A fs by 6Ur1IpP

VIEWS: 6 PAGES: 14

									PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL



10.009
Morón, 21 de octubre             de 2010
AUTOS Y VISTOS: Estos actuados "ARAMAYO NORMA MYRIAM Y
OTRAS C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y
PERJUICIOS" en trámite en este Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, de los que:
RESULTA:
1.- A fs. 20/24 se presenta el Dr. Leandro Adrián Nieto en
representación de las Señoras Norma Myiriam Aramayo -actuando por
sí y en representación de su hija menor Eliana Romina Zabala- y
Lorena Paola Zabala -conforme poder de fs. 5/10-, y promueve
demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires
por la suma de $ 720.000 o lo que en más resulte de la prueba,
intereses, costos y costas.-
Relata que la demanda tiene su origen en el hecho que ocasionó la
muerte del señor Carlos Alberto Zabala, ocurrida el 22 de julio de
2005, quien se encontraba casado legalmente con la coactora Norma
Myriam Aramayo. Expone que de esa relación conyugal nació Eliana
Romina Zabala (el 26 de octubre de 1988), y que de una relación
sentimental previa, el fallecido Zabala tuvo una hija llamada Lorena
Paola Zabala (el 30 de octubre de 1982).-
Refiriéndose al hecho objeto de la demanda señala que ese día siendo
aproximadamente las 3 de la madrugada, el Sr. Zabala estaba
trabajando en el comercio de propiedad de su hermano, sito en
Sarmiento Nº 620, entre las calles Uruguay y 9 de Julio, de la
Localidad de Morón, -como lo hacía habitualmente en el horario de 21
a 9 hs.-. Que en esas circunstancias descendió de un móvil policial el
agente Néstor Daniel Sanz, quien se encontraba de servicio de calle,
con su uniforme y armas de la repartición, acercándose al comercio a
donde se hallaba el mencionado señor Zabala, dejando el automóvil
policial con sus balizas encendidas, en doble fila de estacionamiento.
Manifiesta que en esa ocasión el agente policial portaba una escopeta
reglamentaria, a la cual le hace movimientos ascendentes y
descendentes a la altura del cañón cerca del cuerpo del señor Zabala;
destaca que frente a ello este último le advirtió: "no jodas con eso".
Continúa exponiendo que el agente policial mentado acercó aún más
el arma al Sr. Zabala, escapándosele un tiro de su Itaka que provocó la
muerte inmediata del señor Zabala.-
Expresa que el agente policial Sanz intentó inicialmente asistir al señor
Zabala, y luego al ver que éste había fallecido, volvió a su rodado, dejó
allí su escopeta y con su pistola reglamentaria se disparó a sí mismo,
suicidándose, falleciendo a los pocos minutos.-
Puntualiza que el comercio donde trabajaba el fallecido Sr. Zabala se
encontraba abierto las 24 horas del día, atendiéndolo la mitad del día
el Sr. Zabala y la otra mitad del día su hermano, titular del fondo de
comercio. Destaca asimismo la total imprudencia, impericia y
negligencia en el obrar del agente policial Sanz que provocó la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




absurda muerte del señor Zabala, manipulando una cosa riesgosa con
pleno conocimiento, máxime con su experiencia policial.-
Precisa que todo lo expuesto se encuentra claramente acreditado en la
causa penal Nro. 277.988 caratulada "ZABALA CARLOS ALBERTO
s/homicidio culposo-suicidio", en trámite en la Unidad Funcional de
Investigaciones Nro. 2 de Morón, y la ofrece como prueba; resalta que
en esas actuaciones obran informes periciales que acreditan todo lo
manfiestado en cuanto a la autoría, mecánica del hecho, causas del
deceso, armas utilizadas, etc..-
Aduce que la demanda se dirige contra la Provincia de Buenos Aires
en tanto que el agente policial Néstor Daniel Sanz al momento del
siniestro cumplía funciones policiales ordenadas por sus superiores,
perteneciendo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, siendo
entonces el mismo dependiente de la Provincia. Ofrece asimismo
como prueba el Legajo interno policial del Sr. Sanz.-
Individualiza los rubros que reclama: daño valor vida, daño moral y
daño y tratamiento psíquico, los mensura, funda el derecho de su parte
y ofrece prueba.-
2.- A fs. 72/73vta. se declara la admisibilidad de la demanda y se
ordena el traslado de la misma a la Provincia de Buenos Aires.-
3.- A fs. 85/94 se presenta la letrada apoderada de la Fiscalía de
Estado de la Provincia de Buenos AIres y contesta demanda.-
La parte demandada, luego de efectuadas las negativas de rigor -
respecto de los hechos alegados en la demanda y de la documental
acompañada-, impugna las sumas reclamadas por todos los rubros de
la demanda, y solicita que en el supuesto de que la parte actora haya
percibido alguna suma en concepto de indemnización por el hecho de
autos, la misma se deduzca de la eventual condena en este pleito.-
Respecto del monto reclamado en concepto de "daño valor vida",
expresa que la vida sólo tiene valor económico en consideración a lo
que produce o puede producir, y que ni de la documental en traslado ni
de la prueba a producir por la actora surge elemento alguno que
permita establecer el daño económico o perjuicio patrimonial en la
familia del fallecido Sr. Zabala, por lo cual propugna su rechazo.-
También desconoce la suma de $ 70.000 reclamada por el daño moral
causado. Aduce que el monto de dicho daño debe adecuarse a la
realidad de los hechos, atento su estricto carácter resarcitorio, y que
no tiene que resarcirse dos veces, por vía del daño moral y del daño
psíquico, la misma alteración.-
Asimismo desconoce e impugna la suma presupuestada en concepto
de daño y tratamiento psíquico para cada una de las actoras, por
considerarlo excesivamente elevado. Expresa que los honorarios
devengados en concepto de tratamiento psicológico sólo son
indemnizables si las circunstancias del caso lo hacen procedente y en
la medida en que el actor acredite el perjuicio económico que éstos
acarrean, siendo asimismo imprescindible la intervención de un
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




