TEDF JLDC 147 2009 by rM4xIRHL

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									                       JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
                       LOS     DERECHOS     POLÍTICO-
                       ELECTORALES       DE      LOS
                       CIUDADANOS

                       EXPEDIENTE: TEDF-JLDC-147/2009

                       ACTOR:       JOSÉ      MARÍA       TAPIA
                       FRANCO

                       AUTORIDAD       RESPONSABLE:
                       CONSEJO       GENERAL    DEL
                       INSTITUTO    ELECTORAL   DEL
                       DISTRITO FEDERAL

                       TERCERO INTERESADO: ALAN
                       CRISTIAN VARGAS SÁNCHEZ

                       MAGISTRADO          PONENTE:
                       ALEJANDRO DELINT GARCÍA

                       SECRETARIOS: ADOLFO VARGAS
                       GARZA, JUAN MANUEL LUCATERO
                       RADILLO    Y   EDNA   LETZY
                       MONTESINOS CARRERA



México, Distrito Federal, a catorce de agosto de dos mil
nueve.


VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente
citado al rubro, relativos al juicio para la protección de los
derechos político-electorales de los ciudadanos promovido
por José María Tapia Franco, por su propio derecho y en su
carácter de candidato a diputado a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el
distrito electoral uninominal local XVII por el Partido
Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo ACU-934-
09, emitido el once de julio de dos mil nueve por el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante el
cual aprobó el cómputo total de la elección de diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de
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representación    proporcional;     integró   la   “Lista   B”   de
representación proporcional de todos partidos políticos, entre
ellas la del Partido Revolucionario Institucional (en la que no
se integró al actor); realizó la asignación de diputados electos
por el citado principio a cada partido político con derecho a
ello; y declaró la validez de dicha elección; y


                     RESULTANDO


1. Antecedentes del acto impugnado. De lo narrado en el
escrito de demanda y de las constancias que obran en autos,
se advierte lo siguiente:


1.1 El doce de mayo de dos mil nueve el Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó el acuerdo ACU-
487-09, mediante el cual otorgó registro supletoriamente a la
fórmula integrada por los ciudadanos José María Tapia
Franco y María del Carmen Arellano Alcántara, como
candidatos propietario y suplente, respectivamente, para
contender en la elección de diputados a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa en el distrito electoral uninominal local XVII,
postulados por el Partido Revolucionario Institucional en el
Distrito Federal, para el proceso electoral ordinario dos mil
ocho – dos mi nueve (2008-2009).


También el día doce de mayo, el aludido Consejo General
aprobó el acuerdo ACU-861-09, mediante el cual otorgó
registro a la lista parcial “A”, con trece fórmulas en orden de
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prelación, integrada por candidatos propietarios y suplentes,
a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por
el principio de representación proporcional, postulada por el
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal,
para el proceso electoral ordinario dos mil ocho – dos mil
nueve (2008-2009), la cual quedó conformada al tenor
siguiente:


       LISTA PARCIAL “A” CORRESPONDIENTE AL PARTIDO REVOLUCIONARIO
                                  INSTITUCIONAL
 FORMULA        CANDIDATOS PROPIETARIOS           CANDIDATOS SUPLENTES
                                                 SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO
     1             AYALA ALMEIDA JOEL
                                                           ARTURO
                  TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA
     2                                            CARIILLO SALINAS GLORIA
                         VIRGINIA
     3          BETANZOS CORTÉS ISRAEL         MATABUENA RAMIREZ JOSÉ LUIS
                   WEST SILVA OCTAVIO
     4                                           GARCÍA RODRÍGUEZ JORGE
                       GUILLERMO
                                                  MALDONADO SOTO BELEM
     5        CAMPOS VARGAS ALEJANDRO
                                                         ALEJANDRA
     6        VÁZQUEZ LÓPEZ JUAN CARLOS           GARCÍA RAMÍREZ OCTAVIO
                 BARRIOS RICHARD MARÍA
     7                                          BOBADILLA GRANADOS TANIA
                       ALEJANDRA
     8         ALQUICIRA GEORGE MANUEL          AGUILAR GIL MAXIMO ADRIÁN
                 SARQUIS DOMÍNGUEZ ANA
     9                                        DOMÍNGUEZ CERÓN ELBA LIZBETH
                          MARÍA
    10             MUÑOZ VÁZQUEZ RENÉ              AGUILAR MARÍN JORGE
              CASTRO PÉREZ MARINA DE LOS           ÁVILA INFANTE XÓCHITL
    11
                        ÁNGELES                          QUETZALLI
                                                 FUENTES VARGAS ROBERTO
    12         BLAS JIMÉNEZ JOSÉ TRINIDAD
                                                           CARLOS
                                                   JIMÉNEZ DEL CASTILLO
    13         ÁLVAREZ GONZÁLEZ LETICIA
                                                         BETZABETH




1.2 El cinco de julio de dos mil nueve, tuvo lugar la jornada
electoral para elegir, entre otros, a los diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los principios
mayoría relativa y de representación proporcional.


1.3 El once de julio siguiente, a las diecinueve horas con
treinta minutos (7:30 pm), el Consejo General responsable
llevó a cabo la sesión de cómputo total de la elección de
diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
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principio de representación proporcional, que concluyó el
mismo día, a las veintidós horas veinticuatro minutos (10:24
pm), durante la cual emitió el acuerdo ACU-934-09, mediante
el cual aprobó el cómputo total de la referida elección, integró
la “Lista B” de representación proporcional; integró la “Lista B”
de representación proporcional de todos partidos políticos,
entre ellas la del Partido Revolucionario Institucional (en la
que no se integró al actor); realizó la asignación de diputados
electos por el citado principio a cada partido político con
derecho a ello; y declaró la validez de dicha elección, al tenor
de los resultados siguientes:


                                                  Asignación de
                                                diputados electos
                         Cómputo total de la
                                               según el principio de
                             elección
      Partido político                            representación
                                                   proporcional
                           Votación total
                                                  Diputaciones
                              emitida


                              603,860                   5




                              489,722                   8




                              784,433                   0



                              316,818                   5




                              277,771                   4




                               73,156                   1
                               5       TEDF- JLDC-147/2009




                          114,941                2




                          73,603                 1



       Votos nulos        322,823            ----------


         Totales         3’057,127               26




2. Juicio electoral.


2.1 Presentación de la demanda.


El quince de julio de dos mil nueve, a las veinte horas con
treinta y cuatro minutos (8:34 pm), el actor presentó ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal el
escrito de demanda del juicio que se resuelve.


2.2 Trámite.


2.2.1 El dieciséis de julio de dos mil nueve, a las veintidós
horas (10:00 pm), el medio de impugnación fue publicado
mediante cédula en los estrados del Consejo General
responsable, en la que se señaló que la misma sería retirada
(una vez vencido el plazo de setenta y dos horas), el
diecinueve de julio siguiente, a las veintidós horas (10:00
pm).
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2.2.2 El diecinueve de julio de dos mil nueve, a las dieciocho
horas con veintinueve minutos (6:29 pm), la autoridad
responsable recibió un escrito signado por el ciudadano Alan
Cristian Vargas Sánchez, en su carácter de candidato a
diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal
local VIII, y también como candidato local por el principio de
representación    proporcional       del   Partido   Revolucionario
Institucional, a efecto de comparecer en el presente juicio,
ostentándose como tercero interesado.


2.2.3 El mismo diecinueve de julio de dos mil nueve, a las
veintidós horas (10:00 pm), una vez fenecido el plazo de
publicación del medio de impugnación, se retiró de los
estrados de la autoridad responsable la cédula de publicación
del medio de impugnación, fijada al efecto, haciéndose
constar que sí se presentó escrito de tercero interesado.


2.3 Sustanciación.


2.3.1 El veintiuno de julio de dos mil nueve, a las veintiún
horas con cuarenta y nueve minutos (9:49 pm), se recibió en
la Oficialía de Partes de este tribunal el oficio SECG-
IEDF/3145/09, suscrito el mismo día por el licenciado Sergio
Jesús González Muñoz, ostentándose como Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante
el cual remitió las constancias que integran el expediente
IEDF-JE25/09, formado con motivo del juicio electoral
promovido por el ciudadano José María Tapia Franco en
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contra de actos del Consejo General del referido instituto
electoral.


2.3.2 Por auto de veintidós de julio de dos mil nueve, el
Magistrado Presidente de este tribunal electoral acordó: a) la
integración del expediente que se resuelve; b) registrarlo en
el libro de gobierno correspondiente; y c) turnarlo a la
ponencia de magistrado electoral Alejandro Delint García
para sustanciarlo y formular el proyecto de resolución
correspondiente.


2.3.3 En cumplimiento a lo anterior, el día veintitrés de julio
siguiente, el Secretario General de este tribunal electoral
mediante oficio TEDF-SG-OP-779/2009 envió al magistrado
instructor el expediente que se resuelve.


2.3.4 El veintisiete de julio siguiente, una vez recibidas las
constancias que integran el expediente, el magistrado
instructor acordó, entre otros aspectos: a) tener por radicado
en su ponencia el asunto en cuestión; b) tener al ciudadano
José María Tapia Franco promoviendo juicio electoral en
contra del acuerdo ACU-934-09, emitido por la autoridad
responsable; c) tener a la autoridad responsable rindiendo su
informe      circunstanciado,   por   conducto   del   Secretario
Ejecutivo del instituto electoral local, licenciado Sergio Jesús
González Muñoz; d) tener al ciudadano Alan Cristian Vargas
Sánchez compareciendo como tercero interesado; e) en
cuanto a la admisión de la demanda, que se procediera a su
análisis; f) requerir a la autoridad responsable diversa
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documentación; y g) proponer a este Pleno la regularización
del procedimiento o medio de impugnación de mérito,
reencauzándolo a través de la vía idónea, consistente en el
juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos establecido en el artículo 11
fracción II de la Ley Procesal Electoral para el Distrito
Federal.


3. Reencauzamiento del medio de impugnación a juicio
para la protección de los derechos político-electorales de
los ciudadanos.


3.1 El cuatro de agosto de dos mil nueve, atento con la
propuesta de regularización del procedimiento formulada por
el magistrado instructor, acorde con el artículo 54 párrafo
último de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal;
este órgano jurisdiccional mediante acuerdo plenario de la
misma fecha, acordó reencauzar el juicio electoral promovido
por el actor a juicio para la protección de los derechos
político-electorales de los ciudadanos, al tenor siguiente:


    “PRIMERO. Es improcedente el Juicio Electoral promovido
    por JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO en contra del Acuerdo
    ACU-934-09, emitido el once de julio de dos mil nueve, por
    el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

    SEGUNDO. Es procedente el Juicio para la Protección de
    los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos para
    impugnar el acto precisado en el punto resolutivo anterior, sin
    prejuzgar sobre su admisibilidad, en términos de lo expuesto
    en el considerando SEGUNDO del presente acuerdo
    plenario.

    TERCERO. Remítase el expediente a la Secretaría General
    de este Tribunal Electoral, para efectos de lo ordenado en la
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    parte final del considerando SEGUNDO de este instrumento
    legal.”



3.2 En esa virtud, el diez de de agosto de dos mil nueve el
magistrado instructor en cumplimiento al punto TERCERO del
acuerdo     plenario    en     comento,      mediante      oficio
TEDF/PMADG/097/2009, remitió a la Secretaría General de
este tribunal los autos que integran el expediente que se
resuelve.


Lo anterior, a fin de que se hicieran las anotaciones
conducentes en el libro de gobierno correspondiente, a efecto
de registrar el asunto en cuestión como juicio para la
protección de los derechos político-electorales de los
ciudadanos y reenviarlo a la ponencia del magistrado
electoral Alejandro Delint García para su sustanciación y
formular el proyecto de resolución procedente, sin que ello
implique prejuzgar sobre la satisfacción de los requisitos de
procedencia de dicho medio de impugnación.


3.3 Hecho lo anterior, el mismo día diez de agosto de dos mil
nueve, el Secretario General de este tribunal electoral
mediante oficio TEDF-SG-OP-853/2009 reenvió al magistrado
instructor el expediente que se resuelve, reencauzado como
juicio para la protección de los derechos político-electorales
de los ciudadanos.


3.4 El once de agosto de dos mil nueve, una vez recibidas las
constancias que integran el expediente, el magistrado
instructor acordó, entre otros aspectos: a) tener por radicado
                                10         TEDF-JLDC-147/2009




en su ponencia el asunto en cuestión; b) tener al ciudadano
José María Tapia Franco promoviendo juicio para la
protección de los derechos político-electorales de los
ciudadanos en contra del acuerdo ACU-934-09 del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal; c) en
cuanto a la admisión de la demanda, que se procediera a su
análisis; d) atento a ello, reservarse a acordar sobre la
admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas y
aportadas por la parte actora; e) tener al aludido Consejo
General rindiendo su informe circunstanciado, por conducto
del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito
Federal;   f)   reservarse   acordar     sobre   la   admisión   o
desechamiento de las pruebas ofrecidas y/o aportadas por la
autoridad responsable; y g) tener al ciudadano Alan Cristian
Vargas Sánchez compareciendo como tercero interesado,
con el carácter de candidato a diputado local del Partido
Revolucionario     Institucional,    y   por   reconocida   dicha
personalidad.


3.5 El trece de agosto de dos mil nueve, la autoridad
instructora acordó, entre otros puntos: a) admitir la demanda;
b) admitir las pruebas ofrecidas y aportadas por la parte
actora, y tenerlas por desahogadas por su propia y especial
naturaleza; c) admitir las pruebas aportadas por la autoridad
responsable, y tenerlas por desahogadas por su propia y
especial naturaleza; y d) declarar cerrada la instrucción, al
estar el asunto debidamente sustanciado y en estado de
resolución.
                                         11           TEDF- JLDC-147/2009




3.6 En este orden de ideas, acorde con el artículo 54 fracción
IX de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, una
vez cerrada la instrucción, el magistrado instructor procedió a
formular el proyecto de resolución que sometió a la
consideración de este Tribunal Pleno, a efecto de resolver
conforme a Derecho el asunto en cuestión, con base en los
siguientes:


                       CONSIDERANDOS


PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Tribunal Electoral
del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 17 y 122 apartado C, BASE PRIMERA, fracción V,
inciso f), este último correlacionado con el 116 fracción IV,
inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2 párrafo 3, incisos a) y b), y 14 párrafos primero
y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos1; 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José)2; 128, 129 fracción II, 130 y
134 párrafo primero del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 176, 177 párrafo segundo, 178 párrafo primero, y
182 fracción I, inciso a) del Código Electoral del Distrito
Federal; y 5, 11 fracción II, y 95 de la Ley Procesal Electoral
para el Distrito Federal, es competente para conocer y
resolver el asunto en cuestión, en virtud que se trata de un
juicio para la protección de los derechos político-


1
  Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de
1966, y ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980.
2
  Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el
22 de noviembre de 1969, y ratificada por el Senado de la República el 3 de febrero de
1981.
                              12        TEDF-JLDC-147/2009




electorales de los ciudadanos promovido por José María
Tapia Franco, por su propio derecho y en su carácter de
candidato a diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal por el principio de representación proporcional por el
Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo
ACU-934-09, emitido el once de julio de dos mil nueve por el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
mediante el cual aprobó el cómputo total de la elección de
diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de representación proporcional; integró la “Lista B”
de representación proporcional de todos partidos políticos,
entre ellas la del Partido Revolucionario Institucional (en la
que no se integró al actor); realizó la asignación de diputados
electos por el citado principio a cada partido político con
derecho a ello; y declaró la validez de dicha elección.


Acuerdo impugnado que en el expediente que se resuelve
obra en copia fotostática certificada (visible a fojas 417 a 452
del cuaderno accesorio I).


SEGUNDO. Requisitos de la demanda y procedencia o
improcedencia del medio de impugnación electoral.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 fracción II de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal, procede revisar de
oficio si el medio de impugnación reúne los requisitos de
forma generales y especiales de procedencia establecidos en
dicha ley adjetiva, y si colman los presupuestos procesales
necesarios para analizar los agravios expuestos por el actor,
por ser cuestiones de orden público y de estudio preferente.
                               13       TEDF- JLDC-147/2009




1. Requisitos generales de la demanda. Se advierte que la
demanda presentada por la parte actora reúne los requisitos
de forma generales, previstos en el artículo 21 de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal.


En efecto, toda vez que: I) se formuló por escrito; II) se
presentó ante el Consejo General responsable que realizó el
acto y/o dictó la resolución impugnada; III) consta el nombre
del actor y se señala domicilio en el Distrito Federal para
recibir notificaciones y toda clase de documentos y, en su
caso, de quien en su nombre las pueda oír y recibir; IV) el
promovente acredita su personalidad (personería); V) el actor
menciona de manera expresa el acto y/o resolución
impugnada, y la autoridad responsable; VI) también menciona
de manera expresa y clara los preceptos presuntamente
violados y los hechos en que se basa su impugnación; VII) el
actor ofrece pruebas de su parte; y VIII) consta el nombre y la
firma autógrafa del promovente.


2. Oportunidad en la presentación de la demanda. De
constancias de autos se acredita que el escrito de demanda
fue presentado dentro de los cuatro días que establece el
artículo 16 párrafo primero de la Ley Procesal Electoral para
el Distrito Federal (al tratarse de un asunto que guarda
relación con el proceso electoral ordinario local en el Distrito
Federal de dos mil nueve), los cuales transcurrieron del
miércoles quince al sábado dieciocho de julio de dos mil
nueve, en términos de los numerales 15 y 16 párrafo
                                 14          TEDF-JLDC-147/2009




segundo de la citada ley procesal; habida cuenta que del
escrito de demanda se aprecia que el actor no menciona
cuándo tuvo conocimiento del acto que impugna, que del
informe circunstanciado rendido por el Consejo General se
advierte que éste no manifestación alguna al respecto, y que
la demanda se presentó ante dicha autoridad señalada como
responsable el miércoles quince de julio de dos mil nueve.


Lo anterior, al resultar aplicable al caso la tesis de
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a
continuación se detalla:


    “CONOCIMIENTO          DEL     ACTO      IMPUGNADO.        SE
    CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA
    DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO.—
    La correcta aplicación del contenido del artículo 17
    constitucional, en relación con lo dispuesto en los artículos
    9o., párrafo 3; 10, a contrario sentido y 16, párrafo 1, de la
    Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
    Materia Electoral, lleva a determinar que cuando no existe
    certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un
    medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto
    impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el
    mismo, en virtud de que es incuestionable que,
    objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento,
    pues no debe perderse de vista que, en atención a la
    trascendencia de un proveído que ordene el desechamiento
    de una demanda se hace indispensable que las causas o
    motivos de improcedencia se encuentren plenamente
    acreditados, además de ser manifiestos, patentes, claros,
    inobjetables y evidentes, al grado de que exista certidumbre
    y plena convicción de que la causa de improcedencia de que
    se trate sea operante en el caso concreto, razón por la cual,
    de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las
    mismas, no es dable a partir de ellas desechar el escrito de
    demanda de mérito.
    Tercera Época:
    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-042/2001.—Antonio Méndez
    Hernández y otro.—23 de agosto de 2001.—Mayoría de seis
    votos.—Disidente: Eloy Fuentes Cerda.
                                 15         TEDF- JLDC-147/2009




    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-043/2001.—Óscar Serra Cantoral y
    otro.—23 de agosto de 2001.—Mayoría de seis votos.—
    Disidente: Eloy Fuentes Cerda.
    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-044/2001.—Limberg Velázquez
    Morales y otro.—23 de agosto de 2001.—Mayoría de seis
    votos.—Disidente: Eloy Fuentes Cerda.
    Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas
    11-12, Sala Superior, tesis S3ELJ 08/2001.
    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
    Relevantes 1997-2005, páginas 62-63”



3. Legitimación y personalidad de la parte actora. Se
advierte que lo propio será motivo de análisis al tratarse lo
relativo a la actualización o no de alguna de las casuales de
improcedencia o de sobreseimiento establecidas en la
legislación aplicable.


4. Legitimación y personalidad del tercero interesado. El
ciudadano Alan Cristian Vargas Sánchez, quien promueve
como candidato diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el
distrito local VII, así como candidato local electo por el
principio   de   representación       proporcional      del   Partido
Revolucionario Institucional, acorde con los artículos 17
fracción III, 18, 19 y 54 fracción IV, párrafo segundo de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal está legitimado
para comparecer en el presente juicio como tercero
interesado, solicitando que se deseche por improcedente el
medio de impugnación, o bien, que se declaren infundados
los agravios expresados por la parte actora y se confirme el
acto impugnado, al cumplir su escrito de comparecencia con
los requisitos establecidos en el numeral 18 de la citada ley
                                16         TEDF-JLDC-147/2009




procesal, y al tener un interés en la causa derivado de un
derecho incompatible con el que pretende el actor, habida
cuenta que es titular de los derechos adjetivos previstos en
los numerales en cita.


