CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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Corte Suprema de Justicia

                                                         CASACIÓN No. 30635
                                               SAÚL GUTIÉRREZ MORALES y otro




                                Proceso No 30635




                        CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                            SALA DE CASACIÓN PENAL




                                  Magistrado Ponente
                                  JAVIER ZAPATA ORTIZ
                                  Aprobado Acta No. 348




       Bogotá D. C., dos (2) de diciembre de dos mil ocho
(2008).


                                    VISTOS




       Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2007 el Juzgado Once
Penal del Circuito de Medellín, condenó a SAÚL DE JESÚS
GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ, a las
penas principales de cuarenta y ocho (48)meses de prisión, multa de
veinte (20) salarios mínimos mensuales legales como coautores del
delito de interés indebido en la celebración de contratos; a
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                                                         CASACIÓN No. 30635
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
mismo tiempo de la pena principal; les negó la suspensión condicional
de la ejecución de la pena; y les concedió la prisión domiciliaria.
       La decisión fue apelada por los defensores de los implicados y
la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, la confirmó.


       En esta oportunidad, la Sala califica el aspecto formal de la
demanda de casación presentada por el apoderado de SAÚL DE
JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ.


                                HECHOS




       El 11 de diciembre de 1997 en el Municipio de Caldas
(Antioquia), SAÚL GUTIÉRREZ MORALES, en la condición de
alcalde municipal de esa localidad, suscribió el contrato de obra
pública No. 032 con Gabriel Arturo Vanegas Vanegas, que tenía por
objeto la construcción de gaviones en la quebrada La Miel por un
valor de $ 11.706.250.oo, el cual fue preparado para la adjudicación
por LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ, quien se desempeñaba como
secretario de gobierno del ente territorial.


       En el trámite de la investigación fiscal adelantada por probable
detrimento patrimonial ante la Contraloría Regional, el presunto
contratista declaró que prestó su nombre para la firma del contrato,
pero quien verdaderamente lo fue y cobró el pago del mismo, había
sido Manuel Salvador Flores Zuleta, cuñado del burgomaestre.
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                                                         CASACIÓN No. 30635
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                         ACTUACIÓN RELEVANTE
        1. En Resolución de sustanciación de 15 de marzo de 20051, la
Fiscalía declaró cerrada la investigación; y en interlocutorio de 20 de
abril del mismo año, calificó el mérito del sumario con acusación
contra SAÚL DE JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO
ARIAS GÓMEZ2, como coautores del delito de interés indebido en la
celebración de contratos.


        Impugnada la decisión por los defensores de los implicados, la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, el 10 de
febrero de 2006, la confirmó.


        2. Remitido el expediente para adelantar la etapa del juicio, el 11
de abril de 2007 se llevó a cabo la audiencia preparatoria y el 4 de
octubre del año que corría3, se realizó la vista pública de juzgamiento,
al cabo de la cual en sentencia de 7 de diciembre de la anualidad que
corría4 el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín, condenó a
SAÚL DE JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS
GÓMEZ, en la forma ya reseñada.


        3. Apelada esta determinación por los abogados de SAÚL DE
JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ,

1
  Cuaderno No. 1, folio 215.
2
  Cuaderno No. 1, folio 239.
3
  Cuaderno No. 2, folio 366.
4
  Cuaderno No. 1, folio 385.
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fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín en
fallo de 25 de abril de 20085.


        4. Inconforme con la sentencia, el defensor de SAÚL DE JESÚS
GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ, la
impugnó y ahora la Sala estudia el aspecto formal del libelo
casacional.




                                               LA DEMANDA




        El defensor de SAÚL DE JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y
LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ, postula un cargo por violación
directa de la ley sustancial, con base “en la causal primera, cuerpo
primero” del artículo 205                 (procedencia de la casación)6            del Código de
Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).


        Expresa que en el proceso de formación de la verdad procesal y
para llegar a la certeza, la ley instrumental dispone que los indicios

5
  Cuaderno No. 2, folio 444.
6
  El artículo 205 del Código de procedimiento Penal establece: “Procedencia de la casación. La
casación procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por
los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando
la medida impuesta sea una medida de seguridad.
La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos sea inferior a la señalada
en el inciso anterior.
De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la
demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la
solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos
por la ley.”
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deben ser apreciados en conjunto, teniendo en cuenta su gravedad,
concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba
que obren en la actuación.
       A partir de esta afirmación, dice, se debe valorar la eficacia del
medio de prueba indirecto; y expone que la certeza es una prioridad
para declarar un hecho probado, desde la cual se establece la
aplicación de la sanción que consagra el precepto penal.


