CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by 0KpwNI7y

VIEWS: 0 PAGES: 63

									República de Colombia

                                                        Casación Inadmite No. 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                                   Proceso n.º 35620




                            CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                             SALA DE CASACIÓN PENAL


                             Magistrado ponente:
                             FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
                             Aprobado Acta No. 036




                 Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil once (2011).




                                         VISTOS:




                   Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos
            lógicos y de debida argumentación de las demandas de casación
            presentadas por los defensores de ROBERTO GUERRERO
            MEDINA, ROBERTO ENRIQUE GUERRERO GUTIÉRREZ DE
            PIÑERES, PABLO ANTONIO VACA MURCIA y GERMÁN
            HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS, y los apoderados de ALBERTO
            ÁVILA MONTOYA, GLORIA PAZOS MERA y/o Inversiones Gloria &
            Cía. S. en C., SANDRA RODRÍGUEZ GUZMÁN y Caro & Compañía
            - Agropiscícola La Carolina S. en C., reconocidos como parte civil,
República de Colombia

                                                                        Casación 35620
                                                   GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá
            que confirmó la dictada por el Juzgado 43 Penal del Circuito de
            esta ciudad,        mediante la cual condenó a los primeros como
            coautores responsables de la conducta punible de estafa
            agravada.
                             HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:


                 1. Los primeros fueron relatados en el fallo impugnado de la
            siguiente manera:


                 “El    señor    ROBERTO       GUERRERO      MEDINA,        dueño   de
                 aproximadamente 250 hectáreas en el sector de Punta Canoa, al
                 norte de Cartagena, constituyó en 1993 la Sociedad Promotora El
                 Faro de Cartagena S.A. (en adelante PROMOTORA EL FARO)
                 con varios familiares suyos. Esa Sociedad proyectó un desarrollo
                 turístico en un área aproximadamente de 65 de esas hectáreas, y
                 hacia 1993 inició la venta de derechos como acciones en hotel de
                 cinco estrellas, apartamentos de tiempo compartido, 5 tipos de
                 casas, club social, club hípico y campo de golf.


                 Como       ejecutivos   de   PROMOTORA      EL     FARO,    fungieron
                 ROBERTO GUERRERO MEDINA como presidente, PABLO
                 ANTONIO        VACA     MURCIA,   como     vicepresidente    general,
                 ALEJANDRO GÓMEZ CONDE, como vicepresidente comercial,
                 ROBERTO ENRIQUE GUERRERO (GUTIÉRREZ DE PIÑERES),
                 como asesor comercial. Realizaron contratación de estudios,
                 diseños, planos, contratación con entidades hoteleras del exterior e
                 iniciación de construcción de una vía de acceso. En 1995 pidieron
                 al Ministerio de Comercio Exterior la constitución de zona franca la
                 que les fue negada con señalamiento de graves deficiencias en
                 todos los aspectos (legal, contable, financiero, administrativo y
                 comercial).



                                                   2
República de Colombia

                                                                       Casación 35620
                                                  GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 En 1996 contrataron un diagnóstico financiero con GERMÁN
                 HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS (folios 1 a 14, C. 17), quien
                 les señaló varias debilidades y fortalezas así como les propuso
                 mecanismos de financiación, entre los que se concretó la creación
                 de CARTAGENA TIME SHARE S.A., socios de ésta, además de
                 PROMOTORA EL FARO S.A., fueron las financieras ARFIN S.A., y
                 CONSULFIN S.A., empresas en donde NIÑO tenía amplia
                 participación e influencia. PROMOTORA EL FARO había vendido
                 derechos en el proyecto a numerosas personas y a partir de la
                 creación de CARTAGENA TIME SHARE, ambas compañías se
                 presentaron como responsables.


                 En el primer semestre de 1997, fue claro para los socios que el
                 proyecto no era financieramente viable y por ello tomaron
                 decisiones de remoción de directivos de CARTAGENA TIME
                 SHARE S.A. y separación de negocios, por lo que ENRIQUE
                 GUERRERO entró a dirigir CARTAGENA TIME SHARE S.A.
                 Pronto colapsa definitivamente, lo que ROBERTO GUERRERO y
                 ENRIQUE GUERRERO atribuyen a la mala asesoría y apropiación
                 delictiva de fondos por GERMÁN NIÑO.


                 Algunos compradores cobraron pólizas de seguros, otros cobraron
                 las arras de los contratos, y así salvaron sus derechos; pero
                 muchos otros (aproximadamente 260) no lograron obtener
                 satisfacción y presentaron denuncias penales que se adelantaron
                 en 34 diferentes sumarios individuales, los que se acumularon al
                 presente proceso”.


                 2. Por los anteriores hechos, el 29 de agosto de 2003 la
            Fiscalía Ciento Cincuenta y Ocho Seccional de Bogotá profirió
            resolución de acusación contra ROBERTO GUERRERO MEDINA,
            ROBERTO ENRIQUE GUERRERO GUTIÉRREZ DE PIÑERES,
            PABLO ANTONIO VACA MURCIA, GERMÁN HUMBERTO NIÑO
            BALLESTEROS, ALEJANDRO GÓMEZ CONDE y EFRAÍN ROJAS

                                                  3
República de Colombia

                                                                        Casación 35620
                                                   GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            BETANCOURT como presuntos coautores del delito de estafa
            agravada -artículos 356 y 372 del Decreto 100 de 1980-. Y
            precluyó la investigación en relación con los sindicados DAVID
            SUME, JAIME LÓPEZ DE MESA, JOSÉ GREGORIO MARCANO
            URBINA, JOSÉ GUSTAVO ROJAS GARCÍA, JUAN BENJAMÍN
            BECERRA            WEMBERG,          LILIANA     BUENO      ALBORNOZ,
            MARGARITA            OBREGÓN         TRIANA,     MARÍA      CONSUELO
            MARULANDA DE ROJAS, ROCÍO DEL CARMEN GUERRERO
            GUTIÉRREZ DE PIÑERES, ROCÍO DEL CARMEN GUTIÉRREZ
            DE PIÑERES DE GUERRERO, SABINA CLAUDIA GUERRERO
            GUTIÉRREZ DE PIÑERES y SUSANA MARGARITA GUERRERO
            GUTIÉRREZ DE PIÑERES. Esta providencia alcanzó ejecutoria el
            31 de marzo de 2005 cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante el
            Tribunal Superior de este Distrito Judicial la confirmó al resolver el
            recurso de apelación interpuesto contra la misma por los
            investigados.


                 3. Correspondió al Juzgado Cuarenta y Tres Penal del
            Circuito de Bogotá adelantar el juicio, trámite dentro del cual
            decretó la nulidad de la vinculación de EFRAÍN ROJAS
            BETANCOURT porque para declararlo persona ausente, el ente
            investigador no observó el debido proceso. Después de llevar a
            cabo la audiencia de juzgamiento, los acusados fueron
            condenados a las penas de cuarenta (40) meses de prisión, multa
            de    50        salarios   mínimos     legales   mensuales      vigentes,
            inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por
            un período igual al de la sanción privativa de la libertad, al pago
            de indemnización de perjuicios y les negó la suspensión


                                                   4
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria,
            como coautores responsables de la conducta punible de estafa
            agravada.


                 4. Como eran varias las causas acumuladas, el juez de
            primera instancia absolvió a ROBERTO GUERRERO MEDINA
            del cargo de estafa agravada con base en la denuncia instaurada
            por Alberto Vila Montoya y Virginia Sánchez de Sefair, similar
            pronunciamiento    realizó   respecto   a   ROBERTO      ENRIQUE
            GUERRERO GUTIÉRREZ DE PIÑERES, PABLO ANTONIO
            VACA MURCIA, GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS y
            ALEJANDRO GÓMEZ CONDE en cuanto a la conducta que se
            les atribuyó a propósito del señalamiento realizado por la
            ciudadana última referenciada.


                 5. Esa providencia fue recurrida por los defensores de
            ROBERTO         GUERRERO      MEDINA,       ROBERTO       ENRIQUE
            GUERRERO GUTIÉRREZ DE PIÑERES, PABLO ANTONIO VACA
            MURCIA y GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS, y los
            apoderados de ALBERTO ÁVILA MONTOYA, GLORIA PAZOS
            MERA y/o Inversiones Gloria & Cía, S. en C., SANDRA
            RODRÍGUEZ GUZMÁN y Caro & Compañía - Agropísicola Carolina
            S. en C., reconocidos como parte civil, y el 25 de junio de 2010, el
            Tribunal Superior de Bogotá modificó el ordinal primero, en el
            sentido que la pena de prisión impuesta sería de 22 meses y 15
            días de prisión y multa de 33.33 salarios mínimos mensuales
            vigentes, para cada uno de los condenados. En lo demás la
            confirmó, providencia frente a la cual el profesional del derecho


                                             5
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            que representa los intereses de Vila Montoya solicitó su adición,
            corrección y anulación, pretensión       que fue negada el 31 de
            agosto de esa misma anualidad.


                 Contra el fallo de segunda instancia, los sujetos procesales
            atrás referenciados interpusieron el recurso extraordinario de
            casación.


                 En razón a que son varios los libelos, la Sala tomará de
            forma conjunta los cargos que guarden similitud entre los mismos
            frente a las críticas que proponen los libelistas a la legalidad de la
            sentencia del Tribunal de Bogotá.


                                         LAS DEMANDAS:


                 A. Demanda presentada por el apoderado de ALBERTO VILA
            MONTOYA, quien se constituyó en parte civil. El libelista con
            fundamento en las causales tercera y primera, artículo 207 de la
            ley 600 de 2000, formuló dos cargos de nulidad por la existencia
            de irregularidades que afectan la validez del proceso, y de forma
            subsidiaria, un cargo por violación indirecta de la ley, así:


                 Cargo primero (principal): nulidad


                 La     sentencia   de   primera   instancia   está   viciada   por
            irregularidades que socavaron el debido proceso, que se concretó
            en el hecho que el Juzgado 43 Penal del Circuito no se pronunció
            respecto de los cargos fácticos y jurídicos formulados en la


                                               6
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            resolución de acusación contra el procesado PABLO VACA
            MURCIA, porque solo se limitó a estudiar la situación jurídica del
            procesado ROBERTO GUERRERO MURCIA.


                 En sustento del reparo afirmó que si bien entendía las
            dificultades propias que se le presentaron al funcionario judicial
            para conocer en detalle un expediente voluminoso como éste, en
            el cual aparecen numerosas víctimas por graves delitos contra el
            patrimonio económico, esa situación no justifica o excusa de
            ninguna manera el sistemático desconocimiento de los derechos
            de uno de los afectados con las conductas denunciadas.


                   Por tanto, si la Fiscalía también formuló cargos contra
            PABLO ANTONIO VACA, lo mínimo que puede esperar la parte
            civil es que los jueces de instancia mantengan esa coherencia y
            procedan también a emitir juicio de responsabilidad, sea favorable
            o contrario a sus intereses por la conducta investigada, tal como
            lo deprecó en los alegatos finales en la audiencia de juzgamiento.


                   Solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado, a partir,
            inclusive, del fallo de primera instancia y, de esta forma,
            recomponer el trámite del proceso de acuerdo con la normatividad
            legal vigente.


                 Cargo segundo (principal): nulidad


                 Acusó la sentencia de segunda instancia de estar viciada de
            nulidad por falta de motivación, toda vez que no se precisaron las


                                              7
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            pruebas ni el mérito de convicción que ofrece cada una de ellas
            para     sustentar   la   absolución   del   procesado    ROBERTO
            GUERRERO MEDINA.


                   Estimó que desde el primer momento en que el Tribunal
            abordó el estudio de los hechos denunciados por Alberto Vila, era
            posible advertir el erróneo entendimiento que tenía de los mismos
            al considerar que los cargos jurídicos se concretaban en los
            delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.


                   El ad quem después de una superficial descripción de uno de
            los elementos de prueba, concluyó que se trataba de una
            obligación personal que no requería de ningún registro para su
            exigibilidad -a lo sumo de una discusión civil- negando así
            cualquier connotación penal de los hechos denunciados, pero sin
            aclarar si la conducta devenía atípica por el delito de estafa
            agravada.


                   De la simple lectura del aparte que en la sentencia de
            segunda instancia se le dedica a la denuncia de Alberto Vila
            Montoya, queda claro que el Tribunal no fue explícito en concretar
            al análisis probatorio y jurídico que le permitía confirmar el fallo
            absolutorio y rechazar las pretensiones del recurrente.


