SALA DE LA FISCAL by xV3WmZE

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SALA DE LO FISCAL


I


Juicio Nº 97-98


Juicio de impugnación que sigue Productos Lacteos Chiveria
S.A. contra el Director General de Rentas Internas.


SINTESIS:


La Sala de lo Fiscal casa el fallo recurrido toda vez
que el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado
(LME) es una ley tributaria, pues, regimenta uno de
los elementos de la tributación, el atinente a los
recursos.    Reclama   que       no    cabe   duda    sobre    la
prevalencia del Art. 38 de la Ley de Modernización
sobre el Código Tributario. El Art. 2 del CÓdigo
Tributario   no   puede   condicionar         o   restringir   la
potestad legislativa de los diputados. Las actas de
fiscalización son actos administrativos impugnables.
El Art. 38 de la LME confiere competencia a los
tribunales distritales de lo fiscal para conocer sobre
impugnaciones      directas       en     contra      de   actos
administrativos     iniciales     de     determinación         de
obligación tributaria, (numeral 8vo. del Art. 234 C.T.)
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De lo dicho, la Sala dispone que el tribunal ad quem
se pronuncie sobre lo principal.


FALLO DEL TRIBUNAL FISCAL


TRIBUNAL        DISTRITAL             DE   LO     FISCAL        Nº     2.
Guayaquil, 17 de junio de 1998; las 8h19.
VISTOS: Ing. Nicolás Romero Ordeñana, en su calidad de
Gerente    General    y    representante         legal    de   la   firma
PRODUCTOS LACTEOS CHIVERIA S.A. PROLACHIV, con
domicilio en Guayaquil fundamentado en lo establecido en
los Art. 38 y 66 de la Ley de Modernización del Estado,
Privatizaciones y Prestación de Servicios, publicada en el
Registro Oficial Nº 349 del 31 de diciembre de 1993, y Art.
243 y 245 del Código Tributario deduce demanda de
impugnación de las actas de fiscalización Nos. 12-03.0061
y 12-03-0062, levantadas en contra de su representada por
concepto de Impuesto a la Renta correspondiente a los
ejercicios económico de 1992 y 1993, respectivamente.
Actas de Fiscalización Nos. 12-03-0063 y 12-03-0064
emitidas   en   concepto     de       Agentes     de     Retención     del
Impuesto a la Renta por los ejercicios económicos de 1992
y 1993, y finalmente el Acta de Fiscalización Nº 12-03-
0028   levantada     por   concepto        del   impuesto      al    valor
agregado por los años de 1992 y 1993, todas emitidas por
la Dirección General de Rentas. En su demanda la actora
analiza cada una de las glosas que contienen las actas
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impugnadas, exponiendo los fundamentos de hecho y de
derecho en los que apoya la presente impugnación, y pide
que concluido el trámite se dicte sentencia dejando sin
efecto     las   actas   de   fiscalización   antes     mencionadas.
Mediante otro escrito presentado antes de calificar la
demanda, solicita que se adicione a la demanda, nuevos
fundamentos de hecho y de derecho a la impugnación del
Acta de Fiscalización Nº 12-03-0028 correspondiente al
IVA, en los términos del nuevo escrito. Aceptada la
demanda al trámite por el Magistrado de Sustanciación, se
dispuso citar con la misma al: Director General de Rentas
mediante deprecatorio. Con escrito que obra agregado a
los autos de fojas 116 a 124 comparece el Dr. Francisco
Moscoso Ch., en su calidad de Procurador Fiscal de la
Administración      demanda,      quien     contesta        la    demanda
manifestando que la Empresa actora fundamentada en la
Ley de Modernización inicia acción contenciosa contra la
Administración Tributaria, sin haber agotado el reclamo en
la   vía     administrativa,     respecto     de      los        resultados
establecidos en las actas de fiscalización Nos. 12-03-0061;
12-03-0062;       12-03-0063;         12-03-0064   y        12-03-0028,
levantadas contra la actora, por impuesto a la renta, como
agente de retención, y por el impuesto al valor agregado,
todas por los ejercicios económicos de 1992 y 1993. Que el
Art. 2 del Código Tributario prescribe que sus disposiciones
y las de las otras Leyes Tributarias, prevalecerán sobre
toda otra norma de Leyes Generales o Especiales, y sólo
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podrán   ser   modificadas    o    derogadas   por   disposición
expresa de otra ley, destinadas específicamente a tales
fines, y que en consecuencia no serán aplicables por la
Administración ni órganos jurisdiccionales, las leyes y
decretos que de cualquier manera contravengan dicho
precepto. Que de lo expuesto se desprende que las normas
de la Ley de Modernización en que fundamenta su
demanda la acta, no esta destinada a fines tributarios, por
lo que conforme a lo dispuesto en el Art. 2 del Código
Tributario antes referido no son aplicables en el presente
caso. Que no habiéndose agotado la vía administrativa en
el presente asunto, deberá desecharse la demanda por
incompetencia de la Sala al haberse omitido la reclamación
administrativa. Que en el caso de que no se deseche la
demanda por los motivos antes expresados, en subsidio
alega lo siguiente: Presentación extemporánea de la
ampliación de la demanda, ya que la empresa actora fue
notificada el 25 de enero de 1995, y la ampliación de la
demanda ha sido presentada el 23 de febrero del mismo
año, conforme la razón puesta por la Secretaría del
Tribunal, es decir que habían transcurrido 21 días hábiles,
es decir fuera del plazo que la Ley señala para reclamar.
Que respecto de las glosas establecidas en las actas de
fiscalización impugnada, estas se encuentran debidamente
fundamentadas,     por   lo       que   consecuentemente      la
administración niega los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda la misma que en sentencia pide sea
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rechazada tanto por la incompetencia del Tribunal antes
analizada, como por los demás fundamentos que se ha
determinado en subsidio, solicitando consecuentemente
confirmar las actas de fiscalización impugnadas por la
empresa actora, debiendo también tomarse en cuenta la
extemporaneidad de la ampliación de la demanda sobre los
puntos   relativos    a    la   exención    del    IVA,     sobre   la
compraventa de cuajada y helados, alegada anteriormente.
Calificada la contestación a la demanda y continuando con
el trámite se recibió la causa a prueba por el término de
ley,   etapa    procesal   dentro     de   la   cual   se   pidieron,
ordenaron, y practicaron las que obran de autos. Vencido
todos los términos y siendo el estado de la causa el de
resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Tratándose
la presente demanda de un asunto de naturaleza tributaria,
este Tribunal es competente para conocerla, competencia
que además se encuentra asegurada en la Constitución
Política del Estado y en las Resoluciones de la Corte
Suprema de Justicia de fecha 5 de mayo y 6 de octubre de
1993. SEGUNDO: Se ha dado a la presente causa el
trámite que la ley establece para las impugnaciones,
habiéndose observado las solemnidades sustanciales que la
ley exige, por lo que se declara su validez procesal.
TERCERO: El Ing. Nicolás Romero Ordeñana, comienza su
demanda        manifestando     que   de    conformidad      con    lo
establecido en el Art. 38 y 66, de la Ley de Modernización
del Estado Privatizaciones y Prestación de Servicios por
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parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro
Oficial Nº 349 del 31 de diciembre de 1993, y dentro del
plazo determinado en el Art. 243 del Código Tributario y los
requisitos señalados en el Art. 245 del mismo cuerpo legal,
impugna los requisitos de las actas de fiscalización Nos. 12-
03-0061 y 12-03-0061 y 12.03-0062, levantadas en contra
de su representada por concepto de Impuesto a la Renta
correspondiente a los ejercicios económicos de 1992 y
1993, respectivamente; y, las Actas de Fiscalización Nos.
12.03-0063 y 12-030064 emitidas en concepto de Agente
de Retención del Impuesto a la Renta, por los ejercicios
económicos de 1992 y 1993; y, finalmente el Acta de
Fiscalización Nº 12-03-0028, levantada por concepto del
Impuesto al Valor Agregado por los años de 1992 y 1993,
todas   emitidas   por   la   Dirección   General   de   Rentas.
CUARTO: De lo expuesto en la demanda de impugnación
referida en el considerando anterior, procede entrar a
estudiar las disposiciones legales en que se apoya y las
pertinentes al asunto, y para tal efecto se hace el siguiente
análisis: a) El Código Tributario en el Libro Tercero, Título
I, Capítulo IV que trata “De la competencia del Tribunal
Fiscal, en el inciso primero del Art. 234 dice que el Tribunal
Fiscal es competente para conocer y resolver de las
siguientes acciones de impugnación, propuestas por los
contribuyentes o interesados directos, mencionando entre
ellas, las que se plantean contra resoluciones de las
Administraciones Tributarias, que niegan en todo o en
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parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o
terceros o las peticiones de compensación o de facilidades
de pago, o contra un acto administrativo por denegación
tácita o por silencio administrativo, respecto a los reclamos
o peticiones planteadas, en los casos previstos por este
Código (numerales 3 y 4 del Art. 234); b) El Art. 243 del
Código Tributario que trata de la proposición de las
acciones, en su parte pertinente dispone que quién se
creyere perjudicado por una Resolución de única o última
instancia   administrativa,     podrán     impugnarla    ante    el
Tribunal Fiscal; c) El Capítulo I del Título II del Libro
Segundo     del   Código      Tributario   que   trata   de     las
reclamaciones tributarias, en su Art. 110 que se refiere a
los reclamantes, en su inciso primero expresa que los
contribuyentes, responsables o terceros que se creyeren
afectados en todo o en parte, por un acto determinativo de
obligación tributaria, por verificación de una declaración,
estimación de oficio o liquidación, podrá presentar su
reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro
del plazo de veinte días, contados desde el día hábil
siguiente al de la notificación respectiva; ch) El Art. 2 del
Código Tributario que trata de la supremacía de las normas
tributarias, textualmente dice: “Las disposiciones de este
Código y de las demás Leyes Tributarias, prevalecerán
sobre toda otra norma de Leyes Generales o Especiales, y
sólo podrán ser modificadas o derogadas por disposición
expresa de otra Ley destinada específicamente a tales
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fines”,   “En   consecuencia    no    serán    aplicables    por    la
Administración ni por los órganos jurisdiccionales las Leyes
y Decretos que de cualquier modo contravengan este
precepto”; y, d) El Art. 4to. del Código Tributario que trata
del contenido de la Ley, textualmente dice: “Las Leyes
Tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos
activo y pasivo, la cuantía del Tributo o la forma de
establecerla, las exenciones y deducciones; y, los reclamos
o recursos que deben concederse conforme a este Código”.
De todo lo antes expuesto en este considerando, se puede
establecer sin lugar a dudas, que tratándose la Ley de
Modernización del Estado, en la que fundamenta la actora
la   presentación   de   su    demanda        sin   agotar   la    vía
administrativa, de una Ley Especial no tributaria por
carecer de las características de las Leyes Tributarias, no
pueden prevalecer sus normas sobre las normas tributarias
contenidas en las respectivas Leyes Tributarias, y en el
presente    caso,   sobre     las    disposiciones     del   Código
Tributario, el mismo que conforme ha quedado expresado
anteriormente, exige para que se pueda ejercer la acción
de impugnación que motiva la presente causa, que se haya
agotado la vía administrativa mediante la respectiva
reclamación ante la Administración la misma que no consta
de autos que se haya realizado, ni la parte actora ha
manifestado haberlo hecho, quien por lo contrario ha
considerado no ser necesario el agotamiento o reclamo en
la vía administrativa, basándose en lo dispuesto en los
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Arts. 38 y 66 de la Ley de Modernización del Estado antes
referida. En mérito a los considerandos que anteceden, el
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, con sede en Guayaquil,
“ADMINISTRANDO           JUSTICIA     EN      NOMBRE     DE   LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY” declara
improcedente la demanda de impugnación que motiva la
presente   resolución,    propuesta    por     Nicolás   Romero
Ordeñana, por los derechos que representa de la compañía
CHIVERIA     S.A.,   por     no     existir    la   reclamación
administrativa, presupuesto necesario para poder ejercer
las acciones a que se refiere el Art. 234 del Código
Tributario, y no habiendo la parte demandante ejercido su
acción como corresponde en derecho, impide a este
Tribunal entrar a resolver sobre el fondo del asunto. Se
deja a salvo el derecho que pueda el demandante para
ejercitar una nueva acción. Los escritos presentados por la
parte actora agréguense a los autos. Notifíquese.
f) Aba. Zoraida León Junco.- Dr. Oscar Zuloaga
Paredes.- Ab. Carlos Zúñiga Romero.


RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE
LO FISCAL. Quito, 4 de marzo de 1999. Las 11h30.
VISTOS: El representante legal de CHIVERIA S.A. el 24 de
junio de 1998 propone recurso de casación en contra de la
sentencia de 17 de los propios mes y año, expedida por la
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Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 con sede
en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación
Nº 832-409-95 seguido en contra del Director General de
Rentas. Concedido el recurso, no lo ha contestado la
Autoridad demandada, y habiéndose pedido los autos para
resolver se considera: PRIMERO: La Sala es competente
para conocer el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley
de Casación. SEGUNDO: La Empresa fundamenta el
recurso en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de la materia,
pues, considera que existe aplicación indebida, falta de
aplicación y errónea interpretación de normas de derecho,
que han sido determinantes en la parte dispositiva del fallo.
Al efecto señala que se han violado las siguientes normas:
los artículos 38 y 66 de la Ley de Modernización del Estado,
Privatizaciones y Prestación de los Servicios por parte de la
Iniciativa Privada; y, los artículos 2, 4 y 234 del Código
Tributario. Sustenta que las mencionadas disposiciones de
la Ley de Modernización prevalecen sobre las que consta en
el Código Tributario. Respecto del Art. 38 mencionado
expresa que en el mismo, se contempla la posibilidad de
que el interesado pueda proponer directamente la acción
de impugnación en contra de los actos administrativos, sin
que   previamente   haya   agotado   la   vía   administrativa
mediante la prosecución de la correspondiente reclamación.
Alega que el Art. 66 aludido deroga expresamente las
disposiciones que se opongan a la Ley de Modernización,
constantes en el Código Tributario. Sobre el alcance del
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Art.   2   del   propio   Código,     arguye     que    la   expresión
“destinada específicamente a tales fines”, comporta que la
derogatoria de una norma tributaria debe ser expresa.
Alude el Art. 4 de la Ley de Modernización cuyo propósito
es la simplificación de la estructura administrativa y
económica del sector público y la distribución adecuada y
eficiente de las competencias, lo que coadyuva a sostener
que se permite al particular acudir a los tribunales
distritales de lo fiscal, sin necesidad de agotar la vía
administrativa. En lo tocante a la competencia del Tribunal
Distrital de lo Fiscal asevera que en conformidad al
numeral octavo del Art. 234 del Código Tributario le
corresponde       conocer    de       las   demás       acciones     de
impugnación que se establezcan en ley, y precisamente tal
norma es aplicable al Art. 38 indicado. TERCERO: El Art.
38 de la Ley de Modernización dice a la letra: “Art. 38
PROCESOS. Los tribunales distritales de lo Contencioso
Administrativo     y   Fiscal,   dentro     de   la    esfera   de   su
competencia,      conocerán       y   resolverán       de    todas   las
demandas y recursos derivados de actos, contratos y
hechos que hayan sido expedidos, suscritos o producidos
por el Estado y otras entidades del sector público. El
administrado afectado por tales actividades, presentará su
denuncia o recurso ante el Tribunal que ejerce jurisdicción
en el lugar de su domicilio. El procedimiento aplicable será
el previsto en la Ley de la materia. No se exigirá como
requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra
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el   Estado   y   demás   entidades      del    sector    público    el
agotamiento o reclamo en la vía administrativa. Este
derecho será facultativo del administrado”. Son leyes
tributarias aquellas que        crean,    derogan, o modifican
tributos o que regulan sus elementos esenciales. Existen
leyes exclusivamente tributarias y otras que contienen
algunas disposiciones del ramo. El Art. 38 transcrito es una
ley tributaria, pues, regimenta uno de los elementos de la
tributación, el atinente a los recursos, elemento que se
incluye en el Art. 4 del Código Tributario concerniente al
contenido de la Ley Tributaria. Por lo tanto, bien podía el
legislador valerse de esta disposición, como efectivamente
lo ha hecho para normar de modo diferente los recursos
tributarios. El Art. 2 del Código indicado en la parte que
expresa   que     las   leyes    tributarias    sólo     podrán     ser
modificadas o derogadas por disposición expresa de otra
ley destinada específicamente a tales fines no es atendible,
pues, no cabe que mediante una disposición de ley, que el
Código Tributario, no es otra cosa, se condicione la
potestad del legislador de modificar sus disposiciones a
menos que tal condicionamiento obrase en la Constitución
lo cual no ocurre, A mayor abundamiento, el Art. 66 de la
Ley de Modernización, que es también una ley tributaria
expresa que las disposiciones del Código Tributario se
entenderán modificadas en cuanto se opongan a la Ley de
Modernización.     En   conclusión       de    este    punto,     cabe
consignar que no existe duda de la prevalencia del Art. 38
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de la Ley de Modernización. CUARTO: La cuestión se
contrae a desentrañar el alcance de dicho Art. 38 en la
parte que deja al arbitrio del particular agotar la vía
administrativa y luego de ello proponer la demanda de
impugnación, o en su defecto, proponer directamente la
acción     de    impugnación        en   contra      de     los   actos
administrativos. Este Art. 38 se explica dentro de los
propósitos generales que persigue la Ley de Modernización,
cuyos artículos 1 literal b) y 3 se refieren, en su orden, a
las simplificación y a la agilidad del Estado en los servicios
que presta, debiéndose comprender entre ellos a la
administración de justicia. En el Art. 38 se faculta a los
tribunales distritales de lo fiscal, conocer de toda demanda
derivada    de    actos,   contratos     y    hechos       suscritos    o
producidos por el Estado. Es evidente que el inciso segundo
del propio artículo que exime del agotamiento de la vía
administrativa se refiere a esos mismos actos, contratos y
hechos     administrativos.    En    Art.    64   del     Estatuto     del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº
411 del 31 de marzo de 1994, dice que acto administrativo
es, “Toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la
función    administrativa     que    produce      efectos     jurídicos
individuales     de   forma    directa”.      Este      Estatuto,      en
consonancia con el Art. 38 de la Ley de Modernización, en
los artículos 75 y 78, define a los contratos administrativos
y a los hechos administrativos. En suma, el Art. 38 y la
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posibilidad de que el administrado pueda o no agotar la vía
administrativa es aplicable a los actos administrativos, sin
perjuicio de que lo sea también a los contratos y hechos
administrativos. Las actas de fiscalización impugnadas son
actos administrativos de determinación de obligaciones
tributarias, respecto de los cuales cabía y cabe reclamación
administrativa, así como también demanda de impugnación
efectuada en forma directa ante los tribunales distritales de
los fiscal correspondientes. QUINTO: El Art. 234 del
Código Tributario determina la competencia del Tribunal
Fiscal, hoy de los tribunales distritales de los fiscal, para
conocer acciones de impugnación. Si bien es cierto que un
caso como el presente no se encuentra exprofesamente
incluido dentro de los numerales de este artículo, no es
menos cierto que a virtud de la reforma que contiene el
Art. 38, se ha innovado y se les ha conferido atribución
para conocer también de impugnaciones directas en contra
de actos administrativos iniciales de determinación de
obligación tributaria. Así debe entenderse la reforma y la
disposición octava de dicho Art. 234, en tanto se refiere a
las demás acciones que se establezcan en la ley. En apoyo
de esta tesis la disposición del Art. 218 del Código
Tributario   estatuye   que        la   jurisdicción   contencioso
tributaria debe resolver las controversias que surjan entre
las administraciones tributarias y los particulares, entre
otros, por actos que determinen obligaciones tributarias.
Refuerzan aún más la tesis las disposiciones contenidas en
                              15




el inciso segundo del Art. 122 de la Codificación de la
Constitución Política publicada en el Registro Oficial 969 de
18 de junio de 1996 y el Art. 196 de la Constitución Política
vigente que consagran la facultad de impugnar los actos
administrativos ante la Función Judicial. Lo único que ha
ocurrido con la expedición del Art. 38 de la Ley de
Modernización, es que se ha facilitado el ejercicio de dicha
facultad. De aceptarse como lo hace el Tribunal Distrital Nº
2 que la demanda es improcedente, se habría enervado en
la práctica la posibilidad de ejercitar la preindicada acción
de    impugnación,    pues,    si   previamente           hubiese   de
proponerse la reclamación, tal posibilidad, por el paso del
tiempo, sería imposible de ejercitarla en este caso. SEXTO:
El Art. 14 de la Ley de Casación señala que si se encuentra
procedente el recurso se casará la sentencia o auto y se
expedirá en su lugar el que corresponda con el mérito de
los hechos establecidos en la sentencia o auto. La
sentencia impugnada no versa sobre el fondo del asunto;
se limita a declarar que la acción de impugnación es
improcedente por no haber agotado la vía administrativa.
En consecuencia no es posible que esta Sala expida el fallo
que corresponda, pues el mismo habría de basarse en el
auto o sentencia casados. En esa virtud y por cuanto no es
dable que el actor pierda el derecho a la instancia y
posteriormente a la casación, esta Sala no expide un fallo
que   concierne   a   lo   principal   de   la   litis.    Por   estas
consideraciones, la Sala Especializada de los Fiscal de la
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Corte     Suprema,   ADMINISTRANDO         JUSTICIA       EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, acepta el recurso y casa la sentencia expedida por la
Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 con sede
en la ciudad de Guayaquil el 17 de junio de 1998 a las
8h19 y dispone que se pronuncie sobre lo principal.
Notifíquese, publíquese, devuélvase.
f) Drs. José Vicente Troya Jaramillo.- José Ignacio
Albuja Punina.- Edmo Muñoz Custode.




