CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by 4pMLt934

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									                                                      Casación 20516.
                                                     Robinson Alzate.




                          Proceso No 20516


                CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                  SALA DE CASACION PENAL




                  Aprobado acta No.122
                  Magistrado Ponente:
                  Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA




Bogotá, D. C., trece de noviembre de dos mil tres.




Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de las demandas de
casación presentadas por el defensor de los procesados ROBINSON
ALZATE        SALDARRIAGA            y    DIEGO        ALEXANDER
RESTREPO.




Antecedentes.




Mediante sentencia de 17 de mayo de 2002, el Juzgado Veinte Penal
del Circuito de Medellín condenó a los procesados Walter Humberto
Estrada Saldariaga a la pena principal de 15 años y 10 meses de
prisión, como autor responsable de los delitos de homicidio y porte
ilegal de armas de fuego de defensa personal, y Robinson Alzate
                                                     Casación 20516.
                                                    Robinson Alzate.




Saldarriaga y Diego Alexander Restrepo, a la pena principal de 15
años prisión, como coautores del delito contra la vida (fls.885-924 del
cuaderno principal). Apelado este fallo por los defensores de los
procesados, el Tribunal Superior de Medellín, mediante el suyo de 31
de julio siguiente, que ahora el defensor de los últimos recurre en
casación, lo confirmó en todas sus partes (fls.961-1000 ibídem).




1. Demanda a nombre de Robinson Alzate Saldarriaga.




Dos cargos, ambos con fundamento en la causal primera de casación,
cuerpo primero (violación directa), presenta el demandante contra la
sentencia impugnada.




1.1. Cargo primero:




Violación “directa del debido proceso, contemplado en el artículo 29
de la carta magna y de la ley sustancial, por falta de aplicación del
artículo 232 del Código de Procedimiento Penal”, regulador del
principio de necesidad de la prueba, de acuerdo con el cual, toda
providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente
allegadas a la actuación.


Asegura que los juzgadores de instancia para nada tuvieron en cuenta
los alegatos de la defensa donde se discutió la falta de


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correspondencia entre las placas del taxi de propiedad del procesado
(Robinson Alzate Saldarriaga), y el vehículo en el cual se movilizaban
los autores del hecho. En el plenario existe la declaración de Bibiana
María Saldarriaga y el informe del C. T. I., de donde surge que las
personas que participaron en el crimen se movilizaban en el vehículo
de placas TLK-627, y no en el de placas TKB-627, de propiedad de
Robinson Alzate Saldarriaga, razón por la cual se presenta un
ERROR DE HECHO POR FALTA DE IDENTIDAD.


Conjuntamente con este error se advierte una situación de duda
protuberante, que se resolvió en contra del procesado, con violación
del principio universal del “INDUBIO PRORREO” (sic), y el artículo
232 inciso primero del actual estatuto procesal penal. “De manera que
la identidad del vehículo en que se movilizaron las personas que
participaron en los hechos sangrientos, no fue legalmente allegada al
plenario PARA TENERSE CERTEZA DE QUE MI PATROCINADO
EN REALIDAD DE VERDAD FUE PARTICIPE DEL PRESUNTO
ILICITO”.


La citada testigo, en la diligencia de audiencia pública, se retractó
libre y voluntariamente de los cargos que presentó contra el
procesado, por no estar segura de la identidad del automotor, y explicó
que lo hacía      porque no había visto la placa del vehículo de
ROBINSON ALZATE SALDARRIAGA, sino que su cuñada
JANETH PATRICIA RUIZ MACHADO “le había dicho que dijera
que esa era la placa, cuando quiera que ésta, no estaba presente el día
de los hechos”. Esta fue la razón por la cual se retractó, y no porque
hubiera sido amenazada o constreñida para hacerlo, como lo señalan la
Fiscalía y los juzgadores, sustentados en meras suposiciones.

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Se puede aplicar, de igual manera, el artículo 232 ejusdem, “por
violación indirecta de la norma sustancial, por error de hecho al no
tenerse certeza de la identidad del vehículo en que se movilizaba el
procesado… por ende su responsabilidad y la conducta punible de él,
carecen de certeza en la participación de la comisión del ilícito que se
le imputa y por el cual se le condena”.




