CONCURRENCIA CULPAS ACCIDENTE

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CONCURRENCIA CULPAS ACCIDENTE Powered By Docstoc
					Jurisdicción:Civil

Recurso              de             Apelación              núm.              221/2007.

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Antonio Vega Bravo

CULPA EXTRACONTRACTUAL: accidente de circulación: existencia de
responsabilidad: estimación: atropello de peatón: concurso de culpas: estimación:
concurrencia de culpas al 50% entre el peatón atropellado que atraviesa la calzada por
un lugar no destinado al efecto, y al conductor de un vehículo de motor que al dar
marcha           atrás         atropelló          a         referido           peatón.
SEGURO: obligaciones: del asegurador: recargo por demora: estimación.




SENTENCIA NÚMERO 226/07
Ilmo. Sr. Presidente
DON JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO
Ilmos. Sres. Magistrados
DON ILDEFONSO GARCIA DEL POZO
DON JOSE ANTONIO VEGA BRAVO
En la Ciudad de Sala manca, a trece de Junio del dos mil siete.
-
La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación los autos de
Juicio Ordinario número Nº 852/05 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Salamanca, Rollo de Apelación Nº 221/07; han sido partes en este recurso: como
demandante-apelante D.Jose Daniel, representado por la Procuradora Dª. Teresa
Fernández de la Mela Muñoz y defendido por el Letrado D. Fernando Simón Moretón,
como demandada-apelada MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS, entidad
representante en España de la codemandada MUTUELLE ASSURANCE DES
COMMERCANTS ET INDUSTRIELS, representada por el Procurador D. Angel
Martín Santiago y defendida por la Letrada Dª. Ana Vasallo Merchán, y como
demandado rebelde D.Jose Ignacio; sobre Reclamación de cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El día 15 de Mayo de 2.006 se dictó sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de
Primera Instancia Nº 3 de Salamanca que contiene el siguiente: "FALLO: Que
estimando parcialmente la demanda promovida por la Procuradora Doña Teresa
Fernández de la Mela Muñoz, en nombre y representación de DonJose Daniel, contra
Seguros Mapfre, DonJose Ignacioy Mutuelle Assurance des Comercants et Industriels,
condeno a DonJose Ignacioy a la aseguradora Mapfre (en representación en el territorio
español de la aseguradora Mutuelle Assurance des Comercants et Industrials) a abonar
al actor de forma solidaria con sujeción al baremo contenido en laLey 30/95 actualizado
a la fecha del accidente (29 de agosto de 2003) por los siguientes conceptos:
Hospitalización 3 días + 21 asimilados
Días impeditivos 75 días.
Día no impeditivos 212 días.
Secuela "Talalgía-metatarsalgía postraumática 5 puntos.
La cantidad resultante será minorada en un 50% en atención a la concurrencia de culpas
declarada en la presente resolución.


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Dicha cantidad devengará intereses para DonJose Ignacioy para Seguros Mapfre con
sujeción a la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución.
Todo ello sin efectuar especial imposición de las costas causadas en estas actuaciones".
2º.- Contra referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación
jurídica de la parte demandante, haciendo las alegaciones que estimó oportunas en
defensa de sus pretensiones y terminó suplicando se dicte sentencia, por la que se
revoque la de primera instancia y se dicte en sustitución otra por la que estimando este
recurso se declare: -Inexistencia de concurrencia de culpas, y subsidiariamente inferior
al 50% la concurrencia como responsabilidad del actor y peatón atropellado a la vista de
lo probado y alegado. -Deben imponerse intereses desde la reclamación extrajudicial
12/2/2004, primera que recibió Mapfre conforme a losart. 20.3 y 4 de la Ley Contrato
de Seguro de 1980. -Sedebe de considerar que consecuencia del accidente. -Valorar de
nuevo la relación del accidente conforme al hecho cuarto, en los demás motivos de
salud alegados, conforme a la demanda. -Con imposición de costas en caso de oposición
temeraria; dado traslado a las demás partes personadas de la interposición del recurso,
por la representación jurídica de la demandada Mapfre Mutualidad de Seguros, entidad
representante en España de la codemandada Mutuelle Assurance des Commercants et
Industriels, se opuso al mismo haciendo las alegaciones que estimó oportunas en
defensa de sus intereses para terminar suplicando se dicte sentencia por la que desestime
el Recurso de Apelación planteado, confirmando íntegramente laSentencia de 15 de
Mayo de 2006, con imposición de costas en la forma preceptiva.
3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo, señalándose para
la votación y fallo del recurso el día 25 de Mayo de 2.007, y pasando los autos al Ilmo.
Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.
4º.- Observadas las formalidades legales.
Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE ANTONIO VEGA BRAVO.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El demandante solicitó la revocación de la sentencia recurrida sobre la
base de los siguientes motivos:
a) Infracción de losartículos 81 y cc RD 13/1992y delart. 1902 CCpor la apreciación de
una concurrencia culposa del 50%, que no existe, y de existir, sería mucho menor en el
peatón;
b) Infracción delart. 1902 CCpor no considerar como consecuencia del presente
accidente el infarto y la depresión sufridos por el demandante-apelante;
c) Y vulneración delart. 20 LCSen cuanto a los intereses.
La Cía. de Seguros demandada se opuso a referido recurso.
SEGUNDO.- El primero de los citados motivos gira en torno a la revisión de las
pruebas practicadas en el juicio, a fin de eliminar la concurrencia culposa o reducirla en
favor del demandante por tratarse, el lugar del atropello , de una plaza con un uso
mixto, de aparcamiento y uso peatonal, siendo la acera existente estrecha, jalonada de
árboles y prácticamente impracticable.
Ahora bien, el examen de las pruebas obrantes en autos, singularmente el atestado
policial y la declaración testifical de los policías actuantes, a tenor de las reglas de la
sana crítica, como manda nuestra LEC en susarts 326 y 376, obliga la llegar a la misma
conclusión fáctica que la sentencia apelada, a saber, que el conductor del vehículo salía
marcha atrás de su aparcamiento y que en la plaza del Grano en cuestión hay una acera
practicable a la derecha en relación con el sentido de la marcha del peatón, que sin
embargo atravesaba la calzada. No era, pues, imposible que el peatón deambulase por la
acera, ni inevitable que invadiese la calzada. Otra cosa es que sea más o menos
frecuente que así se haga, circunstancia que de ser cierta constituiría un uso o costumbre


