ampliar de 10 a 15 años la inexploración requerida para decretar la extinción de dominio.
             REFORMA, CONTRAREFORMA: PENDULO
Decreto 291 de 1957. Asigna conocimiento conflicto agrario a jueces de trabajo-
Decreto 1819 de 1964. Devolvió la competencia a la justicia civil.
Ley 4º de 1973. Redujo de 10 a 3 años inexplotación para la extinción. Facilitó la
prescripción adquisitiva agraria de 5 años. Facultó al presidente para crear una sala
agraria en el Consejo de Estado (no se implementó).
Ley 30 de 1988. Creó la sala de asuntos agrarios en el Consejo de Estado y dos
plazas de magistrados en los tribunales seccionales para procesos de expropiación
adelantados por el INCORA (no se implementó).
Ley 30 de 1987. Otorgó facultades al ejecutivo para: Considerar la jurisdicción
agraria como condición fundamental para la implantación de la justicia en el
campo, con criterios de tutela a la parte más débil del litigio. Simplificar el trámite
del proceso judicial agrario. Crear salas de justicia agraria especializadas para
mayor eficiencia. Organización flexible para responder necesidades pudiendo
restringir área de jurisdicción dejando en el resto de lugares a jueces civiles la
función para dirimir conflictos de tenencia, uso y explotación de la tierra.
                                    ¿JUSTICIA AGRARIA?
Decreto 2003 de 1989 creo y organizó la justicia agraria y dispuso que empezaría a regir el 1 de junio de 1990.

Deber de explotar como función social de la propiedad
Finalidad social de la institución agraria
Protección de la parte más débil
Amparo de pobreza para ser representado (no paga perito, ni gastos del proceso ni condena en costas)
Conservación de recursos naturales
Protección de la producción agraria como base de la seguridad alimentaria (Se subraya).
Sala civil y agraria en la Corte Suprema de Justicia

Previó su implementación gradual. Creó 115 juzgados agrarios como jueces itinerantes. Creó 23 salas agrarias en el
mismo número de tribunales. Creó en la Corte Suprema de Justicia una sala especializada conformada por 7
magistrados. Principios de concentración del proceso y de publicidad. Curador ad litem en representación de
personas indeterminadas emplazadas mediante edicto. Apenas fueron creados 3 juzgados agrarios en Antioquia.

Ley 270 de 1996 ESTATUTO DE LA JUSTICIA. Asignó el conocimiento de los “juzgados agrarios” a los jueces
civiles del circuito
Otorgó un plazo de 2 años al Consejo Superior de la Judicatura (art. 202) para organizar la justicia agraria en los
términos del decreto 2303 de 1989. La Corte Constitucional, Sentencia C-073 de 1996 estableció que es una función
que tiene reserva de ley. El Acuerdo 238 de 1998 del Consejo Superior de la Judicatura dispuso que se garantizaría el
número de juzgados una vez el gobierno nacional asignara los recursos para su operación.
               JUSTICIA TRANSICIONAL E INTERPRETACIÓN
                           CONSTITUCIONAL
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Interpretación constitucional. Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla. Bogotá, 2006.

“… la interpretación constitucional le permite a los jueces hacer intervenciones con impacto
sistémico sobre instituciones jurídicas y políticas públicas mientras que la interpretación legal
tradicional restringía enormemente esta posibilidad. (…) el diseño global de instituciones jurídicas o
políticas públicas puede tener notorios defectos constitucionales desde su inicio o a lo largo de su
implementación. En consecuencia la rama judicial debe detectarlos a partir de casos concretos.” (p
4).

Según López, el primer autor que rebate esta teoría de interpretación es Rudolf von Ihering, que
critíca de Savigny la exaltación del texto escrito del derecho “y su flagrante olvido de los problemas
prácticos que las normas buscan resolver en la vida.” Ihering, dice López, “empieza a criticar el
llamado “conceptualismo” de Savigny y a proponer un mayor énfasis en ”el fin” del derecho y de
las normas (entendido como) una adecuada comprensión del problema social que la ley busca
resolver… (p 18).
“Desde sus primeras sentencias la Corte insiste en que el fin, objetivo o propósito fundamental de la
Constitución colombiana es lograr un “Estado Social de Derecho” entendido como la obligación de
interpretar los derechos fundamentales como principios que condujeran a una creciente igualación
social mediante la redistribución de recursos y oportunidades.” (para apoyar dicha afirmación el
autor cita las sentencias de la Corte Constitucional, T-446/92, T-406/92, T-006/92, SU-342/95, SU-
111/97, SU-667/98, C-1064/01). (p 38).
                RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Interpretación constitucional. Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá, 2006.


