PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

Document Sample
PROCURADURIA QUINTA DELEGADA Powered By Docstoc
					Nota de relatoría: Sobre el mismo tema ver registro 17173, radicado 37947 y
concepto 167


ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad


PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Límites a las facultades del Estado


LIBERTAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-Regulados en normas
nacionales e internacionales/PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Por no
cumplir los principios de proporcionalidad y razonabilidad


PRIVACIÓN       DE     LA     LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte
Constitucional/PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos/PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-
Jurisprudencia del Consejo de Estado


RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Regulación constitucional y
legal/RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Por privación injusta de
la libertad


DETENCIÓN PREVENTIVA-Facultad de las autoridades judiciales


RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de
Estado



                       PROCURADURIA QUINTA DELEGADA
                         ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 11 de marzo de 2011




Doctora
STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B
CONSEJO DE ESTADO
E.    S.    D.


                               REF.: Concepto 11-53
________________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                      Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                      Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


                                    Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                    Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros
                                    Demandados: Fiscalía General de la Nación




Honorable señora Consejera:


El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de
Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la
Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesár, que declaró la responsabilidad administrativa
de dicha entidad, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en
su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.


                                         ANTECEDENTES


           La Demanda (Fls. 238-250 Co.3)


En ejercicio de la acción de reparación directa1 por intermedio de apoderado
judicial, los señores CÉSAR OBDULIO HERRERA SANTOS, SOCORRO DEL
ROCÍO QUINTERO CORONEL, CÉSAR EDUARDO HERRERA QUINTERO,
KELLY JHOJANA HERRERA QUINTERO, LUIS FELIPE HERRERA LOZANO,
GILMA ROSA SANTOS PICÓN, ÁNGEL MARÍA HERRERA SANTOS, DOLIA
MARÍA HERRERA SANTOS, CIRO HERNÁN HERRERA SANTOS, MARÍA
ROSA HERRERA SANTOS y LUIS ALFONSO HERRERA SANTOS, solicitaron
al         Tribunal    Administrativo           del   Cesár      declarar      administrativa       y
extracontractualmente responsable a LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE
LA NACIÓN, por los perjuicios materiales, inmateriales y por las alteraciones en
las condiciones normales de existencia causados a los demandantes con
motivo de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor CÉSAR
OBDULIO HERRERA SANTOS.


1   Demanda presentada el 24 de abril de 2006
                                                                                   5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                        IUS 2011-83544
                                             2
_______________________________________________________________________________________________
      Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros




Que como consecuencia de lo anterior; se condenara a la parte demandada al
pago de las respectivas indemnizaciones por los perjuicios de índole moral y
material que les fueron ocasionados.


Como fundamentos de sus pretensiones se presentaron los que se sintetizan a
continuación:


El día 27 de julio de 2002, el señor César Obdulio Herrera Santos fue capturado
por miembros de la Policía Nacional en la vía que conduce del municipio de
Pelaya al corregimiento de San Bernardo, en el departamento del Cesár y
puesto a disposición de las Fiscalía Seccionales de Aguachica - Cesár, a raíz
de una denuncia que informaba de la presencia en la vía de un tracto camión
que al parecer transportaba soda cáustica, escoltado por dos vehículos, entre
ellos, el que conducía el señor Herrera Santos.


En virtud de lo anterior, la Fiscalía Seccional Quince de Aguachica – Cesar,
solicitó mediante oficio fechado 28 de julio de 2002 al Comandante 2° de
Distrito de Policía, mantener en la fecha y hasta el día siguiente en los
calabozos de dicha institución al hoy demandante, petición que fue elevada
igualmente al Director de la Cárcel del Circuito de Aguachica mediante oficio de
fecha 29 de julio del mismo año.


En consideración de la investigación penal, el señor César Obdulio Herrera
Santos, rindió indagatoria el día 30 de julio de 2002. Mediante resolución
proferida el 28 de agosto del mismo año, la Fiscalía General de la Nación –
Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar – Fiscalía Sexta Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito Especializados – resolvió la situación jurídica
del señor Herrera Santos, al haber sido sindicado de la comisión de los delitos
de “Hurto Calificado y Agravado, Secuestro Simple y Tráfico de Sustancias para



                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             3
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


Procesamiento de Narcóticos”, decidiendo abstenerse de imponerle medida de
aseguramiento, concediéndole en consecuencia la libertad inmediata.


