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"BINGO KING S.A. C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA”
En la ciudad de General San Martín, a los _05_ días del mes
de agosto de 2010 se reúnen en acuerdo ordinario los jueces
de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo
con asiento en San Martín, Ana María Bezzi, Jorge Augusto
Saulquin y Hugo Jorge Echarri para dictar sentencia en la
causa Nº 1411/08, caratulada "BINGO KING S.A. C/ INSTITUTO
PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA”.
                           A N T E C E D E N T E S
        I.   El    23/11/09      el       titular     del   Juzgado      de     Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro
dictó sentencia definitiva: 1) Haciendo lugar a la demanda
promovida por Bingo King S.A. contra el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires; 2)
Declarando la nulidad de la Resolución N° 252/06 y 534/07; 3)
Condenando a la accionada a reintegrarle al actor la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) en concepto de reintegro de multa
abonada,     con    más    los        intereses       correspondientes          a     los
depósitos    a     plazo   fijo       a     treinta    días       del   Banco    de   la
Provincia de Buenos Aires, desde la fecha en que se abonó la
multa, el día 15 de agosto de 2007, hasta su efectivo pago;
4) Imponiendo las costas por su orden. (art. 51 C.C.A); 5)
Difiriendo la       regulación de honorarios hasta quedar firme el
decisorio (art. 31 Dec. Ley 8904/77).
    Para así resolver, expuso los antecedentes procesales de
la causa, y consideró lo siguiente:
    1)       De    acuerdo    a       las    posiciones          expuestas    por     las
partes, cabe determinar si los actos administrativos atacados
fueron dictados por el órgano competente, de conformidad con
lo normado por los arts. 6 y 8 de la ley 13063 y si el
procedimiento       administrativo            previo        al     dictado      de     la
resolución impugnada adoleció de algún vicio por el cual los
actos impugnados devienen nulos de nulidad absoluta.
       2) Corresponde analizar en primer término el planteo de
incompetencia          impetrado            por      la     actora,       es       decir,          si   la
Resolución N° 252/06 fue dictada por el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires en forma
legítima. Ello así, a fin de resolver esta cuestión, destacó
que el control judicial de los actos administrativos debe
sujetarse a una revisión de la legitimidad de lo actuado.
       3)   El    art.       8    de       la       Ley    13.063        aplicable            al    caso
establece que: "Las infracciones a lo normado en la presente
Ley,    siempre         que       las        mismas            no    configuren              conductas
tipificadas       en        la    legislación              penal,        serán         juzgadas         de
conformidad a lo normado por el Decreto Ley 8031/73 o en la
normativa        que    oportunamente                 la       reemplace        o       modifique".
Seguidamente dispone que "las infracciones a la presente ley
podrán ser sancionadas con hasta la inmediata caducidad de la
autorización       de       la        Sala      y    el        decomiso       de       los    efectos
utilizados en dicha infracción, o una multa de cien mil ($
100.000)    pesos       para          el     caso     que       no    ostente          antecedentes
contravencionales,               sin         perjuicio              de    las          infracciones
establecidas en el Dec.- Ley 8031/73."
       A su vez, puntualizó que el Código de Faltas, Dec Ley
8031/73,    establece            que       "las      disposiciones             generales            y   de
procedimiento          de    este          Código         se    aplicarán          a    las    faltas
previstas en otras leyes que atribuyan competencia al órgano
jurisdiccional establecido por esta ley". Y que, en su art.
2, dispone que "si la misma materia fuera prevista por este
Código y por una ley provincial, ordenanza o reglamento de
carácter     general,            se     aplicará           el       primero        salvo      expresa
disposición en contrario".
       Por su parte, el Decreto N° 2195/06 que reglamenta la
ley 13063 dispone que el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos será el Organismo de Aplicación de la ley 13.063,
estableciendo en el artículo 2º que será específicamente de
su competencia: "Verificar las infracciones y aplicar las
sanciones       previstas            en    esta       reglamentación                  y    en     la       Ley
13.063."
       4)     En     consonancia                con       lo        dispuesto         por        la        ley
precedentemente citada y el decreto reglamentario vigente en
la     materia,        consideró               que    la       parte          demandada           resulta
competente para dictar la Resolución Nº 252/06 mediante la
cual    se    aplica        a    la       accionada            la       sanción       de       multa       por
infracción a la ley 13063, como así también para dictar la
Resolución Nº 534/07 que rechaza el recurso de revocatoria
por ella interpuesto.
       5) Despejada la cuestión anterior, y en cuanto a la
nulidad del acto, remarcó que la actora sostiene que tanto la
Resolución Nº 252/06 como el acto que rechazó su recurso de
revocatoria, carecen de motivación suficiente y tampoco ha
contado con el dictamen legal de Asesoría de Gobierno exigido
por el art. 57 y conc. del decreto ley 7647.
       6)    Expuso      conceptos              acerca         de       los    caracteres              y    el
recaudo de motivación de los actos administrativos, así como
los requisitos que debe contener la impugnación por invalidez
de los mismos.
       Luego, transcribió los términos del art. 57 del Dec.-
Ley    7647/70     y    sostuvo            que       de    la       lectura       del          expediente
administrativo Nº 2319-13602 Alcance I/06 y contrariamente a
lo sostenido por la parte actora, surge que a fs 26 y a fs
65/66 obran los dictámenes requeridos para el dictado de los
actos aquí impugnados, conforme la normativa precedentemente
citada,       atento     que         fueron          emitidos            por    el        Departamento
Técnico Legal del Instituto Provincial de Lotería y Casinos
de    la     Provincia          de    Buenos          Aires         y    por    la        Asesoría          de
Gobierno,      por     lo       que       el    agravio         referido          a       la    falta       de
dictamen jurídico no puede prosperar.
       A mayor abundamiento, destacó que si bien no se registró
intervención de la Asesoría General de Gobierno en la primer
etapa      de    la       formación          de   la     voluntad     administrativa,                  la
misma, con motivo del trámite recursivo, tuvo oportunidad de
expedirse sin formular observaciones al trámite y legitimidad
de lo actuado, por lo que entendió que el vicio denunciado
por     el      accionante             por        ausencia       de      dictamen              resulta
inexistente.              Por       último,       en    este     aspecto,       citó,           en     lo
pertinente, fundamentos vertidos por esta alzada en la causa
Nº    13645          "Fuld,          Andrés       C/Municipalidad          de        San        Isidro
s/Pretensión Anulatoria", de fecha 21/04/2009.
       7)             A        continuación,             analizó      si        la        autoridad
administrativa                     había      expuesto,            mediante           el             acto
administrativo impugnado, sus fundamentos en forma razonada y
explícita, su motivo determinante y su sustento fáctico, de
manera tal que permita un entendimiento pleno a través de sus
propias razones ajustándose a los principios constitucionales
de    legalidad           y     razonabilidad           (arg.    arts.     19    y        28    Const.
Nacional).
       8)       Tuvo          en     cuenta       que     la     actora     alegó              que     el
procedimiento previo a la sanción, violó en forma flagrante
lo dispuesto por el art 122 punto I, inc. b) y punto II) del
Dec. ley 8031/73 en tanto no se fijó la naturaleza de la
falta ni se efectuó imputación típica alguna en el acta de
fecha      9    de    marzo          2006,    como       así    tampoco    se        le    comunicó
previamente           a       la    sanción       cual    era    la   norma          típica          cuya
violación se les incriminaba; que no se le imputó infracción
alguna sino hasta el dictado del acto impugnado, no se le
requirió declaración y no se le intimó a realizar descargo
alguno.
       9) Habida cuenta que el procedimiento llevado a cabo ha
sido con ajuste a la ley 13.063 y su Dec. Reglamentario Nº
2195, no obedeciendo entonces el trámite previo a su dictado
a    las    pautas         de       procedimiento         establecidas          en     Código          de
Faltas      (Dec-ley            8031/73)            relativas         a        un      juicio
contravencional,           la    alegada          violación      al       art.       122    del
mencionado Código no tendría en principio asidero alguno.
      10)     No    obstante,         destacó        que    el   derecho         al    debido
proceso adjetivo, consagrado en el art. 18 de la Constitución
Nacional,     es     una       garantía      que,     si    bien      tiene      su    ámbito
natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito
de los procedimientos administrativos sancionatorios. Citó
jurisprudencia y expuso conceptos acerca de los alcances del
debido      proceso        y     su        aplicación       en       el     procedimiento
administrativo.
      11)     Del    proceso          del     que     da    cuenta        el     expediente
administrativo Nº 2319-13602 Alcance I/06 y que culminara con
el dictado de la Resolución Nº 252, mediante la cual se
aplica a la accionante una sanción de multa, no se desprende
la existencia de notificación o traslado previo alguno al
actor que le permitiera producir su descargo y ejercer su
derecho de defensa en sede administrativa.
      Por lo tanto, entendió que le asiste razón al actor en
cuanto manifiesta que el procedimiento atacado implicó una
violación      a     su        derecho       de      defensa         atento         que,     con
anterioridad al dictado de la resolución ahora impugnada,
desconocía por completo que el accionado consideraría que se
habría cometido una infracción a la ley 13406.
      12) En cuanto a la invocada violación al art. 6 de la
ley   13406         -vicios      en    la     motivación         y    causa      del       acto-
recordó, primero, que la norma en cuestión establece que:
“Las salas de Bingo sólo podrán contar con un número de
máquinas      electrónicas            de     juego     de    azar         equivalente        al
cincuenta (50) por ciento de los puestos de bingo tradicional
habilitados por cada Sala.”
      Expuso que a los fines de determinar si la accionante
respetó la proporción que exige la norma en análisis, resulta
necesario establecer si el art. 6 de la ley 13406, al hablar
de    la    relación         que    debe    haber       con    los       puestos      de    bingo
tradicional, se refiere a las máquinas electrónicas o a los
puestos de máquinas electrónicas que deben existir en una
sala.
       Explicó que el art. 2, inc 10 del Decreto 2195 que
reglamenta       la       ley       13063    establece             que    el     IPLyC      debe:
“verificar que la cantidad de Máquinas Electrónicas de Juego
de Azar Automatizadas no supere la cantidad de una por cada
dos puestos de bingo tradicional”. Y que de la normativa
citada, se desprende claramente que a los efectos del cómputo
requerido, la ley 13063 y su Decreto reglamentario establecen
que     deben    tenerse            en     cuenta       la     cantidad          de   máquinas
electrónicas         y       no     la    cantidad       de        puestos       de   máquinas
electrónicas.
       Asimismo, destacó que del expediente administrativo Nº
2319-13602 Alc. I/06 surge que en el acta de inspección de
fecha 9 de marzo de 2006 se había consignado que la sala de
máquinas del bingo contaba con una cantidad de 291 máquinas
pertenecientes a un puesto, 2 máquinas pertenecientes a un
multipuesto, 38 puestos, con un total de 329 puestos de juego
(cfr. fs 1).


       En    dicho       contexto,         consideró         que    le    asiste      razón    al
accionante cuando manifiesta que es la cantidad de máquinas
electrónicas equivalente a 293 que la ley 13063 exige tomar a
los    efectos    de         determinar       la    relación         de    proporción         que
establece con respecto a los puestos de bingo tradicional y
no     la     cantidad             de     puestos       como        entiende          el     acto
administrativo N° 252/06 aquí impugnado.
       13) Por su parte, con relación a los puestos de bingo
tradicional      y       a   los        efectos    de   establecer          si    los      mismos
guardan la relación de proporción que la ley en cuestión
exige, recordó que el juego de bingo tradicional se encuentra
definido por el art. 19 del reglamento del juego de bingo,
ley 11.018, el cual establece que: “Denomínase “BINGO” al
juego de azar que consiste en la participación del público
adquirente de cartones impresos, con una cantidad determinada
de números, en un sorteo por el sistema de extracción de
bolillas numeradas”.
      Asimismo,            precisó           que     los      puestos         de     bingos
tradicionales se refieren a la cantidad de sillas ubicadas en
las mesas que se utilizan para desarrollar el juego de bingo
autorizado por la ley precedentemente citada.
      14) Explicó que, al respecto, la accionante aduce que el
acto administrativo atacado, en base al informe elaborado por
el    Departamento               de         Inspecciones       en     el        expediente
administrativo         Nª    2319-13602            Alcance    I/06,   no      computó     la
totalidad       de   los     puestos          de   bingo     tradicional        existentes
atento que, dicha resolución no tuvo en cuenta ni contabilizó
las sillas que se encontraban contra la pared ni las sillas
con las que contaban las salas anexas del bingo.
      15) Destacó del expediente administrativo mencionado el
informe obrante a fs. 24, en donde, a su criterio, el Jefe
del Departamento de Inspecciones infirió que los sectores
anexos a la sala principal del bingo: “no son operativamente
eficaces y no pueden tomarse como puestos de juego válidos
las sillas ubicadas en los mismos, en especial los que forman
parte de la confitería.”