“los métodos conflictivistas de interpretación constitucional, -entiende(n)
la interpretación del derecho dentro del marco de una teoría de los
conflictos (Heck)-, en especial, los juicios o test de razonabilidad e igualdad
y el balanceo concreto de derechos.” (p 54) dan lugar a la jurisprudencia de
intereses promovida por Robert Alexy, para quien, la noción de vida en
Ihering (buscaba dar) un giro sociológico a la interpretación jurídica (la
cual) debía servir, ante todo, las necesidades presentes de las interacciones
sociales y no los conceptos abstractos creados por la ciencia jurídica
(“posesión”, “obligación”). (…) en casos de duda o vacío, el interprete
procede a proteger los intereses que se derivan de la investigación o
reconstrucción del fin de la ley.” “La protección de los intereses mediante
la ley no se efectúa nunca en un espacio vacío, sino en un mundo lleno de
intereses, en el que todos los bienes son apetecidos, y, por tanto, la
protección de un interés se realiza siempre a costa de otros intereses. (p57).
                 ENFOQUE DIFERENCIAL
LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
ARTÍCULO 115. ATENCIÓN PREFERENCIAL EN LOS
PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Las solicitudes de
restitución serán sustanciadas con prelación, para lo cual se
pospondrá la atención de otras solicitudes.

Ley 160 de 1994. ARTÍCULO 70. Las Unidades
Agrícolas Familiares sobre tierras baldías se
adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o
compañeros permanentes, siempre que hayan
cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia,
compartan entre sí las responsabilidades sobre sus hijos
menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad si velaren por ellos.
                                               TEST DE IGUALDAD
FUENTE: ACCIÓN SOCIAL. SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. AUTOR EQUIPO DE TRABAJO DEL EXSUBDIRECTOR JUAN PABLO
FRANCO. BOGOTÁ, 2011.
Necesidad de valoración de cada miembro de la familia y sus capacidades productivas. La discapacidad de alguno, y cómo afecta al resto de la familia.
ENFOQUE ETARIO DE GRUPO FAMILIAR
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
0-6 años = 3 puntos
7-14 = 2 puntos
15-18 = 1 punto
ADULTO MAYOR
Mayor a 80 años = 3 puntos
70-80 = 2 puntos
60-70= 1 punto, 2 adultos en el núcleo = 1 punto
DISCAPACIDAD (TIPO DE DISCAPACIDAD)
Pensar y memorizar = 1 punto
Percibir la luz, distinguir objetos o personas = 1 punto
Oír = 1 punto
Distinguir sabores y olores = 1 punto
Hablar y comunicarse = 1 punto
Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o de corazón = 1 punto
Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos = 1 punto
Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos = 1 punto
Caminar, correr, saltar = 1 punto
Mantener piel, uñas y cabello sanos = 1 punto
Relacionarse con las demás personas y el entorno = 1 punto
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos = 1 punto
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo = 1 punto
Alimentarse, asearse y vestirse por si mismo = 1 punto
                              ENFOQUE DIFERENCIAL
AFECTACIÓN SOBRE EL HOGAR
Ubicación rural = 1 punto
Cuidador miembro de hogar = 1 punto
Jefe de hogar = 1 punto
Menor de edad = 1 punto
Discapacidad generada por variables exógenas= 1 punto
Pago de la rehabilitación (1 punto si es el hogar) (2 puntos si es pagado personalmente)
Si le ordenaron rehabilitación y no está asistiendo = 3 puntos
Número de personas con discapacidad (más de uno = 2 puntos)
INGRESOS
Incapacitado permanente para trabajar – sin pensión = 1 punto
Realizando oficios del hogar = 1 punto
PERSONAS A CARGO
0-6 años = 2 puntos
7-18 = 1 punto
Más de 60 años = 2 puntos
CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO FAMILIAR
                     ENFOQUE DIFERENCIAL
JEFATURA
Femenina = 1 punto
Cabeza de hogar individual = 1 punto
Gestante y/o lactante = 1 punto
Enfermedad terminal o degenerativa = 1 punto
NIVEL EDUCATIVO
Primaria = 2 puntos
Secundaria = 1 punto
Adulto mayor = 1 punto
Menor de edad = 1 punto
Con medidas de protección = 1 punto
PERTENENCIA ÉTNICA
Pertenencia= 1 punto
Ubicación urbana = 1 punto
COMPOSICIÓN NÚCLEO FAMILIAR
3 a 5 miembros = 1 punto
Más de 5 miembros = 2 puntos
CONTEXTO SAN PEDRO DE LA SIERRA
VÍA SAN PEDRO DE LA SIERRA
        VIDAS INVOLUCRADAS