Con respecto a la personalidad de dicho ciudadano, se
advierte que ésta se encuentra acreditada en términos de los
artículos 17 fracción III, 18 fracción IV, y 19 de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal, al así contar en el
informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable
(visible a fojas 121 a 148 del cuaderno principal).


5. Causales de improcedencia o de sobreseimiento. Ahora
bien, previamente al estudio de fondo del presente asunto,
por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio
preferente, en términos de los artículos 12, 23 y 24 de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal, procede analizar
las causales de improcedencia o de sobreseimiento que
pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes o
que operen de oficio, como lo establece la tesis de
jurisprudencia que a continuación se transcribe, publicada en
la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1999 – 2006 (página 141), editada por este tribunal electoral:


    “Época: Primera
    Materia: Electoral
    Clave de Publicación: J.01/99
    IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES
    PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE
    IMPUGNACIÓN         PREVISTOS       POR      EL     CÓDIGO
    ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. Previamente al
    estudio de los agravios formulados a través de los medios de
    impugnación que regula el Código Electoral del Distrito
                                  17        TEDF- JLDC-147/2009




    Federal, este Tribunal debe analizar las causales de
    improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por
    ser su examen preferente y de orden público, de acuerdo con
    lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 1° del Código
    Electoral del Distrito Federal.
    Recurso de apelación TEDF-AP-001/99. Partido Acción
    Nacional. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de cinco votos.
    Ponente: Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de
    Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck.
    Recurso     de      apelación   TEDF-REA-008/99.        Partido
    Revolucionario Institucional. 24 de junio de 1999.
    Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rodolfo Terrazas
    Salgado. Secretario de Estudio y Cuenta: Alejandro Juárez
    Cruz.
    Recurso de apelación TEDF-REA-011/99. Socorro Aparicio
    Cruz. 24 de junio de 1999. Mayoría de tres votos. Ponente:
    Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y
    Cuenta: Nohemí Reyes Buck.”



Al respecto, es de hacer notar que tanto la autoridad
responsable, mediante su informe circunstanciado, como el
tercero interesado, a través de su escrito de comparecencia,
hacen valer la actualización de la hipótesis de improcedencia
prevista en el artículo 23 fracción III de la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal, la cual dispone que los
medios   de    impugnación son          improcedentes       y deben
desecharse de plano cuando el promovente carezca de
legitimación en los términos de la citada ley.


En efecto, ya que el informe circunstanciado rendido por la
autoridad responsable se aprecia que ésta, en relación con la
legitimación que debe acreditar la parte actora, señala que su
contraria no colma alguna de las hipótesis previstas en los
artículos 77 y 81 de la ley adjetiva en mención, para
controvertir mediante el juicio electoral “… el acuerdo a través
del cual se formalizó el cómputo de una elección…”
                                18         TEDF-JLDC-147/2009




Por su parte, el tercero interesado aduce que el actor no está
legitimado para promover juicio electoral, en virtud de que el
artículo 77 fracción IV de la ley procesal, señala que podrá
ser interpuesto el juicio electoral por los partidos políticos y
coaliciones en contra de los cómputos totales y entrega de
constancias de mayoría o asignación en las elecciones
reguladas por el Código Electoral del Distrito Federal.


Al respecto, de la mayor importancia resulta recordar que, en
un inicio, el actor al impugnar el acuerdo que combate, lo hizo
promoviendo un juicio electoral, y que este Tribunal Pleno
mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil nueve,
determinó reencauzar dicho medio de impugnación al
presente juicio para la protección de los derechos
político-electorales de los ciudadanos. Habida cuenta que
el error en la elección o designación de la vía no implica
necesariamente      su    improcedencia,        acorde     con    lo
establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y este órgano jurisdiccional
en las tesis de jurisprudencia siguientes:


    “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN
    O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA
    NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.—Ante la
    pluralidad de posibilidades que la Ley General del Sistema
    de Medios de Impugnación en Materia Electoral da para
    privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones
    electorales, es factible que algún interesado exprese que
    interpone o promueve un determinado medio de
    impugnación, cuando en realidad hace valer uno diferente, o
    que, al accionar, se equivoque en la elección del recurso o
    juicio legalmente procedente para lograr la corrección o la
    satisfacción de la pretensión que se propone. Sin embargo,
    si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o
    resolución que se impugna; b) aparece manifestada
    claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no
                             19         TEDF- JLDC-147/2009




aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran satisfechos
los requisitos de procedencia del medio de impugnación
legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra
el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la
pretensión, y d) no se priva de la intervención legal a los
terceros interesados; al surtirse estos extremos, debe darse
al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de
impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en
cuenta que conforme a la fracción IV del artículo 41
constitucional, uno de los fines perseguidos con el
establecimiento de un sistema de medios de impugnación
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto,
dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta
Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente,
destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad
de los actos o resoluciones electorales que consideren les
causa agravio, cuestionamiento que se sustancia en un
proceso de interés público, cuyo objeto, por regla general, no
está a disposición de las partes, por estar relacionado con
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Esto debe complementarse con la circunstancia de que el
artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene
que, si se omite el señalamiento de preceptos jurídicos
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en
la resolución que se emita deben tomarse en consideración
las disposiciones que debieron ser invocadas o las que
resulten aplicables al caso concreto. En observancia a lo
anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de esta
manera se verá colmado el referido fin del precepto
constitucional invocado, con la consiguiente salvaguarda de
los derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se
optara por una solución distinta, que incluso conduciría a la
inaceptable conclusión de que esos derechos pudieran ser
objeto de renuncia.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-003/97.—Asociación Nacional
Revolucionaria General Leandro Valle.—14 de febrero de
1997.—Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-004/97.—A’Paz Agrupación Política
Alianza Zapatista.—14 de febrero de 1997.—Unanimidad de
votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-008/97.—Partido de la
Revolución Democrática.—12 de marzo de 1997.—
Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 1997, suplemento 1, páginas
26-27, Sala Superior, tesis S3ELJ 01/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, páginas 171-172.”
                                  20           TEDF-JLDC-147/2009




    “Época: Segunda
    Materia: Electoral
    Clave de publicación: J.014/2002
    RECURSOS. LA EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA NO IMPLICA
    SU IMPROCEDENCIA. No obstante que los justiciables, al
    ejercitar una acción ante el Tribunal Electoral del Distrito
    Federal, se equivoquen en la elección de la vía y promuevan
    un recurso diferente al que en realidad desean para la
    satisfacción de la pretensión que hagan valer, si del análisis
    del escrito de impugnación se desprende que éste cumple
    con los requisitos a que se refiere el artículo 253, fracciones I
    y II, del Código Electoral del Distrito Federal, y los terceros
    interesados tuvieron oportunidad de comparecer para deducir
    sus derechos, es inconcuso que al surtirse tales extremos, se
    debe dar al escrito respectivo el trámite que corresponda al
    medio de impugnación realmente procedente contra los actos
    señalados como reclamados, quedando garantizados de esta
    forma los derechos del actor, independientemente de la
    denominación utilizada por éste.
    Recurso de Apelación TEDF-REA-044/2000. Coalición
    Alianza por el Cambio. 10 de agosto de 2000. Unanimidad de
    votos. Ponente: Hermilo Herrejón Silva. Secretarios de
    Estudio y Cuenta: Francisco Arias Pérez y Fernando
    Lorenzana Rojas.
    Recurso de Apelación TEDF-REA-046/2000 y acumulados.
    Coalición Alianza por el Cambio. 26 de agosto de 2000.
    Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado.
    Secretarios de Estudio y Cuenta: Raúl Arias Trejo, Alejandro
    Juárez Cruz, Milton Martínez Gorbea y Ana Paula Morales
    Gómez.
    Recurso de Apelación TEDF-REA-013/2001 y acumulados.
    Organización de Ciudadanos denominada “Proyecto Integral
    Democrático de Enlace”. 14 de diciembre de 2001.
    Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Rivas Monroy.
    Secretario de Estudio y Cuenta: Arturo Martínez Rivas.”



En tales condiciones, este órgano colegiado estima que no le
asiste la razón a la autoridad responsable ni al tercero
interesado, al carecer de sustento legal sus afirmaciones,
mismas que devienen infundadas.


Lo anterior, toda vez que el ciudadano José María Tapia
Franco, acorde con los artículos 17 fracción I, 20 fracción II,
                                   21        TEDF- JLDC-147/2009




95 párrafo primero, inciso a); y 96 fracciones II (por analogía)
y V de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal está
legitimado para promover el juicio para la protección de los
derechos político-electorales de los ciudadanos, por sí mismo
y en forma individual, para hacer valer la presunta violación a
su derecho político-electoral de ser votado, al considerar que
el acto impugnando viola el mencionado derecho político-
electoral; y solicitar a este órgano jurisdiccional que revoque
la acuerdo impugnado, en virtud de que es titular de los
derechos adjetivos previstos en los numerales en cita.


De tal suerte que, el derecho a ser votado comprende,
entre otras cuestiones, la correcta ubicación en la “Lista
B” de candidatos de representación proporcional, sujeta
a registro, pues dicho derecho político-electoral no se reduce
a la mera postulación y posibilidad de contienda en
condiciones de equidad con el resto de los candidatos para la
consecución del sufragio, sino también al correcto registro en
la lista de candidatos cuya elección será a través del principio
de   representación       proporcional.     Ello,   acorde      con    lo
establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la tesis relevante
siguiente:


     “DERECHO A SER VOTADO. COMPRENDE LA
     CORRECTA UBICACIÓN EN LA LISTA DE CANDIDATOS
     DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SUJETA A
     REGISTRO        (Legislación     de     Zacatecas).—De       la
     interpretación de los artículos 28, párrafos tercero al cuarto,
     de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y, 16,
     párrafo 3, y 18 del código electoral de esa entidad federativa,
     se desprende que el derecho a ser votado no se reduce a la
     mera postulación y posibilidad de contienda en condiciones
                                  22          TEDF-JLDC-147/2009




    de equidad con el resto de los candidatos para la
    consecución del sufragio, sino también al correcto registro en
    la lista de candidatos cuya elección será a través del principio
    de representación proporcional; consecuentemente, ubicar a
    un candidato en una posición incorrecta de la citada lista que
    se presenta para el registro correspondiente, transgrede el
    derecho político-electoral de ser votado, toda vez que
    restringe notablemente sus posibilidades de acceso al cargo
    para el que está contendiendo, habida cuenta que, la
    asignación de curules de representación proporcional en el
    Estado de Zacatecas se realiza, tomando en consideración,
    entre otros factores, la votación estatal efectiva obtenida por
    cada partido político con derecho a participar en la
    asignación, en el orden de prelación que tuviesen los
    candidatos en la lista estatal registrada por cada partido,
    hasta completar el número a que tengan derecho.
    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-021/2001.—Araceli Graciano
    Gaytán.—10 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—
    Ponente: José Luis de la Peza.—Secretaria: Liliana Ríos
    Curiel.
    Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época,
    suplemento 5, páginas 52-53, Sala Superior, tesis S3EL
    048/2001.
    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
    Relevantes 1997-2005, páginas 482-483.”



De ahí que, en el caso concreto este órgano colegiado no
advierta la falta de legitimación del ciudadano actor, al estar
legalmente facultado para promover el juicio para la
protección de los derechos político-electorales de los
ciudadanos que se resuelve, aduciendo la presunta violación
a su derecho político-electoral de ser votado y, por tanto, que
no le asista la razón a la autoridad responsable ni tampoco al
tercero interesado.


Por otro lado, también se advierte que el tercero interesado
aduce que el medio de impugnación debe desecharse, al
resulta evidentemente frívolo, en términos del artículo 54
                                 23         TEDF- JLDC-147/2009




fracción V de la Ley Procesal Electoral para el Distrito
Federal.


Ello, pues en su concepto, no existe posibilidad jurídica de
concretar la interpretación del artículo 37 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, en relación con el 14 del
Código Electoral del Distrito Federal, que pretende el actor.


Sin embargo, este órgano colegiado estima que lo aducido
por el tercero interesado deviene infundado.


Lo anterior es así, toda vez que el calificativo frívolo aplicado
a los medios de impugnación electorales, se entiende referido
a las demandas o promociones en las cuales se formulen
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de
hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que
se apoyan, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación siguiente:


    “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO
    DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A
    UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.—En los casos que
    requieren del estudio detenido del fondo para advertir su
    frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el
    promovente puede ser sancionado, en términos del artículo
    189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
    Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de
    impugnación electorales, se entiende referido a las
    demandas o promociones en las cuales se formulen
    conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
    jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
    encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de
                              24          TEDF-JLDC-147/2009




hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que
se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de
todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes
procesales suelen determinar que se decrete el
desechamiento de plano correspondiente, sin generar
artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo,
cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento
no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de
la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso
es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance
los elementos de convicción necesarios para poder
corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un
acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al
momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e
indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas
de carácter objetivo, que no requieren de interpretación
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo,
lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar
que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio
o distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad
de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso
efectivo a la justicia, como garantía individual de todo
gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias,
no puede presentar abusos por parte del propio gobernado,
pues se rompería el sistema de derecho que impera en un
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la
justicia es correlativa a la existencia de órganos
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo
que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que
realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir
el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia,
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben
ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por
tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los
elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la
realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que
los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el
estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros
institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que
genera la promoción del medio de impugnación, así como de
                                  25        TEDF- JLDC-147/2009




    aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues
    los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes
    intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva
    de los asuntos que realmente son de trascendencia para los
    intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el
    propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de
    elementos humanos y materiales en cuestiones que son
    evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse,
    por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
    sancionado, en términos de la disposición legal citada,
    tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.
    Tercera Época:
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    033/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de
    febrero de 2002.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    050/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de
    febrero de 2002.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    051/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de
    febrero de 2002.—Unanimidad de votos.
    Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 34-36,
    Sala Superior, tesis S3ELJ 33/2002.
    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
    Relevantes 1997-2005, páginas 136-138.”



En el caso concreto, el actor hace una clara manifestación de
agravios en su escrito de demanda, los que serán estudiados
por este órgano jurisdiccional en el fondo del asunto,
determinando si los mismos son fundados o no.


Sentado lo anterior, también se hacer notar que en la especie
este tribunal electoral no advierte de oficio la materialización
de alguna casual de improcedencia o de sobreseimiento
establecidas en la legislación aplicable, que impida el
conocimiento de fondo del juicio que se resuelve.


6. Definitividad del acto impugnado. Asimismo, este
órgano colegiado advierte que el medio de impugnación
cumple    con    el   requisito   de    definitividad      del   acto
                                26        TEDF-JLDC-147/2009




impugnado, pues en la normativa electoral no existe otro
medio de defensa o instancia previa que la parte actora
estuviera obligada a agotar antes de acudir al presente juicio,
acorde con el numeral 23 fracción V, y 97 de la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal.


7. Reparabilidad del acto impugnado. Por último, con
respeto a la reparabilidad de los actos impugnados, se
advierte que éstos no se han consumado de manera
irreparable, pues aun son susceptibles de ser revocados,
modificados o confirmados, en términos de los artículos 23
fracción IV, y 65 de la citada ley adjetiva.


TERCERO. Análisis de los agravios expresados por la
parte actora y fijación de la litis. Una vez acreditado el
cumplimiento de los presupuestos procesales, y por ende, la
procedencia del juicio en cuestión, este tribunal en ejercicio
de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal, procede a
identificar y analizar los agravios que hace valer el actor,
supliendo en su caso las deficiencias u omisiones en su
argumentación cuando los mismos puedan ser deducidos
claramente de los hechos expuestos, y tomando en
consideración los preceptos jurídicos presuntamente violados
que resulten aplicables al caso concreto, en caso de que el
impugnante hubiese omitido señalarlos o invocarlos, o si los
citó de manera equivocada, para lo cual se analiza
integralmente el escrito de demanda, a fin de desprender el o
los perjuicios que, en concepto del actor, le ocasionan los
                                  27         TEDF- JLDC-147/2009




actos que impugna, con independencia de que los motivos de
inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo
distinto a aquél que dispuso para tal efecto el interesado.


Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia
aprobada por este órgano jurisdiccional, publicada en la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1999 – 2006 (páginas 167 y 168), editada por este tribunal
electoral, que a continuación se transcribe:


    “SUPLENCIA        DE      LA     DEFICIENCIA         EN      LA
    ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN
    LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN
    CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
    DISTRITO FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto en el
    artículo 254, párrafos tercero y cuarto, del Código Electoral
    del Distrito Federal, cuando en un medio de impugnación
    exista deficiencia en la argumentación de los agravios u
    omisión o cita equívoca de los preceptos legales
    presuntamente violados, este Tribunal estará obligado a
    deducir de los hechos narrados por el apelante los motivos
    de inconformidad respectivos y proceder a resolver con los
    elementos que obren en el expediente, atendiendo a los
    preceptos legales que debieron ser invocados o los que
    resulten aplicables al caso concreto. Por lo tanto, en ejercicio
    de esta facultad, este Órgano Jurisdiccional debe realizar un
    estudio integral del recurso planteado, a fin de estar en
    posibilidad de advertir de cualesquiera de sus apartados y no
    sólo del capítulo que el actor dispuso para tal efecto, los
    agravios que le ocasiona el acto que reclama y que con la
    mayor efectividad permitan restituir al inconforme en el
    ejercicio de los derechos transgredidos por la autoridad
    responsable; sin embargo, la facultad en comento supone
    invariablemente la existencia de hechos de los cuales
    puedan válidamente inferirse los motivos de inconformidad a
    estudiar en el medio impugnativo, pues sólo así puede
    conocerse con la mayor exactitud posible la intención que
    tuvo el promovente al combatir el acto de autoridad, esto es,
    atender preferentemente a lo que quiso decir el recurrente y
    no a lo que aparentemente refirió, lo que a su vez garantiza
    el cumplimiento, en beneficio de los justiciables, de los
    principios de exhaustividad y congruencia que, entre otros,
    debe observar este Tribunal en el dictado de sus
    resoluciones.
                                 28         TEDF-JLDC-147/2009




    Recurso de Apelación TEDF-REA-001/2001. Gonzalo Cedillo
    Valdés. 17 de febrero de 2001. Unanimidad de cinco votos.
    Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y
    Cuenta: Enrique Figueroa Ávila.
    Recurso de Apelación TEDF-REA-011/2001. Convergencia
    por la Democracia, Partido Político Nacional. 16 de octubre
    de 2001. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Hermilo
    Herrejón Silva. Secretario de Estudio y Cuenta: Fernando
    Lorenzana Rojas.
    Recurso de Apelación TEDF-REA-016/2001. Partido de la
    Revolución Democrática. 15 de abril de 2002. Unanimidad de
    cinco votos. Ponente: Raciel Garrido Maldonado. Secretario
    de Estudio y Cuenta: Rafael Cruz Juárez.”


Así también, en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
siguiente:


    “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.
    EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE
    LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
    INTENCIÓN DEL ACTOR.—Tratándose de medios de
    impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer
    detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se
    haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y
    atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que
    aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con
    exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta
    forma se puede lograr una recta administración de justicia en
    materia electoral, al no aceptarse la relación oscura,
    deficiente o equívoca, como la expresión exacta del
    pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es
    decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser
    analizado en conjunto para que, el juzgador pueda,
    válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.
    Tercera Época:
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    074/97.—Partido Revolucionario Institucional.—11 de
    septiembre de 1997.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    099/97.—Partido Acción Nacional.—25 de septiembre de
    1997.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    058/99.—Partido del Trabajo.—14 de abril de 1999.—
    Unanimidad de votos.
    Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, página 17,
    Sala Superior, tesis S3ELJ 04/99.
                               29       TEDF- JLDC-147/2009




    Compilación Oficial de Jurisprudencia          y   Tesis
    Relevantes 1997-2005, páginas 182-183.”
    (Lo subrayado es propio)



En este orden de ideas, acorde con el artículo 62 fracción II
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, de la
lectura del escrito de demanda se colige que la litis en el
presente   asunto     se   constriñe   en    determinar,   si   la
interpretación realizada por el Consejo General de
diversas normas legales para integrar la “Lista B” de
diputados de representación proporcional del Partido
Revolucionario Institucional fue incorrecta y, por tanto,
procede modificar el acuerdo impugnado, así como
revocar la constancia de asignación otorgada al citado
partido político, o bien si dicha interpretación fue correcta
y, por ende, debe confirmarse el acto impugnado por estar
ajustado a Derecho.


