ASOCIACI�N CIVIL PRESIDENTE RAM�N CASTILLA - ACPRC

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					          ASOCIACION CIVIL

PRESIDENTE RAMON CASTILLA


 PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACION DE LA
 ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ASOCIACION CIVIL PRESIDENTE
                    RAMON CASTILLA


         GRUPO DE TRABAJO DE REFORMA DEL ESTADO

             COORDINADOR: Víctor García Gonzáles

             EXPOSITOR: Dr. Manuel Montoya Ugarte




           AUDITORIO: JORGE BASADREGROHMANN
             DEL INSTITUTO DE GOBIERNO - USMP




                    Lima, 21 de Julio del 2010




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                                    INDICE




I. DIAGNÓSTICO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES..……………………..…… 3
      1. DIAGNOSTICO……………………………………………….……..………. 3
      2. PRINCIPIOS…………………………………………………………………. 5
II. ESTADO PARTICIPATIVO, DEMOCRATICO, SOCIAL Y
   CONSTITUCIONAL …………………………………………………………….…. 6
III.ESTADO PERUANO. ………………………………………….………………….. 7
       1. NUESTRO CONCEPTO DE ESTADO…………………………..…..……. 7
       2. LOS PILARES DE LA REFORMA DEL ESTADO ……………..……..… 8
       3. PROPÓSITOS DE LA REFORMA DEL ESTADO ……………..….……. 9
IV. REFORMA DEL ESTADO PERUANO ……………………………...………….. 9
       1. VISIÓN DEL PAÍS ………………………………………………………….. 9
       2. CONCEPTO Y VISIÓN DEL ESTADO .....................................……….. 10
           2.1 Concepto del Estado y su Reforma ………………………………….. 10
           2.2 Nuestra Visión del Estado peruano …………………………………. 10
       3. OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL ESTADO ……………..……….. 11
           3.1 OBJETIVO GENERAL ………………………………………….….. 11
           3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ……………………………………….. 11
       4. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS……………………………………….….. 12
           4.1 ESTRATEGIAS PARA LA REFORMA DEL ESTADO …………. 12
           4.2 POLITICAS PARA LA REFORMA DEL ESTADO Y LA
               MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA…. .. 13
           4.2.1 Plena vigencia de la Constitución y los Derechos Humanos. ……13
           4.2.2 Seguridad Integral: Ciudadana y exterior………………………..13
           4.2.3 Ciencia y Tecnología. ……………………………………….…….. 14
           4.2.4 Lucha contra la Corrupción …………………………………...… 14
           4.2.5 Lucha contra el Narcotráfico. ……………………………………. 14
           4.2.6 Políticas Sociales. ………………………………………………….. 14
           4.2.7 Política Exterior. …………………………………………………... 14
           4.2.8 Patrimonio natural y medio ambiente ………………………..….. 15
       5. PROPUESTAS DE REFORMAS ……………………………………….... 15
           5.1 PROPUESTA DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES. ………….. 15
           5.2 SISTEMA EJECUTIVO ……………………………………….…..... 16
           5.2.1 Jefe de Estado y Jefe de Gobierno ……………………………... 16
           5.2.2 Reestructuración del actual Poder Ejecutivo. …………….…..... 16
           5.2.3 Ministros y Viceministros o Secretarías de Estado. …..………… 16
           5.2.4 Ministerios con perspectiva multisectorial ( Integración de
                  Ministerios) …………………………………………………….….. 17
           5.2.5 Institucionalización de Órganos Autónomos …………………..... 18
           5.2.6 Sistema de Fiscalización y Control Público. ………………….... 18
           5.2.7 Proceso Administrativo de Gestión Integral. ………………….... 19
           5.2.8 Visión Geopolítica del Estado. ………………………………….... 21
           5.2.9 Coordinaciones Intergubernamentales e Interinstitucionales ….. 21
           5.2.10 El Acuerdo Nacional. ……………………………….………….. …22
           5.2.11 Función Pública: Funcionarios y Servidores ………………...….. 22
           5.2.12 FUNCION PÚBLICA Y CARRERAS PÚBLICAS …………... 23
       6. DESCENTRALIZACION, DESCONCENTRACION Y
          REGIONALIZACION …………………………………………………….. 26
                                                                                   1
    6.1 REGIONES ……………………………………………………….….. 26
    6.2 LA REGIÓN METROPOLITANA LIMA-CALLAO.. ………….... 27
    6.3 GOBERNABILIDAD REGIONAL ………………………………….. 27
    6.4 GOBERNABILIDAD NACIONAL. ……………………………….... 27
    6.5 DESCENTRALIZACIÓN PARTICIPATIVA. …………………...... 28
    6.6 FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS. ………………………... 28
    6.7 PROPUESTAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN …………….….. 28
7. REFORMA TRIBUTARIA ………………………………………………... 29
8. SISTEMA LEGISLATIVO ……………………………………………..….. 30
    8.1 Congreso Bicameral. ………………………………………………….. 30
    8.2 Sistema Electoral para el Congreso ………………………………….. 30
    8.3 Funcionamiento del Parlamento ……………………………………... 31
9. SISTEMA JUDICIAL ……………………………………………………… 32
    9.1 El Defensor del Pueblo. ………………………………………………... 32
    9.2 Atribuciones del Defensor del Pueblo. …………………………….…... 33
    9.3 El control de la Constitucionalidad y las acciones de garantía. …..... 35
    9.4 Los sistemas o modelos de control (jurisdicción constitucional) ….... 38
    9.5 El control político…………………………………………………….... 38
    9.6 El control jurisdiccional …………………………………………….... 38
    9.7 El sistema americano o jurisdicción difusa ………………………….. 38
    9.8 El sistema europeo o jurisdicción concentrada …………………..….. 39
    9.9 El Tribunal Constitucional ………………………………………….... 40
    9.10 El Consejo Nacional de la Magistratura: Los Nombramientos
        Judiciales. ……………………………………………………………..... 40
    9.11 EL ÓRGANO JUDICIAL. ……………………………………..….. 41

    ANEXOS:
      1. ENTIDADES CONSIDERADAS DEPENDIENTES E
         INDEPENDIENTES DE LOS MINISTERIOS: INSTITUCIONES
         PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS; INSTITUCIONES
         REGULADORAS; E INSTITUCIONES AUTONOMAS
         CONTITUCIONALES.

       2. SISTEMA DE FISCALIZACION Y CONTROL PÚBLICO.

       3. CICLO ECONOMICO PRESUPUESTAL Y FINACIERO Y DE
          CONTROL PÚBLICO.

       4. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 81 DE LA CONTITUCION
          POLITICA DE 1993.

       5. PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTION INTEGRAL




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           ASOCIACIÓN CIVIL PRESIDENTE RAMÓN CASTILLA - ACPRC


           PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACION
                     DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

                                      RESUMEN EJECUTIVO

       Los aspectos prioritarios de la agenda política actual en el Perú creemos que deberían
ser: por un lado la generación de empleo de calidad, la redistribución de la riqueza en
medio del crecimiento macroeconómico, el manejo racional del territorio, de los recursos
naturales y la garantía del respeto del derecho de las personas; y por otro el análisis del
modelo económico neoliberal en el contexto de la globalización e integración regional.
Ambos aspectos demandan cambios estructurales y reconfiguración del Estado nacional que
exprese el ejercicio de derechos a través de la redistribución del poder y el destino de los
recursos públicos, en un nuevo estilo de Gestión Pública. En ese contexto se ha elaborado la
presente propuesta que ponemos a su consideración.

    I. DIAGNÓSTICO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES

        1. DIAGNOSTICO
Pese al crecimiento del Perú en los últimos años y a las oportunidades que se nos presentan,
el Estado peruano tiene debilidades que debemos superar.

La etapa actual se caracteriza por la pérdida de centralidad del Estado, ocasionada por
haber transferido competencias, en forma inequitativa, a niveles supra nacionales y al
mercado. Nuestra economía de las dos últimas décadas se caracteriza por ser un modelo
primario exportador y de servicios1.

En nuestra realidad social, coexiste la diversidad y creciente mestizaje, que se manifiesta en
la cultura, en la economía y en los distintos aspectos de la vida cotidiana. El sector más
dinámico es el moderno, caracterizado por una producción basada en una alta intensidad de
capital y en poca absorción de mano de obra, que sólo logra generar eslabonamientos débiles
a otros sectores de la economía, con poco efecto multiplicador en la producción y en el
mercado. El crecimiento, principalmente en Lima y en muy pocas regiones, acentúa los
niveles de desigualdad y de pobreza respecto del interior del país.

En ese contexto, muchas de las inversiones a partir de los 90s, han sido atraídas por las
privatizaciones de las empresas estatales que estaban ubicadas en los sectores primarios y de
servicios. Adicionalmente, el Perú se ha lotizado para captar inversiones de las trasnacionales
y, abdicando parte de la soberanía del Estado al mercado, renuncia a la propiedad de los
recursos naturales extraídos a favor de las trasnacionales, todo ello por contratos suscritos
amparados en la Constitución actual.

El crecimiento explosivo de las ciudades, la desordenada urbanización, la limitada
industrialización, el mayor acceso de las masas a la información, la explosión de las
expectativas sociales y el crecimiento económico sin mayor redistribución de los ingresos,
son factores que generan un ambiente poco propicio para la cohesión social. Las demandas
de la población sean cada vez      mayores, desbordando la capacidad de las organizaciones
gubernamentales para atenderlas. La actual crisis en la gobernabilidad ha sido producto de


1
 Sobre esta problemática del llamado Estado Social Liberal, ver BRESSER-PEREIRA, LUIS CARLOS: Política y
Gestión Pública; Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2004, pag.13 a 42.

                                                                                                           3
este desfase entre la capacidad de las instituciones para procesar y responder a las demandas
sociales, económicas y políticas de la población en aumento. La incertidumbre y la angustia
que crean el deterioro institucional y la falta de gobernabilidad, provocan una desconfianza
generalizada y un profundo sentido de frustración ciudadana.

Uno de los factores clave que alimenta el problema de gobernabilidad y configura un Estado
débil, es la percepción pública sobre la inefectividad de éste. Esto se hace patente en la
debilidad institucional de alguna de sus reparticiones básicas y en la ineficiencia de un sector
de la burocracia. Independientemente del tamaño del Estado, si éste no es capaz de tener
presencia, controlar el tránsito, si en algunos lugares la gente se hace justicia por su propia
mano, si las autoridades pueden ser objeto de violencia por grupos desbordados, si las
autoridades policiales y judiciales son incapaces de imponer el orden público y las leyes se
transgreden constantemente, es obvio que el Estado es débil y carece de la capacidad para
cumplir sus funciones básicas.

Elemento fundamental que afecta la gobernabilidad es la corrupción y la intensidad con que
es percibida. ¿Qué es lo que hace corruptible a la política y a los partidos políticos? ¿Qué es
lo que hace que estos no sean democráticos ni les interese la probidad? La respuesta está en
la búsqueda del poder por el poder, la ausencia de democracia al interior de los partidos, el
sofocamiento del espíritu crítico, el soporte incondicional al líder, el ansia de ganar como sea
una elección, la adaptación interesada al Estado Centralista, la red de negocios que se traman
en torno a él y a sus prácticas secretistas y de impunidad, como algunos de los factores que
corrompen a la política y a los partidos. El cáncer de la corrupción requiere de cambios
profundos en la sociedad que se ha acostumbrado a ver como normal que las élites políticas y
económicas dan desde una propina hasta una coima por un servicio.

Hace pocos meses Michael Porter, dijo al empresariado peruano, entre otras cosas, que la
economía peruana no tiene un rumbo fijo; que el crecimiento económico del Perú no se ha
reflejado en beneficio de la mayoría de la población; que el Perú padece de un atraso
dramático en relación a la invención y la tecnología; que, a largo plazo, las dificultades del
Perú tendrán que ver con la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de
salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la aplastante corrupción
y el alto nivel de informalidad, y    que los éxitos peruanos de los últimos años puede irse al
demonio si no limpiamos el sistema judicial, sino defendemos lo derechos de propiedad y si
no fumigamos y reordenamos la disuasiva burocracia creada para entorpecer. Estas palabras
pronunciadas por una autoridad de la ciencia administrativa moderna, son una respuesta a los
burócratas públicos peruanos y sus aliados del        sector privado que diariamente pregonan
que su gestión de gobierno es eficiente, eficaz, efectiva y exitosa, gracias a los cual el Perú ya
no está en el club de los países subdesarrollados, donde no hay hambre, pobreza, desigualdad
y otros logros propios del NONEISMO que profesan.2


En resumen, podemos afirmar que aun estamos lejos del Estado Social, de Derecho,
Participativo, Democrático y Constitucional3así como de ser un Estado y Administración
Moderno         cuyas características fundamentales son: Equilibrio de Poderes,
Complementariedad entre lo Público y lo privado; la rendición de resultados y la

2
 El Noneismo consiste en saber que algo es falso o que no existe, pero se considera que es verdadero y que si
existe Lo extraño es que la ciudadanía sabe que lo dicho por el burócrata es falso, pero lo considera como si
fuera verdad.

Ver artículo de francisco Miro Quesada Cantuarias, publicado en “El Comercio” de Lima, el 18.8.2000.
3
 Se recomienda JOSE VIDAL-BENEYTO: La Corrupción de la Democracia; Editorial CATARATA, Madrid, España,
2010.

                                                                                                                4
transparencia de la gestión pública ; lucha frontal contra la pobreza, la desigualdad y la
exclusión; participación ciudadana en el planeamiento, gestión y control de los Sistemas
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; equilibrio entre lo nacional y lo global; visión geopolítica
del desarrollo y la seguridad; atención al medioambiente, la educación, la ciencia y la
tecnología y, la economía al servicio de la nación.


       2. PRINCIPIOS

       La Asociación Civil Presidente Ramón Castilla tiene por objetivo: “Formular,
       promover y ejecutar, estudios, investigaciones, debates, proyectos y acciones de
       capacitación y difusión para elevar la calidad y eficiencia de la función pública y de la
       organización y funcionamiento de la administración pública nacional, para que el
       Estado cumpla cabalmente sus responsabilidades en el desarrollo económico y social
       del Perú”.

       Este objetivo fundamenta su trabajo en pro de la Reforma del Estado y Modernización
       de la Administración Pública, propiciando un Estado soberano, auténtico
       representante de la Nación, gestor de la libertad, del trabajo, la igualdad y la justicia
       para todos; con un Gobierno unitario, democrático y descentralizado, regido por
       principios de derecho, equilibrio de poderes, transparencia, participación ciudadana,
       honestidad y eficacia; capaz de dar respuesta              oportuna y firme a los
       condicionamientos y rigideces del mundo globalizado, de las organizaciones
       internacionales, de las transnacionales, de los mercados y los países desarrollados que
       restringen la acción de la comunidad nacional.

       Un Estado que debe tener la autoridad democrática y justa para impedir la evasión
       de las normas y de las contribuciones orientadas al desarrollo; para monitorear y
       evaluar la acción pública en el cumplimiento de las políticas nacionales; para mantener
       el orden y la autoridad para despertar en la colectividad la conciencia cívica del
       ejercicio y demanda de sus derechos, así como del cumplimiento estricto de sus
       obligaciones; para atender el nivel de la movilización político-social que reclama por
       las expectativas reprimidas de la población.

       Un Estado, finalmente, que dé viabilidad al PROYECTO NACIONAL consensuado,
       propiciando que las fuerzas políticas tomen conciencia de su responsabilidad en la
       estabilidad democrática y el Estado de derecho, dando sustento real a la
       gobernabilidad.

       Afirmamos la urgencia de alcanzar una democracia con justicia social y desarrollo
       solidario, centrada en la persona y en la ampliación de sus derechos y capacidades y la
       acción firme, constante y transparente por alcanzarlos, como conceptos inseparables
       de nuestro compromiso en la vida pública.

        La democracia que postulamos debe traducirse en una reducción drástica de la
        pobreza, en el acceso universal a los servicios básicos, en una economía que
        contribuya al desarrollo humano, en un desarrollo rural incluyente, integral e
        integrador, en armonía con el medio ambiente, así como en un Estado
        descentralizado al servicio de todos. La integración competitiva del Perú en la
        economía, sociedad y cultura global debe ser instrumento al servicio de estos
        propósitos.

        Incorporamos la perspectiva geopolítica en la definición de políticas públicas de
        desarrollo y seguridad; el respeto a la interculturalidad; el derecho de los pueblos a
        la preservación de sus sistemas ecológicos, hídricos y medioambientales y a la
        soberanía sobre los recursos naturales; la defensa de la bioética, de los Derechos

                                                                                              5
            Humanos, y la responsabilidad del Estado en materia del planeamiento como
            instrumento del desarrollo humano sostenible.
            Aspiramos al establecimiento de una república que reconozca la multiculturalidad y
            plurinacionalidad, democracia representativa, participativa y comunitaria,      con
            efectiva inclusión de la gente en la definición de los planes y presupuestos
            nacionales, regionales, locales y comunales, así como el control de los recursos
            públicos, efectiva soberanía sobre los recursos naturales, la determinación de su
            uso, transformación y de la renta que generan en función de los intereses nacionales
            y poblacionales; el respeto de los derechos de los pueblos y la preservación de
            nuestros ecosistemas, hídricos y medioambientales.

            Consecuentes con lo enunciado, suscribimos las 31 políticas de Estado del Acuerdo
            Nacional dirigidas a alcanzar los cuatro grandes objetivos:

                Democracia y Estado de Derecho
             Equidad y Justicia Social
             Competitividad del País
             Estado Eficiente, Transparente, Descentralizado y basado en la Ética, la Moral y
              la Deontología.

       Subrayamos la coincidencia en el objetivo que aspira consolidar un Estado eficiente,
transparente y descentralizado al servicio de las personas, como sujetos de derechos y
obligaciones.

    II. ESTADO PARTICIPATIVO, DEMOCRATICO, SOCIAL Y CONSTITUCIONAL


       El Estado Participativo, Democrático, Social y Constitucional, que se aparta del
decimonónico concepto de Estado liberal de Derecho de la Revolución Francesa, al haber
evolucionado fundamentalmente en relación a tres facetas:

      1) POLITICA: La Política es la ciencia y el arte de lograr legitimidad, mediante la
         participación ciudadana, y de gobernar el Estado por medio del uso de la Constitución
         como norma suprema y con argumentos, persuasión y compromisos, en lugar de
         hacerlo por medio de la fuerza y violencia4 (Democratización del Estado)
      2) SOCIAL: El Estado social procura fortalecer servicios y garantizar derechos esenciales
         para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la
         sociedad. (Universalización de la ciudadanía, universalización de los Derechos
         Humanos, y universalización en la prestación de los servicios y mejora de calidad:
         educación, salud, Seguridad Ciudadana, Seguridad Alimentaria, Seguridad Energética,
         etc.)