Finalmente, la Fiscalía 8ª Delegada ante el Juzgado Penal Especializado del
Circuito de Valledupar (Cesár), mediante providencia fechada 26 de abril de
2004, calificó el mérito del sumario con Preclusión de la Investigación.


Corolario de lo anterior, se tiene que el señor César Obdulio Herrera Santos,
estuvo privado de su libertad desde el 27 de julio de 2002 hasta el 28 de agosto
de la misma anualidad, esto es, por el período de un mes y un día.


         La Contestación (Fls. 293-298 Co.3)


Fiscalía General de la Nación


Contestó la demanda a través de su apoderado. Respecto a los hechos,
manifestó no constarle, razón por la cual se atendría a lo probado en el
proceso. Se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas solicitadas
por la parte actora al carecer de asidero jurídico, argumentando que las
actuaciones de la entidad se encontraban amparadas por las normas legales
vigentes para la época, motivo por el cual, la detención y el alegado “daño” no
pueden ser catalogados de antijurídicos, pues el demandante se encontraba en
la obligación jurídica de soportar las consecuencias de la actividad judicial,
como quiera que en la investigación penal surtida en su contra existían indicios
de responsabilidad.


         La Sentencia de primera instancia (Fls. 526-536 Co. 1)


El    A    quo   mediante     sentencia      del   24    de    junio    de    2010     declaró
administrativamente responsable a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN por el daño antijurídico causado al señor CÉSAR OBDULIO

                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             4
_______________________________________________________________________________________________
     Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


HERRERA SANTOS, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto y la
condenó a pagar:


   i)      por concepto de perjuicios morales la suma de cincuenta (50) smmlv
           para CÉSAR OBDULIO HERRERA SANTOS, treinta (30) smmlv para
           GILMA ROSA SANTOS PICÓN (madre), treinta (30) smmlv para
           LUIS FELIPE HERRERA LOZANO (padre), veinte (20) smmlv para
           Socorro del Rocío Quintero Coronel (cónyuge), quince (15) smmlv
           para CÉSAR EDUARDO y KELLY JOHANA HERRERA QUINTERO
           (hijos), y diez (10) smmlv para ÁNGEL MARÍA, DOLIA MARÍA, CIRO
           HERNÁN, LIVIA ROSA y LUIS ALFONSO HERRERA SANTOS
           (hermanos).
   ii)     Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
           cesante, reconoció la suma de dos millones quinientos cuarenta mil
           ochocientos noventa y seis pesos ($2.540.896.oo) a favor del señor
           CÉSAR OBDULIO HERRERA SANTOS.
   iii)    En la modalidad de daño a la vida de relación reconoció a favor del
           grupo familiar conformado por los señores CÉSAR OBDULIO
           HERRERA          SANTOS,        SOCORRO          DEL      ROCÍO       QUINTERO
           CORONEL, CÉSAR EDUARDO HERRERA QUINTERO Y KELLY
           JOHANA HERRERA QUINTERO, el equivalente a quince (15) smmlv
           para cada uno de ellos. Negándoselos de otra parte a LUIS FELIPE
           HERRERA LOZANO, GILMA ROSA SANTOS PICÓN, ÁNGEL
           MARÍA HERRERA SANTOS, DOLIA MARÍA HERRERA SANTOS,
           CIRO HERÁN HERRERA SANTOS, LIVIA ROSA HERRERA
           SANTOS y LUIS ALFONSO HERRERA SANTOS, por considerar no
           estaba probada la causación de este perjuicio para ellos.


Sobre la existencia de responsabilidad de la administración, el Tribunal
manifestó, lo siguiente:



                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             5
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


       “El artículo 90 de la Constitución, consagra el fundamento jurídico de la
       responsabilidad administrativa. Esta norma señala: “El Estado responderá
       patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
       causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”.