http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/2688-primera-restitucion-judicial-de-tierras-en-la-sierra-nevada
                     COOPERATIVAS CAMPESINAS
ARTÍCULO 94. Con el objeto de racionalizar la prestación de los servicios relacionados con el
desarrollo de la economía campesina, el Instituto promoverá, (…) la formación y financiación
de Cooperativas de Beneficiarios de Reforma Agraria,
ARTÍCULO 97. Se regirán por lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 y sus normas reglamentarias,
así como por las regulaciones específicas que expida el Departamento Administrativo Nacional
de Cooperativas.
ARTÍCULO 104. Corresponde al Ministerio de Agricultura el reconocimiento de la personería
jurídica de las empresas comunitarias, Decreto extraordinario 561 de 1989 y demás normas que
lo reformen o adicionen.
Fincas La Paz y San Carlos, veredas Guaimaro y Camagual, corregimiento San Pedro de la
Sierra, Ciénaga, Magdalena, adjudicada a la Cooperativa Agrícola San Carlos, Cooagrosac
Ltda.
Ambas fincas cafeteras (más 200 hectáreas), habían sido de propiedad de la sociedad
Inversiones Fernández De Castro, La cooperativa beneficiaria de la adjudicación, fue
constituida por 34 familias campesinas, mayoritariamente oriundos de San Vicente de
Chucurí, De los beneficiarios originales hoy sólo quedan 24 familias y, de estas, 13 estuvieron
en la restitución de las fincas. Algunos están en Santa Marta, tres de ellos fueron asesinados y
otros desaparecieron. La Fiscalía espera que otras 11 familias, cuando superen el miedo y la
incertidumbre que han vivido, puedan volver.
              DILIGENCIA DE ENTREGA PROVISIONAL
Los investigadores y topógrafos judiciales inspeccionaron la casa y las demás instalaciones. Encontraron una
construcción en estado de deterioro: el inventario de maquinaria para despulpar café desarmada y cubierta por la
maleza, dos habitaciones, una cocina, comedor y un zarzo destruido, las albercas del beneficiadero llenas de maleza
y sucias, muestra de que allí no se realizaba ninguna actividad productiva. Había adentro de la casa otras bodegas
con carbón, listones de madera, un abrevadero semidestruido, otra habitación con varios colchones podridos.
Los ocupantes del predio, queriendo hacer oposición a la diligencia, sólo manifestaban inconformidad porque
decían que se estaba entregando la finca a miembros del Frente 19 de las Farc,
Crisóstomo Oses vivía en La Palomera cuando un día llegó José Daniel Mora López, alias ‘101’, que es el mismo
‘Guerrero’, y le dijo que se fuera. Allí vivía con su esposa y un hijo de un año. El otro nació en desplazamiento en la
Jolonura, una vereda a orillas de la carretera, donde trabaja una tierra arrendada. Había llegado en 1984 a la región
procedente de San Vicente de Chucurí y durante muchos años trabajó con Inversiones Fernández De Castro, los
anteriores propietarios.
En medio de esa abundancia de riquezas naturales han transcurrido 30 años de guerras y masacres. Si alguien
pregunta cuántos muertos hubo, o cuántas familias se tuvieron que desplazar para conservar sus vidas, la
respuesta no es fácil. Ante la unidad de Justicia y Paz de Barranquilla, se han presentado familiares de las víctimas
del Bloque Resistencia Tayrona para reportar 3.339 homicidios y 1.012 desapariciones forzadas, personas asesinadas
por los paramilitares entre 1990 y 2005, pero todavía hay muchos casos de personas desaparecidas y de otras que
no han sido reportadas.
La Fiscalía, la defensoría del pueblo y la fuerza pública adquirieron el compromiso de hacerle seguimiento a esta
primera restitución, pues como dice un miembro de la cooperativa, "si nos dejan solos, somos carne de cañón".

                                          WWW.VERDADABIERTA.COM
DILIGENCIA DE OPOSICIÓN A LA ENTREGA
            PROVISIONAL
           LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA
Se acaban los frutales, se abre paso la caña de azúcar, ya no para
azúcar, sino para biocombustibles. Se acaba el trabajo en los frutales,
se disminuyen los alimentos, la comunidad asentada que conforman la
región hace más de 400 años debe partir, a buscar en la ciudad
oportunidades laborales que el campo cada vez ofrece menos. El
derecho agrario se debate entre la conservación de la economía
campesina o el abandono hacia megacultivos agroindustriales. Ese es
el dilema que se plantea al derecho agrario.
               LEY 160, ART. 1°, PRINCIPIOS ORIENTADORES
Deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios

Promover y consolidar la paz,

Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y
prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico
y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que
no la posean

Fomentar la adecuada explotación y la utilización social de las aguas

Acrecer el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, en armonía con
el desarrollo de los otros sectores económicos

Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en
su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina
para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y
de la propiedad rural que se señalen.
PARÁGRAFO. Los fines que este artículo enumera servirán de guía para la reglamentación,
interpretación y ejecución de la presente Ley.
                      VISIÓN DE FOMENTO AGRARIO
Artículo 72, Ley 160 de 1994. Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación. También
serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades
de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas
dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que
excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.


Artículo 60, Ley 1450 de 2011. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de
los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que
originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún
cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para las
Unidades Agrícolas Familiares UAF por el Incoder, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud
estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario o forestal que justifique la operación. Esta ley
crea la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con el objeto de recibir,
evaluar y aprobar los proyectos especiales agropecuarios y forestales, autorizar las solicitudes de los actos
o contratos relacionados con estos proyectos cuando con ellos se consolide la propiedad de superficies
que excedan 10 UAF, y de hacer el seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo aprobado y
autorizado. Dará preferencia a los casos en los cuales se aportan predios y a aquellos en los cuales se
configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, medianos y/o grandes productores. En caso de
terminación del proyecto los adjudicatarios y/o beneficiarios del subsidio tendrán la primera opción para
recuperar la propiedad del predio aportado.
                              FINES DE LA NORMA
ARTÍCULO 79. Las actividades que desarrolle el INCORA en los procesos de colonización (se
dirigirán) a fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir, la descomposición de la
economía campesina del colono y buscar su transformación en mediano empresario.