      Explicó que, sin perjuicio de ello, del plano obrante en
el expediente acompañado, surge que la sala de bingo, al
momento de la Inspección, se encontraba conformada por un
salón principal y tres salones anexos, de los cuales, uno
también funcionaba como confitería prestando el servicio de
bar   de   la    sala       (ver       fs    10    del   expediente      Nº     2319-13602
Alcance I/06).
      Destacó        que    lo     precedentemente           indicado      se      encuentra
constatado       por       los        propios      inspectores      en     el      acta   de
verificación de fecha 9 de marzo de 2006 donde se consignó,
con relación al          Bingo Tradicional, que la sala principal
contaba con 346 sillas y 9 miniordenadores conformando un
total de 355 puestos de juego y que contaba con 12 sillas que
se encontraban contra la pared.
       Remarcó     además      que    quedó       asentado       en     el    acta       que
existían: “tres sectores que funcionan como anexos de la Sala
Principal de Bingo con sus correspondientes puestos de juego”
y que uno de ellos se trata de: “la confitería dividida se
puede decir por arcadas en dos sectores, uno cuenta con un
panel de control y un TV, y otro que forma una ele, solo con
un TV”; que: “otro de los anexos tiene 16 mesas, 96 sillas
(de    distintas       características,          algunas    de     ellas       plásticas
playeras), un panel de control y dos TV”; y que: “el anexo
restante cuenta con 8 mesas, 63 sillas, un panel de control y
dos TV”. Por último, que a fs. 24 el Jefe de Departamento de
Inspecciones informa que el sector confitería contaba con 67
sillas.
       16) Puntualizó que la inspección constató la existencia
de tres sectores anexos a la sala principal con puestos de
juego    de    bingo     a    disposición        del    público        pero     que      del
expediente       administrativo            no    surge      que       el      Jefe       del
Departamento de Inspecciones haya plasmado los motivos por
los cuales no consideró operativas dichas salas anexas a la
principal      como     así    tampoco      ninguna        de    las       sillas     allí
dispuestas para ser utilizadas en el desarrollo del juego del
bingo tradicional.
       17) Asimismo, como bien señala la parte actora a fs.
108,    destacó        que    el     propio      Jefe     del     Departamento            de
Inspecciones, en oportunidad de elaborar un nuevo informe en
el     marco     del    tratamiento         del     recurso        de        revocatoria
interpuesto por la accionante en sede administrativa, sostuvo
en    clara    contradicción         con    su    anterior        informe,       que      en
realidad son sólo 67 sillas las que no pueden ser tomadas
como    puestos    de    bingo,       siendo      estas    las     halladas         en    la
confitería (ver fs. 24 y 54 del expediente administrativo Nº
2319-13602 Alcance I/06).
       Señaló       que       la    Resolución        N°    252/06     aquí       impugnada,
teniendo       en       cuenta       el    primer      informe       elaborado        por       el
Departamento de Inspecciones precedentemente indicado, arribó
a la conclusión que la Sala de Bingo N° 4 de la localidad de
San Fernando incurrió en “un exceso de 151,5 puestos de juego
para máquinas electrónicas”, conforme la relación establecida
en el artículo 6 de la ley 13063, razón por la cual le impuso
a la accionante una sanción de multa.
       18) En ese contexto, el a quo advierte la falsa causa o
error sobre la causa (o motivo) en el dictado de dicho acto.
       Considera que la conclusión a la que arriba el acto
administrativo en cuestión para aplicar la sanción, es decir
su fundamentación, causa o motivo, carece de antecedentes de
hecho y de derecho que permitan arribar razonablemente a que
esos   puestos           de    bingo      tradicional        ubicados       en    las    salas
anexas    a    la       principal         no   deban    tomarse      en     cuenta      a      los
efectos del cómputo para determinar la relación de proporción
que establece el art. 6 de la ley 13063.
       Agrega que, de haberse computado la totalidad de los
puestos de bingo constatados por los Inspectores en las salas
de   bingo,        es     decir,       las     355    sillas   más        las    12   que      se
encontraban contra la pared en la sala principal, las 63
sillas del anexo I, las 96 sillas del anexo II y las 67
sillas    del       sector          confitería,        haciendo      un     total     de       593
sillas,       no    se    hubiese         advertido        ninguna    infracción           a    la
relación de proporción dispuesta por el art. 6 de la ley
13063.
       Ello        así,       habida      cuenta      –explica-       que       conforme        la
normativa           precedentemente             citada,        para         poder       contar
válidamente         con       293    máquinas        electrónicas         habilitadas,          la
sala debía contar con la cantidad mínima de 586 sillas.
       Por    lo        que,    concluye       que     el    acto          administrativo
cuestionado y de las constancias de la causa, se advierte la
irrazonabilidad de los motivos invocados y su desapego con el
orden jurídico.
       19)         Explicó       que    existe       vicio       en    dicho      elemento
esencial,         en      los        siguientes       casos:          a)     cuando         las
circunstancias de hecho o de derecho alegadas como motivo del
acto    no    existen           en    realidad,       o     no    son       las    que      la
administración pretende que sean; b) cuando entre el acto
dictado y los motivos invocados no existe correlación lógica;
c) cuando entre los precedentes citados y los motivos que han
determinado el acto falta la necesaria correlación.
       Transcribió en lo pertinente el art. 108 del Dec - Ley
7647/70, y sostuvo a mayor abundamiento que la motivación,
como exteriorización o manifestación de los extremos en que
se sustenta el acto administrativo importa un supuesto sobre
el cual se asienta la legalidad y se expresa la razonabilidad
de la medida, por lo que la motivación resulta la concreción
reglada      de    la    razonabilidad;        y     que    la   deficiencia           en   la
motivación torna irrazonable el acto administrativo y, por
tanto, tal vicio conlleva su nulidad (cfr. SCBA causas B.
55.490, “Arrambide”, sent. 21-VI-2000; B. 55.953, “Lozano”,
sent. 7-II-2001; B. 58.345, “Iara”, sent. 9-V-2001, entre
muchas más).
       20)    Teniendo          en    cuenta    los       argumentos         mencionados,
entendió que le asiste razón al accionante cuando manifiesta
que la conclusión a la que arribó la Resolución Nº 252/06,
amén    de    conformar          un     irreconciliable          desajuste         con       la
realidad      fáctica      del       lugar,    no    está    sustentada           en   norma
alguna que permita llegar a dicha solución atento que, ni la
ley 13063, ni la ley 11.018 aplicables al presente caso,
exigen que los puestos de bingo tradicional deban estar, a
los    efectos      de     su    cómputo,      efectivamente            ocupados       o    en
funcionamiento, sino que sólo basta que estén a disposición
del público.
      21) En cuanto al argumento esgrimido por la accionada,
con relación a que los anexos invocados por la actora no
guardaron las condiciones de idoneidad requerida por el art.
6 de la ley 11.018 para el desarrollo confortable del juego
tradicional, puntualizó que dicha norma prescribe que: "El
Organismo de Aplicación deberá cuidar que los locales que se
habiliten sean aptos para el juego...debiendo guardar los
mismos el debido confort y salubridad, así como cumplimentar
las normas de seguridad vigentes para locales con asistencia
masiva de público. Las personas que asistan a los mismos,
deberán tener garantizada una perfecta visión y control de la
máquina que realiza la jugada, desde cualquier ubicación, sea
por visión directa o por medio de sistemas de televisión".
      22)    Destacó        que    del    expediente     administrativo,      se
desprende que en el acta de verificación de fecha 9 de marzo
de 2006, los inspectores constataron que, sólo en el anexo
confitería, una buena parte del público no contaba con ningún
elemento de información (ver fs. 8).
      Pero que, no obstante, a juicio del a quo, ello no es
óbice para que no se contabilicen las sillas allí ubicadas ni
las   existentes       en    los    anexos       restantes   sino   que   dicha
carencia o defecto de la sala de juego sería, en su caso,
pasible de sanción conforme los dispuesto por el art. 6 inc.
h y 7 del Decreto Reglamentario Nº 5309.
      Por lo que, atento que el acto de aplicación de la
sanción contabilizó los puestos de máquinas de juego y no las
máquinas de juego, como exige la normativa imperante en la
materia y habida cuenta que no se contabilizaron ninguna de
las   sillas    existentes          en    las    tres   salas   anexas    a   la
principal,     juzgó    que       los    actos   administrativos    impugnados
resultan nulos toda vez que se han basado en antecedentes de
hecho y de derecho erróneos.
       23)     Respecto        de     las    costas,      consideró         que    no
configurándose en autos los supuestos contemplados en el inc
2. del art 51 del CCA, corresponde imponerlas en el orden
causado.
       II. El 19/10/09 la demandada apeló la sentencia de grado
agraviándose de la misma en cuanto hizo lugar a la demanda
declarando la nulidad de las resoluciones del IPLyC que le
impusieran una multa de $100.000 y se condenó reintegrar esas
sumas, con intereses.


       II.1.     En    primer       lugar,   respecto     a    la    validez      del
procedimiento administrativo consideró equivocado el criterio
del a quo en cuanto sostuvo que no se le había dado al actor
el derecho para producir su tempestivo descargo.
       Al respecto explicó que no es acertado pretender que el
IPLyC implemente un sumario disciplinario para aplicar una
sanción policial frente al incumplimiento de una obligación.
Agregó que la multa impuesta responde más al ejercicio de una
potestad de policía administrativa aplicada de oficio y sin
intervención previa del particular que a un ejercicio de la
potestad disciplinaria. Citó lo resuelto por la SCBA in re
B49829       “Pajon”    del    16/06/87.      Y   recordó     lo    dicho    en    la
contestación de demanda: que si frente a la comisión de una
infracción a la legislación del juego la ley autoriza al
IPLyC a resolver la caducidad inmediata de la explotación
(cfr. art. 8) que es la sanción más grave (cfr. art. 6 Dec
Reg.   2195/06)        sin    contemplar     la   necesidad     de    implementar
ningún procedimiento administrativo al efecto, con cuanta más
razón debe entenderse autorizada la posibilidad de aplicar de
ese modo una sanción como es la multa aplicada en la especie.
       No     obstante,       consideró      incorrecto       sostener      que    no
existiera conocimiento previo por parte de la actora de la
infracción que desencadenara la sanción aplicada. Expuso que
el acta de verificación de la infracción cometida, de donde
surgió que la empresa actora estaba infligiendo la relación
de     proporcionalidad          que    debe      existir    entre           el     bingo
tradicional y el bingo electrónico, fue firmada expresamente
por el representante de la empresa. Reiteró lo destacado en
el responde, en cuanto a que los datos que surgían del acta
de inspección oficial: “fueron constatados en presencia y
bajo la conformidad del Jefe de Sala de la propia empresa
actora (ver actas de inspección a fs. 1 y 8 del exp. Adm.
2310-13602/06)”.
       Sostuvo    que       la    firma    del     agente    en        el     acta    de
verificación implicó la toma de conocimiento de la infracción
constatada; lo        cual brinda la           posibilidad de           realizar un
descargo,      como     sucede     en     otros    ámbitos        de    la        policía
administrativa (cfr. art. 88 DL 6409)
       Asimismo, aseveró que es inexacto que se le haya privado
a la actora la posibilidad de ejercer el derecho de defensa,
pues    luce   del     expediente       administrativo       que        ejerció       tal
posibilidad efectivamente; ello, en tanto que, inmediatamente
de notificado del acto administrativo de marras, la actora
planteó     revocatoria,         brindando       las   razones         por    las    que
consideró que correspondía su absolución. Recalcó que tal
recurso     fue   considerado           expresamente        por    el        organismo
dictaminante y fue resuelto en forma expresa a través del
dictado de la Res. 534/07.
       Advirtió       que    la     actora       planteó     la        nulidad        del
procedimiento alegando violación al derecho de defensa pero
no explicó cuales serían los argumentos o defensas que se vio
privada en la instancia administrativa o incluso en esta
misma instancia judicial. Concluyó que se trata de un planteo
de nulidad por la nulidad misma.
       Por último, recordó la doctrina establecida en torno a
que el eventual defecto en el procedimiento administrativo no
puede ser causal automática de                   invalidación (cfr. SCBA B
48898).
      II.2.    En   segundo     lugar,    consideró    improcedente     la
conclusión del a quo en torno al error en el cómputo de
maquinas de juego de bingo tradicional y electrónico                   por
parte de la inspección llevada a cabo en la especie, y la no
violación de las proporciones establecidas en una relación de
dos por uno.
      Recordó lo dicho en el responde: “conforme surge de las
actas de verificación levantadas por inspectores del IPLyC,
con fecha 9/03/06, al realizarse la inspección de la Sala de
Bingo de la empresa actora y llevarse a cabo el cómputo de
las plazas de juego dedicadas de un lado al bingo tradicional
y de otro a las máquinas electrónicas, resultó que el total
de puestos de juego en el primer caso fue de 355 y en el
segunda caso de 329, superándose con creces la relación de
2x1 que debía existir entre esos juegos (que habría impuesto
la presencia de sólo 177,5 máquinas electrónicas)…”.
