TEDF JLI 022 2004

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					                         JUICIO     PARA     DIRIMIR
                         DIFERENCIAS O CONFLICTOS
                         LABORALES     ENTRE      EL
                         INSTITUTO ELECTORAL DEL
                         DISTRITO FEDERAL Y SUS
                         SERVIDORES.

                         CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA
                         DE AMPARO DIRECTO.

                         EXPEDIENTE: TEDF-JLI-022/2004.
                         ACTOR:   DIÑO    VELÁZQUEZ
                         HERRERA.

                         DEMANDADO:               INSTITUTO
                         ELECTORAL  DEL            DISTRITO
                         FEDERAL.

                         MAGISTRADO PONENTE:
                         RODOLFO         TERRAZAS
                         SALGADO.

                         SECRETARIO    DE    ESTUDIO
                         CUENTA: RAÚL ARIAS TREJO.




México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo del dos mil

cinco.




VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente

número TEDF-JLI-022/2004, formado con motivo de la

demanda promovida por el ciudadano

  *****en contra del Instituto Electoral del Distrito Federal,

del que reclama la revocación del oficio número SECG-
1EDF/809/04, del ocio de junio del año en curso, suscrito por

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito

Federal, así como fa reinstalación en el cargo que venía

desempeñando, y el pago de diversas prestaciones de índole

laboral; y en cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por

el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo

del Primer Circuito en los Juicios de Amparo Directos

números DT.-2011/2005 y 2031/2005, promovidos por el

instituto Electoral local y el ciudadano

********** respectivamente, en contra de la sentencia

pronunciada     por éste      Cuerpo Colegiado el quince de

diciembre del dos mil cuatro; y de conformidad con el

apartado siguiente de




                  RESULTANDOS:



1.- El ocho de junio del dos mil cuatro, el Secretario Ejecutivo

del Instituto Electoral del Distrito Federal, suscribió oficio

número SECG-IEDF/809/04, mediante: el cual comunicó al

demandante      la terminación de su nombramiento como

Asesor adscrito a la Presidencia del Consejo General del

Órgano electoral administrativo, el cual dice a la letra:
             "LIC._ .
             ASESOR DE LA PRESIDENCIA DEL
             CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
             ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
             PRESENTE
       En términos de las facultades conferidas en el
       artículo 74 (sic) incisos a) y f) del Código Electoral
       del     Distrito Federal y con fundamento en lo
       dispuesto en el artículo 123 Apartado "B", fracción
       XIV de la Constitución Política de los Estados
       Unidos Mexicanos; 13 del Estatuto de Gobierno del
       Distrito Federal; 133 (sic) primer párrafo del Código
       Electoral del Distrito Federal y 5o (sic) fracción II
       (sic) inciso h) dé la Ley Federal de los Trabajadores
       al Servicio del Estado de aplicación supletoria, se le
       comunica, la terminación de su nombramiento y
       funciones de confianza de Asesor que hasta esta
       fecha ha venido desempeñando, adscrito a la
       Presidencia del Consejo General de este Instituto,
       con efectos a partir del nueve de junio del año en
       curso, por lo que a las 17:00 horas de dicha fecha,
       beberá efectuar la entrega- recepción de las
       funciones y actividades desempeñadas, así como
       de la documentación, bienes y recursos a su cargo,
       con la asistencia de la Contraloría Interna de este
       instituto,     elaborando el acta entrega-recepción
       correspondiente.
       Lo anterior toda vez que las funciones de asesor
       que a la fecha ha venido              desempeñando
       encuadran en los supuestos de los artículos citados
       con antelación por lo que en consecuencia no
       goza de la estabilidad en el empleo, y tiene sólo
       derecho a la protección al salario y a los beneficios
       de la seguridad social, mismos que le han sido
       cubiertos en su oportunidad, y para el caso de
       aquellas prestaciones o salarios devengados no
       cubiertos a esa fecha se procederá a su respectivo
       pago.


       Sin otro particular, le envío un cordial saludo."




2.- Mediante escrito del veintitrés de junio del presente año,

recibido a las catorce horas con doce minutos de la misma

fecha, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el ciudadano

******************************promovió   demanda     laboral   en
contra        del      Instituto      Electoral      del       Distrito

Federal, argumentando lo siguiente:

         *************** ************************por mi propio
         derecho, señalando como domicilió para oír y
         recibir     toda       clase      de      notificaciones
         (sic)****************************************************
         *****************************************************; de
         autorizando para el mismo fin, así como para
         recocer        documentos           a       los      Lic.
         (sic)****************************************************
         ******************************* con el debido respeto
         comparezco para exponer:

         Que por medio del presente escrito vengo a
         demandar al Instituto Electoral del Distrito
         Federal,            (sic)     con      domicilio      en
         *********************************************************
         *********************************************************
         *********************************************************
         titular de la relación laboral motivo de la presente
         demanda as siguientes prestaciones:

         a) La reinstalación del suscrito en el trabajo,
         puesto y condiciones que he venido desarrollando
         hasta la fecha del injustificado despido del que he
         sido víctima;

         b) Los salarios devengados y no cobrados a los
         que tengo derecho;

         c) El pago de los salarios caídos contados desde
         que se efectuó el injustificado despido hasta que
         se cumpla la resolución de este H. Órgano
         Jurisdiccional, así como los incrementos que
         otorgue la demandada a sus trabajadores;

         d) El pago del aguinaldo, de la prima de
         vacaciones, de la prima de antigüedad, de las
         vacaciones; de una hora extra diaria desde la
         iniciación de mi relación laboral, hasta el
         cumplimiento de la resolución de ese H. Órgano
         (sic);
         e) El otorgamiento de los vales de despensa que
         se me deben, así como los que mensualmente se
         generen     y los que anualmente otorga la
         demanda a sus trabajadores, desde que se
         efectuó el injustificado despido hasta que se
cumpla la resolución       de   ese    H.   Órgano
Jurisdiccional;

f) El pago de las aportaciones que legalmente
corresponden al titular demandado por concepto
de aportaciones al ISSSTE, al FOVISSSTE, al
Fondo de Ahorro para el Retiro, al Fondo de
Separación Individualizada que con tal efecto se
ha constituido en forma bipartita, y el seguro
adicional de gastos médicos constituido para el
personal de la titular demandada; (sic)

Para el cálculo de las prestaciones solicitadas se
deberá tomar como; base el salarió diario
integrado para efectos de cotización al ISSSTE,
adicionado con una hora extra diaria, tal y como
se señala en adelante: (sic)

    Baso la presente demandaren los siguientes:

                      HECHOS
I. Con fecha primero de marzo del año dos mil,
comencé a prestar mis labores en el Instituto
Electoral del Distrito Federal, desempeñando las
siguientes funciones: La (sic) elaboración de los
resúmenes de las resoluciones en materias
laboral y electoral emitidas por este H. Tribunal
Electoral del Distrito Federal; La (sic) Elaboración
(sic) de los proyectos de contratos y convenios
suscritos por el Consejero Presidente a nombre
del Instituto Electoral del Distrito Federal, con
otros órganos del a (sic) Administración Pública,
así como con diversas personas físicas y
morales; el análisis de ; diversas disposiciones
legales, así como de su aplicación y criterios por
parte de los órganos jurisdiccionales y
administrativos; Concurrir, (sic) a las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias de las Comisiones
Permanentes - de la             demandada - de
Asociaciones Políticas y de Fiscalización, así
como a las Sesiones del Comité de
Radiodifusión,      elaborando      los     informes
respectivos sobre los asuntos tratados en dichos
órganos.
II.Formalmente mi adscripción ha sido catalogada
como de confianza, sin embargo por la naturaleza
del puesto desempeñado, así como por que no
soy personal considerado dentro del servicio
profesional de carrera, me encuentro dentro de la
situación prevista por la siguiente tesis (sic)
Jurisprudencial:
Octava Época (sic)
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO (sic)
Fuente: Apéndice de 1995 (sic)
Tomo: Tomo (sic) V, Parte TCC (sic)
Tesis: 996 (sic)
Página: 672 (sic)


TRABAJADORES            DE    CONFIANZA        AL
SERVICIO DEL ESTADO. DETERMINACIÓN
(sic) EL CARÁCTER (sic) DE. La denominación
que de confianza recibe-una plaza regulada por la
Ley Federal de los Trabajadoras al Servicio del
Estado, no la hace tener tal carácter, pues es la
actividad desarrollada por el trabajador lo que la
determina por lo tanto, el señalamiento que hace
el artículo 5o. de dicho ordenamiento legal, debe
corresponder plenamente a todos aquellos
trabajadoras que guardan las condiciones ahí
precisadas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DE TRABJAO DEL PRIMER CIRCUITO.

Octava Época (sic): (sic)
Amparo directo 161/88.Rafael Alcino Reyes. 26
de agosto de 1988. Unanimidad de votos.

Amparo directo 1020/92. Adulfo Pola Simuta. 21
de octubre de 1992. Unanimidad de votos.
Amparo directo 1077/92. Ana Rosa Peña. 11 de
noviembre de 1992. Unanimidad de votos.
Amparo directo 1110/92. Antonio García León. 6
de enero de 1993. Unanimidad de votos.
Amparo directo 798/93. Director del Instituto de
Seguridad: y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. 29 de octubre de 1993.
Unanimidad de votos.
NOTA:
Tesis l. 4'. T.J/21, Gaceta número 86-2, Pág.37;
véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la
Federación, tomo XV-II Febrero, Pág. 174.
Octava Época (sic)
Instancia: -SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO (sic)
Fuente: Apéndice de 1995 (sic)
Tomo: Tomo (sic) V, Parte TCC (sic)
Tesis: 962 (sic)
Página: 669 (sic)

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE CONFIANZA. ESTE CARÁCTER (sic) NO SE
DETERMINA POR LA DENOMIACION (sic) QUE
DEL      PUESTO        SE     HAGA       EN    EL
NOMBRAMIENTO RESPECTIVO. La condición
de empleado de confianza no se determina por la
denominación que a un puesto se le dé en el
nombramiento respectivo, sino por la naturaleza
de la función desempeñada o de las labores que
se le encomiéndenlas que deben estar dentro de
las que se enumeran como de confianza por el
artículo 5°. de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.


SEGUNDO      TRIBUNAL     COLEGIADO EN
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
Octava Época (sic): (sic)

Amparo directo 8542/89. Enrique Valenzuela
Alonso. 7 de marzo de 1990. Unanimidad de
votos.
Amparo directo 5692/90. instituto Mexicano del
Seguro Social. 11 de septiembre de 1990.
Unanimidad de votos.

Amparo directo 9312/92. Adriana Orozco López.
9 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos.
 Amparo directo: 9782/92. Cariño delgadillo
Martínez. 9 de octubre de 1992. Unanimidad de
votos.
Amparo directo 4552/94. Secretario de Hacienda
y Crédito Público. 27 de mayo de 1994.
Unanimidad de votos.
NOTA:
Tesis I. 2o. T.J/25, Gaceta número 80, Pág.41,
véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la
Federación, tomo XIV-Agosto, Pág.544.
Novena Época (sic)
instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO (sic)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta (sic)
Tomo: IX, Abril de 1999
Tesis: II. T.40 L (sic) Página: 5f 3 (sic);
CONFIANZA, TRABAJADORES DE. NO ES
VÁLIDO ATRIBUIR ESE CARÁCTER POR
ANALOGÍA. El artículo 5°. del Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los
Municipios y de los Organismos Coordinados y
Descentralizados de Carácter Estatal, es limitativa
en cuanto a los funcionarios considerados como
de confianza, dentro de cada nivel de gobierno,
es decir, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
asimismo, de los            Ayuntamientos; por
consiguiente, únicamente los empleados ahí
señalados, tienen tal categoría, sin que el propio
ordenamiento autorice la aplicación análoga de
las diversas fracciones de ese numeral.
TRIBUNAL     COLEGIADO.   EN MATERIA
DE TRABAJO. DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Octava Época (sic): (sic)
Amparo directo 920/98. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 27 de
octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente:
Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Lidia López
Villa.
Amparo Directo 667/98. Moisés Octavio Reyes
Morales. 27 de agosto de 1998. Unanimidad de
votos.       Ponente: Fernando Narváez Barker.
Secretario. Nicolás Castillo Martínez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998,
página 558, tesis (sic) 2a ./J.30/98, de rubro
"TRABAJADORES          DE CONFIANZA AL
SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS
Y    DE   LOS     ORGANISMOS        PÚBLICOS
COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE
CARÁCTER ESTATAL DEL ESTADO DE
MÉXICO. PARA DETERMINAR SU CALIDAD NO
ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.".
NOTA: Esta tesis fue publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo (sic) VIII, octubre de 1998, página
1122; por instrucciones del Tribunal Colegiado se
publica nuevamente con las modificaciones que
ordena.
Novena Época (sic)
Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DEL TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO (sic)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta (sic)
Torno: VIII, Octubre de 1998 (sic)
Tesis: II. T.23 L (sic)
Página: 1121 (sic)

CONFIANZA, TRABAJADORES DE. NO ES
DABLE ATRIBUIR ESE CARÁCTER POR
ANALOGÍA. Si los puestos de los trabajadores,
no están ubicados en la fracción IV del numeral
5o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio del Estado, no pueden considerarse
como de confianza y tampoco es dable ubicarlos,
analógicamente, en la fracción II del mismo
artículo. Pues se refiere a quienes prestan sus
servicios en el Poder Ejecutivo, no así cuando
dichos empleados laboran al servicio de un
Municipio.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL
TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 459/98. Ángel Torres Anzures. 23
de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente:
Salvador Bravo Gómez. Secretario: Willy Earl
Vega Ramírez.

III.- En tal sentido desempeñé un horario de las
9:00 a las 18:00 diarias de lunes a viernes, con
una interrupción de; una hora para comer, tiempo
en el cual no podía salir del centro de trabajo, por
lo que resulta; que se me adeuda una hora extra
diaria durante todo el tiempo de servicios
prestados, misma que deberá computarse en
forma legal;
IV.-Sin justificación alguna con fecha 8 de junio
de 2004 de forma totalmente ilegal y arbitraria se
me notificó el injustificado despido que se
demanda, y adicionalmente se me ha impedido la
entrada al centro de trabajo referido, sin que al
efecto se hayan agotado los procedimientos que
establece la Ley (sic);
V.- Desde la fecha del injustificado despido se me
han dejado de pagar todas las prestaciones
económicas solicitadas, lo cual es totalmente
ilegal;
VI.- Por ello es procedente esta demanda, toda
vez que a pesar de las numerosas gestiones
Extrajudiciales que he realizado, no he sido
reinstalado.

El despido referido me causa los siguientes:

                   AGRAVIOS
1.- Se ha violado en mi contra lo mandado por el
artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en relación con los
artículos 123 de la Propia (sic) Carta Magna, y 1o,
del Código Electoral del Distrito Federal, puesto
que se pretende privarme de mis derechos sin
procedimiento alguno seguido conforme a la ley,
por lo que es totalmente nulo; (sic)
2.- De la misma manera se viola, lo mandado por
el artículo 16 de la misma Constitución Federal al
causárseme actos de molestia Sin mandamiento
expreso de autoridad competente debidamente
fundado y motivado, ya que en caso concreto el
funcionario que signa el injustificado despido
carece del facultadas para el efecto, como se
desprenda de la simple lectura del artículo 74 del
Código Electoral del Distrito Federal que a
continuación se copia: (sic)
Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
a) Representar legalmente al Instituto Electoral
del Distrito Federal y otorgar poderes a nombre
del Instituto para actos de dominio, de
administración y para ser representado ante
cualquier autoridad administrativa o judicial, o
ante particulares. Para realizar actos de dominio
sobre inmuebles destinados al Instituto o para
otorgar poderes para dichos efectos, el Secretario
Ejecutivo requerirá; de la autorización previa del
Consejo General;
b) Cumplir los acuerdos del Consejo Genera;
c) Informar sobre el cumplimiento            de   los
acuerdos del Consejo General;


d) Dar cuenta de los proyectos de dictamen de
las Cornisones del Consejo General.


e) Apoyar al Consejo General, al Presidente del
mismo y a sus Comisiones en el ejercicio de sus
atribuciones;
f) Cumplir las instrucciones del Presidente del
Consejo General y auxiliarlo en sus tareas;


g) Coordinar los trabajos de las Direcciones
Ejecutivas y de los órganos distritales del
Instituto, informando    permanentemente  al
Presidente del Consejo General;


h) Apoyar la realización de los estudios o
procedimientos pertinentes, a fin de conocer las
tendencias electorales el día de la jornada
electoral, estableciendo un mecanismo para
recabar y difundir de forma inmediata dichas
tendencias, (sic)
i) Expedir copia certificada, previo cotejo y
compulsa de todos aquellos documentos que
obren en el archivo del Consejo General;
j) Preparar el orden del día de las sesiones del
Consejo General, declarar la existencia del
quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones,
levantar el acta correspondiente y someterla a la
aprobación del Consejo General;
k) Recibir, sustanciar o tramitar, según sea el
caso, los medios de impugnación competencia
del Consejo General, y en su caso, preparar el
proyecto correspondiente, así como informar al
Consejo General de las resoluciones que emitan
los Tribunales Electorales, e integrar los
expedientes relativos a las faltas administrativas,
y en su caso, los de imposición de sanciones, en
los términos que establece este Código;


I) Llevar el archivo general del Instituto;


m) Expedir los documentos que acrediten la
personalidad de los Consejeros Electorales y de
los representantes de los Partidos Políticos;
n) Firmar, junto con el Presidente del Consejo
General, todos los acuerdos y resoluciones que
emita el propio Consejo;
ñ) Proveer lo necesario para que se publiquen los
acuerdos y resoluciones que pronuncie el
Consejo General:
o) Recibir los expedientes con las actas de
cómputo por Delegación y Distrito Uninominal,
según corresponda y presentarlos oportunamente
al Consejo General;
p) Recibir, para efectos de información y
estadísticas   electorales,    copias de los
expedientéis de todas las elecciones;
q) Dar cuenta al Consejo General con los
informes que sobre las elecciones reciba de los
Consejos Distritales y de los que funjan como
Cabecera de Delegación;
r) Proponer al Presidente del Consejo General el
anteproyecto de las políticas y de los programas
generales del Instituto; Electoral del Distrito
Federal; y
s) Lo (sic.) demás que le sea conferido por este
Código, y el Consejo General.
III. No existe ninguna causa justificada por la cual
se me haya despedido de mis labores, no se
expresa así en el escrito del despido, ni tampoco
se me ha expresado ni siquiera verbalmente
causa alguna justificada para privarme de mi
trabajo, por lo que en los hechos se me han
conculcado mis derechos amparados por los
artículos 5° y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Relacionadas con todos y cada uno de los
hechos y agravios de esté demanda ofrezco las
siguientes:

                       PRUEBAS
A.- La Confesional á cargo de los señores:
Francisco Javier Gonzáles Martínez, quien es mi
jefe inmediato y tiene el cargo de coordinador
(sic) de Asesores del (sic) la Presidencia del
Consejo General del titular demandando, y
****************************quien se ostenta como
Secretario Ejecutivo de la titular demandada,
quienes deberán ser citados para que absuelva
(sic) las posiciones; que se le formulen; (sic)




B.- El Informe que sobre los hechos y agravios
señalados deberá rendir el Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, para probar los siguientes alcances:
a) Que he trabajado en el Instituto Electoral del
Distrito Federal;
b) Que me he desempeñado en el puesto,
condiciones, antigüedad y horarios señalados en
ésta (sic) demanda;
c) Que se me ha despedido sin procedimiento
alguno; (sic)


C- Las Documentales consistentes en:
a) Oficio Número SECG-IEDF/809/04 de fecha 8
   de junio de 2004, suscrito por el Secretario
   Ejecutivo del Consejo General Lic.**************
   ***************en el que sin fundamento y
   motivación se me despide injustificadamente;
b) Copia fotostática de mi Nombramiento, con
   vigencia a partir del 01 de marzo de 2000;
c) Copia fotostática de los Oficios-Circular
   número 297 y 359 de fechas 25 de septiembre
   de 2002 y 30 de julio de 2003
   respectivamente, suscritas por el Secretario
   Ejecutivo del Consejo General Lic.******* ******
   ****** mediante las cuales se hace del
   conocimiento al personal del Instituto Electoral
   del Distrito Federal, el horario de trabajo al
   que estará sujeto;
d) Copia fotostática del (sic) Oficios-Circular
   número 20 de fecha 3 de marzo de 2004,
   suscrito por el Secretario Ejecutivo del
   Consejo General Lic.************* ********
   mediante la cual se hace del conocimiento al
   personal del instituto Electoral del Distrito
   Federal, de la contratación del Seguro de
   Gatos Médicos Mayores, con la empresa
   Seguros Comercial América S.A. de C.V.;
e) Copia fotostática de solicitud de incorporación
   al Seguro de Separación Individualizado de
   fecha 30 de agosto de 2002, suscrita por el
   hoy actor; (sic)
f) Comprobante de Pago (sic) a nombre del
   suscrito, de fecha 30 de abril de 2004 emitido
   por la demandada, en el que se consigna los
   conceptos de percepciones y deducciones de
   Seguro Colectivo de Retiro, ISR, Seguro de
   Separación Individualizada, Fondo de Ahorro,
   Multiseguro e ISSSTE; (sic)

Para el caso de que las fotocopias que se
adjuntan fuesen objetadas se ofrece su consulta y
cotejo con los originales que se encuentran en los
archivos de la titular demandada, (sic)

D.- La Inspección Ocular que deberá
desahogarse sobre todos los documentos de la
titular demandada relativos a mi relación laboral,
mismos que se encuentran en sus archivos,
referidos desde la fecha señalada como de inicio
de la relación laboral, hasta la fecha de desahogo
  de dicha probanza, para efectos de demostrar los
  siguientes alcances:'
a) Que he trabajado en el Instituto Electoral del
   Distrito Federal;

b) Que me he desempeñado en el puesto,
   condiciones, antigüedad y horarios señalados en
   ésta demanda; (sic)

c) Que se me ha despedido sin procedimiento
   algunos (sic)

  Y muy en especial los siguientes documentos:


  a) Oficios-Circular número ;9, 200 y 292, todos
  del año 2000, suscritos por el Secretario Ejecutivo
  del Consejo General, Lic. *************** *****
  *********** mediante las cuales se hace del
  conocimiento al personal del instituto Electoral del
  Distrito Federal, el horario de trabajo al que
  estará sujeto; (sic)
  b) Oficios-Circular número 4, de fecha 12 de
  enero de 2001, suscritos; por el Secretario
  Ejecutivo del Consejo General, Lic. ****************
  ************* ******** mediante el cual; se hace del
  conocimiento al personal del instituto Electoral del
  Distrito Federal, el horario de trabajo al que
  estará sujeto; (sic)
  c) Oficios-Circular número 297, de fechas 25 de
  septiembre de 2002, suscrito por el Secretario
  Ejecutivo del Consejo General Lic. *****************
  **************** mediante (as cuales se hace del
  conocimiento al personal del Instituto Electoral del
  Distrito Federal, el horario de trabajo al que
  estará sujeto; (sic)
  d) Oficios-Circular número 359 de fecha (sic) de
  julio de 2003, suscrito por el Secretario Ejecutivo
  del Consejo General, Lic. **************** **********
  ******* mediante el cual se hace del conocimiento
  al personal del Instituto Electoral del Distrito
  Federal, el horario de trabajo al que estará sujeto
  (sic)
  E.- La Instrumental de Actuaciones consistente
  en todo lo actuado y por actuarse en el presente
  juicio.
  F.- La Presuncional Legal y Humana consistente
  en todo lo actuado y por actuarse en el presente
  juicio.
      Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido:
      PRIMERO.- Admitir la presente demanda en sus
      términos; (sic)
      SEGUNDO.- Tener por autorizados a los
      profesionales señalados en el proemio de esta
      demanda; (sic)


      TERCERO.- Previos los trámites de Ley (sic)
      dictar sentencia condenatoria, por ser ello de
      necesaria justicia.


      PROTESTO MIS RESPETOS"


3.- El veintitrés de junio del dos mil cuatro el Magistrado

Presidente de este Órgano Colegiado, ordenó poner a

disposición el expediente respectivo al Magistrado en turno,

para su debida substanciación y en su oportunidad, ia

'formulación del proyecto de resolución correspondiente, lo

cual se cumplimentó mediante oficio TEDF-SG-032/2004 de

fecha veinticuatro del mismo mes y año, suscrito por el

Secretario General de este Órgano Jurisdiccional.




4.- Mediante auto de fecha veintinueve de junio del año en

curso, el    Magistrado    Instructor   radicó la demanda

presentada y ordenó correr traslado al Instituto enjuiciado

con copia certificada de la; misma, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 272, fracción V del Código

Electoral del Distrito Federal y 136 de la Ley Federal de los
Trabajadores       al    Servicio ; del        Estado,       aplicada

supletoriamente al Código de la materia.



5.- El mismo día, se notificó; personalmente al Instituto

Electoral del Distrito Federal, el auto mencionado en el punto

que antecede.



6.- El catorce de julio del presente año, la autoridad

demandada, por conducto de su apoderada legal ciudadana,

****************************** *********presentó en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, contestación a la demanda

instaurada en su contra, en donde se opuso a las

pretensiones del actor, haciendo         valer las excepciones y

defensas que consideró pertinentes,               mismas que a

continuación se transcriben:



             "Que en términos de lo dispuesto en el artículo
             272 (sic) fracciones VI, VII y VIII del Código
             Electoral del Distrito federal; AD CAUTELAM
             vengo a dar contestación a la improcedente e
             infundada demanda instaurada en contra del
             Instituto electoral del Distrito Federal, en los
             siguientes términos:



                         PRESTACIONES


             a). No procede la prestación que se contesta y
             que hace consistir el actor en la reinstalación en
             el puesto que Venía desempeñando, toda vez
             que la plaza que ostentó y desempeño para el
             demandado como asesor del Presidente del
             Consejo General del Instituto Electoral del
 Distrito Federal, quien lo es también de este
 instituto de conformidad con el artículo 71 del
 Código Electoral del Distrito Federal, se
 encuentra catalogado institucional y legalmente
 como de confianza, ello de acuerdo con lo
 dispuesto en el artículo 123 (sic) fracción XIV,
 del apartado (sic) "B" de la Constitución Política
 de los Estados Unidos Mexicanos; 133 del
 Código Electoral del Distrito Federal; 188 del
 Estatuto del Servicio Profesional Electoral, del
 Personal Administrativo, de los Trabajadores
 Auxiliares y del Personal Eventual por obra o
 tiempo determinado del Instituto Electoral del
 Distrito Federal vigente en el momento en que
 existía la relación de trabajo entre las partes; y
 5o y 8o de la Ley Federal de los Trabajadores al
 Servicio del Estado, toda vez que los
 trabajadores de confianza se encuentran
 excluidos del derecho a la estabilidad en el
 empleo, sólo disfrutan de las medidas de
 protección al salario y de la seguridad social.



Así mismo es falso que el actor haya sido objeto
de despido como dolosamente lo señala en la
prestación que se contesta, toda vez que dada la
calidad    del   nombramiento     y    funciones
ostentadas de confianza como asesor del
Presidente del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, se le dio por
terminado su nombramiento y puesto, mediante
oficio SECG-IEDF/809/04 de fecha 8 de julio de
2004, tal y como lo reconoce expresamente el
actor en los hechos de su demanda.



b). Resulta improcedente la reclamación que se
contesta y que; hace consistir el demandante en
el pago de salarios devengados, ya que se trata
de una prestación obscura e imprecisa al omitir
el reclamante señalar el día, mes y año o el
período de los supuestos salarios devengados y
no cubiertos, por lo que se hace valer la
oscuridad de la prestación que se atiende, en
virtud de que se deja en completo estado de
indefensión al Instituto demandado, al no
permitirle hacer valer las excepciones y defensas
que al respecto pudiera invocar.


c). Es improcedente la prestación que se
contesta y que hace consistir el actor en el pago
de salarios caídos desde la supuesta fecha del
despido y hasta la reinstalación, así como de los
incrementos Saláriales, en virtud de que se trata
de una prestación accesoria a la principal de
reinstalación que reclama el actor y á la cual no
tiene derecho, toda vez que el demandante
prestó sus servicios para el demandado
realizando funciones de Asesoría (sic) y
consultoría para el Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, quien lo es también de este Instituto de
conformidad con el artículo 71 del Código
Electoral del Distrito Federal, las cuales se
encuentran catalogadas con el carácter de
confianza de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 5o (sic) fracción II (sic) incido h) (sic)
y 8o de la ,Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la
ley en la materia, por lo que el demandante
carece de derecho a la estabilidad en el empleo
y como , consecuencia la las prerrogativas
derivadas del mismo como son la reinstalación y
salarios caídos.



De igual manera resulta improcedente la
prestación que demanda; el accionista
consistentes en el pago de los incrementos
saláriales, toda vez de que se trata de una
prestador, que igualmente es accesoria a la
principal de reinstalación, ello aunado a que no
se encuentra regulado en la ley de la materia,
por lo que corresponde al demandante acreditar
su dicho, lo cual en la especie no se actualiza.




d). Son improcedentes los reclamos que hace
consistir el actor en los pagos de aguinaldos,
prima vacacional, prima          de antigüedad,
vacaciones y una hora extraordinaria desde la
fecha de la iniciación de la relación de trabajo y
hasta el cumplimiento de la resolución que se
dicte en el presente asunto, toda vez que por lo
que hace a las prestaciones relativas al pago de
aguinaldo prima vacacional y vacaciones de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003, le fueron
cubiertas en tiempo y forma pomo se acredita
con las pruebas; que para tales efectos se
acompañan a la presente contestación; ello sin
perjuicio de la prescripción que de las mismas
se invoca y por lo que hace al pago de la prima
de antigüedad, no procede dicho concepto ya
que en términos de los ordenamientos que rigen
a los trabajadores de este Instituto, dicho
concepto no existe, sino el pago de la prima
quinquenal'      quinquenios correspondientes,
máxime , como el actor               lo reconoce
expresamente en el hecho uno de su escrito
inicial de demanda, ingresó a prestar sus
servicios para el demandando a partir del 1'° de
marzo de 2000, dándose por terminado su
nombramiento y funciones de confianza como
asesor del Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federa, el día 9 de
junio de 2004, esto es, el actor prestó sus
servicios para el demandado menos del término
de cinco años que establece la ley para la
exigencia del reclamo del quinquenio o prima
quinquenal para los trabajadores al servicio del
Estado, en términos de lo dispuesto en el
artículo 34 (sic) párrafo segundo de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, de aplicación supletoria a la ley en la
materia.



