SEMINARIO SOBRE FINANCIAMIENTO DE FUERZAS ARMADAS

							             SEMINARIO SOBRE FINANCIAMIENTO DE FUERZAS ARMADAS;
COMPRAS MILITARES; LEY RESERVADA DEL COBRE, Y TRANSPARENCIA.

 Sesión 1ª, celebrada en lunes 16 de octubre de 2006,
de 09.45 a 18.36 horas.


VERSIÓN TAQUIGRÁFICA


Asisten la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Jorge Insunza, Jorge
Ulloa, Patricio Hales, Rodrigo González, Renán Fuentealba, Alberto Cardemil, René Alinco,
Francisco Encina, Alfonso Vargas y Antonio Leal.
        Además, se encuentran invitadas las señoras Vivianne Blanlot, ministra de Defensa
Nacional; Soledad Alvear, presidenta del Partido Demócrata Cristiano; los señores Sergio Bitar,
presidente del Partido por la Democracia; Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional;
Ernesto Velasco, secretario general del Partido Radical Social Demócrata; Hernán Larraín,
presidente del Partido Unión Demócrata Independiente; Guillermo Teillier, presidente del
Partido Comunista; José Higueras, magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad; Cristián
Le Dantec, director de Finanzas del Ejército; Miguel Navarro, abogado y cientista político;
Guillermo Pattillo, Comisión de Defensa del Instituto Libertad; Guillermo Holzman, subdirector
del Instituto de Asuntos Políticos del Universidad de Chile; Francisco Le Dantec, jefe del
Departamento de Investigación Anepe; Eduardo Santos, ingeniero civil, analista de Defensa;
general Alfredo Ewing, jefe del Estado Mayor del Ejército; contra almirante Sergio Robinson,
jefe del Estado Mayor de la Armada; Iván Fabri, comandante en jefe de la Segunda Brigada
Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, y Christián Schmidt, doctor en filosofía de la Anepe.