      Sostuvo que fuera de cualquier declaración jurada que
unilateralmente pudiera haber presentado la actora sobre la
base de sus propios dichos en oportunidades anteriores al
momento de la inspección oficial, lo cierto es que, según se
constatara por instrumentos públicos, al tiempo de realizarse
la   verificación    por   la   autoridad     de   contralor   la   actora
estaba violando la relación proporcional que debía existir
entre   las    referidas      plazas     de   juego,   excediéndose    la
explotación de las máquinas electrónicas en perjuicio del
bingo tradicional (151,5 máquinas electrónicas en exceso).
      Recordó lo dicho en la contestación de demanda: “esta
certificación oficial obra asentada en actas de inspección
oficial labradas por funcionarios públicos en ejercicio de
sus competencias, que en sí mismas revisten la condición de
instrumentos públicos (art. 979 inc. 2 y 993 y cc) cuya
autenticidad no ha sido negada por la contraria, y cuyos
datos fueron constatados en presencia y bajo la conformidad
del Jefe de Sala de la propia empresa actora”.
    Recalcó que el acta pública hace plena prueba de los
dichos asumidos por los funcionarios competentes (art. 134 DL
8031) certificando en tiempo y forma la infracción cometida
por la actora.
    Sostuvo        que    el    a     quo     desconoció         la     certificación
contenida en el acta pública y se ha permitido descalificar
lo afirmado por los funcionarios de la inspección oficial,
aceptando al efecto la postura de la empresa actora de que
existió un error en el cómputo de juegos. Y que se debieron
computar las máquinas electrónicas (debieron ser 293 y se
computaron     329)      y     se    computaron            de   menos    los     bingos
tradicionales (debieron ser 593 y se computaron 355).
    Recalcó que el a quo, a fin de justificar su postura
sostuvo que: a)          se computaron           de mas juegos electrónicos
porque se contaron los puestos y no máquinas; b) que se
computaron de menos los juegos de bingo tradicional porque no
se sumaron las sillas que estaban en los sectores anexos a la
sala principal; c) que el defecto de ciertas sillas para
incluirse a los fines del juego no autoriza a descontarlas
del cómputo, sino a aplicar una sanción por la defectuosa
prestación.
    Consideró       que      ninguna        de       las   razones      dadas    en   la
sentencia resulta ajustada a derecho, ni tiene entidad para
desvirtuar la infracción.
    a) Destacó que ninguna norma establece que el cómputo de
plazas electrónicas deba ser por máquina y no por puestos
como se pretende en la sentencia; y que, por el contrario,
cuando   la   legislación           refiere      a    la    relación     proporcional
explica que la intención ha sido: “mantener en condiciones de
igualdad      la    proporción          de       los       puestos      de      máquinas
electrónicas, tanto respecto del bingo tradicional como del
bingo electrónico".                 Aseveró que el cómputo de plazas a
los fines de establecer la relación proporcional entre las
opciones de referencia debe ser parejo, considerando en uno y
otro caso, los puestos de juego. Y que, de lo contrario, bajo
la    apariencia     singular            de        máquinas       multipuesto,            podrían
desnaturalizarse la relación de                        subordinación             proporcional
que deben tener las plazas de juego electrónico respecto de
las de bingo tradicional.
       Entendió     que       bajo       una       interpretación              opuesta     a     la
demandada,    el     a    quo      decidió          que     no    debían        contarse        los
puestos sino las máquinas electrónicas; pero que tal opinión
del     juzgador         no       transforma           en        ilegítimo           el    obrar
administrativo, ni puede prevalecer por sobre el criterio de
la autoridad competente, pues: “el tribunal debe admitir en
principio     la     interpretación                 que     los        órganos       ejecutivos
asignan a los decretos reglamentarios” (cfr. SCBA AyS 1985-
II-408 1989-I-669; 1989-II-570).
       Concluyó que, de allí, no corresponde computar solamente
293 máquinas de bingos electrónicos, sino la suma total de
329 puestos.
       b)   Por     su    parte,          remarcó         que      el     a    quo     reprochó
indebidamente que al computar sólo 355 puestos de juego del
bingo tradicional, el conteo se redujera a las sillas del
salón principal, dejándose de lado las sillas existentes en
las tres salas anexas cuyo cómputo elevaría los puestos de
juego de bingo tradicional al total de 606 plazas.
       En   contra       de       ello,       afirmó        que:        “la    autoridad         de
aplicación     no    omitió          los       tres       salones        anexos      al     salón
principal… por el contrario los inspeccionó pero resolvió no
computarlos en la ecuación por resultar que no reunían las
condiciones       legalmente         exigidas          para       el    desarrollo         de   un
juego apropiado”.             Y    que        no     cualquier          silla     puede         ser
considerada como puesto de juego válido. Entiende que para
que los puestos de bingo tradicional sean aptos al efecto, la
ley   exige   que    respecto         de       los    mismos,           debe    guardarse       el
debido confort y salubridad, así como cumplimentar las normas
de    seguridad     –debiendo         garantizar-            una       perfecta       visión     y
control de máquina que realiza la jugada, desde cualquier
ubicación, sea por visión directa o por televisión (cfr. art.
6 ley 11018).
    Recalcó que los salones anexos invocados por la actora
no guardaron las condiciones de idoneidad requeridas por la
legislación y la autoridad de aplicación para el desarrollo
apropiado y confortable del juego de bingo tradicional; ello
pues en algún caso esas dependencias tenían sillas arrumbadas
o rotas impropias para el juego en cuestión, igual que las
sillas de plástico tipo playeras que había en otro sector, o
referían a las sillas de confitería destinadas a otros fines
o finalmente se invocaban las sillas sin visión, que por su
ubicación no permitían contar con la información.
    Agregó que los anexos no fueron computados por tener
sillas rotas, de plástico, playeras de confitería y/o sin
visión.
    c) Afirmó que el a quo no desconoce que las sillas
existentes    en     los   anexos   se   encontraban    en   condiciones
inútiles para el juego. Sin embargo, destacó lo dicho por el
magistrado: “cabe destacar que ello no es óbice para que no
se contabilicen las sillas allí ubicadas ni las existentes en
los anexos restantes sino que dicha carencia o defecto de la
sala de juego, sería en su caso, pasible de una sanción
conforme los dispuesto por el art. 6 inc. h y 7 del decreto
Reglamentario Nº 5309” (cons. III in fine).


    Contra esta afirmación aseveró que el defecto que tornó
inutilizables las sillas de referencia, las descartó no sólo
para la utilización para el juego de bingo tradicional y –a
fortiori- a los fines de computarlas como idóneas a tales
efectos. Reiteró que no toda silla es un puesto de bingo; y
que las condiciones en que se hallaban las sillas impidió la
posibilidad     de    computarlas    a   efectos   de   establecer    la
efectiva proporción entre puestos de bingo y tragamonedas.
      Recalcó que tanto vale no tener silla que tenerla y no
poder usarla; y que a partir de allí ningún reproche cabe
formular contra la autoridad por el hecho de haber descontado
de la ecuación de referencia las sillas que no eran aptas
para el juego revelado.
      Consideró inoponible el argumento del a quo por el que
pretende    que          las    sillas       inaptas         debieron        computarse         sin
perjuicio        de       las      sanciones            a        que     diera       lugar       el
incumplimiento a su respecto. Sostiene que la reflexión es al
revés: “que al             margen de cualquier otra infracción:… los
anexos de la sala de bingo no resultaron operativos para el
juego de bingo tradicional”; por ende, no pudieron computarse
a los fines de establecer real proporción entre el juego
tradicional          y    el     electrónico,           porque          lo   inutilizado        no
cuenta.
      Concluye que resulta errada la decisión del a quo de
contar     la     cantidad         de        sillas         en     593       para     el   bingo
tradicional. Conforme lo decidiera la administración, sólo
355   sillas          pudieron         computase            como        puestos      de    bingo
tradicional; por lo que la actora violó la relación de dos
por uno que debió existir entre el juego tradicional y el
electrónico, siendo pasible de la multa aplicada.
      III. El 15/03/10 la actora contestó el traslado de la
apelación de la demandada (fs. 358/371 vta.).
      III.1. Respecto al agravio vinculado a la validez formal
del procedimiento administrativo destacó que su parte jamás
pudo saber ni precaverse que de lo transcripto en un acta de
inspección       del      9/03/06       se    derivaría            la    sanción      de   multa
aplicada en la especie; por lo que se lesionó el derecho de
defensa cuyo ejercicio está garantizado en forma previa a
cualquier       sanción        (cfr.     art.      18       CN).       Recalcó      que,   de   lo
expresado       en       dicha    acta,       no   se        desprende        ni     se    imputa
directamente la comisión de una infracción que diera lugar a
la multa. Asimismo transcribió los fundamentos explicitados
por el a quo en torno al debido proceso en el ámbito de las
potestades sancionatorios de la administración.
       III.2.       Por       su     parte    criticó          lo   aseverado           por    la
contraria como criterio errado del a quo, en cuanto éste
consideró     que        no    se    le    dio     al    actor      la      posibilidad        de
presentar descargo.
       Asimismo cuestionó que la contraria haya sostenido que
la    falta   aplicada          no    lo     era   en    el     marco       de    un    sumario
administrativo,           sosteniendo            que     no    se      puede      obviar       en
procedimientos de sanción el derecho de defensa, con carácter
previo al particular.
       Sostiene      que       es    falso    lo       dicho    por      la   contraria        al
sostener      que    hubo          conocimiento         previo        por     parte      de    la
empresa, antes de la sanción. Ello, puesto que del acta del
9/03/06 no se desprende ni se imputa directamente la comisión
de una infracción que diera lugar a la multa.
       Agregó       que       del     acta    referida          solo       surgen       ciertas
falencias en cuanto a los paneles de tv y de control, que
además no estaban referidas a todos los sectores anexos, sino
solo a parte de uno de ellos (en el que se encontraba ubicada
la confitería junto a mesas de juego de bingo).
       Sostuvo que sin perjuicio de las indicaciones en torno a
los    salones      de    bingo       anexos       efectuadas         en      dicha     acta    –
carencia parcial de tv- allí jamás se indicó la comisión de
irregularidad o infracción a norma alguna, o que bien, que no
se    consideraban            como    válidas      las     sillas        de      los    anexos,
justamente, y por el contrario se referenciaron y detallaron
expresamente tanto las sillas ubicadas en el salón principal
(355 puestos) como así las ubicadas en los salones anexos.
Por lo que entiende que no había posibilidad de su parte de
efectuar      un     descargo          o     sentir       que       contaban           con    esa
posibilidad; y que, en tal sentido, hubo afectación a su
derecho de defensa, que no quedó subsanado por la posibilidad
posterior de interponer recursos administrativos, conforme a
los precedentes de la SCBA que cita.
      III.3. Respecto al agravio vinculado a la certificación
de la infracción constatada en actas, en primer lugar, reseñó
parte de lo dicho y las conclusiones vertidas por el a quo en
el considerando III.c del decisorio.
      Luego refirió al agravio de la contraria, por el que
consideró improcedente la conclusión a la que llegó el a quo,
por medio de la cual pretende que ha existido un error en el
cómputo     de   las     máquinas     de    juego      de     bingo     tradicional     y
electrónico por parte de la inspección; y que, por lo tanto,
no se violan las proporciones establecidas legalmente en una
relación de dos por uno.
      Agrega       que      la   demandada        basa      el        agravio   en    dos
cuestiones:
      (i)     la      primera        que    el     computo            deriva    de    una
certificación          oficial,       que        reviste         la     condición       de
instrumento        público       y    que       ello     no       puede     surgir      de
declaraciones unilaterales, y
      (ii) que el computo e interpretación efectuadas en autos
respecto de lo establecido en el art. 6 de la ley 13063 no es
ajustado a derecho, porque debieron computarse la cantidad de
“puestos de maquinas” en lugar de las “máquinas de juegos de
azar” y porque se contabilizaron puestos de juego de bingo
inválidos, dispuestos en la sala de bingo principal como en
las salas anexas.
      Sobre      lo    referido      en    el    punto      (i)       explicó   que   sin
perjuicio que el acta indicada no es un instrumento público
surge de la misma que ha sido la propia administración la que
tiene por acreditado lo sostenido en la demanda; que existen
3 anexos al salón principal, que son aptos para el juego y
que   cuentan         con   la    cantidad        de   sillas          de   bingo     allí
constatadas para cada caso. Agregó que, merituando la prueba
producida en autos, en especial los informes obrantes en el
expediente administrativo agregado a la causa, se llega a la
conclusión         que      su    parte         cumplía          acabadamente             con     la
proporción exigida por la ley 13063, art. 6.