De igual manera es improcedente el pago de
una hora extraordinaria por todo el tiempo que
duró la relación de trabajo, en virtud de que el
actor no prestó jornada extraordinaria alguna
para el Instituto demandado, ya que lo cierto es
que el accionista desempeño para mi
poderdante una jornada laboral de las 9:00 a las
18:00, de lunes a viernes, con una hora para
tomar alimentos fuera de las oficinas del Instituto
Electoral del Distrito Federal, generalmente de
las 14:00 a las 15:00 horas, pero que pudiera
ser flexible en cuanto a su hora de salida para
tomar los mismos así como del regreso, tal y
como se acredita con la confesión expresa que
realiza el actor en el hecho tres de su demanda,
en el que reconoce el horario indicado.



Así mismo son improcedentes las prestaciones
que reclama el actor consistentes en el pago de
aguinaldo,    prima     vacacional,   prima    de
antigüedad,      vacaciones     y    una     hora
extraordinaria desde la fecha de la iniciación de
la relación de trabajo y hasta el cumplimiento de
la resolución que se dicte en el presente asunto,
esto es, del 1° de marzo de 2000 al 8 de junio de
2004, toda vez que dichas prestaciones se
encuentran notoriamente prescritas, ello con
fundamentó en el artículo 112 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado de
aplicación supletoria a la ley en la materia, en
virtud que de la fecha del reclamo de las
prestaciones a la presentación de la demanda,
transcurrió en exceso el término de un año que
fija la ley para su reclamo, siendo en
consecuencia procedente la prescripción que se
hace valer.
e). Es improcedente el pago de vales de
despensa .mensual y anual que reclama el actor
desde la fecha del supuesto despido del que
dice fue objeto y hasta el cumplimiento de la
resolución que se dicte en el presente asunto,
en virtud de que se trata de prestaciones que
tiene (sic) el carácter de extralegal al no
encontrarle reguladas y contempladas en la ley
en la materia, correspondiéndole al reclamante
acreditar la existencia de dicha prestación y el
que se encuentre en el supuesto normativo,
siendo que en el caso el accionista ninguna
prueba aportó para ello.


f) No procede el pago de las aportaciones al
ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, del Fondo de
Separación Individualizada y del Seguro
adicional de gastos médicos, en virtud de que
por lo que hace a las tres primeras prestaciones
indicadas le fueron cubiertas al actor en tiempo
y forma como se acredita con las constancias
que para tales efectos se acompañan a la
presente; y por lo que hace a los reclamos de
fondo de separación individualizada y seguro
adicional de gastos médicos, no proceden, en
virtud de que se trata de prestaciones que tiene
(sic) el carácter de extralegal al no encontrarse
reguladas y contempladas en la ley en la
materia, correspondiéndole al reclamante
acreditar la existencia de dichas prestaciones y
el que se encuentre en el supuesto normativo,
siendo que en la especie el accionista no lo
acredita, máxime que tratándose de (sic) Seguro
de Separación Individualizada, correspondería
más bien hacerle los descuentos saláriales al
actor, para el caso rió concedido de que lo
acreditara.



                   HECHOS


I. El correlativo que se contesta es
parcialmente cierto, en virtud de que
efectivamente como lo señala el accionista,
ingresó a prestar sus servicios para el Instituto
Electoral del Distrito Federal, el 1o de marzo de
2000, en el puesto y funciones de confianza
como asesor del Presidente del Consejo
General del instituto demandado, quien lo es
también de este Instituto de conformidad con el
artículo 71 del Código Electoral del Distrito
Federal, como se acredita con el nombramiento
expedido a favor del actor de fecha 1° de agosto
de 2001, en el que obra su firma autógrafa de
conformidad, consistiendo sus funciones en
emitir opiniones, análisis y realizar estudios a
disposiciones legales que le eran solicitadas por
instrucción del Presidente del Consejo General
de este Instituto, y que servían a dicho alto
funcionario para la toma de decisiones en el
ámbito de su competencia y funciones, así como
respecto de los contratos o convenios que iba a
celebrar este Instituto con otras dependencias
de Gobierno o particulares, percibiendo como
último salario el actor la cantidad quincenal neta
de $14, 477.52 (sic) como se acredita con el
recibo de pago de fecha 30 de abril de 2004,
que acompaña el demandante a su escrito de
demanda, y que desde este momento se hace
propio a efecto         de acreditar el puesto y
funciones de asesor, así como percepciones y
deducciones que se le aplicaban.



Respecto de las funciones que describe en el
hecho que se contesta y que dice desempeñó
para el demandado se recoge su confesión
expresa, las funciones que realizó el
demandante para el Instituto fueron las
inherentes al puesto que venía ostentando como
asesor del Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, y cuyas
funciones de asesoría eran reportadas al Jefe
inmediato del actor, el ***********************
**************** ****************** en su carácter de
Coordinador de; Asesores de la Presidencia del
Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, y a quien le consta la forma y
términos como el accionista prestó sus servicios
para el demandado, así como a sus compañeros
de trabajo.


A mayor abundamiento, y a efecto de desvirtuar
las manifestaciones del actor por cuanto hace a
las funciones que desempeñaba, a continuación
se citan las. Funciones generales, que de
conformidad con al organización interna de la
oficina del Consejero Presidente del Consejo
General, un asesor realiza;


1. Participar de manera coordinada en las
actividades de análisis, discusión y, en su caso,
preparación de nuevos documentos a efecto de
proveer al Presidente del Consejo General, de la
información,     análisis,    observaciones     y
recomendaciones técnicas necesarias para la
toma de decisiones y la adecuada conducción
del Instituto.
2. Preparar tarjetas o notas informativas sobre el
contenido de los documentos estudiados; con el
fin de mantener informado al Presidente del
Consejo General sobre el curso de los asuntos y
avance de las actividades de los Órganos del
Instituto.


3. Elaborar proyectos de trabajo, de estudio o
investigación, asignados por el Presidente del
Consejo General.


4. Asistir a las sesiones de Comisiones y
Comités del Consejo General; para mantener
informado al Presidente del Consejo General del
contenido y seguimiento de las mismas.


5. Analizar y emitir opinión de la información y
los asuntos que reciben del Presidente del
Consejo General, por áreas de especialización.


6. Proveer la información adicional requerida por
el Presidente del Consejo General, con el fin de
facilitar el. adecuado conocimiento y tratamiento
de los asuntos de su competencia.

7. Dar seguimiento a los asuntos que le instruya
el Presidente del Consejo General y coadyuvar
con éste para su debido cumplimiento.

8. Participar en la celebración de reuniones de
trabajo entre el Presidente del Consejo General
y el grupo de asesores.

9. Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos
derivados de las reuniones de trabajo del
Presidenta del Consejo; General con el grupo de
asesores.

10. Apoyar al Presidente del Consejo General en
la preparación de material y documentos
necesarios (sic) pana participar en reuniones de
trabajo y sesiones del Consejo General.

11. Proporcionar al Presidente del Consejo
General información, análisis y apoyo técnico
relativo a las diversas áreas del Instituto.

12. La demás que, en el ámbito de sus
atribuciones, le instruya el Presidente del
Consejo General.

Asimismo y por cuanto hace a las funciones que
en particular desempeñó el *************** ********
Herrera como asesor, mismas que consistían en
apoyar al Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en el ejercicio de sus atribuciones
establecidas en el Código Electoral del Distrito
Federal (CEDF), son las siguientes:

Conforme a lo señalado por el artículo 71 (sic)
inciso a) (sic) "Velar por la unidad u cohesión de
las actividades de los órganos del Instituto
Electoral del Distrito Federal" del CEDF (sic):
“
   Asistir a las sesiones y revisar la
documentación generada por las comisiones
permanentes      del   Consejo     General    de
Fiscalización y Asociaciones Políticas, así como
del Comité de Radiodifusión, y con ello
mantener informado permanentemente al
Consejero presidente sobre los trabajos,
acuerdos y resoluciones.

*Dar un seguimiento permanente a los trabajos
desarrollados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, para conocer del avance
en la ejecución del Programa Operativo Anual
de la Dirección y mantener informado al
Consejero Presidente.

De conformidad con lo señalado por el artículo
71 (sic) inciso: b) (sic) "Establecer vínculos entre
el Instituto y las autoridades federales, órganos
del Distrito Federal y con otras entidades
federativas para; lograr su apoyo y colaboración,
en sus respectivos ámbitos de competencia,
cuando esto sea necesario para el cumplimiento
de los fines y atribuciones del Instituto, velando
por el cumplimiento de las disposiciones de este
Código, e informando de los convenios que
celebre al Consejo General" y por el artículo 71
(sic) incido o) (sic) "Celebrar convenios con las
autoridades competentes sobre el intercambio
de información, asesoría y documentos de
carácter electoral" ambos del CEDF (sic):



* Elaborar proyectos de convenios y contratos a
celebrar por el Instituto.



* Realizar revisión jurídica de los proyectos de
convenios o contratos propuestos por instancias
interna o externas al Instituto Electoral y emitir
una opinión especializada al Consejero
Presidente sobre la viabilidad de suscribir los
referidos proyectos.
Conforme; a los señalado por el artículo 55 del
CEDF (sic), relativo a la participación del
Consejero: Presidente como integrante del
Consejo General del Instituto:

* Realizar análisis jurídico y; brindar opiniones
sobre proyectos de acuerdo y resoluciones
presentadas al Consejo General y con ello
apoyar le: toma de decisiones del Consejero
Presidenta.

* Revisión jurídica de las resoluciones del
Tribunal Electoral del Distrito Federal, que
permitieran al Consejero Presidente conocer de
los criterios adoptados por ese órgano
jurisdiccional y con ello orientar la toma de sus
decisiones.

* Realizar el análisis de diversas disposiciones
legales, de su aplicación y criterios establecidos
por órganos jurisdiccionales y administrativos,
para brindar una opinión especializada al
Consejero Presidente en apoyó a la toma de
decisiones.



Asimismo, para efecto de ilustrar respecto a los
proyectos de convenio (sic) elaborados o
revisados por el ********* ***********************, en
su calidad de asesor del Consejero Presidente,
se señalan los siguientes:

*Convenio con Sindicato de Trabajadores
del Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal.



1.Copia de correo electrónico de fecha 25 de
febrero do 2004, del ************ ******** ******** a
******************* ********** por el qu4 le remite el
proyecto del referido convenio.

2. Escrito del Secretario Particular del
Consejero Presidente con No. SP-PCG-
IEDF/127/2004 de fecha 2 de marzo de 2004,
dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto por el
que se le solicita se analice y en su caso haga
llegar observaciones o comentarios.


3. Oficio de la Unidad de Asuntos Jurídicos No.
SE-UAJ/0282/04 de fecha 4 de marzo de 2004,
por el que remite al Secretario; Particular del
Consejero Presidente observaciones al referido
convenio.
4. Escrito del Secretario Particular del
Consejero Presidente No. SP-PCG-IEDF/155/04
de fecha 10 de marzo de 2004, dirigido a los
Consejeros Electorales del Instituto.

5. Escrito del Secretario Particular del
Consejero       Presidente      No.     SP-PCG-
IEDF/167/20004 dirigido al Secretario Ejecutivo
del instituto (sic) por el cual se remiten dos
ejemplares originales del referido convenio.

6. Informe del Consejero Presidente al Consejo
General sobre la firma del multicitado convenio,
de fecha 30 de abril dé 2004.

* Convenio             con la Universidad
Iberoamericana y la Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa.

1. Oficio CERMML/14/04 signado por la
Consejera Electoral y dirigido al Consejero
Presidente, mediante el que remite carta a través
de la cual invitan al Instituto a colaborar en la
organización del II Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política.

2. Copia de correo electrónico de fecha 3 de
junio de 2004, del C. *********** ********** ****** a
********** **************** *************** y de este a
*********** ***************** ****** mediante el cual
se remite el proyecto, del referido convenio.

3. Escrito del Secretario Particular, SP-PCG-
IEDF/211/2004 de fecha 15 de abril de 2004,
remitido al Secretario Ejecutivo del Instituto, por
el cual se envía el proyecto de convenio
elaborado por el C. ********** ******** y se solicita
sus observaciones.




II. El correlativo que se contesta es falso, en
virtud de que contrario a lo que sostiene el actor
el puesto y funciones que venía ostentando y
desempeñando como asesor del Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 123 (sic) fracción XIV, del apartado
(sic) "B" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 133 del Código
Electoral del Distrito Federa (sic); 188 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, del
Personal Administrativo, de los Trabajadores
Auxiliares y del Personal Eventual por obra o
tiempo determinado del Instituto Electoral del
Distrito Federal vigente en el momento en que
existía relación laboral entre las partes y 5o (sic)
fracción II, inciso h) y 8o de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, se
encuentran        catalogados       institucional   y
legalmente con el carácter de confianza, motivo
por el cual al haber desempeñado funciones de
confianza; el trabajador se encuentra excluido
del derecho a la estabilidad en el empleo, ya que
el personal de confianza sólo disfruta de las
medidas de protección al salario y de la
seguridad, social, siendo en consecuencia
inaplicables las tesis de jurisprudencia que
invoca el actor en el hecho que se contesta, en
los términos y alcances en que lo hace valer, ya
que come se acredita con las pruebas que se
acompañan a la presente contestación, las
funciones que realizó el actor para el
demandado fueron de asesoría y consultoría
para la autoridad superior del Instituto, las
cuales legalmente tienen           el     carácter de
confianza,; siendo ello lo qué determina dicho
carácter, en términos de los artículos con
antelación citados de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y cuya
aplicación es supletoria y no analógica como
erróneamente lo considera el actor con la tesis
aislada que cita el actor en su escrito de
demanda.




III. El      correlativo que se contesta es
parcialmente cierto, ya que como lo sostiene el
actor desempeñó para el demandado una
jornada de trabajo de las 9:00 a las 18:00 horas
de lunes a viernes, contando con una hora para
tomar alimentos fuera de las oficinas del Instituto
demandado, en cambio es             falso que al
accionista en la hora que tenia signada para
tomar alimentos no se le permitía; salir del centro
de trabajo, lo cierto es que el actor siempre
disfrutó de su hora de descansó y para tomar
alimentos de las 14:00 a las 15:00 (sic) por lo
general, de lunes a viernes fuera de las
instalaciones del Instituto demandado, y en
ocasiones hasta más tiempo ya que dicho
horario era flexible en cuanto a su hora de salida
a comer y de regreso de la misma y en el caso
concreto fuera de su lugar de adscripción, es
decir de la Presidencia del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, como se
acreditará con los testigos que para tales efectos
serán ofrecidos por parte del demandado,
resultando en consecuencia improcedente el
reclamó (sic) que hace el actor en el hecho que
se contesta, consistente en el pago de una hora
extra supuestamente laborada por todo el tiempo
de prestación del servicio, en virtud de que el
accionista no laboró, además de que dicha
prestación es improcedente por resultar obscura
y vaga, ya que el demandante no establece la
hora en que dice iniciaba y concluía la supuesta
hora extra laborada, así como por encontrarse
notoriamente prescrita, ya que de la fecha del
reclamo a la presentación de la demanda, esto
es, a partir del 1o de marzo de 2000, transcurrió
en exceso el término de un año que señala para
su reclamo el artículo 12 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado de
aplicación supletoria a la ley en la materia.




IV. El correlativo que se contesta es falso, en
virtud de que no es cierto que al accionista se le
haya notificado despido alguno el día 8 de junio
de 2004, lo cierto es que mediante oficio número
SECG-IEDF/809/04 de fecha 8 de junio de 2004,
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal, y con fundamento
en los artículos 74 (sic) incisos a) y f) y 133 del
Código Electoral del Distrito Federal; 123 (sic)
apartado (sic) "B",         fracción XIV de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 del. Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; y 5o (sic) fracción II (sic) inciso
h) y 8o de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, se le comunicó al actor
conforme a derecho la terminación de su
nombramiento y funciones de confianza de
asesor del Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, con
efectos a partir del día 9 de junio de 2004,
recibiendo el accionista de conformidad el
original de dicho oficio como se acredita con el
acuse de recibido del mismo y en el que obra
firma autógrafa del extrabajador, dándose con
ello por concluida la relación de trabajo entre las
partes, sin responsabilidad para el demandado
en virtud de que al ostentar y desempeñar el
demandante funciones con el carácter de
confianza, se encuentra excluido del derecho a la
estabilidad en el empleo y en consecuencia para
reclamar la reinstalación ya que además en su
carácter de confianza su permanencia atiende a
los fines que estos realicen tal y como se
corrobora en la siguiente tesis:

Localización (sic)
Novena instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito (sic) Fuente: Semanaria Judicial de la
Federación y su Gaceta (sic) Tomo:          XIX,
Febrero de, 2004, Tesis; X.3°.45 L (sic) Página:
1169 (sic) Materia; (sic) Laboral Tesis aislada
(sic).

Rubro (sic)

VELADORES.         SE       ENCUENTRAN
COMPRENDIDAS DENTRO DEL TÉRMINO
"VIGILANCIA " A QUE ALUDE EL ARTICULO 5o
DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO.




Texto (sic )

El artícul0 124 de la Constitución General de la
República; fue dividido por él Constituyente
permanente en dos apartados, a fin de distinguir
la naturaleza de la relación de trabajo
dependiendo de quien tuviera el carácter de
patrón, en el aparado (sic) A comprendió las
relaciones de trabajo que se entablen entre
particulares mientras que en el apartado B se
incluyó la relación que sé establece entre
empleados y Estado-patrón. Cada una de las
relacione (sic) enunciadas reviste ciertas
peculiaridades pues, en           principio, debe
distinguirse entre los trabajadores al servicio de
Estado y los obreros en general. Pues en este
supuesto la regulación que existe ha
evolucionado a partir del derecho administrativo,
a fin de equiparar en ciertos: derechos a los
empleadora públicos con el resto de los
trabajadoras; sin embargo, la técnica empleada
en peste (sic) difiere esencialmente de la Ley
Federal del Trabajo pues en la legislación
burocrática se atiende a las facultades de libre
nombramiento y remoción de algunos servidores
públicos, quienes no se encuentran protegidos
en cuanto, a la estabilidad en el empleo. En esas
condiciones, para determinar si un trabajador al
servicio del Estado tienen (sic) carácter de
confianza es necesario ponderar que la
legislación burocrática regula una relación entre
el Estado - patrón y trabajadores que prestan un
servicio público, lo cual es sustancialmente
diverso a la relación de trabajo que se entabla
entre particulares, toda vez que el sistema
especial     de clasificación de puestos de
confianza que contienen las leyes burocráticas
evolucione, a partir del derecho administrativo,
por lo que sea tiende (sic) aquellas facultades de
libre nombramiento y remoción de algunos
servidores públicos, quienes, nos (sic) e (sic)
encuentran protegidos en cuanto a la
estabilidad en el empleo por razones del servicio
público    que desarrollan,       ello   encuentra
explicación en los altos fines del Estado, quien
en términos generales no persigue la
explotación económica, sino atender a las
funciones que le son propias. Ahora bien, toda
vez que los trabajadores que desempeña una
categoría de velador tienen a su cargo el
cuidado de diversos bienes muebles e
inmuebles propiedad de una entidad pública, es
claro que debe entenderse que se encuentran
incluidos dentro del término "vigilancia" a que
alude el artículo 5o de la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado concepto que, según el
Diccionario de la Lengua Española, significa:
"Cuidado y atención exacta en las cosas que
están a cargo ;de cada una.". Conviene destacar
que si bien el .artículo 9o de la Ley Federal del
Trabajo contiene la fórmula "cuando tengan
carácter general", no ocurre lo mismo con la ley
burocrática estatal, lo que debe interpretarse en
el sentido de que tratándose de trabajadores al
servicio del Estado de Tabasco no es necesario
que la función de vigilancia tenga efecto en gran
parte de la entidad pública que hace las veces
de patrón, ni debe revestir de particular
importancia para .la vida de la entidad pública,
pues no puede: perderse de vista que en ninguna
forma se puede poner en juego la existencia de
un órgano estatal, los cuales adquieren vida por
disposición de la ley; además de estimarse lo
contrario se estaría, distinguiendo donde la ley
no distingue.




TERCER    TRIBUNAL               COLEGIADO            DEL
DÉCIMO CIRCUITO.

Precedentes (sic)
Amparo      directo  850/2003.      Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tacotalpa,
Tabasco. 10 de noviembre de 2003. Unanimidad
de votos. Ponente; ********************* ***********
*********** Secretario; (sic) *****************************
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de
contradicción de tesis 17/2004, pendiente de
resolver en la Segunda Sala (sic).

Así mismo es falso que al accionista se le haya
impedido el acceso al centro de trabajo, lo cierto
es que en virtud de la comunicación al actor de
la terminación de su nombramiento y funciones
de confianza como asesor del Presidente del
Consejo General de este Instituto, el día 8 de
junio de 2004, el accionista no se volvió a
presentar al centro de trabajo, ni al Instituto
Electoral del Distrito Federal, no obstante que en
el oficio por el que se le comunicó la terminación
de su nombramiento, se le hizo de su
conocimiento la obligación que tenía de hacer la
entrega recepción de los documentos, bienes y
recursos a su cargo y derivados de las funciones
y     actividades     desempeñadas,       con    la
consecuente responsabilidad que ello diera y
que para el caso de aquellas prestaciones o
salarios devengados y no cubiertos a la fecha de
la terminación de la relación laboral se
procedería a su respectivo pago, sin embargo y
derivado de que el actor no sé presentó al cobro
de sus prestaciones devengadas, mismas que
oportunamente le expidió el instituto, el
demandado mediante promoción de fecha 29 de
junio de 2004, y con fecha y acuse de recibido
en la Oficialía de Partes de ese H. Tribunal
Electoral, el día 30 del mes y año indicados,
consignó y exhibió en sobre cerrado ante ese H
(sic) Tribunal Electoral los ¡originales de dos
cheques y pólizas de cheques números 0012041
y 0012120 de fechas 9 y 14 de junio de 2004,
expedidos a favor del C.******************
******** *** por concepto de salarios devengados
del 1o al 8; de junio de 2004 y parte proporcional
de prima vacacional y aguinaldo del año 2004,
que amparan las cantidades de $7,906.42 (sic) y
32,019.87 (sic), respectivamente.




V. El correlativo que se contesta es falso, ya que
el actor nunca fue objeto de despido como
dolosamente lo pretende hacer creer a su
Señoría; lo cierto es que en virtud del
nombramiento y funciones de confianza que
desempeñó el actor para el Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, cómo asesor, conforme a
derecho y mediante oficio número SECG-
IEDF/809/04 de fecha 8 de junio de 2004, se le
comunicó la terminación de su nombramiento,
sin responsabilidad para el Instituto demandado,
en virtud de que los trabajadores de confianza
carecen del derecho a la estabilidad en el
empleo per mandato constitucional, tal y como lo
establece la fracción XIV del artículo 123 (sic)
apartado (sic) "B" de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 133 del Código Electoral del Distrito
Federal, y 5o (sic) fracción II, inciso h) y 8° de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, este último ordenamiento de aplicación
supletoria a la ley en la materia.

Así mismo resulta falso que el demandado haya
omitido pagarle al actor las prestaciones que
devengó, ya qué todas le fueron cubiertas en
tiempo y forma, como se acredita con las
constancias de pago que para tales efectos se
acompañan a la presente; y por lo que hace a
salarios devengados del 1° al 8 de junio de 2004
y parte proporcional de prima vacacional y
aguinaldo del año 2004, los pagos respectivos
fueron exhibidos y consignados ante ese H.
Tribunal Electoral del Distrito Federal, ante la
negativa del demandante de presentarse a
cobrarlos, tal y como quedó señalado en la
contestación al hecho cuatro.




VI. El correlativo que se contesta es falso, ya
que el actor no tiene derecho a la reinstalación
que reclama, en virtud de que ostentó y
desempeñó para el demandado el puesto de
asesor para el Presidente del Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien
lo es también de mi poderdante de conformidad
con el artículo 71 del Código Electoral del
Distrito Federal, realizando funciones inherentes
a dicho puesto, es decir de asesoría y
consultoría, y las cuales se encuentran
catalogadas institucional y legalmente con el
carácter de confianza, motivo por el cual al
haber desempeñado el actor las referidas
funciones carece del derecho a la estabilidad en
el empleo, ya que el            personal que las
desempeña sólo disfruta de las medidas de
protección al salario y de la seguridad social, tal
y como se acredita con la confesión expresa del
actor contenida en el hecho uno de su demanda,
en el que sostiene que entré otras actividades
realizaba para el demandado "el análisis de
diversas disposiciones legales, así como de su
aplicación y criterios por parte de los órganos
jurisdiccionales y administrativos", siendo en
consecuencia notoriamente Improcedente la
demanda que se contesta.
 CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS




1. El primer agravio que se contesta debe de
desatenderse por infundado e improcedente, ya
que sostiene el actor que se viola en su perjuicio
los artículos 14 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o del
Código Electoral del Distrito Federal, ya que
según el accionista se Te pretende privar de sus
derechos sin previo procedimiento; situación que
resulta infundada e incorrecta, en virtud de que
contrario a lo que sostiene el demandante,
conforme a derecho y conforme a oficio número
SECG-IEDF/809/04 de fecha 8 de junio de 2004,
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal, y con fundamento
en los artículos 74 (sic) incisos a) y f) y 133 del
Código Electoral del Distrito Federal; 123 (sic)
apartado (sic) "B", fracción XIV de la
Constitución Política de; los Estados Unidos
Mexicanos; 13 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; y 5o (sic)'fracción II (sic) inciso
h) y 8o de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, se le comunicó al actor la
terminación de su nombramiento y funciones de
confianza como asesor del Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, quien lo es también de mi
poderdante de conformidad con el artículo 71 del
Código Electoral del Distrito Federal, con efectos
a partir del día 9 desunió de 2004, recibiendo el
accionista de conformidad el original de dicho
oficio como se acredita con el acuse de recibido
del mismo y en el que obra la firma autógrafa del
extrabajador, dándose con ello por concluida la
relación de trabajo entre        las partes y sin
responsabilidad para el Instituto demandado, en
virtud de que al ostentar y desempeñar el
demandante funciones con el carácter de
confianza se encuentra excluido del derecho a la
estabilidad en el empleo y para reclamar la
reinstalación.


En esta tesitura y en virtud de que el actor
ostentó y desempeñó funciones catalogadas
institucional y legalmente como de confianza, el
demandado        no se encontraba obligado a
seguirle un procedimiento para comunicarle la
terminación de su nombramiento y funciones de
confianza, en virtud de que por disposición
constitucional y de conformidad con lo
establecido en la fracción XIV del artículo 123
(sic) apartado (sic) "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos            Mexicanos,       los
trabajadores que ostentan y desempeñan
puestos de confianza, carecen del derecho a la
estabilidad en el empleo, ya que sólo se
encuentran (sic), protegido su derecho a las
medidas de protección al salario y de la
segundad social,         motivo por el cual al
comunicarle      el   Instituto   demandado         la
terminación de su nombramiento como asesor al
actor, fue ajustado derecho (sic) y de
conformidad y        con apoyo con la propia
regulación que hace nuestra Carta Magna sobre
los trabajadores de confianza, que los excluye
del derecho a la estabilidad en el empleo, por lo
que al no           existir en dicho precepto
constitucional, ni en la ley secundaria que regula
las relaciones de los trabajadores de confianza,
disposición que imponga la carga procesal que
pretende el accionista atribuirle al demandado de
que le debió          de       haber seguido un
procedimiento, ese H. Tribunal Electoral deberá
de confirmar la comunicación de la terminación
del nombramiento y funciones de confianza del
actor al no resultar violatorio de los artículos que
invoca el demandante en el agravio que se
contesta.




2. El pretendido agravio que se contesta debe
declararse improcedente por infundado, ya que
sostiene el actor que .el oficio número SECG-
IEDF/809/04 de fecha 8 de junio de 2004,
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal, resulta violatorio
del artículo 16 de, la Constitución Federal, por
carecer       supuestamente        de      debida
fundamentación y motivación, y porque según el
accionista el Secretario Ejecutivo carecía de
facultades para comunicarle la terminación de
su nombramiento cómo asesor, ya que sigue
sosteniendo el accionista que del artículo 74 del
Código Electoral del Distrito Federal, no se
desprende que el referido funcionario del
Instituto tenga facultades para el acto
impugnado; situaciones que como puede
apreciar su Señoría son infundadas, ya que
como se desprende de la sola lectura del oficio
de referencia, la comunicación de la terminación
del nombramiento; y funciones de confianza del
actor, se encuentra debidamente fundada y
motivada, existiendo una adecuación entre los
motivos aducidos por el Secretario Ejecutivo de
este Instituto y los preceptos legales invocados,
ya que al desempeñar el accionista funciones
inherentes a su puesto de asesor carecía del
derecho a la estabilidad en el empleo.




En efecto como se desprende del contenido del
oficio número SECG-IEDF/809/04 de fecha 8 de
junio de 2004, signado por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito
Federal con fundamento en los artículos 74 (sic)
incisos a) y f) (sic) y 133 del Código Electoral del
Distrito Federal; 123 (sic) apartado (sic) "B",
fracción XIV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; y 5o (sic) fracción
II (sic) inciso h) (sic) y 8° dé la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, se le
comunicó al actor la terminación de su
nombramiento y funciones de confianza de
asesor de Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del .Distrito Federal, con
efectos a partir del día 9 de junio de 2004, esto
es, el oficio o acto que; pretende combatir el
actor, se encuentra debidamente fundado y
motivado, ya que el demandante al haber
desempernado funciones' con el carácter de
confianza carece del derecho a la estabilidad en
el empleo y por lo tanto; la terminación de su
nombramiento y funciones de confianza             se
encuentra ajustada a derecho.

Por otra parte no le asiste la razón y por ende es
infundado lo sostenido por el actor al señalar
que de conformidad con el articulo 74 del
Código electoral del Distrito Federal, el
Secretario Ejecutivo no tiene facultades para
comunicar la terminación del nombramiento de
un trabajador de confianza del Instituto Electoral
del Distrito Federal, en virtud de que como se
desprendo del referido artículo, inciso a), el
Secretarle Ejecutivo de este Instituto es el
representante legal del demandado, por tal
motivo si (sic) tiene amplias facultades para
comunicar la terminación de los nombramientos
y funciones de confianza de los servidores
públicos del Instituto demandado que se
encuentren en dicho supuesto, tal y como
aconteció con el Hoy actor quien prestó sus
servicios para el demandado en el puesto de
asesor del Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, realizando
las funciones inherentes a dicho puesto.