II


Juicio Nº 23-99


Juicio de impugnación que, sigue Industrias Guapan S.A.
contra el Municipio de Azogues.


SÍNTESIS:


La Sala de lo Fiscal declara la nulidad de la resolución
impugnada, de conformidad con el # 1 del Art 132 y
Art.    64   del   Código   Tributario;   por   cuanto,   es
manifiesta la incompetencia del Alcalde para conocer
de la reclamación interpuesta Arts. 2, 444 y 447
ibídem.
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FALLO DEL TRIBUNAL FISCAL


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 3, Cuenca, 7 de
enero de 1999. Las 9h00.
VISTOS: El doctor Luis Carpio Amoroso, por los derechos
que representa, como Gerente General de INDUSTRIAS
GUAPAN S.A., comparece ante este Tribunal para deducir
demanda de impugnación de la decisión del señor Alcalde
de la ciudad de Azogues, constante en la Resolución sin
número de fecha 4 de septiembre de 1998. Fundamenta su
acción en los antecedentes siguientes: 1. Que, “Con fecha
8 de abril de 1998, y mediante oficio Nº 130-DF-ST-98,
suscrito por el señor Tesorero Municipal de Azogues, se nos
hizo conocer que, pese a nuestro múltiples reclamos, se
habían emitido 36 títulos de crédito”, en concepto de
Impuesto de Patente Municipal por los años 1995, 1996 y
1997, por un valor de S/. 2.454'224,916. Que notificado
para el pago, dedujo reclamo administrativo ante el señor
Alcalde y por su intermedio al Ilustre Concejo Cantonal.
Reclamo que fuera negado por el personero municipal, por
la falta del timbre, por falta de los certificados de no
adeudar al Municipio y al Consejo Provincial y porque, “…
no se justifica lo argumentado en el reclamo en lo que
indica que se trata de una empresa del sector público”. 3.
(Sic) Respecto a la negativa constante en la Resolución que
impugna el actor afirma que se incumple lo dispuesto en
los artículos 115 y 122 del Código Tributario, que disponen
                                  18




en su orden, la obligación de mandar a completar la
pretensión en el caso que ella no reunir los requisitos
necesarios a la concesión del periodo de prueba para el
esclarecimiento de los hechos. 4. Alega el Gerente General
de la compañía accionante, que su representada “por
mucho que se desenvuelva bajo la figura jurídica de una
sociedad anónima, es una empresa del sector público, pues
sus únicos accionistas son: el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad      Social    y   el   Banco   Nacional    de   Fomento,
entidades de derecho público las dos. Y por ello, en
consideración a que los tributos que con el nombre de
PATENTE, cobran los municipios del país es un Impuesto, al
tenor del Art. 34 del Código Tributario, están exentos de
toda   clase    de      impuestos,     además   del    Estado,   las
municipalidades, etc. (entre otros) LAS ENTIDADES DE
DERECHO PUBLICO (numeral 1), y LAS EMPRESAS DEL
ESTADO (numeral 2). Por esto las empresas de economía
mixta por ejemplo, pagan impuesto solo sobre la parte que
corresponde       a     la   inversión    del   sector     privado”.
Concluyendo que “la empresa que represento esta exenta
de toda clase de impuesto por el Art. 34 del Código
Tributario”. Sobre la base de estos antecedentes deduce
ante este órgano de administración de justicia tributaria,
demanda de impugnación de la negativa del señor Alcalde
de Azogues, constante en la Resolución señalada, pidiendo
que el Tribunal en sentencia declare que la empresa
Industrias Guapán S.A., no está obligada a pagar el
                                19




Impuesto de Patente y que en consecuencia “se ordene la
baja de los 36 títulos de crédito (numerados desde el 001
hasta el 036) emitidos a su nombre por dicho concepto”.
Calificada la demanda en providencia de 11 de septiembre
de 1998 (fojas 42), se dispuso, que mediante comisión a
uno de los señores Jueces de lo Civil, se proceda a citar a
los personeros de la I. Municipalidad del cantón Azogues,
Dr. Segundo Serrano en su calidad de Alcalde de la ciudad
y al Dr. Oscar Toledo Molina, Procurador Síndico. Con
escrito que obra a fojas 63 del proceso, comparecen los
señores   doctores    Segundo          Ignacio    Serrano    y      Julio
Solórzano Clavijo, Alcalde y Procurador Síndico encargado,
en su orden, para dar contestación a la acción incoada en
su contra, deduciendo a favor de la Municipalidad las
excepciones siguientes: 1. Negativa pura y simple de
“todos los fundamentos de hecho y de derecho, planteados
en la demanda, en los de hecho por no estar acorde a la
realidad procesal, y en los de derecho por no estar
conforme a ley, por cuanto incumple expresas normas
legales” señalando entre las normas que incumple la
pretensión: a) “La Ley de Régimen Municipal en su artículo
64 de la Sección Primera 'De las atribuciones y deberes en
su literal a). dice: Normar a través de ordenanzas, dictar
acuerdos o resoluciones, determinar la política a seguirse y
fijar las metas en cada uno de los ramos propios de la
administración     municipal”,        b)   Cita   la   definición     de
“Ordenanzas      Municipales”        del   Diccionario   Jurídico     de
                              20




Cabanellas, para fundamentar su defensa “en lo que
prescribe la Ordenanza y reforma para la aplicación y cobro
del Impuesto de Patentes Municipales”; c) Señala que
conforme al artículo 2 de las indicadas normas municipales
se “procede a la emisión de los correspondientes títulos de
crédito   por     concepto   del   impuesto         a    las    patentes
municipales por los años 1995, 96 y 97, y que alcanza a la
cifra de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES           DOSCIENTOS             VEINTICUATRO                MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS           00/100 SUCRES… títulos estos
que cumplen con todos los requisitos establecidos en el Art.
151 del Código Tributario por lo que determina la validez
de los mismos. 2. Considera el demandado que “La
Empresa Industrias Guapán S.A. al presentar el reclamo
administrativo atenta” a la normativa referente a la
“Ordenanza      Reglamentaria      para    el    cobro    del    Timbre
Municipal (Sic)… al no adjuntar el timbre a la reclamación
planteada    y,    la   Ordenanza     de        Certificados     de   no
endeudamiento al H. Consejo Provincial del Cañar”, esto
es, el incumplimiento de la obligación de presentar el
certificado de no endeudamiento: “así como también…lo
prescrito en el numeral 2 del Art. 114 del Código
Tributario, esto es respecto del contenido del reclamo al
referirse:… al número de cédula tributaria o del registro de
contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso”;
concluyendo que, en razón de esas omisiones “se procedió
por parte de la primera Autoridad Municipal, a emitir la
                           21




resolución correspondiente, materia del recurso” y “… ha
procedido a notificar en legal y debida forma a la Empresa
Industrias Guapán S.A., para que ésta proceda con el pago
correspondiente por concepto de Impuesto de Patentes
Municipales…”. 3. Dice el demandado que: “En cuanto a la
personería de la Empresa Industrias Guapán S.A., siendo
como dicen, que es una entidad de derecho público… si nos
remitimos a lo que dispone la Ley General del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, como accionista principal
de mentada empresa, en su Art. 1, tercer inciso dice
'Naturaleza Jurídica del IESS. El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social es una entidad autónoma, con personería
jurídica y fondos propios distintos a los del fisco…, en
cuanto a su accionista el Banco Nacional de Fomento, su
Ley Orgánica en su Art. 1 reza: 'El Banco Nacional de
Fomento…    es   una   entidad    financiera   de    desarrollo,
autónoma de derecho privado y finalidad social y pública,
con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y
contraer obligaciones” y que “Al ser la empresa Guapán,
una   sociedad   anónima   esta    regida   por     la   Ley   de
Compañías”. 4 Se citan disposiciones de la Ley de Régimen
Municipal “… que se contraponen a lo solicitado” por la
empresa demandante; así: el artículo 65 que prohibe al
Concejo “condonar obligaciones constituidas a favor de la
Municipalidad”; el artículo innumerado a continuación del
314” respecto a la responsabilidad pecuniaria de los
recaudadores de las obligaciones municipales; el artículo
                                22




17 de la Ley de Régimen Municipal que garantiza la
autonomía, la no interferencia en su administración, la
prohibición de privarles de sus rentas y de conceder
exoneraciones       de    los tributos municipales a persona
natural o jurídica alguna. Bajo esas consideraciones pide
que “se deseche, esta infundada demanda y se compela al
pago inmediato de dichos valores”. Trabada así la litis, se
abre el período de prueba a solicitud del actor (fojas 65),
etapa en la que las partes reproducen en su favor los
documentos        que    constando     de   autos   consideran    de
beneficio    a    sus    respectivos   intereses.   Igualmente,    a
petición del demandante, se da por concluido el término
probatorio, (fojas 95) y pasan los autos a la Sala para que
sean resueltos. Siendo este el estado de la causa, el
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con sede en Cuenca,
antes   de       pronunciar    sentencia    hace    las   siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que es competente para
conocer y resolver el asunto que le ha sido sometido, en
virtud de los dispuesto en el artículo 234, ordinal 3º del
Código Tributario. SEGUNDA: Que el proceso es válido por
habérselo tramitado de conformidad con la ley y sin
omisiones que pudieran viciarlo. TERCERO: La personería
de los comparecientes se halla justificada debidamente: en
el caso del actor con el nombramiento que obra a fojas 1,
inscrito en el Registro Mercantil del cantón Azogues y en el
del demandado, con los instrumentos que obran a fojas 61
y 62 respectivamente. CUARTO: Es obligación del Tribunal
                                 23




examinar        las   actuaciones       cumplidas     en     la      etapa
administrativa, que condicionan la producción del acto
materia de la impugnación, para determinar la existencia o
no de vicios que puedan afectar su validez o el derecho de
los contribuyentes, tanto más que el actor cuestiona el
procedimiento y las razones alegadas por el señor Alcalde
de Azogues para emitir el pronunciamiento negativo, ya
que, las decisiones judiciales en materia tributaria, no
están limitadas única y exclusivamente al tratamiento de
los puntos sobre los que se traba la litis, sino también al
estudio de aquellos aspectos procesales “que, en relación
directa a los mismos, comporten control de legalidad de los
antecedentes o fundamentos de la Resolución o acto
impugnados, aún supliendo las omisiones en que incurran
las partes sobre puntos de derecho, o apartándose del
criterio que aquellos atribuyan a los hechos”, conforme
dispone    el    artículo   288,      inciso   segundo      del   Código
Tributario. Al efecto la Sala considera que la potestad de la
Administración Tributaria Seccional para resolver, está
restringida a los fundamentos jurídicos que otorgan tal
facultad de manera explícita, es decir al conjunto de
normas procesales y a las condiciones legales relativas a la
competencia, a la forma o contenido del acto y al modo y
tiempo establecido para su emisión. Así disponen varias
normas del Código Tributario, como las siguientes: el Art.
69   al   referirse    a    la   facultad      resolutiva    dice:    “las
Autoridades       Administrativas       que     la   Ley     determine,
                                   24




(competencia)        están    obligadas       a        expedir       resolución
motivada     (forma     o     contenido),         en     el    tiempo       que
corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o
recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los
sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren
afectados por un acto de la Administración Tributaria”; esto
es,   que    las    actuaciones         administrativas          en    materia
tributaria no son arbitrarias, sino que deben surgir de un
procedimiento, que otorga legitimidad a las decisiones
emanadas de autoridad competente y permite el ejercicio
de    la   defensa    del     reclamante;         el    Art.     74,    señala
específicamente ese procedimiento, que no es otro, que el
establecido en el cuerpo legal invocado y que esta
contenido en las normas de los artículos 115 a 125; de otra
parte, el artículo 101, determina los deberes sustanciales
de la Administración Tributaria, entre los cuales en el
numeral 5 consta el de “Expedir Resolución motivada en el
tiempo que corresponda, en las peticiones, reclamos,
recursos o consultas que presentan los sujetos pasivos de
tributos o quienes se consideren afectados por un acto de
la    Administración”        de    suerte     que,       la    omisión       de
formalidades prescritas en la norma, implica la producción
de un acto ilegítimo e inválido; esto es, que no puede
producir     consecuencia         alguna,     por       ausencia       de   los
requisitos    que     determinan         su   existencia         y     eficacia.
Concomitante con ello, la motivación del acto, que no es
mas que, el señalamiento de las razones de hecho y de
                           25




derecho que han inducido a la administración a tomar una
determinada decisión, tiene que estar en relación con los
planteamientos de derecho invocados por el reclamante. Al
analizar el contenido de la resolución sin número que obra
a fojas 2 y 3 del proceso emitida por el señor Alcalde de
Azogues y que es materia de la acción contenciosa, se
desprende que la Autoridad Administrativa: no observa el
procedimiento establecido en la ley, pues no se califica la
pretensión, ni se dictan las providencias de trámite
conforme ordena el artículo 117 del Código Tributario, no
se concede el término para prueba (Art. 122), ni se motiva
la decisión “con cita de la documentación y actuaciones que
las fundamentan y de las disposiciones aplicadas” (Art.
126). En concordancia con lo expuesto, la norma tributaria,
señala dos causas de invalidez de los actos administrativos:
“1. Cuando provengan o hubieren sido expedidos por
Autoridad manifiestamente incompetente; y 2. Cuando
hubieren sido dictados con prescindencia de las normas de
procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe”
(Art. 132). De lo citado, se desprende que la eficacia de un
acto administrativo es una condición derivada de la
integración de este conjunto de disposiciones normativas
que motivan su creación. La actividad administrativa, por
tanto, al exteriorizar su gestión en acciones que generan
efectos jurídicos, debe hacerlo con sujeción estricta a las
normas señaladas, pues sus decisiones no son absolutas ni
arbitrarias, si no que están limitadas al cumplimiento de
                                 26




elementos esenciales, sin los cuales no será posible la
existencia y validez de un acto administrativo, de allí que,
toda la gestión pública y de manera particular la gestión
tributaria, constituye un conjunto de actividades regladas,
lo que implica que no pueden apartarse del expreso
mandado de la ley. De acuerdo con este principio, el
Código Tributario establece que “el ejercicio de la potestad
reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria,
constituyen actividad reglada…” (Art. 9). Lo expuesto, lleva
a la Sala a la conclusión de que el acto administrativo
cuestionado, no se produce bajo los condicionamientos, y
requisitos señalados en la Ley los que determinan su
validez   y   existencia.       Por    lo     cual    declara      que   la
manifestación emitida por el señor Alcalde de Azogues,
carece de efecto jurídico alguno y es nula por la omisión de
solemnidades sustanciales que afectan al derecho de
defensa del contribuyente. QUINTO: El fundamento de la
controversia, radica en el planteamiento del actor respecto
a que la empresa “Industrias Guapán S.A. no está en la
obligación de pagar el IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL”
por disposición del artículo 34 del Código Tributario. El
Municipio demandado sostiene, en cambio, la existencia de
la   obligación   tributaria,    que        tiene    su   origen    en   la
Ordenanza Municipal “para la Aplicación y cobro del
Impuestos de Patentes Municipales”, que en su artículo dos
señala quienes son los sujetos pasivos. Para elaborar un
examen ordenando de los hechos a ser resueltos, la Sala
                                  27




realiza el siguiente análisis jurídico: 1. Las Ordenanzas
Municipales, son evidentemente normas de trascendencia y
obligatorias para todos los vecinos, conforme sostiene el
Municipio demandado, sustentándose en la definición de
Cabanellas;    sin    embargo,         la    argumentación         pretende
desconocer la función de la ley en cuanto se refiere al
origen,   contenido,     y    a   los       sujetos   de     la   obligación
tributaria. El texto de la Constitución Política del Estado,
señala que solo por acto legislativo de órgano competente,
se pueden establecer, modificar o extinguir tributos, (Art.
257), y el Código Tributario en sus artículos 3 y 4 consagra
este principio y lo amplía al decir. “La Facultad de
establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del
Estado, mediante Ley…”y que “Las Leyes Tributarías
determinaran el objeto imponible, los sujetos activo y
pasivo. La cuantía del tributo o la forma de establecerla, las
excenciones y deducciones y los reclamos o recurso que
deban     concederse           conforme          a         este     Código”.
Consiguientemente        no       cabe,       que     la    administración
Municipal,    sustente    su      derecho       en    la    ordenanza    en
cuestión, supeditando el origen de las obligaciones que
pretende a la voluntad municipal. Sabiendo que, por
principio, esa voluntad solo puede hacer efectivas las
obligaciones     de      naturaleza           tributaria      que     esten
previamente señaladas en la ley bajo los presupuestos en
ella establecidos. Las Ordenanzas en esta materia, deben
expedirse en uso de la facultad reglamentaria concedida
                              28




por la Ley, así se define en el Art. 314 de la Ley de
Régimen Municipal “Las Municipalidades reglamentarán por
medio de ordenanzas el cobro de sus Tributos. La creación
de los tributos así como su aplicación se sujetará a las
normas que establecen en los siguientes capítulos y en las
leyes que crean o facultan crearlos “y de acuerdo al Art. 7
del Código Tributario se la ejercerá “previo dictamen del
Ministerio de Finanzas”. El Impuesto a las patentes,
constituye un Tributo establecido por la Ley de Régimen
Municipal, para las actividades de comercio o industria que
operen en cada cantón, conforme dice el Art. 382 de la Ley
que regula la actividad de las Municipalidades, cuya
erogación, corresponde a quienes ejercen esas tareas
económicas dentro del cantón, erogación que debe ser
cumplida bajo las condiciones generales que determinan la
existencia del tributo, su exigibilidad    y por los sujetos
pasivos obligados a la prestación. 2. La ordenanza para la
aplicación y cobro del impuesto a las patentes municipales,
emitida por el Concejo Cantonal de Azogues señala al
hecho   imponible,     como   una   contribución     que    grava
específicamente   el   establecimiento    de   las    actividades
económicas relacionadas con el comercio y la industria, de
lo cual se infiere que el impuesto se produce por realización
de actos vinculados con la industria y el comercio de
personas naturales o jurídicas, quienes deben cumplir con
la prestación. La generalidad del tributo, con respecto a la
competencia    territorial    del   Municipio.       No    implica
                                29