                   Las consideraciones se reducen a las páginas 14, 15 y 16
            donde de forma preocupante se advierte como, a pesar de la
            gravedad de los casos que aquí se discuten al tratarse de una
            afectación plural de personas -un verdadero delito masa-


                                               8
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            simplemente se hace alusión a unas pocas líneas de la escritura
            332 de diciembre de 1993 o se cita en forma descontextualizada
            algunas frases de la sustentación del recurso, pero sin analizar
            realmente su contenido o importancia frente a los demás actos
            desplegados por los procesados y que se concretaban en
            maniobras aparentemente legales.


                 Motivo por el cual solicitó se declare la nulidad de lo actuado,
            a partir, inclusive, del fallo de segundo grado, y de esa forma, se
            profiera una decisión que cumpla con los requisitos jurídicos
            formales, a efectos de se rehaga la actuación subsanándose la
            irregularidad sustancial y restableciéndose los derechos afectados
            con ocasión de la violación al principio de motivación.


                 Cargo Subsidiario:


                 Violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de
            la estructuración de errores de hecho por un falso juicio de
            identidad y falsos juicios de existencia, los cuales se presentaron
            en diferentes pruebas, así:


                 1. Falso juicio de identidad.


                 En cuanto a la escritura pública 332 de diciembre de 1993.


                 Luego de transcribir algunos de sus apartes, el demandante
            puntualizó que el ad quem sin ahondar en mayores argumentos,
            realizó una descripción superficial de los acuerdos principales


                                              9
República de Colombia

                                                                  Casación 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            asumidos por las partes y tampoco precisó las condiciones y
            alcances que tenía cada uno de ellos frente a la configuración del
            tipo de estafa, situación que condujo a que errara en sus
            conclusiones al sostener que se trataba de una obligación
            personal que no requería registro y que de todas maneras se
            reducía a una discusión civil en la cual las partes dejaron de
            ejercer las acciones legales pertinentes.


                 Alegó que el Juzgado 43 Penal del Circuito le asignó plena
            credibilidad al dicho del procesado ROBERTO GUERRERO
            MEDINA, específicamente acerca de la supuesta cancelación de
            los pagarés girados a nombre de ALBERTO VILA MONTOYA, y
            cuestionó correlativamente a la parte civil por el hecho de no
            haber demostrado lo contrario, no obstante que las diversas
            pruebas acopiadas al proceso denotaban una realidad distinta y
            destacaban las contradicciones y engaños desplegados por
            ROBERTO GUERRERO MEDINA. Y lo más preocupante es que
            el superior funcional también hizo caso omiso de esta situación, al
            contrastar el dicho del procesado con las declaraciones extrajuicio
            allegadas en el memorial de sustentación del recurso, pero sin
            realizar ninguna valoración probatoria en concreto.


                 Sostuvo que el Tribunal tuvo en cuenta esa prueba sólo que
            la descartó ligeramente, toda vez que de una parte cercenó
            aspectos importantes de su contenido como que el dominio y
            posesión serían ejercidos por Fiducaria Alianza; las condiciones y
            forma de pago (específicamente, el plazo y monto) en que se
            cumpliría la ya mencionada obligación dineraria; que la Fiduciaría


                                             10
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            tenía la responsabilidad de cumplir con la obligación por 250
            millones de pesos, utilizando incluso los activos del fideicomiso; y
            que el interesado en la cancelación de la hipoteca no quiso
            protocolizar inmediatamente los acuerdos dispuestos en la
            escritura pública 332 de diciembre 30 de 1993, y de otra,
            tergiversó las declaraciones y compromisos que en ella se
            realizaron al considerar que la cancelación de la hipoteca, la
            constitución de patrimonio autónomo y el compromiso asumido
            respecto a la suma dineraria ya referenciada eran declaraciones
            independientes, concluyendo así que solo se trataba de una
            obligación civil que la víctima dejó de hacer exigible.


                 2. Falso juicio de existencia.


                 Respecto a la comunicación enviada por la Fiduciaria Alianza
            -en la que puso de presente que por razones ajenas a su voluntad
            no se registró el contrato de fiducia celebrado con Pablo Antonio
            Vaca Murcia mediante escritura 332 del 30 de diciembre de 1993-
            y la escritura pública 8797 de 1996 otorgada por la Notaría Única
            de Soledad, Atlántico, -se protocoliza la cancelación de la
            hipoteca más no la fiducía mercantil-.


                 Afirmó que estas pruebas complementan las declaraciones
            realizadas en la escritura pública 332 de 1993 y reafirman lo
            sostenido acerca del empleo de maniobras, aparentemente
            legales, con el fin de sustraerse dolosamente de sus obligaciones,
            es decir, distraer su patrimonio y finalmente hacer nugatoria




                                              11
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            cualquier expectativa de pago no solo de su poderdante, sino
            también a los 104 prometientes compradores.


                 En conclusión, señaló que respecto de la obligación por 250
            millones, sí era necesario el registro del fideicomiso para que así
            la víctima pudiera reclamar su cumplimiento con ocasión de la
            ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable; en relación
            con la obligación de $750 millones, si bien es cierto no se requería
            su registro, trato de hacerse exigible a través del inicio de
            procesos ejecutivos correspondientes, pero ante las maniobras
            engañosas del procesado para distraer sus bienes y canalizarlos
            a través de otras personas jurídicas, hasta el punto de separarlos
            de su patrimonio económico -por esto, la suscripción del contrato
            de fiducia con Fidutolima-, ninguna persecución real se logró de
            sus bienes para lograr su pago.


                 2.1. Documentos donde se solicitó información de los
            procesos ejecutivos y declaraciones extrajuicio.


                 Hizo referencia a las peticiones elevadas por la parte civil
            para que se oficiara a los Juzgados 5, 14° y 32° Civiles del
            Circuito de Bogotá con el fin de que se certificaran respecto de los
            procesos ejecutivos que cursaban con ocasión a los pagarés
            girados por ROBERTO GUERRERO MEDINA, con lo que se
            pretendía demostrar que inició a tiempo las acciones ejecutivas.


                 Señaló que si bien es cierto no existe oportunidad procesal
            para practicar pruebas en segunda instancia, las declaraciones


                                              12
República de Colombia

                                                                            Casación 35620
                                                       GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            extrajuicio rendidas el 11 de noviembre de 20091 y acompañadas
            con el memorial de sustentación del recurso de apelación frente a
            la sentencia de primera instancia, pretendían evidenciar el
            desacierto      del    funcionario       de     primera      instancia      al   darle
            credibilidad al dicho del procesado sobre el supuesto pago de los
            pagarés girados a ALBERTO VILA MONTOYA, cuando la realidad
            del expediente denotaba todo lo contrario.


                  2.2. De la escritura pública de desenglobe y constitución de
            fiducia a favor de Fidutolima, contrato de cesión de derechos
            fiduciario transitoria en el fideicomiso Mi Refugio, la escritura
            pública 2108 otorgada el 8 de mayo de 1997 por la Notaría 556
            del Círculo de Bogotá y los certificados de existencia y
            representación legal de las sociedades Promotora El Faro de
            Cartagena y Cartagena Time Share.


                  La valoración de estos medios de prueba, omitidos por el
            Tribunal resultaba de vital importancia al demostrar el verdadero
            propósito perseguido por el procesado, que no era otro que la
            confusión de su patrimonio, prenda general de sus acreedores, a
            través de terceras personas naturales y jurídicas. Precisamente
            con estos documentos privados y públicos se advierte la
            importancia que tenía el predio sobre el cual pesaba el gravamen
            hipotecario a favor de ALBERTO VILA MONTOYA, el cual
            aparece como el principal activo en el inventario de sus
            sociedades, de ahí su interés en cimentar a partir de este bien

            1
             A través de las cuales los deponentes señalan que debieron recoger los pagarés firmados
            por ROBERTO GUERRERO MEDINA porque no fueron pagados.



                                                       13
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            una sólida imagen financiera que finalmente terminó por
            derrumbarse.


                 Colorario de lo expuesto, afirmó que si el Tribunal hubiera
            advertido la situación ya referenciada, junto con las dolosas y
            fraudulentas actuaciones, otro hubiera sido el sentido del fallo
            respecto a ROBERTO GUERRERO MEDINA.


                 Solicitó se case la sentencia objeto de censura, a efectos que
            en fallo de reemplazo, se condene penal y civilmente a
            ROBERTO GUERRERO MEDIA por el delito de estafa y se
            adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del
            derecho, esto es, disponer la cancelación de la anotación No. 17
            de la matrícula inmobiliaria 06097216, para que en su lugar se
            disponga el registro integral de la escritura pública 332 de 1993.


                 B. La defensora del procesado GERMÁN HUMBERTO NIÑO
            BALLESTEROS, al amparo de la causal segunda y primera del
            artículo 207 de la ley 600 de 2000, formuló cuatro censuras, así:


                 1. Cargo primero: incongruencia entre los cargos formulados
            en la resolución de acusación y el fallo.


                 La recurrente acusó la sentencia del Tribunal de no estar de
            acuerdo con la resolución a través de la cual fue llamado a juicio
            su defendido, efecto para el cual señaló que jamás persona
            alguna distinta de los otros procesados, lo sindicó de los hechos
            por los que fue condenado.

                                              14
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                 Precisó que la Fiscalía Seccional lo inculpó de dos
            conductas: (i) por el daño causado al fideicomiso El Cocli (Virginia
            Sánchez de Sefair) y (ii) de haberse apropiado de dineros de
            Cartagena Time Share S.A. que desvió hacía el comiso Niño
            Albornos, con destino a adquirir acciones que el Fondo Nacional
            Cafetero tenía en la Financiera ARFIN, no obstante, resultó
            condenado por haber defraudado al contratista Fernando
            Sandoval Orjuela, apropiándose de los dineros que a éste le
            prestó la financiera ARFIN, y que él a su vez entregó en mutuo a
            GERMAN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS, quien los invirtió
            en acciones de la mencionada entidad.


                 Además, su defendido no efectuó negocio jurídico con las
            víctimas del ilícito investigado y para ello es suficiente mirar los
            104 contratos o precontratos celebrados por Promotora El Faro
            de Cartagena, para establecer que el procesado o la sociedad
            COLSUNFIN de la que éste es socio, no tuvo ninguna
            participación.


                 2. Cargo segundo


                 Violación indirecta de la ley sustancial, derivado de un error
            de hecho en la apreciación de un medio de prueba, por
            suposición.




                                              15
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 Manifestó que fácil es probar que en la sentencia atacada, el
            Tribunal se equivocó al considerar que existe prueba, sin haberla,
            de que GERMAN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS se apropió
            de dineros pertenecientes a Promotora el Faro de Cartagena S.A.
            y Cartagena Time Share S.A., cuando en realidad, no obra en el
            proceso el más mínimo elemento de juicio que indique su cuantía,
            fecha, la manera cómo ocurrió, si fue por entrega de dineros en
            efectivo, en cheque, de cartera para ser redescontada, qué
            personas se los entregó y con base en qué maniobras o argucias,
            máxime cuando no se ordenó un estudio sobre los libros
            contables, balances o estados financieros de éstos.


                 El ad quem apreció mal toda la prueba, pues no se dio cuenta
            que las víctimas eran los compradores en el proyecto hotelero y
            vacacional, jamás los demás procesados y las sociedades que lo
            conformaban, y se condenó a su defendido solidariamente como
            si él hubiese estafado a personas en negocios en los que no solo
            no participó sino que se habían efectuado antes que se
            constituyera en 1997 la sociedad Cartagena Time Share, entidad
            en la que es socia CONSULFIN, persona jurídica de la que él es
            socio.


                 3. Cargo tercero


                 Violación indirecta de la ley sustancial derivado de un error de
            hecho en la apreciación de “casi la totalidad de los medios de
            prueba que obran en el expediente como un todo, por tergiversarlo
            o distorsionarlo”




                                              16
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 Adujo que si se revisa cada una de las denuncias penales
            formuladas; las demandas de parte civil; los testimonios, los
            documentos contentivos de las promesas y contratos; los títulos
            valores que se originaron en dichos negocios jurídicos y en
            general toda la prueba que obra en el expediente, se establece
            que el proceso se ocupó de investigar el delito de estafa del que
            fueron víctimas aquellos que adquirieron tiempos compartidos y
            apartamentos, y que los autores de los mismos fueron
            presuntamente las Directivas y socios de Promotora El Faro de
            Cartagena S.A. y no otros, pues si se condenaba a NIÑO
            BALLESTEROS, se debió hacer en gracia de discusión por
            haberse quedado con lo que recibió -cartera- de Promotora el
            Faro de Cartagena y de Cartagena Time Share, para comprar
            acciones en la Financiera ARFIN, pero jamás por estafar a
            terceras personas.