      3) ECONOMICA: Comprender que competencia no significa necesariamente mercado y
         tampoco significa necesariamente lucro5. El Estado Promotor regula la economía para
         alcanzar crecimiento económico y prosperidad; pone la economía al servicio del pueblo
         y no el pueblo al servicio de la Economía6


4
 En el libro Política y Gestión Publica, op. cit., ver el artículo de Luis Carlos Bresser Pereira “La Restricción
Económica y la Democratica; pag 17
5
    BRESSER PEREIRA, LUIS CARLOS; op. Cit. Pág 30 y ss.
6
    Ver Preámbulo de la Constitución de 1979.

                                                                                                                    6
    La Asociación Presidente Ramón Castilla propugna el establecimiento de un Estado
    Participativo Democrático, Social y Constitucional. Para ello, se requiere Democracia
    Electoral7 (Los ciudadanos organizados a través de partidos políticos, movimientos sociales,
    frentes, etc. discuten deliberan y compiten por el acceso al poder del Estado) y Gobierno
    Democrático y Participativo (
    Los ciudadanos procedentes de las diferentes clases sociales, razas etnias y religiones,
    participan políticamente votan, se movilizan, apoyan, protestan, deciden y designan a los
    gobernantes que acceden a los puestos de mando del Estado)

    La democracia va más allá del régimen político pues supone también gobernar para todos a
    través de la efectividad de la ley (justicia para todos) y de las políticas públicas eficaces
    (trabajo, e ingresos dignos, salud, educación y seguridad de calidad para todos).
    La democratización supone un cambio en la relación de fuerzas entre las clases sociales a
    medida que caen las barreras que limitan la participación de los sectores excluidos: la
    propiedad, el género, la edad, el analfabetismo, etc.

    En el Perú se debe consolidar el núcleo de la democracia que consiste en establecer una
    forma de régimen político que controle la arbitrariedad en el ejercicio del poder
    garantizando derechos fundamentales a la ciudadanía.
    En el contexto antes descrito, se identificarán algunos puntos cruciales inherentes a la
    Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, que se deben tener en
    cuenta para el logro del modelo de Estado que se ha propuesto.

III. ESTADO PERUANO

1. NUESTRO CONCEPTO DE ESTADO

El Estado, organización política de la Nación, tiene como objetivo supremo la realización de
la persona humana. Es en el vivir colectivo que el ser humano encuentra los espacios para su
desarrollo y superación; cuando la dimensión de los conjuntos humanos que ocupan un
territorio determinado exige una organización más compleja para garantizar el orden interno y
la defensa respecto del exterior, es que hablamos de los Estados. El Estado procura consolidar
su soberanía identificándose con la sociedad cuyos destinos rige. El Estado no es una cosa
independiente sino la institución jurídica y política de la sociedad.

El Estado es más amplio que el poder político con el que a veces se le confunde. La existencia
de de una ideología sobre el poder y un poder público, jurídico y políticamente establecido,
son necesarios para que nazca el Estado, como también lo es la existencia de una población
sobre la cual se ejerza ese poder y un espacio geográfico sobre el cual haya una jurisdicción
de ese poder. La conjunción de estos cuatro elementos: Ideología, poder político, territorio
y población conforma el Estado.

El Estado se distingue de la nación. La nación es una comunidad dotada de una gran
autonomía donde se cumplen todas las funciones de la vida social, dentro de la cual se
desarrollan la conciencia de un mismo pasado, de una intensa solidaridad que abarca todos los
aspectos de la vida y de un común destino en el presente y en el futuro. La nación comprende
un sinnúmero de aspectos de la vida humana y ejerce una influencia sobre casi todas las
actividades del hombre, en tanto que el Estado es sólo una organización pública, una armazón
jurídica, el órgano que establece el derecho y lo aplica.



7
    LOPEZ, SINECIO, 2009.

                                                                                               7
El gobierno, o la autoridad del Estado, se ejercen sobre una población que se encuentra en un
territorio delimitado. En el sistema democrático, el Estado es el representante de la soberanía
nacional. El Estado es producto de la decisión de la nación de ceder su poder a la
organización política, jurídica y administrativa que crea para que la represente, le
proporciones servicios y la conduzca al crecimiento y al desarrollo integral, seguridad y
justicia. Es la nación la que decide en qué ámbitos, dimensiones, aspectos e intensidades el
Estado puede y debe ejercer el poder. El mecanismo que utiliza la sociedad para determinar
ámbitos del Estado en términos de extensión e intención es la Constitución. Según la
ideología predominante, el Estado va tomando o dejando de asumir ciertas atribuciones,
competencias y funciones y cediendo parte de su soberanía al mercado o a entes
supranacionales.

Cuando hablamos de reforma del Estado, nos referimos a la necesidad de ir adecuando, de
forma total o parcial, al Estado para que sirva a la nación, de acuerdo a los cambios
ideológicos y culturales, así como a las nuevas demandas nacionales e internacionales.

Actualmente, desde la perspectiva de la sociedad, se desconfía de la política, de los partidos
políticos y de las instituciones públicas, porque se percibe una ruptura entre los problemas
que la ciudadanía reclama resolver (pobreza, desempleo, inseguridad y violencia, inseguridad
ciudadana, mala calidad de vida) y la escasa capacidad de solución de los problemas sociales
que el Estado y los entes políticos tienen.
Esto explica en buena medida varias actitudes ciudadanas en torno a la política: abstención en
las elecciones; rechazo a los políticos tradicionales; concepción de la política como
pensamiento y actividad inútil y no deontológica; negativa a tener alguna relación con la vida
política y otras. La incapacidad del Estado para enfrentar los problemas de la ciudadanía
origina distorsiones en la vida política y social: Desequilibrios en las relaciones entre los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, expresados ya sea en intromisiones indebidas de unos
sobre otros, como en defensa de autonomías que defienden privilegios particulares; el uso
clientelístico de los recursos públicos, etc.

Por otro lado, los cambios en la división internacional del trabajo, junto con una economía
política dirigida por el mercado, han producido cambios importantes en el sistema interestatal
y en la forma como se conduce la política mundial. Por un lado, los Estados hegemónicos,
por sí mismo, o a través de las instituciones internacionales que controlan, han violentado la
autonomía política y la soberanía real de los estados periféricos en un grado sin precedentes.
Así mismo, se ha dado una tendencia hacia acuerdos políticos regionales e inter-estatales que
puedan incluir formas de integración soberana, como es el caso de la Comunidad Europea.
Esto hace que la Nación haya perdido su centralidad tradicional como unidad privilegiada de
iniciativa económica, social y política.
Esta situación nos obliga a revalorar al Estado y su necesario rol a cumplir en un mundo
cada vez más globalizado. Muchos de los límites de las reformas orientadas al mercado,
implementadas en las décadas pasadas, han ocasionado la debilidad del Estado, puesto que su
escasa capacidad de regulación no hizo posible evitar grandes crisis financieras; así mismo,
dio lugar a procesos de privatización envueltos en prácticas corruptas y consagraron
monopolios que podrían haberse evitado. La debilidad del Estado frente a los poderes
económicos de facto mermó su capacidad tributaria y, por tanto, de gasto social; también, su
debilidad para implementar políticas públicas eficaces impidió avances sustantivos en el
combate de la pobreza y mejoras en la distribución del ingreso.


2. LOS PILARES DE LA REFORMA DEL ESTADO

La Asociación Civil Presidente Ramón Castilla considera como Pilares de la Reforma del
Estado y Modernización de la Administración Pública los siguientes:

1.- La inclusión social, la igualdad y lucha contra la pobreza
2.- El trípode de la calidad de vida: Educación, salud y seguridad ciudadana
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3.- Una cultura ética inserta en el quehacer gubernamental y social
4.- Institucionalización como imprescindible estructura de la estabilidad
5.- Un orden económico que permite continuar con la búsqueda del ansiado desarrollo.

En consecuencia, la Asociación Civil Presidente Ramón Castilla propone los siguientes
lineamientos doctrinarios para consolidar el Desarrollo Sostenible, y alcanzar el fin
fundamental del Estado que es el Bien Común:

1.- Perfeccionar continuamente la institucionalidad democrática
2.- Preservar la estabilidad democrática
3.- Priorizar el desarrollo de capacidades humanas
4.- Preservar la estabilidad macroeconómica
5.- Estimular la relación justa y equitativa entre trabajadores y empresarios, sector público y
privado.
6.- Combatir la corrupción en todas sus formas.
7.- Garantizar la seguridad y la defensa nacional.
8.- Impulsar la descentralización y regionalización.
9.- Alentar la organización de la sociedad civil
10.- Imprimir una nueva cultura de valores
11.- Preservar el ambiente y la mega-biodiversidad del Perú.
        El bien común o interés general está constituido por aquel conjunto de bienes que
van,    desde los recursos naturales (derecho al agua, al aire puro, a las reservas ecológicas),
        pasando por los estrictamente socioeconómicos (trabajo, alimentación, salud,
educación), hasta llegar a los de carácter ético político (justicia, verdad, libertad). Estos
bienes necesarios para posibilitar una vida digna, tienen que ser accesibles al mayor número
de      personas (naturaleza común del bien) y tienen        que contar con una serie de
estructuras e instituciones que posibiliten su efectiva distribución       (justicia estructural
del bien).

       3. PROPÓSITOS DE LA REFORMA DEL ESTADO

    Lograr eficacia y eficiencia para servir a los ciudadanos
    Garantizar los derechos humanos
    Generar un Estado de ciudadanos
    Democratizar el sistema político y de participación a través del fortalecimiento de los
     partidos políticos, movimiento sociales, generando canales sociales y políticos de la
     población organizada.
    Descentralizar el poder y consolidar la democracia, para que ésta sea representativa,
     con mecanismos de participación, inclusiva y solidaria.
    Dar sostenibilidad al modelo político de Estado Participativo Democrático, Social y
     Constitucional.
    Fortalecer la capacidad de negociación del Estado frente a poderes fáctico nacionales e
     internacionales

       IV. REFORMA DEL ESTADO PERUANO


   1. VISIÓN DEL PAÍS

       Aspiramos a un país que se caracterice por:

    Ser una sociedad de ciudadanos con identidad nacional, en la que conviven
     solidariamente la diversidad y se valora lo diferente.
    Integrar ciudadanos responsables de sus actos y comprometidos con el bienestar
     individual y colectivo, cooperando con eficacia y eficiencia, generando ingresos para

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         todos, creando sabiduría, tecnología, riqueza económica, social y artística de manera
         competitiva.
        Estimular el compromiso de las personas con la seguridad externa y el orden interno.
        Tener un sistema de gobierno democrático, unitario y descentralizado, con una
         estructura eficaz, eficiente y transparente; con efectiva separación de poderes;
         permeable a la participación ciudadana y con instituciones sólidas.
        Contar con un Estado que promueva el desarrollo sostenible, en base a la mejora
         continua de las capacidades individuales y el desarrollo económico equilibrado del
         país.
        Promover una sociedad que viva en clima de paz, respeto y dignidad con los propios y
         los vecinos; que ocupe racionalmente el territorio y explote en consenso los recursos
         naturales, integrada con la naturaleza y el paisaje, y que aplique una práctica racional
         y sostenible en materia de prevención de desastres.
        Contar con la infraestructura física productiva necesaria así como con los servicios
         sociales básicos.


   2. CONCEPTO Y VISIÓN DEL ESTADO

         2.1 Concepto del Estado y su Reforma
El Estado comprende un conjunto de reglas de juego formales y un conjunto de mecanismos
para hacer cumplir dichas reglas y velar por el funcionamiento adecuado de las
instituciones. El Estado no debe estar separado de la sociedad, ni tener intereses propios.
Cada Estado debe guardar correspondencia con el desarrollo de la sociedad en la que surge y,
no obstante, puede frenar o acelerar dicho desarrollo. Si el Estado es una rémora para el
desarrollo -como ha sido la experiencia en el Perú- es indispensable cambiarlo o reformarlo.

Reformar el Estado, es revisar, y cambiar si es necesario, las instituciones políticas formales.
Es replantearse las relaciones entre los poderes de Estado; es cuestionarse las relaciones entre
el Estado y las instituciones no formales, para que el pleno respeto de los derechos de las
personas esté garantizado. La Reforma del Estado consiste en la generación consensuada de
un nuevo contrato social (reglas y normas), aceptables a todos o a una mayoría, dando lugar,
de ser necesario, a nuevas instituciones.

Entendemos al Estado como la nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio
por el libre consentimiento de los individuos que la componen, para dar normas y leyes que
garanticen el orden necesario para su supervivencia, defensa y desarrollo. La norma sobre la
que descansa el edificio jurídico de una comunidad se denomina Constitución, que puede ser
escrita o no, pero es aceptada como guía para el gobierno del Estado. La Constitución fija los
límites y define las instituciones que conforma la estructura del poder y sus relaciones,
garantizando al pueblo sus derechos y estableciendo sus obligaciones para con la sociedad.

       2.2. Nuestra Visión del Estado peruano:

    En lo Social, un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de la
     Nación y de las personas, como sujetos de derechos y obligaciones.

    En lo moral y deontológico, un Estado con mecanismos de transparencia y rendición
     de cuentas, que faciliten el control ciudadano, que erradique toda forma de
     burocratismo, fuente de corrupción y de utilización proselitista del Estado.

    En lo administrativo, un Estado con capacidad de gestión basada en la modernización
     de la Administración Pública a cargo de un servicio civil meritocrático, con servidores
     estatales capacitados, en la que se ha revalorado la carrera pública. Un Estado que
     preserva su unidad y gobernabilidad, con sustento en unas estructuras políticas,
     económicas y administrativas descentralizadas, a las que se ha transferido
                                                                                              10
       competencias y recursos del gobierno nacional, con clara delimitación de las
       funciones, competencias y atribuciones.

    En lo político, un Estado que asegura su funcionamiento democrático e integrado a
     nivel nacional, regional y local.

    En lo económico, un Estado promotor del desarrollo en complementariedad con el
     sector privado impulsando el desarrollo humano, armónico y sostenido de todo el
     territorio nacional, promoviendo la descentralización de la inversión así como la
     descentralización fiscal.

        La Reforma del Estado debe entenderse como la elaboración de un modelo de Estado,
que gire alrededor del principio que la soberanía del poder reside en el pueblo. El pueblo,
como dueño del poder, constituye un Estado para que lo sirva y lo conduzca a un futuro con
desarrollo sostenido. En el nuevo Estado, los tres poderes del Estado serán vistos como
Sistemas: Sistema Ejecutivo, Sistema Legislativo, Sistema Judicial que, actuando
verticalmente, cubren los niveles nacional, regional y local, y un Sistema de Participación y
Control Ciudadano que actuará transversalmente en los Sistemas Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.

   3. OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL ESTADO

       3.1 OBJETIVO GENERAL

        El Objetivo general de la Reforma del Estado es conseguir que la nación jurídica y
políticamente organizada sobre un territorio por el libre consentimiento de los individuos que
la componen, tenga una estructura institucional democrático-representativa, abierta a la
participación ciudadana, en la que su gobierno unitario y descentralizado cuente con una
administración eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos. El propósito último del Estado
es el bien común, el bienestar y el desarrollo de las capacidades de sus habitantes para
permitirles una constante transformación y adaptación ante realidades y demandas internas y
externas en permanente evolución y cambio.

       3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
   1. Construir un Estado moderno que se adscribe al sistema de democracia representativa,
      sustentado en el voto popular y en la separación de funciones entre los poderes, en el
      que se fomenta y practica la participación y el control ciudadanos.
   2. Tener un gobierno unitario y descentralizado, que facilite el desarrollo armónico y
      sostenido en todo el territorio nacional y con seguridad total plena..
   3. Contar con una administración eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos, con
      mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, comprometida en la lucha contra
      la pobreza, la exclusión y la corrupción.
   4. Dar prioridad al desarrollo de las capacidades de su población para permitirles ser
      actores del desarrollo personal y nacional, que haga viable la adaptación a las
      variaciones del entorno nacional e internacional.
   5. Usar y conservar el patrimonio natural y cultural de manera sostenible, para contribuir
      al desarrollo integral de la nación, manteniendo una calidad ambiental que proteja la
      salud de las personas y los ecosistemas.
   6. Desarrollar una política exterior geopolítica al servicio de la paz, la democracia y el
      desarrollo, mediante una adecuada inserción del Perú en el mundo y en los mercados
      internacionales.




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4. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

    4.1. ESTRATEGIAS PARA LA REFORMA DEL ESTADO

  PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Democracia Representativa.
 Perfeccionar en forma continua la institucionalidad democrático-representativa, con
  participación y control ciudadanos.
 Asegurar la coordinación y concertación entre los niveles local, regional y nacional, y
  entre los sistemas Ejecutivo, Legislativo y Judicial, permitiendo la gobernabilidad.

  PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Gobierno unitario y descentralizado.
 Impulsar el proceso de descentralización política, económica y administrativa,
  preservando el carácter unitario del Estado peruano.
 Propiciar la creación de la infraestructura institucional necesaria en todo el ámbito
  nacional orientada a facilitar un desarrollo armónico sostenido.
 Manejar en forma eficiente el gasto y la inversión social, preservando la estabilidad
  macroeconómica.
 Asegurar el orden público, la seguridad ciudadana, así como la seguridad exterior.

      PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Administración eficaz y eficiente al
    servicio de los         ciudadanos.
   Utilizar la planificación como instrumento de gobierno al servicio de los ciudadanos.
   Modernizar la administración pública haciéndola eficaz y eficiente, propiciando la
    superación de los funcionarios públicos y orientando su gestión al logro de las metas
    establecidas.
   Fomentar las buenas prácticas en la Burocracia estatal, mediante un régimen de
    carrera pública y seguridad social, basados en la meritocracia y la capacitación
    intensiva y permanente.
   Combatir la corrupción en la administración Pública, mediante la participación
    ciudadana y de la sociedad civil, fomentando y ejecutando la cultura de la
    transparencia, probidad y conducta ética en la administración de los recursos del
    Estado.
   Priorizar la lucha por la superación de toda forma de exclusión y generar
    oportunidades económicas para las personas en situación de pobreza a partir de un
    crecimiento económico con orientación redistributiva.
   Exigir a la burocracia pública, en forma permanente e intensiva, el cumplimiento de
    sus deberes y obligaciones con eficiencia, eficacia y deontología.

    PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Desarrollo de las capacidades de su
    población.
   Dar prioridad al desarrollo de capacidades humanas, universalizando los servicios
    básicos de educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad alimentaría y mejorando
    sustantivamente su calidad.
   Atender la situación y demandas de las personas en situación de pobreza para que
    tengan la capacidad de lograr su ascenso social por sus propios medios.
   Estimular la colaboración entre trabajadores y empresarios en los sectores público y
    privado, para lograr aumentos continuos y sostenidos de productividad e incrementar
    la competitividad.
   Incluir la ciencia y la tecnología como herramientas básicas para el desarrollo.
   Estimular el crecimiento sostenido con equidad social, la disminución del desempleo y
    el desarrollo de políticas que consoliden un proceso permanente de desarrollo
    económico.
   Alentar la capacitación de la ciudadanía para que participe activamente y
    productivamente en la solución de los problemas de su comunidad y de su entorno.
   Fomentar una nueva cultura de valores sustentada en la solidaridad, la equidad
    distributiva, la convivencia con el medio ambiente, el respeto a la diversidad y a los
    derechos humanos.
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   PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Uso y conservación sostenible del
   patrimonio natural y cultural.
 Conservar y proteger la mega-biodiversidad del país y la calidad ambiental en
   beneficio de la salud de las personas y los ecosistemas.
  Usar el patrimonio natural y cultural de manera sostenible, contribuyendo al desarrollo
   integral de la nación.

  PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Política exterior geopolítica al servicio de
  la paz, la democracia y el desarrollo.
 Promover un nuevo orden internacional basado en el respeto a la soberanía de las
  naciones y en el fomento de la paz, la democracia y el desarrollo.
 Propiciar una adecuada inserción política y comercial del Perú en el mundo y en los
  mercados internacionales.
 Fortalecer la integración latinoamericana, en especial la alianza estratégica con los
  países fronterizos, mediante una visión geopolítica.

   4.2. POLITICAS PARA LA REFORMA DEL ESTADO                                     Y    LA
   MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   4.2.1. Plena vigencia de la Constitución y los Derechos Humanos

   Afianzar el respeto a los Derechos Humanos y asegurar la sanción a los responsables
   de su violación. Asegurar el l derecho a la desobediencia civil en el caso de
   interrupción del régimen democrático.

   Garantizar la vigencia de la Constitución en el fortalecimiento de un Sistema de
   Administración de Justicia que respete la independencia de sus organismos
   integrantes, asegure la designación transparente de las autoridades judiciales,
   fortalezca los mecanismos de vigilancia de la administración de justicia, para que esta
   tenga: celeridad procesal, calidad en las sentencias, gratuidad en el acceso,
   erradicación de la corrupción judicial, relación sinérgica con la justicia comunal y
   permita el uso intensivo de los medios alternativos de resolución de conflictos.
   Asegurar en la administración pública la revalorización de la carrera pública
   sustentada en la meritocracia, reducir los costos de acceso a los bienes y servicios
   públicos y el acceso a la información sobre planes, programas, proyectos,
   presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gasto públicos, erradicar el
   clientelismo, contar con organismos reguladores , velar por la protección a los
   consumidores y reformar el Sistema Previsional, velando por pensiones dignas a
   quienes destinaron su vida al servicio de la Nación.

   4.2.2. Seguridad Integral: Ciudadana y exterior.

   La seguridad integral debe ser la contraparte del desarrollo integral.
   Garantizar la fortaleza del sistema nacional de seguridad ciudadana en todas las
   provincias y distritos del país, especialmente en las zonas vulnerables a la violencia,
   propiciando la prevención de los conflictos y las prácticas violentistas y
   delincuenciales, así como la promoción de los valores éticos y cívicos a los
   integrantes de la Policía Nacional del Perú.
   Fortalecer la coordinación de funciones entre la policía nacional y los serenazgos
   municipales, en las áreas urbanas y con las rondas campesinas en las áreas rurales.
   Modernizar y fortalecer el equipamiento de las fuerzas armas y la Policía Nacional del
   Perú y dotar a su personal de los beneficios de la carrera pública, capacitación
   permanente y seguridad social.
   Involucrar a la población en el sistema de seguridad integral para darle sostenibilidad
   y legitimidad.
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 4.2.3. Ciencia y Tecnología

Definir los objetivos y la organización del sistema nacional de ciencia y tecnología y
asegurar permanentemente los recursos necesarios para el desarrollo de sus programas,
a nivel local, regional y nacional.
Establecer la articulación de la Universidad, la Empresa y los Entes Estatales en la
investigación y el desarrollo tecnológico en todos los niveles y formas, a fin de lograr
ventajas comparativas y competitivas.

 4.2.4 Lucha contra la Corrupción

Desempeño ético y transparente de la función pública.
Creación del sistema participativo y descentralizado de Control, integrado por la
Contraloría General de la República, las Procuradurías Públicas y organizaciones de la
sociedad civil.

 4.2. 5. . Lucha contra el Narcotráfico

Diferenciación de la interdicción (represión), las acciones de desarrollo y las de
rehabilitación.
Creación de un Directorio Nacional presidido por el Primer Ministro e integrado por
las máximas autoridades de las entidades públicas involucradas y representantes de la
sociedad civil de las áreas cocaleras.

Fortalecer los sistemas de interdicción, perfeccionar las normas para el estricto control
de los insumos químicos, combatir toda relación entre el tráfico ilícito de drogas y la
corrupción de funcionarios del Estado, así como promover el desarrollo integral de las
zonas cocaleras.

Atender la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el
narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo, promoviendo
sistemas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación del fármaco
dependiente.
Priorizar el desarrollo integral de zonas cocaleras
4.2.6. Políticas Sociales

Priorizar la acción del Estado para combatir la pobreza mediante programas sociales
plurisectoriales y con intervención de los beneficiarios.
Planificar y ejecutar programas multisectoriales, con intervención de los beneficiarios,
para resolver los problemas sociales.

4.2.7. Política Exterior

Promover clima de paz, seguridad y no armamentismo en América Latina.
Fomentar el respeto a la soberanía de los Estados y al principio de no intervención.
Abogar porque la globalización se extienda al libre tránsito de personas y de
tecnologías de punta.
Proponer y apoyar la participación de América Latina en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y promover la conformación de un Banco Central
Latinoamericano.
Fortalecer una diplomacia que apoye a las comunidades y empresas peruanas en el
exterior y sea instrumento de expansión comercial, captación de inversiones y
cooperación internacional. Fortalecer la política de asociación preferencial con los
países vecinos.
                                                                                      14
   Fomentar la lucha contra la corrupción, el narco-tráfico y el terrorismo en el plano de
   las relaciones internacionales.
   Establecer en forma permanente e intensiva planes de desarrollo en las zonas
   fronterizas.

   4.2.8. Patrimonio natural y medio ambiente

   Educar permanentemente a la nación es el respeto, cuidado y conservación del
   patrimonio natural y medio ambiente.

   Desarrollar programas de conservación del patrimonio natural y medioambiente
   Exigir que las empresas de toda naturaleza y objeto, nacionales y extranjeras cumplan
   de manera estricta las normas de conservación del medio ambiente, como condición
   para seguir desarrollando sus actividades en el Perú.


5. PROPUESTAS DE REFORMAS

Concibiendo que la democracia va más allá del régimen político pues supone también
gobernar para todos a través de la efectividad de la ley (justicia para todos) y de las
políticas públicas eficaces (trabajo, e ingresos dignos, salud, educación y seguridad de
calidad para todos); aspiramos a un Estado Participativo, democrático, social y
Constitucional, en el que los ciudadanos discutan, deliberan y compitan por el acceso al
poder del Estado a través de partidos políticos, movimientos sociales, frentes, etc., en la
dimensión liberalizadora de la democracia y que, a través de la dimensión
democratizadora, los ciudadanos procedentes de las diferentes clases sociales, etnias y
religiones, participan políticamente: votan, se movilizan, apoyan, protestan, deciden y
designan a los gobernantes que acceden a los puestos de mando del Gobierno.

Por ello proponemos:

5.1. PROPUESTA DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES

     La Reforma del Estado en el Perú requiere cambios en la actual Constitución para:

     5.1.1 Dotar al Estado capacidades que le permitan poder implementar un modelo
     económico que armonice el Estado y el mercado, así como políticas públicas que
     permitan el desarrollo y seguridad integral de la nación y la participación ciudadana
     en la gestión y control de las entidades estatales. Asimismo la Reforma del Estado
     requiere asumir cambios en el modelo económico que aseguren el Rol Promotor del
     Estado y no simplemente subsidiario y la compatibilización de la intervención
     estatal para corregir las fallas y riesgos del mercado y atender las demandas y
     necesidades de la población mas necesitada.

     5.1.2 Implementar la conversión de los actuales Poderes del Estado como Sistemas
     que permitan la articulación de cada uno de ellos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
     en los tres niveles de gobierno. Así mismo, crear el Sistema de Participación y
     Control Ciudadano, transversal a los tres Sistemas Ejecutivo, judicial y Legislativo.

     5.1.3 Disminuir el presidencialismo actual, dando paso a un régimen semi-
     presidencial y semi-parlamentario.

    5.1.4. Establecer el nuevo Sistema Legislativo: Bicameralidad, Representatividad,
   Legislación, Fiscalización. Distritos electorales y Revocatoria de mandatos


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5.2 SISTEMA EJECUTIVO

  5.2.1 Jefe de Estado y Jefe de Gobierno

  Se propone dividir las funciones del Jefe del Estado de las del Jefe de Gobierno,
  encargando al Presidente de la República la Jefatura del Estado y al Presidente del
  Consejo de Ministros, la del Gobierno.

  El Presidente de la República asume la función del Jefe de Estado,se ocupa de los
  grandes problemas nacionales y fija el rumbo que debe seguir el país. Es el
  comandante supremo de las Fuerzas Armadas, conduce las relaciones exteriores,
  promulga las leyes y vela por el adecuado funcionamiento de los poderes públicos, el
  cumplimiento de la Constitución, las leyes y los convenios. Encarna a la nación y es
  expresión de la unidad nacional, situándose por encima de los avatares de la política
  cotidiana. El Presidente de la República, mantiene su atribución de disolver el
  Congreso y convocar a elecciones cuando se censura por dos veces al Presidente de
  Consejo de Ministros.

  El Presidente del Consejo de Ministros asume la función del Jefe de gobierno.
  Designado por el Presidente de la República, preside el Consejo de Ministros, escoge
  sus ministros y forma su gabinete, con la aprobación del Presidente de la República.
  Es investido por el Congreso de la República al aprobar éste la propuesta de programa
  de gobierno que presente. Tiene la atribución de emitir normas administrativas de
  carácter general con el voto aprobatorio del consejo de ministros y las sectoriales con
  el refrendo de los ministros correspondientes.

  El Presidente del Consejo de Ministros conduce las relaciones del Sistema Ejecutivo
  con los Sistemas Legislativo y Judicial y organismos con autónomos del Estado y
  tiene a su cargo la coordinación de la política general, Comisiones interministeriales
  de asuntos económicos y de asuntos sociales y de asuntos territoriales, regionales y
  locales, todo ello para garantizar la unidad de gobierno y concertar la formulación y
  ejecución de las políticas públicas con los niveles descentralizados de gobierno. El
  Presidente del Consejo de Ministros debe tener a su cargo la conducción del
  planeamiento estratégico, la priorización de la inversión y del gasto y
  consecuentemente la asignación presupuestal, el endeudamiento público y el
  seguimiento y evaluación de la gestión pública.

 5.2.2 Reestructuración del actual Poder Ejecutivo

 Ante una situación caracterizada por una visión sectorizada y fragmentada de la
 gestión de gobierno, que la hace poco comprensiva y no planificada, con
 concentración de funciones y recursos en organismos del gobierno central y una baja
 profesionalización y especialización en los niveles de toma de decisiones; se plantea:

      Un ordenamiento en función del propósito normativo y regulador del Estado
       estableciendo una separación clara entre la función de gobierno (ministerios y
       organismos centrales) y de la producción de bienes y prestación de servicios
       (instituciones públicas descentralizadas o empresas).
      El reagrupamiento sectorial, que facilite la complementariedad en la
       formulación de políticas sectoriales para un adecuado tratamiento a los
       problemas de complejidad multisectorial.

 5.2.3 Ministros y Viceministros o Secretarías de Estado

      Configurar un consejo de ministros operativo dedicado a la conducción y
       armonización intersectorial de la política general de gobierno.
                                                                                      16
    Delegación de atribuciones y funciones administrativas de los ministros,
     incluyendo las presupuestales a los viceministros o secretarios de estado.
    Conformación de órganos especializados.¿?
    Supresión de todos los órganos que no guardan relación directa con las nuevas
     funciones y en razón de que gran parte de los gastos administrativos y
     servicios son asumidos por los niveles descentralizados de gobierno.

5.2.4 Ministerios con perspectiva multisectorial ( Integración de Ministerios)

   1. Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo, por Delegación del Presidente de la
      República, de las relaciones exteriores y de la coordinación de las políticas de
      comercio exterior e integración y la correspondiente negociación económica en
      el exterior.
   2. Ministerio de Defensa, es el órgano de ejecución del Sistema de Seguridad y
      Defensa Nacional, formula la Política de Defensa Nacional en el campo
      militar y coordina dichas Políticas en los campos no militares. Sirven de
      soporte en la definición de las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional los
      cinco criterios siguientes:
    Incorporar una visión geopolítica y geoestratégica a los temas de Seguridad y
      Defensa Nacional.
    Reconocer que la Política de Seguridad y Defensa Nacional es una Política de
      Estado que trasciende los gobiernos.
    Otorgar una mayor efectividad a la relación entre Seguridad y Desarrollo
      Nacional.
    Perfeccionar los mecanismos de fomento de la confianza con los Estados y los
      Organismos Regionales y Mundiales.
    Modernizar y reestructurar a las Fuerzas Armadas y al Sector Defensa.

   3. Ministerio de Gobierno Interior tiene como responsabilidad principal normar
      y garantizar el orden interno, Gobierno Interior y la rehabilitación social de
      reclusos.
   4. Ministerio de Desarrollo Humano y Social, a cargo de conducir las políticas
      de salud, previsión social y bienestar familiar, educación, condiciones de
      trabajo, y relaciones laborales, recreación y deportes.
   5. Ministerio de Recursos Naturales, se sustenta en el principio que el desarrollo
      genuino sólo puede resultar de una utilización racional y sostenible de la base
      de recursos de la Nación. Tendría a sus cargo las políticas de pesca y de
      agricultura, ganadería, bosques, flora y fauna silvestre, explotación de los
      recursos mineros y de hidrocarburos y, como preocupación central, asegurar
      la preservación y el uso racional de los recursos naturales renovables.
   6. Ministerios de Asuntos Productivos de Transformación tendría a su cargo las
      políticas en los campos de la industria básica, Industria Petroquímica,
      Industria Manufacturera, Agroindustria.
   7. Ministerio de Acondicionamiento de Territorio este Ministerio tendría a su
      cargo el planeamiento y la conducción de las políticas para el desarrollo de la
      infraestructura económica y de apoyo a la producción y al comercio (vías,
      puertos, edificaciones, electricidad, y energía no convencional, grandes obras
      hidráulico-energéticas y comunicaciones).
  8. Ministerio de Hacienda y Finanzas este Ministerio, en coordinación con la
      Presidencia del Consejo de Ministros se encargaría del diseño de la política
      fiscal; de conducir y supervisar los asuntos relativos a la administración
      presupuestal, tesorería y la contabilidad gubernamental. Le correspondería
      actuar como órgano para la concertación y gestión del crédito público. Así
      mismo, conduciría el tesoro público, de conformidad a la programación de
      asignación del gasto del presupuesto del sector público.
   9. Ministerio del Ambiente, con competencias normativas y de control de
      recursos hídricos y cuencas y micro cuencas a lo largo del País.
                                                                                   17
    10. Ministerio de Cultura, Turismo y Comunidades Nativas, encargado de
        conducir las políticas culturales, de turismo y de interculturalidad asimismo
        encargado de promover la cultura en todos los ámbitos y salvaguardar el
        patrimonio monumental, histórico, arqueológico artístico y cultural,
        promoviendo la identidad nacional;
    11. Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, encargado de conducir las
        políticas del sector y promover la ejecución de los proyectos que se estimen
        como prioritarios asimismo establecer programas de cooperación regional o
        incorporarse a otros que sean de interés nacional, como la nanotecnología,
        biotecnología, tecnología de la información de comunicación y ciencias
        cognitivas que forman parte de las mega tendencias científico-tecnológicas en
        el mundo.
    12. Ministerio de la Administración Pública, encargado de todos los aspectos
        relacionados con la burocracia pública.

5.2.5 Institucionalización de Órganos Autónomos

Se debe institucionalizar las entidades autónomas que garanticen de manera fehaciente
el equilibrio de poderes y la defensa de los derechos ciudadanos.

   Existen determinados asuntos que corresponden ser atendidos por el Estado bien
    por que son de enorme trascendencia para el futuro de la Nación o porque
    aseguran una mejor marcha de la sociedad o del propio Estado, razones suficientes
    para que no fueran afectados o interferidos por intereses económicos, sociales o
    políticos.
   Se propone institucionalizar, como órganos autónomos del Estado, a los
    organismos regularizadores: OSINERG, OSITRANG, OSIPTEL, SUNASS, etc.;
    el INE, el CONCYTEC, INDECOPI, CONSUCODE, y CENTRO DE ALTOS
    ESTUDIOS DE LA FUNCION PÚBLICA, que son esencialmente técnicos y que
    es mejor no adscribirlos a ningún sector en particular.

En las últimas décadas han proliferado los organismos reguladores, los mismos que
representan un incremento significativo en remuneraciones y gastos de representación
sin a su vez prestar mayor eficiencia o efectividad de los servicios que regulan.
Muchos de estos organismos reguladores que antes estuvieron bajo el control de los
Ministerios hoy en día se han autonomizado como una forma de no ser afectados por
intereses políticos u económicos pero la realidad, esta mostrando en muchos casos que
estos organismos en lugar de servir y proteger al usuario defienden intereses de
grupos de poder. Se propone establecer una participación mayor de los usuarios en los
directorios de estos organismos.