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contrario a la Ley de Tráfico que prohíbe la invasión de la calzada por parte de los
peatones, siendo por ello un uso ineficaz jurídicamente hablando, y más aún en este
caso concreto donde el conductor demandado es extranjero y por tanto poco podía
prever en su obrar diligente sobre la circunstancia de que en esa plaza los peatones no
suelen usar la acera, sino que atraviesan la calzada. En consecuencia, la aplicación al
caso de autos de losarts. 81.1 y 121.3del RGC para declarar una concurrencia de culpas
al 50% entre el peatón atropellado que atraviesa la calzada por un lugar no destinado al
efecto, pese a haber una acera practicable para ello, y al conductor de un vehículo de
motor que al dar marcha atrás atropelló a referido peatón, conductor que por su
nacionalidad extranjera no consta que conociese la usual invasión de la calzada por los
peatones en ese lugar, aparece, pues, como una conclusión correcta, debiendo
desestimarse el presente motivo.
TERCERO.- El segundo de los motivos de apelación pretende la revisión de la relación
casual entre el presente siniestro y dos de las secuelas del mismo según el apelante, un
infarto y un cuadro depresivo. Motivo cuya desestimación es también inevitable, por
cuanto la exclusión de tales secuelas con respecto al presente accidente por la sentencia
apelada se basa nada menos que en el informe pericial médico aportado por el propio
demandante, cuya valoración conforme alart. 348 LEC, es decir, según las reglas de la
sana crítica, en relación con las testificales de vecinos y médico de atención primaria,
así como documentales médicas, no puede ser más acertada y concluyente, pues el
demandante tuvo otro infarto nueve años antes de este accidente, así como
consiguientes desorientaciones, informes y documentaciones todas ellas que, no se
olvide, fueron valoradas por el propio perito de parte quien no apreció la relación causal
en cuestión.
CUARTO.- En cuanto a los intereses delart. 20 LCSla sentencia apelada basa su
denegación en que la aseguradora demandada no tuvo conocimiento certero de las
lesiones y secuelas hasta la emisión del informe pericial del demandante, después de
contestada la demanda, quedando constancia solo de una anterior reclamación previa al
juicio fechada el 27 Julio 2004 por importe de 42.070,85 ?, sin justificación médica
alguna.
Elart. 20.2 CC en su apartado 4no exige petición de parte, sino que señala que la
indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial.
Asimismo, en el apartado 3, al definir o delimitar los supuestos en que se produce
sanción legal por mora que regula no recoge ninguna excepción derivada de la falta de
justificaciones médico-periciales de las indemnizaciones que se reclaman. Al fin y al
cabo dicha sanción legal es aplicable en exclusiva a las Compañías de Seguros, a las que
se suponen los medios periciales suficientes para obtener justificación médica. La
delimitación de la mora es, pues, puramente objetiva, dirigida a incentivar el pronto
pago o cumplimiento de su prestación por la Compañía, en la medida en que el
inexorable transcurso de un plazo breve, 3 meses desde el siniestro, o 40 días desde la
recepción de la declaración del siniestro, sin el cumplimiento de su prestación o pago
determinará la existencia de dicha mora. Sin que la falta de liquidez sea óbice para su
nacimiento, como señala elapartado 6 del art. 20 que nos ocupa. Habiendo además
previa comunicación del siniestro y reclamación ya desde Febrero del 2004, como se
deduce a las claras del documento del folio 34. La mora nace, pues, cuando transcurre el
tiempo sin cumplimiento o pago de que habla elapartado 3 del art. 20. La cuantía del
interés es la que se fija en el apartado 4ºy la fecha del cómputo es la determinada en el
apartado 6º que para el caso del tercero perjudicado, que es el que nos ocupa, el
cómputo se iniciará la fecha de la reclamación o del ejercicio de la acción directa, si el
asegurador español demandado prueba que no tuvo conocimiento del siniestro con


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anterioridad, prueba que en el presente caso debe aceptarse pues el asegurado lo era en
una compañía extranjera, y además no tuvo perjuicios.
La fecha inicial debe ser, pues, el 16 Febrero 2004, fecha de la reclamación previa unida
al folio 34 de los autos. Que, se insiste, debe ser eso, una simple reclamación previa, sin
pruebas médicas ni otros requisitos que la Ley no exige.
El presente motivo debe ser, pues, estimado, y por aplicación del citadoart. 20, apts. 3, 4
y 6º LCS, procede condenar a la demandada al pago de los intereses del citado apt. 4º
último inciso, al haber transcurrido más de dos años desde la producción del siniestro,
interés cuyo cómputo ex apt. 6º comenzará desde la fecha de comunicación del siniestro
a la demandada, el 16 Febrero 2004. La fijación de dichos intereses será en la forma
establecida en laS.T.S. Sala 1ª Pleno, de 1-III-2.007.
QUINTO.- De conformidad con elartículo 398.2 LECno se hace imposición de las
costas de este recurso de apelación.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y haciendo uso de las facultades conferidas por el
pueblo español.
FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso interpuesto a nombre y representación de D.Jose
Danielcontra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia
Nº 3 de Salamanca con fecha 15 de Mayo de 2.006 en el procedimiento de que este
Rollo dimana, revocamos la misma en el solo apartado de los intereses para la
Compañía de Seguros Mafre que se devengarán respecto de la cantidad concedida como
principal en una cuantía que será igual al interés legal del dinero incrementado en un
50% durante los dos primeros años desde el 16 - Febrero -2.004, y a partir de esa fecha
el interés será del 20%. Todo ello sin costas del recurso.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma, y remítase testimonio de la misma
junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
PUBLICACION
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente,
hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.



Jurisdicción:Civil

Recurso              de              Apelación               núm.               710/2005.

Ponente: Ilmo. Sr. D. José María Salcedo Gener

EJECUCIÓN FORZOSA (LECiv/2000): oposición a la ejecución: Auto de cuantía
máxima: concurrencia de culpas: estimación: atropello de peatón: atribución de un 50%
de responsabilidad a la peatona por cruzar por lugar no habilitado, y del 50% al
conductor por no ir atento a las circunstancias del tráfico.




AUD.PROVINCIAL SECCION N. 20
MADRID


                                                                                         4
AUTO: 00134/2007
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 20ª
AUTO Nº
Rollo: RECURSO DE APELACION 710 /2005
Ilmos. Sres. Magistrados:
JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
FRANCISCO JAVIER PEÑAS GIL
JOSÉ MARIA SALCEDO GENER
En MADRID, a siete de mayo de dos mil siete.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 84/2001,
procedentes del JDO. 1A.INST. E INSTRUCCION N. 4 de MAJADAHONDA, a los
que ha correspondido el Rollo 710/2005, en los que aparece como parte apelante
MAPFRE, MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, y
como apeladoJuan IgnacioyMaría Virtudes, sobre reclamación de cantidad, y siendo
Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARIA SALCEDO GENER.
HECHOS
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Majadahonda, en fecha 13 de
mayo de 2.002, se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "SE
DESESTIMA TOTALMENTE LA OPOSICIÓN formulada por el Procurador Sra.
ISABEL OYAQÜE SÁNCHEZ, en nombre y representación de MAPFRE
AUTOMÓVILES RIESGOS ESPECIALES, declarándose procedente que la ejecución
siga adelante por la cantidad que se hubiese despachado. Se imponen las costas a la
parte ejecutada.".
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte
demandada, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el
recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito
oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección,
fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para
la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta
Sección.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las
prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
Se aceptan sólo parcialmente los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, que
deben ser sustituidos por los que a continuación se expresan. Y:
PRIMERO.- Por la representación procesal de MAPFRE MUTUALIDAD DE
SEGUROS (en adelante MAPFRE) se presenta recurso de apelación frente al Auto del
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Majadahonda, de 13 de mayo de 2002, presentando
como única alegación el error en la valoración de los hechos y en la apreciación de la
prueba, pues debió ser estimada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, alegada
al amparo de losarts. 1 y 6 de la Ley sobre Responsabilidad Civily Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor, en relación con elart. 556, apartado 3.1, de la LEC, o
bien con carácter alternativo una concurrencia de culpas con aplicación mínima del 85%
de responsabilidad atribuible a la peatón como principal causante del siniestro y ello
porque tanto de las resoluciones judiciales en el ámbito penal, como del atestado,
informe técnico y croquis explicativo del accidente, se desprende la forma
antirreglamentaria de cruzar la calzada por parte de la Sra.Lorenzacomo causa
inmediata y directa del accidente y la falta absoluta de culpa o responsabilidad de la


