ULTIMA VIVIENDA

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					Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.-



VISTO:


              Las actuaciones nros. 5137/06, 6190/07, 887/08, 1502/08, 1586/08,
1779/08, 1905/08, 1980/08, 2010/08, 2101/08, 2158/08, 2231/08, 2340/08,
2455/08, 2494/08, 2554/08, 2794/08, 2819/08, 2823/08, 2825/08, 2836/08,
2876/08, 2933/08, 2982/08, 3083/08, 3147/08, 3191/08, 3218/08, 3233/08,
3263/08, 3277/08, 3311/08, 3408/08, 3430/08, 3443/08, 3657/08, 3686/08,
3759/08, 3899/08, 3900/08, 3963/08, 4145/08, 4149/08, 4351/08, 4410/08,
4557/08, 4580/08, 4584/08, 4585/08, 4597/08, 4606/08, 4641/08, 4718/08,
4775/08, 4840/08, 4863/08, 4922/08, 4983/08, 5051/08, 5101/08, 5145/08,
5191/08, 5301/08, 5397/08, 5417/08, 5418/08, 5486/08, 5509/08, 5528/08,
5636/08, 5671/08, 5673/08, 5684/08, 5692/08, 5763/08, 5771/08, 5832/08,
5937/08, 5938/08, 6095/08, 6107/08, 6112/08, 6113/08, 6132/08, 6148/08 y
6158/08, iniciadas por habitantes de esta Ciudad, que requieren una solución a su
problemática habitacional.


Y CONSIDERANDO QUE:


                          Las actuaciones referenciadas traen a consideración de
esta Defensoría del Pueblo las dificultades que se le presentan a distintos
beneficiarios del Programa “Atención para Familias en Situación de Calle”.


1.- Antecedentes.

                           El derecho a una vivienda digna, es considerado un
derecho humano fundamental, inherente a toda persona por su condición de tal.
Todo ser humano requiere para su desarrollo la satisfacción de las necesidades
básicas, como la vivienda la alimentación y la vestimenta. El presente derecho se
encuentra tutelado tanto por la legislación nacional como por la internacional.

                           De la interpretación armónica de dichas normas se
colige entonces, que existe en cabeza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
una obligación de realizar las prestaciones pertinentes a fin de asistir a quienes se
encuentran en situación de emergencia habitacional.

                           En virtud de ello, el Ejecutivo local -a lo largo de los
años- ha implementado diferentes programas sociales tendientes a responder a la
emergencia habitacional de sus ciudadanos. En el mes de diciembre de 1985 se
aprueba el Decreto nº 91 el cual crea el entonces Programa de Atención en Casos
de Emergencia Individual o Familiar y se promulga la Ordenanza nº 41.110
(B.M.B.A. nº 17.725). Es a partir de este Programa que se otorga alojamiento en
hoteles, por un plazo de 15 días, a grupos familiares que, por su composición no
podían alojarse en hogares dependientes de la ex Subsecretaría de Acción Social.

                            Años más tarde, en el mes de junio de 1997, vista la
necesidad de ampliar las acciones de protección y promoción brindadas a
personas solas y familias que carecen de vivienda y permanecen, por ello, en
situación de calle, se crea el entonces Programa Integrador para Personas o
Grupos Familiares en Situación de Emergencia Habitacional a través del Decreto
nº 607/97 (B.O.C.B.A. nº 213). Dicho Programa tenía como objetivo la detección,
el abordaje y la orientación de las personas solas o grupos familiares que se
encontraban en situación de emergencia habitacional. En el caso de las personas
solas, el entonces Programa Para las Personas Sin Techo ofrecía como
respuesta, el alojamiento en los dormitorios nocturnos y hogares de tránsito, ya
sean éstos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o
conveniados con Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). Los grupos
familiares, a través del Programa Para las Personas Sin Techo, eran alojados por
15 días en hoteles, o bien en el caso de mujeres con hijos se las alojaba en el
Hogar 26 de Julio, único establecimiento destinado a esta población.

                            Empero, diversos factores -entre ellos la crítica
situación socioeconómica que se vivió en el país en los años subsiguientes-
coadyuvaron a cronificar la emergencia habitacional de los grupos familiares
asistidos, razón por la cual el alojamiento en hoteles se fue prolongando durante
años.

                             Esta modalidad de alojamiento transitorio en hoteles
subsidiados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue severamente
cuestionada, entre otros, por esta Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires, derivando en innumerables acciones de amparo ante
la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Al efecto, se constató que el alojamiento se prestaba en
“...condiciones habitacionales indignas, hacinamiento de familias numerosas en
dormitorios que no reúnen las dimensiones exigidas, subdivisiones clandestinas,
falta de higiene, proliferación de insectos, falta de provisión de ropa de cama y
carencia absoluta del servicio de limpieza de habitaciones que deberían ser
prestadas por los hoteleros y que no pudo verificarse en ninguno de los casos
relevados...” (Resolución nº 1510/01 de esta Defensoría del Pueblo).
                           Posteriormente, a fines del mes de julio de 2002, se
aprueba el Decreto nº 895/GCBA/02 (B.O.C.B.A. nº 1503) que reforma la
modalidad transitoria de alojamiento en hoteles impidiendo el ingreso de nuevos
grupos familiares a dicha modalidad. Es preciso mencionar que a partir del dictado
del presente Decreto los grupos familiares que atravesaban una situación de
emergencia habitacional eran subsidiados temporalmente.

                           Dicho beneficio estaba destinado a los grupos familiares
residentes de esta Ciudad que se encontraban en situación de emergencia
habitacional, transitoriamente sin vivienda o refugio alguno por desalojo o por
causas no originadas en fenómenos meteorológicos o hechos fortuitos. El
beneficio consistía, de acuerdo a lo expresado en el art. 6º del referido Decreto, en
la entrega de un monto por única vez de hasta pesos mil ochocientos ($1.800.-)
por familia, en un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

                            A partir de la detección de numerosos casos en los que
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires verificó que los inmuebles -hoteles
contratados por la entonces Subsecretaría de Acción Social- se encontraban
sumamente deteriorados y en condiciones de habitabilidad degradadas o
superpoblados respecto de la cantidad de plazas para las que estaban habilitados,
se dispuso su clausura administrativa. A raíz de ello se aprobó el Decreto nº
1234/GCBA/04 por el cual en el mes de julio de 2004 se crea el “Programa de
Apoyo Habitacional” (B.O.C.B.A. nº 1985) para efectivizar la asistencia a “Familias
en Situación de Calle” que se encontraban alojadas en hoteles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en estado de clausura. En el marco del mencionado
Decreto las personas debían optar por retirarse del hotel y acceder a mutuos con
garantía hipotecaria, recibiendo un incentivo de hasta pesos trescientos ($300.-)
por mes por el término de seis meses, a efectos de contribuir durante dicho lapso
a su alojamiento temporal o bien, al cobro del subsidio por el monto de pesos
cinco mil ($5.000.-) en el caso de las personas solas o pesos quince mil ($15.000.-
) si se trataba de grupos familiares, pudiendo en el caso de los grupos familiares
numerosos contemplarse un monto adicional de pesos setecientos ($700.-).