1.2. Cargo segundo.




Violación “directa del debido proceso, contemplado en el artículo 29
de la Constitución Nacional, y de la ley sustancial, por falta de
aplicación del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal”.


Argumenta que los juzgadores no tuvieron en cuenta para nada las
alegaciones de la defensa relacionadas con la utilización de la pistola
7.65 por parte de ROBINSON ALZATE SALDARRIAGA, y la
circunstancia de haber sido condenado con fundamento en indicios no
probados, pues en el curso del proceso no se realizó prueba
“decadactilar” que permitiera tener certeza de que el día del crimen la
hubiera portado y utilizado. Si bien existen elementos de juicio que
indican que ROBINSON era el propietario del arma, y que ésta fue
utilizada en el crimen, no se demostró que fuese él quien la llevaba, o
la hubiera accionado.


Los juzgadores de instancia sostienen también que el procesado
estuvo esa noche manejando el vehículo. Este hecho, tampoco es

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prueba de que hubiera participado en ellos. Existe, por tanto, “UN
ERROR DE DERECHO, por falta de aplicación del artículo 29 de
la Constitución Nacional, que trata sobre el debido proceso y por
aplicación indebida de los artículos 7º y 232 de la ley 600 de julio
24 de 2000. Encontramos un error de derecho, y hallamos una
duda protuberante, que se resolvió en contra de mi patrocinado”
(las negrillas pertenecen al texto).


En un capítulo separado, relaciona las pruebas que en su criterio
fueron indebidamente apreciadas por los juzgadores, así: El testimonio
de BIBIANA MARIA SALDARRIAGA OSORIO (testigo de cargo),
pues los juzgadores tuvieron en cuenta el vehículo de placas TKB-
627, de propiedad del procesado, para cuyo efecto tomaron la versión
de la testigo, pero el automotor que ella vio tenía placa TLK-627. El
señalamiento del vehículo de placa TKB-627, lo hizo por insinuación
de su cuñada JANETH PATRICIA RUIZ MACHADO, QUIEN NO
ESTUVO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.


También se apreciaron mal los testimonios de SILVESTRE
ANTONIO ALVAREZ BAENA, GLORIA PATRICIA ALBELAEZ y
SARA MEJIA ARBELAEZ, quienes manifestaron que el procesado
ROBINSON ALZATE SALDARRIAGA se encontraba trabajando
su taxi por el sector de Itagüí a la hora de los acontecimientos, y que
es una persona seria, trabajadora, responsable, sin tacha, ni prontuario
delincuencial, pruebas que los juzgadores desestimaron por simple
sospecha.




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De igual manera, la retractación libre y voluntaria de la testigo
BIBIANA MARIA SALADARRIAGA OSORIO, respecto de los
cargos que formuló en sus declaraciones iniciales contra el implicado,
por encontrarse insegura, y que fue desatendida por los juzgadores con
el argumento de que ya en varias oportunidades había afirmado lo
contrario. Finamente fue mal apreciada la prueba relacionada con la
pistola 7.65 de propiedad del procesado, en cuanto en el plenario no
existen elementos de juicio para concluir que éste la hubiese usado, o
prestado para cometer el delito.


Apoyado en estas consideraciones, solicita a la Corte casar la
sentencia impugnada, y en su lugar dictar la que en derecho
corresponda.




2. Demanda a nombre de Diego Alexander Restrepo.




Violación “directa del debido proceso contemplado en el artículo 29
de la carta, y la ley sustancial, por falta de aplicación del artículo 232
del Código de Procedimiento Penal”.


Sostiene que los juzgadores de instancia no tuvieron en cuenta para
nada las alegaciones de la defensa en torno a las discrepancias que
existían entre las características físicas del implicado DIEGO
ALEXANDER RESTREPO (1.80 de estatura), y las suministradas
por la testigo BIBIANA MARIA SALDARRIAGA OSORIO, quien
dijo que era “BAJITO”. Se incurrió así EN UN ERROR DE HECHO


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POR FALTA DE IDENTIDAD EN LA PERSONA, pues es un
hecho público que las personas de más de 1.65 metros en Colombia
son DE ESTATURA ALTA.