SUBSISTEMAS ART. 4°

a) De adquisición y adjudicación de tierras
b) De organización y capacitación campesina e indígena
c) De servicios sociales básicos, infraestructura física, vivienda rural, adecuación de tierras y
seguridad social
d) De investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y diversificación de cultivos
e) De mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento agroindustrial
f) De financiación

Para todos los efectos legales a que hubiere lugar dentro del concepto de sector agropecuario
quedan comprendidas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas.
         ADQUISICIÓN: TIERRAS PARA CAMPESINOS
Ley 1151 de 2007, art. 27: Incoder, podrá adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de
predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de
derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en
esta ley, únicamente en los siguientes casos:

a) Para las comunidades indígenas, afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, o cuando la
superficie donde estuviesen establecidas fuere insuficiente;
b) dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales
sobrevivientes;
c) Para beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca
programas especiales de dotación de tierras o zonas de manejo especial o que sean de interés ecológico.

ART. 72. El INCORA podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras
baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.

Ley 160 de 1994. Art. 25. La autorización para la enajenación solo podrá comprender a quienes tengan la
condición de sujetos de reforma agraria y en ningún caso se permitirá el arrendamiento de la unidad agrícola
familiar.
En las escrituras de adquisición de predios subsidiados por parte del Estado se anotará esta circunstancia, así
como la obligación del propietario de adelantar directamente su explotación, y deberá establecerse una
condición resolutoria del subsidio en favor del INCORA. El nuevo adquirente o cesionario será considerado
poseedor de mala fe y en consecuencia no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido en el
predio.
     SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA,
                  LEY 1450 DE 2011
Establézcase un Subsidio Integral de Reforma Agraria, con cargo al
presupuesto del INCODER, que podrá cubrir hasta el 100% del
valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el
establecimiento del proyecto productivo agropecuario, según las
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
El subsidio será asignado a través de procedimientos de libre
concurrencia (…) y como medida compensatoria cuando no sea
posible adelantar la restitución de los predios despojados, en los
cuales el subsidio podrá ser asignado directamente.
Ley 812 de 2003, art. 26: El otorgamiento del subsidio integral se
hará efectivo siempre que el proyecto productivo presente
condiciones de viabilidad técnica, económica y social que
garanticen su competitividad, equidad y sostenibilidad,
condiciones que serán evaluadas y certificadas por el Incora o quien
haga sus veces
                                          CONCEPTOS BÁSICOS
ZONA DE RESERVA CAMPESINA. Art. 80. Son las áreas geográficas seleccionadas por (…) INCORA, teniendo en cuenta
las características agroecológicas y socioeconómicas regionales (…) Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones
máximas y mínimas adjudicables, el Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agrológicas, fisiográficas,
disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de 3.000 habitantes y vías de comunicación de las zonas
correspondientes. También se considerarán la composición y concentración de la propiedad territorial, los índices de
producción y productividad, la aptitud y las características del desarrollo sostenible de la región. la acción del Estado tendrá
en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de
planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción.

UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR. Art. 38. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de
producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, (…) permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de
un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 5. En ningún caso un solo titular, por sí o
interpuesta persona, podrá ejercer el dominio, posesión o tenencia a ningún título de más de una (1) Unidad Agrícola
Familiar. Se presume poseedor de mala fe a quien adquiera a cualquier título una Unidad Agrícola Familiar sin el lleno de los
requisitos exigidos en esta Ley y, en consecuencia, no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido. 7. Los
compradores cancelarán el valor de la parcela en un plazo de 15 años por los sistemas de amortización acumulativa o
capitalización, (…) pero el monto del capital no comenzará a cobrarse sino a partir del tercer año. Hasta cuando se cumpla
un plazo de quince (15) años, desde la primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela, no podrán transferir el
derecho de dominio, su posesión o tenencia sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas. El
adjudicatario deberá solicitar autorización expresa del INCORA para enajenar, gravar o arrendar la Unidad Agrícola
Familiar.