                 4. Cargo cuarto (subsidiario)


                 Violación directa de la ley sustancial “por error de selección o
            indebida aplicación” del artículo 356 del Decreto Ley 100 de 1980,
            toda vez que no se tuvo en cuenta el que verdaderamente
            corresponde, esto es, el 358 ibidem.


                 Señaló que el ad quem erró al adecuar la conducta en el tipo
            penal de estafa, porque los hechos señalan que ésta se encuadra
            en el abuso de confianza, si se tiene en cuenta que la actuación
            adelantada por GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS no
            estaba dirigida a atentar contra el patrimonio económico de los
            prometientes compradores, sino el de las sociedades Cartagena


                                              17
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            Time Share y Promotora El Faro de Cartagena, los primeros
            fueron engañados, los segundos entregaron los dineros a
            sabiendas que su destino era para la compra de acciones en La
            Financiera ARFIN, y de contera, tener una fuente directa de
            recursos para el desarrollo del proyecto, diferente es que no se
            cumplió con ninguno de los cometidos, pues la crisis financiera
            condujo a la intervención de esta última sociedad y los recursos
            invertidos en acciones se perdieron en la liquidación.


                 Por lo anterior, solicitó se case la sentencia y en su lugar se
            absuelva a      NIÑO BALLESTEROS porque “en presencia de
            cualquiera de las causales alegadas no es otra la decisión a
            tomar”.


                 C. Debido a que las demandas presentadas a nombre de los
            procesados      ROBERTO      GUERRERO        MEDINA,      ROBERTO
            ENRIQUE GUERRERO GUTÍERREZ DE PIÑERES y PABLO
            ANTONIO VACA MURCIA, resultan ser similares en sus aspectos
            de fondo y forma, se analizarán en conjunto.


                 Cargo principal: Los defensores alegaron violación indirecta
            de la ley sustancial derivada de errores de hecho por falso
            raciocinio y falso juicio de existencia.


                 1. Falso raciocinio.




                                               18
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 Los defensores pusieron de presente que si el ad quem no
            hubiese errado en la apreciación de la resolución del 23 de
            noviembre de 1995 del Ministerio de Comercio a través de la cual
            negó la declaratoria de zona franca del proyecto, y la hubiere
            analizado armónicamente con la totalidad documental incorporada
            legal, regular y oportunamente a la actuación, la conclusión
            jurídica sería distinta a la que llegó y que condujo a acuñar el
            juicio de responsabilidad contra los acusados por el delito de
            estafa, máxime cuando no podía inferirse de lo plasmado en el
            acto administrativo proferido por la Cartera Ministerial ya
            referenciada, que las falencias allí advertidas -inconsistencias,
            insuficiencias y debilidades legales, técnicas de mercadeo y
            financieras- en sana lógica y con natural sindéresis la “inviabilidad
            financiera del proyecto”, como erróneamente lo interpretó el
            Tribunal.


                 El juzgador de segunda instancia interpretó equívocamente el
            sentido y lo que materialmente prueban los dos contratos de
            fiducia obrantes en el expediente, al considerar que como se
            constituyeron   tardíamente    permitieron   que    más    personas
            confiaran sus recursos al proyecto que los procesados sabían era
            inviable, inferencia que resulta ilógica porque del texto de esos
            contratos se desprende objetivamente la existencia de una meta
            bien intencionada por parte de los procesados ROBERTO
            GUERRERO        MEDINA,     ROBERTO       ENRIQUE      GUERRERO
            GUTÍERREZ DE PIÑERES y PABLO ANTONIO VACA MURCIA,
            cual era ofrecer garantía adicional a la inversión de las personas
            que habían suscrito contrato de promesa de compraventa y no el


                                              19
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            fin proclive del delito deducido en el fallo censurado, cual era el de
            servir de “mecanismo engañoso para ampliar el número de
            víctimas”.


                 Manifestaron inconformidad porque el ad quem le dio
            credibilidad    a    las   versiones    rendidas   por   FERNANDO
            SANDOVAL,           GUERRERO     GUTIÉRREZ         DE    PIÑERES    y
            ROBERTO GUERRERO MEDINA, en cuanto a la defraudación
            millonaria de que fue víctima Promotora El Faro S.A. por cuenta
            de las apropiaciones ilícitas que hizo GERMÁN HUMBERTO
            NIÑO BALLESTEROS de los dineros provenientes de un crédito
            otorgado por BANCOLDEX -cerca de 5.000 millones- que debían
            ingresar a la Promotora y a Cartagena Time Share, para señalar
            que de esa manera quedaron demostradas las maniobras
            fraudulentas de los aquí recurrentes en triangulaciones financieras
            que perjudicaron a Promotora El Faro S.A., a sus acreedores y el
            desvío de fondos que inicialmente nutrirían a Cartagena Time
            Share, cuando de ellas lo que se puede colegir, es que el fracaso
            o colapso del proyecto El Faro y el incumplimiento de las
            promesas de compraventa, se debieron, entre muchas otras
            causas concurrentes, a la millonaria defraudación de que fue
            víctima la Promotora por parte de NIÑO BALLESTEROS.


                 2. Falso juicio de existencia.


                 El Tribunal no tuvo en cuenta que ROBERTO GUERRERO
            MEDINA en la indagatoria aportó documentos a través de los
            cuales se probó que éste después de noviembre de 1995 cuando


                                               20
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            el Ministerio de Comercio Exterior conceptuó que el Proyecto El
            Faro presentaba falencias administrativas, técnicas, comerciales y
            financieras, además de seguir comercializando los bienes y los
            servicios ofertados desde 1993, adelantó un sin número de
            gestiones,      no   solamente   administrativas   sino   financieras,
            encaminadas a garantizar la financiación del megaproyecto
            turístico, tales como contratos con empresas internacionales
            especializadas en el ramo de la construcción de proyectos
            turísticos, habida cuenta que ni la inversión inicial ni los dineros
            pagados por los prometientes vendedores resultaron suficientes
            para sacar adelante tan ambicioso proyecto, sin que ello implique
            que fuera -financieramente inviable- como lo dedujo el fallador de
            segunda instancia.


                 Concluyen señalando que si el ad quem no hubiera cometido
            los dos yerros descritos, la conclusión sería que el delito de estafa
            enrostrado al interior del proceso a los acusados no se estructuró
            por ausencia de la pretendida -maniobra engañosa- deducida de
            la supuesta -inviabilidad financiera del proyecto el Faro- y las
            supuestas ventas “engañosas” realizadas con posterioridad a
            noviembre de 1995.


                 Solicitaron casar la sentencia censurada, y en su lugar,
            proferir la de reemplazo que ha de ser absolutoria a favor de
            ROBERTO         GUERRERO         MEDINA,    ROBERTO        ENRIQUE
            GUERRERO GUTÍERREZ DE PIÑERES y PABLO ANTONIO
            VACA MURCIA, por atipicidad de la conducta.




                                               21
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 Cargo subsidiario


                 Al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600
            de 2000, los censores pusieron de presente la falta de motivación
            de la sentencia de segunda instancia, en cuanto a la negación del
            subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, efectos
            para los cuales señalaron que el Tribunal se conformó con indicar
            que la gravedad y modalidad de la conducta son suficientes para
            señalar que la función retributiva de la pena debe ser cumplida,
            argumento que no cumple con el deber legal que tienen los
            funcionarios judiciales de motivar las providencias.


                 Por tanto, solicitaron se decrete la nulidad parcial del fallo
            impugnado, o si es viable, modificarlo en el sentido de otorgar a
            los acusados la suspensión condicional de la ejecución de la
            pena.


                 D. Demanda presentada a nombre de GLORIA PAZOS MERA
            y/o Inversiones Gloria & Cía. S. en C., SANDRA GUZMÁN y Caro &
            Compañía - Agropiscícola La Carolina S. en C..


                 Con fundamento en el numeral primero del artículo 207 de la
            Ley 600 de 2000, el libelista acusó la sentencia de segunda
            instancia de “ser violatoria de la ley sustancial en virtud de error
            de hecho por falso juicio de existencia”.


                 Luego de relacionar los diferentes bienes muebles e
            inmuebles que GLORIA PAZOS MERA y/o Inversiones Gloria & Cía.


                                              22
República de Colombia

                                                                        Casación 35620
                                                   GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            S. en C., y SANDRA GUZMÁN vendieron a Promotora El Faro S.
            A., los negocios que posteriormente se adelantaron sobre los
            mismos, así como sus nuevos propietarios, el censor estimó que
            al resultar víctimas del delito imputado a los acusados, lo
            procedente era que se ordenara la cancelación de esos títulos
            para que las cosas volvieran a su estado inicial.


                 Precisó que no obstante que en el expediente obran las
            escrituras y los certificados de tradición que acreditaban que las
            víctimas        adelantaron   varios    negocios    jurídicos   con   los
            procesados, sin que hubieran obtenido ninguno de los beneficios
            que ofrecieran éstos por intermedio de Promotora El Faro de
            Cartagena, la sentencia recurrida niega la solicitud de cancelar los
            títulos y registros a través de los cuales sus representados
            vendieron sus bienes a los acusados, con el argumento que sólo
            se cuenta con el relato de la apoderada de éstas y que no se
            aportaron pruebas documentales solemnes y actualizadas,
            oportuna y legalmente aducidas al proceso, además porque de
            acceder a sus pretensiones vulneraría derechos de los terceros
            de buena fe que no fueron llamados a defenderse.


                 El demandante considera que el desconocimiento de las
            pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso llevó
            al Tribunal a la violación de las normas sustanciales -artículos 21
            y 66 de la Ley 600 de 2000- sobre el restablecimiento del
            derecho, en especial, la que dispone que cuando aparezca
            demostrada la tipicidad del hecho penal que dio lugar a la
            obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro,


                                                   23
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            el funcionario que esté conociendo del asunto ordenará su
            cancelación.


                 Solicita   casar   parcialmente   la   sentencia   y   disponer
            restablecer los derechos que dice le asisten a sus mandantes.




                            CONSIDERACIONES DE LA CORTE:


                 1. El recurso extraordinario de casación se entiende como un
            control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias que se
            efectúa sobre los fallos proferidos en segundo grado. Si bien es
            cierto, el instituto no obedece a fórmulas rígidas de debida
            técnica, las impugnaciones deben presentarse como argumentos
            lógicos y sustanciales desde luego sólidos a fin de socavar de
            forma total o parcial las decisiones de instancia.


                 2. Debe resaltarse que la ausencia de formalidades no
            significa que la casación penal pueda convertirse en una instancia
            adicional para alargar los debates en libre discurso como aquí ha
            ocurrido, ni que las demandas puedan ser utilizadas para acusar
            de manera enunciativa que el fallo de segundo grado se
            encuentra, entre otros aspectos, afectado por falta de motivación,
            incongruencia y errores de hecho que se plantearon en las
            mismas sin que se advierta vicio constitucional ni legal como para
            casar la sentencia y proferir, según el caso, una absolutoria o
            condenatoria de reemplazo, como fue la solicitud elevada por los
            diferentes impugnantes.


                                              24
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                   3. En esta sede extraordinaria a efecto de la prosperidad de
            los cargos antes que exigencias formales de debida técnica lo
            que se demanda son requerimientos lógico-jurídicos que sean
            contundentes y con la fuerza necesaria de socavar de manera
            total o parcial lo dispuesto en los fallos de instancia, es decir, en
            la finalidad de evidenciar a la Corte con efectiva trascendencia
            sustancial que la declaración de justicia objeto de impugnación, la
            cual llega a esta sede extraordinaria amparada por la presunción
            de legalidad y acierto, se fundó en errores de hecho o de derecho
            manifiestos o se profirió al interior de un juicio viciado por
            irregularidades que afectaron la estructura o la garantía del
            debido proceso o del derecho de defensa, errores in iudicando o
            in procedendo claramente diferenciados en sus realidades y
            alcances que reclaman el correspondiente control legal o
            constitucional y los necesarios correctivos de que se trate.