El pretendido: agravio que se contesta es
improcedente por infundado, ya que sostiene el
actor que se Viola en su perjuicio los artículos 5o
y 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, toda vez que según el
accionista no existió una causa justificada para
comunicarle la terminación de su nombramiento
de confianza, situación que como puede
apreciar ese H. Tribunal no es correcto, en virtud
de que contrario a lo sostenido por el
demandante, tratándose de los trabajadores al
servicio del Estado que desempeñan alguna
función catalogada por la ley como de confianza
de manera concreta de lo establecido en la
fracción XIV del artículo 123 (sic) apartado (sic)
"B" de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto
en el artículo 133 del Código Electoral del
Distrito Federal, y 5°(sic) fracción II, inciso h)
(sic) y 8o de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado de aplicación a la ley en la
materia no se desprende que se le imponga una
carga procesal al patrón de acreditar la causa de
la comunicación de la terminación del
nombramiento y funciones de confianza de un
trabajador de confianza, ya que de conformidad
con los artículos indicados el Legislador no
otorgó el beneficio o derecho a la estabilidad en
el empleo a los trabajadores de confianza, ya
que se trata de un derecho consagrado
exclusivamente para los trabajadores de base y
quienes efectivamente no pueden ser dados de
baja sin causa justificada y establecida en la ley,
sin embargo los trabajadores de confianza al no
encontrarse protegidos por el derecho a la
estabilidad en el empleo si pueden ser dados de
baja, por disposición expresa de la Constitución
Federal, motivo por el cual al no resultar
violatorio de garantías el oficio número SECG-
IEDF/809/04 de fecha 8; de junio de 2004,
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal, mediante el que se
le comunicó al actor la terminación de su
nombramiento y funciones de confianza de
asesor del Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, Máximo
Órgano de mi poderdante, con efectos a partir
del día 9 de junio de 2004, se solícita a ese H.
Tribunal Electoral se confirme el contenido de
dicho oficio y se declaren improcedentes todas y
cada una de las prestaciones reclamadas por el
actor.
         EXCEPCIONES Y DEFENSAS


I. LA FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO. Es
procedente la excepción que se hace valer, toda
vez que la parte actora carece de acción y
derecho para reclamar la reinstalación en el
puesto que venía ostentando y desempeñando
como asesor del Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, quien lo es también de mi poderdante
de conformidad con el artículo 71 del Código
Electoral del Distrito Federal, el pago (sic)
salarios devengados, salarios ;caídos, aguinaldo,
vacaciones,        prima   vacacional,      jornada
extraordinaria, prima de antigüedad, vales de
despensa mensual y anual, aportaciones al
ISSSTE, FOVISSSSTE (sic), SAR, fondo de
separación individualizada-y seguro adicional de
gastos médicos, en virtud de que el demandante
en el puesto indicado           realizó funciones
catalogadas institucional y legalmente con el
carácter de confianza, esto es, en materia de
asesoría y consultoría para el Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, motivo por el cual el accionista
carece del derecho a la estabilidad en el empleo
y para reclamar las prestaciones indicadas, ello
con fundamento en los artículo 123 (sic) fracción
XIV, del apartado (sic) “B" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
133 del Código Electoral del Distrito Federal;
188 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral, del Personal Administrativo, de los
Trabajadores Auxiliares y del Personal Eventual
por obra o tiempo determinado del Instituto
Electoral del Distrito Federal; y 5o (sic) fracción
II, inciso h) (sic) y 8^ de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado.




En esta tesitura y al desempeñar el accionista
funciones con el carácter que confianza, carece
del derecho a la estabilidad en el empleo y como
consecuencia para reclamar la reinstalación,
salarios caídos y demás prestaciones señaladas
en el escrito de demanda, en virtud de que el
personal de confianza solo se encuentra
protegido de las medidas de protección al salario
y de la seguridad social, más no de la
inamovilidad en el empleo, ello de conformidad
con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo
123 (sic) Apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con el artículo 133 del Código Electoral del
Distrito Federal, y 5° (sic) fracción II, inciso h)
(sic) y 8o de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, los cuales a la letra
ordenan:


"ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverá la creación de empleos y la
organización social para el trabajo conforme a la
ley.


El congreso de la Unión, sin contravenir a las
bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el
trabajo, las cuales regirán:


APARTADO (sic) "B". Entre los Poderes de la
Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus
trabajadores:


FRACCIÓN (sic) XIV. La le determinará los
cargos que serán considerados de confianza.
Las personas        que los desempeñen
disfrutarán de las medidas de protección al
salario y gozarán de los beneficios de la
seguridad social. "


"ARTÍCULO       5 o.   Son    trabajadores      de
confianza:


FRACCIÓN (sic) II. En el Poder Ejecutivo, los de
las dependencias y       los de las entidades
comprendidas dentro del régimen del Apartado
"B" del artículo 123 constitucional, que
desempeñen funciones: que conforme a los
catálogos a que alude el artículo 20 de esta Ley
sean de:


INCISO (sic) H). Asesoría o Consultoría,
únicamente cuándo se proporciones (sic) a los
siguientes servidores públicos superiores:
Secretario,  Subsecretario,   Oficial Mayor,
Coordinador General y Director General en las
dependencias de Gobierno Federal o sus
equivalentes en las Entidades".


"ARTÍCULO 8o. Quedan excluidos del
régimen de ésta ley los trabajadores de
confianza a que se refiere el artículo 5o ..."
(sic)
Siendo que en el caso el accionista realizó
funciones de asesoría jurídica para el Consejero
Presidenta del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito; (sic) quien lo es también de
mi poderdante de conformidad con el artículo 71
del Código Electoral del Distrito Federal, en la
materia do revisión de contratos y convenios que
suscribirle, el Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral a nombre del
Instituto demandado, con otros órganos de
gobierno, personas físicas y morales, así como
el análisis de diversas disposiciones legales y de
su aplicación y criterios por parte de los órganos
jurisdiccionales y administrativos, que le eran
solicitadas por instrucción del Presidente del
Consejo General de este Instituto, y que servían
a dicho alto funcionario para la toma de
decisiones en el ámbito de su competencia y
funciones tal y como se acredita con la
confesión expresa que realiza el actor en el
hecho una de su demanda y con las pruebas
que ofrece el demandando en la presente
contestación, resultando en consecuencia
improcedentes las prestaciones que demanda el
actor a mi poderdante, en virtud de que el
accionista carece del derecho a la estabilidad en
el empleo, sirviendo de apoyo a lo anterior las
tesis de jurisprudencias que a la letra ordenan:



"TRABAJADORES          AL     SERVICIO      DEL
ESTADO DE CONFIANZA. CARECEN DEL
DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO,       Y    POR       ENDE      A    LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE ESTE. Aun
cuando el Tribunal          de Arbitraje tiene
competencia legal para dirimir las controversias
que se susciten entre los poderes del estado,
municipio y organismos públicos coordinados y
descentralizados y sus servidores, no se debe
perder de vista que el análisis del artículo 123
constitucional, apartado B, fracción IX, se
evidencia que las             prestaciones de
indemnización de tres meses de salario, o la
reinstalación y el pago; de salarios caídos,
son prestaciones que sé derivan del derecho
de los trabajadores a la estabilidad en el
empleo, por no poder ser despedidos del
mismo sino por causa justificada; luego, si
como se deduce de la diversa fracción XIV del
propio numeral constitucional citado, el quejoso
carece de dicho derecho por ser trabajador de
confianza, evidentemente no puede demandar el
pago de prestaciones que se derivan del
derecho a la estabilidad en el empleo, del que
carece por disposición constitucional y así
preverlo el estatuto jurídico mencionado, que
recoge los principios contenidos en la carta
magna por cuanto a las relaciones laborales de
los estados y municipios con sus servidores".

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, número 65, pág. 20, Tesis por
contradicción 4a./J.22/93.

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL
SERVICIO          DE        LAS        ENTIDADES
FEDERATIVAS.            NO        ESTÁN        (sic)
PROTEGIDOS           EN      CUANTO        A     LA
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR
TANTO, CARECEN DE ACCIÓN (sic) PARA
DEMANDAR LA REINSTALACIÓN (sic) O LA
INDEMNIZACIÓN           (sic) CONSTITUCIONAL
CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con
los artículos 115,; fracción VIII, último párrafo, y
116, fracción V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de
trabajo entre los Estados y Municipios y sus
trabajadores, se regirán por las leyes que
expidan las legislaturas de los Estados, de
conformidad con el artículo 123 de la misma
Constitución; por su parte, del mencionado
artículo 123, Apartado "B", fracciones IX (a
contrario sensu) y XIV, se infiere que los
trabajadores de confianza están excluidos
del derecho a la estabilidad en el empleo; por
tal razón no pueden válidamente demandar
prestaciones derivadas de ese derecho con
motivo del cese como son la indemnización o
la reinstalación en el empleo, porque derivan de
un derecho que la Constitución y la Ley no les
confiere".




Contradicción de tesis 29/92. Entre las
sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del
Segundo Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado del mismo Circuito. 19 de abril de
1993. Cinco votos.




2. LA DE OBSCURIDAD Y DE EFECTO
LEGAL DE LA DEMANDA. Resulta procedente
la excepción que se hace valer, en virtud de que
el escrito inicial de demanda de la (sic) actor es
obscuro vago e impreciso al omitir el reclamante
establecer las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en que sucedieron los pretendidos hechos,
en el caso concreto omite precisar los
antecedentes precedentes que dieron lugar a
la terminación de la relación laboral, por lo que
ante tales circunstancias se deja en completo
estado de indefensión al Instituto demandando
al no permitirle hacer valer las defensas que al
respecto pudiera invocar.



3. LA EXCEPCIÓN DE PAGO. Se hace valer la
presente excepción en atención a que
tratándose de las prestaciones relativas a
aguinaldo y prima vacacional relativas a los años
2000, 2001, 2002 y 2003 le fueron cubiertas al
actor como se       acredita con las nóminas
correspondientes en la que obra la firma
autógrafa de recibido del actor, señalando a ese
H. Tribunal que toda vez que el área
administrativa no ha informado que tratándose
de las nóminas de 2000; 2001 y 2002 obran en
el archivo muerto; por lo que no es factible
exhibirlas en este acto, tal y como se acredita
con el acuse correspondiente mismo que se
agrega para su legal constancia que para efecto
de no dejar en estado de indefensión a este
instituto una vez que le sean remitidas serian
exhibidas hecho sin perjuicio de la excepción
que se hace valer.



4. LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. Es
procedente la excepción que se hace valer
respecto de las prestaciones que reclama el actor
consistentes en el pago de aguinaldo,
vacaciones, prima vacacional, prima de
antigüedad y de          una hora extra diaria
supuestamente laborada por el actor, desde la
fecha de a iniciación de la relación de trabajo y
hasta el cumplimiento de la resolución que se
dicte en el presente asunto, esto es, a partir de
1° de marzo de 2000, toda vez que dichas
prestaciones     se    encuentran   notoriamente
prescritas, ello con fundamento en el artículo
112 de Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado de aplicación supletoria a la
ley en la materia, en virtud que de la fecha del
reclamo a la presentación de la demanda,
transcurrí en exceso el término de un año para
su reclamo. Siendo en consecuencia procedente
la prescripción que se hace valer.


  OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DE LA PARTE
                ACTORA

En relación a la prueba que ofrece la (sic)
accionista bajo la letra A, consistente en la
confesional para hechos propios a cargo del C.
****************** ********************* ******** en su
carácter de Coordinador de Asesores de la
Presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, y del C. Licenciado
******************* *****************en su carácter de
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Distrito Federal, solicito su desechamiento con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 780
y 787 de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación supletoria ;a la ley en la materia, en
virtud de que del contenido de los hechos de la
demanda se desprende que a los referidos
funcionarios del Instituto, no se les atribuye
hecho alguno, y para el supuesto no concedido
de que ese H. Tribunal desestimará (sic) el
desechamiento solicitado y admitiera la
confesional que se atiende, con fundamento en
el artículo 813 (sic) fracción IV, del ordenamiento
legal antes invocado,              solicito que la
confesional a cargo del C. Licenciado
*********** *************** se desahogue vía ofició
(sic), en virtud de que se trata de un alto
funcionario del Instituto Electoral del Distrito
Federal y le es imposible trasladarse a ese H.
Tribunal Electoral del Distrito Federal, dadas sus
funciones que desempeña para el demandado.



En relación a la prueba que ofrece la parte
actora bajo la letra B, consistente en "El informe
que sobre los hechos y agravios señalados
deberá de rendir el Presidente del Consejo
General del Instituto        Electoral del Distrito
Federal, para probar los siguientes alcances: a)
Que ha trabajado en el. Instituto Electoral del
Distrito Federal,       (sic) b). Que me he
desempeñado en el puesto, condiciones,
antigüedad y horarios señalados, (sic) c). Que
se me ha despedido sin procedimiento alguno";
al particular solicito el desechamiento de la
prueba que se atiende, en virtud de que no
cumple con los requisitos necesarios para la
solicitud de un informe a una autoridad, esto es,
el objeto materia del informe, ni los periodos y
años que abarca, ya que el oferente solo (sic) se
concretó a ofrecer los extremos que pretende
acreditar pero no el objeto del informe.




Respecto de la prueba que ofrece el actor bajo
la letra C, inciso (sic) a), b) y c), relativas al oficio
número SECG-IEDF/809/04 de fecha 8 de junio
de 2004, signado por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Distrito Federal, Licenciado
************* ********** ********* copia fotostática del
nombramiento de fecha 1o de marzo de 2000; y
Circulares números 297 y 359 de fechas 25 de
septiembre de 2002 y 30 de julio de 2003, se
hacen propias, en virtud de que con las mismas
se acredita que no hubo despido en contra del
actor, sino el que al ostentar y desempeñar el
accionistas las funciones inherentes a su puesto
de Asesor del Presidente del consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, se le
dio por terminado su nombramiento y funciones
de confianza referido, en virtud de que los
trabajadores de confianza carecen del derecho a
la estabilidad en el empleo; y por lo que hace a
las Circulares que ofrece el accionista, con ellas
se acredita que el horario que desempeñó el
demandante fue de las 9:00 la las 18:00 (sic)
horas del lunes a viernes y con una hora para
tomar alimentos fuera de las instalaciones del
Instituto, siendo en consecuencia improcedente
la hora extra     reclamada por el actor, ya que
nunca la laboró.


En relación a la prueba que ofrece el actor bajo
la letra G, inciso (sic) d) y e), relativas a la
Circular 20, de fecha 3 de marzo de 2004 y de la
solicitud de incorporación al seguro de
separación individualizada de fecha 30 de
agosto del 2002, se objetan en autenticidad de
contenido y firma, por tratarse de copias simples
y por ende susceptibles dé alteración por el
oferente,     no     debiéndose      admitir     el
perfeccionamiento que ofrece el actor de dichas
pruebas, consistente en le (sic) cotejo, en virtud
de que el oferente no acompaña todo los
elementos necesarios                 para dicho
perfeccionamiento, en el caso omitió establecer
el lugar y dirección en donde se encuentran los
documentos, ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 780 dé la Ley Federal
del Trabado de aplicación supletoria a la ley en la
materia.



Respecto a la prueba que ofrece el actor bajo la
letra C, inciso f), relativa al recibo de pago de
fecha 30 de abril de 2004, se objeta en alcance y
valor probatorio.


En relación a la prueba que ofrece el actor bajo
la letra D, consistente en la inspección ocular en
todos los documento relativos a la relación
laboral entre las partes, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 780 y 827 de la Ley
Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la
ley en la materia, solicito su desechamiento, en
virtud de dije el oferente omite precisar y
determinar el objeto y documentos materia de la
inspección, además de que el periodo debe de
circunscribirse sólo a un año anterior a la fecha
de la terminación de la relación laboral y no por
todo el tiempo que lo solicita el actor, es decir
desde la fecha del inicio de la relación de trabajo,
por encontrarse prescritas las prestaciones que
pretendiera     reclamar    el    accionista    con
anterioridad a un año de su reclamo.

A afecto de acreditar la procedencia de las
excepciones y defensas de la parte demandada
Instituto Electoral del Distrito Federal, se ofrecen
las siguientes:



                    PRUEBAS


1.- LA CONFESIONAL. Personalísima a cargo
del actor el C. ********* **************** **** al tenor
del pliego de posiciones que le será formulado
en su oportunidad, con el apercibimiento que
para el caso de no comparecer el día y hora
señalados para el desahogo de su confesional,
se le declare confeso ficto de las posiciones
calificadas de légales de conformidad con el
artículo 789 de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación supletoria a la ley en la materia,
debiendo ser notificado el absolvente en el
domicilio señalado en su escrito de demanda
ubicado en ******************** ****************
*********************************************************
*********************************************************
prueba que relacionó con todos y cada uno de los
hechos de la contestación de demanda.


2. (sic) LA CONFESIONAL. A cargo de (sic) C.
******************** *********************** ***********
Coordinador de; Asesores de la Presidencia del
Consejo General          del Instituto Electoral del
Distrito Federal persona a quien solicito se sirva
citar ese H. Tribunal Electoral, en virtud de que
dicha persona; requiere de Justificación (sic)
para ausentarse de su trabajo, señalando que
dicho funcionario puede ser citado en el ********
*********************************************************
*********************************************************
********************************************************
prueba que relacionó con todos y cada uno de los
hechos de la presente contestación y con la
cual se acreditará los términos y condiciones bajo
las cuales el actor prestó sus servicios para
el demandando.
3. (sic) LA TESTlMONIAL a cargo de los CC.
Licenciada (sic)********************* ********* y el C.
********************** ***************** Asesores de
la Presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, y a quienes solicito
se sirva citar ese H. Tribunal Electoral, con
fundamento en el artículo 13 (sic) fracción II de
la Ley Federal del Trabajo de aplicación
supletoria a la ley en la materia, en virtud de
que dichas personas requieren de Justificación
(sic) para ausentarse de su trabajo señalando
que dichos trabajadores pueden ser citados en el
edificio    marcado       en     ************************
*********************************************************
******************************** prueba que relaciono
con todos y cada uno de los hechos de la
presente contestación y con la cual se acreditará
los términos y condiciones bajo las cuales el actor
prestó sus servicios para el demandado.




4.- LAS DOCUMENTALES, CONSISTENTES
EN:


a). Constancia de nombramiento con fecha de
expedición 1o de agosto de 20001 (sic), a favor
del ***************** *******************con el cual se
acredita el salario, fecha de ingreso, lugar de
adscripción, puestos y funciones inherentes, así
como el carácter de confianza del nombramiento
y en el que obra su firma autógrafa de
conformidad, por lo que el accionista carece del
derecho a la estabilidad en el empleo y como
consecuencia para reclamar su reinstalación y
demás prestaciones que indicaren su demanda,
prueba que relaciono con todos y cada uno de los
hechos de la contestación de la demanda,
ofreciendo su perfeccionamiento a través de
la ratificación de contenido y forma de las
personas que intervinieron, los CC, Dr.
************************** en su carácter de Director
Ejecutivo de Administración y del Servicio
Profesional Electoral; ********************************
en su carácter de Secretario Ejecutivo; Contador
Público *************************** en su carácter de
Director de Recursos Humanos y actualmente
en su carácter de Director de Finanzas así como
del actor el C. ******************************** y toda
vez que por tratarse de altos funcionarios las
personas         del       Instituto      demandado
mencionadas y dadas sus funciones les es
imposible comparecer ante ese H. Tribunal
Electoral por lo que solicito con fundamento
en el artículo 813 (sic) fracción IV de la Ley
Federal del Trabajo de aplicación supletoria a
la ley de la materia, se desahogue vía oficio
la ratificación de contenido y firma que se
indica, ofreciendo            para tal efecto el
Interrogatorio respectivo y quienes pueden ser
notificados en el domicilio ubicado en *************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
************** y por lo que hace a la (sic) accionista
puede ser notificado en el domicilio señalado en
su escrito inicial de demanda y por economía
procesal su desahogo deberá efectuarse al
momento del desahogo de la confesional a su
cargo.



Para el supuesto no concedido de que el actor
niegue su firma que obra en la constancias de
nombramiento con fecha de expedición 1o de
agosto de 2001, no obstante de que quien
afirma que no es de su puño y letra la firma que
niega, tiene la carga de la prueba de acreditar
que no es de su puño y letra la firma que objeta,
toda vez que su negativa lleva implícitamente
una afirmación que corresponde acreditar a
quien la hace, sin embargo y a efecto de no
dejar en estado de indefensión al demandado
Instituto Electoral del Distrito Federal, se ofrece
la prueba pericial en caligrafía (sic),
grafoscopía y prafometría, a cargo del C. ******
**************************** a quien me comprometo
presentar el día y hora que se señale para que
proteste el cargo y rinda en dictamen respectivo,
mismo que deberá              versar sobre la firma
autógrafa contenida en el (sic) constancia de
nombramiento con fecha de expedición 1o de
agosto de 2001, ya efecto de acreditar que la
firma que obra en dicha; constancias de
nombramiento es de su puño y letra del actor,
prueba que relaciono con todos y cada uno de
los hechos de la demanda y que deberá versar al
tenor del siguiente interrogatorio:


I. Que diga el Perito si la firma que obra en la
constancia de nombramiento con fecha de
expedición 1o de agosto de 2001, que se le
imputa al actor, fue puesta de su puño y letra por
el C. ***********************************.


2. Que diga el Perito si la firma que obra en la
constancia de nombramiento con fecha de
expedición 1° de agosto de 2001, coincide con
las estampadas con el acto en la carta poder
que otorgó a sus apoderados", así como con las
que estampe el demandante en las diligencias en
las que intervenga, tales como la confesional
a su cargo,      así como aquellas firmas que
requiera el perito mediante las tomas de
muestras de la (sic) accionista.



3. Que dicha el Perito qué medios científicos y
técnica utilizó para llegara sus conclusiones.




b). Acuse; original de 30 de junio de 2004,
mediante el cual ese H. Tribunal Electoral recibe
el escrito de promoción de fecha. 29 de junio de
2004, mediante el cual el Instituto demandado
consigna y exhibe en sobre cerrado los
originales de dos cheques, y pólizas de cheques
números0012041 y 0012120 de fechas 9 y 14 de
junio de 2004, expedidos a favor del C. ********
****************** ********* por concepto de salarios
devengadas del 1o al 8 de junio de 2004 y parte
proporcional de prima vacacional y aguinaldo del
año 2004, que amparan las cantidades de
$7,906.42. (sic) y 32,019.87 (sic); original del
recibo finiquito de fecha 9 de junio de 2004, así
como el original del acuse de recibido del
extrabajador      del     oficio ," número    SECG-
IEDF/809/04 de fecha 8 de junio de 2004,
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal Licenciado ***********
************ ************** mediante el cual se le
comunicó al actor la terminación de su
nombramiento y funciones de; Asesor, adscrito a
la Presidencia del Consejo , General de este
instituto, con efectos a partir del 9 de junio de
2004, prueba que relaciono con todos y cada uno
de los hechos de la presente contestación y que
se ofrece para acreditar que el actor no fue objeto
de despido como dolosamente lo hace valer, sino
que derivado del, nombramiento y funciones de
confianza que desempeñó el accionista: para el
demandado se le comunicó conforme a derecho
la terminación de su nombramiento como asesor
ya que los trabajadores de confianza carecen del
derecho a la estabilidad en el empleo, así mismo
que al actor le fueron cubiertos en tiempo y forma
las prestaciones que devengo (sic) para el
demandado y que ante la negativa de recibir el
pago respectivo, se consignaron los mismos,
ofreciendo su perfeccionamiento del original del
acuse de la promoción que se atiende con el
original que obra en los archivos de ese H.
Tribunal Electoral, solicitando que se tenga a la
vista y que se tome en consideración al momento
de emitirse el fallo respectivo.




c). Copia certificada de la resolución de 20 de
febrero de 2003, emitida por (sic) H. Décimo
Quinto Tribunal          Colegiado en Materia del
Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de
amparo directo DT.-855/2003 promovido por este
Instituto Electoral del        Distrito    Federal, en
contra de la resolución laboral de 25 de
noviembre de 2002, emitida por ese H. Tribunal
Electoral del Distrito Federal, en el expediente
laboral TEDF-JLI-012/2002, promovido por la C.
************* ***************** ****** mediante la cual
se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia
Federal a mi poderdante y con la que se acredita
que los servidores del Instituto Electoral que
desempeñen funciones catalogadas institucional
y legalmente con el carácter de confianza,
carecen del derecho a la estabilidad en el
empleo y como consecuencia para reclamar la
reinstalación o indemnización constitucional, así
como el pago de salarios caídos, siendo que en
el caso el accionista realizó funciones para el
demandado de asesoría y consultoría legal, por
lo que con fundamento en los artículos 5o (sic)
fracción II, inciso h) (sic) y 8° de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado de
aplicación supletoria a la ley en la materia, es
improcedente la reinstalación que demanda el
actor y demás prestaciones señaladas en su
escrito inicial de demanda, prueba que relaciono
con todos y casa uno de los hechos de la
contestación de demanda, y la cual debe ser
admitida en virtud de tratarse de una documental
pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación supletoria al Estatuto del Servicio
Profesional            Electoral,      del     Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal,      prueba      que     no     requiere     de
perfeccionamiento ni legalización alguna en
atención a la naturaleza de la misma, sin
embargo para el caso de que ese H. Tribunal así
lo determinara se ofrece su perfeccionamiento
mediante el cotejo y compulsa que se realice
con el original que obra en los archivos del H.
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia
del Trabajo del Primer Circuito, ubicado en *******
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*************************** misma que solicito se
tenga a la vista y se estudie y analice al dictarse
el fallo en el juicio laboral que nos ocupa.

d). Copia certificada de la resolución de 14 de
agosto de 2003, emitida por ese H. Tribunal
Electoral del Distrito Federal, en el expediente
laboral TEDF-JLl-012/2002 promovido por la C.
************************* ************** en; contra del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en
cumplimiento a la ejecutoria de amparo de 20 de
febrero de 2003 pronunciada por el Décimo
Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito, con la cual se acredita que
no resulta violatorio de garantías la resolución
laboral que absuelva al demandado de la
reinstalación o indemnización constitucional, así
como del pago de salarios caídos; reclamadas
por un trabajador de confianza, ya que estos no
tienen derecho a la estabilidad en el empleo,
sino exclusivamente a las medidas de protección
al salaria y de la seguridad; social, de
conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV
del articulo 123 (sic) Apartado) "B" de la
Constitución Federal. Prueba que relaciono con
todos y cada uno de los hechos de la
contestación de demanda y la cual debe ser
admitida en virtud de tratarse de una documental
pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación, supletoria al Estatuto del Servicio
Profesional            Electoral,      del     Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal,      prueba      que     no     requiere     de
perfeccionamiento ni legalización alguna en
atención a la naturaleza de la misma, sin
embargo para el caso de que ese H. Tribunal así
lo determinara se ofrece su perfeccionamiento
mediante el cotejo y compulsa que se realice
con el original que obra en los archivos del H.
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia
del Trabajo del Primer Circuito, ubicado en *******
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
************, misma que solicito se tenga a la vista
y se estudie y analice al dictarse el fallo en el
juicio laboral que nos ocupa.



e). Nóminas de pago       correspondiente al
concepto de prima vacacional y aguinaldo de
2000, 2001, 2002 y 2003, de fechas 2 y 3 de
junio de 2003, 1o de diciembre de 2003, y del
16-31 de 2003, mediante las cuales se acredita el
pago a favor del actor por las referidas
prestaciones, y en las cuales obra su firma
autógrafa de recibido de conformidad, pruebas
que relaciono con todos y cada uno de los
hechos de la contestación de demanda y ofrezco
su perfeccionamiento a través de la
ratificación de contenido y forma del actor
quien por ser mi contraria jurídica solicito a
este H. Tribunal Electoral se sirva citarla en el
domicilio que señala en su escrito inicial de
demanda, ubicado ;en ******************* *********
*********************************************************
*************** prueba' que por economía procesal
deberá de desahogarse al momento de
efectuarse la confesional del actor, con los
apercibimientos de Ley.




Para el supuesto no concedido de que el *******
********************** niegue sus firmas que obran
en las nominas (sic) de pago correspondientes al
concepto de prima vacacional y aguinaldo de
2003, de fechas 2 y 3 de junio de 2003, 1° de
diciembre de 2003, y del 16-31 de 2003, no
obstante de que quien afirma que no es de su
puño y letra la firma que niega, tiene la carga de
la prueba de acreditar que no es de su puño y
letra la firma que: objeta, toda vez que su
negativa lleva implícitamente una afirmación que
corresponde acreditar a quien la hace, sin
embargo y a efecto de no dejar en estado de
indefensión al demandado Instituto Electoral del
Distrito Federal, se ofrece la prueba pericial
en caligrafía (sic), grafoscopia (sic) y
grafometría, a cargo del C. ***********************
******** a quien me comprometo a presentar el
día y hora que se .señalé para que proteste el
cargo y rinda en dictamen respectivo, mismo
que deberá versar sobre las firmas autógrafas
contenidas      en     las   nominas    de    pago
correspondientes       al   concepto    de   prima
vacacional y aguinaldo de 2003, de fechas 2 y 3
de junto de 2003, 1° de diciembre de 2003, y del
16-31 de 2003, ya afecto de acreditar que la
firma que obra en dicha nómina es de su puño y
letra del actor, prueba que relaciono con todos y
cada uno de los hechos de la contestación de
demanda y que deberá versar al tenor del
siguiente interrogatorio:
1. Que diga el Perito si las firmas que obran en
las nóminas de pago correspondientes al
concepto de prima vacacional y aguinaldo de
2003, de fechas 2 y 3 de junio de 2003, 1° de
diciembre de 2003, y        del 16-31 de 2003,
signadas por el actor en donde esta (sic) su
nombre y que se le imputa al trabajador, fue
puesta de su puño y letra por el accionista.

2. Que diga el Perito si las firmas que obran en
las nóminas de pago correspondientes al
concepto de prima vacacional y aguinaldo de
2003, de fechas 2 y 3 de junio de 2003, 1 o de
diciembre, de 2003, y del 16-31 de 2003 de pago
de aguinaldo de fecha 2 de junio de 2003,
signadas por el actor en donde esta (sic) su
nombre y que se le imputa al trabajador,
coinciden con las estampadas por el actora (sic)
en la carta poder que otorgó a su apoderado, así
como con las que estampé el demandante en las
diligencias en las que intervenga, tales como al
confesional a su cargo, así como aquellas
firmas que requiera el perito mediante las tomas
de muestras del actor.