      Afirmó       que     como     ha      quedado        acreditado           en    autos,     lo
cierto es que la sanción aplicada, si bien parte de dicha
acta, se basa en esencia en los informes de fs. 24/26 y 54,
por las que se concluye                      -con posterioridad al acta del
9/03/06    –    en    forma       inferida        y    extensivamente                –y   por    vez
primera- que los puestos de bingo ubicados en los anexos
serían    todos       inválidos        y    que       no   pueden         ser    tomados        como
tales. Recalcó que tales dictámenes nunca fueron comunicados
ni se supo de ellos, sino hasta el dictado de los actos
impugnados en autos; aclaró además que los mismos tampoco
fueron debidamente integrados en el contenido de los actos
impugnados.           Destacó          que        el       a        quo     no        desconoció
certificación             alguna,        sino      que         constató          con       pruebas
objetivas, incorporadas al expediente administrativo agregado
a la causa, que había errores de cálculo de la relación entre
puestos de bingo y cantidad de máquinas electrónicas de juego
de azar.
      En torno a lo indicado en (ii) sostuvo que la apelante
confunde       los    términos         de    “puesto           de    bingo       tradicional”,
“máquinas de bingo electrónico” y “máquinas electrónicas de
juegos de azar”, y explicó –y diferenció- los alcances de
cada uno de dichos conceptos.
      En cuanto a estas últimas (“tragamonedas”) destacó que
son las que deben cumplir la proporción del art. 6 de la ley
13063. Recalcó que de dicha normativa, se desprende que a los
efectos del cómputo allí previsto, únicamente se deben tener
en cuenta las máquinas electrónicas de juegos de azar y no la
cantidad de “puestos de máquinas electrónicas”, como pretende
la apelante.          Considera que los actos objeto de la demanda,
parten de considerar erróneamente a los efectos del cómputo
del   art.     6     de    la    ley     13063,        a   los      puestos       de      máquinas
electrónicas, en lugar de cada máquina electrónica. Destaca
que ello no fue inocuo, en la medida que al momento de la
inspección de marras había algunas máquinas electrónicas de
juegos       de   azar     que       están       conformadas             por    multipuestos
(consistentes        en        distintas         terminales             que    funcionan        en
relación a una única máquina). Esto es, que tenían más de un
puesto por cada máquina.
       Aseveró     que     el    decreto          2195      en     su    art.    2    inc.      10
ratifica la tesitura precedentemente expuesta, y transcribió
las conclusiones del a quo sobre este aspecto, que considera
ajustadas a derecho.
       Respecto     de    los     puestos         de       bingo      tradicional,        a    los
efectos de establecer si los mismos guardaban la proporción
ordenada en el art. 6 de la ley 13063, trajo a colación la
crítica del apelante (“que la inspección no omitió computar
los tres salones anexos al salón principal sino que resolvió
no computarlos en la ecuación por resultar que no reunían las
condiciones        legalmente        exigidas          para       el    desarrollo        de    un
juego apropiado”). Sostiene que lo afirmado por el apelante
es falso, ya que todos los sectores anexos, al igual que el
principal,        contaban       con       los   elementos            necesarios      para      el
desarrollo del juego; lo cual ha quedado demostrado incluso
por    los    propios      dichos          de    los   inspectores             del   acta      del
9/03/06 y del plano adjunto utilizado y anotado al momento de
la    inspección        –fs.    10     del       expte.         adm.-    como    refiere        la
sentencia apelada, en su última parte.
       Afirmó     que     la    única       mención         a    la    carencia      de   estos
elementos de TV y panel, es la relacionada con el sector
donde estaba además la confitería y esta referencia es solo
parcial, dado que no se impedía la realización de partidas al
haber    sillas     en    mesas        y    estar      a    disposición         del   público
apostador; siendo que las mismas resultaban aptas para jugar,
como lo sostuvo el a quo, y                       contrariamente a lo postulado
por la demandada.               Recalcó que de la eventual carencia de
algún elemento de información puede resultar la imposición de
alguna de las sanciones dispuestas por la ley 11018 y su
decreto reglamentario, pero no un incumplimiento al art. 6 de
la ley 13063.
    III.4.        Por     su     parte   calificó          como    ilegítimo      e
irrazonable el cómputo de los puestos de bingo dispuestos en
los sectores anexos de la sala por parte de la demandada.


    En     tal    sentido,     considera      que    del    expte.   adm.    2319-
13602/06     alcance      0/06    y   alcance       01/06     la   demandada     ha
considerado válidos y regulares los puestos de juego de bingo
tradicional dispuestos en los anexos de la sala, para luego,
en las resoluciones que motivaron la demanda, tenerlos como
ineficaces o inválidos. Explica que tal conducta es contraria
a los propios actos de la demandada, siendo que durante años
la sala utilizó los distintos anexos a la sala principal del
bingo, sin observación alguna              por parte de la            demandada.
Aseveró que, por el contrario, las inspecciones periódicas
contabilizaron siempre las sillas ubicadas en los anexos; que
nunca   se   recibió      sanción     alguna    por     incumplimiento       a   la
proporción exigida por el art. 6 de la ley 13063; que antes
también era exigida por el DNU 1372/02.
    III.5. Por su parte explicó que a fs. 2 del expte.
administrativo supra citado, se encuentra agregada el acta de
inspección       del    28/02/06,     hecha     pocos       días   antes    de   la
inspección       objeto   de     la   sanción    de     autos,     realizada     el
9/03/06.
    Afirmó que en esta inspección se debió tomar como base
de cálculo exigido por la ley 13063 (art. 6) el último plano
presentado por su parte, es decir, el del 23/02/06. Destacó
que, no obstante, pareciera ser que se tomó como base un
plano anterior, también presentado por su parte el 29/12/05,
aunque, no obstante, las conclusiones no varían aún en ese
caso.
      Expuso que del cotejo del referido plano del 23/02/06 se
puede advertir que se verifican en él tanto los puestos de
bingo ubicados en el salón principal, como aquellos ubicados
en los salones anexos I, II y II (sector vip). Agregó que de
la verificación referida surge que los sectores de sala de
bingo antes referidos, fueron íntegramente contabilizados y
considerados como válidos a efectos del cumplimiento del art.
6    de la ley 13063.
      Transcribió lo dicho por la inspección del 28/02/06 (fs.
2 vta) haciendo notar que las 515 sillas a las que refieren
los agentes (sin contar las sillas del sector confitería ni
las ubicadas en las mesas de miniordenadores) se informa que
están    distribuidas     en    69   mesas;     y   que   por     lo   tanto   sea
tomando    el    plano    del   29/12/5      como    el    del    23/02/06     los
inspectores      contabilizaron       como    válidos      tanto       el   sector
principal del salón de bingo (con 45 mesas), el sector “vip”
(16     mesas)   y   el   sector     contiguo       al    salón    principal     y
confitería (8 mesas), conformando un total de 69 mesas de
bingo. Concluye que se consideraron válidos y eficaces el
28/02/06 los mismos sectores y sillas que fueran objeto del
acta del 9/03/06.
      III.6. Por su parte, hizo hincapié en el informe de fs.
4 del citado expediente administrativo en donde el Jefe del
Departamento de Inspecciones del IPLyC, el 7/03/06 concluyó
que no se habían constatado irregularidades en la sala.
      También destacó que la titular del Departamento Bingo
del IPLyC, a fs. 31 de dichas actuaciones, el 7/04/06, otorgó
en    primer     lugar    validez     a   los       515   puestos      de    bingo
tradicional informados a fs. 2 por los inspectores actuantes,
entre los que estaban incluidos los ubicados en el llamado
sector “vip” (con 16 mesas), salón principal (45 mesas) y
sector contiguo al principal (con 8 mesas); y que tampoco
descalificó la validez del sector confitería. Insistió en
que, por estos antecedentes, la conducta de la demandada es
contradictoria y violatoria de sus propios actos.
    III.7. Sobre el acta del 9/03/06 destacó que no surge de
la misma en modo alguno la invalidación o no contabilización
de los puestos de juego de bingo dispuestos en las salas
anexas; y que no obstante, la demandada por medio de los
actos   impugnados     no       consideró         aptas      a   todas      las     sillas
ubicadas en los distintos salones anexos, que cumplían con la
información requerida.
    Destacó las oportunidades en que la demandada, en el
marco del expediente administrativo en que tramitó la sanción
consideró aptos los sectores que luego fueron considerados no
operativos.
    III.8. En cuanto a la inspección del 28/03/06 que se
acompañó como documental, expuso que se contabilizaron todos
los sectores de juego de bingo indicando que el total de
puestos respectivos asciende a 602.
    Recalcó que se contabilizaron en dicha inspección los
puestos de salón principal, anexos, y confitería; ello en
tanto la referida inspección fue realizada sobre el plano
presentado por su parte el 1/03/06. Concluyó que la situación
fáctica jurídica que confirma sus dichos y la sentencia de
autos no obedece a meras presentaciones unilaterales de su
parte, sino más bien a conductas reiteradas y expresas de la
misma     administración.        Y    que,        la    convalidación          de      tales
sectores    (principal      y    anexos)       de       juego    de    bingo      ha    sido
reiteradamente     sostenida          por    la     demandada         sin   observación
alguna a las presentaciones de planos de puestos de bingos y
máquinas    realizados      en       diversos       momentos;         entre     otros      en
relación a las presentaciones de fechas 26/12/05, 29/12/05
(agregada a fs. 301/303 por oficio de fs. 305 en autos,
presentación      de   planos        de     fecha       23/02/06      agregada         a   la
demanda    como   prueba        documental          y    a   fs.      299/301       por    la
demandada). Agregó finalmente que esta convalidación surge
expresamente de la contestación de oficio que obra a fs. 305.
      III.9.      Asimismo,    expuso     acerca     de       la   existencia      de
elementos de información al público apostador y, explicó que
la condición de silla para el juego de bingo no se altera
frente   a   la    eventual    y    parcial    falta      de       información     al
público apostador en algún anexo.
      En ese sentido, destacó que tal como lo entiende la
Dirección Jurídico Legal del instituto demandado, la eventual
carencia de elementos de información al público en las salas
de bingo tradicional podría acarrear la infracción al art. 6
del Dec. 5309/90 que califica como infracción grave “la falta
de visibilidad por parte de los participantes de los paneles
y de las bolillas en pantallas o monitores”; mas nunca podría
modificar la condición de silla o puesto de bingo tradicional
en   aquellos      sectores,       como   el   de        confitería,        que    se
encuentran ubicados en forma contigua y comunicada a la sala
principal del bingo.
      Expuso que también es insostenible considerar no válidos
o no operativas las sillas ubicadas en los otros anexos, y el
resto de la confitería, dado que expresamente contaban con
carteles y monitores de información al público suficientes y
sin observación alguna por el acta del 9/03/06. Sostiene que
no es cierto lo alegado por la apelante al afirmar que:
“tanto   vale     no   tener   una     silla   que       tenerla      y    no   poder
usarla”, ya que todas las existentes en los sectores anexos
se   encontraban       dispuestas    en    mesas     y    a    disposición        del
público apostador, y eran efectivamente usadas para el juego
de bingo de acuerdo a la afluencia del público en sala.
      Explicó que ha quedado acreditado en autos que en todos
los sectores anexos al salón principal del bingo, al momento
de la inspección del 9/03/06 se encontraban dispuestos los
carteles     y    monitores     para      la   información           del    público
apostador.
     Reseñó       el    contenido        del       acta     del    9/03/06      sección
“observaciones” y del plano de fs. 10 del exp. adm. agregado
a la causa, destacando que, de la misma, surge que todos los
sectores anexos contaban con medios de información, con la
salvedad del sector denominado “confitería”, que carecía de
elementos información en forma parcial.
     Destacó que a fs. 54, según la administración actuante,
todos los anexos resultaban ineficaces, contradictoriamente a
lo considerado en otras actuaciones; y que quedó acreditado
en autos que se efectuó una contabilización de puestos de
bingos en forma             caprichosa,      arbitraria y contraria a los
propios    actos       de    la    demandada;       y     además   sobre      una    base
fáctica inexistente al haberse contado sólo 355 puestos de
bingo tradicional, desconociendo el hecho acreditado de que
todos     los    sectores         contaban     con      información      al     público
apostador.
     En cuanto al anexo confitería añadió que tampoco tiene
sustento        jurídico      alguno     en    la       medida     que     no    fueron
contabilizadas las sillas ubicadas en el sector de la sala
anexa/confitería, donde se carecía parcialmente de elementos
de   información        al     público.       Al     respecto      transcribió        los
pasajes del expediente administrativo en donde se entraría en
contradicción con tal afirmación; y recalcó que la eventual
falta parcial y temporaria de elementos de información en el
sector “sala de juego/confitería” no modifica la condición de
silla para el desarrollo del juego del bingo; en cuanto todas
ellas     estaban      puestas       a   disposición         en    distintas        mesas
dispuestas para su uso por el público en un salón contiguo
principal, configurando, en todo caso una infracción distinta
(art. 6 Dec. 5309/90).