       Con referencia indeterminada a la doctrina, dice son elementos
estructurales del indicio la “Prueba plena del hecho indicador” y la
“relación lógica entre el hecho indicador y lo que es material del proceso”;
sobre la eficacia de éste          presenta    como características       la
“Conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado”,
“inexistencia de causalidad y apariencia”, “Veracidad del hecho
indiciario”, “Relación de causalidad entre el hecho indicador y el
indicado”, “pluralidad de indicios cuando sean contingentes”, “indicios
contingentes que sean graves, concurrentes o concordantes y convergentes”,
“inexistencia de contraindicios” e “Univocidad del indicio o del conjunto de
indicios”, respecto de las cuales dice no tienen presencia en el
proceso.


       Persiste en que en el expediente nada se hizo para la aplicación
de la técnica probatoria para esta clase de medios de convicción y la
sentencia es carente de valoración, porque lo que se elabora es una
construcción mental forjada en apreciaciones personales, subjetivas y
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queridas por el juzgador, en lugar de las que se deducen del
plenario7.


          Señala que se puede afirmar que no se ha demostrado de
manera técnica, idónea y legal, la autoría de los implicados en el
delito de interés ilícito en la celebración de contratos, conforme lo
señala el tipo penal.


          -. No se demostró en la actuación judicial que SAÚL DE JESÚS
GUTIÉRREZ             MORALES           y    LUIS        ALFONSO    ARIAS     GÓMEZ,
realizaron los hechos descritos en el tipo penal, por tanto, no se les
puede realizar el “juicio de tipicidad”, falencia por la cual deben ser
absueltos.


          Destaca que para lograr ese cometido, conforme al indicio, no
se dan “sus elementos estructuradores” por carecer de validez, eficacia
y la apreciación que de él se tiene, es errónea.


          Expresa:


                 “Debe determinarse en contra de la sentencia impugnada,
         una nueva en donde se haga una consecuente valoración del
         indicio, en donde se señala la ilegalidad de la afirmación como
         hecho indicador de la ilegalidad del contrato, hecho que no se
         demostró y que no fe objeto de debate probatorio, y como hecho


7
    El impugnante no dice cuáles son esas deducciones.
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       indicador la recepción de un título por un pariente en afinidad del
       Alcalde, señor SAÚL DE JESÚS GUTIÉRREZ MORALES, que en
       si (sic) esencia es contingente. Ante este panorama en el proceso
       de prueba del indicio, tal como lo señala la técnica, debió
       ampararse en una pluralidad de ellos, y con ellos, una univocidad
       que permita la certeza; circunstancia que no se dio: En
       consecuencia no hay prueba que determine con certeza la
       comisión del delito por parte de los señores LUIS ALFONSO
       ARIAS GÓMEZ y SAÚL DE JESÚS GUTIÉRREZ MORALES.”


        -. En la sentencia se desconoció el criterio de razonabilidad en
la apreciación de la prueba el cual mas bien se utilizó como un
instrumento propio de la inquisición, que de la búsqueda de la verdad.


        -. Se utilizó inadecuadamente el indicio y se le convirtió en un
legitimador de una justicia retardataria, inquisitiva y sesgada por el
afán del resultado.


        Concluye que si el Ad quem hubiera apreciado adecuadamente
esta clase de medios de prueba indirectos, no se habría equivocado
en hallar responsables penalmente a los acusados, con lo cual violó la
ley sustancial por aplicación inadecuada del artículo 287        (apreciación de

los indicios)   del Código de Procedimiento Penal.


        Solicita se case el fallo y en su lugar se absuelva a SAÚL DE
JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ,
por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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                     CONSIDERACIONES DE LA SALA


       La demanda presentada por el apoderado de SAÚL DE JESÚS
GUTIÉRREZ MORALES y LUIS ALFONSO ARIAS GÓMEZ no
satisface los requisitos formales establecidos en el artículo 212 de la
Ley 600 de 2000. Debido a ello, será inadmitida.


       1. Dado que el recurso extraordinario de casación se rige por el
principio dispositivo, las pretensiones de la demanda delimitan la
competencia de la Sala de Casación Penal, con excepción de la
nulidad que puede ser decretada oficiosamente en aras de la
protección de las garantías fundamentales.