                 Por tanto: cuando en la demanda de casación se
            desatienden los requerimientos lógicos y de trascendencia
            orientados a derruir lo decretado en las instancias, o cuando se
            yerra en señalar los objetos de lo demandado, o cuando lo
            acusado no se ha consolidado como aquí ha pasado, la
            consecuencia procesal no puede ser otra que su inadmisión.


                 4. Para dar una respuesta cabal a la impugnación de los
            recurrentes, la Sala responderá de forma conjunta los cargos que
            guarden similitud entre las diferentes demandas frente a las
            críticas que proponen los libelistas a la legalidad de la sentencia


                                              25
República de Colombia

                                                                 Casación 35620
                                            GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            del Tribunal de Bogotá.


                 5. Las siguientes son las falencias de las demandas que
            impiden tener por cumplida la exigencia referida a la indicación
            clara y precisa de los fundamentos de los diferentes cargos
            formulados, a saber:


                 6. Demanda presentada por el apoderado de ALBERTO VILA
            MONTOYA, quien se constituyó en parte civil.


                 6.1. Cargo primero (principal): Nulidad


                 El actor señaló que la sentencia proferida por el Juzgado 43
            Penal del Circuito está viciada de nulidad porque no se pronunció
            respecto de los cargos fácticos y jurídicos expuestos en la
            resolución de acusación contra Pablo Antonio Vaca Murcia.


                 A pesar que el demandante con base en la causal invocada
            se esforzó por demostrar la presunta vulneración al debido
            proceso, no logró acreditar de manera concreta el quebranto de
            los derechos de su poderdante, toda vez que frente a la posible
            irregularidad sustancial que afecta el debido proceso alegado por
            el actor, no le asiste razón, porque basta con confrontar la
            denuncia instaurada por el aquí recurrente, en la que puso de
            presente la falta de pago de las sumas de $250 millones por parte
            de la Fiduciaria Alianza S.A. y $750 millones a los que se obligó
            cancelar ROBERTO GUERRERO MEDINA, así como las
            anomalías en el registro de la escritura 332 de diciembre 30 de


                                            26
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            1993, con la providencia a través de la cual el Delegado de la
            Fiscalía General de la Nación profirió el llamamiento a juicio a los
            procesados -entre los cuales se encuentra Vaca Murcia-, para
            inferir que respecto a la denuncia instaurada por ALBERTO VILA
            MONTOYA no le imputó ningún cargo por esos hechos, si se tiene
            en cuenta que respecto del presunto delito de estafa agravada
            precisó que PABLO ANTONIO VACA MURCIA:
                   “Desarrolló funciones como vicepresidente general de
                   PROMOTORA EL FARO DE CARTAGENA S.A. Como lo
                   hemos expresado, es importante diferenciar aquellos
                   procesados que tuvieron acceso al estado general de las
                   firmas involucradas en los hechos que se investigan, como
                   es el caso de VACA MURCIA…es claro que a los diversos
                   afectados les fue ocultada información crucial que en un
                   momento dado habría variado la decisión de entrega de
                   sus patrimonios”.


                 Así pues, no le asiste razón al demandante porque del cotejo
            referenciado aparece que el ente investigador para imputarle
            responsabilidad a VACA MURCIA por la conducta punible de
            estafa agravada se soportó en el estudio del acervo probatorio
            recopilado hasta ese momento, especialmente en lo relatado por
            los directos afectados en la compra de los bienes y servicios que
            se ofrecieron a través de las sociedades PROMOTORA EL FARO
            S.A. y CARTAGENA TIME SHARE, y no en el incumplimiento de
            las obligaciones adquiridas por las partes que suscribieron la
            escritura pública 332 del 30 de diciembre de 1993 y/o en el
            cercenamiento de este último documento, por tanto, no era
            posible que el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá


                                               27
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            impartiera un juicio de responsabilidad frente a una imputación
            fáctica que no le fue endilgada al procesado en el calificatorio del
            29 de agosto de 2003.


                 Por lo anterior el cargo no se admite.




                 6.2. Cargo segundo (principal): Nulidad


                 Por tener similitud con    la causal impetrada en el cargo
            subsidiario invocado en las demandas presentadas a nombre de
            ROBERTO         GUERRERO       MEDINA,        ROBERTO     ENRIQUE
            GUERRERO GUTIÉRREZ DE PIÑERES y PABLO ANTONIO
            VACA MURCIA, la Sala realizará         un solo pronunciamiento al
            respecto.


                 El apoderado de Vila Montoya solicitó la nulidad del fallo
            proferido por el Tribunal Superior de Bogotá por motivación
            deficiente, porque en esa decisión no se precisaron las pruebas ni
            el mérito de convicción que ofrece cada una de ellas para
            sustentar la absolución del procesado ROBERTO GUERRERO
            MEDINA, frente a la denuncia instaurada por su asistido, y los
            defensores de los acusados en cuanto a la negativa de
            concederles el subrogado penal de la condena de ejecución
            condicional, pretensiones frente a las cuales se dirá lo siguiente:


                 6.2.1. La sentencia constituye el hecho más importante del
            debido proceso porque extingue la relación sustancial y, como


                                              28
República de Colombia

                                                                           Casación 35620
                                                      GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            acto primordial del debate, requiere de solidez y correspondencia
            entre las imputaciones fácticas y jurídicas, de donde se infiere que
            esos elementos incluyen el estudio de la realidad probatoria que
            acredita la realización de las conductas delictivas y su atribución
            al procesado.


                 6.2.2. En esa medida, se entiende que el postulado de
            motivación hace parte del debido proceso, y por ende, se trata de
            un principio que merece respeto y protección, aspecto sobre el
            cual la Sala ha precisado que:


                         El principio de motivación de las decisiones judiciales
                         desempeña una doble función: (i) endoprocesal: en
                         cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento
                         sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a
                         la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii)
                         función general o extraprocesal: como condición
                         indispensable de todas las garantías atinentes a las
                         formas propias del juicio, y desde el punto de vista
                         político para garantizar el principio de participación en la
                         administración de justicia, al permitir el control social
                         difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional2.

                         El derecho de motivación de la sentencia se constituye
                         en un principio de justicia que existe como garantía

            2
              Al respecto, MICHELE TARUFFO, citado por GLADIS E. DE MIDÓN en su libro sobre la
            casación, dice lo siguiente: “La obligación constitucional de motivación nace efectiva
            del Estado persona, autocrático y extraño respecto a la sociedad civil, y de la
            consiguiente afirmación de los principios por los cuales la soberanía pertenece al
            pueblo.” Esta transformación del modo de concebir la soberanía significa, en el
            plano jurisdiccional, “que la providencia del juez no se legitima como ejercicio de
            autoridad absoluta, sino como el juez rinda cuenta del modo en que se ejercita el
            poder que le ha sido delegado por el pueblo, que es el primer y verdadero titular de
            la soberanía.” “A través del control (social difuso), y antes por efecto de su misma
            posibilidad (con el deber de justificar las decisiones judiciales), el pueblo se
            reapropia de la soberanía y la ejercita directamente, evitando que el mecanismo de
            la delegación se transporte en una expropiación definitiva de la soberanía por parte
            de los órganos que tal poder ejercitan en nombre del pueblo”.



                                                      29
República de Colombia

                                                                             Casación 35620
                                                        GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                         fundamental derivada de los postulados del Estado de
                         Derecho, en tanto que el ejercicio jurisdiccional debe ser
                         racional y controlable (principio de transparencia),
                         asegura la imparcialidad del juez y resguarda el principio
                         de legalidad.

                         Para el cabal ejercicio del derecho de contradicción, se
                         demanda del funcionario judicial la motivación de sus
                         decisiones para conocer debidamente sus argumentos
                         que le sirven de sustento y así poder con mejor facilidad
                         emprender la tarea de su contradicción bien sea
                         controvirtiendo la prueba que le sirvió de soporte,
                         allegando nuevos elementos de juicio que le desvirtúen
                         o,    en     últimas,   impugnando      la   providencia
                         correspondiente.

                         Las decisiones que tome el juez, que resuelven asuntos
                         sustanciales dentro del proceso –v.gr. una sentencia-,
                         deben consignar las razones jurídicas que dan sustento
                         al pronunciamiento; se trata de un principio del que
                         también depende la cabal aplicación del derecho al
                         debido proceso pues, en efecto, si hay alguna
                         justificación en la base de las garantías que reconocen la
                         defensa técnica, el principio de favorabilidad, la
                         presunción de inocencia, el principio de contradicción o
                         el de impugnación –todos reconocidos por el art. 29
                         C.P..-, ha de ser precisamente la necesidad de exponer
                         los fundamentos que respaldan cada determinación, la
                         obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos
                         que profiere el funcionario judicial3.

                         Esta garantía fue prevista en una norma positiva expresa
                         en nuestro ordenamiento constitucional anterior4, ahora
                         el art. 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
                         Administración de Justicia, impone al juez el deber de
                         hacer referencia a los hechos y asuntos esgrimidos por
                         los sujetos procesales, al igual que lo hacen los arts. 3
                         de la Ley 600 de 2000 que en cuanto a sus normas
                         rectoras establece que el funcionario judicial “deberá
                         motivar”    las   medidas     que    afecten    derechos
                         fundamentales de los sujetos procesales, y 170 y 171,
                         pues la providencia judicial no puede ser una simple
            3
              Corte Constitucional, Sent. C-252 de 2001. También, Sents. T-175 de 1997, T-123 de 1998
            y T-267 de 2000.
            4
              Constitución Política de 1886, art. 161. “Toda sentencia deberá ser motivada.”


                                                        30
República de Colombia

                                                                                  Casación 35620
                                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                            sumatoria arbitraria de motivos y argumentos, sino que
                            requiere una arquitectura de construcción argumentativa
                            excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la
                            comunidad y hacia los sujetos procesales.

                            Configura uno de los pilares fundamentales del Estado
                            Democrático y Social de Derecho, al garantizar que una
                            persona investida de autoridad pública y con el poder del
                            Estado para hacer cumplir sus decisiones, resuelva, de
                            manera       responsable,      imparcial,   independiente,
                            autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que
                            surjan entre las personas en general, en virtud de los
                            cuales se discute la titularidad y la manera de ejercer un
                            específico derecho, consagrado por el ordenamiento
                            jurídico vigente5,

                            De manera que puede que sea concebida desde este
                            enfoque como la contrapartida del derecho constitucional
                            del libre acceso a la jurisdicción efectiva en virtud del
                            cual todas las personas tienen derecho a obtener tutela
                            judicial material que concluya con una decisión final
                            motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes
                            (art. 230 Constitución. Política.), presentando desde
                            luego pretensiones legítimas pues no resulta suficiente la
                            posibilidad formal de llegar ante los jueces con la simple
                            existencia de una estructura judicial lista a atender las
                            demandas de los asociados, porque su esencia reside
                            en la certeza que en los estrados judiciales se surtirán
                            los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la
                            objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un
                            real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
                            hechos materia de su decisión6.

                            Una sana argumentación es la explicación de las
                            razones que conducen a adoptar una determinación y
                            permite el control de la legalidad de la principal
                            manifestación del Poder Judicial propio de todo Estado
                            Democrático. Así se somete la providencia al escrutinio
                            de los sujetos procesales y de la sociedad pues si bien el
                            pronunciamiento jurisdiccional tiene un efecto inter-
                            partes, también concita el interés general, amén del fin
                            pedagógico que demuestra y persuade que se trata esa

            5
                Corte Constitucional, Sent. C-242 de 1997.
            6
                Corte Constitucional, Sent. C-242 de 1997.


                                                             31
República de Colombia

                                                                      Casación 35620
                                                 GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                        de la mejor solución posible, no la expresión cruda del
                        ejercicio de una competencia sino el caro fruto de la
                        lógica y la razón. Desde otra perspectiva, la respuesta
                        judicial genera un elemento de estudio y doctrina para
                        casos similares, creando jurisprudencia y una fuente de
                        Derecho.