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conductora del vehículo asegurado. Por ello solicita la revocación de la resolución
recurrida y se acuerde de conformidad con lo interesado en el cuerpo de su escrito.
La oposición a dicho recurso se llevó a cabo por la representación procesal del Dª.María
Virtudesy D.Juan Ignacio, que solicitó la confirmación de la resolución de instancia por
sus propios fundamentos, combatiendo las alegaciones de la contraparte en lo que se
refiere a la mecánica del accidente, estimando que la víctima no tuvo conducta
temeraria y que la culpa del atropello fue única y exclusivamente de la conductora.
SEGUNDO.- Centrado el recurso en un único motivo, que es el error en la valoración
de los hechos y en la apreciación de la prueba, debemos analizar si se ha tenido en
cuenta por la Juzgadora de instancia todo el material probatorio obrante en autos y del
examen del mismo obtenemos como conclusión, o resultado, el fallo de la resolución
recurrida.
Por una parte, del atestado policial e informe técnico se deduce que el accidente que
causó el fallecimiento de Dª.Lorenzase produce en horas nocturnas, con alumbrado
público insuficiente, en un tramo recto a la salida de una curva orientada a la izquierda,
con una visibilidad del vehículo que es reducida y la peatón una visibilidad superior a
75 metros; el vehículo asegurado en la parte apelante no consta que superara el límite
específico de 89 km. por hora (según el atestado su velocidad sería entre 60 y 80 km.
por hora) y en dicho documento se desprende que la causa inmediata y directa del
accidente fue "cruzar de forma antirreglamentaria la calzada por parte de la peatón
Dª.Lorenza".
Asimismo, tanto en elAuto de 9 de noviembre de 1999 como en el de 15 de juniodel
mismo año delJuzgado de Instrucción nº 4 de Orihuela, en las Diligencias Previas
826/99, se indica que la causa directa y eficiente del fallecimiento de la víctima del
accidente fue su actuación imprudente y antirreglamentaria, sin que de la conducta de la
conductora del vehículo se aprecia ni la más mínima actuación negligente que permita
calificar su conducta de imprudente, ya que ni siquiera existen indicios de que pudiera
circular a velocidad superior a la permitida de forma insensata. Apreciación ésta
ratificada en elAuto de 11 de abril de 2000 dictado por la Sección 2ª de la Audiencia
Provincial de Alicante.
Ello no obstante, como es sobradamente sabido, el Juez civil no se encuentra vinculado
necesariamente por lo establecido en la jurisdicción penal y también consta acreditado
en autos que la atropellada era una persona de 81 años de edad, la cual por muy buenas
facultades físicas que tuviera jamás pudo invadir de forma súbita la calzada por su
condición de octogenaria y al existir una luminosidad de 70 metros (producida por los
faros del automóvil) con tal luminosidad, con una mayor atención en la conducción, la
conductora quizá podría haberse apercibido de la existencia de la peatón y habría
procedido a frenar, evitando el atropello, lo que no realizó por la ausencia de huellas
de frenado.
De lo anterior se deduce que estamos en presencia de una concurrencia de culpas
prevista en elpárrafo 4º de la Disposición Adicional 8ª de la Ley 20/95 de 8 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo el apartado 3.3º de la LEC 1/2000,
correspondiendo un 50% de responsabilidad atribuible a cada uno de los participantes
en el siniestro originador de estas actuaciones.
Procede, en su consecuencia, estimar el motivo que con carácter alternativo o
subsidiario se ha alegado por la representación procesal de la parte apelante, revocando
parcialmente la resolución recurrida, por lo que la ejecución seguirá adelante por el 50%
de la cantidad que se había despachado en elAuto de 10 de abril de 2001.
TERCERO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina la no imposición
de costas a ninguno de los litigantes, ni en la alzada ni en la instancia, por lo que cada


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parte hará frente a las por ella causadas y las comunes, si las hubiere, serán por
mitad(art. 398.2 de la LEC 1/2000, en relación con elart. 394.2del mismo texto legal).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de
apelación interpuesto por la representación procesal de MAPFRE MUTUALIDAD DE
SEGUROS, contra elAuto del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Majadahonda, de fecha 13
de mayo de 2002, en los autos de ejecución de títulos judiciales 84/2001, de que dimana
el presente rollo de apelación, resolución que revocamos y en su lugar dictamos otra por
la que, declarando la concurrencia de culpas al 50%, ordenamos seguir adelante la
ejecución por el 50% de la cantidad que se hubiese despachado, todo ello sin hacer
especial imposición de las costas de la instancia, ni de las de esta alzada, a ninguna de
las partes litigantes.
Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. arriba referenciados.
Doy fe.


Jurisdicción:Civil

Recurso              de              Apelación              núm.              709/2006.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Angel Luis Sobrino Blanco

EJECUCION FORZOSA (LECiv/2000): AUTO DE CUANTIA MAXIMA: culpa
exclusiva de la víctima: improcedencia: atropello de peatón: concurso de culpas.