TEXTO DEL DEBATE


        El señor OLIVARES, don Patricio (Moderador).- Distinguidas autoridades, honorables
parlamentarios, señoras y señores.
        Saludamos y damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta jornada de
debate que ha organizado la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados,
presidida por el diputado señor Patricio Hales, en torno a los temas relacionados con compras
militares, ley del cobre y transparencia.
        Para inaugurar esta jornada, invito a hacer uso de la palabra al honorable diputado señor
Patricio Hales, quien será el moderador de este debate.
        El señor HALES (Presidente Comisión de Defensa).- Sean todos muy bienvenidos y
muchas gracias por asistir a este debate.
        La Comisión de Defensa, por unanimidad, resolvió aprobar la idea de realizar este debate
pensando en que es la primera discusión pública respecto de la posibilidad de mantener, derogar
o modificar la legislación y las disposiciones que establecen los mecanismos de financiamiento
del material y equipamiento bélico de las Fuerzas Armadas.
         Nuestro ánimo ha sido contribuir desde la Cámara de Diputados, que es donde están
representadas todas las posiciones electas por votación popular, de manera de asegurar que la
inversión para las Fuerzas Armadas se realice con un modelo que surja de una discusión
democrática. Para eso los hemos convocado, y estoy seguro de que nuestro producto servirá para
el país.
         El cuidado que existe hacia la llamada ley reservada del cobre está fundado en el
supuesto de proteger a las Fuerzas Armadas de un presunto desinterés de los políticos por
invertir en equipamiento bélico. Si es verdad o no este prejuicio, está basado en la desconfianza.
Mientras tanto, los analistas de textos de defensa y académicos de diferentes sectores políticos
más bien se acercan al problema en forma directa, aunque con opiniones y matices distintos, a
través de los cuales proponen la necesidad de establecer un nuevo mecanismo.
         La práctica de la acción política ha demostrado timidez para resolver de manera definitiva
el tema, a pesar de que debo reconocer la aparición cada vez más frecuente de dirigentes y de
parlamentarios de diferentes partidos políticos expresándose con discrepancia sobre la ley del
cobre. Pero no hay propuestas nuevas.
         En el caso de los académicos puedo citar claramente ese tipo de posiciones. Por ejemplo,
el Instituto Libertad señala: “La forma en que se asuma el proceso de asignación de recursos para
la defensa, no satisface, en nuestra opinión, los criterios básicos de eficiencia”. Agrega,
“evidentemente la división por tercios de los recursos captados con el impuesto a Codelco, no
tiene fundamentos ni económicos ni militares”.
         Por otra parte, dice: “El control real que la sociedad y sus representantes en el Congreso
tienen sobre la evolución de las Fuerzas Armadas es escaso y se restringe a aspectos formales”.
         Por su parte, el académico y profesor señor José Higuera, señala que el sistema
democrático chileno evidencia déficit de transparencia en la gestión del Gobierno en el sector
Defensa, particularmente en lo que se refiere a adquisiciones. Esa transparencia no existe hoy
como norma oficial y se citan razones de seguridad nacional como excusa para ello.
         En el ámbito político, sectores de Derecha parecen juzgar esta ley casi como un icono de
reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas, en cambio para la Concertación parece como una
piedra en el zapato, que contradice sus deseos verdaderos, pero cuya decisión por eliminarla
perturbaría las tácticas del andar despacio en materia de transformaciones de asuntos militares.
         Recién en la última campaña presidencial se habló con más franqueza, pero no existe una
propuesta de otro modelo por parte del Gobierno ni se ha presentado públicamente otra fórmula
para resolver un mecanismo presupuestario en lo militar.
         Últimamente, cuando los políticos concertacionistas opinamos sobre la llamada ley del
cobre, pareciera que a nadie le gustara esa ley. Sin embargo, después de tres Gobiernos de esta
alianza política, nadie ha intentado derogarla.
         A medida que hemos puesto el debate fuera de la administración, el Gobierno ha
avanzado en intensidad variable, al menos, en su opinión. Primero, en la idea de hacer
correcciones a dicha ley. Hace poco, por ejemplo, se anunció la idea de poner un límite superior
al monto del dinero disponible del cobre y, últimamente, se ha hablado de la posibilidad de
modificar estas disposiciones.
         Personalmente, no comparto esa opinión y sostengo clara y derechamente que es
necesario derogar el actual modelo de financiamiento directo basado en el 10 por ciento de las
ventas del cobre, depositado en tres cuentas, más la del Consudena. Insisto en el diseño de un
nuevo modelo de financiamiento del equipamiento y material del potencial bélico.
         Por otra parte, creo que la conversación política ha sido poco abierta. Hasta ahora no ha
habido ningún debate público propositivo al respecto en más de cincuenta años. Ustedes son
parte del primero.
        A mi juicio, la verdad del problema está más profundamente enraizada en la historia. Si
las Fuerzas Armadas confiaran en la responsabilidad de la democracia y los políticos
democráticos para atender las necesidades de la defensa, no necesitarían la ley reservada del
cobre. El mecanismo del 10 por ciento de las ventas les asegura una insana independencia de los
poderes democráticamente electos por el soberano. La provisión financiera para el potencial
bélico no pasa ni siquiera por la vista de la Presidenta de la República. El modelo es un by-pass
por detrás de todos los controles del Estado. Conecta el dinero que factura Codelco con las
cuentas corrientes de las ramas de las Fuerzas Armadas y el Consudena por el mandato de la ley.
El Congreso ni si quiera es informado de cuánto, cuándo ni en qué armamento se gasta ese
dinero, sino que se informa por la prensa.
        Por ejemplo, la explicación que se dio en la última compra de los tanques Leopard fue
que habría una dificultad en la provisión de cierto elemento técnico, y el Congreso lo sabía antes
de que la facturación estuviese resuelta.
        La desconfianza militar surgió de experiencias que mostraron incomprensión de los
políticos en el papel de las Fuerzas Armadas.
        Desde comienzos del Siglo XX, desde aquella manipulación oligárquica en los ascensos
-hace poco leí a Gonzalo Vial y citaba el caso de un diputado que protestó ante el Gobierno
porque no había sido informado de la decisión del nuevo comandante del regimiento de su
distrito-, era común la utilización de militares para tareas políticas represivas y la
despreocupación política por la tarea esencial de las Fuerzas Armadas. Recordemos ese
memorable bajísimo nivel de equipamiento hacia fines de los años 60: tanques M3 de la segunda
guerra mundial; al llegar a la década del 70, unidades equipadas de fusil modelo Máuser de
1912; en los años 70, artillería 105 milímetros N.A. de la guerra de Corea. Eran tiempos en que
los oficiales del Ejército solían trabajar de taxistas por las tardes y los cadetes que se formaban
para oficial recibían un par de botas usadas, las unidades se formaban en cursos de radio, pero
sin radio y la instrucción de tiro se hacía con ruido simulado por falta de munición.
        Durante muchos años nuestras Fuerzas Armadas no fueron dotadas con los recursos
suficientes por la autoridad política.
En Chile, en los últimos años, las conductas políticas y la renovación doctrinaria de
responsabilidad, probada en el uso del poder, desmienten el prejuicio militar de suponer que los
políticos van a debilitar el financiamiento de las Fuerzas Armadas y las adquisiciones de material
bélico, colocándolo detrás de necesidades de mayor brillo electoral. Paradójicamente, se ha visto
que esta generación de políticos que compartió el trauma institucional y los peores dolores,
ahora, en el ejercicio del poder, en el Gobierno y en el Parlamento, de todos los sectores, ha dado
las mejores pruebas de seriedad y de responsabilidad política en la relación entre el Estado y las
Fuerzas Armadas.
                 Anclarse en la experiencia histórica sólo sirve de fundamento para desconfianzas
mutuas, mientras que nuevas formas de responsabilidad del debate político y de doctrina militar
merecen probarse innovando, en el escenario del presente, para asumir juntos las tareas de la
defensa.
Por eso, en mi opinión, debe derogarse la ley Reservada del Cobre. Ustedes están invitados para
entregar su opinión de mantenerla, modificarla o derogarla. El debate está abierto.
Personalmente, creo que modificarla sólo para acotar los montos de dinero es maquillarla con la
simple circunstancia del buen precio del cobre.
Hay que construir un modelo transparente de adquisición de equipamiento militar que cubra las
necesidades en el tiempo, definidas técnicamente por especialistas en la defensa, con
financiamientos sustentables, con opinión participativa plena de las Fuerzas Armadas y asumido
por autoridades políticas representativas que asuman como responsabilidad de Estado en
períodos largos e independientes de los cambios electorales tanto del Ejecutivo como del
Legislativo.
                El actual mecanismo de Fuerzas Armadas suprapoderes representativos, en mi
opinión, contribuye al secretismo. Además, se ha demostrado financieramente ineficiente,
provoca suspicacias, induce a comentarios sobre el gasto y provoca rechazo generalizado en todo
el que opine públicamente. Este mecanismo aumenta la falta de responsabilidad de los políticos
con la defensa y los coloca en el limbo de los inhabilitados, dificulta el acercamiento
democrático con las tareas de los militares y de la defensa, aleja el debate de la defensa, acentúa
el desinterés de los políticos por lo militar y, en mi opinión, lo más grave, mantiene los prejuicios
de desconfianza. Dicho así, por decir una frase, la ley Reservada del Cobre es un monumento a la
desconfianza entre políticos y militares.
                Si la historia explica ese distanciamiento y muestra que algo se hizo mal para
generar desconfianzas mutuas, está demostrando que militares y políticos son parte de un mismo
país; que el país lo integran civiles y militares, quienes finalmente somos los encargados de
elegir su administración, su Congreso y su Gobierno, además de construir experiencias
históricas propias, sean malas o buenas, y nuevas formas de relación, muy propias de un Estado
democrático, para asumir las tareas de la defensa que, en mi opinión, estoy seguro harían mejor
al país. A eso los invito.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                Tiene la palabra el abogado y cientista político, profesor de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos, Anepe, señor Miguel Navarro.
                El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es un verdadero placer y un gran honor
compartir algunas ideas con ustedes.
                En primer lugar, las opiniones que voy a expresar son estrictamente personales y
no comprometen a ninguna de las instituciones en las cuales me desempeño.
                He dedicado bastante interés al tema, por lo que tengo algunos artículos
publicados al respecto. Me parece que hemos tenido un debate muy interesante sobre el
planteamiento general y, en principio, si uno analiza los antiguos debates sobre la materia
veremos que hay un énfasis en los aspectos estrictamente economicistas de la ley del Cobre o,
alternativamente, de procedimiento de asignación de recursos. Éstas son aproximaciones muy
válidas, pero que, de alguna manera, falta una vinculación en el plano político y estratégico. No
hay que olvidar que este es un mecanismo que financia una función pública básica, como es la de
defensa, que tiene ciertas características especiales respecto de todas las demás funciones
públicas. Desde ese punto de vista, mi planteamiento y, tal como lo señalo en este power point,
es el sistema de la ley del Cobre en una perspectiva política y estratégica.
                A continuación, me referiré al entorno político del sistema para luego analizar las
ventajas y debilidades del actual sistema de la ley del Cobre.
En segundo lugar, analizar el horizonte político estratégico del país y su relación con el
financiamiento de la defensa y, finalmente, algunas conclusiones.
                Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar el Presidente de la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, diputado señor Patricio Hales, respecto de que
este tema tiene una fuerte raigambre histórica. Por eso, desde el punto de vista inicial, quiero
referirme al entorno político y cómo se generó el sistema actual de la ley del Cobre.
Como ustedes saben, esto viene de fines de los años treinta; de hecho, específicamente, desde la
denominada ley de los cruceros de 1938, los primeros prolegómenos del sistema que, luego, se
concretó en 1942. Ahora, esto se dio en un escenario político que se caracterizó por una pérdida
de consenso entre la clase política respecto no sólo de la función de defensa, sino también sobre
la aplicación de políticas de poder en las relaciones regionales.
La movilización del año veinte fue la última oportunidad en que la clase política chilena utilizó
el recurso potencial de la fuerza para un efecto de política exterior, y de ahí en adelante se pierde
el consenso. Esto hizo crisis durante la reacción civilista de los años treinta -este acuerdo de la
clase política en su conjunto- por sacar a las Fuerzas Armadas del eje del desarrollo del país, lo
que provocó un proceso de subinversión en defensa que hizo que Chile, hacia fines de los años
treinta, estuviese en la condición de mayor desmedro estratégico con respecto a sus vecinos,
prácticamente, desde la época de la Independencia. Ésa fue la consecuencia en el plano militar de
la reacción civilista de los años treinta.
Hubo un claro distanciamiento político-militar y eso, de alguna manera, explica algo que el
diputado señor Hales ha mencionado muy bien, cual fue el proceso de abdicación que hizo la
clase política de su obligación de financiar a la defensa.
Cuando se promulgó la ley Nº 7.144, en 1942, la clase política renunció a lo que había hecho
hasta entonces, que era contribuir, en conjunto y armónicamente, entre el Ejecutivo y el
Congreso Nacional, al financiamiento de capital de la defensa -no sólo es financiamiento de
capital-. A contar de la promulgación de la ley N° 7.144, de 1942, que establece el mecanismo de
asignación automática de recursos, la clase política sencillamente abdicó de esa responsabilidad
y no la siguió asumiendo.
                En la siguiente diapositiva vemos que esta materia también se compatibiliza con
el entorno político internacional.
                El proceso de formulación de la ley del cobre se dio esencialmente en un
escenario internacional muy estable y muy predecible. Luego de la solución del conflicto con
Perú respecto de Tacna y Arica, en 1929, el escenario estratégico del país ya no tuvo alteraciones
sustanciales. Por supuesto, hubo una crisis periódica de desarrollo lento, pero alternada con gran
colaboración con los países vecinos. Esto es cierto respecto de Argentina. Hubo períodos de gran
colaboración y de gran acercamiento, seguidos de crisis periódicas, pero de desarrollo
comparativamente lento. La crisis de 1978 duró prácticamente un año desde que se comenzó a
incoar hasta que constituyó efectivamente una crisis en diciembre de 1978.
                En resumen, la característica del sistema comprende un escenario internacional
estable y muy predecible y situaciones de crisis, alternadas con períodos de gran colaboración
con los países vecinos.
                También se produjo el fenómeno de la Guerra Fría, pero que no alteró
sustancialmente la condición de seguridad del país. El hemisferio occidental de América Latina
fue escenario de Guerra Fría; pero ésta no se manifestó como conflicto de naturaleza
convencional, sino bajo formas de luchas ideológicas, que no alteraron en lo sustancial la
posición internacional del país ni su condición estratégica. Inevitablemente, esto generó una
visión de la función de defensa que califico de convencional. Existía una visión propia en los
años 40 y 50. Pero ahora, esta visión convencional se proyectó en el ordenamiento jurídico y
quedó incorporada en el actual artículo N° 101 de la Constitución Política. Si uno analiza las
palabras del artículo N° 101, sobre la misión de las Fuerzas Armadas, comprobará que dicha
misión es presentada en forma muy convencional, con una visión muy tradicional de la función
de defensa, lo que es consustancial al escenario estable y predecible en el cual se generó. Tanto
se generó esta misión de las Fuerzas Armadas, cuanto el sistema de la ley del cobre.
                Desde la perspectiva política, hay un antecedente muy importante de destacar: el
carácter coyuntural y reactivo que tuvo el sistema de la ley del cobre. La ley N° 7.144 fue
consecuencia del inicio de la extensión de la Segunda Guerra Mundial al Océano Pacífico. Esto
demuestra que la condición de seguridad de la república estaba muy desmedrada. Los efectos de
la reacción civilista habían disminuido considerablemente la capacidad de defensa del país y no
se contaba con la posibilidad ni con los fondos para incrementar rápidamente dicha capacidad.
Había un conflicto mundial y la clase política chilena no entendió la lógica de ese conflicto
cuando comenzó en 1939. Hubo que esperar hasta 1941, hasta el ataque japonés a Pearl Harbor,
para que la clase política comprendiera el conflicto y el grave riesgo que esto implicaba para la
seguridad nacional.
                Lo mismo ocurre con la ley N° 13.196. Esta ley se discutió como consecuencia
del incidente del islote Snipe, lo que nuevamente demuestra lo desmedrado de la capacidad
militar del país. Hubo una famosa sesión en el Congreso Nacional en la que se expuso esta
situación, que provocó una reacción de la clase política en su conjunto, la cual resolvió elaborar
la ley N° 13.196. Pero aun así esta ley tuvo un origen bastante azaroso; se demoró mucho en ser
promulgada. Lo mismo es válido con el decreto ley N° 239, de 1974, que introduce cambios
sustanciales en el sistema de la ley. Ello fue consecuencia de la crisis política y de la crisis
internacional que se produjeron en septiembre de 1973 y que comenzó a tomar sustancia durante
1974.
                En resumen, todo el sistema es producto de coyunturas internacionales complejas.
Dentro de este escenario general estable se producen coyunturas internacionales y el estamento
político reacciona estableciendo el mecanismo de la ley. Esto produce como consecuencia una
desvinculación entre los recursos que se asignan y las necesidades. Ahora, no hay evidencia
alguna de que estos cuerpos normativos hayan sido producto de un análisis sesudo y racional de
lo que se necesitaba en términos de recursos y del mecanismo de financiamiento, sino que fueron
una reacción coyuntural al problema.
                En la siguiente diapositiva se exponen las ventajas y debilidades del sistema.
                La estabilidad y permanencia de la inversión es una ventaja muy fuerte y es un
mecanismo flexible y de reacción rápida frente a la coyuntura internacional y al mercado
internacional de armamentos.
                Existe una desvinculación con la coyuntura política doméstica, con la coyuntura
política internacional y con la coyuntura política “interméstica”.
                El sistema evita roces entre las Fuerzas Armadas y evitó la politización de las
instituciones.
                La siguiente diapositiva muestra las debilidades del sistema.
                En primer lugar, existe un divorcio entre las necesidades de la defensa y los
recursos que genera. Otra debilidad es la no participación del Congreso Nacional y la abdicación
de la clase política en el financiamiento de la defensa. Ésa es una tremenda debilidad, que ha
citado el Presidente de la Comisión.
                Cabe mencionar la falta de legitimidad y de transparencia. Ésta es una
responsabilidad parcial del carácter secreto del sistema y del muy bajo nivel de debate
especializado que existe en Chile sobre estos temas, en muchos casos marcados por agendas
particulares de quienes deben participar en el debate.
                Finalmente, cabe señalar como debilidad la indexación del cálculo a un rubro
decreciente en la economía nacional. Nótese que no menciono el tema de los tercios como una
debilidad, porque luego de las últimas resoluciones de la Contraloría General de la República, el
tema de los tercios parece algo bastante superado. De manera que no lo menciono porque lo
considero obsoleto.
                Hay dos elementos interesantes de destacar: el horizonte político y estratégico en
el cual se da el sistema. Primero, existe un nuevo escenario de la función de defensa. Hay un
incremento de la responsabilidad internacional de seguridad de Chile. Nuestro país es una
potencia mediana emergente, y existe una mayor demanda de la comunidad internacional por que
asuma responsabilidades en el plano de la seguridad.
                Hay una nueva concepción de la función de defensa mucho más amplia, moderna
y flexible que la que en este momento se está utilizando. Ello aparece en los textos
constitucionales y de legislación complementaria.
                Hay un escenario internacional de seguridad mucho más complejo: el de la
posguerra fría. Existen nuevas amenazas y conflictos “intermésticos”.
                Finalmente, existe un escenario regional incierto y bastante impredecible. Con
esto apunto a la dimensión militar que están adquiriendo los ejes ideológicos regionales. Me
refiero al tema del acuerdo entre Bolivia y Venezuela.
                En la siguiente diapositiva se muestra el escenario político doméstico.
                Hay mucho mayor consenso político en torno a la función de defensa; hay una
sujeción formal del estamento militar a la autoridad civil; existe un liderazgo civil embrionario
en el ámbito de la defensa, que considero un elemento muy importante en el proceso de eventual
asignación de recursos, y existe potencialidad de disensos políticos en torno a la función de
defensa. El primero de estos disensos se da a propósito de la complejidad de la situación
internacional y del factor “interméstico” de los conflictos. Los conflictos regionales pueden tener
efecto sobre los actores políticos locales y puede ser fuente de disensos. Basta ver el efecto que
provocó el acuerdo militar entre Venezuela y Bolivia en los referentes políticos chilenos.
                Lo mismo ocurre respecto de la interacción entre política doméstica, política
exterior y política de defensa. Ésta es la famosa referencia a la cuestión de las “políticas de
Estado”.
                Existe mayor responsabilidad del Congreso Nacional, que debe asumir. Veo con
gran satisfacción que tiene interés en hacerlo.
                Finalmente, cabe señalar los riesgos de los mecanismos alternativos que se han
propuesto, que son muy frágiles.
                En la siguiente diapositiva se exponen las conclusiones.
                El sistema de la ley del cobre ha proporcionado estabilidad a la inversión de
capital de la defensa, aun en condiciones de conflicto político, doméstico y de tensión
político-militar.
                El sistema ha sido eficaz en un escenario estratégico estable y con una concepción
convencional de la función de defensa.
                Las ventajas del sistema son de naturaleza estructural y de mayor solidez que las
deficiencias que presenta, las que son fundamentalmente subsanables.
                El Congreso Nacional debe asumir una responsabilidad en el proceso decisional
de las adquisiciones de sistemas de armas, acorde con las demás potestades públicas vigentes en
esta materia.
                Es necesario hacer público el mecanismo de financiamiento de capital, única
forma de otorgarle legitimidad y asegurar su transparencia.
                La modernización del sistema requiere contar con políticas de seguridad nacional
y de defensa, que asuman plenamente el nuevo horizonte político y estratégico del país y
orienten el proceso de asignación de recursos. Es imprescindible estudiar las reales necesidades
de la defensa, considerando la naturaleza de esta función, la posición del país en el sistema
internacional y los patrones generales de tecnología militar.
                La modernización del sistema de la ley del cobre implica necesariamente el
incremento de la capacidad de gestión del nivel de conducción política de la defensa. Esto
vincula la iniciativa con la modernización del Ministerio de Defensa. Es necesario modificar el
rubro de indexación, de modo de asegurar una relación entre el desarrollo económico general del
país y los fondos disponibles para la inversión de capital de la defensa. Este fenómeno se
denomina, en politología y en relaciones internacionales, la dinámica de la defensa.
                Finalmente, considerando su naturaleza, sus efectos y el horizonte estratégico de
la república, parece altamente prudente mantener el sistema en su esencia, pero corrigiendo sus
deficiencias e incorporando al Congreso en el proceso decisional.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Cristián Le Dantec,
director de Finanzas del Ejército de Chile.
                El señor LE DANTEC.- Agradezco la invitación del Presidente de la Comisión de
Defensa de la Cámara de Diputados para presentar esta exposición, con la que voy a tratar de
aclarar algunos mitos que existen sobre la defensa y la ley del cobre, los cuales, producto del
secretismo que se mencionó, pueden no ser muy conocidos.
                Si nos remontamos al nacimiento de la República, veremos que, históricamente,
todas las compras que se han hecho en defensa han sido mediante leyes especiales. A Carrera se
le autorizó un endeudamiento para comprar buques y lo mismo se hizo con O'Higgins para la
primera escuadra nacional. También está en la historia el caso de una ley especial que permitió la
compra de fusiles mauser y cañones krupp en Alemania -el general Koerner fue designado para
eso- y hubo una serie de problemas posteriores. Por lo tanto, hay muchas compras en la historia
que son producto de una ley especial.
Otras leyes especiales han sido para el caso del arrendamiento de tierras magallánicas, la cual
permitía que parte de esos fondos fueran para el desarrollo del Ejército y de la Fuerza Aérea; la
ley de cruceros y la primera ley del Consudena, que es un verdadero royalty a las ganancias de
las empresas. Son leyes especiales que fueron hechas para el financiamiento de las Fuerzas
Armadas.
Finalmente, llegamos a la actual ley del cobre, que tiene más de cuarenta años de vigencia,
durante los cuales ha ido variando producto de una cantidad de cambios legales y de
interpretaciones que se le ha dado. Esta ley no ha permanecido en el tiempo tal como se creó,
sino que se ha ido adaptando a las circunstancias propias de cada momento.
                El proceso de compra militar nace del plan de alistamiento, que es un documento
que elabora el Presidente de la República, en cual, a partir de la misión constitucional de las
Fuerzas Armadas, se le entregan las misiones específicas que debe cumplir cada una da las
instituciones. Éstas deben analizar dichas misiones y las capacidades que se requieren para poder
cumplirlas. Estas capacidades pueden ser adquiridas o se deben mantener por obsolescencia del
material. Producto de estos análisis, las instituciones establecen subplanes de desarrollo de donde
nacen los proyectos de adquisición, los cuales van al Ministerio de Defensa, Consudena, donde
existe un sistema de análisis. Una separata del Libro de la Defensa Nacional creó un sistema que
es público. O sea, el sistema con que se evalúan los proyectos antes se hacía con este secretismo
que se mencionó y hoy es bastante más público. Una vez que el Ministerio de Defensa aprueba
un proyecto determinado, pasa al Ministerio de Hacienda, el cual hace el análisis económico. Es
decir, aunque el Ministerio de Defensa tenga fondos, si no existe la autorización de gastos del
Ministerio de Hacienda, no hay posibilidad de efectuar la adquisición. Una vez que los dos
ministerios han aprobado el proyecto, se dicta un decreto supremo firmado por ambos ministros
y el Presidente de la República y recién se autoriza una adquisición para la defensa. La Tesorería
General de la República gira los fondos y aquí nace un nuevo proceso: el llamado a licitación,
compra directa, licitación pública, licitación privada, dependiendo de las características de lo que
se está adquiriendo.
Este proceso también tiene mecanismos de control que son el propio Consudena y la Contraloría
General de la República. Una vez que termina este proceso, se adquiere el material. Las propias
instituciones mediante los ejercicios de maniobra que se realizan anualmente comprueban si
efectivamente se adquirió la capacidad que el Presidente de la República dispuso.
                ¿Qué ha sucedido con el desarrollo la ley del cobre? El aporte fiscal consolidado
al Ejército ha ido disminuyendo en relación al PIB, mecanismo que puede ser bueno o malo,
pero, por lo menos, es constante en el tiempo. Tiene distorsiones por el tipo de cambio y por el
crecimiento del país, pero está asociado a algo. La avaluación del aporte fiscal para gastos de
operación, que está fijado por la ley orgánica constitucional desde 1989, en moneda del presente
año, está casi en el mismo nivel. Sin embargo, los factores productivos han cambiado, por
ejemplo, de unidades de caballerías a unidades con tanque. Las unidades de infantería andaban
en camiones y hoy en carros. El factor tecnológico ha hecho disminuir el personal y nos lleva a
un mayor costo de mantenimiento, porque hay un intensivo uso de tecnología, un alto costo de
mantención y un menor uso de mano de obra.
                En la diapositiva vemos la inversión en defensa en relación al PIB el 2001, año
pre Afganistán e Irak, donde los gastos de la Unión Europea y de la Otan eran bastante menores
que los de hoy. Ahí vemos el nivel de gasto de Chile -los datos son sacados del Libro de la
Defensa Nacional- en Fuerzas Armadas, comparado con la Unión Europea. Lo mismo sucede
con un estudio español hecho por Rosendo Fraga, quien entrega esa cantidad en gastos de
Defensa el año 2003. Dicha cantidad incluye a la Policía de Investigaciones, pero excluye la ley
del cobre.
La cantidad indicada acá –muestra diapositiva-también está tomada de los datos propios del libro
de la Defensa, en la cual se puede ver cuál es el gasto real en Fuerzas Armadas, incluyendo ley
del cobre. Esto, obviamente, está en comparación con el producto interno bruto de cada uno de
los países, lo cual en cantidades puede ser totalmente distorsionador, por cuanto son distintas.
                Lamentablemente, me faltó un cuadro que establece cuál es el nivel de gastos de
la Defensa, el cual ha ido disminuyendo notablemente; pero esa disminución se ha producido
