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									                                  LABORALES NOVIEMBRE 2010



Registro No. 163451

PENSIÓN DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA O MUERTE. PARA TENER
DERECHO A SU PAGO ES MENESTER QUE EN EL JUICIO SE ACREDITE QUE EL HECHO QUE LO
ORIGINE HAYA ACAECIDO DURANTE EL TIEMPO QUE SE ESTUVO SUJETO AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO, O BIEN, DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS.

Del examen conjunto del criterio y consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 91/99, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999,
página 186, de rubro: "PENSIÓN DE VIUDEZ. EL DERECHO A DISFRUTAR DE ÉSTA SE
ENCUENTRA CONDICIONADO, RESPECTO DE UN TRABAJADOR NO PENSIONADO, A QUE SU
MUERTE ACONTEZCA DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS (LEY DEL
SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).", así como de los artículos 150 (de
contenido similar al derogado artículo 182), en relación con el 301, ambos de la Ley del Seguro
Social vigente, se advierte que la única condición para el otorgamiento de las pensiones de
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada o muerte, al regir para todas el mismo sistema de
conservación de derechos, es acreditar que el hecho que les dé origen haya acaecido durante
la preservación de los derechos respectivos, sin que su procedencia dependa del momento en
que se reclamen, pues considerarlo así, equivaldría a introducir un elemento ajeno a la norma
aplicable. Lo anterior, si se toma en cuenta que el citado artículo 150 establece que los
derechos a la pensión de invalidez se conservarán desde la fecha de baja del trabajador en el
régimen obligatorio hasta que haya culminado un periodo igual a la cuarta parte del tiempo
cubierto por sus cotizaciones semanales, mas no que dentro de ese tiempo deba hacerse el
reclamo respectivo. Consecuentemente, para que se otorgue la pensión relativa es preciso que
en el juicio laboral se acredite que el estado de invalidez, la vejez, la cesantía o el fallecimiento
del trabajador ocurrió, ya sea durante el tiempo que estuvo sujeto al régimen obligatorio, o
bien, dentro del periodo de conservación de derechos, mas no que dentro de éste deba
exigirse, ya que el derecho a reclamarla es inextinguible.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 964/2004. José Guadalupe Martínez Sánchez. 14 de abril de 2005. Unanimidad
de votos. Ponente: J. Guadalupe Tafoya Hernández. Secretario: José Alfonso Montalvo
Martínez.

Amparo directo 67/2006. Patricia Morales Vargas. 31 de agosto de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: José Ángel Morales Ibarra. Secretario: Alfredo Echavarría García.

Amparo directo 371/2006. Ruth Ana María García Enríquez. 7 de diciembre de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Dennisse Reza Anaya.

Amparo directo 330/2007. Siberiano Estrada Luna. 30 de agosto de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: José Ángel Morales Ibarra. Secretario: Juan Ignacio Castañeda Baños.

Amparo directo 494/2010. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de septiembre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Morales Ibarra. Secretario: Adolfo Giménez Miguel.
Registro No. 163450

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE SU OTORGAMIENTO Y PAGO SI EL
TRABAJADOR, VOLUNTARIAMENTE, DA POR TERMINADO EL VÍNCULO LABORAL PARA
GOZAR DEL BENEFICIO CONTRACTUAL DE JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO.

El artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé, entre otras garantías de seguridad social de los trabajadores, el derecho al
seguro de cesación involuntaria del trabajo. Por otra parte, el artículo 154 de la Ley del Seguro
Social, y sus correlativos 143 y 145 de la abrogada, establecen el derecho al goce de la pensión
de cesantía en edad avanzada, para cuyo otorgamiento es necesario, entre otros requisitos,
que el asegurado quede privado de trabajo remunerado. En tal virtud, si el actor goza de una
pensión de jubilación por años de servicio, es inconcuso que devienen improcedentes el
otorgamiento y pago de la diversa de cesantía en edad avanzada, que tiene como finalidad
compensar el riesgo de desocupación a que se ve sometido el asegurado con motivo de la
privación de su trabajo por causas ajenas a éste, es decir, que sea involuntaria en términos de
la jurisprudencia 2a./J. 178/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXIV, diciembre de 2006, página 195, de rubro: "CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, EL
OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA SÓLO PROCEDE CUANDO LA CESACIÓN EN EL
TRABAJO ES INVOLUNTARIA.", pues la jubilación establecida contractualmente entre la
Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores, no se encuentra regulada en los citados
artículos, por constituir una terminación voluntaria del trabajo conforme a la cláusula 69 del
contrato colectivo de trabajo, bienio 2004-2006, el cual establece que la jubilación es un
derecho y su ejercicio es optativo para los trabajadores; además, a través de ese beneficio el
trabajador obtiene una percepción económica sin la prestación de un trabajo, sino con motivo
de la actividad desplegada hasta antes de su obtención, beneficio que pugna con la pensión de
cesantía en edad avanzada, que busca compensar la falta de ingresos del asegurado, por no
contar con un trabajo remunerado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 1099/2009. **********. 30 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Alfonso Ortiz Díaz. Secretario: José de Jesús Arellano Valdez.