       Por tanto, no constituye una especie de tercera instancia;
tampoco consiste en someter a un nuevo juicio al procesado, ni en
sede de casación puede postularse un debate probatorio generalizado
y sin acatamiento de la lógica argumentativa que le es inherente, pues
el recurso extraordinario fue concebido, no como un medio adicional
para litigar libremente, sino como una excepcional manera de llevar al
conocimiento del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria el fallo
proferido por el ad-quem, por las causales taxativas señalas en la ley
que hubiesen sido seleccionadas en la demanda.


       Por ello el recurso de casación se proyecta como un instituto
procesal extraordinario que busca remediar o poner fin a la violación
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de la Constitución Política, del bloque de constitucionalidad en lo
pertinente y de la ley, ocurridos en la sentencia de segunda instancia,
por errores de juicio o de actividad, y como tal comporta la
elaboración de un razonamiento lógico jurídico sobre la legalidad del
fallo, siguiendo el derrotero trazado en las causales invocadas.


        No se trata de exigir que el libelista utilice la terminología
acuñada por la doctrina y la jurisprudencia para designar las distintas
especies de errores posibles. Sin embargo, sí es de esperar su
discurrir de un modo claro, preciso, lógico y coherente hasta
demostrar que la sentencia presenta defectos protuberantes, de tal
suerte que no es factible mantener su vigencia.


        2. La primera glosa que merece la demanda presentada por
violación directa de la ley sustancial, es la carencia de coherencia
argumentativa, al postular el cargo por este motivo de casación y
desarrollarlo como si se tratara de la violación indirecta de la ley
sustancial por error de hecho por falso raciocinio, labor última que se
realiza de manera incompleta en contravía de los principios de razón
suficiente y autonomía que rigen la extraordinaria impugnación.


        De tal entidad es la falta de claridad y precisión8 que como
fundamento normativo de la causal en la que se soporta el ataque,
cita el artículo 205        (procedencia de la casación),      en lugar del 207         (causales)

8
  El artículo 212, numeral 3° del Código de Procedimiento Penal establece: “Requisitos formales de la
demanda. La demanda de casación deberá contener:
(…)
3. La enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus
fundamentos y las normas que el demandante estime infringidas.”
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del Código de Procedimiento Penal                 (Ley 600 de 2000);   y omite expresar
las normas que estima infringidas y el concepto de su violación.
       3. El razonamiento que comporta el recurso extraordinario de
casación, implica ante la postulación del censor de un yerro in
iudicando por violación directa de la ley sustancial, como de manera
reiterada lo ha dicho la Sala9, la aceptación de los hechos, las pruebas
y la valoración que de ellas se hizo en las instancias; evento en donde
no les es dable discutir cuestiones de esa naturaleza, toda vez que la
impugnación es de estricto orden jurídico y recae sobre la ley
sustancial por una de estas razones: falta de aplicación o exclusión
evidente; aplicación indebida, o interpretación errónea.


       Pero nada de ello se hace, el libelista en el desarrollo del reparo
propuesto se opone al facto y a los medios de prueba en la forma
como fueron examinados por las instancias, aspecto que se verifica
cuando rechaza el atributo asignado en el fallo a los hechos
indicadores y la persistente crítica, de lo que en su sentir, fue la
indebida utilización de ese elemento de convicción indirecto.


       Si su pretensión era cuestionar la conclusión final del Tribunal
para presentar una nueva versión de los hechos y de las pruebas en
camino a desvirtuar la celebración irregular de un contrato de obra
pública, debió formular el cargo desde la perspectiva del cuerpo
segundo de la causal primera de casación, como violación indirecta
de la ley sustancial, originada en el valor suasorio otorgado a los

9
 Sentencia de casación de 11 de abril de 2007, radicación 23667. Autos de casación de 20 de
abril de 2006, radicación 24628, de 26 de abril de 2006, radicación 25222, entre otros.
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medios de conocimiento, en cualquiera de sus formas, como error de
hecho por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso
raciocinio.