       La anterior norma Constitucional, fija los presupuestos para que sea viable
       la declaración de la responsabilidad de una entidad pública, por una
       actuación que haya dado lugar a la producción del daño. Estos requisitos
       son: a) el daño antijurídico; y b) la imputación del mismo al Estado.

       (…)

       En el presente caso, se tiene que el señor César Obdulio Herrera Santos,
       fue privado de la libertad desde el día 27 de julio de 2.002 al 28 de agosto
       del mismo año, fecha en la cual la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces
       Penales del Circuito Especializado de Valledupar, se abstuvo de imponer
       medida de aseguramiento en contra, ordenando su libertad inmediata.

       (…)

       La jurisprudencia del Consejo de Estado1 ha sostenido que la exoneración
       de la responsabilidad, relativa al rompimiento del vinculo (sic) causal, solo
       (sic) habría lugar cuando la detención haya sido causada por la propia
       victima (sic), cuando ésta haya sido provocada por el dolo o culpa grave del
       mismo detenido, en cuyo evento no habría lugar a indemnización,
       circunstancia que a juicio de la Sala no se presenta en este asunto.

       Siguiendo la orientación jurisprudencial referida en párrafos precedentes,
       se advierte que se debe imputar el daño causado al señor Cesar (sic)
       Obdulio Herrera Santos y a sus familiares, a la Fiscalía General de la
       Nación, por cuanto como quedó demostrado, al mismo se le precluyó la
       investigación, por no estar demostrada la comisión del delito por el cual se
       le acusaba, razón por la cual su privación de la libertad resultó injusta.

       Luego entonces, al estar demostrada la responsabilidad de la Fiscalía
       General de la Nación, por el daño causado a los demandantes, entraremos
       a resolver sobre los perjuicios solicitados en la demanda. (…)”



       La apelación


La Fiscalía General de la Nación, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada
y que en su lugar, se profiriera la que debiera reemplazarla, argumentando que
del proceso seguido por la entidad no se configura una privación injusta de la
libertad, dado que de su parte, no hubo una actuación arbitraria o
desproporcionada, pues su accionar estuvo ajustado a la Constitución y a la ley,

                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             6
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


máxime cuando el demandante no estuvo privado de su libertad como
consecuencia de una medida de aseguramiento de detención preventiva, sino
que fue retenido por la policía e indagado por la Fiscalía, resolviéndole la
situación jurídica ciñéndose estrictamente a los parámetros legales.


                                     EL CONCEPTO


PROBLEMA JURÍDICO


Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:


    Establecer el Régimen de Responsabilidad del Estado aplicable al caso
       bajo examen.


      Puntualizar si la Fiscalía General de la Nación al cumplir con los
       presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las
       personas involucradas en la comisión de un hecho punible, exonera al
       Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la
       Constitución Política o sí además de ello, debe dar cumplimiento a otras
       circunstancias.


      Establecer si se configura una responsabilidad a cargo del Estado.


ANÁLISIS FÁCTICO, PROBATORIO Y JURÍDICO




    ESTABLECER EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
       APLICABLE AL CASO BAJO EXAMEN.




                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             7
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                 Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                 Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


Frente al primer problema jurídico, cual es el de determinar el régimen aplicable
en los casos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del
Honorable Consejo de Estado en pronunciamiento reciente precisó2:


“(…)
         3. Ahora bien, se requiere efectuar una labor de sistematización
         jurisprudencial, en tratándose del régimen de responsabilidad
         patrimonial    -   extracontractual     del    Estado    derivada     de    la
         administración de justicia, con base en las siguientes premisas:


         3.1. Los artículos 66 a 69 de la ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de
         Administración de Justicia), contienen las hipótesis bajo las cuales el
         Estado puede resultar responsable, a causa de: i) privación injusta de
         la libertad, ii) error jurisdiccional, o iii) defectuoso funcionamiento de la
         administración de justicia.


         3.2. Identificado el supuesto de responsabilidad, se deberá
         determinar el título de imputación aplicable al caso concreto, bien a
         través de un sistema subjetivo de falla del servicio, o mediante uno de
         naturaleza objetivo.