     Adujo que no se encuentra establecido que, en caso de
carencia de carteles de información de juegos de bingo, los
puestos efectivamente dispuestos para ser usados dejen de ser
tales por ello. Por el contrario, aduce que la demandada de
modo     inferido,            concluyó      que     todos    los        sectores        no     son
operativamente eficaces y no pueden ser tomados como puestos
de juego las sillas ubicadas en los mismos.                               Destacó que si
bien está tipificada como infracción la falta de visibilidad
por    parte    de    los          participantes       de    los    paneles         y     de   las
bolillas en pantallas de monitores (art. 6 ley 11018 y art. 6
del    Dec     5309),         la     obligatoriedad         de     anotar      en       pizarras
expuestas al publico el número de bolillas sorteadas, y de
mostrarlas en la pantalla de circuito cerrado de televisión
(art 24 inc. g y 4º del Reglamento de juego de bingo), la
cantidad, características y tipo de carteles a colocar en los
salones dedicados al juego no se encuentra regulado de manera
alguna.
       Recalcó que los sectores anexos si bien eran utilizados
regularmente, ello dependía de la afluencia de público, con
lo que la deficiencia parcial y temporaria encontrada en el
sector donde funcionaba además la confitería por el acta del
9/03/06      fue     constatada          en    momentos      en     el    cual       no      había
público apostador en ese sector (cfr. declaración del testigo
Pérez) por lo que, aún con más razón, no puede significar que
esos puestos de bingo no sean tales, y menos aún en forma
inferida. Sobre el sector bar, como el resto de los anexos,
explicó que eran regularmente utilizados para el juego de
bingo,       contaban          con     elementos       de    información            y     fueron
reiteradamente            verificados         como     válidos      y    sin       observación
alguna por la demandada.


       III.10.       En       cuanto    a     las   sillas       arrumbadas         contra      la
pared (informes de fs. 24 y 55), explicó que las mismas, de
conformidad          con       las     normas        aplicables,         se        encontraban
efectivamente             a     disposición          del     público           y     que       son
inmediatamente utilizables.
       III.11. Respecto de los nueve miniordenadores instalados
en     el    salón     principal,             expuso    que,       al    momento          de    la
inspección del 9/03/06, los mismos contaban con dos sillas
cada uno, alcanzando un total de 18 sillas de bingo.
       III.12. Concluyó que todos los sectores o salones del
bingo de marras son aptos y están a disposición y debida
utilización para el apostador, por lo que, entiende que no
hay    incumplimiento           al     art.      6    de    la     ley    13063;      como    lo
determinara el a quo.
       IV. A fs. 373 fueron recibidas las actuaciones en esta
sede,       efectuándose          la      admisibilidad            del     recurso      a     fs.
374/375.
       Los autos se encuentran en estado de dictar sentencia y,
estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al
sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin, Ana María Bezzi y
Hugo       Jorge      Echarri,       el    tribunal          determinó        la    siguiente
cuestión a resolver:
        ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
                               V O T A C I Ó N
       A    la     cuestión     planteada            el    Señor    Juez      Jorge    Augusto
Saulquin dijo:
       1) Sentados los antecedentes del pleito, corresponde dar
tratamiento a la cuestión vinculada a los vicios graves en el
procedimiento administrativo previo; ello, en el marco del
instituto        de     la    apelación       incidental           (cfr.      Hitters,       J.C.
Técnica de los recursos ordinarios, 2º Ed. Lib. Ed. Platense,
p. 431/432) o impropiamente denominada “adhesiva”. Es que el
modo en que el juez de grado resolvió la cuestión suscitó que
el punto se reeditara en esta alzada, tanto en los agravios
del fisco apelante como en la contestación de traslado.
       No obstante se observa que si bien el a quo resolvió
declarar         la     nulidad      de    los       actos       por     el   vicio     en     el
procedimiento,            seguidamente           se       adentró        en    el     fondo     o
motivación         de    los    actos       cuestionados,              decidiendo      también
dicho      aspecto       en    modo       favorable        para     el    actor;      lo     cual
determinó que el actor no tuviera interés procesal en apelar.
       También          dicha    circunstancia                 determinó            que     el     Fisco
esgrimiera agravios en torno a las dos cuestiones: la que
hace       al     procedimiento         y       a    la     motivación              de    los     actos
impugnados.
       En esas condiciones y de acuerdo a las particularidades
de    la    causa,        soy    de    opinión         que         un       vicio    sustancial       e
irreparable en el procedimiento excluye el tratamiento de la
cuestión de fondo.
       En consecuencia, en tanto el a quo se adentró en la
cuestión de fondo referida a la debida motivación de los
actos sancionatorios, implícitamente, no consideró al vicio
en el procedimiento como una cuestión dirimente en el asunto.
       Por ello, y en tanto el Fisco insiste en su apelación
con su postura en cuanto a la regularidad del procedimiento,
a     fin       de   no    dejar      en    indefensión                 a    la     parte        actora,
corresponde tratar su contestación de agravios con respecto a
los vicios en el procedimiento, tal como lo adelantara, al
amparo del instituto de la apelación incidental.
       En       este      sentido,     la       SCBA      ha       dicho:         “En     virtud     del
instituto de la apelación adhesiva o implícita, se impone el
abordaje de las articulaciones o defensas llevadas ante las
instancias de grado y que no pudieron ser traídas a esta sede
en atención al carácter victorioso de la parte”. (SCBA, C
93807       S    2-9-2009,       “Jaime,            Ángel      y    otra       c/    Sucesoras       de
Osvaldo          Rumi     s/    Daños       y       perjuicios”).              Y     que:    “Si      la
resolución que favorece a una parte es recurrida por otra,
toda la cuestión materia del litigio pasa al superior en la
misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida
al inferior. Aún en la instancia extraordinaria y en virtud
del    principio          de    la    apelación           adhesiva           ha     de    tenerse    en
cuenta lo que alegara el apelado, ausente de la tramitación
del recurso porque la sentencia le fue favorable”. (SCBA, C
99308, S 17-6-2009, LA: Ortiz, Eduardo Alberto c/ Provincia
de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”).
      En   esas    condiciones        se   impone     dar      tratamiento        a       la
cuestión vinculada a los vicios graves en el procedimiento
administrativo        previo,    para      lo    cual     considero         necesario
efectuar una reseña de los antecedentes administrativos que
sustentaron la aplicación de la multa impugnada en autos por
la actora.
      2) Del expediente administrativo 2319-13602 alcance uno
(Inspección a la Sala de Bingo N° 4 de la localidad de San
Fernando), surgen los siguientes hitos a considerar:
      1) Acta de inspección del 9/03/06 a las 19hs (fs. 1 y
vta.) en la que se verificó la Sala de Bingo de la actora, en
donde se indican un total de 291 máquinas de un puesto, 2
máquinas multi-puesto (38 puestos adicionales) lo que suma un
total   de   329     puestos    de    juego.     En      las   observaciones              se
señala: “constituidos en la sala de máquinas del bingo que
nos ocupa comprobamos que se hallan fuera de servicio las
máq. cuyos hid detallamos 269-314-440 y 366 del total de su
parque de slot. Que las (2) dos múltiples resultan ser 2
ruletas de 12 puestos c/u más 14 satélites. Que la presente
verificación se realiza con la colaboración del Sr. José Muro
perteneciente al COBO quien realizó distintos eventos los que
son detallados en el anverso de la presente. Cabe acotar que
de las máquinas auditadas, la que corresponde al hid 0040314
se procede a dejar fuera de servicio ya que sus contadores no
son los reportados por el centro de operaciones. Se adjunta a
la presente listado de máquinas y listado de ubicación de las
máquinas plano”.
      2) Acta de inspección del 9/03/06 (fs. 8) a las 19hs en
la que se verificó la Sala de Bingo de la actora, en donde,
se   observa    lo    siguiente:      (a)   se    indica       una    cantidad            de
puestos    de   juego    de    355,    compuestos        por    346   sillas          y    9
microordenadores,        distribuidas       en      45    mesas;      (b)    en       las
observaciones        surge    que:    “cabe      aclarar       que    en    la    sala
principal de bingo se encontraban 12 sillas arrumbadas contra
la pared, de las cuales 3 se encuentran rotas. Según plano
existen tres sectores que funcionan como anexos de la sala
principal de bingo con sus respectivos puestos de juego pero
cabe aclarar que uno de ellos se trata de la confitería
dividida se puede decir por arcadas. En dos sectores uno
cuenta con un panel de control y un T.V. y otro que forma una
ele, solo con un T.V. no contando una buena parte del público
con ningún elemento de información. Otro de los anexos tiene
16 mesas, 96 sillas (de distintas características algunas de
ellas plásticas playeras) un panel de control y dos TV. El
anexo restante cuenta con 8 mesas, 63 sillas, un panel de
control        y     dos      TV.   Se    adjuntan        fotocopias         de     las
autorizaciones otorgadas por el Instituto para la realización
durante el mes de marzo de sorteos propaganda. Cabe agregar
que para mayor ilustración se obtienen fotografías de los
anexos y sala principal de bingo de los que se hace mención
anteriormente. Se adjunta plano de sala de bingo”.
      3)   A       fs.   10   se acompaña       plano    de    la   Sala    donde    se
delimitan          los     anexos    aludidos       en        las     observaciones
precedentes.            Particularmente    se     anotó       en    cada   anexo     la
posición de la TV y paneles de control, y la existencia de 4
sillas rotas y 8 de playa en la sala principal. En el anexo I
se   indicó        el    faltante   de    una    silla    y    en    el    anexo    III
“Confitería” se consignó el faltante de una silla en cada
mesa redonda del sector, así como el faltante de una silla en
una mesa de 4, el cambio de ubicación de una mesa, y se
delimitó en círculo manuscrito 14 sillas distribuidas en 4
mesas como “sector carente de elementos de información”. En
el cuadrante superior se indicó en relación al Anexo I 16
mesas y 86 sillas, Anexo II 8 mesas y 63 sillas y en el Anexo
III 20 mesas y 67 sillas.
      4) A fs. 11/19 se adjuntaron fotos de la Sala principal
y de los Anexos indicados en las observaciones del acta.
       5) El 10/03/06 el Jefe del Departamento de Inspección
emitió informe al Departamento de Bingo del IPLyC (fs 24), en
donde surge, respecto de la inspección realizada, en lo que
interesa que: “se verificó la existencia de 291 máquinas de
un    puesto,    de    las       cuales       cuatro       se    hallan      por    fuera    de
servicio por problemas técnicos y dos (2) puestos múltiples,
éstas    últimas       son       dos    ruletas      de    doce      (12)     puestos,      más
catorce (14) puestos satelitales, lo que hace un total de 329
puestos de juego.                … En lo que respecta a la sala de bingo
propiamente dicha es necesario destacar el acentuado énfasis
puesto por los agentes intervinientes, relacionado con la
distribución           de        los        puestos        de        juego     denunciados
oportunamente por la firma ante el organismo a saber: a) en
el recinto que figura en plano adjunto y considerado por los
actuantes       como    la       sala       principal,          se   contabilizaron         355
puestos de juego, distribuidos en 45 mesas. Cabe señalar que
en este lugar también se encontraron 12 sillas contra la
pared de las cuales 3 se encuentran inutilizables; b) es
importante destacar que además de la sala principal existen
tres sectores más que funcionarían de acuerdo a lo informado
por representante de la firma, como anexos de la misma, los
que     se    identifican              en    plano     adjunto         para        una   mayor
ilustración de la siguiente manera: Anexo sala bingo I: el
que cuenta con 63 sillas distribuidas en 8 mesas; Anexo Sala
bingo II, con un total de 96 sillas (de diferentes tipos,
siendo       algunas        de    ellas       de     las    comúnmente         denominadas
playeras –blancas y de plástico) y el sector de la confitería
(con 67 sillas) dividida esta por arcadas en dos sectores,
uno cuenta con un panel de control y un TV y otra en forma de
“ele” que posee solamente un televisor, no contando la mayor
parte del público que se ubicaría en ese lugar, con ningún
elemento de información para seguir la partida de bingo. De
los descripto en el párrafo anterior se puede inferir que
todos los sectores mencionados no son operativamente eficaces
y no pueden tomarse como puestos de juego válidos las sillas
ubicadas en los mismos, en especial los que forman parte de
la confitería. Para mayor claridad se agregan a las presentes
actuaciones fotográficas de los distintos recintos obtenidas
por los actuantes en la oportunidad”.
       6) El 14/03/06 la Jefa del Depto. de Bingo giró las
actuaciones a la Dirección Jurídico legal aclarando que: “la
Sala   en   cuestión       había    declarado         ante   este    Departamento
poseer 594 puestos de Bingo tradicional, dicha declaración no
se condice con lo verificado por inspectores del IPLyC” (fs.
25).


       7) El 15/03/06 el Departamento Técnico Legal – Dirección
Jurídico Legal (fs. 26 y vta.) emitió dictamen en donde se
expone que: “llegan estas actuaciones, las que dan cuenta del
acta    labrada      el    día     9/03/06      por     inspectores      de     este
organismo, en la Sala de Bingo n° 4 de la localidad de San
Fernando. De dicha acta y del informe elaborado por el Dto.
