Proceso No 20709 by HC12062213634

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  República de Colombia
                                                    UNICA INSTANCIA 18029
                                                  EMILIO MARTÍNEZ ROSALES


Corte Suprema de Justicia
                            Proceso No 18029




                 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                   SALA DE CASACION PENAL




                            Magistrado Ponente:
                            JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
                            Aprobado Acta No. 359




Bogotá D.C., dieciséis de diciembre de dos mil ocho (2008)




                                 VISTOS


El 5 de noviembre pasado, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia profirió sentencia dentro de la causa seguida
contra EMILIO MARTÍNEZ ROSALES, quien fue declarado autor
penalmente responsable del delito de peculado culposo y
condenado en tal virtud a dieciséis (16) meses de arresto,
interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
término y multa de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales
legales vigentes para la época de los sucesos. Asimismo, se le
impuso inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones
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públicas, de conformidad con el artículo 122 inciso 5° de la
Constitución Política.


Frente a esta última determinación en memorial presentado por el
defensor, llama la atención de la posible vulneración de garantías
fundamentales del procesado, en cuanto la referida inhabilidad de
que trata el artículo 122 de la Constitución Política sólo es
aplicable para delitos dolosos que afectan el patrimonio público,
conforme a lo señalado en la Ley 734 de 2002, artículo 38,
parágrafo 2°.


En consecuencia, solicita que se de prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal, excluyendo de la sentencia la condena
a inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas.




                          CONSIDERACIONES


1. Bajo el entendido de que la proposición efectuada por el
defensor no constituye recurso de reposición contra la sentencia
de única instancia proferida contra EMILIO MARTÍNEZ ROSALES,
como el mismo togado lo resalta en su escrito, la Sala abordará el
examen de la temática propuesta, apoyada en una realidad
incontrovertible cual es la posible afectación de garantías del
procesado, pues como lo ha señalado esta Corporación en
eventualidades semejantes a la acá acontecida, de cara a la lesión
de derechos fundamentales como el debido proceso “… la
respuesta no puede ser la impasibilidad y el conformismo formal,
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pues la pleitesía por la inmutabilidad de la decisión debe ceder a
un concepto de justicia material reivindicando la eficacia
normativa del proceso penal, en cuanto método de racionalización
del ejercicio del poder punitivo del estado que tiene como esencia
el respeto por las garantías de quienes son sus actores.”1



2. La Carta Política en su artículo 122 introdujo una inhabilidad
intemporal del siguiente tenor:


“… Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser
inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni
designados servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta
persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en
cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado.”



Aun cuando el constituyente no distinguió entre conductas
punibles de comisión dolosa o culposa, limitándose a indicar como
criterio modulador para la aplicación de la inhabilidad que se
tratara de condenas por delitos lesivos del patrimonio público,
como lo son los distintas modalidades delictivas del peculado, lo
cierto es que en la Ley 734 de 2002, artículo 38, incluyó la
siguiente disposición:


“Parágrafo 2°.- Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se
entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que
produzcan directa lesión del patrimonio público, representada en el


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    Radicado 26825 del 29 de agosto de 2007
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menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o
deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta
dolosa, cometida por un servidor público”.


A su turno, promovida acción pública de inconstitucionalidad
contra esta disposición, bajo el entendido de que en ella se
establecían     requisitos    y   límites    no     contemplados     por    el
constituyente primario, la Corte Constitucional mediante sentencia
C-064 de 2003 halló la norma ajustada al mandato superior bajo
la siguiente tesis:


“… La demandante, así como los diferentes intervinientes en el presente
proceso, consideran que la disposición acusada al establecer que sólo los
delitos contra el patrimonio del Estado ocasionados por una conducta dolosa
generan la inhabilidad prescrita en el artículo 122 Superior es irrazonable y
quebranta el mandato de protección al patrimonio estatal que la mencionada
norma constitucional consagra.


La Corte considera que la diferencia entre delitos dolosos y culposos no es
indiferente para el Constituyente, de tal manera que esa distinción es
utilizada por él en distintas disposiciones de la Carta para dar un tratamiento
proporcional con el tipo de responsabilidad que esas conductas aparejan. […]


Como quiera que es la propia Constitución la que atribuye al Legislador la
facultad de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y la forma
de hacerla efectiva (C.P., art. 124), puede, en consecuencia, el Legislador
delimitar de manera legítima el ámbito de esa responsabilidad utilizando los
mismos criterios utilizados por el Constituyente.


Cuando el inciso final del artículo 122 de la Carta Fundamental dispone que
“el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del
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Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas” no
estableció una cláusula general que atribuya idénticas consecuencias a las
conductas culposas y dolosas, y es así porque de acuerdo con una
interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales en materia de
inhabilidades es razonable sostener que dichas disposiciones otorgan y
permiten dar un tratamiento diverso a esas conductas, luego no puede
reprochársele al Legislador el criterio de distinción utilizado por el propio
Constituyente para regular los mencionados comportamientos delictivos.”



Con tales fundamentos la Corte constitucional declaró “exequible el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que
respecto de las conductas culposas se aplicarán las inhabilidades previstas en
la ley”.



3. Teniendo en cuenta que la disposición de rango legal cuya
inaplicación    reclama     la    defensa     fue     objeto   de     control
constitucional, declarándose ajustada a los mandatos superiores,
la Corte Suprema de Justicia respetuosa como es de los fallos que
comportan cosa juzgada constitucional dado su carácter definitivo,
de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes, debe
proceder en el sentido que le es reclamado, retirando de la
sentencia de única instancia proferida contra EMILIO MARTÍNEZ
ROSALES la inhabilidad consagrada en el artículo 122 de la
Constitución Política, por cuanto el delito por el cual se le declaró
penalmente responsable y fue condenado, es de comisión culposa.



En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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                            RESUELVE


PRIMERO.- EXCLUIR de la sentencia proferida contra EMILIO
MARTÍNEZ ROSALES, la inhabilitación perpetua para el ejercicio
de funciones públicas de que trata el artículo 122 inciso 5° de la
Constitución Política, conforme a las razones expuestas en la
parte motiva.


SEGUNDO.- REMITIR copia de esta determinación al Juzgado
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a quien haya
correspondido el control de la ejecución del fallo proferido por
esta Corporación contra EMILIO MARTÍNEZ ROSALES, para los
fines pertinentes.


                     Notifíquese y cúmplase.




                      SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ




JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ           ALFREDO GÓMEZ QUINTERO




MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS      AUGUSTO IBAÑEZ GUZMÁN
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                                                EMILIO MARTÍNEZ ROSALES


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JORGE LUIS QUINTERO MILANES                  YESID RAMÍREZ BASTIDAS




JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA                     JAVIER ZAPATA ORTIZ




                            Teresa Ruiz Núñez
                                Secretaria

								
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