AUD.PROVINCIAL SECCION N. 25
MADRID
AUTO: 00088/2007
Fecha: 24 de Abril de 2007
Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 709 /2006
Ponente: ILMO. SR. D. ÁNGEL LUIS SOBRINO BLANCO
Apelante y ejecutante: DOÑAPenélope
PROCURADOR: SIN PROFESIONAL ASIGNADO
Apelante y ejecutada: LA ENTIDAD MERCANTIL «REALE AUTOS Y SEGUROS
GENERALES,
S.A.»
PROCURADOR: DOÑA BLANCA BERRIATUA HORTA
Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº. 105/2006
Procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 6 DE MÓSTOLES
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ
D. ÁNGEL LUIS SOBRINO BLANCO
D. CARLOS LÓPEZ MUÑIZ CRIADO
En MADRID , a veinticuatro de abril de dos mil siete .
La Sección Vigesimoquinta (CIVIL) de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid,
constituida por los magistrados don JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ


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(Presidente), don ÁNGEL LUIS SOBRINO BLANCO y don CARLOS LÓPEZ
MUÑIZ CRIADO, HA VISTO, en grado de apelación, la oposición a la ejecución
deducida en los autos de Proceso de Ejecución sustanciados ante el Juzgado de Primera
Instancia número Seis de los Móstoles bajo el número de registro 105/2006 (Rollo de
Sala número 709/2006), siendo partes, como apelante y ejecutante: doñaPenélope,
defendida por Letrado y representada ante el Juzgado de primer grado por el procurador
don Alberto García Barrenechea, y como apelante y ejecutada: la entidad mercantil
«REALE AUTOS Y SEGUROS GENERALES, S.A.», defendida por la letrada doña
María Antonia Portero Morano y representada ante el Juzgado de primer grado por la
procuradora doña Pilar Poveda Guerra y ante este Tribunal por la procuradora doña
Blanca Berriatua Horta. Y, siendo Ponente el magistrado ÁNGEL LUIS SOBRINO
BLANCO, por quien, previa la preceptiva y oportuna deliberación y votación, se
expresa el parecer de la Sala, procede establecer los siguientes Antecedentes de Hecho,
Fundamentos de Derecho y Parte Dispositiva:
I.- ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- ElJuzgado de Primera Instancia número Seis de Móstoles dictó Auto de
fecha dieciséis de junio de dos mil seisen los autos de Proceso de Ejecución seguidos
ante el mismo con el número 105/2006, cuya PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal
siguiente:
«...Estimar parcialmente la oposición planteada por el Procurador Sr. García
Barrenechea, en nombre y representación de REALE AUTOS, contra la ejecución
despachada a instancias de D.ªPenélope, representada por la Procuradora S.ª Poveda
Guerra, limitando la ejecución a 959,08 ?, incluidos ya los intereses, sin hace condena
en costas.
Líbrese mandamiento de devolución a favor de la ejecutante por importe de 959,08 ? y
devuélvanse a la ejecutada los 20 527,15 ? consignados de más...».
SEGUNDO.- La representación procesal de la entidad «REALE AUTOS, SEGUROS
GENERALES, S.A.» interpuso, en tiempo y forma legal, recurso de apelación contra la
anterior sentencia a medio de escrito en el que, con fundamento en las alegaciones que
exponía y dejaba consignadas, terminaba solicitando que por la Sala correspondiente de
la Audiencia Provincial se dictase resolución por la que se revocase la impugnada por
estimación de la existencia de culpa exclusiva y excluyente, con imposición de las
costas a la misma o, alternativamente, en caso de confirmarse la concurrencia de culpas,
se redujera el grado de contribución del conductor al atropello a un porcentaje del 10-
20 por ciento.
TERCERO.- La representación procesal de doñaPenélopeinterpuso, asimismo, recurso
de apelación contra la reseñada sentencia a medio de escrito en el que, con fundamento
en las alegaciones que, de igual modo, exponía y dejaba consignadas, terminaba
solicitando que por la Sala se dictase resolución por la que se mandase seguir adelante
la ejecución, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados, y con su producto
definitivo hacer cumplido pago a la ejecutante de cuanto reclamaba, con expresa
condena en costas a la entidad ejecutada e igualmente recurrente.
CUARTO.- Cada una de las partes apelantes formuló oposición, respectivamente, el
recurso deducido de adverso.
QUINTO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del
recurso de apelación interpuesto, correspondió su conocimiento por turno de reparto a
esta Sección, formándose el correspondiente Rollo deSala y señalándose el día doce de
abril de dos mil siete, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo de los
meritados recursos.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:


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SE ACEPTAN los de igual orden del Auto apelado, en cuanto no entren en expresa
contradicción con los siguientes, y
PRIMERO.- La excepción de "culpa exclusiva de la víctima", específicamente
contemplada, de modo expreso, en elartículo 556.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civilrequiere, para su apreciación, que se trate de una culpa única, total, exclusivamente
originadora del daño y plenamente probada.
De este modo, resulta preciso, para que quede totalmente excluida la obligación de
indemnizar proclamada en el referidoartículo 1 de la vigente Ley sobre Responsabilidad
Civily Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que no medie, en primer lugar,
ningún género de culpa o negligencia, ni aún levísima, del conductor del vehículo que
ocasiona el daño, debiendo acreditarse cumplidamente que el conductor de dicho
vehículo puso en juego toda la diligencia requerida por las circunstancias concurrentes
en el hecho -diligencia que no se agota necesariamente con la observancia de las
prescripciones reglamentarias, sino que ha de acomodarse a las circunstancias de
personas, de tiempo y lugar- y que realizó, pudiendo hacerlo, la maniobra -de fortuna o
evasiva- oportuna para evitar o aminorar el daño.
Por otro lado, es preciso, como se ha indicado, que la culpa exclusiva esté plenamente
probada, al punto de que la simple duda, siendo racional, impide que pueda estimarse
probada la base de tal excepción, que de este modo resultaría improsperable.
SEGUNDO.- Los elementos probatorios obrantes en autos no permiten afirmar, de
modo rotundo y concluyente, que, en la producción del incidente vial objeto de litigio,
única y exclusivamente tuvo incidencia la conducta atribuida a la peatón ejecutante,
pues teniendo en cuenta la proximidad de los pasos de peatones resultaba racionalmente
previsible la irrupción de éstos en la calzada, por lo que el conductor del vehículo venía
obligado, en todo caso, a adoptar las precauciones y cautelas necesarias para cerciorarse
y advertir la presencia de peatones en las inmediaciones de la calzada -máxime cuando
la visibilidad resultaba, además, reducida por la altura de los vehículos estacionados-, y,
previendo la posibilidad de su irrupción, a extremar la moderación de la velocidad de su
vehículo, adaptándola a la del paso humano y llegando, incluso, a detenerlo, conforme a
lo prevenido por elartículo 46 del vigente Reglamento General de Circulación.
La misma producción del atropello evidencia, por sí misma, la insuficiencia de las
cautelas adoptadas por el conductor del vehículo asegurado por la ejecutada, lo que
impide afirmar el empleo por el mismo de toda la diligencia requerida.
TERCERO.- Los porcentajes en que la resolución apelada cuantifica la incidencia en la
producción del resultado lesivo de las concurrentes conductas negligentes del conductor
del vehículo y de la perjudicada, no se revelan como desproporcionados o inadecuados a
la gravedad de sus respectivas conductas y a la incidencia e intensidad con que cada una
de ellas pudo haber contribuido a la producción de dicho resultado, pues la realización
de una actividad de riesgo -como es, evidentemente, la conducción de un vehículo-
obliga a extremar las precauciones en el desarrollo de tal actividad y a prever, incluso,
situaciones irregulares o excepcionales ajenas a la propia conducción.
CUARTO.- El pronunciamiento que sobre intereses moratorios efectúa la resolución
apelada resulta, en todo caso, ajustado a las previsiones establecidas en laregla 8ª del
artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.
Efectivamente, el pago de los intereses prevenidos en elartículo 20 de la Ley de
Contrato de Seguroes la consecuencia legal de la incursión en mora de la aseguradora -
como corrobora elartículo 9 del vigente texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civily Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado porReal Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre-. Incursión en mora que se produce cuando por
causa no justificada o imputable al asegurador, éste no satisface, o consigna