                             En el mes de enero de 2005 se aprueba el Decreto nº
97/GCBA/05 que amplía su antecesor, el nº 1234/GCBA/04 (B.O.C.B.A. nº 2119),
haciendo extensivo el beneficio a todos los beneficiarios de la modalidad
transitoria de alojamiento en hoteles. En su art. 8º modifica el contenido y alcance
de los arts. 6º y 7º. De esta manera el art. 6º establece: “Los créditos con garantía
hipotecaria a otorgarse para compra de vivienda individual quedarán sujetos a la
operatoria prevista en la Ley Nº 341 y modificatorias, siendo el Instituto de
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) el encargado de la administración de
dichos créditos”. Por su parte, el art. 7º expresa: “En los supuestos en que las
personas o los grupos familiares opten por el crédito recibirán un incentivo de
hasta pesos trescientos ($300) por mes por el término de seis (6) meses
prorrogable por igual monto y plazo a criterio de la Unidad Ejecutora del Programa
de Apoyo Habitacional, a efectos de contribuir durante dicho lapso a su
alojamiento temporal. El monto se incrementa en pesos cien ($100) si se trata de
una familia que excede de cinco (5) miembros”.

      1.1.- Implementación del Decreto nº 690/06.

                            Por otra parte, en el mes de junio de 2006 a fin de
adecuar las normas para mejorar la atención de las familias y establecer requisitos
claros para definir el carácter de beneficiario, se dictó el Decreto nº 690/GCBA/06
que amplía el alcance de la población beneficiaria, incluyendo a las personas
solas en situación de emergencia.

                           El citado Programa tiene por objeto: “...el otorgamiento
de subsidios a fin de brindar asistencia a las familias en situación de calle,
fortaleciendo el ingreso familiar, exclusivamente con fines habitacionales y la
orientación de aquéllas en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su
problemática habitacional” (art. 3º, Decreto nº 690/GCBA/06).

                          El referido Decreto establece posteriormente: “El
presente programa asiste a familias o personas solas en situación de calle,
entendiendo por tal a aquéllas que se encuentran en inminente situación de
desamparo habitacional, o se hallen transitoriamente sin vivienda o refugio por
causa de desalojo u otras causas...” (art. 4º, Decreto nº 690/06/GCBA/06).

                           Asimismo, el subsidio creado dispone la entrega de un
monto de dinero de: “...hasta pesos dos mil setecientos ($2.700), el que puede ser
otorgado en seis (6) cuotas iguales y consecutivas de hasta pesos cuatrocientos
cincuenta ($450) cada una, pudiendo la autoridad de aplicación ampliar el
presente subsidio inclusive en una suma adicional de pesos mil ochocientos
($1.800), pagadera en hasta cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas de pesos
cuatrocientos cincuenta ($450) cada una, en los casos particulares que, a criterio
de aquélla, ameriten la mencionada extensión, en orden a la persistencia de la
situación que en su momento, motivara la entrega del beneficio” (art. 5º, Decreto
nº 690/06/GCBA/06).

      1.2.- Modificación del Decreto nº 690/06.

                           En el mes de agosto de 2008, el Ejecutivo local dictó el
Decreto 960/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2992 del día 13 de agosto de 2008), que
modifica en parte a su antecesor. Resulta conveniente entonces, examinar
algunos de los cambios introducidos por la referida norma jurídica.