Dicho lo anterior, por razones de método, este Tribunal
Pleno procederá al estudio de los motivos de disenso
expuestos por el actor en orden distinto al señalado en su
escrito de demanda.


Asimismo, al advertir que en varios agravios se reitera la
causa de lesión, se efectuará un análisis agrupando los que
tengan estrecha relación entre sí. Lo anterior no irroga
perjuicio a la impetrante, tal y como lo dispone la tesis de
jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación siguiente:
                                 30         TEDF-JLDC-147/2009




    “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
    NO CAUSA LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad
    responsable de los agravios propuestos, ya sea que los
    examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o
    bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en
    orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que
    amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la
    forma como los agravios se analizan lo que puede originar
    una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean
    estudiados.
    Tercera Época:
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y
    acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de
    diciembre de 1998.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    255/98.—Partido Revolucionario Institucional.—11 de enero
    de 1999.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    274/2000.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de
    septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.
    Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 5-
    6, Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2000.
    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
    Relevantes 1997-2005, página 23.”



Sentado lo anterior, con fundamento en lo previsto en el
artículo 62 fracciones III y IV de la Ley Procesal Electoral
para el Distrito Federal, se procede al estudio y análisis de los
agravios expresados por el actor, así como (en su caso) de
los hechos o puntos de derecho formulados por la autoridad
responsable al rendir su informe circunstanciado, y por el
tercero interesado en su escrito de comparecencia, conforme
a lo anteriormente expuesto.


En este contexto, del análisis del escrito de demanda se
deducen los agravios siguientes:


A. El actor alega que, a causa de la indebida interpretación
que el Consejo General realizó a diversos artículos del
                              31        TEDF- JLDC-147/2009




Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del código
electoral local, no quedó posicionado en el primer lugar de la
denominada “Lista B”, relativa a la asignación de diputaciones
por el principio de representación proporcional, prevista en
los artículos 37 párrafo quinto, inciso d) de citado estatuto, y
14 fracción IX, inciso a) del Código Electoral del Distrito
Federal y, por tanto, no le fue concedida una de las
diputaciones asignadas a su partido político por el principio
de representación proporcional.


Lo anterior, pues en su concepto, los cálculos y las
operaciones realizadas por el Consejo General para integrar
la aludida “Lista B” de representación proporcional, las
efectuó con base en una interpretación incorrecta de diversos
preceptos legales, entre ellos, los numerales 37 párrafo
quinto, inciso d) del aludido estatuto de gobierno, y 14
fracción IX, inciso a) del código electoral, “… ya que se
basaron en los porcentajes de votación obtenidos por cada
candidato,   en    su   respectivo    distrito   comparándolos
nuevamente con el universo total de candidatos y no
solamente con las otras fórmulas de su propio partido político
como lo señala literalmente…” dicho estatuto. De modo que,
a juicio del impetrante, “… el criterio de asignación tomado en
cuenta por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, absurdamente no premia a quienes, para
esos efectos, lleva más sufragios a su organización
política…”
                               32        TEDF-JLDC-147/2009




Asimismo, el actor manifiesta que el Consejo General,
mediante el acuerdo impugnado, realizó una interpretación
sistemática de los artículos 134 fracción VI, 309, 310 y 312
del código electoral local, a través de la cual “… arriba a la
conclusión de que la frase ‘votación distrital’ debe entenderse
como la suma de todos los votos depositados en las urnas
del distrito…”; ello sin haber tomado en cuenta la parte final
del numeral 37 párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo del
citado estatuto de gobierno, referente a que, los más altos
porcentajes de votación distrital deben compararse con las
otras fórmulas del propio partido político para esa misma
elección.


B. El actor alega que el acto reclamado viola su derecho
político-electoral a ser votado, y aduce que “… la materia de
los derechos político electorales debe ser interpretada a la luz
de criterios más amplios de lo que aparece a simple vista, en
particular en cuanto al derecho a ser votado…”, o sea, que su
interpretación y aplicación no debe ser restrictiva.


Asimismo, aduce que la autoridad responsable violó en su
perjuicio el artículo 2 del código electoral local, el cual
establece cómo deben interpretarse y aplicarse las normas
contenidas en el mismo código, al haber interpretado
solamente en forma sistemática y no funcional las normas
relativas a la asignación de los diputados de representación
proporcional, y también al haber aplicado indebidamente los
numerales 314 y 315 de referido código. Lo que en su
concepto hizo que no estuviera dentro de la aludida “Lista B”
                                33      TEDF- JLDC-147/2009




de representación proporcional, pues la responsable realizó
la asignación de diputaciones con base en el porcentaje
obtenido en cada distrito en lo particular, y no en relación a la
suma de todos los votos emitidos en los cuarenta distritos.


C. El actor se duele de la indebida interpretación y aplicación
que la autoridad responsable realizó del artículo 13 fracción I
del código electoral local, el cual define qué debe entenderse
por “votación total emitida”, pues es su concepto, de la
interpretación tanto gramatical, sistemática y/o funcional de
referido precepto legal, en relación con el numeral 12 del
mismo    código,    para   la   asignación   de   diputados   de
representación proporcional, se desprende que la votación
total emitida es la obtenida en toda la circunscripción
correspondiente, o sea, en los cuarenta distritos electorales
uninominales    y   no     en   cada   uno   de    ellos,   como
incorrectamente lo interpretó y aplicó el Consejo General,
pues en ninguno de los preceptos señalados se hace
mención sobre “la votación válida efectiva en un distrito”. Lo
cual, también a juicio del actor, viola el principio de
proporcionalidad pura.


D. El actor se duele de que el acuerdo impugnado viola en su
perjuicio el artículo 16 párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su
concepto, en el referido acto de autoridad hay una “…
ausencia total de fundamentación y motivación…”, pues dicho
acto no se adecua a las normas en que se apoya.
                                34       TEDF-JLDC-147/2009




E. El actor aduce que el acuerdo impugnado viola en su
perjuicio el principio de legalidad, consagrado en artículo 16
párrafo primero constitucional, a causa de la indebida
interpretación y aplicación de las normas con las que la
autoridad responsable fundó dicho acuerdo, entre ellas, las
previstas en los artículos 308 a 316 del código electoral local.


F. El actor reclama que el acuerdo impugnado viola en su
perjuicio el principio de seguridad jurídica, consagrado en el
artículo 16 párrafo primero constitucional, así como el
principio de certeza, previsto en el numeral 2 párrafo tercero
del código electoral local, los cuales deben observar las
autoridades electorales al dictar sus actos, a fin de que éstos
“… revistan de certidumbre electoral, lo cual significa que en
todo momento deben poder ser verificables y por tanto
fidedignos y confiables…” Ello, debido a que, en su concepto,
“… la interpretación normativa realizada y el procedimiento
desarrollado son contrarios a la normatividad aplicable por lo
que   no   existe   precisión   indudable   respecto    de   los
fundamentos jurídicos de los criterios aplicables…”


En síntesis, se infiere que la pretensión del actor consiste
en que se revoque el acuerdo impugnado, a efecto de
obtener una mejor posición en el orden de prelación en la
“Lista B” de la asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional, prevista en el artículos 37
párrafo quinto, inciso d) del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, y 14 fracción IX, inciso a) del Código Electoral del
Distrito Federal, al estimar que le causa agravio la indebida
                                    35        TEDF- JLDC-147/2009




interpretación y aplicación que la autoridad responsable hizo
de diversas normas de los citados ordenamientos legales,
para     determinar      la    integración   de     la    referida     lista,
correspondiente al Partido Revolucionario Institucional.


En este tenor, el planteamiento del actor es fundado por las
razones siguientes:


Acorde con lo establecido en los artículos 122 párrafo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
37 párrafo primero del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; y 8 del Código Electoral del Distrito Federal, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integra por
cuarenta diputados electos por el principio mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y
de     veintiséis   diputados      electos    por    el    principio     de
representación proporcional, mediante el sistema de listas
votadas en una circunscripción plurinominal.


En concordancia con lo anterior, el numeral 11 fracciones I y
II del mencionado código electoral, dispone que las
elecciones en el Distrito Federal se deben verificar de
acuerdo al ámbito territorial siguiente: a) la de diputados de
mayoría      relativa,    en     los     cuarenta    distritos       locales
uninominales; y b) la de diputados de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una
sola circunscripción plurinominal que abarca todo el
territorio del Distrito Federal.
                                    36               TEDF-JLDC-147/2009




Ahora bien, la representación proporcional es el sistema
electoral en el que el porcentaje de votos que reciben los
partidos políticos determina el número de escaños o
diputaciones que les son asignados en el órgano legislativo
local. Es el principio de asignación de curules por medio del
cual se atribuye a cada partido político o coalición un número
de escaños proporcional al número de votos emitidos en
su favor.


En efecto, es el principio por el cual se asignan escaños a
diputados provenientes de una o más listas, en función del
número total de votos que obtiene cada partido político, ya
que el número de escaños es proporcional al número de
votos emitidos a favor de cada partido político o coalición,
dentro de la circunscripción plurinominal que abarque el
ámbito territorial de la elección.


Así    pues,    la    representación            proporcional            “es   un
procedimiento electoral que establece una proporción entre el
número de votos obtenidos por cada partido o tendencia y el
número de sus representantes elegidos”.3


Dicho lo que antecede, es menester mencionar que, para
efectos de celebrar las elecciones de diputados locales por el
principio de mayoría relativa, un distrito uninominal es cada
una de las cuarenta partes en que se encuentra dividido el
territorio del Distrito Federal. El término “uninominal”
significa que cada partido político puede postular un solo

3
    Diccionario de la Lengua    Española   de   la    Real   Academia    Española
(http://www.rae.es/rae.html).
                                 37         TEDF- JLDC-147/2009




candidato por cada distrito en el que participa, en el que el
ganador es quien más votos obtenga de los electores
registrados en dicho distrito.


Por su parte, el término “circunscripción plurinominal” se
refiere a que en dicho ámbito territorial se eligen a varios
candidatos, de los postulados por cada partido político,
mediante el sistema de listas votadas. De ahí que se utilice el
término “plurinominal”, cuyo significado es “más de uno”.


En esta tesitura, se advierte que el procedimiento a seguir
para asignar las veintiséis diputaciones de representación
proporcional, se encuentra establecido en los artículos 37
párrafos quinto y sexto del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, y 12, 13 y 14 del Código Electoral del Distrito
Federal, cuyo tenor literal siguiente:


    “Artículo 37. …

    …

    La elección de los diputados según el principio de
    representación proporcional y el sistema de listas en una sola
    circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes
    bases y a lo que en particular disponga la Ley:

    a) Un partido político para obtener el registro de su lista de
       candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del
       Distrito Federal, deberá acreditar que participa con
       candidatos por mayoría relativa en todos los distritos
       uninominales del Distrito Federal.

    b) Los partidos políticos podrán registrar simultáneamente,
        en un mismo proceso electoral, hasta cinco fórmulas de
        candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa por
        mayoría relativa y por representación proporcional.
                              38          TEDF-JLDC-147/2009




c) La aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura
   determinará el número de diputados que corresponda a
   cada partido por este principio.

d) El partido político que por sí solo alcance por lo menos el
   dos por ciento del total de la votación emitida, tendrá
   derecho a participar en la asignación de diputados por el
   principio de representación proporcional, conforme a lo
   siguiente:

    Los partidos políticos registrarán una lista parcial de trece
    fórmulas de candidatos a diputados por el principio de
    representación proporcional, lista ‘A’. Los otros trece
    espacios de la lista de representación proporcional, lista
    ‘B’, serán dejados en blanco para ser ocupados, en su
    momento, por las fórmulas de candidatos que surjan de
    la competencia en los distritos y que no hubieran
    obtenido el triunfo, pero hubieran alcanzado los más
    altos porcentajes de votación distrital, comparados con
    otras fórmulas de su propio partido para esa misma
    elección.

    El orden en que se conformará la lista definitiva de
    diputados que corresponda a cada partido o coalición
    bajo el principio de representación proporcional, se hará
    intercalando las listas ‘A’ y ‘B’, iniciando por la primera
    fórmula registrada en la lista ‘A’, seguida por la primera
    fórmula de la lista ‘B’ y así sucesivamente hasta agotar el
    número de diputaciones asignadas a cada partido o
    coalición.

    En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca
    tanto en la lista ‘A’, como en la ‘B’, con derecho a la
    asignación de una diputación de representación
    proporcional se le otorgará el lugar en el que esté mejor
    posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante,
    será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de
    prelación de la lista ‘A’.

    Tratándose de coaliciones y candidaturas comunes, la
    Ley desarrollará el procedimiento correspondiente
    considerando lo señalado en los incisos anteriores.

En todo caso, para la asignación de diputados por el principio
de representación proporcional se observarán las siguientes
reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más de cuarenta
   diputados electos por ambos principios.
                              39         TEDF- JLDC-147/2009




b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor
   número de constancias de mayoría y por lo menos el
   treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le
   será asignado el número de diputados de representación
   proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta
   de la Asamblea.

c)     Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual
     número de constancias de mayoría y por lo menos el
     treinta por ciento de la votación, a aquel que obtuviese la
     mayor votación le será asignado el número de diputados
     de representación proporcional suficiente para alcanzar
     la mayoría absoluta de la Asamblea.

d) De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún caso
    un partido político podrá contar con un número de
    diputados, por ambos principios, que represente un
    porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que
    exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total
    emitida, salvo que dicho límite se haya excedido como
    resultado de sus triunfos en distritos uninominales.
…
…”
(Lo subrayado es propio)


“Artículo 12. Tendrán derecho a participar en la asignación
de Diputados por el principio de representación proporcional,
los Partidos Políticos o Coaliciones que cumplan los
requisitos siguientes:

I. Registrar, en orden de prelación, una lista con la mitad   del
número total de Diputados a elegir por el principio            de
representación proporcional en la circunscripción,             en
fórmulas de candidatos propietarios y suplentes en            los
términos establecidos por este Código;

Los Partidos que se encuentren en el supuesto al que se
refiere el artículo 14 fracción IX inciso C de este Código,
registrarán una lista con un número igual al de Diputados a
elegir por el principio de representación proporcional en la
circunscripción.

II. Obtener cuando menos el 2% de la votación total emitida
en la circunscripción; y

III. Registrar candidatos a Diputados de mayoría relativa en
todos los distritos uninominales en que se divide el Distrito
Federal.”
                              40          TEDF-JLDC-147/2009




“Artículo 13. Para la asignación de Diputados electos por el
principio de representación proporcional se tendrán en
cuenta los conceptos y principios siguientes:

I. Votación total emitida: es la suma de todos los votos
depositados en las urnas en la circunscripción respectiva;

II. Votación efectiva: es la que resulte de deducir de la
votación total emitida, los votos a favor de los Partidos
Políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos;

III. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación
efectiva entre los Diputados de representación proporcional
por asignar, en los términos de este Código;

IV. Votación ajustada: es la que resulte de deducir de la
votación efectiva, los votos de los Partidos Políticos a los que
se les hayan asignado Diputados en los términos de los
incisos b) o c) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal y/o se le aplique el límite a
que se refiere la fracción IV del artículo 14 de este Código;

V. Cociente de distribución: es el resultado de dividir la
votación ajustada entre el número de Diputados de
representación proporcional por asignar en los términos las
fracciones V, VI y VII del Artículo 14 de este Código; y

VI. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos
de las votaciones de cada Partido Político, se utilizará
cuando aún hubiese Diputaciones por distribuir, una vez
hecha la asignación de acuerdo con los párrafos anteriores.”


“Artículo 14. Para la asignación de Diputados electos por el
principio de representación proporcional se procederá a la
aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura,
conforme a las reglas siguientes:

I. Ningún Partido Político podrá contar con mayor número de
integrantes de la Asamblea Legislativa del total que
determina el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

II. Al Partido Político o Coalición que obtenga por sí mismo el
mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el
30% de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el
número de Diputados de representación proporcional
suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea,
de conformidad con el inciso b) del párrafo sexto del artículo
37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
                              41         TEDF- JLDC-147/2009




III. Para el caso de que dos Partidos tuviesen igual número
de constancias de mayoría relativa y por lo menos 30% de la
votación, a aquel que obtuviese la mayor votación le será
asignado el número de Diputados de representación
proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de
la Asamblea, de conformidad con el inciso c) del párrafo
sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal;

IV. Con excepción del Partido al que le sean asignados
Diputados según las fracciones II o III, del presente artículo,
ningún otro Partido Político o Coalición podrá contar con un
número de Diputados por ambos principios, cuyo porcentaje
del total de la Asamblea Legislativa exceda en tres puntos a
su porcentaje de votación emitida, salvo que esto último
resulte de sus triunfos de mayoría relativa o que le hayan
sido asignados Diputados en los términos de las fracciones II
o III de este artículo;

V. Con base en las veintiséis Diputaciones de representación
proporcional o con las que se encuentren pendientes de
distribuir, si es que se actualiza alguno de los supuestos
previstos en las fracciones II y III de este artículo, se
calculará el cociente natural y se determinará el número de
Diputaciones que corresponderían a cada Partido Político o
Coalición con derecho, conforme al número de veces que su
votación se contenga en dicho cociente, aplicando, en su
caso, el resto mayor;

VI. Se determinará si de acuerdo con la distribución
calculada en términos de la fracción anterior, se actualiza la
hipótesis a que se refiere la fracción IV de este artículo; de
no ser así, se asignarán a los Partidos Políticos o Coaliciones
con derecho, las Diputaciones que se hubieren determinado;

VII. Al Partido Político o Coalición que supere el límite a que
se refiere la fracción IV de este artículo, le serán deducidos
del cálculo realizado conforme a lo dispuesto por la fracción
V, el número de Diputados de representación proporcional
necesarios hasta que se ajuste al límite respectivo,
asignándose las Diputaciones excedentes a los demás
Partidos Políticos que no se ubiquen en ese supuesto;

VIII. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior,
una vez hecha la deducción y determinado el número de
Diputados a asignar al Partido Político o Coalición
correspondiente, se realizará nuevamente la distribución con
las diputaciones pendientes de asignar entre los demás
Partidos Políticos, con base en el cociente de distribución y,
en su caso, el resto mayor;
                             42          TEDF-JLDC-147/2009




IX. Para la asignación de los Diputados por el principio de
representación proporcional, se procederá de la siguiente
manera:

a) Se ordenará una lista de los candidatos de un Partido
Político o Coalición que hubiesen contendido por el principio
de mayoría relativa y que no hubieren obtenido el triunfo; el
orden de prelación de esta lista será determinado, en orden
descendente, por el resultado de restar el porcentaje de
votación obtenida por el candidato, menos el porcentaje de
votación obtenido por el Partido o Coalición en la elección de
Diputado por el principio de mayoría relativa en el mismo
distrito en la elección ordinaria inmediata anterior.

Para efectos del párrafo anterior, si una Coalición que había
contendido en la elección inmediata anterior ya no hubiese
contendido como tal en el último proceso electoral, o si en el
último proceso electoral contendió una Coalición que no
había sido conformada en la elección inmediata anterior, se
sumarán o restarán, según sea el caso, los porcentajes de
votaciones estipulados en los convenios de Coalición
correspondientes.

b) Se intercalará la lista a la que se refiere el inciso a) de
esta fracción con la lista de candidatos por el principio de
representación proporcional registrada por el Partido o
Coalición, empezando por esta última.

c) En el caso de Partidos Políticos que contiendan por
primera vez, la asignación de Diputados por el principio de
representación proporcional que le correspondan solamente
se realizará conforme a la lista registrada para este fin.

d) Para efectos del inciso a) de esta fracción, si de un
proceso electoral a otro se hubiese llevado a cabo una
redistritación, serán computados los resultados de la elección
inmediata anterior correspondientes a las secciones
electorales que conforman el nuevo distrito.

X. Las vacantes de miembros propietarios de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal electos por el principio de
representación proporcional, serán cubiertas por los
suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se
presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por
aquella fórmula de candidatos del mismo Partido o Coalición
que siga en el orden de la lista respectiva, después de
habérsele asignado los Diputados que le hubieren
correspondido.”

(Lo tachado fue declarado inválido, acorde con el punto
resolutivo CUARTO de la sentencia dictada el 27 de mayo de
                                         43        TEDF- JLDC-147/2009




        2008 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
        Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 58/2008
        y sus acumuladas 60/2008 y 58/2008, promovidas por el
        Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo y
        el Procurador General de la República, respectivamente, en
        contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el
        Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicada el 21 de julio
        de 2008 en el Diario Oficial de la Federación).