                                                                                         9
judicialmente, la correspondiente indemnización dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de producción del siniestro, o no consigna en el mismo término, en los supuestos
en que en dicho plazo no se hubiere producido la sanidad de las lesiones o no pueda
determinarse, por cualquier otra causa, la exacta valoración de los daños causados a las
personas, y ante el órgano judicial competente la suma que, en definitiva, se establezca
como suficiente en la oportuna resolución judicial.
En el presente caso, resulta acreditada la concurrencia de circunstancias y elementos
fácticos suficientes susceptibles de impedir la incursión en mora de la aseguradora
ejecutada; pues la determinación del importe indemnizatorio final ha venido
definitivamente determinada por la controversia suscitada entre las partes respecto a la
concurrencia de culpas. No debiendo olvidarse, en este punto, que como recuerda, entre
otras, laSentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2005se ha
venido entendiendo que no cabe reprobar mora a la entidad aseguradora cuando por las
circunstancias concurrentes en el siniestro, o por la actitud del asegurado, o incluso por
la propia cobertura de la póliza surge una controversia que hace precisa la intervención
del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto.
QUINTO.- Por todo lo precedentemente expuesto procede, en consecuencia, la íntegra
confirmación de la resolución recurrida, con desestimación de los recursos de apelación
deducidos y con imposición a las recurrentes de las costas causadas en esta alzada
derivadas de sus respectivos recursos, de conformidad con lo prevenido por elartículo
398.1, en relación con el 394, de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
III.- PARTE DISPOSITIVA:
En atención a lo expuesto,
LA SECCIÓN VIGESIMOQUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MADRID, HA DECIDIDO:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doñaPenélopecontra
elAuto de fecha dieciséis de junio de dos mil seis dictado por el Juzgado de Primera
Instancia número Seis de los de Móstolesen los autos de Proceso de Ejecución
sustanciados ante dichoJuzgado bajo el número de registro 105/2006 (Rollo de Sala
número 709/2006).
SEGUNDO.- Desestimar el recurso de apelación asimismo interpuesto contra la
reseñada resolución por la entidad mercantil «REALE AUTOS Y SEGUROS
GENERALES, S.A.».
TERCERO.- Confirmar, en su integridad, la reseñada resolución apelada.
CUARTO.- Condenar a las apelantes al pago de las costas originadas por sus
respectivos recursos.
Inclúyase el presente Auto en el Libro de Sentencias, uniendo certificación literal del
mismo al Rollo de Sala y notifíquese, en legal forma, a las partes haciéndoles saber,
conforme preceptúa elartículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicialy elartículo
208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contra el mismo no cabe recurso alguno.
Expídase testimonio de esta resolución y remítase junto con los autos, al Juzgado de
procedencia, tomándose las oportunas notas en los libros de registro de esta Sección.
Así lo acordaron y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sección Vigesimoquinta de
la Audiencia Provincial de Madrid, don JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ
(Presidente), don ÁNGEL LUIS SOBRINO BLANCO y don CARLOS LÓPEZ
MUÑIZ CRIADO, de lo que yo Secretario doy fe.-
PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su
notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la
misma para su unión al rollo. Certifico.



                                                                                       10
Jurisdicción:Civil

Recurso              de             Apelación              núm.              605/2005.

Ponente: Ilma. Sra. Dª. Adela Bardón Martínez

CULPA EXTRACONTRACTUAL: accidente de circulación: existencia de
responsabilidad: estimación: atropello de peatón: inexistencia de culpa exclusiva de la
víctima: atropello de persona de avanzada edad por lugar no habilitado para ello:
aparición no súbita de la peatón: conductor de ciclomotor que no se apercibe con la
suficiente antelación de la presencia de la peatón realizando maniobra inapropiada para
evitar golpearla: concurrencia de culpas al 50%.




AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN
SECCIÓN TERCERA
Rollo de apelación civil número 605 de 2005
Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Castellón
Juicio Ejecución Títulos Judiciales número 168 de 2005
A U T O NÚM. 126 de 2006
Ilmos. Sres.:
Presidente:
Don JOSÉ MANUEL MARCO COS
Magistradas:
Doña ADELA BARDÓN MARTÍNEZ
Doña Mª ANGELES GIL MARQUÉS
En la Ciudad de Castellón, a diez de marzo de dos mil seis.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos.
Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos
efectos, interpuesto contra el Auto dictado el día veinticinco de julio de dos mil cinco
por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Castellón en
los autos de Juicio de Ejecución Títulos Judiciales seguidos en dicho Juzgado con el
número 168 de 2005..
Han sido partes en el recurso, como apelante, Mutualidad de Seguros de la Panadería de
Valencia, representada por la Procuradora Doña María Teresa Díaz Porcar y defendida
por el Letrado Don Luis Benedito Prades, y como apelado, Doña Lorenza, representada
por la Procuradora Doña María Pilar Ballester Ozcariz y defendida por el Letrado Don
Vicente Pons Juanpere.
Es Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. ADELA BARDÓN MARTÍNEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte Dispositiva del Auto apelado literalmente establece: "Que
estimando parcialmente la oposición formulada por la entidad Mutua de Seguros
Panadería Valencia se ordena la continuación de la ejecución por las cantidades de
21.176'55 euros por principal e intereses ordinarios y moratorios hasta la fecha de la
demanda, y 6.000 euros para intereses y costas, debiendo cada parte abonar las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad.- Notifíquese...- Así...-".
SEGUNDO.- Notificada dicho Auto a las partes, por la representación procesal de
Mutua de Seguros Panadería Valencia, se interpuso recurso de apelación, en tiempo y