De Inspecciones obrante a fs. 24 surge que se verificó un
total de 329 puestos de juego para máquinas electrónicas de
juego de azar automatizadas; y por otra parte se contabilizó
un total de 355 puestos de juego para el Bingo Tradicional.
Lo cual lleva a la conclusión de que dicha Sala incurre en la
falta consistente en detentar un exceso de 151 puestos de
juego para máquinas electrónicas… ya que debió haber tenido
hasta 177,5 de los puestos citados. Esto surge de la relación
establecida en el art. 6° de la ley 13063…. A su vez la misma
norma en su artículo 8° en su segundo párrafo prevé…. Sin
perjuicio de ello se constató la existencia de 12 sillas
arrumbadas     –de   las    cuales    3    se    encontraban        rotas-    en   el
sector confitería 67 sillas, en el anexo –denominado I- se
contabilizaron 63 sillas y en el otro Anexo- denominado II-
96   sillas;   que    a    criterio       de    los    inspectores     no     fueron
contabilizados como puestos de juego para el cálculo de los
descripto         anteriormente,               ya       que    “…no    son           operativamente
eficaces y no pueden tomarse como puestos de juego válidos
las sillas ubicadas en los mismos, en especial las que forman
parte    de       la       confitería…”.            Los   inspectores            arriban     a       ese
criterio ya que la mayor parte del público que se ubicaría en
ese lugar, no cuenta “con ningún elemento de información para
seguir       la    partida             del    bingo…”         Respecto          de    este   último
citerior, debe dejarse a salvo que aún cuando dichas “sillas”
se contabilizaran como puestos de juego de bingo tradicional,
no resultaría suficiente cantidad para respetar la obligación
estatuida en el art. 6° de la ley 13063. Por otro lado y de
acuerdo a la documentación                        obrante (fotografías de foja 11 a
19) se       evidencia que se ha incurrido en la falta tipificada
en el artículo 6° del Decreto 5309/00 “Las faltas cometidas
por la autorizada o terceros contratantes, se clasificarán
en…apartado 2. Graves… inciso h) La falta de visibilidad por
parte de los participantes de los paneles y de las bolillas
en pantallas de monitores”. A su vez el art. 7 reza: “A los
efectos de la sanción de las infracciones establecidas en el
artículo anterior la unidad de aplicación será el salario
mínimo       del       personal             administrativo            que       revista      en      la
administración pública provincial. La cantidad a aplicar en
concepto de multa en razón de las faltas indicadas será la
siguiente: “b) Faltas graves: Hasta 10 salarios mínimos”. Por
todo    lo    expuesto,            y    sentada         que   fuera        el    criterio       legal
respecto de la situación traída a análisis, se eleva a Ud. el
presente          para       su    conocimiento,              intervención,             opinión        y
continuación           del        trámite         que     estime      corresponder,             y    la
pertinente elevación al Sr. Interventor”.
       8) El 21/03/06 (fs. 27) el Director Pcial. de Juegos y
Explotación            remitió          a    la     Dirección         Jurídico          Legal        las
actuaciones            a     fin       de     confeccionar            el        pertinente          acto
administrativo por el cual se aplique una multa de $100.000 a
Bingo King S.A.
      9) El 5/04/06 (fs. 30) el Interventor del IPLyC dictó la
resolución 252/06 en donde aplicó a la actora una multa de
$100.00 conforme los arts. 6 y 8 de la ley 13063 (art. 1),
imponiendo        que      la     misma    sea   abonada            ante      el   Depto.     de
Tesorería del Instituto, dentro de los 10 días hábiles de su
notificación; caso contrario, se determina la caducidad de la
autorización de la sala (art. 2).
      Para así decidir consideró el acta labrada el 9/03/06
por inspectores del organismo, en la Sala de Bingo n° 4 de
San Fernando; que de dicha acta y del informe elaborado por
el   Dto.   de     Inspecciones            obrante       a    fs.      24,    surge    que   se
verificó    un     total        de   329    puestos          de    juego      para    máquinas
electrónicas de juegos de azar automatizadas; y por otra para
se contabilizó un total de 355 puestos de juego para Bingo
Tradicional; que lo dicho implica un exceso de 151,5 máquinas
de juego electrónicas, conforme la relación del art. 6 de la
ley 13.063, y sancionable por lo previsto en el art. 8 de
dicha   ley;      y     que,      respecto     de    la      cantidad         de   sillas     no
contabilizadas             como      puestos        de       juego      por        parte     del
Departamento          de    Inspecciones,           aún      cuando          las   mismas     se
contabilizaran como puestos de juego de bingo tradicional, no
resultaría suficiente cantidad para respetar la obligación
estatuida en el art. 6 de la ley 13063.
      10) El 11/04/06 fue impuesta en la oficina de correos
Carta Documento dirigida a la actora en la que se notifica la
resolución antes reseñada (fs. 32/33).
      11)    El       12/04/06       el     Presidente            de    Bingo      King     S.A.
solicitó urgente vista de las actuaciones referenciadas, e
impugnó     por       ilegitimidad         manifiesta             la   resolución         252/06
reservando el derecho de ampliar fundamentos y de pedir la
suspensión judicial del acto, y solicitando la suspensión de
plazos procedimentales para el momento de la vista, así como
la suspensión de la ejecución de dicha resolución (fs. 37).
     12) El 17/04/06 el apoderado de la actora solicitó vista
por escrito y copias de las actuaciones aquí referenciadas
(fs. 34); accediendo a dicha petición personalmente en la
misma fecha (fs. 36).
     13) El 20/04/06 (fs. 41/49) el apoderado de Bingo King
S.A. presentó recurso de revocatoria y reiteró pedido de
suspensión de acto administrativo por ante el IPLyC respecto
de la Resolución 252/06.
     En primer lugar planteó la incompetencia del Instituto
para decidir la multa aplicada en dicha resolución. Luego
planteó     la     nulidad          manifiesta         del       acto     impugnado.         Al
respecto, explicó que el art. 6 de la ley 13063 prevé que
para la relación entre las máquinas automatizadas y juegos de
bingo     tradicional          se    deben        contabilizar           las       “máquinas”
electrónicas y no los “puestos de máquinas” como erróneamente
lo   hace    el    acto    impugnado.             Destacó        que    en     el    concepto
máquinas quedan englobadas las máquinas de un puesto como las
multi-puestos; citando al respecto lo previsto en los arts 6
y 9 del Decreto 1372/02. Agregó que resulta aplicable en la
especie     el    Dec.    Ley       8031/73       para      el    juzgamiento         de    las
infracciones        establecidas                en     la        ley      13063,       cuyas
disposiciones       entiende         que     se      han   violado       flagrantemente,
conculcándose su derecho de defensa.
     Por     su    parte,           reseñó        la   inspección            del    9/03/06,
destacando        que      el        total        de       máquinas          electrónicas,
contrariamente a lo sostenido por la inspección era de 293
(291 puestos más dos multi-puestos) y no 329.
     Agregó que, conforme a la ley 13063, art. 6, la cantidad
de puestos de bingo tradicional a considerar, era de 586, los
cuales,     contaba       la    Sala       al     momento         la    inspección;         que
erróneamente consideró un total de 355.
     Expuso       los    fundamentos            por    los       que    entiende      que   se
equivoca el IPLyC en arribar a esa cifra, en tanto que,
contando las sillas de los anexos excluidos por la inspección
(por entenderlos como no operativos), así como                     12 sillas
puestas contra la pared en el salón principal y las 18 sillas
correspondientes a los miniordenadores, se supera el mínimo
de puestos de bingo tradicional, considerando la proporción
del art. 6 de la ley 13063, llegándose a 606 puestos de bingo
tradicional.
      Concluyó    que       existieron     irregularidades,       errores   de
cálculo y de aplicación de la ley 13063 en el acto impugnado;
solicitó que se suspenda la exigibilidad del pago de la multa
hasta tanto se resuelva el presente recurso administrativo.
      Adujo que hubo violación al debido proceso adjetivo, en
la medida que el acta del 9/03/06 es nula por vicios graves
en el procedimiento antecedente. Transcribió el art. 8 de la
ley 13063 que amén de la competencia de los juzgados de paz
(o criminales o correccionales en su caso), la aplicación de
procedimientos,        principios      y   formalidades    del     Código   de
Faltas de la provincia de Buenos Aires, para el juzgamiento
de las infracciones a la ley 13063.
      Entiende que hubo una violación flagrante a lo dispuesto
en   el   art.   122    punto     i,   inc.   b)   del   Código    de   Faltas
provincial, dado que no se fijó la naturaleza de la falta, y
no se efectuó imputación típica alguna. Asimismo, consideró
que hubo también violación flagrante lo dispuesto en el art.
122 punto II) del referido código, dado que no se comunicó
previamente a la sanción, cual era la norma cuya violación se
le   incriminaba,      no    se   imputó   infracción     alguna    hasta   el
dictado del acto impugnado, no se requirió declaración, no se
intimó a hacer descargo alguno. Todo lo cual, configura, a su
criterio, una violación al debido proceso.
      Por último, señaló la existencia de un dictamen legal
favorable recaído en el expediente IPLyC n° 2319-30300/03,
fs. 33 y vta., iniciado por la Cámara de Salas de Bingo y
Anexos por la denunciada violación de una sala de Bingo a lo
dispuesto en el decreto 1372/02, art. 6, que establecía la
misma exigencia que la que plasma ahora la ley 13063, art. 6.
Dicho dictamen, en la parte que resalta, reza que la norma
referida no determina que los puestos de Bingo tradicionales
exigidos        deban     encontrarse      activos;            que    bastaría           con
demostrarse que el espacio físico pertinente pueda receptar
la cantidad de público apostador para el Bingo tradicional,
acorde    con     la    cantidad     de   máquinas        de    juego          de   azar    a
instalarse. Solicitó que tal dictamen sea teniendo en cuenta
a su favor.            14) A fs. 59 se agrega copia de la Resol.
2615/05 del IPLyC por la que se le aplica una multa de $6.000
por violación al art. 6 inc. 2 ap. a) del Dec. N°5309/90
(“realización de modificaciones que requieran la autorización
del órgano de aplicación, salvo que la misma implicare la
caducidad de la autorización”).
    A fs. 52 y vta. se agrega copia del acta de inspección
del IPLyC de fecha 28/03/06 sobre la Sala de Bingo King S.A.
suscripta por el apoderado de la actora, en donde se indica,
en lo que interesa, un total de sillas de 584 distribuidas en
69 mesas, 18 miniordenadores en funcionamiento (9, con dos
sillas cada uno), conformando un total de 602 puestos de
juego.     En    las     observaciones      se      menciona         que       existen     3
sectores de juego, la sala principal y dos anexos; “en el
denominado       anexo    I:    66   puestos     de      juego       en    8    mesas,     1
pantalla de control y (dos) TV. Adjuntamos plano de salas de
Bingo    para     su    mejor   observación.        Se      observa        que      existen
algunas sillas de tipo playera. Manifestándonos que son las
mismas    usadas        provisoriamente,       ya     que      las    originales           se
encuentran en reparación”.


    15) El 24/04/06 (fs. 53) el Departamento Técnico Legal y
la Dirección Jurídico Legal del IPLyC, en atención al recurso
planteado por Bingo King S.A. solicitó como medida para mejor
proveer, que se gire al Depto. Inspecciones a fin de que se
expida acerca de: 1) el punto n° 28 del recurso de fs. 44vta;
2) la cantidad de sillas ubicadas en los sectores anexos que
no   pueden    ser    tomadas             como        puestos       de    bingo         teniendo    en
consideración el plano de fs. 10; respecto del punto n° 31 a
fs. 45. Cumplido ordenó pase al Dpto. de Bingos, a fin de que
informe en         igual plazo 1) el procedimiento por el cual ese
Departamento toma conocimiento acerca de la capacidad que
posee la Sala así como el parque de máquinas con que cuenta
la misma; 2) sobre lo alegado en el punto 44 de fs. 46; 3)
sobre lo alegado en el punto 45 de fs. 46.
      16)     El    26/04/06             el    Jefe     del     Depto.         de       Inspecciones
contestó el informe requerido, manifestando: 1) que debido al
tiempo     transcurrido             en        esta     instancia         no     puede         más   que
ratificar      en    un       todo       lo     oportunamente            informado            por   los
inspectores actuantes en la oportunidad. Al respecto y a
mayor    abundamiento              se     destaca       que     el       acta      realizada        fue
firmada de conformidad por el Sr. Jefe de la Sala del Bingo
n° 4 de San Fernando; 2) la cantidad de puestos que no pueden
ser tomados como puestos de bingo, son los hallados en la
confitería; esto hace un total de 6 sillas, sin perjuicio, de
ello queda a criterio de esa Superioridad o no los hallados
en   los    anexos        a    los       que     hace        referencia            en    el   informe
producido por dicha Jefatura a fs. 24. al respecto se dijo en
el escrito ya citado que todos los sectores mencionados no
son operativamente eficaces y no pueden tomarse como puestos
de juego válidos las sillas ubicadas en los mismos”; 3) se
ratifica en un todo lo informado en el ya citado escrito de
fs. 24, ya que dentro de las atribuciones de esta instancia
se   encuentra       la       de    estimar           mas    allá    de       lo    oportunamente
informado por los actuantes; tal lo realizado en dicha nota,
pudiendo la Superioridad compartir o no el criterio expuesto.
