CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by h7pc3hf

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									    República de Colombia                                 Casación 30480
                                               P/ JOSÉ LEIVER VEGA ANZOLA




 Corte Suprema de Justicia


                       Proceso No 30480




             CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

               SALA DE CASACIÓN PENAL




                                 Magistrado Ponente

                                 ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

                                 Aprobado Acta No. 161



Bogotá D.C., tres (03 )de junio de dos mil nueve (2009)




                            VISTOS:


En términos de lo dispuesto por el artículo 184 de la Ley 906 de

2.004, decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de

casación presentada por el defensor de José Leiver Vega

Anzola, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de

Cundinamarca el 22 de mayo de 2008, confirmatoria de la emitida
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en primera instancia por el Juzgado Promiscuo de La Palma el 3

de marzo del mismo año, que condenó al procesado a la sanción

privativa de la libertad de 34 años y 4 meses de prisión como

responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de

armas de fuego de defensa personal.




                 HECHOS Y ACTUACIÓN BÁSICA:



El episodio fáctico de este proceso tuvo ocurrencia en horas del

medio día del 4 de agosto de 2007       en   la vereda Yasal del

municipio de Yacopí-Cundinamarca, cuando entre los hermanos

Fernando y José Leiver Vega Anzola se presentó una discusión

por la venta de un lote de terreno, en controversia que condujo a

que este último percutiera una escopeta en contra de aquél

produciéndole heridas múltiples que determinaron su final traslado

al Hospital Cardiovascular del Niño en Soacha donde falleció al

día siguiente.



La audiencia de formulación de imputación estuvo a cargo del

Juzgado Promiscuo Municipal de Yacopí, imponiéndose en contra




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de José Leiver Vega Anzola medida de aseguramiento

consistente en detención preventiva.

Formulada la respectiva acusación y rituado el juicio oral se

emitieron las sentencias de primera y segunda instancia en los

términos reseñados previamente.



                            DEMANDA


Un reproche es presentado por el procurador judicial del

procesado contra la sentencia objeto de la impugnación

extraordinaria.



Dice acudir a la causal tercera de casación acusando el fallo por

violación indirecta de la ley sustancial derivada de falso juicio de

legalidad en tanto advera que la necropsia sólo podía ser

aportada al juicio a través del testigo de acreditación, como lo era

el propio médico forense que la efectuó y no directamente por el

Fiscal, conforme se procedió.



Por tanto y dado que dicha evidencia no podría ser considerada y

al margen de reconocer que el imputado fue quien disparó, ello no

significa que ese hecho fuese la causa relevante para el resultado


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muerte,    sabido    que    el   herido   deambuló        por     varios

establecimientos y sólo fue atendido en el Hospital de Soacha, sin

que sea claro que recibió la debida atención médica, servicio que

en consecuencia sólo se le había prestado pasadas doce horas

de ocurridos los hechos, de donde existe una duda clara en

relación con lo que habría podido acaecer si Fernando Vega

Anzola recibe ayuda médica desde el primer momento.



Así, el falso juicio de legalidad, asegura, recae en el propio

dictamen de necropsia, pero además también respecto de los

perdigones y el arma, que sólo podían ser introducidos a través

del investigador y no por la Fiscalía que fue quien los aportó.



Por lo tanto, asume el censor que ni la necropsia ni los perdigones

que permitían establecer con claridad si correspondían al arma de

su defendido, podían ser tomados en cuenta, de donde no se

puede hablar de un delito de homicidio agravado ni que su

asistido sea responsable del mismo, solicitando se case el fallo y

se le absuelva de los cargos.



                      CONSIDERACIONES:




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1. Ha insistido la Corte en precisar en vigencia de la Ley 906 de

2.004 y de la consiguiente implementación entre nosotros del

sistema procesal penal con predominante tendencia acusatoria,

que en ningún momento el recurso de casación perdió sus

características   propias   que   lo   hacen   un   mecanismo         de

impugnación extraordinario, pues si bien ahora es concebido

como un medio de control constitucional protector de los derechos

contemplados en la Carta Política y los tratados de derechos

humanos -bloque de constitucionalidad- de quienes intervienen

dentro del proceso penal, continúa siendo un medio de ataque a

la legalidad de la sentencia eminentemente reglado, siendo

exigible el cumplimiento de presupuestos en la postulación de los

reproches, sin que por tanto pueda entenderse liberado de

aquellos requisitos ante cuya falencia surge inadmisible o en todo

caso inepto para desvirtuar los principios de acierto y legalidad

que respaldan las sentencias judiciales.



2. De ahí que se hayan destacado como presupuestos sine qua

non: la concurrencia de interés jurídico para recurrir y la

presentación de los reproches que se enfilan contra el fallo con la

exposición jurídica y fáctica de los fundados motivos inherentes a




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cada causal y con miras a la realización de alguno de los fines

consagrados en el artículo 180 del C. de P.P., esto es, que del

contexto del libelo advierta la Sala que se precisa el fallo en el

fondo para cumplir con alguna de las finalidades del recurso, por

ende, que la decisión en esta sede conduzca a la efectividad del

derecho material, el amparo de garantías de los intervinientes en

la actuación penal, la reparación de los agravios que se les haya

podido inferir y la unificación de la jurisprudencia.



3. En doctrina antigua ha decantado la Corte que resulta

insuficiente en orden a la postulación de un ataque a la sentencia

por quebranto indirecto de la ley sustancial, afirmar la presencia

de errores de hecho por defectos en la apreciación de las pruebas

si no se demuestra el poder vinculante que el medio ha tenido en

la decisión cuestionada, esto es, que el yerro evidenciado debe

estar en plena aptitud de trocar una sentencia condenatoria en

absolutoria o en atenuar el sentido de la decisión en favor del

imputado, trasunto que se ha sintetizado al precisar que el error

acusado debe emerger trascendente en su forzoso contraste con

el fallo.