necesariamente que no existan sujetos que puedan ser
excluidos del gravamen por razones de orden público,
económico   o    social.   La    exención       o    exoneración    de
impuestos   es   una   Institución       del    Derecho    Tributario
Ecuatoriano, que consiste en la dispensa legal de las
obligaciones (Art. 30 del C.T.) otorgada por el legislador
para   atender   precisamente          esas    consideraciones     que
justifican la salvedad. El actor fundamenta su derecho en el
artículo 34 del Código Tributario. Que establece una regla
general en lo que atañe a las exenciones: la exoneración
del pago de impuesto a los organismos determinados en
los seis numerales dentro de los cuales en el numeral 1
señala a “… las Entidades de derecho público y las
Entidades de derecho privado con finalidad social o
pública”. Norma que es de obligatoria aplicación para la
administración   municipal,          puesto    que   el   ámbito    de
aplicación del Código señalado se refiere a todas las
relaciones jurídicas provenientes de todos los tributos
conforme dispone el Art. 1 “…se aplicarán a todos los
Tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o
de otros entes acreedores, así como a las situaciones que
deriven o se relacionen con ello”. En concordancia con el
Art. 2 que establece la prevalencia de las disposiciones del
Código Tributario sobre toda otra norma especial o general
y, por donde, todo el ordenamiento tributario se regulará
conforme a sus disposiciones. 3. A más de lo citado, la
exoneración deviene de disposiciones de leyes especiales,
                                     30




que se refieren a la constitución de los entes que con sus
capitales    generan      la      actividad      industrial   materia      del
gravamen que pretende la Municipalidad. Del proceso
existe prueba plena, respecto a que los accionistas de la
Empresa Industrias Guapán son el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y el Banco Nacional de Fomento, aspecto
en el que estan plenamente de acuerdo las partes,
discrepando       en     la     naturaleza       jurídica     de    las    dos
Instituciones. En el primera caso, la Ley de Seguro Social
Obligatorio, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
número 21, de 8 de septiembre de 1988, en su artículo 1
inciso tercero define la “Naturaleza Jurídica del IESS” de la
siguiente    forma:       “…es       una       entidad   autónoma,         con
personería jurídica y fondos propios distintos a los del
Fisco. Se halla exento de todo impuesto fiscal, provincial,
municipal ley especial, sus ingresos por aportes, fondos de
reserva, descuentos, multas y utilidades de inversiones no
podrán gravarse bajo ningún concepto…” (el subrayado es
de la Sala). La Constitución Política vigente, ratificando el
contenido de la Ley de Creación, otorga al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, la prestación del seguro
general obligatorio facultándole para “… crear y promover
la formación de instituciones administradoras de recursos
para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención
de   salud   de    los        afiliados    y    sus   familias     (Art.   58)
complementando que “…los fondos y reservas del seguro
social serán propios y distintos de los del Estado, y servirá
                            31




para cumplir adecuadamente los fines de su creación y
funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir
en su fondos y reservas, ni afectar su patrimonio.”. Para el
caso   del   segundo   accionista,   el   Banco   Nacional   de
Fomento, su Ley Orgánica publicada en el Registro Oficial
número 526 de 3 de abril de 1974 señala que “…es una
entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho
privado y finalidad social y pública, con personería jurídica
y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones”
y en el Art. 115, reformado por el Art. 2 del Decreto 3164,
Registro Oficial # 763 de 31 de enero de 1979 dispone que
“El Banco, en sus operaciones, actos y contratos, en la
emisión de títulos y en las obligaciones que libre, se halla
exento del pago de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones fiscales, municipales y especiales y gozará
de todas las ventajas tributarias que la ley concede a las
instituciones de derecho público y a las de derecho privado
con finalidad social y pública.” De las normas citadas se
deduce con toda claridad, que las actividades que realiza la
empresa accionante, producción y venta de cemento son
promovidas por recursos de dos entidades que tienen
finalidad social y pública y las utilidades que ella genera,
sirven para la prestación de los servicios señalados en sus
leyes constitutivas para cumplir sus objetivos específicos: y
existiendo, como se ha demostrado, previsión en ley
general (Art. 34 del Código Tributario) y en las leyes
especiales (Ley de Seguro Social Obligatorio y Ley Orgánica
                            32




del Banco Nacional de Fomento) que garantiza la dispensa
del pago de las obligaciones por Impuesto de Patentes
Municipales, la referencia para la exención, se relaciona
también a las rentas o utilidades que provengan de las
inversiones que ellas realicen. Razón por la cual no cabe el
argumento de la autonomía municipal, porque ella no es
sinónimo de arbitrio y solo tiene lugar dentro del marco del
principio y limitaciones establecidas en la Constitución y las
Leyes de la República que al delimitar el ámbito de su
acción,   elimina   el    concepto    de   poder    absoluto,
garantizando la convivencia y el derecho de los particulares
para oponerse a los actos que contrarían esa normativa a
la que el municipio debe subordinarse. 4. La figura jurídica
a la que se acojan las instituciones exentas para invertir
sus recursos y hacer producir su patrimonio, no es, ni pude
ser,   como    pretende     la   Administración    Municipal,
circunstancia para determinar si procede o no la obligación
tributaria. Ella nace de la ley cuando se cumplen los
presupuestos establecidos para configurar el tributo, y el
vínculo jurídico entre el sujeto activo y pasivo en virtud del
cual se deba o no satisfacer la prestación pecuniaria, nada
tiene que ver con el modo o forma de organizarse que
adopten las personas. De tal forma que es del todo
improcedente y extraño a la ley, sostener como lo hacen
los Personeros Municipales, que por ser Industrias Guapán
una Sociedad Anónima, regida por la Ley de Compañías
esta obligada al pago de la prestación. 5. El artículo 12,
                               33




primer inciso del Código Tributario establece que las
normas tributarias “se interpretarán con arreglo a los
métodos admitidos en derecho, teniendo en cuenta, los
fines de las mismas y su significación económica” y el Art.
18 del Código Civil, norma supletoria en materia tributaria,
que contiene las reglas generales de interpretación de ley,
indica en su primera regla “que cuando el sentido de la ley
es claro, no se desatenderá su tenor a pretexto de
consultar su espíritu”. De éstas normas se deducen
indudablemente que para determinar el alcance cierto y
justo de una ley, hay que, prioritariamente, atender su
tenor literal y, solamente si este fuere oscuro, investigar su
espíritu, alcance, fines o significación económica. En el
presente caso la empresa recurrente impugna, tanto los
actos de determinación constantes en los títulos de crédito
emitidos por la Tesorería Municipal, como la Resolución que
los confirma, al negar su reclamo, porque la Administración
Tributaria Municipal no admite la exoneración general
establecida en el Código Tributario, ni las especiales
consignadas en las leyes constitutivas de los organismos
que conforman la Empresa Guapán,                  basándose en una
interpretación, según la cual la Ordenanza Municipal es ley
de la materia y no existe norma alguna que haga
procedente    la   exclusión        tributaria.     Las   exenciones
dispuestas en leyes especiales y/o generales, tienden a
señalar,   situaciones   extraordinarias          -para   excluir   del
gravamen a ciertos hechos o personas, por consideraciones
                            34




de orden económico, social o de naturaleza política. El
texto legal del análisis es claro y explícito al señalar los
entes que gozan de la dispensa del pago del Impuesto a las
Patentes Municipales. Normas que por estar vigentes al
momento de la toma de las decisiones administrativas,
hacen que los actos producidos en virtud de esa errónea
interpretación, sean nulos por contrariar expresamente el
orden público vigente. En consecuencia, al encontrarse
diafanamente determinada en las normas señaladas las
exoneraciones a favor del recurrente, no cabe que el
Municipio pretenda el cobro del Impuesto de Patentes, a la
Empresa Industrias Guapán S.A. Por las consideraciones
que anteceden, el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con
sede   en   Cuenca     “ADMINISTRANDO           JUSTICIA       EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY”   declara   con    lugar    la   acción   incoada   por    el
Representante Legal de la Empresa Industrias Guapán S.A.
en contra de I. Municipio de Azogues, determinando que la
accionante goza de la dispensa legal respecto a los tributos
municipales, en particular del impuesto de patentes, por lo
que los treinta y seis títulos emitidos por el Tesorero
Municipal por ese concepto, en contra de la actora, por la
suma total de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO      MILLONES    DOSCIENTOS        VEINTICUATRO         MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS SUCRES, carecen de eficacia,
por contrariar expresas disposiciones legales, ordenándose
su baja. Se declara también, la nulidad de la Resolución sin
                             35




número emitida por el señor Alcalde de Azogues, con fecha
4   de   septiembre   de   1998.   Sin   costas   que   regular.
Notifíquese.
f) Drs. Rodrigo Patiño Ledesma.- Teodoro Pozo
Illinworth.- Bolívar Andrade Ormaza.


RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE
LO FISCAL. Quito, 30 de septiembre de 1999. Las 09h00.
VISTOS: Los doctores Segundo Ignacio Serrano y Oscar
Toledo Molina, en sus calidades de Alcalde y Procurador
Síndico del Municipio de Azogues, el 14 de enero de 1999
proponen recurso de casación en contra de la sentencia de
7 de los propios mes y año expedida por la Sala Unica del
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con sede en la ciudad de
Cuenca dentro del juicio de impugnación propuesto en
contra de dicha Municipalidad por INDUSTRIAS GUAPAN
S.A. La mencionada Empresa el 12 de mayo de 1999
contestó el recurso de casación mencionado y habiéndose
pedido los autos para resolver se considera. PRIMERO: La
Sala     es   competente   para    conocer   el   recurso    en
conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO:
Los personeros del Municipio de Azogues fundamentan el
recurso en las causales consignadas en los numerales 1, 3
y 4 de la Ley de la materia. Indican que al expedirse la
sentencia se han infringido los artículos 381 y 386 de la Ley
                              36




de Régimen Municipal; 2, 31 y 34 del Código Tributario, y,
1984 del Código Civil. Sustentan que el Impuesto de
Patente obliga a todos los comerciantes e industriales de
cada cantón, inclusive a la Empresa actora, la cual tiene
personería propia e independiente de sus socios, debiendo
tenerse presente, en conformidad al Art. 1984 del Código
Civil que la sociedad es distinta de los socios, por lo cual el
régimen exoneratorio de los socios no es aplicable a la
sociedad. Sobre el Art. 34 del Código Tributario aseveran
que dicha disposición contiene la frase “sin perjuicio de lo
que se disponga en leyes especiales”, por lo que debe
aplicarse el Art. 386 de la Ley de Régimen Municipal,
norma que exonera del Impuesto de Patente únicamente a
los artesanos. Aluden al Art. 31 del Código Tributario el
cual prevé que mediante ley deberán ser establecidas las
exenciones, previsión que debe ser respaldada. Alegan que
el Art. 34 indicado es ley general y que sobre ella
prevalecen las de carácter especial, e inclusive refieren que
existe jurisprudencia que favorece su tesis. La Empresa en
el mencionado escrito de contestación de 12 de mayo de
1999 afirma que no se ha infringido el Art. 1984 del Código
Civil,   pues,   el   mismo   es   supletorio   para   el   ámbito
tributario, dentro del cual rigen los artículos 2 y 447 del
Código de la Materia que estatuyen la supremacía de las
normas tributarias sobre otras de carácter general o
especial. Manifiesta que en conformidad al Art. 34, numeral
3 del Código Tributario que concierne a las compañías de
                               37




economía mixta, si cabe considerar, para efecto de las
exoneraciones a los socios en las empresas de economía
mixta. Sostiene que la sentencia del Tribunal Distrital de
los Fiscal Nº 3 analiza el estatus de desgravación de que
gozan las entidades que son las únicas accionistas de
Industrias Guapán S.A., las misma que gozan del régimen
de desgravación impositiva. Alega que en conformidad al
numeral 2 del Art. 34 indicado, la actora del juicio esta
exonerada del pago de toda clase de impuestos. Continua y
asevera que la Ley de Régimen Municipal no es especial
con relación al Código Tributario y que por lo tanto no
prevalece sobre el mismo, y que la expresión constante en
dicho Art. 34, “sin perjuicio de lo que disponga en leyes
especiales”   no    tiene     el    alcance     que     pretende    la
Municipalidad de Azogues. Respecto de la jurisprudencia de
17 de diciembre de 1986, recursos 145-73 expresa que la
misma no da la razón a la tesis de la parte demandada,
sino a la que propicia la Empresa. Señala casos en los
cuales   la   legislación     de    modo       puntual,     establece
excepciones al Art. 34 numeral 2º. En lo atinente a la
causal 4 del Art. 3 de la Ley de Casación explica que sobre
la validez o nulidad de la resolución del Alcalde de Azogues,
debía forzosamente pronunciarse el juzgador, motivo por el
cual no se ha infringido la preindicada causal 4ª. Concluya
solicitando   que   se      rechace    el     recurso     interpuesto.
TERCERO: En conformidad con el numeral 1º del Art. 132
del Código Tributario los actos administrativos serán nulos
                              38




y la autoridad competente los invalidará de oficio o a
petición de parte cuando hubieren sido expedidos por
autoridad manifiestamente incompetente. De acuerdo a lo
que determina el Art. 64 del propio Código, en el orden
municipal, la dirección de la administración tributaria
corresponde al Alcalde quién la debe ejercer a través de la
dirección u órgano administrativo que la ley determine.
Según los artículos 463 y 485 de la Ley de Régimen
Municipal compete al Jefe de la Dirección Financiera del
Municipio resolver en primera instancia los reclamos de los
contribuyentes no siendo aplicable al caso el Art. 72,
numeral 38 de la propia Ley. El Código Tributario regula
entre otras las relaciones entre sujetos activos y pasivos
provenientes de los tributos municipales, según lo señala
su artículo primero. Es incuestionable, además, que las
disposiciones de este Cuerpo Legal, según lo estatuyen sus
artículos 2, inciso final del Art. 444 y 447, a partir de su
vigencia, 1º de enero de 1976, derogaron todas las normas
que regían a la fecha y que fueran contrarias a las del
indicado Código. Esto se refuerza al considerar que el
Código Tributario lo es de todos los tributos, inclusive de
los   de   carácter   municipal.   En   consecuencia,   si   bien
corresponde al funcionario que tiene           a su cargo la
Dirección Financiera de los Municipios, conocer de las
reclamaciones que presenten los particulares, no es menos
cierto que a partir de 1976, ya no existen en el fuero
municipal dos o tres instancias administrativas, sino que en
                                    39




este ámbito, cual ocurre en otros se ha establecido el
sistema   de     la    única      instancia    administrativa.     De    lo
analizado también se concluye en forma clara que el
Alcalde   no    tiene     competencia          para     conocer   de    las
reclamaciones. En el caso presente el Alcalde de la ciudad
de    Azogues     al    recibir     la   reclamación       administrativa
interpuesta el 28 de agosto de 1998 por el Gerente General
de    Industrias       GUAPAN        S.A.,     debía      reconocer     su
incompetencia         para     conocer     y    resolver    la    indicada
reclamación y remitirla a la autoridad competente para el
efecto, el Director Financiero, en conformidad a la previsión
que sobre el punto contiene el Art. 78 del Código
Tributario. Según el artículo 287 del Código en mención, en
concordancia con el Art. 132 aludido, es obligación, aún en
forma oficiosa, antes de conocer el asunto de mérito,
pronunciarse sobre los vicios de nulidad de los resoluciones
impugnadas. Con estos antecedentes la Sala de lo Fiscal de
la Corte Suprema de Justicia, por haber sido expedida por
autoridad manifiestamente incompetente,                    vicio que no
puede subsanarse, declara la nulidad de la Resolución
objeto de la impugnación, expedida por el Alcalde de la
ciudad de Azogues el 4 de septiembre de 1998 y establece
que   dicha     autoridad      debe      remitir   la    correspondiente
reclamación al Director Financiero del propio Municipio a fin
de que la atienda. Sin Costas. Notifíquese, publíquese,
devuélvase.
                              40




f) Drs. José Vicente Troya Jaramillo.- José Ignacio
Albuja Punina.- Edmo Muñoz Custode.




III


Juicio Nº 42-99


Juicio de impugnación que, sigue Representante Legal de
Inmobiliaria Mercedes S.A. contra la Empresa Cantonal De
Agua Potable Y Alcantarillado De Guayaquil (Ecapag).


SINTESIS:


La Sala de lo Fiscal, desecha el recurso por cuanto el
fallo del Tribunal ad quem esta ajustado a derecho.
No existe violación de las normas contenidas en el
Art. 398 Ley      Reg. Municipal y Art. 119 de la
Constitución Política del Estado. De igual forma, no
corre la prescripción alegada.