experto que aporte al proceso los elementos fehacientes para graduar
la magnitud del daño.-
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y funda el derecho de
su parte.-
4.- A fs. 96 la parte actora cumple la intimación practicada en el pto. 6.
de fs. 95, declarando bajo juramento su letrado apoderado que el
fallecido Sr. Zabala no contaba con cobertura de seguro de riesgos del
trabajo, ni percibió ninguna suma de origen laboral por su deceso;
también declara bajo juramento que no tramitaba ningún proceso
judicial ni administrativo tendiente a percibir indemnización.-
5.- A fs. 102/103 se celebra la audiencia prevista en el art. 41 del CCA,
ordenándose la producción de las pruebas ofrecidas por las partes. A
fs. 117 se libra oficio a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y
reiteratorio a fs. 165 y son contestados a fs. 170/234, conforme fs. 237.
A fs. 131 se libra oficio a la UFI Nro. 2 Departamental, y es contestado
conforme fs. 141. A fs. 155 se libra oficio a SEDRONAR y es
contestado a fs. 281; se libra reiteratorio a fs. 305/306, y es contestado
a fs. 316/344. A fs. 303/304 se libra oficio a la ONG Secretaría de
Estado Vida y Familia y es desistido por la actora a fs. 355.-
La declaración de los testigos ofrecidos por la parte actora Laura
Andrea Paz y Mónica Patricia Savoini obran a fs. 162/164 y 152/153
respectivamente
A fs. 238/239 la Perito Psicóloga Oficial de la Asesoría Pericial
Departamental presenta su dictamen pericial, de la cual son notificadas
las partes a fs. 246 y 252. A fs. 255 la Perito brinda las explicaciones
solicitadas a fs. 254. A fs. 270/271 la Perito presenta el informe
ampliatorio ordenado a fs. 265. A fs. 273/274 la parte actora solicita la
nulidad del informe pericial presentado; contestado el traslado
pertinente por la demandada (fs. 294), a fs. 297/298 se rechaza el
planteo de nulidad de la actora.-
A fs. 359 se libra oficio a la Receptoría General de Expedientes
Departamental y es contestado a fs. 369. A fs. 360 se libra oficio a la
Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y es
contestado a fs. 372/373.
6.- A fs. 377 la demandada desiste de la prueba informativa pendiente
de producción y a fs. 379 la actora desiste de los planteamientos de
negligencia formulados respecto de pruebas de la demandada. A fs.
380 se ponen los autos para alegar, presentando a fs. 394/401 su
alegato la actora y a fs. 403/404 haciendo lo suyo la parte
demandada.-
A fs. 406 se llaman los autos para resolver, el cual es dejado sin efecto
a fs. 413 en virtud de la citación a Eliana Romina Zabala para que
comparezca a estar a derecho por haber alcanzado la coactora la
mayoría de edad. Notificada la Asesora de Incapaces (fs. 413 vta.) a
fs. 425 se presenta el Dr. Leandro Adrián Nieto como apoderado de la
Srta. Zabala, acompañando poder a fs. 422/424, tomando intervención
y ratificando todo lo actuado.-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




A fs. 434 pasan los presentes a resolver, de lo que se notifican las
partes a fs. 437 y 438, por lo que corresponde dar tratamiento y
solución a la pretensión resarcitoria esbozada a fs. 20/24.-
CONSIDERANDO:
I.- Que la cuestión en debate se centra en determinar la
responsabilidad del Estado Provincial -en tanto contra él han dirigido
su acción los coactores-, respecto al hecho que concluyera con la
muerte del Señor Carlos Alberto Zabala, el cual aconteció el día 22 de
julio de 2005 alrededor de las 3 horas de la madrugada, en un
comercio sito en la calle Sarmiento 620 de la Localidad de Morón,
Provincia de Buenos Aires, como consecuencia de un tiro de la itaka
que portaba en esos momentos el Sargento de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires Néstor Daniel Sánz.-
Sentado ello, como primer tarea corresponde discernir en qué órbita de
la responsabilidad del Estado debemos situarnos para abordar con
lucidez el análisis de la configuración de los requisitos a verificar.-