Decreto nº 690/06 Decreto nº 960/08
“Artículo 3 - El programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, tiene
como objeto el otorgamiento de subsidios a fin de brindar asistencia a las familias
en situación de calle, fortaleciendo el ingreso familiar, exclusivamente con fines
habitacionales y la orientación de aquéllas en la búsqueda de distintas estrategias
de solución a su problemática habitacional.        “Artículo 1 - Sustitúyese el artículo
3º del Decreto Nº 690/GCBA/06, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“El programa otorga un subsidio con la finalidad de mitigar la emergencia
habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Su objetivo primordial es el fortalecimiento transitorio del ingreso familiar
con fines exclusivamente habitacionales, debiendo los fondos otorgados estar
destinados a cubrir gastos de alojamiento”.
Artículo 4 - El presente programa asiste a familias o personas solas en situación
de calle, entendiendo por tal a aquéllas que se encuentran en inminente situación
de desamparo habitacional, o se hallen transitoriamente sin vivienda o refugio por
causa de desalojo u otras causas y que reúnan las condiciones previstas en el
artículo 8º del presente decreto. Artículo 2 - Sustitúyese el artículo 4º del Decreto
Nº 690/GCBA/06, el que quedará redactado de la siguiente forma: “El presente
programa asiste a las familias o personas solas en situación de calle efectiva y
comprobable, entendiéndose por tal, a aquéllas que se encuentren en forma
transitoria sin vivienda o refugio por causa de desalojo u otras causas y que
reúnan las condiciones previstas en el artículo 11º del presente Decreto. No se
contempla como beneficiarios de este programa, a quienes por cualquier causal se
hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en
situación de calle”.
Artículo 5 - El subsidio creado consiste en la entrega, de un monto de hasta pesos
dos mil setecientos ($2.700), el que puede ser otorgado en seis (6) cuotas iguales
y consecutivas de hasta pesos cuatrocientos cincuenta ($450) cada una, pudiendo
la autoridad de aplicación ampliar el presente subsidio inclusive en una suma
adicional de pesos mil ochocientos ($1.800), pagadera en hasta cuatro (4) cuotas
iguales y consecutivas de pesos cuatrocientos cincuenta ($450) cada una, en los
casos particulares que, a criterio de aquélla, ameriten la mencionada extensión, en
orden a la persistencia de la situación que en su momento, motivara la entrega del
beneficio.     Artículo 3 - Sustitúyese el artículo 5º del Decreto Nº 690/GCBA/06, el
que quedará redactado de la siguiente forma: “El subsidio creado consiste en la
entrega, de un monto de hasta pesos cuatro mil doscientos ($4.200), el que puede
ser otorgado en seis (6) cuotas iguales y consecutivas de hasta pesos setecientos
($700) cada una, pudiendo la autoridad de aplicación ampliar el presente subsidio
inclusive en una suma adicional de pesos dos mil ochocientos ($2.800), pagadera
en hasta cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas de pesos setecientos ($700)
cada una, en los casos particulares que, a criterio de aquélla, ameriten la
mencionada extensión, en orden a la persistencia de la situación que en su
momento motivara la entrega del beneficio... La autoridad de aplicación podrá
asignar asimismo prioridades en el otorgamiento del beneficio, y eventualmente
extender los plazos previstos para el subsidio, de modo de atender reclamos
según las particulares situaciones que puedan acaecer, teniendo presente el
cumplimiento de las metas presupuestarias proyectadas anualmente.
Artículo 10 - El subsidio que se otorgue puede ser destinado para:a) cubrir gastos
de alojamiento,b) cubrir toda índole de gastos emergentes, en los casos en que a
los beneficiarios del presente programa, se les otorgue un crédito hipotecario del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o requieran del
mismo para la obtención de una solución habitacional definitiva. Artículo 4 -
Sustitúyese el artículo 10º del Decreto Nº 690/GCBA/06, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “El subsidio que se otorgue tendrá como único destino cubrir
los gastos de alojamiento. Excepcionalmente, el mismo podrá estar destinado a la
obtención de una solución definitiva para la problemática habitacional de la familia,
quedando facultada la Autoridad de Aplicación, previo dictamen favorable del área
técnica que se establezca vía reglamentaria, a disponer la entrega del beneficio en
un pago único a tal efecto”.
Artículo 11 - Para la obtención del subsidio creado por el presente decreto se
requiere: a) encontrarse en “situación de calle” de conformidad con lo establecido
en el artículo 3º y con las restricciones dispuestas por el artículo 4º del presente
decreto;b) ser residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una
antigüedad mínima de un (1) año...”.       Artículo 5 - Sustitúyese el artículo 11º del
Decreto Nº 690/GCBA/06, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Para
la obtención del subsidio creado por el presente decreto se requiere: a)
encontrarse en “situación de calle” de conformidad con lo establecido en el artículo
4º. b) ser residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad
mínima de dos (2) años...”.
* el resaltado es propio.
2.- La progresividad como requisito de las políticas sociales.


                            Del análisis de ambos Decretos se colige entonces,
que si bien la norma modificatoria marca la actualización -por única vez- del
monto otorgado por el subsidio habitacional, presupone una regresión en la
política implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ello se
observa claramente en las modificaciones impulsadas respecto de los arts. 3º, 4º,
10º y 11º, la cual tiene como consecuencia:

a) La exclusión de la obligación de la administración de brindar orientación a las
familias en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática
habitacional a la que hacía referencia el art. 3º. Con la implementación del Decreto
nº 690/06, el Ejecutivo local se auto impuso dos obligaciones distintas, pero que
no pueden ser escindidas, a fin de asistir a quienes atraviesan una situación de
emergencia habitacional. La primera consiste en la entrega de un monto de dinero,
mientras que la segunda se encuentra vinculada a la orientación en la búsqueda
de una solución definitiva.

                           A partir de ello, la jurisprudencia concluyó que es
necesario, que sumado a la prestación monetaria, la administración realice un
seguimiento de cada caso particular a fin de brindar el asesoramiento necesario
para que se configure el cumplimiento de la obligación que el mismo se ha
impuesto.

                           Resulta valedero afirmar entonces, que mientras la
obligación de dar un monto de dinero por parte del programa constituye la
posibilidad de paliar la emergencia, la obligación impuesta originalmente por el art.
3º del Decreto nº 690/06 y ahora eliminada por el Decreto nº 960/08, conforma el
único abordaje en pos de la superación definitiva de la situación.

                            Así lo expresó el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos caratulados “B. M. y otros
c/GCBA s/amparo” en tanto manifiesta que: “...el Estado no se libera de la
obligación de asistencia hasta que cumpla con la orientación y búsqueda de
estrategias prevista en la segunda parte del artículo 3...” (del voto de los doctores
José Osvaldo Casás y Ana María Conde).

                           Es este punto el que lo diferencia claramente de su
antecesor, el normado por Decreto nº 895/02, en el cual se preveía que debía ser
el beneficiario quien se ocupara por sus propios medios de presentar una
propuesta de salida estable.

                            La eliminación de la orientación de las familias en la
búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional,
configura no sólo un retroceso en materia de las prestaciones habitacionales
otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino que implica
desvirtuar el objeto mismo del programa instaurado por el Decreto nº 690/06. Esta
modificación normativa favorece la cronicidad de la emergencia habitacional, toda
vez que aquellos sectores poblacionales que no han tenido los medios o
herramientas para alcanzar una vivienda digna, son asistidos sólo monetariamente
y con la finalidad de que la solución sea únicamente transitoria.

b) La exigencia de un año más de residencia en la Ciudad para poder acceder al
beneficio, dejando fuera de la cobertura social implementada por el Ejecutivo a un
sector poblacional que previamente sí era sujeto pasivo de la misma (art. 11º).

c) Se excluye del art. 4º como posibles beneficiarios a aquellas personas que se
encuentran en inminente situación de calle, exigiendo que las mismas se
encuentren en “situación de calle efectiva”. De esta manera se retrocede respecto
de la política anterior, la cual actuaba para prevenir la vulneración de un derecho
fundamental -en este caso el derecho a la vivienda-, ésta es reemplazada por una
política que sólo interviene una vez que el derecho ha sido violentado. Es de suma
importancia destacar que la afectación de este tipo de derechos presupone la
posibilidad del acaecimiento de un daño irreparable y por ello suele ser objeto del
otorgamiento de medidas cautelares a favor de los posibles damnificados por la
omisión del Estado.