         3.3. En eventos de privación injusta de la libertad, se deben tener en
         cuenta algunos aspectos y parámetros que, en los últimos años, han
         sido trazados por la jurisprudencia de esta Corporación, criterios que
         podrían catalogarse en los siguientes términos:


         i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991
         (decreto ley 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera
         objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones
         injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de


2CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA -
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO – Sentencia del nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) -
Radicación número: 52001-23-31-000-1997-08775-01(19283)


                                                                              5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                   IUS 2011-83544
                                             8
_______________________________________________________________________________________________
    Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                            Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                            Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


           las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición,
           inclusive, con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos
           precisados por la jurisprudencia de la Corporación3.


           ii) Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del
           in dubio pro reo4 -strictu sensu–, de conformidad con los
           planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los
           procesos números 13.168 (2006)5 y 15.463 (2007)6, el juez de lo
           contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato
           jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa
           figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso
           (subrayado fuera del texto).


           En otros términos, la responsabilidad de la administración pública
           derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la
           máxima de que la “duda se resuelve a favor del procesado”, se
           analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y
           cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al
           momento de evaluar el material probatorio –que por cierto
           necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a
           favor del sindicado o acusado–7, manejó una duda razonable que le


3 Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
4 “La certeza perseguida por el derecho penal máximo está en que ningún culpable resulte impune, a costa de la

incetidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal
mínimo está, al contrario, en que ningún inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que también algún
culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas
reflejan intereses y opciones políticas contrapuestas: por un lado, la máxima tutela de la certeza pública respecto de
las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la máxima tutela de las libertades individuales respecto de las
ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias… La certeza del derecho penal mínimo de que ningún inocente sea
castigado viene garantizada por el principio del in dubio pro reo. Este es el fin al que atienden los procesos regulares
y sus garantías. Y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario: es
necesaria la prueba –es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva– no de la inocencia sino de su culpabilidad, sin
tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad
resuelta por una presunción legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la única certidumbre que
se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas.” FERRAJOLI, Luigi “Derecho y
Razón”, Ed. Trotta, Pág. 106.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, M.P. Mauricio Fajardo Gómez
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7 “Cuando no resultan refutadas ni la hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competencia con ella, la duda se

resuelve, conforme al principio del in dubio pro reo, contra la primera.” Ibíd. Pág. 151- 152.
                                                                                                 5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                                      IUS 2011-83544
                                             9
_______________________________________________________________________________________________
    Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                             Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                             Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


            impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría
            de la conducta punible(subrayado fuera del texto).


            iii) La absolución o preclusión de la investigación que emana de
            falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, traduciría en
            verdad una falla del servicio que no puede considerarse como una
            conclusión establecida a partir de la aplicación del mencionado
            principio del in dubio pro reo. Por consiguiente, en estos eventos, es
            necesario que la parte demandante en el proceso contencioso
            administrativo de reparación, demuestre, de manera clara, que la
            privación de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o
            del sistema, derivado éste de una ausencia probatoria que sustentara
            la detención preventiva.


            No es que se sitúe, por capricho, a la persona en un grado mayor de
            exigencia probatoria, sino que en estos eventos en los cuales la
            decisión no se refiere a la aplicación del principio de la duda
            razonable –porque materialmente no hay incertidumbre, en tanto no
            hay medios probatorios en ninguno de los extremos de la relación
            procesal– o en los cuales la libertad se produce por la absolución o su
            equivalente en alguno de los supuestos del artículo 414 del C.P.P., es
            necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria8.


            iv) Como se aprecia, en cada caso concreto de reparación por
            privación injusta de la libertad, corresponde determinar a las partes y
            al operador jurídico en qué supuesto se enmarcó dicha privación, a
            efectos de tener claridad sobre el título de imputación aplicable al
            asunto respectivo, como quiera que no toda absolución, preclusión de
            la investigación, o cesación del procedimiento penal, se deriva de la