3. Que diga el Perito qué medios científicos y
técnica utilizó para llegara sus conclusiones.



f). Avisos de vacaciones de fechas 16 de
diciembre de 2003, 18 de julio de 2003, 11 de
diciembre de 2002 y 15 de abril de 2002, con las
cuales se acredita que al actor en tiempo y
forma se le dio el derecho de disfrutar de sus
vacaciones, por lo que el reclamo de las mismas
es improcedente, pruebas que relaciono con
todos y cada uno de los                hechos de la
contestación de demanda y ofrezco su
perfeccionamiento a través de la ratificación
de contenido y firma del acto quien por ser mi
contraria jurídica solicito a ese H. Tribunal
Electoral se sirva citarla en el domicilio que
señala en su escrito inicial de demanda,
ubicado         en       ********************************
*************************************************** (sic)
F. prueba que por economía procesal deberá de
desahogarse al momento de                efectuarse la
confesional del actor, con los apercibimientos de
ley.



Para el supuesto no concedido de que el C. ******
************* ********* niegue sus firmas que obran
en los avisos de vacaciones de fechas 16 de
diciembre de 2003, 18 de julio de 2003, 11 de
diciembre de;2002 y 15 de abril de 2002, no
obstante de que quien afirma que no es de su
puño y letra la firma que niega, tiene la carga de
la prueba de acreditar que no es de su puño y
letra la firma que objeta toda vez que su
negativa lleva implícitamente una afirmación que
corresponde acreditar a quien la hace, sin
embargo y a efecto de no dejar en estado de
indefensión al demandado Instituto Electoral del
Distrito Federal, se ofrece la prueba pericial
en caligrafía (sic), grafoscopia (sic) y
grafometría, a cargo de C. **********************
************ a quien me comprometo a presentar el
día y hora que se señale para que proteste el
cargo y rinda en dictamen respectivo, mismo
que deberá versar sobre las firmas autógrafas
contenidas en los avisos de vacaciones de
fechas 16 de diciembre de 2003, 18 de julio de
2003, 11 de diciembre de 2002 y 15 de abril de
2002, y a afecto de acreditar que las firmas que
obran en dichos avisos son de su puño y letra
del actor, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los hechos de la contestación de
demanda y que deberá versar al tenor del
siguiente interrogatorio:



1. Que diga el Perito si fas. firmas que obran en
los avisos de vacaciones de fechas 16 de
diciembre de 2003, 18 de julio de 2003, 11 de
diciembre de 2002 y 15 de abril de 2002,
signadas por el actor en donde esta (sic) su
nombre y que se le imputa al trabajador, fue
puesta de su puño y letra por el accionista.



2. Que diga el Perito sí las firmas que obran en
los avisos de vacaciones de fechas 16 de
diciembre de 2003, 18 de julio de 2003, 11 de
diciembre de 2002 y 15 de abril de 2002,
signadas por el actor en donde esta (sic) su
nombre y que se le imputa al trabajador,
coinciden con las estampadas por el actor en la
carta poder que otorgó a su apoderado, así
como con las que estampe el demandante en
las diligencias en las que intervenga, tales como
la confesional a su cargo, así como aquellas
firmas que requiera el perito mediante las tomas
de muestras del actor.



3. Que diga el Perito qué medios científicos y
técnicas utilizó para llegar a sus conclusiones.

g) Constancias de pago de las aportaciones al
ISSSTE y FOVISSTE correspondientes a los
años 2000, 2001, 2003 y 2004, y de las
aportaciones del SAR, correspondientes del año
2000 al 2004, con las cuales; se acredita que
este Instituto en tiempo y forma enteró y cubrió
sus pagos por dichos conceptos a favor de sus
trabajadores, entre los cuales se encuentra el
hoy actor, ante el ISSSTE; siendo en
consecuencia               improcedentes          dichas
prestaciones que de manera; ilegal vuelve a
reclamar el actor. Esta prueba se relaciona con
todos y cada uno de los hechos de la presente
contestación y se ofrece su perfeccionamiento
respecto de las constancias de pago de las
aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE,
consistente en el cotejo y compulsa que se haga
con sus originales que obran en los archivos del
ISSSTE, quien tiene su domicilio oficial en
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*******************.

Por lo que hace a las constancias de las
aportaciones al SAR correspondientes a los
años del 2000 al 2004, ofrezco su
perfeccionamiento a través de la ratificación
de contenido y firma del actor quien por ser
mi contraria jurídica solicito a ese H. Tribunal
Electoral se sirva citarla en el domicilio que
señala en su escrito inicial de demanda, ubicado
en **************************************** *******
***************************************** prueba que
por economía procesal deberá de desahogarse
al momento de efectuarse la confesional del
actor, con los apercibimientos de ley.




Para el supuesto no concedido de que el C.
*********************** niegue sus firmas que obran
en las constancias de las aportaciones al SAR
correspondientes a los años del 2000 al 2004,
no obstante de que quién afirma que no es de su
puño y letra la firma qué niega, tiene la carga de
la prueba de acreditar que no es de su puño y
letra la firma que objeta, toda vez que su
negativa lleva implícitamente una afirmación que
corresponde acreditar a quien la hace, sin
embargo y a efecto de no dejar en estado de
indefensión al demandado Instituto Electoral del
Distrito Federal, se ofrece la prueba pericial
en caligrafía (sic) grafoscopia (sic) y
grafometría,           a cargo del C. *************
********* **** quien me comprometo a presentar el
día y hora que se señale para que proteste el
cargo y rinda en dictamen respectivo, mismo
que deberá versar sobre las firmas autógrafas
contenidas en las constancias de las
aportaciones al SAR correspondientes a los
años del 2000 al 2004, y a afecto de acreditar
que las firmas que obran en dichas constancias
son de su puño y letra del actor, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los hechos de
la contestación de demanda y que deberá versar
al tenor del siguiente interrogatorio:



1. Que diga el Perito si las firmas que obran en
las constancias de las aportaciones al SAR
correspondientes a los años del 2000 al 2004,
signadas por el actor en donde esta (sic) su
nombre y que se le imputa al trabajador, fue
puesta de su puño y letra por el accionista.

2. Que diga el Perito si las firmas que obran en
las constancias de las aportaciones al SAR
correspondientes a los años del 2000 al 2004,
signadas por el actor en donde esta (sic) su
nombre y que se le imputa al trabajador,
coinciden con las estampadas por el actor en la
carta poder que otorgó a su apoderado, así
como con las que estampe el demandante en
las diligencias en las que intervenga, tales como
la confesional a su cargo, así como aquellas
firmas que requiera el perito mediante las tomas
de muestras del actor.



3. Que diga el Perito qué medios científicos y
técnica utilizó para llegara sus conclusiones.


h). Original del concentrado diario y semanal,
así como de las actividades en particular del
Control de Gestión de los turnos asignados al
actor, correspondientes a los años del 2000 al
2004, constante de 664 (SEISCIENTAS
SESENTA Y CUATRO FOJAS), con las cuales
se acredita las funciones de confianza que
desempeñó el accionista para el Instituto
demandado, esto es, de asesoría para el
Presidente del Consejo Federal del Instituto
Electoral del Distrito Federal. Prueba que
relaciono con todos y cada uno de los hechos
de la presente contestación y toda vez de que
se trata de una impresión original debidamente
validada por las (sic) responsable de dichos
concentrados y controles de gestión del sistema
de computo (sic) que se lleva a cabo en dicha
Presidencia del Consejo General de este
Instituto,   ofrezco   su    perfeccionamiento
consistente en la ratificación de contenido y
firma de las siguientes de los mismos las CC.
*******************************************************
********************************** Respectivamente
quienes se desempeñan como Secretarias
Ejecutivas de dicha oficina, y a quienes solicito
se sirva citar ese H. Tribunal Electoral, con
fundamento en el articulo 13 (sic) fracción II de
la Ley Federal del Trabajo de aplicación
supletoria a la ley en la materia, virtud (sic) de
que dichas personas requieren de Justificación
(sic) para, ausentarse de su trabajo, señalando
que dichas trabajadoras pueden ser citadas en
el edificio marcado con el número 25, Edificio
Anexo, ce la calle de Huizaches, colonia (sic)
Rancho los Colorines, Código Postal 14386, de
esta Ciudad de México, prueba que relaciono
con todos y cada uno de los hechos de la
presente contestación y con la cual se
acreditará los términos y condiciones bajo las
cuales el      actor prestó sus servicios para el
demandado, así como la naturaleza del trabajo
que le era turnado y desahogaba.




Para el supuesto no concedido de que las CC.
*******************************************************
*********************************** respectivamente
nieguen sus firmas que                obran en los
concentrados diarios y semanales, así como en
los Controles de Gestión              de los turnos
asignados, al actor correspondientes a los años
del 2000 al 2004, constante de 664
(SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO FOJAS),
no obstante de que quien afirma que no es de su
puño y letra la firma, tiene la carga de la prueba
de acreditar que no es de su puño y letra la
firma que objeta, toda vez que su negativa lleva
implícitamente una afirmación que corresponde
acreditar a quien la hace, sin embargo y a efecto
de no cejar en estado de indefensión al
demandado instituto Electoral del Distrito
Federal, se ofrece la prueba pericial en
caligrafía      (sic),    grafoscopia        (sic)    y
grafometría,         a cargo del C. ****************
********** a quien me comprometo a presentar el
día y hora que se Señale para qué proteste el
cargo y linda en dictamen respectivo, mismo que
deberá versar sobre las firmas autógrafas
contenidas en los concentrados diarios y
semanales, así cómo en los controles de
Gestión de los turnos asignados al actor
correspondientes a los años del 2000 al 2004,
constante de 664 (SEISCIENTAS SESENTA Y
CUATRO FOJAS), y a afecto de acreditar que
las firmas que obran, en dichas constancias son
de su puño y letra del actor, esta deberá versar
al tenor del siguiente interrogatorio:



I. Que diga el Perito si las firmas que obran en
los concentrados diarios y semanales, así como
en los Controles de Gestión de los turnos
asignados al actor correspondientes a los años
del 2000 al 2004, signados por las CC. **********
*******************************************************
************************ en donde esta (sic) su
nombre, fue puesta de su puño y letra.


2. Que diga el Perito si las firmas que obran en
los concentrados diarios y semanales, así como
en los Controles de Gestión de los turnos
asignados al actor correspondientes a los años
del 2000 al 2004, signados por las CC.
*******************************************************
******************** coinciden con las estampadas
en la diligencia en la que intervengan, así como
aquellas firmas que requiera el perito mediante
las tomas de muestras del actor.


3, Que diga el Perito qué medios científicos y
técnica utilizó para llegar a sus conclusiones.

Asimismo, se ofrece inspección ocular que
practique ese H. Tribunal Electoral en el referido
Sistema, debiendo para tales efectos comisionar
a un actuario, y a efecto de acreditar los
siguientes extremos:

a). Que el concentrado diario y semanal de
actividades, así como de las actividades en
particular del Control de Gestión de los turnos
asignados al actor, correspondientes a los años
del 2000 al 2004, constante de 664
(SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO FOJAS),
se encuentran en el sistema de control de
gestión que se lleva acabo (sic) en la
Presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal.

b). Que aparece en el sistema del control de
gestión que se lleva acabo (sic) en la
Presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito (sic), los turnos asignados
al actor, correspondientes a los años del 2000 al
2004, (sic)

i). Copia certificada del oficio número SECG-
IEDF/2116/00 de fecha primero de marzo de dos
mil, mediante el cual se realizo el tramite de alta
correspondiente del actor con adscripción en las
oficinas de presidencia (sic) y Puesto de Asesor,
prueba que relaciono con todos y cada uno de
los hechos de la contestación de demanda, y la
cual debe ser admitida en virtud de tratarse de
una documental pública, de conformidad con los
dispuesto; en el artículo 795 de la Ley Federal
del Trabajo de aplicación supletoria al Estatuto
del Servido Profesional Electoral, del Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal, prueba que no requiere de
perfeccionamiento ni legalización alguna en
atención a la naturaleza de la misma.



j). Copia, certificada del oficio número PCG-
1EDF/1530/03 de fecha diecisiete de diciembre
(sic), con la cual se acredita que con esa fecha
le fue notificada la terminación de su comisión
para realizar funciones de Secretario Particular
de la Oficina de la Presidencia al C.
****************************** Prueba que relaciono
con todo y cada uno de los hechos de la
contestación de demanda, y la cual debe ser
admitida en virtud de tratarse de una documental
pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación supletoria al Estatuto del Servicio
Profesional        Electoral,      del    Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual pon obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal, prueba que no requiere de
perfeccionamiento ni legalización alguna en
atención a la naturaleza de la misma.



k). Copia certificada del oficio número PCG-
IEDF/1531/03 de fecha; diecisiete de diciembre
(sic), con la cual se acredita que con esa fecha
le fue notificada su comisión para realizar
funciones de Coordinador de Asesores de la
Oficina      do      la     Presidencia    al    C.
************************** prueba que relaciono con
todos y cada uno de los hechos de la
contestación de demanda, y la cual debe ser
admitida en virtud de tratarse de una documental
pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación supletoria al Estatuto del Servicio
Profesional        Electoral,      del     Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal, prueba que no requiere de
perfeccionamiento ni legalización alguna en
atención a la naturaleza de la misma.


3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO        LEGAL      Y    HUMANA,       (sic)
consistente en todos los indicios que formen
convicción en ese H. Tribunal Laboral y lleven a
la conclusión de que las prestaciones que
reclama el actor no proceden en virtud de que el
accionista    realizó   funciones   catalogadas
institucional y legalmente con el carácter de
confianza, motivo por el cual la comunicación al
actor de la terminación de su nombramiento y
funciones de confianza como asesor del
presidente (sic) del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, fue ajustada a
derecho. Esta prueba se relaciona con todos y
cada un de los hechos y prestaciones de la
presente contestación.



4. (sic)      LA      INSTRUMENTAL          DE
ACTUACIONES, en todo lo que favorezca los
intereses de nuestro representado y que se
relaciona con todos y cada uno de los hechos de
la presente contestación.

                 DERECHO

En cuanto a las pruebas resulta aplicable lo
dispuesto en los artículos 776, 777, 778, 786,
794, 795, 813, 821, 830, 835, y demás relativos
y aplicables de la Ley Federal del Trabajo de
aplicación supletoria a la ley en la materia.

Por lo expuesto y fundando (sic); (sic)

H. MAGISTRADO, atentamente pedimos se
sirva:

PRIMERO. Tenernos por acreditada y
reconocida la personalidad con la que nos
ostentamos, como apoderados jurídicos del
Instituto Electoral del Distrito Federal, así como
por autorizadas a las personas señaladas en el
proemio de la presente contestación de
demanda para los efectos legales a que haya
lugar.


SEGUNDO. Tener por contestada en tiempo y
forma a nombre y en representación del Instituto
           Electoral del Distrito Federal la improcedente e
           infundada demanda promovida por el C. *******
           ***************************** así como opuestas las
           excepciones y defensas hechas valer en el
           presente ocurso y por ofrecidas las pruebas que
           se señalen en el presente libelo.


           TERCER. Previos los trámites de ley, dictar
           resolución en la que se absuelva al Instituto
           Electoral del Distrito Federal de todas y cada
           una de las improcedentes prestaciones
           reclamadas por el ******************************
           ****************** a las cuales se ha dado debida
           contestación.


7.- Mediante acuerdo del catorce de julio de dos mil cuatro,

el Magistrado Instructor tuvo al Instituto enjuiciado dando

contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y

defensas que hizo valer, y por ofrecidas las pruebas de su

parte; así mismo, ordenó dar vista a la parte actora con la

contestación de referencia, para que manifestara lo que a su

derecho correspondiera.




8.- Los días tres, doce y veintiséis de agosto; seis, trece,

veintiuno y veintiocho de septiembre; así como los días

cinco, doce, veintiséis y veintinueve de octubre, todos del

año dos mil cuatro; tuvo verificativo la audiencia de

conciliación, desahogo de pruebas y alegatos a que se

refiere el artículo 272, fracción VII del Código Electoral del

Distrito Federal, desahogándose en su oportunidad todas y

cada una de las pruebas aportadas por las partes, quienes
formularon sus alegatos manifestando lo que a su derecho

convino;   declarándose cerrada la instrucción y citándose

para oír sentencia.




9.- Con fecha quince de diciembre del año próximo pasado,

el Pleno des este Órgano Jurisdiccional dictó resolución en el

expediente que nos ocupa, la cual fue aprobada por

unanimidad de votos en cuanto a los primeros ocho

considerandos, y con el voto particular razonado que emitió

el Magistrado **************************************** en relación

con el considerando noveno de la presente sentencia, cuyos

puntos resolutivos fueron del tenor siguiente:



            PRIMERO.- El actor ******************************
            ***************** rédito parcialmente los extremos
            de su acción intentada y la autoridad
            demandada INSTITUTO ELECTORAL DEL
            DISTRITO FEDERAL, justificó parcialmente sus
            defensas y excepciones de conformidad con lo
            expuesto en los considerandos SÉPTIMO Y
            OCTAVO de esta sentencia.


            SEGUNDO.- En; consecuencia, se REVOCA el
            oficio número SECG-IEDF/809/04 de fecha
            ocho de junio del dos mil cuatro, suscrito por el
            Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
            Distrito Federal:


            TERCERO.- Se CONDENA al INSTITUTO
            ELECTORAL; DEL DISTRITO FEDERAL a
            reinstalar al ciudadano **************************
            *********************** en el cargo de Asesor de la
            Presidencia del Consejo General del órgano
            electoral administrativo, en términos de la
           fracción X del artículo 272 del Código Electoral
           local.


           CUARTO- Se CONDENA al INSTITUTO
           ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL a
           pagar a la parte actora la cantidad de
           $324,824.86 (trescientos veinticuatro mil
           ochocientos veinticuatro pesos 86/100 M.N.),
           por los conceptos y razonamientos legales
           vertidos en los Considerandos OCTAVO Y
           NOVENO de la presente resolución, haciendo la
           aclaración, que a este último monto, se deberán
           aplicar las deducciones que sean procedentes,
           en términos de los considerandos antes
           mencionados, lo que se deberá realizar dentro
           del plazo Señalado para tal efecto.



           QUINTO.- Se ordena al Instituto Electoral del
           Distrito Federal, que informé a este Tribunal en
           un término de cinco días, contados a partir de
           que causo estado la presente resolución, sobre
           el efectivo cumplimiento de los puntos
           resolutivos de esta sentencia:


           SEXTO.- NOTIFIQUESE personalmente al actor
           y por oficio a la autoridad demandada,
           acompañándoles copia certificada de la
           presente resolución y en su oportunidad,
           archívese el expediente de mérito como asunto
           total y definitivamente concluido.

           …”




10.- Inconformes con la sentencia            mencionada en el

Resultando que antecede, las partes que actúan en el

presente Juicio Especial Laboral promovieron sendos juicios

de garantías que por turno le correspondieron conocer al

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del

Primer Circuito, el cual en sesión celebrada el nueve de

marzo del año que transcurre, emitió las ejecutorias

correspondientes, mediante las cuales concedió a los
quejosos Instinto Electoral del Distrito Federal y ciudadano

*************************** el amparo y protección de la Justicia

Federal solicitado, para el efecto de que este Tribunal deje

insubsistente la resolución del quince de diciembre de dos

mil cuatro, y en su lugar pronuncie otra en la que atendiendo

a los lineamientos establecidos en dichos fallos por el

Tribunal Federal mencionado, se considere que el actor *****

************************* carece de estabilidad en el empleo, en

virtud de que las funciones que desarrollaba encuadran en el

artículo 5o, fracción II inciso h) de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo,        para que

considere que el trabajador se desistió del pago de salarios

devengados del primero al ocho de julio del dos mil cuatro,

así como de la parte proporcional de prima vacacional y

parte proporcional de aguinaldo correspondiente al mismo

año; y que toda vez que los artículos 784, 804 y 805 de la

Ley Federal del Trabajo, disponen en esencia, que es al

patrón a quien corresponde probar su dicho cuando exista

discrepancia sobre la jornada de trabajo, y al no acreditar

con los medios de prueba pertinentes el Instituto Electoral

local, que ¡al trabajador disponía de una hora para tomar sus

alimentos fuera del centro de trabajo, debe condenársele al

pago de la hora extra reclamada por el periodo de quince

días hábiles anteriores a la fecha de la terminación de la
relación laboral, es decir, del dieciocho de mayo al ocho de

junio del dos mil cuatro, en razón de que es al patrón a quien

corresponde la carga de la prueba. Las ejecutorias en

comento fueron notificadas a este Órgano Colegiado el

catorce de marzo del año en curso, mediante oficios

números 1745 y 1747 de la misma fecha.




11.- Recibidas que fueron las ejecutorias en comento,

mediante proveído del quince de marzo de dos mil cinco, el

Magistrado Presidente de este Tribunal acordó se agregaran

al expediente en que se actúa; hacerlas del conocimiento del

Magistrado Instructor, poniendo a, su disposición dicho

expediente, para que a la brevedad posible y observando los

lineamientos de la citadas ejecutorias de amparo, procediera

a elaborar un nuevo proyecto de resolución, a fin de

someterlo en su oportunidad a consideración del Pleno de

este Órgano Colegiado; asimismo, acordó girar oficio al

Tribunal de Amparo, con el; fin de informarle sobre el

cumplimiento    de   dichas   ejecutorias,   actos   que   se

cumplimentaron    mediante    oficio   número   TEDF-PRES-

174/2005, del dieciocho del mismo mes y año.
12.- Habiéndose impuesto los integrantes del Pleno del

proyecto     de       resolución     elaborado   por   el   Magistrado

instructor, y siguiendo los lineamientos vertidos en la

ejecutoria que se cumplimenta, éste Órgano Colegiado

procede      a       dictar    la   sentencia    correspondiente   de

conformidad con el siguiente apartado de




CONSIDERANDOS:




PRIMERO,- Este Tribunal Electoral es competente para

conocer y resolver el presente juicio, en atención a lo

dispuesto por los artículos 128 y 129, fracción V del Estatuto

de Gobierno del Distrito Federal; 222, 227, fracción I, inciso

d), 243, párrafo primero, 244, párrafo segundo, y 272 del

Código Electoral del Distrito Federal, de los cuales se

desprende            que corresponde al Tribunal Electoral del

Distrito     Federal,         substanciar   y    resolver    en forma

definitiva       e     inatacable,      los conflictos o diferencias

laborales entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y

sus servidores, como es el que acontece en la especie

entre el ciudadano ********************************* y el Instituto

Electoral de esta Entidad Federativa.
SEGUNDO.- Por cuanto hace al marco legal aplicable al

presente asunto, conviene precisar que en los juicios que

tengan por objeto la resolución de los conflictos o diferencias

laborales entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus

servidores, este Tribunal aplicará supletoriamente a las

disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal,

aquellas normas que sean congruentes y complementarias

con la naturaleza especial del procedimiento laboral electoral

en el orden siguiente: la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estada, la Ley Federal del Trabajo, el Código

Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden

común, la costumbre, el uso, los principios generales de

derecho y la equidad, siempre que éstas no contravengan el

régimen laboral previsto en el Estatuto de Gobierno del

Distrito Federal, el Código de la materia y a el Estatuto del

Servicio Profesional Electoral, del Personal Administrativo,

de los Trabajadores Auxiliares y del Personal Eventual por

obra o tiempo determinado del instituto Electoral del Distrito

Federal, vigente en la época en que acontecieron los hechos

de la demanda. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de

jurisprudencia aprobada en sesión del nueve de diciembre de

mil novecientos noventa y hueve, por el Pleno de este
Órgano Jurisdiccional e identificada con la clave de

publicación TEDF1LAJ 01/99, que a la letra dice:




           "JUICIO ESPECIAL LABORAL PARA DIRIMIR
           LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS ENTRE EL
           INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO
           FEDERAL Y SUS SERVIDORES. PROCEDE LA
           APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS QUE
           RESULTAN                CONGRUENTES                Y
           COMPLEMENTARIAS EN LA MATERIA. Los
           artículos 123 y 124 del Estatuto de Gobierno del
           Distrito Federal, disponen que el Instituto
           Electoral de la entidad, será autoridad en la
           materia, independiente en sus decisiones,
           autónomo en su funcionamiento y profesional en
           su desempeño, contando en su estructura con
           órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
           vigilancia. Asimismo, determinan que las
           relaciones de trabajo de los servidores públicos
           de dicho organismo, estarán regidas por la ley
           electoral y el Estatuto del Servicio Profesional
           Electoral que con base en la misma apruebe el
           Consejo General. En tal virtud, si para la
           substanciación y resolución de los conflictos o
           diferencias laborales entre el Instituto Electoral
           local y sus servidores, el Código Electoral del
           Distrito Federal en su artículo 272, reguló de un
           modo muy general las formalidades procesales a
           las cuales deben sujetarse aquéllos, es inconcuso
           que, para efectos de lo previsto en el artículo 129,
           fracción V, del Estatuto de Gobierno, mismo que
           confiere al Tribunal Electoral la facultad exclusiva
           de resolver esas controversias, y considerando su
           carácter de máxima autoridad jurisdiccional local
           en materia electoral y de garante del principio de
           legalidad, según lo prescriben los artículos 128
           del citado Estatuto y 222 del propio Código,
           resulta    procedente       que     este    Órgano
           Jurisdiccional pueda hacer una aplicación
           supletoria de las normas que son congruentes y
           complementarías con la naturaleza especial del
           procedimiento laboral; máxime cuando del
           contenido de los artículos 133, párrafo primero
           del Código, 13 del Estatuto de Gobierno y 217 del
           Estatuto del Servicio Profesional Electoral del
           Personal Administrativo, de los Trabajadores
           Auxiliares y del Personal Eventual del instituto
           Electoral del Distrito Federal, se desprende que el
           personal de la referida institución será
           considerado de confianza y estará sujeto al
           régimen establecido tanto por, la fracción XIV del
           apartado B) del artículo 123 constitucional, como
           por la ley que el Congreso de la Unión emita al
           respecto. Consecuentemente, de acuerdo con
           una recta interpretación de los mencionados
           preceptos y siempre que no se contravenga el
           régimen laboral previsto en el Código y en el
           Estatuto del Servicio Profesional Electoral, para el
           conocimiento y la resolución de los conflictos o
           diferencias laborales entre el Instituto y sus
           servidores, son aplicables en forma supletoria: la
           Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
           Estado, la Ley Federal del Trabajo, el Código
           Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del
           orden común, la costumbre, el uso, los principios
           generales de derecho y la equidad.



           Juicio Especial Laboral. TEDF-JLI-001/99. ********
           ************************* 14 de septiembre de 1999.
           Unanimidad de cinco votos. Ponente: ********
           ***************************** Secretario de Estudio y
           Cuenta: *****************************.


           Juicio Especial Laboral. TEDF-JLI-002/99. ******
           ********************* 14 de septiembre de 1999.
           Unanimidad de cinco votos; Ponente: ******
           ************************* Secretario de Estudio y
           Cuenta: ************************.


           Juicio Especial Laboral.; TEDF-JLI-003/99.
           Ciudadana ************************************* 14 de
           septiembre de 1999. Unanimidad de cinco votos.
           Ponente: ******************************* Secretario de
           Estudio y Cuenta: *****************************.




TERCERO.- De manera preferente, este Tribunal debe

estudiar oficiosamente la procedencia de las acciones

intentadas, esto es, con la finalidad de verificar si en el caso

se encuentran satisfechos los presupuestos de dichas

acciones, habida cuenta que su examen es primordial por

tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo

dispuesto por el artículo I°,       párrafo primero del         Código
Electoral del Distrito Federal, pues es principio general del

derecho que en la resolución de los asuntos deben

examinarse prioritariamente dichas cuestiones, pues de no

ser   así,   existiría   impedimento       para    dictar    sentencia

condenatoria, aún y cuando la parte demandada se haya

defendido defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción

haya opuesto.



Lo antes expuesto encuentra sustento en la Tesis Relevante,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación que establece lo siguiente:




              "ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO
              DE ESTUDIO OFICIOSO. Es principio general
              de derecho que en la resolución de los asuntos
              debe examinarse, prioritariamente, si los
              presupuestos de las acciones intentadas se
              encuentran colmados, ya que de no ser así
              existiría impedimento, para dictar sentencia
              condenatoria, a pesar de que la parte
              demandada se haya defendido defectuosamente
              o inclusive, ninguna excepción haya opuesto.


              Sala Superior. S3LA 001797.
              Juicio para dirimir los conflictos o diferencias
              laborales entre el Instituto Federal Electoral y
              sus servidores. SUP-JLI-021/97. *************
              ********************** 7 de agosto de 1997.
              Unanimidad de votos. Ponente: ************
              **********************.




Sobre el particular, este Órgano Jurisdiccional estima que en

el caso se colman los extremos exigidos por los numerales
129, fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

así como 227, fracción I, inciso d), 243, párrafo primero, 244,

párrafo segundo y 272 del Código de la materia; ello en

razón de que se trata de un ciudadano que se ostenta como

ex servidor público del Instituto Electoral del Distrito Federal,

y que aduce una afectación a sus derechos laborales

derivada del oficio número SECG-IEDF/809/04 emitido por el

Secretario Ejecutivo del órgano electoral administrativo de

fecha ocho de junio del dos mil cuatro, el cual le fue

notificado el mismo día.




Así, se observa que la demanda se encuentra presentada en

tiempo y forma, si se toma en consideración que el actor en

el capítulo de hechos solicita la revocación del oficio citado

en el párrafo que: antecede y como consecuencia, su

reinstalación   con   el   cargó    de    Asesor    que    venía

desempeñando y el pago de diversas prestaciones de índole

laboral. En efecto, se advierte que el ocurso de mérito le fue

notificado el día ocho de junio del año en curso, en tanto que

el escrito inicial de su demanda fue presentado ante este

Cuerpo Colegiado o veintitrés de junio del dos mil cuatro,

según se advierte del sello de recepción asentado por la

Oficialía de Partes, de donde se sigue que es evidente que la
acción fue ejercitada dentro del plazo de los quince días

hábiles a que se refiere el numeral 272, fracción I del Código

Electoral del Distrito Federal. Así mismo, dicho escrito de

demanda cumplió con los requisitos a que se refiere la

fracción III del artículo antes citado.



Sentado lo anterior, y toda vez que en el expediente en que

se actúa no se advierte alguna cuestión de previo y especial

pronunciamiento, se pasa a examinar lo concerniente al

fondo de la controversia de mérito.



CUARTO.- La parte actora reclama la revocación del

contenido del oficio número SECG-IEDF-809/04, de fecha

ocho de junio del dos mil cuatro, suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal; así

mismo, solicita su reinstalación en el cargo de asesor que

venía desempeñando y el pago de diversas prestaciones de

carácter laboral.




