JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N� 66

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					JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 56
AUTOS: "SILVA CHRISTIAN c/ TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA
ARGENTINA S.A. y otro s/ daños y perjuicios"
                                                           Expte. nº 31.805/06
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2007.-


Y VISTOS:
                La revocatoria con apelación subsidiaria interpuestas a fs.
414 y vta. puntos I, II y III, así como el planteo de inconstitucionalidad de la
ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deducido a fs. 414 vta.
punto IV por el Dr. VALMAGGIA, lo dictaminado por la Sra. Representante
del Ministerio Público a fs. 418 y la réplica deducida a fs. 429/443 por la
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CASSABA) en relación con el planteo de
inconstitucionalidad.


Y CONSIDERANDO:
                Por considerarlo metodológicamente necesario, comenzaré
por el análisis del planteo de inconstitucionalidad impetrado en relación con
la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, en tanto que de su
resultado depende la viabilidad de la revocatoria incoada.
                Aduce el representante de CASSABA que los magistrados
de la justicia nacional “al ejercer el control sobre el efectivo pago de los
aportes y contribuciones previstos en la ley nº 1181 no se encuentran
ejerciendo un poder jurisdiccional, sino prestando su colaboración, en
cumplimiento de lo previsto por la Acordada nº 6/05 y el art. 5º de la
Constitución Nacional”.
                Agrega, en tal inteligencia, que no se encuentra a su cargo
(de los magistrados) ejercer una interpretación sobre los alcances o la
constitucionalidad de la norma impugnada por el oficiante, sino, tan solo,
controlar el efectivo pago de los aportes y, en cualquier caso, informar a
CASSABA de cualquier incumplimiento acaecido.
                O sea que, si no entendí mal la argumentación, operaría en
el particular un supuesto tan especial de obediencia debida respecto de la
ley 1181, de las decisiones de la Comisión Especial de Reglamentación de
la ley 1181 de la Asamblea de Representantes de CASSABA y de lo previsto
en la Acordada nº 6/05 de la CSJN, que impediría a los magistrados cumplir
con la primera de sus obligaciones y ejercer la más importante de sus
atribuciones, que es revisar la constitucionalidad de las normas que deben
aplicar.
                Por el punto I) de la Acordada nº 6/05 la CSJN dispuso que
los tribunales “deberán facilitar la colaboración prevista en el art. 79 y cumplir
con el deber de información contenido en el art. 80, ambos de la ley 1181”,
entre otras cosas, pero no estableció –no podía lógica ni legalmente hacerlo-
que los magistrados se encontraran inhibidos de ejercer su jurisdicción.
                El art. 116 de la Constitución Nacional establece el sistema
difuso de control de constitucionalidad de las normas, que es característico
de nuestro sistema judicial, en virtud del cual a todos los magistrados
compete el análisis pertinente. De tal suerte, la pretensión de reducir a los
magistrados a la condición de autómatas que deben colaborar con el control
del efectivo pago de aportes, emergentes de la aplicación de una norma
cuya constitucionalidad no podrían revisar, los asemeja más a la categoría
de colaboracionistas, y resulta inatendible.
                El representante de CASSABA ha planteado, también, la
incompetencia del suscripto para elucidar la cuestión incidentalmente
planteada. En torno al punto, bien viene destacar que si bien es cierto que la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su art. 113
inc. 2 que es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer
originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de
leyes emanadas de las autoridades de la ciudad contrarias a la Constitución
Nacional o a la Constitución local, es preciso tener en cuenta que el presente
se trata de un planteo incidental de inconstitucionalidad y no de la acción
declarativa prevista en la mencionada norma, que es una acción directa,
originaria y cuyo control de constitucionalidad es de carácter objetivo.
                En tal inteligencia, resulta de aplicación lo dispuesto en el
art. 6º inc. 1º del C.P.C.C.N., en cuanto establece que en los incidentes y
acciones accesorias resulta competente el tribunal del proceso principal.
                En cuanto al fondo de la incidencia planteada, memoro que
el párrafo 2º del art. 5º de la ley nº 1181 establece que están exceptuados de
la obligatoriedad fijada en el párrafo 1º            “quienes se encuentren
obligatoriamente afiliados a otra Caja Profesional para Abogados, en tanto
continúen cotizando a dicho régimen y manifiesten fehacientemente la
voluntad de acogerse a esta excepción dentro de los noventa (90) días del