En todos los procesos civiles que afecten las Unidades Agrícolas Familiares adjudicadas por el Instituto, los derechos de las
empresas comunitarias o los intereses sociales de sus miembros, el INCORA podrá hacerse parte y los jueces no podrán
adelantarlos sin dar previo aviso al Instituto.
               UAF. TRANSFERENCIA DE DOMINIO
4. En caso de fallecimiento del adjudicatario, el juez que conozca del proceso de sucesión
adjudicará en común y proindiviso el dominio sobre el inmueble a los herederos, cónyuge
supérstite, compañero o compañera permanente que tenga derecho conforme a la ley.
Para todos los efectos se considera que la Unidad Agrícola Familiar es una especie que no
admite división material y serán nulos los actos que contravengan esta previsión.
ARTÍCULO 46. Si en las particiones hereditarias el valor de los bienes relictos y el número de
asignatarios no permiten adjudicar tales bienes en las proporciones establecidas por la ley o
el testamento, sin que de ello resulte la constitución de fundos inferiores a una (1) Unidad
Agrícola Familiar, el Juez de la causa, previa audiencia de los interesados o de sus tutores o
curadores, si fuere el caso, a la cual concurrirá el Agente del Ministerio Público, dispondrá si
debe darse aplicación a lo previsto en el ordinal 1o. del artículo 1332 del Código Civil,
(Incapacidad sobreviniente caducidad del mandato del albacea), con respecto del predio
rústico de que se trata, o sí, por el contrario, éste debe mantenerse en indivisión por el
término que el mismo Juez determine.
A esta última decisión sólo habrá lugar cuando se trate de proteger a los herederos, legatarios
o cónyuge sobreviviente del "de cujus" que hayan venido habitando el fundo en cuestión
derivando de éste su sustento.
                                  BALDÍOS NACIONALES
ARTÍCULO 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de
dominio otorgado por el INCODER.
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente
a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.
No podrá hacerse adjudicación sino por ocupación previa, en tierras con aptitud agropecuaria que se estén explotando, en
favor de personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas.
ARTÍCULO 69. La persona que solicite la adjudicación deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos
terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud. Deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y
patrimonio. En caso afirmativo, la exigencia de la explotación económica deberá demostrarse con las declaraciones de renta
y patrimonio correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de la solicitud. (…) deberá acreditarse una ocupación y
explotación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona
distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso.
ART. 69. PARÁGRAFO. No serán adjudicables baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas
de explotaciones de recursos naturales no renovables, a Parques Nacionales Naturales y las seleccionadas por entidades
públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación cuya construcción pueda incrementar el precio de las
tierras por factores distintos a su explotación económica.
<Parágrafo adicionado por el artículo 107 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En el evento en que el
solicitante de la adjudicación sea una familia desplazada que esté en el Registro Único de Victimas <sic>, podrá acreditar la
ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, con la respectiva certificación del
registro de declaración de abandono del predio.
     CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE
                 TIERRAS INCULTAS
ARTÍCULO 52. Se establece en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad
sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el art.
1, Ley 200 de 1936, durante 3 años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

O cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente,

O la destinación del predio para la explotación con cultivos ilícitos.

ARTÍCULO 54. Si por razones de interés social y utilidad pública el Instituto estimare necesario
tomar posesión de un fundo o de porciones de éste antes de que se haya fallado el proceso judicial
de revisión del procedimiento de extinción del dominio, podrá entonces adelantar la expropiación
de la propiedad respectiva.
ARTÍCULO 55. Lo cultivado por colonos que no hayan reconocido vínculo de dependencia con el
propietario, o autorización de éste, no se tomará en cuenta para los efectos de demostrar la
explotación económica de un fundo.
ARTÍCULO 57. Para todos los efectos legales se considerará que no están cobijadas por la regla
sobre extinción del dominio, las extensiones que dentro del año inmediatamente anterior a la fecha
en que se practique la inspección ocular, incurran en las causales anteriores.
          CAUSALES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 61. Hay deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales renovables y
del ambiente, cuando se realizan conductas o se producen abstenciones que los
destruyen, agotan, contaminan, disminuyen, degradan, o cuando se utilizan por
encima de los límites permitidos por normas vigentes, alterando las calidades
físicas, químicas o biológicas naturales, o se perturba el derecho de ulterior
aprovechamiento en cuanto éste convenga al interés público. La extinción del
derecho de dominio procederá sobre la totalidad o la porción del terreno afectado
por las respectivas conductas o abstenciones nocivas.

El procedimiento respectivo se iniciará de oficio o a solicitud de autoridad
competente. 4. Tanto en las diligencias administrativas de extinción del derecho de
dominio como en los procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba
corresponde al propietario. 6. Cuando se trate de probar explotación de la tierra
con ganados, en superficies cubiertas de pastos naturales, será indispensable
demostrar de manera suficiente la explotación económica o la realización de
inversiones durante el término fijado para la extinción del dominio. (…)
ARTÍCULO 58. Es regular y estable la explotación que al momento de la práctica
de la Inspección Ocular tenga más de un (1) año de iniciada y se haya mantenido
sin interrupción.
           CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD
Art. 48, num. 1°. para acreditar propiedad privada sobre la
respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el
título originario expedido por el Estado que no haya
perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente
inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta
Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso
no menor del término que señalan las leyes para la
prescripción extraordinaria.

FUNCIÓN DE INCODER. Art. 12, num. 15. Clarificar la
situación de las tierras desde el punto de vista de su
propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al
Estado y facilitar el saneamiento (deslinde) de la propiedad
privada.
               PROCEDIMIENTO E IMPUGNACIÓN DEL ACTO
                         ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 49. Para efectos de publicidad, la providencia que inicie las diligencias administrativas de
Clarificación de la Propiedad, Deslinde o determinación de la Indebida Ocupación de Baldíos, será inscrita en
Instrumentos Públicos, si el predio se hallare inscrito. Se practicará una diligencia de inspección ocular con
intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan los gastos que demande la diligencia. En caso
contrario, el Instituto dispondrá que se efectúe con funcionarios expertos de la entidad. En los procedimientos de
que trata este Capítulo la carga de la prueba corresponde a los particulares.