5.2.6 Sistema de Fiscalización y Control Público

El Sistema de Fiscalización y Control habrá de considerar de manera detallada tanto
en su accionar, como de las organizaciones rectoras: Congreso de la República y
Contraloría General, considerando los entes operativos y complementarios:
Comisiones de Fiscalización y de la Cuenta General y Órganos de Control Interno,
respectivamente.

El Sistema de Fiscalización y Control Público enfrenta hoy un tema particularmente
importante, como son las Rendiciones de Cuentas y las Memorias Ministeriales. La
Cuenta General es la forma Anual de presentación de esas Rendiciones de Cuentas
de los Organismos del Estado, los cuales deben de mostrar los avances al momento de
su presentación oportuna.

Es imperativo considerar también que la Rendición de Cuentas no es la tradicional
auditoria contable, sino el efectivo control de resultados que las organizaciones
                                                                                  18
   públicas presentan de un período de ejecución presupuestal del año vencido que no
   sólo mide la eficiencia y de cómo las acciones han sido realizadas; sino la eficacia de
   estas acciones (actividades y/o proyectos) en el marco de los planes de corto y
   mediano plazo.
   Todo esto medido bajo parámetros de la eficiencia de la organización institucional y
   de la eficacia en lo realizado que resulta necesario para una comunidad que hace uso
   de su control participativo.

   En general tanto el Congreso de la República, como la Contraloría General, cumplen
   funciones fiscalizadoras. El Congreso cumple su función en el campo de su
   jurisdicción política. La Contraloría es responsable de la parte técnico-
   administrativa.

   Las labores de fiscalización no son aisladas, existe una relación funcional de la
   Contraloría General hacia el Congreso de la República, como correlativamente éste
   último respeta el carácter autónomo de la Contraloría General.

   Proponemos como ACPRC la reforma del art. 81 de la Constitución Política, a fin de
   que la Cuenta General que contiene la Rendición de Cuentas sea presentada por el
   Ejecutivo en forma oportuna, para que el Congreso tenga el tiempo suficiente de
   examinar, dictaminar y sancionar (aprobar o desaprobar) dicha Cuenta General.
   5.2.7 Proceso Administrativo de Gestión Integral.


                                          SOCIEDAD

                                            ESTADO
          SECTORES                                                          SISTEMA
                                                                          DE GESTION
                                                                           INTEGRAL
                        LEGISLATIVO      EJECUTIVO         JUDICIAL

            P.C.M.                        REGIONES                        SISTEMAS
                          M                                           S
                          M            Aproximadamente:               S
           ECONOMIC
              O           M           7 u 8 Macro Regiones            S    PLAMTO
                                       26 Gob. Regionales
                                      197 Gob. Provinciales           S
                          M
             SOCIAL                   1,812 Gob. Distritales          S
                          M                                                GESTION
                                                                      S
                          M
                                           CONTROL                    S
            OTROS         M
                                                                      S   CONTROL
                          M
                                                                      S
                                          SOCIEDAD




El Estado para cumplir con sus objetivos se sostiene en los sectores, conformados por
las instituciones públicas y privadas que cumplen las políticas y funciones del gobierno, y
los Sistemas Administrativos que de manera transversal desarrollan el Proceso
Administrativo de Gestión, en apoyo y asesoría de las instituciones que integran los
Poderes del Estado en el ámbito nacional.
                                                                                        19
    El Sector, es un concepto analítico, conformado por la sumatoria del Ministerio, los
Organismos Públicos Descentralizados y las actividades privadas afines a la política y
funciones técnicas que desarrolla el Ministerio. Por lo tanto la función del Sector no es
administrativa sino exclusivamente política. Su accionar es vertical y su relación entre
ellos es sólo por acciones de gobierno. Los Sectores representan para el Estado los
órganos de línea, encargados de cumplir los objetivos del Estado; los Sistemas,
Administrativos son los órganos de apoyo y asesoría de las entidades públicas. el alma o
el espíritu que transmiten la sangre que da vida a los Sectores y procuran que, en época de
escasez o de bonanza, no se pierda la eficiencia y eficacia en la administración de los
recursos del Estado.
Los Sistemas Administrativos, son de aplicación nacional, actúan en sentido transversal,
como actividades especializadas en todas las instituciones de la Administración Pública,
en el desarrollo del Proceso Administrativo de Gestión. Son un conjunto de principios,
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan,
funcionan y desarrollan las actividades realizadas por todas las entidades del Estado.
La falta de información adecuada y oportuna hace que todo el aparato del Estado no pueda
generar Políticas Públicas estatales y de Gobierno, ni implementar las Políticas, planes,
programas y proyectos en productos: Bienes y Servicios, en forma adecuada y oportuna a
través de su administración.

La Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública debe incidir en
producir información para la toma de decisiones del Estado. Las instituciones deben
dedicarse al logro de sus objetivos y metas, razón de su función principal y no estar
preocupados de la parte administrativa. Esa área es responsabilidad de la oficina de
administración o quien hagan sus veces, que es la que coordina y racionaliza sus recursos
a través de sus oficinas de personal, tesorería, presupuesto, contabilidad, abastecimiento,
etc.

 Los Sistemas Administrativos, son aprobados por Ley. Están representados por un Ente
Rector como autoridad técnica-normativa a nivel nacional. Todos los Sistemas
Administrativos tienen la misma jerarquía.
os Sistemas Administrativos deben proporcionar información la información que se
obtenga, debe ser en forma individualizada, en tiempo real y transparente para la
oportuna toma de decisiones; la información debe ser por entidades, de manera integral,
ascendente y por consolidaciones sucesivas; desde la base a partir de los Gobiernos
Locales (Distritales, Provinciales) y Regionales hasta las entidades del Gobierno Central;
esta información facilitaría la integración administrativa a nivel País para que hagan
factibles los planes y objetivos.
Se hace necesario implementar un Proyecto Integral de Sistemas Integrados en toda la
Administración Pública Peruana que incida en:

     • Capacitar y asesorar al personal administrativo:
     • Producir información a través de sistemas integrados;




                                                                                        20
   5.2.8 Visión Geopolítica del Estado

El Estado peruano debe contar con una visión geopolítica y geoestratégica que valore lo
que somos como país. En tal sentido, desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica,
el Perú es un país que posee las siguientes sus características: Tiene acceso directo al mar
a través de un litoral de 3,050 kilómetros, actividades agrícolas los doce meses del año,
una gran biodiversidad en todo su territorio, pose el 5% del agua dulce del mundo y una
gran reserva de todo tipo de minerales, disponer de ríos navegables en la selva, y
especialmente el río Amazonas, que nos proyecta hacia el Océano Atlántico, y tener
presencia en la Antártida.

Por estas consideraciones geopolíticas definen al el Perú se debe de definir como un país:
marítimo, andino, amazónico y bio-oceánico por la proyección internacional del río
Amazonas. Estos aspectos propios de nuestra realidad deben ser la base para la definición
de las políticas públicas de Desarrollo. Y si con esto cuenta el ciudadano para desarrollar
sus actividades económicas y de servicios, entonces esto es lo que tiene que defender; en
consecuencia las Políticas Públicas de Seguridad orientadas a deben dirigirse a defender
las características geopolíticas que el Perú posee.

La necesidad que el Perú redefina sus relaciones con la economía internacional en
mejores condiciones que las actuales, obliga a desplegar intensos esfuerzos en el campo
de la profesionalización de la función pública, hacerla más abierta a las innovaciones y
menos estandarizada y ortodoxa, así como más flexible e imaginativa; deberá para ser ser
capaz de responder de manera informada y selectiva a condiciones y demandas
cambiantes, en un contexto social crecientemente conflictivo y un escenario económico
más competitivo y dinámico. Para ello se requerirá del diseño y uso de instrumental de
decisión más moderno; la elevación de la eficiencia, eficacia y productividad de la
gestión, y la adecuada regulación del mercado y de la desburocratización de la
administración del Estado, por lo que la formación del factor humano se hace necesaria.
Fortalecimiento de las capacidades de gestión para la integración latinoamericana y
mundial.

   5.2.9 Coordinaciones Intergubernamentales e Interinstitucionales

      La vigencia y reforma del Estado deben ser preocupación principal y
       permanente del Jefe del Estado, y de un Consejo de Estado (integrado por las
       autoridades superiores de los sistemas (poderes) del Estado y de las entidades
       constitucionalmente autónomas) que él preside. Debe, así mismo, contar con el
       asesoramiento de un alto colegiado de Consejeros de Estado multidisciplinario,
       plural y autónomo.
      La reforma del Estado debe definir y precisar mejor la naturaleza, organización,
       funcionamiento y responsabilidades de la Jefatura del Estado y de la Jefatura de
       Gobierno y de cada uno de los sistemas (poderes) del Estado.
      Mediante leyes orgánicas se debe esclarecer cómo se van a ejercer y articular las
       funciones de los sistemas (poderes) del Estado en las esferas del Gobierno
       Nacional y de los Gobiernos Regionales y Locales (en sus ámbitos: Comunal,
       Distrital y Provincial); así como su articulación con los sistemas (electoral, de
       defensa, de control, universitario) y entidades (Tribunales y Consejos Nacionales)
       que son constitucionalmente autónomas e independientes. Se propone la creación
       de Consejos de Coordinación Nacional; Consejos de Coordinación Regional y
       Consejos de Coordinación Local y Comunal que permitan la coordinación y
       complementariedad entre niveles de gobierno conformantes del Estado unitario.
       Estos consejos actuarían como consejos de ministros encargados de establecer
       políticas públicas nacionales, regionales y locales así como posibilitar la

                                                                                          21
        coordinación necesaria para el desarrollo integral humano y sostenible y la
        gobernabilidad democrática.
       Los procesos de reforma de la administración pública deben ser conducidos
        bajo la autoridad y responsabilidad política de un Ministerio de la Función
        Pública (o Ministerio de la Administración Pública), al que se debe integrar
        progresivamente entidades tales como el ex Consejo Nacional de
        Descentralización, el Consejo Superior del Empleo Público, y que norme y
        coordine el funcionamiento de los Sistemas Administrativos Generales. Dicho
        Ministerio contaría con el asesoramiento y apoyo del Consejo Nacional de la
        Función Pública, del Centro de altos Estudios de la formación publica y
        Programa de especialización de la Administración publica, de la Escuela
        Superior de la Administración Pública (como ente rector del sistema de
        Formación y Capacitación de Funcionarios, Directivos y Ejecutivos del sector
        publico) y del Tribunal Administrativo (instancia suprema en la que agota, en la
        vía administrativa, las impugnaciones a las decisiones y procesos que afectan las
        relaciones entre las entidades administrativas, los administradores y los
        administrados).

5.2.10 El Acuerdo Nacional

        Deberá convertirse en el CONSEJO NACIONAL de DESARROLLO cuya
        función sea armonizar los intereses de las instituciones con los objetivos
        nacionales en el marco de la planificación estratégica nacional, así mismo debe
        conocer y opinar sobre todos aquello aspectos que tengan significado nacional,
        para su aprobación por el Congreso.

5.2.11 Función Pública: Funcionarios y Servidores

        Los Funcionarios Públicos asisten al estamento político en la tarea de gobierno y
        en la formación de políticas públicas tanto del sistema Ejecutivo, Legislativo y
        Judicial (Poderes) y Sistema de Participación y Control Ciudadano

        Se propone la creación del Centro de Altos Estudios de la Formación Pública y
        Programa de Especialización de Función Pública para la formación,
        capacitación y especialización fundamentalmente de los funcionarios públicos
        pertenecientes a la:
    •    Alta Judicatura
    •    Asesoría Parlamentaria
    •    Gobierno y Administración
    •    Servicio Exterior de la República
    •    Control Fiscal
    •    Dirección Empresarial Pública

       Se propone una ESAP Descentralizada y en redes que utilice todas, las
infraestructuras de las universidades, ONG’s, Institutos superiores tecnológicos
y productivos. La ESAP debe         estimular y propiciar entre los funcionarios y
servidores los siguientes aspectos:

    •    Estímulo decidido a la creatividad organizacional.
    •    Desarrollo pleno del potencial humano del sector público (Capital social)
    •    Desarrollo de las capacidades para gerenciar complejidad.
    •    Desarrollo de la capacidad de manejo de programas sociales masivos.
    •    Desarrollo de las capacidades e implementación de programas multi-
         institucionales.
    •    Articulación sustantiva del aparato Estatal.
    •    Productivizar el gasto público.
                                                                                      22
  •   Interiorizar y practicar en todas sus acciones y decisiones la ética y
      deontolología.

5.2.12 FUNCION PÚBLICA Y CARRERAS PÚBLICAS

BASE DOCTRINARIA.-

La Constitución de 1979 es la primera que dedica un Capítulo a la “Función Pública”,
y la Constitución de 1993 lo mantiene (artículos 39 al 42) estableciendo: que los
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación; que hay un orden
jerárquico; que la Ley regula el ingreso a la carrera y sus derechos, deberes y
responsabilidades; que se publicará sus ingresos; que             se           solicitará
declaraciones juradas de bienes y rentas; que se establecerá responsabilidades y
plazos de inhabilitación, y que, con ciertas limitaciones, se reconoce sus derechos
de sindicación y huelga.

A falta de una ley de desarrollo constitucional del referido Capítulo, la Función
Pública se rige, desde que se estableció el Servicio Civil en el Perú en 1950, por
numerosas disposiciones legales, de diversa jerarquía, de alcances parciales (con
vacíos y superposiciones) y de compleja articulación, incluyendo intentos de mejor
ordenamiento en algunos de sus ámbitos (empleo, carreras, remuneraciones,
capacitación, responsabilidades, ética, sindicación).Los procesos de descentralización
y regionalización, iniciados el año 2002, sus lentos y desequilibrados avances y sus
retrocesos, han incrementado la complejidad del ejercicio de la Función Pública,
generado descoordinaciones entre los tres niveles de gobierno.

El Acuerdo Nacional fijó el 2002 como Gran Objetivo un “Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado”, “al servicio de las personas”, “que fomente la
participación ciudadana y       respete la autonomía de las organizaciones sociales”,
“que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de corrupción o de
utilización proselitista del Estado”, “mediante la capacitación de los servidores
estatales y la revaloración de la carrera pública”.

Sin embargo, las condiciones laborales en el Sector Público siguen siendo precarias y
la pauperización socio económica afecta a un gran sector de sus trabajadores y
pensionistas. Por otro lado, hay insatisfacción de la población respecto a la
disponibilidad y calidad de los       servicios públicos y rechazo a la proliferación de
la corrupción, incluyendo casos graves a los más altos niveles. Todo ello mella la
imagen y afectan seriamente la valoración y el futuro de la Función Pública. Por ello
algunos países han puesto la Función Pública a cargo de un Ministerio, o
Secretaría de Estado, a fin de revalorizarla y para recuperar la confianza ciudadana,
por su contribución a la gobernabilidad y al logro de una Administración Pública
para el Desarrollo, que asegure la implementación de las políticas públicas, en el
contexto y     el proceso de la rápida y compleja evolución de la organización y el
funcionamiento de los Poderes del Estado, de los Niveles de Gobierno, y de los
Sectores, Sistemas, Servicios y Órganos de la Administración Pública.
                                                                                      23
Los aportes de la CAREMA 2009

La CAREMA 2009 planteó la necesidad de vincular la función pública y el servicio
público con el pueblo, con la nación, puesto que la función pública es ejercida por
personas, a quienes la nación les otorga poder (fuerza pública) y autoridad
(capacidad de gobierno y     administración) para que brinden el servicio público al
pueblo o nación. Se planteó la siguiente escala jerárquica, ligada a la función y el
servicio público:

               Pueblo > Estado >Gobierno >Administración.

El personal que ejerce la función pública y la gestión publica son mandatarios (electos
por el pueblo), funcionarios (designados en cargos de confianza), servidores
(nombrados, con       régimen de carrera pública) y trabajadores públicos
(contratados). Se expuso la problemática de las carreras públicas civiles:
Diplomáticos, Magisterial, Profesionales de Salud, Docencia Universitaria,
Judicial.

Se reiteró la necesidad de tener una Administración Pública de calidad, que haga
frente a los retos de la globalización, cambio tecnológico, credibilidad y crisis
financiera. Se hizo hincapié que el elemento humano es la clave para lograr las
metas prometidas y, por esta razón, es necesario    y   urgente el desarrollo de
capacidades de funcionarios y servidores públicos, dentro de un esquema general de
formación y capacitación de empleados públicos y de la obtención de una
Administración Pública al servicio del ciudadano.

La corrupción, como una lacra que impide el desarrollo de la efectividad del Estado,
fue     expuesta de manera amplia, incluyendo la presentación de un plan
estratégico para       combatir la corrupción. La ética pública fue ampliamente
tratada, desde su origen     histórico en la Conquista del Perú hasta la fecha. Se
propuso como principios “Trabajar para el bien común” y “Crear una República de
ciudadanos”.

Se fundamentó la necesidad de constituir en el futuro un eficaz Servicio Civil,
mediante un plan de etapas progresivas y con una duración de diez años. Se expuso
la conclusión que la formación y la capacitación del personal civil             de la
administración Pública guarda estrecha relación con la     gobernabilidad           y
legitimidad de los gobiernos central, regional y local. Se sugirió y fundamentó el
establecimiento de escuelas de formación y capacitación de        los    recién
ingresados y a los incorporados al servicio público. Se expuso la necesidad del
desarrollo de las capacidades de los funcionarios y servidores         públicos, para
conseguir      una administración pública de calidad y con eficacia para responder
positivamente a los retos de la globalización, cambio tecnológico y
gobernabilidad.




                                                                                    24
Propuestas de la Asociación Civil Presidente Ramón Castilla.-

A nivel constitucional:

En el Título I “De la persona y de la sociedad”, su Capítulo IV “De la Función
Pública”), artículo 40, proponemos modificar su primer párrafo, con el siguiente
texto:

“La Ley de la Función Pública, a nivel nacional:

a.- regula el régimen laboral y los derechos, deberes y responsabilidades de los
servidores     públicos y el sistema de homologación de sus remuneraciones y
pensiones, a fin de lograr una     Función Pública de vocación, de calidad y libre
de corrupción;

b.- fija las normas generales de la Carrera Pública Civil, a fin de homologar la
formación inicial     y permanente, el reclutamiento, el desarrollo y la retención de
los profesionales más idóneos en el desempeño de las diversas funciones del
Estado”; y

c.- establece las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la Función Pública
de los funcionarios y servidores públicos sancionados por faltas o delitos que
cometan en el ejercicio de ellas. La inhabilitación no puede ser menor al doble de la
condena por delitos contra el Erario Nacional, el Patrimonio y la Seguridad del
Estado, por narcotráfico y contra los Derechos Humanos; dichos delitos         no
prescriben”.