Por su parte, el órgano electoral .administrativo, al contestar

la demanda entablada en su contra, manifestó que la

terminación del nombramiento del accionante, se debió a la

calidad de confianza que, institucional y legalmente tienen
los servidores del instituto Electoral del Distrito Federal, y

por tal motivo el Secretario Ejecutivo del Instituto, en

términos de lo dispuesto por los artículos 74, incisos a) y f) y

133 del Código Electoral del Distrito Federal; en relación con

el artículo 123, Apartado B, fracción XIV de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 del Estatuto

de Gobierno del Distrito Federal; 5°, fracción II, inciso h) y 8°

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

le comunicó al actor conforme a derecho, la terminación de

su nombramiento y funciones de confianza como asesor del

Presidente del Concejo General del Instituto Electoral local.

Esto, en virtud de que a su juicio, los trabajadores de

confianza no gozan de la estabilidad en el empleo y sólo

tienen derecho a la protección al salario y a los beneficios de

la seguridad social.




En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral local estima

que la controversia en el presente asunto se constriñe a

determinar, si el ocurso número SECG-IEDF/809/04 de fecha

ocho de junio del dos mil cuatro, signado por el Secretario

Ejecutivo del Instituto demandado, por medio del cual le

hacen del conocimiento a la parte actora la terminación de su

nombramiento y funciones de confianza de Asesor adscrito a
la Presidencia del Consejo General del propio Instituto, fue

conforme a derecho, por considerar que está debidamente

apegado a la ley, o por el contrario, como lo afirma el

trabajador, que el contenido del oficio citado con anterioridad

no se encuentra ajustado a derecho, más aún cuando el

funcionarle del Instituto que lo signa carece de facultades

para ese efecto.




Por tal motivo, el análisis de la presente controversia se hará

atendiendo al escrito de demanda, al ocurso de contestación,

a las pruebas ofrecidas por las partes, mismas que serán

valoradas en su conjunto por este Órgano Jurisdiccional,

atendiendo a las regías de la lógica y de la experiencia, así

como al sano raciocinio, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 272, fracción VIII del Código Electoral del Distrito

Federal y, a los demás elementos que obran en el

expediente en que se actúa.



A fin de estar en aptitud de identificar adecuadamente los

agravios esgrimidos por el actor, es menester destacar que

este Órgano Jurisdiccional procede a efectuar un análisis

integral dial escrito de demanda, con la finalidad de

desprende" la intención del enjuiciante y deducir con
precisión los agravios que le ocasiona la resolución que

reclama, sin que obste el hecho de que los motivos de

inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo

distinto de aquél que dispuso para tal efecto el actor.



Así, este Cuerpo Colegiado, a partir de la argumentación

realizada por el actor y de los hechos expuestos en la

demanda, sintetiza los conceptos de violación atendiendo

preferentemente a aquellos razonamientos que permitan con

la mayor efectividad restituir al justiciable en el ejercicio de

los derechos que le hubieran sido transgredidos por la

autoridad demandada, pues sólo de esta forma se garantiza

la   observancia   de los   principios   de   exhaustividad   y

congruencia que, entre otros, debe acatar esta autoridad en

el dictado de sus resoluciones.



Sirven de criterios orientadores las tesis de jurisprudencia

emitidas por este Cuerpo Colegiado, la Sala Superior del

Tribunal Electoral y e l Poder Judicial de la Federación, que

textualmente señalan:




          "MEDIOS DE      IMPUGNACIÓN EN MATERIA
          ELECTORAL.        EL   RESOLUTOR     DEBE
          INTERPRETAR       EL OCURSO QUE LOS
          CONTENGA        PARA     DETERMINAR    LA
          VERDADERA        INTENCIÓN DEL ACTOR.
          Tratándose de    medios de impugnación en
materia electoral, el juzgador debe leer
detenida y cuidadosamente el ocurso que
contenga el que se haga valer, para que, de su
correcta comprensión, advierta y atienda
preferentemente a lo que se quiso decir y no a
lo que aparentemente se dijo, con el objeto de
determinar con      exactitud la intención del
promovente, ya que sólo de esta forma se
puede lograr una recta administración de
justicia en materia electoral, al no aceptarse la
relación oscura, deficiente o equívoca, como la
expresión exacta del pensamiento del autor
del medio de impugnación relativo, es decir,
que el ocurso en que se haga valer el mismo,
debe ser analizado en conjunto para que, el
juzgador pueda, válidamente, interpretar el
sentido de lo que se pretende.


Juicio    de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-074/97.      Partido    Revolucionario
Institucional.11 de: septiembre de 1997.
Unanimidad de votos.


Juicio de revisión constitucional  electoral.
SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25
de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.


Juicio    de revisión constitucional electoral.
SUP-JRC-058/99. Partido del Trabajo. 14 de
abril de 1999. Unanimidad de votos.


TESIS DE JURISPRUDENCIA. J.04/99.
Tercera Época. Sala Superior. Materia
Electoral, aprobada por Unanimidad de votos."

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.
Debe estimarse que los agravios aducidos por
los inconformes, en los medios de
impugnación, pueden ser desprendidos de
cualquier capítulo del escrito inicial, y no
necesariamente deberán contenerse en el
capítulo particular de los agravios, en virtud de
que pueden incluirse tanto en el capítulo
expositivo, como en el de los hechos, o en el
de los puntos petitorios, así como el de los
fundamentos; de derecho que se estimen
violados. Esto siempre y cuando expresen con
toda claridad, las violaciones constitucionales
o legales que se considera fueron cometidas
por la autoridad responsable, exponiendo
los razonamientos lógico-jurídicos a través
de los cuales se concluya que la
responsable o bien no aplicó determinada
disposición constitucional       o legal, siendo
ésta aplicable; o por el contrarió, aplicó otra
sin resultar pertinente al caso concreto; o en
todo caso realizó una incorrecta interpretación
jurídica del la disposición aplicada.


 Juicio de revisión constitucional electoral.
 SUP-JR0107/97.     Partido   Revolucionario
 Institucional. 9 de octubre de 1997.
 Unanimidad de votos.


 Juicio de revisión constitucional electoral.
 SUP-JRC-041/98. Partido de la Revolución
 Democrática. 26 de agosto de 1998.
 Unanimidad de votos.


 Juicio de revisión constitucional electoral.
 SUP-JRC-043/98. Partido del Trabajo. 26 de
 agosto de 1998. Unanimidad de votos.


 TESIS DE JURISPRUDENCIA. J.2/98.
 Tercera Época. Sala Superior. Materia
 Electoral, aprobada por Unanimidad de votos."

 "SUPLENICIA DE LA DEFICIENCIA EN LA
 ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS,
 PROCEDE         EN     LOS     MEDIOS        DE
 IMPUGNACIÓN           CUYA      RESOLUCIÓN
 CORRESPONDA               AL        TRIBUNAL
 ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. De
 conformidad con lo dispuesto en el artículo
 254, párrafos tercero y cuarto, del Código
 Electoral del Distrito Federal, Guando en un
 medio de impugnación exista deficiencia en la
 argumentación de los agravios u omisión o
 cita equívoca de los preceptos legales
 presuntamente violados, éste Tribunal estará
 obligado a deducir de los .hechos narrados
 por el apelante los motivos de inconformidad
 respectivos y proceder a resolver con los
 elementos que obren en el expediente,
 atendiendo a los preceptos legales que
 debieron ser invocados o los que resulten
 aplicables al caso concreto. Por lo tanto, en
 ejercicio de esta facultad, este Órgano
 Jurisdiccional debe realizar un estudio integral
 del recurso planteado, a fin de estar en
 posibilidad de advertir de cualesquiera de sus
 apartados, y no sólo del capítulo qué el actor
 dispuso para tal efecto, los agravios que le
 ocasiona el acto que reclama y que con la
 mayor efectividad permitan         restituir al
inconforme en el; ejercicio de los derechos
transgredidos por la autoridad responsable; sin
embargo, la facultad en comento supone
invariablemente la existencia de hechos de
los cuales puedan válidamente inferirse los
motivos de inconformidad a estudiar en el
medio impugnativo, pues sólo así puede
conocerse con la mayor exactitud posible la
intención que tuvo el promovente al combatir
el acto de autoridad, esto es, atender
preferentemente a lo que quiso decir el
recurrente y no a lo que aparentemente refirió,
lo que a su vez garantiza el cumplimiento, en
beneficio de los justiciables, de los principios
de exhaustividad, y congruencia que, entre
otros, debe observar este Tribunal en el
dictado de sus resoluciones.


Recurso de Apelación TEDF-REA-001/2001.
****************************** 17 de febrero de
2001. Unanimidad; de cinco votos. Ponente:
*********************************** Secretario de
Estudio y Cuenta:********************.


Recurso de Apelación TEDF-REA-011/2001.
Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional. 16 de octubre de 2001.
Unanimidad de cinco votos. Ponente: *****
******************** Secretario de Estudio y
Cuenta: ****************************.


Recurso de Apelación TEDF-REA-016/2001.
Partido de la Revolución Democrática. 15 de
abril de 2002. Unanimidad de cinco votos.
Ponente: *******************************************
Secretario de Estudio y Cuenta:****************
***********.”


"No. Registro: 200,727
Jurisprudencia
Materia (s): Laboral
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta
Tomo II, Septiembre de 1995
Tesis: 2a. /J.39/95
Página: 333

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA
LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR.
OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La
Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA
EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL
TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA",
establece, que para la operancia de la suplencia
de la queja en materia laboral a favor del
trabajador; es necesario que se expresen
conceptos de violación o agravios deficientes en
relación con el tema del asunto a tratar, criterio
que     corresponde      a    una     interpretación
rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley
de Amparo para negar el amparo promovido por
el trabajador el mismo tratamiento que la norma
establece para el amparo penal, a través de
comparar palabra a palabra la redacción de las
fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la
evolución legislativa y jurisprudencial de la
suplencia de la queja en el juicio de garantías
lleva a concluir que la diversa redacción de una y
otra fracciones obedeció sencillamente a una
cuestión de técnica jurídica para recoger y
convertir en texto positivo la jurisprudencia
reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en
otras materias quizá por no existir una
jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla,
pero de ello no se sigue que la intención del
legislador haya sido la de establecer principios
diferentes, para uno y otro caso. Por ello, se
estima que debe interrumpirse la jurisprudencia
de referencia para determinar que la suplencia de
la queja a favor del trabajador en la materia
laboral opera aun ante la ausencia total de
conceptos de violación o agravios, criterio que
abandone las formalidades y tecnicismos
contrarios a la administración, de justicia para
garantizar a los trabajadores el acceso real y
efectivo a la Justicia Federal, considerando no
sólo los valores cuya integridad y prevalencia
pueden estar en juego en los juicios en que
participan, que no son menos importantes que la
vida y la libertad, pues conciernen a la
subsistencia de los obreros y a los recursos que
les hacen posible conservar la vida y vivir en
libertad, sino también su posición debilitada y
manifestación inferior a la que gozan los
patrones.




Contradicción de tesis 51/94. Entre el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado
del Cuarto Circuito. 2 de agosto de 1995. Cinco
votos.    Ponente Secretaría:

Tesis de Jurisprudencia 39/95. Aprobada por la
Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión
pública de dos de agosto de mil novecientos
noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros:
Presidente; *******************************************
*********************************************************
*********************************************************
********************.




"No. Registro: 189,858
Tesis aislada
Materia (s): Constitucional, Laboral
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta
Tomo XIII, Abril de 2001
Tesis: 2a. XXXII Abril de 2001
Página: 502



SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN
MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR
DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO
RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS
FUNDAMENTAL            TUTELADO         POR    EL
ARTÍCULO 123, APARTADO A, DE LA
CONSTITUCIÓN            FEDERAL         Y,   POR
EXTENSIÓN, DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, AUNQUE DICHO ACTO SEA
FORMALMENTE             ADMINISTRATIVO.         Al
establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo
las hipótesis en que se aplica la suplencia de la
queja deficiente en cada una de las materias en
las que procede el juicio de amparo, precisa que
en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera
a favor del trabajador. Así, para establecer
cuándo en un juicio de amparo en esta materia
debe suplirse la queja deficiente de los
planteamientos formulados en los conceptos de
violación de la demanda de amparo, o bien, de
los agravios expresados en el recurso
correspondiente, debe afectar preferentemente a
dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto
que promueve el amparo o interpone el recurso,
quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza
jurídica del acto reclamado materia de la
controversia en el juicio de garantías, que se
determina por el bien jurídico o interés
fundamental que se lesiona con dicho acto,      es
decir,      debe       afectar      directa      e
           inmediatamente alguno         de    los    derechos
           funda mentales consagrados en el apartado A del
           artículo 123 de la Constitución Federal y, por
           extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que
           surgen de la relación obrero-patronal y sus
           conflictos. De esta manera, para que el órgano de
           control constitucional esté obligado a aplicar la
           institución: de la suplencia de la deficiencia de la
           queja, sólo debe atenderse a los dos elementos
           anteriores:, por lo que si en el caso, un trabajador
           impugna un acto de: carácter formalmente
           administrativo, así corno la inconstitucionalidad
           del precepto que sirvió de fundamento para su
           emisión, que afectan un; bien jurídico o interés
           fundamental consagrado, en su favor por las
           normas constitucionales, como lo es la gratitud de
           los actos y actuaciones derivados del juicio
           laboral, ya que se pretende gravar, por concepto
           de derechos en el Registro Público de la
           Propiedad, la Inscripción del embargo decretado
           en su favor en dicho juicio, no por ello debe
           entenderse que se está en una materia en la que
           no procede suplir la deficiencia de la queja.


           Amparo en revisión 845/2000. *********************
           ************** 26 de enero dé 2001. Unanimidad de
           cuatro votos. Ausente: Ponente: ********************
           ************** en su ausencia hizo suyo el proyecto
           **************************************** Secretario: ***
           ************************.




Cabe señalar, que con base en el régimen supletorio que

aplica al conocimiento y resolución de los conflictos laborales

entre el Instituto demandado y sus servidores, como es el

que en la especie se resuelve, el principio de suplencia en la

deficiencia de la argumentación de los agravios y de las

prestaciones   reclamadas por          el   trabajador,      encuentran

también sustento en lo previsto por los artículos 11 de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en

relación con el 685 de la Ley Federal del Trabajo.
Por lo anterior, de un análisis integral y exhaustivo del escrito

de demanda, este Órgano Colegiado advierte los agravios

siguientes:




A.- Sostiene el actor que al suscribir el Secretario Ejecutivo el

oficio número SECG-IEDF/809/04, del ocho de junio del año

en curso, por medio del cual le comunican la terminación de

su nombramiento como Asesor del Consejero Presidente del

órgano electoral administrativo, dicho funcionario actuó en

forma ilegal y arbitraria, al carecer de facultades para asumir

tal determinación, pues de las distintas fracciones del

numeral 74 del Código Electoral del Distrito Federal, no se

desprende la atribución que tiene el mencionado Secretario

Ejecutivo para dar por concluidos los efectos de un

nombramiento, ni aún cuando dicho servidor público pueda

actuar a nombre del Instituto Electoral del Distrito Federal y

que haya sido un superior jerárquico al momento de expedir

el citado oficio.




Por lo tanto, estima el demandante que el oficio de mérito

carece de validez, y con el mismo se afectó su permanencia

y promoción en el Instituto Electoral del Distrito Federal,
violándose así en su perjuicio la garantía de legalidad

contenida en los numerales 14 y 16 constitucionales.



Con relación al primero de los agravios, el Instituto

demandado manifestó en su escrito de contestación a la

demanda, que el oficio número SECG-IEDF/809/04 de fecha

ocho de junio del dos mil cuatro, mismo que fue signado por

el Secretario Ejecutivo se encuentra debidamente fundado y

motivado en los artículos 74, incisos a) y f) y 133 del Código

Electoral local, en relación con los numerales 123, apartado

B, fracción XIV de la Constitución Federal, 13 del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal y 8o de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, ya que lo único que se;

le comunicó al acto fue la terminación de su nombramiento

y funciones de confianza de Asesor de la Presidencia del

Consejo General del órgano electoral administrativo, con

efectos a partir del nueve del mismo mes y año, ya que el

demandante al haber desempeñado funciones con el

carácter de confianza carece del derecho a la estabilidad en

el empleo y, por lo tanto la terminación de su nombramiento

y funciones de confianza se encuentra apegada a derecho.



A mayor abundamiento, señala el Instituto demandado que

no le asiste la razón al inconforme al señalar que de
conformidad con el artículo 74 del Código de la materia, el

Secretario Ejecutivo no tiene facultades para comunicar la

terminación del nombramiento de un trabajador de confianza

de la autoridad electoral administrativa, ya que como se

desprende de dicho precepto legal, el funcionario antes

referido es el representante legal del demandado, y por tal

motivo, sí tiene amplias facultades para comunicar la

terminación de los nombramientos y funciones de confianza

de los servidores públicos del citado Instituto que se

encuentre en dicho supuesto, tal y como aconteció con el

hoy actor quien prestó sus servicios para el demandado en el

puesto de Asesor, del Consejero Presidente, realizando las

funciones inherentes a dicho cargo.




B. Alega el actor que con la emisión del oficio SECG-

IEDF/809/04, por medio del cual se le comunica la

terminación de su nombramiento y funciones de confianza

de Asesor que venía desempeñando, adscrito a la

Presidencia del Consejo General del instituto Electoral local,

se ha violado en su contra lo dispuesto por los artículos 5a,

14, 16 y 123 de la Constitución Federal; así como 1o y 74 del

Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que a su juicio

se le está privando de su cargo sin existir de por medio
algún      procedimiento     administrativo   que    una   vez

substanciado conforme a derecho, ordenara su destitución

del cargo que venía desempeñando.



Con relación al segundo de los agravios, el Instituto Electoral

local, manifestó en su escrito de contestación a la demanda

respectiva,    que   si    actor   al   desempeñar   funciones

catalogadas institucional y legalmente como de confianza,

provoca que el demandado no se encuentre obligado a

seguirle un procedimiento administrativo para comunicarle la

terminación de su nombramiento y funciones de confianza,

en virtud de que por- disposición del artículo 123, apartado B

de la Constitución Federal, los trabajadores que ostentan y

desempeñan cargos de confianza, carecen del derecho a la

estabilidad en el empleo, ya que sólo se encuentran

protegidos por las medidas de la seguridad social y la

protección al salario, motivo por el cual la determinación

contenida en el ocurso impugnado se encuentra apegada a

derecho.




De igual modo, manifestó que al encontrarse catalogado el

actor como empleado de confianza, fue suficiente con

comunicarle la terminación de su nombramiento, por lo que
es claro que el actor no fue objeto de despido como

dolosamente lo señala aquél, toda vez que dada la calidad

del nombramiento       y funciones ostentadas de confianza

como Asesor del        Presidente del Consejo General del

Instituto Electoral del Distrito Federal, se le dio por terminado

su nombramiento y las funciones de su cargo, conforme a

derecho.



Precisado lo anterior, la parte actora reclama como

prestaciones en la presente demanda, las siguientes:




1. La revocación del oficio número SECG-IEDF/809/04, de

fecha   ocho de junio del dos mil cuatro,       signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral local, por medio

del cual se le comunica la terminación de su nombramiento y

funciones de confianza de Asesor adscrito a la Presidencia

del Consejo General del órgano electoral administrativo.




2. En consecuencia, solicita a éste Órgano Jurisdiccional lo

restituya en el cargo que venía desempeñando y, por ende,

se le cubran sus prestaciones a que tiene derecho, tales

como el pago de los salarios caídos, salarios devengados,

aguinaldo,   prima    vacacional,    vacaciones,     prima    de
antigüedad, una hora extra diaria desde la iniciación de su

relación laboral, las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, a

los fondos de ahorro para el retiro, seguro adicional de

gastos médicos y el de separación individualizada, así como

el   otorgamiento de los vales de despensa a      que tiene

derecho.




QUINTO.- A efecto de determinar si son fundados o

infundados los conceptos de agravio hechos valer por el

actor, se impone la, necesidad de realizar el estudio de los

medios de prueba que aportaron las partes en el presente

Juicio Especial Laboral.




Al   actor le fueron admitidos   los elementos   probatorios

siguientes:




a) Copia certificada del oficie número SECG-IEDF/809/04 de

fecha ocho de junio del dos mil cuatro, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del     Distrito

Federal;
b) Copia certificada del comprobante de pago expedido a su

favor por el Instituto Electoral local, correspondiente a la

quincena número ocho del año que transcurre;



c) Copia certificada del nombramiento del actor a partir del

primero de marzo del dos mil;



d) Copia certificada de la circular número doscientos noventa

y dos, de fecha diez de julio del dos mil, suscrita por el

Secretario Ejecutivo del Instituto Demandado;




e) Copia certificada de la circular número nueve, de fecha

veintiuno de enero del dos mil, suscrita por el Secretario

Ejecutivo del órgano electoral administrativo;



f) Copia certificada de' la circular número doscientos, de

fecha cinco de junio del dos mil, suscrita por el Secretario

Ejecutivo ce la autoridad electoral administrativa;



g) Copia certificada de la circular número cuatro, de fecha

doce de enero del dos mil uno, suscrita por el Secretario

Ejecutivo del Instituto demandado;
h) Copia certificada de la constancia de nombramiento

como Asesor de fecha primero de agosto del dos mil uno;




i)   Copia certificada de la nómina de servidores públicos

mandos medios y nivel operativo correspondiente a la

quincena del dieciséis al treinta y uno de mayo del año en

curso;




j)   Copia certificada de todo lo actuado en el expediente

paraprocesal TEDF-JLl-023/2004;




k) Copia simple de la circular número doscientos noventa y

siete, de fecha veinticinco de septiembre del dos mil dos

suscrita por el Secretario Ejecutivo del órgano electoral

administrativo;


I) Copia simple de la circular número trescientos cincuenta y

nueve, de fecha treinta de julio del: dos mil tres, suscrita por

el Secretario Ejecutivo del órgano electoral administrativo;


m) Copia simple de la circular número veinte, de fecha tres

de marzo del dos mil cuatro, suscrita por el Secretario

Ejecutivo de la autoridad electoral administrativa;
n) Copia simple de la solicitud de incorporación al seguro de

separación individualizado de fecha treinta de agosto del dos

mil dos, suscrita por el demandante;



ñ) Copia simple del informe de hechos que rinde la autoridad

demandada sobre las actividades en particular del control de

gestión    de     los   turnos    asignados       al   inconforme,

correspondientes a los años del dos mil al dos mil cuatro;



o) Copia simple del oficio número RH/1791/04, de fecha

veintiocho de octubre del dos mil cuatro, suscrito por la

ciudadana ************************************;



p) Copia simple del oficio número SP-IEDF/594/04, de fecha

veintiocho de octubre del dos mi cuatro, suscrito por el

ciudadano **********************************;



q) La confesional a cargo del Secretario Ejecutivo del

Instituto Electoral local;




r) La confesional a cargo del ciudadano ************************

************************ quien funge como Coordinador de
Asesores del Consejero Presidente de la autoridad electoral

administrativa;




s) La Presuncional, en su doble aspecto legal y humana, en

todo lo que favorezca a sus intereses; y



t) La Instrumental de Actuaciones consistentes en todas y

cada una de las actuaciones que integran el presente

expediente, mismas que se relacionan con todos y cada uno

de los hechos del presente asunto.



Por su parte, al Instituto Electoral del Distrito Federal, le

fueron admitidas las pruebas siguientes:



a)Copia certificada del nombramiento del ciudadano *****

**************************** fecha primero de marzo del dos mil;




b)Copia certificada de la resolución de fecha veinte de

febrero del dos mil tres, emitida por el Décimo Quinto

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,

en el expediente de Juicio de Amparo Directo DT.-855/2003;
c)Copia certificada de la resolución de fecha catorce de

agosto   de   dos   mil   tres,   emitida   por   este   Órgano

Jurisdiccional en el expediente laboral TEDF-JLI-012/2002;



d)Copia certificada de las nóminas correspondientes a los

años 2000, 2001, 2002 y 2003, de fechas dos y tres de junio

del dos mil tres, primero de diciembre del dos mil tres y del

dieciséis al treinta y uno de diciembre del dos mil tres,

respectivamente;



e) Copia certificada de los avisos de vacaciones de fechas

dieciséis de diciembre del dos mil tres, dieciocho de julio del

dos mil tres, once de diciembre del dos mil dos y quince de

abril del des mil dos, respectivamente;



f)Copia certificada del oficio número PCG-IEDF/1530/03 de

fecha diecisiete de diciembre del dos mil tres, signado por el

Consejero Presidente de la autoridad demandada;




g) Copia certificada del oficio número PCG-IEDF/1531/03 de

fecha diecisiete de diciembre del dos mil tres, signado por el

Consejero Presidente del órgano electoral administrativo;
h) Copia certificada de la circular "numero doscientos

noventa y dos, de fecha diez de julio del dos mil, suscrita por

el Secretario Ejecutivo del instituto demandado;



i) Copia certificada de la circular número nueve, de fecha

veintiuno de enero del dos mil, suscrita por el Secretario

Ejecutivo de la autoridad electoral administrativa;



j) Copia certificada de la circular número doscientos, de

fecha cinco de junio del dos mil, suscrita por el Secretario

Ejecutivo del órgano electoral administrativo;



k) Copia certificada, de la circular número cuatro, de fecha

doce de enero del dos mil uno, suscrita por el Secretario

Ejecutivo del Instituto demandado;



l) Copia certificada de todo lo actuado, en el expediente

paraprocesal TEDF JLI-023/2004;




m) Copia certificada de la constancia de nombramiento del

ciudadano ************************************ fecha primero de

agosto del dos mil cuatro;
n) Copia certificada de la nómina de servidores públicos

mandos medios y nivel operativo, correspondiente a la

quincena del dieciséis al treinta y uno de mayo del dos mil

cuatro;



ñ) Copia simple de la promoción presentada por la

representante legal del Instituto demandado el treinta de

junio del dos mil cuatro, mediante la cual exhibe en sobre

cerrado los originales de dos cheques y pólizas de cheques

números 0012041 y 0012120 de fechas nueve y catorce de

junio del dos mil cuatro;




o) Copia simple del pago de las aportaciones al ISSSTE y

FOVISSSTE correspondientes a los años 2000, 2001, 2003

y 2004, y de las aportaciones al SAR correspondientes a los

años 2000 al 2004;




p) Copia simple del concentrado diario y semanal, así como

de las actividades en particular del control de gestión de los

turnos asignados al actor en el desempeño de sus funciones;
q) Copia simple del acuerdo de fecha nueve de agosto del

año en curso, emitido en el expediente paraprocesal TEDF-

JLI-023/2004;



r) Copia simple de oficio número RH/1791/04, de fecha

veintiocho de octubre del dos mil cuatro, signado por la

ciudadana.



s) Copia simple del oficio número SP-PCG-IEDF/594/04, de

fecha veintiocho de octubre del año en curso;



t) La Confesional      a cargo del ciudadano ********************

********************************.



u) La testimonial o cargo de los ciudadanos *******************

************************************************* asesores de la

Presidencia del Consejo General del Instituto demandado;




v) La Presuncional en su doble aspecto legal y humana

consistente en todos los indicios que formen convicción en

este Tribunal Electoral del Distrito; Federal, en el sentido de

que el oficio número SECG-IEDF/809/04 del ocho de junio
del dos mi cuatro, emitido por el Secretario Ejecutivo del

órgano electoral administrativo fue conforme a derecho; y



w) La Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca

los intereses de su representado y que se relaciona con

todos y cada uno de los hechos del presente asunto.



Al respecto, cabe precisar que las probanzas identificadas

con los incisos h), i), j), o) y p) de la parte actora, así como

las precisadas con los incisos h), i), j), k), I), q), r) y s) de la

autoridad electoral demandada, fueron requeridas a instancia

de diversos requerimientos formulados por el Magistrado

Instructor, en atención a lo previsto por los numerales 260

del Código Electoral local; 784, 883, 884, fracción III de la

Ley Federal del Trabajo; y 138 de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria

a la ley de la materia, esto con la finalidad de tener los

elementos probatorios suficientes para dilucidar el fondo del

asunto que nos ocupa.




De igual manera, conviene precisar que la copia certificada

de todo lo actuado en el expediente paraprocesal TEDF-JLI-

023/2004, así como la copia simple del acuerdo de fecha
nueve de agosto del año en curso, emitido en el citado

expediente,      identificados    en el apartado de pruebas

admitidas a la autoridad demandada bajo los incisos I) y q),

se incluyen en el apartado de pruebas respectivo, como

consecuencia         o      resultado       del        desahogo       del

perfeccionamiento ofrecido por el citado instituto en su

escrito de contestación a la demanda.




Por lo que se refiere a las pruebas admitidas a la parte

actora, identificadas con los incisos a), b), c), d), g), h), i) y j),

y a su vez, las de la parte demandada, señaladas en los

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I), m) y n), tienen el

carácter de documentales públicas, por haber sido expedidas

por la autoridad administrativa electoral, en ejercicio de sus .

facultades, respectivamente, sin que sea óbice el hecho de

que las partes hayan objetado algunas de ellas en cuanto a

su alcance y valor probatorio que debía asignárseles a éstos,

ya que la valoración de pruebas,                por ser inherente al

juzgamiento,       corresponde        hacerla      a    este    Órgano

Jurisdiccional     y no a      las   partes,      por lo    que     tales

manifestaciones en nada afectan el valor concedido a estos

medios de prueba; razón por la cual se les otorga pleno valor

probatorio en términos de los artículos 272, fracción VIII del
Código Electoral del Distrito Federal, y 795 de la Ley Federal

del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el numeral 841

del citado ordenamiento, de aplicación supletoria en la

materia.




En lo concerniente a las pruebas admitidas a la parte actora

bajo los incisos k), I), m),n). ñ), o) y p), y a su vez, las de la

parte demandada, señaladas en los incisos ñ), o), p), q), r) y

s)   tienen   el   carácter     de    documentales      privadas,

respectivamente, por lo que se aplica el criterio sustentado

con anterioridad en términos del artículo 796 de la Ley

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.



Es pertinente precisar que también se tomarán en

consideración las confesionales desahogadas a cargo del

actor del Secretario Ejecutivo y del Coordinador de Asesores

del Consejero Presidente, así como las testimoniales

señaladas en el inciso u) de las pruebas admitidas a la

autoridad demandada, por lo que serán relacionadas con los

hechos controvertidos por las partes, así como con los

demás elementos probatorios que obren en autos.
Así también, se tomaran en cuenta la presuncionales en su

doble aspecto legal y humana y las instrumentales de

actuaciones, ofrecidas por ambas partes en todo lo que a

sus derechos les beneficie.




SEXTO.- Por razón de método en el presente Considerando

este Tribunal se constreñirá al cumplimiento de la ejecutoria

identificada con la clave DT.-2011/2005, y posteriormente en

el Considerando Séptimo se hará lo mismo respecto de la

ejecutoria número DT.-2031/2005.