ARTÍCULO 50. Contra las resoluciones que decidan de fondo, sólo procede recurso de reposición en los
términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la
acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme
a lo establecido en el numeral 9o. del artículo 128 del CCA. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad sólo podrá declarar que en relación
con el inmueble objeto de las diligencias:

No existe título originario del Estado, o que posee título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, o
que se acreditó propiedad privada por la exhibición de una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados
por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, según lo previsto en
esta Ley, o que los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición de
mejoras sobre el inmueble, o se refiere a bienes no adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un uso
público, o porque se incurre en exceso sobre la extensión legalmente adjudicable. Cuando se declare que en
relación con el inmueble existe propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso quedarán
a salvo los derechos de los poseedores materiales, conforme a la ley civil.
                    EXPROPIACIÓN
Sólo opera por motivos de utilidad pública o interés
social. Prevalece el interés general para cumplir los
fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2°
de la C.P.: promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución, de ahí que la
actividad administrativa de expropiar es legítima. El
C.P.C. (art. 459) reconoce el carácter reparatorio y no
simplemente compensatorio de la indemnización en
los casos de expropiación. Corte Constitucional,
Sentencia C-153 de 24 de marzo de 1994.
                 EXPROPIACIÓN, CARTA POLÍTICA, ART. 58
                      ARTS. 27 A 37, LEY 160 DE 1994
Los campesinos sin tierra solicitan a INCODER practicar diligencias en el predio de su interés y la
asesoría necesaria para facilitarles el proceso de negociación con los propietarios. Este proceso se
denomina NEGOCIACIÓN VOLUNTARIA ENTRE CAMPESINOS Y PROPIETARIOS, y tiene la
finalidad de obtener un acuerdo directo de negociación.

Establecida la condición de sujetos de reforma agraria, el INCORA procederá entonces a dar aviso
de ello al propietario respectivo

Los funcionarios del Instituto practicarán una visita al predio, en la cual podrán participar los
campesinos interesados en la negociación, con el fin de establecer su aptitud agrológica y
determinar si el terreno ofrecido constituye una Unidad Agrícola Familiar, o qué porcentaje de
la misma representa.

El Instituto dará a conocer a los campesinos inscritos en las Regionales los predios que sean
ofrecidos en venta por los particulares, así como las condiciones de negociación propuestas.
Si dentro del proceso anterior no se lograre negociar las tierras, el acta de la reunión donde conste
el desacuerdo será remitida a la Junta Directiva para que conceptúe sobre la necesidad de convocar
a otras sesiones de concertación, donde los interesados propongan nuevas alternativas de
negociación de los predios.

Si persistiere el desacuerdo sobre las condiciones de negociación de los inmuebles respectivos, el
Instituto evaluará la necesidad y conveniencia de la adquisición y procederá a negociar el predio si
lo considera necesario.
      EXPROPIACIÓN, FASE DE OFERTA DEL ESTADO
ARTÍCULO 32. El Instituto se sujetará al siguiente procedimiento:
1. practicará las diligencias que considere necesarias para la identificación, aptitud y valoración de los predios
rurales correspondientes.
2. El precio máximo de negociación será el fijado en el avalúo comercial que para tal fin se contrate con
personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas.
3. El INCORA formulará oferta de compra a los propietarios del predio mediante .
La oferta de compra deberá inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo
correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se haya efectuado la comunicación.
4. El propietario dispone de un término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que quede
perfeccionada la comunicación, para aceptarla o rechazarla. Dentro del mismo término y por una sola vez, podrá
objetar el avalúo por error grave o cuando hubiere sido expedido con antelación superior a un año. Las
objeciones al avalúo inicial, o su actualización, serán diligenciadas por peritos diferentes a los que hubieren
intervenido con anterioridad.
5. Si hubiere acuerdo respecto de la oferta de compra, se celebrará un contrato de promesa de compraventa que
deberá perfeccionarse mediante escritura pública en un término no superior a dos meses, contados desde la
fecha de su otorgamiento.
Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y rechaza la oferta de compra cuando no
manifiesta su aceptación expresa dentro del término previsto para contestarla.
6. Agotada la etapa de negociación directa conforme a lo contemplado en el inciso anterior, mediante
resolución motivada el Gerente General del Instituto ordenará adelantar la expropiación del predio y de los
demás derechos reales constituidos sobre él.
                 EXPROPIACIÓN, EJECUTIVIDAD
1. Art. 33. Contra la providencia que ordena la expropiación sólo procederá el
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los 5 días hábiles
siguientes al surtimiento de la notificación. Transcurrido un mes sin que el
Instituto hubiere resuelto el recurso, o presentare demanda de expropiación, se
entenderá negada la reposición, quedará ejecutoriado el acto .
2. Ejecutoriada la resolución de expropiación, dentro de los dos (2) meses
siguientes el Instituto presentará la demanda correspondiente ante el Tribunal
Administrativo que ejerza jurisdicción en el territorio donde se encuentra el
inmueble. Si el Instituto no presentare la demanda dentro de los dos (2) meses
siguientes a la ejecutoria de la resolución de expropiación, caducará la acción.