Se propone, además, suprimir el segundo párrafo:

“No están comprendidos en la Función Pública los trabajadores de las empresas del
Estado o     de sociedades de economía mixta”.

Asimismo, en el artículo 41, suprimir los dos últimos párrafos (recogidos en el ítem c
del   artículo anterior).

En el artículo 42 se propone agregar el siguiente párrafo:

“Las funciones y responsabilidades políticas contempladas en el presente Capítulo,
así como      las     derivadas de las respectivas leyes de desarrollo constitucional y
leyes orgánicas y del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales sobre
la materia, competen, a nivel nacional, al Ministerio de la Función Pública, en
coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, con los demás ministerios, con
los organismos autónomos, con los organismos        rectores    de     los    Sistemas
Administrativos, y con los Gobiernos Regionales y Locales, en     la implementación
de los procesos de descentralización y regionalización”.



                                                                                    25
     A nivel de las leyes:

     Reformada la Constitución, el Ejecutivo debería solicitar facultades legislativas para
     promulgar (como ley de desarrollo constitucional) una Ley de la Función Pública, que
     incluya          las normas generales sobre: los deberes y derechos, las carreras públicas
     civiles, los sistemas de remuneraciones básicas y complementarias, los regímenes
     laborales y las condiciones de         trabajo en el sector público. Dicha Ley Orgánica
     debe armonizarse con los tratados internacionales ratificados por el Perú, con la
     nueva Ley        General del Trabajo (en trámite), con        la Ley General del Empleo
     Público (que debe ser previamente adecuada al nuevo           marco constitucional       y
     complementada con las leyes y reglamentos             que ella prevé), y     con    la
     Ley General del Presupuesto Público.

     Desarrollo de capacidades.-

     Formular un “Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Función Pública”
     (horizonte     al año 2021), que asegure atraer, formar, seleccionar, desarrollar y
     retener, a los profesionales más idóneos, para el ejercicio de las funciones y el
     cumplimiento de las metas a las que se comprometen los Gobiernos y sus
     administraciones, a los niveles       nacional,    regional, local e institucional. Esto
     implica la construcción de un Sistema        Nacional     integrado por una red de
     instituciones y programas especializados (muchas de ellas ya      existentes),
     articulada con las instituciones de educación de   superior del          país y del
     exterior, impulsado por un órgano rector del sistema (papel que en el pasado estuvo a
     cargo de la ESAP).

6   DESCENTRALIZACION, DESCONCENTRACION Y REGIONALIZACION

     6.1 REGIONES.

     La norma regula las relaciones entre las personas, sus derechos y la estructura política
     de una sociedad. En ocasiones, busca hacer modificaciones a la realidad para
     adecuarla a un modelo a alcanzar. No puede estar divorciada de la realidad; decir y
     ordenar algo que       no se cumple, la hace perder vigencia y, con eso, su valor
     esencial de regular la vida de la comunidad.

     En el caso de la descentralización, la ficción de denominar como Gobiernos
     Regionales a los       que en realidad son gobiernos departamentales, fortalece la
     identidad e intereses departamentales, dificultando la constitución de más amplios
     ámbitos espaciales. Sincerar esta situación es aceptar como regiones a los actuales
     departamentos, donde se ha generado una instancia de gobierno en línea con la
     descentralización política, devolviendo autonomía y      capacidad de decisión a
     esta instancia sub-nacional.

     Esta decisión no impide que se continúe promoviendo espacios de acción macro-
     regionales,   que podrían ir desde el acuerdo de unión de dos departamentos para
                                                                                            26
constituir una nueva región, previo referéndum y sanción legal, hasta acuerdos de
manejo de proyectos multi- regionales, a los que se alentaría con una legislación
flexible y promotora.

6.2 LA REGIÓN METROPOLITANA LIMA-CALLAO.

El continuo urbano Lima-Callao, la quinta ciudad en importancia en América Latina,
con sus        nueve millones de habitantes y una magnitud de problemas, derivada
de su crecimiento     acelerado y aluvional, no tiene una dirección unificada, lo que
deriva en un tratamiento de los       problemas comunes no siempre coincidente. Se
propone la creación de la REGIÓN METROPOLITANA                      LIMA-CALLAO,
compuesta por cinco provincias, Lima Centro, Callao,     Lima Este, Lima Norte y
Lima Sur, donde las competencias distritales sean redefinidas, fortaleciendo el rol
normativo provincial en los servicios         donde   la     continuidad     espacial
requiere unidad de criterio en su prestación.

6.3 GOBERNABILIDAD REGIONAL

El fraccionamiento del electorado, reforzado por un sistema de elección proporcional,
en un contexto de ausencia o debilidad de los partidos políticos, genera débiles
gobiernos de las       primeras minorías, con mayorías artificialmente otorgadas
por la ley en los Consejos Regionales, que con frecuencia son poco representativas
de la opinión pública.

Desde la normatividad electoral y de los partidos políticos es posible influir para
superar esta situación. Una idea es exigir un alto porcentaje, 35% por ejemplo, para
ganar el Ejecutivo Regional, sea un primera o segunda vuelta. Esto propiciaría que
las organizaciones políticas se agrupen en forma previa al proceso electoral para
poder tentar el porcentaje requerido por la norma, propiciando la organización   del
electorado en movimientos y partidos que reduzca el fraccionamiento.

Para la elección de los órganos normativos sub-nacionales, la propuesta es adoptar una
alta    barrera electoral (20% por ejemplo), Se tendería a constituir bloques
sólidos y predecibles que ayuden a dar gobernabilidad, induciendo a la agrupación de
las fuerzas y a desalentar la participación de los grupos que no alcancen el
porcentaje mínimo.

6.4 GOBERNABILIDAD NACIONAL

Los mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo Nacional y el conjunto de
Gobiernos      Regionales aún requieren ser afinados de modo que la institucionalidad
facilite dar solución a los inevitables conflictos que se generan, permitiendo la
marcha coherente del Estado unitario.




                                                                                   27
   6.5. DESCENTRALIZACIÓN PARTICIPATIVA

   Una de las características del proceso de descentralización peruano es su carácter
   participativo. En consecuencia, es necesario que la legislación dé una interpretación
   unívoca a la palabra “participación” de modo que los mecanismos directos e indirectos
   de participación ciudadana que la l ley crea, sean refuerzos a la democracia
   representativa, y no sustitutos de ésta, alentando tanta participación como sea
   posible, pero limitada por la gobernabilidad necesaria.

   La participación ciudadana supone sujetos activos en el quehacer nacional,
   conocedores de         sus deberes y derechos, y convencidos de la importancia de su
   ejercicio. Una democracia vívida y pujante requiere del compromiso de sus
   ciudadanos, formados desde la escuela, y a cuyo desarrollo      coadyuven
   concertadamente tanto el Estado, como los medios de       comunicación y la sociedad
   civil. Este esfuerzo conjunto aún lo percibimos como una tarea por realizar.

   En forma paralela al proceso democrático y descentralizador, la conflictividad social
   se viene incrementando, adoptando formas de participación extra-legal, cuando no
   violenta, que buscan presionar a las autoridades para imponer puntos de vista de
   sectores de la ciudadanía. Son manifestaciones de malestar por demandas sociales
   no atendidas o no      comprendidas por deficiencia, desconocimiento o ausencia
   de canales de representación y participación adecuada, a las que debe darse
   prioritaria y preventiva atención.


   6.6. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

   Hoy se cierne amenazadora la intención del narcotráfico y otros poderes fácticos de
   copar las       instancias de decisión política. El control de los partidos por estos
   poderes fácticos mediante su financiamiento o la compra de candidaturas como
   medio de solventar los costos de una campaña electoral, son mecanismos que        ya
   están presentes. La forma de minimizar ese riesgo es hacer que los partidos tengan
   financiamiento público, que se restrinja el volumen de       los aportes individuales y
   se les exija con efectividad ser transparentes en el manejo de sus finanzas.

   6.7. PROPUESTAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN

 Promover la planificación regional, y facilitar el desarrollo productivo, así como una
  eficiente articulación social, económica y espacial que permitan desarrollar nuevas
  oportunidades.
 Propiciar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social para
  lograr una ocupación equilibrada del territorio.
 Estimular la adpción por los departamentos de una identidad productiva basada en sus
  potencialidades y su complementación con las de otros departamentos
 Alentar la transformación de las cuencas hidrográficas en unidades de gestión como
  medio para lograr la descentralización económica y el desarrollo sostenible.
 Crear incentivos para la inversión productiva orientada al mercado interno y externo
 Fomentar programas y proyectos en los corredores económicos interoceánicos, e
  impulsar su financiamiento mediante alianzas estratégicas del Perú con el Brasil y
  países desarrollados.

                                                                                       28
 Fomentar que los gobiernos regionales promuevan inversión en infraestructura de
  transporte, energía y de riego así como en el desarrollo del capital humano y la
  innovación tecnológica en especial en agricultura, agroindustria y manufactura.
 Diversificar la base productiva regional mediante el fomento de cadenas productivas y
  la respectiva infraestructura considerando los objetivos de integración e intercambio
  con la economía nacional e internacional.
 Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios básicos de la
  población rural mediante programas, proyectos e incentivos que promuevan su
  concentración en nuevos centros poblados vinculados a los corredores económicos y
  las cuencas hidrográficas.
 Impulsar un sistema de ciudades intermedias con capacidades de retención de la
  población, asegurando la provisión de servicios básicos, y alentando el desarrollo de
  actividades económicas, especialmente manufactureras, turismo y servicios.
 Promover alianzas entre las compañías mineras y las poblaciones locales para el
  desarrollo de proyectos productivos que aseguren el desarrollo de la economía
  regional.
 Identificar activos productivos y potencialidades de las áreas en que se encuentran las
  poblaciones rurales, y establecer mecanismos de consulta e inversión público-privada
  destinados a su desarrollo.
 Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada en
  infraestructura productiva y de servicios básicos
7. REFORMA TRIBUTARIA

      ¿Qué debemos considerar para no edificar un régimen tributario que sea percibido
      como un     lastre al desarrollo?

        1. Normar con un propósito claro.
        La población debe entender el propósito que cumplen los impuestos creados, la
        necesidad de balancear las cuentas del Estado, la conveniencia de atender las
        necesidades sociales y redistribuir la riqueza del país
        2. Diseñar un sistema tributario estratégico.
        Es decir, saber a dónde nos debe conducir la actuación del Estado y cómo nuestros
        recursos contribuyen en este proceso.
        3. Coherencia.
        Las normas sustantivas, los impuestos, la actuación de la administración y los
        tribunales deben ser coherentes con el propósito y el objetivo estratégico y no
        perderse en las formalidades, prejuicios e imprecisiones legales.
        4. Eficiencia.
        Gran parte de la eficiencia de los impuestos pasa por la capacidad y el talento de sus
        diseñadores, de los administradores y de los ‘Jueces’ Tributarios, este grupo humano
        suele ser escaso y por ello el Estado debe hacerle una oferta competitiva.
        5. Justicia.
        Que implica una mayor carga impositiva para los que más tienen, la inexistencia de
        impuestos regresivos y confiscatorios, la lucha contra la evasión, la creación de un
        sistema basado en la imposición directa, la consolidación de una administración
        honesta y eficiente, la relativa certeza sobre los cambios que pueden producirse y el
        uso responsable de la recaudación.

        La creación de un sistema tributario justo y eficiente es producto de la concertación
        entre autoridades y empresarios.8


8
    Mur, Miguel. Punto de Vista, Tributación y Competitividad. El comercio 11/06/09


                                                                                           29
8. SISTEMA LEGISLATIVO

 Una propuesta de reforma del Parlamento debe ser sistémica, ubicando a éste en su
 relación con el sistema político con el que interactúa, atendiendo a la norma
 constitucional, al rol de los partidos políticos y a la influencia del sistema electoral.
 Proponemos mejorar la representación elevando el nivel de los candidatos y
 reforzando el vínculo del representante con el ciudadano; inducir la consolidación de
 pocos y fuertes partidos políticos; vincular el Congreso al proceso de
 descentralización, estimular la gobernabilidad y acudir en forma frecuente al voto
 popular para que éste se exprese.


  8.1.   Congreso Bicameral
 La propuesta de un Congreso de dos cámaras permite una división de funciones entre
 ambas,         la necesaria reflexión sobre las leyes importantes al dejar un tiempo
 para escuchar a la opinión pública entre la primera y la segunda votación, y un
 distinto origen que refuerza la representación.
 Los diputados de la Cámara de Diputados, dos por cada provincia, serían elegidos por
 éstas mediante el sistema mayoritario con votación binominal, para permitir se
 genere, mediante el voto personalizado, una fuerte vinculación de los    ciudadanos
 con su representante. Las provincias con más de 250,000 habitantes       se
 ubdividirán en circunscripciones electorales,       agrupando     preferentemente
 distritos, que permitan aproximarse a los 250,000 electores. Sus funciones serían
 fundamentalmente la legislativa y la de control político.
 Los senadores de la Cámara de Senadores serían elegidos en circunscripciones
 regionales, correspondiendo a cada región un senador como mínimo, y uno más por
 cada millón de habitantes de la región. Tiene una composición mixta, pues la integra,
 como supernumerario con voz y voto, un parlamentario regional nominado por la
 respectiva Asamblea Regional, para mantener a nivel legislativo una relación entre
 ambos niveles de gobierno. Tienen iniciativa legislativa pero funciona como Cámara
 Revisora. A su vez, los parlamentarios nacionales son supernumerarios en sus
 respectivos Consejos Regionales


  8.2.   Sistema Electoral para el Congreso
 Desde el sistema electoral se busca inducir la agrupación de los electores en unas
 pocas organizaciones políticas fuertes que proporcionen al Congreso mayorías y
 minorías sólidas y predecibles que garanticen la gobernabilidad. El voto personalizado
 busca fortalecer la relación elector-representante.
 El sistema electoral para la elección de diputados proponemos sea el mayoritario con
 votación binominal; es decir, cada elector vota por uno solo de los dos representantes a
 elegirse en la circunscripción. Las curules las ganan los candidatos que hayan obtenido
 las más altas votaciones, en principio, uno por mayoría y otro por minoría, siempre
 que éstas excedan al tercio de electores. De no alcanzarse este porcentaje, se va a una
 segunda ronda electoral entre los candidatos que hubiese alcanzado las dos más altas
 votaciones después de los electos, para elegir a las curules faltantes, con el mismo
 mecanismo electoral. Si una lista alcanza más de los dos tercios de la votación en la

                                                                                       30
primera vuelta, se queda con las dos curules. El período por el que son elegidos los
diputados es tres años, con posibilidad de reelección, de modo que no necesariamente
coincida con la elección presidencial.
Para la elección de senadores proponemos el sistema mayoritario con votación
nominal. Cada escaño se vota en forma independiente y cada elector tiene tantos
votos cuantos senadores vayan a ser elegidos. Los representantes electos son los que
han alcanzado la más alta votación, siempre que excedan el tercio del total de
electores. Los cargos que no hayan alcanzado ese porcentaje, van a una segunda ronda
electoral, entre los candidatos con más alta votación que no resultaran electos. Los
senadores serían electos para períodos de seis años. Se convocaría a elecciones cada
tres años para la renovación por mitades de la Cámara.
Exigir a los candidatos experiencia en la función representativa, sea a nivel municipal,
gremial o comunal, podría ser un primer paso para asegurar un cierto nivel en los
representantes.
8.3.   Funcionamiento del Parlamento

Ambas Cámaras tendrán iniciativa legislativa, pero el estudio de las mismas es función
de la Cámara de Diputados. Corresponde al Senado el rol de Cámara Revisora, que
priorizaría la revisión de las leyes de importancia, teniendo la capacidad de decidir qué
leyes podrían no requerir un segundo debate. Además, continuaría designando a las
altas autoridades actuales, además de embajadores y altos jefes de las Fuerzas
Armadas y Policiales y revisaría las políticas de desarrollo, seguridad y Relaciones
Exteriores.

La figura de las facultades delegadas sería sustituida por la facultad del Presidente de
la República de plantear un estatus especial para aquellos proyectos que por
requerimiento técnicos no deban ser modificados en su formulación, de modo que
vayan al Congreso, para ser aprobados o rechazados, pero no modificados; o, por la
conformación de comisiones especiales mixtas Parlamento-Ejecutivo que traten con
carácter de urgencia la legislación que el Ejecutivo considere necesario hacer aprobar.

Hacer obligatoria la exigencia que los dictámenes de los proyectos de ley cuenten con
un estudio de antecedentes legislativos, para ubicar la norma proyectada en el edificio
jurídico previo en forma coherente, contribuyendo a la claridad jurídica y a la
determinación de la legislación vigente y de la derogada o modificada.

Aplicar un adecuado análisis costo-beneficio, que permita al legislador evaluar los
beneficios y beneficiarios del proyecto, confrontándolos con sus costos económicos,
sociales o ambientales y los sectores que podrían verse perjudicados con su aplicación.

Hacer más exigente y más difícil de obviar la exigencia del conocimiento anticipado
de los dictámenes por parte de los legisladores, de su necesario pase previo por
comisiones y de la publicidad de los dictámenes en la web del Congreso con
anticipación a su discusión.

Implementar una instancia de seguimiento y evaluación presupuestal bien equipada,
que permita cumplir adecuadamente con la responsabilidad legislativa de aprobación

                                                                                      31
     del Presupuesto Anual de la República y de la Cuenta General de la República, como
     expresión concreta e importante del equilibrio de poderes.

     La Investidura del Consejo de Ministros debe tener conexión con los mensajes anuales
     del Presidente del República en el Congreso, debiendo concretar los enunciados
     políticos en metas, oportunidad y presupuesto, para que sea posible que el Parlamento
     haga el seguimiento correspondiente.
     Se restringe su labor legislativa a los asuntos que se definen como “Dominio de la ley”
     tales como:

     1. Las leyes de desarrollo constitucional, las de derechos y deberes fundamentales de
        la persona, los derechos cívicos y libertades políticas y los derechos y obligaciones
        civiles, penales y comerciales
     2. Las leyes orgánicas que ordenan los poderes públicos, los órganos autónomos del
        Estado y el régimen de gobierno descentralizado.
     3. Nacionalidad, ciudadanía, extranjera, asilo y extradición.
     4. Ley que aprueba presupuesto anual y cuenta general de la república.
     5. Tributos o exoneraciones de ellos.
     6. Aprobación de tratados.
     7. Modificación de la Constitución.