En ese íter intelectivo avanzamos hacia el ámbito de la
responsabilidad extracontractual del Estado, en el cual se bifurcan dos
vertientes, una referida a la actividad lícita y la otra a la actividad ilícita
del Estado. Puedo afirmar sin hesitación, extrayendo esta conclusión
del relato de los hechos descriptos en el demanda, relato corroborado
por las constancias de la IPP Nro. 277.988 venida ad effectum videndi
et probandi -punto sobre el cual me explayaré más adelante-, que se
impone enfocar la cuestión ventilada dentro de la zona de la
responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, ciñéndonos en el
examen de los extremos que la jurisprudencia y doctrina han
pergeñado para esa especie de responsabilidad.-
II.- Es dable recordar que la responsabilidad extracontractual del
Estado por el hecho de sus agentes no es indirecta ni basada en la
culpabilidad. Por el contrario, el Estado responde directamente por la
falta de una regular prestación, aunque la falta es derivada del hecho
de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio. En
otras palabras, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del
Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las
entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste,
el que debe responder de modo principal y directo por sus
consecuencias dañosas (CSJN Fallos 321: 1124).-
Los presupuestos para que proceda la responsabilidad del Estado por
su actividad ilícita consisten en: a) la existencia de un daño cierto y
mensurable en dinero; b) la prestación irregular o defectuosa del
servicio (falta de servicio); c) la imputabilidad de esa falta de servicio a
un órgano, agente o funcionario en ejercicio u ocasión de su servicio y
d) una nexo de causalidad adecuado entre la falta de servicio y la
ocurrencia del daño.-
III.- Que por ello en este estadio del decisorio conviene recordar que,
conforme lo establecido en el art. 384 del CPCC, los jueces no tienen
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas
producidas, sino únicamente de aquellas que fueran esenciales y
decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las
mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras (SCBA Ac.
33589 Ac.36936 ,Ac.49311, Ac. 55593 entre muchísimos otros).-
 En dicho sentido y como correlato, de acuerdo a lo normado por el
 art. 375 del C.P.C.C., se sienta como principio general que el que
 reclama tiene la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, o sea
 probar los hechos constitutivos del derecho que invoca, y en el caso
 de una pretensión a ser indemnizado por la falta de servicio imputable
 a un órgano estatal importa -para el actor- la carga de individualizar y
 acreditar, del modo más concreto posible el ejercicio irregular de la
 función.
 Sin embargo y, como bien se ha sostenido a través de la teoría de la
carga de prueba sólo se presentan generalizaciones debiendo
recurrirse ante el hecho concreto soluciones adecuadas en los casos
concretos ( Tratado de la Prueba -Enrique Falcón Tomo 1) .
 Así, se ha entendido que ambas partes deben llevar a la presunción
 del juzgador de la verdad de sus dichos, en mayor grado de ello
 corresponda a quien cuenta con más elementos materiales para
 probar la veracidad de sus argumentos, esto en respeto del principio
 de colaboración y solidarismo probatorio.
Por tanto y puesto en estos andariveles la cuestión, corresponde en
este estadio un análisis pormenorizado de las pruebas aportadas a los
efectos de dar sustento a las consideraciones de hecho, prueba y
valoración del derecho aplicable (fallos 323:2546) a los efectos de
constatar o no la existencia de los hechos que se denuncian para
luego analizar la normativa que se aplica para el cumplimiento de los
fines del servicio cuya omisión se denuncia.-
Por tanto solo resta el acto valorativo jurisdiccional sobre las pruebas
anejadas.-
IV.- En primer lugar, ha quedado abonado la ocurrencia del hecho
invocado en estos actuados y, también la autoría del mismo imputada
al agente Néstor Sánz, en las condiciones relatadas en el escrito de
inicio, lo cual se encuentra acreditado por lo actuado en la causa penal
labrada IPP Nro.277.988 ante la Unidad Funcional de Investigación
Nro. 2 Departamental, recibida ad effectum videndi et probandi en
estos actuados a fs. 141. Específicamente resultan provechosas las
conclusiones del requerimiento fiscal de fs. 85, en el sentido de que en
esa sede se estima acreditado que "...el día 22 de julio de 2005, siendo
aproximadamente la hora 03:15, el Sargento Néstor Raúl Sanz,
numerario de la Seccional Primera de la Comisaría de Morón, se
constituyó en el kiosco ubicado en la calle Sarmiento Nro. 620 de la
ciudad y partido de Morón y blandiendo imprudentemente la escopeta
calibre 12-70 marca Magtech FB nº 1056130, produjo un disparo que
ingresó en el hipocondrio derecho de Carlos Alberto Zabal, dueño del
negocio y amigo del policía, provocándole heridas de tal magnitud que
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