básicamente en el Presupuesto, por cuanto la ley del cobre, en el último tiempo, ha logrado
traspasar gastos de mantenimiento, que también están dentro de ésta, a gastos que debieran ser
absorbidos por el Presupuesto de la Nación. Es decir, en parte, tenemos escondidos ciertos gastos
que han ido disminuyendo, porque ha disminuido el personal y aumentado -como expliqué- los
gastos operacionales producto de la nueva tecnología. Pero esto no se ha traducido en un
aumento en el presupuesto propio para operación de las instituciones. Esto, hoy día, ha sido
suplido, porque la ley del cobre, como se refiere a mantenimiento e incremento del potencial
bélico, permite que podamos suplirlo con esta diferencia.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el señor
Guillermo Pattillo, miembro de la comisión de Defensa del Instituto Libertad, master of
Philosophy de la Universidad de Glasgow y profesor de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
                El señor PATTILLO.- En primer lugar, para mí es un verdadero placer estar con
ustedes y compartir algunas reflexiones sobre el tema.
                Como bien dijo el Presidente, vengo invitado como miembro de la comisión de
Defensa del Instituto Libertad y mi opinión sí la va a comprometer.
                Realizaré una mirada somera sobre cuatro puntos: el marco analítico general -que
orienta el análisis-, los recursos de Defensa, la ley del cobre y las opciones que, en mi
percepción, podríamos presentar.
                En primer lugar, respecto del marco analítico, lo primero que quiero destacar es
que la asignación de recursos a Defensa, como la asignación de recursos a cualquier sector del
Estado o del sector privado, es un ejercicio de optimización, lo cual tiene condicionantes bien
precisos.
En el caso concreto de las Fuerzas Armadas, dicho ejercicio sólo es válido, y va a producir
resultados eficientes, en la medida en que conecte lo que quiero lograr con los medios de que
dispongo para lograrlo. Si esas dos cosas no están conectadas es imposible tener resultados que
satisfagan criterios de eficiencia.
                En el caso directo de las Fuerzas Armadas este producto generado es un portafolio
flexible de capacidades.
                Ahora bien, en la generación de dichas capacidades, si pensamos en una función
de producción, son factores complementarios.
                Por lo tanto, significa que la única manera para resolver el ejercicio de
optimización es tomar el sistema como conjunto, en forma global. Si no tomo el sistema, puedo
suboptimizar partes; es decir, dentro de una de las partes puedo hacer un uso eficiente de
recursos, pero no lo voy a tener jamás a nivel global. En consecuencia, es absolutamente
fundamental resolver el ejercicio mirando el sistema completo.
                ¿Cuáles son los recursos que tiene Defensa? Básicamente dos: la ley de
Presupuestos y la del cobre.
                Respecto del Presupuesto -y sólo para mencionarlo, porque uno no puede separar
la ley del cobre de la asignación global de recursos- el fiscal tiene una característica que no
tienen otros en el Estado de Chile –y en ninguna otra parte del mundo-, cual es que tiene un piso
para todo los recursos que no son remuneraciones. El piso está indexado a una variable
irrelevante, cual es el IPC. Es decir, el piso es 1.989 más IPC.
                En segundo lugar, ese presupuesto se divide por historia. Es decir, lo que tengo al
año T más 1 es lo que tuve al año T más un diferencial que eufemísticamente se llama análisis
marginal, pero que en esencia significa que lo que tengo en un momento hacia atrás se perpetúa.
                ¿A dónde va este tema? Va a que están completamente desconectados los
objetivos con los medios, porque el Presupuesto estaba indexado a variables irrelevantes y
asignado en una forma que no tiene ninguna correlación con los cambios que yo pueda lograr en
el quehacer de las tres instituciones.
                Ahí está el gráfico de las participaciones institucionales en el Presupuesto en sólo
dos años: 1989 y 2005.
                Si ustedes pusieran 1980 ó 1977, daría más o menos lo mismo; pero no daría lo
mismo si pusieran 1960. El cambio se produce en el período 1974-1975-1976. Pero qué nos dice
esto finalmente: 27,7 contra 22; 33,9 contra 34,7; 44,4 contra 43,3. Curiosamente, parece que el
mundo no ha cambiado. En 1989 y 2005 las instituciones tienen exactamente la misma fracción
de recursos. Entonces, si ustedes creen que esa asignación refleja eficientemente los desafíos del
país, tendrían que asumir que el país en nada ha cambiado, que los desafíos, los problemas, las
cosas que enfrentamos hoy son las mismas que las de 1989, y las de 1989 las mismas de 1985, y
éstas las mismas de 1977 ó 1978. Pero éste es un hecho, no un juicio.
                Sabemos que el origen de la ley del cobre se remonta a 1958. Lo que no sabemos
–al menos yo- es cuánto fue la tasa de impuesto que se aplicó, y no lo sé porque esa ley es
reservada. 15 es una posibilidad y 7,5 es la otra.
                Sabemos que luego la tasa cambió, lo mismo que la base del impuesto, y que se
estableció la división por tercios.
                Ahí está lo que la ley ingresó en millones de dólares de cada año, pero no en
moneda de un solo año, porque esa corrección es irrelevante si uno no tiene un indexador
adecuado, y en Chile no existe ninguno.
                El rendimiento medio entre 1990 y 2006 –en 2006, los ingresos por ley del cobre
fueron de 1.180 millones de dólares- es de 357.5 millones de dólares. Si sacamos la media hasta
2005, baja en cerca de 50 millones de dólares. Y si la sacamos hasta 2002, baja violentamente.
Pero hay que ver el nivel de la desviación estándar.
                Por lo tanto, cuando se habla de estabilidad no sólo hay que mirar las medias, sino
también las desviaciones estándar de los fenómenos.
                ¿Cuáles son los problemas principales en la ley del cobre? Me voy a centrar en las
Fuerzas Armadas, no tocaré el equilibrio global del sector público, ya que es otra materia.
Mirado desde el punto de vista del sistema de defensa, hay dos deficiencias básicas: el origen y
la distribución de los recursos. ¿Por qué el origen? ¿Qué quiero financiar con eso? Quiero
financiar el equipamiento de las Fuerzas Armadas que, se supone, construye capacidades
flexibles para enfrentar algún horizonte de mediano y largo plazo que, supuestamente, he
planificado. Pero el origen de los recursos se vincula con dos variables que no tienen ninguna
correlación con lo que quiero satisfacer: el precio internacional del cobre, sobre el que Chile no
tiene control, y la cantidad de cobre que Codelco exporta.
                Si ustedes construyeran una conexión precisa y lógica entre esas variables y los
desafíos estratégicos de Chile serían candidatos al Premio Nobel en estadísticas
–matemáticas- o algo parecido. No existe correlación.
                Por otra parte, la distribución por tercios es tremendamente ineficiente. Ustedes lo
saben, por lo que no es necesario que insista más al respecto. Pero eso significa que hoy hay una
ley que en su origen y en la forma en que asigna los recursos no satisface criterios esenciales de
eficiencia. Por lo tanto, puede decirse que el sistema es subóptimo por las rigideces que se le han
introducido y por la forma analítica en que se ha mirado, lo que, en mi opinión, es lo más grave.
                Ahora, el análisis en la estructura no es de sistema, es de pedazos o de
subsistemas. Además -no quiero enfatizar esto, porque no tengo mucho tiempo-, el sistema de
decisiones es poco transparente. Tomen los parámetros que quieran, por ejemplo, el Código de
Transparencia del Fondo Monetario Internacional. Claramente, aquí el sistema no pasa la tarea.
                ¿Cuál es el óptimo de largo plazo? Es una cuestión evidente: que la asignación de
recursos esté conectada a lo que quiero lograr. Los óptimos de largo plazo son óptimos no
restringidos. Si ése es el óptimo de largo plazo no hay techos ni pisos válidos. O sea, no es
ninguna solución que se diga: “Cambio la ley del cobre por un porcentaje del PIB.”. Eso es tan
ineficiente como la ley del cobre. No es una solución y hay que dejarlo sumamente claro, porque
es algo que ha venido dando vueltas desde hace años. Se sostiene que porque la riqueza sube se
debe gastar más o menos en defensa. No hay conexión ni correlación entre esos dos aspectos.
               Por lo tanto, debemos ser flexibles en el óptimo de largo plazo. Y ser flexible
significa asignar en base a contribución, a los objetivos, a las capacidades que estoy
construyendo que, además, se derivan –al menos eso se supone- de los objetivos que quiero
lograr con una estrategia específica.
Sin embargo, para ser bien precisos en lo que estamos discutiendo, en este proceso hay una
cuestión que debe satisfacerse, cual es el principio de integralidad y universalidad del
Presupuesto. Debe haber un Presupuesto, el cual debe contener todos los gastos: Fondo
Monetario Internacional, finanzas públicas, etcétera.
              Por consiguiente, sólo vamos a tener un sistema que apunta hacia los óptimos
cuando reformulemos el sistema completo. Y, cuidado en esto: no basta sólo con cambiar la ley
del cobre, pues el Presupuesto anual tiene deficiencias –las hemos discutido- fenomenales.
No sé si ustedes en sus casas separarían el presupuesto de inversiones del presupuesto de gasto
operacional. Por lo menos, yo no lo haría, porque creo que están conectados.
               Siguiendo la secuencia de las cosas como están ocurriendo, a lo mejor, se podría
dividir pedagógicamente esta historia en dos partes y apuntar primero a la ley del cobre. Pero, lo
que hay que construir es un sistema de asignación de recursos de ese nivel ministerial.
               ¿Cuáles son las observaciones de corto plazo? En esencia es introducir en el
Ministerio de Defensa la mirada sistémica, lo que significa que el análisis costo-efectividad que
hoy hacen las instituciones suba un escalón, un nivel.
               En consecuencia, hoy el cambio más relevante es el del sistema de asignación de
recursos, es decir, la parte técnica. Si hoy se derogara la ley reservada del cobre, o   más fácil
aún, para no complicar el ejercicio, se termina con la asignación por tercios, ¿cómo se asigna
ahora? No hay un solo mecanismo que en este momento permita al Ministerio de Defensa
asignar esos recursos sobre bases técnicas. Esas bases existen, se desarrollaron en la década del
50 en la Corporación Rand, entre otras. Así que no es nada nuevo, no estamos descubriendo nada
en este momento.
               Finalmente, respecto del faseamiento sugiero que primero se construya un sistema
de asignación de recursos, ya que es imprescindible. Luego, en mi opinión, la única opción a la
ley es el Presupuesto Fiscal.
               Gracias.
               -Aplausos.
               El señor HALES (Presidente).- Gracias a usted.
               Finaliza este primer panel don José Higueras, periodista, cientista político,
magíster en investigación de medios con mención en política internacional de la Universidad de
Leicester, Reino Unido, y magíster en relaciones internacionales y seguridad de la Universidad
de Bradford, también del Reino Unido. Se desempeña como secretario técnico de la Comisión de
Defensa del Partido por la Democracia.
Aprovecho la oportunidad de agradecer su concurrencia, dado que lo contactamos en Suecia para
que viniera a participar en este encuentro.
               Tiene la palabra el señor Higueras.
               El señor HIGUERAS.- Señor Presidente, agradezco la oportunidad de participar
en este seminario, el cual me parece muy importante porque constituye una señal de reactivación
de la actividad de la comunidad de la Defensa, la cual, a mi juicio, ha estado venida a menos
desde fines de la década de los noventa. Fue muy activa en los primeros años de esa década, pero
luego, quizás porque el debate aumentó mucho en volumen respecto de ciertas adquisiciones
militares, se fue imponiendo la regla de que aquellos que no seguían las líneas oficiales no
podían opinar ni generar actividades en ese ámbito.
                Ahora bien, no me quiero referir sólo a los mecanismos de financiamiento de las
adquisiciones militares, descritos muy en profundidad por el abogado Miguel Navarro, el señor
Guillermo Pattillo y el general Cristián Le Dantec, sino también a la importante relación que, en
mi opinión, tiene la necesidad de que haya transparencia respecto de las adquisiciones militares
con el hecho de que las políticas de Defensa se desarrollen en un contexto democrático. Es difícil
encontrar unanimidad respecto de los índices de inversión en Defensa. En Chile se dan ciertas
figuras, pero el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, Sipri, de Estocolmo, tiene
otras figuras muy distintas. Por ejemplo, en su último informe se señala que dicha inversión
alcanza al 3,4 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que las cifras que se manejan en la
región varían entre el 1,8 y 2,2 por ciento. De todos modos, son cifras bastante elevadas.
Dejando de lado la discusión respecto de si ese volumen de gasto es excesivo, debemos convenir
en que ello demanda un mayor grado de transparencia hacia la opinión pública, y que en la
actualidad dicho gasto es deficitario en algunos casos. Éste es un aspecto muy importante,
porque la transparencia respecto de las gestiones de Gobierno, incluidas las relativas al sector
Defensa, es un elemento clave y básico para el buen funcionamiento del sistema democrático.
                Por otra parte, los derechos de participación de la ciudadanía o de sus
representantes, en este caso de los miembros del Congreso Nacional, no se pueden circunscribir
simplemente a las elecciones que se realizan cada cierto tiempo. Esto significa que los
ciudadanos tienen derecho a estar informados adecuadamente respecto de las distintas políticas,
programas y proyectos en proceso de implementación o en estudio por parte de las autoridades
elegidas por ellos, lo cual también se aplica a Defensa. En otras palabras, el público tiene
derecho a saber cuáles son esas políticas, qué fines persiguen, qué costos tienen y qué resultados
alcanzan.
                El gasto o inversión en equipamiento y mantención de la fuerza militar tiene como
fin defender el territorio y la soberanía del país y respaldar los intereses nacionales, los valores y
principios de su política exterior. Sin embargo, dicha inversión debe evidenciar el grado de
compromiso de una sociedad respecto de la posesión y mantención de la capacidad militar. En
ese sentido, la realidad es que desde 1997 los gobiernos democráticos han venido desarrollando
programas de reequipamiento y modernización del equipo militar por un alto monto. Algunos
analistas externos señalan que esa inversión varía entre 4 mil y 5 mil millones de dólares,
considerando algunos programas conocidos por la opinión pública, como las adquisiciones de
submarinos clase O`Higgins o tipo Scorpene, entre 1997 y 1998; de una partida importante de
tanques Leopard I, en Holanda; de diez aviones F-16 nuevos, en Estados Unidos; de otra
cantidad de aviones de ese mismo tipo, pero de segunda mano, en Holanda, y de un importante
número de fragatas en Holanda y Reino Unido. Sin embargo, no se conocen los costos ni los
montos de los créditos involucrados en estas operaciones ni de los programas complementarios,
considerando que todas esas plataformas y sistemas necesitan recarga de municiones.
                En ese sentido, el principal problema es que resta legitimidad a la inversión en
Defensa, en el entendido de que ella responde a necesidades reales de reemplazo de material. No
obstante, la opinión pública no conoce los costos reales ni la lógica que hay detrás, ni tampoco
están claras las políticas que respaldan esas adquisiciones. Ejemplo de ello es la última edición
del “Libro de la defensa”. Cuando recibí una copia de esa publicación, hice el ejercicio de
mostrarlo a personas de otros países, a las cuales les llamaba mucho la atención que no
aparecieran detalladas las políticas de Defensa, sino un conjunto de normas jurídicas y
declaraciones de intenciones. Lo que más les llamó la atención fue que no se refería al orden de
batalla ni a la relación de equipamiento, que es una característica de ese tipo de publicaciones en
el extranjero. De hecho, también les llamaba mucho la atención que esa publicación no se
llamase “Libro blanco de la defensa”, sino simplemente “Libro de la defensa”.
                 Finalmente, deseo insistir respecto de la importancia que reviste el hecho de dar
más transparencia a los procesos de compra. Hay que tener presente que el fin que persiguen
estas inversiones, cual es adquirir una capacidad defensiva o disuasiva, va muy ligado al respaldo
en la eventualidad de que haya que recurrir no sólo a la voluntad política y estratégica que
puedan tener las autoridades, sino también el respaldo que pueda haber desde la ciudadanía. No
me queda muy claro que eso se logre en el contexto actual de gran secreto.
                 Quiero hacer una reflexión sobre las causas de este secretismo, que está
omnipresente en el tema de las inversiones en renovación de material bélico. Tengo la impresión
de que está ligado al hecho de que, desde 1990, los civiles han centrado la discusión en el tema
de la defensa de las relaciones cívico-militares, que se refiere a restablecer la autoridad del nivel
político civil sobre las Fuerzas Armadas. A mi juicio, eso se ha logrado en gran medida, sin
embargo, los civiles no han hecho un ejercicio que debió haber sido paralelo a esta reafirmación
de autoridad, que es estudiar y abordar, con la mayor seriedad y profundidad, los temas de la
Defensa.
                 La opinión de que existe una disociación entre el origen de los recursos y los
fines, señalada por el señor Pattillo y el general Le Dantec, tiene que ver con que no se aborde ni
se corrija el tema.
                 Por otra parte, quiero subrayar la importancia que tiene la creación de instancias
que otorguen transparencia a la gestión en Defensa, en relación con la inversión de capital en
adquisición de equipamiento. Tenemos el caso de instituciones como la GAO, en Estados
Unidos, o la NAO, en el Reino Unido, que son equivalentes a nuestra Contraloría, pero que
desarrollan un trabajo muy profundo en lo que se refiere a la gestión en el ámbito de la Defensa.
Dichos organismos generan una gran cantidad de documentación disponible para el público, en
donde se cuestiona si los objetivos de las políticas desarrolladas por sus gobiernos están
alcanzados, si los programas de inversión han producido los resultados esperados. Por ejemplo,
un informe reciente de la GAO pide que se cancele el programa de desarrollo de producción del
caza F-22 Raptor, basándose tanto en el hecho de que los costos del programa exceden la utilidad
del mismo como en los problemas técnicos encontrados en el proceso.
                 Si bien se trata de organismos de países anglosajones es posible implementarlos
en Chile.
                 Muchas gracias.
                 -Aplausos.
                 El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
                 El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero destacar algunos aspectos que, a mi
juicio, han estado ausentes en la discusión.
                 En primer lugar, la Defensa es una de las dos funciones absolutas e inexcusables
del Estado. Si el Estado no las cumple se pone en riesgo la existencia misma de él. Por lo tanto,
el orden de prioridades debe partir por aquello.
                 En segundo lugar, la inversión –no el gasto- en Defensa es inversión en soberanía
y en la existencia misma del Estado. La idea central de esta inversión dependerá básica y
fundamentalmente de qué valor le damos a la existencia del Estado. En consecuencia, hablar de
1,25 ó 2 por ciento resulta inaceptable, toda vez que uno examina el mundo y se da cuenta de
que aquellos países que requieren de una Defensa más absoluta y rápida, como Israel, van a
invertir aquello que estiman necesario para mantener su existencia como Estado. Por lo tanto, lo
importante no son los porcentajes, sino qué tanta Defensa requiere un país para su propia
existencia como Estado.
                Por último, este seminario apunta básicamente a hablar sobre una ley modificable,
mejorable, perfectible      –como señaló Miguel Navarro-, pero esta ley significa una entelequia,
pues varios países están buscándola urgentemente y pareciera que nosotros vamos en el rumbo
distinto, porque estamos intentando desarmarla. En mi opinión, lo que estamos haciendo es
perfeccionarla. En este sentido, la participación del Congreso Nacional, en particular, en su rol
fiscalizador de los recursos es indispensable.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Marcos Guzmán.
                El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, pertenezco a la Fundación Paz Mundial,
por lo que represento a la sociedad civil.
Todos los civiles a los que les pregunten –padres, hijos, esposas- señalan que no quieren la
guerra, sino la paz.
                En el mundo se gastan 1 millón 900 mil dólares por minuto en esta materia y
nosotros, legítimamente, estamos heredando una costumbre de miles de años: para mantener la
paz debemos armarnos. Las personas no quieren eso. Son los líderes del mundo los que
mantienen esa costumbre.
                Los invito a hacer una gran invasión al país de los sueños, porque ahí tenemos
enterrado el sueño de la paz. Ese sueño tenemos que traerlo al mundo real y convencernos de que
vamos a construir la paz practicando la amistad entre las naciones, no defendiéndonos y
desconfiando unos de otros.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, considero tremendamente
importante y necesario este debate, aunque inesperado para quienes no participan habitualmente
del análisis de los temas de Defensa y de la alta política.
Quienes actuamos en política debemos enfrentar permanentemente la disyuntiva entre invertir en
Defensa o en cubrir las necesidades sociales. Incluso, creo que este seminario es fruto de ese
debate, porque me parece que surgió de las presiones que habría recibido el Presidente –le pido
que me perdone si me equivoco- de algunos diputados que habían pedido una sesión especial
para discutir este tema de la inversión en Defensa versus gasto social, que ha sido de permanente
debate.
Obviamente, en el marco de esa discusión, muchas veces se ha pedido la derogación de la ley
reservada del cobre, por cuanto hay quienes la consideran un instrumento poco transparente que
no legitima el gasto en Defensa.
     Por estas consideraciones, pido que quienes respondan nuestras inquietudes nos aconsejen
cómo, en su opinión, debemos enfrentar al mundo popular, que no entiende la importancia de
mantener un nivel de equipamiento que nos permita, equivocadamente o no, mantener nuestra
capacidad disuasiva.
No sé si ése es el mejor camino, pero los sueños no siempre se pueden alcanzar y parece ser que
en la época que nos tocó vivir el mundo de la paz es, desgraciadamente, el mundo de las armas.
Así lo entendemos muchos, nos guste o no.
      Reitero, me gustaría escuchar una opinión de los panelistas en cuanto a cómo hacer
entender a esa parte de la ciudadanía de la necesidad que tienen los países de contar con medios
de disuasión y que la ley del cobre es un buen instrumento para ello.
      Finalmente, quiero que el señor Higueras, quien insistió en la necesidad transparentar estas
materias, como un elemento de la democracia, razón por la cual la ciudadanía debería conocer en
qué gastamos los recursos que se destinan a la Defensa nacional, nos diga cómo hacemos para no
perder nuestra capacidad disuasiva sin mantener el secreto respecto de nuestros sistemas de
defensa, de nuestro armamento. Entiendo que ésa es la razón por la cuál esa información se
mantiene en secreto, esto es, por seguridad.
En definitiva, se trata de que nos digan cómo compatibilizamos transparencia con seguridad.
      Muchas gracias.
      El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra Javier Urbina.
      El señor URBINA.- Señor Presidente, simplemente quiero hacer una reflexión respecto del
tema que más me interesa: el de la transparencia. En esta materia, lo primero es preguntarse para
qué queremos transparencia. Hay que ponerle un apellido a la transparencia, porque sola no es
suficiente.
       Como dijo la diputada María Angélica Cristi, esto incluye el problema del secreto; no de
secretismo, sino del secreto real que guardan todos los países en estas materias, detrás de lo cual
no hay maldad, mala intención ni problemas de probidad. No se trata de eso.
       Entonces, surge la pregunta: ¿transparencia para qué? Naturalmente, es el Congreso
Nacional el que puede asegurar la transparencia buscada, porque la complejidad técnica y la
sofisticación de estas materias hace que cuando la ciudadanía, la opinión pública, quiera saber
exactamente lo que se está haciendo, no baste con pasarle los textos respectivos. Por eso, creo
que, en representación de esa ciudadanía, es el Congreso Nacional el que debe ser informado,
con lo cual, además, se asegura la transparencia.
De allí que concuerde con la opinión en cuanto a que es necesaria la participación del Congreso
Nacional en lo relativo a las decisiones del gasto en defensa.
       Pero no basta con eso. Hay que ir más allá, porque el Parlamento no puede asumir ciertas
tareas que son eminentemente del ámbito técnico militar, propias el Ministerio de Defensa. En
este punto adhiero a lo expresado por el general Le Dantec y el señor Pattillo, en cuanto a que el
sistema de defensa debe contar con un proceso de decisiones en el cual el primer punto sea
definir las capacidades defensivas que se quieren adquirir, lo cual debe ser resuelto por el escalón
político decisional. De allí surge el rol de control, ya que esa decisión permite evaluar si lo que
se adquiere corresponde a las capacidades definidas. Eso se puede expresar y, políticamente,
comprender.
     Una vez definidas las capacidades deseadas es necesario que ellas se integren entre sí, con lo
cual se terminaría el problema de los tres tercios. Estoy convencido de que si se operara de esta
forma, de todas maneras nos encontraríamos en un escenario muy similar al de los tres tercios.
     Como señalé, es necesario que las capacidades se integren entre sí, lo cual no es fácil, porque
los sistemas de armas son sofisticados, tecnológicamente complejos. No obstante, ello aseguraría
que la inversión en defensa sea la adecuada, desde el momento en que se fija en un texto, como
política, hasta que las Fuerzas Armadas adoptan las decisiones de carácter técnico.
    Esta forma de proceder, además, tiene la ventaja de asegurar la transparencia, por lo cual la
opinión pública debería quedar conforme.
    Muchas gracias.
   El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra Antonio Ferro.
   El señor FERRO.- Señor Presidente, sólo quiero leer un documento que creo puede servir
para esta reflexión. Dice así:
  “Comisión Política de Defensa. Candidata Michelle Bachelet Jeria.
   Comisión Técnica Programática. Comando de la Candidata señora Michelle Bachelet.
   Líneas programáticas del programa de defensa.
   Santiago de Chile, 14 de octubre del 2005.
   Este documento contiene las reflexiones y apreciaciones de los miembros de la Comisión
Programática de Defensa, reunida, en una segunda etapa, el día 11 de octubre del 2005, en
Santiago.
  Presidieron esta reunión los señores José Antonio Ferro, representando al Partido Radical,
Socialista y Por la Democracia, y don Carlos Eduardo Mena, del Partido Democratacristiano.
  Actuaron, como coordinador, el señor Eduardo Sepúlveda, y como secretaria, la señora Carola
Echeverría      –actual subsecretaria de Marina-.
  Agradecemos la participación de las siguientes personas, quienes en conjunto representan a los
partidos Radical, Socialista, Por la Democracia y Democracia Cristiana, así como a
independientes…”. Y ahí se menciona a Manuel Durán, Luis Vásquez, José Higueras, Álvaro
Rodríguez, el general en retiro Horacio Toro, Francisco Musat, Marcos Robledo, Alejandro
Iturra, Eduardo Santos, Alfonso Déspolo, y Patricio Rojas, ex ministro de Defensa.
   Para no aburrir, leeré la parte pertinente, el punto 9. Dice:
   “Impulsar una política de transparencia en el gasto militar, en la gestión de los proyectos de
modernización de las Fuerzas Armadas y en el quehacer general de defensa, eliminando las
actuales rigideces presupuestarias.”
    En cuanto a la ley del cobre, específicamente, no derogarla. Dice: “Reformar la ley del
cobre, manteniendo su propósito y la asignación global, pero eliminando las rigideces de su
forma actual, introduciendo mecanismos que permitan una real y mejor gestión de esos recursos
por parte del Estado.”
    El documento está firmado por quien habla, a nombre de los partidos, Socialistas, Radical
Social Demócrata y Por la Democracia, y por Carlos Eduardo Mena, a nombre de la Democracia
Cristiana.
    Muchas gracias.
    El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el almirante señor Hernán Couyoumdjian.
El señor COUYOUMDJIAN.- Señor Presidente, la inversión en Defensa que hemos tenido en
estos años no ha sido tan mala. Hemos tenido altos y bajos, discusiones, pero hemos logrado ser
efectivos en la disuasión desde hace más de 120 años. No hemos tenido guerras, y Chile es un
país que no tiene objetivos políticos positivos, se defiende.
Concuerdo absolutamente con que la ley es mejorable y tiene que haber una conexión entre
objetivos y las adquisiciones, y eso pasa por el estudio de la situación político-estratégica. O sea,
lo que puede haber de abrazos y besos con nuestros vecinos, en seis meses o un año puede
cambiar. Por lo tanto, hay que tener la capacidad para poder flexibilizar, seguir siendo disuasivo,
aun cuando nos estemos besando y abrazando. Eso lo estamos viendo en los últimos años
perfectamente bien, y actualmente es una falencia. No hay una visión estratégica conjunta que
salga de la Apreciación Global Política Estratégica y que se actúe de forma conjunta y aparezcan
programas y que éstos sean proyectos, y finalmente conjuntos. Creo que eso es lo principal.
En cuanto a la transparencia, quiero resaltar que hay cosas que sí se deben decir, transparentarse,
y otras que no se deben decir, porque son secretas. Por ejemplo, algunos de los misiles que
tenemos o las capacidades de contra-contra medida que tiene un misil o el equipamiento que voy
a comprar, no se puede andar diciendo.
Puede que me convenga decir que tengo un buque o un misil o un torpedo, que va a ser disuasivo
dentro de nuestra estrategia, pero no conviene decir el programa de software que tiene adentro.
Si digo todo, pierdo mi capacidad efectiva y, por lo tanto, la plata que estoy invirtiendo se hace
menos eficiente por el hecho de haberlo contado.
Así que diría que transparencia sí, pero con medición.
Muchas gracias.
El señor HALES (Presidente).- Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:

         SEGUNDO PANEL

El señor HALES (Presidente).- Continúa la sesión.
En esta segunda parte del Seminario se encuentra presente el señor Antonio Leal, Presidente de
la Cámara de Diputados.
Corresponde continuar con el segundo panel, donde están invitados los presidentes de los
partidos políticos.
Se excusó el senador José Antonio Gómez y lo reemplaza el señor Ernesto Velasco, secretario
general del Partido Radical.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, agradezco a la Comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados la invitación para participar en un Seminario sobre Compras Militares, Ley del Cobre
y Transparencia, materia que nos parece de la mayor relevancia.
Aprovecho la oportunidad para saludar al Presidente de la Cámara de Diputados y a todos los
asistentes, tanto de la Cámara, de las Fuerzas Armadas y público en general.
Me parece muy valioso analizar este tema y en particular quiero referirme al actual sistema de
financiamiento que opera en las Fuerzas Armadas y hacer una reflexión y una proposición.
En lo fundamental, las Fuerzas Armadas cuentan para su financiamiento con un sistema mixto,
dado que obtienen recursos a través de la ley de Presupuestos de la Nación y de la ley reservada
del Cobre. En la primera se logran los recursos para la mantención operativa de las fuerzas y la
segunda más bien para la inversión en material de guerra y en sistema de armas.
La principal ventaja que tiene contar con un sistema como el que existe en Chile es que se da
estabilidad a los recursos destinados a la Defensa nacional, ya que a través de la ley reservada se
asegura un monto mínimo de ingreso a cada una de las ramas, mientras que por la vía del
Presupuesto de la Nación se cubren las necesidades operativas de ellas.
La estabilidad y aseguramiento de los ingresos de las Fuerzas Armadas destinados al
financiamiento de sus compras militares es un punto importante si se considera que la inversión
en la seguridad nacional es una de las materias que no pueden ni deben quedar expuestas a la
mera voluntad política y las situaciones circunstanciales que ella suele enfrentar.
En este sentido, la separación entre lo político y el sistema de financiamiento de las Fuerzas
Armadas apunta a resguardar el desarrollo de políticas continuas, estables y eficientes en el
marco de la Defensa nacional. Si bien ésta es un bien público, los beneficios de contar con
buenas inversiones en defensa difícilmente son percibidas así en tiempos de paz y, por lo tanto,
son más susceptibles de ser sometidas a cuestionamientos públicos.
Otras de las ventajas que tiene este sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas a través de
la ley reservada es que los recursos obtenidos por este medio permiten una mejor planificación, a
largo plazo, de las inversiones, lo que se asocia especialmente a las necesidades de mantención y
modernización de los sistemas de armas.
Con los recursos asignados por la vía del presupuesto de la nación ésta es una opción posible,
pero claramente inestable, puesto que al no asegurarse un rango de recursos el presupuesto puede
variar fuertemente con el solo cambio de Gobierno. Entonces, se dificultan las inversiones de
mayor proyección.
Por lo demás, cabe señalar que los recursos asignados a las Fuerzas Armadas por la vía del
presupuesto corresponden entre un 60 y 70 por ciento a gastos de personal y el porcentaje
restante a la mantención operativa de las instituciones, con posibilidades prácticamente nulas de
inversión y desarrollo por esa vía.
Sin embargo, hay desventajas también en este sistema. Una de ellas dice relación con que es un
sistema poco flexible. Al establecer la distribución en tres tercios de los recursos obtenidos y sin
considerar los antecedentes respecto de los distintos planes de compra o de renovación del
material bélico de las instituciones, éstas se ven obligadas a actuar en base a margen y a apostar a
inversiones conjuntas en lo que exceda la asignación que les corresponde individualmente.
En este sentido, una distribución menos rígida o alternativa podría permitir que se defina un plan
de largo plazo que vaya beneficiando a las instituciones de acuerdo con las prioridades de gastos
que éstas tengan. Por ejemplo, que se destine un margen mayor de recursos a una de las ramas
por un tiempo determinado para que realice las compras con un menor margen de
endeudamiento, para luego beneficiar a otra de las ramas y así sucesivamente.
Si bien se ha tendido a fortalecer un sistema que apunte a las inversiones militares de acuerdo a
un plan conjunto de adquisiciones de armas, lo que es bastante positivo, no se debe minimizar la
importancia de que cada rama pueda desarrollar sus proyectos institucionales de acuerdo a sus
necesidades y aportes a la defensa nacional.
Por otra parte, al depender de la venta del cobre, los ingresos para este propósito terminan siendo
inciertos, ya que dependen de un mercado determinado cuyas proyecciones no son estables en el
tiempo. Las fluctuaciones en el precio del cobre son altas, y por eso puede ocurrir, como está
ocurriendo, que a veces los ingresos sean “excesivos”, pero otras sean claramente insuficientes.
Por lo tanto, la dependencia de un precio variable no es, necesariamente, un buen elemento.
                Desde el punto de vista político, el conflicto con la ley reservada del cobre
precisamente se da por su carácter de secreto; por el escaso conocimiento que se tiene del uso
que se les están dando a los recursos estatales. Ello incide en la legitimidad política y pública que
se da a las inversiones realizadas y no colabora a la aceptación esperada de la sociedad acerca de
la necesidad de destinar recursos en esta materia frente a necesidades sociales de mayor interés
para la población. En general, está ahí el clásico cuestionamiento de compatibilizar la compra de
un tanque, por ejemplo, versus, el equipamiento o el desarrollo de un hospital.
                Por otra parte, también se cuestiona la nula participación del Congreso en esta
materia como representante de los ciudadanos en la decisión respecto del financiamiento de las
compras militares, lo que no ocurre respecto de ninguna otra inversión pública. En este sentido,
los parlamentarios sólo pueden pronunciarse respecto de los recursos que se entregan por la vía
del Presupuesto de la Nación a las Fuerzas Armadas para su gasto de personal y operativo, pero
en lo que respecta a lo demás no estamos en una situación de opinar.
                Por consiguiente, en esta materia el debate es legítimo y, además, necesario.
Primero, porque las personas tienen derecho a saber cómo se están invirtiendo recursos que
pertenecen a todos y, más importante aún, porque es necesario establecer medios que permitan
entender que el gasto en Defensa es una inversión destinada a la protección de las mismas
personas y se está realizando bajo los criterios de eficiencia y el control necesario. Y, segundo,
porque un sistema de financiamiento secreto no se condice con los niveles de transparencia que
se exige actualmente a las autoridades. Debo recordar que la reforma constitucional de 2005 así
lo establece en artículo 8° de la Carta Fundamental. También se debe tener presente el principio
que acaba de salir informado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al
Estado a tomar medidas positivas en esta materia.
Quiero aprovechar la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados, para que un proyecto,
que hemos presentado junto con el senador Gazmuri, que hace operativo ese principio
constitucional, sea tramitado a la brevedad en esa Corporación, más si el Ejecutivo le ha dado,
con el objeto de hacer posible la transparencia en nuestro país.
               Si hay esa suma en la marginación del Congreso en la definición de estas
materias, permite que este sistema de financiamiento secreto no sea lo más adecuado.
               Finalmente, este sistema mixto ha probado ser bueno y, por lo tanto, si bien tiene
algunos aspectos discutibles, tal vez lo que convenga es entrar a su legitimación. Por lo tanto,
una propuesta sobre la materia pudiera ser lo que llamamos un sistema de financiamiento mixto
con banda. Me explico. Básicamente, los principios centrales serían mantener la estabilidad
financiera que asegura la ley reservada del cobre, establecer un sistema de control de gastos de
inversión que estimule la eficiencia y calidad de las adquisiciones, asociar el financiamiento a los
planes de las Fuerzas Armadas, tanto individual como conjuntamente y no sólo a factores
externos –como lo es hoy día el precio del cobre, por ejemplo- y mantener la separación entre
decisiones políticas y la asignación presupuestaria para la Defensa Nacional, sin perjuicio de que
el Congreso tenga una mayor participación en el conocimiento de los planes de inversión y en la
asignación de recursos por la vía del Presupuesto de la Nación.
               Respecto del sistema sugerido, se pueden exponer las siguientes características:
que se asignen los recursos por la vía del Presupuesto de la Nación considerando en él los
recursos provenientes de la ley reservada del cobre;
Segundo, que se asignen dentro de esta partida dos líneas: una, que contemple los recursos para
el mantenimiento operativo de las Fuerzas Armadas y, otra, para lo que dice relación con las
deudas de amortización referidas a los equipamientos y compras militares;
Tercero -y éste es como el eje de nuestra propuesta-, establecer para los efectos de las
adquisiciones de armas y equipamiento militar una banda con un piso mínimo y uno máximo de
recursos entregados a las Fuerzas Armadas, el que se determina por el comportamiento de los
últimos años. Podemos tomar un escenario de 4 ó 5 años para atrás que, por lo mismo, permite ir
corrigiéndolo anualmente, manteniéndose así siempre un horizonte de ingresos que posibilita
definir con estabilidad y previsión las adquisiciones requeridas para el equipamiento militar.
Dentro de ese rango, las autoridades podrán definir sus planes de inversión, adquisición y
modernización de los sistemas de armas y compras militares. Estos recursos serán adicionales a
los que aseguran el mantenimiento operativo y el pago de deudas de las instituciones armadas. Se
considerarán los planes desarrollados y propuestas para las Fuerzas Armadas en virtud de la
política de Defensa Nacional y los planes de inversión de mediano y de largo plazo.
               Creemos que con estos principios, con las características explicadas, se pueden
mantener las virtudes -que han sido muchas- del actual sistema mixto de financiamiento. Con los
elementos que hemos agregado permitiremos asegurar el control y la transparencia que exige la
democracia moderna, sin perjudicar nunca el desarrollo de la Defensa Nacional y la seguridad
del país.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Agradezco la participación del senador Hernán
Larraín, quien viene en representación del Partido Unión Demócrata Independiente, del cual es
su Presidente.
                Se encuentra con nosotros el diputado Alfonso Vargas, miembro de la Comisión
de Defensa Nacional, que invito a ocupar un puesto en la testera.
                También está la senadora Soledad Alvear, presidenta del Partido Demócrata
Cristiano.
                Se encuentra presente el Presidente del Partido por la Democracia, don Sergio
Bitar, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por estar con nosotros.
                En representación del Partido Radical Social Demócrata ha concurrido el señor
Ernesto Velasco.
                También saludo al señor Carlos Larraín, Presidente de Renovación Nacional,
quien intervino en el debate de la mañana.
                Agradecemos la presencia del señor Guillermo Teillier, presidente del Partido
Comunista.
                A continuación, tiene la palabra el señor Ernesto Velasco, en representación del
Partido Radical Social Demócrata.
                El señor VELASCO.- En primer lugar, por intermedio del diputado señor Hales,
deseo saludar a la Cámara de Diputados, especialmente a la Comisión de Defensa, por generar
una reunión de esta naturaleza. También saludo al Presidente de la Cámara de Diputados,
diputado señor Antonio Leal.
                En nombre del Partido Radical Social Demócrata queremos decir que la política
de defensa del país y la discusión sobre su financiamiento es de Estado. Por tal razón, trasciende
al gobierno de turno como también a la discusión de la ley de Presupuestos y debe enfrentarse en
una discusión de más largo plazo.
                En segundo lugar, el rol de las Fuerzas Armadas hoy no sólo se debe circunscribir
al ámbito externo, sino también a la modernización del país y al desarrollo nacional que éstas
deben tener. Por ende, no sólo hay que monitorear lo que sucede con el control de nuestras
fronteras, desde un punto de vista geopolítico con los países vecinos, ni tampoco a los acuerdos
internacionales en Naciones Unidas en operaciones de paz que se están desarrollando, sino que al
uso interno de nuestras fronteras, al espacio territorial dentro del país. Asimismo, las Fuerzas
Armadas se deben incorporar a los procesos de desarrollo que el país va teniendo en lo
tecnológico, en lo innovador, en lo educativo y, en definitiva, son un actor más dentro de la vida
nacional, donde cumplen un rol y participan en la vida pública y en las políticas de desarrollo
que tiene el país.
                Esto es, a nuestro juicio, un marco referencial que establece un tercer aspecto.
Felizmente estamos en el año 2006 y el país se encamina al bicentenario. Pero en estos últimos
15 años ha superado buena parte de los traumas que la sociedad chilena vivió en sus
desencuentros propios de la década del ‘70. Vuelta la democracia en los ‘90, hoy existe una
nueva sociedad, un nuevo país, una nueva mirada de futuro, nuevos actores, nuevas generaciones
que también están dentro de los institutos armados y de la vida pública. Por lo tanto, existe un
clima para estudiar y abordar el tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas en un ambiente
distinto, más desprejuiciado y menos cargado en un aspecto que, seamos honesto, marcó buena
parte de esta discusión en los ‘90.
                 En este marco de referencia, creemos que hoy es súper necesario reflexionar sobre
la posibilidad de derogar la ley reservada del cobre. Somos partidarios de que se derogue, y a
partir de ello, generar una discusión técnico-financiera y técnico-política, en términos de lo que
es la visión de Estado sobre la materia para establecer presupuestos plurianuales, en los cuales se
fijen ingresos mínimos para las Fuerzas Armadas destinados a la renovación de material,
capacidad operativa, capacidad logística, todo lo que implica el costo fijo en términos de
administración y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Es preferible que estos ingresos mínimos se establezcan en la ley de Presupuestos de la Nación
con ese nombre: presupuestos plurianuales, consignados para un período de cinco, seis o siete
años, dando la estabilidad necesaria para no estar supeditados a los cambios de gobierno o a la
discusión política anual de la ley de Presupuestos. La idea es establecer un marco referencial en
el cual esto pueda desarrollarse.
                 En segundo lugar, plantear una discusión acerca de los costos variables que,
eventualmente, puedan desarrollarse en forma anual, incorporando a la ley de Presupuestos los
aspectos que correspondan en los temas previsionales y en la nivelación de los ingresos -en este
caso, las rentas de las Fuerzas Armadas- de lo que es el sector público del país, y producir los
incrementos que correspondan, acorde con las otras actividades de la Nación.
                 Por lo tanto, los aspectos sobre remuneraciones, previsión y todo lo que tenga que
ver con beneficios adquiridos no se pueden alterar. Obviamente, a futuro se debe normar, a
través de buscar en los aspectos variables de los presupuestos anuales de la Nación, los
incrementos que correspondan.
                 En tercer lugar, quiero destacar algo muy relevante que indicaba el senador
Larraín. En el último tiempo, ha habido modificaciones legales y constitucionales, entre otras la
ley de responsabilidad fiscal. Y cuando se habla de la norma del 1 por ciento del superávit
estructural, quiere decir que hoy, con la ley reservada del cobre, hay una cantidad de recursos
que no se puede gastar.
                 Eso genera una discusión de cómo desprejuiciamos esto y lo colocamos en
perspectiva de transparencia propia en democracia y acorde con el nuevo ordenamiento jurídico
y las nuevas normas que se ha dado el país en esa materia. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas
deben insertarse en ese esquema.
        En cuanto a fiscalización, creemos que estas materias tendrán dos aspectos claves. Desde
el punto de vista técnico, está el Consejo Superior de la Seguridad Nacional, el Estado Mayor de
la Defensa Nacional, la Junta de Comandantes en Jefe y el Consejo Superior de la Defensa
Nacional, que son entes técnicos, con capacidad para monitorear anualmente las materias
mencionadas, tanto en lo técnico como en lo administrativo-financiero.
                 En lo político, el proceso de modernización que está desarrollando el Ministerio
de Defensa y la discusión sobre la ley de modernización de dicho Ministerio, pueden incorporar
estos factores desde una perspectiva distinta.
                 Por último, en materia de la debida transparencia que debe primar en la
fiscalización de los recursos, está la Comisión Mixta de Presupuestos, a la que le corresponde la
revisión y seguimiento de la ejecución presupuestaria, de los programas de gestión y, en
definitiva, del cumplimiento de las metas presupuestarias de cada sector. Esta entidad también es
una instancia, al margen de las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado,
para realizar el seguimiento desde el punto de vista de los requerimientos que se tengan que
hacer en este tipo de materia.
                 Para concluir, creemos que ad portas del Bicentenario, podremos discutir esta
materia con respeto, altura y, sobre todo, sin prejuicios. El precio del cobre, felizmente, está en
niveles muy auspiciosos. Hace tres años, la libra de cobre estaba a 90 centavos; hoy, está sobre
los 3 dólares. Sin embargo, ese precio no significa que a futuro sea permanente, pues puede
bajar. Eso genera inestabilidad a las Fuerzas Armadas y para los programas que deben
desarrollar.
                Por eso, esta discusión desideologizada, desprejuiciada y con altura de miras debe
poner de relieve las necesidades reales de nuestra Defensa Nacional en un esquema de un mundo
distinto: multipolar y que aboga por la integración. En la actualidad, existen muchos temas que
tienen que ver con las misiones de paz, con la integración del desarrollo del país, con las
tecnologías de punta, con la conquista del espacio, con la conquista de las Fuerzas Armadas
integradas como palanca en el desarrollo nacional.
                En ese contexto, se debe dar esta discusión sobre la ley de Presupuestos, de los
presupuestos plurianuales, con una discusión de estabilidad más allá de los gobiernos de turno.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- En nombre de la Comisión de Defensa, agradezco
la intervención y aporte de don Ernesto Velasco.
        Continuando con el desarrollo del segundo panel, tiene la palabra a don Guillermo
Teillier, presidente del Partido Comunista.
                El señor TEILLIER (Partido Comunista).- Señoras y señores, autoridades
parlamentarias y militares presentes, quiero empezar por agradecer esta invitación. Participamos,
a pesar de que no tenemos parlamentarios y poco vamos a incidir en una discusión de este tipo.
Esperamos pronto estar en el Congreso Nacional, de acuerdo con nuestra votación y fuerza.
                Hace mucho tiempo que no tenemos contacto con el mundo militar, por razones
que está de más explicar. Al respecto, voy a retrotraer algunos temas a situaciones que explicaré
con toda franqueza. Me parece necesario hacerlo, de modo que no se tome esto como una mirada
negativa, sino, al contrario, como una posición que trata de superar situaciones que no debieran
producirse nunca más en nuestro país.
                Cambiar la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas se ha transformado
en una aspiración de la mayoría de nuestro pueblo, en especial la que determina que las Fuerzas
Armadas deben acceder en forma automática al 10 por ciento de las ventas de Codelco, fondos
destinados exclusivamente a la compra de armamentos.
                Tras esta aspiración se percibe que la destinación de fondos provenientes de la
explotación del 35 por ciento de nuestra principal riqueza, que se mantiene aún en manos del
Estado, no es racional, porque sólo grava a la empresa estatal del cobre y no tiene en cuenta las
reales necesidades militares, acordes con una política de estrategia de Estado, que debe
considerarse en permanente desarrollo con diferentes etapas y necesidades de recursos y medios.
                No es menor la percepción de que la actual forma de financiamiento de las
Fuerzas Armadas lesiona las posibilidades de otras demandas de la sociedad, especialmente las
que apuntan a nuestro desarrollo y a la solución de problemas sociales.
                Al no conocerse exactamente los parámetros por los cuales se determina el
financiamiento para las Fuerzas Armadas, el secretismo que rodea este tipo de determinaciones y
el hecho de que, por el temor que subyace en el subconsciente de amplios sectores, hablar sobre
temas militares se ha transformado en una especie de tabú para gran parte de la sociedad civil. Se
genera así un grado no menor de desconfianza.
Hechos como la venta secreta de armas a Croacia, el descubrimiento de cuentas secretas en
bancos norteamericanos o las denuncias sobre soborno en la compra de aviones, todos en
proceso de investigación judicial, avalan esa desconfianza.
                A la desconfianza se debe agregar la sospecha de que parte del financiamiento de
las Fuerzas Armadas está relacionado con hipótesis de conflictos internos, que no desaloja de
manera definitiva aspectos doctrinales que se conocieron como los de “seguridad nacional”, que
preconizaba la concepción del “enemigo interno”.
                Los no lejanos y dolorosos hechos históricos acaecidos el año 1973 están y estarán
por largo tiempo presentes y no se deben soslayar, precisamente, para que no vuelvan a suceder.
                Como es sabido, en los años 70 del siglo recién pasado, por injerencia del
gobierno de los Estados Unidos, como se comprueba en el caso de nuestro país por la
desclasificación de documentos secretos de la CIA y del Senado norteamericano y diferentes
testimonios de personeros de ese país, se sucedieron una serie de golpes militares y la aplicación
del terrorismo de Estado, que causó centenares de miles de detenidos-desaparecidos y ejecutados
políticos, y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
                Es posible pensar que nuestras Fuerzas Armadas actuaron penetradas por una
cultura externa y por métodos sobre los que se instruía a oficiales chilenos y de otros países en la
Escuela de las Américas, en Panamá, por parte del Pentágono.
                Pensábamos que esta escuela se había cerrado; sin embargo, el sacerdote José
Aldunate plantea, en una publicación reciente de la revista ecuménica Reflexión y Liberación,
que sólo se trasladó al fuerte Benning, en Estados Unidos, y a que a ella anualmente asisten 122
oficiales chilenos. Los sucesos de Irak, de Guantano y el traslado secreto de prisioneros por
Europa hablan a las claras de que ciertos métodos no han cambiado.
                Ya a fines de los años 80, la administración del gobierno norteamericano
consideró que se había producido la ”pacificación suficiente de los pueblos de Latinoamérica y
El Caribe y que necesitaba revertir el prestigio alcanzado por su injerencia golpista”. Por ello,
intervino de nuevo para instalar un modelo de democracia representativa, que en nuestro país es
restrictiva y excluyente. El modelo, que supone un nuevo tipo de relaciones por medio de
tratados de libre comercio y las recomendaciones de una serie de organismos internacionales de
su directa influencia, garantiza el libre comercio, la circulación sin restricción de capitales y la
explotación de riquezas naturales, en especial los recursos energéticos o de la biodiversidad que
abundan en nuestras naciones, pero escasean en el país del norte.
                Pareciera que me estoy desviando del tema específico que nos convoca, pero éstos
son los factores que tienen relación directa con el tema y que el conjunto de la sociedad chilena
debe tener en cuenta al discutir sobre financiamiento de las Fuerzas Armadas, porque ellos
configuran elementos ideológicos, políticos, doctrinales y estratégicos, que condicionan las
hipótesis de conflicto que, en definitiva, determinan las necesidades de recursos.
                A comienzos de los ‘90 termina el mundo bipolar de la guerra fría y se establece
un mundo unipolar en que la potencia hegemónica es Estados Unidos.
                Los repudiables hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra objetivos
en Nueva York y Washington, provocan la declaración de la llamada Guerra al Terrorismo y las
intervenciones militares en Afganistán e Irak, esta última contra la existencia de armas de
destrucción masiva, que resultó ser un subterfugio que ha originado ya más de 600 mil víctimas
civiles.
                En lo que respecta a América Latina la pregunta es cuán constreñida puede estar la
independencia y libre determinación de nuestros países ante la posibilidad de que cambios de
correlación de fuerzas políticas que se originen en los estados nacionales “contravengan los
intereses” o “atenten contra la seguridad nacional de los Estados Unidos”, o si un grupo de países
deciden integrarse y velar, en primer lugar, por sus intereses comunes; o qué ocurre cuando un
gobierno se nieva a acatar las presiones de una potencia extranjera respecto de determinadas
materias.
                Las presiones para un nuevo tipo de alineamiento incondicional en pro de los
intereses norteamericanos podrían llevar a nuestros países a conflictos internos o externos. Chile
debe salvaguardarse de tal posibilidad.
                Por todo lo expresado y otras razones que sería largo de argumentar, los factores
que debieran considerarse a la hora de determinar las políticas militares y su financiamiento,
teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas –en eso concuerdo con el señor Velasco-, además
de la defensa, deben estar directamente relacionadas con el desarrollo de nuestro país, son los
siguientes:
                1) Sería pertinente una política exterior diseñada para crear lazos de colaboración
e integración con los países vecinos y de América del Sur respecto de temas económicos,
energéticos, ambientales, culturales y otros y, por cierto, también militares, que propicien un
clima de distensión;
                2) Una política de independencia y de no alineación ante políticas hegemónicas de
grandes potencias y de relaciones con ellas en igualdad de condiciones;
                3) Una política interior tendiente a buscar el reencuentro de los chilenos en la
diversidad, en un clima de respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales,
con verdad, justicia y sin impunidad;
                4) Una política interior que plantee el desarrollo nacional en la búsqueda de un
proyecto que disminuya la enorme brecha de desigualdad económica y garantice salud,
educación y vivienda para la mayoría;
                5) Una política interior que termine con la exclusión y las restricciones a la
participación democrática, en los planos electorales, de participación ciudadana y de derechos
laborales, y
                6) Consagración de una doctrina militar que destierre para siempre la posibilidad
de que se repita lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.
                Modificaciones al presupuesto militar.
                a) Se debe unificar el presupuesto tanto en relación a sus fuentes como a su
destino, eliminando la ley reservada del cobre y las asignaciones de monto preestablecido para
las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Lo más conveniente es establecer un programa de
objetivos para la defensa, el cual se debe alcanzar en un período que integre los diferentes
recursos y los asigne de acuerdo con las distintas misiones;
                b) La eliminación de la ley reservada del cobre no debe entenderse como la
posibilidad o la oportunidad de la privatización o desnacionalización de Codelco, pues ello se
contradice precisamente con la necesidad de preservar y recuperar nuestra soberanía económica
como factor esencial del desarrollo nacional. Además, para resolver la necesidad de recursos
para el presupuesto militar, sin menoscabar el desarrollo del país, sería conveniente establecer un
royalty a las empresas que explotan nuestro cobre y otros minerales;
                c) La iniciativa de ley para el presupuesto militar debe asumirla el Ejecutivo,
sometiéndola a la discusión del Congreso, y su aprobación y gasto debe hacerse con el máximo
de transparencia y control, con la participación de entidades civiles expertas, y;
                d) El presupuesto debe contemplar becas y facilidades para que cualquier joven
que lo desee pueda ingresar a las escuelas matrices de las instituciones armadas, sin
discriminaciones por razones políticas o sociales.
                 Muchas gracias.
                 -Aplausos.
                 El señor HALES (Presidente).- Quiero destacar que durante todo el panel de la
mañana nos ha acompañado el vicealmirante Mariano Sarratea, director general de Finanzas de
la Armada, así como varios otros oficiales, algunos de los cuales hemos mencionado, y el
secretario general de la Armada, comandante Cristián Millar.
                 Además, está presente quien fuera ministro de Defensa Nacional, don Patricio
Rojas, a quien agradecemos su presencia en este debate.
                 A continuación, tiene la palabra la senadora señora Soledad Alvear, presidenta del
Partido Demócrata Cristiano.
                 La señora ALVEAR, doña Soledad (Partido Demócrata Cristiano).- Señor
Presidente, quiero expresar mi satisfacción por participar en este encuentro. Mis felicitaciones al
Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, así como a sus integrantes,
por esta iniciativa, y mis saludos, con especial afecto, al Presidente de la Cámara de Diputados,
quien nos acompaña, así como también a las autoridades civiles, militares y a los miembros de
este panel.
                 En primer lugar, debo señalar, como lo he planteado con mucha claridad, que soy
partidaria, al igual que la Democracia Cristiana, de derogar la ley reservada del cobre.
Creo que es importante hacer esa afirmación, porque creemos que la forma de asignación de los
recursos que se realizan por parte de las autoridades políticas del Estado es un importante grado
de institucionalización del control civil sobre las mismas. Adicionalmente, permite un avance en
la relación y normalización de las relaciones político-militares, las cuales nos sentimos orgullos
cómo han evolucionado en los últimos años.
He escuchado de parte de muchas personas aprensiones en torno a que su derogación podría
“politizar” el tema y de que podría significar la posibilidad de que no se otorguen los recursos
presupuestarios necesarios para el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Al respecto,
quiero decir con claridad que para nosotros es fundamental que la defensa nacional de nuestro
país cuente con todos los recursos presupuestarios necesarios para los efectos de tener
legitimidad social y, al mismo tiempo, para que pueda desarrollar las políticas de defensa
disuasiva, lo cual se ha definido como parte del objetivo clave que nuestro país debe cumplir.
Me desempeñé durante cinco años como ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, de
manera que comprendo perfectamente la importancia de dotar a nuestras Fuerzas Armadas de
todos los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo.
He señalado que queremos derogar la ley reservada del cobre, pero eso no implica que deseemos
que las Fuerzas Armadas tengan menos recursos. Insisto, queremos que cuenten con todos los
que sean necesarios. Puede que a futuro –como consta en la historia de Chile- el precio del cobre
esté más bajo que en la actualidad, lo que significaría para las Fuerzas Armadas contar con
menos recursos de los que necesitan, lo cual sería muy negativo para el cumplimiento de ese
objetivo.
Una segunda razón por la que creo hay que derogar la ley reservada del cobre dice relación con
las prioridades racionales que deben fijarse en materia de gasto público.
En este contexto, la existencia de una extrema rigidez en el actual sistema de financiamiento creo
que no asegura que puedan contar con los recursos públicos del país y, por otra parte, genera un
factor de aislamiento en la política de defensa, aspecto que, a mi juicio, debe ser un tema de
máxima relevancia, que debemos asumir como lo hicimos con las diferentes políticas de Estado,
como las que dicen relación con los aspectos sociales y económicos.
No quiero que las Fuerzas Armadas del país estén al margen del debate tan importante que debe
producirse entre el mundo civil y el mundo de las Fuerzas Armadas.
La tercera cuestión fundamental dice relación con el papel que la defensa nacional desempeña en
los asuntos públicos. La acción de los medios de las Fuerzas Armadas es un instrumento que las
autoridades gubernamentales tienen a su disposición para promover en la escena internacional
los intereses nacionales, en particular, la paz, la democracia y la vigencia de los derechos
humanos. Esa es la lógica tras la modernización llevada a cabo en el sector defensa, que
valoramos mucho, y en todo el proceso de los libros de defensa, lo que significó un diálogo tan
importante en nuestro país.
Además, como representante de la Democracia Cristiana, anuncio que vamos a apoyar toda
iniciativa que apunte a estructurar las fuerzas para el cumplimiento de las misiones de nuestra
defensa nacional.
        Quiero apuntar, brevemente, a otras razones importantes al momento de argumentar lo
expresado.
Lo primero, es el origen de los fondos. Todos sabemos que son fondos de Codelco, y sujetar
éstos a los vaivenes de la venta del precio del cobre, es inconveniente para la defensa nacional.
Por otra parte, constituye un gravamen a dicha empresa del cobre que puede afectar su
competitividad. Todos sabemos la importancia que el cobre reviste para nuestro país.
Por último, quiero destacar que puede haber distintas fuentes para el financiamiento de nuestras
Fuerzas Armadas. Hace un rato lo mencionaba Ernesto Velasco. El proyecto de responsabilidad
fiscal marca una forma muy atractiva que, por lo demás, es valorada en todos los países del
mundo, y que concitó en el Congreso Nacional unanimidad, y que da cuenta de la
responsabilidad de nuestra clase política frente a ciertos objetivos. Limitar los recursos públicos,
por ejemplo, para tener un fondo de reserva de pensiones que dé seguridad en la vejez. Podemos,
en esa línea, encontrar una forma que permita asegurar los recursos necesarios para la seguridad
exterior del país. Esto debe estar sujeto a una conversación, a una discusión, que puede ser
variable de un año a otro, y que, naturalmente, dentro de las propias Fuerzas Armadas, las
distintas ramas, pueden ser distintas en un momento u otro. Puede ser ésa, o puede ser cualquier
otra fórmula. Estamos completamente abiertos para discutir otro tipo de formas de
financiamiento que den las garantías de seguridad y contar con los recursos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos.
                Respecto del sistema de manejo de los fondos, tenemos un problema. Todos
conocemos las facultades de Consudena sobre el particular. Pero existe un procedimiento de
asignación de los recursos que no parece ser el más conveniente. Desde luego, hay una división
en tercios, y en algún momento, puede no ser la definición que las propias Fuerzas Armadas
requieran, y también las necesidades del país.
                Por otra parte, en el sistema de decisión y control de los proyectos de adquisición
hay que avanzar.
En el Ministerio de Defensa se están trabajando distintas vías, lo que me parece muy bien,
porque, en el fondo, el Consudena, actualmente, controla las inversiones, pero no necesariamente
la realización de los estudios, o resolver los problemas de la defensa nacional y, quizás,
debiésemos incluir en la discusión elementos tan importantes como los problemas de defensa, las
necesidades derivadas y los recursos para satisfacerlas, para no tener en el debate sólo lo que
acabo de señalar.
                Por otra parte, es importante una mayor injerencia del Ministerio de Defensa
Nacional en la definición, y por ende, de la Presidencia de la República, que deberá estar dotada
de todos los mecanismos que le permitan las asesorías necesarias y la mejor decisión para
nuestro país. Es indispensable avanzar en esa dirección.
                Me parece importante analizar el mecanismo de distribución entre las ramas por
tercios, ya que dividirlo en tres partes iguales para cada una de las ramas no es una metodología
dentro de un Estado más eficiente y moderno. No responde tampoco a una racionalidad ligada a
las necesidades de la defensa del país la que, en un momento dado, pueden aconsejar, focalizar o
privilegiar la inversión en sistemas de armas de una determinada institución. No propende
tampoco a lograr una concepción y empleo conjunto de los medios, lo que sería
extraordinariamente interesante.
                También hay un punto que observar respecto de los requerimientos de las Fuerzas
Armadas que pueden ser satisfechos por esta ley. Me refiero específicamente a otro tipo de
financiamiento. Parece bastante obvio que si se va a adquirir material, o se va a realizar
inversiones en materias de defensa, se debiera contemplar lo que la ley no establece en la
actualidad: la posibilidad de capacitación, de instrucción necesaria, de traslado de nuestros
miembros de las Fuerzas Armadas a distintos lugares, para los efectos de tener un adecuado
manejo y el mejor uso de los recursos. En este caso, de acuerdo con la actual normativa, no es
viable.
                Por último, respecto del secreto y reserva, –y se los digo con mucha razón-
debiésemos propender a un modelo de financiamiento que permita una gestión de los recursos
transparentes y en el que la asignación de los mismos no debe ser sustraída de lo que es la
asignación de los recursos presupuestarios en los distintos ámbitos. En este sentido, debe
normalizarse el sector defensa con lo dispuesto para la administración financiera del resto del
Estado. En ese sentido –insisto-, se pueden encontrar mecanismos para lograr definitivamente
una transparencia, pero, al mismo tiempo, una certeza a través de presupuestos plurianuales u
otros, o fondos de reserva, que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
                Cuando se debaten estos temas, de repente, aparecen titulares que no traducen lo
que se plantea, lo que quisiera despejar completamente. Primero, cuando se habla de derogación
–insisto- no estamos planteando que no tengan recursos, puesto que se requiere satisfacer las
necesidades del sector y ser coherente con el conjunto de prioridades, por lo cual debemos
establecer un sistema de financiamiento que establezca un fondo especial u otro mecanismo.
                Segundo, debemos asegurar el financiamiento comprometido, aun cuando el
origen de los mismos cambie, y todos los que sean necesarios para nuestro país. Y creo que en
eso debemos tener absoluta claridad y deseo manifestarlo en nombre de la Democracia Cristina.
                Por último, respecto del destino de los excedentes actuales de la ley del Cobre,
éstos debieran flexibilizarse, como también las finalidades para las que se puedan utilizar, pero
siempre dentro del ámbito de las necesidades de modernización de la defensa. Por esta vía, se
podrá seguir sustentando la transformación de la defensa, que se ha iniciado en un proceso tan
rico. Al incrementar la forma de control, se limitarán las críticas que desde la región recibe
nuestro país respecto del nivel de las adquisiciones. Son extraordinariamente injustas las
afirmaciones que se realizan en otros países, en torno al “armamentismo” que nuestro país estaría
llevando a efecto. Establecer este tipo de medidas nos ayudaría a legitimarlas y, al mismo
tiempo, despejar lo que pueden ser esos elementos de discusión en el ámbito internacional.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Carlos Larraín,
presidente de Renovación Nacional.
                El señor LARRAÍN don Carlos (Renovación Nacional).- Señor Presidente, hoy,
desgraciadamente, voy a confirmar uno de los peores temores que se tiene sobre los políticos:
que somos aficionados a las generalidades. Pero, evidentemente, no soy militar, si no me habría
puesto todo el equipo.
Mi enfoque es propio de una persona aficionada a la política. Digo aficionada, porque no soy
profesional.
Voy a hacer un enunciado simple. Si estamos de acuerdo con al sistema económico vigente en
Chile, a sus virtualidades, posibilidades y a lo que ha rendido, podremos tener un acuerdo
igualmente sólido sobre la defensa. Creo que es una desiderata no abordable. Es más complicado
ponerse de acuerdo sobre los medios, el cómo y el cuánto en economía que ponerse de acuerdo
en torno a la defensa.
La defensa tiene dos componentes simples. Repito que soy riflero, abogado y jardinero, pero
entiendo que hay un rol de disuasión y un rol final a la hora de la verdad; del uso posible de los
medios cuando se necesitan.
En la convocatoria se ponía la transparencia, la asignación y, en tercer término, los objetivos.
Creo que el orden debería ser el contrario. Asignar los medios después de conocerse los objetivos
estratégicos me parece que es el orden lógico y natural.
El principio de la existencia de las Fuerzas Armadas está consagrado en la Constitución Política
de manera muy clara y enfática, y el rol de la institución Presidente de la República está
suficientemente subrayado. Se citaron los artículos 24 y el 101 como elocuentes en esa materia.
La formulación del artículo 101 es muy tradicional pero en esencia está dicho lo fundamental.
¿Qué es lo que debe asegurar un país en ese orden, dirigido por el Gobierno que es el encargado
de conducir el Estado?
Asegurar la soberanía territorial, jurisdiccional, la autodeterminación del país y poner en esa
línea de trabajo toda su capacidad humana y material.
¿Qué deberíamos proteger? Nuevamente, breves pinceladas.
Chile es un país que tiene una enorme riqueza minera, la conocida y otra por descubrir. Los
fondos marinos son cosas de las cuales se habla episódicamente, pero siguen estando allí. La
evolución de la técnica podrá llevar a las grandes potencias a interesarse por eso. No creo que sea
ciencia ficción. El mar territorial es claramente gigantesco. La capacidad hidroeléctrica nos
permite abordar enormes proyectos. Algunos deberán serlo de común acuerdo con Argentina,
porque son cursos de ríos compartidos.
Por último tenemos que asegurar la posición geoestratégica. La comunicación entre los océanos.
Conocemos también lo que significa la posición de la Isla de Pascua. Allí hay una proyección al
Pacífico. Nuestra situación por el borde del Pacífico es muy evidente.
¿Qué hacemos con la mira de asegurar esos objetivos?
Forzosamente hay que mirar un poco hacia atrás. Ya se hizo, pero cumplo con remitirme al título
del párrafo que había elaborado.
Los gobiernos muchas veces no cumplieron con su responsabilidad. No podemos desconocerlo.
Todos sabemos lo que ocurrió en la década de los 70. En 1977, tuvimos una ofensiva grave en el
flanco norte. Luego, hasta 1985, por el lado oriental. No es misterio, son cosas publicitadas y
conocidas. La aspiración del general peruano Velasco Alvarado que quería reconstituir el
imperio incaico. Son nociones caricaturescas, pero de repente en esta esfera pesan factores que
no son precisamente racionales.
Todos esos chisporroteos fueron alimentados por la tremenda debilidad que presentaba la
vulnerabilidad militar chilena. He oído decir que cuado ocurrió el episodio de la Laguna del
Desierto tuvimos serios problemas para armar una compañía. Para el caso del islote Snipe, no
hubo como responder, en plan de protección.
Al general Velasco le tuvieron que amputar una pierna porque tenía un grado importante de
azúcar en la sangre, lo que nos dio la oportunidad de trasladar las tropas al norte.
El general Morales Bermúdez mostró más tranquilidad, más cordura. Asimismo, lo de Charaña
donde se hicieron las propuestas de canje territorial y permitió desactivar un peligro real.
¿Cómo se hizo frente a todo eso?
Se salió a comprar lo que había en venta, a un costo elevado, para luego descubrir que muchas de
las cosas compradas no servían para nada. Parece ser que un programa de compras de largo plazo
es más inteligente y más económico.
Entonces, si los Gobiernos hubieran hecho lo que tenían que hacer a tiempo, probablemente nos
habríamos desarrollado mejor y habríamos tenido más dinero para otros objetivos.
Desgraciadamente, el interés permanente es representado por las Fuerzas Armadas como pueden,
porque son entes jerarquizados, sujetos a la administración central.
En la década de los 60 hubo salidas de madre. Todos recordamos el Tacnazo o episodios que
ocurrieron frente a la Catedral, con el capitán Marshall. Todas esas son señas no precisamente
subliminales, pero tampoco orgánicas.
Seriamente hay que preguntarse quién encarna ese interés estratégico.
En la década de los 70 también ocurrió un tremendo viraje de una división estratégica. Hasta
entonces estábamos regidos por el tratado de asistencia recíproca que nos indujo a adquirir las
armas en Estados Unidos, básicamente. Llegó la Unidad Popular y se produjo un viraje agudo y
tuvimos que cambiar la fuente de abastecimiento. Entiendo que el propio Ejército deshecho eso.
Pero, entretanto, llegamos a ofrecerle un puesto a la Unión Soviética, lo que causó una tremenda
reticencia de Estados Unidos. Eso acentuó la debilidad de nuestra posición.
Llegando a las conclusiones, tenemos que preguntarnos cuáles serían las dificultades actuales
vistas desde el ángulo político.
Se puede decir que muchas de las dificultades internas que nos plagaron durante decenios se han
visto atenuadas o superadas. De repente, hay tonos nostálgicos; son como saudades portuguesas
que, a mi juicio, no conducen a mucho. Pero digamos que se han superado los grandes conflictos.
Surgen otros que se pueden ver desde fuera. El etnocentrismo de Bolivia que, al fin y al cabo, es
una forma de racismo que tiene sus ecos en Perú. Ya vimos lo que pasó con Ollanta Humala, que
no era precisamente tranquilizante.
¿Quién descarta la posibilidad de una especie de invasión pacífica desde Bolivia? Podrían entrar
caminando muchos miles de bolivianos.
¿Cómo manejamos eso?
Creo que ni los carabineros podrían hacer algo porque nos acusarían ante la corte de Costa Rica.
El famoso tratado penal internacional nos quita bastante el sueño, porque estamos en una clara
desventaja en ese terreno. Hay que computarlo. Argentina tiene la famosa condición de aliado
extra Otán, con lo cual queda excluida. Estados Unidos trata con especial cuidado a Perú y
Bolivia, por el hecho de ser productores y exportadores de drogas. No puede hacer como que no
existe el problema de la droga en esos países.
                También detecto una cierta ideologización mayor en el país; los temas van
cargándose un poco de tinta. No sé si va a llegar a romper la cordialidad interna; la amistad
cívica. En fin, en una de estas…
                Por último, en esta etapa hay que ponderar una especie de convicción profunda
que tenemos los chilenos, de que nunca vamos a meternos en una guerra. La verdad es que si
miramos un poco la historia, hay que creer en la Virgen del Carmen, y mucho. Pero está
profundamente incorporado en la mentalidad chilena de que nunca nos vamos a meter en guerras
y que, en fin, las Fuerzas Armadas, como son tan macanudas, nos van a sacar del apuro. De
pronto, hay que incorporar esa posibilidad –como dije al comienzo- porque, incluso, esto está en
la Constitución. Existe la posibilidad de la guerra y no hay que ser iluso. Se mueven las
fronteras, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial había veintinueve países en Europa;
hoy hay cuarenta y cuatro. No existe esa especie de equilibrio universal virtuoso.
Llego a afirmar lo obvio y siento si los desilusiono. Hay que concordar –todos los han dicho más
menos- en la necesidad de una estabilidad en las adquisiciones, pero combinándolas con los
objetivos de largo plazo. Hay que razonar este asunto hacia delante y para eso hay que crear una
especie de cuerpo de opinión. Esto no está reservado a unos iniciados ni a comunicados privados
entre dos o tres ministerios.
                Ahora, si la ley reservada es buena o no. En fin, aquí se han dicho cosas muy
golpeadoras. Efectivamente, entre 1990 y 2006 la ley rindió 357 millones de dólares anuales en
promedio, pero ha tenido una desviación estándar de 263 millones. Me parece que eso no
permite planificar las cosas con la suficiente estabilidad. Si nos vamos a un porcentaje del PIB,
podría resultar la misma cosa. Creo que tampoco remedia el problema.
                Finalmente, los recursos de la ley de Presupuestos anual. Aquí surge la discusión
del supuesto automatismo de la ley del cobre, que ya hemos visto que no es tal por las varianzas
que hay y la supuesta variabilidad un poco demagógica que puede imperar en una cámara
parlamentaria. Efectivamente, ahí hay un tema, pero que puede subsanarse si se crea un cuerpo
doctrinal en torno a la defensa chilena.
                Sugiero, como un modo quizás de abordar esto, que vamos hablando del asunto.
Creo mucho en el título de un libro que no he leído “El mundo es plano”. En realidad, creo que el
mundo es plano y que ahí estamos todos trabados convenciéndonos recíprocamente y que hay
batallar por todas las cosas por las cuales se cree. El tema de la defensa en un asunto que debe
interesar al país completo. Si no somos tontos los chilenos y podemos reclutar las mejores
cabezas, precisamente para ver a dónde vamos y, una vez que sepamos a dónde queremos ir y
qué queremos hacer, después decidimos cuánto gastamos. Pero no al revés. Ahora, me atrevo a
sugerir una cosa sencilla, doméstica: no deroguemos la ley del Cobre si no sabemos lo que
vamos hacer después. O sea, sepamos lo que vamos hacer y, después, derogamos la ley del
Cobre.
                Termino diciendo que existe todo el secreto del mundo en cuanto al uso de esos
medios. Por supuesto, eso es lo que se llama estrategia y debe primar la reserva. Pero en cuanto a
la selección de qué se compra, cuánto, cómo se paga, los plazos, fuentes, diversidad de la fuente.
Esas son cosas manejables por civiles junto con militares.
                Por último, hay que tomar esto con un criterio institucional. Las Fuerzas Armadas
son una institución, las instituciones son las que salvan a los países.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente del Partido por la
Democracia, señor Sergio Bitar.
                El señor BITAR (Partido por la Democracia).- Señor Presidente, felicito esta
iniciativa porque estimula la participación y la reflexión sobre un tema estratégico.
                En primer lugar, quiero expresar que el Partido por la Democracia es partidario de
la derogación de la ley reservada del cobre. Esta decisión está en consonancia con el programa
de la Concertación, que dice: Por ello, derogaremos la ley del Cobre y desarrollaremos un
sistema de financiamiento de largo plazo para las necesidades de las Fuerzas Armadas. Agrega
además, que este sistema debe garantizar una asignación.
                Menciono algunas razones principales. Los recursos para la defensa no pueden
depender del precio de una materia prima oscilante en una dirección u otra, sino de recursos
fiscales de la Nación.
                En seguida, esta situación actual discrimina a un sector: la minería; a una empresa:
Codelco, y al sector público o a la empresa estatal, y no a las demás privadas.
Asimismo, compromete la capacidad de expansión de Codelco. En efecto, hay ya algunos
antecedentes que, por ejemplo, dicen que podría ocurrir el caso teórico, que no siempre será
como hoy, de tener un escenario futuro con un nivel de precio de cobre bajo, como fue el caso de
2001, y un nivel de costo en la industria relativamente alto. Ha venido subiendo y tenemos que
preocuparnos del aumento de costos, porque todas las posibles utilidades de Codelco se pueden
ver afectadas por la ley reservada al destinar los excedentes a las Fuerzas Armadas, sin que
Codelco pueda aportar significativamente al presupuesto de la Nación ni a invertir.
Dicha situación restringe las operaciones de Codelco en países limítrofes, pues su expansión
redundaría en el aumento del presupuesto de la defensa de Chile. En esta materia, tenemos que
tener en cuenta que el potencial geológico y minero de los países de América Latina es muy
atractivo para las empresas del sector: Perú, Argentina, Brasil. Son países que probablemente
jugarán un rol significativo en la producción de cobre. Algunos analistas estiman que estos tres
países, sumados a Chile, podrían llegar a producir cerca del 60 por ciento del cobre mundial en
los próximos diez años.
        En consecuencia, Codelco debe estar buscando activamente oportunidades de inversión
en todos estos países de la región y también tener posibilidades de invertir en yacimientos
significativos en algunos de los países limítrofes. Eso no es posible mientras se mantenga la ley
reservada del cobre. Además, esta ley impacta negativamente en la competitividad internacional
de Codelco, porque limita sus posibilidades de inversión internacional.
        Hay otros factores adicionales, por ejemplo, el 10 por ciento de las ventas de Codelco,
con el actual precio, desborda con creces la necesidad de las Fuerzas Armadas, como es
percibido por la opinión pública. Si vemos las cifras desde 1990 al 2003, el promedio anual es de
250 millones de dólares. Para el 2006 va a ser de 1.000 millones de dólares, cuatro veces más,
por lo que es legítimo plantear el tema y abrir debates si no resolvemos el problema del uso de
los excedentes en otras áreas de la economía que aporten al desarrollo del país.
        En cuanto al financiamiento, si vamos a tener un nuevo sistema al respecto, debe cumplir,
a nuestro criterio, un conjunto de requisitos: primero, una política de defensa que debe ser
ampliamente compartida. Debe tener la capacidad militar suficiente para ser eficazmente
disuasiva. Este requisito tiene concordancia y respaldo ciudadano. Una demostración de ello es
este debate.
        Segundo, en cuanto a defensa, debemos atender las exigencias de una Nación más rica
respecto de la seguridad de sus líneas de abastecimiento y tranquilidad en las fronteras. Debe
haber colaboración con nuestros vecinos para la seguridad común, en materia de terrorismo, de
drogas, de defensa de áreas marítimas, de presencia en el espacio. En otras palabras, se requieren
recursos proporcionales a esa riqueza del país.
        Tercero, proyectar un plan plurianual con un marco financiero de referencia.
        Cuarto, establecer un piso y, al mismo tiempo, un techo de recursos para disposición,
reposición y modernización de equipamiento. El Ejecutivo debe proponer al Congreso, año tras
año, una cifra dentro de ese rango o banda. En este punto coincido con el senador y amigo
Hernán Larraín.
        Quinto, el uso de los recursos se debe normar a través de un programa compartido por las
Fuerzas Armadas y se debe poner término a la modalidad del tercio, al que se refirió la senadora
Soledad Alvear, que es rígido para cada rama.
        Sexto, coordinar de mejor forma las compras. Al presidir la subcomisión de Defensa del
Presupuesto en el Congreso tuve conocimiento de iniciativas en ese sentido. Por ejemplo, la
compra de helicópteros debe hacerse de manera coordinada y no que cada uno compre lo suyo,
con las implicaciones de mayores costos que tiene. Ahí hay un trabajo importante que hacer y
debe estar en este marco nuevo de financiamiento.
        Séptimo, las nuevas normas deben atender a un hecho nuevo, que es la madurez de la
democracia chilena y de su Congreso para tratar los temas de seguridad con racionalidad y rigor,
por lo que al Congreso le cabe un papel más relevante que el que está desempeñando hoy. Lo
mismo para la opinión pública. En ese sentido, debemos dar pasos y entiendo que se vuelve a
discutir el hecho de publicar las llamadas leyes reservadas. En el Senado, promoví esa iniciativa,
la votamos, y aún está pendiente. No es lógico que a estas alturas del siglo XXI el Congreso
Nacional y el Ejecutivo no puedan decidir sobre estos montos destinados a la defensa y estar
amarrados a una fórmula fija.
        Octavo, la reticencia al lobby, que compartimos, no puede terminar siendo una excusa
para no discutir democráticamente el presupuesto para la defensa. Debemos avanzar
simultáneamente hacia la modernización de la estructura del Estado y las tomas de decisiones del
Ministerio de Defensa Nacional. En consecuencia, esa discusión tiene que darse en el Congreso
-los proyectos de ley están ahí-, para lograr una acción más coordinada de la defensa Nacional.
Confiamos en que el Ejecutivo enviará un proyecto en un plazo breve y haga las consultas para
alcanzar la mayor aceptación en estas materias.
        Estos pasos deben darse en un concepto más amplio en cuanto al aporte de las Fuerzas
Armadas al desarrollo y a la paz, abordando temas como, por ejemplo, abrir la discusión
ciudadana, el aliento a las misiones de paz como en Haití, Timor y otras. Un esfuerzo adicional
que me tocó ver como ministro de Educación, fue un aporte importante en materia de educación
y, en particular, a la educación técnica.
        En el campo del ciberespacio, por qué no decirlo, como tenemos el Cuerpo Militar del
Trabajo para la infraestructura, es un concepto que se puede desarrollar como un gran proyecto
nacional, en el sentido de que internet se transforme en un servicio público con banda ancha para
todos los chilenos. Es una tarea que se puede emprender en conjunto. Lo mismo sucede en
materia de autonomía energética, como una cuestión central que debe ir a la par con una
discusión de esta naturaleza. Por qué dejar de lado el tema del agua, que será absolutamente
estratégico a nivel mundial en un tiempo más.
        Por lo tanto, estos conceptos más integradores de la labor de paz y desarrollo de las
Fuerzas Armadas, a mi juicio, deben abordarse simultáneamente con la discusión sobre el
financiamiento que hemos abordado hoy.
        Muchas gracias.
        -Aplausos.
        El señor HALES (Presidente).- Tal como lo indiqué en el transcurso del debate,
terminado el primer panel de la tarde, se destinarán entre 20 y 30 minutos para ofrecer la palabra
al público, por lo que cada minuto que tarde el inicio de la sesión de la tarde, le restará tiempo a
quienes quieran hacer uso de la palabra.
TERCER PANEL