9.   SISTEMA JUDICIAL

     9.1 El Defensor del Pueblo
     Marco conceptual
     La expresión ombudsman denota aquella persona que da trámite o que tramita. En
     puridad, se trata de un medio institucional destinado a velar por la defensa de los
     derechos ciudadanos ante el aparato de la administración gubernamental, así  como
     a asegurar la eficacia y eficiencia del     funcionamiento     del   Estado   –que
     incluso puede alcanzar a las empresas privadas– en el área de los servicios
     públicos. El Instituto Libertad y Democracia       lo percibe como una suerte de
     gestor público que promueve la solución de los problemas que       movilizan     la
     capacidad de queja de los ciudadanos.

     Ante la errada opinión de que el Defensor del Pueblo u ombudsman verifica una labor
     análoga a los tribunales administrativos, cabe afirmar lo siguiente:

     a)     Los tribunales administrativos- por ejemplo el INDECOPI- generan la
     revocación de decisiones administrativas, o, en su defecto, señalan las
     compensaciones económicas correspondientes.
     El Defensor del Pueblo u ombudsman expresa meras opiniones, recordatorios, etc.
     b)     Los tribunales administrativos encauzan su actividad dentro de la formalidad
     administrativa.
     El Defensor del Pueblo u ombudsman actúa con mayor liberalidad, al extremo de no
     exigir acreditación profesional de defensa, pago de tasas, etc.
     c)     Los tribunales administrativos aplican el derecho y son neutrales ante las partes
     en conflicto.
     El Defensor del Pueblo u ombudsman promueve la defensa de la vigencia de la ley, y
     su acción consiste en auxiliar al administrado.
                                                                                          32
9.2 Atribuciones del Defensor del Pueblo
 Las competencias del Defensor del Pueblo se manifiestan en dos planos muy
 concretos. Ello        en razón de sus antecedentes históricos.
        Primer plano
– Defensor de los derechos humanos.
  En lo genérico: dentro y fuera de la administración pública.
  En lo específico: exclusivamente, dentro de la administración pública.
        Segundo plano
– Supervisor de los servicios públicos.
  En lo genérico: administrados por el Estado y los particulares.
  En lo específico: administrados por el Estado.

  Entendemos que ambos planos pueden armonizarse sin contradicción alguna.
  En ese rumbo, consideramos que las principales atribuciones del Defensor del Pueblo
  serían cinco:

– Salvaguardar la vigencia plena de los derechos humanos de los habitantes de un país,
  frente a los abusos excesivos o surgidos desde el poder (ámbito general o específico).
– Promover el conocimiento de los derechos arriba citados.
– Legitimación para promover acciones de garantía.
– Supervisión de los servicios públicos a efectos de promover niveles óptimos de
  eficiencia, eficacia, legalidad y moralidad por parte de sus operadores.
– Iniciativa legislativa en materia de derechos humanos y supervisión de servicios
  públicos.

  La naturaleza doctrinaria de esta institución puede sintetizarse en doce pautas:

a) Se trata de una institución contralora político-administrativa, independiente de los
   poderes públicos y autárquica en lo relativo a su normatividad interna.
b) Su operatividad y funcionamiento cabal sólo es admisible en aquellos Estados que se
   adhieren con lealtad y firmeza a los principios de la democracia.
   En esa perspectiva, el ejercicio de la queja ciudadana influye en gran medida para la
   vigencia plena de los derechos humanos y la prestación jurídicamente igualitaria de
   los servicios públicos esenciales.
   Debe reconocerse que en algunas ocasiones las quejas ciudadanas pueden promover
   cambios cualitativos de mayor significación que aquellos que se intentan por la vía
   del sufragio.
   La experiencia en torno a la institución acredita su enorme importancia, en la petición
   ciudadana, para afirmar el sistema político-jurídico.
c) Se trata de un funcionario público convertido en el “escudero” de los intereses
   ciudadanos, frente a una burocracia estatal cuya actividad pudiera verse afectada por
   el abuso, el error, la incuria, la negligencia, la labor cansina o la inmoralidad. En su
   papel de intermediario cautelador de los derechos ciudadanos de los administrados,
   contribuye al pleno imperio del Estado de Derecho, así como a la acción eficaz,
   diligente y ética del servicio estatal. Indirectamente, permite consolidar la seguridad
   jurídica de los administrados.
   Se inclina, desde el principio, a convertirse en un funcionario tuitivo de las
   expectativas de los administrados. A diferencia del juez, que ofrece neutralidad entre
   las partes, el Defensor del Pueblo promueve la tuitividad del ciudadano ante la
                                                                                        33
   vulneración de sus derechos fundamentales.
d) La institución presenta un altísimo grado de adaptabilidad ante las diferentes formas
   de gobierno (presidencial, parlamentario, mixto, etc.)
   Empero, debe destacarse que en la mayoría de los casos su titularidad emana de una
   elección parlamentaria.
e) Actúa dualmente, ya a petición de parte o de oficio.
   En el primer caso, recae en el ciudadano la decisión de poner en movimiento la
   acción de la institución. La queja escrita o verbal se convierte en el hecho
   desencadenante para la defensa de un derecho vulnerado y para la rectificación del
   ejercicio del poder en sentido genérico.
   En el segundo caso, el Defensor del Pueblo actúa per se, como “vocero de los sin
   voz” (menores, enfermos psiquiátricos, reclusos, etc.), así como para defender los
   denominados derechos de carácter difuso (por ejemplo, medio ambiente).
f) El responsable de su conducción es usualmente un jurista de calidades públicas y de
   elevado respeto ciudadano. Se le exige, por tanto, la asociación de tres condiciones:
   especialización en materias legales (derecho administrativo, derecho constitucional,
   etc.); ejercicio profesional con acreditada idoneidad, y reconocida moralidad
   profesional y social.
g) Ejerce una magistratura persuasiva e influyente. Así, para deshacer los entuertos
   burocráticos hace únicamente uso de su alta calidad profesional, cívica y moral; de la
   contundencia de sus conclusiones al resolver la queja ciudadana; y de la
   razonabilidad de sus recomendaciones. Es decir, sus resoluciones carecen de
   compulsividad, remitiéndose a hacer sólo sugerencias, recordatorios, admoniciones e
   incluso reprimendas.
h) Carece de atributos para revocar los actos administrativos, aun cuando constatase en
   ellos una expresión clara e inequívoca de injusticia o deficiencia administrativa.
i) Los actos procesales que enmarcan su actividad funcional se distinguen por su simpleza,
   sencillez y gratuidad. Ello en razón de que por la naturaleza misma de los hechos materia
   de investigación se requiere de un tratamiento sumario, so pena de generar daños
   irreparables en desmedro de los ciudadanos. Asegura la defensa plena del imperio de la
   legalidad administrativa y los derechos consagrados en favor de los administrados.
j) Su intervención promueve y fortalece la responsabilidad de los responsables del
   ejercicio del poder in genere, y de los regentes de la administración de los servicios
   públicos en el desarrollo de sus tareas y en sus relaciones funcionales con los
   administrados.
k) La posición que adopta se respalda en el apoyo de la publicidad de las resoluciones
   que dicta. Éstas pueden aparecer en los medios de comunicación gubernamental,
   servicios de prensa privados, así como en los informes anuales que se ofrecen al
   pueblo, representado en el Parlamento.
   La intervención de los medios de comunicación social permite crear sensibilidad y
   atención a las recomendaciones del titular de la institución.
l) Se convierte en el más significativo verificador de los vacíos e incongruencias
   legislativas. Por ende, usualmente se le otorgan facultades de iniciativa legislativa.
   Su experiencia directa en el campo de la aplicabilidad o inaplicabilidad de los
   derechos fundamentales en el interior de la estructura estatal, le aseguran esta
   característica.




                                                                                         34
9.3. El control de la Constitucionalidad y las acciones de garantía.

Aspectos Generales
El control de la constitucionalidad es aquella parte del derecho constitucional que,
teniendo como presupuestos la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra
norma del sistema jurídico y la necesidad de someter el ejercicio de la fuerza estatal a
la racionalidad del derecho, se ocupa de garantizar el pleno respeto de los principios,
valores y normas que establece la Constitución; entre ellos, los relativos al respeto de
la persona, a través de la plena vigencia de sus derechos fundamentales.

Dicho concepto tiene antecedentes en la historia jurídico-política grecorromana, la
experiencia británica de los siglos XIII al XIX, la experiencia francesa y norteamericana de
los siglos XVIII al XX, etc. Puede verse que a través de esas experiencias se afirmó la
vigencia de la acción de hábeas corpus, la acusación constitucional, la supremacía de la
Constitución, etc.

La noción jurisdicción constitucional alude al conjunto de órganos, acciones de
garantía y procesos vinculados con la defensa de la supremacía, cumplimiento e
interpretación constitucional.

La jurisdicción constitucional está orientada a tres grandes ámbitos de acción:

a) La racionalización del ejercicio del poder
Con ella se busca organizar la sujeción del ejercicio del poder público al control del
derecho, así como armonizarlo con los fines y valores que éste busca alcanzar en el plano
de la sociedad.

b) La supremacía constitucional
Con ella se busca asegurar la preeminencia de la Constitución sobre el resto de las
normas de nuestro ordenamiento jurídico.

c) La vigencia plena de los derechos fundamentales
Con ella se busca asegurar el respeto y protección de los derechos básicos de la
persona humana.

Entre los fundamentos sobre los cuales se erige la noción de jurisdicción
constitucional, aparecen los siguientes:

    a) La Constitución es un corpus normativo que enuncia normas, principios y
        valores que la elevan a la condición de centro del ordenamiento jurídico-social
        de una colectividad, por donde transitan todos los aspectos del derecho
        nacional.
    b) La Constitución tiene efectos vinculantes erga omnes, ya que es de acatamiento
        obligatorio tanto por los gobernantes como por los gobernados.
    c) La Constitución contiene –a través de las normas, principios y valores que
        declara– un proyecto de vida comunitaria que se debe asegurar en su
        plasmación y goce.


                                                                                         35
      Esta jurisdicción está integrada de la siguiente manera:

a)       Los órganos jurisdiccionales

Éstos hacen referencia a la pluralidad de entes públicos encargados de atender asuntos
vinculados con la jurisdicción constitucional, a saber:

 – El Tribunal Constitucional (acciones de inconstitucionalidad; conocimiento en
   última y definitiva instancia de las resoluciones denegatorias de las acciones de
   hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento; demandas sobre
   conflictos constitucionales de competencia y atribuciones).
 – El Órgano Judicial (acciones populares; excepciones de inconstitucionalidad;
   conocimiento inicial de las acciones de hábeas corpus, amparo, etc.).
 – El Congreso de la República (acusación constitucional; proceso de levantamiento
   de fuero).

b)       Los procesos de naturaleza constitucional

Éstos hacen referencia a la pluralidad de acciones de garantía y procesos político-
jurídicos vinculados con la jurisdicción constitucional, a saber:

 – La acción de hábeas corpus.
– La acción de amparo.
– La acción de hábeas data.
– La acción de cumplimiento.
– La acción de inconstitucionalidad.
– La acción popular.
– La excepción de inconstitucionalidad.
– La acusación constitucional.
– El proceso de levantamiento de fuero.

El artículo 200º de la Constitución establece las siguientes garantías constitucionales:

–    La acción de hábeas corpus.
–    La acción de amparo.
–    La acción de hábeas data.
–    La acción de cumplimiento.

c)       La jurisdicción constitucional del poder

Alude al conjunto de órganos y mecanismos procesales vinculados con la tarea de
examinar íntegramente la constitucionalidad y legalidad de las normas que se dictan en
el seno de una colectividad política; que permiten resolver los conflictos de
competencia que se presentan entre los órganos con poder estatal y demás organismos
constitucionales; y que finalmente aseguran un pronunciamiento en los procesos en
que se encuentran incursos altos funcionarios públicos.

Los artículos 99º, 100º, 138º, 200º y 201º de la Constitución de 1993 establecen los
siguientes mecanismos:
                                                                                       36
–   La acción de inconstitucionalidad.
–   La acción popular.
–   La excepción de inconstitucionalidad.
–   La demanda sobre conflictos constitucionales de competencia y atribuciones.
–   La acusación constitucional.
–   El levantamiento de fuero.

    d)     La jurisdicción supranacional

    Alude a las facilidades que se brindan a la persona o al Estado a efectos de que puedan
    alcanzar remedio judicial a través de específicos mecanismos supraestatales, para la
    defensa de los derechos fundamentales reconocidos formalmente en los tratados
    internacionales, o    para la vigencia y correcta aplicación de los compromisos
    internacionales in genere.

    La jurisdicción supranacional se encuentra vinculada a los compromisos jurídicos que
    adquiere el Estado peruano con sus homólogos y con las organizaciones
    internacionales.

    Este tipo de jurisdicción se crea en el marco de una organización internacional, o al
    interior de una convención multilateral, para conocer y fallar controversias planteadas
    exclusivamente dentro del ámbito de aplicación de sus disposiciones.

    Actualmente, el artículo 205º de la Constitución señala:

           “Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos
           que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos
           internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es
           parte”.

    A la fecha, dichos organismos son los siguientes:

    – Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
    – Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
    Americanos.
    – Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
    Americanos.

    En puridad, estas vías se han establecido para poder hacer valer los derechos
    fundamentales de la persona ante tribunales con competencia internacional cuando,
    agotada la vía interna o nacional, el afectado considera que sus facultades,
    prerrogativas o derechos básicos objeto de una reclamación no han obtenido
    reparo o restablecimiento.

    Es evidente que la superlegalidad de la Constitución es uno de los fundamentos y
    sostén del llamado Estado de Derecho.

    Es por ello valioso el estudio del control de la constitucionalidad, a efectos de velar
                                                                                        37
  por que la Constitución sea la égida de la organización del Estado, de las facultades
  político - administrativas de los gobernantes, y de los deberes y derechos de los
  ciudadanos.

  En el Perú, el tema del control de la constitucionalidad de las leyes fue frecuentemente
  ignorado en nuestros textos constitucionales, salvo la honrosa excepción de la
  Constitución de 1856. Ella en su artículo 10 señaló que era nulo y sin efecto
  cualquiera, todo cuanto       infringiese el texto básico.

9.4 Los sistemas o modelos de control (jurisdicción constitucional)
  Debe advertirse que, en atención al tipo de órgano que tiene a su cargo la
  responsabilidad del control de la constitucionalidad, hablamos de dos tipos de control:

– El control político.
– El control jurisdiccional.

   a) Concentrado
   b) Difuso

9.5 El control político
  Trata de la verificación del control por parte de algún órgano político del Estado, respecto
  de aquel encargado de la administración de justicia.

  Este argumento se refuerza en virtud del principio genérico de la autonomía
  legislativa, que impide el juzgamiento, por parte del ente judicial, de la
  constitucionalidad de los actos que practica el Órgano Legislativo. En ese sentido, se
  sostiene que los magistrados solamente pueden participar secundum legem y no como
  legisvus.
  Como bien se afirma, este sistema confía el control o salvaguarda de la carta
  fundamental a un órgano enteramente político como es el Parlamento.
  Sus antecedentes remotos pueden encontrarse en el Jurado o Magistratura
  Constitucional propuesto por el abate Emmanuel Sieyès durante los debates de la
  primera carta francesa.

9.6 El control jurisdiccional
  El órgano de control se encuentra inserto de manera directa o indirecta en la esfera de
  la administración de justicia. Se le puede clasificar en:

  – Sistema americano o jurisdicción difusa.
  – Sistema europeo o jurisdicción concentrada.

9.7 El sistema americano o jurisdicción difusa
  En este modelo la salvaguarda de la Constitución se encuentra a cargo del órgano
  judicial ordinario. En ese sentido, se otorga a la pluralidad de los jueces la potestad de
  apreciar la inconstitucionalidad de las leyes dentro del marco de una controversia
  judicial concreta; esto es, los alcances de dicha inconstitucionalidad son aplicables
  únicamente a las partes intervinientes en el proceso.
                                                                                           38
 En este caso no existe un órgano contralor especial o ad hoc, sino que son los jueces
 comunes los que ante una controversia determinada deberán examinar si existe
 contradicción entre la norma invocada, para amparar un supuesto derecho, y los
 alcances de la propia Constitución. Por ende, de ser el caso, aplicarán el texto
 fundamental y dejarán de hacer uso de la ley inconstitucional.

 En efecto, la facultad contralora no se concentra en una sola sala o tribunal, sino que
 se disemina en la vastedad de todos los órganos del ente judicial, los cuales poseen el
 poder- deber de no aplicar una ley inconstitucional en aquellos casos sometidos a su
 conocimiento.

 La situación de inconstitucionalidad debe entenderse como una cuestión incidental
 respecto a la controversia concreta. Ergo, no puede ser planteada como una acción
 directa.
 La decisión judicial tiene efectos declarativos; consiguientemente, al decidirse la
 inaplicabilidad de la ley al caso concreto, genera su inobservancia, por lo que dicha ley
 no surte efecto alguno en el caso sometido a consideración.

9.8 El sistema europeo o jurisdicción concentrada
 Este modelo se caracteriza porque el rol contralor se asigna a un órgano especial.
 En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad se desarrolla por vía principal y
 sin necesidad de que exista un conflicto particular previo. La decisión adoptada
 produce efectos generales.
 Para este fin existe un órgano establecido especialmente para conocer las acciones de
 cualquier ciudadano que señale existir una ley contraria, en todo o en parte, al texto
 fundamental. Ergo, se establece un proceso contra dicha norma.

 El resultado de la intervención jurisdiccional ocasiona que la ley cuestionada sea
 anulada. En ese contexto, se le considera como inexistente.
 La decisión adoptada se reviste de la autoridad absoluta que emana de la cosa juzgada.
 Por ende, sus efectos son erga omnes y ex nunc.

 La impugnación de la ley, por esta vía, puede llevar a su cancelación definitiva en el
 ordenamiento jurídico, generalmente desde el momento del pronunciamiento (efectos
 erga omnes y ex nunc).
 El efecto ex nunc (a futuro) se explica por el propósito de tutelar principios tales como
 la estabilidad y seguridad jurídica, que podrían verse gravemente afectados en caso se
 admitiesen alcances retroactivos del fallo declaratorio de inconstitucionalidad.

 En puridad, este sistema se basa en la existencia de un órgano del Estado, diferente y
 autónomo de los tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que ejerce control a
 partir de una privativa jurisdicción constitucional.