      17) El 2/05/06 el Departamento Bingo contestó el informe
requerido      por        el        área         legal        señalando             que:       1)    el
procedimiento por el que se toma la cantidad de puestos de
bingo      tradicional             que        posee     la    sala        es       por     medio     de
declaración jurada, con respecto a las maquinas electrónicas
de juego, las mismas se dan de alta o baja por medio de Acta
notarial, la cual luego es inscripta en el sistema de Trámite
Web, y luego se verifica en la declaración jurada semanal los
totales    de    las    máquinas,      puestos   y    UID;   2)   tal    como   se
informó en el punto anterior, y en fs. 35 la Sala había
comunicado con fecha 1/03/06 que poseía 594 puestos de bingo
tradicional; 3) el Instituto no observa estas presentaciones
porque, de hecho, están de acuerdo a lo determinado en el
punto 1) y lo establecido en la ley 13063, y sólo se podría
objetar ante una inspección (tal como se realizó) respecto a
inspecciones posteriores esta instancia no está de acuerdo
con que se tomen en cuenta ya que las mismas son en momentos
diferentes al que se está tratando, pudiendo la sala haber
solucionado el inconveniente suscitado en la Inspección de
fs. 1/24; y que por otro lado el Instituto no omite tomar las
12    sillas    que    se    hallaban   contra    la   pared,     de    hecho   se
contabilizan solo 9 porque 3 se hallaban rotas y no apta para
uso y tal como lo reitera el departamento inspecciones a fs.
54 punto 2 lo que no debería considerarse como puestos de
bingo tradicional dado que a criterio de los inspectores no
son operativamente eficaces para el juego son sillas ubicada
en la confitería.
       18) El 5/05/06 (fs. 61/62) obra dictamen suscripto por
los    titulares       del   Departamento    Técnico     Legal    y     Dirección
Jurídico Legal en donde trataron los argumentos esgrimidos en
el recurso precedentemente reseñado. Se expone lo siguiente:
que el recurso fue planteado en tiempo y forma; que en cuanto
al    fondo     del    asunto,    el    mismo    se    circunscribe        a    la
constatación realizada por los inspectores del IPLyC, quienes
verificaron que los anexos de la Sala de Bingo no resultan
operativos para el juego tradicional; que se contabilizaron
355 puestos de juego de bingo tradicional y que, por ende, la
Sala sólo podía tener 177,5 máquinas electrónicas, mientras
que la interesada tenía 293 máquinas; que no conmueve el
criterio sustentado por dicha instancia el uso indistinto del
lenguaje de puestos de bingo y puestos de máquinas, ya que de
todos modos igual falta se encuentra cometida y verificada;
que respecto de la competencia, surge, por las leyes 10305,
11018 y 13063 que la autoridad de aplicación de los juegos de
azar,   es    el   IPLyC.         Agregó       que    dicha      autoridad    tiene     la
facultad de fiscalizar la comercialización de los juegos, la
forma de la misma, y todo lo atinente a su explotación.
    Explicó que los anexos de la Sala n°4 de la actora
fueron realizados sin la previa autorización, transgrediendo
la Res. 1750/03, por lo que se le aplicó una multa                                 (Resol.
2615/05). Sostiene que, con lo                        ahora verificado en estas
actuaciones, pareciera haber sido planeado para justificar un
mayor número de             máquinas electrónicas de juegos de azar.
Sostuvo      que   las       ampliaciones            en   la     sala   podrían     traer
aparejada la desproporción de puestos de bingo tradicional
con la cantidad de máquinas electrónicas.
    En    torno     a       la    violación      del      debido    proceso      adjetivo
entendió que no caben observaciones que formular sobre el
procedimiento llevado a cabo por inspectores, el cual a su
entender fue claro, pormenorizado e ilustrativo; y plasmado
en el Acta de constatación, de acuerdo con la legislación
específica sobre el tema, la cual no es la citada por la
recurrente, sin perjuicio de hacer notar que la misma fue
rubricada por el Sr. Jefe de Sala Sr. Rafael Isabella.
    Asimismo,        aseveró            que    luego      de     aplicada     la    multa
impuesta por la Resolución 2615/05, Bingo King se mantuvo en
la misma posición de inactividad respecto del procedimiento
ordenado en la Resol. 1750/03.
    En    cuanto        a    los       antecedentes       legales       (punto     c)   fs.
48/51) sostuvo que no puede ignorar el recurrente que las
opiniones     vertidas           son    para    cada      caso    en    particular,     no
pudiendo traer a estas actuaciones como si fuera doctrina o
jurisprudencia, lo que fue estimado para otra situación, como
si los casos fueran idénticos.
       Agregó que, sin perjuicio de la intervención que tomaran
los    Departamentos           Bingos     e     Inspecciones         la     proporción
señalada por la ley 13063 no se respeta; que aún excluyendo
únicamente       el    sector     confitería,         el    incumplimiento          queda
acreditado.
       Concluye que debería ordenarse la medida administrativa
que corresponda adoptar respecto de la situación verificada,
más    allá      de     la     sanción        aplicada       y     tendiente        a     la
regularización de la misma.
        19)    El     3/07/06    (fs.    65/66)       la    Asesoría      de   Gobierno
emitió      dictamen         concluyendo       que     el     acto    impugnado           se
encuentra suficientemente motivado y ajustado a derecho. Tuvo
en consideración la presentación de la recurrente, el informe
de    fs.   54   en    donde     el     Depto.      Inspecciones       ratifica          las
manifestaciones efectuadas a fs. 24 atento lo oportunamente
realizado        por    los      inspectores          que        labraron      el       acta
correspondiente.         Recalcó      que      la    Dirección       Jurídico       Legal
concluyó: “que la proporción señalada por la ley 13063, no se
respeta. Vale decir, que aún excluyendo únicamente el sector
confitería, el incumplimiento queda acreditado” (fs. 60/61).
        Sostuvo que, analizado lo actuado, se advierte que,
efectivamente, en las actas de Inspección labradas el 9/03/06
en la referida Sala de Juegos se contabilizaron 355 puestos
de     bingo        tradicional,        lo      que        sólo     habilitaría           al
funcionamiento de 177,5 máquinas de juego, contabilizándose
en el recinto 329; circunstancia que demuestra incumplimiento
a lo establecido en el art. 6 de la ley 13063.
       Entendió que no se modifica la situación fáctica por la
distinción entre puestos de bingo y máquinas, atento que –por
la propia autoridad de aplicación- en ambos casos la falta se
encuentra cometida y verificada.
      Explicó las razones por los que la incompetencia del
IPLyC debe rechazarse y sostuvo que el acto, de acuerdo a los
antecedentes del caso, se encuentra debidamente motivado y
ajustado a derecho, no encontrándose mérito para apartarse de
sus   términos.          Por    último,     consideró      que     no     correspondía
suspender los efectos del acto, por tratarse de una facultad
restringida de la administración, conforme el Dec. 7647/70,
en    virtud       del    principio        de     ejecutoriedad;        y      que    debe
intimarse      a    la    infractora       a     regularizar      las     infracciones
verificadas y sancionadas en estas actuaciones.
      20)   El      13/03/07         el    IPLyC    resolvió       (Resol.       534/07)
rechazar el recurso de revocatoria                    planteado por Bingo King
S.A. contra la Resol. 252/06 (art. 1) e intimarla a cancelar
la multa aplicada en el plazo perentorio de 10 días hábiles a
partir de la notificación (art. 2); así como a regularizar
y/o sanear la infracción detectada (art. 3).
      Para así decidir, analizó la presentación de la actora;
que en el informe de fs. 54 el Departamento de Inspecciones
ratifica las manifestaciones efectuadas a fs. 24 atento lo
oportunamente realizado por los inspectores que labraron el
acta del 9/03/06; que de la misma se advierte que los agentes
verificaron         355    puestos        de     juego     tradicional;          lo    que
habilitaría el funcionamiento de 177,5 máquinas de juego,
contabilizándose           en       el    recinto    329;        circunstancia         que
demuestra incumplimiento a lo establecido por el art. 6 de la
ley 13063; que sin perjuicio de ello, se advierte que no
modifica    la      situación        fáctica       entre    puestos       de    bingo    y
máquinas, atento que en ambos casos la falta está cometida;
que el planteo de incompetencia no tiene fundamento legal, en
virtud de lo previsto en las leyes 10305, 11018, y 13063, y
de conformidad por lo indicado por Asesoría de Gobierno.
      21)   El      15/08/07         el   Presidente       de     Bingo     King      S.A.
comunicó    el      pago       de   la    suma    objeto    de    multa        (fs.   94),
formulándose la pertinente acta recibo el 17/08/07 (fs. 96).
       3) Conforme los términos del recurso en tratamiento,
corresponde analizar el agravio vinculado a la validez formal
del procedimiento administrativo esgrimido por la demandada,
adelantando mi opinión contraria a que el mismo prospere, por
los siguientes motivos.


        3.1.)    En       primer       lugar,   cabe    apuntar      que,     cuando     se
advierte la inobservancia o el quebrantamiento de trámites
esenciales       del       procedimiento         administrativo,         la      invalidez
consecuente          de     la     decisión      no     resulta      –en      principio-
susceptible de ser saneada ante el ejercicio eventual de una
pretensión anulatoria judicial por parte del afectado.
        No se trata de sostener que cualquier irregularidad en
el     procedimiento,            por    intrascendente         que   fuere,        debería
proyectar inexorablemente sus consecuencias invalidatorias,
sino     que    debe         examinarse          si    la     ausencia      de    aquella
irregularidad hubiese sido apta para modificar el resultado
final de la tramitación administrativa; si el vicio afectó
severamente el procedimiento previo a la emisión del acto o,
en su caso, ha constituido un atentado grave al derecho de
defensa en sede administrativa (conf. SCBA, B 59986 “Caselli”
del 16/2/2005, voto del Dr. Soria; B 62.840 “A.,R.A. C: Banco
Provincia” del 27/3/2008 y B 60.161 “C.I c. Caja de Retiros,
Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de
Buenos    Aires.          Coadyuvantes:         G.;    D.M.   y    G.,   L.M.     Demanda
contencioso administrativa” del 27/2/2008 y CCASM en la causa
Nº 1276/08, caratulada "Czysezon, Pablo c/ Municipalidad de
Vicente López s/ proceso sumario de ilegitimidad adm. medida
cautelar" del 8/09/09).
       3.2.) En ese contexto, y de acuerdo a los antecedentes
reseñados       en    el    considerando         2º)    no    se   observa       que   haya
mediado un requerimiento por parte de la autoridad actuante
al efecto que la actora pudiera efectuar, con carácter previo
a la imposición de la multa, el descargo pertinente.
      En efecto, no surge del expediente administrativo donde
tramitó     la      sanción,      que       el     IPLyC,        antes    de     notificar          la
resolución sancionatoria, hubiera imputado a la actora en
términos concretos y expresos una violación al art. 6 de la
ley     13063       (infracción         que      sustenta          lo     decidido       en        las
Resoluciones 252/06 y 547/07) al momento de inspeccionar la
Sala de Bingo; o que, con posterioridad, se hubieran puesto
en conocimiento de dicha parte los informes previos de los
sectores intervinientes del Instituto en los que se advertía
la presunta ruptura de la proporción establecida en la citada
disposición.
      Todo ello, insisto, en orden a que, previo a la emisión
del     acto     administrativo             sancionatorio,               el     actor     pudiera
efectuar su defensa a modo de descargo.
      3.3.) Entiendo que la omisión del IPLyC recién apuntada
configura        un    atentado            grave       al    derecho          defensa        y,    en
consecuencia,          un     vicio         sustancial            en     el      procedimiento
administrativo          que      no    puede        ser     subsanado           en    instancias
posteriores.
      No veo razonable la postura del apelante (ver fs. 350)
en    cuanto        deslinda          la     materia         de     autos        –de      policía
administrativa- con los “sumarios disciplinarios” al punto de
sostener       la     inexigibilidad             para       la    administración             en     la
especie, de brindar la posibilidad de ser oído al particular.
      A mi criterio, la posibilidad de efectuar una defensa
por vía de descargo, en terreno sancionatorio, como sucede en
la especie, constituye una garantía del particular que no
puede      ser      desconocida            por     la       administración,             al        modo
pretendido por el IPLyC.