                        La sentencia judicial es un acto de comunicación del
                        Estado con la sociedad, en ella se da cuenta de cómo se
                        ejerce la autoridad en su nombre, no se trata de sojuzgar
                        o subordinar al ciudadano por la sola investidura que la
                        sociedad ha prestado a órganos accidentales de una
                        misión trascendental para la sociedad. La majestad de la
                        justicia supone un ejercicio magisterial que demanda una
                        preocupación permanente por comunicarse con el
                        individuo, por mostrarse racional y coherente en la
                        decisión, cuando esta no es comprendida por el
                        destinatario, el epílogo del proceso arroja un saldo de
                        agresión y no el plus pedagógico necesario para
                        legitimar la función ejercida7.

                        Es decir, como lo afirma OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI,

                        El contenido de la motivación no es otro que resolver con
                        razones que se justifiquen sin esfuerzo dialéctico. Debe
                        existir una ponderación jurídica que acompañe el
                        proceso lógico de aplicación normativa, con el
                        sentimiento implícito de hacer justicia que ésta sea
                        perceptible a quien se dirige y, en dimensión, a toda la
                        sociedad.

                        Dicho en otros términos, como lo hace FARELL: la
                        circunstancia de que los jueces deban juzgar de acuerdo
                        con razones excluye también la posibilidad de que ellos
                        decidan con base en la simple expresión de sus
                        preferencias. Los jueces emiten juicios basados en
                        razones, y tratan de alcanzar una “verdad”, entendida en
                        este caso como una buena interpretación del Derecho
                        vigente.”

                        En torno a la ponderación del aspecto fáctico y su
                        incidencia en la aplicación del derecho como factores

            7
             EDGARDO VILLAMIL PORTILLA, Las falencias en la argumentación judicial, XXI
            Congreso colombiano de Derecho Procesal, 2000, pág. 63.


                                                 32
República de Colombia

                                                                         Casación 35620
                                                    GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                        trascendentes de la motivación de la sentencia, debe
                        recordarse que a la fijación del aspecto fáctico se llega a
                        través de la elaboración de juicios de validez y de
                        apreciación de los medios de convicción, orientados
                        éstos últimos por las normas de la experiencia, de la
                        ciencia o de la lógica, o de las reglas que les asignan o
                        niegan un determinado valor. El mandato constitucional
                        impone que la fundamentación de la sentencia debe
                        comprender el correspondiente juicio sobre los
                        elementos probatorios y que el mismo sea expreso y
                        asertivo y no hipotético, toda vez que si el fallo no es
                        explícito o determinante sino que se manifiesta de
                        manera imprecisa, remisa o contradictoria, o se limita a
                        enunciar las pruebas, omitiendo su debida evaluación y
                        discusión y, por ende, el debido mérito persuasivo o
                        conclusivo, necesariamente el acto jurisdiccional es
                        defectuoso en cuanto no es posible su contradicción por
                        parte de los sujetos procesales.

                        Precisados los hechos prosiguen las consecuencias
                        jurídicas, escenario en el que igualmente la
                        fundamentación se constituye en una exigencia de orden
                        constitucional, pues al juez se le impone el deber de
                        expresar sin ambigüedad tanto los argumentos jurídicos
                        de sus conclusiones como la obligación de responder de
                        manera clara, expresa y suficiente los planteamientos
                        presentados por los sujetos procesales.

                        Por consiguiente, una propuesta de nulidad en casación
                        por falta de motivación de la sentencia debe encontrarse
                        vinculada a la insuficiente o nula fundamentación del
                        supuesto fáctico que concluyó probado el juez o de su
                        encuadramiento jurídico, que son los aspectos que
                        estructuran la sustancialidad de la sentencia”8-9.

                        La Sala al ocuparse de las situaciones que pueden
                        conducir a la anulación de la sentencia por falta de
                        motivación, ha identificado cuatro (4), distinguiendo entre
                        (i) ausencia absoluta de motivación, (ii) motivación
                        incompleta o deficiente, (iii) motivación ambivalente o
                        dilógica y (iv) motivación falsa; las tres primeras como
            8
              Corte Suprema de Justicia, Ver, entre otras, casación 14647 del 25 de octubre de
            2001, casación 21044 de 19 de enero de 2005, casación 23186 de 11 de mayo de
            2005.
            9
              Corte Suprema de Justicia, Auto junio 1 de 2006, rad. 25382.


                                                    33
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                        errores in procedendo enjuiciables a través de la causal
                        tercera y la última como vicio de juicio atacable por vía
                        de la causal primera cuerpo segundo.

                        En la primera el fallador no expone las razones de orden
                        probatorio ni los fundamentos jurídicos en los cuales
                        sustenta su decisión; en la segunda, omite analizar uno
                        de los dos aspectos señalados o los motivos aducidos
                        son insuficientes para identificar las causas en las que
                        ella se sustenta; en la tercera las contradicciones que
                        contiene la motivación impiden desentrañar su verdadero
                        sentido o las razones expuestas en ella son contrarias a
                        la determinación finalmente adoptada en la resolutiva; y,
                        en la cuarta la motivación del fallo se aparta
                        abiertamente de la verdad probada.10”.



                   6.2.3. Ninguna de las circunstancias a que hace referencia
            la jurisprudencia nacional ya referenciada concurren en el caso
            puesto a consideración de la Corte, porque en tratándose de un
            fallo de segunda instancia, lo que debe examinarse en relación
            con la motivación es si la providencia dictada por el ad quem es
            suficiente por sí sola para explicar la decisión que finalmente
            tomó frente a las argumentaciones del impugnante, sea que
            confirme, revoque o modifique el proveído revisado.


                   6.2.4. Precisión esta última que se ajusta al caso sub-
            exámine, si se tiene en cuenta que basta con observar la
            sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá para
            establecer que de manera razonada expuso los motivos por los
            cuales consideró que estaban dados los presupuestos para
            confirmar el fallo absolutorio dictado a favor de ROBERTO
            GUERRERO MEDINA frente a la imputación endilgada con


            10
               CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia del 12 de
            diciembre de 2005, radicado 24011.


                                                34
República de Colombia

                                                                       Casación 35620
                                                  GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            ocasión a la denuncia instaurada por ALBERTO VILA MONTOYA,
            así como que no concurrían todas las exigencias previstas en la
            ley para concederles a los que resultaron condenados la
            suspensión condicional de la ejecución de la pena.


                   6.2.5. En efecto, sobre el primer aspecto, aparece
            incuestionable que el ad quem abordó en forma detallada el tema
            medular de la duda a partir de la valoración de la denuncia
            instaurada por VILA MONTOYA y demás acervo probatorio
            allegado al respecto, elementos que le sirvieron para concluir que
            si bien es cierto éste alegó que se había cercenado la escritura en
            cuanto a los 250 millones, y así le hizo eco la Fiscalía, no realizó
            ninguna diligencia probatoria para demostrarlo.


                     “Por el contrario, la escritura que el mismo Vila aportó a la
                     instrucción aparece completa, si bien con extraños
                     cambios de tipo de letra y faltas de continuidad, no se
                     allegó siquiera principio de prueba de que la Oficina de
                     Registro hubiera tenido a su disposición sólo dos páginas
                     de ello, como lo afirma el recurrente, y además eso no era
                     lo trascendental para la Oficina de Registro, pues la
                     constitución de obligación personal -dineros a favor de 5
                     personas- no requiere registro para su prueba ni para su
                     cobro.

                     Por este debate el acusado ROBERTO GUERRERO
                     relató haber pagado 750 millones mediante cinco pagarés
                     de 150 millones a familiares del denunciante, más 360
                     millones. Sin embargo, el apelante anexa el memorial de
                     apelación -aunque no se practican pruebas en segunda
                     instancia- declaraciones extraprocesales de noviembre de
                     2009, del mismo VILA, su señora, dos familiares y un
                     tercero, donde afirman que en su momento recibieron

                                                  35
República de Colombia

                                                                      Casación 35620
                                                 GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                     esos pagarés e hicieron transacciones comerciales con
                     ellos, las que resultaron fallidas porque no fueron
                     pagados por PROMOTORA EL FARO.

                     Esas obligaciones comerciales debieron ser exigidas por
                     sus propias acciones -civiles-, en su tiempo o aún si
                     alguna subsiste, pero no por medio de este proceso
                     penal. No hay ninguna similitud, ni conexidad, ni causa
                     compartida, entre las obligaciones adquiridas con los
                     compradores de derechos del proyecto PROMOTORA
                     EL FARO, con las de VILA MONTOYA S. en C., porque
                     no aparece que se le haya inducido a negociar bajo
                     engaños publicitarios, financieros o de otras índole, y más
                     bien surge que ésta o sus derechohabientes han dejado
                     de ejercer las acciones propias de los títulos con los que
                     han contado”.


                 Por lo anterior, se concluye que el cargo de nulidad por falta
            de motivación en lo que corresponde a lo alegado por el
            apoderado de VILA MONTOYA, debe inadmitirse pues de los
            textos de las consideraciones efectuadas por el ad quem se
            advierte que se plasmaron supuestos de hecho y de derecho y
            desde luego fundamentos serios con los que se cumplió a
            cabalidad el postulado referido.


                   Y, en cuanto al segundo aspecto, esto es, la negativa del
            ad quem a concederles a ROBERTO GUERRERO MEDINA,
            ROBERTO ENRIQUE GUERRERO GUTIÉRREZ DE PIÑERES y
            PABLO ANTONIO VACA MURCIA la suspensión condicional de
            la ejecución de la pena, correrá la misma suerte, porque allí se
            precisó que:


                                                 36
República de Colombia

                                                                       Casación 35620
                                                  GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                   “Para la Sala no se cumple con el requisito subjetivo del
                   artículo 63 de la Ley 599 o 68 del Decreto 100 de 1980, en
                   cuanto a la gravedad y modalidad de la conducta, son
                   indicativos de que la función retributiva de la pena debe
                   ser cumplida a pesar de que el quantum resulte
                   prácticamente irrisorio en comparación con el impacto
                   social causado”.


                   6.2.6. Sobre este último punto, precisa la Sala que del
            estudio del acervo probatorio se concluye que es inadmisible
            suponer que en este evento no se requiere de la privación de la
            libertad de los procesados para que se cumplan los fines de la
            pena, toda vez que el administrador de justicia se encontró frente
            a maniobras engañosas, destinadas a causar grave daño
            patrimonial     a   los    incautos   compradores     de   los   sueños
            vacacionales ofrecidos por las Directivas de PROMOTORA EL
            FARO DE CARTAGENA y su filial CARTAGENA TIME SHARE,
            situación que sin dudas causó un impacto social que solo podrá
            ser menguado con el cumplimiento de la sanción impuesta.


                 6.2.7.     A   lo    anterior   se suma que      en   materia de
            fundamentación de un reproche por falta de motivación de la
            sentencia, no tienen cabida las alegaciones encaminadas a
            oponerse a los argumentos que suministra el fallador porque se
            estiman equivocados, sino que debe demostrarse con precisión
            la carencia absoluta o parcial de contenido o el ambivalente
            razonamiento que le impide a los sujetos procesales explicarse


                                                  37
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            cómo llegó el juez a la conclusión que finalmente expresa en la
            parte resolutiva de la providencia, aspecto que de ninguna
            manera evidencia la Sala, advirtiendo en cambio que se trata de
            una simple inconformidad de los demandantes, según el caso,
            con la valoración probatoria asumida en la sentencia.


                 6.3. Cargo subsidiario


                 Violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de
            la estructuración de errores de hecho por un falso juicio de
            identidad y falsos juicios de existencia.


                 6.3.1. Si bien es cierto el demandante de manera juiciosa se
            esforzó por demostrar, según su parecer, el presunto error de
            hecho derivado de falso juicio de identidad en el exámen de la
            escritura 332 del 30 de diciembre de 2003, también lo es que en
            últimas lo que pretende es fijar su posición frente a la valoración
            probatoria efectuada por los falladores de instancia, porque basta
            con observar las decisiones objeto de queja para establecer que
            de manera razonada se expusieron las circunstancias fácticas
            para impartir fallo absolutorio a favor de ROBERTO GUERRERO
            MEDINA.