       Encuentra la Sala oportuno precisar que esta última clase de
error -falso raciocinio-, en la que podría entenderse radica la
inconformidad del recurrente, pues su alegación se forja en la errada
valoración de la prueba indiciaria, se presenta cuando a una prueba
que existe legalmente y es valorada en su integridad, el juzgador le
asigna un mérito o fuerza de convicción con transgresión de los
fundamentos de la sana crítica; es decir, los principios de la lógica, las
reglas de la experiencia común y las leyes científicas, evento en el
que le corresponde al censor indicar cuál de esos postulados fue
desconocido por el juez; y concomitantemente señalar respecto de
alguno de ellos, el que debió aplicarse para esclarecer el asunto
debatido.


       En todos los casos es preciso referir la trascendencia del error
aducido, donde su demostración comporta la obligación de enseñar a
la Corte que si tal falencia no se hubiese presentado, entonces el
sentido del fallo sería distinto.


       Ninguna de estas tareas emprende el demandante, pues dedica
su esfuerzo solamente a exponer conceptos teóricos sobre el tema del
indicio, sin exponer alguna aplicación práctica al caso que concita la
atención de la Sala, y muy por el contrario, pretende de esta manera
hacer valer su particular criterio sobre el de las instancias, por demás
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esbozado de modo conclusivo, en procura de la absolución de sus
representados, actividad defensiva al estilo propio de un alegato de
instancia, dejando en total orfandad argumentativa el reparo, motivos
suficientes para inadmitir la demanda.


       3.1. Como advierte la Sala que anunciado el error por violación
directa de la ley sustancial el censor trata de desarrollar el reparo con
la entremezcla de otras formas de violación indirecta de la ley
sustancial por errores de hecho, específicamente en la labor de la
construcción de los indicios, no sobra recordar y como de manera
reiterada lo tiene dicho la Corte, que cuando de atacar la prueba
indiciaria se trata, en razón del proceso lógico que la construcción de
la misma implica, el recurrente está en el deber de precisar si el yerro
se cometió en relación con la prueba del hecho indicador, en la
inferencia lógica, o en la labor de apreciación conjunta de los varios
indicios entre sí, según su articulación, convergencia y concordancia,
así como entre éstos y las restantes pruebas.


       Si el dislate se aduce en la apreciación del hecho indicador, dado
que necesariamente éste ha de acreditarse con otro elemento de
convicción, es imperioso determinar con precisión el medio de prueba
y señalar si el yerro fue fáctico o de hecho           (por falso juicio de existencia o

falso juicio de identidad)   o de derecho   (falso juicio de legalidad o falso juicio de

convicción),   a qué expresión corresponde, y cómo alcanza demostración
en el caso concreto.
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       En cambio, si el desacierto se patentiza en la inferencia, lo cual
obliga a aceptar la objetiva y veraz contemplación de la prueba con la
que se demuestra el hecho indicante; o en la apreciación conjunta de
los varios indicios entre sí, según su articulación, convergencia y
concordancia, así como entre éstos y las restantes pruebas,
concierne demostrar que el juzgador en la labor de valoración se
apartó de los postulados que informan la sana critica, esto es, de las
leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la
experiencia, cuál fue el indebidamente operado, cuál es el correcto, y
qué efecto diverso y favorable determina, tareas que no emprendió el
libelista.


       4. Como el recurso extraordinario de casación está regido, entre
otros, por el principio de limitación, las deficiencias de la demanda, no
pueden ser remediadas por la Corte, en tanto que no le corresponde
asumir la tarea de sustentación de la impugnación propia del
recurrente, para complementar, adicionar o corregir su escrito de
impugnación.


       5. En suma, las impropiedades advertidas conllevan a inadmitir
la demanda, máxime que tampoco en la revisión del expediente se
observa la vulneración de alguna garantía fundamental, que amerite
el ejercicio de las facultades oficiosas de la Sala de Casación Penal
en los términos del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal,
Ley 600 de 2000.
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       En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia,


                                 RESUELVE




       1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el
defensor de SAÚL DE JESÚS GUTIÉRREZ MORALES y LUIS
ALFONSO ARIAS GÓMEZ, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.


       2. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.


       Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de
origen.




                            SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
                                Comisión de servicio




JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ                      ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
República de Colombia                 15




Corte Suprema de Justicia

                                                              CASACIÓN No. 30635
                                                    SAÚL GUTIÉRREZ MORALES y otro




MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS                  AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN




JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS                          YESID RAMÍREZ BASTIDAS




JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA                        JAVIER ZAPATA ORTIZ




                                TERESA RUIZ NÚÑEZ
                                      Secretaria.

				
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