      En    efecto,         el    derecho          a    ser       oído        tiene     raigambre
constitucional (cfr. art. 18 Constitución Nacional y art. 15
Constitución Provincial). Téngase en cuenta que ésta última
disposición establece expresamente que: “La Provincia asegura
la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto
a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia
letrada     a    quienes       carezcan       de    recursos        suficientes         y    la
inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos
en   todo       procedimiento          administrativo               o    judicial”          (el
resaltado es propio). La violación al derecho                                     de defensa
configura una irregularidad que hace a la forma esencial del
acto (cfr. arts. 103 y cc del Dec Ley 7647/70 y arg. cfr.
CNACAF, SALA IV              “"Hsien Yuzh S.A. (T.F. 9852-A) c/ D.G.A."
Causa: 20.050/99, del 19/11/99; "Castaño Juan Carlos c/E.N. -
Mº del Interior-              Policía Federal Arg. s/retiro militar y
fuerzas de seguridad" Causa: 11.135/94, del 18/02/99, Uromar
S. A. c. Dirección Gral. de Aduanas, DJ 2000-3, 257 del
30/12/1999)        y     resulta       consustancial            a       la     tutela       del
particular en sede administrativa (cfr. art. 15 CP y CSJN
“Astorga        Bracht,       Sergio     y    otro        c.    Comité         Federal       de
Radiodifusión”, del 14/10/04, LA LEY 06/04/2005, 06/04/2005,
5 - LA LEY 2005-B, 674 - DJ 2005-1, 736 - Fallos 327:4185);
aún en materia de juego de azar, la cual, por su naturaleza
de   actividad         "tolerada",       se       rige    por       disposiciones           más
estrictas que en otros ámbitos en los que se despliega una
típica actividad "de policía" (cfr. SCBA, B 57970 S 11-7-
2001, Juez NEGRI (SD) CARATULA: Monegal, Miguel Ángel c/
Provincia de Buenos Aires (Instituto Lotería y Casino) s/
Demanda contencioso administrativa).
     3.4.) En ese contexto, observo que el actor recién tuvo
conocimiento           del     ejercicio           efectivo         de       la     potestad
sancionatoria del IPLyC, al momento de ser notificado de la
aplicación de la multa por la Res. 252/06.
     A    mi    juicio,       y sobre        la    base de      lo       dicho     en   3.3),
hubiera     correspondido          que       el     IPLyC,      en       las       actas     de
inspección pertinentes, diera cumplimiento al art. 122 1) del
Dec. Ley 8031/73, al que remite el art. 8 de la propia ley
13063;     dejando           constancia,          entre    otros         recaudos          allí
previstos, de la efectiva comisión de la falta, así como sus
circunstancias y naturaleza (cfr. art. 122 i) a y b del
Código de Faltas Provincial).
       Téngase          presente        -como        pauta      interpretativa-               que    la
SCBA, ha dicho que: “si la Comuna no hizo saber por escrito
al   interesado             la    falta      que     se    le    imputaba,         indicando         la
disposición legal presuntamente infringida, ni le notificó
para que pudiera formular su defensa y ofrecer y producir
prueba      (art.37          inc.´e´      y     51    inc.1       del       Código       de   Faltas
Municipales,            decreto         ley     8.751/77),           ha     violado        trámites
esenciales          del          procedimiento            considerando             esenciales         e
inexcusable de los trámites omitidos" (SCBA, B 48695 S 14-12-
1984,       Juez         NEGRI         (SD)     CARATULA:            Zirmer,          Esteban       c/
Municipalidad            de      Lomas     de      Zamora       s/     Demanda        Contencioso
Administrativa, AyS 1984-II, 574).
       3.5.) Adicionalmente, la revocatoria articulada por el
actor contra la Res. 252/06 –en la que esgrimió, además de la
violación          de       su     derecho      defensa          por      incumplimiento             de
trámites esenciales, una crítica hacia la motivación o el
fondo del acto- no puede ocupar válidamente la posición del
descargo, cuya posibilidad de concretarse negó el proceder
del IPLyC.
       A      mi        criterio,          no        es     asimilable,             en        materia
sancionatoria,              la     posición        del     particular           que      ejerce      su
defensa ante la imputación de una falta administrativa, en un
primer       estadío,            con    la      de    aquél          que,     en      un      momento
naturalmente posterior del trámite, recurre por revocatoria
un     acto        sancionatorio,             que         cuenta       con      presunción           de
legitimidad          y      fuerza        ejecutoria            (cfr      art      110     Dec      Ley
7647/70).
       Ello es así toda vez que: “el recurso es una impugnación
de un acto administrativo ante un órgano de ese carácter que
obviamente se interpone a posteriori de la imposición de la
sanción. Su objetivo es agotar la vía administrativa como
paso       previo       a     la    judicial         procurando,            generalmente            sin
sustanciación, la revisión de un acto ya dictado. Nada tiene
que    ver       con     el       debido     proceso       que    procura       tutelar        una
garantía         constitucional            clarificando           la    comisión         de    los
hechos       y    la     determinación          de       las     responsabilidades.             Su
omisión      significaría            colocar        al    imputado      en     una       evidente
situación          de        indefensión,       puesto           que    le      privaría        la
posibilidad             de        destruir     en        el      momento       oportuno        la
eventualidad de una falsa acusación o la pérdida del derecho
a oponer una causa de justificación que le acuerda la ley,
convirtiendo            de    esa    forma     en     ilusorias        las     garantías        de
acierto y ecuanimidad de la sanción a dictarse” (cfr. Trib.
Sup.    Just.       Córdoba,            sala    Cont.          Adm.    Fecha:       05/06/2007
Partes:          Ardanaz,          Gabriela     I.       v.      Provincia       de       Córdoba
Publicado: SJA 5/12/2007.                    JA 2007 IV 145, con comentario de
Canda, Fabián O., Doctrina de                            la subsanación         versus sana
doctrina:         el     Tribunal          Superior       cordobés       y    la        dimensión
procedimental de los derechos constitucionales).
       3.6.) No menos relevante, es considerar que en un Estado
de     Derecho,          el       principio      de       legalidad          impone       a    las
administraciones públicas obrar de acuerdo al ordenamiento
jurídico (doctr. causas B. 56.364, “Guardiola” y B. 54.852,
“Pérez”, ambas sents. del 10-V-2000; B. 55.010, “Chaina”,
sent.     del      2-VIII-2000,             entre        muchas       otras);       y    que   en
especial,          en        el     ordenamiento          provincial,          el        adecuado
cumplimiento             del        procedimiento             configura       un         elemento
inherente a la legitimidad del acto administrativo (conf.
art. 103, dec. ley 7647/1970).
       3.7.) Por último, en ésta línea de fundamentos, téngase
en consideración que la SCBA, en materia disciplinaria, ha
considerado como un vicio invalidante en el procedimiento la
falta de cumplimiento de uno de los requisitos previos de la
responsabilidad administrativa de todo agente, cual es la
clara imputación de una falta de esa naturaleza (confr. B.
58.459, sent. del 25-X-2000, “Bravo Almonacid”; B. 53.979,
sent. del 17-II-1998, “Di Lorenzo”; B. 56.626 “Suárez” del
17-XII-03).
       3.8.) Por lo que corresponde declarar la nulidad de los
actos administrativos impugnados (Resoluciones IPLyC 252/06 y
547/07)      en     virtud        del       vicio    grave    en   el    procedimiento
administrativo en los términos supra expuestos.
       4) Dilucidada la suerte negativa del agravio anterior, y
como    se     adelantara         en    el     considerando        1)   el   recurrente
criticó la decisión de grado, en cuanto, además de considerar
nulos    los      actos    administrativos             sancionatorios        de    marras
(Resoluciones n° 252/06 y 547/07) por defectos graves en el
procedimiento previo, lo hizo en razón de la constatación de
vicios en la motivación del aquéllos.
       En    este    aspecto,          en    virtud    de    los   fundamentos      supra
esgrimidos        acerca      del           vicio    procedimiental,         y    por   lo
expresado en el            considerando 1), entiendo que                     no resulta
jurídicamente viable avanzar sobre lo sustancial del pleito –
motivación del acto-, que hace al cumplimiento o no del art.
6 de la ley 13063 por parte del actor.
       No corresponde a mi juicio, anticipar un criterio sobre
la cuestión de fondo, concluyendo en la falta de motivación
del    acto,      cuando     ya    se       había    determinado,       en   un   estadío
lógico anterior a dicha conclusión, la invalidez del acto
administrativo         por        un        vicio    esencial      al    procedimiento
antecedente al mismo (arg. cfr. esta alzada, causa Nº 692/06,
caratulada “Verificadora Ruta 8 S.A. C/ Municipalidad de San
Miguel s/ pretensión declarativa de certeza" del 10/08/06).
       En todo caso, la debida motivación del acto corresponde
que sea analizada en la medida que se subsane la apuntada
irregularidad,        concluyéndose             el    trámite      administrativo       en
cumplimiento con los parámetros reseñados supra 3°). Ello,
teniendo en cuenta la magnitud del vicio en el procedimiento
antecedente observado en el caso y los posibles efectos que
el cumplimiento del debido procedimiento previo conlleven en
torno al eventual acto a dictarse.
     Por        estos      fundamentos,        corresponde           confirmar        la
sentencia       de    grado,      modificándola       únicamente,          en   cuanto
declara    la    nulidad     de    la   Resoluciones         IPLyC    n°    252/06     y
547/07 por vicios en la motivación.
     5) Por todo lo expuesto, corresponde: 1) no hacer lugar
al recurso de apelación interpuesto por la demandada;                                 2)
confirmar    la      sentencia     apelada,      en    lo   que    respecta       a   la
nulidad de las Res. 252/06 y 547/07 del IPLyC por vicios en
el   procedimiento;         y,    en    atención      a     lo    expuesto      en    el
considerando         4),   modificarla      en       cuanto      sustenta       aquella
nulidad en vicios en la motivación de los actos impugnados;
3) que se proceda a la devolución de la suma depositada por
el actor en concepto de multa con los alcances del punto 3)
del resolutorio de grado (fs. 344); 4) que se remita el
expediente administrativo 2319-13602 alcance uno (Inspección
a la Sala de Bingo N° 4 de la localidad de San Fernando)
junto con los demás antecedentes administrativos traídos a
estas actuaciones, para que la demandada ejerza su potestad
sancionatoria, continuando el procedimiento administrativo de
acuerdo a las pautas indicadas en el considerando 3), para su
conclusión en el plazo de 60 días (arg. cfr. SCBA, causa B.
53.006,    "Montero,       del     29/03/94,     B    53793,      causa     “Mingari”
entre otros; y esta Cámara, en las causas nº 346/05 “Carosia”
del 2/11/06, Nº 765/06 “Velardi” del 19/12/06, entre otros);
5) imponer las costas de esta alzada por su orden (cfr. art.
51 CCA); 6) diferir la regulación de los honorarios para el
momento procesal oportuno (cfr. art. 31 Dec ley 8904). ASÍ LO
VOTO.
     Los Sres. Jueces Ana María Bezzi y Hugo Jorge Echarri
adhieren al voto precedente, con lo que se dio por terminado
el acuerdo dictándose la siguiente
                           S E N T E N C I A
       En virtud del resultado del acuerdo que antecede este
Tribunal RESUELVE: 1) no hacer lugar al recurso de apelación
interpuesto        por    la    demandada;        2)       confirmar        la    sentencia
apelada, en lo que respecta a la nulidad de las Res. 252/06 y
547/07     del    IPLyC      por    vicios      en     el    procedimiento;            y,   en
atención a lo expuesto en el considerando 4), modificarla en
cuanto sustenta aquella nulidad en vicios en la motivación de
los actos impugnados; 3) que se proceda a la devolución de la
suma depositada por el actor en concepto de multa con los
alcances del punto 3) del resolutorio de grado (fs. 344); 4)
que se remita el expediente administrativo 2319-13602 alcance
uno (Inspección a la Sala de Bingo N° 4 de la localidad de
San      Fernando)          junto         con        los        demás       antecedentes
administrativos          traídos      a   estas      actuaciones,           para      que   la
demandada ejerza su potestad sancionatoria, continuando el
procedimiento          administrativo           de     acuerdo          a    las      pautas
indicadas en el considerando 3), para su conclusión en el
plazo de 60 días (arg. cfr. SCBA, causa B. 53.006, "Montero,
del 29/03/94, B 53793, causa “Mingari” entre otros; y esta
Cámara, en las causas nº 346/05 “Carosia” del 2/11/06, Nº
765/06 “Velardi” del 19/12/06, entre otros); 5) imponer las
costas de esta alzada por su orden (cfr. art. 51 CCA); 6)
diferir      la   regulación        de    los    honorarios        para          el   momento
procesal oportuno (cfr. art. 31 Dec ley 8904). Regístrese,
notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
                                            ANA MARIA BEZZI
JORGE AUGUSTO SAULQUIN
                                            HUGO JORGE ECHARRI
                               ANTE MÍ
                  ANA CLARA GONZALEZ MORAS
                             Secretaria
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo –San Martín
Registro de Sentencias Definitivas Nº.82. Fº..1174/1205 vta..

								
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