ocasionaron su deceso. Que el hecho precedentemente descripto es
constitutivo en principio del delito de homicidio culposo, en los términos
del art. 84 del Código Penal. Que a fs. 79 se encuentra agregado el
certificado de defunción de Néstor Daniel Sánz, consecuentemente y
de conformidad con lo establecido por los arts. 323 inc. 1º del CPP y
59 inc. 1º del Código Penal, corresponde solicitar al Juez de Garantías
de intervención el sobreseimiento del causante por muerte. II.-
Surgiendo de las presentes actuaciones que el nombrado Sanz
después de provocar la murte de Carlos Alberto Zabala, se efectuó un
disparo con el arma de fuego reglamentaria en la región temporal
media derecha que le provocó el deceso, al no surgir prueba alguna
sobre la intervención de terceras personas en su ocurrencia, de
conformidad con lo establecido en el art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.,
corresponde disponer el archivo de la presente...". En el mismo
sentido, el decisorio de fs. 86 del Juez de Garantías Nro. 5
Departamental, que resolvió: "VISTOS Y CONSIDERANDO:
...conforme lo manifestado el Ministerio Público Fiscal, con más la
documental corriente a fs. 79, se encuentra debidamente acreditado en
autos que con fecha 22 de julio de 2005 se produjo el deceso del
imputado en autos, Néstor Daniel Sanz; por lo que corresponde a
mérito de lo peticionado a fs. 85vta., con expresa remisión a los
argumentos allí vertidos, sobreseer totalmente en la presente causa
por haberse extinguido la acción penal por la muerte del causante y
así: RESUELVO: I.- SOBRESEER TOTALMENTE la presente
investigación penal preparatoria...".-
Sobre este punto, tengo ante mí el principio de prejudicialidad penal,
que gravita necesariamente sobre la existencia o inexistencia del
hecho y en la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario
podría caerse en el escándalo jurídico de dos fallos contradictorios en
flagrante violación a los arts. 1102 y 1103 del Código Civil -
También tengo en consideración que no ha recaído en sede penal
sentencia condenatoria, con lo cual la aplicación automática del art.
1102 del Código Civil no aparece un poco forzada en la medida que
surge de la causa penal precitada que se ha dictado el sobreseimiento
del Sargento Sanz en virtud de su deceso, que lógicamente, extinguió
la acción penal (ver fs. 86 de la IPP Nro. 277.988).
Como anticipé anteriormente, ha concluido el Agente Fiscal
interviniente, del examen de la profusa prueba producida en sede
penal, que el hecho de autos es constitutivo, en principio, del delito de
homicidio culposo (fs. 85 de la IPP citada).-
Todo lo actuado en la causa penal ha sido ofrecida como documental
por la parte actora. Brevemente cito las piezas de ese expediente que
entiendo revisten trascendencia para la acreditación de la existencia,
mecánica y autoría del hecho que resultara con la muerte del Sr.
Zabala. A fs. 5/6 obra la declaración testimonial de Julio César Serri,
teniente primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fs.
9/10 la de Alejandro Marcelo Citiño Olivera, quien fuera el único testigo
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




presencial en el lugar y momento del acontecimiento, y a fs. 11 la de
Claudio Antonio Morón Menta . A fs. 62/64 consta el informe de
autopsia de Carlos Alberto Zabala, a fs. 67/68 y 74 pericia e informe
balísticos.-
V.- Acreditado entonces la ocurrencia de los hechos tal como fueran
narrados en el escrito de demanda, hechos que han sido
controvertidos por la demandada en su contestación de fs. 85/94,
corresponde ponderar si el elemento fáctico que llevó a cabo el difunto
Sanz se encuentra vinculado de alguna manera con el servicio de
seguridad que el mismo prestaba como agente de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires; advertir si se verifica de este modo una
falta de servicio o irregular prestación de un servicio a cargo de la
Provincia de Buenos Aires que despierte la responsabilidad de esta
última y le imponga el deber de resarcir el daño causado.-

Sobre este aspecto se aprecian contundentes los vertidos de la testigo
MONICA PATRICIA SAVOINI en la foja 7vta. de la causa penal -
testigo que también declarara a fs. 152/153 de estas actuaciones-,
quien manifestó que "Que el dicente resulta ser personal policial,
ostentando la jerarquía de Sargento, prestando servicio en la
Comisaría de la Mujer Morón, que en el día de ayer 21 de julio de 2005
siendo las 20.00 horas comenzó en esta Dependencia Policial Co.Res
desde esa hora hasta las 04.00 horas del día 22 de julio , que así las
cosas lo hacía junto al Sargento Sanz Daniel en móvil 9195
recorriendo la jurisdicción en la cuadrícula 03 del plan Director de
Seguridad, que la noche transcurría sin novedad, y que siendo las
03.00 horas la causante comenzó a sentirse mal y tal es así que su
compañero Sanz Daniel al ver su estado le manifiesta que la iba a
llevar a la casa y que iba a bajar a la dependencia policial a comunicar
lo ocurrido y que le diera por finalizada el Recargo a las 03.00, que tal
es así que el Sargento Sanz la lleva a la casa llegando aprox. a las
03.10 y que le recomendó que se cuide y que se despreocupe de que
iba a avisar de su descompostura en la comisaría, que preguntada si
notó algún comportamiento extraño respecto del Sargento Sanz, la
misma manifestó que durante toda la noche estuvo bien de ánimo y
que no había bebido alcohol ni nada que se le parezca dado que el
mismo no era de beber alcohol , que preguntada si le manifestó a
donde iba a ir antes de llegar a la comisaría, la dicente manifiesta que
el Sargento Sanz en ningún momento le manifestó nada sólo que iba a
venir a la comisaría a manifestar de su descompostura, desconociendo
si el mismo llegó a comunicar esta novedad a la comisaría...". Por otra
parte, en la síntesis del hecho labrada por el Capitán Daniel Ricardo
Muntuny en la instrucción de las actuaciones policiales de fs. 15, se
expone que: "...en calle Sarmiento al 620 entre Uruguay y 9 de Julio,
este medio, habíase producido un hecho sangre, precisamente en
comercio del rubro Maxiquiosco, lográndose establecer que el efectivo
policial Sgto. Sanz Néstor Daniel, afectado a la cuadrícula 3, en móvil
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