                El señor HALES (Presidente).- Continuamos con esta jornada temática
denominada Compras Militares, Ley del Cobre y Transparencia.
                Para exponer en el tercer panel se encuentran los señores Guillermo Holzman,
cientista político y subdirector del Instituto de Asuntos Políticos de la Universidad de Chile;
Francisco Le Dantec, Jefe del Departamento de Investigación de la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos, Anepe; Eduardo Santos, ingeniero civil y analista de Defensa.
El profesor Álvaro Ramis, del centro ecuménico Diego de Medellín, envió una nota excusándose
pues hubo un retraso inesperado en su vuelo desde Colombia. Nos adjuntó un dossier con su
secretaria ejecutiva sobre gastos militares y envió sus saludos a todos quienes estamos presentes.
                En primer lugar, tiene la palabra el señor Guillermo Holzman, cientista político y
subdirector del Instituto de Asuntos Políticos de la Universidad de Chile.
        El señor HOLZMAN (Cientista Político).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer la invitación que hace la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para tratar
un tema con una amplía convocatoria que desde hace varios meses no teníamos respecto de estas
materias.
                Quiero dejar establecido que este tema no requiere sólo de un debate, sino que de
un proceso mediante el cual se van construyendo las ideas que generarán los cambios que, a
todas luces, son necesarios.
Creo que no merece más argumentación de la que se ha dado en la mañana el sostener que la ley
reservada del cobre, como elemento de asignación, corresponde a un contexto y a una realidad
muy distinta de la que estamos viviendo en el siglo XXI. Además, deja en evidencia, en el
contexto en el cual se dio, que respondió también a una realidad que permitió mantener los
niveles de seguridad y de defensa en un grado adecuado a las necesidades que tiene nuestro país.
                De ahí, entonces, viene la primera cuestión que quiero proponer -más bien en
términos metodológicos que un cambio en la fórmula mediante la cual se asignan recursos a las
Fuerzas Armadas o a la Defensa en general- dos cosas muy diferentes, pero que tienen igual
importancia, respecto de los escenarios futuros.
                En segundo lugar, hay que tomar en consideración que este debate está siendo
observado con mucha atención por los países vecinos, en cuanto a que de aquí surgirán los
lineamientos, más allá de que se lleven a la práctica en el inmediato o mediano plazo, que van a
estar orientados a la defensa y a la seguridad de nuestro país, cualquiera que sea el gobierno que
lo esté presidiendo. En consecuencia, en su estricto sentido éste no es un ejercicio político, sino
estratégico en su más amplia expresión. Desde esa perspectiva, vale tener presente que tanto Perú
como Bolivia han planteado las necesidades de financiar sus Fuerzas Armadas a través de una
ley reservada de la energía o del gas, según sea el caso.
En la región, el financiamiento de las compras o adquisiciones militares es un tema que está
siguiendo los parámetros que ya nuestro país había conseguido hace décadas. Desde esa
perspectiva, no podemos dejar de lado que si Chile deroga la ley reservada del cobre, por muy
necesaria que esa derogación sea, debe tener una contrapropuesta que quede implementada con
un momento de transición para que efectivamente la seguridad y defensa del país, dada la
posición geoestratégica y geoeconómica que mantiene a nivel mundial, se mantenga en el futuro.
Aquí, la posición política del país se ha logrado con mucho esfuerzo a través de varias décadas y,
en ese sentido, no se puede dejar de lado esa visión de futuro.
                En consecuencia, la segunda derivada tiene que ver con escenarios futuros. Tienen
que ver con dos grandes áreas que no son necesariamente complementarias, pero que requieren
capacidades que el país debe desarrollar. Una, se refiere a los conflictos, particularmente en la
región y, otra, asociada a la cooperación. No cabe duda de que la cooperación en América
Latina, por ejemplo, en operaciones de paz implica y supone capacidades y condiciones que
deben ser desarrolladas con una visión no sólo tecnológica, sino que política en torno a la
capacidad de interoperar con otras fuerzas no solamente de la región o de América Latina, sino
que también de otras latitudes, como, por ejemplo, en la práctica se ha estado haciendo con cada
una de las fuerzas. En consecuencia, la primera cuestión es cómo se construyen estos escenarios
futuros.
Es ahí donde probablemente tenemos nuestra primera debilidad para empezar a discutir acerca de
cuál es el mejor mecanismo para modificar, cambiar o derogar la ley reservada del cobre. Esos
escenarios futuros requieren de una construcción que no compete solamente al ministerio de
Defensa o a la Presidencia de la República, sino que genera un proceso mucho más largo, intenso
y especializado que actualmente está siendo sostenido, en parte, por el ministerio de Defensa,
pero no necesariamente incorporado al proceso decisional de nivel político tanto legislativo
como particularmente presidencial.
        La idea de la directiva asociada al alistamiento más bien corresponde a un nivel de
política militar y no necesariamente a una política de defensa. En esa perspectiva, la primera
cuestión que debe existir es un consenso en torno a qué es lo que el país quiere a futuro que dé
las luces necesarias para pensar y cuáles son las alternativas a evaluar que hoy en la mañana se
plantearon aquí.
                El segundo elemento que surge es que se requiere una estructura decisional, con
soporte en la defensa nacional y que apunte justamente a generar los espacios de transparencia,
los balances de poder y los pesos y contrapesos no solamente en torno a la relación
político-militar entre las Fuerzas Armadas y la estructura del Estado, sino que también a la
estructura política del propio país. En ese sentido, hay claramente una deficiencia.
                Quienes nos encontramos aquí presentes tenemos opinión sobre este tipo de
temas, pero no necesariamente estamos incorporados a un proceso decisional que requiere de una
mayor consenso con respecto a este tipo de materias.
                Una segunda cuestión que se deriva del tema es que Chile necesita un mecanismo
que nos permita contribuir a una estrategia de seguridad y de defensa del Estado de Chile. Una
estrategia que, ojalá, sea plurianual en los términos conceptuales respecto de lo que el país está
buscando, quiere y necesita, que se pueda poner al día cada dos años. Útil sería empezar a
trabajar con respecto a las necesidades del país en el año 2020, lo cual nos daría, al menos, la
idea en torno a qué decisiones debemos tomar hoy respecto de aquellos escenarios asociados a
recursos naturales, como, por ejemplo, al agua, al tema energético y a una serie de elementos,
por lo menos en lo que es a riesgo y amenaza directa, y que en términos de cooperación significa
todo lo que es comunicación a nivel internacional y mantener los conflictos limitados en muchos
sentidos, o lisa y llanamente, cooperar con las modificaciones que se harán a Naciones Unidas en
los próximos años.
Hay escenarios que necesariamente debemos considerar y ese documento de estrategia, de
seguridad y defensa del Estado de Chile debiera estar no solamente diseñado dentro del
gobierno, sino que, a su vez, consensuado legislativamente. Es decir, una macroconclusión que
podemos sacar es que el Poder Legislativo no puede estar alejado de este tipo de decisiones,
sobre todo cuando se avanza en ellas para asegurar el futuro del país. En ese sentido, es necesario
reconocer que nuestro actual esquema democrático es inconsistente e insuficiente para sostener
un proceso de esta naturaleza, en la medida en que sólo se soporte en la burocracia ya existente o
sólo se soporte en los diputados y senadores de la República. Si los diputados y senadores no
cuentan con la asesoría de ex militares o, incluso, de oficiales en servicio activo -como sucede en
muchos países- que les permitan conocer la problemática asociada al sistema de armas y a
visiones estratégicas o de cualquier otra naturaleza, sin lugar a dudas el esfuerzo que se pueda
hacer terminará siendo absolutamente insuficiente.
               ¿Qué pasa cuando un esfuerzo de esta naturaleza es insuficiente? Pasa algo muy
concreto; basta recurrir a la historia. Cuando el esfuerzo de un Estado para definir este tipo de
situaciones es insuficiente, sucede que en momentos de crisis se reacciona normalmente con la
dictación de leyes especiales que permitan enfrentar la situación, cuestión que, obviamente,
queremos evitar. Pero si no lo hacemos bien, lo más probable es que terminemos en esa
situación, considerando que nadie quiere hipotecar la seguridad del país.
               En esa perspectiva, al no poseer adecuados asesores, el Congreso Nacional está en
una situación disminuida y de franca debilidad.
               En segundo lugar, al no poseer un Ministerio de Defensa en forma, con una
adecuada estructura, capaz no sólo de diseñar, evaluar, negociar y discutir su presupuesto en
términos anuales, lisa y llanamente estamos en un terreno de franca debilidad en lo que en ese
aspecto se refiere. En ese sentido, la carencia de un proceso decisional que nos permita sostener
el esfuerzo de los próximos quince o veinte años hará que el debate sea un esfuerzo dialéctico
muy interesante, una iniciativa política fundamental, pero que en términos estratégicos nos puede
colocar en una alta vulnerabilidad, considerando la asimetría que el país muestra en la región.
               En consecuencia, se requiere una estrategia de seguridad de defensa y un rol más
activo del Congreso Nacional en ese sentido. La idea de que sólo el Ejecutivo defina este tipo de
cosas me parece errada. Se requiere generar un consenso sobre el particular como política de
Estado. Asimismo, se requiere que el Congreso Nacional trabaje algunos de estos temas en
sesiones secretas, con lo cual no estoy tendiendo al secretismo, sino señalando que deben existir
ciertos márgenes y límites respecto del tratamiento de estas materias. También se necesita una
visión plurianual, tanto en el aspecto estratégico como presupuestario. En esa perspectiva, la
capacidad del Ejecutivo y del Legislativo de avanzar hacia programas plurianuales en la
perspectiva de diseñar un mecanismo de asignación de recursos eficiente, parece ser evidente.
               Por último, si no tenemos claro el objetivo por el cual se va a derogar la ley
reservada del cobre, parece altamente riesgoso avanzar en ello sin preguntarse lo anterior.
               Muchas gracias.
               -Aplausos.
               El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Francisco Le Dantec, jefe
del departamento de Investigación de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
               El señor LE DANTEC (Anepe).- Señor Presidente, de acuerdo con lo sugerido en
la convocatoria, intentaré dar una respuesta académica a la interrogante planteada en el tercero
de los temas propuestos: ¿Por qué se necesitan los recursos para las Fuerzas Armadas? Lo haré
en mi condición de académico, aclarando que mi especialidad no es la economía. Después,
argumentaré brevemente, centrándome en los tres subtemas: “La defensa como tarea del Estado,
horizonte estratégico”; “El financiamiento de las Fuerzas Armadas, una necesidad del país”, y
“El reduccionismo entre pacifismo o fatalismo bélico”, que es uno de los temas que no han sido
tocados todavía.
                 Del enunciado se desprenden varios conceptos que están íntimamente ligados
entre sí, por lo que es necesario precisarlos un poco para una mejor comprensión del problema
planteado.
                 En primer lugar, debemos convenir qué entendemos por Estado y cuáles son sus
funciones básicas, a fin de determinar la manera en que las Fuerzas Armadas contribuyen al
cumplimiento de los objetivos nacionales y, en forma particular, a los intereses de la nación. Esto
implica que si éstas deben ser financiadas adecuadamente para el cumplimiento de sus misiones,
se estaría dando respuesta a esta pregunta inicial.
                 El Estado se concibe como una organización posterior al hombre y destinada a
servirlo y a proporcionarle las condiciones necesarias para propender al bien común. No es
producto de un pacto o un contrato, ni el resultado de un acuerdo explícito o tácito entre seres
libre e iguales. Más bien es el producto de una necesidad funcional de la sociedad, que surge
como respuesta a las limitaciones que tiene una comunidad. En ese sentido, el Estado debe
cumplir, a lo menos, tres funciones esenciales:
                 La primera de ellas es la función de integración, que consiste en armonizar,
coordinar y mantener bajo control las voluntades divergentes. Aquí hemos visto cómo se han
manifestado diferentes posiciones; con el debido respeto, todo el mundo ha podido comunicarse.
                 La segunda es la conducción, que lleva a cabo el Ejecutivo.
                 La tercera, que es la que más me interesa en este momento, es la previsión, que
consiste en arbitrar los medios para garantizar a la comunidad en su conjunto la posibilidad de un
futuro promisorio, que le permita el desarrollo pleno de todos sus potenciales. Lo esencial de esta
función es contar con una planificación estratégica, a largo plazo, que abarque todos el espectro
del quehacer nacional, que permita detectar con la suficiente antelación las oportunidades y
amenazas, provenientes tanto del ámbito externo como del interno que puedan afectar los
intereses nacionales. Esto significa prever los efectos relacionados con los cambios tecnológicos,
políticos, económicos, culturales y sociales. De esta función surge con fuerza una función
primaria del Estado, que conocemos como seguridad, y una de las funciones subsidiarias: la
defensa. Quiero hacer la distinción entre una y otra. Para ejercer la función previsora, el Estado
tiene el deber de proteger a los nacionales de todos los peligros y riesgos que pueden
amenazarlo. La seguridad aparece con el Estado y se traduce en la protección del territorio, de la
población y de la soberanía en general.
                 Existe otro concepto interesante: el poder nacional, que es la suma de las
capacidades actuales o potenciales de una nación, resultante de sus recursos políticos,
económicos, militares, geográficos, sociales, científicos y tecnológicos, entre otros. Es todo lo
que somos como país. De esto se puede deducir que el poder nacional se constituye por la suma
del poder político, del poder militar, del poder económico y de muchas otras versiones del poder.
Por lo tanto, el poder nacional consiste en las capacidades que la nación posee, entre las que
deben considerarse el nivel de institucionalización y productividad, el producto bruto nacional, el
ingreso nacional, el ingreso per cápita, la claridad y visión estratégica de su gobernante, el
ingreso nacional, el nivel educacional. En el fondo, se trata de todo lo que constituye la vida de
la nación, incluyendo las capacidades que tengan las Fuerzas Armadas.
                 Los estados utilizan su poder nacional para hacer valer su influencia frente a otros
países -como dijo la ex ministra en la mañana-, de modo de afrontar los desafíos del sistema
internacional, compitiendo con otros estados muchas veces más poderosos. Así se logra la
presencia soberana de la nación en el concierto internacional y la búsqueda permanente del
bienestar de los connacionales. Lo importante es que el gobernante debe accionar todos los
factores del poder de la nación en forma coordinada para lograr los objetivos nacionales, no sólo
en el caso de las Fuerzas Armadas. De esta forma, el poder económico, en algunas ocasiones, es
utilizado con mayor preponderancia que el poder militar o en combinación con el poder
diplomático, etcétera.
                Varios autores sostienen que el valor de uso de la fuerza militar está en
declinación ante los cambios que se han producido en las relaciones internacionales,
especialmente considerando que la cooperación se ha revalorizado como un elemento para evitar
conflictos de carácter bélico. Sin embargo, no se debe descartar la utilización de la fuerza,
porque si bien los conflictos interestatales han disminuido en el último tiempo, no ha sucedido lo
mismo con los intraestatales.
                Se da la paradoja que cuando el poder militar está mejor preparado para la guerra,
ésta será menos probable. El General Colin Powell sostiene que un poder militar aplicable a los
Estados que no son potencia –como en nuestro caso-, para hacer frente a los intereses
contrapuestos de sus potenciales adversarios, debe cumplir con los siguientes requisitos: a)
Prontitud en el alistamiento y en la reacción; b) Mantener una actitud estratégica defensiva
basada primero en la disuasión y luego en su posibilidad de empleo decisivo para terminar
victoriosamente cualquier conflicto, y c) Aumentar la importancia del empleo de la ciencia y la
tecnología, que permita a las fuerzas de tierra, mar y aire, una fortaleza y potencia acorde con la
realidad actual y futura, tanto en equipamiento de sus efectivos como en la conducción de los
mismos.
                La seguridad y la cooperación internacional es otra de las cosas que está en
desarrollo en el país y que nos puede llevar a un buen puerto.
                Para comprender los cambios sociales y políticos que se evidencian en el mundo
actual, es necesario entender las transformaciones que se han producido en la concepción de la
seguridad. En el pasado, el sujeto principal de la seguridad era el Estado, pero hoy esto ha
cambiado. Si bien el Estado sigue siendo el actor principal en el ámbito internacional, su rol ya
no es exclusivo debido a la aparición de múltiples actores, como ONG y organismos
internacionales, etcétera. Esto no es contradictorio, porque la seguridad del Estado es un derecho
de las personas. En otras palabras, se puede afirmar que la seguridad es un derecho humano
fundamental.
Durante la época de la guerra fría era fácil prever quien era el enemigo y bastaba con que
tuviéramos fuerzas superiores a las que tenía el enemigo que nos iba a atacar. Hoy, con todo lo
que pasado, con el término de la bipolaridad y que estamos en otro sistema distinto después de la
caída del muro de Berlín, ya no existe un enemigo fácilmente determinable. Hay una serie de
elementos que pasan a constituir riesgos y problemas grandes.
En el documento de la Conferencia Especial sobre Seguridad, desarrollada en México en octubre
de 2003, además de reafirmarse los principios, valores compartidos y enfoques comunes sobre
los cuales se basa la seguridad en el hemisferio, se reconoce la vigencia de las amenazas
tradicionales materializadas en los litigios territoriales que aún existen en la región. A pesar de
que casi todos los países americanos están celebrando el bicentenario de sus emancipaciones,
todavía subsisten conflictos de raíces territoriales que no han sido resueltos, muchos de los
cuales han surgido como producto de la creación del mar patrimonial en el derecho internacional
del marítimo.
En el acta de la Reunión de Seguridad se reconocen que subsisten los problemas de seguridad
clásicos, los que se complican cuando se exacerban factores nacionalistas y otros, donde los
riesgos de guerra se atenúan considerablemente, con una fuerte tendencia a las soluciones para
afrontar o neutralizar esas amenazas con otras de tipo no militar.
En cuanto a que el financiamiento de las Fuerzas Armadas es una necesidad del país, la respuesta
es obvia; si se cumple la función de defensa, deben ser financiadas por el Estado, al igual que
otros bienes de este tipo, como son, entre otros, la educación y la cultura. Quizás, estos últimos
son más fáciles de medir en cuanto a su eficiencia. En el caso de la defensa, la única manera de
medir su eficacia es cuando estamos en paz.
Si por pacifismo entendemos el renunciar al uso de la fuerza para resolver conflictos,
minimizando o eliminando las Fuerzas Armadas, estaríamos simplemente resignándonos a ser un
actor de tercer orden en el concierto internacional, al debilitar notablemente nuestro poder
nacional. Seriamos un país vulnerable y sin estatura estratégica.
Por otra parte, si entendemos el fatalismo bélico como una carrera armamentista, estaríamos
frente a una situación que afectaría significativamente el desarrollo y bienestar de los chilenos.
La posición correcta es la de un justo equilibrio, gastando en defensa lo necesario para que la
función del Estado se cumpla adecuadamente. Para esto, se debe considerar que el rol de las
Fuerzas Armadas está evolucionando, estando en muchos casos relacionadas con el desarrollo y
en especial con la identidad nacional. No se debe olvidar que son el brazo armado del Estado,
por lo que el Gobierno puede utilizar sus capacidades, que no son solamente bélicas, en aquellas
situaciones que se estime conveniente, puntualmente en emergencias nacionales o 1ocales.
La globalización, proceso al que ningún grupo humano escapa, está afectando con fuerza nuestra
identidad nacional. Vemos grandes diferencias entre un ariqueño y un magallánico. ¿Cómo
mantienen una unidad de identidad? La respuesta la planteo como hipótesis: "La identidad
chilena la mantienen a lo largo del país las instituciones estatales, especialmente las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas de Orden, a través de su accionar en las diferentes regiones en que les
corresponde actuar durante sus carreras profesionales". Así, sostengo que las Fuerzas Armadas
son uno de los pilares fundamentales de la identidad nacional.
Desde otra perspectiva, para evitar una carrera armamentista, producto del conocido dilema de la
seguridad, la solución es la conformación de un "sistema de seguridad cooperativo flexible
sucesivo". Considerando que los gobiernos de los países del hemisferio no perciben las amenazas
comunes con la misma intensidad, en atención a sus particulares intereses, la proposición está
dirigida a la creación de un sistema de seguridad basado en el multilateralismo, pero también con
un fuerte énfasis en el bilateralismo, buscando respetar y valorar las identidades específicas de
cada país.
Desde esta manera, desde la excelente relación en materias de seguridad y defensa existente
entre Argentina y nuestro país, utilizando una estrategia de seguridad bilateral sucesiva, se iría
formando un sistema cooperativo flexible en el área, al incorporarse otros países en forma
progresiva. Hay que tener en cuenta que debe primar el bilateralismo, pero siempre en el marco
del multilateralismo. La sola adopción de las medidas de confianza mutua entre los países que se
integren al sistema alejan la probabilidad de un enfrentamiento armado.
En resumen, dos palabras: cooperación y transparencia.
Para terminar, se puede afirmar que se necesita dar los recursos apropiados a las Fuerzas
Armadas que les permitan cumplir con las funciones que el gobierno les asigna, de manera que
éste cumpla su función primaria de seguridad. El origen del financiamiento no importa. Lo
importante es que sea adecuado y oportuno, porque la defensa del país no se puede improvisar, al
igual que la salud, la educación y la cultura. Esto, porque todas ellas son estratégicas para el
bienestar de la nación.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Eduardo Santos.
El señor SANTOS (Analista de Defensa).- En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de
Diputados, a su Comisión de Defensa y a su Presidente, por esta invitación. La realización de
estos seminarios es una maravillosa idea y los invito a seguirlos desarrollando. Estamos en un
momento histórico de la relación civil-militar y del desarrollo de las modificaciones que requiere
el sector defensa.
Primero, me voy a referir al escenario estratégico que hoy estamos viviendo. Según la reciente
revisión Cuadrianual de Defensa, presentada por el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos, el mundo está en el quinto año de la larga guerra global. Ésta es contra el terrorismo. Es
decir, en mi opinión, vivimos la cuarta guerra mundial. Esta explícita declaración de guerra
resulta de la mayor gravedad y nos debe llevar a efectuar un profundo análisis de los efectos que
probablemente tendrá en nuestro país, tal como la tuvo la tercera guerra mundial, para algunos,
llamada Guerra Fría, en que fuimos campo de batalla periférico del enfrentamiento ideológico
entre las superpotencias, con las terribles consecuencias de la ruptura institucional de 1973.