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forma, en escrito razonado, solicitando se dicte resolución estimando la oposición
formulada y dejando sin efecto la ejecución despachada contra el apelante a quién
deberá reintegrarse a su situación anterior al despacho de la ejecución alzando por tanto
los embargos trabados; y subsidiariamente estime la alegación 2ª del recurso y reduzca
la indemnización concedida a favor de la ejecutante según el porcentaje de culpa que a
ella se le atribuya.
Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso,
solicitando se dicte resolución confirmando la de primera instancia, con imposición de
costas causadas en la alzada a la parte recurrente. Se remitieron los autos a la Audiencia
Provincial, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del
reparto de asuntos.
Por Providencia de fecha 11 de noviembre de 2005 se formó el presente Rollo y se
designó Magistrada Ponente, y por Providencia de fecha 10 de enero de 2006 se señaló
para la deliberación y votación del recurso el día 1 de marzo de 2006, llevándose a
efecto lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones
legales de orden procesal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los de la resolución recurrida excepto el tercero cuando aplica los
artículos 15-1 de la Ley de Tráfico y el 74 del Reglamento General de Circulación.
PRIMERO.- Dª Lorenza interpuso demanda de ejecución de un Auto de Cuantía
Máxima dictado por el Juzgado de Menores de Castellón, en el procedimiento seguido
por el atropello de la Sra. Lorenza con el ciclomotor que conducía un menor.
La resolución dictada en primera instancia rechaza que concurra culpa exclusiva de la
víctima por cuanto esta ha de ser exclusiva y excluyente y aprecia que se ha probado
que el ciclomotor circulaba por el carril izquierdo cuando debía hacerlo por el derecho,
por lo que entiende que se produce una concurrencia de culpas que cifra en un 80% para
el conductor del ciclomotor y en un 20% para la peatón, estimando en definitiva
parcialmente la demanda interpuesta.
Se alza frente a esta resolución e interpone recurso de apelación la aseguradora
demandada, Mutualidad de Seguros de la Panadería de Valencia, donde combate en
primer lugar la desestimación de la excepción de culpa exclusiva de la víctima, por no
ser aplicables los preceptos que menciona ya que se trata de una vía que se encuentra en
el casco urbano de una ciudad que tiene doble carril de circulación en el mismo sentido,
por lo que teniendo en cuenta el punto de colisión y que debe tenerse por confesa a la
demandante al aplicar el artículo 304 de la L.E.C. solicita se estime la excepción
invocada y subsidiariamente que la concurrencia de culpas apreciada lo sea en unos
porcentajes diferentes, de forma que se atribuya una mayor responsabilidad a la peatón.
SEGUNDO.- Debemos por tanto decidir si es correcto rechazar la excepción de culpa
exclusiva de la víctima y si esto se confirma, determinar si los porcentajes fijados en la
primera instancia son los adecuados en cuanto a la responsabilidad de cada implicado en
el accidente.
Damos por reproducidas las consideraciones que realiza la Juez "a quo", en el
fundamento de derecho segundo, respecto a la culpa exclusiva de la víctima, de forma
que quien alega esta excepción ha de probar la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que sólo y únicamente la conducta de la víctima ha sido, la determinante del
accidente (AP Valencia 29.01.1997 ).
b) Que la culpa ha de ser exclusiva y excluyente en la causación del evento, lo que
implica que no exista culpa alguna por parte del conductor asegurado, y quien alega esta
causa de oposición deberá acreditar la adopción de la maniobra oportuna, maniobra


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evasiva o de emergencia, que depende en muchas ocasiones de la temporalidad de la
misma, es decir, de su posibilidad dentro de la pericia exigible a un conductor de
automóvil (AP Castellón 2.9.1996 ), siendo requisito para que se aprecien maniobras
evasivas, entre otros, que su adopción sea materialmente posible por disponer de tiempo
y espacio suficiente para realizarla (SSAP Toledo 11.4.1995 y 27.6.1996 ), exigencia
que siempre habrá de entenderse dentro de unos límites racionales y lógicos al hecho
concreto, nunca conforme a pautas y valoraciones ideales o teóricas, o presunciones que
no tienen ningún soporte probatorio (AP de Valladolid 19.9.1996).
Examinando las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado y valorando
nuevamente en esta alzada la prueba practicada, entendemos correcto apreciar, como ha
hecho la Juez de instancia, que también concurría negligencia en el conductor del
ciclomotor que nos obliga a rechazar la excepción.
Es cierto que no le resulta aplicable al presente supuesto el contenido del artículo 76-2
del Reglamento General de Circulación, por cuanto la previsión que allí se contiene para
los ciclomotores, y para el caso de que no exista un carril especialmente acondicionado
para el giro a la izquierda, de situarse a la derecha fuera de la alzada e iniciarlo desde
ese lugar, no es aplicable ya que dicho precepto se refiere a las vías interurbanas y aquí
se trata de una vía de una población.
Resulta también acreditado del contenido del atestado y de las manifestaciones de los
testigos, que el accidente se produjo en una vía de doble carril de circulación en el
mismo sentido, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 14-d de la Ley General
de Tráfico y en el artículo 33 del Reglamento General de Circulación, el ciclomotor
podía circular por el carril izquierdo como lo estaba haciendo.
Pero esto no nos impide igualmente apreciar una conducta negligente en el conductor
del mencionado ciclomotor, desde el momento en que el mismo reconoce que el
atropello se produjo sobre la mitad del carril izquierdo por el que circulaba, no siendo
correcto por tanto el punto de colisión que sitúa la Policía Local en el croquis del
atestado, más próximo a la acera, habiendo reconocido los agentes que lo elaboraron
que no hubo vestigio o huella que les permitiera situar de forma objetiva ese punto de
atropello y que ellos únicamente hablaron con el conductor del ciclomotor, ya que la
persona atropellada ya no se encontraba allí, sin que tampoco hubiera ningún testigo que
presenciara el accidente, que ellos tampoco vieron.
Resulta por tanto que aunque la peatón saliera entre dos vehículos y procediera a cruzar
la calzada por lugar no habilitado para ello, el conductor del ciclomotor tuvo que
apercibirse de su presencia ya que su aparición no fue súbita, máxime cuando se trata de
una persona que en aquel momento tenía 82 años y que por lo tanto no podía caminar
muy deprisa.
El conductor del ciclomotor también reconoció que él se había cambiado de carril y que
por ello iba pendiente de esa maniobra, por lo que entendemos que no se apercibió con
la suficiente antelación de la presencia de la peatón y no realizó una maniobra apropiada
para evitar golpearla.
Se rechaza por tanto que hubiera culpa exclusiva de la víctima, aunque esta no haya
comparecido al acto del juicio, lo que es explicable por su avanzada edad y sin que el
contenido del artículo 304 de la L.E.C. obligue necesariamente al Juzgador a tenerla por
confesa, ya que es una facultad que la ley le atribuye y que no impide su no aplicación
al entender justificada esa incomparecencia y apreciar prueba suficiente de los hechos
enjuiciados.
Sí que considera por el contrario la Sala que debe revisarse los porcentajes aplicados de
responsabilidad, teniendo en cuenta que la juzgadora de instancia los estableció con
base a una normativa que no entendemos correcta y que la peatón debió cerciorarse de


                                                                                       13
que podía cruzar por ese lugar sin riesgo ni entorpecimiento de la circulación de
vehículos, estableciendo en un 50% la responsabilidad de cada uno, ya que si cada
implicado hubiera actuado diligentemente habría evitado el accidente.
Se minora en consecuencia el importe de la indemnización que se fija en la cantidad de
13.235'34 euros y se estima parcialmente el recurso de apelación.
TERCERO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina que no se realice
expresa imposición de costas de la alzada, a tenor de lo establecido en el artículo 398-2
de la L.E.C.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
LA SALA ACUERDA
Que, ESTIMANDO parcialmente el recurso de apelación formulado por la
representación procesal de Mutualidad de Seguros de la Panadería de Valencia, contra
el Auto dictado por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Castellón en fecha veinticinco de julio de dos mil cinco, en autos de Juicio
de Ejecución de Títulos Judiciales seguidos con el número 168 de 2005, REVOCAMOS
la resolución recurrida en el único sentido de ordenar continuar la ejecución por la
cantidad de 13.235'34 euros de principal e intereses ordinarios y moratorios.
Se mantienen el resto de pronunciamientos de la resolución recurrida.
No se realiza expresa imposición de costas de la alzada.
Notifíquese el presente Auto y remítase testimonio del mismo, junto con los autos
principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.
Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.




