OPINI�N N� 028-2009/DTN by 5x5rWn

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									                                  OPINIÓN Nº 101-2009/DTN


Entidad:                         Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -
                                 RENIEC

Asunto:                          Presunción de veracidad

Referencia:                      Oficio N° 001253-2009/GAJ/RENIEC


1.        ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Gerente de Asesoría Jurídica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, solicita a este Organismo
Supervisor absuelva la siguiente consulta:

“En un proceso de fiscalización en el que se ha solicitado adicionalmente a los
contratos y sus respectivas conformidades por las ventas ya exigidos en las Bases,
facturas, guías de remisión y registro de ventas, ante una duda de la veracidad de
uno de estos documentos por deficiencias en el registro de ventas, se podría
considerar como no válidos los demás documentos o prevalece la presunción de
veracidad”.

2.        ANÁLISIS

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, cabe precisar que las consultas
que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance
de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y
vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58° de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017, y la Segunda Disposición Complementaria Final de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el
Reglamento. En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran
vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

2.1 La Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG,
    consagra el principio de presunción de veracidad de los documentos y
    declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un
    procedimiento administrativo1. Ello implica que, en todo procedimiento
    administrativo, debe presumirse que los documentos presentados y las
    declaraciones formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo

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    Según el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42º de la Ley 27444.
    De otro lado, como contrapeso al principio de presunción de veracidad, el numeral 1.16 del artículo
    IV del Título Preliminar de la LPAG establece la vigencia del principio de controles posteriores,
    según el cual, las Entidades deben privilegiar las técnicas de control posterior, en lugar de las
    técnicas de control preventivo, en los procedimientos que se desarrollan bajo su competencia. En tal
    sentido, la Administración tiene el derecho de comprobar, más adelante, la veracidad de los
    documentos presentados por los administrados en los procedimientos.
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        prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos que afirman.

        No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez
        que conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de
        lo afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos
        presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida
        presunción.

2.2 De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general,
    los documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección gozan
    de la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido,
    salvo que exista prueba en contrario.

        En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la
        normativa de contrataciones del Estado, sólo si existe prueba de que la
        información contenida en los documentos y/o declaraciones presentadas no
        corresponde a la verdad de los hechos, se desvirtuaría la presunción de
        veracidad, dando lugar a las acciones previstas en la Ley y en el Reglamento.

        Así, la presentación de un documento falso o inexacto durante la tramitación
        del proceso de selección trae como consecuencia la descalificación de la
        propuesta técnica o la declaratoria de nulidad de la buena pro, en caso dicha
        documentación haya sido otorgada por el ganador de la buena pro. No obstante,
        si dicha falsedad o inexactitud no es advertida sino hasta después de la
        suscripción del contrato o en ejecución de éste, la Entidad podrá declarar de
        oficio la nulidad de dicho contrato, conforme al artículo 56º de la Ley.

2.3 Ahora bien, las normas reseñadas son claras al indicar que sólo una prueba en
    contrario —no otra presunción o indicio— desvirtúan la presunción del
    principio de presunción de veracidad, entendiéndose que será un elemento
    objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o
    exactitud de lo que originalmente haya afirmado o los documentos aportados
    por los administrados.

        En ese sentido, de ser el caso que el Comité Especial, en virtud de lo dispuesto
        en el artículo 24° de la Ley2, identifique un documento sobre cuya veracidad o
        exactitud se duda razonablemente y solicite al órgano encargado de las
        contrataciones disponer su inmediata fiscalización y, a su vez, en dicha acción
        de fiscalización se acceda a un documento sobre cuya falsedad se presume,
        aquello no desvirtúa la presunción de veracidad de los documentos
        cuestionados en tanto no exista una prueba en contrario.

        Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que el mismo artículo 24° de la
        Ley indica que las acciones de fiscalización no suspenden, en ningún caso, la
        continuidad del proceso de selección.


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    Nótese que dicha norma faculta al Comité a informar al órgano encargado de las contrataciones de
    la existencia de un documento sobre el que se duda razonablemente de su veracidad o exactitud, a
    fin de que este último efectúe una fiscalización inmediata. Vale decir, la duda razonable da lugar a
    la fiscalización y no a desvirtuar el principio de presunción de veracidad por si misma.
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3.   CONCLUSIÓN

3.1. De ser el caso que el Comité Especial, en virtud de lo dispuesto en el artículo
     24° de la Ley, identifique un documento sobre cuya veracidad o exactitud se
     duda razonablemente y solicite al órgano encargado de las contrataciones
     disponer su inmediata fiscalización y, a su vez, en dicha acción de fiscalización
     se acceda a un documento sobre cuya falsedad se presume, aquello no desvirtúa
     la presunción de veracidad de los documentos cuestionados en tanto no exista
     una prueba en contrario.

3.2. Las acciones de fiscalización no suspenden, en ningún caso, la continuidad del
     proceso de selección.

                                                Jesús María, 30 de setiembre de 2009




                    JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN
                         Director Técnico Normativo



       AFRR/.

								
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