  El pronunciamiento de inconstitucionalidad se produce cuando se plantea
  directamente, ante el órgano especializado, un acto procesal denominado acción de
  inconstitucionalidad. Por ello, no es necesaria la existencia previa de un juicio, causa
  o cuestión judicial.

                                                                                       39
  Eficacia general

  El pronunciamiento de inconstitucionalidad opera de manera abstracta y genérica. Las
  consecuencias de la decisión del órgano especializado no sólo afectan a las partes,
  sino que alcanzan a todos los individuos componentes del Estado. En tal sentido, la
  declaración de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes y abrogativos.

9.9 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201º de la Constitución, el Tribunal
  Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e
  independiente de los órganos de poder estatal y demás organismos constitucionales.

  Este órgano, cuya concepción se inscribe en el sistema o modelo de jurisdicción
  concentrada, se encuentra sometido única y exclusivamente a la Constitución y a su
  ley orgánica (ley 26435).
  Por mandato de su ley orgánica, el Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad
  de Arequipa. Expresamente y con acuerdo de la mayoría de sus miembros, puede
  sesionar en cualquier otro lugar de la República.

         Atribuciones
  En atención a lo dispuesto en el artículo 202 de la Constitución, al Tribunal
  Constitucional le corresponde:

– Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
– Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de las
  acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y de cumplimiento.
– Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la
  Constitución, conforme a ley.
 Cabe advertir que, tal como declara el artículo 3 de la ley 26435, en ningún caso se
 puede promover contienda de competencia o atribuciones al Tribunal Constitucional
 respecto de los asuntos que le son propios de acuerdo con la Constitución y la ley
 26435.
 El Tribunal Constitucional aprecia de oficio su falta de competencia o de atribuciones.

9.10 EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA: LOS
NOMBRAMIENTOS JUDICIALES

  Aspectos Generales
  El hombre –ente social por naturaleza y origen histórico– cae en ineluctables
  interferencias y      fricciones de conductas. Es esta relación de conflicto lo que
  determina que el derecho sea coetáneo con el ser humano y que se haga necesario
  establecer organismos encargados de administrar justicia.

  En los Estados modernos son los jueces y los fiscales quienes tienen en sus manos la
  pesada y difícil misión de conciliar en la praxis las prerrogativas intrínsecas del
  hombre libre, así como las necesidades y limitaciones del albedrío, para hacer viable la
  vida en comúnen las cuatro siguientes:
                                                                                       40
a) Independencia de carácter y responsabilidad, para hacer honor al tradicional principio
   de la independencia del Órgano Judicial. Esto implica autoconocimiento de su
   personalidad, además de honestidad intelectual y moral.
   Esta cualidad asegura que las decisiones judiciales se tomarán únicamente sobre la
   base de sus convicciones y bajo el imperio de la ley, sin temor y sin el deseo de
   favorecer a uno de los interesados.
b) Sólida formación técnico-profesional, para responder a la fórmula latina iura novit
   curia, que presume y atribuye el conocimiento del derecho por el magistrado, con el
   objeto de adaptar las abstracciones lógicas de las normas a la realidad de los hechos.
c) Amplia cultura general, dado que ésta es el camino que ensancha el espíritu de
   comprensión del juzgador, que debe resolver los conflictos de los hombres en un
   mundo de constante cambio y complejidad.

  Bueno es recordar lo que decía el tratadista Colmo:

          “Un jurista, un magistrado, debe dominar el derecho en su esencia misma, en sus
  fundamentos, correlaciones y posibles proyecciones. El jurista o el magistrado que no
  sepa sino derecho, no sabe derecho; es decir, no sabe nada (...) No se pretende una cultura
  de lección, una ilustración de diccionario     enciclopédico (...) lo que se quiere es una
  cultura general, reforzada y completa por lo hondo de sus bases       y por la relativa
  amplitud de sus de tal suerte que no es posible encontrar muchos jueces que no sean
  simpatizantes de alguna de

  El Consejo Nacional de la Magistratura en la Constitución de 1993
  El vigente texto constitucional ha adoptado una fórmula dual, en razón de plantear la
  coexistencia simultánea y paralela de dos sistemas de nombramientos:
a) El sistema de designación por concurso, a través de la postulación ante el Consejo
   Nacional de la Magistratura.
b) El sistema de designación por elección popular, a través de la postulación electoral
   ante el pueblo.

9.11. EL ÓRGANO JUDICIAL

  Aspectos Generales
  El juez es el protagonista central en el proceso de administrar justicia. Es él quien
  posee autoridad suficiente para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar un fallo
  judicial en un pleito o causa. Representa al escudero del derecho, por ser quien lo
  declara estable.
  Se le define como aquel funcionario investido de imperio y de jurisdicción, que según
  su grado de competencia pronuncia decisiones en un juicio. En suma, es el que decide
  interpretando la ley o ejerciendo su propio arbitrio la contienda o el proceso
  promovido.

  La evolución histórica del proceso de administración de justicia
  Esta evolución puede ser entendida a través de etapas, las mismas que no son
  estrictamente sucesivas, sino que en algunas circunstancias son parcialmente
                                                                                          41
    coincidentes en el tiempo. El orden se establece por su grado de avance cualitativo.

    Dichas etapas son las siguientes:

– La etapa en la que el Ministerio Publico dependía del Poder Judicial
– Etapa que comienza con la regulación del Ministerio Público en la Constitución de
  1979, y luego con la ley orgánica del Ministerio Público (decreto legislativo 52, de 16
  de marzo de 1981). En ese contexto también aparece la Constitución actual.

    Se le crea como institución autónoma, independiente del Órgano Judicial y
    jerárquicamente organizada.

    Sus modelos institucionales actuales presentan las siguientes variables:

  a) Como institución dependiente
     El Ministerio Público se presenta como un órgano adjunto al Ejecutivo o al propio
     Órgano Judicial. Es el caso de Francia, Italia, México, Estados Unidos, etc.
  b) Como institución autónoma
     El Ministerio Público se presenta como un órgano no perteneciente a ningún otro
     organismo estatal. Es el caso de Venezuela, Perú, etc.


    PROPUESTA: El SISTEMA DE JUSTICIA

    Se debe reformar la Constitución para crear el Sistema de Justicia, integrado por El
    Poder Judicial, El Tribunal Constitucional, el Ministerio Publico, La Defensoría del
    Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Policía Nacional.
    El Sistema de Justicia daría organicidad y coherencia a la función de administrarla
    justicia y sería presidido alternativamente por las instituciones integrantes.


    Simposium “Reforma del Estado y modernización de la Administración Publica” para
    partidos políticos y movimientos sociales. 21 de Julio del 2010. ACPRC –
    INSTITUTO DE GOBIERNO – USMP




                                                                                       42
       ANEXO Nº 1



        ENTIDADES CONSIDERADAS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DE
        LOS MINISTERIOS: INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS;
         INSTITUCIONES REGULADORAS; E INSTITUCIONES AUTONOMAS
                             CONTITUCIONALES.



1. Existen más de 100 Instituciones Públicas hasta hace algún tiempo llamadas Descentralizadas,
   éstas tienen funciones especializadas, pero son dependientes de las políticas sectoriales de los
   Ministerios.

2. Instituciones Reguladoras, son organizaciones públicas cuya presencia resulta muy importante
   para la reforma de la organización del Estado en correlación con la defensa de los consumidores
   que son usuarios de los servicios que brindan las empresas privadas. Los Organismos
   Reguladores existen para no sólo la equidad en los precios por la compra de los servicios, sino
   evitar los excesos que las empresas privadas sujetas a regulación lleguen a formar,
   principalmente monopolios, oligopolios, etc.


   Estos Organismos mencionados deben ser autónomos; y tener más bien una relación funcional
   con los Ministerios.

3. Instituciones Autónomas Constitucionales, son las organizaciones que no están sujetas a ninguna
   dependencia de Poder Público hasta el momento han sido:


       -   El Banco Central de Reserva, tiene una relación funcional con el Ministerio de Economía
           y Finanzas, los miembros de su Directorio se constituye por tres organizaciones: el Poder
           Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Empresa Privada. Es importante señalar que los
           miembros que representan al Congreso Nacional (Senado) sean elegidos por mayoría
           calificada.


       -   La Contraloría General de la República, por sus funciones es el Organismo Superior del
           Control Público del Sistema Nacional de Control. Su primera autoridad es el Contralor
           General de la República.


           Se opina que el Contralor General de la República sea designado por elección calificada
           del Congreso (Senado). Esta nueva forma de designarlo alejaría de la presentación que
           hace actualmente el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Se busca que la Contraloría
           General de la República se convierta en el brazo técnico en fiscalización del Congreso
           Nacional, esto no significa la perdida de su autonomía que le corresponde.




                                                                                                 43
-   La Superintendencia de la Banca y Seguros, sus funciones están vinculadas a la actividad
    bancaria y de seguros de las entidades privadas. El Superintendente es elegido por el
    Congreso a la presentación del Poder Ejecutivo y será designando por mayoría calificada.
    Esta Superintendencia tiene una relación funcional con el Ministerio de Economía y
    Finanzas.


-   La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el organismo
    encargado de la recaudación de los impuestos a nivel nacional. El Superintendente de la
    SUNAT es elegido por el Congreso a la presentación del Poder Ejecutivo y será
    designando por mayoría calificada. Esta Superintendencia tiene una relación funcional
    con el Ministerio de Economía y Finanzas.


-   El Tribunal Constitucional (TC) es el órgano de control de la constitucionalidad de las
    leyes, y a través del proceso de inconstitucionalidad aprecia en agravio constitucional en
    procesos de hábeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento de los
    conflictos de competencia y atribuciones. Es autónomo e independiente, no depende de
    ningún órgano constitucional, se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley
    Orgánica. Esta compuesto de seis miembros elegidos (mayoría calificada) por el Congreso
    de la República por un período de cinco años.


-   La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de proteger los derechos
    constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el
    cumplimiento de los deberes de la Administración Pública. La elección de su máximo
    representante es mediante votación calificada del Congreso de la República.


-   El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es entidad cuya misión es de seleccionar,
    nombrar y ratificar a jueces y fiscales que sean independientes, éticos e idóneos. Sus
    miembros son elegidos por diversas instituciones de la Sociedad Civil.


-   La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la autoridad máxima en la
    organización y ejecución de los procesos electorales. Su Jefe es seleccionado y nombrado
    por el CNM, a través de concurso público.


-   El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es el Organismo encargado
    de mantener actualizado el padrón ciudadano y electoral, que incluye nacimientos,
    matrimonios, divorcios y defunciones. El Jefe del Registro Nacional de Identificación y
    Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período
    renovable de cuatro años.


-   El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el máximo órgano electoral y fiscalizador de la
    legalidad de los procesos electorales y del ejercicio del sufragio. Es un órgano colegiado,
    cuyos cinco integrantes son elegidos por distintas entidades del Estado. El presidente es
    elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y los restante cuatro
    magistrados son designados por la Junta de Fiscales Supremos, por votación universal de

                                                                                            44
    los Abogados de Lima, y por los Decanos de Facultades de Derecho uno de las
    universidades públicas y otro de las privadas.


-   Las Universidades Públicas son centros de educación superior que gozan tanto de
    autonomía educativa, como administrativa. Son creadas por Ley, se rigen por ésta y los
    reglamentos correspondientes.


-   Otras Instituciones Autónomas:


          Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
          Empresa Nacional de la Coca S.A (ENACO S.A)
          Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes (ESABAC)
          Fuero Militar Policial (Ex - Consejo Supremo de Justicia Militar) (FMP)
          Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP)
          Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (MPFN)
          Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (OCN)




                                                                    FERNANDO ARCE MEZA

                                                                                     16.07.2010
                                                                                            45
ANEXO 2

                    SISTEMA DE FISCALIZACION Y CONTROL PÚBLICO

El Estado debe establecer un Sistema de Fiscalización y Control Público que sea el resultado de una
coordinación entre el Congreso de la República y la Contraloría General para efectos de evaluar la
Cuenta General de la República. Los niveles de operatividad del Congreso Nacional, se realizarán
considerando tanto a la Comisión de Fiscalización, como a la Comisión Revisora de la Cuenta General.
En lo referente a la Contraloría General se realizarán, a través de su Sistema Nacional de Control que
recae en los Órganos de Control Interno (OCIs).
En lo que corresponde al Congreso de la República, de acuerdo a su máxima función fiscalizadora,
podrá hacer uso de ella, a través de Comisiones Investigadoras, principalmente de Fiscalización, ante
cualquier tema que considere pertinente intervenir en los organismos públicos, básicamente en
temas de gestión administrativa y de sus resultados. Es pertinente señalar que la Fiscalización del
Congreso de la República es de orden político.
En particular, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Política, el Congreso de la República
recibirá la Cuenta General de parte del Poder Ejecutivo y con el Informe de Desempeño y Auditoria
de la Contraloría General referente a la Ejecución del Plan Presupuestal del Año Fiscal anterior.
Por tanto, la Comisión de la Cuenta General de la República es la encargada de revisar, examinar y
dictaminar dicha Cuenta General. Dictamen que se someterá a la sanción (aprobación o
desaprobación) del Pleno del Congreso.
Es importante considerar que todas estas acciones del Congreso de la República que culmina con la
sanción de la Cuenta General es siguiendo los trámites y apremios señalados para sancionar el
Presupuesto General de la República.
El Congreso de la República habrá de contar con los asesoramientos y la información
complementaria que tenga a bien solicitar, a través de la Comisión de la Cuenta General;
principalmente a la Contraloría General y a los organismos encargados de la formulación de la
Cuenta General, ergo el Ministerio de Economía y Finanzas y su Dirección General de Contabilidad
Pública.
En lo que le corresponde a la Contraloría General y su Sistema Nacional de Control, ésta ejerce
autónomamente su labor de acuerdo al artículo 82 de la Constitución Política y su respectiva Ley
Orgánica que reconoce la labor de Fiscalización, en todos los sectores y reparticiones públicas sin
excepción. Dicha Fiscalización responderá a una programación por cada año, tal como lo dispone
dicha Ley Orgánica y las disposiciones encargadas de su implementación, realizándose de manera
inopinada.
La Contraloría General de la República igualmente de acuerdo al artículo 81 de la Constitución
Política, formula un Informe de Desempeño y Auditoria Anual en relación a la Cuenta General de la
República la que incluye obviamente a todos los organismos estatales.
Se hace necesaria una precisión del Control que realiza la Contraloría y el Sistema Nacional de
Control, de manera aclaratoria apreciemos el cómo ejerce su función fiscalizadora en el orden
técnico-administrativa, para ello se incluye el uso de la metodología empleada cuando interviene en
los sectores y reparticiones de carácter directo. Las acciones de control que realiza están constituidas
                                                                                                      46
por las diversas formas de exámenes y auditorias, a fin de evaluar las gestiones y el control de
resultados de los organismos públicos en las áreas de orden contable y de orden presupuestal -
tanto en lo financiero, como de los avances de las metas físicas -. El Control Público moderno está
estrechamente vinculado al Control de Resultados.


Su función de fiscalización/supervigilancia en el control público bajo el marco de su autonomía, debe
efectuar sanciones directas sobre los funcionarios y servidores públicos que han cometido faltas e
irregularidades, como consecuencia de los exámenes de las acciones de control realizadas en los
respectivos pliegos presupuestales. Esta condición sancionadora de la Contraloría General y de los
Organos de Control Interno será respetando las dos instancias y el debido proceso.
Y, en cuanto a las acciones de control de carácter indirecto, se hacen con la intervención de las
Sociedades de Auditorias registradas en la Contraloría General, y serán calificadas, a través de
concursos públicos.
Estas Sociedades de Auditoria cubren su participación ha pedido de los organismos públicos que lo
solicitan, y cuya financiación corre a cargo de los organismos solicitantes. Los resultados de las
auditorias y exámenes serán de conocimiento de la Contraloría General y de los Organos de Control
Interno que conforman el Sistema Nacional de Control.
En general, tanto el Congreso de la República como la Contraloría General cumplen sus funciones
fiscalizadoras. El Congreso de la República su función fiscalizadora se desarrolla en el campo de su
jurisdicción política; en cambio, la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control es
responsable de la fiscalización técnico-administrativa.
Las acciones de fiscalización no son aisladas. Existe una relación funcional de la Contraloría General
hacia el Congreso Nacional, como correlativamente este último respeta el carácter autónomo de la
Contraloría General.


Sobre la Problemática del Sistema de Fiscalización y Control Público
El Sistema de Fiscalización y Control Público habrá de considerar de manera detallada tanto en su
accionar, como con las organizaciones rectoras: el Congreso de la República y la Contraloría General,
considerando los entes operativos y complementarios: las Comisiones de Fiscalización y de la Cuenta
General, y de los Organos de Control Interno, respectivamente.
El Sistema de Fiscalización y Control Público enfrenta hoy un tema particularmente importante,
como es: las Rendiciones de Cuentas y las Memorias Ministeriales. La Cuenta General es la forma
Anual de presentación de la Rendición de Cuentas de los organismos del Estado, los cuales deben
mostrar los avances al momento de su presentación que debe ser oportuna (ver el Ciclo Económico-
Presupuestal y Financiero y de Control Público, él que toma en cuenta la reforma que habrá de ser
sometida el artículo 81 de la Constitución Política).
Esto último será también motivo de perfeccionamientos y de precisiones, en especial de los plazos
que cubre la Cuenta General y de los roles que le competen a los Organismos Públicos y al Congreso
de la República, partiendo desde su formulación, pasando por el Informe de Desempeño y Auditoria
de la Contraloría General, hasta la presentación oportuna al Congreso Nacional; el mismo que deberá
                                                                                                 47
tener el tiempo suficiente para los exámenes, dictamen y sanción de los Planes Presupuestales
Ejecutados que forman parte de la Cuenta General, siguiendo los trámites y apremios señalados para
sancionar el Presupuesto General de la República, correspondiente al Sector Estatal.
Esto definitivamente representa evaluar faltas e irregularidades encontradas con el fin de establecer
sanciones y correctivos en forma oportuna, como el inicio de investigaciones sobre lo realizado o de
aquello que forme parte de acciones programadas, más allá del período anual.