En este contexto, para la determinación de cuáles candidatos
son      los    elegidos      por   el     sistema    de   representación
proporcional, se aprecia que con las recientes reformas
constitucionales y legales a la legislación electoral, el
legislador ordinario estableció que mediante la ejecución de
dos procedimientos se lleve a cabo la asignación de las
veintiséis        diputaciones           locales     de    representación
proporcional.


El primero de esos procedimientos, tiene por objeto la
asignación de las veintiséis curules entre los partidos políticos
y/o coaliciones contendientes en la elección, que cumplan
con los requisitos establecidos en los preceptos legales en
cita (artículos 37 párrafo quinto, incisos a) y d), párrafo
primero del aludido estatuto de gobierno; y 12 del código
electoral local).


Ello,      mediante      la    aplicación      de    una    fórmula       de
proporcionalidad pura para determinar el número de
diputados que corresponda a cada partido por este principio
[artículo 37 párrafo quinto, inciso c)], conforme a los
lineamientos y límites previstos en los numerales 37
párrafo sexto del estatuto de gobierno, y 13 y 14
                                44         TEDF-JLDC-147/2009




fracciones I a VIII del código electoral local, a efecto de
evitar     la     sobre-representación     de    los   partidos
dominantes o mayoritarios.


Por su parte, el segundo de los procedimientos en comento,
regulado en los artículos 37 párrafo quinto, inciso d) del
estatuto de gobierno, y 14 fracción IX, incisos a) y b) del
código electoral local, tiene por objeto la integración de las
dos      listas   a   ser   votadas   en   la   circunscripción
plurinominal, con los candidatos postulados por los partidos
políticos y/o coaliciones contendientes. Ello, pues la elección
de los veintiséis diputados locales por el principio de
representación proporcional, es mediante el sistema de
listas votadas en una circunscripción plurinominal que
abarca todo el territorio del Distrito Federal.


Cada una de esas dos listas se integra por trece fórmulas
(propietario y suplente). El orden en que se debe conformar la
lista definitiva de diputados que corresponda a cada partido
político y/o coalición, se debe realizar intercalando las
fórmulas que integren cada una de las dos listas, iniciando
por la primera fórmula registrada en la denominada “Lista A”’,
seguida por la primera fórmula de la “Lista B”, y así
sucesivamente hasta agotar el número de diputaciones
asignadas a cada partido político y/o coalición que así
corresponda, de acuerdo con el número de diputaciones a
que tenga derecho.
                              45        TEDF- JLDC-147/2009




En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca tanto
en la “Lista A”’, como en la “B”, con derecho a la asignación
de una diputación de representación proporcional, se le debe
otorgar el lugar en el que esté mejor posicionada. El lugar
que dicha fórmula deje vacante, debe ser ocupado por la
fórmula siguiente en el orden de prelación de la “Lista A”.


Así las cosas, en cuanto a la integración de a la “Lista A”, los
partidos políticos deben registrar una lista parcial de trece
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional. De este modo, se aprecia que
los diputados que se asignan proporcionalmente provienen
de una lista que el partido político presenta antes de las
elecciones, cuyo orden de prelación es determinado por el
mismo partido político postulante.


Este sistema también es conocido como de “listas cerradas”,
ya que en él los votantes no tienen capacidad alguna de
modificarlo, como sí ocurre con el sistema contrario, llamado
de “listas abiertas”, en el que no se elige a una lista de
representantes confeccionado por un partido político, sino
que se elije a los representantes mismos.


En términos generales, se denomina “listas abiertas” a
cualquiera de las variedades de representación proporcional
donde los votantes tienen algún tipo de influencia en el orden
en que son elegidos los candidatos de un partido político.
Existen diferentes sistemas de listas abiertas, cada uno de
los cuales otorga una mayor o menor capacidad al votante.
                                 46          TEDF-JLDC-147/2009




En este orden de ideas, por lo que refiere a la integración de
la “Lista B”, acorde con lo dispuesto por los ya citados
numerales 37 párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo, del
estatuto de gobierno, y 14 fracción IX, inciso a) del código
electoral local, se aprecia que el legislador estableció lo que a
continuación se detalla:


    “Artículo 37. …
    …
    La elección de los diputados según el principio de
    representación proporcional y el sistema de listas en una sola
    circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes
    bases y a lo que en particular disponga la Ley:
    …
    d) …
        ... Los otros trece espacios de la lista de representación
        proporcional, lista ‘B’, serán dejados en blanco para ser
        ocupados, en su momento, por las fórmulas de
        candidatos que surjan de la competencia en los distritos
        y que no hubieran obtenido el triunfo, pero hubieran
        alcanzado los más altos porcentajes de votación distrital,
        comparados con otras fórmulas de su propio partido para
        esa misma elección.
    ...
    …”
    (Lo subrayado es propio)


    “Artículo 14. …
    IX. Para la asignación de los Diputados por el principio de
    representación proporcional, se procederá de la siguiente
    manera:
    a) Se ordenará una lista de los candidatos de un Partido
    Político o Coalición que hubiesen contendido por el principio
    de mayoría relativa y que no hubieren obtenido el triunfo; el
    orden de prelación de esta lista será determinado, en orden
    descendente, por el resultado.
    b) …
    X. …”
    (Lo subrayado es propio)
                              47       TEDF- JLDC-147/2009




Atento con lo anterior, se aprecia que para la integración de
la “Lista B” el legislador ordinario implementó un “sistema o
modalidad de porcentajes mayores”, para determinar
cuáles deben ser las trece fórmulas que integren la lista, de
entre las fórmulas postuladas en la elección de diputados
locales por el principio de mayoría relativa, en cada uno de
los cuarenta distritos uninominales, que no ganaron pero
obtuvieron el mayor número de votos, en un orden de
prelación descendente; el cual (precisamente) se determina
con base en los más altos porcentajes de votación
distrital obtenidos por dichas fórmulas, comparados con
las otras fórmulas del mismo partido político, obtenidos
en la misma elección de mayoría relativa.


De este modo, se advierte que el legislador ordinario con las
recientes reformas al estatuto de gobierno y al código
electoral local, para la elección de los sesenta y seis
diputados locales estableció como sistema electoral, uno de
representación proporcional mixta, similar a los sistemas
de representación proporcional, pero que incluye un número
específico (e incluso mayor) de diputados electos por el
principio de mayoría relativa, en el cual el voto de los
electores tiene dos efectos y/o propósitos.


El primero, que la fórmula por la cual vote obtenga el mayor
número de votos dentro del distrito uninominal de que se trate
y resulte electo, y el segundo, que en caso de que la fórmula
por la cual votó no obtenga la diputación uninominal en
disputa en el distrito, obtenga el más alto porcentaje de
                              48        TEDF-JLDC-147/2009




votación distrital dentro de la circunscripción plurinominal
correspondiente, en relación con los porcentajes de las otras
fórmulas postuladas por su partido político.


Ciertamente, en este sistema de representación por listas,
éstas se registran por cada partido político o coalición, y el
elector vota por la lista, lo que significa que en este sistema
mixto existe un voto con efectos simultáneos, ya que el
elector vota por los candidatos de mayoría relativa y, al
mismo tiempo y automáticamente, vota por los candidatos de
representación proporcional, pues no hay dos boletas.


Así, el elector, cuando vota por el diputado de mayoría
relativa, vota, al mismo tiempo, por la lista de representación
proporcional, y los candidatos a elegir por ambos principios
se conocen previamente.


Asimismo, como se aprecia, se trata de un sistema mixto,
puesto que, en cada distrito uninominal, el candidato es
elegido utilizando el principio de mayoría relativa, con el
número mayor de votos gana la representación del distrito, y
como ya se señaló, en caso de no ser el candidato ganador,
a nivel de circunscripción plurinominal (superior al nivel
distrital), con base en el porcentaje de votación distrital
obtenido puede ser designado, proporcionalmente al número
de votos que haya recibido en su partido.


De modo que, en dicho sistema, para la asignación de las
diputaciones plurinominales, se debe integrar las dos
                                  49         TEDF- JLDC-147/2009




referidas listas (la “A” y la “B”), a ser votadas en todo el
territorio del Distrito Federal. La primera “cerrada” y la
segunda “abierta”, pues como ya se adujo, en las listas
cerradas, sus integrantes son elegidos por el partido político,
y en las listas abiertas, por los electores.


De ahí que, la integración de la “Lista B” sea (justamente) en
función del sistema de representación proporcional, o sea,
proporcionalmente al número de votos obtenidos por cada
uno de los candidatos del partido político de que se trate, en
la elección de mayoría relativa.


En este contexto, de la lectura de los considerandos 17
(diecisiete) a 21 (veintiuno) del acuerdo impugnado (páginas
6 a 8), se desprende lo siguiente:


    “…
    17. Atento a lo establecido en el artículo 37, párrafo quinto,
    inciso d) del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en
    relación con el diverso 14, fracción IX del Código Electoral
    del Distrito Federal, esta autoridad procede a integrar la lista
    parcial “B”. Para ello, se toma como base que los espacios
    dejados en blanco (pares) deber ser ocupados por las
    fórmulas de candidatos, en forma descendente, que surjan
    de la competencia en los distritos y que no hubieren obtenido
    en triunfo, pero hubieran alcanzado “los más latos
    porcentajes de votación distrital”, comparados con otras
    fórmulas de su propio partido para esa misma elección.

    18. Ante la falta de una definición de la frase “votación
    distrital”, el texto transcrito se presta para que la expresión
    “los más altos porcentajes de votación distrital, comparados
    con otras fórmulas de su propio partido para esa misma
    elección” admita ser entendida, por lo menos, en los
    siguientes tres sentidos: a) que la votación distrital
    corresponde a la suma de todos los votos (válidos y nulos)
    depositados en las urnas del distrito; b) que dicha votación
    se integra sólo con la suma de los votos válidos obtenidos en
    dicho distrito, y c) que esa votación se debe obtener de la
                              50           TEDF-JLDC-147/2009




suma de los votos obtenidos por el partido político respectivo
en el distrito que se trate. Como se ve, la sola literalidad del
texto resulta insuficiente para determinar cuál debe ser el
factor que servirá de base para obtener los más altos
porcentajes referidos en el precepto. Por ende, es necesario
acudir a otro tipo de interpretación para dar significado a la
expresión citada.

19. La interpretación sistemática de los artículos 134,
fracción VI, 309, 310 y 312 del Código Electoral del Distrito
Federal, en relación con el principio general de derecho que
dice: donde la ley no distingue no se debe distinguir, permite
arriba a la conclusión, que la frase “votación distrital” debe
entenderse como la suma de todos los votos depositados en
las urnas del distrito. En efecto, de acuerdo con el sistema
electoral del Distrito Federal, el cómputo distrital de una
elección es la suma que realiza el Consejo Distrital de los
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de
las casillas instaladas en un distrito electoral o de los
contenidos en el medio magnético, tratándose de la votación
electrónica. Los resultados de los cómputos distritales se
hacen constar en las respectivas Acta de Cómputo Distrital,
las cuales contienen todos los votos depositados en las
urnas para una misma elección, para partidos políticos,
para candidatos comunes y votos nulos. Como se ve,
cuando en el ordenamiento electoral se hace referencia a lo
“distrital” en él incluye la totalidad de los resultados
obtenidos, sin hacer exclusión alguna. Por tanto, válidamente
se puede asociar el término de “votación distrital” a la
totalidad de los sufragios emitidos en un distrito.”

20. El significado concedido se corrobora si se tiene
presente, que la utilización del factor de votación distrital,
entendida como el total de votos depositados en las urnas
del distrito, para determinar los porcentajes más altos,
posibilita que se equilibre la verdadera representatividad de
los candidatos de un mismo partido frentes al respaldo
popular, toda vez que debe considerase que los cuarenta
distritos electorales en que se divide el territorio del Distrito
Federal tienen un diferente número de ciudadanos inscritos
en las listas nominales de electores y un diferente porcentaje
de participación, con lo cual se elimina la distorsión que
podría generarse si se atiende exclusivamente al número de
votos obtenido por cada candidato de un partido político.
Además, debe tenerse en cuenta, que si la finalidad del
legislador hubiera sido tomar en cuenta sólo el número de
votos obtenidos por cada candidato de un partido político, así
lo habría manifestado y no habría incluido la expresión “los
más altos porcentajes de votación distrital.
                                      51          TEDF- JLDC-147/2009




    21. Con base en lo anterior, corresponde a esta autoridad
    electoral ordenar los porcentajes de votación total emitida en
    cada Distrito Electoral por partido político en forma
    descendente, quedando integradas las listas parciales “B” de
    cada uno de los Partidos, como a continuación se detalla:

    …

                                        LISTA “B”
                          PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
                         CANDIDATOS            CANDIDATOS       PORCENTAJE DE LA
     No.   DTTO.
                        PROPIETARIOS           SUPLENTES       VOTACIÓN DISTRITAL
                      AGUILAR ESQUIVEL     SANCHEZ ALVARADO
      1    XXXIV                                                     22.56
                           EMILIANO             FILOGONIO
                      URBINA MOSQUEDA       GONZALEZ ORTEGA
      2      X                                                       20.46
                       LEOBARDO JUAN             GUSTAVO
                   VARGAS SANCHEZ ALAN       GOMEZ GARNICA
      3     VIII                                                     20.01
                           CRISTIAN               JORGE
                     VACA JIMENEZ MARÍA OCHOA PEREZ ANGEL
      4     XIII                                                     19.81
                          FERNANDA                ALEXIE
                      LERDO DE TEJADA     RODRIGUEZ CACERES
      5     XIV                                                      19.27
                    SERVITJE GUILLLERMO      MARIA CARLOTA
                     ROMERO IXTLAPALE       SANCHEZ MENDOZA
      6      V                                                       18.74
                           VIRGILIO           MIRIAM LUCILA
                      ALEMAN VAZQUEZ         GELISTA CORONA
      7     VII                                                      18.12
                            MIGUEL             GUADALUPE
                     HERNANDEZ FLORES
      8     XVI                             BASTIDA RUIZ RITA        18.11
                        JORGE ISRAEL
                      FERNANDEZ CESAR      HERNANDEZ DOCTOR
      9     IV                                                       17.99
                            MONICA                 ABEL
                   BECERRIL CASTELLANOS       MURUETA DIAZ
     10     XI                                                       17.95
                          ARMANDO           ARLETTE GRACIELA
                                            DUARTE USCANGA
     11      II     GARCIA RICO ARACELI                              17.94
                                                ELDA ROSA
                        PEREZNEGRON
                                              BUSTOS LOPEZ
     12    XXIV    PEREZNEGRON JOSE DE                               17.89
                                                EBERARDO
                            JESUS
                      ROJAR RODRIGUEZ     ORTIGOZA CASTAÑEDA
     13     XII                                                      17.65
                           GABRIEL               CLAUDIA


    …”



Asimismo, en el considerando 25 del acuerdo impugnado
(páginas 14 y 15), aparecen los resultados que el Consejo
General obtuvo al realizar el cómputo total de la elección de
diputados por principio de representación proporcional, al
tenor siguiente:
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                                 PARTIDOS POLÍTICOS
                                                                               VOTOS
DISTRITO                                                                             TOTALES
                                                                               NULOS
                                                            Nueva
            P AN   PRI    PRD    PT     PVEM Convergencia                PSD
                                                            Al i a n z a

    I      7,654   9,472 30,577 5,956   7,649     2,971      2,484     965     6,786   74,514


   II      20,019 13,898 18,220 5,162   6,388     1,707      2,682    1,138    8,245   77,459


   III     19,579 15,464 25,718 6,274   8,940     1,682      3,626    1,302    8,812   91,397


   IV      9,962 12,236 19,501 5,342    7,429     2,425      2,970    1,129    7,018   68,012


   V       17,580 15,492 20,212 6,280   7,728     2,342      3,469    1,347    8,193   82,643


   VI      8,778 10,190 19,147 5,046    5,927     2,024      2,379    1,396    6,037   60,924


   VII     16,252 12,387 13,679 5,177   6,019     2,857      3,432    1,101    7,432   68,336


  VIII     13,480 15,138 18,446 7,140   7,054     2,163      2,962    1,475    7,812   75,670


   IX      24,100 13,451 23,823 4,948   7,028     1,623      3,429    1,567    8,042   88,011


   X       12,083 15,984 22,831 6,000   6,995     1,736      2,711    1,446    8,336   78,122


   XI      13,949 14,830 28,028 6,790   6,248     1,385      2,666    1,253    7,474   82,623


   XII     12,911 14,370 23,059 8,766   8,045     1,845      3,447    1,268    7,735   81,446


  XIII     14,725 15,918 22,486 5,646   7,179     1,615      2,584    1,516    8,696   80,365


  XIV      32,104 16,785 12,459 3,721   5,582     1,281      2,452    1,771 10,758     86,913


  XV       10,732 12,308 20,553 7,621   8,065     1,492      3,093    1,374    7,337   72,575


  XVI      13,137 12,514 16,772 6,121   6,711     1,996      2,773    1,658    7,422   69,104


  XVII     35,954 18,173 15,380 6,961   7,655     1,756      3,802    3,232 13,580     106,493


  XVIII    11,234 11,418 24,568 6,511   7,810     2,348      2,500    1,780    8,279   76,448


  XIX      5,568 10,945 16,821 8,380    5,371     994        2,386    4,844    7,259   62,568


  XX       36,429 15,747 11,947 5,096   5,857     1,455      2,616    2,491 12,158     93,796


  XXI      26,191 12,885 22,571 5,687   8,209     1,680      6,692    1,834    8,638   94,387


  XXII     10,538 11,250 16,298 14,567 8,072      1,001      2,645    1,130    6,497   71,998


  XXIII    6,365   8,206 16,077 14,587 6,529      1,005      2,509     933     4,957   61,168
                                         53           TEDF- JLDC-147/2009




                                 PARTIDOS POLÍTICOS
                                                                               VOTOS
DISTRITO                                                                             TOTALES
                                                                               NULOS
                                                            Nueva
            P AN   PRI    PRD     PT    PVEM Convergencia                PSD
                                                            Al i a n z a

  XXIV     14,838 14,409 15,404 14,356 7,235      1,261      3,531    1,260    7,689   79,983


  XXV      23,232 12,892 22,494 6,998   8,495     1,619      2,790    1,952 10,028     90,500


  XXVI     4,533   5,927 21,590 12,418 5,941      963        2,143    7,393    8,669   69,577


 XXVII     25,144 11,395 15,747 4,771   4,870     1,222      1,766    1,665    9,386   75,966


 XXVIII    12,698 10,627 17,020 18,362 8,445      1,821      2,853    1,424    7,491   80,741


  XXIX     7,162   8,170 21,715 16,901 7,481      1,025      2,344    3,651    8,244   76,693


  XXX      24,823 13,627 19,393 6,617   6,811     1,657      3,605    1,862 10,452     88,847


  XXXI     16,996 11,156 27,083 11,852 7,255      2,518      2,492    2,141 10,242     91,735


 XXXII     7,303   8,218 20,556 20,430 7,602      1,389      3,417    1,220    6,353   76,488


 XXXIII    14,076 13,564 21,698 7,306   7,508     1,826      2,705    1,478    8,667   78,828


 XXXIV     5,695 14,391 20,332 4,719    6,114     3,832      2,286    1,215    5,200   63,784


 XXXV      7,163   9,697 14,538 6,417   6,916     2,834      2,750    1,876    5,578   57,769


 XXXVI     5,778   7,875 18,879 5,433   5,678     2,051      2,898    2,162    5,646   56,400


 XXXVII    11,415 8,450 18,099 6,141    7,957     2,246      2,118    1,411    7,748   65,585


 XXXVIII   21,129 11,513 12,761 4,640   5,721     1,630      1,974    1,471    8,790   69,629


 XXXIX     10,226 8,573 17,522 4,958    5,323     1,245      2,428    1,720    7,070   59,065


   XL      12,325 10,177 20,429 6,720   5,929     2,634      2,532    1,752    8,067   70,565


TOTALES 603,860 489,722 784,433 316,818 277,771   73,156    114,941 73,603 322,823 3,057,127




Así las cosas, a manera de ejemplo, se observa que la
fórmula que obtuvo el más alto porcentaje de votación
distrital, acorde con la interpretación realizada por el Consejo
General, fue la que contendió en el distrito uninominal XXXIV,
                                        54            TEDF-JLDC-147/2009




al haber alcanzado un 22.56% (veintidós punto cincuenta y
seis por ciento). Así también, se aprecia que el Consejo
General para obtener ese “porcentaje de la votación distrital”´,
correspondiente a la fórmula en comento, fue aplicando una
“regla de tres”, tomado en cuenta la “votación total emitida en
el distrito”, o sea, incluyendo todos los votos emitidos a favor
de    las    fórmulas       postuladas         por      los    demás    partidos
contendientes, así como los votos nulos, al tenor siguiente:



      Votación total emitida en el distrito: 63,784     100%


      Votación obtenida por la fórmula:      14,391     22.56%




Así pues, se advierte que la autoridad responsable para
determinar el sentido y alcance de la frase “votación distrital,”
realizó una interpretación “sistemática” de los artículos
citados, y concluyó que el “mayor porcentaje de votación
distrital”, es aquella parte proporcional que se obtiene del
total de votos emitido en el distrito.