Amparo directo 1090/2009. José Arturo Moctezuma Domínguez y otros. 7 de julio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Ortiz Díaz. Secretario: José de Jesús Arellano Valdez.

Amparo directo 1091/2009. Onésimo Martínez Naranjo y otro. 7 de julio de 2010. Unanimidad
de votos. Ponente: Guadalupe Patricia Juárez Hernández, secretaria de tribunal autorizada por
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrada. Secretaria: Siloy Jazbeth Almanza Herrera.

Amparo directo 1267/2009. Arturo Pérez Galindo y otro. 25 de agosto de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretario: José Refugio López Garduza.

Amparo directo 1260/2009. José Joaquín Reyes y Reyes. 25 de agosto de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: Leticia López Vives.
Registro No. 163428

SUBCUENTA DE VIVIENDA. LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS FONDOS ACUMULADOS EN
ÉSTA, SURGE DE MANERA CONCOMITANTE Y CONSECUTIVA A LA TRANSFERENCIA QUE EL
INFONAVIT DEBA HACER DE ÉSTOS A LA AFORE CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO NO SE
ESPECIFIQUE QUE EL PAGO RELATIVO SE HAGA "PREVIA TRANSFERENCIA" DE ELLOS.

Conforme al artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuentas
individuales de los trabajadores se integran por las subcuentas de: a) retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez, b) vivienda, c) aportaciones voluntarias y d) aportaciones complementarias
de retiro. Los recursos que integran esas cuentas individuales son propiedad de aquéllos, y la
administración de la subcuenta de retiro está a cargo de entidades financieras denominadas
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) obligadas, por una parte, a efectuar las
gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las
inversiones, atendiendo siempre al interés de los trabajadores; y, por la otra, a pagar los
rendimientos generados por recursos integrantes de las subcuentas. En este sentido, cuando
en un juicio laboral se reclama la devolución de los recursos que integran la subcuenta de
vivienda (Régimen 97), basta que la Junta condene a la administradora a realizar la devolución
reclamada, para que se entienda que la obligación de devolver los fondos surge de manera
concomitante y consecutiva a la transferencia que el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (entidad encargada de la administración de esos recursos) deba
hacer de éstos, de conformidad con el artículo 40 de la ley que lo rige, aun cuando no se
especifique que el pago relativo se haga "previa transferencia" de los fondos respectivos, pues
ello está imbíbito en la condena que deben cumplir tanto el mencionado instituto como la
Afore demandada, en el ámbito de sus respectivas obligaciones. Por tanto, una vez que la
responsable determine que el accionante tiene derecho a la devolución de las aportaciones
existentes en la subcuenta de vivienda, es legal que condene al instituto a transferir esos
fondos, y a la entrega de éstos por parte de la Afore, dado que, en función a sus atribuciones,
deben cumplir con la condena, atendiendo a un criterio de orden lógico pues, del
cumplimiento de la primera (transferencia) deriva la posibilidad de realizar la segunda (pago al
actor), aun cuando la autoridad laboral no haya hecho tal precisión.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1029/2009. **********. 12 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: Yolanda Rodríguez Posada, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada,
autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Armando Guadarrama
Bautista.

Amparo directo 78/2010. Afore Banamex, S.A. de C.V. 8 de abril de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

Amparo directo 224/2010. Afore Banamex, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Rosa González Valdés.

Amparo directo 539/2010. Afore Banamex, S.A. de C.V. 8 de julio de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Armando Guadarrama
Bautista.
Amparo directo 626/2010. Afore Banamex, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.