                            Corresponde concluir entonces, que el dictado de esta
norma produce un claro retroceso en el derecho del grupo social afectado. Ello
contraría al principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y
culturales incorporado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el cual en su art. 2º inc. 1º dispone que: “Cada uno de los
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive
en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos”. Por otra parte, la Constitución local dispone en su art.
31º la obligación del Estado de resolver progresivamente la emergencia
habitacional.

                           La incorporación de este principio en el orden normativo
vigente no sólo implica que las políticas sociales implementadas por la
administración deberán realizar un abordaje que signifique un avance de manera
constante en cuanto al ámbito de protección de estos derechos, sino que a su vez
impone una prohibición de retroceder respecto de la situación de estos derechos
al momento de adoptado dicho tratado o de cada mejora que haya sucedido a
dicho acto.

                           Es decir que de esta obligación de progresividad se
desprende la prohibición de regresividad, que presupone, que una vez reconocido
un status jurídico básico de inclusión social respecto de un determinado sector de
la población, el Estado debe abstenerse de desarrollar actividades que atenten
contra la vigencia del mismo.

                           Respecto a ello, la Sala I de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los autos “Mansilla María Mercedes contra GCBA sobre Amparo” expresó:
“...de acuerdo a la redacción que el constituyente local ha dado al artículo 31 de la
CCABA, la obligación del Gobierno de la Ciudad, para la satisfacción del derecho
a la vivienda, supone una cierta progresividad, en el sentido de que su plena
realización requiere un cierto lapso temporal. De allí la obligación estatal de
mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales...”.

                             De similar tenor ha sido la interpretación realizada por el
Tribunal Superior de Justicia en los autos caratulados “Toloza, Estela Carmen
contra GCBA sobre Amparo” en tanto manifestó que: “...El Estado no puede
adoptar por acción u omisión conductas regresivas en materia de derechos
humanos... En el caso, la regresividad que no es tolerada ni por el orden jurídico
nacional ni por el local, se configura respecto del derecho a la vivienda digna...”.

                           El máximo tribunal de la Ciudad ha mantenido esta
postura recientemente al expedirse en los autos “Figueroa Nora contra GCBA
sobre Amparo”: “...es razonable que las autoridades recurran a diversos sistemas
de atención, siempre que su aplicación sucesiva no implique la disminución y/o la
privación de las prestaciones ya reconocidas...”.

                            Se considera entonces a la prohibición de regresividad
de las políticas sociales, como una restricción que el bloque de legalidad vigente
impone respecto de las posibilidades de la administración de reglamentar los
derechos económicos, sociales y culturales. En virtud de ello y en pos de que la
misma conserve su validez, corresponde a la propia administración la justificación
de su aplicación, debiendo acreditar necesariamente que si bien se produce un
retroceso respecto de algún derecho, en referencia a las condiciones del goce de
la totalidad de los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales se produce un avance.

d) El nuevo extremo exigido por el art. 2º del Decreto en cuestión requiere de un
apartado especial en esta recomendación en razón de su manifiesto carácter
inconstitucional. La trasgresión al máximo orden normativo se produce antes de
observar la regresividad general de la norma al reconocer explícitamente el
incumplimiento del Estado a un deber constitucional, sin siquiera motivar el acto
de modo tal que de la determinación de la causa se pueda establecer la
racionalidad de lo establecido.

                           La situación de calle como extremo exigible para
acceder al beneficio de un subsidio habitacional es contrario al propio objeto de la
norma que no puede ser otro que el de proveer una solución habitacional de
emergencia que facilite la posterior reinserción al hábitat urbano.

                             Asimismo, este extremo importa obligar expresamente a
los beneficiarios a vivir un desamparo oficialmente reconocido, o dicho en otros
términos a decretar la inaplicabilidad de las garantías constitucionales por un lapso
de tiempo indeterminado como requisito para acceder a un subsidio de
emergencia.

                           En este sentido cabe aclarar que el alcance del término
emergencia establecido por las distintas acepciones reconocidas por la Real
Academia de la Lengua Española, refieren a una situación de peligro entendida
como “riesgo o contingencia eminente de que ocurra algún mal” y no a una
situación en la que el daño ya se ha producido. En consecuencia el requerimiento
de situación de calle desnaturaliza la norma transformándola de un programa de
emergencia a un programa indemnizatorio por reparación de daños.

3.- Falta de aplicación del Decreto nº 960/08.

                           El día 12 de agosto de 2008, en el Boletín Oficial nº
2992, se publicó el mencionado Decreto nº 960/08, que modifica ciertos aspectos
del subsidio habitacional otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicha norma no ha sido modificada ni derogada por alguna posterior.

                          De lo expuesto se desprende que el mentado Decreto
posee plena vigencia, en tanto ha cumplido los requisitos formales para ello.
Empero, de acuerdo a lo expresado por un profesional del Programa “Atención
para Familias en Situación de Calle”, el Decreto nº 960/GCBA/08 no ha sido
implementado (actuación nº 3233/08, fs. 17).
                              Asimismo, y a título ilustrativo, resulta dable mencionar
que en el marco de la actuación nº 5101/08 el denunciante presentó una nota
fechada el día 1º de septiembre de 2008, en la cual consta que debido a que ya
percibió la suma de pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-) -monto total que
estipuló el Decreto nº 690/06 en su redacción original-, no es viable la renovación
del beneficio (fs. 4). Ello pese a que en la citada fecha ya se encontraba en
vigencia la modificación realizada por el Decreto nº 960/08, que establece como
monto máximo a percibir, pesos siete mil ($7.000.-), es decir que la administración
ha respondido de forma negativa a una solicitud, fundando su decisión en una
cláusula ya derogada.

                          De esta manera, la administración rehúsa la aplicación
de una norma que ella misma se ha impuesto, pese a que la misma se encuentra
vigente, ocasionando a los posibles beneficiarios del subsidio habitacional un daño
irreparable.

                            La omisión de la aplicación de una norma vigente, se
traduce en un incumplimiento al derecho positivo en violación al principio de
legalidad. Este principio responde al concepto de despersonalización o
impersonalidad del poder y al de legitimidad racional. No se trata de que el poder
no sea ejercido por hombres, sino que esos hombres que ejercen el poder lo
hagan ajustándose al orden jurídico establecido en las normas legales. De ahí
surge entonces el adagio de que no gobiernan los hombres sino la ley.