Jurisdicción:Civil

Recurso              de              Apelación              núm.              272/2005.

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Ramón Alonso-Mañero Pardal

EJECUCIÓN FORZOSA (LECiv/2000): oposición a la ejecución: motivos de fondo:
Auto de cuantía máxima: culpa exclusiva de la víctima: desestimación; atropello de
peatón: acreditación del exceso de velocidad de la demandada; concurrencia de culpas:
atribución de un 75% de responsabilidad al conductor demandado y de un 25% al
peatón atropellado.




AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
VALLADOLID
SENTENCIA: 00326/2005
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000272 /2005
SENTENCIA Nº 326
ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID
SECCION PRIMERA
Ilmo. Sr. Presidente: D. JESUS MANUEL SAEZ COMBA


                                                                                      14
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. JOSE RAMON ALONSO MAÑERO PARDAL
D. JOSE ANTONIO SAN MILLÁN MARTIN
En VALLADOLID, a veinticuatro de Octubre de dos mil cinco.
VISTO por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en
grado de apelación, el presente incidente surgido en los autos de ejecución de título
judicial nº 739/2004 del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Valladolid, seguido entre
partes, de una como demandantes- apelados D. Arturo, D. Julián, Dª María Inés, Dª
Mariana y Dª Daniela , mayores de edad y con domicilio en Sant Vicenc dels Horts, que
han estado representados por la procuradora Dª Sonia Rivas Farpón, bajo la dirección de
la abogada Dª Cristina Miguélez Sanz, y como demandada-apelante la aseguradora
ATLANTIS S.A., con domicilio en Barcelona, representada por la procuradora Dª Eva
Mª Foronda Rodríguez y defendida por el abogado D. Fernando Rodríguez Zarca; sobre
oposición a la ejecución despachada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de
Primera Instancia de referencia, con fecha 25 de enero de 2001, se dictó sentencia cuyo
fallo dice así: Que estimando parcialmente la oposición formulada por la Procuradora
Sra. Foronda en nombre y representación de la Compañía de Seguros Atlantis contra el
auto de 22 de julio de 2004, debo mandar seguir adelante con la ejecución despachada a
instancia de la Procuradora Sra. Rivas Farpón en nombre y representación de D. Arturo,
D. Julián, Dª María Inés, Dª Mariana y Dª Daniela, pero por la cantidad de treinta y un
mil setecientos cincuenta y siete euros con veintiséis céntimos (31.757,26 €), más otros
trece mil euros inicialmente estimados por intereses, que se calcularán al tipo del veinte
por ciento desde la fecha del siniestro, y sin efectuar pronunciamiento sobre las costas
causadas en esta oposición.
TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la aseguradora demandada
se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo
que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para
deliberación, votación y fallo el día 20 de octubre, en que ha tenido lugar lo acordado.
Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE RAMON ALONSO MAÑERO PARDAL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La entidad aseguradora "Compañía de Seguros ATLANTIS, S.A.",
interpone recurso de apelación contra sentencia dictada en los autos de ejecución de
título judicial seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Once de esta
Ciudad en ejecución de Auto de Cuantía Máxima, de fecha 7 de abril de 2.004, dictado
con cargo a la misma en el Juzgado de Instrucción número Tres de Valladolid,
reproduciendo en el escrito de interposición del recurso de apelación los motivos de
oposición al despacho de ejecución esgrimidos en la instancia, esto es, la culpa
exclusiva de la víctima, y subsidiaria o alternativamente, la concurrencia de culpas en
grado diferente del atendido por el Juez de Instancia y la pluspetición, cuestionando
finalmente el pronunciamiento sobre intereses efectuado por el Juez de Instancia.
SEGUNDO.- El recurso de apelación cuestiona, en primer lugar, la decisión del Juez de
Instancia de rechazar el alegato de existencia de culpa exclusiva de la víctima invocado
con base en el artículo 556.3 1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegación que
mantiene la entidad apelante al considerar arbitraria la decisión del Juez de Instancia de
achacar al conductor del vehículo asegurado en la entidad apelante una falta de
previsión "imposible", pues tan solo merced a su pericia logró evitar un impacto contra


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el imprevisto peatón de mayor entidad que el que realmente se produjo gracias a su
maniobra evasiva.
Esta Sala no puede compartir la tesis que sustenta el principal motivo de recurso, que se
apoya en una muy parcial, subjetiva e interesada visión de la forma en que se produjo el
accidente, pues dados los datos objetivos que concurren en las actuaciones solamente un
ejercicio de puro voluntarismo lleva a señalar que el conductor causante del atropello
hizo todo lo que reglamentariamente podía exigírsele. El argumento defensivo de la
entidad apelante quiebra cuando se sostiene sin recato alguno que resulta "imprevisible"
la aparición de un peatón en la confluencia de la calle Estación con la calle Panaderos
cruzando la calzada. Es evidente que esa aparición sería imprevisible en un circuito
homologado para la competición, pero sostener que lo es en una calle de esta Ciudad
parece exagerado, máxime cuando la propia entidad aseguradora reconoce que en el
sentido de circulación del vehículo por ella asegurado se produce una ligera desviación
a la izquierda que dificulta algo la visibilidad, y además la propia entidad habla, sin que
este realmente probada su presencia y concreta situación, de una furgoneta estacionada
a la izquierda que dificultaría aún más la visión; Siendo esto así, sostener que la
conducta del conductor del vehículo asegurado en "ATLANTIS" es irreprochable no se
defiende fácilmente, pues consta en las actuaciones que circulaba con exceso de
velocidad, que lo hacía por el carril izquierdo de una vía propensa a una circulación
excesivamente rápida, y que al aproximarse a un tramo de ligera curva a su izquierda en
el que se encuentra con la visibilidad limitada, sin adoptar la más mínima medida
precautoria, ni prever que pudiera cruzarse algún peatón o salir algún vehículo desde la
calle Panaderos, mantuvo su velocidad y adelantó al vehículo que le precedía, momento
en que se encuentra al peatón cruzando antirreglamentariamente la calzada, sin poder ya
adoptar una medida efectiva de evasión. Es igualmente demostrativo de que no puede
eximirse de responsabilidad al conductor el hecho de que el atropello del peatón se
produce prácticamente en el medio de la calzada, por lo que estando acreditado que este
atravesaba transversalmente la vía, de izquierda a derecha según el sentido de marcha
del vehículo, y que se trataba de una persona de 88 años de edad, no parece que pueda
hablarse en el caso presente de un supuesto de aparición súbita e inopinada del peatón
en la calzada que no diese tiempo a una adecuada respuesta del conductor en el caso de
haber circulado atento a las circunstancias del tráfico, pues de haber actuado así se
hubiera percatado con tiempo suficiente de la presencia del peatón. Es por ello que esta
Sala considera ha sido acertada y sobradamente argumentada por el Juez de Instancia la
decisión de rechazar la alegación de culpa exclusiva de la víctima.
TERCERO.- El segundo motivo de recurso se ampara en la infracción que se estima
comete el Juez de Instancia al aplicar la causa 3ª del número 3 del artículo 556 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Pretende la entidad apelante que se modifique la distribución
del grado de responsabilidad de cada interviniente efectuada en la sentencia de instancia
y con ello que al apreciarse la efectiva concurrencia de culpas en la producción del
siniestro lesivo se establezca un mayor grado de responsabilidad al peatón que al
conductor del turismo asegurado en "ATLANTIS". El Juez de Instancia detalla de
forma minuciosa y concienzuda las razones por las que se inclina a determinar un grado
de responsabilidad en el accidente de un 75% al conductor y un 25% al peatón
atropellado, apreciación siempre susceptible de discusión que, sin embargo, coincide
con la efectuada ya por la Juez de Instrucción en el procedimiento penal y que en modo
alguno parece arbitraria o descabellada, sin que en el escrito de interposición del recurso
se ofrezcan por la entidad apelante argumentos que enerven la eficacia de los que
sólidamente configuran la resolución recurrida.