Sin     embargo,        este     Tribunal       Pleno          estima   que   la
interpretación realizada por el Consejo General no fue la
correcta, pues al realizarla, no tomó en cuenta lo dispuesto
en la parte final de la propia norma a interpretar, el artículo 37
párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo del estatuto de
gobierno.


En efecto, el precepto legal en comento dispone que “… Los
otros    trece      espacios       de     la    lista     de     representación
                                 55      TEDF- JLDC-147/2009




proporcional, lista ‘B’, serán dejados en blanco para ser
ocupados, en su momento, por las fórmulas de candidatos
que surjan de la competencia en los distritos y que no
hubieran obtenido el triunfo, pero hubieran alcanzado los más
altos porcentajes de votación distrital, comparados con
otras fórmulas de su propio partido para esa misma
elección…” Empero, se aprecia que el Consejo General al
interpretar y aplicar dicha norma, lo hizo sin haber tomado en
cuenta que, para obtener esos “porcentajes de votación
distrital”, debió haberlo hecho, precisamente comparando
también los “porcentajes de votación distrital” obtenidos por
las otras fórmulas postuladas por el mismo partido político,
que contendieron en los demás distritos uninominales en la
elección de diputados por mayoría relativa; sin tomar en
cuenta la votación que en cada distrito uninominal obtuvieron
a su favor las fórmulas postuladas por los otros partidos
políticos contendientes, así como los votos nulos.


Habida cuenta que, en términos de lo previsto en los artículos
13 fracciones I, II y III, y 14 fracciones V y VI del código
electoral   local,   para   la   asignación   de   las   veintiséis
diputaciones locales de representación proporcional, esto es,
para obtener el “cociente natural”, se debe tomar en cuenta la
“votación efectiva” y no la “votación total emitida”, pues
aquélla “… es la que resulte de deducir de la votación total
emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no
hayan obtenido el 2% y los votos nulos…”
                               56        TEDF-JLDC-147/2009




De tal suerte que, es inconcuso que para el reparto de
curules bajo el sistema proporcional, no deben tomarse en
cuenta los votos nulos, al no formar parte de la “votación
efectiva”, ni los porcentajes de votación de los candidatos de
otros partidos políticos, como incorrectamente lo hizo el
Consejo General para integrar la “Lista B”.


En esta tesitura, atendiendo al significado o sentido que
poseen los términos utilizados en los multicitados numerales
37 párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo, del estatuto de
gobierno, y 14 fracción IX, inciso a) del código electoral local,
objeto de análisis, se aprecia que efectivamente le asiste la
razón al promovente.


Lo anterior, puesto que, como ya se expuso, por un lado, el
Consejo General realizó una interpretación gramatical del
artículo 37 párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo del
estatuto de gobierno, sin haber tomado en cuenta la parte
final de dicho precepto legal; y por otro, realizó una
interpretación “sistemática” de los numerales 134 fracción IV,
309, 310 a 312 del código electoral local, cuando lo correcto
hubiese sido realizar una interpretación sistemática y
funcional de los artículos 37 párrafos quinto y sexto del
aludido estatuto, y 12, 13 y 14 del código, relativos a los
procedimientos a seguir para la asignación de las veintiséis
diputaciones    locales   de    representación     proporcional,
atendiendo las características propias del principio de
representación proporcional, que en el caso se traducen en
que el reparto de las curules sea proporcional, atendiendo la
                                  57        TEDF- JLDC-147/2009




fuerza electoral entre los candidatos de un mismo partido
que no hubieren sido electos en la elección de diputados
por el principio de mayoría relativa, resultando aplicable al
efecto la ratio decidendi (la “razón para decidir” o “razón
suficiente”) de la tesis relevante de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
siguiente:


    “REPRESENTACIÓN             PROPORCIONAL.           EN      LA
    INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA LEGAL DE
    ASIGNACIÓN DEBE PREVALECER LA QUE CONDUZCA
    A LA MAYOR PROPORCIONALIDAD (Legislación de
    Chihuahua).—Es inconcuso que el principio de la
    representación proporcional, consistente en asignar a cada
    partido tantos representantes como corresponda a la
    proporción de su fuerza electoral, fue acogido por la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
    la integración del Congreso Federal, disponiendo en el
    artículo 116 su introducción en las cámaras deliberativas
    locales y, ordenando, también, en el tema que interesa, su
    introducción en los ayuntamientos de todos los municipios
    del país. En esta tesitura, el artículo 150 de la Ley Electoral
    de Chihuahua debe interpretarse sistemáticamente y en
    armonía con el principio constitucional de la representación
    proporcional, a efecto de que se logre acercar lo más posible
    a la proporcionalidad en la asignación de regidores, por lo
    que ve a la fuerza electoral de cada partido en el municipio.
    Por tanto, para respetar el principio constitucional de la
    representación proporcional, los rangos o parámetros: más
    del 7% y hasta el 10% y, más del 10% y hasta el 20%,
    contenidos en los incisos d) y e) del propio artículo 150,
    deben entenderse como un umbral no excluyente, es decir,
    dentro de ellos, deben comprenderse los partidos políticos
    cuyos porcentajes de votación se ubiquen dentro de los
    mismos o bien los rebasen, en virtud de ser este el sentido
    que le da mayor proporcionalidad a la asignación de
    regidurías.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-077/98 y
    acumulados.—Partido Revolucionario Institucional.—28 de
    septiembre de 1998.—Unanimidad en el criterio.—Ponente:
    José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Jorge
    Mendoza Ruiz.
    Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época,
    suplemento 2, páginas 81-82, Sala Superior, tesis S3EL
    057/98.
                              58        TEDF-JLDC-147/2009




    Compilación Oficial de Jurisprudencia         y   Tesis
    Relevantes 1997-2005, páginas 899-900.”



En efecto, ya que de la interpretación sistemática y funcional
de las aludidas normas, se colige de la expresión “… los más
altos porcentajes de votación distrital, comparados con otras
fórmulas de su propio partido para esa misma elección…”, es
claro que la determinación de ese elemento matemático debe
hacerse a partir solamente del universo de candidatos del
mismo partido político; es decir, de los pares, candidatos
del Partido Revolucionario Institucional, ya que si dicho
porcentaje se obtuviera a partir de las votaciones obtenidas
en cada distrito electoral uninominal, como equivocadamente
lo considera la autoridad responsable, no cabe duda que,
indebidamente, se estaría incluyendo un dato (porcentaje de
votación de un candidato de cierto partido en un distrito frente
al resto de candidatos de otros partidos) que no está
comprendido primigeniamente en ese universo que se
identifica en la última parte del numeral 37 párrafo quinto,
incido d), párrafo segundo, del estatuto de gobierno y que,
expresamente indica: “comparados con otras fórmulas de su
propio partido para esa misma elección”.


De este modo, para este órgano jurisdiccional es inobjetable
que si en dicho artículo se hubiere utilizado una construcción
gramatical distinta a la prevista, que permitiera considerar
que los porcentajes se obtendrían de un universo personal y
referentes numéricos distintos, al utilizado para la asignación,
a los partidos políticos, de diputados por el principio de
representación proporcional, se hubiera utilizado alguna
                                     59       TEDF- JLDC-147/2009




expresión o cierto elemento matemático que llevara a decir
que el porcentaje de votación distrital se calcularía en
función de los porcentajes de votación de los candidatos de
un partido político, en relación con los de los demás partidos
políticos contendientes, en el distrito electoral uninominal en
que hubieren participado sin resultar electos.


Ciertamente, si en dicha disposición se establece que el
mayor porcentaje se obtendrá de la votación distrital,
comparado con el de otras fórmulas de su propio partido
para esa misma elección, es claro que ese dato de la
modalidad      de    asignación       por    porcentajes      mayores,
corresponde a la fórmula electoral para la asignación de
diputados     electos    por    el    principio    de    representación
proporcional, la cual implica que, al ser dicha fórmula un
procedimiento total que está compuesto por un conjunto de
normas, elementos matemáticos (cociente natural y resto
mayor) y mecanismos para la asignación de diputados
electos por el principio de representación proporcional, no
admite que dicha cifra (“votación distrital”) se obtenga
nuevamente a partir de datos novedosos, sino que, a lo más,
sea ajustada en función del concepto de “votación efectiva”,
establecido en el artículo 13 fracción II del código electoral
local.


De esta manera, si la votación efectiva de la circunscripción,
para     efectos    de   la    asignación    por    el    principio   de
representación proporcional ya se obtuvo, de acuerdo con lo
dispuesto en el citado precepto legal (artículo 13 fracción II
                               60          TEDF-JLDC-147/2009




del código electoral), como resultado de la suma de todos los
votos depositados en las urnas en la circunscripción
plurinominal, menos los votos a favor de los partidos políticos
que no hayan obtenido el 2% (dos por ciento) de la votación
total emitida en la circunscripción y los votos nulos; y toda vez
que tiene una connotación precisa, no puede volverse a
obtener un referente general o cifra total, a partir de las
votaciones que se obtuvieron en los distritos electorales
uninominales, pues ello provocaría que hubiera dos tipos de
votación    distrital   emitida     para   aplicar   un   mismo
procedimiento     general,   una     que    sería    la   de   la
circunscripción plurinominal y, otra, la de dichos distritos
uninominales.


Por lo que, para evitar esta disparidad de acepciones para un
mismo procedimiento, es que debe considerarse la “votación
distrital” [referida en el artículo 37 párrafo quinto, inciso d),
párrafo segundo del estatuto de gobierno]), como la votación
obtenida por un partido político en la circunscripción
plurinominal, sin tomar en cuenta ya la de los otros partidos
políticos, a fin de hacer acode dicho precepto legal con el
sistema de representación proporcional.


De ahí que, le asista la razón al actor, ya que uno de los
objetivos del sistema de representación proporcional es que a
cada partido político le corresponda el número de curules o
cargos de representación, en forma proporcional al número
de votos obtenidos. En efecto, el reparto de curules de
representación proporcional, atendiendo al porcentaje de
                                61       TEDF- JLDC-147/2009




votación distrital emitida que respecto de cada candidatura
se obtenga en el distrito uninominal en que se contienda, no
es el fiel reflejo del número de votos con los que se participa
para el procedimiento de asignación de curules al partido (al
tomarse en cuenta, entre otros, los votos nulos), ya que, en la
especie, ocurre el caso de que ese porcentaje, al
contrastarlo con los votos obtenidos por las demás
candidaturas postuladas por el mismo partido político, se ve
disminuido, lo cual es, por sí mismo, menos proporcional, ya
que    se    introduce   un   elemento   que   distorsiona   esa
correspondencia matemática.


Para ello, como ya se precisó, cuando, en el artículo 37
párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo, del estatuto de
gobierno, se alude al concepto de votación distrital, se debe
procurar que la representación proporcional no sólo beneficie
a un partido político frente a otros, al decidir las curules que
corresponden a cada partido político, sino también que dicha
representación proporcional tenga un reflejo en cuanto a la
votación obtenida por cada candidato del partido político de
que se trate, lo cual confiere una representatividad más
exacta y un reconocimiento de la igual equivalencia entre
cada voto.


Al respecto, resulta ilustrativa la tesis relevante de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que a continuación se detalla:


      “DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
      ASIGNACIÓN   MEDIANTE  LA   MODALIDAD  DE
                              62          TEDF-JLDC-147/2009




PORCENTAJES MAYORES (Legislación de Jalisco).—De
la interpretación gramatical del artículo 30, párrafo quinto, de
la Ley Electoral del Estado de Jalisco, se colige que el
porcentaje de votación válida conforme al cual debe hacerse
la asignación de diputados de representación proporcional
mediante la modalidad de porcentajes mayores, debe
obtenerse de la totalidad de sufragios que hayan obtenido los
diversos candidatos postulados por el propio partido político
en los distintos distritos electorales uninominales, ya que si
dicho porcentaje se obtuviera a partir de las votaciones
obtenidas     en    cada      distrito  electoral   uninominal,
indebidamente, se estaría incluyendo un dato (porcentaje de
votación de un candidato de cierto partido en un distrito
frente al resto de candidatos de otros partidos) que no está
comprendido primigeniamente en ese universo que se
identifica en la última parte de dicho párrafo quinto del
artículo 30 y que, expresamente, corresponde sólo a los
demás candidatos de su propio partido. Es inobjetable que si
en dicho artículo se hubiere utilizado una construcción
gramatical distinta a la prevista, que permitiera considerar
que los porcentajes se obtendrían de un universo personal y
referentes numéricos distintos, se hubiera utilizado alguna
expresión o cierto elemento matemático que llevara a decir
que el porcentaje de votación válida se calcularía en función
de esos candidatos de un mismo partido político y de los
demás contendientes, en el distrito electoral uninominal en
que hubiere participado el candidato postulado por cierta
fuerza política y no electo. Asimismo, la interpretación
sistemática lleva a confirmar el sentido que gramaticalmente
se reconoce a la prescripción jurídica contenida en el párrafo
quinto del artículo 30 citado. En efecto, si en dicha
disposición se establece que el mayor porcentaje se
obtendrá de la votación válida, es claro que ese dato de la
modalidad de asignación por porcentajes mayores
corresponde a la fórmula electoral para la asignación de
diputados electos por el principio de representación
proporcional, la cual implica que, al ser dicha fórmula un
procedimiento total que está compuesto por un conjunto de
normas, elementos matemáticos (cociente natural y resto
mayor) y mecanismos para la asignación de diputados
electos por el principio de representación proporcional, no
admite que dicha cifra (votación válida) se obtenga
nuevamente a partir de datos novedosos, sino que, a lo más,
sea ajustada en función de lo que se disponga en las normas
jurídicas que articulan el conjunto fórmula electoral; de esta
manera, si la votación válida de la circunscripción, para
efectos de la asignación por el principio de representación
proporcional ya se obtuvo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 25, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de
Jalisco (como resultado de deducir de la votación total
emitida, los votos nulos y los de candidatos no registrados) y
                              63          TEDF- JLDC-147/2009




toda vez que tiene una connotación precisa, no puede
volverse a obtener un referente general o cifra total, a partir
de las votaciones que se obtuvieron en los distritos
electorales uninominales, toda vez que ello provocaría que
hubiera dos tipos de votaciones válidas para aplicar un
mismo procedimiento general, una que sería la de la
circunscripción y, otra, la de dichos distritos; es decir, lo que
no provocaría esta disparidad de acepciones para un mismo
procedimiento es que se considere la votación válida del
partido político en la circunscripción, eliminando la de los
otros partidos políticos, en lugar de pretender
injustificadamente una supuesta votación válida en el distrito
electoral uninominal. A igual conclusión se llega si se atiende
a una interpretación funcional de las normas aplicables, toda
vez que atendiendo a las características propias del principio
de representación proporcional que debe adoptarse (junto
con el de mayoría relativa) para la integración de las
legislaturas locales, según se prescribe en el artículo 116,
fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la interpretación que antecede
también es la que más se acerca a la proporcionalidad en la
asignación correspondiente, en tanto que se atiende a la
fuerza electoral entre los candidatos de un mismo partido que
no hubieren sido electos en la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa. Por otra parte, debe
considerarse que se observa el principio de equidad electoral
que se prevé en los artículos 12, fracción I, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, y 2o., párrafo cuarto, de la Ley
Electoral del Estado de Jalisco, con las conclusiones
precedentes, ya que se le da vigencia a dicho principio en
función de los pares o sujetos que están comprendidos en el
ámbito personal de validez de la norma en cuestión (artículo
30, párrafo quinto, segunda parte, de la ley electoral local).
Está evidenciado lo anterior, cuando, además, se tiene
presente que uno de los objetivos del sistema de
representación proporcional vigente en el Estado de Jalisco
es que a cada partido político le corresponda el número de
curules o cargos de representación, en forma proporcional al
número de votos obtenidos. En efecto, cuando en los
artículos 27 y 30 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, se
alude al concepto de votación minoritaria, se debe procurar
que la representación proporcional no sólo beneficie a un
partido político frente a otros, al decidir las curules que
corresponden a cada partido político, sino también que dicha
representación proporcional tenga un reflejo en cuanto a la
votación obtenida por cada candidato del partido político de
que se trate, lo cual confiere una representatividad más
exacta y un reconocimiento de la igual equivalencia entre
cada voto.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-243/2000.—José Manuel Carrillo
                               64          TEDF-JLDC-147/2009




     Rubio.—24 de enero de 2001.—Unanimidad de votos.—
     Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario:
     Juan Carlos Silva Adaya.
     Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época,
     suplemento 5, páginas 57-59, Sala Superior, tesis S3EL
     095/2001.
     Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
     Relevantes 1997-2005, páginas 506-509.”



Consecuentemente, se debe privilegiar a las candidaturas
que aportaron un mayor número de votos, porque, por un
lado, con la representación proporcional, se pretende la más
o   menos     exacta   distribución   de    curules,   en   forma
directamente proporcional al mismo número de votos
obtenidos, y, por otro lado, de acuerdo con la normativa
aplicable, se debe beneficiar a la candidatura que haya
logrado un mayor número de votos, porque tal aportación
influyó de manera más significativa en la asignación de
curules al partido político, en comparación con las demás
votaciones menos copiosas y representativas de mismo
partido político.


De ahí que, el mayor porcentaje de votación distrital
dentro de la circunscripción plurinominal correspondiente, en
relación con los porcentajes de las otras fórmulas postuladas
por el mismo partido político, equivalga al mayor número de
votos obtenidos por cada fórmula en el distrito uninominal
que contendió en la elección de mayoría relativa.


Esta interpretación es acorde con lo asentado por el
Congreso de la Unión en la exposición de motivos del
Dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de
                                 65        TEDF- JLDC-147/2009




Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
132 y 134, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en
materia electoral, el cual fue aprobado por la Cámara de
Senadores el veintidós de abril de dos mil ocho, y por la
Cámara de Diputados el veinticuatro de de abril de dos mil
ocho, y que, cuyo decreto fue promulgado y publicado por el
Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación del
veintiocho de abril de dos mil ocho.


En efecto, de su lectura se desprende lo siguiente:


    “…
            MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES
                    DICTAMINADORAS

    …

    b) Procedimiento para la asignación de diputados de
    diputados bajo el principio de representación
    proporcional. … La fórmula de proporcionalidad pura que se
    ha utilizado para asignación de diputados de representación
    proporcional, seguiría siendo la misma, sólo se modifica el
    procedimiento para la asignación de tales diputaciones Dicho
    de otro modo, la fórmula determina cuántos y el
    procedimiento determina cuáles…

    …

    El nuevo procedimiento que se recoge en este documento,
    ya se ha puesto en práctica en otras entidades federativas,
    tales como el Estado de México o Jalisco, y consiste en que
    cada partido registre sólo la mitad de la lista de candidatos
    de representación proporcional (lista A) , pues la otra mitad
    sería ocupada por los candidatos del mismo partido que
    contendieron por mayoría pero que no obtuvieron el triunfo;
    el orden de prelación en que aparecerían estos últimos en la
    lista de representación proporcional, sería determinado, en
    orden descendente, por el porcentaje de votación obtenido
    por cada fórmula de candidatos, en comparación con otras
    de su mismo partido o coalición, en la elección de que se
    trate, (lista B).
                                  66         TEDF-JLDC-147/2009




    Una vez que se obtiene el orden de las fórmulas de
    candidatos de mayoría que no obtuvieron el triunfo (lista B),
    éstas se intercalan con las fórmulas de la lista registrada por
    el partido, (lista A) empezando por esta última.

    El objetivo de este nuevo procedimiento de asignación de
    diputaciones por el principio de representación proporcional,
    es que un mayor número de diputados por éste principio
    hagan campaña y luchen por el respaldo popular,
    asegurándoles a quienes no obtienen el triunfo de mayoría,
    pero si una alta votación, que puedan ocupar a una curul.