                 6.3.2. En efecto, el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá
            frente a la denuncia instaurada por AVILA MONTOYA -
            incumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes al
            suscribir la escritura 332 de diciembre 30 de 1993 y/o
            cercenamiento de ese documento-, señaló que:

                                               38
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                   “…nótese que la inconformidad del denunciante radica en
                   que no le fue cancelado por la Fiduciaria Alianza el monto
                   de 250 millones de pesos a los cuales se había
                   comprometido dentro de la transacción que se había
                   realizado en escritura 332 del 30 de diciembre de 1993,
                   cláusula quinta (5º), señalando que dicha circunstancia fue
                   ocultada por el procesado quien utilizó la escritura para
                   levantar la hipoteca y dejar el bien bajo una nueva Fiducia,
                   reseñando que el documento público fue falseado o
                   cercenado, circunstancia por la cual se siente estafado, sin
                   embargo el Despacho debe aclarar que dentro del proceso
                   nada se dice o se demostró frente a la supuesta falsedad o
                   cercenación de la escritura pública en comento que
                   conllevó a la supuesta defraudación patrimonial alegada
                   por el denunciante y que condujo a la Fiscalía a acusar por
                   el delito de estafa.


                   Es innegable que la Fiscalía atribuyó responsabilidad al
                   encausado por el delito de estafa con base en la supuesta
                   ‘falsificación’ de la escritura pública, sin embargo no se
                   demostró que ello hubiese sido así, tan sólo tuvo en
                   cuenta los dichos del denunciante que así lo señaló,
                   dejando de lado aspectos tales como los dineros que
                   efectivamente fueron cancelados a VILA MONTOYA por
                   parte de su denunciado en cumplimiento a lo pactado
                   precisamente en la escritura pública de la que se dijo fue
                   cercenada -sin que obre prueba de ello-, surgiendo para el
                   Despacho en dichos términos dudas frente a la realidad
                   del acontecer, pues no es lógico que luego de que el
                   denunciado le entregó a su denunciante 750 millones
                   pesos como pago de las obligaciones adquiridas dentro de
                   la escritura en comento, se opté por cercenarla y evadir el
                   pago de 250 millones de pesos, menos aún, cuando dentro
                   del diligenciamiento el denunciado sostuvo que no sólo

                                                39
República de Colombia

                                                                       Casación 35620
                                                  GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                   canceló a VILA MONTOYA el monto de 750 millones de
                   pesos -monto aceptado por el denunciante-, sino que,
                   además, le hizo entrega de 360 millones de pesos más por
                   concepto de las obligaciones adquiridas, señalamiento que
                   no fue controvertido por el supuesto afectado, no contando
                   el Despacho en dichos términos con elementos de juicio
                   certeros que permitan sostener que efectivamente el
                   denunciante fue víctima del delito de estafa”.


                 6.3.4. Criterio que tal como se puso de presente al momento
            de contestar el cargo por la supuesta falta de motivación, fue
            avalado por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, y que desvirtúa
            el presunto yerro de falso juicio de identidad, máxime cuando la
            mera contrastación entre lo que objetivamente referencia el medio
            probatorio con lo que expresamente leyó de él el ad quem, debe
            arrojar incontrastablemente el error -cosa que el demandante no
            logró acreditar-, habida cuenta que el mismo recae sobre lo
            objetivo y no en torno de la evaluación o valoración que dentro de
            la sana crítica cabe al intérprete.


                 6.3.5. De otra parte, precisa la Sala que el recurrente de un
            posible yerro de contemplación probatoria insinuó uno de
            valoración, sin tener en cuenta que esta clase de desaciertos se
            identifican como errores de hecho por falso raciocinio, hipótesis
            en la cual el demandante debe tener en cuenta qué dice de
            manera objetiva el medio de prueba, qué infirió de él el juzgador,
            cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de
            la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue
            desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la
            lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse

                                                  40
República de Colombia

                                                                  Casación 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            en consideración y de qué manera; y, finalmente, demostrar la
            consecuencia del dislate indicando cuál debe ser la apreciación
            correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado
            lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto al impugnado,
            proceder que el demandante se abstuvo de ejecutar.


                 6.3.6. Respeto del error de hecho derivado de falso juicio de
            existencia.


                 El casacionista acierta cuando señala que el Tribunal en la
            sentencia no hizo referencia a algunos documentos que obran en
            el expediente, como la comunicación enviada por la Fiduciaria
            Alianza en la que se dice que por razones ajenas a su voluntad no
            se registró el contrato de fiducia celebrado mediante escritura 332
            del 30 de diciembre de 2003; las escrituras a través de las cuales
            se protocolizó la cancelación de la hipoteca más no la fiducia
            mercantil, la de desenglobe y de constitución de fiducia a favor de
            la Fiduciaria Tolima. Sin embargo, no le asiste razón en cuanto la
            incidencia de tales pruebas en el sentido de justicia declarado en
            la sentencia porque en la providencia impugnada se dio por
            demostrado que HERNANDO BARRERA MEDINA cumplió con
            las obligaciones que adquirió al suscribir la escritura No. 332
            tantas veces referenciada, tanto así que, entregó la suma de $360
            millones y cinco (5) pagarés, los cuales fueron negociados
            oportunamente por sus beneficiarios, solo que después de
            proferido el fallo de primera instancia es que se viene a poner de
            presente, con base en la declaraciones extrajuicio que adjuntó el
            demandante al sustentar el recurso de apelación, que las


                                             41
República de Colombia

                                                                      Casación 35620
                                                 GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            acciones civiles que iniciaron para el cobro de éstos, resultaron
            fallidas porque no fueron pagadas por PROMOTORA EL FARO S.
            A.
                 Colorario de lo expuesto, el cargo será inadmitido.


                 7. La defensora del procesado GERMÁN HUMBERTO NIÑO
            BALLESTEROS, al amparo de la causal segunda y primera del
            artículo 207 de la ley 600 de 2000, formuló cuatro censuras, así:


                 7.1.       Cargo   primero:   incongruencia   entre   los   cargos
            formulados en la resolución de acusación y el fallo.


                 7.1.1. La causal segunda de casación se configura cuando el
            juzgador al dictar la sentencia, desborda el marco fáctico o jurídico
            fijado por la resolución de acusación o su variación (art. 404 cpp),
            como cuando condena por una conducta punible distinta de la que
            fue objeto de acusación, o incluye circunstancias de agravación
            genéricas o específicas no imputadas en el calificatorio, o
            desconoce las atenuantes que allí se reconocieron, o deja de
            considerar uno o varios delitos sobre los que debió pronunciarse,
            o modifica desfavorablemente el grado o la forma de culpabilidad,
            entre otras eventualidades posibles de presentarse.


                 7.1.2. La técnica en la proposición de la incongruencia entre
            la resolución de acusación y la sentencia, demandable en
            casación a través de la casual segunda de la Ley 600 de 2000,
            impone como deber al recurrente precisar en el libelo el vicio en el
            que incurrió el fallo, lo cual ha de hacerse a través de la


                                                 42
República de Colombia

                                                                  Casación 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            confrontación de uno y otro acto procesal (calificación-variación y
            sentencia), para evidenciar si la falta de unidad es con los hechos
            (unidad fáctica) o con la calificación de la conducta punible
            (unidad jurídica), proponiendo la solución que en estos casos
            autoriza la ley (fallo de reemplazo), pues es de la esencia de esta
            causal que quien la alega acepta, sin cuestionamientos, el cargo o
            los cargos formulados, porque a lo que se dirige la denuncia de
            inconsonancia es a que el juzgador respete el marco de la
            acusación regresando la imputación al ámbito por el cual se
            formuló.


                 7.1.3. Ninguna de las anteriores exigencias acreditó la
            demandante, porque si bien se preocupó por enfrentar la
            resolución de acusación con la sentencia de segunda instancia
            con el fin de señalar que GERMÁN HUMBERTO NIÑO
            BALLESTEROS no podía ser condenado por defraudar a las 104
            víctimas reconocidas en el proceso, sino porque estafó a
            PROMOTORA EL FARO DE CARTAGENA, CARTAGENA TIME
            SHARE y a los Directivos de éstas, de la lectura de las
            providencias confrontadas se infiere que el fallador no se apartó
            de la formulación fáctica ni la jurídica imputada para condenarlo
            como coautor del delito de estafa agravada.


                 En efecto, contrario a lo señalado por la libelista,         la
            acusación y la sentencia estuvieron soportadas en los mismos
            presupuestos, esto es, en los vínculos que tenía el procesado con
            FIDUTOLIMA, FINANCIERA ARFIN S.A., CARTAGENA TIME
            SHARE S.A. y PROMOTORA EL FARO DE CARTAGENA S.A.,


                                             43
República de Colombia

                                                                  Casación 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            ésta última a la que asesoró desde 1996, es decir, “tenía acceso
            al estado general de las empresas”, por ende, a los movimientos
            financieros de Cartagena Time Share “última de las cuales era
            socio a través de COLFIN S.A.” y con un “acceso evidente al
            movimiento de las mismas como se observa en el hecho que sin
            haber llegado a ser representante legal de la firma apareciera con
            firmas autorizadas para el giro de cheques contra la cuenta
            abierta a nombre de CARTAGENA TIME SHARE S.A. en el
            Banco Industrial Colombiano”, por ende, a pesar que ninguno de
            los compradores de los bienes turísticos ofrecidos lo señaló
            directamente, acreditado está que en su calidad de asesor del
            proyecto turístico se apropió de dineros en provecho suyo,
            afectando de esta manera el patrimonio de las víctimas, pues, en
            últimas, impidió que se siguiera con el mega proyecto.


                 El conclusión el cargo no puede ser admitido.


                 7.2. Cargo segundo. Acusó al ad quem de incurrir en
            violación indirecta de la ley sustancial, derivada de un error de
            hecho en la apreciación de un medio de prueba, por suposición,
            en el sentido que se equivocó al considerar que existía prueba
            que su defendido se apropió de dineros pertenecientes a
            Promotora El Faro de Cartagena S.A. y Cartagena Time Share.


                 7.2.1. Esta Corporación ha señalado que cuando se plantea
            violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho en la
            apreciación de los elementos de prueba, corresponde al
            demandante precisar innegablemente su modalidad: si de


                                             44
República de Colombia

                                                                            Casación 35620
                                                       GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            existencia por omisión o suposición; de identidad por distorsión
            de su contenido fáctico; o de raciocinio por desconocimiento de
            las reglas de la sana crítica en la determinación de su fuerza
            persuasiva, o en la construcción de las inferencias lógicas, pues,
            si no lo hace, o lo hace de manera ambigua, no podrá
            establecerse si el error ha sido o no cometido.


                  7.2.2. El yerro de hecho en la modalidad cuya incursión
            anunció la demandante, será entendido como el derivado de un
            falso juicio de existencia por suposición, porque conforme al
            principio de no contradicción una cosa no puede ser y no ser al
            mismo tiempo.


                  7.2.3. Hecha la anterior aclaración, la jurisprudencia de esta
            Corporación ha señalado que esa clase de error se presenta
            cuando el juzgador da por existente una prueba que no obra
            materialmente en el proceso, o declara probado un hecho sin
            existir medio probatorio alguno que lo sugiera o demuestre, no
            cuando la prueba existe, y ha sido apreciada por los juzgadores.
            Si esta última circunstancia se presenta, no podrá afirmarse que
            el fallador inventó la prueba11.


                  7.2.4. Situación esta última es la que concurre en el presente
            asunto, toda vez que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá logró
            acreditar que         existen elementos de juicio para señalar que
            GERMAN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS se apropió de


            11
              Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 10 de octubre de 2000,
            radicado 14061.


                                                       45
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            dineros pertenecientes a la Promotora El Faro S.A. y Cartagena
            Time Share S.A., habida cuenta que del estudio del acervo
            probatorio pudo establecer que el contratista FERNANDO
            SANDOVAL ORJUELA, quien clamó justicia, realizó un relato de
            las maniobras por las cuales GERMÁN NIÑO, con su esposa y
            socia de CONSULFIN S.A., aprovechando sus conexiones y
            trayectoria en el mundo financiero, obtuvo de la Financiera ARFIN
            un crédito por 680 millones a nombre de Cartagena Time Share
            con el fin de adelantar obras en la vía de acceso al proyecto, y si
            bien entregó 180 millones al contratista, se guardó para sí el resto.


                 7.2.5. Además, al observar la indagatoria de ENRIQUE
            GUERRERO MEDINA concluyó que éste desenmascaró los
            fraudes realizados por el procesado y su cónyuge, apropiándose
            de cientos de millones de pesos que tenían por destino
            PROMOTORA EL FARO S.A. y confirmó lo percibido por
            SANDOVAL, en el sentido que NIÑO utilizó dineros prestados a
            CARTEGENA TIME SHARE S.A. para comprar para él, acciones
            de ARFIN S.A.