Así las cosas, en la identificada con la clave DT.- 2011/2005,

el Tribunal de Amparo determinó lo siguiente:

           "QUINTO,- El estudio de los conceptos de
           violación que se hacen valer conduce a
           determinar lo siguiente:

           Por razón de método en el estudio de los
           conceptos de violación, se estudia en primer
           término el sexto concepto de violación, pues en él
           se reclama una violación de carácter procesal, al
           señalar el quejoso que la responsable de manera
           irregular explica un procedimiento diferente al que
           supletoriamente se encuentra contemplado en la
           Ley Federal del Trabajó, esto es, desde un
           principio del juicio, debe señalar fecha para una
           audiencia, de conciliación, demanda, excepciones,
           ofrecimiento y admisión de pruebas, en caso de
           procedimientos ordinarios laborales, y según el
           caso, denominar la           audiencia, pero la
           responsable      dejando       de    observar     el
           procedimiento, permitió      que el actor en el
           principal hiciera ampliaciones a su demanda
           mediante un escrito de fecha veintiséis de agosto
del dos mil cuatro, cuando que mediante acuerdo
de fecha doce de agosto de ese año, la
responsable ordenó un diferimiento para una
audiencia innominada y en audiencia de fecha
veintiséis de agosto del dos mil cuatro, permitió
las ampliaciones que realizó el actor a su
demanda, esto es, mi representado no estaba
citado para una audiencia de demanda y
excepciones y mucho menos, para ser notificado
de unas ampliaciones a la demanda, por lo que
resulta irregular el procedimiento seguido por la
responsable.

El argumento antes señalado es inoperante.

Así es, dicho, razonamiento es inoperante es
virtud de que aún cuando existiera la irregularidad
que reclama el quejoso, en el sentido de que la
autoridad responsable permitió que el actor en el
juicio principal hiciera ampliaciones a su demanda
mediante un escrito de fecha veintiséis de agosto
del dos mil cuatro, a nada práctico conduciría
declarar este argumento como fundado, ya que la
ampliación a la demanda realizada por el actor le
beneficia, pues en ella el actor se desistió del
pago de salarios devengados del primero al ocho
de junio de dos mil cuatro, así como de la parte
proporcional; de prima vacacional y de la parte
proporcional de aguinaldo correspondiente al
mismo año.



En efecto, en la ampliación a su demanda laboral,
el actor únicamente precisó como prestaciones
las siguientes:



"a) La reinstalación del suscrito en el trabajo,
puesto y condiciones que he venido de hasta
la fecha del injustificado despido del que he
sido víctima; — b) El pago de los salarios
caídos contados desde que se efectuó el
injustificado despido hasta que se cumple la
resolución de ese H. Órgano Jurisdiccional,
así como los incrementos que otorgue la
demandada a sus trabajadores; — c) El pago
del aguinaldo, de la prima de antigüedad, de
las vacaciones, fondo de ahorro; de una hora
extra diaria desde la iniciación de mi relación
laboral, hasta el cumplimiento de la resolución
de ese H. Órgano; — d.) El otorgamiento de los
vales de despensa que se me deben, así como
los que mensualmente se generen y los que
anualmente otorga la demandada a sus
trabajadores, desde que se efectuó el
injustificado despido hasta que se cumpla la
resolución de ese H. Órgano Jurisdiccional; —
e) El pagó de las aportaciones que legalmente
corresponden     al   titular demandado    por
concepto de aportaciones al ISSSTE, al
FOVISSSTE, al Fondo de Ahorro para el
Retiro, al Fondo de Separación Individualizada
que con tal efecto se ha constituido en forma
bipartita, y el seguro adicional de gastos
médicos constituido para el personal de la
titular demandada".



Asimismo en los hechos precisó:



"VIII.- Con fecha 6 de agosto de 2004, se me
notificó Acuerdo del tres de agosto del mismo
año emitido por el Magistrado Instructor del
Tribunal      Electoral      del    Distrito   Federal,
******************************************** por el cual
se me cita a comparecer para recoger o ver la
consignación hecha a mi favor de Billete de
Depósito: por parte del Instituto Electoral del
Distrito Federal, por concepto de por lo que
dicha persona denominó salarios devengados
del primero al ocho de junio dé dos mil cuatro,
parte proporcional de prima vacacional y parte
proporcional de aguinaldo correspondiente al
mismo año, ya que para tal efecto reconoce
tanto la categoría, como el puesto laboral que
señalé en la demanda de garantías. Motivo por
lo cuál queda fuera de la litis tanto el pago
hecho y recibido, como las circunstancias
referidas y confesadas por el Consejero
Presidente de la        titular   demandada. —VIII.-
Como lo he señalado, es el caso que con la
consignación -señalada y descrita en el hecho
VII del presente escrito- realizada a mi favor
por parte de la demandada y en cumplimiento
a sus obligaciones legales                 de manera
voluntaria, reconoce mi calidad laboral como
trabajador del Instituto Electoral del Distrito
Federal; no obstante podemos concluir que
dicha consignación ha sido realizada de mala
fe, toda vez que no se consignaron a mi favor
la totalidad de las prestaciones reclamadas y
tampoco es materia de consignación la
reinstalación       por ser ello contrario a los
             o
artículos 5 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 3o de la
Ley       Federal        del Trabajo, de aplicación
supletoria en el presente."
De lo antes inserto, se aprecia que la ampliación
a la demanda que admitió la responsable en lugar
de perjudicarle; al quejoso le beneficia, pues en
ello el actor se desistió del pago de salarios
devengados del primero al ocho de julio de dos
mil cuatro, así ;como de la parte proporcional de
prima vacacional y parte proporcional de
aguinaldo correspondiente al mismo año, ya que
expresamente señaló que el pago que recibió por
dichos conceptos quedó fuera de la litis, por lo
que de concederse en su caso el amparo
solicitado para que no se admita la ampliación
que realizó el actor a su escrito inicial de
demanda, le irrogaría un perjuicio más que
aportarle un beneficio.



Es aplicable por las razones que contiene la tesis
2a. CCII/2002, sustentada por la Segunda Sala
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible
en la página 726, del Tomo XVII, Enero de 2003,
Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que señala:




"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.
DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL
AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE,
SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la
Ley de Amparo, el efecto de la concesión de la
protección de la Justicia de la Unión al
solicitante del amparo respecto a las
argumentaciones relativas a que la reforma a
los artículos 119-M y 119-Ñ de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, era
violatoria     de     los     principios      de
proporcionalidad,     equidad     y    legalidad
tributarias consagrados en la fracción IV del
artículo 31 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y que en ellos,
además, se imponía una sanción excesiva e
inusitada prohibida por el artículo 22 de la
propia Ley Fundamental, sería que el quejoso
dejara de tributar conforme a ese régimen, por
ser ilegal, desproporcionare inequitativo o por
contener un tratamiento perjudicial, por lo que
quedaría obligado a tributar conforme al
régimen general, ya que de esa manera se le
estaría restituyendo en el pleno goce de sus
garantías individuales violadas, lo que le
irrogaría un perjuicio más que aportarle un
beneficio. En consecuencia, si con la
concesión del amparo se va a causar un
perjuicio al promovente del juicio, deben
declararse inoperantes los argumentos a que
se ha hecho referencia".


En el primero de los conceptos de violación que
formula si quejoso, sostiene; los siguientes
argumentos:



a) Que a responsable de manera ilegal,
incongruente y sin haber valorado de manera
pormenorizada las excepciones y defensas
hechas valer, sostuvo que no obstante que los
servidores del Instituto Electoral del Distrito
Federal se encuentran catalogados como
personal de confianza, en términos del artículo
123, Apartado "B", fracción XIV de la Carta
Magna, 133 del Código Electoral del Distrito
Federal, y 2, 12, 72, 73, 79, 102 y 182 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, del
Personal Administrativo, de los Trabajadores
Auxiliares: y del Personal Eventual por obra o
tiempo determinado del Instituto Electoral del
Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por
la fracción X del artículo 272 del Código Electoral
del Distrito Federal, el personal del Servicio
Profesional Electoral y administrativo del Instituto
Electoral del Distrito Federal tiene derecho a la
estabilidad en el empleo, en virtud de que tienen
la posibilidad de demandar la reinstalación, y que
en caso de que sea condenado el Instituto
Electoral del Distrito Federal, el mismo puede
optar por continuar la relación de: trabajo o
negarse a ello a través del pago de la
indemnización correspondiente.''



b) Que centrado a lo que sostiene la responsable,
los trabajadores del Instituto Electoral del Distrito
Federal a encontrarse catalogados institucional y
legalmente como empleados de confianza y
regirse por lo dispuesto en la fracción XIV del
artículo 123 Apartado "B" dé la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
encuentran excluidos del derecho a la estabilidad
en el empleo, siendo que en el caso, el quejoso
acreditó    con     las   pruebas     documentales
consistentes en el nombramiento del trabajador,
reporte diario y semanal de las actividades que
realizó el trabajador para el demandado, así
como la testimonial directa, que las funciones
desempeñadas por el tercero perjudicado fueron
como asesor del Consejero Presidente del
Instituto Electoral del Distrito Federal, y eran de
confianza, por lo que en términos             de los
dispuesto en los artículos 5° fracción II, inciso h) y
8o de la ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, el actor no tenía derecho a
reclamar la reinstalación ni el pago de los salarios
caídos.




c) Que la consideración a la que arriba la
autoridad responsable para determinar que el
personal del Instituto quejoso que realiza
funciones de confianza tiene estabilidad en el
empleo, deriva de un razonamiento subjetivo e
ilegal, ya que señala que dicho derecho se infiere,
es decir lo deduce la autoridad responsable, más
no que se desprenda de manera expresa del
citado precepto legal, ya que le está concediendo
a los servidores del. Instituto demandado que
desempeñan funciones de confianza, el derecho a
la estabilidad en el empleo, siendo que dicha
prerrogativa sólo la consagra nuestra Carta
Magna en beneficio de los trabajadores de base.



d) Que la responsable realiza una incorrecta
interpretación del artículo 272 fracción X del
Código Electoral del Distrito Federal, al sostener
que dicho precepto legal dispone un principio de
estabilidad en el empleo a favor de los servidores
del Instituto Electoral del Distrito Federal, al
señalar que las resoluciones que emita el Tribunal
Electoral que ordenen dejar sin efectos la
destitución de un servidor, en lugar de la
reinstalación el Instituto demandado podrá optar
por indemnizarlo con el pago de tres meses de
salario, doce días por cada año de servicios
prestados, y contrario a lo que sostiene la
autoridad responsable, el artículo aludido no
consagra un principio o posibilidad de estabilidad
en el empleo a favor de los servidores del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en los
términos que lo consideró legalmente la
responsable, pues claramente el supuesto que se
establece en el precepto legal en estudio, es
sobre la destitución de un trabajador, lo cual de
ningún modo ocurrió en la especie, ya que al actor
no se le destituyó, porno ser objeto de un
procedimiento de aplicación de sanciones,
requisito sine qua non para ello, sino que el actor
se dijo despedido al habérsele notificado el oficio
número SECG-IEDF/809/04 de fecha 8 de junio
de 2004 signado por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que
se da por terminado su nombramiento y funciones
de confianza como asesor del Presidente del
Consejo General del Instituto quejoso.
e) Que la responsable hizo una indebida
interpretación de la fracción X el artículo 272 del
Código Electoral del Distrito Federal, esto es, de
que supuestamente dicho precepto legal
establece en beneficio de los trabajadores del
instituto Electoral que realizan funciones de
confianza, el que puedan demandar la
reinstalación, en virtud de que el supuesto jurídico
previsto en la fracción y artículos indicados, se
refiere a un derecho establecido pero a favor del
instituto Electoral del Distrito Federal, en el
sentido ce que cuando se ordene dejar sin
efectos le destitución decretada en contra de un
trabajador al que se le siguió un procedimiento
puede negarse a reinstalarlo pagando la
indemnización y doce días por cada año de
servicio prestado.

f) Que al actor no acreditó que haya sido
miembro del Servicio Profesional Electoral y que
haya adquirido la titularidad en el puesto que
reclamó y que lo hiciera inamovible tal y como se
encuentra ordenado en el artículo 102 el Estatuto
del Servicio Profesional Electoral, del Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por       obra o       tiempo
                                       :
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal, ya que sólo tratándose de los miembros
del Servicio Profesional Electoral del Instituto
Electoral del Distrito Federal, éstos : adquieren
inamovilidad al obtener la titularidad de sus
cargos, puesto y niveles, no así el actor, quien en
su demanda incluso señaló tener el carácter de
personal ¡administrativo y no miembro del Servicio
Profesional Electoral.:

Los argumentos antes sintetizados son fundados.



Así es, nuestro máximo ordenamiento legal en su
artículo 123, apartado B, fracción XIV, establece
que la ley determinará los cargos que serán
considerados de confianza, qué las personas que
lo desempeñen disfrutarán dé las medidas de
protección al salario y gozarán de los beneficios
de la seguridad social; y el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, prevé en su numeral 13 que
las relaciones de trabajo entre el Gobierno del
Distrito Federal y sus trabajadores se regirán por
lo dispuesto en el apartado fe del artículo :123 de
la Constitución y la ley que el Congreso de la
Unión emita sobre la materia; en tanto que, el
dispositiva legal 133 del Código Electoral del
Distrito Federal refiere que el personal que
integre los cuerpos del Servicio Profesional
Electoral y las ramas administrativas del Instituto,
será considerado de confianza y quedará sujeto a
lo establecido en la fracción XIV, del apartado B,
del artículo 123 de la Carta Magna, de
conformidad con lo dispuesto en el numerario 13
del Estatuto antes referido, contenido que, en lo
conducente, retoman los numerales 2 y 13 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral,
además de que el primero de los señalados, cita
las categorías del personal del Instituto Electoral
del Distrito Federal.

Al respecto conviene precisar, que si bien es
cierto que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consigna los derechos
mínimos de todo gobernado, los que de
conformidad con las demás legislaciones
aplicables, podrán ampliarse, pero nunca ser
inferiores; también lo es que, el aludido precepto
constitucional no hace referencia expresa de que
los servidores públicos considerados como de
confianza deban gozar de estabilidad en el
empleo, pues sólo consagra el derecho a disfrutar
de las medidas de protección al salario y los
beneficios de la seguridad social.



Por tanto, no obstante que los derechos laborales
de los trabajadores de confianza están limitados,
en términos del precepto magno antes aludido, no
existe disposición expresa para excluir a los
trabajadores de confianza de la estabilidad en el
empleo, lo que significa que el legislador puede
establecer en leyes secundarias los derechos que
confiere la Constitución al gobernado y la forma o
términos en que podrán disfrutar de ellos,
atendiendo a las limitaciones que la propia Carta
Magna establezca, en tanto no exceda lo
dispuesto en la norma constitucional ni contraríe
su contenido.

Lo antes expuesto obliga a concluir que para
determinar si los asesores que prestan servicios
para el Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal son o no
trabajadores de confianza, debe atenderse a lo
dispuesto en la ley de la materia, es decir, en el
Código Electoral del Distrito Federal, y el Estatuto
del Servicio Profesional Electoral, del Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal.
En esas condiciones se tiene presente que el
artículo 13 3 del Código Electoral del Distrito
Federal, y el artículo 2° del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral, del Personal Administrativo,
de los Trabajadores Auxiliares y del Personal
Eventual por obra o tiempo determinado del
instituto Electoral del Distrito Federal, ordenan
respectivamente lo siguiente:

"Artículo 133. El personal    que integre los
Cuerpos -del Servicio Profesional Electoral y
las ramas administrativas del Instituto, será
considerado de confianza y quedará sujeto al
régimen establecido en la fracción XIV del
apartado B del artículo 123 de la Constitución,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
— El Instituto Electoral del Distrito Federal
celebrará los convenios necesarios para que
sus servidores sean incorporados a las
instituciones públicas de  salud y seguridad
social".



"ARTÍCULO 2. El Instituto Electoral del Distrito
Federal contará con las siguientes categorías de
personal:

I. Personal del Servicio Profesional Electoral;
II. Personal administrativo;
III. Trabajadores auxiliares, y
IV. Personal eventual por obra o tiempo
determinado.



Independientemente de que en el presente
Estatuto se establezcan las bases de
organización de las categorías de personal a
que se hace referencia en los incisos que
anteceden, la relación jurídica de trabajo entre
el Instituto V el personal         del Servicio
Profesional Electoral y el administrativo estará
sujeta al apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de: los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal.




En cuanto a los trabajadores auxiliares y al
personal por obra o tiempo determinado, su
relación jurídica con el Instituto se sujetará a
las     disposiciones   del Código Civil para el
Distrito    Federal,  específicamente    en   lo
  concerniente a la prestación de servicios
  profesionales".


  De conformidad con los transcritos preceptos, los
  trabajadores que presten sus servicios como
  personal administrativo para el Instituto Electoral
  del Distrito Federal, serán considerados "de
  confianza" en los, términos a que se refiere el
  apartado B del artículo 123 de la Constitución
  Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  En estas condiciones importa destacar que como
  ya se mencionó, et Código Electoral del Distrito
  Federal, y el Estatuto del Servicio Profesional
  Electoral, del Personal Administrativo, de los
  Trabajadores Auxiliares y del Personal Eventual
  por obra o tiempo determinado del Instituto
  Electoral del Distrito Federal, definen al personal
  que integre las ramas administrativas del
  mencionado Instituto como "trabajadores de
  confianza", sin señalar como opera dicha
  clasificación, por ende, es claro que esta
  disposición constituye una norma incompleta que
  requiere ser suplida con otras disposiciones,
  como las de la Ley Federal de los Trabajadores al
  Servicio del Estado, ya que el artículo 217 del
  mencionado Estatuto permite la aplicación de
  normatividad supletoria; sin embargo, limita la
  procedencia de esa supletoriedad para los casos
  que no contravengan el régimen laboral de los
  servidores del Instituto Electoral del Distrito
  Federal, y además señala un orden específico,
  por lo que, de ser necesario, habrá que aplicar
  supletoriamente las normas previstas en el orden
  indicado.



  Dicho numeral es del texto siguiente:

  "ARTÍCULO 217.- En lo que no contravenga al
  régimen laboral de los servidores del Instituto
  previsto en el Código y en este Estatuto, se
  aplicarán en forma supletoria y en el orden
  siguiente:

     I. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
        del Estado;
II. Ley Federal del Trabajo;
III. Ley Federal de Responsabilidades de los
     Servidores Públicos;
     IV. Código de Procedimientos Civiles para el
     Distrito Federal;
     V. Los Principios Generales de Derecho, y
     VI. La Equidad".
Ahora, la aplicación supletoria de las normas
legales sólo es valida cuando, no obstante que se
prevea en la ley originaria la prestación, el
derecho c; la institución de que se trate, dicha ley
no los regule con la amplitud, exhaustividad y
profundidad necesarias; esto es, que previéndose
la institución, no se estructure en detalle.

Lo anterior, de acuerdo con la tesis de la anterior
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, publicada en la página 42 de la
Tercera Parte del Volumen XXVII de la Sexta
Época del Semanario Judicial de la Federación,
Cuyo tenor literal es el siguiente:



"LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que
un ordenamiento legal pueda ser aplicado
supletoriamente, es necesario que en principio
exista establecida la      institución cuya
reglamentación se trata de completar por
medio de esa aplicación supletoria."



Ante tal situación, es válido subsana las lagunas
existentes: mediante la aplicación de las
disposiciones que establece la ley supletoria e
incluso se justifica en estos casos que se acuda a
otras fuentes, como la costumbre, los usos, los
principios generales del derecho y la equidad;
siempre y cuando este proceder no implique
introducir instituciones no contempladas en la ley
de origen, ni crear figuras jurídicas ajenas a la
citada ley, ni tampoco cuestiones que
contravengan el sistema normativo propio de la
materia que se regula, porque esto equivaldría a
integrar e la ley reglas extrañas a las que el
legislador ha fijado en específico, en ejercicio de
sus facultades.

Por ello, si los ordenamientos legales aplicables
en la materia laboral electoral contemplan de
manera general al personal administrativo del
Instituto Electoral del Distrito Federad como
trabajadores de confianza, es necesario acudir,
como lo argumenta el quejoso, al artículo 5o,
fracción II, inciso h) de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, para
determinar      acorde    la    las   actividades
desempeñadas por el actor como asesor, si éste
debe ser considerado pomo trabajador de
confianza


En tales términos, debe precisarse que no fue
materia de la litis el nombramiento que se le
otorgo al trabajador corno asesor, pues éste así
lo reconoció en su escrito inicial de demanda y lo
confirmó el Instituto demandado al contestar la
demanda, además de que a fojas 1904 de autos,
obra fotocopia del mencionado nombramiento, del
que se desprende que el puesto asignado al actor
fue el de asesor.


Ahora bien, el artículo 5°, fracción II, inciso h) de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, dispone:


"ARTÍCULO 5o Son trabajadores de confianza:

I…
II. En el poder Ejecutivo, los de las
dependencias y los de las entidades
comprendidas dentro del régimen del
Apartado "B" del artículo 123 constitucional,
que desempeñen funciones que conforme a
los catálogos a que alude el articulo 20 de esta
Ley sean de:


a)    ...
h). Asesoría y consultoría, únicamente cuando
se proporcione a los siguientes servidores
públicos     superiores:    Secretario,  Sub-
secretario, Oficial Mayor, Coordinador General
y Director General en las dependencias de
Gobierno Federal o sus equivalentes en las
Entidades".


De la lectura del precepto legal transcrito, se
aprecia que la Ley Burocrática define la categoría
del "trabajador de confianza", atendiendo a la
naturaleza de las funciones desempeñadas,
consistentes en la asesoría y consultoría, cuando
se proporcione a servidores públicos superiores.


Así, debe entenderse que las actividades que el
trabajador desempeñó como asesor del
Presidente del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, y que detalló en su
escrito de demanda, consistentes en "la
elaboración de los resúmenes de las
resoluciones en materias laboral y electoral
emitidas por este H. Tribunal Electoral del
Distrito Federal; la elaboración de los
proyectos de contratos y convenios suscritos
por el Consejero Presidente a nombre del
Instituto Electoral del Distrito Federal, con
otros órganos de la Administración Pública,
así como con diversas personas físicas y
morales; el análisis de diversas disposiciones
legales, así como de su aplicación y criterios
por parte de los órganos jurisdiccionales y
administrativos; concurrir a las sesiones
ordinarias y extraordinarias de las Comisiones
Permanentes      -de     la    demandada-      de
Asociaciones Políticas y de Fiscalización, así
como a las sesiones del Comité de
Radiodifusión, elaborando los informes
respectivos sobre los asuntos tratados en
dichos órganos", constituyen las actividades de
asesoría y consultaría a. que se refiere el inciso
h), de la fracción II, del artículo 5°, de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.


Para arribar a tal conclusión, es necesario señalar
que la Real Academia Española en el Diccionario
de la Lengua Española, en su Vigésima segunda
edición define al asesor como el "Dicho de un
letrado: Que, por razón de oficio, debe
aconsejar o ilustrar con su dictamen a un juez
lego", y por consultor a quien da su parecer,
consultarlo sobre algún asunto. Persona
experta en una materia sobre la que asesora
profesionalmente". Así, las actividades que el
propio actor refirió en su       escrito inicial de
demanda coinciden con las definiciones antes
citadas, pues se encargaba de proyectos de
contratos y convenios, del análisis de
disposiciones legales, además de elaborar
informes de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de las Comisiones Permanentes
del Instituto Electoral del Distrito Federal, de
Asociaciones Políticas y de Fiscalización, así
como del Comité de Radiodifusión, lo que
constituye propiamente la asesoría y consultaría a
que se refiere la ley burocrática, pues el
trabajador daba su parecer sobre los asuntos
sometidos a su conocimiento.



De esta manera se entiende que los catálogos de
"puestos de confianza", que se enlistan en la ley
burocrática, conservan rasgos característicos,
que atienden a aquellas facultades, de libre
nombramiento y remoción de algunos servidores
públicos, quienes no se encuentran protegidos en
cuanto a la estabilidad en el empleo por razones
del servicio público.


En razón de lo expuesto, debe estimarse
incorrecta  la   determinación     del Tribunal
responsable para considerar ilegal la terminación
de la relación laboral del actor, pues al ser
considerado como trabajador de confianza, sus
derechos laborales están limitados en términos de
la fracción XIV del apartado B del artículo 123
Constitucional, puesto que pueden disfrutar sólo
de las medidas de protección al salario y de
seguridad social a que se refieren la fracciones
correspondientes de este apartado B, pero no de
los demás derechos otorgados a los trabajadores
de base, como es la estabilidad o inamovilidad en
el empleo, puesto que este derecho está
expresamente consignado en la fracción IX de
este apartado.


Tiene aplicación al respecto la tesis P.LXXlll/97,
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en la página 176,
Tomo V, Mayo de 1997, Materia (s): Laboral,
Constitucional, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, que
dispone:



"TRABAJADORES          DE   CONFIANZA       AL
SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS
SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS
DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL El artículo
123, apartado B, establece cuáles son los
derechos de los dos tipos de trabajadores: a)
de base y b) de confianza; configura, además,
limitaciones    a    los  derechos    de    los
trabajadores de confianza, pues los derechos
que otorgan las primeras fracciones del citado
apartado, básicamente serán aplicables a los
trabajadores de base; es decir, regulan, en
esencia, los derechos de este tipo de
trabajadores y no los derechos de los de
confianza, ya que claramente la fracción XIV
de este mismo apartado los limita en cuanto a
su aplicación íntegra, puesto que pueden
disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo
de las medidas de protección al salario y de
seguridad social a que se refieren las
fracciones correspondientes de este apartado
B, pero no de los demás derechos otorgados a
los trabajadores de base, como es la
estabilidad o inamovilidad en el empleo,
puesto que este derecho está expresamente
consignado en la fracción IX de este
apartado".



En el segundo y séptimo de los conceptos de
violación que se formulan, cuyo estudio se realiza
conjuntamente dada su estrecha vinculación, el
quejoso argumenta lo siguiente:



a) Que la autoridad responsable impuso al
quejoso una carga procesal a la que no estaba
obligado, toda vez que el instituto demandado
nunca separó, ni menos destituyó al hoy tercero
perjudicado, sino que le dio por terminado su
nombramiento y funciones de confianza como
asesor de Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en virtud de
que el personal de confianza carece del derecho
a la estabilidad en el empleo, razón por la cual no
se encontraba el peticionario del amparo obligado
a cumplir con el procedimiento para destituir al
trabajador, ya que los titulares de las
dependencias de Gobierno pueden dar por
concluida;     la    relación     de    trabajo    sin
responsabilidad cuando se trate de trabajadores
que desempeñen funciones que se encuentren
catalogadas como de confianza, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 5o y 8o de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.



b) Que la responsable realiza una indebida
interpretación del artículo 272 fracción X del
Código Electoral del Distrito Federal, al
considerar que dicho precepto legal consagra en
beneficio de los trabajadores de confianza del
instituto quejoso, el derecho a la estabilidad en el
empleo; consideración que estima el quejoso
incorrecta en virtud de que admitir la
interpretación de la responsable es transgredir en
toda su esencia el Derecho Burocrático
establecido en el artículo 123 Constitucional
apartado 3, ya que dicha norma estaría violando
directamente el artículo citado en sus fracciones
IX y XIV, pues la Constitución no le otorgó a los
empleados de confianza del estado ni siquiera
una limitada estabilidad en el empleo, por lo que
al tomar en cuenta la redacción del artículo 272
fracción X del Código Electoral del Distrito
Federal se debe llegar a la plena conclusión de
que sólo le es aplicable a los trabajadores de
base ya que incluso su redacción es similar a la
de la fricción IX del apartado B del 123
Constitucional e incluso sus efectos son similares,
ya que e órgano del. estado puede dejar a un
lado la reinstalación pagando la indemnización
correspondiente, es importante hacer notar que la
fracción X del artículo 272 del Código Electoral
jamás se refiere a trabajadores de confianza, por
lo que asciende una armónica interpretación del
contenido de las fracciones IX y IXV del 123
Constitucional frente al artículo 272 fracción X del
Código Electoral del Distrito Federal no se puede
llegar a la conclusión de que los trabajadores de
confianza tienen una cierta estabilidad en el
empleo, ya que para ello se violaría la
Constitución.



Lo antes señalado es fundado.



Previo al estudio de los argumentos hechos valer,
conviene destacar que el Tribunal responsable
interpreta el artículo 272, fracción X, del Código
Electoral del Distrito Federal, y los artículos 209 y
210 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral,
del Personal Administrativo, de los Trabajadores
Auxiliares y del Personal Eventual por obra o
tiempo determinado del Instituto Electoral del
Distrito Federal, para considerar que los
servidores del Instituto Electoral local, a diferencia
de otros trabajadores de confianza, sí cuentan
con la posibilidad: de ser reinstalados en el cargo
que venían desempeñando cuando se acredite
que su destitución fue injustificada, y que el
personal administrativo puede ser separado
únicamente por las causas de renuncia; retiro por
edad y tiempo de servicios; incapacidad física o
mental que le impida el desempeño de sus
funciones; destitución, o fallecimiento.


"Artículo 272. Las diferencias o conflictos
entre el Instituto Electoral del Distrito Federal
y sus servidores serán resueltas por el
Tribunal Electoral del Distrito Federal
conforme al siguiente procedimiento:

... X. Los efectos de la resolución de Tribunal
Electoral del Distrito Federal podrán ser en el
sentido de confirmar, modificar o revocar el
acto o resolución impugnada. En el supuesto
de que la resolución ordene dejar sin efectos
Ha destitución del servidor del Instituto
Electoral del Distrito Federal, este último
podrá negarse a reinstalarlo, pagando la
indemnización equivalente a tres meses de
salario más doce días por            cada año
trabajado".

Del precepto legal antes trascrito se advierte que
las diferencias o conflictos entre el Instituto
Electoral del Distrito: Federal y sus servidores,
serán resueltas por el Tribunal Electoral del
Distrito Federal y que, en el supuesto de que la
resolución ordene dejar sin efectos la destitución
del trabajador, el Instituto Electoral tiene la
facultad de negarse a reinstalarlo y en su lugar
pagarle la indemnización correspondiente; sin
embargo, atendiendo al contenido del citado
precepto legal, se concluye que la destitución a
que se refiere la fracción X posee un carácter
administrativo y no laboral, dado que la
destitución, por naturaleza deriva de un
procedimiento de índole administrativa e efecto
de separar del cargo a los servidores públicos
que incurren en faltas relacionadas con esa
materia, sin que por lo tanto, comprenda la
separación de naturaleza laboral; por tanto, es
incuestionable que el artículo 272, fracción X, del
Código Electoral del Distrito Federal, es
inaplicable al caso que nos ocupa.