C.P.C. Art. 451. Demanda de expropiación. Debe ser dirigida contra los titulares
de derechos reales y si se encuentran en litigio contra todos las partes del litigio.
Contra tenedores con contratos que constan en escrituras públicas. Contra
acreedores hipotecarios y prendarios.
Notificación personal y luego emplazamiento. Curador ad litem. No se admiten
excepciones de ninguna clase. Sentencia, vencido término de traslado, se ordena
cancelar embargos, gravámenes e inscripciones. artículos 75 a 79, 81 y 451 del
Código de Procedimiento Civil
                       PROCESAL AGRARIO
Auto admisorio de la demanda: El Tribunal decidirá
definitivamente sobre la competencia para conocer del proceso y
si advierte que no es competente rechazará in limine la demanda.
Examinará si concurre alguna de las circunstancias de que tratan
los numerales 6o., 7o. y 9o. del artículo 97 del Código de
Procedimiento Civil, y si encontrare establecida alguna,
procederá de la manera siguiente:
a) En los eventos previstos por los numerales 6o. y 7o. del
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, señalará las
pruebas faltantes sobre la calidad del citado o citados, o los
defectos de que adolezca la demanda, para que la entidad
demandante los aporte o subsane, según sea el caso, en el término
de 5 días, y sí no lo hiciera la rechazará
           INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO
ARTÍCULO 33, LEY 160 DE 1994. 3. Excepción previa de litisconsorcio necesario,
num. 9, art. 97, CPC. Traslado de la demanda a quienes falten para integrar el
contradictorio (art. 83). Contra auto admisorio procede sólo reposición.

4. Se notificará demandados determinados y emplazara por edicto (con el contenido
de la resolución de expropiación) y publicará en un diario de la localidad y por
radio y en la puerta del inmueble y si es posible al teléfono del demandado (inc. 2º,
art. 452 del CPC), que comparezcan al proceso dentro de 10 días siguientes a la
publicación, surtido el emplazamiento se les designará curador ad lítem. Las
personas que concurran al proceso en virtud del emplazamiento podrán proponer
excepción previa e impugnación.

15. Los peritos son dos, con cinco años de experiencia en la realización de avalúos
de bienes inmuebles rurales, estiman el valor de la tierra y el valor de mejoras
introducidas en el predio, y la indemnización que corresponda a favor de los
distintos interesados. 16. Tienen en cuenta el valor de los bienes expropiados como
equivalente a la compensación remuneratoria del demandado por todo concepto.
                            EXCEPCIONES
5. No será admisible ninguna excepción perentoria o previa, salvo la de
inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del
demandado, que se tramitará como incidente, (arts. 135 a 139 del CPC).
No son causales de nulidad la falta de jurisdicción y competencia, la
ausencia de prueba de calidad de heredero o cónyuge, la ineptitud de la
demanda, no comprender a todos los litisconsortes necesarios, la
inexistencia de demandante o demandado o la incapacidad o indebida
representación (nums. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9, art. 97 del CPC), si el demandado
no hubiere interpuesto contra el auto admisorio de la demanda recurso
de reposición, en que hubiere alegado la concurrencia de alguna de ellas.
Si prospera respecto de prueba de heredero, etc., ineptitud y
litisconsorcio necesario, el Tribunal rechazará de plano. No se admite la
impugnación o el control de legalidad, de las razones de conveniencia y
oportunidad de la expropiación. Si el Instituto subsana los defectos la
admitirá. 8. El demandado puede oponerse e impugnar la legalidad,
invocando contra la resolución que la decretó la acción de nulidad (art. 84
CCA). Los vicios de forma no se pueden alegar si no se hubieren
invocado en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de
expropiación en la vía gubernativa.
                 ACCIÓN CONTENCIOSA DE NULIDAD

9. El Tribunal rechazará in limine toda prueba que no tienda, directa o inequívocamente, a demostrar la nulidad de
la resolución de expropiación, por violación de la legalidad objetiva. El juez comisionado que dilatare la práctica de
una prueba en un juicio de expropiación incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con la
destitución. Dispondrá de diez (10) días, a partir del vencimiento del traslado, para registrar el proyecto de
sentencia. Registrado el proyecto de sentencia, el Tribunal dispondrá de veinte (20) días para decidir sobre la
legalidad del acto impugnado y dictará sentencia. Si la impugnación sea decidida favorablemente al impugnante,
declarará la nulidad del acto administrativo expropiatorio, se abstendrá de decidir sobre la expropiación. Y si
ordena la expropiación, decretará el avalúo del predio y ordenará cancelar embargos gravámenes e inscripciones
(art. 454, CPC). Estos procesos de impugnación de la legalidad de la expropiación se tramitarán con preferencia. 13.
La expropiación sólo admite reposición, con excepción de sentencia, auto que deniegue la apertura a prueba o la
práctica de alguna que haya sido pedida oportunamente y, auto que resuelva la liquidación de condenas, que serán
apelables ante el Consejo de Estado. Contra la sentencia de expropiación no procede revisión.

14. No serán admisibles oposiciones a la entrega anticipada del inmueble por parte del demandado. Las oposiciones
de terceros los vinculan al proceso mediante incidente pero no impiden la entrega del predio al demandado (un. 3,
art. 456 del CPC). El Tribunal podrá, fijar plazos para la recolección de las cosechas pendientes y el traslado de
maquinarias, bienes muebles y semovientes que se hallaren en el fundo, sin perjuicio de que la diligencia de
entrega anticipada se realice.