Por otro lado, los chilenos ganamos la paz en los tres conflictos vecinales que nos han
amenazado en los últimos treinta años: El 6 de agosto de 1975, los tanques peruanos tenían
programado invadir la Primera Región, según confirmó el Presidente Fujimori en una entrevista
a la televisión uruguaya en marzo de 1995. La diputada Cristi preguntaba cómo le podría decir a
sus electores que gastemos en Defensa. ¡Con esto! Éste es un titular del diario La Segunda, de 2
de marzo de 1995, que dice: “Fujimori: Perú se armó por Chile”. A confesión de parte, relevo de
pruebas.
Hoy, también sabemos que el 22 de diciembre de 1978, las tropas argentinas planeaban cruzar la
frontera magallánica.
Asimismo, permanentemente debemos tener paciencia con los vecinos bolivianos, que pretenden
resolver sus problemas reclamando territorio chileno para dar cumplimiento a sus aspiraciones
marítimas.
Sin embargo, la actual realidad regional plantea un esquema estratégico donde la cooperación
está reemplazando a la desconfianza. A su vez, los tradicionales diferendos limítrofes siguen
causes jurídicos, disminuyendo su importancia relativa frente a nuevos riesgos comunes al
continente, tales como la ingobernabilidad o los peligrosos caudillismos intervencionistas.
En este escenario, Chile no tiene objetivos que amenacen a otros miembros de la comunidad
internacional, promueve la paz y declara su plena adhesión a la solución pacífica de las
controversias a través del Derecho Internacional.
Con esta realidad, debemos evolucionar hacia una concepción flexible y selectiva de la Defensa,
planificando en términos de capacidades y no mediante el tradicional método de responder a
riesgos supuestamente conocidos, pues será cada vez más difícil identificar qué nos depara el
futuro y estar preparándonos para conflictos que nunca ocurrirán y quedar indefensos contra
otras amenazas que sí afectarán nuestros intereses nacionales. Para ello, debemos fortalecer una
alianza de confianza y respeto de los acuerdos con Argentina y mantener una política de defensa
preventiva con Perú y, especialmente, con Bolivia.
A partir de este pensamiento estratégico renovado y acorde a sus características, tampoco
podremos eludir la responsabilidad, dejando que otros resuelvan los problemas globales de
acuerdo con su propia visión e intereses, por lo cual resulta imprescindible aumentar nuestra
contribución en la construcción de un mundo más seguro mediante la participación más activa en
operaciones de paz lideradas por la ONU.
Chile se encuentra en medio de un gran programa de renovación tecnológica de sus Fuerzas
Armadas, evolucionando desde un puño fuerte a uno inteligente, lo cual nos llevará a un
liderazgo en la región en concordancia y armonía con el desarrollo económico del país. Sin
embargo, resulta una paradoja que estemos haciendo muy poco para que esta nueva realidad
obedezca a una real planificación Político Estratégica.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre, que financia las adquisiciones de sistemas de
armas y su reemplazo por programas transparentes incluidos en el Presupuesto de la Nación,
discutidos y aprobados por el Congreso Nacional, es la oportunidad para que la Política de
Defensa efectivamente sea una tarea del Estado y no de unos pocos funcionarios aislados de la
soberanía popular.
Ley Reservada del Cobre.
Durante el gobierno militar, entre 1974 y 1989, esta ley aportó 2.486 millones de dólares, en
dólares corrientes, y durante los gobiernos de la Concertación, entre 1990 y 2005, rindió 4.894
millones de dólares, esto es, el doble, en términos nominales, y alrededor de un 70 por ciento
superior en dólares de igual poder adquisitivo. Para este año, se espera un rendimiento cercano a
los 1.200 millones de dólares, para un piso actualizado de 279 millones de dólares. Además, un
monto anual cercano al piso se encuentra comprometido hasta alrededor del 2014 en proyectos
en ejecución.
Conforme con estas cifras, cabe hacer dos preguntas: ¿Alguien podría asegurar que la actual
coalición de Gobierno no tiene un firme compromiso para financiar la Defensa y que con los
cambios propuestos busca destruir las Fuerzas Armadas? La respuesta la dan los números. Doble
de aporte de la Concertación que del Gobierno Militar.
¿Quién podría acusarnos de carrera armamentista si a fin de año vamos a tener cerca de mil
millones de dólares guardados en una alcancía y destinados a Defensa? ¿Podría alguien
acusarnos, dadas estas condiciones?
De acuerdo con este marco, voy a proponer un procedimiento presupuestario específico, que no
es idea mía, sino que se ha desarrollado en los países industrializados desde hace mucho tiempo.
Antes de pensar en la nueva forma en que se entregarán los recursos necesarios para la Defensa,
deberemos responder varias preguntas de fondo.
¿Qué riesgos enfrentamos? ¿Qué intereses defenderemos? En consecuencia, ¿cuánta defensa
necesitamos? ¿Cuánta podemos financiar? ¿Qué Fuerzas Armadas requerimos? ¿Cuáles son los
roles y misiones que queremos que cumplan las instituciones militares? ¿Con qué estrategia?
¿Compraremos armas al poder norteamericano o estableceremos relaciones político estratégicas
con Europa?
Es decir, el problema primero es político y luego económico y militar.
Definidos estos aspectos, propongo incorporar la metodología denominada “plan, programa
presupuesto” (PPP)      -que, se dijo, es de la RAND Corporation-Macnamara, de 1960-en el
proyecto de ley del Ministerio de Defensa Nacional, actualmente en trámite parlamentario.
El procedimiento se inicia definiendo los objetivos para la Defensa para los próximos 20 años,
con los cuales se planifica en un horizonte de diez años de acuerdo con las capacidades
requeridas por la Defensa, las prioridades nacionales y los fondos disponibles. A continuación, se
establecen los programas necesarios para cumplir con estos planes a través de una ley que podría
dictarse cada cuatro años, coincidiendo con los períodos presidenciales, para finalmente asignar
los recursos necesarios en la Ley de Presupuestos de la nación para financiar los programas ya
aprobados por esta ley.
Dicho método se utiliza en los países desarrollados y permite una amplia y fundada discusión
parlamentaria de las propuestas del Ejecutivo, mejora la eficiencia y el control de las
asignaciones presupuestarias y, al mismo tiempo, establece una adecuada estabilidad en la
planificación de las Fuerzas Armadas, lo que hoy no existe por las grandes variaciones de los
rendimientos anuales de la Ley Reservada. Además, permite asignar proporcionalmente los
recursos para entrenamiento del personal y efectuar los ejercicios necesarios, gastos que la actual
ley no considera, cuestión que es dramática para las Instituciones Militares que deben financiar,
sin otras fuentes especiales de recursos, una gran cantidad de personal destinado al extranjero
para aprender a utilizar los avanzados sistemas de armas recién comprados.
Reingeniería de la Defensa.
En el contexto de la derogación de la Ley Reservada del Cobre, es necesario decir algunas
palabras respecto del proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, actualmente en
trámite legislativo, que permitirá dar comienzo a una imprescindible reingeniería global de
nuestra Defensa, en el cual el tema es sólo un problema de forma que debe ser resuelto en el
marco de un nuevo diseño estratégico.
De acuerdo con el estudio comparado de diversos países con experiencia en conflictos y guerras
recientes, la organización militar evoluciona inexorablemente hacia un mando conjunto de las
operaciones bajo objetivos políticos claros. Para ello, deben incorporarse en este proyecto de ley
que será responsabilidad de la nueva subsecretaría de Defensa proponer al Congreso Nacional el
proyecto de ley de programación cuatrianual de la Defensa, incluyendo los proyectos de compras
militares necesarias para el escenario político estratégico apreciado y según las prioridades
presupuestarias definidas.
Para implementar el nuevo sistema de compras propuesto, es necesario considerar una etapa
transitoria en la que los proyectos en ejecución y próximos a autorizarse queden incluidos en la
primera ley de programación plurianual. En ella deben asegurarse los siguientes aspectos:
Mantener los contratos en vigencia.
2. Aplicar parte de los recursos ahorrados en la ley reservada del cobre a la reingeniería global de
la defensa que se propone, la cual va más allá de las modernizaciones desarrolladas actualmente
por las instituciones militares.
3. Establecer en esta etapa de transición un piso del aporte similar al actual.
        También será necesario incorporar las disposiciones correspondientes para que el
Congreso Nacional cuente con las asesorías necesarias para cumplir eficazmente con estas
nuevas responsabilidades, pues el dilema no es sólo “mantequilla o cañones”, como nos indica
hoy la situación, sino discutir propuestas de nuevas tecnologías, tales como “la guerra
centralizada en red”, que es la nueva frontera de la ciencia militar, y verificar la factibilidad
política financiera de los proyectos para evitar fracasos, como los proyectos Rayo y Tridente, en
los cuales Chile perdió cerca de 100 millones de dólares, o el pago de comisiones irregulares,
como las denunciadas en la compra de los aviones Mirage Elkan.
        Del mismo modo, a la brevedad se debe elaborar una tercera versión actualizada del
Libro de la Defensa Nacional de Chile, que incorpore una revisión integral de la defensa bajo los
nuevos escenarios descritos y fije objetivos y planes actualizados que permitan definir los
programas que se requiere financiar, porque, de lo contrario, resulta imposible cambiar el
sistema. Si no sabemos para qué, entonces, ¿para qué lo cambiamos?.
                Debe evitarse que esta discusión resulte una defensa corporativa de personas o
instituciones y se dificulte su trámite parlamentario. Este seminario, organizado por la Cámara de
Diputados y no por el Ministerio de Defensa, como se había hecho en el pasado para otras
materias tales como el servicio militar, da una voz de alarma y confirma lo relevante de este
aspecto. En los últimos años, hemos venido retrocediendo respecto de la discusión de la defensa.
                La necesidad de efectuar los cambios descritos es ampliamente apoyada y
actualmente existen las confianzas necesarias en la relación civil-militar para que esta propuesta
sea aceptada por las Fuerzas Armadas y conocida y apoyada por la ciudadanía.
                Por último, las Fuerzas Armadas del Bicentenario que hoy construimos serán las
más modernas y poderosas que ha tenido nuestro país desde la Guerra del Pacífico. Por ello,
civiles y militares tenemos la obligación histórica de hacer bien nuestro trabajo y de evitar los
efectos de la Cuarta Guerra Mundial.
                Pido a Dios y a la Patria que nos den la fuerza para salir adelante en este desafío.
                Gracias.
                -Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
                El señor FUENTEALBA.- Quiero hacer algunos comentarios respecto de los
paneles que hemos escuchado, particularmente del segundo, que congregó la presencia de los
presidentes de las fuerzas políticas existentes. Me referiré a algunas coincidencias que me
pareció vislumbrar en cada una de las ponencias que se hicieron.
                En primer lugar, no está en discusión la necesidad de un financiamiento
permanente para las Fuerzas Armadas. Esto es, quizás, muy obvio; pero tampoco es tan obvio.
Antes existía un permanente cuestionamiento respecto del monto de los gastos que involucraba
financiar a las Fuerzas Armadas. Hoy, las fuerzas políticas que expusieron en la mañana
coincidieron en la necesidad imperiosa de tener un financiamiento adecuado, permanente y
estable para las Fuerzas Armadas.
                En segundo lugar, hemos avanzado en la materia, porque ya no está presente en la
discusión el entredicho entre lo social y la defensa o entre populismo y seguridad.
Indudablemente, eso podría conllevar a una práctica demagógica en la materia y, obviamente, a
decisiones políticas irresponsables.
        Lo que aquí interesa es definir qué se persigue con el gasto en defensa y, como
consecuencia de ello, en qué se gasta y cómo se gasta. Un aspecto fundamental es precisamente
la fiscalización de la transparencia que tiene la ejecución del presupuesto de la defensa.
        A este respecto, el Congreso Nacional deberá crear una institucionalidad parlamentaria
que nos permita hacer el seguimiento de esa ejecución presupuestaria. Serán las Comisiones de
Defensa, de Relaciones Exteriores y de Hacienda las que, en conjunto, tratarán esta materia; será
necesaria una cuenta anual o bianual respecto de cómo se ejecuta el gasto en defensa y de cómo
se implementan y desarrollan los programas y proyectos a los cuáles se les asignaron partidas
presupuestarias. Es preciso que paralelamente a la discusión también vayamos viendo en el
Congreso Nacional de qué forma creamos esa institucionalidad parlamentaria.
        En cuanto a la misión de las Fuerzas Armadas, hemos avanzado bastante. Las dos
versiones del Libro de la Defensa Nacional de Chile dan cuenta de ello. Un país que
unilateralmente explicita su política de defensa ante el mundo no es un hecho menor, no es una
cuestión irrelevante. Esa misión de las Fuerzas Armadas se ha ido afinando. Si se hace una
tercera versión del Libro de la Defensa Nacional de Chile, no me cabe la menor duda de que se
definirá con mayor precisión aún cuál es esa misión, qué esperamos de las Fuerzas Armadas y,
por consiguiente, cuáles son los recursos que deberemos asignarle para que la cumpla a
cabalidad.
        La asignación presupuestaria, de acuerdo con la misión y con lo que se espera de las
Fuerzas Armadas, debe tener también dos elementos de juicio, que me parecen cada vez más
trascendentes. Primero, la visión conjunta de las Fuerzas Armadas. Ya no podemos estar mirando
cada una de las Ramas, no podemos centrar nuestra atención en lo que pretenden hacer la Fuerza
Aérea, el Ejército o la Armada, sino que debemos tener una visión, una alimentación conjunta
que nos permita definir esa misión para las Fuerzas Armadas y no para cada una de sus Ramas.
        En segundo lugar, debemos incorporar a esa visión conjunta el elemento de cooperación.
Las Fuerzas Armadas son un vehículo, un instrumento coadyuvante, obviamente de la política de
Defensa, pero también de la política exterior del país. En la medida en que incrementemos la
cooperación           en la región tendremos mejores beneficios para que nuestras capacidades
persuasivas y disuasivas sean mucho más consideradas.
        Por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad para señalar una cuestión que, a mi
juicio, se desprende por sí sola de la intervención de los presidentes de los partidos políticos. En
ese sentido, tanto el Gobierno como la oposición son responsables de la política de defensa. Por
consiguiente, buscar un financiamiento para las Fuerzas Armadas no sólo es un problema de la
Concertación y del Ejecutivo, sino de las fuerzas políticas, que, indudablemente, tienen visiones
distintas, pero en gran medida confían en lo que debería ser una política de Estado en materia de
defensa.
        Muchas gracias.
        El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el general Juan Carlos Salgado.
        El señor SALGADO.- Señor Presidente, adhiero a las felicitaciones por la organización
de este evento. Alguien recordaba que hace muchos años se hacían estas mismas reuniones. Pero
siempre era el mismo grupo de personas que conversaban sobre el tema, por lo cual tenía
visiones bastante comunes. Incluso, según indicó el señor Eduardo Santos, la primera edición del
“Libro de la Defensa” se hizo en forma muy amistosa, a pesar de las circunstancias en que
vivíamos. No sé si será necesario publicar una tercera edición.
Este encuentro es muy importante, porque tiene que ver con los temas específicos de la defensa
que se han tratado en forma parcial o aislada en los últimos años.
        Por ejemplo, el servicio militar obligatorio aparece como un tema de la coyuntura social,
como un resultado del problema del gobierno militar o de la diferencia entre civiles y militares,
es decir, se transforma en un problema político. No se trata de que al Estado o a la nación le haya
interesado el tema del servicio militar como instrumento de la defensa, como un recurso
importante a valorar o a definir en qué términos se hará.
Asimismo, el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas tampoco se ve como un tema de
defensa, pues se piensa que las pensiones son muy altas, que es un sector privilegiado, y que, por
lo tanto, hay que asimilarlas al del sistema de previsión general. Sin duda, los temas se han
tratado en forma parcial, incluso a veces con una perspectiva muy ideologizada, pasando por un
prisma preconcebido. Lo mismo ocurre con la orgánica del Ministerio de Defensa Nacional. No
creo que ese tema sea importante para el país actualmente. O sea, la gente no está sensibilizada
con ese tema ni sabe de qué se trata. El sistema de la defensa nacional, sobre el cual nunca nos
hemos sentado a debatir, es mucho más que eso. O sea, siempre lo vemos en forma parcial.
        Además, las adquisiciones de las Fuerzas Armadas tampoco son un tema visto dentro de
un conjunto. Se analiza porque se comenta que deben hacerse públicas, que debe haber
transparencia y que ojalá haya que comprar en Chile porque hay que mover la empresa. Pero, ése
no es el tema de fondo. El tema es para qué se adquiere el equipamiento, cuál es la necesidad del
Estado de tener cierta capacidad, etcétera, como también la inserción de la mujer en el ámbito de
la defensa. Repito, todos esos temas se han visto de manera unilateral, aislada y muchas veces
sesgadamente. Las Fuerzas Armadas aparecen –ahora puedo decirlo con mucha libertad, porque
estoy en retiro- como las defensoras de cosas indefendibles. O sea, si hoy hablamos sobre la ley
del Cobre, que ha pasado a ser un tema bastante popular, ello no ocurre porque interese saber
nuevamente cómo se financian las Fuerzas Armadas, sino porque hay mil millones de dólares
que hay que usar. No obstante, nadie se ha preguntado si el tema de fondo es otro.
Me agradó mucho lo señalado por el señor Eduardo Santos, con quien no siempre coincido. Esta
vez estoy absolutamente de acuerdo con él en que hay aspectos generales que es necesario
definir antes de hablar del resto de los detalles, porque, de lo contrario, nos perderemos. Todos
dicen que es necesario eliminar la ley del Cobre. En verdad, a lo mejor hay que hacerlo. El
problema es cómo se financia la defensa nacional, que, como se ha manifestado en reiteradas
ocasiones, constituye un tema de Estado y de responsabilidad de todos. Por cierto, ese tema lo
analizamos en horas como éstas. Ésta es la preocupación –digámoslo así- de la defensa nacional.
Por eso, me alegro de que la Comisión de Defensa haya convocado a los presidentes de los
partidos políticos, a los jefes de Estado Mayor de las distintas instituciones, a los expertos en
materia de defensa e, incluso, en la “no defensa”, etcétera. Sin duda, todos pueden opinar. Sin
embargo, desgraciadamente estos temas pasan y, a lo mejor, mañana se nos olvidan y otra vez
estemos pensando qué hacer con los mil millones de dólares que tenemos empozados en un
chanchito, como alguien señaló. Para nosotros es un tema muy interesante, porque nos permite
sacarlo del sector de la defensa. Los militares parecen atrincherados con temas que no son
propios de ellos. Por ejemplo, si el día de mañana el Estado quisiera eliminar el servicio militar
obligatorio, que lo haga, pero que resuelva cómo va a proveer el recurso humano para la defensa
y representado por los poderes que corresponde. El Estado es una entelequia, una cosa que
hemos creado, pues al final de cuentas tiene caras visibles, pues está conformado por el
Ejecutivo, con su Presidente de la República, su ministro de Defensa en este caso, el Congreso
Nacional, sus comisiones, etcétera, y las instituciones de la defensa son el instrumento. Muchas
veces dichas instituciones han aparecido como los evangélicos –no quiero ofender a nadie- que
predican en una esquina y sólo ellos se escuchan.
        Por eso, me alegro de estar presente en este evento, en el cual se han tratado temas muy
relevantes y fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas, porque ese tema compete al Estado.
Seguramente los jefes de Estado Mayor dirán cuáles son las necesidades y las expectativas de las
Fuerzas Armadas, por cuanto tienen una misión que cumplir. No creo que defiendan el tema de
la defensa nacional, porque no es de las Fuerzas Armadas. Repito, hacer público el debate de la
defensa nacional ayuda mucho a encontrar soluciones. Seguramente la solución no va a surgir
hoy ni mañana. Pero, como lo manifestó el diputado Fuentealba, el consenso de los partidos
políticos, los cuales representan la soberanía de que hablaba el señor Eduardo Santos, cualquiera
que sea el mecanismo, la defensa requiere de una previsión para que se financie el bien público
defensa. Ésa es preocupación del Estado representado por sus poderes.
        Muchas gracias.
        El señor HALES (Presidente).- General Salgado, sus palabras contribuyen exactamente
en la línea de este encuentro y ha interpretado claramente el sentido de esta convocatoria.
        Tiene la palabra el señor Juan Carmona.
        El señor CARMOMA.- Señor Presidente, agradezco la invitación que me ha extendido la
Comisión de Defensa.
        Soy reservista naval e instalador eléctrico. Por lo tanto, como no soy especialista en
defensa ni mucho menos, simplemente daré mi opinión como ciudadano. Considero que la
mayor parte de la opinión pública no tiene mucho conocimiento sobre esta materia. Agradezco la
oportunidad de conocer esta situación que se va produciendo en el país y tener una idea en qué se
gastan los recursos que, como no somos especialistas en el tema, sólo nos interesa el buen uso de
ellos.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco
Encina.
                El señor ENCINA.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento la ausencia a este
seminario del presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona. Ignoro las razones por
las cuales no estuvo presente y lamento la situación, porque era importante conocer la opinión de
todos los partidos políticos, si bien es coincidente con la del resto de los partidos de la
Concertación y con la de los candidatos presidenciales de la última elección.
                Si bien el financiamiento de las Fuerzas Armadas es el tema central, no es el único
que debemos considerar en el área de la Defensa. En este punto, coincido con lo señalado por el
general Salgado y por el profesor Santos.
Se ha avanzado en otros temas como el Servicio Militar Obligatorio, modificándolo legalmente.
Hoy, estamos viendo sus frutos, pues hay más voluntarios para realizarlo.
                Debemos tratar el tema con altura de miras, porque la ley reservada del cobre no
sólo tiene que ver con el equipamiento militar, sino que con otros temas. Por eso, no considero
posible derogarla si no tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Defensa distinto del que hoy
existe para analizar los problemas de la Defensa Conjunta, del Comando Conjunto, las
adquisiciones militares a largo plazo, etcétera.
                Las propuestas que han surgido -los presupuestos plurianuales y la visión de la
Defensa a mediano y largo plazo- son fundamentales. Chile ha logrado una madurez para asumir
los temas con una gran visión de Estado. En ese sentido, quiero señalar que la Comisión de
Defensa de la Cámara de Diputados ha conocido mucho antes que la opinión pública temas
relativos a la Defensa y nunca se ha filtrado nada. Las instituciones del Estado han demostrado
una gran responsabilidad para abordar este tipo de temas. Por ejemplo, el Congreso ha actuado
responsablemente en el manejo de las finanzas públicas, la visión macroeconómica, la educación
y la salud.
                La Defensa tiene que estar en ese nivel de discusión, con la participación de la
sociedad civil y de todas las ramas de la Defensa. Entendemos que la seguridad del país depende,
en gran parte, de lo que cada rama haga respecto de la Defensa, que las adquisiciones militares
son absolutamente necesarias y que nadie va a comparar las necesidades de un sector con las de
otro. Nadie puede comparar la Educación o la Salud con la Defensa.
Las necesidades de la Defensa se han cumplido desde el punto de vista de su equipamiento y,
probablemente, seguirá siendo así en el futuro. Debemos avanzar en los temas específicos, como
lo hicimos con el servicio militar obligatorio, por ejemplo, en el financiamiento, donde hay
visiones distintas.
El tema de la ley reservada del cobre o del financiamiento militar tiene que ser abordado en
todos sus aspectos, por ejemplo, el previsional y la profesionalización del Ejército. Llegó la hora
de discutir estos temas y ese fue el propósito de la Comisión para realizar esta jornada.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Marcos Guzmán.
                El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, quiero sorprenderlos un poco. En la
mañana hice un discurso sobre la paz. Ahora, quiero decir que estamos de acuerdo con armarnos,
porque estamos en la mitad de la historia de la humanidad. Todos hemos aprendido que para
defendernos tenemos que armarnos. Sin embargo, debemos apuntar a un objetivo superior: que
no existan armas en el mundo. En eso estamos todos de acuerdo.
En la guerra se quiebra un principio fundamental, la soberanía que tenemos cada uno sobre
nuestra propia vida, porque nos convertimos sólo en un número.
                Hace dieciséis años elaboramos una propuesta concreta para que el mundo se
desarme. A ella han adherido el 53 por ciento de los diputados, el 67 por ciento de los senadores,
siete presidentes latinoamericanos, ochocientas organizaciones no gubernamentales, y se han
reunido ciento diez mil firmas.
                Estamos pidiendo que Chile presente esta propuesta ante las Naciones Unidas para
que el mundo se desarme en forma simultánea. Sólo así no se va a justificar el armarnos.
                Muchas gracias.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Erica Retamal.
                La señora RETAMAL (doña Erica).- Señor Presidente, me sumo a las
felicitaciones por esta jornada, que me ha sorprendido mucho, porque esperaba que fuera más
técnica. Sin embargo, los panelistas han mostrado visiones muy diversas sobre el tema e, incluso,
han dado a conocer visiones filosóficas. De hecho, lo que más me sorprendió fue que un militar
señalara que todo parte de una visión de país para llegar a renovar la ley reservada del cobre.
                A través de la historia, hemos aprendido que Chile se independizó gracias a su
estructura militar, por lo tanto, debemos reconocer la importancia de la Defensa para mantener
nuestra historia como nación. Lamentablemente, este punto se ha visto dañado en el último
tiempo como consecuencia de los episodios en los que nos hemos visto envueltos, razón por la
cual a nuestros hijos les legaremos una relación cívico-militar algo compleja.
Para mejorar esa relación y para que desde la ciudadanía exista una visión distinta del
financiamiento del gasto militar, de manera que sea percibido como un asunto transparente y
positivo, debe existir transparencia de parte de las Fuerzas Armadas y de los demás organismos
con competencia en estas materias y debe educarse a la civilidad respecto de la importancia de
contar con Fuerzas Armadas, de manera que la ciudadanía tenga ganas de contar con ellas, de
que existan, porque son necesarias y porque son un aporte a la Nación.
Ésa es la visión que de estas materias tiene una mujer que es madre y profesional y que mira
estos asuntos desde el punto de vista de la ciudadanía.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Christian Smith, de la Anepe.
El señor SCHMIDT.- Buenas tardes.
Señor Presidente, haré mis comentarios en mi calidad de profesor de la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos, no obstante lo cual, modestamente, también quiero representar
a la Universidad de Los Andes y a la Pontificia Universidad Católica de Chile en este evento.
A partir de una visión económica de estos asuntos, quiero hacer algunas aseveraciones que me
parecen relevantes y luego formularé preguntas que creo que el panel está en condiciones de
responder.
En primer lugar, considero que los problemas de la seguridad y de la defensa nacional son
eminentemente políticos, por lo que involucran un costo de oportunidad que sólo el ente político
del más alto nivel de la República debe resolver, esto es, cuánta mantequilla y cuántos fusiles
necesitamos para satisfacer, ahora y en el futuro, los objetivos de seguridad nacional.
En este sentido, después de escuchar las múltiple ponencias de la mañana, me llama la atención
que haya quienes planteen la derogación de la ley reservada del cobre sin presentar antes un
proyecto de financiamiento alternativo de las Fuerzas Armadas que sea mejor que el existente, lo
cual tiene directa relación con lo que planteé anteriormente respecto de los objetivos de la
seguridad nacional, ahora y en el futuro.
En segundo lugar, me parece que problema que afecta a nuestro país en estas materias, al igual
que a todas las naciones en vías de desarrollo, consiste en que nos cuesta mucho resolver los
problemas que enfrentan las necesidades de de defensa y seguridad nacional con otras
necesidades públicas. Por ejemplo, nos ha costado mucho encontrar una solución limpia, segura
y económica a nuestras necesidades de energía, lo cual ha generado problemas con Argentina a
causa de las dificultades de ese país para suministrarnos gas natural. Es un caso típico que
enfrenta necesidades de seguridad con la estabilidad y el desarrollo del país.
Otro buen ejemplo tiene que ver con un bien público muy preciado por todos, pero que por
mirarlo tanto, no lo vemos. Me refiero a la conservación del patrimonio ambiental, materia
respecto de la cual también hay problemas derivados de nuestras necesidades de defensa y
seguridad nacional. El caso del Parque Pumalín es un buen ejemplo, pues ha sido muy difícil
establecer en él un equilibrio entre el costo marginal social de la defensa, el costo marginal social
de la conservación del patrimonio ambiental y el costo del sector privado.
Si tenemos problemas para resolver en el corto plazo estos problemas, que son contingentes,
cabe preguntarnos si seremos capaces, debido a las coyunturas que enfrentamos, de financiar con
menos recursos las necesidades de defensa y seguridad que tiene ahora el país y las que tendrá en
el futuro.
En definitiva, ¿seremos capaces de distinguir cuál es el costo social de defensa, que es más alto
que el costo privado? Si no somos capaces, el país tendrá menos defensa que la que demandan
sus necesidades de desarrollo.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Fidel Antonio Díaz.
El señor DIAZ.- Buenas tardes.
Señor Presidente quiero felicitar a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por haber
organizado este evento, ya que permite que militares y civiles podamos discutir abiertamente en
qué se invierten los recursos que el Estado destina a las Fuerzas Armadas.
Soy un trabajador común y corriente que vive de su salario y que interviene en este evento para,
en primer lugar, hacer una solicitud formal respecto de quienes son garantes de nuestra sociedad,
las Fuerzas Armadas. Quiero aprovechar la coyuntura histórica que se nos presenta para pedir
que se modifique el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas. No lo planteo como una crítica
ideológica, sino a partir de la percepción que de estas materias tiene el ciudadano común y
corriente. Con todo el respeto que me merecen los uniformados, me parece que su sistema
previsional es vergonzoso, si consideramos que hoy se discute la posibilidad de aumentar la edad
de jubilación de las mujeres y que las pensiones del resto de los chilenos son muy bajas.
Se trata de un problema de país y, como tal, se requiere la colaboración de todos nosotros para
encontrarle solución. Todos debemos aportar nuestro grano de arena para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del país, de manera que todos contemos con un sistema
previsional que nos garantice una pensión digna que nos permita vivir la vejez como
corresponde. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.
En segundo lugar, quiero manifestar que si bien es cierto la posibilidad de derogar la ley
reservada del cobre aún está en el tapete de la discusión, me parece que hay cierto consenso en la
necesidad de buscar un sistema de financiamiento que garantice que las Fuerzas Armadas
cuenten con los recursos que corresponde y un mecanismo que permita aprovechar los
excedentes del cobre en beneficio de todos los ciudadanos.
Una sociedad no saca nada con tener buena infraestructura y buenos equipos de defensa si sus
ciudadanos están enfermos. Y la ciudadanía se enferma cuando hay injusticia social, cuando no
se satisfacen sus necesidades básicas. Si no enfrentamos esta realidad, así como tuvimos
problemas ayer, los tendremos mañana.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Dafne Díaz.
La señora DIAZ (doña Dafne).- Buenas tardes.
Señor Presidente, soy alumna del magíster 2006 de la Anepe y agradezco que nos hayan invitado
a participar en este evento. Es muy interesante escuchar visiones civiles y militares, ya sea
convergentes o divergentes. Eso es muy enriquecedor para nosotros.
        Para hacer un resumen de lo que hemos podido observar en esta tertulia sobre las
observaciones civiles, se ha tocado el tema de la transparencia en la asignación de los recursos,
dado que es una ley reservada, y de su rigidez en cuanto a los tres tercios, por la poca flexibilidad
que presenta.
        Por otro lado, tenemos la asignación de recursos. Soy ingeniera de profesión y me llama
mucho la atención de que si voy a generar un cambio en una institución o en una organización
donde hay políticas que han sido institucionales durante años, a mí me cuesta el puesto si digo
que la quiero cambiar y no digo cómo.
                No es un tirón de orejas, sino un llamado de atención a los políticos y al grado de
responsabilidad que esto presenta.
                Finalmente, la defensa es de todos los chilenos, ya sea de izquierda, de centro y de
derecha.
                Por ahí escuché que para algunos sectores era una piedra en el zapato. Yo creo que
no. La Defensa nos toca a todos los chilenos.
                Gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Armen Kouyoumdjian.
                El señor KOUYOUMDJIAN.- Señor Presidente, creo que soy el único extranjero
presente y voy a señalar algunos puntos de vista externos.
                En primer lugar, con relación con lo que han dicho muchos de los exponentes,
antes de demoler la casa donde se vive hay que asegurarse que se está construyendo una mejor;
de lo contrario, no vale la pena hacerlo.
                Después de escuchar a varias personas, me temo que hay una visión idealista en
cuando a la derogación de la ley del Cobre, como un comité de sabios expertos en defensa sin
ningún compromiso ni con los partidos ni con el Presidente o Presidenta de turno ni sujetos a
incentivos indecorosos -para usar un eufemismo-, y esa gente va a tomar en forma independiente
-palabra que mi experiencia en Chile no quiere decir mucho- una decisión para los próximos diez
o veinte años y que van a respetar todos los gobiernos venideros.
                Creo que eso es una quimera. La experiencia internacional indica que los países
que financian sus gastos de defensa a través de sus presupuestos normales tienen grandes
problemas. Se producen disputas tremendas entre las instituciones armadas por el dinero
disponible y los programas tardan años en concretarse.
                Entonces, hay que estar muy seguro que se planifica algo que es mejor que lo
existente, que tiene sus imperfecciones, pero por lo menos tiene cierta trayectoria.
                En segundo lugar, quiero hablar sobre el gasto en general. Hace algunos años un
analista aburrido del Fondo Monetario decidió que Chile tenía un problema presupuestario y
sacó un informe que hizo mucho ruido, particularmente en Hacienda, diciendo que el gasto
público de Chile no era transparente porque no estaba el Banco Central, la ley del Cobre y un par
de otras cosas, y eso afectó a los ministros de Hacienda de turno que decidieron que ellos iban a
tomar las riendas de la defensoría, porque como saben todos ustedes quien toma las decisiones en
gasto de defensa no es la Corte Suprema ni la ministra de Defensa, sino el ministro de Hacienda
con el director de Presupuestos.
                Trabajé 20 años en la city de Londres dedicándome a asesorar gente que invertía y
prestaba a América Latina, y un país que tiene su presupuesto equilibrado, como ha sido el caso
de Chile en los últimos 15 años, no importa si el superávit es 1 ó 5 por ciento. No hay ningún
premio para tener un superávit de 5 por ciento del PIB. Basta que esté equilibrado.
                Así que cuando la gente de Hacienda dice que si hacen tal cosa va a afectar la
imagen de riesgo país, no es cierto. Eso lo digo con 20 años de experiencia en el otro lado de la
frontera.
                Gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Domingo Zamora,
dirigente del cobre.
                El señor ZAMORA.- Señor Presidente, no puedo decir gracias por la invitación,
porque no fuimos invitados, pero aquí estamos.
                El señor HALES (Presidente).- Y aquí está hablando con todo derecho, sin
censura alguna.
                El señor ZAMORA.- Gracias, señor Presidente.
Ésta debe ser una de las pocas posibilidades que tenemos para dar a conocer nuestra opinión los
16 mil trabajadores de las cinco divisiones de Codelco, que producen el dinero mal llamado de la
ley reservada del Cobre, y digo mal llamado porque la verdad es que ésta no es la ley reservada
del Cobre, sino la ley reservada de Codelco o para Codelco.
                Les pregunto, ¿La Escondida da dinero del cobre al país? Allá en la City no se
discute eso; se habla de otras cosas.
                Voy a dar lectura a parte del documento denominado II Propuesta Nacional de los
Trabajadores del Cobre para el Futuro de Codelco-Chile. Es el resultado de un análisis que los
trabajares del cobre de Chile, agrupados en 25 sindicatos y 120 dirigentes sindicales a nivel
nacional, discutieron durante meses, y en el último congreso realizado en la ciudad de La Serena,
en abril pasado, fue sancionado como política de los trabajadores del cobre para el futuro de
Codelco.
                Este documento fue entregado el 11 de julio, día de la nacionalización del cobre
en Chile a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Una semana después al
presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a todas las bancadas de los
partidos políticos representados en el Parlamento y -con esto quiero diferir con las palabras
recién señaladas sobre los rectores de las universidades- también al rector de la Universidad de
Chile, al rector de la Universidad de Santiago, a la Conferencia Episcopal, a la Cepal, es decir, a
un sinnúmero de organizaciones e instituciones políticas, morales, económicas y sociales del
país. Todos nos han señalado que las proposiciones son interesantes. También lo entregamos a
las ministras de Minería y de Defensa. Aquí veo algunos miembros de la comisión presidencial
sobre el tema de la reforma o derogación de la ley reservada del Cobre.
                En la página 40 del referido documento señalamos lo siguiente: “Reiteramos
nuestra propuesta realizada en 1994, orientada a la eliminación de la ley Nº 13.196, que grava a
Codelco con el pago de un 10 por ciento de las exportaciones para el financiamiento de gastos
reservados de las FF.AA.”
                “Esta obligación discriminatoria, impacta negativamente, por lo que resulta
necesario resolver el problema de financiamiento de las FF.AA., por la vía de un mecanismo
presupuestario nacional, atendiendo los requerimientos sociales del país y una necesaria política
de defensa transparente y con un horizonte a largo plazo.” Nos interesa la gestión financiera y
política de inversiones de la Corporación, especialmente en su internacionalización. No nos
olvidemos que estoy hablando de 16 mil trabajadores de planta, pero tenemos 38 mil de
empresas externas; es una forma soterrada de privatizar la empresa, pero ninguno de los
presentes, y de los ausentes, vaya a pensar que se va a reprivatizar porque Codelco seguirá
siendo ciento por ciento chilena, ya que es un negocio sustentable en el tiempo, con eficiencia,
transparencia, responsabilidad y competitividad, y los trabajadores nos comprometemos en este
documento a hacerla la mejor de Chile. Ya exhibe los más altos niveles de responsabilidad
social, no como el vocero de los grandes empresarios de Chile señala que es el líder, donde hay
136 denuncias ante la Dirección del Trabajo por prácticas antisindicales; Codelco es y será la
mejor empresa para trabajar en nuestro país y seguirá estando en manos estatales.
                “Asimismo, debe derogársele el impuesto adicional del 40 por ciento que grava
sus rentas”, que constituye la subsistencia de un tributo que -a propósito- ya ha sido derogado en
el sistema tributario nacional de las empresas privadas. Lo que tienen las empresas privadas
queremos que lo tenga Codelco.
                Quiero terminar diciendo que no tengo ejemplares para todos los asistentes. Esta
es una propuesta que plantea en 60 páginas el futuro de esta empresa –la más rentable del país-.
Por otra parte, quiero señalar que el año pasado no fuimos invitados a un seminario organizado
por la Sociedad de Fomento Fabril que agrupa a los grandes empresarios de Chile, cuyo título era
“Cómo gastar las platas del royalty”.
Y nosotros, que somos los trabajadores que producimos el royalty, no sabemos cómo gastar esas
platas. Lo que sabemos es cómo no gastarlas. No hay que malgastarlas.
                El mal llamado royalty, porque es un impuesto específico a la gran minería del
cobre, debe ser una realidad y nosotros seguimos pensando a corto plazo. Hoy día Codelco está
endeudado en 4.500 millones de dólares. Si bien es cierto que es una empresa que vale 26 mil
millones de dólares, no queremos seguir hipotecando esta empresa que es de todos los chilenos.
Al respecto, pedimos encarecidamente a las autoridades del Poder Legislativo y también del
Ejecutivo que para el futuro escuchen la voz de los trabajadores del cobre que no solamente
extraen y explotan el cobre en Chile, sino que también piensan.
Gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Adrián Pineda.
El señor PINEDA.- Soy estudiante del Magíster 06 de la Academia Nacional de Estudios
Políticos y, por lo tanto, compañero de Dafne.
Más que hacer preguntas, porque como esto está recién está en proceso de reformulación,
solamente caben cuestionamientos propios. Creo que en algún momento se va a llegar a una
gran conclusión. Pero sí voy hacer un comentario que nace de mi juventud. Tengo 26 años y
trabajo en varias partes. Aparte de ser estudiante, tuve la oportunidad de estudiar en la
Universidad de Concepción, trabajar en comunidades sociales, viajar por varias partes de Chile y
en el extranjero, sobre todo por países en vecinos.
Después de haber estudiado el libro de la Defensa, a juicio personal, me dio la impresión de que
algunos capítulos se hicieron solamente por cumplir. En comparación con los libros de la
Defensa del Perú, de la Argentina y el que se estaba haciendo en Bolivia con asesoría de personal
chileno, pienso que nosotros seguimos con el mismo problema histórico: el chilenismo que nos
hace poner las cosas no con su nombre, sino con otras formas. ¿A qué voy con esto? Que si
uno revisa los libros de historia y las políticas de Defensa que tienen otros países vecinos,
señalan una animadversión contra nosotros. Eso no lo enfoco dentro de la comunidad en general,
sino que dentro las direcciones políticas o las malas dirigencias políticas y administrativas. Ellas
tienen una buena forma de controlar a las masas y a la población con políticas falsas y
manipulación de la misma información.
El tema de la Defensa lo abordé no como un militar desde el momento que entra a su escuela
matriz a formarse ni como lo hacen los políticos, que cumplen con una representación popular, o
en el caso suyo como presidente de una Comisión. En el caso mío fue una cosa de salir de un
tema que estaba satanizado por mucho tiempo.
Cuando hablamos de financiar la Defensa, el primer financiamiento es a través de la educación y
eso significa información. Nosotros lo enfocamos en la misma escuela donde hoy no se enseña
educación cívica, y ahí nos piden que estos temas no los hablemos porque la política, la religión
y el fútbol son un problema.
Considerando que después de los cartagineses estamos nosotros –como dice un profesor- y para
que sepan a qué me podría referir con esto, es que a veces no tenemos la condición política
idónea, que siempre estamos obedeciendo a los favores y no a las voluntades.
Aquí he escuchado los comentarios de todos los presidentes de todos los partidos políticos,
excepto el del Partido Socialista, del cual soy militante desde mi juventud. Me parece terrible no
haber visto al presidente de ese partido acá, porque considero que es fiel representante de la
opinión de la comunidad y voz autorizada.
He escuchado muchos comentarios en donde no se ha visto el tema de la sustentabilidad. En mi
calidad de joven, y como muchos más, pido que las cosas se hablen por su nombre. Y eso no lo
encontramos en las políticas de Defensa ni tampoco en los debates. Hoy a ratos sí, pero nunca
se sabe qué están diciendo las instituciones. Denantes mi compañera Dafne señaló un tema muy
puntual, que es la distribución de los tercios. Si hablamos de la diversidad que hay en Chile, de
las Fuerzas Armadas como una subinstitución de una macroinstitución, que es el Estado y el
Gobierno de Chile, hay cosas muy distintas.
Bueno, era solamente un comentario para precisar bien los roles que estamos jugando y decir las
cosas por su nombre en toda política y estamento en que se esté trabajando.
Gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Álvaro Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ.- Primero que nada quiero felicitar al diputado Patricio Hales. Cuando
uno va a la universidad y le enseñan el equilibrio de poderes en Derecho Constitucional, cuesta
un poco entenderlo, pero cuando uno está sentado acá se da cuenta de eso.
Uno siempre ve en las películas estas audiencias fabulosas del Congreso americano donde están
estos generales sentados y aquí en Chile todavía falta que la clase política y la sociedad civil se
empiecen a interesar más en el tema de Defensa. En ese sentido quiero valorar más la gestión
del diputado Patricio Hales y me voy a referir a lo que se refirió José Higueras, un amigo que
tocó en la mañana el tema de la transparencia.
 Creo que la palabra transparencia es un poco fuerte. Por la naturaleza del ordenamiento
jurídico chileno hablaría más bien de rendición de cuentas, porque la institución que en Estados
Unidos es la GAO, Goberment Accountability Office, depende del Congreso. Acá en Chile la
Contraloría no tiene ninguna relación directa con el Congreso. Por lo tanto, entre pedir a la
Contraloría que tenga alguna injerencia en los temas de transparencia de Defensa o al Congreso,
prefiero a este último. Desde la Constitución de 1833, ya Diego Portales, el inspirador, aun
cuando no la escribió, fue él quien le dio al Congreso la definición por ley de las fuerzas de mar
y tierra. En esa época no había Fuerza Aérea. Por eso creo que el Congreso sería como el
conductor ideal de esta situación.
Para terminar quisiera volver a referirme a don Patricio Hales. Creo que él no es sólo el único
político, sino el único civil al que yo le he escuchado preocupación porque al general Cheyre en
los años 60 le entregaron un par de botas usadas cuando entró a la Escuela Militar. Creo que él
ha demostrado objetividad y una sensibilidad hacia el mundo militar que es muy valorable.
Gracias.
-Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Sandra Ramírez.
La señora RAMIREZ.- Soy ingeniera y postulante a magíster en Defensa. Hemos estado todos
de acuerdo, desde esta mañana y a partir de ahora, que la Defensa en seguridad es
responsabilidad de todos chilenos, aunque durante el último tiempo sólo ha sido tarea de las
Fuerzas Armadas. Mi observación es que después las criticamos de la manera como se ha hecho
acá.
                En segundo lugar, las Fuerzas Armadas y la seguridad y defensa del país deben
analizarse para conservar los objetivos nacionales permanentes, los cuales se encuentran en
nuestra Carta Fundamental y no han sido mencionados en todos los paneles que he visto hasta
ahora.
                A partir de ello, debemos definir qué Fuerzas Armadas queremos tener, ad portas
del tercer milenio, y qué nivel disuasivo para que Chile siga siendo y manteniéndose en el
concierto internacional como hasta hoy.
                Por ello, al definir si mantenemos, modificamos o derogamos la ley del cobre,
debemos analizar bien como vamos a resguardar nuestros objetivos nacionales permanentes y
qué capacidad disuasiva vamos a tener como país.
                Gracias.
                El señor HALES (Presidente).- Se suspende la sesión por 30 minutos.
                -Transcurrido el tiempo de suspensión:


                    PANEL DE CIERRE.

El señor HALES (Presidente).- Corresponde dar inicio al Panel de cierre.
                Participan el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división
Alfredo Ewing; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contralmirante Sergio Robinson,
y el director de Operaciones Generales de la Fuerza Aérea, general Iván Fabri.
Hago presente que este panel será clausurado por la ministra de Defensa Nacional, señora
Vivianne Blanlot
En nombre de la Comisión de Defensa Nacional, quiero destacar y agradecer la presencia del
comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta.
                La Cámara de Diputados, a la que asiste un gran interés de Patria, se siente
honrada con su participación en este debate sobre Compras Militares, Ley del Cobre y
Transparencia.
                -Aplausos.
                Comenzará el panel de cierre el jefe del Estado Mayor General de la Armada,
contralmirante Sergio Robinson.
                El señor ROBINSON (Jefe del Estado Mayor de la Armada).- Buenas tardes.
                En beneficio del tiempo, me permitiré leer un escrito en el que preparé nuestra
visión respecto de los temas tratados en este debate.
                Para comenzar, quiero destacar lo positivo que nos parece que se debata sobre
aspectos relevantes de la defensa de nuestro país. Como afortunadamente hemos vivido por más
de un siglo sin tener que haber enfrentado guerras externas, la discusión sobre los temas que la
atañen a veces se ha postergado, lo que crea la equivocada percepción de que no existe interés en
ella por parte de la sociedad y que se ha reservado su análisis a los militares. Hoy, vemos que
esto no es así. No sólo hemos apreciado mucho interés y conocimiento, sino, también, excelentes
y fundamentadas ideas para ayudarla a ser más eficiente. En nuestra condición de marino, este
interés estimula nuestro actuar.
                En esta oportunidad, mostraré desde nuestra perspectiva por qué se cree necesario
invertir recursos en la defensa, particularmente en equipar y mantener lo que conocemos como la
Marina de todos los chilenos.
                Vivimos en un mundo globalizado, complejo e interdependiente. Estamos en
presencia de una realidad que se encuentra en permanente cambio. Las relaciones entre los
actores internacionales se han dinamizado y estimulan la participación de los Estados y otras
entidades. Nuevos actores entran en juego en la disputa por el poder, ocupando espacios que
habitualmente estaban reservados a los Estados-Nación.
                Una mirada realista al mundo globalizado actual nos permite observar el
surgimiento de amenazas que pueden golpear con inusitada violencia, afectando la seguridad de
las personas, sin importar ya su ubicación geográfica.
                La apertura de nuestra economía nos ha convertido en actores del proceso de
globalización, del cual estamos obteniendo importantes beneficios, pero también nos ha obligado
a asumir responsabilidades en el contexto de la seguridad internacional. Por ello, Chile pone
énfasis en la promoción de la paz y la seguridad internacional, asignando especial importancia a
la estabilidad. Está consciente que de ésta depende en gran parte el propio desarrollo.
                Antiguas amenazas, revitalizadas por consideraciones religiosas, de nacionalismos
extremos o de visiones culturales excluyentes, se unen a otras tales como el terrorismo, el
narcotráfico, el crimen organizado, la piratería, el tráfico ilícito de armas de destrucción masiva,
la pobreza endémica, la ingobernabilidad, la corrupción, la depredación de los recursos
pesqueros, la contaminación del medio ambiente, el deterioro de las condiciones
socioeconómicas, la migración no deseada de personas, marcando fuertemente y haciendo más
compleja la agenda de seguridad internacional. Es posible que algunas de éstas, por sí solas, no
afecten directamente nuestra seguridad, pero la conjunción de ellas puede, ciertamente,
convertirlas en amenazas comunes a toda la sociedad internacional, afectando con ello la propia.
La interdependencia entre los Estados nunca ha sido más clara y compleja.
                La naturaleza de estas amenazas requiere, para su contención y eventual
erradicación, de acciones que van más allá de lo estrictamente militar nacional; es necesaria la
acción mancomunada de la sociedad internacional, en un esfuerzo amplio, flexible y duradero.
                 Chile necesita de un entorno global en paz y estable para asegurar su desarrollo,
por lo que la cooperación con los demás países se hace tan necesaria como vital. Es evidente que
por sí solo no puede proteger su comercio internacional, mayoritariamente marítimo. Al formar
parte de una sociedad internacional comprometida con el libre comercio, la estabilidad y la paz,
lo puede lograr.
                 Como dato ilustrativo, quiero señalar que, según las estadísticas que manejamos,
en tonelaje, el 77 por ciento de las mercaderías que transa nuestro comercio exterior se mueve
por mar, y su valor económico que hasta antes del alza de los combustibles y del cobre equivalía
al 44 por ciento de nuestro PIB, ahora sobrepasa el 50 por ciento. Mares inseguros, en los cuales
no esté asegurada la llegada de los cargamentos a sus puertos de destino, pueden tener fatales
consecuencias para nuestra economía.
                 La pieza clave por la cual se garantiza la consolidación de nuestro desarrollo
socioeconómico, es contar con una política de defensa de carácter disuasivo, es decir, crear en
los potenciales adversarios el convencimiento de que los costos de emprender alguna acción en
nuestra contra podrían ser mayores que los beneficios que esperan obtener.
                 Para que la disuasión sea efectiva, se requiere contar con fuerzas debidamente
equipadas, con reconocido nivel de entrenamiento y con la percepción del eventual oponente o
adversario de que existe voluntad para emplearlas, si es necesario.
                 Nuestro “Proyecto País” requiere la contribución de todos. Consciente de ello, la
Armada desarrollo la “Estrategia de los tres vectores”. Esta visión está condicionada por nuestros
objetivos nacionales, por nuestra política exterior, por nuestro modelo económico y por nuestra
condición esencialmente marítima. Contempla la participación de la Armada en todos aquellos
ámbitos en que los intereses y la seguridad nacional así lo demanden.
                 El primer vector lo constituye la Defensa Nacional. En este ámbito, la Armada
actúa en conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea, con el fin primordial de proteger nuestro
territorio, a sus ciudadanos, sus bienes y sus derechos, en caso de agresión o amenaza. Desde
esta perspectiva, la Armada contribuye a la seguridad integral de Chile, en la consolidación de un
entorno estable y pacífico, requisitos fundamentales para nuestro desarrollo socioeconómico.
Bajo este prisma, las funciones principales de la Armada son: el resguardo de la soberanía
territorial, la protección de nuestros intereses nacionales, la contribución a la mantención de un
nivel adecuado de disuasión, el manejo exitoso de situaciones de crisis y la contención y
enfrentamiento de conflictos de baja, mediana y alta intensidad que afecten la seguridad de
nuestro país. Este vector es de naturaleza conjunta. Está presente en tiempo de paz y de guerra y
abarca todo el territorio jurisdiccional en resguardo de la soberanía.
                 En caso de guerra, su objetivo principal consiste en lograr el control del mar, con
la intención de utilizarlo en beneficio propio y, al mismo tiempo, de negárselo al enemigo.
                 El segundo vector es el marítimo. La Armada tiene bajo su responsabilidad, por
delegación del Estado, el fomento y la protección de los intereses marítimos de nuestro país, para
lo cual promueve el uso y la explotación racional del potencial económico, turístico y deportivo
de nuestro mar. Asimismo, por la naturaleza del mismo, en este vector cabe la incesante
actividad que la Armada realiza al apoyar a los habitantes de zonas aisladas con ayuda médica y
transporte marítimo. Participa en la investigación científica marina, elabora la cartografía náutica
y mantiene presencia en la Antártica.
                 En este vector, la Armada actúa a través de los medios de las distintas zonas
navales a lo largo del país. Para operaciones mar afuera y en especial en la vigilancia y control
de nuestros intereses antárticos e insulares, como la Isla de Juan Fernández e Isla de Pascua, esta
organización requiere el apoyo de las unidades con capacidad oceánica de la flota. También
actúa estrechamente coordinada con otras agencias del Estado, abarcando todos los espacios
marítimos jurisdiccionales y de alta mar donde Chile tiene intereses que deben ser resguardados
y hay compromisos que cumplir.
                Este vector busca contribuir al desarrollo nacional, asegurando la protección de
los recursos vivos y renovables, protegiendo el diverso y delicado medio ambiente marino,
haciendo cumplir las leyes del Estado de Chile y de los convenios internacionales suscritos en
materias de ámbito marítimo en los casi 30 millones de kilómetros cuadrados entregados a
nuestra responsabilidad, dentro de los cuales la principal obligación es la mantención de la
seguridad de la vida humana en el mar.
                El tercer vector de nuestra estrategia es el internacional, en donde la Armada
constituye una proyección del poder nacional desde y en el mar y una herramienta que
contribuye a la política exterior de Chile. En este ámbito, la Armada actúa de manera combinada,
junto a otros países, en operaciones multinacionales, con el objeto final de conservar la paz y la
estabilidad del sistema internacional, coadyuvando al libre y seguro tránsito de las personas y
bienes a través del mar.
                La participación en ejercicios multinacionales, como Rimpac, Panamax,
Teamwork South, Marcot, Viekaren y Unitas, nos preparan para actuar en conjunto con otras
marinas dondequiera que sea requerido, refuerzan nuestro compromiso con la seguridad
internacional y, al mismo tiempo, consolidan nuestro prestigio como una Armada de “Aguas
Azules”; es decir, nos ubican entre aquellas marinas capacitadas para operar con efectividad por
prolongados períodos de tiempo en la “alta mar”, alejada de sus puertos base.
                También, en este vector se fundamenta su actuar, junto al Ejército y la Fuerza
Aérea, al integrar fuerzas multinacionales en el contexto de operaciones de paz para hacer
cumplir o supervigilar mandatos de las Naciones Unidas. Este es el caso de lo que actualmente se
realiza en Haití y Chipre.
                Este vector apunta hacia la cooperación y reserva del uso de la fuerza en casos
extremos en donde los intereses nacionales de la soberanía se vean directa y gravemente
amenazados.
                En resumen, por esta visión tridimensional la Armada prevé su accionar en tres
tipos de escenarios: un ámbito nacional propiamente naval y marítimo, en el cual actúa en forma
independiente, de acuerdo con sus doctrinas; un ámbito nacional conjunto, asociado a la defensa
del territorio nacional en el marco de una doctrina que priorice la sinergia entre las fuerzas de
aire, mar y tierra, y un ámbito internacional, conjunto y combinado, de operación con fuerzas
extranjeras.
                Un punto clave en nuestra estrategia es el hecho de que sostenemos que las
Fuerzas Armadas, particularmente la Armada, son instrumentos que no se agotan en la defensa
del territorio nacional, sino que, en un mundo global, constituyen instrumentos activos de la
presencia y de la acción internacional del Estado. En consecuencia, deben estar en condiciones
de concurrir a la promoción y defensa de los intereses nacionales, dondequiera que se
encuentren. Para ello, deben estar equipadas convenientemente y ser operadas con propiedad.
                La implementación de esta estrategia requiere del desarrollo de fuerzas acordes
con las tareas que de ella derivan y es en este contexto en donde se sitúan nuestros planes de
renovación de la flota de superficie, el reemplazo paulatino de nuestra fuerza de submarinos, el
desarrollo de una capacidad de proyección anfibia limitada pero eficaz, el desarrollo de un
conjunto de unidades de superficie y de exploración aeromarítima para la protección de nuestros
intereses marítimos, desde nuestras aguas interiores y hasta donde ellos se encuentren.
                Estamos conscientes de que la tecnología que se asocia al desarrollo de nuevas
capacidades es, por lo general, una tecnología de punta que no acepta sustitutos si se requiere
operar con eficacia, lo que, a la postre, significa una fuerte inversión de recursos.
                Pero no sólo las unidades, sistemas de armas o equipos son materia de nuestra
preocupación. También lo son el desarrollo y la profesionalización de quienes deben operarlos
con eficiencia. La participación de fuerzas navales en actividades que cubren el amplio espectro
que va desde la defensa armada de la soberanía a actividades de promoción de la paz, la
seguridad y la estabilidad internacional, roles de los que no se pueden sustraer las Fuerzas
Armadas actuales, requieren de un especial esfuerzo en la instrucción y el entrenamiento de las
tripulaciones, a fin de dotarlos de la capacidad profesional y flexibilidad necesarias para
adaptarse en forma eficiente y eficaz a diversas situaciones operativas de diferente naturaleza.
Ello también requiere de importantes recursos que, tratándose de educación e instrucción en
nuevas tecnologías, significan a la postre una inversión en beneficio del desarrollo nacional.
                Todo lo anterior no se logra de la noche a la mañana. Las capacidades militares
demoran años en obtenerse. En el intertanto, hay que seguir operando y manteniendo el
material que se reemplazará. No basta con adquirir los equipos y sistemas; hay que aprender a
operarlos y para ello requiere de flujos financieros definidos en el tiempo y de detallados y
completos planes para la correcta y oportuna inversión de éstos. Estos planes nos han permitido,
por una parte, mantener una capacidad de disuasión efectiva, y por otra, priorizar las múltiples
necesidades y sugerir las iniciativas de inversión para que éstas se realicen oportunamente con
eficacia y eficiencia.
                Espero en estas breves ideas, haber explicado sucintamente por qué creemos
necesario que Chile cuente con una Armada moderna y eficaz. Ello, sin duda, significa una carga
nada despreciable al erario, pero reditúa en la contribución que la Armada hace a la defensa del
país, a nuestra política exterior, al mejor desarrollo de las zonas aisladas, en las cuales se puedan
usar libremente y con seguridad los espacios marítimos chilenos, y en que nuestro comercio
exterior pueda ir y venir por mar desde y hacia cualquier puerto del mundo.
                Los marinos estamos conscientes del esfuerzo que el país hace para que la
Armada cuente con los recursos que requiere para su desarrollo y operatividad. Por ello, nos
esmeramos en usarlos sobre la base de meditados plantes, con eficacia, con eficiencia, con
probidad y con transparencia. Asimismo, estamos y estaremos siempre dispuestos a mejorar
nuestros planes, procesos y procedimientos, a fin de conseguir más eficacia, más eficiencia y
más transparencia.
                Agradezco nuevamente esta oportunidad para hablar sobre estos temas y su
paciencia para escucharme.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
                El señor HALES (Presidente).- Tiene la palabra el general de la Fuerza Aérea,
señor Iván Fabri.
                El señor FABRI (General de la Fuerza Aérea).- Señor Presidente, agradezco
nuevamente la oportunidad de hablar, principalmente, respecto del número 3 del temario: “¿Por
qué se necesitan los recursos?”. Para ello, daré a conocer en forma muy rápida, atendido el poco
tiempo de que disponemos, los aspectos políticos y estratégicos que más o menos orientan a la
institución. Posteriormente, entregará una visión acerca de cómo la Fuerza Aérea de Chile
contribuye a lograr lo que solicita el nivel superior al institucional y, por último, daré cuenta de
algunas conclusiones.
                En primer lugar, la teoría del poder aeroespacial plantea que desde los inicios de
la civilización siempre ha existido la intención de dominar las alturas.
                El dominio del aeroespacio permite dominar la superficie, puesto que posibilita
golpear cuándo, dónde y cómo se requiera, paralizar al adversario e imponer la voluntad, que es
el fin último del empleo de las fuerzas armadas.
                En cuanto a la relación entre el proceso político internacional y el poder
aeroespacial en el ámbito de las relaciones internacionales, cabe señalar que hasta 1990
preponderaba el realismo político. Vivíamos en un período de guerra fría, de contención de los
diferentes conflictos, porque cada potencia –al igual que las naciones que eran proclives a uno u
otro bando- sabía que un conflicto de baja intensidad podía escalar y llegar a convertirse en una
guerra nuclear.
                En esa época la fuerza aérea opera como arma independiente para el desarrollo de
la guerra aérea –no tenía mayor relación con las otras fuerzas- y el poder aéreo se consagra como
el arma primaria para el empleo del arma nuclear.
                Con posterioridad a 1990, año en que se produjo la Guerra del Golfo, cambió esa
percepción y comenzó a imperar la tendencia al idealismo político; acabó el enfrentamiento que
existía entre Este y Oeste, lo que influyó en la pérdida de relevancia del instrumento militar.
Como consecuencia de lo anterior, en muchos países se redujo la inversión en armamentos. Los
presupuestos de defensa descendieron y disminuyó su impacto en la discusión política; los temas
militares dejaron de ser relevantes en los procesos políticos. Sin embargo, se produjo algo
completamente controversial -no se dio el ideal esperado-: aumentaron los conflictos armados
regionales de baja intensidad y se produjo la ausencia de mecanismos efectivos de intervención.
Como dejaron de existir las dos superpotencias que controlaban todo, se generó anarquía en cada
uno de esos conflictos.
                Por su parte, el poder aeroespacial se tornó esencial para la decisión de los
conflictos armados. En la Guerra del Golfo se observaron las repercusiones que tuvo el uso del
poder aéreo.
                Los avances tecnológicos masifican la operación en todo tiempo y la precisión en
el uso del armamento. Se inició una etapa de mejoramiento de la tecnología, que permitió hacer
muy preciso el poder aéreo.
                La precisión alcanzada en ese ámbito cambió la relación masa en beneficio de la
calidad y permitió minimizar los daños colaterales.
Al efectuar una comparación de la cantidad de armamento que se requería para asegurar el
noventa por ciento de efectividad para destruir un blanco, se observa que en la segunda guerra
mundial se requerían alrededor de 8 mil bombas, en la guerra de Vietnam aproximadamente 200
bombas y en la guerra del Golfo se necesitaba sólo una. O sea, se produjo un cambio realmente
dramático en la precisión y en el comportamiento del poder aéreo.
                Después de 2000 se retornó al realismo político o al neorrealismo. Estados Unidos
se consolidó definitivamente como potencia hegemónica -empieza a aplicar el poder que tiene- y
se observó un respaldo efectivo a las resoluciones de la ONU, así como el aumento de la
contención de los conflictos armados y la tendencia a la seguridad colectiva y a la obligatoriedad
de dar cumplimiento a lo establecido en el derecho internacional de conflicto armado.
                ¿Cómo afectó lo anterior a la fuerza aérea? El poder aeroespacial adquirió un rol
relevante en la disuasión. Se consolidó la integración de medios aéreos en los teatros de
maniobras conjuntas y combinadas. De hecho, no concebimos a la fuerza aérea si no opera con
el resto de las fuerzas armadas, específicamente con el Ejército y la Armada.
                 Los esfuerzos aéreos combinados exigen interoperatividad, con equipamientos de
última generación, de manera que comenzó a aumentar el costo del empleo del poder aéreo. La
actualización del poder aeroespacial y la mantención de tecnología de punta implica elevados
costos.
                 La Fuerza Aérea de Chile ha observado y estudiado lo sucedido en su contexto y
ha definido la forma en que debe funcionar y desarrollarse para cumplir con lo que establece la
Constitución Política y con lo que dispone su nivel superior.
                 La misión principal de la Fuerza Aérea es defender la República de Chile, pero
eso ha derivado en un par de tareas que se han transformado en permanentes: el apoyo de la
política exterior y la contribución de su proyección internacional, para lo cual se requiere
interactuar con la comunidad internacional, en beneficio del desarrollo y el bienestar del país.
                 Esas dos tareas -las cuales para más de alguien tal vez podrían no tener relación
con la defensa de la república- están dentro de las actividades que contempla el Ministerio de
Defensa.
                 La Fuerza Aérea de Chile es un instrumento de la política nacional capaz de
disuadir, aspecto que para nosotros es realmente importante, porque debemos tener una disuasión
creíble, y al momento de ser empleada debe tener la capacidad de de ser exitosa, en otras
palabras, de vencer.
                 Al igual que la Armada -con su estrategia de tres vectores- tenemos una tarea en el
ámbito mundial, para lo cual debemos integrarnos con fuerzas multinacionales y con equipos de
desarrollo aeronáutico, en una tarea de cooperación entre las distintas fuerzas aéreas.
                 En consecuencia, en el ámbito vecinal, junto con la disuasión, debemos actuar en
el ámbito de la cooperación.
                 En el ámbito nacional, debemos prepararnos para generar la disuasión y para
vencer, de hacerse efectiva nuestra participación. Además, tenemos que contribuir al desarrollo
nacional.
                 En el ámbito mundial, la integración con fuerzas multinacionales se pueden
apreciar en los diferentes ejercicios y actividades que estamos llevando a cabo. En la actualidad
estamos presentes en Haití y hemos participado en ejercicios combinados en otros conflictos.
Durante este año estuvimos en Brasil, junto a cuatro fuerzas aéreas de otros países; en 2004
estuvimos en el ejercicio Salitre; en 2005, en Mendoza, en el ejercicio Ceibo, así como en un
sinnúmero de otras actividades.
                 En el ámbito vecinal el poder aéreo es la primera línea en la disuasión y defensa
de la nación, lo cual no excluye al resto de las instituciones, pero consideramos que, tal como se
ha visto en los últimos conflictos, estas actividades realmente se han hecho relevantes en el caso
del poder aéreo. La Fuerza Aérea, como parte del poder militar, debe contribuir en la disuasión
y estar lista para dar una rápida respuesta defensiva. De hecho, aviones basados y en operación
en Iquique, a las cuatro horas siguientes pueden estar operando en misión de combate en Punta
Arenas. Podemos otorgar rápida respuesta ofensiva, más aún con el nuevo tipo de material que
tenemos, en especial con el F-16, en su calidad de avión multirrol.
                 Asimismo, estamos contribuyendo con medidas de confianza mutua en diferentes
actividades efectuadas con Perú y con Argentina. Hemos llevado a cabo ejercicios conjuntos y
tenemos intercambio de alumnos, diferentes tipos de conferencia, etcétera.
                En el ámbito nacional, quiero señalar que participamos en el desarrollo y bienestar
del país, apoyamos a la comunidad en situaciones de catástrofe y emergencia, tales como
terremotos, aluviones o cualquier otro tipo de desastre. Además, efectuamos transporte aéreo a
las zonas aisladas, como a las regiones Décima y Undécima. A la Isla de Pascua y Juan
Fernández realizamos el traslado, tanto al inicio del año escolar como al término, de todos los
alumnos que cursan estudios en el continente.
También contribuimos al desarrollo tecnológico, a través del SAF, en gran parte, y realizamos
intercambio con diferentes universidades e instituciones.
                Quiero decir algo que es un poco desconocido. La Fuerza Aérea mantiene
convenios que implican una responsabilidad de prácticamente 32 millones de kilómetros
cuadrados. Chile en espacio aéreo limita con Nueva Zelanda. Tenemos responsabilidades de
búsqueda y rescate y de control del espacio aéreo. Lo hacemos en conjunto con la Dirección de
Aeronáutica Civil, y obviamente, llegamos hasta el Polo.
                Además, hay convenios suscritos por el país y que debemos cumplir.
                Para cumplir con las tareas que comentaba, se desarrollaron objetivos estratégicos
incluidos en el Plan Bicentenario hasta el 2015. Figura en la siguiente transparencia. Son:
estructurar una Fuerza Aérea acorde con las exigencias de la guerra moderna; apoyar la política
nacional -esto es, desarrollar y consolidar la integración con fuerzas multinacionales y las que
están a continuación-.
Para cumplir con todos esos objetivos, hemos desarrollado un plan de desarrollo en todas las
actividades y capacidades que debemos alcanzar de aquí al 2015. Estamos trabajando y mirando
más allá de ese año.
                El general Le Dantec explicó algo que, en lo personal, veo como un mito: que no
existe transparencia; que compramos prácticamente lo que queremos. El general Le Dantec lo
explicó muy bien, en el sentido de que hay requerimientos que se generan en la Fuerza Aérea y
que son analizados en la Dirección de Operaciones, discutidos dentro del Estado Mayor y
analizados por la Dirección de Racionalización y Desarrollo. Los proyectos, una vez analizados,
con el costo que va a representar, etcétera, se propone, en forma completa, al comandante en
jefe, quien, con su venia, lo presenta al Ministerio de Defensa, donde se trata. Por lo tanto,
nosotros no decidimos lo que compramos.
                Como explicó el general Le Dantec se realiza todo un proceso que implica a las
más altas autoridades respecto de lo que se compró. No es algo que dependa de nosotros. No es
efectivo que nosotros compremos “escondidos”. Por lo tanto, ése es nuestro procedimiento y se
cumple como está escrito.
                Se ha hablado de la modificación de la ley del Cobre, que para nosotros ha
funcionado bien, ya que nos ha permitido tener una capacidad de desarrollo acorde con las
posibilidades del país. Si se quiere modificar, estamos de acuerdo, como se ha dicho, pero es
indispensable, primero, que se nos asegure mantener la capacidad de desarrollo, y no estar
sujetos a los avatares de la política contingente que no nos corresponde tocar.
                En cuanto a los tercios, también es factible discutirlo, y ver cómo cada una de las
instituciones sirve al propósito final definido por el nivel superior. Es una discusión fuera de mi
nivel.
                Nuestro anteproyecto de presupuesto se presenta al Ministerio de Defensa
Nacional, quien lo trata con el Ministerio de Hacienda. La Presidenta de la República lo
sanciona.
                El presupuesto para la Fuerza Aérea de Chile viene desde 1930, y creo que la
tecnología, el costo y la contribución al conjunto del objetivo que deben cumplir las Fuerzas
Armadas ha cambiado y, a lo mejor, puede ser revisado.
                La ley del Cobre nos permite mantener los elementos que conforman el poder
bélico. Para el gasto corriente, tenemos el presupuesto de la Nación.
                Como conclusión, quiero señalar que la Fuerza Aérea es una institución
permanente. Por lo tanto, no es resorte de la Fuerza Aérea andar tratando de justificar su
presupuesto, que lo hace, sino que, también, es parte, como se ha dicho aquí, del poder político.
                La estructura de financiamiento del Estado le permite a la Fuerza Aérea efectuar
la mantención, desarrollo y funcionamiento que asegure el cumplimiento racional de las
funciones asignadas.
Creemos que estamos cumpliendo con el rol de disuasión. La ley del Cobre ha servido para
satisfacer los requerimientos institucionales. Su modificación y reemplazo deberían permitir
asegurar una banda que cumpla con lo anterior.
La Fuerza Aérea ha permanecido con un presupuesto histórico, que no se condice con la
relevancia del arma aérea, como lo comentaba recientemente.
                El poder aéreo espacial es un componente estructural para el desarrollo de la
política de Estado. Creemos que realmente la apoyamos. Debemos contribuir al cumplimiento de
los objetivos nacionales en todos los ámbitos, tanto en el desarrollo, como en mantener la paz y
la estabilidad de la nación.
                El poder aeroespacial es esencial para la disuasión. Se ha visto en los últimos
conflictos. Los elementos constitutivos del poder aeroespacial justifican sus costos por la
eficiencia de su desempeño y resultados, lo que también está demostrado.
                La mantención de un poder militar, como componente del poder nacional, permite
al Estado y a su política exterior, sentarse a la mesa de negociaciones con un buen respaldo para
la consecución de los objetivos nacionales. Esto, también, a mi juicio, es válido para el Ejército y
la Armada.
                La Fuerza Aérea es un arma de costo efectivo y eficiente, y decisiva en la
disuasión y el combate. Además, facilita la participación e integración nacional e internacional, y
apoya rápida y eficazmente a la comunidad. Ejemplos, tenemos. Para decir uno cercano, quiero
citar lo que pasó en Beirut hace poco. En 24 horas tuvimos un avión para retirar compatriotas y a
ciudadanos de países amigos. Y así ocurre también en otra serie de actividades. Por ejemplo, en
el traslado de un hospital a Paraguay. En tres horas estuvimos en condiciones de trasladar un
hospital de campaña a Paraguay, donde ocurrió un incendio con varios muertos, etcétera.
Los países avanzados invierten en forma creciente en el desarrollo de su poder aéreo, ya que
genera eficacia y mejor eficiencia para el logro de los objetivos de la nación.
                Por último, quiero señalar que la frase: “Si vis pacem, para bellum”, es decir, “Si
quieres la paz, prepárate para la guerra”, sigue estando totalmente vigente.
                Muchas gracias.
                -Aplausos.
El señor HALES (Presidente).- Deseo dar la bienvenida a la ministra de Defensa, señora
Vivianne Blanlot, quien clausurará del seminario.
Tiene la palabra el General de División señor Alfredo Ewing, Jefe del Estado Mayor del Ejército.
El señor EWING (Jefe del Estado Mayor del Ejército).- Señor Presidente, deseo agradecer la
oportunidad de participar en esta jornada. Asimismo, expresarle que en el programa aparecen
conceptos de eficiencia, oportunidad, seguridad, transparencia que han enfocado el trabajo del
Ejército en relación con los gastos militares. Por lo tanto, nuestro enfoque es ver la forma en que
la institución enfrenta eso y qué significan cuantitativamente los gastos militares.
 Durante la jornada hemos escuchado diversas opiniones respecto de ellos, pero la intención de
esta presentación es hacer tangibles los conceptos que hemos escuchado.
Primero vamos a ver la introducción, luego la metodología del proceso de adquisiciones, su
complejidad y las conclusiones.
En primer lugar, la misión de la institución está reflejada en ámbitos distintos, siendo la más
trascendental contribuir a mantener la integridad territorial y la soberanía nacional en conjunto
con las Fuerzas Armadas. Es decir, tener una disuasión creíble y en el evento que ello no
concurra, ser capaces de enfrentar nuestras responsabilidades y ganar lo que nos corresponde.
Al mismo tiempo, participar en la proyección internacional y coadyuvar en el desarrollo nacional
y en la cohesión social del Estado. Con esas premisas de misiones que tiene la institución,
establecidas legalmente, lo que hacemos es intentar imaginar la forma en que nuestra fuerza
puede ser capaz de disuadir, organizarse y trabajar.
Para ello lo primero que debemos hacer es imaginarnos un campo de batalla que sería el peor
escenario que podríamos tener.
En una exposición anterior escuchábamos sobre la capacidad de crear escenarios y sobre ellos
dimensionar el tipo de fuerza que debemos tener para cumplir con nuestras responsabilidades.
Imaginar el campo de batalla es algo complejo porque están cambiando las modalidades de
empleos, doctrinas, tecnologías, organizaciones de las fuerzas, ciencia, etcétera. Todos influyen
en el campo de batalla, por lo tanto, ya tenemos una complejidad.
¿Cómo enfrentamos el campo de batalla futuro? ¿Qué fuerza tenemos que organizar para estar
adecuadamente en ese campo de batalla y resolver eficientemente nuestros problemas?
Mirado desde la perspectiva en que el Ejército ha definido el concepto, respecto de qué
instrumento utilizar para enfrentar ese campo de batalla, llegamos a los sistemas operativos que
indican lo que debe contener una organización para garantizar buenos resultados. Por lo tanto, un
sistema operativo tiene medios de mando y control, de información, de maniobra, de apoyo
logístico y administrativo.
Este sistema operativo debe ser capaz de saber del enemigo a través de inteligencia electrónica,
exploración aérea y terrestre, fuerzas especiales, etcétera. Asimismo, debe ser capaz de precisar
la información y el panorama actualizado para tomar las resoluciones a través de
telecomunicaciones operativas, eficientes, protegidas e integradas; debe ser capaz de emplear su
fuerza eficiente y eficazmente con medios de combate y apoyo de combate para alcanzar los
objetivos, eliminar la amenaza en un escenario determinado y, por supuesto, dar todo el apoyo
logístico administrativo para concurrir a él.
Lo que esta definido como sistema operativo quiero intentar reflejarlo en un ejemplo para ver la
complejidad que significa armarlo.
Una brigada acorazada está compuesta por determinados elementos, con un número variable de
batallones de infantería mecanizados, grupos blindados, unidades de artillería, medios antiaéreos,
antiblindajes y telecomunicaciones.
Lo que quiero representar es que una brigada puede tener esas características, con tanques,
carros, ingenieros y artillería.
Por ejemplo, sólo los medios de infantería mecanizados tienen gran magnitud de medios, carros,
unidades de fusileros, unidades de plana mayor y logística. Son medios materiales que van a ser
parte de un sistema.
En un modelo de sistema operativo, existiendo otros, motorizados, de montaña, etcétera, hay
distintos conjuntos de medios que se van a organizar para actuar. No lo hacen solos, lo hacen
integralmente.
Esto tiene otras implicancias. Hay que diseñar proyectos a largo plazo que sean capaces de dotar
de los medios de distintos tipos para que ese sistema operativo esté completo y pueda operar.
¿Qué metodología hay para eso?
Primero, escrita. Procedimientos en distintos momentos que están desarrollados para tener la
certeza de que los recursos que se van a usar para dotar a esos sistemas operativos se van a
ocupar eficientemente.
En ese proceso participan distintas direcciones del Estado Mayor: operaciones, gestión y
desarrollo, logística, el mando en jefe de la institución. Todos los antecedentes que contempla un
proyecto de adquisición de armas se elevan al escalón superior y a las autoridades quienes lo
aprueban, protocolizan y autorizan.
Para cada adquisición hay evaluaciones separadas de los medios técnicos, legales,
administrativos, de proveedores, de soporte, aspectos logísticos, transporte, seguros. Asimismo,
homologación de esos parámetros e identificación de los principales y de los complementarios.
Por ejemplo, una matriz de evaluación de aspectos técnicos tiene un conjunto de ellos, hecho por
juicio de expertos, para los distintos sistemas de armas a fin de evaluar lo que se va a adquirir.
Al proceso de evaluación técnica lo acompaña uno económico y uno administrativo. Con el
ejemplo quiero reflejar que detrás de una decisión de adquisición de sistemas de armas hay todo
un proceso, metodología que va garantizando que las decisiones que se van a tomar son
eficientes y transparentes.
¿Cuál es la complejidad del proceso? Debe identificar la necesidad, formular los requerimientos
operacionales y el proyecto de proceso de compra, ejecución del proyecto, empleo y soporte del
sistema y el retiro y desecho de los sistemas de armas. En esto, participan proveedores, hay
licitaciones, hay tiempo de entrega de diferentes productos, costos de mantenimiento,
capacitación, infraestructura militar y complementaria, funcionamiento de los elementos,
diversidad de rubro, diversidad de elementos, de unidades y de tecnología. Todo esto hace que,
cuando se mira un sistema de armas, no se puede quedar con la idea que es el arma que refleja el
sistema de armas. Detrás de eso hay distintos tiempos: la demora del proceso de adquisición del
armamento, las comunicaciones, los tanques, los vehículos, el vestuario de equipo que tienen
distintos tiempos de entrega, lo que le da una complejidad mayor cuando hay que organizar un
sistema operativo completo. No es todo de una vez.
                Por ejemplo, el intento de completar el 50 por ciento de una brigada. Hay una
necesidad de ítem de alimento, de armamento, comunicaciones, equipo especial, equipo logístico
y vehículos. En este caso, se deben evaluar 16 mil 861 elementos en las matrices consideradas
para completar parte de la brigada que hemos puesto de ejemplo. Por lo tanto, un sistema
operativo conlleva a medios de información, de combate, de mando y control y de apoyo
logístico. Todos esos elementos, que son unidades, hay que constituirlos a través de procesos
como éstos.
                Necesidades de tecnologías.
                Distintas tecnologías, como de mando y de control, de carro, de sistemas
operativos, unidades de fuerzas especiales, conocimiento del material, vehículo.
                Metodología para el equipamiento, para la instrucción y entrenamiento y
conservación, centros de entrenamientos, simuladores, etcétera.
                Diversidad de infraestructura militar asociado a los sistemas de armas.
                Hay infraestructura que hay que desarrollar; infraestructura militar para los
sistemas de armas propiamente tal, infraestructura social, para quienes van a dar servicios al
sistema operativo, para sus cuadros de soldados profesionales, del cuadro permanente de
oficiales.
                Por ejemplo, cuando se ve un proyecto de desarrollo de infraestructura militar
para una unidad tiene talleres de mantenimiento, de cuadras para el alojamiento del personal, de
soldados profesionales, etcétera. O sea, el desarrollo de una unidad conlleva una serie de
gestiones que están detrás. Además, la capacitación y el funcionamiento para poder alcanzar la
operatividad y, para eso, se necesita de un tiempo de instrucción y entrenamiento anual, lo cual
está asociado hoy a la profesionalización del Ejército, que es la tendencia a lograr de aquí al
2010; cinco mil soldados profesionales, lo que sería el 33 por ciento de los soldados del Ejército.
Este tipo de unidades necesitan soldados profesionales y no soldados conscriptos por las
características del sistema.
                En conclusión, en primer lugar, las inversiones militares son estratégicas y de alta
complejidad.
                En segundo lugar, consideran diversos tipos de sistemas operativos, variados
sistemas de armas, con gran cantidad de rubros y elementos; implican procesos de adquisición y
tiempos de entrega de diferente duración, dependiendo del tipo de material; requieren considerar,
con la adquisición, la capacitación, el entrenamiento, el soporte logístico para el ciclo de vida y
la infraestructura militar y complementaria.
Hoy, el proceso institucional garantiza la transparencia y minimiza los errores; se requiere
programar y prever con anticipación; requiere ser tratado por profesionales expertos.
        Escuchábamos, durante las distintas exposiciones, la alta dificultad que conlleva la
carencia de institucionalidad para enfrentar desafíos como éstos, de acuerdo con lo planteado de
algunos expositores y, finalmente, requiere de la certeza de un flujo de recursos anual,
proyectada en el tiempo, a fin de que le permita sostener una fuerza con un adecuado nivel
operacional para cumplir con la misión constitucional.
        Para esto, el Ejército, en su proyección, ha definido los objetivos estratégicos, basados en
los recursos financieros disponibles para los próximos cuatro años. Al definir los objetivos
estratégicos y hacer los programas, los planes y presupuestos estamos alineando el tema, es
decir, el esfuerzo institucional en cuanto a los recursos financieros, materiales y humanos. Detrás
de eso, están los objetivos estratégicos, los cuales son posibles con los recursos que el Gobierno
ha puesto a disposición de la institución.
        Muchas gracias.
        -Aplausos.