                            La inobservancia del principio de legalidad cuya
finalidad es afianzar la seguridad individual de los gobernados, predeterminando
conductas debidas e indebidas de modo que los hombres puedan conocer de
antemano lo que tienen que hacer u omitir y quedar exentos de decisiones
sorpresivas que dependan solamente de la voluntad ocasional de quien manda,
importa necesariamente alterar el orden establecido generando una situación de
inseguridad jurídica cuyos resultados se hacen extensivos no solo a los
beneficiarios del referido programa, sino a todos los administrados.

                            La gravedad de esta omisión no se centra
especialmente en su carácter inconstitucional sino en la desnaturalización del
orden jurídico establecido. En el caso que nos toca, encontramos que la violación
al principio de legalidad se refleja en una vulneración directa a un derecho humano
fundamental, como es la vivienda.


4.- Problemáticas recurrentes del Programa no abordadas o abordadas de forma
insuficiente por el Decreto nº 960/08.

       4.1.- Limitaciones sobre el monto otorgado por el subsidio.
                            Como ya se mencionó, en el mes de junio de 2006, a fin
de garantizar el acceso a la vivienda de todos los sectores poblacionales, el
Ejecutivo porteño dictó el Decreto nº 690/GCBA/06, por el cual se crea el
Programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, en el marco del cual se
otorga una prestación con fines exclusivamente habitacionales. Sin embargo, el
monto otorgado por dicho Programa es objeto de dos tipos de restricciones, la
primera de ellas se realiza sobre el monto total a percibir en concepto de subsidio
habitacional, mientras que la segunda se efectúa sobre la cantidad de dinero
percibida mensualmente.

             4.1.1.- Limitación sobre el monto total a percibir.

                            La restricción impuesta por la administración respecto
del monto total a percibir por el subsidio habitacional estipulada en el art. 5º del
Decreto nº 690/06, ha sido fuente de numerosos reclamos por parte de los
beneficiarios del mismo, en tanto implica la baja del subsidio de forma automática,
pese a la subsistencia de las condiciones que llevaron a su otorgamiento. El obrar
descripto obviamente conspira contra la meta propuesta por esta política pública y
vuelve a colocar a estas familias en situación de extremo desamparo.

                           Con relación a lo expuesto, la Asesoría General Tutelar
mediante el Dictamen AG nº 76/07 estableció: “...el deber asistencial del Estado
no se circunscribe a una o algunas prestaciones temporarias. La Ciudad se
encuentra obligada a desarrollar en forma permanente políticas tendientes a la
inclusión social de los más necesitados, lo que incluye obviamente la satisfacción
de sus necesidades mínimas a la vivienda (art. 31 CCABA), sin que, como queda
dicho, pueda suspenderlas si no se encuentra superada la emergencia que diera
origen a su implementación...”.

                             Similar manifestación realizó la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los autos caratulados “Mansilla, María Mercedes contra GCBA s/ amparo
(art. 14º CCABA)” en tanto refirió: “...de acuerdo a la redacción que el
constituyente local ha dado al artículo 31 de la CCABA, la obligación del Gobierno
de la Ciudad, para la satisfacción del derecho a la vivienda, supone una cierta
progresividad... De allí la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y
ejercicio de los derechos sociales... si bien por un lado algunos de los planes
instituidos por la Ciudad establecieron un plazo de duración, por el otro éstos
tienden, en forma explícita o razonablemente implícita, a permitir la recuperación
socio-económica de los beneficiarios, así como su reinserción social... que los
plazos previstos inicialmente para llevar a cabo estos objetivos se encontrasen
fenecidos no podía conducir a la conclusión de que, en tal supuesto, resultaba
discrecional para la Administración continuar con la asistencia... Así, para que tal
curso de acción resultase legítimo, el GCBA debía demostrar que, en su estadio
actual de ejecución, los diversos planes instrumentados ya habían cumplido sus
objetivos... la discontinuidad de las prestaciones vulneraba el principio de no
regresividad o de no retroceso social... esto es, la prohibición de adoptar políticas
y medidas que empeoren el estándar de vigencia de los derechos sociales...”.

                            Según se observa entonces, en este caso la existencia
de una política regresiva no obedece a las disposiciones normativas existentes,
sino a la interpretación que ha realizado de las mismas la autoridad de aplicación.
En sentido coincidente se ha expresado la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos
caratulados “Canteros Hugo Alberto y otros contra GCBA sobre Amparo”: “...La
norma transcripta en modo alguno dice que el adicional de $1.800 que prevé sólo
deba ser acordado por una única vez. Lo que hace la norma es limitar el monto de
las ampliaciones respecto de la suma originalmente entregada a los beneficiarios,
pero con claridad se lee que, de persistir las circunstancias de pobreza que
impiden el libre acceso a una vivienda, la extensión del subsidio resulta
pertinente...” posteriormente, en referencia al art. 5º del Decreto nº 690/06
manifiesta el tribunal que: “...el artículo en cuestión no restringe per sé la
percepción de la asistencia estatal. Al contrario, claramente prescribe que la ayuda
económica debe subsistir en la medida en que lo hagan los factores de pobreza
que motivaron la política reglada por el decreto bajo análisis...”.

                            En virtud de lo expuesto, desde esta Defensoría del
Pueblo se dictaron las Resoluciones nros. 2851/07, 4190/07, 0002/08, 0514/08,
1042/08 y 2374/08. Las mismas recibieron como respuesta que los vecinos han
percibido la totalidad del monto previsto en el nombrado Decreto, mencionando
que ante la falta de reglamentación del mismo, la autoridad de aplicación se atiene
a las condiciones de su vigencia, en clara alusión a un supuesto impedimento
normativo para otorgar una nueva renovación.

                           Cabe destacar que el propio Ejecutivo ha determinado
en casos de extrema vulnerabilidad que los vecinos fueran incorporados
nuevamente al Programa “Atención para Familias en Situación de Calle” luego de
percibir la suma especificada en el art. 5º del Decreto nº 690/06 -previo a su
modificación-, es decir que se ha considerado facultado para otorgar el subsidio a
una persona en más de una oportunidad. Tal fue el caso de la Disposición nº 35-
DGFFYSC-07, en la cual se resolvió en concordancia con lo antedicho, debido a la
situación de vulnerabilidad social de una vecina y teniendo en cuenta su delicado
estado de salud y la emergencia habitacional (fs. 8 actuación nº 2982/08).