FALLO DEL TRIBUNAL FISCAL


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 2. Guayaquil, 15
de abril de 1999, las 8h13.
VISTOS: Dr. Alejandro Peré Cabanas, en su calidad de
representante   legal   de     Inmobiliaria   Mercedes   S.A.,
                           41




comparece ante este Tribunal a deducir demanda de
impugnación de la Resolución Nº 0016/96, notificada el 5
de noviembre de 1996, dictada por el entonces Gerente
General de la Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado   de Guayaquil (ECAPAG), Ing. Richard Vera
Veloz en los términos que consta en la aludida demanda,
en la que el demandante también solicita que en lo que
fuere menester se cite al Ab. Silva P., en calidad de Asesor
Jurídico Procurador Judicial de la ECAPAG, también solicita
si fuere menester se cite al Procurador General del Estado,
al Ministerio Fiscal del Guayas o a uno de los Agentes
Fiscales del Ministro Fiscal, en el edificio de la Corte
Superior de Justicia de Guayaquil; citaciones que se
realizarán en las oficinas de dicha empresa situada en
Panamá 410 e Imbabura, según consta a fojas 107 y
siguientes de autos; 1. En los fundamentos de hecho de la
demanda manifiesta que el        (Sic) de mayo de 1990
presentó reclamo administrativo en relación al Código
094.1002A del Condominio Alpeca a la EPAG-G, en los
términos que constan entre los documentos que acompaño,
como los anexos Nº 1 al 45 en 54 fojas útiles debidamente
autenticada por el Notario Primero, Dr. Carlos Quiñonez; 2.
Que acompaña como pruebas además de los referidos
instrumentos públicos notarizados; los siguientes: a) Copia
auténtica de la Resolución Nº 0016/96 del Gerente General
de ECAPG, reconociendo los errores existentes anulando las
facturas emitidas a partir de mayo de 1990 hasta junio de
                               42




1995 inclusive; ordena la reliquidación de intereses acorde
lo   dispuesto   en    el   Art.    21   del   Código    Tributario;
acreditamiento de los pagos efectuados por los usuarios
para que no caigan en mora. El actor solicita que se anulen
las respectivas facturas emitidas por EPAP-G hoy ECAPAG
que acompaño como anexos 49 y siguientes; folio 79 al 97,
de su demanda y a la que alude en el parágrafo 2.2. del
documento que acompañó como número 49 de dicha
demanda; solicitando también que se ordene que la
ECAPAG     (antes     EPAG-    G)    devuelva     el    valor       de
S/.35'250.000,00 que fueron pagados indebidamente por la
actora, más los respectivos intereses en los términos
estipulados en el Art. 21 del Código Tributario; todo ellos
por la facturación de un supuesto consumo de agua potable
no recibida, según se lee de los anexos del documento 49
(último inciso del párrafo 2.2 de la demanda) valores que
solicita la anulación de las facturas indicadas en la
demanda, así como el reintegro de la suma de S/.
35'250.000,00    pagados      indebidamente       por    la     actora.
Calificada la demanda y aceptada al trámite de ley, el
estado de la causa es de resolver y para hacerlo se
considera: PRIMERO: Este Tribunal es competente para
conocer y resolver las impugnaciones propuestas en la
demanda en atención a lo dispuesto en el Art. 234 del
Código Tributario, competencia que además se encuentra
respaldada en la Constitución Política de la República
publicada en el Registro Oficial del 13 de febrero de 1997 y
                                  43




las Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, sobre
competencia y jurisdicción de los Tribuales Distritales de lo
Fiscal de fecha 5 de mayo y 6 de octubre de 1993,
respectivamente. SEGUNDO: Se ha dado a la presente
causa el trámite de ley, habiendo las partes legitimado su
intervención oportunamente, y no existiendo omisión de
solemnidad sustancial alguna se declara el proceso válido.
TERCERO:          Consta    de    autos    las   citaciones    a    los
demandados, por los derechos que representan habiendo
además comparecido el representante legal de ECAPAG por
lo que se hace el siguiente análisis: a) El 15 de abril de
1997, se recibe la causa a prueba por el término común de
10 días conforme a lo dispuesto en el Art. 272 del Código
Tributario b) Consta de autos la remisión del respectivo
oficio al Gerente General de la ECAPAG para que remita
copia      del     certificado     del     respectivo      expediente
administrativo y de la documentación relacionada con la
Resolución GER.G-0016/96, materia de la demanda de
impugnación. c) En providencia dictada el 17 de julio de
1997 se insiste a fin de que el Gerente General de la
Empresa      Cantonal      de    Agua    Potable,   cumpla    con    lo
ordenado en el término de cinco días bajo prevenciones de
ley. Pese a lo cual la Ecapag no dio cumplimiento a la
remisión    del    respectivo     expediente     de   la   Resolución
impugnada lo que de acuerdo con el Art. 261 del Código
Tributario se estará a las afirmaciones del actor o a los
documentos que éste presente constituye prueba contra los
                               44




demandados, d) Cumpliendo con la providencia del 16 de
mayo de 1997, que consta a fojas 121, el 26 de dicho mes
y año se realizó la inspección judicial comprobándose la
existencia de diversos locales desocupados; y habiendo el
perito designado emitido su dictamen en que ratifica en lo
anterior, e) Consta de autos los pagos realizados mediante
cheques a cargo del Banco Sociedad General de Crédito a
la Empresa Provincial de Agua Potable hoy (ECAPAG), que
se    descompone     de   la   siguiente    manera;     1.   Planilla
canceladas anexo 4; folio 328 y vuelta; S/. 172.866,20 por
los meses de abril y mayo de 1990; por enero de 1990 S/.
252.012,00; febrero de 1990;        S/. 215.694,10; marzo de
1990 S/. 224.908,80; abril 1990 S/. 17.866,20; mayo 1990
S/. 355.761,00; junio 1990 S/. 216.606,50; julio 1990 S/.
187.925,40; lo que suma un total de S/. 1'608.624,10 por
cobros duplicados inclusive. 2. Pago de planillas por
consumo en los meses septiembre y octubre 1990; Anexo
5; folio 326 S/. 308.927,00 y 3. Otros pagos por noviembre
a febrero de 1991; anexos 12; folio 16; cheque 022966 por
S/. 200.000,00; enero 1993; anexos 16; folio 22; cheque
089108 por S/. 1.200.000,00; febrero 1993; anexos 17;
folio 23; cheque 089175 por S/.600.000,00; marzo a mayo
de 1993; anexo 18; folio 24; cheque 089164 por S/.
500.000,00; junio 1993; anexo 18; folio 24; cheque
134104 por S/. 200.000,00 julio 1993; Anexo 19; folio 25
cheque 02.546 por S/. 200.000,00; agosto 1993; anexo
20;    folio   26   cheque     025562      por   S/.   200.000,00;
                              45




septiembre 1993; anexo 21; folio 27; cheque 025576 por
S/. 200.000,00; octubre 1993; anexo 22; folio 28 cheque
134150 por S/. 200.000,00, noviembre 1993; anexo 23;
folio 29, cheque 134153 por S/. 200.000,00, diciembre
1993,   anexo   25;   folio   31;   cheque   134171   por   S/.
200.000,00; enero 1993; anexo 27; folio 33 cheque
134184 por S/. 200.000,00; febrero 1993; anexo 28; folio
34; cheque 134190 por S/. 200.000,00; julio 1993 a
septiembre 1995; anexo 35; folio 44 cheque 263411 por
S/. 3.000.000,00; abono a cuenta; anexo 37; folio 46;
cheque 270073 por S/.2. 700.000,00; julio a marzo 1996;
anexo 38; folio 48 cheque 279893 por S/. 5.000.000,00;
abril 1996; anexo 39; folio 49 vuelta; cheque 270094 por
S/. 3.000.000,00; mayo 1996; anexo 40; folio 50 cheque
270111 por S/. 2.000.000,00; hasta junio 1990; anexo 42;
folio 52; cheque 270130 por S/. 2.850.000,00; hasta julio
de 1996; anexo 43; folio 53, cheque 329433 por S/.
3.500.000,00; hasta agosto 1996; anexo 44; folio 54,
cheque 392450 por S/. 4.000.000,00 y, hasta septiembre
de 1996; anexo 45; folio 55; cheque 329469 por S/.
4.000.000,00. Vale decir que el total de valor en este
numeral es de S/. 35.250.000,00. Además fotocopias
certificadas de todos los cheques que constan en el informe
emitido por el Banco de Guayaquil, que obran de autos los
cuales ascienden más de S/. 37'000.000,00 pagados por la
actora Inmobiliaria Mercedes S.A., a Luis Cáceres por
tanqueros que suministran agua potable al Edificio Alpeca.
                             46




f) Constan también en el proceso documentos anexos a la
demanda    correspondiente        a    reclamos   presentados       a
ECAPAG POR FALTA DE AGUA: instrumentos reproducidos
en el escrito del actor de fecha 22 de abril de 1997;
documentos     que   no   han         sido   impugnados       por   la
demandada. g) También, a fojas 104/10 obran de autos
información aparecida en el Diario el Universo del 27 de
noviembre de 1996 y 1 de septiembre de 1995, respecto a
la falta de agua potable en el sector céntrico de la ciudad y
los reclamos de los usuarios; así como también información
aparecida en el Diario El Universo (documentos número
52), en el cual el propio directorio de la ECAPAG resolvió
que todo valor que conste como anticipo de un anterior
sistema   de   facturación   será       acreditado   a   la    nueva
modalidad de cobro del servicio; Resolución que la Ecapag
la dictó en el sentido “de hacer justicia a los centenares o
millones de usuarios que han sido perjudicados con el
planillaje indebido por consumo de agua potable por lo que
el Directorio de EPAGP-G hoy (ECAPAG) autorizó a los
Departamentos de facturación y contabilidad para que den
de baja a los títulos no pagados y que han sido protestados
por los usuarios”. Continuó dicha información anotando que
igual procedimiento se efectuará con aquellos usuarios que
ya cancelaron y que se beneficiarían con un crédito para
futuros consumos; todo ello según del documento número
52, acompañado por la actora que tampoco ha sido
impugnado por la demandada; y, a) Que conforme consta
                            47




del documento número 46 que en 3 fojas adjuntó: La
actora en su demanda, manifestó que la propia        ECPAG
reconoció la falta de suministro de agua al Condominio
Alpeca. En mérito a los considerandos que antecede, de
todo lo actuado y constante en el proceso, el Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 2 con sede en Guayaquil,
ADMINISTRANDO         JUSTICIA    EN    NOMBRE      DE   LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara
con lugar la demanda propuesta por el Dr. Alejandro Peré
Cabanas por los derechos que representa de Inmobiliaria
Mercedes S.A., ordenándose que la ECAPAG proceda a
anular las facturas emitidas por la entonces Empresa
Provincial de Agua Potable de Guayaquil hoy Empresa
Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (ECAPAG) a las
que se refiere la Resolución impugnada y los documentos
acompañados a la demanda; debiendo también ECAPAG
reintegrar a la actora el valor de S/. 35'250.000,00 que
fueron   pagados    indebidamente,     más   los   intereses
respectivos en los términos estipulados en el Art. 21 del
Código Tributario. Notifíquese.
f) Ab. Carlos Zúñiga Romero.- Dr. Oscar Zuloaga
Paredes.- Ab. Zoraida León Junco.


RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE
LO FISCAL. Quito, 21 de octubre de 1999. Las 09h10.
                              48




VISTOS: El Gerente General de la Empresa Cantonal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG el 28
de abril de 1999 propone recurso de casación en contra de
la sentencia expedida el 15 de los propios mes y año y en
contra de su aclaración de 20 de los indicados mes y año,
expedidas por la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo
Fiscal Nº 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del
juicio   de    impugnación    Nº     1507-928       propuesto    por
Inmobiliaria    Mercedes     S.A.     en   contra    de    ECAPAG.
Habiéndose      concedido    el     recurso   lo    ha    contestado
Inmobiliaria Mercedes S.A. el 24 de junio de 1999 y
pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO:
La Sala es competente para conocer el recurso en
conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO:
ECAPAG fundamenta el recurso en las causales 1ª y 2ª del
Art. 3 de la Ley de la Materia. Al propósito manifiesta que
al expedirse la sentencia se ha incurrido en la falta de
aplicación de los artículos 119 de la Constitución Política;
1505 del Código Civil; 323 y 324 del Código Tributario y
284 del Código de Procedimiento Civil. Expresa que en
conformidad con el Art. 119 de la Constitución Política las
instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y
los funcionarios no podrán ejercer otras atribuciones que
las consignadas en la propia Constitución y en la Ley,
constituyendo objeto ilícito todo lo que contraviene al
derecho público, al tenor del Art. 1505 del Código Civil.
Alega que la demanda no se ajusta a los términos
                                49




establecidos   en   el   Art.    323   del   Código   Tributario.
Igualmente sustenta que la sentencia viola el Art. 324 del
Código Tributario, pues, la mayoría de los pagos efectuados
se encontraban prescritos, debiéndose tener presente que
la citación con la demanda se realizó durante los días 20,
21 y 22 de enero de 1997, por lo cual, solo a partir de esta
última fecha se interrumpió la prescripción de la acción de
pago indebido. Finalmente señala que de acuerdo al Art.
284 del Código de Procedimiento Civil, los jueces están
obligados a suplir las omisiones en que incurran las partes
sobre puntos de derecho. Por su parte, la actora en el
mencionado escrito de contestación de 24 de junio de 1999
afirma que el recurso de casación no reúne los requisitos
previstos en el artículo 3 de la Ley; que de acuerdo al Art.
234 del Código Tributario el Tribunal Distrital de lo Fiscal
Nº 2 tiene competencia para conocer del caso con respaldo
en la Constitución y en las resoluciones que ha dictado la
Corte Suprema sobre competencia y jurisdicción y que en
el hipotético y nunca consentido supuesto de que dicho
Tribunal no fuere competente, ECAPG se allanó a la
competencia mencionada; que la prescripción de la acción
de pago indebido se interrumpe con la presentación del
reclamo o de la demanda y que el 4 de mayo de 1990 fue
presentado el correspondiente reclamo; que el pago del
servicio de agua potable en una tasa y por consiguiente es
un tipo de tributo; que de autos constan pruebas de la falta
de prestación del servicio de agua potable, así como de que
                           50




ECAPG incumplió con lo dispuesto por el Art. 261 del
Código Tributario al no haber enviado el expediente
administrativo; que su representada, por la falta de
servicio de agua tuvo que satisfacer la suma de treinta y
siete millones de sucres por el suministro mediante
tanqueros; que se ha producido la situación del silencio
administrativo positivo de que tratan los artículos 28 de la
Ley de Modernización y 21 de la Ley 05, pues, los reclamos
no fueron atendidos oportunamente; que ECAPG no objetó
oportunamente    los   documentos    presentados    por   la
demandante, por lo cual los mismos hacen mérito en el
proceso; y, que la propia demandada ha reconocido la falta
de suministro de agua. Por los razonamientos indicados
concluye solicitando se deseche el recurso interpuesto.
TERCERO: En conformidad con el Art. 234 numeral 5 del
Código Tributario corresponde al Tribunal Fiscal, hoy al
respectivo Tribunal Distrital de lo Fiscal, conocer de las
acciones de impugnación que se propongan en contra de
las decisiones administrativas dictadas en los recursos de
reposición y de revisión. En este caso, según obra a fojas
107 vuelta de los autos, en el libelo de demanda aparece
que se ejercita una acción de impugnación en contra de la
Resolución 016/96 expedida en revisión, la cual obra a
fojas 59 a 61 de los autos. En esta Resolución se resuelve
revisar la expedida por el Director Financiero de la
Empresa, se dispone anular las facturas de consumos de
agua y emitir otras. Se trata por tanto de la aplicación de
                                  51




tasas en los términos previstos en el Art. 398 de la Ley de
Régimen Municipal. Por lo tanto al expedirse el fallo no
existe falta de aplicación de los artículos 119                     de la
Constitución Política y 1505 del Código Civil. CUARTO: El
inciso segundo del artículo 324 del Código Tributario
dispone     lo   siguiente:      “La    acción    de   pago    indebido
prescribirá en el plazo de tres años contados desde la fecha
del   pago.      La   prescripción       se    interrumpirá     con    la
presentación del reclamo de la demanda en su caso”. De
autos aparece que se han presentado reclamaciones a
ECAPG en las cuales se ha solicitado desde el año 1990 la
devolución de los valores pagados en razón de que no ha
existido    suministro     de    agua.    Por     lo   tanto   no   cabe
considerar la interrupción de la prescripción únicamente a
partir     de    la   citación    con     la     demanda,      diligencia
perfeccionada con la entrada de la tercera boleta, el 22 de
enero de 1997, fojas 114 de los autos. En consecuencia no
existe falta de aplicación de los artículos 323 y 324 del
Código Tributario. QUINTO: En el escrito que contiene el
recurso se sustenta que al expedir el fallo se ha incurrido
en la falta de aplicación del Art. 284 del Código de
Procedimiento Civil. Esta norma que es de aplicación
supletoria, pues, existe otra de aplicación directa, el inciso
segundo del Art. 288 del Código Tributario, prevé que los
jueces están obligados a suplir las omisiones en que
incurran las partes sobre puntos de derecho. La recurrente
no precisa el modo como en la sentencia se ha incumplido
                           52




semejante precepto. Por esta razón no cabe considerar tal
argumento. En mérito de las consideraciones expuestas la
Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto.
Sin costas. Notifíquese, publíquese, devuélvase.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- José Ignacio
Albuja Punina.- Edmundo Navas Cisneros.




IV


Juicio Nº 14-98


Juicio de impugnación que sigue Farmazuay S.A. contra el
Ministro de Finanzas y Crédito Público.


SINTESIS:


La Sala de lo Fiscal, desecha el recurso por cuanto; el
Art. 2 del Código Tributario no prevalece sobre el # 5
del Art. 130 de la Carta Política; y, el Art. 21 de la Ley
05 de 10:03:94 prevalece sobre el C.ódigoTributario y
es una ley tributaria. Silencio administrativo.


FALLO DEL TRIBUNAL FISCAL
                            53




TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 3. CUENCA,
DICIEMBRE 18 DE 1997. LAS 14H30.
VISTOS: Jorge Chong, a nombre y representación de
FAMAZUAY     S.A.,   personería   que   la   acredita   con    el
documento que obra a fojas 4 del proceso, presenta, ante
el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, con sede en Quito
demanda    contenciosa    administrativa     en   contra      del
Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito
Público. Organo Judicial que mediante auto inhibitorio de
22 de enero de 1997, niega la competencia para conocer y
resolver la acción deducida en razón del domicilio del
demandante y ordena la remisión del expediente a este
Tribunal, el mismo que, en providencia de 14 de marzo de
1997, radica la competencia y acepta a trámite el escrito
de impugnación, que está contendido en los siguientes
términos: 1) Que con fecha 6 de agosto de 1996, fue
notificado con la Resolución Nº 100 emitida por el
Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito
Público, a través de la cual se niega el recurso de revisión
insinuado, respecto de la Resolución 3846 de 2 de mayo de
1995. 2) Sostiene que el fundamento del recurso radicaba
en la preclusión del derecho de la Administración para
resolver, pues habían transcurrido más de ciento veinte
días hábiles desde la fecha en la que se presentó el
reclamo administrativo respecto a las actas de fiscalización
Nº   01.01.057;      01.01.403;    01.01.404;      01.01.405;
01.01.462; 01.01.462; o1.01.463; 01.01.464; 01.01.628;
                           54




01.01.629 y 01.01.630, sin embargo el funcionario de la
Administración Tributaria bajo el argumento de “que la
norma legal que estableció un término de 120 días para
que las peticiones de los contribuyentes sean aceptadas
tácitamente a falta de resolución expedida en legal forma,
no tiene vigencia, porque esa norma contenida en el Art.
21 de la Ley Nº 05, que reformó la Disposición Final
Primera de la Ley 51, no tiene vigencia, debido a que es
una reforma tácita al Código Tributario, y que, para obligar
a la administración, de conformidad con el Art. 2 del
Código Tributario, la reforma habría debido ser expresa”.
3) Que la Administración pretende “sustraerse a esta
justísima   y   trascendente    institución   que   acepta,
tácitamente los pedidos de los contribuyentes ante el
silencio administrativo” que esta consagrada en el Art. 21
de la Ley 05, publicada en el Registro Oficial de 10 de
marzo de 1994, sustitutiva de la Disposición Final Primera
de la Ley Nº 51 que constituye modificación expresa,
porque esta “enunciado con toda precisión inclusive el
artículo que queda sustituido”, argumentado al respecto
que las reformas por estar contenidas en una norma “Son
expresas, según la gramática porque están expresadas. Lo
tácito es lo que no se ha expresado, pero es contradictorio,
o sea no puede existir, con otra norma vigente” y que “se
trata de una reforma parcial, no total. No sustituye la
integridad de un artículo, un capítulo o una ley, sino
introduce una norma cada vez que la Ley Tributaria hable
                             55




de reclamos y decisión sobre los mismos”. 4) Alega
también que el Art. 2 del Código Tributario no tiene valor
de norma constitucional, pues puede ser reformado por
cualquier otra ley, asunto que es innegable y “que la
administración, en otros casos, viene aplicando normas
reformatorias del Código Tributario, originadas en la misma
Ley 05, aunque esas normas están 'expresadas' en forma
general y no numerativa artículo por artículo”, citando
como ejemplo el Art. 46 de la aludida Ley Reformatoria.
Concluye solicitando que en sentencia se declare sin efecto
la Resolución emitida por el Subsecretario General del
Ministerio   de   Finanzas   y    Crédito   Público   y   que   en
consecuencia ha operado el silencio administrativo respecto
a las actas de fiscalización reclamadas. Calificada la
demanda, el Ministro de Sustanciación dispuso que se cite
al demandado, para que conforme dispone el Art. 258 del
Código Tributario la conteste dentro del término señalado
en la norma. Cumplida la diligencia comparece el Dr. René
Palacios Aguirre, acreditando su calidad de Procurador de la
Autoridad Tributaria, para dar contestación a la demanda,
en escrito que obra de fojas 35 a 37, escrito que por haber
sido presentado fuera del término concedido para el efecto
ha de entenderse por mandato del Art. 261 del Código
Tributario, como negativa pura y simple de la acción
propuesta y ratificación de los fundamentos que motivaron
la resolución impugnada, quedando así trabada la litis y
una vez que ha concluido la etapa probatoria, la causa se
                              56