Esta duda probatoria se resolvió en contra del procesado, no obstante
que debía ser decidida a su favor, en aplicación del principio IN
DUBIO PRO REO, pues la identidad de DIEGO ALEXANDER no
fue legalmente allegada al plenario, “ya que no fue reconocido en fila
de personas, ni se le practicó dactiloscopia alguna para identificarlo
como tal, como tampoco se dictaminó por parte de un experto en la
materia, la identidad del procesado para tenerse certeza de que éste en
realidad de verdad fue partícipe del presunto ilícito”.


Por no estar segura de su identidad, y no porque fuera amenazada o
constreñida para hacerlo, la testigo se retractó libre y voluntariamente
de los cargos que hizo en su contra. Se vulneró así la segunda parte
del artículo 232 del nuevo estatuto procesal penal, que exige la
existencia de prueba que conduzca a la certeza de la responsabilidad
del procesado para poder condenar, y también el inciso primero, “por
violación indirecta de la norma sustancial, por error de hecho al no
tenerse certeza de la identidad del procesado”.


Relaciona como pruebas mal apreciadas el testimonio de BIBIANA
MARIA SALDARRIAGA OSORIO, por las razones ya anotadas, y
las declaraciones de BERTHA INES RESTREPO ESTRADA,
SILVESTRE       ANTONIO        ALVAREZ        BAENA,      WVALDINA
ACEVEDO ARANGO, CARLOS ARTURO OSORIO, FLOR
MARIA OSORIO BEDOYA, ROSALBA BEDOYA OSORIO, ALBA
LUCIA HOLGUIN CADAVID, GLORIA PATRICIA ARBELAEZ y

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SARA MEJIA ARBELAEZ, quienes declararon que DIEGO
ALEXANDER RESTREPO a la hora de los hechos se encontraba en
su casa.


Con fundamento en estas consideraciones, y la afirmación de que los
errores denunciados incidieron en la decisión impugnada, solicita a la
Corte casar la sentencia, y dictar en su lugar la que corresponda,
acorde con las pretensiones de la demanda.




SE CONSIDERA:




Las demandas de casación presentadas por el defensor de los
procesados Robinson Alzate Saldarriaga y Diego Alexander
Restrepo se encuentra lejos de satisfacer los requisitos mínimos de
claridad, precisión, y debida fundamentación que impone el artículo
212 del estatuto procesal penal (Ley 600 de 2000), y de cumplir los
derroteros técnicos que deben presidir la alegación casacional, según
el motivo de impugnación planteado.


Los errores que dan origen a un ataque en sede de casación, son de
dos clases: de actividad o in procedendo, y de juicio o in iudicando.
Los primeros se presentan cuando la sentencia ha sido dictada en un
juicio viciado de nulidad, por incompetencia, desconocimiento del
debido proceso, o violación del derecho de defensa. Este motivo de
casación se encuentra previsto en la causal tercera, y su alegación
presupone demostrar que en el curso de la actuación procesal se


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desconocieron las bases fundamentales de la instrucción o el
juzgamiento, o se violaron las garantías procesales.


Los últimos se estructuran cuando los juzgadores, al decidir el asunto
sometido a juzgamiento, se equivocan en la aplicación o interpretación
del derecho. Esta violación puede ser directa o indirecta. Es directa
cuando el error es de naturaleza estrictamente jurídica (juicio
jurídico); e indirecta cuando se origina en la apreciación y valoración
de las pruebas (juicio fáctico). Dicho motivo de casación se encuentra
previsto en la causal primera, e impone formas de demostración
distinta, según se trate de violación directa o indirecta.


Lo expuesto, para mostrar que en materia casacional los conceptos de
violación del debido proceso, y de infracción directa e indirecta de una
norma de derecho sustancial, no solo son técnicamente distintos, sino
excluyentes, y que proponer, por tanto, a un mismo tiempo, y respecto
de las unas mismas situaciones fáctico procesales los tres motivos de
violación referidos, como lo hace el casacionista en las demandas que
son objeto de análisis, resulta de suyo un contrasentido, que torna
confuso el ataque, e impide determinar el verdadero alcance de la
impugnación.