orden número 9195, desciende de la unidad y se dirige al maxiquiosco,
ingresando con la escopeta en mano, manipuleándola de arriba hacia
abajo, hasta apoyar el cañón del arma en el cuerpo del propietario de
negocio Carlos Alberto Zabala, oportunidad en que se produce un
disparo cayendo el nombrado en el piso, posteriormente sale a la calle
donde toma su arma reglamentaria y de deserroja un disparo en la
cabeza hasta perder la vida...".-
VI.- En virtud de lo expuesto, se aprecia sin lugar a dudas que el
agente Sánz se encontraba en servicio al momento en el cual arribó al
local de maxiquiosco donde se encontraba el Sr. Zabala. Asimismo
que el Sargento Sánz se desplazaba en el móvil policial nro. 9195
asignado por la Comisaría 1era de Morón, vistiendo su uniforme
reglamentario (ver declaración del Subteniente Ramón Alberto Viscarri,
fs. 12vta) y portando una escopeta Magtech Mod. 586 Nro. de serie PB
105613 (fs. 4 de la causa penal). Que imprudentemente el difunto
Sargento Sánz acercó la escopeta que portaba al cuerpo del Señor
Zabala y el arma se disparó, produciendo la muerte de este último (ver
consideraciones médico legales de la autopsia a fs. 63vta. de la IPP
precitada, pericia balística de fs. 67vta./68/68vta. e informe balístico de
fs. 74 de la causa penal). Que con posterioridad al disparo, el agente
Sánz solicitó por radio una ambulancia y luego se suicidó con su
pistola calibre 9mm Browning nro de serie 07-89758 (fs. 2/4 de la IPP
Nro. 277.988).-
Debe destacarse que la escopeta Magtech Nro. 105613, de la cual
provino el disparo que terminó con la vida del Sr. Zabala, había sido
proveída al Sargento Sanz por la Seccional Policial Comisaría de
Morón Primera (conf. declaración del Teniente Primero Julio César
Serri de fs. 6 y la solicitud de entrega de armamento emitida por el
Capitán Héctor Eduardo Angotti de la Comisaría Primera de Morón, fs.
104 de la causa penal).-
El Sargento Sánz, a la sazón, portaba la escopeta reglamentaria
provista por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como
consecuencia de la función que cumplía y del servicio que prestaba. Al
proveer la Provincia el arma reglamentaria e imponer al policía la
obligación de portarla (Decreto Ley 9550/80 art. 14 inc. 1 b)) , por la
necesidad de cumplimiento de los fines específicos del Estado
Provincial (art. 136 Dec. Reg. 1675/80), se insertan en el medio social
elementos de peligro y actividades riesgosas que se encomiendan a
los agentes respectivos (conf. CC0202, LP, 95566 RSD 122-1, S,
19/06/01). El riesgo creado por la portación del arma del agente -en
este caso en servicio- compromete en forma directa la responsabilidad
del Estado Provincial (artículos 1112 y 1113 2do. párrafo del Código
Civil).-
Dicho lo expuesto no cabe otro corolario -en este punto del decisorio-
que advertir que se perfilan los presupuestos que hacen a la
procedencia de la responsabilidad de parte del Estado Provincial al
verificarse un daño a los actores - por un lado muerte de un padre-,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