                            Empero, debiera explicitar al momento de dictar el acto
por el cual deniega o acepta la extensión del subsidio habitacional -una vez
percibido el monto total previsto en el Decreto nº 690/06-, las causales de tal
decisión. Debe destacarse entonces, que la negativa basada únicamente en haber
alcanzado el monto dispuesto por el art. 5º de la mentada norma jurídica, resulta a
todas luces insuficiente y violatoria del derecho a la igualdad de los solicitantes, ya
que ha sido el mismo Ejecutivo quien ha sentado el precedente por el cual habilita
la renovación del subsidio en más de una ocasión por la vía administrativa.
Asimismo, éstos poseen, ante el requerimiento de extensión del subsidio, la
exigibilidad de un actuar proporcional, en el marco del principio de razonabilidad,
por parte de las autoridades ejecutorias del programa y que a la vez se someta a
las reglas estipuladas por la legislación vigente, ello es, que se adecue al principio
de legalidad de los actos de la administración.

                           Debe destacarse, que la negativa fundada únicamente
en haber alcanzado dicho monto ha propiciado la interposición de numerosas
acciones de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
de las cuales al mes de agosto de 2008, la justicia local ha ordenado que se
reincorpore al Programa a 571 grupos familiares, los cuales perciben una cuota
promedio de pesos quinientos cincuenta ($550.-). Asimismo, la propia
administración proyecta un aumento mensual de beneficiarios por la vía judicial de
35 grupos familiares por mes . La situación descripta supone un importante
dispendio de recursos, tanto económicos como humanos por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y una demora -que obedece al tiempo que lleva la
tramitación- para los vecinos en la satisfacción del derecho a la vivienda, que se
debe exclusivamente a la falta de una respuesta sistematizada, por la vía
administrativa.

                             Resulta importante mencionar, que en la actualidad esta
problemática continúa afectando a un número creciente de personas que
presentan una situación de vulnerabilidad por la cual su asistencia debiera ser
prioritaria por parte del Estado; a tal efecto, se enumera en el anexo de la presente
los casos receptados en este Organismo en los últimos meses.

                             Finalmente, mediante el dictado del Decreto nº 960/08
en el mes de agosto de 2008 el Ejecutivo Porteño modificó el monto total del
subsidio e incluyendo la posibilidad de “...extender los plazos previstos para el
subsidio...” (art. 3º, Decreto nº 960/08). Esta nueva cláusula permite suponer una
mayor predisposición por parte de la administración a renovar en más de una
oportunidad el subsidio habitacional, pero sin especificar qué motivos son los que
habilitarían la misma; ello aumenta el ámbito de discrecionalidad de la autoridad
de aplicación en la toma de decisiones y proporcionalmente a ello, el nivel de
incertidumbre de los beneficiarios respecto de las posibilidades de continuar
accediendo a una vivienda.

             4.1.2.- Limitación sobre el pago mensual.

                            Por otra parte, se aprecia la existencia de otra
restricción, esta vez sobre el monto a percibir mensualmente, la cual en muchas
oportunidades conspira contra la finalidad perseguida por el Programa, al
convertirse en un impedimento para el acceso a una vivienda adecuada.

                           Ello se debe a que en la puesta en práctica de este
Decreto, la administración ha optado por realizar la prestación dineraria
correspondiente al subsidio habitacional normado por Decreto nº 690/06,
dividiéndola de manera casi ineludible en cuotas, de pesos cuatrocientos
cincuenta ($450.-), aún si un grupo familiar requiere como solución transitoria a su
problema habitacional, un monto superior al límite impuesto por la administración,
durante un lapso menor de tiempo.

                           Sin embargo, dicho Decreto prevé que el beneficio
“...puede ser otorgado en seis (6) cuotas iguales y consecutivas de hasta pesos...”
-fórmula que conserva tras la modificación del Decreto nº 960/08-, es decir, que el
Ejecutivo parece haber convertido arbitrariamente, una mera opción sobre la forma
de pago, en la única alternativa posible de pago, aún cuando ello se encuentre en
clara contradicción con las necesidades expresadas por el vecino.

                            Con relación a lo expuesto, se han presentado
numerosas denuncias en este Organismo, en las cuales se relata que grupos
familiares -debido a la situación de emergencia habitacional en la que se
encontraban- realizaron las gestiones pertinentes a fin de acceder al beneficio del
subsidio normado por el Decreto nº 690/GCBA/06. En dicha ocasión se les informó
que el monto máximo a percibir consistía en la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta ($450.-) por mes durante seis meses con la posibilidad de renovar el
mismo por cuatro meses más.

                            Cabe destacar, que en todos los casos la cifra percibida
resultó insuficiente para que los mismos accedan a una vivienda adecuada. Ello es
así, toda vez que el aumento de precios del sector inmobiliario desde la fecha en
la que se fijara el monto que otorga el mencionado subsidio, sumado al déficit
habitacional que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la falta de
actualización del monto otorgado por el subsidio habitacional, pese a que habían
transcurrido más de 18 meses desde su implementación, conllevó serias
dificultades para el acceso a un alquiler.

                          A lo antedicho debe agregarse que en algunos casos -
como los de los denunciantes de las actuaciones nros. 1502/08 y 1586/08- el
grupo familiar se encuentra compuesto por un número elevado de integrantes, de
los cuales la mayoría son menores de edad. Se vislumbran entonces, dos
situaciones que obstaculizan el acceso a un alquiler con el dinero otorgado por el
subsidio, uno vinculado con el aumento de precios del sector y el otro relacionado
con las necesidades de algunos grupos familiares, que no han sido contempladas
por el mentado Programa.

             I) Aumento en el precio de los alquileres.

                          Durante el transcurso de los últimos años, los precios
de los inmuebles han mantenido una tendencia marcadamente alcista; ello ha
contribuido a agravar aún mas el déficit habitacional que presenta la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Sobre lo antedicho, se ha expresado esta Defensoría
del Pueblo mediante la publicación del Informe “Los Desalojos y la Emergencia
Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires” en el mes de septiembre de 2007.
                             En el mismo se puso de manifiesto la gravedad que
reviste la crisis habitacional que presenta la Ciudad, destacando el abordaje
realizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el
dictado de la Ley nº 1408 que declaró el estado de “Emergencia Habitacional”, la
cual fue prorrogada por Ley nº 2472.