No obsta a lo anterior, el hecho de que la fracción
X del numeral que se comenta, establezca la
posibilidad de que el Instituto referido pueda optar
por reinstalar al servidor o negarse a ello, pero
pagándola una indemnización, pues el propio
precepto ubica tal facultad dentro de la hipótesis
de la destitución; y como ya se dijo, ésta posee
un carácter administrativo, tal como se advierte
del contenido de los artículos 225 y 230 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral, del
Personal . Administrativo, de los Trabajadores
Auxiliares y del Personal Eventual por obra o
tiempo determinado del Instituto Electoral del
Distrito Federal, que a saber establecen:



"Artículo 225.- Son sanciones administrativas
la amonestación, la suspensión, la destitución
del cargo o multa hasta de cien días de salario
mínimo en el Distrito Federal".



"Artículo 230.- La destitución es la sanción
que por escrito se impondrá a un miembro del
Servicio Profesional en aquellos casos en que
se infrinjan las normas establecidas en el
Código, en el presente Estatuto o en las
demás disposiciones aplicables, cuando por
su naturaleza éstas sean consideradas graves
y ameriten la conclusión de la relación laboral
con el Instituto. Como consecuencia de la
destitución, quedará concluida la relación
jurídica con el Instituto y procederá a la baja
inmediata del servicio profesional".
En ese orden de ideas, la autoridad responsable
indebidamente determinó que la separación de
los servidores del Instituto Electoral del Distrito
Federal, sólo puede realizarse por las causas
establecidas en el artículo 166 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral, del Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal, previo procedimiento para la aplicación
de sanciones administrativas en los artículos del
232 al 239 y que, en el caso, no existió causal
relativa a la terminación de nombramiento y
funciones de confianza, por lo que declaró la
ilegalidad de la separación; no obstante que de
conformidad con el artículo 169 del Estatuto
referido no sólo por las causas establecidas en
dicho ordenamiento puede ser destituido el
personal del Instituto, sino también por motivos de
terminación del nombramiento o relación de
trabajo, sin necesidad de agotar procedimiento
alguno.



Sobre el tópico, conviene atender al contenido de
los artículos 166, 169, 187 y 188 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral, del Personal
Administrativo, de los Trabajadores Auxiliares y
del Personal Eventual por obra o tiempo
determinado del Instituto Electoral del Distrito
Federal, que estipulan lo siguiente:




"Artículo 166.- El personal de carrera quedará
separado del Servicio Profesional por las
causas siguientes:

I. Renuncia,
II. Retiro por edad o tiempo de servicios;
III. Incapacidad física o mental que le impida el
     desempeño de sus funciones;
IV. Destitución, o
V. Fallecimiento".

"Artículo 169.- El personal de, carrera podrá
ser separado por destitución por las causales
establecidas en el presente Estatuto y demás
ordenamientos aplicables".

"ARTÍCULO 187.- La Dirección Ejecutiva podrá
aplicar, en lo conducente, al personal
administrativo, las disposiciones relativas a la
evaluación del rendimiento, el programa de
formación     y     capacitación    profesional,
permisos     y     licencias,    estímulos     y
recompensas, así como te concernientes al
procedimiento   administrativo"   para     la
aplicación   de   sanciones     que    están
establecidas en los Títulos Cuarto, Quinto,
Séptimo, Octavo y Noveno del presente
Estatuto”.



"ARTÍCULO 188.- La relación jurídica entre el
Instituto y el personal administrativo estará
sujeta a las disposiciones que al efecto
establecen el Código, el presente Estatuto y
las demás disposiciones aplicables, bajo el
régimen del apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos".



De los preceptos antes citados se advierte que el
personal administrativo de| Instituto demandado
quedará      separado     del;   servicio  y,   en
consecuencia, concluirá su relación laboral con el
Instituto, por renuncia, retiro, por edad o tiempo
de servicios, incapacidad física o mental que le
impida o        desempeño de sus funciones;
destitución o fallecimientos y que podrá ser
separado por destitución         por las causales
establecieras en dicho Estatuto y demás
ordenamientos aplicables, cómo lo es en el caso
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.


Por tanto, no sólo por las causas establecidas en
el Estatuto puede ser destituido el personal
administrativo del instituto Quejoso, sino que
también existen otras causas o motivos de
terminación del nombramiento o relación de
trabajo, sin necesidad de agotar procedimiento
alguno, pues aun cuando el numeral antes citado,
no lo estipula así, es válido considerar procedente
tal situación, pues como ya se vio, el actor tenía
el carácter de asesor y gozaba de estabilidad
en el empleo, en virtud de de que el artículo 5o,
fracción II, inciso h) de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que
los asesores y consultores de servidores públicos
superiores son personal de confianza; de ahí que,
sea incorrecta la decisión que sobre el particular
realizó la autoridad responsable, de considerar
ilegal la separación laboral del actor, al habérsele
dado por terminado su nombramiento en el
puesto de asesor adscrito a la Presidencia del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal mediante el oficio número SECG-
IEDF/809/04 de fecha ocho de junio de dos mil
cuatro, suscrito por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Distrito Federal, sin que
previamente mediara el procedimiento que para
tal efecto prevé el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral, del Personal Administrativo,
de los Trabajadores Auxiliares y del Personal
Eventual por obra o por tiempo determinado del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en sus
artículo 236 a 239.


En el tercero de los conceptos de violación que
se hacen valer, el peticionario de amparo señala
que legalmente la autoridad responsable dejó a
salvo los derechos del trabajador para reclamar el
aguinaldo correspondiente al año dos mil cuatro,
una vez que sea exigible al instituto demandado,
sin tomar en consideración lo que hizo valer el
Instituto demandando al contestar dicho reclamo,
ni haberse pronunciado de conformidad a lo que
las partes hicieron valer en sus respectivos
escritos de demanda y contestación a la misma
en el juicio laboral, siendo que la responsable fue
más allá de lo que reclamó o hizo valer el
trabajador, al condenar al quejoso al pago de
diferencias salariales .por concepto de salarios
devengados del uno al ocho de junio de dos mil
cuatro y de prima vacacional del año dos mil
cuatro, del uno de enero al ocho de junio de ese
año, lo cual resulta conculcatorio de las garantías
individuales de legalidad y seguridad jurídica y de
los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del
Trabajo, motivo por el cual se solicita el Amparo y
Protección de la Justicia Federal para que se
absuelva al peticionario de dichas condenas, en
virtud de que no fueron reclamadas por el actor.


El argumento antes señalado es fundado.

Ello es así, pues como lo afirma el quejoso, los
reclamos del pago de salarios devengados del
primero al ocho de junio de dos mil cuatro, así
como la parte proporcional de prima vacacional y
la     parte    proporcional      de    aguinaldo
correspondiente al mismo año, no fueron
reclamados por el trabajador, tal como se aprecia
de su ampliación a la; demanda de fecha
veintiséis de agosto de dos mil cuatro, en la que
el actor únicamente precisó como prestaciones
las siguientes:




"a) La reinstalación del suscrito en el trabajo,
puesto y condiciones que he venido de hasta
la fecha del injustificado despido del que he
sido víctima; —b) El pago de los salarios
caídos contados desde que se efectuó el
injustificado despido hasta que se cumpla la
resolución de ese H. Órgano Jurisdiccional,
así como los incrementos que otorgue la
demandada a sus trabajadores; — c) El pago
del aguinaldo, de la prima de antigüedad, de
las vacaciones, fondo de ahorro; de una hora
extra diana desde la iniciación de mí relación
laboral, hasta el cumplimiento de la resolución
de ese H. Órgano; - d) El otorgamiento de los
vales de despensa que se me deben, así como
los que sensualmente se generen y los que
anualmente otorga la demanda a sus
trabajadores, desde que se efectuó el
injustificado despido hasta que se cumpla la
resolución de ese H. Órgano Jurisdiccional; —
e) El pago de las aportaciones que legalmente
corresponden      al    titular demandado por
concepto de aportaciones al ISSSTE, al
FOVISSSTE, al Fondo de Ahorro para el
Retiro, al; Fondo de Separación Individualizada
que con tal efecto se ha constituido en forma
bipartita, y el seguro adicional de gastos
médicos constituido para el personal de la
titular demandada".




Asimismo, en los hechos narró:




"VII.- Con fecha 6 de agosto de 2004 se me
notificó Acuerdo del tres de agosto del mismo
año emitido por el Magistrado Instructor del
Tribunal    Electoral   del   Distrito   Federal,
Estuardo, Mario Bermúdez Molina, por el cual se
me cita a comparecer para recoger o ver la
consignación hecha a mí favor de Billete de
Depósito por parte del Instituto Electoral del
Distrito Federal, por concepto de lo que dicha
persona denominó salarios devengados del
primero al ocho de junio de dos mil cuatro,
parte proporcional de prima vacacional y parte
proporcional de aguinaldo correspondiente al
mismo año, ya que para tal efecto reconoce
tanto la categoría, como el puesto laboral que
señalé en la demanda de garantías. Motivo por
lo cuál queda fuera de la litis    tanto el pago
hecho y recibido, como las circunstancias
referidas y confesadas por el Consejero
Presídeme de la titular demandada. — VIII.-
Como lo he señalado, es el caso que con la
consignación –señalada y descrita en el hecho
VII del presente escrito- realizada a mi favor
por parte de la demandada y en cumplimiento
a sus obligaciones legales de manera
voluntaria, reconoce mi calidad laboral como
trabajador del Instituto Electoral del Distrito
Federal; no obstante podemos concluir que
dicha consignación ha sido realizada de mala
fe, toda vez que no se consignaron a mi favor
la totalidad de las prestaciones reclamadas ni
tampoco es materia de consignación la
reinstalación por ser ello contrario a los
artículos 5o y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 3o de la
Ley Federal del Trabajo, de aplicación
supletoria en el presente."


De lo anterior, se aprecia que el actor desistió del
pago de salarios devengados del primero al ocho
de junio de dos mil cuatro, así como de la parte
proporcional de prima vacacional y parte
proporcional de aguinaldo correspondiente al
mismo año, ya que expresamente señaló que el
pago que recibió por dichos conceptos quedó
fuera de la litis, por; lo que resulta ilegal la
condena que la responsable estableció sobre
dichos conceptos.


Cobra aplicación la tesis sustentada por la
anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en la página 31,
Tomo 109-114 Quinta Parte, Séptima Época del
Semanario Judicial de la Federación, que señala:


"LAUDO INCONGRUENTE. PRESTACIONES
NO RECLAMADAS. Si se condena a la
empresa al pago de prestaciones que no
fueron reclamadas y que por consiguiente no
formaron parte del litigio, es evidente que el
laudo impugnado resulta incongruente con
las cuestiones planteadas, y por consiguiente
violatoria de garantías individuales".




En consecuencia, procede conceder al quejoso el
amparo solicitado, para el efecto de que el
Tribunal responsable deje insubsistente la
resolución redamada y, en su lugar emita una
nueva en la que, siguiendo, los lineamientos de
esta ejecutoria, considere que el actor *****
********************** como personal administrativo
de confianza del Instituto Electoral del Distrito
Federal, carece de estabilidad en el empleo, en
virtud de que las funciones que desarrollaba
encuadran en el artículo 5o, fracción II, inciso h)
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, asimismo, para que considere que el
trabajador desistió del pago de salarios
devengados del primero al ocho de junio de dos
mil cuatro, así como de la parte proporcional de
prima vacacional y parte proporcional de
aguinaldo- correspondiente al mismo año, hecho
lo cual, resuelva conforme a derecho la
controversia planteada.



Dados los efectos para los cuales se concede el
amparo resulta innecesario entrar al estudio de
los restantes conceptos de violación, en
observancia del contenido de la tesis de
jurisprudencia número 107, consultable en la
página 85, del Tomo VI, Materia Común,
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, bajo el texto y rubro:



"CONCENTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO
INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los
conceptos de violación invocados en la
demanda de amparo resulta fundado uno de
éstos y el mismo es suficiente para otorgar al
peticionario de garantías la protección y el
amparo de la Justicia Federal, resulta
innecesario el estudio de los demás motivos
de queja."


La concesión del amparo se hace extensiva a los
actos de ejecución reclamados al actuario del
Tribunal Electoral del Distrito Federal como
autoridad ejecutora, al no haberse combatido por
vicios propios, sino sólo en vía de consecuencia,
en términos de la tesis jurisprudencial número 88,
publicada en el Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-2000, Tomo VI Materia
Común, pagina setenta, que dice:


"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE,
NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si
la sentencia de amparo considera violatorio de
garantías la resolución que ejecutan, igual
declaración debe hacerse respecto de los
actos de ejecución, si      no se reclaman,
especialmente, vicios de ésta."

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en
los artículos 103 fracción I y 107 de la
Constitución General de la República y 80, 158,
184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de
resolverse y se resuelve:

ÚNICO.- La Justicia dé la Unión AMPARA Y
PROTEGE al INSTITUTO ELECTORAL DEL
             DISTRO FEDERAL, contra el acto del Tribunal
             Electoral del Distrito Federal y su actuario, la
             primera como ordenadora y la segunda como
             ejecutora, consistente         en la resolución de
             quince de diciembre de dos mil cuatro y su
             ejecución, dictada en el expediente TEDF-JLI-
             022/2004       seguido     por ************************
             ******************** en contra del ahora quejoso. El
             amparo se concede para el efecto precisado en el
             último considerando de la presente ejecutora.


             Notifiquese, ..."



Del texto transcrito de la ejecutoria número DT.- 2011/2005,

se desprende que el Tribunal de Amparo determinó lo

siguiente:




a) Que de los artículos 133 del; Código Electoral del Distrito

Federal; 2 y 13 del Estatuto del Servicio Profesional

Electoral, se puede concluir que el personal que integre los

Cuerpos del Servicio Profesional Electoral y las ramas

administrativas      del    Instituto,    serán      considerados       de

confianza y se rigen por las disposiciones que para este tipo

de trabadores prevé el artículo 123, Apartado B, fracción

XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.




b) Que si bien es cierto la Carta Magna consigna los

derechos     mínimos       de    todo    gobernado,        los    que   de

conformidad con las demás legislaciones aplicables, pueden
ampliarse, estos nunca pueden ser inferiores; también lo es

que, el aludido precepto constitucional no hace referencia

expresa de que los servidores públicos de confianza deban

gozar de estabilidad en el empleo, pues sólo consagra el

derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y

los beneficios de la seguridad social.




c) Que tratándose del personal del Instituto Electoral del

Distrito Federal, en específico de los Asesores que prestan

servicios para el Presidente del Consejo General del órgano

electoral administrativo, es necesario atender a lo dispuesto

en el Código Electoral del Distrito Federal y- el Estatuto del

Servicio Profesional Electoral, pues son los ordenamientos

que prevén el régimen especial de dichos servidores y, por

consiguiente, los derechos de que disfrutarán y las acciones

que pueden ejercitar en contra del citado Instituto para el

caso de despido injustificado.




d)Que de conformidad con los artículos 133 del Código

Electoral local y 2° del Estatuto del Servicio Profesional

Electoral, los trabajadores que presten sus servicios como

personal    administrativo   para    la   autoridad   electoral

administrativa, serán considerados "de confianza" en los
términos a que Sé refiere el apartado B del artículo 123 de la

Constitución Federal.




Que tanto el Código Electoral local como el Estatuto del

Servicio Profesional Electoral, definen        al personal que

integre las ramas administrativas del mencionado Instituto

como "trabajadores de confianza", sin señalar cómo opera

dicha clasificación; por ende, es claro que esta disposición

constituye una norma incompleta que requiere ser suplida

con otras disposiciones, como las de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, ya que el artículo 217

del   mencionado    Estatuto   permite    la    aplicación   de

normatividad supletoria; sin embargo, limita la procedencia

de esa supletoriedad para los casos que no contravengan el

régimen laboral de los servidores del órgano electoral

administrativo, señalando además un orden específico para

su aplicación.




f) Que en consecuencia, la aplicación supletoria de las

normas legales sólo es válida cuando, no obstante que se

prevea en la ley originaria la prestación, el derecho o la

institución de que se trate, dicha ley no los regule con la
amplitud, exhaustividad y profundidad, necesarias; esto es,

que previéndose la institución, no se regule con detalle.



g) Que al prever los ordenamientos legales aplicables en la

materia laboral electoral, que el personal administrativo del

Instituto Electoral del Distrito Federal es de confianza,

resulta necesario acudir al artículo 5°, fracción II, inciso h),

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,

para determinar, acorde a las actividades desempeñadas

por el actor en su carácter de Asesor, si éste debe ser

considerado como trabajador de confianza.




                                   g) Que en el asunto en

cuestión, debe precisarse que no fue materia de la litis el

nombramiento que se le otorgó al trabajador de Asesor, pues

éste así lo reconoció en su escrito inicial de demanda y lo

confirmó el Instituto demandado al contestar la demanda,

además de que a fojas 1904 de autos, obra fotocopia del

mencionado nombramiento, del que se desprende que el

puesto asignado al actor fue el de Asesor.


i) Que de la lectura del artículo; 5o, fracción II, inciso h), de la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se
aprecia que la ley burocrática define la categoría del

"trabajador de confianza", atendiendo a la naturaleza de las

funciones desempeñadas, consistentes en la asesoría y

consultoría, cuando se proporcione a servidores públicos

superiores.



j) Que en consecuencia, debe entenderse que las

actividades: que el trabajador desempeñó como Asesor del

Presidente del Consejo General de la autoridad electoral

administrativa, y que detalló en su escrito de demanda,

constituyen las actividades de asesoría y consultoría a que

se refiere el inciso h), de la fracción II, del artículo 5°, de la

Ley Federe I de los Trabajadores al Servicio del Estado.




k) Que de esta manera se entiende que los catálogos de

"puestos de confianza", que se enlistan en la ley burocrática,

conservan rasgos característicos, que atienden a aquellas

facultades de libre nombramiento y remoción de algunos

servidores públicos, quienes no se encuentran protegidos en

cuanto a la estabilidad en el empleo por razones del servicio

público.
I) Que al ser considerado el actor como "trabajador de

confianza", sus derechos laborales están limitados en

términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123

Constitucional, puesto que puede disfrutar sólo de las

medidas de protección al salario y de seguridad social a que

se refieren las fracciones correspondientes del mencionado

apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los

trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad

en el empleo, ya que este derecho está expresamente

consignado en la fracción IX del apartado antes referido.




m) Que de la lectura del artículo 272, fracción X, del Código

Electoral local, se concluye que la destitución a que se

refiere dicho apartado posee un carácter administrativo y no

laboral, dado que la destitución, por naturaleza deriva de un

procedimiento de índole administrativa a efecto de separar

del cargo a los servidores públicos que incurren en faltas

relacionadas con esa materia, sin que por tal motivo

comprenda la separación de naturaleza laboral; por tanto, es

incuestionable   que   el   artículo   272,   fracción   X,   del

ordenamiento jurídico en comento, es inaplicable al caso

que nos ocupa.
n) Que de conformidad con los artículos 166, 169, 187 y 188

del Estatuto del Servicio Profesional, el personal del Instituto

no solamente puede ser destituido por las                 causas

establecidas en dicho ordenamiento, sino también por

motivos de terminación del nombramiento o relación de

trabajo, sin necesidad de agotar procedimiento alguno, pues

aún cuando el último numeral antes mencionado, no lo

estipula expresamente, es válido considerar procedente tal

situación, pues como ya se consideró, el actor tenía el

carácter de Asesor y no gozaba de estabilidad en el empleo,

en virtud de que el artículo 5°, fracción II, inciso h), de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone

que los asesores y consultores de servidores públicos

superiores son personal de confianza.




ñ) Que en la especie, el ciudadano **************************

no reclamó el pago de salarios devengados del primero al

ocho de junio de dos mil cuatro, así como la parte

proporcional de prima vacacional y la parte proporcional de

aguinaldo correspondiente al mismo año, ya que en su

escrito de ampliación a la demanda de fecha veintiséis de

agosto de dos mil cuatro, se desistió del pago de dichas
prestaciones, y expresamente señaló que, el pago que

recibió por dichos conceptos quedaba fuera de la litis.




Atendiendo a lo razonado por la Autoridad Jurisdiccional

Federal, este Tribunal, en acatamiento a la ejecutoria

referida, se concluya que son INFUNDADOS los motivos de

inconformidad esgrimidos por la parte actora y que quedaron

identificados en el Considerando Cuarto de esta resolución,

habida cuenta que, contrariamente a lo que sostiene el actor,

dada su calidad de servidor de confianza, la autoridad

electoral administrativa se encuentra en aptitud de dar por

terminada la relación laboral correspondiente, sin necesidad

de agotar procedimiento alguno, habida cuenta que el

demandante     carece    de   estabilidad   en      el    empleo     y

únicamente cuenta con los derechos a que se refiere el

numeral 123, Apartado B, fracción XIV Constitucional, a

saber, los de disfrutar de las medidas de protección al salario

y los benéficos de la seguridad social.




Por tanto, con base en los mismos argumentos del Tribunal

de Amparo, para dar por terminada la relación laboral del

ciudadano *********************************** con        el   Instituto

enjuiciado, no era necesario iniciar el Procedimiento
Administrativo para la aplicación de sanciones, a fin de

imponerle la sanción de destitución.




Por tales motivos, igualmente no le asiste la razón al actor

cuando sostiene que con la terminación de su nombramiento

decretada por el Secretario Ejecutivo, se crea una institución

extraña,   dado   que   su   separación    sólo   puede   ser

consecuencia de las causas previstas en el Estatuto del

Servicio Profesional Electoral, pues como lo señala la

autoridad de amparo en su ejecutoria, la destitución del

personal del Instituto no sólo puede darse por las causas

previstas en el ordenamiento estatutario referido, sino

también por motivos de terminación del nombramiento o

relación de trabajo, supuesto en el que no existe la

necesidad de agotar procedimiento alguno.




Tampoco asiste la razón al demandante, cuando afirma que

el Secretario Ejecutivo carece de facultades para dar por

terminado su nombramiento, pues como lo apuntó el

Tribunal de Amparo en la ejecutoria que se cumplimenta,

dicho funcionario actuó en representación legal del Instituto

demandado, en ejercicio de la atribución contenida en el
artículo 74, inciso a), del Código Electoral del Distrito

Federal.



En consecuencia, se absuelve al Instituto demandado del

pago de las prestaciones reclamadas por el actor en los

incisos a), b), c), d;, e) y f) de su escrito de demanda, con

excepción de lo relativo al reclamo de las horas extras que

dicho actor también identificó, entre otras, bajo el inciso d);

ello, en términos de la ejecutoria del juicio de amparo

número DT.- 2031/2005, misma que será objeto de estudio

y análisis en el Considerando siguiente de esta resolución.



SÉPTIMO.- En el presente Considerando este Cuerpo

Colegiado se circunscribirá a cumplimentar la ejecutoria

identificada con     la clave DT.- 2031/2005, emitida por la

autoridad federal.



Así las cosas, en la resolución número DT.- 2031/2005, el

Tribunal de Amparo resolvió lo siguiente:




           "QUINTO,- El estudio de los conceptos de
           violación que hace valer el quejoso conduce a
           determinar lo siguiente:

           En los conceptos de violación identificados con
           los incisos a), c), d), e), y g), el quejoso reclama el
           pago del aguinaldo proporcional, el pago de
           una prima de antigüedad, y la                  correcta
integración de su salario para el cálculo de las
prestaciones a que tiene derecho, entre ellas la
cotización al ISSSTE.

Son     inatendibles    los   argumentos       antes
sintetizados.

Así es, este Tribunal Colegiado estima que las
reclamaciones a que se ha hecho mención
resultan inatendibles, en virtud de que en el
diverso juicio de amparo DT.- 2011/2005,
promovido por el INSTITUTO ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL, en           contra  de     la
sentencia que se reclama en el presente juicio
de garantías, en sesión de esta misma fecha,
se concedió el amparo y protección de la
Justicia Federal que solicitó en los siguientes
términos:



"En consecuencia, procede conceder al
quejoso el amparo solicitado, para el efecto
de que el Tribunal responsable deje
insubsistente la resolución reclamada y, en
su       lugar     emita una nueva en la que,
siguiendo        los      lineamientos      de esta
ejecutoría, considere que el actor **********
************************************** como personal
administrativo de confianza del instituto
Electoral del Distrito Federal, carece de
estabilidad en el empleo, en virtud de que las
funciones que desarrollaba encuadran en el
artículo 5°, fracción II, inciso h) de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, asimismo, para que considere que el
trabajador se desistió del pago de salarios
devengados del primero al ocho de junio de
dos mil cuatro, así como de la parte
proporcional de prima vacacional y parte
proporcional de aguinaldo correspondiente
al mismo año, hecho lo cual, resuelva
conforme        a     derecho       la   controversia
planteada".




Así, al haberse otorgado la protección
constitucional      solicitada    al    INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, para
el efecto de que se deje insubsistente el laudo
reclamado y se dicte uno nuevo en el que
considere que el actor *************************
como personal administrativo de confianza del
instituto Electoral del Distrito Federal, carece de
estabilidad en el empleo, en virtud de que las
funciones que desarrollaba encuadran en el
artículo 5°, fracción II, inciso h) de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, asimismo, para que considere que el
trabajador se desistió del pago de salarios
devengados del primero al ocho de junio de dos
mil cuatro, así como de la parte proporcional de
prima vacacional y parte proporcional de
aguinaldo correspondiente al mismo año, resulta
innecesario ocuparse de las cuestiones que
formula el quejoso, pues éstas se refieren al pago
de las prestaciones accesorias a su reinstalaron,
las que serán materia de un nuevo laudo.


En el concepto de violación señalado con el
inciso b), el quejoso argumenta que si bien es
cierto que tenía un horario asignado para
realizar sus actividades, también lo es que la
carga de trabajo en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, le exigía estar el mayor tiempo
que fuera, posible, excediendo así su horario de
trabajo, pues además de su excesiva duración
nunca se le otorgó descanso alguno en forma
contraria al artículo 63 de la misma Ley Federal
del Trabajo que contempla como mínima un
descanso de media hora, pues como se
demostró en autos, el suscrito no podía
abandonar su lugar de trabajo.


El argumento antes señalado es parcialmente
fundado, aunque para ello sea necesario suplir
la deficiencia de la queja, en términos de la
fracción IV, del artículo 76 bis de la Ley de
Amparo, por ser el trabajador quien acude al
juicio de garantías.



Para arribar a tal conclusión, conviene señalar
que el Tribunal responsable absolvió al Instituto
demandado del pago de horas extras en razón
de las siguientes consideraciones:


”AI respecto, debe reiterarse que, a través de
lo dispuesto en el numeral 272 del Código
Electoral del Distrito Federal, el legislador
local estableció como 'condición sine qua
non que las acciones laborales que intenten
los servidores del Instituto Electoral del
Distrito Federal, se ejerciten dentro del lapso
de quince días al en que se les notifique o
conozca      de     las determinaciones del
Instituto, que les afecte sus derechos y
prestaciones laborales. — Así las cosas,
debe estimarse que las reclamaciones
formuladas por el ciudadano *****************
************** tocante al tiempo extraordinario que
supuestamente         laboró       durante    todo el
tiempo que tuvo vigencia la relación laboral
con el Instituto Electoral local, deviene
improcedente, pues de acuerdo con el citado
artículo 272 del Código de la materia, el
servidor que        se       considera afectado en
alguno de sus           derechos o prestaciones
laborales, podrá        inconformarse dentro del
plazo de quince        días hábiles, contados a
partir del día siguiente a aquél en que se
haya      notificado      la resolución o acto que
estime le depara perjuicio. — En la especie,
debe        tomarse          en       cuenta que las
prestaciones         que nos ocupan tienen un
carácter autónomo, es decir, su exigencia no
deriva necesariamente de la ruptura de la
relación de       trabajo, por lo que el plazo de
quince días para         reclamarlas       empieza a
correr a partir del día siguiente a la fecha en
que se        actualiza       el interés jurídico del
servidor, lo que acontece desde el momento
en que la prestación pudo exigirse, pues las
labores extraordinarias son de consumación
inmediata. — En este sentido, una vez que
se acredite       que       fueron laboradas por el
servidor inconforme, le deben ser cubiertas
a más tardar el día de pago de la quincena
en que se hayan trabajado, de manera que,
de no satisfacerse dicha remuneración en la
quincena correspondiente, a partir de ese
momento surge la afectación              del    interés
jurídico del servidor y         el     derecho     para
ejercitar su acción a partir del día siguiente. ---
-- Con base en lo anterior, es dable concluir
que la acción para demandar el pago del
tiempo extraordinario trabajado por los
servidores del Instituto Electoral del Distrito
Federal, debe hacerse valer dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes a aquél en
que el trabajador tenga conocimiento de que
no le fueron cubiertos, oportunamente los
servicios que prestó fuera de la jornada
ordinaria de trabajo, lo que acontece
precisamente al momento de que recibe su
pago quincenal... En consecuencia, a juicio
de este órgano colegiado, la reclamación en
estudio, relativa al pago de una hora
extraordinaria, durante todo el período que
laboró para el Instituto demandado no fue
reclamada con oportunidad, por lo que las
acciones relativas han caducado. --- Sin
embargo no opera la caducidad respecto de
las prestaciones de mérito relativas a las del
diecisiete de mayo al ocho de junio del dos
mil cuatro. — Lo anterior es así, en virtud de
que la presentación de la demanda dentro
del plazo aludido interrumpe la caducidad e
la acción intentada, siendo un hecho no
controvertido que el actor interpuso el
presente medio de defensa el veintitrés de
junio de dos mil cuatro, tal como se
desprende del sello de oficialía de partes de
este Tribunal, de donde se desprende que el
término legal para reclamar las prestaciones
que nos ocupan, inició a partir de la fecha en
que se le notificó la terminación de la
relación laboral. — Así, se estima que la
demanda fue presentada oportunamente por el
hoy actor, pero sólo por lo que respecta
del diecisiete de mayo al ocho de junio del
año en curso en la que prestó sus servicios
para el Instituto demandado, pues como ya
se dijo, el plazo para que pudiera demandar
tales    prestaciones    de   las    anteriores
quincenas ya feneció. — Ahora bien, tal
como ya se precisó, la prestación en estudio
es de consumación inmediata, por lo que se
estima que una vez laborado el tiempo
extraordinario, el mismo debe ser cubierto a
más tardar el día de pago de la quincena en
que se hayan trabajado, de manera que de
no satisfacerse dicha remuneración, a partir
de ese      momento surge la afectación y el
interés del servidor para promover la acción
correspondiente, ya que por la naturaleza de
estas prestaciones, el conocimiento de su
existencia por su titular es instantáneo. —
Así lo      han    considerado los: Tribunales
Colegiado en materia de Trabajo; en la tesis
de jurisprudencia que al respecto se
transcriba — "PRESCRIPCIÓN. CÓMPUTO.
CASOS EN QUE NO ES NECESARIO
PRECISAR LA FECHA EN QUE EMPIEZA A
CORRER EL TÉRMINO RRESCRIPTIVO." (se
transcriba). — Por tal razón, de la prestación
que nos ocupa, tendrá derecho la parte
actora al pago de aquéllas que se acrediten
respecto del periodo comprendido del
diecisiete de mayo al ocho de junio del año
en curso- inclusive, considerando que esos
fueron los últimos días en que laboró el
actor para el Instituto demandando, —
Sentado lo anterior, este órgano colegiado
procede a analizar el escrito de demanda
mediante el cual el actor reclamo el
cómputo, como parte efectiva de tiempo
laborado, de las horas que tenía para tomar
alimentos, que .era de las catorce a las
quince horas diariamente, toda vez que
durante este tiempo, aduce que siempre
estuvo a disposición del patrón. — En el
apartado de prestaciones del escrito
recursal, el actor reclama el pago de una
hora extra diaria laborada a favor del
Instituto demandado, sin embargo de las
constancias que, obran en el expediente en
que se actúa en específico de la documental
pública consistente ¡en el oficio número SP-
PCG-IEDF/594/04 signado por el Licenciado
*********************************** se aprecia que
el personal adscrito a la Presidencia del
Consejo General, no registra hora de
asistencia alguna, al no encontrarse
obligado a ello, motivo por el cual este
Cuerpo Colegiado no puede condenar al
Instituto demandado al pago de las horas
extras que reclama la parte actora. — A
mayor abundamiento es importante precisar
que el actor no aportó los elementos
probatorios pertinentes para acreditar su
aseveración, lo cual lo deja en estado de
indefensión, y este Cuerpo Colegiado
procede a absolver a la autoridad electoral
administrativa del pago de las horas extras
reclamadas por la parte inconforme."