8 “Los historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad
perfecta; pero ha habido también un sueño militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el
estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato
primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación
indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática.” FOUCAULT, Michel “Vigilar
y Castigar”, Ed. Siglo Veintiuno, 27ª ed., pág. 173. “Como lo muestran los objetos anteriores, la prioridad de la
libertad significa que la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en sí misma.” RAWLS, John
“Teoría de la Justicia”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Pág. 273.
                                                                                                   5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                                        IUS 2011-83544
                                             10
_______________________________________________________________________________________________
    Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


         aplicación del instrumento del in dubio pro reo, motivo por el cual, no
         siempre se deducirá la responsabilidad de la organización pública a
         través de un régimen de naturaleza objetiva.


         v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado
         por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y
         específicos en los cuales la jurisprudencia –con fundamento en el
         principio iura novit curia–, ha aceptado la definición de la controversia
         a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo,
         en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no
         juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el
         contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco
         conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la
         verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal.
         (…)”


El Tribunal Administrativo del Cesár llegó a la conclusión de que los perjuicios
causados a los accionantes eran imputables a la Fiscalía General de la Nación,
ya que el señor CÉSAR OBDULIO HERRERA SANTOS, estuvo privado de su
libertad por la presunta comisión de unos delitos, respecto de los cuales, no
habiéndose desvirtuado la presunción de inocencia que lo amparaba se hizo
merecedor a la aplicación del in dubio pro reo.


Acorde con la línea jurisprudencial de la H. Sección Falladora en los casos en
que el individuo resulta absuelto por aplicación del principio de in dubio pro reo,
el régimen a aplicar es el de la responsabilidad objetiva y al encontrar
acreditado que la privación de la libertad fue dispuesta por la entidad
responsabilizada, para que con posterioridad se dispusiera preclusión de la
investigación en favor del sindicado por los delitos de “Hurto Calificado y
Agravado, Secuestro y Tráfico de Sustancias para el Procesamiento de
Estupefacientes” que se le endilgaban en aplicación del in dubio pro reo, se
puede aseverar que la privación fue injusta y que el demandante no se
encontraba en la obligación de soportarla.
                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             11
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                             Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                             Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros




         LEGALIDAD DE LA ACTUACION


Con relación al segundo problema jurídico, la parte demandada considera que
se resuelve en forma positiva, y, en consecuencia, cuando exista una decisión
de privación efectiva de la libertad si ésta cumple con las normas legales
vigentes no se torna en injusta y por lo tanto, no deriva responsabilidad alguna
a cargo del Estado.


Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la
Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona
medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, 9 por unas causas
legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida
restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello,
no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa,
formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional
se ha mostrado en extremo enfática10.


Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad
personal11 y la presunción de inocencia12, se encuentran consagrados tanto en


9C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión
o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

10 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad
no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los
supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad
que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener
inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.."
11 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o

arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles”.
12 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya

declarado judicialmente culpable”.
                                                                                                  5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                                       IUS 2011-83544
                                             12
_______________________________________________________________________________________________
     Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                      Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                      Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas
mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos13 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la
Convención Americana de Derechos Humanos14 que en su artículo 7º
establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas
y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los
Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios.”15 .


Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han
señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no
cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el
legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto,
si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado.


La Honorable Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la
sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la
privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado
a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se
torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni
razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de


13 Ratificado mediante la ley 74 de 1968
14 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972
15 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003,

expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo
y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Néstor Aizneider Tovar Rivera con
ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar.
                                                                                      5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                           IUS 2011-83544
                                             13
_______________________________________________________________________________________________
     Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                        Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                        Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y
proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21
de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en
relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró:


       “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien
       diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se
       encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la
       libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está
       compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser
       privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a
       conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del
       detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la
       razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la
       legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7).

       (…)

       En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al
       derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que
       esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se
       detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad
       de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la
       Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines
       legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del
       procedimiento ni eludirá la acción de la justicia16; ii) que las medidas
       adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean
       necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para
       conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa
       respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la
       misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el
       Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda
       limitación a éste deba ser excepcional17, y iv) que sean medidas que
       resulten estrictamente proporcionales18, de tal forma que el sacrificio
       inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o


16  Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111.
17 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.

Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106.
18 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228.
                                                                                          5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                               IUS 2011-83544
                                             14
_______________________________________________________________________________________________
     Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                            Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                            Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


       desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y
       el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la
       libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si
       se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el
       artículo 7.3 de la Convención19”.


Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos ha
precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la
libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue
más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir
que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida
justicia.20


Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene
facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los
presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes
mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es,
que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración
de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione
un daño antijurídico.


Es menester recordar que el artículo 90 de la Constitución Política 21 consagra la
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables

19 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de
2.006, expediente número 13.168. “Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido
de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable.
Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la
obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o
en una providencia ajustada a la ley”. (Subrayas fuera del texto original). Considera la Sala, de todas formas y como
líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez
determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para
contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al
administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en
ejercicio de su ius puniendi”.
21 Constitución Política, Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
                                                                                                5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                                     IUS 2011-83544
                                             15
_______________________________________________________________________________________________
     Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la
responsabilidad estatal se ha establecido de manera objetiva, porque basta con
que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga
la obligación de asumir para que la entidad ejecutora del mismo responda por
los perjuicios ocasionados.


De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la
Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y
cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la
responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños
antijurídicos a los ciudadanos.


      EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD


En relación con el punto, como ya se expuso en la Constitución Política, artículo
90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva
por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las
autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, y, adicionalmente,
la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla
la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad,
convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado
cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas
relacionadas con el actuar de la administración de justicia.
También se consignó que el derecho a la libertad es un derecho fundamental,
que sí bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las
circunstancias lo ameriten, también lo es, que esas medidas restrictivas no
pueden ser tan arbitrarias o desproporcionadas que desconozcan la finalidad de
dicho derecho, y terminen en una privación injusta de la libertad.


Frente al tema, el Alto tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha
pronunciado así:

                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             16
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                           Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                           Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros




          “(…) tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos
          enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del
          Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo
          con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del
          Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta
          del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la
          víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo,
          reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o
          ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del
          agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa.

          Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de
          que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la
          detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a
          aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño
          antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del
          proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal
          que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado
          de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad
          competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de
          aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el
          imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la
          obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados
          al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de
          soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho
          exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su
          contra, la medida de aseguramiento.(…)”22 (Subrayado y negrilla fuera de
          texto)


Por lo tanto, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se encuentra
probada la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, que conlleve
a configurar responsabilidad administrativa al ente de imputación demandado o
si, por el contrario, existe alguna causal de exoneración de responsabilidad.


De conformidad con las pruebas que obran en el proceso, se tiene que el día 27
de julio de 2002, el señor CÉSAR OBDULIO HERRERA SANTOS fue capturado
por miembros de la Policía Nacional en la vía que conduce del municipio de
Pelaya al corregimiento de San Bernardo en el departamento del Cesár y
puesto a disposición de las Fiscalía Seccionales de Aguachica - Cesár, a raíz
de una denuncia que informaba de la presencia en la vía de un tracto camión

22   Sentencia 15 de abril de 2010, Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
                                                                                        5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                             IUS 2011-83544
                                             17
_______________________________________________________________________________________________
       Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


que al parecer transportaba soda cáustica, escoltado por dos vehículos, entre
ellos, el que conducía el señor Herrera Santos.


En virtud de lo anterior, la Fiscalía Seccional Quince de Aguachica – Cesár,
solicitó mediante oficio fechado 28 de julio de 2002 al Comandante 2° de
Distrito de Policía, mantener en la fecha y hasta el día siguiente en los
calabozos de dicha institución al señor HERRERA SANTOS, petición que fue
elevada igualmente al Director de la Cárcel del Circuito de Aguachica mediante
oficio de fecha 29 de julio del mismo año.