                 Por lo anterior, el cargo se inadmite.


                 7.3. Cargo tercero. Acusó al fallador de segunda instancia de
            incurrir en violación indirecta de la ley sustancial derivado de un
            error de hecho en la apreciación de “casi la totalidad de los
            medios de prueba que obran en el expediente como un todo, por
            tergiversarlo o distorsionarlo”




                                              46
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 La demandante señaló que si se revisa toda la prueba que
            obra en el expediente, se establece que el proceso se ocupó de
            investigar el delito de estafa del que fueron víctimas los que
            adquirieron tiempos compartidos y apartamentos, sus autores
            fueron las Directivas y socios de Promotora El Faro de Cartagena
            S.A., sin que se haya podido concluir cómo su defendido
            presuntamente estafó a los demás procesados y al testigo
            FERNANDO SANDOVAL ORJUELA.


                 7.3.1. Cuando se denuncia la configuración de yerros de
            hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación
            probatoria, el recurrente debe señalar qué en concreto dice el
            medio probatorio, qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se
            tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que
            objetivamente no se establecen de él, y lo más importante, la
            trascendencia del desacierto en la declaración de justicia
            contenida en la parte resolutiva de la sentencia, proceder que la
            libelista se abstuvo de efectuar.


                 7.3.2. A más de las falencias anteriores, la impugnante
            incumplió con el deber de señalar los aspectos que fueron
            omitidos, cercenados o agregados por el Tribunal “en general a
            toda la prueba que obra en el expediente”, para hacerle producir
            efectos que no se infieren de su real contenido.


                 7.3.3. El adecuado ejercicio impugnatorio no se colma
            simplemente con ubicar el yerro, pues ha de cotejar el fallo con el
            material probatorio a fin de evidenciar la incidencia que tuvo en la


                                                47
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            decisión judicial y denotar cómo una adecuada apreciación y
            valoración probatorias llevaría a un fallo sustancialmente distinto,
            deber que la libelista incumple en este caso, motivo por el cual el
            cargo será inadmitido, máxime cuando la Corte no está instituida
            para corregir errores de la demanda.


                 7.4. Cargo cuarto - Subsidiario


                 Violación directa de la ley sustancial “por error de selección o
            indebida aplicación” del artículo 356 del Código Penal, porque
            considera que en el presente asunto no se tuvo en cuenta la
            disposición que verdaderamente corresponde, esto es, el artículo
            358 ibidem.


                 7.4.1. Precisó que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá se
            equivocó al adecuar la conducta en el tipo penal de estafa, toda
            vez que los hechos señalan que éstos se enmarcan en el tipo
            penal de abuso de confianza, si se tiene en cuenta que la
            actuación       adelantada   por   GERMÁN      HUMBERTO         NIÑO
            BALLESTEROS no estuvo orientada a atentar contra el
            patrimonio de los prometientes compradores sino contra las
            sociedades Cartagena Time Share y Promotora El Faro de
            Cartagena, los primeros fueron engañados, los segundos
            entregaron los dineros a sabiendas de que su destino eran
            acciones de ARFIN, es decir, no es que se haya dejado de aplicar
            una norma por desconocimiento sino que se aplica una
            disposición que no corresponde.




                                               48
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 7.4.2. Como la errónea denominación jurídica de la infracción
            constituye una transgresión del debido proceso, lo indicado es
            plantear la irregularidad al amparo de la causal tercera de
            casación, aunque acudiendo para su fundamentación a la lógica
            de la causal primera, pues se trata de un vicio in iudicando, con
            repercusiones en la estructura del proceso.


                 7.4.3. Es necesario, entonces, que el demandante concrete si
            se trata de un error netamente jurídico, que condujo al juzgador a
            efectuar una equivocada adecuación típica del hecho, caso en el
            cual es su deber señalar la razón por la cual es equivocada la
            selección de las normas aplicadas al caso específico, conforme a
            las directrices que regulan la violación directa de la ley sustancial.


                   Pero si se alega que el yerro proviene de la errónea
            apreciación de las pruebas, es su deber determinar si éste se
            produjo por la vía del error de hecho a causa de un falso juicio de
            existencia, identidad o falso raciocinio, o tuvo su origen en los
            errores de derecho por falso juicio de legalidad o de convicción, y
            demostrar su ocurrencia y trascendencia en la decisión atacada.


                   7.4.4. En pleno desconocimiento de estos parámetros, la
            libelista omitió identificar la clase de dislate que atribuye al
            fallador, pues si bien planteó el cargo por violación directa de la
            ley sustancial por indebida aplicación, lo sustentó en un análisis
            subjetivo de los hechos y de algunos elementos probatorios
            allegados al proceso para concluir que en definitiva a su




                                               49
República de Colombia

                                                                  Casación 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            representado se le debió condenar por el delito de abuso de
            confianza y no por el de estafa agravada.

                 7.4.5. Así se deriva de los argumentos que expuso para tratar
            de demostrarle a la Corte que el ad quem erró en la adecuación
            típica, señalando que este último al observar los hechos no vio el
            clarísimo e innegable propósito que para la entrega de la cartera a
            redescontar tenían los procesados, que no fue otro distinto de
            apropiarse de la Financiera ARFIN S.A. mediante la compra de
            acciones, con la promesa de que se les devolvería al tomarse la
            mayoría accionaria en la entidad y contar, por tanto, con una
            financiera propia que en el futuro soportaría el proyecto sin
            ninguna limitación, en tales condiciones, considera que GERMAN
            HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS jamás engañó a las personas
            afectadas -socios y al contratista Fernando Sandoval-, porque
            “mirados objetivamente los hechos” se tiene que desde el
            comienzo los hizo conocedores de los destinos que tendrían los
            dineros.


                 7.4.6. Aunque lo precedente es suficiente para desestimar el
            cargo, es del caso advertir, sin embargo, que contrario a la
            pretensión de la actora, la Sala Penal del Tribunal Superior de
            Bogotá al valorar en conjunto los elementos de prueba acopiados
            dedujo, como en igual sentido lo hizo el juez de primera instancia,
            certeza sobre el delito investigado -estafa agravada-, en concreto
            frente a las artimañas y argucias por parte del procesado de no
            solo apropiarse de dineros de la sociedad Cartagena Time Share,
            sino ocultar los estados financieros de Corporación El Faro de



                                             50
República de Colombia

                                                                          Casación 35620
                                                     GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            Cartagena -no puede olvidarse que era su asesor en finanzas,
            tanto así que adelantó en su nombre un sin número de créditos a
            nombre de esta última-, con el fin de hacer incurrir a los
            interesados en la compra de los diferentes productos que se
            ofrecían        en   el   desarrollo    del   proyecto   turístico,    además
            demostrado quedó, tal como lo puso de presente el juzgador a
            quo, sin que se hubiera dado inicio a las obras de construcción el
            acusado optó por negociar los pagarés suscritos por los
            prometientes compradores, todo con el ánimo de lucrarse de los
            mismos, a pesar que dada su condición de asesor de Promotora
            El Faro de Cartagena “sabía que lo prometido a las víctimas no se
            llevaría a cabalidad por insuficiencia dineraria”.


                 7.4.7. En relación con estas valoraciones y aquellas que se
            ocuparon de los principios de tipicidad, antijuridicidad y
            responsabilidad del acusado en la conducta investigada, la
            demandante no atinó a demostrar el error de juicio en la
            aplicación de la norma sustancial supuestamente transgredida y,
            de paso desconoció los hechos demostrados y la valoración
            probatoria que derivó el tipo penal imputado.


                 Por lo anterior, el cargo se inadmitirá.


                 8. Demandas presentadas a nombre de los procesados
            ROBERTO              GUERRERO          MEDINA,     ROBERTO            ENRIQUE
            GUERRERO GUTÍERREZ DE PIÑERES y PABLO ANTONIO
            VACA MURCIA, las que por ser similares en sus aspectos de
            fondo y forma, se analizarán en conjunto.


                                                     51
República de Colombia

                                                                    Casación 35620
                                               GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                 8.1. Cargo principal: Los defensores alegaron violación
            indirecta de la ley sustancial derivada de errores de hecho por
            falso raciocinio y falso juicio de existencia.


                 8.1.1. Falso raciocinio.


                   Cuando el actor invoca un error de hecho por falso
            raciocinio, compete al demandante indicar qué dice de manera
            objetiva el medio probatorio, qué se infirió de él en la sentencia
            atacada, cuál fue el mérito persuasivo otorgado, determinar el
            postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia cuyo
            contenido fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar la
            proposición lógica, la regla científica, o el supuesto de experiencia
            que debió considerarse, identificar la norma de derecho sustancial
            que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada, y
            finalmente, demostrar la trascendencia del error expresando con
            claridad cuál debe ser la correcta inferencia de la prueba, con la
            indeclinable obligación de acreditar que la enmienda del yerro
            daría lugar a un fallo esencialmente diverso y opuesto al
            ameritado.


                   8.1.2. En el asunto objeto de estudio evidencia la Sala sin
            dificultad que los defensores presentaron el cargo sin sujeción a
            las obligaciones anotadas, porque se limitaron a citar lo dicho por
            el Tribunal y criticar las aseveraciones que plasmó en el fallo, sin
            hacer mención alguna al postulado lógico, la ley científica o la




                                               52
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            máxima de experiencia cuyo contenido fue desconocido en la
            sentencia.
                   8.1.3. Pero no sólo olvidaron los actores que cuando de
            falso raciocinio se trata resulta imperativo indicar la proposición
            lógica, la regla científica o el supuesto de experiencia que debió
            considerarse, sino que dejaron de explicar y demostrar la
            trascendencia del error expresando con claridad cuál debía ser la
            correcta inferencia de la prueba.


                   8.1.4. Como la discusión que se plantea en las demandas
            tiene que ver con el material probatorio acopiado para demostrar
            la responsabilidad de los procesados, la Sala resalta que el
            mismo tiene coherencia interna y externa, su fuente es imparcial y
            reúne todos los requisitos de legalidad exigidos.


                   Con las pruebas analizadas por el Tribunal concluyó que la
            actuación de los procesados es constitutiva de acto engañoso que
            llevó a los compradores a realizar el negocio jurídico, inducidos en
            error sobre el real estado del bien objeto del contrato,
            configurándose así delito de estafa, toda vez que ocultaron a los
            denunciantes que no contaban con los permisos legales exigidos
            para el desarrollo y construcción del proyecto El Faro de
            Cartagena, ni la capacidad económica al momento de celebrar
            las promesas de compraventa. La principal demostración de que
            los acusados incurrieron en artimañas y engaños para atraer a los
            incautos adquirentes de productos y servicios del mega proyecto
            turístico está




                                                53
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                   En que muy tempranamente, el 23 de noviembre de 1995, la
                   autoridad nacional de Colombia, Ministerio de Comercio
                   Exterior, al avaluar la solicitud de declaración de Zona
                   Franca para el proyecto El Faro (Fol.. 211 y ss, c.2),
                   desnudó todas sus falencias, insuficiencias, debilidades,
                   ineptitudes e ilusiones, y no dejó a duda:

                   ‘…la oficina jurídica analizó, estudió y evaluó….encontrando
                   inconsistencias y fallas legales…
                   I- Inconsistencias y fallas jurídicas:…
                   II- Inconsistencias y fallas de carácter técnico:…
                   III- Inconsistencias y fallas de mercadeo:…
                   3. …no se encuentran definidos cuáles con los
                   compromisos del usuario operador frente al inversionista y
                   cuáles con los beneficios que obtiene el comprador o
                   inversionista… no se encuentran definidos los beneficios
                   que recibe el comprador o inversionista de las ofertas del
                   hotel, de las villas, de los bungaloes y de las
                   ‘membrecías’… no existe una oferta clara y precisa para los
                   potenciales inversionistas…
                   IV- Inconsistencia y fallas financieras:
                   …
                   El estado de Pérdida y Ganancias presentado no es
                   satisfactorio…’ (sic)

                   Su lectura completa es todavía más impactante.

                   Si en esa fecha la autoridad les había hecho un diagnóstico
                   tan descarnado, no puede pretender ninguno de los
                   acusados no haber realizado las ventas, obtención de
                   créditos, maniobras financieras, etc, sin el pleno
                   conocimiento de la inviabilidad -en estas condiciones y
                   dimensiones- del proyecto.