Registro No. 163465

JUICIO DE TERCERÍA EN MATERIA DE TRABAJO. SIGNIFICADO DE SU "SUSTANCIACIÓN EN
FORMA INCIDENTAL" (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 977, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO).

En el mencionado precepto se establece que las tercerías se tramitarán y resolverán por las
Juntas que conozcan del juicio principal, sustanciándose en forma incidental. Ahora bien, la
señalada expresión ocasiona confusiones que han llevado a estimar que se trata de un
incidente -cuando su verdadera naturaleza procesal es la de un juicio-, según lo sostenido por
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.
126/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXII, octubre de 2005, página 952, de rubro: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O
DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE
INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO
DIRECTO.", e incluso su tramitación ha sido motivo de imprecisión por las mismas causas.
Dicha expresión debe ser entendida considerando a la tercería como un verdadero juicio, cuya
sustanciación no es como la de uno principal, sino como un procedimiento accesorio a éste,
llevado por cuerda separada, en donde la autoridad instructora que conozca tanto del principal
como del juicio de tercería procederá a relacionar o incluir mediante testimonios o
certificaciones los datos necesarios a fin de que el expediente contenga autonomía suficiente
para su análisis por separado del principal; anexiones y certificaciones que en dicho juicio se
harán de la misma forma en que se harían si se tratara de un incidente, de donde resulta
relevante el contenido del diverso artículo 761 de la propia Ley Federal del Trabajo, que
menciona que los incidentes se tramitarán "dentro" del expediente principal, lo que no debe
entenderse en el sentido de que en el mismo sumario se encontrarán confundidas las
actuaciones del juicio principal y el procedimiento incidental, sino que, por separado pero
"dentro de los datos e información" del juicio principal, se llevarán el trámite y resolución de
las cuestiones incidentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO.



Registro No. 163453

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SI EL TRABAJADOR NO LO ACEPTA Y NO COMBATE EL LAUDO
QUE ABSOLVIÓ DE REINSTALARLO, TALES OMISIONES REVELAN DESINTERÉS PARA
RECUPERAR SU FUENTE DE EMPLEO.

La jurisprudencia 2a./J. 44/2000 de rubro: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA
JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE SI LO ACEPTA
O LO RECHAZA, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A CONCEDER EL AMPARO PARA
QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO.", establece que la omisión de requerir al actor para
que manifieste si acepta o no el ofrecimiento de trabajo que recibe el trabajador, constituye
una violación procesal que amerita reponer el procedimiento. Por otra parte, la diversa tesis
2a./J. 20/99 denominada: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SI ES ACEPTADO POR EL
TRABAJADOR QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SE EFECTÚA LA
REINSTALACIÓN POR LA JUNTA, DEBE ABSOLVERSE DEL PAGO DE DICHA INDEMNIZACIÓN Y
DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, QUEDANDO LIMITADA LA LITIS A DECIDIR SOBRE LA
EXISTENCIA DEL DESPIDO.", dispone que cuando se inicia la acción tendiente a obtener el pago
de la indemnización constitucional por despido injustificado y el patrón ofrece al trabajador
regresar nuevamente a su empleo, debe entenderse que la acción inicial se modifica y
únicamente queda pendiente resolver sobre la existencia o inexistencia del despido, a efecto
de determinar la del pago de los salarios caídos. En este contexto, si la autoridad emite un
primer laudo producto de un procedimiento en el que no se le requirió al trabajador si
aceptaba el ofrecimiento de trabajo, pero que en el laudo califica de mala fe dicha oferta y
condena al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, sin que sea impugnado
mediante amparo por el actor, pretendiendo recuperar su trabajo; la emisión de un segundo
laudo en el que se absuelva al patrón del pago de esa indemnización, no constituye una nueva
oportunidad del demandante para impugnar que no se le requirió para que manifestara si
aceptaba o no la oferta de trabajo, pues debe entenderse que al no haber promovido juicio de
amparo en contra del laudo anterior que no condenó a la reinstalación, no existe interés de su
parte por recuperar su empleo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 477/2010. Adriana Olavarría Moreno. 24 de junio de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Lourdes Alejandra Flores Díaz.

Nota: Las tesis 2a./J. 44/2000 y 2a./J. 20/99 citadas, aparecen publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, mayo de 2000 y IX, marzo de
1999, páginas 135 y 127, respectivamente.