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CUARTO.- Desestimados los anteriores motivos de impugnación de la resolución
objeto de recurso debe examinarse ahora la excepción de litispendencia invocada ya en
la instancia y que es entablada por la entidad apelante en un doble sentido. Cabe
precisar al respecto que en la instancia, al oponerse la demandada al despacho de
ejecución interesado, la excepción de pluspetición -artículo 557 1.3ª de la Ley de
Enjuiciamiento Civil-, no aludía a la inexistencia de nexo causal entre el accidente y el
ulterior fallecimiento del peatón atropellado, si bien, dado que el Juez de Instancia entró
en esa dinámica en su resolución y que ahora se plantea la misma en el recurso como tal
, y pese a las enormes dudas que ofrece a la Sala esta posibilidad de alegación, debe
indicarse que resuelve con acierto el Juez de Instancia con el rechazo del motivo, pues
resulta incontestable al respecto el informe de autopsia elaborado por el médico forense,
que después declara en el juicio, atribuyendo al atropello la razón fundamental del
fallecimiento, considerando el mismo como de muerte violenta, etiología accidental,
pues su estado patológico derivaba de las lesiones sufridas en el atropello. Este
motivo debe también ser desestimado.
La segunda vía por la que se plantea la excepción de pluspetición es rechazada por el
Juez de Instancia, quien entiende no cabe formular dicha excepción cuando no se
reclama en la demanda ejecutiva cantidad superior a la que autoriza la resolución de
cuya ejecución se trata. Evidentemente, un cabal entendimiento del concepto de
pluspetición abona en el sentido expuesto por el Juez de Instancia, pero llevada esta
tesis a su última expresión determinaría que, una vez más gracias a la defectuosa
regulación de la ley procesal que rige el procedimiento civil, no se encuentra otra vía de
defensa contra un auto de cuantía máxima defectuoso en el fondo aunque cumpla los
requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución. En todo caso, salvando las
dudas que también se le plantean al respecto a esta Sala el motivo no puede prosperar, y
ello porque lejos de exceder la cantidad señalada en el auto de cuantía máxima de la
fijada en la resolución de 21 de enero de 2.002 de la Dirección General de Seguros, se
acomoda absolutamente a ella, siendo la cantidad determinada la correspondiente al
baremo para el año del accidente. La discrepancia entre la cantidad determinada en el
auto y la que propugna la entidad apelante está en que no son cuatro, sino cinco los
hijos del fallecido, pues los ejecutantes, son D. Arturo, D. Julián, Dª María Inés, Dª
Mariana y Dª Daniela. Es por ello que la excepción de litispendencia, en sus dos
versiones, debe ser también desestimada.
QUINTO.- Por último, resta por responder a la impugnación atinente al
pronunciamiento relativo al devengo de intereses que la sentencia recurrida establece al
tipo del veinte por ciento desde la fecha del siniestro. Esta Sala entiende que no puede
atenderse la pretensión de la apelante relativa a la existencia de causa justificada para no
proceder a satisfacer el importe de la indemnización o de pago del importe mínimo
(artículo 20.8º de la Ley del Contrato de Seguro), que determinaría la improcedencia de
la indemnización por mora reclamada en la demanda, y ello porque la entidad
aseguradora en ningún momento ha consignado o depositado cantidad alguna para
atender las consecuencias del siniestro.
Finalmente, debe indicarse que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
del Contrato de Seguro, los intereses, tal y como determina la resolución recurrida se
devengarán desde la fecha del siniestro, pero que atendiendo a la alegación efectuada en
el recurso de apelación debe señalarse que el criterio de esta Sala al respecto precisa el
carácter sancionador y por tanto de aplicación restrictiva del mentado artículo 20 de la
Ley del Contrato de Seguro, lo que determina que el tope máximo de devengo de
intereses al 20% solo se aplicará una vez transcurridos dos años desde la fecha del
siniestro y a partir de los mismos, pues en el periodo anterior debe aplicarse el


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incremento ordinario establecido del interés legal incrementado en un 50% (sentencias
de esta Audiencia Provincial de 5.6.2000 y 7.11.2002). En consecuencia, y dado que al
tiempo en la misma se dicta han transcurrido más de dos años desde el accidente, el
interés devengado será el interés legal vigente al tiempo en que se devenga
incrementado en un 50% y del 20% transcurridos dos años desde la fecha del siniestro.
SEXTO.- En materia de costas procesales, la parcial estimación del recurso de apelación
determina que no se haga especial pronunciamiento de condena en las costas causadas
en esta apelación. Arts. 394 y 398 de la L.E.C.
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,
FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada
en los autos de ejecución de título judicial número 739/2.004, seguidos ante el Juzgado
de Primera Instancia número Once de Valladolid, debemos revocar y revocamos dicha
resolución exclusivamente en lo relativo al pronunciamiento sobre el devengo de
intereses, en el sentido de que los mismos se calcularán al tipo del interés legal vigente
en el momento en que se devenguen incrementado en un cincuenta por ciento y al veinte
por ciento transcurridos los dos años desde la fecha del siniestro, manteniendo en resto
de pronunciamientos de la resolución recurrida y sin hacer expresa condena en las
costas procesales causadas en esta segunda instancia.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Seguidamente ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que se indica en la misma, estando constituida en
audiencia pública esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid,
lo que como Secretario certifico.




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