comienzo de la obligatoriedad de esta ley o de la iniciación de su actividad
para los profesionales recientemente recibidos. La acreditación de los
extremos requeridos debe ser establecida por la reglamentación”.
                Mediante la Resolución nº 4-A/05 de la Asamblea de
Representantes de CASSABA se ha pretendido reglamentar esa excepción,
restringiéndola a la obligación de cubrir el AMAO.
                El representante de CASSABA en esta incidencia sostiene
que aquélla es un ente público no estatal, que no constituye un órgano del
Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires ni guarda relación alguna
con la administración, todo lo cual parece –en su opinión- “no admitir duda
que la reglamentación de la ley es resorte exclusivo de CASSABA”. Todo
esto lo lleva a proclamar que “el Poder Ejecutivo no tiene facultad alguna
para aprobar reglamentaciones respecto de una ley cuya aplicación no le
compete”.
                 Discrepo profundamente con esta interpretación, en tanto
entiendo que –aún cuando no estatal- la condición de ente público de
CASSABA lleva a que sus atribuciones, facultades y competencias deban
estar expresamente establecidas por ley, de modo que sus potestades
reglamentarias    solo   pueden       emanar   de   una   delegación    expresa,
necesariamente acotada.
                 La reglamentación de la ley 1181 realizada por la propia
CASSABA –Resolución nº 4-A/05 de la Asamblea de Representantes- fue
emitida   en   expresa     colisión   con   expresas   limitaciones    legales   y
constitucionales. Tan es así que por Decreto nº 151 del 22/1/07 del Sr. Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictado en el
expediente nº 58.745/04, se intimó a CASSABA para que deje sin efecto la
citada Resolución nº 4-A/05, bajo apercibimiento de impulsarse judicialmente
la impugnación del acto.
                 Adviértase que tanto la constitución Nacional –en su art. 99-
cuanto la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –en el 102- limitan las
facultades reglamentarias del Ejecutivo, estableciendo que deben ejercerlas
“cuidando de no alterar su espíritu”. ¿Podría válidamente un órgano que no
se encuentra facultado para reglamentar una ley reglamentarla y –no
obstante- hacerlo asimismo sin cumplir tan siquiera con las limitaciones que
debe respetar quien sí se encuentra habilitado para hacerlo?.
                 En resumen, CASSABA no cuenta con facultades delegadas
para reglamentar la ley 1181, y –aún cuando así fuera- la reglamentación
indebidamente dictada resulta modificatoria de la ley que pretende
reglamentar, al crear una excepción que constituiría un inadmisible exceso
de quien efectivamente cuenta las facultades reglamentarias pertinentes.
                 Por ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del
reglamento dictado mediante la Resolución nº 4-A/05 de la Asamblea de
Representantes de CASSABA.
                 Dado que el incidentista Dr. VALMAGGIA ha acreditado (fs.
411) haber efectuado la opción de acogerse a la excepción regulada en el 2º
párrafo del art. 5º de la ley 1181, no cabe sino considerarlo excluido de la
obligatoriedad del régimen establecida en el párrafo 1º de dicha norma. En
tal inteligencia, no cabe expedirse acerca de la validez constitucional del
régimen creado por la ley 1181, por resultar abstracto.
                 De lo expuesto se sigue que la revocatoria impetrada
respecto del decisorio de fs. 413 debe ser concedida.
                 Por hallar mérito para apartarme del principio general que,
en materia de costas, consagra el art. 68 del C.P.C.C.N., atento las
particularidades de la cuestión debatida, las mismas serán impuestas en el
orden causado y las comunes por partes iguales.
                Para   regular   los    emolumentos      de    los   profesionales
intervinientes en la causa, tomaré en consideración el monto del litigio, lo
normado en el art. 38 de la L.O., ley 21.839, demás disposiciones
arancelarias de aplicación, y -muy especialmente- el mérito e importancia de
la labor desarrollada por los profesionales, teniendo en cuenta que no puede
identificarse monto del reclamo con valor del litigio, pues ello podría llevar a
situaciones totalmente ajenas a la realidad (conf. C.N.A.T., Sala I, Sent. nº
60.998 del 24/3/92).
                Por todo ello, disposiciones legales citadas, y demás
consideraciones vertidas, RESUELVO: 1) Declarando la inconstitucionalidad
del reglamento dictado mediante la Resolución nº 4-A/05 de la Asamblea de
Representantes de CASSABA; 2) Imponiendo las costas en el orden
causado; 3) Revocando el decisorio de fs. 413 y dejando sin efecto lo
dispuesto a fs. 354 en relación con los aportes a CASSABA. NOTIFÍQUESE.




                                       José Alejandro SUDERA
                                          JUEZ NACIONAL

				
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