en el caso de las coactoras Eliana Romina Zabala y Lorena Paola
Zabala, y por el otro lado de su cónyuge -en el caso de la coactora
Norma Myriam Aramayo- y, una relación de causalidad adecuada,
directa y exclusiva entre el perjuicio y el accionar de un agente estatal,
quien cumpliendo irregular y defectuosamente las funciones a su cargo
-seguridad de la población-, actuó con suma imprudencia, convirtiendo
el riesgo potencial de la escopeta reglamentaria que portaba en un
daño actual, en una verdadera tragedia.-
Por todo lo expuesto y acreditados lo extremos que activan la
procedencia de Responsabilidad del Estado por su actividad ilícita se
hace lugar a la demanda , lo que así se decide .-
VII.- Cabe ahora abocarse a los rubros que integran la pretensión a
fin de evaluar su procedencia y cuantía (conf. Arts. 163 inc. 6,260,261
del C.P.C.C. –aplicable por remisión del art. 77 el C.C.A.-) En este
andarivel ha de verse cuáles daños esgrimidos son presuncionales y
cuáles han de traerse a la contienda por medio de la prueba de los
concretos deméritos económicos (Arts. 330, 375 del CPC, SCBA Ac.
Antes citado) .-
DAÑO VALOR VIDA: En primer lugar debe resaltarse la procedencia
de la presunción irus tantum contenida en los artículos 1084 y 1085 del
Código Civil, respecto de la coactora ARAMAYO, en tanto es
presunción está restringida al caso del cónyuge superviviente y sus
hijos menores e incapaces (conf. CSJN "Gatica Susana Mercedes
c/Provincia de Buenos AIres s/daños y perjuicios" G. 383.XL). Con
relación a las coactoras Eliana y Lorena ZABALA en cambio,
corresponde la aplicación del principio general del art. 1079 del Código
Civil, por el cual todo perjudicado por la muerte de una persona tiene
derecho a obtener la reparación del daño sufrido, en la medida que
acredite la procedencia de la reparación; es decir, debe apreciarse si
se ha aportado algún elemento de prueba que permita concluir que las
dos hijas del difunto Zabala eran destinatarias de parte de los bienes
que su padre producía, para que proceda la reparación por este rubro.-
Extraigo de lo actuado que las hijas Eliana Romina -quien alcanzó la
mayoría de edad durante la tramitación de esta causa, siendo menor al
momento de producirse el evento- y Lorena Paola, junto con otras dos
hijas de la Sra. Aramayo (ver pericia psicológica de fs. 238/239 y
declaración de la testigo Paz de fs. 162vta.) convivían en el mismo
hogar con el difunto. Que las hijas del difunto Zabala son jóvenes
madres de un niño (Eliana Romina) y un niño y un niña (Lorena Paola),
todos ellos de corta edad. Se advierte asimismo que las Srtas. Zabala
no han terminado sus estudios secundarios, no poseen un empleo fijo,
y no se constata que exista un aporte económico y/o afectivo de modo
permanente de los padres de las criaturas.-
Ello así, conforme los vertidos del escrito de demanda, la declaración
testimonial de la testigo Paz y el dictamen de la Perito Psicóloga
interviniente. Tengo en vista que la parte demandada no ha impugnado
ni desvirtuado las pruebas referidas, ni aportado otros elementos que
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




orienten estas conclusiones en sentido adverso (conf. arts. 375 y 384
del CPCC).-
En tanto sólo debe otorgarse indemnización por la muerte de una
persona cuando la misma produjo un perjuicio que puede ser actual o
bien significar la privación de ayuda futura, considero que la frustración
de una legítima esperanza de asistencia y sostén respecto de las hijas
del difunto para ellas y para sus hijos -nietos del difunto- surge nítida
en este caso. Abastece asimismo esta solución la obligación
alimentaria a su favor, prevista en el inc. 1º del art. 367 del Código
Civil.-
Establecida la procedencia de la reparación por este rubro a favor de
la Sra. Aramayo -en su calidad de cónyuge- y de las Srtas. Eliana y
Lorena Zabala -hijas del difunto-, es conveniente recordar que ha dicho
nuestro cimero Tribunal que la vida humana no tiene valor económico
per se, sino en consideración a los que produce o puede producir. La
supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo
en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial
como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se
mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino
las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la interrupción
de una actividad creadora, productora de bienes, la medición de la
cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de
todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía desde
el momento en que esa fuente de ingresos se extingue.-
Atento lo que surge de la prueba producida en autos, se advierte que
el fallecido Sr. Zabala trabajaba en el maxiquiosco propiedad de uno
de sus hermanos y realizaba tareas de chapa y pintura (declaración de
la testigo PAZ de fs. 163vta. y declaración del testigo COITIÑO
OLIVERA de fs. 9vta. de la causa penal), no obrando en autos prueba
concreta de los ingresos mensuales que percibía por esas actividades
y que fueron invocados en la demanda como de $ 1000. Tengo
presente que las actividades que realizaba el difunto padre y marido de
las coactoras aparecen prestadas en forma informal, no registradas.
Además, oriento mi juicio en el sentido de que deben descartarse
pautas estrictamente matemáticas, por el contrario, advertir y
relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular,
tanto en relación con la víctima (capacidad productiva, cultura, edad,
estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición
económica y social, expectativa de vida, entre otras) como de los
damnificados (grado de parentesco, asistencia recibida, cultura, edad,
educación, condición económica y social, etc. ) -conf. CSJN Fallos
310:2103, entre muchos otros y SCBA causa C.97.184 del 22/09/10,
entre muchas otras-.-
He de señalar, a fin de determinar el monto resarcible por este rubro,
que como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte Provincial (ED. Tº 72
p. 129) y Tribunales de Alzada, para el cálculo del valor de la vida
humana no es imprescindible una prueba concreta -compleja en
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