De lo trascrito, se; aprecia que la autoridad
responsable consideró que de conformidad con
el artículo 272 del Código Electoral del Distrito
Federal, la acción para demandar el pago del
tiempo extraordinario trabajado por los
servidores del Instituto .Electoral del Distrito
Federal, debe hacerse valer dentro del plazo de
quince días hábiles siguientes a aquél en que
el trabajador tenga conocimiento de que no le
fueron cubiertos oportunamente los servicios
que prestó fuera de la jornada ordinaria de
trabajo, y que por, tanto, la reclamación relativa
al pago de una hora extraordinaria durante todo
el período que laboró para el Instituto
demandado no fue reclamado con oportunidad,
por lo que caducó.




La anterior determinación se estima correcta,
en virtud de que él artículo 272 del Código
Electoral del Distrito Federal, establece:
"Artículo 272. Las diferencias o conflictos
entre el Instituto Electoral del Distrito
Federal y sus servidores serán resueltas por
el Tribunal Electoral del Distrito Federal
conforme al siguiente procedimiento:



1. El servidor del Instituto Electoral del
Distrito Federal que hubiese sido destituido
de su cargo, sancionado o afectado en sus
derechos laborales, podrá inconformarse
mediante       demanda      que     presente
directamente ante el Tribunal Electoral del
Distrito ¡federal, dentro de los quince días
hábiles siguientes al que se le notifique la
determinación del Instituto Electoral del
Distrito Federal;


II. …”


El precepto legal antes citado, establece de
manera clara que los Trabajadores del Instituto
Electoral del Distrito Federal, que sé consideren
afectados: en sus derechos laborales, cuentan
con un plazo de quince días hábiles para
inconformase, contados a partir del siguiente a
aquél en que se hayan notificado la
determinación, por lo que es evidente que,
respecto de las horas extras que sé reclaman
transcurrid con exceso       el    término de que
disponía el actor       para     solicitar su pago,
tomando en cuenta que, en            la especie por
tratarse de una prestación autónoma, es decir,
que no depende de la ruptura de la relación de
trabajo, tal plazo empezó a correr a partir del
día siguiente a la fecha en que se actualizó el
interés jurídico del servidor, lo que acontece
desde el momento en que la prestación podría
exigirse, pues las horas extras son de
consumación inmediata, por lo que, una vez
laboradas., deben ser cubiertas a más tardar el
día de pago de la quincena en que se hayan
trabajado, de manera tal que, de no satisfacerse
dicha      remuneración      en      la    quincena
correspondiente, a partir de ese momento surge
la afectación del interés jurídico del servidor y el
derecho para ejercitar su acción a partir del día
siguiente.

Por otra parte, la responsable consideró que no
opera la caducidad respecto 3e las horas extras
reclamadas del diecisiete de mayo al ocho de
junio de dos mil cuatro, en virtud de que la
presentación de la demanda dentro del plazo
aludido interrumpe la caducidad de la acción
intentada, y el actor interpuso su demanda el
veintitrés de junio de dos mil cuatro, por lo que el
término legal para reclamar las horas extras, inició
a partir de la fecha en que se le notificó la
terminación de la relación laboral, es decir, el
ocho de junio de dos mil cuatro.



No obstante lo anterior, el Tribunal responsable
estimó que de las constancias que obran en el
expediente, en específico de la documental
publica consistente en el oficio número SP-
PCG-IEDF/594/04 signado por el Licenciado
************************************* se aprecia que el
personal adscrito a la Presidencia del Consejo
General, no registra hora de asistencia alguna,
al no encontrase obligado a ello, motivo por el
cual absolvió al Instituto demandado del pago
de las       horas extras que reclamó el actor,
además de considerar que éste no aportó los
elementos         probatorios         pertinentes para
acreditar su aseveración.


La anterior determinación es incorrecta, en
virtud de que toda vez que la ley burocrática no
señala expresamente cómo debe probarse la
jornada laboral o a quien corresponde la carga
de la prueba en        tratándose del tiempo
extraordinario, deben considerarse aplicables
los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal
del Trabajo que disponen, en esencia, que es
al patrón a quien corresponde probar su dicho
cuando exista discrepancia sobre la jornada de
trabajo.


Por tanto, si al contestar la demanda el titular
controvierte la duración de la jornada de trabajo,
al afirmar que "el accionista desempeñó para
mi poderdante una jornada laboral de las
9:00 a las 18:00, de lunes a viernes, con una
hora para tomar alimentos fuera de las
oficinas del Instituto Electoral del Distrito
Federal, generalmente de las 14:00 a las
15:00 horas", sin acreditar con los medios de
prueba que ofreció que el trabajador disponía
de esa hora para tomar sus alimentos fuera del
centro de trabajo, debe condenársele al pago de
la hora extra reclamada por el período de
quince días hábiles anteriores a la fecha de la
terminación de la relación laboral, es decir, del
dieciocho de mayo al ocho de junio de dos mil
cuatro, en razón de que es al patrón a quien
corresponde la carga de la prueba.
Así es, del estudio del material probatorio que
obra en autos, se aprecia lo siguiente:


De la confesional a cargo del actor, desahogada
el día veintiuno de septiembre de dos mil cuatro
(fojas 1827 a 1831), en la posición dieciséis:

"16. Que Usted disfrutaba de la hora que le
asignó el Instituto Electoral del Distrito
Federal para tomar sus alimentos fuera de
las instalaciones del Instituto. — El
Magistrado Instructor califica de legal la
pregunta de mérito. — Respuesta: No."

En esa misma audiencia de la confesional a
cargo de ******************************************
en la posición trece:

"13. Que Usted fijó el horario dé trabajo del
hoy acto" de las 9:00 horas de la mañana a
las 18:00 de lunes a viernes. —En este acto el
Magistrado Instructor califica de legal la
pregunta — Respuesta: No. El funcionario
facultado para fijar los horarios de trabajo en
el Instituto Electoral del Distrito Federal es el.
Secretario Ejecutivo del mismo."

En relación a la testimonial de *****************
**************************************, desahogada
el veintiséis de octubre de dos mil cuatro (fojas
1885 a 1892), respectivamente manifestaron a la
pregunta número cuatro lo siguiente:

"... A LA CUARTA. Que diga el testigo si
sabe cual era el horario de labores que
realizaba                                            el
************************************************** para
el Instituto Electoral del Distrito Federal,
previa calificación de legal por el Magistrado
instructor, contestó: Si, era de las nueve
horas a seis de la tarde, y tenía una hora o
más para salir a comer dentro de su horario;
…”


"... A LA CUARTA. Que diga el testigo si
sabe cual era el horario de labores que
realizaba el C. ******************************** para
el Instituto Electoral del Distrito Federal,
previa calificación de legal por el Magistrado
Instructor contestó: de las nueve de la
mañana a las seis de la tarde;..."

La anterior reseña probatoria demuestra que el
demandado no acreditó que el trabajador
disponía de una hora para tomar sus alimentos
fuera del centro de trabajo, con independencia
de que en el oficio número SP-PCG-
IEDF/594/04, se haga contar que el personal
adscrito a la Presidencia del Consejo General,
entre ellos el actor, no registraba hora de
asistencia alguna, pues ello en forma alguna
cumple con la obligación del patrón de acreditar
la duración y términos de la jornada del
trabajador.



Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia
22/2005, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y
derivada de la contradicción de tesis 173/2004-
SS, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del
Vigésimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito, que señala:



"HORAS        EXTRAS.        CUANDO       LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO                   DEL
ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL
TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE
LA JORNADA, A ESTE LE CORRESPONDE
LA     CARGA       DE      ACREDITAR      QUE
ÚNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL.- De
conformidad con el artículo 11 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, en lo no previsto en ese
ordenamiento         o      en disposiciones
especiales, se aplicará supletoriamente, en
primer término, la Ley Federal del Trabajo.
En tal virtud,      y toda vez que la ley
burocrática no señala expresamente cómo
debe probarse la jornada laboral o a quién
corresponde la carga de la prueba en
tratándose del tiempo extraordinario, deben
considerarse aplicables los artículos 784, B04
y 805 de la Ley Federal del Trabajo que
disponen, en esencia, que es al patrón a
quien corresponde probar su dicho cuando
exista discrepancia sobre la jornada de
trabajo. Por tanto, si al contestar la demanda
el titular controvierte la duración de la
jornada de trabajo sin acreditar que el
trabajador laboraba la jornada legal, debe
condenársele al pago de las horas extras
reclamadas en razón de que es a aquél a
quien corresponde la carga de la prueba".
           En consecuencia, procede conceder al quejoso
           el amparo solicitado, para el efecto de que el
           Tribunal responsable deje insubsistente la
           resolución reclamada y, en su lugar emita una
           nueva en la que, siguiendo los lineamientos de
           esta ejecutoria, condene al Instituto demandado
           at pago dé la hora extraordinaria reclamada por
           el período de quince días hábiles anteriores a la
           fecha de la terminación de la relación laboral, es
           decir, del dieciocho de mayo al ocho de junio de
           dos mil cuatro, hecho lo cual, resuelva conforme
           a derecho la controversia planteada.


           Por lo expuesto y fundado, con apoyo a demás
           en los artículos 103 fracción l y 107 de la
           Constitución General de la República y 80, 158,
           184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de
           resolverse; y se resuelve:


           ÚNICO.- -La Justicia de la Unión AMPARA Y
           PROTEGE       a     **********************************
           contra el acto del Tribuna] Electoral del
           Distrito federal, consistente en la sentencia de
           quince de diciembre de            dos mil cuatro,
           dictada en el expediente TEDF-JLI-022/2004,
           seguido por el ahora quejoso en contra de
           INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO
           FEDERAL. El amparo se concede para el
           efecto precisado en el último considerando de la
           presente ejecutoria.


           Notifíquese, ..."


 Del texto de la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo

DT.- 2031/2005, se desprende que el Tribunal de Amparo

consideró lo siguiente:




a) Que la ley burocrática no señala expresamente cómo

debe probarse la jornada laboral o a quién corresponde la

carga de la prueba en tratándose del tiempo extraordinario,

por lo que deben considerarse aplicables los artículos 784,
804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen en

esencia, que es al patrón a quien corresponde probar su

dicho cuando exista discrepancia sobre        la jornada de

trabajo.



b) Que al contestar la demanda el Instituto demandado

controvirtió la duración de la jornada laboral, sin acreditar

con los medios de prueba que ofreció, que el trabajador

disponía de una hora para tomar sus alimentos fuera del

centro de trabajo; en consecuencia, debe condenársele al

pago de la hora extra reclamada por el período de quince

días hábiles anteriores a la fecha de la terminación de la

relación laboral, es decir, durante el período comprendido

del dieciocho de mayo al ocho de junio de dos mil cuatro.




c) Que de los medios probatorios que obran en el

expediente en el que se actúa, se demuestra que el

demandado no acreditó que el trabajador disponía de una

hora para tomar sus alimentos fuera del centro de trabajo,

con independencia de que en el oficio número SP-PCG-

IEDF/594/04, se haga constar que el personal adscrito a la

Presidencia del Consejo General, entre ellos el actor, no

registraba   hora de asistencia, pues ello en forma alguna
cumple con la obligación del patrón de acreditar la duración y

términos de la jornada del trabajador.




d) Que en consecuencia, lo procedente es condenar al

Instituto demandado al pago de la hora extraordinaria

reclamada por el período de quince días hábiles anteriores a

la fecha de la terminación de la relación laboral, es decir, del

dieciocho de mayo mil ocho de junio de dos mil cuatro.




Atendiendo a lo razonado por la Autoridad Jurisdiccional

Federal, este Tribunal, en acatamiento a la ejecutoria

referida, se concluye que el pago del las horas extras

reclamadas por el actor, deben cubrirse en los términos

expuestos por el Tribunal de Amparo, habida cuenta que, en

atención a lo previsto por los numerales 784, 804 y 805 de la

Ley   Federal      del   Trabajo,    dichos        preceptos       legales

determinan    en    esencia,   que     es     al    patrón     a    quien

corresponde probar su dicho cuando exista discrepancia

sobre la jornada de trabajo, situación que no justificó la

autoridad electoral administrativa en el presente Juicio

Especial Laboral.
No obsta a lo anterior, el hecho de que el Instituto enjuiciado,

mediante la documental pública consistente en el oficio

número SP-PCG-IEDF/594/04 signado por el              Licenciado

***************************************** haya manifestado que el

personal adscrito a la Presidencia del Consejo General no se

encontraba obligado a registrar hora de asistencia alguna.




En la especie, cabe aclarar que al contestar la demanda

respectiva, el Instituto enjuiciado controvirtió la duración de la

jornada de trabajo del ciudadano *******************************

al manifestar que: "el accionista desempeñó para mi

poderdante una jornada laboral de las 9:00 a las 18:00,

de lunes a viernes, con una hora para tomar alimentos

fuera de las oficinas del Instituto Electoral del Distrito

Federal, generalmente de las 14:00 a las 15:00 horas";

sin embargo, es importante precisar que no acreditó con los

medios probatorios que ofreció, que el trabajador disponía

de esa hora para tomar sus alimentos fuera del centro de

trabajo, por lo que debe condenársele al pago de la hora

extra reclamada por el período de quince días hábiles

anteriores a la fecha de la terminación de la relación laboral,

es decir, del dieciocho de mayo al ocho de junio del dos mil
cuatro, en razón de que es al patrón a quien corresponde la

carga de la prueba.




Así las cosas, en atención a lo ordenado por la Autoridad

Jurisdiccional de Amparo, es procedente el pago del

tiempo extraordinario demandado en el inciso d) del

escrito inicial de demanda, a razón de quince horas

extras laboradas por el período del dieciocho de mayo al

ocho de junio del dos mil cuatro, pues de conformidad

con el diverso 784 de la Ley Federal del Trabajo,

correspondía al instituto Electoral demandado la carga de

acreditar la duración de la jornada laboral, ya que si bien el

demandado estimó que el actor al encontrarse adscrito a la

Presidencia del Consejo General del órgano electoral

administrativo, no so encontraba obligado a registrar hora de

asistencia alguna, también lo es que no, acreditó sus

excepciones    y defensas     con   los   medios   probatorios

pertinentes, ya que en su carácter de patrón le correspondía

exhibir los medios probatorios que permitieran conocer con

certeza la duración de la jornada de trabajo, por lo que, al no

haber sido así, lo procedente es tener por cierto lo afirmado

por la parte actora con base en el principio in dubio pro

operarium consagrado en el artículo 18 de la Ley Federal del
Trabajo de aplicación supletoria, que dispone que en caso

de duda prevalecerá la interpretación más favorable para el

trabajador.



Sirve   pana      ilustrar   el   presente    caso,    la   Tesis    de

Jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en la

página 194, tomo V, materia del trabajo, volumen 1, del

apéndice 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:




              "Séptima Época
              Instancia: Cuarta Sala
              Fuente: Apéndice de 1995
              Tomo: Tomo V, Parte SCJN
              Tesis: 224 Página: 146



              HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA
              PRUEBA DE LAS. La tesis jurisprudencial número
              116, publicada en la página 121 del Apéndice de
              Jurisprudencia de 1917 a 1975, que, en esencia,
              sostiene que corresponde al trabajador acreditar de
              momento a momento el haber laborado las horas
              extraordinarias, seguirá teniendo aplicación para
              los juicios que se hayan iniciado bajo el régimen de
              la. Ley Federal del Trabajo de 1970, antes de las
              reformas procesales de 1980, pues dicha
              jurisprudencia se formó precisamente para
              interpretarla en lo referente a la jornada
              extraordinaria; pero no surte efecto alguno
              tratándose de juicios ventilados a la luz de dichas
              reformas procesales, cuya vigencia data del 1o. de
              mayo del citado año, pues su artículo 784,
              establece que "La Junta eximirá de la carga de la
              prueba al trabajador, cuando por otros medios esté
              en posibilidad de llegar al conocimiento de los
              hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para
              que exhiba los documentos, que de acuerdo con
              las leyes, tiene la obligación legal de conservar en
              la empresa, bajo el apercibimiento de que de no
           presentarlas, se presumirán ciertos los hechos
           alegados por el trabajador", y que en todo caso
           corresponderá al patrón probar su dicho cuando
           exista controversia sobre... fracción VIII. "La
           duración de la jornada de trabajo", y por ende, si el
           patrón no demuestra que sólo se trabajó la jornada
           legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se
           le reclame.



           Séptima Época:

           Amparo directo 6425/82. Ferrocarriles Nacionales
           de México. 10 de enero de 1983. Cinco votos.

           Amparo directo 7463/82.
                      I° de febrero de 1984. Cinco votos.

           Amparo directo 6524/81. Cortinas y Puertas
           Electromecánica, S. A. 30 de mayo de 1984. Cinco
           votos.

           Amparo directo 9020/83.
                  4 de junio de 1984. Unanimidad de cuatro
           votos.

           Amparo directo 5231/84.
           12 de noviembre de 1984. Unanimidad de cuatro
           votos."


Así mismo, sirve como criterio orientador, la Tesis relevante

emitida por el Poder Judicial de la Federación y su Gaceta,

cuyo texto y rubro es el siguiente:



         "Octava Época
         Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO
         CIRCUITO.
         Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
         Tomo: XIII, Mayo de 1994
         Página: 458


         HORAS EXTRAORDINARIAS. TRATÁNDOSE DE
         TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA
         CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE AL
         PATRÓN. Si el patrón al contestar la demanda,
         controvierte la duración de la jornada de trabajo, sin que
         acredite que el trabajador laboraba la jornada legal,
         debe condenarse al pago de horas extras reclamadas,
         en razón de que es a la patronal a quien corresponde la
         carga de la prueba.

         TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

         Amparo directo 83/94.24
         de marzo de 1994., Unanimidad de votos. Ponente:
                                 Secretario: .




En tal virtud, las horas extraordinarias se pagarán en

términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Federal

de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual establece

que las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con un

ciento por ciento más del salario asignado a las horas de

jornada ordinaria.




Bajo estas premisas, este Tribunal procederá a cuantificar el

monto a que asciende el tiempo extraordinario que laboró el

actor, a razón de quince horas extras por el período del

dieciocho de mayo al ocho de junio del dos mil cuatro.



En este contexto, cabe referir que consta en autos del

expediente en que se actúa, copia certificada de la nómina

de servido-es públicos mandos medios y nivel operativo del

Instituto Electoral del Distrito Federal, correspondiente a la

última quincena que le fue pagada al actor, del período

comprendido entre el dieciséis y treinta y uno de mayo del
dos mil cuatro, en la que se aprecia que el sueldo

correspondiente al cargo de Asesor que ostentaba el

inconforme,   ascendía    a   la   cantidad       de     $24,784.15

(veinticuatro mil   setecientos    ochenta    y        cuatro pesos

15/100 M.N.), quincenal pero con las deducciones de

$10,152.17 (diez mil ciento cincuenta y dos pesos 17/100

M.N.), arroja un total neto de $14,631.98 (catorce mil

seiscientos treinta y un pesos 98/100 M.N.); prueba

documental que de conformidad con las reglas de la lógica,

de la experiencia y del sano raciocinio, previstas en el

artículo 272, fracción VIII, del Código Electoral local, en

relación con los numerales 795 y 841 de la Ley Federal del

Trabajo, de aplicación supletoria al Código de la materia,

adquieren valor probatorio pleno, en razón de haber sido

expedido por un funcionario publico en ejercicio de sus

funciones, y al no haber sido impugnada                su validez y

alcance legal por el actor, adquiere valor probatorio pleno.



De conformidad con lo anterior, las cantidades que serán

consideradas por este Cuerpo Colegiado para calcular el

monto de la prestación consistente en las quince horas

extras a que tiene derecho el actor, son las que se precisan

en el párrafo que antecede.
Con base en los anteriores datos, procede determinar el

salario diario que percibía el actor, a fin de estar en

posibilidad de establecer el monto de la prestación a cubrir.



Así pues, con base en el artículo 89 de la Ley Federal del

Trabajo, de aplicación supletoria, al dividir el salario bruto

mensual de $49,568.30 (cuarenta y nueve mil quinientos

sesenta y ocho pesos 30/100 M.N., entre treinta días de

que se compone el mes; el salario diario equivale al

monto de $1,652.28 (mil seiscientos cincuenta y dos

pesos 28/1-00 M.N.).




Sentado lo anterior, a continuación se impone determinar el

monto a que ascendía la hora "de trabajo, por lo que es

necesario tener presente que el salario diario que percibía el

actor ascendía a $1,652.28 (mil seiscientos cincuenta y

dos pesos 28/100 M/N); así, dividida esta cantidad entre

ocho horas que laboraba, arroja la cantidad de $206.54

(doscientos      seis   pesos   54/100    M.N),    cifra   que

corresponde al costo de hora de servicios prestados por

el accionante.
Como se desprenda de lo anterior, la parte actora laboró

para el Instituto demandado quince horas extraordinarias, las

cuales como se mencionó en párrafos anteriores, deben ser

pagadas con un ciento por ciento más del salario asignado a

la hora de jornada ordinaria, por lo que si ésta percibía la

cantidad de $206.54 (doscientos seis pesos 54/100 M.N.);

el cien por ciento más arrojaría la suma de $413.08

(cuatrocientos trece pesos 08/100 M.N.)




Por lo que para determinar el monto del pago de las horas

extras, debe multiplicarse $413.08 (cuatrocientos trece

pesos 08/100 M.N.); por las quince horas extras laboradas,

operación que da como resultado la j cantidad bruta de

$6,196.20 (seis mil ciento noventa y seis pesos 20/100

M.N.); cantidad a la que deberá restársele las deducciones

de Ley correspondientes, para que el monto resultante sea

cubierto por el Instituto demandando a la parte actora por el

concepto de pago de horas extras.


Por tanto, es importante precisar que si el actor prestó sus

servicios   al   citado   Instituto   durante   quince   horas

extraordinarias, por el período que va del dieciocho de mayo

al ocho de junio del dos mil cuatro, este Tribunal se
encuentra    obligado    a condenar     al   órgano    electoral

administrativo al pago del servicio extraordinario.




OCTAVO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y

tomando     en consideración que se          ha   dado debido

cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Décimo

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en las

ejecutorias dictadas en los Juicios de Amparo Directo

números DT.- 2011/2005 y DT.- 2031/2005, del nueve de

marzo del dos mil cinco, se determina que el actor **********

*********************** acreditó parcialmente su acción y que la

parte demandada acreditó parcialmente sus excepciones y

defensas, por lo que, con fundamento en el artículo 272,

fracción X del Código Electoral del Distrito Federal se

confirma el contenido del oficio número SECG-IEDF/809/04,

del   ocho de junio del dos mil cuatro, suscrito por el

Secretario Ejecutivo del órgano electoral administrativo,

mediante el cual hace del conocimiento del actor la

terminación de su nombramiento y funciones de confianza

como Asesor adscrito a la Presidencia del Consejo General

del Instituto Electoral local. Así mismo, se condena al

Instituto enjuiciado a pagar el importe de quince horas

extraordinarias en favor del actor, de conformidad con lo
establecido en los Considerandos Sexto y Séptimo del

presente fallo.




Así mismo, considerando lo argumentado por la autoridad

federal, no ha lugar a reinstalar al ciudadano *****************

************ en el cargo que venía desempeñando, pues dada

su   calidad de personal cíe confianza, carece de estabilidad

en el      empleo y, por ende, del derecho a solicitar la

reinstalación en dicho puesto.




En consecuencia, tampoco procede restituir al actor en el

goce y ejercicio de los derechos laborales inherentes al

cargo de mérito.




Finalmente, no procede condenar al Instituto demandado al

pago de los salarios caídos reclamadas por el demandante,

habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo,

de aplicación supletoria a la materia, tal prestación es

accesoria de las acciones de reinstalación o indemnización a

las que no tiene derecho el actor, en atención a los

argumentos sustentados por la Autoridad Jurisdiccional

Federal.
Ilustra lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe:




             "Novena Época
             instancia:   TRIBUNAL      COLEGIADO        DEL
             VIGÉSIMO CIRCUITO.
             Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
             Gaceta
             Tomo: III, Mayo de 1996
             Tesis: XX.42 L
             Página: 697


            SALARIOS CAÍDOS. ESTA PRESTACIÓN ES
            CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA DEL
            DESPIDO INJUSTIFICADO, Y SI ESTE
            PROCEDE, TAMBIÉN DEBE DECLARARSE
            PROCEDENTE AQUELLA. Basta con que el
            actor en la demanda laboral al reclamar el pago
            de la acción principal, manifieste "La liquidación
            que conforme a la ley me corresponda..." para
            que si procediera la acción principal de despido,
            la Junta del conocimiento condene al demandado
            en el laudo al pago de salarios caídos, en razón
            de que ésta es una prestación que depende de la
            principal, es decir, que no es autónoma, sino que
            es una consecuencia inmediata y directa del
            despido injustificado, y por tanto, si procede la
            principal, también debe declararse procedente el
            pago de salarios caídos.


            TRIBUNAL        COLEGIADO          DEL      VIGÉSIMO
            CIRCUITO.

            Amparo directo 673/95.
            14 de marzo de 1996             Unanimidad de votos.
            Ponente: ****************************** Secretario:******
            *****************************.”




Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y
se




                        RESUELVE:
PRIMERO.- Se deja insubsistente la sentencia emitida por

este Tribunal el quince de diciembre del dos mil cuatro, en

cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas el nueve de

marzo del dos mil cinco, por el Décimo Primer Tribunal

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los

autos de los Juicios de Amparo Directos números DT.-

2011/2005 y DT.-2031/2005, promovidos por las partes que

actúan en el préseme Juicio Especial Laboral.



SEGUNDO.-      En    consecuencia;     atendiendo     a   los

lineamientos   vertidos   en   las ejecutorias   de   amparo

mencionadas, la parte actora acreditó parcialmente los

extremos de la acción intentada y la parte demandada

justificó parcialmente sus excepciones y defensas, en

términos de los Considerandos Sexto y Séptimo de esta

resolución.



TERCERO.- Por consiguiente, se CONFIRMA el contenido

del oficio número SECG-IEDF/809/04 de fecha ocho de junio

del dos mil cuatro, suscrito por el Secretario Ejecutivo del

Instituto Electoral del Distrito Federal, en atención a lo

expresado en el Considerando Sexto del presente fallo.
CUARTO.- Se ABSUELVE al Instituto Electoral del Distrito

Federal, de las prestaciones reclamadas por el actor en los

incisos a), b), c), d), e) y f) de su escrito de demanda, en

términos de lo expuesto en el Considerando Sexto de esta

sentencia.




QUINTO.- Se CONDENA al INSTITUTO ELECTORAL DEL

DISTRITO FEDERAL a pagar a la parte actora la cantidad

de $6,196.20 (seis mil ciento noventa y seis pesos 20/100

M.N.); por concepto de quince horas extras; haciendo la

aclaración que a este monto deberán aplicarse las

deducciones    de    Ley     procedentes,   conforme    a   los

razonamientos legales vertidos en el Considerando Séptimo

de la presente resolución.



SEXTO.- Se ordena al INSTITUTO ELECTORAL DEL

DISTRITO FEDERAL, a informar dentro del plazo de cinco

días hábiles contados a partir de que cause estado la

presente resolución, sobre el cumplimiento dado a esta

sentencia, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, se

le impondrá alguna de las medidas de apremio que

establece el artículo 260 del Código Electoral local.
SÉPTIMO.- NOTIFIQUESE por oficio tanto al Décimo Primer

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,

el cumplimiento de las ejecutorias de amparo a que hace

referencia esta resolución, como a la autoridad demandada;

y, personalmente al actor, acompañándoles copia certificada

de la presente resolución. En su oportunidad, archívese el

expediente de mérito como asunto total y definitivamente

concluido.




ASÍ, por tratarse de una resolución que se emite en

cumplimiento a las ejecutorias dictadas por el Décimo Primer

Tribunal Colegiado en       Materia de Trabajo del Primer

Circuito, misma que se dicta en términos de lo dispuesto en

el artículo 105 de la Ley de Amparo, y con fundamento en el

artículo 272, fracción IX, del Código Electoral del Distrito

Federal, lo resolvieron y firman por unanimidad de votos, los

Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del

Distrito Federal, Hermilo       Herrejón Silva, Presidente;

Estuardo     Mario   Bermúdez      Molina;   Raciel   Garrido

Maldonado; Juan Martínez Veloz y Rodolfo Terrazas

Salgado, quien fue el ponente, ante el Secretario General

Gerardo Rafael Suárez González, quien AUTORIZA Y DA

FE.

				
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