Registro No. 163454

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL PATRÓN AL CONTESTAR LA DEMANDA Y
AL REALIZAR LA OFERTA, AFIRMA QUE LA RELACIÓN QUE LO UNIÓ AL ACTOR FUE DIVERSA A
LA LABORAL Y NO LO ACREDITA.

Es criterio de nuestro Más Alto Tribunal de Justicia que la buena o mala fe de un ofrecimiento
de trabajo depende de las condiciones en que éste se efectúa, es decir, los elementos
esenciales de la relación laboral, consistentes en la categoría asignada, el salario y horario de
trabajo; empero, también es necesario atender a la conducta procesal asumida por las partes.
Así, cuando el patrón demandado niega la existencia de la relación laboral, al excepcionarse
diciendo que era de carácter civil y a la vez ofrece el retorno al trabajo, con una categoría y
salario igual al alegado por el actor y con una jornada legal, pero insiste en que ello no implica
que lo contrató en los términos en que le ofreció dicho empleo, esto resulta contradictorio,
pues no puede negarse y reconocerse a la vez un acto jurídico, y si además, durante la secuela
procesal no acreditó que la relación fue civil, sino por el contrario queda demostrado que era
laboral, dicha conducta procesal hace evidente que no es su voluntad que el trabajador
regrese a seguir prestando sus servicios, sino que su única intención era revertirle la carga de
la prueba; de ahí que el ofrecimiento de trabajo sea de mala fe.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 573/2010. Comisión Federal de Electricidad. 25 de agosto de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Yara Isabel Gómez
Briseño.



Registro No. 163449

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN, QUE CONDICIONA SU OTORGAMIENTO A
QUE EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE SEA MAYOR DE SESENTA AÑOS O MENOR SI SE ENCUENTRA
INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE CUANDO MENOS EN UN CINCUENTA POR CIENTO Y
QUE ACREDITE NO TENER MEDIOS PARA SUBSISTIR, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El artículo 121, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de
Yucatán, al condicionar el otorgamiento de la pensión del cónyuge supérstite con motivo del
fallecimiento del trabajador jubilado o pensionado a que aquél sea mayor de sesenta años o
menor si se encuentra incapacitado física o mentalmente cuando menos en un cincuenta por
ciento y acredite no tener medios propios para subsistir, viola la garantía social prevista en el
artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en el derecho a recibir una pensión de viudez, independientemente de
que el beneficiario se encuentre desempeñando un empleo, cargo o comisión remunerado que
implique su inscripción al régimen respectivo; pues sólo así se protege el bienestar de los
beneficiarios del trabajador jubilado o pensionado fallecido, en virtud de que ese fue el
espíritu del Poder Reformador de la Carta Magna al crear tal apartado; además, cabe agregar
que en la exposición de motivos que dio origen a tal prerrogativa, quedó de manifiesto que las
garantías sociales en ningún caso pueden restringirse y, por consiguiente, el pago de la pensión
tampoco puede ser incompatible con el grado de incapacidad o con la edad del cónyuge
supérstite, máxime que tales circunstancias resultan ajenas al trabajador jubilado o
pensionado y al mismo cónyuge, como lo es que la muerte de aquél suceda antes de que dicho
beneficiario cumpla más de sesenta años de edad, o cuando cuente con una incapacidad física
o mental de cuando menos el cincuenta por ciento.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO
CIRCUITO.

Amparo directo 709/2009. Genny Liduvina Espinosa Durán. 15 de julio de 2010. Unanimidad
de votos. Ponente: Raquel Flores García. Secretario: Gustavo Aarón Patrón Escalante.

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia
en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos
mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten
los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y
aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.
Registro No. 163444

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE DECLARA
SU DESERCIÓN POR NO COMPARECER UNA DE LAS PARTES ANTE UN PERITO QUE NO HA
ACEPTADO NI PROTESTADO EL CARGO ORIGINA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA
SU REPOSICIÓN.

De conformidad con el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, una vez designados los
peritos por las partes, deben protestar desempeñar su cargo e inmediatamente o en una
nueva fecha, rendir su dictamen. En este sentido, es esencial que los peritos acepten y
protesten el desempeño de su cargo antes de realizar las actividades necesarias para rendir su
dictamen; por tanto, si una de las partes no compareció ante un perito, que no había aceptado
ni protestado el cargo, la Junta responsable no debe declarar la deserción de dicho medio
probatorio, sino señalar nuevo día y hora para que comparezca ante el perito que aceptó y
protestó el cargo conferido, ya que si lo hace, ello origina una violación procesal que amerita
su reposición.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 272/2010. Fernando Hernández Sánchez. 12 de agosto de 2010. Unanimidad
de votos. Ponente: María Magdalena Córdova Rojas. Secretario: Enrique Antonio Pedraza
Mayoral.