muchos casos-, siendo suficiente contar con los elementos
indispensables para que la reparación pueda estimarse en
equivalencia a la pérdida realmente sufrida, conforme a un criterio de
apreciación subjetivo y objetivo, en forma integral, tanto más aún si se
tiene presente que los índices referidos a los cálculos de probabilidad
de vida y apoyo económico que la vícitima hubiera podido prestar son
inciertos y aleatorios, resultando injurioso pensar que ese semejante
constituye una inversión económica, como cualquier bien material
(SCBA, Ac. 22.109).-
De conformidad con reseñado, en la necesidad de encontrar
guarismos que permitan resarcir la pérdida de la vida humana, sin
convertir a tal operación en un enriquecimiento de unos a costas de
otros, siendo indispensable tener en cuenta el standard de vida de la
víctima y de su familia, que debe situarse en un nivel humilde
conforme a las ocupaciones del fallecido, sus posibilidades
económicas disponibles, su edad, el medio ambiente, resultando que
estos guarismos quedan librados al prudente arbitrio judicial (art. 1069
2do. párr del Código Civil) y sujetos a la equidad, estimando un
promedio de vida media y aproximada de 75 años, se concluye una
expectativa razonable para el actor de 26 años de vida más desde el
momento del fallecimiento (en el cual el actor tenía 49 años ).-
Por todo lo expuesto, encuentro razonable y conforme a la equidad
fijar, por este concepto, la suma de Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL ($ 339.000), correspondiéndole PESOS CIENTO TRECE
MIL ($ 113.000) para cada una de las coactoras; en todos los casos,
con más intereses desde el 22 de Julio de 2005 –fecha en la cual se
produjo el deceso del Sr. Zabala- hasta la fecha del efectivo pago . La
tasa que se deberá tomar es aquella determinada por el Banco de la
provincia de Buenos Aires para el pago de depósitos a 30 días (Cfr.
S.C.J.B.A. L.94.446 "Ginossi Juan Carlos contra Asociación Mutual
U.T.A. S.Despido).-
DAÑO Y TRATAMIENTO PSIQUICO: Se ha acreditado en autos
según el dictamen producido por la Perito Psicóloga a fs. 238/239 y
explicaciones de fs. 255 y 270/271 que las coactoras padecen "daño
psíquico post-traumático" reactivo al fallecimiento del ser querido, y
que las hijas tuvieron intentos de suicidio que reconocen como factor
causal la muerte del padre, quien funcionaba como referente y sostén
afectivo nodular en la vida de ellas. Asimismo se expide la Perito
respecto a que la Señora Aramayo y la Señorita Eliana Zabala
presentan "duelo patológico" de grado moderado, cuyo porcentaje de
incapacidad: conforme el Baremo Castex se ubica entre el 10 y el 25, y
conforme el Baremo Nacional, es del 10%; que la Señorita Lorena
Zabala presenta "duelo patológico" de grado severo, asignándole un
porcentual de incapacidad (según Baremo Castex) entre el 25 y 50% y
(según Baremo Nacional) del 40%. Opina la Perito Psicóloga
interviniente que todas las actoras requieren de tratamiento
psicoterapéutico de una sesión semanal durante tiempo prolongado
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




(no inferior a 24 meses). Destaca respecto de las coactoras Eliana y
Lorena Zabala una descompensación por la muerte de su padre (fs.
239), agravada en el caso de la Srta. Lorena.-
Respecto a los costos del tratamiento, la Perito Psicóloga interviniente
manifiesta que no es función del Perito Oficial estimar costos de
tratamiento (fs. 239), informando frente al requerimiento de la suscripta
que el importe mínimo para una sesión de psicoterapia fijado por el
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires asciende a la
suma de $ 18 (fs. 255). En este último punto, tengo en cuenta que el
importe mínimo mentado no es el costo promedio de una sesión de
psicoterapia individual en el ámbito privado.-
Pondero también y particularmente la situación descripta en el informe
que obra a fs. 316/343 emanado de la Secretaría de Programación paa
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, en
relación a la problemática de la adicción de la coactora Lorena
Zabala.-
Por todo lo expuesto, y conforme lo dispuesto en el art. 474 del CPCC,
estimo que tratándose de una incapacidad transitoria que obviamente
requiere de un tratamiento psicoterapéutico adecuado para superarse,
corresponde fijar en concepto de daño y tratamiento psíquico la suma
de CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200) para cada una de las
coactoras, con más intereses desde el 22 de Julio de 2005 –fecha en
la cual se produjo el deceso del Sr. Zabala- hasta la fecha del efectivo
pago. La tasa que se deberá tomar es aquella determinada por el
Banco de la provincia de Buenos Aires para el pago de depósitos a 30
días (Cfr. S.C.J.B.A. L.94.446 "Ginossi Juan Carlos contra Asociación
Mutual U.T.A. S.Despido).-
DAÑO MORAL: Este rubro indemnizatorio resarce el detrimento o
lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de una persona.
Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en
general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la
persona digno de tutela jurídica.-
En ciertos supuestos de extrema gravedad -como el que nos ocupa-, la
existencia de esta clase de detrimento puede ser establecida sin
mayores dificultades. Así, ante el inesperado y absurdo deceso del Sr.
Zabala, quien era el sostén no sólo económico sino afectivo y moral de
su esposa y de sus dos hijas, a su vez madres, con hijos pequeños,
puede apreciarse fácilmente la honda herida en los afectos, en la
tranquilidad, en la vida cotidiana de estas personas que incluso
convivían diariamente con el occiso.-
Para determinar su cuantía es dable tener presente que se trata de un
daño extrapatrimonial, porque recae sobre la persona y no sobre el
patrimonio, y que la solución constituye un problema de resolución
aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador, por la falta de
correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con
que se resarce. La jurisprudencia es conteste en que la fijación del
monto de este rubro no debe guardar relación con la de otros (CSJN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