17. Los beneficiarios de reforma agraria cuya tradición a favor del Instituto no pudiere perfeccionarse, se tendrán
como poseedores de buena fe sobre las parcelas que hayan recibido y podrán adquirir dominio de las mismas, tras
haber ejercido la posesión (art. 1, Ley 200 de 1936).

18. En los aspectos no contemplados en la presente Ley el trámite del proceso de expropiación se adelantará
conforme art. 459 del CPC.
                         SENTENCIA DE RESTITUCIÓN
a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y las solicitudes de
los terceros;
b. La identificación, individualización, deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando su ubicación,
extensión, características generales y especiales, linderos, coordenadas geográficas, identificación catastral
y registral y el número de matrícula inmobiliaria.
f. En el caso de que procediera la declaración de pertenencia, si se hubiese sumado el término de posesión
exigido para usucapir previsto por la normativa, las órdenes a la oficina de registro de instrumentos
públicos para que inscriba dicha declaración de pertenencia;
g. En el caso de la explotación de baldíos, se ordenará al Incoder la realización de las adjudicaciones de
baldíos a que haya lugar
i. Las órdenes necesarias para que se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el inmueble
a restituir sea parte de uno de mayor extensión. El Juez o Magistrado también ordenará que los predios se
engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios predios de menor extensión;
m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos
individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas, debatidos en el
proceso, si existiera mérito para ello, de conformidad con lo establecido en esta ley, incluyendo los
permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran
otorgado sobre el predio respectivo;
p. Las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del
bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas;
            DESTINACIÓN ESPECÍFICA, ART. 9°
El artículo 11 del Decreto 2132 de 1992 quedará así:

Objeto. El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural tendrá
como objeto exclusivo cofinanciar la ejecución de programas y
proyectos de inversión para las áreas rurales en general y
especialmente en las áreas de economía campesina y en zonas de
minifundio, de colonización y las de comunidades indígenas, que
sean presentados por las respectivas entidades territoriales, en
materias tales como asistencia técnica, comercialización incluida la
postcosecha, proyectos de irrigación, rehabilitación y conservación
de cuencas y microcuencas, control de inundaciones, acuacultura,
pesca, electrificación, acueductos, subsidio a la vivienda rural,
saneamiento ambiental, y vías veredales cuando hagan parte de un
proyecto de desarrollo rural integrado.
                ASISTENCIA TÉCNICA
ARTÍCULO 107. El Ministerio de Agricultura
establecerá un Fondo de Organización y Capacitación
Campesina para promover, a través de proyectos, los
procesos de organización campesina mediante la
capacitación de las comunidades rurales, organizadas o
no, para participar efectivamente en las diferentes
instancias democráticas de decisión. La ejecución de los
proyectos se hará a través de las organizaciones
campesinas legalmente reconocidas que escojan las
comunidades beneficiarias, o de entidades privadas de
reconocida idoneidad que, igualmente, seleccionen las
comunidades.
                REPARACIÓN COLECTIVA



¿Cómo garantizar la reconstrucción del tejido social de dichas comunidades y el restablecimiento de la confianza?
Algunas ideas podemos aventurar para ser tenidas en cuenta. Primero, la necesidad de establecer programas de
convivencia para la resolución de conflictos, escenario en el cual debería operar junto con la justicia agraria, la justicia
comunitaria: la formación de jueces de paz, conciliadores en equidad, actores voluntarios de convivencia. Segundo, la
necesidad de promover la formación de líderes y de organizaciones comunitarias que representen los diferentes
intereses de la comunidad y apoyar financieramente su labor. Tercero, la apertura de espacios de participación que
promuevan el diálogo entre la comunidad y el Estado. Cuarto, un programa de restablecimiento socio económico
incluyente y con beneficios colectivos. Quinto, la apertura de escenarios para la reconstrucción de la memoria
histórica, conocer la verdad, saber qué paso, por qué pasó y quienes fueron los responsables, la construcción de un
relato que se transfiera a las futuras generaciones, que permita entender las causas del conflicto, y contribuya a
recordar, para evitar que los hechos no se vuelvan a repetir. http://sergioroldan.co/blog/2011/03/devolucion-de-
propiedades-a-los-desplazados-en-colombia-algunos-desafios/
                 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Interpretación constitucional. Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá, 2006.


“los métodos conflictivistas de interpretación constitucional, -entiende(n)
la interpretación del derecho dentro del marco de una teoría de los
conflictos (Heck)-, en especial, los juicios o test de razonabilidad e igualdad
y el balanceo concreto de derechos.” (p 54) dan lugar a la jurisprudencia de
intereses promovida por Robert Alexy, para quien, la noción de vida en
Ihering, (buscaba dar) un giro sociológico a la interpretación jurídica, (la
cual) debía servir, ante todo, las necesidades presentes de las interacciones
sociales y no los conceptos abstractos creados por la ciencia jurídica
(“posesión”, “obligación”). (…) en casos de duda o vacío, el interprete
procede a proteger los intereses que se derivan de la investigación o
reconstrucción del fin de la ley.” “La protección de los intereses mediante
la ley no se efectúa nunca en un espacio vacío, sino en un mundo lleno de
intereses, en el que todos los bienes son apetecidos, y, por tanto, la
protección de un interés se realiza siempre a costa de otros intereses. (p57).

				
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