Registro No. 163429

SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. CUANDO SUS EFECTOS IMPLIQUEN EL
PAGO DE PENSIONES O PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE CUMPLIMIENTO
PERIÓDICO, LA JUNTA DEBE GENERAR UN ESTADO PROCESAL ESPECIAL EN EL QUE
MANTENGA EL EXPEDIENTE DEL JUICIO EN RESERVA, ENTRE EL LAUDO Y EL ARCHIVO
DEFINITIVO, A FIN DE GARANTIZAR LA PERIODICIDAD DEL CUMPLIMIENTO O EL
SEGUIMIENTO A SU EJECUCIÓN.

Si el efecto de la sentencia de amparo implica el pago de una pensión o de alguna otra
prestación de cumplimiento periódico, es conveniente que la Junta genere un estado procesal
especial en el que mantenga el expediente del juicio en un estado de reserva, posterior al
dictado del laudo, sin que ello implique el archivo definitivo del asunto, toda vez que a ella
corresponde dar seguimiento a su ejecución, o bien, garantizar la periodicidad de su
cumplimiento, ya que no se agota en un solo acto, sino que requiere una observación
permanente, pues aun cuando la Ley Federal del Trabajo no regula estas formalidades
procedimentales, ya que nada se menciona en su título quince intitulado "Procedimientos de
ejecución", ni existe fundamento alguno en diversa parte que justifique tales reservas de
expedientes, resulta inconcuso que dicho estado procesal especial intermedio entre el laudo y
el archivo definitivo, conocido como "archivo de reserva" o "archivo provisional" o
simplemente "reserva", representa una práctica procesal regular y apropiada para estos
asuntos, en donde la característica relevante es que la materia de la ejecución del laudo no se
agota en una sola actuación, sino que requiere de seguimiento constante y permanente para
observar apropiadamente el cumplimiento de un pago periódico de pensiones, por lo que la
reapertura de la fase ejecutiva debe estar latente, siendo fundamento de ello las peculiares
consecuencias de esta clase de resoluciones, que se sustentan en los principios generales de
justicia social, particularmente de los principios de bienestar social, protección y cobertura de
las necesidades que justifican la seguridad social en términos de las fracciones XXIX del
apartado A y XI, inciso a), del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Además, es una regla general en materia de pensiones y
prestaciones periódicas que su pago y ejecución pueden pedirse desde que se hace exigible la
última prestación vencida, a lo que debe sumarse la imprescriptibilidad del pago de las
prestaciones de seguridad social.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO.

Inconformidad 4/2010. Roberto Fernando Banda Garza. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge Antonio de León Izaguirre.



Registro No. 163422

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS
JUICIOS EN LOS QUE SE RECLAME EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIOS Y LA
DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS ACUMULADOS EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL EXTINTO
TRABAJADOR ADMINISTRADAS POR EL PENSIONISSSTE.

El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), al
constituirse como un órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, participa de la naturaleza de ese tipo de órganos de la
administración pública federal. En ese tenor, de conformidad con el artículo 78 de la ley del
instituto relativo, la autoridad laboral competente para conocer de los juicios en los que se
reclame del patrón del extinto trabajador y de las sociedades administradoras que operen su
cuenta individual, únicamente la declaración de reconocimiento como beneficiarios del
trabajador y, como consecuencia, la devolución de los montos acumulados en las cuentas
individuales de retiro administradas por el PENSIONISSSTE, es el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, pues la materia a resolver encuadra en dicha hipótesis. Además, en
términos del artículo 1 de esa legislación, ésta es de orden público, de interés social y de
observancia obligatoria en toda la República Mexicana, por lo que el cumplimiento de sus
disposiciones no queda al arbitrio de las partes, ni sujeto a interpretación o a que las
autoridades aludan a supuestos de excepción que no se encuentren expresamente
contemplados.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 137/2010. Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del
Estado. 16 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín de Jesús Ortiz Garzón,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Margarita Jiménez Jiménez.

								
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