                           Asimismo, se destaca que el auge del mercado de la
construcción y la actividad inmobiliaria registrado luego de la crisis económica del
año 2001, no ha contribuido a disminuir el déficit habitacional, sino que por el
contrario, ha incrementado las dificultades de los sectores medios y medios-bajos
para acceder al alquiler de una vivienda, ya que se ha dado una disminución en la
oferta de propiedades en alquiler, acompañada por el aumento de los cánones
locativos.

                         Finalmente, el mentado informe pone de resalto, la
importancia que el mercado de alquileres posee entre los habitantes de la Ciudad,
ya que según datos suministrados por la Dirección General de Estadística y
Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de hogares
arrendados en la Ciudad en el año 2006 ascendía al 27,7%.

                            Con relación al aumento de precios de los cánones
locativos, resulta necesario aclarar que desde el dictado del Decreto nº 690/06, en
el mes de junio de 2006, hasta el mes de agosto de 2008, el Ejecutivo local no
modificó el monto otorgado por el Subsidio Habitacional -ni el total, ni el máximo
previsto para cada cuota-, mientras en dicho lapso, se produjo un aumento
paulatino en el costo de los alquileres que obstaculizó de manera creciente el
acceso a un alquiler para los beneficiarios del Programa.

                            En concordancia con lo expuesto, el índice realizado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha registrado desde la
entrada en vigencia de la normativa de referencia hasta el mes de junio de 2008
un aumento del 37% en el rubro de Alquiler de la vivienda.

Gráfico I

Fuente: Indice de Precios al Consumidor de los meses junio de 2006 a junio de
2008, INDEC

Cuadro I
Período      Monto SH      Necesario alquiler   Aumento alquiler    Inflación alquiler
Jun.-2006 $450 $450        $0
Jun.-Jul. 2006     $450    $454,5       $4,5    1%
Jul.-Ago. 2006     $450    $460,35      $5,85   1,30%
Ago.-Sep. 2006     $450    $465,75      $5,4    1,20%
Sep.-Oct. 2006     $450    $469,8       $4,05   0,90%
Oct.-Nov. 2006     $450    $475,65      $5,85   0,70%
Nov.-Dic. 2006     $450    $480,15      $4,5    1%
Dic. 2006-Nov. 2007     $450 $571,5              $91,35      20,30%
Dic. 2007-Ene. 2008     $450 $580,05             $8,55 1,90%
Ene.-Feb. 2008     $450 $589,5     $9,45         2,10%
Feb.-Mar. 2008     $450 $595,8     $6,3          1,40%
Mar.-Abr. 2008     $450 $606,6     $10,8         2,40%
Abr.-May. 2008     $450 $613,35    $6,75         1,50%
May.-Jun. 2008     $450 $619,2     $5,85         1,30%
       TOTAL       TOTAL      TOTAL              TOTAL
       $450 $619,2      $169,2     37%

Gráfico II
 Fuente: Indice de Precios al Consumidor de los meses de junio de 2006 a junio de
2008, INDEC

                            A partir del Cuadro I y el Gráfico II se advierte que si la
propia administración determinó en el mes de junio de 2006 que un grupo familiar
precisaba un total de pesos cuatrocientos cincuenta para acceder a una vivienda
digna, el valor de dicho monto con relación a las posibilidades que el mismo tiene
para obtener la locación de un inmueble se vio disminuido -según los índices
oficiales- en un 37%, distribuido de la siguiente manera: en el período
comprendido por los meses de junio y noviembre de 2006 6,1%; entre diciembre
de 2006 y diciembre de 2007 20,3%; finalmente, entre enero y junio de 2008
10,6%. Cabe destacar que diversos estudios privados indican que el impacto
inflacionario sobre el sector inmobiliario ha sido largamente superior al marcado
por las cifras oficiales.

                            Lo anteriormente expuesto demuestra que a fin que la
integridad del beneficio otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no
se vea gravemente afectada por el incremento en los precios, resulta de suma
necesidad la instrumentación de una herramienta que permita la actualización
periódica y automática del mismo.

              II) Composición del grupo familiar.

                          En numerosas oportunidades los grupos familiares que
deben atravesar una situación de emergencia habitacional -por desalojo reciente u
otras causales- se encuentran compuestos por un elevado número de personas,
de las cuales la mayoría suelen ser niños.
                          Ahora bien, en estos casos, la respuesta que brinda el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es idéntica a la otorgada en los demás
casos. Cabe destacar que el no tener en cuenta las necesidades habitacionales
que presentan estos grupos familiares conlleva serias dificultades, entre las cuales
corresponde enfatizar el hacinamiento de sus integrantes.

                          En referencia a ello, el INDEC define como hogares con
hacinamiento crítico a aquellos en los que habiten más de tres personas por
cuarto -excluyendo a la cocina y el baño-, agregando que en estos supuestos las
Necesidades Básicas del hogar se encuentran insatisfechas.

                            De lo antedicho se colige entonces que, aún pese a
percibir el subsidio habitacional otorgado por el Ejecutivo, estos grupos familiares
no logran superar la emergencia habitacional, toda vez que el beneficio entregado
es claramente insuficiente para las necesidades del caso. Resulta incomprensible,
cómo un monto que la administración considera adecuado para que un grupo
familiar que sólo precisa de una habitación pueda acceder a una vivienda, sea
concebido como suficiente también para un grupo familiar que precisa de dos o
más habitaciones, de acuerdo a los parámetros determinados por el INDEC.

                           Resulta dable destacar el caso denunciado en la
actuación nº 1586/08, en la cual, relata la vecina que se encuentra a cargo de sus
ocho hijos. En atención a la situación de emergencia habitacional en la que se
encontraba, realizó los trámites administrativos a fin de acceder al beneficio del
subsidio normado por el Decreto nº 690/GCBA/06.