    …”
    (Lo subrayado es propio)



De ahí que, como quedó sentado con antelación, el artículo
37, párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, al referirse a “… los más altos
porcentajes de votación distrital, comparados con otras
fórmulas de su propio partido para esa misma elección…”,
ello deba entenderse como el porcentaje de votos aportados
por cada candidato a su partido, y que la comparación de
dichos porcentajes deba solamente hacerse con los
candidatos del mismo instituto político, y respecto de, una
sola circunscripción plurinominal, en la que ya está
determinada la votación efectiva que se tomará en cuenta
para la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional al partido político de que se trate.


Ello es así, porque el objeto que se persigue con el sistema
de dos listas parciales de representación proporcional,
establecido por el Congreso de la Unión fue premiar con un
escaño a los candidatos que contendieron en la elección de
diputados por el principio de mayoría relativa, en la que
                                              67          TEDF- JLDC-147/2009




evidentemente hicieron campaña y no pudieron obtener el
triunfo, pero obtuvieron el mayor porcentaje de votación
distrital        (mayor        numero          de       votos     en     su     distrito
uninominal), que aportaron a su partido político para la
elección de representación proporcional, en comparación con
sus pares de partido.


Lo anterior, también encuentra sustento legal, con base en
las consideraciones expuestas en la sentencia dictada el
veintisiete de mayo de dos mil ocho por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación4, al resolver la acción
de inconstitucionalidad 58/2008 y sus acumuladas 60/2008 y
58/2008,           promovidas           por        el   Partido        Revolucionario
Institucional, el Partido del Trabajo y el Procurador General
de la República, respectivamente, en contra del Decreto por
el que se expide el Código Electoral del Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de
enero de dos mil ocho.


Pues al analizar los conceptos de invalidez expresados por la
parte actora para controvertir el artículo 14 fracción IX del
código electoral local, referente a la integración de la “Lista
B”, al disponer en lo que interesa:


         “Artículo 14. Para la asignación de Diputados electos por el
         principio de representación proporcional se procederá a la
         aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura,
         conforme a las reglas siguientes:

         …


4
    Sentencia publicada el 21 de julio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
                                 68          TEDF-JLDC-147/2009




    IX. Para la asignación de los Diputados por el principio de
    representación proporcional, se procederá de la siguiente
    manera:

    a) Se ordenará una lista de los candidatos de un Partido
    Político o Coalición que hubiesen contendido por el principio
    de mayoría relativa y que no hubieren obtenido el triunfo; el
    orden de prelación de esta lista será determinado, en orden
    descendente, por el resultado de restar el porcentaje de
    votación obtenida por el candidato, menos el porcentaje de
    votación obtenido por el Partido o Coalición en la elección de
    Diputado por el principio de mayoría relativa en el mismo
    distrito en la elección ordinaria inmediata anterior.

    b) …

    X. …”



Determinó dejar subsistente la porción normativa que no se
encuentra tachada, argumentado:


    “…
    Destaca de lo anterior que la colocación de los candidatos en
    un lugar de la lista obedece, primero, al número de votos que
    obtengan en comparación con los demás candidatos de su
    partido, en la misma elección de que se trate, de forma tal
    que quien haya perdido los comicios en su distrito pero, no
    obstante ello, hubiera recogido una mayor cantidad de votos
    para su partido, obtendrá, en principio, una mejor posición en
    relación con sus compañeros de partido que hubieran
    recibido cantidad menor de sufragios en la misma elección.
    …”
    (Lo subrayado es propio)



De igual forma, se aprecia que el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar
inválida la porción normativa que se encuentra tachada,
argumentado:


    “…
    Empero, el número definitivo del lugar que ocuparán en la
    lista de candidatos derrotados en los distritos uninominales,
                                  69       TEDF- JLDC-147/2009




    atiende a una segunda variable, pues también dependerá del
    resultado que arroje la operación consistente en restar, del
    porcentaje de votación cosechado por el candidato, el
    porcentaje de votación que hubiera obtenido su partido en la
    elección ordinaria inmediata anterior en el mismo distrito.

    De esta suerte, el candidato derrotado en las elecciones
    uninominales con mejor número de votos, no necesariamente
    encabezaría la lista de candidatos perdedores en los
    diversos distritos, sino que bien puede ocurrir que en ese
    lugar preferente se sitúe algún otro de sus correligionarios
    quien, pese a no ser el que hubiera obtenido la más copiosa
    recolección de votos, tenga la fortuna de haber contendido
    en un distrito que en la elección pasada el papel del partido
    hubiera sido poco significativo, y por ende, con una votación
    escasa a su favor.
    …”
    (Lo subrayado es propio)



Por tanto, es inconcuso que, lo que debe tomarse en cuenta
es la cantidad de votos que obtenga el candidato, buscando
incentivar a quien sin haber ganado la elección por mayoría
relativa, haya obtenido la mayor cantidad de ellos y, en
consecuencia, haya dado mayor número de votos a su
partido   político   para    la   elección     de    representación
proporcional.

En este orden de ideas, al haber resultado fundados los
agravios formulados por el actor, y suficientes para restituirlo
en el uso y goce del derecho político-electoral que le fue
violado, acorde con lo dispuesto por los artículos 176 párrafo
segundo del código electoral local, y 5 y 65 fracciones II y III
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, este
órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción, y en virtud
de la proximidad de la instalación del órgano legislativo local,
en términos de lo previsto en el numeral 39 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, procede a modificar la
                                     70           TEDF-JLDC-147/2009




asignación     de    diputados        locales    por         el    principio   de
representación proporcional, única y exclusivamente por lo
que respecta a la “Lista B” del Partido Revolucionario
Institucional,      referente    al       sistema        o    modalidad        de
porcentajes mayores, prevista en los artículos 37 párrafo
quinto, inciso d) de citado estatuto de gobierno, y 14 fracción
IX del código electoral local, a favor de quienes hubieran
obtenido el mayor porcentaje de votación distrital con
relación a los demás candidatos de su propio partido,
tomando en consideración la recta interpretación de dichos
preceptos legales, según la cual el cálculo del mayor
porcentaje debe hacerse no en relación con el porcentaje de
la votación emitida en el distrito electoral uninominal,
sino en relación con la votación obtenida por el Partido
Revolucionario        Institucional         en      la       circunscripción
plurinominal.

Lo anterior, tomando en cuenta las modificaciones que este
órgano jurisdiccional realizó en los juicios electorales: TEDF-
JEL-039/2009 (distrito XXXI), TEDF-JEL-045/2009 (distrito
XXVIII),     TEDF-JEL-051/2009             (distrito     VII),       TEDF-JEL-
052/2009 (distrito XXV), TEDF-JEL-055/2009 (distrito XXIV),
TEDF-JEL-056/2009 (distrito XXIV), TEDF-JEL-061/2009
(distrito V), y TEDF-JEL-090/2009 (distrito XL), en los que
determinó anular la votación recibida en diversas mesas
directivas    de    casilla,    al    resolver         las        impugnaciones
promovidas en contra de los cómputos distritales relativos a
las elecciones de diputados locales por el principio de
mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales
uninominales señalados al efecto. Ello, al ser un hecho
                                  71           TEDF- JLDC-147/2009




notorio para este órgano colegiado, en términos del artículo
26 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

De esta manera, en el cuadro que se reproduce enseguida,
se establece en la primera columna, en orden descendente o
decreciente la “Lista B” de los candidatos que no hubieren
sido electos en la elección de diputados por el principio de
mayoría relativa; en la segunda columna se establece el
distrito correspondiente; en la tercera y cuarta columnas los
nombres de los candidatos que integran las fórmulas
postuladas; en la quinta columna se indica la votación
alcanzada en cada distrito; y en la sexta columna se
establece el porcentaje de votación distrital con relación a
los demás candidatos de su propio partido, en la inteligencia
de que el cálculo porcentual se obtiene en función del total de
votos obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional en
la circunscripción plurinominal, para quedar en los términos
siguientes:

                  CANDIDATOS      CANDIDATOS       VOTOS
No.   DISTRITO                                               PORCENTAJE
                 PROPIETARIOS     SUPLENTES      OBTENIDOS
                                   ARELLANO
                 TAPIA FRANCO     ALCANTARA
 1      XVII                                       18,173       3.729
                  JOSÉ MARÍA       MARIA DEL
                                    CARMEN
                    LERDO DE      RODRIGUEZ
                      TEJADA       CACERES
 2      XIV                                        16,785       3.444
                     SERVITJE        MARIA
                   GUILLERMO       CARLOTA
                      URBINA       GONZALEZ
 3       X         MOSQUEDA         ORTEGA         15,984       3.279
                 LEOBARDO JUAN     GUSTAVO
                  VACA JIMENEZ
                                 OCHOA PEREZ
 4      XIII           MARIA                       15,918       3.266
                                 ANGEL ALEXIE
                    FERNANDA
                     SANCHEZ
                                   GUTIERREZ
 5      XX         HERNANDEZ                       15,747       3.231
                                 LOPEZ CYNTHIA
                    EDUARDO
                 GONZALEZ CASE    GONZALEZ
 6       III           CITALI      CARRILLO        15,464       3.173
                    FERNANDA      MARGARITA
                     VARGAS         GOMEZ
 7      VIII      SANCHEZ ALAN     GARNICA         15,138       3.106
                     CRISTIAN       JORGE
                                  72          TEDF-JLDC-147/2009




                   ROMERO            SANCHEZ
 8      V        IXTLAPALE          MENDOZA       15,013    3.080
                   VIRGILIO       MIRIAM LUCILA
                  BECERRIL        MURUETA DIAZ
 9       XI     CASTELLANOS          ARLETTE      14,830    3.043
                  ARMANDO           GRACIELA
                  AGUILAR            SANCHEZ
 10    XXXIV      ESQUIVEL         ALVARADO       14,391    2.953
                  EMILIANO          FILOGONIO
                    ROJAS           ORTIGOZA
 11      XII     RODRIGUEZ         CASTAÑEDA      14,370    2.948
                   GABRIEL           CLAUDIA
                                     DUARTE
                   GARCIA RICO
 12      II                      USCANGA ELDA     13,898    2.851
                     ARACELI
                                       ROSA
                                    MOHAMED
                 PLIEGO CORONA
 13     XXX                            BAEZ       13,627    2.796
                    JOSE LUIS
                                    ABRAHAM
    TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR EL PARTIDO
                                                  487,326   100%
  POLÍTICO EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL




Derivado de lo anterior, entre otras, la fórmula integrada por
los candidatos: Lerdo de Tejada Servitje Guillermo
(propietario) y Rodríguez Cáceres María Carlota (suplente)
[distrito XIV], ascendió del quinto lugar, a la segunda
posición, sin haber comparecido como parte actora en el
presente juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos, que dio origen a la sentencia
en estudio, que como consecuencia modificó la multicitada
lista, es decir, los efectos de dicho fallo, tuvieron repercusión
en la esfera jurídica de tales candidatos, mejorando incluso
su condición.

Por tanto, en casos como el presente, representan una
excepción a la regla general de que conforme a los
artículos 95, 96 y 97 de la Ley Procesal Electoral para el
Distrito Federal, las sentencias dictadas en los juicios como el
de mérito, solo aprovechan a quien lo hubiese promovido,
debido a que el mismo sólo procede cuando el ciudadano por
sí mismo y en forma individual haga valer presuntas
violaciones a sus derechos político-electorales, pues resulta
                                  73        TEDF- JLDC-147/2009




inconcuso, que la modificación a la referida lista de
candidatos, vincula a todos sus integrantes, pues constituye
un todo, de manera tal que, lo que se decidió respecto de
uno, necesariamente repercutió a los otros. Tal y como se
advierte de la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación siguiente:

    “RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA. SUPUESTO DE
    INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO, EN EL JUICIO PARA LA
    PROTECCIÓN          DE      LOS     DERECHOS        POLÍTICO-
    ELECTORALES DEL CIUDADANO.—Conforme a los
    artículos 79, 80 y 84, párrafo 1, de la Ley General del
    Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
    sentencias que se dicten en el juicio para la protección de los
    derechos político-electorales del ciudadano, que tengan
    como efecto revocar o modificar el acto o resolución
    impugnado, y restituir en el uso y goce del derecho político-
    electoral violado, por regla general, sólo aprovechan a quien
    lo hubiese promovido, debido a que este juicio procede
    cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual haga
    valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser
    votado en las elecciones populares, de asociarse individual y
    libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
    políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos
    políticos. Sin embargo, en algunos casos, los citados efectos
    pueden comprender la situación jurídica de un ciudadano
    distinto al incoante, tal es el caso del candidato registrado
    con el carácter de propietario que se inconforme con el lugar
    de ubicación en la lista de representación proporcional, para
    que el postulado como suplente, corra la misma suerte de
    aquél. Esto es así, en razón de que, conforme al sistema
    electoral imperante, cuando el registro de candidaturas se
    realiza por fórmulas compuestas, cada una, por un
    propietario y un suplente, para efectos de la votación, lo
    relacionado con la integración de las fórmulas constituye un
    todo, de manera que lo que se decida respecto de uno,
    necesariamente repercutirá sobre la situación del otro.
    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-137/2000.—Eloí Vázquez López.—
    21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente:
    Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Omar
    Espinoza Hoyo.
    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-026/2001.—Araceli Graciano
    Gaytán y otro.—10 de junio de 2001.—Unanimidad de
    votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretaria: Liliana
    Ríos Curiel.
                              74           TEDF-JLDC-147/2009




    Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época,
    suplemento 5, páginas 136-137, Sala Superior, tesis S3EL
    062/2001.
    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
    Relevantes 1997-2005, páginas 891-892.”


Máxime que también es un hecho notorio para los efectos
del presente juicio, conforme al citado numeral 26 de la ley
procesal electoral, que el diecisiete de julio pasado el aludido
ciudadano Lerdo de Tejada Servitje Guillermo, en su
carácter    candidato   a   diputado     local   por   el   Partido
Revolucionario Institucional, promovió el juicio para la
protección de los derechos político-electorales de los
ciudadanos TEDF-JLDC-145/2009, en contra del acuerdo
ACU-934-09 del Consejo General, objeto de impugnación en
el presente juicio, pretendiendo con ello mejorar su posición
en la “Lista B” de su partido político; y que el día catorce de
agosto de dos mil ocho, este órgano jurisdiccional resolvió
dicho juicio, determinando modificar el citado acuerdo
impugnado, conforme a lo solicitado por el referido candidato.

Dicho lo anterior, determinada la lista en forma descendente
a favor de los candidatos que hubieren obtenido el mayor
porcentaje de votación distrital con relación a los demás
candidatos del propio Partido Revolucionario Institucional,
se procede a realizar la asignación correcta conforme al
principio   de    representación       proporcional,    única    y
exclusivamente, por lo que toca a los diputados del
Partido Revolucionario Institucional para integrar la
“Lista B” (sistema o modalidad de porcentajes mayores),
para quedar en los términos siguientes:
                                  75          TEDF- JLDC-147/2009




                           LISTA DEFINITIVA
                PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
          PROCEDENCIA
                              CANDIDATOS
FÓRMULA      DE LA                              CANDIDATOS SUPLENTES
                             PROPIETARIOS
          CANDIDATURA
                                                     SANCHEZ OSORIO
   1        1º lista A      AYALA ALMEIDA JOEL
                                                     GILBERTO ARTURO

            1º lista B      TAPIA FRANCO JOSÉ      ARELLANO ALCANTARA
   2
           Distrito XVII           MARÍA            MARIA DEL CARMEN

                           TELLEZ SANCHEZ ALICIA     CARILLO SALINAS
   3        2º lista A
                                  VIRGINIA               GLORIA

            2º lista B       LERDO DE TEJADA        RODRIGUEZ CACERES
   4
           Distrito XIV     SERVITJE GUILLERMO        MARIA CARLOTA

                             BETANZOS CORTES       MATABUENA RAMIREZ
   5        3º lista A
                                  ISRAEL               JOSE LUIS

            3º lista B       URBINA MOSQUEDA        GONZALEZ ORTEGA
   6
            Distrito X        LEOBARDO JUAN            GUSTAVO

                            WEST SILVA OCTAVIO      GARCIA RODRIGUEZ
   7        4º lista A
                               GUILLERMO                 JORGE

            4º lista B      VACA JIMENEZ MARIA      OCHOA PEREZ ANGEL
   8
           Distrito XIII        FERNANDA                 ALEXIE

                              CAMPOS VARGAS          MALDONADO SOTO
   9        5º lista A
                                ALEJANDRA            BELEM ALEJANDRA

            5º lista B      SANCHEZ HERNANDEZ        GUTIERREZ LOPEZ
  10
           Distrito XX          EDUARDO                  CYNTHIA

                            VAZQUEZ LOPEZ JUAN       GARCIA RAMIREZ
  11        6º lista A
                                 CARLOS                 OCTAVIO

            6º lista B     GONZALEZ CASE CITALI     GONZALEZ CARRILLO
  12
            Distrito III       FERNANDA                MARGARITA

                             BARRIOS RICHARD       BOBADILLA GRANADOS
  13        7º lista A
                             MARIA ALEJANDRA              TANIA

            7º lista B     VARGAS SANCHEZ ALAN
  14                                               GOMEZ GARNICA JORGE
           Distrito VIII        CRISTIAN

                             ALQUIRA GEORGE         AGUILAR GIL MAXIMO
  15        8º lista A
                                 MANUEL                   ADRIAN

            8º lista B      ROMERO IXTLAPALE        SANCHEZ MENDOZA
  16
            Distrito V          VIRGILIO              MIRIAM LUCILA

                            SARQUIS DOMINGUEZ        DOMINGUEZ CERON
  17        9º lista A
                                ANA MARIA              ELBA LIZBETH

            9º lista B     BECERRIL CASTELLANOS    MURUETA DIAZ ARLETTE
  18
            Distrito XI         ARMANDO                 GRACIELA

  19        10º lista A    MUÑOZ VAZQUEZ RENE      AGUIRRE MARIN JORGE

            10º lista B      AGUILAR ESQUIVEL       SANCHEZ ALVARADO
  20
          Distrito XXXIV         EMILIANO               FILOGONIO
                                         76         TEDF-JLDC-147/2009




                             CASTRO PEREZ MARINA       AVILA INFANTE XOCHITL
   21        11º lista A
                               DE LOS ANGELES                QUETZALLI

             11º lista B          ROJAS RODRIGUEZ       ORTIGOZA CASTAÑEDA
   22
             Distrito XII             GABRIEL                 CLAUDIA

                              BLAS JIMENEZ JOSE            FUENTES VARGAS
   23        12º lista A
                                  TRINIDAD                 ROBERTO CARLOS

             12º lista B                               DUARTE USCANGA ELDA
   24                        GARCIA RICO ARACELI
             Distrito II                                       ROSA

                              ALVAREZ GONZALEZ          JIMENEZ DEL CASTILLO
   25        13º lista A
                                   LETICIA                   BETZABETH

             13º lista B     PLIEGO CORONA JOSE            MOHAMED BAEZ
   26
            Distrito XXX             LUIS                    ABRAHAM




En esta tesitura, acorde con lo establecido por los artículos 5,
65 fracciones II y III, y 82 fracción III (este último aplicado por
analogía) de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal,
se debe modificar el acuerdo impugnado, emitido el once de
julio pasado, por el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, para revocar la constancia de asignación de
diputados    locales        por     el    principio   de      representación
proporcional, expedida el once de julio pasado a favor de las
fórmulas     de       candidatos          a    diputados       del    Partido
Revolucionario Institucional, integradas por los ciudadanos:
Aguilar     Esquivel        Emiliano          (propietario)    y     Sanchez
Alvarado Filogonio (suplente) [distrito XXXIV], y Vargas
Sánchez Alan Cristian (propietario) y Gomez Garnica
Jorge (suplente) [distrito VIII]; y expedirla y otorgarla a las
fórmulas integradas por los candidatos: Tapia Franco José
María (propietario) y Arellano Alcantara Maria del Carmen
(suplente) [distrito XVII], y Lerdo de Tejada Servitje
Guillermo (propietario) y Rodriguez Caceres Maria Carlota
(suplente) [distrito XIV]; quedando intocado todo aquello que
no fue materia de impugnación.
                                 77     TEDF- JLDC-147/2009




En consecuencia, deberá notificarse por oficio y a la
brevedad el presente fallo al Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, para los efectos establecidos en
el artículo 316 del Código Electoral del Distrito Federal,
relativos a la rectificación, expedición y/o cancelación de la o
las constancias de asignación, según corresponda.


Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se:


                       RESUELVE


PRIMERO. Se modifica el acuerdo ACU-934-09, emitido el
once de julio de dos mil nueve por el Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en particular la
integración de la “Lista B” del Partido Revolucionario
Institucional, para los efectos establecidos al final del
considerando TERCERO de esta sentencia, quedando
intocado todo aquello que no fue materia de impugnación.


SEGUNDO. En consecuencia, se ordena al Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, para que dentro de
los tres días siguientes a la notificación de este fallo, expida
y otorgue las constancias de asignación correspondientes
a las fórmulas encabezadas por los candidatos: José María
Tapia Franco y Guillermo Lerdo de Tejada Servitje;
quedando    sin   efecto   las    otorgadas   a   las   fórmulas
encabezadas por los candidatos: Aguilar Esquivel Emiliano
y Vargas Sánchez Alan Cristian; debiendo informar a este
                              78         TEDF-JLDC-147/2009




tribunal del cumplimiento dado a esta resolución, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.


En el supuesto de que por cualquier causa no se otorguen las
constancias antes referidas, la copia fotostática certificada de
la sentencia de mérito, hará las veces de las precisadas
constancias de asignación.


TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, para que dé publicidad a los
puntos resolutivos de la presente sentencia, a través de los
mismos medios que utilizó para comunicar a los partidos
políticos el acuerdo impugnado; debiendo informar sobre el
efectivo cumplimiento de esta instrucción dentro de las
veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento
en que le sea notificada a la responsable esta sentencia.


NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora y al tercero
interesado, y por oficio al Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en los domicilios señalados en autos para
tales efectos, por lo que hace a los tres primeros, y en cuanto
al órgano legislativo local en su domicilio oficial, con copia
fotostática certificada de esta sentencia, así como en los
estrados    ubicados   en    las   oficinas   de   este   órgano
jurisdiccional a los demás interesados; y PUBLÍQUESE en el
sitio de Internet de este tribunal (www.tedf.org.mx), una
vez que esta sentencia haya causado estado.
                              79       TEDF- JLDC-147/2009




Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos y
las constancias atinentes, y en su oportunidad, archívese el
expediente como asunto total y definitivamente concluido.


ASÍ, por mayoría de cuatro votos, lo resolvieron y firman los
Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del
Distrito Federal, Alejandro Delint García, quien fue el
Ponente; Armando I. Maitret Hernández, Darío Velasco
Gutiérrez y Adolfo Riva Palacio Neri, Presidente; y con el voto
en contra del Magistrado Miguel Covián Andrade, quien de
manera individual formula voto particular discrepante, el cual
corre agregado a la presente resolución, formando parte
integrante de la misma; ante el Secretario General, quien
autoriza y da fe.

INICIA VOTO PARTICULAR DISCREPANTE QUE EMITE
EL MAGISTRADO MIGUEL COVIÁN ANDRADE, EN
RELACIÓN AL FALLO APROBADO POR LA MAYORÍA DE
LOS MAGISTRADOS, EN EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO
CON LA CLAVE TEDF-JLDC-147/2009.

Con el debido respeto a los Magistrados que integran la
mayoría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61,
fracción IV de la Ley Procesal Electoral para el Distrito
Federal, así como 8, fracción V y 97 del Reglamento Interior
de este órgano jurisdiccional, formulo voto particular por
disentir de las consideraciones vertidas en el considerando
quinto, mismas que trascienden al sentido de los resolutivos
de la sentencia que ahora se emite.

Los Magistrados que integran la mayoría han votado en el
sentido de modificar la resolución impugnada, estimando que
                                  80           TEDF-JLDC-147/2009




por cuanto hace a los agravios que el actor hizo valer los
mismos son procedentes, ya que la interpretación realizada
por la autoridad responsable no fue la correcta, pues al
realizarla no tomó en cuenta lo dispuesto en la parte final del
artículo 37 párrafo quinto, inciso d), párrafo segundo del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ya que el Consejo
General al interpretar y aplicar dicha norma lo hizo sin haber
tomado en cuenta que para obtener los porcentajes de
votación     distrital,   debió   haberlo      hecho     precisamente
comparando los mismos porcentajes obtenidos a su vez por
otras fórmulas postuladas por el mismo partido político que
contendieron en los demás distritos uninominales, sin tomar
en cuenta la votación que en cada distrito uninominal
obtuvieron a su favor las fórmulas postuladas por los otros
partidos políticos contendientes, así como los votos nulos.

Que por otra parte, en opinión de la mayoría de los
Magistrados es inconcuso que para el reparto de curules bajo
el sistema proporcional no deben tomarse en cuenta los votos
nulos, ni los porcentajes de votación de los candidatos de
otros partidos políticos, como incorrectamente lo hizo el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
para integrar la Lista “B”.

En la resolución aprobada por la mayoría se aduce que, el
mayor      porcentaje     de   votación     distrital   dentro   de   la
circunscripción plurinominal correspondiente, en relación con
los porcentajes de las otras fórmulas postuladas por el mismo
partido político, equivalga al mayor número de votos
                              81        TEDF- JLDC-147/2009




obtenidos por cada fórmula en el distrito uninominal que
contendió en la elección de mayoría relativa.

En tal virtud concluyen mis compañeros Magistrados, que al
resultar FUNDADO el agravio formulado por el actor, en
plenitud de jurisdicción      es procedente modificar            la
asignación   de   diputados   locales   por     el   principio   de
representación proporcional, única y exclusivamente por lo
que respecta      a la “Lista B” del Partido Revolucionario
Institucional, referente al sistema o modalidad de porcentajes
mayores, prevista por el artículo 37, párrafo quinto, inciso d)
del citado Estatuto de Gobierno y 14, fracción IX del Código
Electoral Local, en consecuencia, en los resolutivos se
propone modificar el Acuerdo ACU-934-09, emitido el once
del año en curso por el Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal, para revocar la constancia de asignación
de diputados por el principio de representación proporcional
expedida a favor de la fórmula de los candidatos a diputados
que encabeza AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO y VARGAS
SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN, correspondientes a las distritos
XXIVI y VIII, respectivamente, para expedírsela y otorgarla a
los candidatos propietarios de la fórmula que encabezan
respectivamente: TAPIA FRANCO JOSÉ MARÍA y LERDO
DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO, correspondientes a
los distritos XVII y XIV respectivamente.

De conformidad con el artículo 37, párrafo cuarto, inciso d)
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la votación más
alta para un determinado Partido Político es empleada en el
principio de mayoría relativa para la elección de Diputados a
                              82         TEDF-JLDC-147/2009




la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consistente en la
asignación de uno o más curules a cada uno de los Partidos
Políticos que hayan obtenido al menos el dos por ciento de la
votación emitida.

De esta forma, el empleo del sistema de la votación más alta,
se ve colmado una vez que son electos los cuarenta
Diputados por el principio de mayoría relativa, por lo que en
segundo término se da la pauta a efecto de cubrir los
veintiséis escaños restantes, lo que se realiza mediante el
sistema electoral representación proporcional, conforme a las
bases establecidas en el artículo 37 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, en relación con el diverso 14, fracción IX
del Código Electoral del Distrito Federal.

Como se advierte de los artículos mencionados, se puede
observar que en términos de lo establecido en los artículos
antes descritos, es evidente que la proporcionalidad obedece
a la necesidad de dar una representación más adecuada a
todas las corrientes políticas relevantes que participan en la
sociedad, así como para garantizar de manera más efectiva
el derecho de participación política de la minoría, evitando los
efectos de la distorsión de la voluntad popular, hasta en tanto
sea conveniente y posible, tal y como lo ha señalado uno de
los mejores especialistas de los sistemas de derecho
electoral en el mundo: “La idea clave del principio de
representación proporcional es la de reflejar, con la mayor
exactitud posible, las fuerzas sociales y los grupos políticos
en la población. La cantidad de votos y las de escaños de los
                                            83           TEDF- JLDC-147/2009




partidos debe corresponderse de un modo aproximado una
con otra”. 5

En el mismo hilo conductor, puede establecerse que la
diversidad de los sistemas para la asignación de los lugares
en los órganos de representación popular son notablemente
diferentes entre sí, atendiendo a los efectos que puede
generarse, ya sea sobre el votante en el acto mismo de votar
o en su caso sobre la relación entre votos y escaños.

Así, en el caso específico de los sistemas de representación
proporcional,           se     reconoce          que      los    subsistemas              de
representación proporcional pueden adquirir tres formas o
tipos:

a)      Primer       tipo    Representación            Proporcional         Pura.         La
proporción de votos logrados por un partido y la proporción de
escaños que por ellos le corresponden, aproximadamente
coinciden, por lo menos teóricamente se aproximan. Tratan de
evitar la existencia de barreras legales directas (umbrales
mínimos) o indirectas (tamaño de las circunscripciones
electorales) que alteres el efecto proporcional, lo que provoca
que no haya ningún tipo de presión psicológica sobre los
votantes para que estructuren sus preferencias políticas de
acuerdo con cálculos de voto útil. Los electores, en caso de
existir tales barreras, optarían por partidos que estarían en
condiciones de sobrepasarlas.

b) Segundo tipo: Representación Proporcional Impura. Por
medio de barreras indirectas (por ejemplo), mediante la
5
    Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, FCE, México, 1998, p. 99
                                84       TEDF-JLDC-147/2009




división del territorio en una gran cantidad de distritos de
tamaño pequeño o mediano) se impide un efecto proporcional
inmediato que iguale el porcentaje de escaños con el de los
votos. Cuando más fuertes sean esas barreras, de acuerdo
con variaciones en el tamaño de los distritos electorales, tanto
mayor será el efecto concentrado que tendrán sobre el
comportamiento de los votantes.

c) Tercer tipo: Representación Proporcional con Barrera
Legal. Este tipo limita el número de partidos con posibilidad de
acceder a una representación parlamentaria de su electorado
por medio de una barrera inicial y, por lo tanto, afecta la
decisión del votante restringiéndola a los partidos con
posibilidades de franquear esa barrera y distribuyendo la
totalidad de escaños de manera proporcional entre los
partidos que lograron tal meta.

En este contexto, el sistema de representación plurinominal
mexicano se ajusta el tercer tipo, toda vez que lo que busca
es establecer los límites para intentar evitar un desfasamiento
en la correlación de votos respecto de los lugares a asignar
entre los Institutos Políticos, con la finalidad de que los
Partidos     Políticos   que   cumplan   con   los   porcentajes
establecidos por la ley, sea a quienes se les distribuyan los
escaños por asignar de manera proporcional.

Así, el principio de representación proporcional es el garante
del pluralismo político, que debe cubrir, mínimamente, ciertos
objetivos:
                               85        TEDF- JLDC-147/2009




1.- La participación de todos los partidos políticos que ocurren
a una elección, en la integración del órgano legislativo a
condición de que tenga cierta representatividad.

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o
legislatura, correspondiente, una representación aproximada
al porcentaje de su votación total.

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los
partidos dominantes.

En este sentido, el sistema de representación proporcional
debe enfocarse a lograr que dichos objetivos se cumplan
cabalmente, ya que la distribución de escaños por la vía de
representación proporcional, permite lograr el equilibrio entre
las fuerzas políticas integrantes del órgano legislativo local.

En el mismo tenor la decisión del legislador local en el Distrito
Federal se encuentra orientada a que una vez realizada la
asignación de los veintiséis Diputados por representación
proporcional se establezca el orden de la prelación en la
asignación de los escaños, a saber:

   A) Trece lugares mediante una lista inicial identificada
      como A, y que deriva del registro de trece fórmulas de
      candidatos, previamente registrado por el Partido
      Político;

   B) Trece lugares corresponderán a las fórmulas de
      candidatos que surjan de la competencia              en los
      Distritos   y que no hubieren obtenido el triunfo, pero
                                 86          TEDF-JLDC-147/2009




     hubieran alcanzado los más altos niveles de porcentajes
     de votación distrital, comparados a su vez con otras
     fórmulas de su propio partido para esa misma elección
     y;

  C) El orden de prelación de la lista definitiva de los
     Diputados que corresponda se asignará intercalando las
     listas A y B, iniciando por la primera fórmula registrada
     en la lista A, seguida por la primera fórmula de la lista B,
     y así de forma sucesiva.

La interpretación realizada por la autoridad responsable en el
procedimiento anteriormente mencionado, en especial el
referido a los incisos B y C, es la fuente principal de los
agravios   del    promovente,     mismos      que   deviene      como
INFUNDADOS ya que la integración de la lista de asignación
plurinominal     definitiva   identificada   con    la   letra    “B”,
corresponde a los mejores resultados, entendiéndose éstos
como los que hubieren obtenido los porcentajes más altos de
la votación distrital en el distrito en el que compitieron de
forma primigenia, porcentaje que a su vez debe ser sujeto de
una comparación del mismo partido político al que pertenece
el promovente, tal y como se plasma en el acuerdo
impugnado.

Es dable el destacar que el legislador local fue omiso en
establecer el alcance conceptual del término “votación
distrital” por lo que en esta tesitura, la responsable consideró
necesario acudir a un tipo de interpretación diferente a la
gramatical, como en el caso resultó ser el criterio sistemático
                                  87         TEDF- JLDC-147/2009




de los artículos 37, párrafo quinto, inciso d) del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 134, fracción VI, 309, 310 y 312
del Código Electoral del Distrito Federal, en relación con el
principio general de derecho que dice “donde la ley no
distingue, no se debe distinguir”, permite arribar a la
conclusión    que     el   concepto      “votación     distrital”      debe
entenderse como la suma de todos los votos depositados en
las urnas del Distrito; en consecuencia, válidamente se puede
asociar el término de “votación distrital” a la totalidad de
sufragios emitidos en un distrito electoral uninominal. Al
respecto     en la parte atinente del acto reclamado se
desprende:

    17.- Atento a lo establecido en el artículo 37, párrafo quinto,
    inciso d) del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en
    relación con el diverso 14; fracción IX del Código Electoral
    del Distrito Federal, esta autoridad procede a integrar la lista
    parcial “B”. Para ello, se toma como base que los espacios
    dejados en blanco (pares) deben ser ocupados por las
    fórmulas de candidatos, en forma descendente, que surja de
    la competencia en los distritos y que no hubiera obtenido el
    triunfo, pero hubiera alcanzado “los más altos porcentajes
    de votación distrital”, comparados con otras fórmulas de su
    propio partido para esa misma elección.
    18.- Ante la falta de una definición de la frase “votación
    Distrital”, el texto transcrito para que la expresión “lo más
    altos porcentajes de votación distrital, comparado como las
    formulas de su propio partido para esa misma elección”
    admitida ser entendida, por lo menos, en los siguientes tres
    sentidos: a) que la votación distrital corresponde a la suma
    de todos los votos (válidos y nulos) depositados en las urnas
    del distrito; b) que dicha votación se integra sólo con la suma
    de los votos válidos obtenidos en dicho distrito, y c) que esa
    votación de debe obtener de la suma de los votos obtenidos
    por el partido político respectivo en el distrito que se trate.
    Como se ve, la sola literalidad del texto resulta insuficiente
    para determinar cuál debe ser el factor que servirá de base
    para obtener los más altos porcentajes referidos en el
    precepto. Por ende, es necesario acudir a otro tipo de
    interpretación para dar significado a la expresión citada.
                                           88           TEDF-JLDC-147/2009




             19.- La interpretación sistemática de los artículos 134,
             fracción VI 309, 310 y 312 del Código Electoral del Distrito
             Federal, en relación con el principio general de derecho que
             dice: donde la ley no distingue no se debe distinguir, permite
             arribar a la conclusión, que la frase “votación distrital” debe
             atenderse como la suma de todos los votos depositados en
             las urnas del distrito. En efecto, de acuerdo con el sistema
             electoral del Distrito Federal, el cómputo distrital de una
             elección es la misma que realiza el Consejo Distrital de los
             resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de
             las casillas instaladas en un distrito electoral o de los
             contenidos en el medio magnético, tratándose de la votación
             electrónica. Los resultados de los cómputos distritales se
             hace constar en las respectivas Actas de Cómputo Distrital,
             las cuales contienen todos los votos depositados en las
             urnas para una misma elección, para partidos políticos,
             para candidatos comunes y votos nulos. Como se ve, cuando
             en el ordenamiento electoral se hace referencia a lo “distrital”
             el él incluye la totalidad de los resultados obtenidos, sin
             hacer exclusión alguna. Por tanto, válidamente se puede
             asociar el término de “votación distrital” a la totalidad de
             sufragios emitidos en un distrito.
             20.- El significado concedido de corrobora si se tiene
             presente, que la utilización del factor de votación distrital,
             entendida como el total de votos depositados en las urnas
             del distrito para determinar los porcentajes más altos
             posibilita que se equilibre la verdadera representatividad de
             los candidatos de un mismo partido frente al respaldo
             popular, toda vez que debe considerarse que los cuarenta
             distritos electorales en que se divide el territorio del Distrito
             Federal tiene un diferente número de ciudadanos inscritos en
             las listas nominales de electores y un diferente porcentaje de
             participación, con lo cual se elimina la distorsión que podría
             generarse si se atiende exclusivamente al número de votos
             obtenido por cada candidato de un partido político. Además,
             debe tenerse en cuenta, que si la finalidad del legislador
             hubiera sido tomar en cuenta sólo el número y no habría
             incluido la expresión “los mejores porcentajes de votación
             distrital”.

             21.-Con base en lo anterior, corresponde a esta autoridad
             electoral ordenar los porcentajes de votación total emitida en
             cada Distrito Electoral por partido político en forma
             descendente quedando integradas las listas parciales “B” de
             cada uno de los Partidos, como a continuación se detalla:

                                   LISTA “B”
                      PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
N    DTT   CANDIDATOS PROPIETARIOS      CANDIDATOS SUPLENTES                     PORCENTAJE
o.                                                                                  DE LA
                                                                                  VOTACIÓN
                                                                                  DISTRITAL
                                           89       TEDF- JLDC-147/2009




1   XXXI   AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO       SANCHEZ ALVARADO            22.56
    V                                      FILOGONIO
2   X      URBINA MOSQUEDA LEOBARDO        GONZALEZ ORTEGA GUSTAVO     20.46
           JUAN
3   VIII   VARGAS SANCHEZ ALAN CRISTIAN    GOMEZ GARNICA JORGE         20.01
4   XIII   VACA JIMENEZ MARIA FERNANDA     OCHOA PEREZ ANGEL ALEXEI    19.81
5   XIV    LERDO DE TEJADA SERVITJE        RODRIGUEZ CACERES MARIA     19.27
           GUILLERMO                       CARLOTA
6   V      ROMERO IXTLAPALE VIRGILIO       SANCHEZ MENDOZA MIRIAM      18.74
                                           LUCILA
7   VII    ALEMAN VAZQUEZ MIGUEL           GELISTA CORONA              18.12
                                           GUADALUPE
8   XVI    HERNANDEZ FLORES JORGE          BASTIDA RUIZ RITA           18.11
           ISRAEL
9   IV     FERNANDEZ CESAR MONICA          HERNANDEZ DOCTOR ABEL       17.99
1   XI     BECERRIL CASTELLANO ARMANDO     MURUETA DIAZ ARLETTE        17.95
0                                          GRACIELA
1   II     GARCIA RICO ARACELI             DUARTE USCANGA ELDA         17.94
1                                          ROSA
1   XXIV   PEREZNEGRON JOSE DE JESUS       BUSTOS LOPEZ EBERARDO       17.89
2
1   XII    ROJAS RODRIGUEZ GABRIEL         ORTIGOZA CASTAÑEDA          17.65
3                                          CLAUDIA

           Por otra parte, si bien es cierto que los artículos 37 del
           Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en relación con el
           diverso 14, fracción IX del Código Electoral del Distrito
           Federal, no precisan el concepto a que alude el término
           “votación distrital”, no menos cierto es que esta omisión puede
           colmarse    a   través    de   los   métodos   de    interpretación
           reconocidos en la materia, porque a pesar de que el trabajo
           del legislador ordinario pretende ser profesional y exhaustivo,
           no siempre contempla todas las particularidades ni alcanza a
           prever todas las modalidades          que puedan asumir         las
           situaciones reguladas previamente por el ordenamiento
           aplicable, por ende si bien es cierto          que no se puede
           pretender que todos los caso o supuestos normativos se
           encuentren regulados a detalle, tampoco es permitido que
           estos se queden sin resolver. Al respecto resulta aplicable el
           siguiente criterio orientador de la Sala Superior del Tribunal
           Electoral del Poder Judicial de la Federación:
                              90          TEDF-JLDC-147/2009




LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO
EXTRAORDINARIAS.—Una              máxima       de   experiencia,
relacionada con la solución de conflictos derivados de la
existencia de una laguna legal, conduce a la determinación
de que, cuando se presenten circunstancias anormales,
explicablemente no previstas en la normatividad rectora de
una especie de actos, la autoridad competente para aplicar el
derecho debe buscar una solución con base en el conjunto
de principios generales rectores en el campo jurídico de que
se trate, aplicados de tal modo, que armonicen para dar
satisfacción a los fines y valores tutelados en esa materia. Lo
anterior es así, porque la norma jurídica tiende,
originariamente, a establecer anticipadamente criterios de
actuación seguros, que pongan en evidencia las semejanzas
y diferencias de los supuestos jurídicos, para que al aplicar la
ley se realice un ejercicio de deducción y se ubique el asunto
concreto en lo dispuesto por el precepto legal de modo
general, abstracto e impersonal, para resolver el asunto
planteado en un marco de igualdad jurídica. Empero, el
trabajo legislativo, por más exhaustivo y profesional que sea,
no     necesariamente      puede      contemplar    todas    las
particularidades ni alcanza a prever todas las modalidades
que pueden asumir las situaciones reguladas por los
ordenamientos, mediante disposiciones más o menos
específicas o identificables y localizables, sino que se ocupan
de las cuestiones ordinarias que normalmente suelen ocurrir,
así como de todas las que alcanzan a prever como posibles
o factibles dentro del ámbito en que se expiden y bajo la
premisa de que las leyes están destinadas para su
cumplimiento, sobre todo en lo que toca a axiomas que
integran las partes fundamentales del sistema; lo que
encuentra expresión en algunos viejos principios, tales como
los siguientes: Quod raro fit, non observant legislatores (Los
legisladores no consideran lo que rara vez acontece), Non
debent leges fieri nisi super frequenter accidentibus (Non se
deuen fazer las leyes, si non sobre las cosas que suelen
acaescer a menudo. E... non sobre las cosas que vinieron
pocas vezes), Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere
possunt, iura non constituuntur (Sobre lo que por casualidad
puede acontecer en alguno que otro caso no se establecen
leyes). Lo anterior lleva a la conclusión de que no es
razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el
caso o asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero
tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante el
surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la
ley, es necesario completar la normatividad en lo que se
requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales
que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de
mantener siempre el respeto a los principios rectores de la
materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la
finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos
                                 91         TEDF- JLDC-147/2009




    y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones
    reales prevalecientes y con las modalidades que impongan
    las necesidades particulares de la situación.