Las dos demandas adolecen de los mismos desaciertos. En ambas,
como se dejó visto en la síntesis que se hizo de ellas, el casacionista
plantea indistintamente, violación al debido proceso, violación directa
de la ley sustancial, y violación indirecta, dentro del marco de un
discurso despojado de coherencia, donde lo único que queda en claro
es que no comparte la valoración que los juzgadores hicieron del


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mérito de algunas pruebas, entre ellas, de la retractación de la testigo
María Bibiana Saldarriaga Osorio.


Dicha forma de alegar resulta inaceptable en sede de casación, en
razón a que el fallo de segunda instancia se encuentra amparado de la
doble presunción de acierto y legalidad, y que el criterio del juzgador
será por tanto prevalente mientras no se demuestre que sus
conclusiones    estuvieron determinadas por errores de hecho o de
derecho en la apreciación de las pruebas, o de raciocinio puramente
jurídico. Esta la diferencia con las alegaciones de instancia, donde al
sujeto procesal le es permitido plantear tesis, o sugerir hipótesis de
manera libre, para que el juzgador las analice, y decida si las acoge o
rechaza.


Ahora bien. Cuando la inconformidad deriva, como en el presente
caso, de la valoración del mérito de la prueba, el ataque impone
demostrar que los juzgadores desconocieron de manera manifiesta los
principios de la lógica, las reglas de experiencia o los postulados de la
ciencia, y que a causa de estos desaciertos se llegó a una decisión
ilegal, ejercicio demostrativo que el casacionista no lleva a cabo. Ni
siquiera acierta en la selección el reproche, pues en estos casos, el
ataque debe ser propuesto al amparo de la causal primera, cuerpo
segundo, como error de hecho por falso raciocinio, que se presenta
cuando el juzgador, al valorar la fuerza persuasiva del medio,
desconoce los postulados de la sana crítica.


En su lugar, plantea errores de identidad, que hace derivar, no de la
falta de correspondencia entre el texto de la prueba y la lectura que los
juzgadores hacen de ella, como corresponde hacerlo en estos casos,

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sino de la ausencia de certeza respecto de algunos hechos que los
juzgadores declararon probados, y que en su criterio no lo estaban,
como las verdaderas placas del vehículo utilizado en el crimen, el
arma usada y la persona que la accionó, y la participación de los
procesados Robinson Alzate Saldarriaga y Diego Alexander
Restrepo, que ninguna relación guardan con el vicio alegado.


También alude a “un error de derecho, por falta de aplicación del
artículo 29 de la Constitución Nacional, que trata del debido proceso”,
pero no dice en qué consistió, y por el enunciado del ataque parecería
que el actor tiende a confundir los errores de actividad (generadores
de nulidad) con el error de derecho en la apreciación de la prueba (de
naturaleza in iudicando), que en nuestro medio se vincula con las
nociones de legalidad y eficacia de la prueba, y supone el
desconocimiento de las normas de derecho probatorio que regulan su
incorporación al proceso, o que preestablecen su valor o aptitud
demostrativa (tarifa legal), aspectos que en manera alguna el
casacionista analiza.


Visto, entonces, que las demandas no cumplen los requisitos mínimos
requeridos para declarar en trámite el recurso, y que la Corte, en virtud
del principio de limitación que lo rige, no puede entrar a suplir sus
vacíos, ni corregir sus deficiencias, las inadmitirá, y declarará
desiertas las impugnaciones, acorde con lo dispuesto en los artículos
197 del Decreto 2700 de 1991, y 213 de la ley 600 de 2000 (actual
Código de Procedimiento). Esta decisión surte efectos a partir de su
notificación, y contra ella no proceden recursos.




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En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL,




R E S U E L V E:




INADMITIR las demandas de casación presentadas por el defensor
de los procesados Robinson Alzate Saldarriaga y Diego Alexander
Restrepo. En consecuencia, se declaran desiertas las impugnaciones.


Contra esta decisión no proceden recursos. Notifíquese y devuélvase
el Tribunal de origen. CUMPLASE.




                   YESID RAMIREZ BASTIDAS




HERMAN GALAN CASTELLANOS               ALFRDO GOMEZ QUINTERO




JORGE A. GOMEZ GALLEGO                EDGAR LOMBANA TRUJILLO




ALVARO O. PEREZ PINZON                MARINA PULIDO DE BARON




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JORGE L. QUINTERO MILANES           MAURO SOLARTE PORTILLA




                      Teresa Ruiz Núñez
                        SECRETARIA




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