                             Con el monto percibido en concepto de subsidio
habitacional, más los ingresos propios de la vecina, el grupo familiar accedió al
alquiler de dos habitaciones, en las cuales debían residir sus nueve integrantes.
Es decir, que aún percibiendo la asistencia habitacional por parte del Ejecutivo
local, la familia de referencia no pudo superar la emergencia, toda vez que
habitaban en condiciones de hacinamiento crítico.

                           En el mes de noviembre de 2007, tras percibir diez
cuotas del mismo, desde el Programa “Atención para Familias en Situación de
Calle”, se le informó que habría cobrado la totalidad del monto otorgado por el
mentado subsidio.

                            Posteriormente, ante la falta de asistencia por parte de
la administración, la situación de emergencia habitacional de la vecina se vio
agravada. Con relación a ello, la señora R. M. T. presentó ante esta Defensoría
del Pueblo, copia del mandamiento de lanzamiento librado con la finalidad que
desalojara la vivienda en la que residía su grupo familiar.

                           Atento a lo expuesto, mediante oficio de fecha 4 de abril
de 2008, se solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, evaluara la
posibilidad de renovar el beneficio de la señora R. M. T. e informara las medidas
adoptadas a fin de cumplimentar con la orientación de distintas estrategias de
solución a la problemática habitacional, a la que hace referencia el art. 3º del
Decreto nº 690/GCBA/06 en su redacción originaria -la cual se encontraba vigente
al momento de inclusión de la vecina en el mentado Programa- y si en el marco de
dicho Programa o algún otro dependiente del Ministerio de Desarrollo Social se ha
previsto el otorgamiento de un monto superior a los pesos cuatrocientos cincuenta
que establece el mencionado Decreto, que se adecue a las necesidades de un
grupo familiar como el de referencia (fs. 7 actuación nº 1586/08). Luego, con fecha
15 de julio de 2008 se recibió respuesta, en la cual se menciona únicamente que
la vecina ha percibido la totalidad del monto previsto en el nombrado Decreto, sin
referirse a las demás cuestiones planteadas en la requisitoria.


5.- Conclusión.

                         Como se expuso previamente, el Ejecutivo local dictó el
Decreto nº 690/06 para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de los
vecinos de la Ciudad.

                           Es en función de ello, que el Gobierno ha procedido a
incluir a aquellas personas que se encuentran en emergencia habitacional en el
Programa “Atención para Familias en Situación de Calle” con la finalidad de
garantizarles una vivienda adecuada que les permita superar la situación de
vulnerabilidad en la que se hallan inmersas.

                            Recientemente el Ejecutivo optó por modificar el
Decreto que regula la entrega del subsidio habitacional. En dicho instrumento se
han incluido cláusulas que producen un retroceso notorio en la protección del
derecho a la vivienda de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, esta modificación no abordó -o lo hizo de forma insuficiente-
algunas de las problemáticas recurrentes que se observan en el ámbito del
Programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, tales como la
insuficiencia del monto otorgado en cuanto a la suma mensual y total.

                          La inmutabilidad del monto destinado para alcanzar los
objetivos que el Programa plantea, se constituyó como un obstáculo que en
muchas oportunidades se traduce en la lesión del derecho a la vivienda,
permitiendo que continúe la vulneración del derecho que el Programa tiene por
finalidad proteger.

                         Dicha situación se reproduce ante la falta de
adecuación de la respuesta brindada por el Programa a las necesidades
específicas de determinados grupos familiares, obligándolos a subsistir en
condiciones de hacinamiento.

                           Resulta entonces de vital importancia que la prestación
otorgada por la administración garantice el acceso a una vivienda digna, es decir,
que permita la superación de la situación de calle y a su vez ponga fin a la
persistencia de otras circunstancias que acarrean la subsistencia de la emergencia
habitacional, como el caso del hacinamiento crítico. Por otra parte, dicha
prestación no puede ser discontinuada por el mero transcurso del tiempo, sino que
se deben dar ciertas condiciones que permitan la superación de la emergencia
habitacional.
                            Asimismo, ante el escenario del mercado inmobiliario
que presenta la Ciudad, la actualización del monto de forma periódica debiera ser
una herramienta fundamental para lograr que la respuesta continúe siendo la
adecuada y de esa manera evitar la reiteración de los padecimientos sufridos por
los beneficiarios del Programa por la negativa a reajustar dicho monto durante un
período superior a los 24 meses.

                          Por lo expuesto, esta Defensoría del Pueblo entiende
que la problemática reseñada exige tomar medidas urgentes orientadas por la
necesidad de reconocer a los vecinos denunciantes el derecho a una vivienda
digna y a un hábitat adecuado.



POR TODO ELLO:




LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:



1) Recomendar a la señora Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal, disponga los medios
conducentes a fin de:


       a) suspender la aplicación del Decreto nº 960/08 en lo referente a los
extremos exigidos para acceder al subsidio habitacional y a toda otra disposición
regresiva, manteniendo el aumento del monto que el mismo otorga;

      b) instaurar un sistema de actualización periódica y automática de dicho
monto, acorde a la evolución de los precios de los alquileres en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;

       c) brindar a los grupos familiares, que por su composición precisan de una
vivienda con más de una habitación, una respuesta diferenciada que se adecue a
sus necesidades, a fin de evitar se produzcan situaciones de hacinamiento;

       d) extender el beneficio de los vecinos detallados en el Anexo, que forma
parte integrante de la presente Resolución, en el marco del Programa “Atención
para Familias en Situación de Calle” hasta tanto sus grupos familiares superen la
emergencia que diera origen a su inclusión en el mismo;
      e) dar cumplimiento a la obligación prescripta en la parte final del art. 3º del
Decreto nº 690/GCBA/06, proporcionando a los vecinos detallados en el Anexo, el
asesoramiento y la asistencia necesaria a fin que puedan acceder a una solución
habitacional sustentable;

      f) en el caso de haber realizado el asesoramiento y asistencia referida en el
punto e), informar específicamente qué medidas se adoptaron a tal fin.


2) Poner la presente Resolución en conocimiento del señor Presidente de la
Comisión de Vivienda, licenciado Facundo Martín Di Filippo, y de la señora
Presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social,
licenciada Luciana Blasco, ambas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.


3) Fijar en 5 días el plazo previsto en el art. 36º de la Ley nº 3 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.


4) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento, y oportunamente,
archivar.

Código 441
Ads/sp
Opds/mt/pjc
gv/D/LDS

				
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posted:6/15/2012
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