"Frida A. Gómez Orué de Gaete y otra c/Provincia de Buenos Aires
s/daños y perjuicios", 9/12/93 f:316:2894).-
Es doctrina recibida jurisprudencialmente, y repetida como una letanía,
que la prueba del rubro en casos como el que nos ocupa, es "in re
ipsa", porque surge inmediatamente de los hechos mismos; esto es, se
intenta exponer que la falta de prueba deriva siempre de su
imposibilidad objetiva, en tanto la prueba de la entidad cuantitativa del
daño impone la prueba de la medida pecuniaria del interés afectado, lo
cual es inconciliable con la naturaleza del interés no patrimonial, por lo
que mediante la prueba no puede proyectarse en el mundo del
conocimiento material una relación (medida pecuniaria) que, en su
realidad obejtiva, repugna a la naturaleza del interés no patrimonial.
(conf. CACC de Mar del Plata Sala I, expte. 133.382, sentencia del
09/05/06).-
Se verifica claramente en los presentes actuados que el imprevisto,
violento y triste suceso que terminara con la vida del Señor Zabala ha
afectado la sensación de felicidad o placer de las tres coactoras de un
modo profundo e irrevocable, introduciéndose un elemento negativo
que les ha ocasionado una ruptura permanente en su equilibrio general
de bienestar personal, y esto exige una compensación que
recomponga ese equilibrio general de sus vidas.-
Sentado ello, corresponde fijar por el concepto de daño moral la suma
de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ( $ 22.600 ) para cada uno de las
actoras, con más intereses desde el 22 de Julio de 2005 –fecha en la
cual se produjo el deceso del Sr. Zabala- hasta la fecha del efectivo
pago. La tasa que se deberá tomar es aquella determinada por el
Banco de la provincia de Buenos Aires para el pago de depósitos a 30
días (Cfr. S.C.J.B.A. L.94.446 doctrina legal "Ginossi Juan Carlos
contra Asociación Mutual U.T.A. S.Despido" entre otros ).-
VIII.- En cuanto al orden de las costas corresponde aplicar el principio
general del art. 51 del C.C.A, por lo tanto se imponen en el orden
causado, difiriéndose la regulación para su oportunidad una vez
aprobada la liquidación .-(conf. Art. 51 de la ley 8904 ). En cuanto a la
regulación de los honorarios de los letrados apoderados de la Fiscalía
de Estado de la Provincia de Buenos Aires estése a lo dispuesto por
el art. 18 del dec. ley 7543/69.-
Por ello , RESUELVO :
1.- Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios -conforme a los
fundamentos de los considerandos del presente decisorio - entablada
por las coactoras NORMA MYRIAM ARAMAYO, ELIANA ROMINA
ZABALA y LORENA PAOLA ZABALA contra la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES quien deberá abonar en cuanto a los rubros: a)
DAÑO VALOR VIDA a cada una de las coactoras la suma de pesos
CIENTO TRECE MIL ( $ 113.000 .-) lo que hace un total por este
rubro de pesos TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 339.000) ,
b) DAÑO Y TRATAMIENTO PSIQUICO : a cada una de las coactoras
la suma de pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200) lo que hace
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    PODER JUDICIAL




un total por este rubro de pesos DOCE MIL SEISCIENTOS ( $ 12.600)
y c) DAÑO MORAL - a cada una de las coactoras - la suma de pesos
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.600) lo que hace un total por
este rubro de pesos SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($
67.800) . Todas estas sumas deberán ser liquidadas con más
intereses desde el 22 de Julio del año 2005 –fecha del deceso de
Carlos Alberto Zabala -hasta la fecha del efectivo pago (conc. doctrina
y jurisprudencia citada en los considerandos, y con fundamento en los
arts. 14, 17 de la C.Nac., arts. 15 y 166 último párrafo de la
Constitución de la Pcia. de Bs.As., arts.1068,1069, 1078, 1084, 1085,
1102, 1112, 1113 , y conc. del Cód. Civil art. 50 del CCA) . La tasa
que se deberá tomar es aquella determinada por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires para el pago de depósitos a 30 días (Cfr.
S.C.J.B.A. L 80710 S 7/9/2005).-(Cfr. S.C.J.B.A. L.94.446 doctrina
legal "Ginossi Juan Carlos contra Asociación Mutual U.T.A. S.Despido"
entre otros " ).-
 2.- Imponer las costas en el orden causado, difiriéndose la regulación
para su oportunidad (conf. Art. 51 de la ley 8904). En cuanto a la
regulación de los honorarios de los letrados apoderados de la Fiscalía
de Estado de la Provincia de Buenos Aires estése a lo dispuesto por
el art. 18 del dec. ley 7543/69.-REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por
Secretaría .-
3.- Firme el presente decisorio devuélvanse por Secretaría los
expedientes administrativos originales y/o remitidos en copia a los
organismos requeridos (conc. art. 34 apartado 5) inciso e) del CPCC
aplicable por remisión del art. 77 del CCA) . REGÍSTRESE y
NOTIFÍQUESE por Secretaría.

								
To top