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4. En dicho orden lo primero que se observa es que el actor no

obstante propugnar por una censura derivada de falso juicio de

legalidad y que comprometería una de las pruebas incorporadas al

juicio oral como lo fue el acta de necropsia, cuyo efecto invalidante

en relación con el medio en cuestión lo sería descartarlo dentro de

aquellos fundantes de la decisión recurrida, desapercibe el

demandante      el   deber     de    evidenciar    precisamente          su

trascendencia, apurándose en forma llana a peticionar la

absolución del imputado sin establecer las razones por las cuales

suprimirla conduciría a desvertebrar el fundamento del fallo y a

semejante determinación, aspecto de suyo suficiente para

rechazar por ineptitud formal un reproche así esbozado.



5. Vale en todo caso recordar en orden a la claridad necesaria con

miras a descartar el quebranto de garantías, que en la regulación

actual del Código de Procedimiento Penal se tiene previsto que la

prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar

valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos,

artísticos o especializados y que la manera como la misma debe

ser incorporada al juicio oral lo es bajo las reglas del testimonio.




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Destaca además el art. 415 de dicha normativa que el informe

sustento de la base pericial “en ningún caso...será admisible como

evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio”, esto es,

que no se puede independizar como evidencia autosuficiente el

informe en que se sustenta un concepto de perito de la prueba

pericial misma, siendo teóricamente lo adecuado al debido proceso

y controversia que se ponga en conocimiento de las partes su

contenido en la audiencia preparatoria, o por lo menos con cinco

días de antelación a la audiencia de juzgamiento, dependiendo de

la oportunidad en que se ha obtenido y que quien lo ha elaborado

deba acudir al juicio oral -salvo extremos casos en que la Sala

auspicia bajo un criterio de razonabilidad que lo sea por otra

persona o en condiciones de excepcionalidad- (Cas. 30214).



6. Sobre estos claros presupuestos impera señalar a la Corte que

si bien en el caso concreto en trámite de la audiencia preparatoria

y como emanación del proceso de descubrimiento probatorio la

Fiscalía solicitó fuera tenido “en cuenta” en el juicio oral el “informe

sobre necropsia”, éste se introdujo en el rito de juzgamiento sin

propiciarse la presencia y sustento por parte del médico que lo

elaboró, aspecto que si bien en principio podría conducir a que




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dicho elemento no fuera considerado en la sentencia, este hecho

emerge inane en orden al fundamento del fallo –aun cuando

ninguna expresa mención se hizo de la misma-, o lo que es igual,

sustraerlo del conjunto de pruebas -principalmente testimoniales-,

en modo alguno puede conducir a que el resultado muerte no le

pudiera ser imputado al procesado.



7. Tiene mayor validez lo anterior si en cuenta se tiene que la

conclusión del actor es que la absolución del incriminado se

impondría por razón de una hipotética concurrencia de concausas

determinantes de la muerte de la víctima -su falta de oportuna

atención-, dada la ostensible inconexidad que una tal alegación

tiene frente al enunciado objetivo de la censura, estando en el

mismo inusitado orden la escueta mención de los “perdigones y el

arma” que en criterio del libelista tampoco debieron introducirse al

juicio, toda vez que absolutamente ningún fundamento aduce en

torno al significado que tales elementos tuvieron en la declaración

de responsabilidad del procesado.



8. Para aunar en los motivos, tampoco puede perderse de vista

que la aludida necropsia todo cuanto contenía era la determinación




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del hecho material muerte y los hallazgos evidenciados en el

cuerpo pero no, desde luego, las circunstancias fácticas en que el

deceso se produjo, aspecto el cual suprimiendo la prueba

permanece incólume e inalterado, es decir, que sobre el mismo no

subyace el menor resquicio de duda y a cuya corroboración

material básica coadyuvan como se advirtió, múltiples elementos

de carácter testimonial.



La inadmisibilidad del reproche, en estas condiciones es

elocuente, visto que no está en posibilidad alguna de evidenciar

quebranto de derechos fundamentales ni lo percibe la Corte como

para basar en ello su oficiosa intervención.



 9. Finalmente, como contra esta determinación procede la

 insistencia prevista en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004,

 importa señalar -como se hizo desde la providencia de diciembre

 12 de 2005, radicado No. 24322- que ante la carencia de

 regulación en su trámite la Sala lo ha precisado así:




 a- El mecanismo sólo puede ser promovido por el demandante

 dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta



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providencia o provocado oficiosamente dentro del mismo lapso

por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la

Casación Penal -en tanto no sean recurrentes- el Magistrado

disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates

o suscrito la inadmisión.



b- La solicitud que haga el demandante en ese propósito puede

formularse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados

para la Casación Penal, ante uno de los Magistrados que haya

salvado voto respecto a la decisión de inadmitir o ante uno de los

Magistrados que no haya intervenido en la discusión.



c- Es potestad del funcionario ante quien se formula la insistencia

someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo

para su revisión y en este caso así lo informará al peticionario en

un término de quince (15) días.



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Penal,



                            RESUELVE:




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1. No admitir la demanda de casación presentada en nombre del

procesado José Leiver Vega Anzola.

2. Contra esta decisión y en los términos antes señalados procede

la insistencia prevista en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.



3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las diligencias al

Tribunal de origen.




                        Notifíquese y cúmplase,




                      JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA




JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ              SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ




ALFREDO GÓMEZ QUINTERO        MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS




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AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN                JORGE LUIS QUINTERO MILANES




YESID RAMÍREZ BASTIDAS                         JAVIER ZAPATA ORTÍZ




                           TERESA RUIZ NÚÑEZ
                               Secretaria




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