CLAUSURA DEL SEMINARIO. INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE DEFENSA
SEÑORA VIVIANNE BLANLOT

        El señor HALES (Presidente).- Se da por terminado el debate.
        La señora ministra de Defensa, señora Vivianne Blanlot, ha aceptado clausurar este
seminario.
        Con esta jornada, hemos querido aportar para contribuir a un país mejor.
Somos la Cámara política, los representantes de nuestro pueblo, elegidos por él. En calidad de
tales estamos comprometidos con las necesidades de nuestro pueblo. Estamos convencidos de
que una de sus necesidades es la inversión en defensa, porque es un bien necesario. Por eso,
como esta inversión es importante y necesaria, nos pareció adecuado organizar este seminario
para debatir sobre el modelo de financiamiento del gasto y de la inversión en mantenimiento y
adquisiciones referente al potencial bélico de nuestras Fuerzas Armadas.
Sus conclusiones, dada la densidad de lo que se ha dicho, la variedad de las materias tratadas y
de las coincidencias -por lo menos una que cruza todas las intervenciones: la necesidad de
financiar la defensa- surgirán en el curso del tiempo. Hemos debatido durante nueve horas, lo
que acumula mucho material, el que estará a disposición de todos ustedes, tanto a través de la
versión televisada como de la versión taquigráfica, esta última a cargo del señor Tomás
Palominos y de su equipo de trabajo.
                El debate ha contado con la participación de dieciséis panelistas y diecisiete
personas que voluntariamente se inscribieron para participar en el debate público.
Asimismo, participaron los diputados miembros de la Comisión de Defensa señora María
Angélica Cristi y señores Jorge Ulloa, Francisco Encina, Alfonso Vargas, además, de los
diputados señores Jorge Insunza y Alfonso De Urresti; el subsecretario señor Ricardo Navarrete;
oficiales de las Fuerzas Armadas; académicos y dirigentes sociales, dirigentes de los trabajadores
del cobre y profesionales.
                Doy las gracias al equipo de la Cámara de Diputados que ha hecho posible esta
jornada. Esto no lo hace un Presidente de Comisión, sino que un equipo grande que ha hecho las
gestiones necesarias para que todo el engranaje funcione.
                Señora ministra, la recibimos después de una jornada que me permito juzgar como
muy productiva. Hace un momento, le dije al comandante en jefe del Ejército que antes de saber
si lo que hemos concluido irá después en una u otra dirección, la existencia de este encuentro
marca un hito y un momento importante en la responsabilidad de Patria que tenemos.
        Doy la bienvenida a la ministra de Defensa Nacional, señora Vivianne Blanlot, y le
ofrezco la palabra para clausurar este evento.
        La señora BLANLOT (ministra de Defensa Nacional).- Señor Presidente, don Patricio
Hales; señores diputados, señor comandante en jefe del Ejército, señores generales y almirantes,
académicos, dirigentes sindicales, especialistas, señoras y señores:
        En primer lugar, quiero agradecer la invitación del diputado señor Patricio Hales para
cerrar este seminario y la iniciativa de haberlo convocado.
        Este seminario sobre la ley reservada del cobre nos ha permitido profundizar en los
aspectos centrales de un compromiso efectuado por la Concertación, inserto en el programa de
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien me encomendó materializar, en una
propuesta de reforma al sistema de financiamiento de la defensa, una aspiración de larga data de
los gobiernos de la Concertación.
        Seré breve, porque sé que llevan reunidos más de nueve horas y, además, porque quizás
tenga pocas cosas interesantes que agregar a todo lo que ya han tratado. Básicamente, quiero
entregarles una visión de la razón por la cual decidimos enfrentar este tema.
        Con el objeto de cumplir con el mandato de la Presidenta de la República, en el seno del
Ministerio de Defensa constituí una comisión integrada por especialistas de esa cartera, por
asesores externos y por representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Esta Comisión
se encuentra trabajando desde hace algunos meses con vistas a proponer un sistema que,
reemplazando la ley reservada del cobre, permita un adecuado financiamiento de la defensa bajo
los criterios y conceptos que exige nuestro actual ordenamiento político y administrativo.
        Quiero destacar que, contrario a lo que muchos piensan, la ley reservada del cobre
constituyó en su momento una solución adecuada de una sociedad democrática a una situación
específica en el marco de la Constitución de 1925, que permitía en forma normal una legislación
para regímenes especiales.
        Así fue como surgió, en 1958, la primera versión de la actual ley. No obstante las
limitaciones y defectos que hoy podemos encontrarle, fue una solución que reforzó la capacidad
de nuestra defensa para proyectar la disuasión necesaria para mantener la paz en un tiempo en el
que se sucedieron situaciones complejas en el ámbito vecinal que poco tenían que ver con las
motivaciones de la guerra fría, porque se trataba de temas netamente locales. En ese sentido,
debemos valorar los beneficios que generó esta antigua legislación en momentos cruciales de la
historia.
        Sin embargo, nos encontramos frente a la necesidad de modernizar el sistema de
financiamiento de la defensa, adecuándola a las concepciones de representatividad democrática,
transparencia, optimización en la asignación de los recursos públicos y un adecuado control
financiero y administrativo del gasto fiscal.
        Con esos objetivos en mente, no podemos ignorar que la asignación de recursos a la
defensa es compleja y políticamente débil frente a las enormes y urgentes necesidades que
surgen de los esfuerzos de la sociedad por lograr un desarrollo económico y social más
equilibrado.
        Frecuentemente se advierte en países y épocas diversas que la aplicación de las falsa
disyuntiva entre defensa y desarrollo social, olvidando que en una sociedad el Estado debe
hacerse cargo en forma equilibrada de un conjunto amplio de necesidades, implica el desproteger
a la población, en un ámbito en que la seguridad, en el sentido amplio, es prerrequisito para el
desarrollo económico y social.
        Así, la reforma al sistema de financiamiento de la defensa no es un tema trivial y requiere
ser planteado con realismo, con sentido de Estado y que parta del conocimiento acabado de la
realidad actual y de las necesidades futuras de la defensa, evitando los prejuicios que a menudo
enturbian la discusión sobre temas como éste.
        Actualmente, el gasto en defensa está financiado por dos fuentes, y ambas se manejan en
forma compatible con los objetivos macroeconómicos y las reglas de balance estructural
aplicados al gasto fiscal: por una parte, el presupuesto anual de la nación, y por otra, los fondos
generados a través de la ley reservada del cobre.
        Durante el gobierno pasado, se materializaron esfuerzos para que la administración de
estos recursos se realizara sobre bases similares al resto del gasto público. El gasto se ha limitado
por un piso establecido en la ley, por un máximo determinado por la política fiscal de superávit
estructural y por la capacidad del sistema de generar recursos a largo plazo.
        Este año, los proyectos de adquisición han comenzado a ser evaluados mediante un
sistema de características similares a la evaluación que efectúa Mideplan en el ámbito del
sistema nacional de inversiones. Los fondos de la ley no gastados contribuyen al ahorro público,
en un fondo que permite pagar compromisos de largo plazo y financiar con certeza financiera las
compras que, en el marco del programa de desarrollo conjunto de fuerzas, se pueden efectuar.
        En este momento no tenemos un problema agudo de deficiencia en el manejo de los
recursos, ni de transparencia, ni de compatibilidad con la forma en que se asigna el gasto en los
otros sectores de la economía. Por lo tanto, ésas no son las razones por las cuales creemos que
debemos abocarnos al cambio de un sistema de financiamiento.
        Las razones fundamentales son la búsqueda de transparencia sancionada legalmente, la
adecuada participación de los órganos de la democracia representativa que, en general, cumplen
un rol en la aprobación del resto del gasto público, y la estabilidad de largo plazo para el
financiamiento de más larga maduración, que la ley actual ya no garantiza.
        Las modificaciones al sistema de financiamiento no es una iniciativa que pueda ser
considerada en forma aislada de las otras iniciativas de modernización del área de la defensa que
están en curso. Más bien, debe entenderse que todas ellas se encuentran en una etapa de
maduración que resulta de haberse gestado consensos fundamentales durante los últimos seis
años.
        Esta reforma está íntimamente relacionada con la reforma del Ministerio de Defensa y
con las transformaciones contenidas en los planes de modernización de las Fuerzas Armadas, los
cuales incluyen la incorporación de equipamiento más intensivo en nuevas tecnologías, que
requieren de un personal de mayor capacitación técnica. Asimismo, demandan una dotación más
profesionalizada y estructuralmente distinta a la que se ha mantenido por las últimas décadas.
                Por todo lo anterior, la comisión técnica ministerial recibió el mandato de evaluar
alternativas de financiamiento que cumplieran con las siguientes condiciones esenciales.
                1) La estructuración de planes de desarrollo de la defensa de largo plazo, cuyo
contenido general y financiamiento pudiera ser objeto de análisis con participación del Congreso
Nacional en forma periódica y en una modalidad adecuada a la necesaria reserva que las materias
de defensa requieren.
                2) La seguridad de financiamiento continuo de los planes adecuadamente
aprobados.
                3) La suficiencia de los recursos para hacer frente a las necesidades de la defensa
moderna a la luz de la experiencia ganada con la estructura del gasto en los últimos años y los
cambios que supondrán las nuevas adquisiciones.
                Aquí quiero detenerme un momento. Cada una de estas condiciones que nos
pusimos para poder trabajar en un nuevo sistema de financiamiento puede parecer bastante vaga,
de sentido común y, probablemente, fácil de enfrentar. No es así.
                Por ejemplo, cuando se tocó el tema de la suficiencia de los recursos, la comisión
se empezó a preguntar para qué, porque, en general, la ley reservada del cobre permite la
inversión en equipamiento -es decir, sistemas de armas-, pero, tal cual lo señaló el general
Ewing, una defensa no está constituida por sistemas de armas; una defensa está constituida por
un sistema de defensa, donde está involucrada una cantidad de recursos que va mucho más allá
de las armas propiamente tales, y resulta que nuestro sistema de financiamiento actual no lo
cubre integralmente. Siempre digo que la ley del cobre no nos sirve por una mesa de tres patas;
quedó fuera. Ahora necesitamos ver el tema más integralmente y estudiar cuáles son los planes
de desarrollo razonables y deseables para las Fuerzas Armadas de los próximos años, y buscar la
manera de financiamiento que sea afín con un desarrollo integral de los planes de defensa. Sé
que ese punto dio para hablar en muchas sesiones de la Comisión y estoy segura de que nos va a
obligar a dar muchísimas explicaciones cuando en el Congreso discutamos una nueva ley.
        Por otra parte, la estructuración de sistemas de evaluación de proyectos que aseguren una
asignación óptima aprovechando las posibilidades tecnológicas y basadas en las prioridades
legítimamente sancionadas por los órganos competentes del Estado, que son el Ejecutivo y el
Legislativo, es realmente muy complejo. Basta imaginar lo que significa ver un modelo de
adquisiciones como el que nos presentó el general Alfredo Ewing y nos damos cuenta de que
someternos a ese sistema exige una manera de mirar más exhaustiva en relación con el proceso
de metodologías triviales de evaluación de proyectos. Algunos me han comentado que nos
hemos demorado mucho en ponerlo en práctica, pero, la verdad, es que ha sido muy difícil
estructurar un sistema y creo que van a pasar algunos años en marcha blanca.
        La estructuración de sistemas de control adecuado es un tema que puede ser objeto de
largas discusiones. Para la estrategia de defensa y la forma en que se efectúan las adquisiciones,
obviamente no necesariamente son los sistemas de control que se ejercen en el resto de la
administración pública. Aquí está el tema de la reserva, que creo que en el mundo actual es
menor que la considerada necesaria en años anteriores, pero no es cero, lo que significa
estructuras institucionales que nos permitan garantizar una adecuada reserva. Los sistemas de
control no son una simple copia de lo que sucede en el resto de la administración pública.
        A pesar de las exigencias y de todos los temas que se abren, la comisión técnica ha
avanzado y propondrá un set de soluciones, que pueden ser complementarias, en algunos casos, y
alternativas, en otros, que será presentado a la Presidencia de la República con las
recomendaciones del Ministerio, lo que esperamos ocurra a principios de noviembre.
Naturalmente, el proceso posterior de discusión va a depender de la decisión presidencial. No
obstante, el Ministerio aspira a presentar al Congreso una propuesta, a más tardar, a principios
del próximo año.
        Consideramos que ésta puede ser una de las realizaciones más importantes del Gobierno
de Michelle Bachelet en lo que se refiere a Defensa. La razón por la cual el Ministerio ha estado
entusiasta detrás de generar una propuesta es porque verdaderamente creemos que la ley del
cobre, más allá de no cumplir con todos los requisitos de legitimidad democrática, transparencia
y adecuados sistemas de control, no cumple con el requisito de mantener un financiamiento para
una defensa moderna.
        La forma en que se han superado los problemas estructurales es a través del acuerdo
sobre el sentido común, pero necesitamos algo institucionalizado que nos de garantías hacia
adelante.
        Estoy segura de que la discusión en el Congreso va a ser seria, pero muy difícil, porque,
como he mostrado, cualquiera de los criterios principales que animan al diseño de este proyecto
se puede convertir en un abanico de alternativas complejas. Por lo tanto, creo que no será una
discusión corta ni simple. Sin embargo, es un proyecto importante, dado que sin seguridad no
hay desarrollo. Además, la iniciativa llega en un momento de madurez social para discutir temas
militares y para entender que son temas que importan a toda la sociedad.
        Tengo la confianza en que tendremos un proceso de discusión muy interesante, con
parlamentarios que han probado ser muy buenos para aportar ideas interesantes para
complementar el esfuerzo del Ejecutivo.
        No me queda más que felicitar al diputado señor Patricio Hales y a la Comisión de
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados por esta estupenda iniciativa. Además, estoy
segura de que vamos a necesitar más seminarios cuando estemos discutiendo la ley para abordar
otros temas en calma y, quizá, sin actas.
        Muchas gracias por invitarme a la clausura de este debate.
        -Aplausos.
        El señor HALES (Presidente).- Muchas gracias.
        Con las palabras de la ministra de Defensa Nacional, señora Vivianne Blanlot, doy por
clausurado este debate.
        -Se levantó a las 18.36 horas.




CLAUDIO GUZMÁN AHUMADA,
Redactor
Jefe de Taquígrafos de Comisiones.




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       CÁMARA DE DIPUTADOS