    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    303/2000.—Coalición Alianza por Campeche.—9 de
    septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José
    Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Arturo
    Martín del Campo Morales.

    Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento
    5, páginas 94-95, Sala Superior, tesis S3EL 120/2001.

    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
    1997-2005, páginas 680-681.


Al no existir la posibilidad de aplicar a la letra el sentido del
término votación distrital, se debe de acudir a la interpretación
toda vez que     acorde con la técnica legislativa, doctrina y
jurisprudencia, toda norma debe interpretarse armónicamente,
sin darle a sus términos mayor alcance del que naturalmente
tienen y de ser caso, procurar que prevalezca la voluntad o
intención del legislador, pues las leyes electorales deben
interpretarse conforme a las reglas generales del derecho,
cuando no se trate de disposiciones de índole excepcional
que, por su propia naturaleza sean restrictivas o privativas de
los derechos particulares, ya que éstos están garantizados
como en cualquiera otra situación jurídica por el principio de
su aplicación exacta. Así se desprende del mandato legislativo
expresado en el artículo 2º del Código Electoral del Distrito
Federal, mismo que a la letra señala:

    “Artículo 2. La aplicación de las normas de este Código
    corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
    al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Tribunal
    Electoral del Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de
    competencia, quienes tendrán la obligación de preservar su
    estricta observancia y cumplimiento.
                                  92          TEDF-JLDC-147/2009




    La interpretación y aplicación del presente Código se hará
    conforme a la letra, o interpretación jurídica de la misma, y a
    falta de ésta, se fundará en los principios generales del
    derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del
    artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
    Mexicanos.
    Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de
    sus funciones, se regirán por los principios de certeza,
    legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
    equidad. Además, en materia electoral se observará el
    principio de publicidad procesal.
    Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en
    los asuntos internos de los Partidos en los términos que
    expresamente señale la legislación aplicable.”

Es un verdad aceptada en el campo de interpretación jurídica
que el sentido gramatical es una concepción válida para
desentrañar el significado y por ende, determinar la aplicación
de la norma al caso concreto, consistiendo básicamente en
que el significado del enunciado jurídico es claro, no
planteando dudas lingüísticas o semánticas, sin embargo en
el intento por desentrañar el sentido de la concepción
“votación distrital”, el criterio gramatical no es suficientes por
sí mismo para dilucidar tal pretensión, ya que el mencionado
término no se encuentra definido             por el legislador local
dentro del contexto normativo aplicable.

Al ser insuficiente el criterio gramatical para desentrañar el
sentido del término votación distrital, la autoridad responsable
consideró necesario acudir a la interpretación sistemática,
criterio que atiende a la interpretación sistemática en la
revisión del ordenamiento jurídico que debe hacer el intérprete
para comprender el significado de una norma y de sus
preceptos en relación con otras cercanas. Sirva como
                                         93           TEDF- JLDC-147/2009




elemento orientador al respecto el siguiente precedente del
Poder Judicial de la Federación:

      “INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LAS LEYES. DEBE
      REALIZARSE EN RELACIÓN CON EL MÉTODO
      SISTEMÁTICO. La interpretación gramatical o letrista de las
      leyes es un método que si bien no debe proscribirse por el
      intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el método
      sistemático, según el cual el entendimiento y el sentido de las
      normas debe determinarse en concordancia con el contexto
      al cual pertenecen, pues fraccionar el contexto (Capítulo,
      Título, Libro), de un ordenamiento jurídico para interpretar los
      artículos que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae
      como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad de unos
      en relación con otros, porque el legislador al elaborar las
      leyes puede emplear la técnica de la llamada regla general y
      de los casos especiales y en estas condiciones al interpretar
      un artículo que contenga un caso especial en relación con la
      regla general, podría traer como consecuencia la inoperancia
      de la misma o viceversa.
      Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
      Primer Circuito.

      Amparo directo 813/89. Rafael Ibarra Consejo. 21 de junio de
      1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora
      Pimentel. Secretaría. María Guadalupe Saucedo Zavala.6”

      “INTERPRETACIÓN DE LA LEY, INSTRUMENTOS AL
      ALCANCE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA LA. La
      labor de interpretación de una norma no puede realizarse
      atendiendo únicamente a la letra del precepto (método
      gramatical) o significado estrictamente técnico calificado de
      la expresión (como el proporcionado por los peritos al
      desahogar un cuestionario), pues no es inusual que el
      legislador emplee términos o palabras con el mismo sentido,
      alcance o significado por los cuales éstas se emplean en
      otras disposiciones legales atinentes a la misma materia, o a
      otras materias pero del mismo ordenamiento jurídico. Por lo
      tanto, cuando se emplea un conflicto sobre la significación
      que deba asignarse a un términos o palabra empleada en
      alguna disposición legal, de la que no exista una
      interpretación auténtica, es decir, elaborada por el propio
      legislador, es deber del tribunal servirse de todos los
      métodos, gramatical, lógico, sistemático o histórico,
      reconocidos por nuestro sistema jurídico, en cuanto a que le
      puedan servir en su tarea. Así debe procederse incluso
      tratándose de una norma de carácter fiscal, pues en todo
6
 Tesis visible en la página 420, tomo III, Segunda Parte del Semanario Judicial de la
Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, tomo III, Segunda Parte.
                                          94            TEDF-JLDC-147/2009




      caso para su aplicación es indispensable desentrañar el
      alcance o significado de las expresiones que componen su
      texto, con la única limitación de no introducir elementos
      normativos novedosos (interpretación extensiva), ni aplicar la
      norma a casos distintos de los previstos en ella (analogía),
      según lo prohíbe categóricamente el artículo 5 del Código
      Fiscal de la Federación.

      Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
      Primer Circuito. Amparo directo 1473/90. Harinera y
      Manufacturera de Orizaba, S.A. de C.V. 28 de noviembre de
      1990. Unanimidad de votos. Ponente Genaro David Góngora
      Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.7”

Así, y derivado de una adecuada interpretación jurídica del
término “votación distrital” la responsable arriba a la
determinación y asignación de los lugares para la integración
de la “Lista B” en cuanto a Diputados Plurinominales a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el Partido
Revolucionario Institucional, lo que se considera conforme a
Derecho, si se tiene presente, que la utilización del factor de
“votación       distrital”,     posibilita      la    determinación           de      los
porcentajes más altos, procurando equilibrar la verdadera
representatividad de los candidatos de un mismo partido
frente al respaldo popular, en razón de que debe considerarse
que el ámbito territorial de los cuarenta distritos electorales en
que se divide el Distrito Federal se determinan de acuerdo al
artículo 202, párrafo primero, fracción I y V del Código
Electoral local, que a la letra dice:

      “Articulo 202. El ámbito territorial de los distritos electorales
      uninominales se determinará mediante la aprobación del
      Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
      de acuerdo a los criterios siguientes:

      I. Se dividirá el número de habitantes de acuerdo al último
      Censo General de Población y vivienda entre el número de
      distritos electorales uninominales;

7
 Tesis relevante de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, visible en la página
739 de la Memoria del TFE, tomo II.
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      (…)
     V. La diferencia de población respecto de un distrito y otro,
     una vez aplicado el criterio de la fracción I del presente
     artículo, no podrá ser su variación mayor o menor de quince
     por ciento.

     (…)”

Derivado de lo anterior se advierte que los cuarenta Distritos
electorales en que se divide el Distrito Federal se integran con
un diferente número de ciudadanos inscritos en las listas
nominales de electores como consecuencia de la densidad
demográfica y el nivel de participación ciudadana, con
variantes que pueden influir en la cantidad de votos emitidos a
favor de un determinado Partido Político.

El hecho de obtener o no un espacio en la Asamblea
legislativa del Distrito Federal, en lo concerniente a la “Lista
B” depende del porcentaje de la votación distrital que obtenga
un candidato, respecto de sus demás compañeros de partido,
así los candidatos que hubieran sido capaces de obtener la
mayor porción porcentual serán           acreedores a obtener un
lugar privilegiado en la lista

Contrariamente al principio de representación, que se refiere
a los resultados de la votación total recibida por un Instituto
Político       en el   Distrito Federal, la fórmula de decisión
establecida por el legislador local para la integración de la
lista B de representantes plurinominales, se refiere a               la
situación de la votación porcentual obtenida por cada una de
las fórmulas respecto de           la   circunscripción distrital y
respecto de la votación total emitida en dicha demarcación
territorial.
                                    96          TEDF-JLDC-147/2009




Por lo anterior se colige que no es viable acoger la pretensión
del actor, en el sentido que se deba considerar la votación
más alta emitida en su favor, en razón que ese criterio no
permite establecer una comparación entre los diversos
Distritos,   ya    que     estos,     son   heterogéneos       por   sus
características geográficas y poblacionales, ya que de
adoptarse el criterio propuesto por el actor, se generaría un
estado de inequidad entre las fórmulas de candidatos
postulados por el principio de mayoría relativa en los distritos
electorales en donde el Listado Nominal de Electores sea
sensiblemente menor, por diversos motivos como podrían ser
el geográfico, de vías de comunicación, o socioculturales, a
efecto de formar parte en la integración de la lista “B”, en vista
que los candidatos que contendieron en los Distritos con
mayor densidad ciudadana tendrían una ventaja indebida al
poder acceder a un mayor número de votos respecto de
aquellos en los que el referido Listado es menor y, por ende,
estarían con mejores posibilidades para acceder a ese
beneficio.

En ese mismo hilo conductor se determina que significado
concedido por la responsable al termino votación distrital se
corrobora si se tiene presente, que la utilización del factor de
votación     distrital,   entendida      como    el   total   de   votos
depositados en las urnas de una demarcación Distrital
distrito, para determinar los porcentajes más altos posibilita
que se equilibre la verdadera representatividad de los
candidatos de un mismo partido frente al respaldo popular,
toda vez que debe considerarse que los cuarenta distritos
electorales en que se divide el territorio del Distrito Federal
                               97       TEDF- JLDC-147/2009




tiene un diferente número de ciudadanos inscritos en las
listas nominales de electores y un diferente porcentaje de
participación, con lo cual se elimina la distorsión que podría
generarse si se atiende exclusivamente al número de votos
obtenido por cada candidato de un partido político. Además,
debe tenerse en cuenta, que si la finalidad del legislador
hubiera sido tomar en cuenta sólo el número de votos
obtenido por cada candidato de un partido político, así lo
habría manifestado y no habría incluido la expresión “los
mejores porcentajes de votación distrital”.

El que se deba considerar en el orden de conformación de la
Lista “B” el elemento conceptual denominado el más alto
porcentaje de la votación distrital, es un mandato claro del
Legislador local, ya que el Distrito Federal, como todas las
entidades federativas, se encuentra en posibilidad               de
combinar los subsistemas de representación proporcional,
siempre y cuando no se desvirtué o haga nugatorio el principio
perseguido por el Poder Revisor de la Constitución Federal,
que radica en la armonización de las reglas de integración de
los órganos legislativos locales y que obliga a los Estados y al
Distrito Federal a integrar sus legislaturas con Diputados
electos según los principios de mayoría relativa y de mayoría
proporcional, por lo que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal al legislar en la materia cumplió con las directrices.

Así, al no establecerse en la Carta Magna las reglas
específicas sobre la forma en que deben asignarse el orden
de prelación de los curules, el legislador del Distrito Federal
cumple con el dispositivo constitucional del artículo 116,
                                  98           TEDF-JLDC-147/2009




fracción II, párrafo tercero al adoptar ambos principios. Al
respecto resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

    “No. Registro: 176,641
    Jurisprudencia
    Materia(s): Constitucional
    Novena Época
    Instancia: Pleno
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    XXII, Noviembre de 2005
    Tesis: P./J. 140/2005
    Página: 156

    REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS BARRERAS
    LEGALES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE
    LOS ESTADOS PARA EL ACCESO A DIPUTADOS POR
    ESE PRINCIPIO DEBEN SER RAZONABLES. El artículo
    116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de
    los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para
    los Estados de integrar sus legislaturas con diputados
    electos, según los principios de mayoría relativa y de
    representación proporcional; sin embargo, no prevé reglas
    específicas sobre la forma en que deben hacerlo, por lo que
    para que cumplan con dicho dispositivo fundamental es
    suficiente con que adopten ambos principios dentro de su
    sistema electoral local, de lo que deriva que el
    establecimiento de los porcentajes de votación requeridos es
    facultad de dichos Estados. Lo anterior no implica que, ante
    la falta de una disposición expresa, haya una libertad
    absoluta e irrestricta de los Estados para establecer barreras
    legales, sino que debe atenderse al sistema integral previsto
    por la Ley Fundamental y a su finalidad; es decir, debe
    tomarse en cuenta, razonablemente, la necesidad de que
    organizaciones políticas con una representación minoritaria,
    pero suficiente para ser escuchadas, puedan participar en la
    vida política; por tanto, cada entidad debe valorar, de
    acuerdo con sus condiciones particulares, cuál es el
    porcentaje adecuado, siempre y cuando no se haga
    nugatorio el acceso a partidos que, en atención a su
    porcentaje     de     votación,     reflejen  una     verdadera
    representatividad.

    Acción de inconstitucionalidad 13/2005. Partido del Trabajo.
    22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente:
    Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David
    Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat
    Paredes Montiel.
                                 99        TEDF- JLDC-147/2009




    El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó,
    con el número 140/2005, la tesis jurisprudencial que
    antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de
    dos mil cinco.”

En síntesis, conforme al artículo 13 del Código Comicial local,
la expresión “votación total emitida”, es definida como la suma
de todos los votos depositados en las urnas en la
circunscripción respectiva, y se utiliza para determinar qué
partidos políticos tiene derecho a participar en la asignación
de escaños por el principio de representación proporcional, en
virtud de los resultados obtenidos por el principio de mayoría
relativa, así como el número de diputados que a cada uno de
dichos Institutos políticos le corresponden proporcionalmente;
en tanto que la de “votación distrital” busca determinar la
prelación entre los candidatos de un mismo partido político
para los efectos de la asignación, dado que se pretende
determinar cuáles son los mejores porcentajes de votación
emitida en los distritos, obtenida por las fórmulas de
candidatos que participaron en la elección de Diputados por el
principio de mayoría relativa y que no obtuvieron el triunfo, a
efecto de integrar con los trece mejores porcentajes la lista “B”
situación que se vio materializada en el Acuerdo del Consejo
General identificado con la clave alfanumérica ACU-934-09 de
once de julio de dos mil nueve.

En tal virtud, al actor no le asisten la razón ya que como ha
quedado detallado, ambas expresiones, “por los mejores
resultados, entendiéndose estos que hayan sido los que
hubieren obtenido la votación más alta” y “votación distrital”,
no tienen un significado idéntico, sino que atendiendo a su
                              100          TEDF-JLDC-147/2009




propósito, éstos conceptos corresponden a dos momentos
distintos dentro del proceso electoral.

En consecuencia, los argumentos del actor carecen de todo
sustento legal, en virtud de que la integración de la lista
parcial “B”, así como la lista definitiva se realizaron en un
momento posterior a la asignación del número de Diputados
Plurinominales y en estricta observancia y cumplimiento a lo
establecido en el artículo 37 párrafo quinto, inciso d) del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, observando en todo
momento los principios rectores de la función electoral, de ahí
lo INFUNDADO de los motivos de disenso esgrimidos por el
actor.

Por otra parte y en lo referente a la competencia de la
responsable para emitir el Acuerdo reclamado, se determinó
acertadamente la misma para poder emitir el acto que ahora
se convierte, lo que se encuentra debidamente identificado
dentro de los Considerandos 1 al 11, donde se expusieron los
artículos Constitucionales, Estatutarios y del Código Electoral
local para tal emisión, y que previamente fueron mencionados
en el acto reclamado; asimismo se insertó una tesis de
jurisprudencia de este tribunal, y cuyo rubro es DIPUTADOS
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ASIGNACIÓN
DE LOS. ES FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO      ELECTORAL        DEL       DISTRITO   FEDERAL,
precedente que en sus consideraciones y fundamentos
resulta aplicable a la determinación de la autoridad, en la
parte concerniente al aspecto competencial, ya que contiene
                               101      TEDF- JLDC-147/2009




los motivos y causas específicas para la emisión del acto
reclamado.

A mayor abundamiento cabe destacar que la responsable
inserta en el Acuerdo reclamado, en específico en los
Considerandos identificados con los numerales 12 a 22 los
fundamentos legales y los razonamientos tendientes a
explicar la conformación de las listas parciales para la
designación de Diputados por el Principio de Representación
Proporcional , así como las aplicaciones de las fórmulas y
operaciones aritméticas para la asignación de Diputados por
el principio ya referido, quedando debidamente detalladas en
el Acuerdo impugnado.


Por tal motivo,     es   pertinente concluir que devienen
infundadas las alegaciones que en vía de agravios formuló el
actor en el presente asunto, puesto que la responsable
ajustó en el acuerdo controvertido, sus decisiones a los
principios que rigen la materia electoral, en especial al de
legalidad, en consecuencia al no haber prosperado los
agravios, ha lugar a confirmar la resolución impugnada, en la
parte que fue controvertida.


Se confirma la validez del Acuerdo ACU-934-09, emitido el
once de julio de dos mil nueve por el Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, única y exclusivamente
en los considerando y resolutivos referentes al orden en la
conformación de la “Lista B”, del Partido Revolucionario
Institucional para Diputados por el principio de representación
proporcional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
                        102     TEDF-JLDC-147/2009




CONCLUYE VOTO PARTICULAR DISCREPANTE QUE
EMITE EL MAGISTRADO MIGUEL COVIÁN ANDRADE, EN
RELACIÓN AL FALLO APROBADO POR LA MAYORÍA DE
LOS MAGISTRADOS, EN EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO
CON LA CLAVE TEDF-JLDC-147/2009.




          ADOLFO RIVA PALACIO NERI
           MAGISTRADO PRESIDENTE




MIGUEL COVIÁN ANDRADE         ALEJANDRO DELINT
     MAGISTRADO                    GARCÍA
                                MAGISTRADO




   ARMANDO I. MAITRET          DARÍO VELASCO
      HERNÁNDEZ                  GUTIÉRREZ
      MAGISTRADO                MAGISTRADO




           GREGORIO GALVÁN RIVERA
             SECRETARIO GENERAL

								
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