encuentra en estado de resolver y para hacerlo se
considera: PRIMERO: El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3
es competente para conocer y resolver el asunto sometido
a su dirimencia al tenor de lo señalado en los Arts. 218 y
234 numeral 4 del Código Tributario, así ....en las
Disposiciones Octava y Décimo de la Codificación de la
Constitución Política de la República, de 13 de febrero de
1997, publicada en el Registro Oficial Nº 2, competencia
que se ha radicado en esta Sala por Inhibitoria del Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 1, que obra a fojas 26 del proceso.
SEGUNDO: Las partes han acreditado debidamente su
personería, con los documentos que obran a fojas 4 y 31.
TERCERO: De la revisión de la causa, se observa que en
su trámite, no se ha omitido formalidad sustancial alguna,
ni existen vicios de procedimiento que puedan determinar
su nulidad, por lo que es procedente declarar la validez
procesal. CUARTO: De fojas 62 a 63 obra la Resolución
emitida por el Subsecretario del Ministerio de Finanzas y
Crédito Público, el 1 de agosto de 1996, en la que se niega
el   recurso   de    revisión      insinuado   por   el     actor,
fundamentándose en la disposición del Art. 2 del Código
Tributario, que considera que las Leyes Tributarias sólo
podrán ser modificadas por disposición expresa de otra ley
determinada específicamente a tales fines, y que el Art. 21
de la Ley 05, publicada en el Registro Oficial Nº 396 de 10
de marzo de 1997, a criterio de la Administración, es una
reforma   tácita,   “puesto   que    en   forma   general    esta
                           57




reformando    algunas   disposiciones   tanto   del   Código
Tributario como de las demás Leyes Tributarias” y que “en
el momento en que el legislador emplea la frase “en todos
aquellos casos…”, sin referirse a las normas específicas que
desea derogar en forma expresa, esta reforma es TACITA,
y así se han pronunciado varios tratadistas en el campo
civil” indicando que la disposición del Art. 37 de dicho
Código al referirse a la derogación de las leyes, está
señalando cuando la derogatoria es expresa y cuando es
tácita, de lo que concluye que es esta última la que ha
aplicado en el Art. 21 de la Ley 05, por lo cual “la
Administración Tributaria no se encuentra obligada a
aplicar la misma, de conformidad con lo que dispone el Art.
2 del mencionado Código”. Al análisis legal precedente
agrega el sustento Resolutorio, una justificación que
reconoce la existencia de rémora en el pronunciamiento del
Director General de Rentas, al sostener que “dado el
exceso de volumen de trámites… la expedición de la
Resolución Nº 3846 de mayo 2 de 1995, con la que ha sido
atendida la Empresa “FARMAZUAY S.A.”, se encuentra
comprendida dentro de los parámetros legales”. Respecto
al argumento de la derogatoria tácita de la ley, el Tribunal
considera que para el caso de la especie, tal situación
jurídica se procede, de manera expresa puesto que el Art.
21 de la Ley 05 prenombrada, no hace más que regular en
forma general y unificada todos los plazos que estuvieron
determinados en el Código Tributario y las otras leyes
                             58




tributarias y señala ese mismo plazo para casos en los que
tales normas, no hubieren establecido términos para
resolver, de tal manera que se refiere en concreto a
disposiciones existentes en la ley, sin que sea preciso,
como parece insinuar la Administración, la referencia del
articulado de cada uno de los cuerpos normativos, además
de ello, la reforma está creando una nueva situación
jurídica respecto al concepto imperante en la ley anterior,
sobre el silencio u omisión por parte de los funcionarios de
la   administración   tributaria   que    ejercen        la     facultad
resolutoria determinada en el Art. 69 del Código Tributario,
al no pronunciarse dentro del plazo único creado por esa
norma, puesto que hasta antes del primero de enero de
1995    fecha   señalada   para     la   vigencia        de     la    Ley
Reformatoria    de    nuestra      referencia,      la        falta   de
pronunciamiento debía entenderse como negativa tácita de
la petición o reclamo y a partir de esa fecha el silencio será
interpretado positivamente, es decir como aceptación tácita
de los planteamientos deducidos por los contribuyentes. De
manera que es fácil     concluir, que el plazo de 120 días
fijados en la norma sustituye expresamente los contenidos
en las otras normas del Código Tributario Arts. 102, 125,
136, y de la Disposición Final de la Ley de Régimen
Tributario Interno y aún en el supuesto no consentido, que
aceptáramos el criterio de la Administración, respecto a la
derogatoria tácita, esta se produce por una Ley Especial de
carácter Tributario, cuyo cumplimiento obliga por igual a
                              59




los sujetos de la relación jurídica que de ella nace y no
puede la Administración, fundamentándose en el Art. 2 del
Código Tributario, afirmar que no se encuentra obligada a
aplicarla, sin faltar a la equidad y a la lógica jurídica,
puesto que la vigencia y aplicación de la ley, no puede
estar al arbitrio de las personas, ni aún cuando ella
aparezca como inconstitucional, pues sus efectos solo
serán suspendidos por el órgano constitucional respectivo.
El criterio por respetable que fuere del Subsecretario
General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público no
enerva el cumplimiento de la ley, en el sentido de
pronunciarse    expresamente       sobre   los    planteamientos
efectuados por los contribuyentes y en este caso particular
frente al recurso de revisión. QUINTO: A fojas 87 del
proceso, obra copia certificada del recurso de revisión
planteado por el actor ante el señor Ministro de Finanzas y
Crédito Público, recurso que se contrae al solicitar que la
máxima autoridad Tributaria invalide la resolución emitida
por el Director General de Rentas, por haber cesado la
facultad resolutoria al haber decurrido más de ciento veinte
días   desde    la   fecha   de    presentación    del   reclamo
administrativo contra los actos de determinación tributaria
constantes     en    las   actas   de   fiscalización    números
01.01.403, 01.01.404, 01.01.05, 01.01462, 01.01.463,
01.01.464, 01.01.628, 01.01.629, 01.01.630 y 01.01.057,
levantadas por concepto de impuestos a la renta, agente
de retención, Impuesto al valor agregado e impuesto para
                             60




la reconstrucción del Austro por los ejercicios económicos
1991,1992 y 193, del escrito en mención se infiere que el
fundamento del recurso, tiene relación con los efectos que
en favor del contribuyente producen ante la falta de
oportuno   pronunciamiento        de    la    Autoridad    Tributaria,
efectos que se desconocen al atender el recurso de revisión
y por ello es procedente la acción de impugnación
planteada ante este órgano de administración de justicia.
SEXTO: El Art. 21 de la Ley 05, establece que la falta de
atención de un reclamo o recurso en el plazo de ciento
veinte días hábiles se considerará como aceptación tácita
del mismo, pretendiendo con ello que la administración
cumpla con sus funciones y de no hacerlo sea sujeto de
responsabilidad por los perjuicios que su omisión hubieren
causado al Fisco. El inciso segundo de éste artículo dice: “si
vencido el plazo señalado en el inciso anterior no hubiere
pronunciamiento    expreso    respecto         de    las   peticiones,
reclamaciones o recurso que se presenten a partir de la
fecha indicada, el silencio administrativo se considera como
aceptación tácita de los mismos”, añadiendo la Ley, que el
funcionario por cuya causa o negligencia se hubiere
producido la aceptación tácita podrá ser sancionado con la
destitución. Si la Ley, fija un plazo imperativo para que los
funcionarios    competentes        de        las    Administraciones
Tributarias, hagan uso de la facultad resolutoria y si no lo
hace dentro de ese plazo, caduca la potestad legal, es decir
pierde el ejercicio de la facultad, en el caso concreto, por el
                                61




hecho del transcurso de los ciento veinte días, contados a
partir de la presentación del reclamo o recurso. Caducidad
que equivale a la ineficacia del derecho por no haber sido
ejercido dentro del tiempo señalado y produce, conforme a
la disposición normativa, los mismos efectos de una
resolución     favorable,       con   las    características   de
ejecutoriedad y firmeza de cosa juzgada. SÉPTIMO: De la
copia del reclamo administrativo, constante de fojas 47 a
50, se desprende que esta ha sido presentado con fecha 04
de enero de 1995, según consta en la razón señalada en la
parte inferior izquierda del escrito en mención (fojas 47) y
de fojas 51 a 58 obra la Resolución Nº 3486, emitida por el
Director General de Rentas, con fecha 2 de mayo de 1995 y
que según afirma el actor, que no ha sido contradicho por
la Administración, le fue notificada el 14 de agosto de
1995, fecha desde la cual surten los efectos legales y se
establece plazo concedido por la Ley 05, en su Art. 21,
para   la    procedencia    y    validez    del   pronunciamiento
administrativo, puesto que la notificación constituye el acto
procesal fundamental, cuya finalidad esta definida en el
Art. 103 del Código Tributario como el medio por el cual se
hace saber al interesado el contenido de la decisión a la
que ha arribado la Autoridad Tributaria, respecto al reclamo
o recurso deducido por un contribuyente; conocimiento,
que es indispensable para la validez de las situaciones
jurídicas que de ella se derivan, lo cual implica que,
determinaciones, resoluciones, mandamientos u órdenes
                                 62




de carácter administrativo no tienen efecto alguno mientras
no sean notificadas, por ello es que la relación temporal
entre la fecha que se produce la actuación administrativa y
la del cumplimiento de esa formalidad sustancial, no tiene
otra consecuencia que la de darle forma y eficacia,
conforme dispone el Art. 85 del cuerpo legal citado. En
consecuencia, entendiéndose que la finalidad de la norma
legal contenida en el varias veces citado artículo 21 de la
Ley 05, es la de obligar que la administración tributaria
atienda, resuelva y notifique sus decisiones, dentro del
plazo máximo señalado en ella, para evitar la demora y
falta de atención oportuna que es proverbial en la
administración    pública,   procurando      la    agilidad   en    la
atención   de    reclamos    o    recursos   que    presenten      los
contribuyentes, sin lugar a dudas, en el caso particular que
nos ocupa, es procedente la afirmación del actor en el
sentido de que la resolución          que sirve de fundamento al
recurso de revisión, fue notificada con posterioridad al
plazo de 120 días, produciéndose con ello la aceptación
tácita del reclamo, pues esa aceptación para que obligue al
contribuyente debió necesariamente ser notificado dentro
del término señalado, así debió considerar, en estricto
derecho la máxima autoridad Tributaria al absolver el
recurso de revisión insinuando y no pretender con un
errado sentido de solidaridad, justificar aceptando la
omisión, por “… el exceso de volumen de trámites que
tienen la Dirección General de Rentas, la expedición de la
                            63




Resolución Nº 3846 de mayo 2 de 1995 con la que ha sido
atendida la empresa “FARMAZUAY S.A.”, se encuentra
dentro de los parámetros legales”. Por los considerandos
expuestos el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede
en Cuenca “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”
acepta la demanda deducida por el Representante Legal de
la Empresa FARMAZUAY S.A. en contra del Subsecretario
General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público,
declarando sin efecto la Resolución Nº 100 de 1 de agosto
de 1996, que absuelve el recurso de revisión planteado por
el actor, por cuanto, la Resolución Nº 3486, de 2 de mayo
de 1996 expedida por el Director General de Rentas, que
fuera materia del aludido recurso, al habérsela notificado al
contribuyente el 14 de agosto de 1995, es decir fuera del
término señalado en la disposición final de la Ley de
Régimen Tributario Interno, sustituida por la disposición del
Art. 21 de la Ley 05, produjo los efectos de la Resolución
favorable para el contribuyente, respecto de las actas de
fiscalización cuestionadas. El Director General de Rentas en
acatamiento de esta sentencia ordenará la baja de los
títulos de crédito que se hubieran emitido en contra de la
empresa demandante. Sin costas ni honorarios que regular.
Notifíquese.
f) Drs. Teodoro Pozo Illingworth.- Rodrigo Patiño
Ledesma.- Galo Vásquez Andrade (Conjuez).
                              64




RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE
LO FISCAL. Quito, 3 de diciembre de 1999. Las 15h00.
VISTOS: El 8 de enero de 1998, el doctor René Palacios
Aguirre, Procurador de la Máxima Autoridad Tributaria,
propone recurso de casación de la sentencia expedida por
la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con
sede en Cuenca, el 1º de diciembre de 1997, en el juicio de
impugnación Nº 13-97, propuesto por Jorge Chong a
nombre y representación de FAMAZUAY S.A., en calidad de
Gerente de la misma, en contra del Subsecretario General
del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. Notificados las
partes con la recepción del proceso y corrido traslado con
el recurso, Jorge Chong, por los derechos que representa
solicitó se señale audiencia en estrados para alegar
verbalmente, la que tuvo lugar ante la Sala. Pedidos los
autos para resolver se considera: PRIMERO: La Sala
Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia
es competente para conocer y resolver el recurso, de
conformidad con el     Art.    1 de     la Ley de Casación.
SEGUNDO: El recurrente expresa que las causales que
originan este recurso son la 1ª y 2ª del Art. 3 de la Ley de
Casación.   Señala   que   las     disposiciones   legales   que
considera incumplidas son los Arts. 2, 13, 285 del Código
Tributario y 37 del Código Civil. Fundamenta su recurso en
                                  65




lo siguiente: 1. Que por delegación legal del señor Ministro
de Finanzas y Crédito Público, el señor Subsecretario
General expidió la Resolución Nº 100, el 5 de agosto de
1996, en el recurso de revisión interpuesto por Jorge
Chong, Gerente y representante legal de “FARMAZUAY
S.A.”, a la Resolución Nº 3840 de 2 de mayo de 1995,
expedida por el Director General de Rentas. 2. Que el Art.
2 del Código Tributario al referirse a la supremacía de las
normas tributarias prescribe que la disposiciones de este
Código y las demás leyes tributarias prevalecerán sobre
toda otra norma de leyes generales o especiales y solo
podrán    ser      modificadas    o    derogadas      por    disposición
expresa de otra Ley destinada específicamente a tales
fines.   En     consecuencia      no    serán    aplicables     por    la
Administración ni por los órganos jurisdiccionales, las leyes
y decretos que de cualquier manera contravengan este
precepto. A continuación agrega que si se hace un análisis
del contenido del Art. 21 de la Ley 05 publicada en el
Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1994, que
reforma la Ley 51, que modifica a su vez algunas
disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, que
sustituye     la    disposición    final   de    la    Ley    51,     nos
encontramos, sostiene, ante la disyuntiva jurídica de
determinar si esta reforma es expresa o tácita; a criterio de
la Administración Tributaria Central, esta reforma es tácita,
puesto      que      en   forma        general   reforma        algunas
disposiciones, tanto del Código Tributario, como de las
                              66




demás   leyes   tributarias    que   prevean   o     no     plazos
específicos, para resolver peticiones, reclamos o recursos
de los contribuyentes, a partir del 1 de enero de 1995, la
Administración Tributaria Fiscal tendrá 120 días hábiles
para pronunciarse. Después de algunas          disquisiciones
jurídicas y doctrinarias, argumenta en el sentido de que
siendo como es la sustitución de la disposición final de la
Ley 51 una reforma tácita, es procedente y legal que la
Administración Tributaria no se encuentra obligada a
aplicar la misma, de conformidad con lo que dispone el Art.
2 del mencionado Código Tributario, lo que considera
configura la aplicación errónea de leyes tributarias por
parte del Tribunal, dando lugar a la causal primera del Art.
3 de la Ley de Casación. 2. Manifiesta, adicionalmente, que
la institución de la aceptación tácita, no puede de ninguna
manera significar que por el mero transcurso del tiempo, se
legitimen   actos   nulos     o    manifiestamente        ilegales,
contraviniendo normas expresas en materia tributaria. 4.
Que las resoluciones de la Administración Pública gozan de
las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, por lo que
el actor debía probar expresamente la nulidad de las actas
de fiscalización materia de la Resolución 3840, expedida
por la Dirección General de Rentas, lo que no ha realizado
en ninguna etapa del litigio, prevaleciendo sobre las
mismas la presunción de ser legítimas. Afirma que de lo
anterior se desprende claramente, que la pretendida
aceptación tácita, no puede violentar normas que regulan
                           67




la materia tributaria del Estado, criterio que además de
legitimar una ilegalidad, constituiría un funesto precedente
de consecuencias inimaginables. 5. Que se ha incumplido
por parte del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, lo
dispuesto por el primer inciso del Art. 288 del Código
Tributario, de que el Tribunal dictará sentencia dentro de
30 días de notificadas las partes para el efecto. Que en el
proceso no existe la providencia “autos para sentencia” que
permita a las partes presentar informe en derecho o
solicitar audiencia en estrados, incumplimiento que dice,
influyó en la decisión de la causa, en perjuicio de los
intereses defendidos por el Procurador Fiscal, lo que
sostiene configura dos de los supuestos establecidos por el
Art. 3 de la Ley de Casación, puesto que hay evidente falta
de aplicación de la norma procesal, lo que provocó la
nulidad de la sentencia recurrida y la indefensión. Termina
solicitando que la Sala case la sentencia. TERCERO: En pro
de su pretensión de que los preceptos contenidos en el
Código Tributario, que regulan la negativa tácita de las
peticiones, reclamos o recurso de los contribuyentes, se
hallan vigentes y prevalecen sobre el Art. 21 de la Ley 05
que consagra el silencio administrativo con efecto positivo,
esto es como aceptación tácita de aquellos reclamos,
peticiones, o recursos en materia tributaria, el recurrente
invoca en primer término, el Art. 2 del mismo Código, que
dice:   “Supremacía   de   las   Normas   Tributarias.   Las
disposiciones de este Código y de las demás Leyes
                                   68




Tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes
generales o especiales y sólo podrán ser modificadas o
derogadas por disposición expresa de otra ley destinada
específicamente a tales fines. En consecuencia no serán
aplicables    por   la    Administración         ni    por    los    órganos
jurisdiccionales, las leyes             y decretos que de cualquier
manera contravengan este precepto.” Al respecto procede
advertir que el Art. 2 del Código Tributario, requiere ser
considerado en su verdadero alcance y efecto, dentro del
contexto jurídico pertinente. Toda norma como aquella de
la referencia, carece del efecto de prevalencia sobre las
demás normas, lo que es de exclusividad de la Carta
Política de la República como Ley Fundamental que es y por
disposición expresa de la misma, por lo que la disposición
contenida en el referido Art. 2 del Código Tributario, no
puede ser acogida bajo este contexto o alcance, puesto que
carece de fuerza legal para condicionar al legislador a ella,
y por lo tanto éste pudo y podrá modificar en el futuro, las
leyes      tributarias      sin       cumplir        los     requisitos   y
condicionamientos del Art. 2 del Código Tributario. No cabe
que la función de legislar se condicione por una ley
secundaria. Para el propósito hubiese sido necesario que
aquellos     requisitos     y     condiciones         obren     de    norma
constitucional,     tanto       más     que     el    Código     Tributario,
expedido por Decreto Supremo 1016-A del 6 de diciembre
de 1975, fue publicado en el Registro Oficial Nº 958 de 23
de los mismos mes y año no puede condicionar las
                                69




atribuciones que corresponden al legislador por la facultad
consagrada por la Constitución Política de la República
vigente, publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 11 de
agosto de 1998, que en su Art. 130, numeral 5, atribuye al
Congreso la facultad de “Expedir, reformar y derogar las
leyes   e   interpretarlas       con      carácter     generalmente
obligatorio”, sin que sea admisible aceptar limitación
alguna a esta facultad, por una disposición como la que
obra en el Art. 2 del Código Tributario. Tal facultad constó
también de la Constitución aprobada mediante referéndum,
publicada en el Registro Oficial Nº 800 de 27 de marzo de
1979. CUARTO: En lo que dice relación al Art. 21 de la Ley
05, publicada en el Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo
de 1994, sustitutivo de la disposición final primera de la
Ley 051 publicada en el Registro Oficial Nº 349 de 31 de
diciembre   de     1993,     precepto      aquel      que       dispone:
“Sustitúyase la disposición final primera de la Ley Nº 51,
por lo siguiente. A partir del 1 de enero de 1995, en todos
aquellos casos en que el Código Tributario y demás Leyes
Tributarias prevean o no plazos especificados para resolver
o atender peticiones, reclamaciones o recurso de los
contribuyentes, la administración fiscal tendrá el plazo de
ciento veinte días hábiles para pronunciarse. Si vencido el
plazo   señalado    en     el    inciso    anterior        no    hubiere
pronunciamiento     expreso      respecto     de     las    peticiones,
reclamaciones o recursos que se presenten a partir de la
fecha indicada, el silencio administrativo se considera como
                            70




aceptación tácita de los mismos. El funcionario por cuya
causa se hubiere producido una aceptación tácita, por
silencio administrativo, podrá ser removido de su cargo, sin
perjuicio de las acciones a que haya lugar contra él de
conformidad con las normas legales pertinentes” debe
tenerse en cuenta que, por las razones que se señalaron en
el considerando precedente, el Art. 2 del Código de la
materia no obsta para que las disposiciones del Art. 21 de
la Ley 05, sustituyan los efectos de las normas relativas a
la negativa tácita de los reclamos consagrados en el Código
Tributario, y sustituyan igualmente la disposición Final
Primera de la Ley 51, sobre aquella materia, tanto más que
el Art. 21 de la Ley 05 constituye y es una ley tributaria. Lo
examinado en el considerando tercero, acerca de la validez
y legalidad de la reforma que establece el Art. 21 de la Ley
05 y su prevalencia sobre las disposiciones de los artículos
del Código Tributario que establecían la negativa tácita de
los reclamos, por no ser aplicable el Art. 2 del mismo
Código, en el que fundamenta la argumentación, hace
innecesario el examen del análisis que hace el recurrente,
acerca de que la reforma de la ley puede ser expresa o
tácita, conforme al Art. 37 del Código Civil, que dice es
aplicable al caso de conformidad con el Art. 13 del Código
Tributario,   para   pretender   que   la   sustitución   de   la
disposición final de la Ley 51 es una reforma tácita, lo que
le lleva a afirmar que es procedente y legal que la
Administración Tributaria no se encuentre obligada a
                             71




aplicar la misma, de conformidad con lo que dispone el Art.
2   del    mencionado    Código    Tributario.   Por   todo   lo
examinado, tal alegación es impertinente al asunto y como
se expresó antes no procede su examen. Por lo expuesto,
no existe violación de los Arts. 2 y 13 del Código Tributario,
y 37 del Código Civil, ni en consecuencia, encaja el recurso
en el numeral 1º del Art. 3 de la Ley de Casación.
QUINTO: En el escrito que contiene el recurso, numeral 2,
letra a), el recurrente señala también y entre otros, el Art.
285 del Código Tributario, relativo a la valoración de la
prueba, como una de las normas legales que dice han sido
infringidas en la sentencia, sin embargo no determina los
fundamentos para su alegación, motivo por el cual no
puede ser considerada por la Sala. Finalmente y no
obstante a que tampoco se puntualiza entre las normas
que dice ha incumplido la sentencia, a fojas 100 del
proceso, el recurrente formula la alegación de que el
Tribunal Distrital en la sentencia ha incumplido lo dispuesto
en el primer inciso del Art. 288 del Código Tributario, que
dice configura dos de los supuestos establecidos en la
causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, se
advierte   que   la   alegación   es   improcedente    y   causa
extrañeza su invocación por el Procurador de la máxima
Autoridad Tributaria, puesto que es contradicha por la
actuación que obra de los autos, de fojas 92 de la instancia
ante el Tribunal Distrital, donde aparece la providencia de 1
de octubre de 1997, las 15h47, cuyo texto dice: “VISTOS
                               72




habiendo      transcurrido   en     su   integridad    el   término
probatorio concedido, se lo declara terminado. Pasen los
autos a la Sala para resolver. Las partes podrán hacer uso
del derecho previsto en el Art. 288 del Código Tributario.
Hágase saber. f) Drs. Teodoro Pozo Illingwort, MINISTRO
DE SUSTANCIACION”.           En consecuencia, no es del caso
examinar el fondo legal de esta petición del Procurador. Lo
anterior deja sin sustento la fundamentación del recurso en
la causal 2ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Por las
consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE
LA LEY, se desecha el recurso. Sin costas. Notifíquese
publíquese.
f)   Drs.      José    Ignacio       Albuja     Punina,Conjuez
Permanente.-          Edmo     Muñoz        Custode,        Conjuez
Permanente.-       Edmundo          Navas   Cisneros,       Conjuez
Permanente.




V


Juicio Nº 4-95


Juicio de impugnación que sigue Compañía Petro Canadá
Oil Gas Inc. contra el Municipio del D. M. de Quito.


SINTESIS:
                           73




La Sala de lo Fiscal, en fallo de mayoría desecha el
recurso, por cuanto es inaceptable que el Art. 11 del
Reglamento General de Aplicación del Impuesto a la
Renta pretenda modificar y alterar el sentido de la
Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 86.


FALLO DEL TRIBUNAL FISCAL


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1. SEGUNDA SALA.
Quito, 28 de julio de 1994. Las 10 h10.
VISTOS: Francisco Roldán Cobo, como Apoderado General
de la Compañía PETRO CANADA OIL GAS INC., según lo
justifica con el poder de fojas 13 a 17, concurre el 3 de
octubre de 1991, ante este Tribunal, para impugnar la
Resolución Nº 004043, dictada por el Director Financiero
del Municipio de Quito el 19 de septiembre de 1991,
notificada el 24 del mismo mes y año, por la que, según
consta en documento auténtico de fojas 18, se confirma la
determinación tributaria Nº 849 emitida por el valor de
S/.17'507.796,00   (DIECISIETE     MILLONES    QUINIENTOS
SIETE   MIL   SETECIENTOS       NOVENTA   Y   SEIS,   00/100
SUCRES), que ha establecido lo que esa empresa debía
pagar al Municipio de la Capital de la República en concepto
del Impuesto del 1.5 por mil a los activos totales
correspondiente al año de 1991, y desecha la alegación del
contribuyente en el sentido de que no se consideren para
                                 74




computar este tributo las “Inversiones, Costos y Gastos”
realizados en el precedente ejercicio, por tal empresa,
dentro del contrato de Prestación de Servicios para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, en el Bloque 9
de la Región Amazónica Ecuatoriana, que se ha celebrado
con    la     Empresa      Estatal      Petróleos      del        Ecuador,
PETROECUADOR. Explica que es obligación sustancial de su
Compañía, la de proveer “Servicios Financieros” con sus
propios recursos económicos, registrados como inversiones
necesarias     para    esas    actividades;     que     la    legislación
nacional     tiene    un   régimen      especialísimo        en    materia
tributaria   para     empresas        que   realizan   esa        clase   de
actividades, inicialmente constante en el Art. 1º de la Ley
Nº 102 y en el Art. 5 de su Reglamento y, a la presentación
de la demanda, regulado por el Art. 86 de la                        ley de
Régimen Tributario Interno y el Art. 12 del Reglamento
General de Aplicación del Impuesto a la Renta. que, de
acuerdo con las normas invocadas, cuyo texto transcribe,
las “Inversiones, Costos y Gastos” realizados en la etapa de
exploración, no deben pagar ningún tributo en el Ecuador,
porque no constituyen hecho generador para configurarlo,
pues existe una exención o exoneración tributaria hacia los
capitales invertidos          en esta actividad y canalizados
mediante esas modalidades, en los términos del articulo 30
del Código Tributario; por lo cual, no les corresponde pagar
sobre tales valores el referido impuesto del 1.5 por mil a
los activos totales, que es un tributo establecido en favor
                                75




de   la   Administración       Tributaria       Municipal.      Sorteada,
calificada y citada la demanda, de fojas 21 a 22, concurre
el Dr. Félix Ordóñez C., justificando su designación como
Procurador de la Autoridad Tributaria Municipal, para
contestar la demanda, negando sus fundamentos de hecho
y de derecho, indicando que la Resolución impugnada se ha
emitido   con    total   apego       a    las   disposiciones     legales
aplicables; que el contribuyente no ha justificado que sus
inversiones en la exploración de los hidrocarburos en base
al contrato celebrado sean pasivos contingentes o a un año
plazo, como exige el artículo 32 de la Ley de Control
Tributario y Financiero; afirma que las cuentas referidas y
las prestaciones de servicios que se realizan no son pasivos
contingentes a corto plazo, sino a largo plazo; y que, no
existe disposición expresa en la ley referida, que contemple
la exoneración del impuesto en referencia, en la forma y
condiciones     que   señala    la       compañía     actora.    Solicita,
consecuentemente,        que         se     rechace     la      demanda
condenando      en    costas    y     confirmando       la   Resolución
impugnada. Trabada de esta manera, la litis y evacuadas
las pruebas pedidas por las partes, las cuales han
presentado      sendos    manifiestos           de   derecho,     y   han
adjuntado, o hecho referencia, a fallos sobres casos
similares emitidos: tanto, inicialmente, por la Segunda Sala
del extinguido Tribunal Fiscal de la República, el 30 de
septiembre de 1992, en el juicio 3819-14081-3457, como
varias expedidas, últimamente, por la Tercera Sala de este
                             76




Tribunal Distrital; esta causa se encuentra en estado de ser
resuelta, y, para hacerlo se considera: PRIMERO: No hay
objeción relativa a la jurisdicción, competencia y validez
procesal; mas procede afirmarlas, por lo previsto en el
artículo 97 inciso final y en las Disposiciones Transitorias
Novena, Décima Quinta y Décima Sexta de la Codificación
de la Constitución Política del Estado, que consta publicada
en el Registro Oficial Nº 183 de 5 de mayo de 1993, así
como en los artículos 234 Nº 3 y 232 Nº 6 del Código
Tributario; por el sorteo practicado, del que consta razón
en el proceso, que se halla debidamente notificado a las
partes; y porque, en la tramitación procesal, no se observa
la omisión de alguna solemnidad sustancial que pueda
influir en la decisión de la causa y que amerite para que se
declare alguna nulidad. SEGUNDO: No hay duda, ni
objeción, respecto a que el acto administrativo impugnado
reúne los requisitos señalados en el artículo 81 del Código
Tributario, en cuanto se ha expedido por escrito, esta
debidamente     motivado     y    tiene   expresión    de    los
fundamentos de hecho y de derecho por los cuales ha
resuelto,    negando,   el    reclamo     administrativo     del
contribuyente respecto a las determinaciones tributarias
referidas;   consecuentemente       trátase   de      un    acto
administrativo ejecutoriado que goza de las presunciones
señaladas en el artículo 82 del mismo Cuerpo Legal;
aunque, por esta impugnación, se halle suspensa la
ejecutividad del título respectivo, conforme al artículo 262
                              77




del Código Tributario; siendo, por tanto, susceptible de la
acción de impugnación ante este Tribunal, establecida en el
ya citado Nº 3 del artículo 234 del invocado Cuerpo Legal,
en cuanto contiene una negativa total a la reclamación de
la   empresa     contribuyente,         relativa      a      actos    de
determinación    emanados          de   la    Autoridad       Tributaria
Municipal, sobre la cuantía de un tributo, denominado en el
caso “Impuesto Municipal del 1.5 por mil de los Activos
Totales”.      TERCERO:       La        presente           impugnación,
precisamente, es relativa al indicado impuesto municipal, a
que se refieren los artículos 30 a 36 de la Ley Nº 006 de
Control Tributario y Financiero, publicada en el Registro
Oficial Nº 97 de 19 de diciembre de 1988, con la que se
sustituyó el viejo impuesto del 1.5 por mil al Capital en
Giro, por el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos
totales de las personas naturales o jurídicas, sociedades de
hecho o negocios individuales, nacionales o extranjeros; a
las cuales, expresamente, se les permite deducir las
obligaciones    de   hasta    un    año      plazo    y    los    pasivos
contingentes, para la liquidación y pago de este tributo.
Consecuentemente,      para    desechar        esta        impugnación,
bastaría con afirmar, como con razón lo hace el Procurador
de la Autoridad Tributaria demandada, que los valores
correspondientes a las inversiones, costos y gastos no son
ni obligaciones a plazo menor de un año, ni pasivos
contingentes,    que    son    los      únicos       que     se    hallan
expresamente excepcionados de considerarse dentro de los
                              78




cómputos para determinar el monto de este tributo.
CUARTO: Sin embargo, como la empresa actora ha
fundado su demanda en la alegada aplicabilidad a este
caso, de las normas de la Ley Nº 102 y su Reglamento, así
como del Art. 86 de la Ley de Régimen Tributario Interno y
12 del Reglamento General para la aplicación del Impuesto
a la Renta; normas de las cuales deduce la afirmación que
las “inversiones, costos y gastos”, realizados por la
Empresa en la etapa de exploración, no deben pagar
ningún tributo en el Ecuador; y que, en tal virtud, no le
corresponde pagar sobre tales valores el singularizado
impuesto del 1.5 por mil a las Activos Totales, en favor de
la Administración Tributaria Municipal; corresponde realizar
el estudio de las invocadas normas legales, destacándose
los siguientes aspectos. QUINTO: El Art. 1 de la “Ley
Tributaria para la Contratación de Prestación de Servicios
en la Explotación y Exploración de Hidrocarburos” (Ley Nº
102), publicada en el Registro Oficial Nº 306 de 13 de
agosto de 1982, establecía que las utilidades que obtengan
los   contratistas   de   prestación   de   servicios,   para   la
exploración y explotación de hidrocarburos, estarán sujetas
al pago del Impuesto sobre la Renta y sus adicionales, de
conformidad con las normas de la Ley de Impuesto a la
Renta, con excepción de lo dispuesto en el Capítulo XXIV
de la misma (esto es lo dispuesto en el artículo 69 de la
referida Ley Impositiva). Por su parte, el artículo 5 del
Reglamento para la aplicación de la singularizada Ley Nº
                           79




102, publicado en el Registro Oficial Nº 428 de 8 de febrero
de 1983, expresa: “De acuerdo con lo previsto en el
artículo 4 de la Ley 101 (este es el artículo que define al
contrato de prestación de servicios que establece el
derecho al reembolso de los gastos en la Ley Reformatoria
de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el mismo Registro
Oficial Nº 306) constituye ingreso bruto, para efectos de la
liquidación y pago del impuesto a la renta del contratista
de prestación de servicios en la exploración y explotación
de hidrocarburos, exclusivamente el pago que por sus
servicios le haga CEPE, cuando en el área contratada, el
prestador de servicios haya encontrado hidrocarburos
comercialmente explotables”;     y que “el reembolso que
haga CEPE a las contratistas de prestación de servicios por
cuenta de sus inversiones, costos y gastos, no forma parte
del ingreso bruto, pues constituye simple recuperación del
financiamiento realizado por el contratista en favor de
CEPE”. Como puede observarse, las normas transcritas
tienen el objetivo de establecer, con precisión, el hecho
imponible para efectos de la liquidación y pago del
impuesto a la renta (resalta el transcriptor) de los
contratistas de prestación de servicios en la exploración y
explotación     de     hidrocarburos,     circunscribiéndolo
exclusivamente al pago que por sus servicios realiza el ente
petrolero estatal, “cuando en el área contratada, el
prestador de servicios haya encontrado hidrocarburos
comercialmente explotables”. Por su parte, el artículo 5 del
                                   80




citado Reglamento, al excluir del ingreso bruto, para
iguales efectos, el reembolso que haga el ente petrolero
estatal a los contratistas de prestación de servicios, por
cuenta de sus inversiones, costos y gastos, señala la
naturaleza    de     tales      reembolsos,        los       mismos     que
constituyen      simple      recuperación       del          financiamiento
realizado por el contratista en favor de CEPE. De ninguna
de   estas    disposiciones        legales    (que,          luego,   fueron
expresamente derogadas por el artículo 126 Nº16 de la Ley
de Régimen Tributario Interno Registro Oficial 341 de 22 de
diciembre de 1989, con vigencia desde el 1 de enero de
1990) puede colegirse, en modo alguno, la existencia de
una excepción o exoneración tributaria de carácter general
hacia los capitales invertidos en esta actividad, que se
canalizan a través de las inversiones, costos y gastos;
exoneración que excluiría a estos rubros del cálculo para el
pago del Impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales en
favor de la Municipalidad de Quito, como pretende la
actora. Por el contrario, tórnase necesario, para el caso,
recalcar en el contenido del artículo 1 del Reglamento a la
Ley 102, cuando señala que los contratistas de prestación
de   servicios     para    la   exploración        y     explotación     de
hidrocarburos,     se     hallan    sujetos    a       las    disposiciones
contenidas en el Código Tributario, en la Ley de Impuesto a
la Renta y en las demás leyes y reglamentos especiales
impositivos, aplicables a toda la actividad económica que
realizan en el país, y en especial a las disposiciones
                              81




contenidas en la Ley 102 y a este Reglamento. SEXTO:
Para el presente caso, tiene especial trascendencia, el texto
del artículo 86 de la invocada Ley de Régimen Tributario
Interno, en cuyo título Cuarto, relativo al “Régimen
Tributario de las Empresas Petroleras, Mineras y Turísticas”
se reserva el Capítulo I a la “Tributación de las Empresas
de Prestación de Servicios para la exploración y explotación
de Hidrocarburos”, que es en el que, fundamentalmente,
basa el actor sus pretensiones. La citada norma, después
de que en el artículo anterior, el 85, se determina la tarifa
única del Impuesto a la Renta, que deben pagar “las
utilidades”   de   esas   compañías,     “para   efectos   de   la
liquidación y pago del Impuesto a la Renta”, por dos
ocasiones textualmente mencionadas en la disposición,
expresa que “se considerará como ingreso bruto” (lo cual
no es el hecho generador previsto en la Ley para el pago
del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales en
favor del Municipio) “exclusivamente el pago que, por sus
servicios, haga PETROECUADOR a la contratista”; aclarando
que, esto se aplicará “cuando en el área contratada haya
descubierto   hidrocarburos        comercialmente   explotables.
Luego de estas premisas, el mismo artículo señala que:
“los reembolsos que haga PETROECUADOR por cuenta de
las inversiones, costos y gastos de la contratista, no forma
parte de su ingreso bruto y, por tanto, no son deducibles
del mismo (del ingreso bruto) para efecto del pago del
impuesto a la renta, ni estarán sujetos a pago de tributos
                                         82




en el Ecuador (resalta el transcriptor). Posteriormente, se
regula lo relativo a intereses sobre las inversiones no
amortizadas, para señalar que, igualmente, esto es, de la
misma manera, que las inversiones, costos y gastos
reembolsados, no forman parte del ingreso bruto gravable
de la contratista, porque constituyen el reembolso hecho
por PETROECUADOR de los costos de financiamiento
realizados por la contratista. Resulta lógico lo dispuesto
porque los “reembolsos” no son una nueva renta, sino una
simple reposición de lo gastado en virtud de lo cual, no
habrá incremento del activo, sino sólo una transferencia
entre las subcuentas que lo componen. SEPTIMO: En la
transcripción de la norma del artículo 86 de la Ley de
Régimen Tributario Interno realizada en el considerando
anterior, se ha resaltado la palabra “reembolsos” y la frase
“ni estarán sujetos al pago de tributos en el Ecuador”,
porque   ésta       es    la    que           sirve   de   fundamento           a    la
impugnación realizada y aquella es la que determina el
momento de aplicación de esta exclusión para efectos
impositivos, que no es propiamente una exoneración o
excepción     de     una        obligación            tributaria   ya      surgida.
Efectivamente,       en        las   actividades           derivadas       de       los
contratos referidos, existen dos momentos, claramente
definidos y diferenciables: una primera fase, la exploración,
en la cual el contratista de prestación de servicios hace sus
inversiones     a    riesgo;         y        una     segunda      fase,    la      de
explotación, siempre y cuando se hayan descubierto
                                  83




hidrocarburos y se haya llegado a la conclusión de que ellos
son comercialmente explotables; única circunstancia y
momento        en   el   cual,     PETROECUADOR          empieza    a
“reembolsar” las inversiones, costos y gastos hechos por la
contratista,    tanto    para     la   producción,      obtención   y
mantenimiento       de   los     pozos,   cuanto   en    las   etapas
anteriores de exploración, descubrimiento, desarrollo e
inclusive incremento de la producción de petróleo crudo.
OCTAVO: Un somero análisis a la Ley de Hidrocarburos, y
especialmente a sus reformas introducidas por el Decreto
Ley Nº 101, publicado en Registro Oficial Nº 306 de 13 de
agosto de 1982, confirma la afirmación precedente, cuando
se observa que, en el inciso segundo del artículo 16 el
legislador dijo: “Sólo cuando el prestador de servicios para
exploración o explotación hubiere encontrado en el área
señalada hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá
derecho al reembolso de sus inversiones, costos y gastos y
al pago por sus servicios en función de las inversiones no
amortizadas dentro de los plazos que para el efecto se
señalen” (id). El Reglamento para la aplicación de esa Ley
Reformatoria, expedido por el Decreto Ejecutivo 1491,
publicado en el Registro Oficial Nº 427 de 7 de febrero de
1983, en su artículo 9, ratifica la norma y se remite a las
Bases de Contratación, Reglamento de Contabilidad y a los
plazos fijados en los contratos; el artículo 6 aclara, aún
más, el concepto, cuando entre los costos de producción
indica que deben incluirse “las alícuotas de los reembolsos
                                  84




de sus inversiones, costos y gastos efectuados en el
período    de exploración y en el de explotación…”; el
artículo 39, del mismo Reglamento, reveía inicialmente que
la distribución de los ingresos brutos totales equivalentes al
valor de las ventas en el mercado nacional o en el exterior,
de los hidrocarburos provenientes de los yacimientos
ubicados en el área objeto de cada contrato, se haga
considerando,     en      primer       lugar,     los     reembolsos         al
contratista del valor de sus inversiones, costos y gastos; la
reforma   a   este     artículo,       introducida      por     el    Decreto
Ejecutivo Nº 1770 publicado en el Registro Oficial Nº 509
de 8 de junio de 1983, sólo traslada esos reembolsos a la
segunda prioridad, pero reitera que sólo pueden hacerse
tales reembolsos cuando se vendan los hidrocarburos
encontrados en los yacimientos, esto es, en la etapa de
explotación. NOVENO: Como es lógico, el citado artículo
86 de la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando habla
de los “reembolsos”, sólo puede referirse a la indicada
segunda   etapa      de    esos    contratos       de     prestación        de
servicios, es decir a la etapa de explotación, que es, como
queda demostrada, en la única en que caben dichos
reembolsos; así pues, la recta interpretación permite
concluir que la ley sólo se refiere a este segundo momento
histórico y cronológico; pues en la etapa de exploración,
solo hay egresos, inversiones, gastos y costos y no hay
“reembolsos”. En el proceso no hay constancia de que
Petroecuador,     en      el   momento          actual,    ya        se   halle
                             85