                   Por el contrario ampliaron y profundizaron la debacle a
                   costa de los recursos ajenos, de quienes con derecho a la
                   buena fe se los seguían confiando…

                   Las fiducias constituidas tardíamente permitieron que más
                   personas confiaran sus recursos al proyecto que ellos
                   sabían inviable -en esas condiciones y dimensiones-; es
                   decir, sirvieron de mecanismo engañoso para que se
                   ampliara el número de víctimas. La decisión unilateralmente
                   aparentemente (isc) conveniente para los compradores no
                   les dio garantía para sus recursos, sino para su pérdida.


                                                54
República de Colombia

                                                                           Casación 35620
                                                      GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                   (…)

                   Es importante ratificar que la viabilidad no depende de lo
                   que el proyectista quiere o sueña, sino de lo que arrojan las
                   cifras de un estudio financiero. Si el capitán -GUERRERO
                   MEDINA- y su familia no eran expertos en finanzas, antes
                   de recibir dineros ajenos debieron contratar la asesoría
                   capacitada y responsable, so riesgo de incurrir en engaño a
                   sus clientes mediante maniobras que sólo a ellos
                   tranquilizaban.


                   8.1.5. Olvidaron los demandantes que la sana crítica o
            persuasión racional es el sistema de valoración probatoria
            adoptado por el legislador colombiano de 200412, método que no
            ha sido extraño a las codificaciones precedentes porque, por
            ejemplo, los Códigos de Procedimiento Penal de 1991 y 2000 lo
            recogieron en sus artículos 254 y 238, respectivamente, y el
            estatuto procesal civil que desde 1971 lo consagró en su artículo
            187.


                   La Sala ha dicho que


                   La sana crítica impone al funcionario judicial valorar la
                   prueba contrastándola con los restantes medios, y teniendo
                   en cuenta la naturaleza del objeto percibido, el estado de
                   sanidad de los sentidos con los que se tuvo la percepción,
                   las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se
                   percibió y las singularidades que puedan incidir en el
                   alcance de la prueba examinada.

                   El examen probatorio, individual y de conjunto, además de
                   los criterios señalados, acude a los supuestos lógicos, no
                   contrarios con la ciencia, la técnica ni con las reglas de la
                   experiencia, para inferir la solución jurídica que la situación
                   examinada amerita.

            12
             Véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación, 30 de
            marzo de 2006, radicación 24468.


                                                      55
República de Colombia

                                                                           Casación 35620
                                                      GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                   En consecuencia, el razonamiento para determinar en un
                   proceso penal si un hecho dado ocurrió o no (facticidad), y,
                   en la primer eventualidad, las posibilidades en que se
                   ejecutó, solo puede apoyarse en premisas argumentativas
                   que apliquen las reglas de la sana crítica, en los términos
                   que vienen de explicarse, no a través de la personal o
                   subjetiva forma de ver cada sujeto la realidad procesal
                   examinada13.


                   8.1.6. Las pruebas atacadas por los censores, junto con el
            resto de material examinado para la toma de sus decisiones por
            las instancias, indican que se acertó al considerar que los
            acusados realizaron actos ejecutivos que materializaron el delito
            imputado, porque los jueces de instancia de manera razonable
            dieron por demostrado que la conducta ejecutada por los
            procesados llevaron a la producción de los resultados lesivos a
            los bienes jurídicos del patrimonio económico de las víctimas.



                 8.2. Falso juicio de existencia.


                 Los demandantes acusaron al ad quem de incurrir en error
            de hecho derivado de falso juicio de existencia al omitir valorar los
            documentos que aportó ROBERTO GUERRERO MEDINA en la
            indagatoria, así como las diligencias y contratos que celebró con
            empresas        internacionales         encaminadas          a    garantizar       el
            megaproyecto turístico, acusación que no tiene ninguna vocación
            de prosperidad porque:



            13
              Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación, 25 de mayo
            de 2005, radicación 21068.


                                                      56
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



                 8.2.1. El error de hecho en la modalidad de falso juicio de
            existencia por omisiones valorativas, cuya incursión enunciaron
            los demandantes, en aras de proyectarse como un juicio lógico-
            jurídico contundente con la potencialidad de romper en forma total
            o parcial lo sustancialmente decidido, comporta una singular
            metodología:


                 (i).- Exige que el censor señale la existencia material del
            medio de prueba de que se trate, sean estos individuales o
            plurales.


                 (ii) Implica que el casacionista en el libelo se detenga en
            objetivar los contenidos, es decir, en identificar de manera puntual
            las expresiones contraídas en los mismos, desde luego, referidas
            a los aspectos sustanciales objeto de discusión que no fueron
            apreciados por los juzgadores.


                 (iii).- Además se hace necesario que el impugnante a partir
            de esos referentes probatorios dejados de valorar en forma total
            más no fragmentada, pues no hay falsos juicios de existencia por
            omisiones parciales, demuestre la trascendencia del yerro, de
            modo que sin su influjo se constate que el fallo se habría
            producido de manera diferente.


                 (iv).- La impugnación no puede elevarse de manera solitaria
            y apenas enunciativa como en efecto se hizo en las demandas,
            sino que además corresponde relacionarla con los otros medios
            de convicción para el caso en concreto sí valorados, incluidos los


                                              57
República de Colombia

                                                                   Casación 35620
                                              GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            juicios de inferencia indiciarios realizados, demostrando en vía de
            la concreción que con la prueba dejada de valorar al haberse
            integrado a los restantes medios de prueba, la sentencia no se
            sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como podrían
            ser los de exclusión de la adecuación típica, de las formas de
            participación (modalidades autoría o de participación), ausencia
            de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad
            atribuidas, etc., aspectos que harán parte de las indebidas
            aplicaciones de la ley sustancial de que se trate y además
            identificar las faltas de aplicación de normativas llamadas en
            forma legal y constitucional a regular el caso, aspectos de los
            cuales no se ocupó el demandante.


                 8.2.2. Si bien es cierto los juzgadores de instancia para
            condenar a los procesados como coautores del delito de estafa
            agravada, no individualizaron cada uno de los elementos a que
            hacen referencia los demandantes, si fueron claros en precisar
            que con las actividades que desplegaron los acusados se
            acreditó el ardid o engaño frente a la relación contractual, porque
            con ellas lograron evidenciar el despliegue de maquinaciones
            fraudulentas previas y posteriores que indujeron en error a los
            denunciantes para que entregaran parte del precio acordado,
            estructurándose de esta manera los elementos de la conducta
            punible de estafa en el orden lógico previsto en la ley.


                 Así pues, al no estar acreditado la concurrencia de los yerros
            alegados, las demandas serán inadmitidas.




                                              58
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                 9. Demanda presentada a nombre de GLORIA PAZOS MERA
            y/o Inversiones Gloria & Cía. S. en C., SANDRA GUZMÁN y Caro &
            Compañía - Agropiscícola La Carolina S. en C..


                 9.1. En el cargo único, el actor acusó la sentencia de
            segunda instancia por violación indirecta de la ley sustancial
            derivada de error de hecho por falso juicio de existencia.


                 9.2. El libelista estimó que al resultar víctimas del delito
            imputado a los procesados, lo procedente era que se ordenara la
            cancelación de títulos para que las cosas volvieran a su estado
            inicial, máxime cuando en el expediente obran las escrituras y los
            certificados de tradición a través de los cuales se acreditó que
            adelantaron varios negocios jurídicos con los acusados, sin que
            hubieran obtenido ninguno de los beneficios que ofreció la
            Promotora El Faro de Cartagena.


                 9.3. A más que no acató las exigencias a que se hizo
            referencia cuando se analizó esta clase de censura en las
            demandas        presentadas   por   los   procesados    GUERRERO
            MEDINA, GUERRERO GUTIÉRREZ DE PIÑERES y VACA
            MURCIA, el actor se limitó a oponer su personal criterio frente a
            lo señalado por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, pues
            contrario a lo señalado por el demandante el ad quem sí tuvo en
            cuenta el material probatorio existente -escrituras y certificados
            de libertad- sólo que consideró que no era posible acceder a las
            pretensiones del recurrente, efecto para el cual señaló que los
            títulos no fueron obtenidos ilegalmente ni mediante una falsedad

                                                59
República de Colombia

                                                                      Casación 35620
                                                 GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia



            y menos a través de contrato ilícito, sólo que posteriormente se
            tuvo conocimiento de una estafa, además concurría una cadena
            de negocios jurídicos válidos y legales, con la intervención de
            terceros de buena fe a quienes no les podía despojar de sus
            derechos sin un debido proceso.


                 9.4. En tratándose de esta clase de yerro, esto es, de los
            errores de hecho por falso juicio de existencia, para el caso por
            omisión o ignoración probatoria, corresponde al casacionista no
            quedarse -como aquí ha ocurrido- en meros enunciados
            pregonando genéricamente que los juzgadores desconocieron
            cierto material probatorio, sino que por el contrario se torna
            obligatorio adentrarse y demostrar la incidencia de dicho error
            en las dispositivas de lo fallado.


                 Uno de los principios regentes de la casación penal es el de
            trascendencia, el cual siempre y cualquiera fuere la causal
            elegida, obliga al censor a desarrollar no un alegato sin medida,
            sino a ocuparse en la elaboración de un verdadero juicio lógico-
            jurídico concluyente, demostrando los errores en los que se ha
            incurrido en la sentencia impugnada, enjuiciamiento desde
            luego discursivo que no es de libre formulación, pues en sus
            desarrollos y fundamentos debe abstenerse de plasmar sus
            particulares criterios de apreciación de los hechos o de las
            pruebas como si fuera un memorial de instancia en ligera
            contraposición a como se hiciera por el Tribunal, pues de forma
            reiterada se ha dicho por esta Sala que la casación penal no es
            una tercera instancia.



                                                 60
República de Colombia

                                                                  Casación 35620
                                             GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                 9.5. Reiterados han sido los pronunciamientos de la Corte
            en los cuales se ha adoptado el rechazo de aquellas demandas
            en las que se materialice la actitud del censor en efectuar
            cuestionamientos desde su personal visión a la razonada
            valoración de los hechos y de las pruebas realizada por el
            juzgador de segundo grado, toda vez que en esas condiciones
            la demanda se proyecta carente de las exigencias formales y
            sustanciales de que trata el artículo 213 del Código de
            Procedimiento Penal, pues en lugar de evidenciarse un debate a
            la constitucionalidad o legalidad de la sentencia objeto de
            impugnación, se estaría dando espacio a una tercera instancia
            que no es posible, como quiera que en esta sede extraordinaria
            el fallo de segunda instancia llega amparado por el principio de
            presunción de legalidad y acierto, y su resquebrajamiento sólo
            resulta posible en la medida que el recurrente formule, objetive y
            demuestre que el fallador incurrió en errores de juicio, de
            estructura o de garantía.


                   10. Como la Corte no puede suplir las deficiencias ni
            corregir las imprecisiones de las demandas, se impone su
            inadmisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 221
            y 213 del Código de Procedimiento Penal, además que no
            encuentra violación de garantías que ameriten protección
            oficiosa.


                   En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la
            Corte Suprema de Justicia,



                                             61
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




                                         RESUELVE:


                   Primero:    NO   ADMITIR        las   demandas     de   casación
            presentadas por los defensores de ROBERTO GUERRERO
            MEDINA, ROBERTO ENRIQUE GUERRERO GUTIÉRREZ DE
            PIÑERES,        PABLO   ANTONIO        VACA      MURCIA   y    GERMÁN
            HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS, y los apoderados de ALBERTO
            ÁVILA MONTOYA, GLORIA PAZOS MERA y/o Inversiones Gloria &
            Cía. S. en C., SANDRA RODRÍGUEZ GUZMÁN y Caro & Compañía
            - Agropiscícola La Carolina S. en C.


                   Segundo: ADVERTIR que contra la presente decisión no
            procede recurso alguno.


                               Cópiese, notifíquese y cúmplase




                                       JAVIER ZAPATA ORTIZ




            JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ          FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO




            SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ                           ALFREDO GÓMEZ QUINTERO



                                                62
República de Colombia

                                                                     Casación 35620
                                                GERMÁN HUMBERTO NIÑO BALLESTEROS.



Corte Suprema de Justicia




            MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS               AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN




            JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS                 JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA




                                          TERESA RUIZ NÚÑEZ
                                              Secretaria.




                                                63

								
To top