En desarrollo de la investigación penal, el señor César Obdulio Herrera Santos,
rindió indagatoria el día 30 de julio de 2002. Mediante resolución proferida el 28
de agosto del mismo año, la Fiscalía General de la Nación – Dirección
Seccional de Fiscalías de Valledupar – Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito Especializados – resolvió la situación jurídica del señor
Herrera Santos por el delito de “Hurto Calificado y Agravado, secuestro simple y
tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos”, decidiendo abstenerse
de imponerle medida de aseguramiento en contra del hoy demandante,
concediendole en consecuencia la libertad inmediata.


Finalmente, la Fiscalía 8ª Delegada ante el Juzgado Penal Especializado del
Circuito de Valledupar (Cesár), mediante providencia fechada 26 de abril de
2004, decretó la Preclusión de la Investigación en favor del señor HERRERA
SANTOS.


Dentro de los apartes de dicha providencia se destacan, los siguientes:


     “(…) Así mismo aparece claro que la policía en el operativo realizado no
     tuvo ninguna certeza de la participación de los sindicados, pues basó sus
     sindicaciones en conjeturas o sospechas, las cuales el plenario se encargó
     de controvertir de manera más o menos convincente.




                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             18
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


     En tal orden vemos que los implicados no fueron reconocidos por quien
     sufrió el hurto del automotor, tal como se desprende de la diligencia de
     reconocimiento en fila de personas.

     (…)

     No puede tenerse como de recibo las inferencias de los uniformados, pues
     estos (sic) actuaron en medio de la oscuridad, por lo que no observaron
     con nitidez lo ocurrido estableciéndose de su dicho que al llegar notaron
     que varias personas rodeaban el tracto camión, los que escaparon y
     respondieron al fuego al detectar la presencia de los uniformados, no
     pudiéndose precisar que se trataba de los capturados, a quienes no
     hallaron ningún indicio o instrumento que revelara su participación en los
     hechos excepto su presencia cercana en el lugar.

     Presencia que no es conclusiva ni determinante de responsabilidad, pues
     no basta por sí sola para fincar su presunta intervención en dichos hechos;
     de tal forma que la sana lógica debe dar credibilidad a las manifestaciones
     defensivas…

      (…)

     Por escrito presentaron sus alegaciones los defensores GABRIEL NEIRA y
     GELSOMIRO DE LA VEGA DONADO, defensores de uno y otro
     procesado, quienes sostienen la inocencia de sus defendidos bajo el
     argumento de que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia que
     ampara a todo ciudadano, se demostró con pruebas su dicho y opera en
     esta (sic) caso el principio de la duda a favor del reo, argumentos
     totalmente válidos en este caso, que permitieron las conclusiones del
     despacho. (…)”


Teniendo en cuenta los apartes de las providencia arriba citada, se configura la
responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación, dado que la
privación de la libertad de que fue objeto el señor CÉSAR OBDULIO HERRERA
SANTOS, resulta injusta, puesto que no se desvirtuó la presunción de inocencia
que le cobijaba y por el contrario, existían dudas acerca de que el hoy
demandante hubiese sido autor o copartícipe de las conductas punibles que se
le endilgaban.


Finalmente, al estar determinada lo injusta que fue la privación de la libertad de
que fue objeto el señor CÉSAR OBDULIO HERRERA y encontrarse que existe
nexo causal entre la actividad desplegada por la Fiscalía General de la Nación y
el perjuicio que debió soportar el demandante, cual fue la detención que sufrió,

                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             19
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080
                                                Expediente: 200012331000-2009-00202-01(39.457)
                                                Demandante: César Obdulio Herrera Santos y otros


sumado a una afectación directa a su patrimonio, materializada en los ingresos
dejados de percibir por el desempeño de sus actividades laborales; el Estado
debe entrar a responder por los perjuicios causados a los accionantes.


Así las cosas, procede en criterio de esta Agencia del Ministerio Público la
confirmación de la sentencia apelada.



En los términos anteriores, dejo a consideración de la Honorable Corporación el
presente concepto.




De la señora Consejera,




                      MARÍA MARGARITA ESCOBAR RUEDA
             Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado




                                                                             5CdeE/MMER/CJCHG
                                                                                  IUS 2011-83544
                                             20
_______________________________________________________________________________________________
   Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:6/19/2012
language:
pages:20