Ello permitirá una fiscalización efectiva tanto de la Contraloría General (parte técnico/administrativa)
como el Congreso Nacional (parte política) detectando a tiempo, la prevención de irregularidades y
los actos de corrupción. Asimismo, obligará a los funcionarios y servidores públicos poner más
atención a las acciones que realizan en la labor del Estado y su responsabilidad funcional, pues éstas
deberán ser reflejadas en la Cuenta General y la Memorias Ministeriales que habrán de presentarse.
Es imperativo considerar también que la Rendición de Cuentas no es la tradicional auditoria contable,
sino el efectivo Control de Resultados que las organizaciones públicas presentan de un período de
ejecución presupuestal del año vencido que no sólo mide la eficiencia y de cómo las acciones han
sido realizadas; sino la eficacia de estas acciones (actividades y/o proyectos) en el marco de los
planes de corto y mediano plazo.
Todo esto medido bajo parámetros de la eficiencia en la organización institucional y de la eficacia en
lo realizado, que resulta necesario para una comunidad que hace uso de su control participativo.
Finalmente, los Congresistas de la República tendrán en la Cuenta General y las Memorias
Ministeriales una excelente ayuda para apreciar en su verdadera dimensión estos importantes
documentos, lo cual es significativo en el quehacer fiscalizador, una de las funciones más
significativas del Congreso de la República.




                                                                              FERNANDO ARCE MEZA

                                                                                           16.07.2010


                                                                                                     48
ANEXO 3
          CICLO ECONOMICO PRESUPUESTAL Y FINACIERO Y DE CONTROL
                                PÚBLICO

Tanto la presentación de los Planes, como el Presupuesto Anual y de la Cuenta General de la
República de General no se han hecho de acuerdo al “Ciclo Económico-Presupuestal y Financiero y de
Control Público”.


A través del Grafico se observa las etapas de dicho Ciclo, el cual comprende los Planes a Mediano
Plazo, el Plan-Presupuesto Anual en su Formulación y Ejecución; ejecución donde se apreciara sus
avances financieros y de metas, que habrán de terminar con la elaboración final de la Cuenta
General; e, igualmente le corresponderá a la Contraloría General presentar el Informe de
“Desempeño y Auditoria” sobre la indicada Cuenta General destinada a Evaluar el Control de
Resultados: tanto en el orden financiero/presupuestal, como de los logros alcanzados.


Los resultados registrados de la Cuenta General no han merecido en estas últimas décadas por parte
del Congreso Nacional de un veraz examen, discusión y sanción de la Cuenta General, siguiendo los
trámites y apremios, los que habrán de realizarse de manera semejante a cómo se aprueba el
Proyecto del Presupuesto Anual.


Los cambios propuestos no sólo cumplen con lo que significa la “Rendición de Cuentas” de la
Ejecución del Presupuesto Anual; sino que a su vez permitirá evaluar tanto la eficiencia y la eficacia
de dicha ejecución, como de la detección y atención oportuna de los actos de corrupción que caben
presentarse.


Finalmente, este Ciclo debe tomarse muy en cuenta de que su ejecución responde a una obligada
concordancia con el contenido de la reforma constitucional del artículo 81 de la Constitución Política
que proponemos.


(*) Este Ciclo se formula considerando el Año Fiscal del 2011.




                                                                                                   49
                  CICLO ECONÓMICO-PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

                        Y DE CONTROL PÚBLICO PARA 2011


                            DECISION POLITICA COMPATIBILIZADA CON LAS DE ORDEN TECNICO
                            TOMARAN EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

                            -   Plan a mediano plazo 2011 – 2016.
                            -   Cuenta General Sancionada 2009.
 Formulación                -   Avances del Plan Presupuestal 2010.
del Plan Anual.             -   Lineamientos de Política del Gobierno (considerando el contexto
                                económico-social: tanto del año 2011, el Plan a Mediano Plazo 2011-
                                2016).

                            Documento Eje: Plan de Gobierno 2011
                            Aprobado en Mayo de 2010.



                            DECISION PREFERENTEMENTE TECNICA (SIN DEJAR DE CONSIDERAR LAS
                            DE ORDEN POLITICO) TOMARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

                            -   Las del Plan Anual en su proceso final.
                            -   Formulación de Módulos Programáticos por gobiernos e instituciones
                                limitados al financiamiento interno (Recaudación–Presión Tributaria);
Elaboración del                 préstamos externos; y de la capacidad instalada (en recursos
  Proyecto de                   organizativos, apoyo logístico/material, ayuda internacional y de la
                                comunidad)
 Presupuesto.
                            -   Priorización de Proyectos y Programas, evaluándose tanto de lo que
                                está en ejecución, como y de los nuevos por implementarse.

                            Documento Eje: Proyecto de Presupuesto
                            Aprobado a Agosto de 2010.



                            DECISION POLITICA CONSIDERANDO LAS DE                ORDEN TECNICO-
                            PROGRAMATICO,    RESPONSABILIZANDOSE DE              LAS  SIGUIENTES
                            ACTIVIDADES:

  Revisión y                -   Recepción por el Congreso del Plan-Presupuesto Anual para 2011 (28
Aprobación del                  de Agosto del 2010).
     Plan                   -   Revisión y Dictamen por las Comisiones de Presupuesto y Economía
                                (Septiembre a Octubre del 2010).
 Presupuesto.
                            -   Discusión y Aprobación por el pleno del Proyecto de Presupuesto para
                                2011 (Al 30 de Noviembre del 2010).
                            -   Promulgación por el Ejecutivo del Presupuesto General.
                            Documento Eje: Ley Anual del Plan-Presupuesto General de la República
                            para 2011.




                                                                                               50
                  DECISION PREFERENTEMENTE TECNICA PARA LO CUAL SE DEBE:



                  -     Elaborar los Planes Operativos de Ejecución de los Presupuestos.
                  -     Realización de actividades y proyectos con la ejecución de ingresos,
   Ejecución
                        gastos e inversiones.
Financiera y de   -     Registro contable de las transacciones y de las metas físicas de acuerdo
    Metas.              a los avances de los programas.


                  La Ejecución Presupuestal cubre la totalidad del Año 2011



                  POR DECISIÓN TECNICA, CUMPLIMIENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:



                  -     Reuniones para evaluar los informes de gestión, financiera y de
                        resultados, efectuadas trimestral, semestral y anual (Abril, Julio,
                        Octubre de 2011 y Enero de 2012).
                  -     Las Evaluaciones culminarán con la Formulación de las Cuenta General
                        y que permitirán el Informe de “Desempeño y Auditoria” a cargo de los
                        Sistemas Administrativos (Contabilidad, Planificación-Presupuesto, y de
                        Control respectivamente).
                  Documento Eje: Control de Resultados del Plan-Presupuesto 2008.
Evaluación del
  Control de      POR DECISION POLITICA QUE CUMPLIRA EL PARLAMENTO DE ACUERDO A
 Resultados.      LA SIGUIENTE AGENDA:



                                                                          (*)
                  -   Formulación de la Cuenta General Anual del 2011 .
                  -   Recepción del Congreso de la Cuenta General 2011 (30 de Junio del
                      2012) documento base para el mensaje presidencial del 28 de Julio.
                  - Recepción el 28 de Julio del 2011 del Informe de “Desempeño y
                      Auditoria” realizado por la Contraloría General de la República.
                  - Revisión y Examen por la Comisión de la Cuenta General del Congreso
                      (Julio a Septiembre del 2012).
                  - Discusión y aprobación de la Cuenta General del 2011 por el Pleno del
                      Congreso (del 01 al 30 de Octubre de 2012).
                  Documento Eje: Cuenta General del 2011 presentada por Ejecutivo para su
                  sanción.

                  (*)   Es realizado por las Instituciones Públicas, Ministerio de Economía y la
                        Contaduría Pública de Enero al 30 de Junio del 2011.



                                                                FERNANDO ARCE MEZA

                                                                                16.07.2010

                                                                                         51
ANEXO 4

            LA REFORMA DEL ARTÍCULO 81 DE LA CONTITUCION POLITICA DE
                                     1993.

De los cambios que se operarán en la formulación de la Cuenta General no sólo están referidos a
tiempos de presentación, sino a los contenidos e instituciones que intervienen. Obviamente, nos
obliga no sólo a presentar un Proyecto de reforma del artículo 81 de la Constitución Política de 1993,
sino de los cambios que se producirán en el “Ciclo Económico-Presupuestal y Financiero y de Control
Público”.


El contenido del mencionado artículo será el siguiente:


       “La Cuenta General de la República acompañada de las Memorias Ministeriales es
       presentada por el Presidente de la República al Congreso Nacional el treinta de junio del
       año siguiente al de la ejecución del presupuesto. El Informe de Desempeño y Auditoria de la
       Contraloría General de la República es remitido el 28 de julio del año siguiente al de la
       ejecución del presupuesto.
       La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una Comisión Revisora
       de la Cuenta General del Congreso dentro de los noventa días de su presentación. El Pleno
       del Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días, siguiendo los trámites y apremios
       señalados para el presupuesto.
       De ser desaprobada en su totalidad o en parte dicha Cuenta General, las entidades públicas
       dispondrán de sesenta días para superar las observaciones encontradas, debiéndose
       remitirse la Cuenta General de la República, con el Informe de la Contraloría General al
       Congreso el primer día útil del año siguiente, para su revisión y pronunciamiento dentro de
       los mismos procedimientos señalados en el párrafo anterior y su pronunciamiento final
       será en la Segunda Legislatura a más tardar el veinte de abril del año siguiente.
       De no haber pronunciamiento del Congreso en el último plazo, el dictamen de la Comisión
       Revisora se convierte en la Resolución Legislativa correspondiente. Acto que no impide
       Congreso constituya comisiones investigadoras sobre los casos que motiven observaciones
       en los resultados de la Cuenta General de la República”.


Los Congresistas tendrán en la Cuenta General y las Memorias Ministeriales una ayuda excelente
para apreciar estos documentos, lo cual es muy significativo en el quehacer fiscalizador, que es una
de las funciones más importante del Congreso Nacional.
Con este artículo reformado permite que la Comisión relacionada con la Cuenta General pude laborar
desde el 1 Julio al 30 Septiembre en: el examen, discusión y dictamen de dicha Cuenta. Lo
oportunidad de trabajar tres meses dedicados a tiempo completo como exclusivo. Permitirá tanto a


                                                                                                   52
la Contraloría (parte técnica), como al Congreso Nacional (parte política) detectar a tiempo: tanto a
la prevención de las irregularidades, como a los actos probables de corrupción.
Asimismo, obligará a los funcionarios y servidores públicos poner más atención a las acciones que
realizan en la labor del Estado, pues éstas se reflejarán en la Cuenta General y la Memorias
Ministeriales que habrán de presentarse.




                                                                           FERNANDO ARCE MEZA

                                                                                        16.07.2010


                                                                                                  53
ANEXO 5

      PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTION INTEGRAL



                                      SOCIEDAD

                                        ESTADO
      SECTORES                                                          SISTEMA
                                                                      DE GESTION
                                                                       INTEGRAL
                    LEGISLATIVO      EJECUTIVO         JUDICIAL

        P.C.M.                        REGIONES                        SISTEMAS
                     M                                            S

       ECONOMIC      M             Aproximadamente:               S
          O          M            7 u 8 Macro Regiones            S    PLAMTO
                                   26 Gob. Regionales
                                  197 Gob. Provinciales           S
                     M
          SOCIAL                  1,812 Gob. Distritales          S
                     M                                                 GESTION
                                                                  S
                     M
          OTROS                        CONTROL                    S
                     M                                                CONTROL
                                                                  S
                     M
                                                                  S
                                      SOCIEDAD




  El Estado para cumplir con sus objetivos se sostiene en dos columnas fundamentales.
  Los sectores, conformados por las instituciones públicas y privadas que cumplen las
  políticas y funciones del gobierno; y, los Sistemas Administrativos que de manera
  transversal desarrollan el Proceso Administrativo de Gestión en apoyo de las
  instituciones que integran los Poderes del Estado en el ámbito nacional.

   El Sector, es un concepto analítico, conformado por la sumatoria del Ministerio, los
  Organismos Públicos Descentralizados y las actividades privadas afines a la política y
  funciones técnicas que desarrolla el Ministerio. Por lo tanto la función del Sector no es
  administrativa sino exclusivamente política, su accionar es vertical y su relación entre
  ellos es solo por acciones de gobierno; es decir, que se administran las instituciones y
  se gobiernan los sectores pero ambos forman parte de un sistema específico o integral.

  Los Sectores representan      para el Estado, el cuerpo, la entidad, el ser o el ente
  encargado de cumplir los objetivos del Estado; y, los Sistemas, son el alma o el espíritu
  que transmiten la sangre o energía que lleva vida a los Sectores y procuran que, en
  época de escasez o de bonanza, no se pierda la eficiencia y eficacia en la
  administración de los recursos del Estado.

  Los Sistemas Administrativos, son de aplicación nacional, actúan en sentido transversal,
  como actividades especializadas en todas las instituciones de la Administración Pública,

                                                                                        54
en el desarrollo del Proceso Administrativo de Gestión. Son un conjunto de principios,
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan,
funcionan y desarrollan las actividades realizadas por todas las entidades del Estado. La
falta de información adecuada y oportuna hacen que todo el aparato del Estado que
incluye al gobierno y a su administración no puedan generar o cumplir Políticas Publicas
Estatales y de Gobierno, ni implementar las políticas, planes, programas y proyectos en
forma adecuada por no contar a tiempo con el personal, los recursos financieros y la
oportuna entrega de Bienes y Servicios.

  Los Sectores, son los encargados de alcanzar y obtener los fines que proyecta el
Estado; para tal propósito, pueden desagregarse en sub. Sectores en razón de sus
funciones. Los Sistemas Administrativos, se encargan de los medios que utiliza la
Administración Pública para desarrollar el Proceso Administrativo de Gestión, puede ser
un todo organizado o ramificarse en subsistemas interdependientes o en sub. Sistemas
de acuerdo a su especialidad.

Los Ministros de Estado, cumplen doble misión; son responsables de orientar la
política del Sector y la de administrar su portafolio; tienen en el Consejo de Ministros un
medio de coordinación intersectorial.

   Los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos, del Proceso Administrativo de
Gestión, también, tienen doble misión. Son responsables de las competencias y
funciones de su ámbito; así como también de la supervisión de la operatividad de los
Procesos Técnicos que les corresponde a los Órganos Ejecutores de su Sistema. No
tienen en el Consejo de Ministros una coordinación Inter. Sistémica.

 Los Sistemas Administrativos, son aprobados por Ley, para el desarrollo de de sus
funciones; estos, están representados por un Ente Rector como autoridad técnica-
normativa a nivel nacional. Todos los Sistemas Administrativos, por las funciones que
realizan son importantes, ninguno es más que otro; todos cumplen su rol como parte
del engranaje del Proceso Administrativo de Gestión. El Sistema Nacional de Control y la
Contraloría General de la Republica, son la excepción de la regla, por cuanto en la
Constitución Política de 1993, en los artículos 82 y 199 se les privilegia en demasía,
perjudicando, en gran parte, el logro de los objetivos del Estado.



    Las competencias o funciones de los Sistemas Administrativos como Entes
Rectores, están determinadas en el artículo 47 de la Ley 29158, Orgánica del Poder
Ejecutivo; sin embargo, en la actualidad, estos buenos propósitos se han convertido en
objetivos que no se cumplen en la práctica, en especial las normas que se expiden y
los medios informáticos que se han elaborado no se adecuan a nuestra realidad
nacional.

     Como ejemplo, podemos mencionar: los esfuerzos realizados para integrar los
Sistemas Administrativos de Gestión por medios informáticos; han convertido al
Ministerio de Economía y Finanzas en un Súper Ministerio, tiene en su interior a todos
los Sistemas Administrativos de Apoyo; así mismo, este Ministerio, es el encargado
indirecto de la Planificación. El MEF se ha convertido en juez y parte, en ente normativo
                                                                                        55
y ejecutor; actualmente, es la Institución que norma, planifica, programa, presupuesta,
ejecuta, contrata, adquiere, contabiliza, paga y controla al Banco del Estado.

     La Normatividad que se genere en los Entes Rectores debería ser más abstracta
o genérica y posibilitar de esta manera que los órganos descentralizados puedan
aplicarlas y hacer factible su implementación así como, la adecuación a su realidad.

 Los Sistemas Administrativos deben proporcionar información para la toma de
decisiones y la información que se brinde debe ser individualizada, en tiempo real y
transparente. La información debe ser por entidades, de manera integral y concentrada
en un centro de costos, ascendente y por consolidaciones sucesivas, desde la base a
partir de los Gobiernos Locales, Distritales, Provinciales y Regionales hasta las
entidades del Gobierno Central; esta información, facilitaría la integración administrativa
a nivel País y permitiría conocer la realidad de cómo se cumplen o incumplen los planes
y objetivos.

 La Ley 29158, del Poder Ejecutivo en sus Artículos: 43, 45 Y 46,              clasifica los
Sistemas en Funcionales y Administrativos; define a los Sistemas Funcionales como,
los que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que
requieren la participación de todas o varias Entidades del Estado, pero no crea ninguno;
solo establece, de que si es necesario, deberían ser creados          por Ley. Así mismo,
define a los Sistemas Administrativos como, los entes que tienen por finalidad regular
la utilización de los recursos en las entidades de la Administración Pública, promoviendo
la eficacia y la eficiencia en su uso, respectivamente.

Los intentos de implementar Sistemas Electrónicos, que viene realizando el MEF
(Ministerio de Economía y Finanzas) mediante el SIAF (Sistema Integrado de
administración Financiera), se pueden considerar como un esfuerzo inicial, para la
integración administrativa del Estado Peruano; el problema es que su trascendencia es
limitada, siendo su principal preocupación la de controlar el proceso presupuestario,
que es importante para el MEF pero este accionar no brinda la información adecuada y
oportuna para la toma de decisiones de las unidades ejecutoras en el ámbito nacional.
Asimismo, el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa), que es la
prolongación del SIAF, busca ampliar el control administrativo hacia las áreas de
Personal, Tramite Documentario y Control Patrimonial; que al igual que su principal
Sistema, no proporciona la información pertinente para la toma de decisiones. Así
mismo, los Sistemas Electrónicos que funcionan en el OSCE, para controlar las
Adquisiciones, no han sido integrados con los Procesos Técnicos del Sistema
Administrativo de Abastecimiento, lo que les resta eficacia.

Debe superarse el esquema tradicional de los Sistemas Administrativos de actuar
como compartimientos estanco, de manera desordenada y aislada en su ámbito;
constituyendo un engranaje             lógico y secuencial a través de un “Proceso
Administrativo de Gestión Integral”, a efectos de contribuir con los esfuerzos de Reforma
y Modernización del Estado.

                                                      POLO H. CASTILLO MALPARTIDA

                                                                                16.07.2010
                                                                                         56

				
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