“reembolsando” al actor los valores que invirtió en su
riesgo, y seguramente, los sigue invirtiendo hasta esta
fecha; por manera que, legalmente, aún no es aplicable la
norma que, con toda lógica, excluye del ingreso para
tributar el impuesto a la renta de esas devoluciones que no
son, ni podrían ser, consideradas como una renta; y las
exonera, además, del pago de cualquier otro tributo
nacional que se pretendiera aplicar a tales “reembolsos”;
entre   los   cuales,   indudablemente,   se   encontraría   el
impuesto municipal del 1.5 por mil a los activos totales,
aunque nuevamente estos reembolsos aparezcan entre los
activos del balance. En el artículo 86 analizado, no existe
exoneración o exención de tributos a las Inversiones,
costos y gastos realizados por las empresas petroleras con
contratos de “prestación de servicios”, como pretende el
actor; hay, exclusivamente, una exclusión de ciertos rubros
para un cómputo indispensable para efectos tributarios; en
definitiva aquí sólo hay una precisión de la naturaleza de
estas devoluciones, a fin de que no se las considere para
liquidar y pagar el impuesto a la renta y otros tributos
nacionales, para los que no se han de tener en cuenta los
“reembolsos” de esas inversiones, cuando, eventualmente,
ellos lleguen a realizarse, en un futuro, que es aún incierto.
DÉCIMO: La conclusión anterior se confirma al analizar la
redacción dada por el legislador a la Ley Nº 17, publicada
en el registro Oficial Nº 75 de 27 de noviembre de 1992,
que estableció el Impuesto Especial a los Activos de las
                             86




Empresas, de carácter excepcional para financiar el déficit
del Presupuesto General del Estado de 1992. Esta Ley,
aunque fija el impuesto multiplicando las contribuciones
pagadas a las Superintendencias de Bancos y Compañías,
en uno y otro caso señala que el tributo debe computarse,
“en   proporción   al    promedio   de   sus    activos   totales,
calculado sobre los estados financieros cerrados al 31 de
diciembre de 1991”, o solamente “en proporción a sus
activos totales” o “al promedio de sus activos totales” si se
trata de Compañías de Seguros; en esta ley, se permite a
las Compañías de Seguros hacer las mismas “deducciones
a que tengan derecho las sociedades sujetas al control de
la Superintendencia de Compañías”              y en general los
“aportes, acciones y participaciones en otras sociedades
sujetas a este impuesto”. Es interesante anotar que, en
esta misma Ley, al introducir reformas a la Ley de Control
Tributario y Financiero y al impuesto (del 1.5 por mil) a los
activos totales antes referidos, consta una novedosa
disposición que tiene relación con el objeto del presente
juicio: cuando, en el segundo de los incisos que se dispone
agregar en el artículo 32 de dicha Ley, se dice: “Para el
pago de este impuesto (del 1.5 por mil a los activos
totales) por parte de las empresas de prestación de
servicios   para    la    exploración    y      explotación    de
hidrocarburos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley de Régimen Tributario Interno”. De la
redacción dada por el legislador, especialmente al segundo
                                  87




de los incisos que se dispone agregar al artículo 32 de la
Ley   de   Control       Tributario    y   Financiero     (que   queda
transcrita), se deriva una conclusión: la de que el Art. 86
de la Ley de Régimen Tributario Interno no pretende una
exoneración total y de toda clase de tributos para esas
empresas,    sino        que      trata    de   excluir    de    ellos,
exclusivamente       a     “los    reembolsos”    por      cuenta   de
inversiones, costos y gastos, en la oportunidad legal en que
tales reembolsos se pueden realizar; pues, si otro hubiera
sido el criterio del legislador, esta era la oportunidad
adecuada para indicar que dichas compañías no debían
satisfacer ni siquiera este impuesto municipal a los activos
totales. DÉCIMO PRIMERO: El criterio relativo a que, para
efectos tributarios, también es necesario distinguir las
etapas de exploración y explotación de hidrocarburos, de lo
que se deriva la aplicabilidad de la exclusión constante en
el artículo 86 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
exclusivamente a la segunda de dichas etapas, resulta
plenamente coincidente con la opinión y espíritu del
legislador recientemente manifestada en la redacción de la
Ley Nº 51, publicada en el Registro Oficial Nº 349 de 31 de
diciembre de 1993, que sustituyó el artículo 41 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro
Oficial Nº 341 de 22 de diciembre de 1989. En la referida
disposición legal se hizo constar, como tercera norma
relativa al pago del impuesto a la renta, por parte de los
sujetos pasivos, que las sociedades y empresas personales,
                              88




personas naturales obligadas a llevar contabilidad, así
como   las    instituciones   sometidas     al    control       de    la
Superintendencia de Bancos y las Empresas del Sector
Público, sujetas al pago del impuesto; y hasta, “las
empresas que tengan suscritos o suscriban, contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier
modalidad     contractual”    deben      determinar,        en        su
declaración    correspondiente     al     ejercicio     económico
anterior, el anticipo del impuesto a la renta que deben
pagar con cargo al ejercicio fiscal corriente. Para este
efecto, se señalan, con los literales a, b, c y d, cuatro
reglas; en el literal b) de ellas, se fija como anticipo una
suma equivalente al 1% de los “activos totales” constantes
en el balance general al 31 de diciembre del año impositivo
inmediato     anterior;   permitiendo,      por       cierto,        que
previamente se deduzcan varios rubros, enumerados del 1)
al 4); luego de este último, en seis incisos no numerados,
se describen varios rubros que también pueden deducirse;
entre los cuales, en esta oportunidad merece mención el
del inciso cuarto, que señala textualmente: “Las empresas
que suscriban o tengan suscritos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos, en cualquier modalidad, no
están sujetas al pago de este anticipo por los activos
utilizados o destinados a la exploración”. Como se conoce,
esta disposición del artículo 26 de la Ley Nº 51, tuvo
limitada vigencia, pues fue reformada por los artículos del
11 al 13 del Decreto-Ley Nº 05, publicado en el Registro
                                         89




Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1994. El primero de los
invocados artículos de este Decreto Ley, incrementó de 4 a
6, los enumerados rubros deducibles para el anticipo del
1% de los “activos totales” y, con ligeras modificaciones
formales, a continuación de ellos, reproduce, en seis
incisos innumerados a los rubros especiales que puedan
deducirse; coincidentemente, otra vez, en el inciso cuarto,
se   repite,     textualmente,             la    misma         redacción     recién
transcrita, relativa que no debe pagarse el anticipo o
referido,   exclusivamente,                “o    los       activos    utilizados    o
destinados       a        la     exploración”;         y     determinando          por
exclusión, que quedarían gravados los que se empleen en
la explotación. La cita de estos dos nuevos cuerpos legales
de naturaleza tributaria, y la idéntica referencia que en
ellos se hace a los activos utilizados o destinados a la
exploración, para que, únicamente por ellos no se liquide y
pague este nuevo anticipo del impuesto a la renta,
confirma       la     tesis           expuesta        en     los     considerandos
precedentes          de        este    fallo.    Si    el    legislador    hubiere
interpretado el artículo 86 de la Ley de Régimen Tributario
Interno,    en       el        sentido    que     allí      estaba     hecha   una
exoneración total y absoluta de cualquier tributo y de
cualquier naturaleza, por las “inversiones, costos y gastos”
de la empresas prestadoras de servicios para la exploración
de hidrocarburos, y no como que, únicamente, se hizo una
exclusión para que en los cómputos no se consideren “los
reembolsos”, cuando estos eventualmente se realicen, en
                           90




la etapa de explotación, como se sigue sosteniendo en esta
sentencia, el legislador no necesitaba introducir ninguna
disposición adicional, al dar, por dos ocasiones sucesivas,
en menos de 70 días, nueva redacción al artículo 41 de la
misma Ley de Régimen Tributario Interno. En estas dos
ocasiones la Ley bien pudo señalar que las empresas
petroleras contratadas para la prestación de servicios en la
exploración, ni siquiera debían presentar liquidaciones,
peor realizar pagos y mucho menos anticipos por las
“inversiones, costos y gastos” que hayan realizado hasta el
fin de cada ejercicio; mas, como el legislador estaba
consciente que el artículo 86 sólo concedía una exclusión
para el cálculo del impuesto a la renta y de otros tributos
para los “reembolsos” durante la etapa de explotación,
hubo menester el establecimiento de una nueva exención
específica   aplicable   exclusivamente    al   pago     del
singularizado del anticipo del impuesto a la renta por los
activos utilizados o destinados a la exploración, por parte
de aquellas empresas que suscriban o tengan suscritos
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, en
cualquier modalidad; lo cual, en modo alguno, podría
confundirse con la exclusión establecida por el artículo 86
de la Ley de Régimen Tributario Interno, relativa a los
“reembolsos” que realiza PETROECUADOR por cuenta de
las inversiones, costos y gastos de las contratistas para la
prestación de servicios de exploración y explotación de
hidrocarburos, “reembolsos” cuya naturaleza y régimen son
                            91




esencialmente distintos al de los anticipos al pago del
impuesto a la renta, conforme se analiza en este fallo. En
el artículo 86 se considera que el hecho generador del
tributo es la utilidad o el ingreso monetario de fuente
ecuatoriana, y por ello, a los reembolsos no se los
considera parte del ingreso bruto, al punto que de este,
para calcular el impuesto a la renta, sólo se deducen los
gastos imputables al ingreso que son no reembolsables por
Petroecuador (artículo 87 Nº 1.). En el nuevo artículo 41, el
hecho generador es la posesión de activos utilizados para
la producción de los ingresos o utilidades y, por ello, a los
activos utilizados o destinados a la exploración, y no
siquiera a los empleados en la explotación, no se les
considera para la liquidación y pago del referido anticipo
del impuesto a la renta, que puede convertirse en pago
parcial o por cuenta de este tributo. La nueva versión del
artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
introducida por los artículos 26 de la Ley Nº 51 o del
Decreto-Ley Nº 05, aclara que le artículo 86 de la Ley
primeramente    invocada,   solo   tiene   aplicación   en    los
“reembolsos” de esta segunda etapa o fase de explotación;
a la vez que implica una ampliación de las exenciones
concedidas a los contratistas de hidrocarburos respecto a
ciertos hechos trascendentes de la primera etapa o fase de
exploración;   estas    nuevas     normas     hubieran       sido
innecesarias si es que la recta interpretación de la
disposición del artículo 86 hubiera sido la interpretación
                                92




extensiva que pretende darle la parte actora, en este juicio.
DÉCIMO SEGUNDO: Hechas las observaciones anteriores,
procede analizar el texto del inciso segundo del artículo 11
(no 12 como invoca el actor) del Reglamento General de
Aplicación del Impuesto a la Renta (expedido por Decreto
Ejecutivo Nº 2069 publicado en el Registro Oficial Nº 587
de 20 diciembre de 1990) en el que también fundamenta el
accionante su impugnación; esta norma, después de que el
primer inciso prohibe a las compañías de prestación de
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos
que realicen deducciones para amortización de inversiones
o   de   activos   que   sean        reembolsables,   textualmente
expresa:    “Las   Inversiones,       Costos   y   Gastos   de   los
contratista de prestación de servicios… no constituirán
hecho generador, ni formarán parte de la base imponible
para el cálculo del Impuesto a la Renta, ni para el pago de
cualquier otro tributo en el Ecuador, en razón de lo cual,
los sujetos activos de la administración tributaria a que se
refieren los artículos 63, 64 y 65 del Código Tributario, no
exigirán el pago de tributos sobre dichos rubros”. No
interesa analizar, en esta oportunidad, el texto de los tres
incisos restantes del mismo artículo, agregados por el
numeral 1 del artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 767,
publicado en el Registro Oficial 193 de 19 de mayo de
1993, porque sus normas no son relativas al caso que nos
ocupa; sólo procede anotar que la norma transcrita esta
inmersa en el Capítulo II de ese Reglamento, referente a
                            93




los “Costos y Gastos Deducibles”, por cierto, del Impuesto
a la Renta, que según se dice, es lo único que allí se está
reglamentando. DÉCIMO TERCERO: Una norma como la
transcrita, con razón, despierta justas expectativas para
estas empresas, que deben procurar reducir al mínimo sus
inversiones de riesgo; mas, es evidente que, con la
redacción dada a ese inciso, se está modificando la norma
legal que se pretende reglamentar, pues allí se afirma que
las inversiones, costos y gastos, (y no los “reembolsos” de
ellas, como señala la ley, según antes ha quedado
demostrado) no sólo que no deben formar parte de la base
imponible para el cálculo del impuesto a la renta, sino que
no constituirán hecho generador para ese tributo, como
que si un reglamento pudiese determinar cuales son o no
hechos    generadores;    además,     establece     que   tales
inversiones, costos y gastos no serán hecho generador
para el pago de ningún otro tributo (impuesto, tasas y
contribuciones, según el artículo 1 del Código Tributario) en
el Ecuador. Como consecuencia impone que, ni el Fisco,
incluyendo Dirección General de Aduanas, Dirección de
Avalúos y Catastros, y aún las entidades autónomas o
descentralizadas y otras entidades de derecho público,
como Cuerpos de Bomberos y Junta de Defensa Nacional,
para   sólo   citar   dos   casos,    Municipios,    Empresas
Municipales, Consejos Provinciales, Universidades, SECAP,
IECE, etc., se abstengan de exigir tributos sobre tales
rubros.   Aparentemente,    con     este   fácil   recurso,   el
                                   94




Presidente de la República que expidió tal reglamento, se
ha convertido en el único y omnipotente poder del Estado,
con capacidad para, a través de un Decreto Ejecutivo,
reformar o derogar Leyes Aduaneras y Aranceles de
Importación, las Leyes de Régimen Municipal y Provincial,
los Impuestos Municipales y Especiales, las tasas de
servicios, como la de recolección de basura, e infinidad de
Leyes     Especiales     que       establecen       impuestos,        tasas,
contribuciones o adicionales para financiar ciertos servicios
como el seguro contra incendios, o para que entidades tan
importantes como los Cuerpos de Bomberos, el Servicio
Ecuatoriano     de Capacitación Profesional o el Instituto
Ecuatoriano     de   Crédito       Educativo       y   Becas,    cumplan
trascendentales finalidades sociales. Reconocer este efecto
y jerarquía a una norma reglamentaria como la que
comentamos,      llevaría      a    absurdos       como    el    de     que,
consecuentemente,        tendrían         que     reconocerse     créditos
tributarios o pagos indebidos, por las Alcabalas o registro
abonados para realizar transferencias de dominio de
inmuebles; de los impuestos prediales por las propiedades
urbanas     y   rústicas    de          los   contratistas,     impuestos
municipales     de     patentes,        capital   en   giro,    tasas    de
recolección de basura; o tasas postales o telegráficas; y
aún, por impuestos al valor agregado, en compras de
materiales de escritorio o importaciones no temporales, o
impuestos a los consumos especiales por cigarrillos, licores
y gaseosas consumidos con ocasión de los trabajos de
                             95




exploración y explotación. Obsérvese que estos dos últimos
tributos se hallan regulados en la misma Ley de Régimen
Tributario Interno, que se pretende reglamentar, con la
disposición referida, pero que se la está modificando y
ampliando, indebida e ilimitadamente. DÉCIMO CUARTO:
El análisis de los dos considerandos precedentes, nos lleva
a la conclusión de que la norma reglamentaria del segundo
inciso del artículo 11 del Reglamento General de Aplicación
del Impuesto a la Renta es inconstitucional, en cuanto
contraviene la norma del literal c) del artículo 78 de la
Constitución Política del Estado, que impone que los
reglamentos    para   la   aplicación   de   leyes   no   podrán
interpretarlas ni alterarlas; y que, además, es inaplicable,
en los términos del artículo 2º, inciso 2 del Código
Tributario, por estar en contradicción con el último inciso
del Art. 7º del mismo Cuerpo Legal, que establece que
ningún reglamento podrá alterar el sentido de la ley, ni
establecer exenciones no previstas expresamente en ella.
Como este es Tribunal de única y definitiva instancia en
esta materia, al tenor de los artículos 219 del Código
Tributario y Disposición Transitoria Décima Sexta de la
Codificación de la Carta Política del Estado, sin perjuicio del
recurso extraordinario de casación, procede que la Sala
declare que el indicado inciso segundo de dicho artículo 11
del Reglamento indicado, es inaplicable para resolver sobre
la impugnación al acto administrativo de la Autoridad
Tributaria Seccional que se halla en estudio, en estricta
                               96




aplicación al Art. 141 de la Constitución Política; y que,
aunque esa contradicción no se diera, sería suficiente su
contradicción con el artículo 7º del Código mencionado,
para que este Organo Jurisdiccional lo declare inaplicable,
acorde a lo previsto en el segundo inciso del artículo 2 del
mismo Cuerpo Legal. DÉCIMO QUINTO: Sin embargo, a
los   contratistas     de    prestación          de    servicios     para
Petroecuador,     cuando     su     labor        produzca   resultados
positivos,   si   es   que   se     llega    a    la   declaración    de
comerciabilidad de los descubrimientos que corresponde al
propio contratista, según el artículo 9 del Decreto Ley Nº
101 y 23 del Decreto Ejecutivo Nº 1770 el Estado les
tendría que reembolsar lo egresado por concepto, de
inversiones, costos y gastos sujetos a reembolso. En el
mismo supuesto, se aplicaría el artículo 86 de la Ley de
Régimen Tributario Interno y los valores reembolsados ya
no podrían considerarse para la determinación del ingreso
bruto de las compañías, no serían deducibles del mismo
ingreso bruto para efectos del pago del Impuesto a la
Renta, ni estarían sujetos al pago de tributos en el
Ecuador; por tanto, habría que excluirlos del monto de los
valores por los cuales se computan, pagan el impuesto
municipal del 1.5 por mil a los activos totales de las
empresas 'Sin que se requieran', otras consideraciones, la
Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1,
ADMINISTRANDO           JUSTICIA            EN    NOMBRE       DE     LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza la
                                  97




demanda     y   ratifica     la    legalidad   de    la    resolución
administrativa impugnada, en cuanto establece que la
obligación tributaria del actor en favor de la Municipalidad
de Quito, sea computada en consideración al valor total o
real de sus activos, excepto obligaciones de hasta un año
plazo y pasivos contingentes, conforme al balance del
ejercicio   financiero       precedente.       Ejecutoriada         esta
sentencia, por Secretaría, remítase copia certificada de la
misma al señor Presidente de la Sala de lo Constitucional
de la Exma. Corte Suprema de Justicia, a fin de que, de
creerlo pertinente, tenga a este fallo y de manera especial
a los considerandos del décimo segundo al décimo cuarto
como suficiente informe para los fines previstos en el
artículo 141 de la Carta Política Codificada. Sin costas.
Notifíquese.
f) Drs. Arturo Vizcaíno.- Luis Sampértegui.- José
Castillo.


RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE
LO FISCAL. Quito, 12 de enero del 2000. Las 08h50.
VISTOS:     Francisco      Roldán,     invocando    su    calidad    de
Apoderado de la Compañía Petro-Canada Oil & Gas Inc.,
interpone recurso de casación de la sentencia expedida por
la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, el
28 de julio de 1994, en el juicio de impugnación Nº 14376-
                                       98




107-II-S que sigue en contra del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, mediante la cual la Sala rechaza la
demanda       y        ratifica   la    legalidad   de   la   Resolución
administrativa impugnada, en cuanto establece que la
obligación tributaria del actor en favor de la Municipalidad
de Quito, sea computada en consideración al valor total o
real de sus activos, excepto obligaciones de hasta un año
plazo y pasivos contingentes, conforme al balance del
ejercicio financiero precedente. Manifiesta el recurrente
que hallándose dentro del plazo previsto en el Art. 5 de la
Ley de Casación, interpone recurso de casación para ante
la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en
contra   de       la     sentencia      expedida    dentro    del   juicio
mencionado; que las normas que estima se han infringido,
son el Art. 86 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el
Art. 11 del Reglamento General de Aplicación del Impuesto
a la Renta, 1 de la Ley de Creación del Impuesto Especial a
los Activos de las Empresas, 8 de su Reglamento; Regla 1ª
del Art. 18 del Código Civil, artículos 12 y 30 del Código
Tributario, los artículos 121, 237, 277, 278 y 280 y más
pertinentes a la prueba del Código de Procedimiento Civil y
en especial el literal c) del Art. 33 de la Ley Nº 006 del
Control Tributario y Financiero. Que funda su recurso en las
causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación,
esto es en la aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo
los preceptos jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia
                               99




o auto, que hayan sido determinantes en su parte
dispositiva y, aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de los preceptos jurisprudenciales.
Pone énfasis en la errónea interpretación y falta de
aplicación de los artículos 86 de la Ley de Régimen
Tributario   Interno,   11     del    Reglamento       General   de
Aplicación del Impuesto a la Renta, 12 y 30 del Código
Tributario y el literal c) del Art. 33 de la Ley Nº 006 de
Control Tributario y Financiero. Que el Art. 86 de la Ley de
Régimen Tributario Interno establece que los reembolsos
de las inversiones, costos y gastos que realicen las
compañías con contratos de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos, no están
sujetos al pago de tributos en el Ecuador. Que el Art. 11
del Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Renta,
aclara el sentido del Art. 86 de la Ley de Régimen
Tributario   Interno,   no    lo    modifica;   que    los   señores
Ministros no han tomado en cuenta las disposiciones
expresas y claras referidas, las que debían interpretarlas
conforme lo manda el Art. 12 del Código Tributario. Que la
compañía Petro-Canadá Oil & Gas Inc. al ser una compañía
100%    de    propiedad      del    Sector   Público   del   Estado
Canadiense, de acuerdo con el literal c) del Art. 33 de la
Ley 006 de Control Tributario y Financiero, está exenta del
pago del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales,
habiendo violado una vez más claras disposiciones legales.
Que la jurisprudencia sentada por la Segunda Sala del
                           100




Tribunal Fiscal y de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de
lo Fiscal Nº 1, al considerar que las inversiones, costos y
gastos que realizan las compañías que hayan suscrito
contratos de prestación de servicios para la exploración y
explotación de hidrocarburos no está sujeta al cálculo de
ningún tributo en el Ecuador. Con el recurso de casación
deducido, la Sala Especializada de los Fiscal, en cuanto a su
fundamentación, corrió traslado al señor Alcalde y Director
Financiero del I. Municipio de Quito para que lo contesten
en el plazo de quince días, habiendo fenecido el plazo sin
que lo cumplieran, por lo que atento el estado de la causa
se pidió autos en relación para resolver. Siendo el estado
actual de la causa el de dictar sentencia, para hacerlo, se
considera. PRIMERO: La Sala de lo Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, es competente para conocer del
recurso, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 1 de la
Ley de Casación. SEGUNDO: Es absolutamente claro lo
que dispone el Art. 86 de la Ley de Régimen Tributario
Interno cuando norma que los reembolsos que haga
Petroecuador    por cuenta de las inversiones, costos y
gastos de la contratista, no estarán sujetos a pagos de
tributos en el Ecuador mas, la disposición no puede ser
aplicable al impuesto municipal del 1.5 por mil a los activos
totales, por cuanto: los reembolsos que haga Petroecuador
por   cuenta   de   inversiones,   costos   y   gastos   de   la
contratista, si bien dispone la Ley que no forman parte del
ingreso bruto, el particular tiene aplicación solo para el
                                    101




cálculo del impuesto a la renta, mas no para el cálculo del
impuesto a los Activos Totales, impuestos estos que siendo
diferentes       están      regidos       por   disposiciones      también
diferentes respecto a sus bases de cálculo. Si el Art. 74 del
Código Tributario, en su inciso segundo, cuando se refiere
a los procedimientos tributarios generales y de excepción,
dispone que: “Se aplicará la Ley Especial Tributaria cuando
por la naturaleza del tributo se instituya un procedimiento
de excepción”, es indudable que la Ley Especial en el caso,
está constituida por la Ley 1006 de Control Tributario y
Financiero que en su Art. 30 establece el Impuesto del 1.5
por mil sobre los activos totales, la misma que en la parte
final del Art. 33 terminantemente dice: “Para el Impuesto
sobre el Activo Total no se reconocen las exoneraciones
previstas    en        Leyes    Especiales,       aún      cuando      sean
consideradas           de    fomento        a    diversas        actividades
productivas”. En cuanto al Art. 11 del Reglamento General
de Aplicación del Impuesto a la Renta, es de anotar que la
Disposición Reglamentaria, está modificando y alterando el
sentido     de    la     Ley   de     Régimen      Tributario       Interno,
estableciendo exenciones no previstas en ella, lo que está
terminantemente prohibido por el Art. 7 del Código
Tributario, cuando al referirse a la potestad reglamentaria,
norma: “Ningún Reglamento podrá modificar o alterar el
sentido de la Ley ni crear obligaciones impositivas o
establecer exenciones no previstas en ella”, sin tener en
consecuencia       aplicación       alguna      respecto    al    impuesto
                                102




municipal     sobre    los     activos     totales     la    disposición
reglamentaria analizada. TERCERO: La Sala Especializada
de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en el recurso
de casación Nº 8-94, con fecha 14 de febrero de 1995,
dictó   sentencia      (R.O.     en       la    que    deja      sentado
expresamente: “Cuando el Art. 86 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, de acuerdo a su redacción, trata de
ingresos gravables, se refiere a lo que constituye ingreso
bruto exclusivo para efectos de liquidación y pago del
impuesto a la renta, al pago que Petroecuador haga a la
contratista   por     sus    servicios     prestados        en   el   área
contratada, cuya exploración haya dado como resultado la
obtención de hidrocarburos comercialmente explotables. No
hay pues, en el referido precepto legal, exclusión de estos
reembolsos como hecho generador del impuesto municipal
sobre los activos totales de las empresas en consideración
a las inversiones, costos y gastos que haya realizado como
consecuencia del contrato, en razón de que dichos valores
tal como está la intención de la norma referida, son
reembolsables por Petroecuador, si el resultado fue la
obtención de hidrocarburos comercialmente explotables; y,
en caso contrario como capital de riesgo de la inversión
constituyen pérdidas de la operación susceptibles de
deducción de otros ingresos que obtenga de otras fuentes,
inclusive de su capital de origen. De otro lado no puede
alterar el sentido del analizado Art. 86 de la Ley de
Régimen       Tributario       Interno,        por    la     disposición
                                103




reglamentaria del Art. 11 del Reglamento                 General de
Aplicación del Impuesto a la Renta. De todo lo anterior,
resulta evidente que no procede la pretensión de la
compañía recurrente que ha celebrado contratos para la
exploración        y   explotación         de   hidrocarburos    con
Petroecuador, de deducir de sus activos totales que
constituyen la base imponible para el cálculo y pago del
Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, las
inversiones, costos y gastos realizados. CUARTO: En
cuanto a la alegación que hace el recurrente de la exención
del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales
establecido en el literal c) del Art. 33 de la Ley 006 de
Control Tributario y Financiero sobre la cual manifiesta no
se han pronunciado ni la Dirección Financiera del entonces
Municipio de Quito, ni los señores Ministros de la Segunda
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 sin que se
encuentre mencionado en la sentencia cuyo recurso de
casación      se       ha     interpuesto,         no    corresponde
pronunciamiento        alguno         de   parte    de   esta    Sala
Especializada de lo Fiscal, pues en la sentencia recurrida,
nada se dice respecto de tal exención, y por tanto escapa a
su competencia. Por las consideraciones que anteceden la
Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,
ADMINISTRANDO               JUSTICIA       EN   NOMBRE      DE    LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el
recurso de casación deducido por el apoderado de la
                             104




compañía    Petro-Canadá     Oil    &    Gas   Inc.   Sin    costas.
Publíquese. Notifíquese y devuélvase.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- Edmo Muñoz
Custode (Conjuez Permanente).- Edmundo Navas
Cisneros (Conjuez Permanente) (V.S.).


VOTO    SALVADO        DEL   DOCTOR         EDMUNDO         NAVAS
CISNEROS.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE
LOS FISCAL. Quito, 12 de enero del 2000. Las 08h50.
VISTOS: El Dr. Francisco Roldán apoderado de PETRO-
CANADA OIL & GAS INC., al 2 de septiembre de 1994,
propone recurso de casación en contra de la sentencia
expedida el 28 de julio del mismo año por la Segunda Sala
del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, dentro del juicio
14376 propuesto en contra del Director Financiero del
Municipio de Quito. Concedido el recurso y corrido traslado
no lo ha contestado la Administración y pedidos los autos
para   resolver   se   considera.       PRIMERO:      La    Sala   es
competente    para     conocer     el   recurso   interpuesto      en
conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO: La
Empresa fundamenta el recurso en las causales 1ª y 3ª del
Art. 3 de la Ley de la Materia. Manifiesta que al expedirse
la sentencia se han infringido las siguientes normas: el Art.
86 de la Ley de Régimen Tributario Interno; el Art. 11 del
Reglamento General de Aplicación al Impuesto a la Renta,
                            105




publicado en el Registro Oficial 587 de 20 de diciembre de
1990; el Art. 1 de la Ley de Creación del Impuesto Especial
a los Activos de las Empresas; el Art. 8 de su Reglamento;
la regla 1ª del Art. 18 del Código Civil; los artículos 12 y 30
del Código Tributario ; los artículos 221, 273, 277, 278 y
280 y más pertinentes a la prueba del Código de
Procedimiento Civil; y, el literal c) del Art. 33 de la Ley 006
de Control Tributario y Financiero publicada en el Registro
Oficial de 29 de diciembre de 1988. Alega que en
conformidad al Art. 86 de la Ley de Régimen Tributario
Interno los reembolsos de las inversiones, costos y gastos
que realizan las compañías por medio de contratos de
prestación de servicios para la exploración y explotación de
hidrocarburos no están sujetos al pago de tributos en el
Ecuador; que en conformidad con el Art. 11 del Decreto Nº
2069 que contiene el Reglamento        para la aplicación del
Impuesto a la Renta, dichas inversiones costos y gastos, no
constituyen hecho generador ni forma parte de la base
imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta ni para el
pago de cualquier otro tributo, que de acuerdo al Art. 12
del Código Tributario las normas tributarias se deben
interpretar con arreglo a los métodos admitidos en derecho
y a su significación económica; que la regla 1ª del Art. 18
del Código Civil determina que no debe desatenderse el
sentido de la ley a pretexto de consultar su espíritu; que
las inversiones, costos y gastos referidos constituyen una
especie de préstamo que hace el contratista al Estado
                            106




Ecuatoriano por intermedio de PETOECUADOR para que de
encontrar hidrocarburos se efectúe el reembolso sin tributo
ni afectación económica alguna, razón por la cual no cabe
aplicar el Impuesto del 1.5 por mil a los activos totales;
que en los contratos de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos, las empresas
contratistas invierten bajo el supuesto de que se ha de
producir la recuperación respectiva sin ningún tributo; que
de acuerdo al Art. 52 de la Constitución, se ha de entender
la vigente a la época, y el Art. 6 del Código Tributario la
disposición reglamentaria mencionada, sin modificar la
voluntad del legislador, acepta el postulado de que los
tributos son instrumentos de política económica; que el
hecho de que el Art. 11 del Reglamento aludido se
encuentre dentro del tratamiento al Impuesto a la Renta,
no es un óbice para que su tenor sea atendido; que según
el Art. 33 c) de la Ley 006 de Control Tributario, las
empresas multinacionales y las de economía mixta en la
parte que corresponda a los aportes del sector público de
los respectivos estados se encuentran exentas del indicado
Impuesto   de   1.5   por   mil,   debiendo   aplicarse   este
tratamiento a favor de la Empresa actora que es en el cien
por cien de propiedad del Estado Canadiense. Concluye
haciendo referencia a varios casos jurisprudenciales en los
cuales se ha reconocido que los reembolsos que hace
PETROECUADOR por cuenta de las inversiones costos y
gastos no están sujetos al pago de tributos en el Ecuador y
                              107




solicita que se acepte el recurso. TERCERO: Es necesario
definir el alcance del Art. 86 de la Ley de Régimen
Tributario    Interno   en   la     parte   que   manda   que   las
inversiones, costos y gastos no están sujetos al pago de
tributos en el país. Dice en su parte pertinente: “Los
reembolsos que haga PETROECUADOR por cuenta de las
inversiones costos y gastos de la contratista no forman
parte de su ingreso bruto y, por tanto, no son deducibles
del mismo para efectos del pago del impuesto a la renta ni
estarán sujetos al pago de tributos en el Ecuador”. El Art.
16 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por la Ley 101,
Registro Oficial 306 de 13 de agosto de 1986, regula los
contratos de prestación de servicios para la exploración y
explotación de hidrocarburos. El sistema previsto en esta
norma, establece que inicialmente CEPE, con posterioridad
PETROECUADOR,           cuando         se   hubiere     encontrado
hidrocarburos comercialmente explotables, reembolsarán a
la empresa contratista las inversiones, costos y gastos en
que hubiere incurrido, así como el valor de sus servicios.
Estos contratos se denominan de riesgo, por cuanto la
contratista     puede    o        no    encontrar     hidrocarburos
comercialmente explotables. Si el resultado es positivo
obtiene el reembolso, si es negativo, incurre en pérdida. La
no sujeción en el campo tributario es distinta de la
exoneración. En el primer caso se trata de materias que no
son objeto para el pago de impuestos, de tasas o de
contribuciones. Entonces no cabe hablar de la producción o
                               108




no del hecho generador. El legislador, a su prudencia,
determina que índices de capacidad contributiva puede
constituir hechos generadores para el pago de tributos.
Igualmente puede establece que determinados hechos no
son objeto de tributación y por ello no constituyen hechos
generadores en los términos del Art. 15 del Código
Tributario.     El    caso     de      la    exoneración    supone
necesariamente la existencia de un hecho generador, que
cumplido      respecto   de    un     determinado    contribuyente,
produce el nacimiento de la obligación tributaria, la cual no
es exigible a virtud de la dispensa legal que comporta la
exoneración (“Art. 30 del Código Tributario”). El Art. 11 del
Reglamento General de Aplicación del Impuesto a la Renta
publicado en el Registro Oficial de 20 de diciembre de 1990
estatuye que las inversiones, costos y gastos de las
empresas contratistas de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos no constituirán
hecho generador ni formarán parte de la base imponible
para el cálculo del Impuesto a la Renta ni para el pago de
cualquier otro tributo en el Ecuador. Esta Disposición
corresponde      al   actual   Art.    262   del    Reglamento   de
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que
contiene idéntico precepto. Es evidente que los mandatos
del Art. 86 de la Ley de Régimen Tributario Interno y los
reglamentarios en cuestión consignan un caso de no
sujeción respecto de los reembolsos indicados en el
considerando segundo de este fallo, por lo que no cabe que
                           109




se aplique a ellos el Impuesto del 1.5 por mil. CUARTO: El
Art. 86 aludido es aplicable no solo al Impuesto a la Renta
en particular sino a la imposición interna en general. Si
bien es verdad que tal artículo se ubica dentro de las
normas que atañen a la tributación de las empresas de
prestación de servicios para la exploración y explotación de
hidrocarburos, no es menos cierto que su texto mismo
regula la no sujeción respecto de los tributos en general. El
Art. 12 del Código Tributario prevé que las leyes tributarias
se interpretarán en conformidad a los métodos admitidos
en derecho, teniendo en cuenta su significación económica.
Ello quiere decir que le son aplicables las disposiciones de
carácter general atinentes a la labor interpretativa que
consta en el Código Civil, debiéndose tener en cuenta la
mencionada significación. La regla primera del Art. 18 del
Código Civil dice que cuando el sentido de la ley es claro,
no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar
su espíritu. Este es un caso de no sujeción claramente
previsto por la ley que se explica por razones económicas
que dimanan del sistema de prestación de servicios para la
exploración   y   explotación    de   hidrocarburos   que   fue
instaurado por la indicada Ley 11. Además se debe tener
presente que el Art. 86 de la Ley de Régimen Tributario
Interno y el 11 del Reglamento son posteriores a la Ley de
Control Tributario y Financiero que regula el Impuesto del
1.5 por mil de los Activos Totales, ley que quedo innovada
por el mencionado Art. 86. Por estas consideraciones y
                           110




particularmente porque se ha infringido el Art. 86 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, la Sala de lo Fiscal de la
Corte   Suprema,     ADMINISTRANDO          JUSTICIA     EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, casa la sentencia expedida por la Segunda Sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 el 28 de julio de 1994 a
las 10h00. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
f) Dr. Alfredo Contreras. Villavicencio.- Edmo Muñoz
Custode (Conjuez Permanente).- Edmundo Navas
Cisneros (Conjuez Permanente)

								
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