INCIDENCIAS PR�CTICAS DEL TURNO DE OFICIO

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INCIDENCIAS PR�CTICAS DEL TURNO DE OFICIO Powered By Docstoc
					        INCIDENCIAS PRÁCTICAS DEL TURNO DE OFICIO

         La difícil relación entre la Administración, el letrado y el Justiciable

              Patricia García Álvarez, Vocal Segunda de la Comisión Ejecutiva de la
                      Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
           Vocal Segunda de la Junta Directiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Oviedo
                     Colegiada nº 4.837 Iltre. Colegio de Abogados de Oviedo


El funcionamiento práctico del turno de oficio presenta diversas dificultades,
oscuridades y desconocimientos que le restan fluidez y comprensión. Centraré mi
exposición en el orden penal, y, dentro del mismo, en los supuestos a mi entender más
habituales y en un enfoque tradicional del sistema (lejos de experimentos recientes
como la libre designación de letrado), intentando ser lo más práctica posible, como
requiere la ponencia.

Hemos de partir del justiciable que protagoniza una detención, al que el sistema impone
la obligatoriedad de la asistencia letrada. Obligatoriedad que se traduce en la imposición
de un concreto profesional que le es turnado por los correspondientes servicios
colegiales que tienen encomendada su gestión. Esta obligatoriedad le viene impuesta
por el sistema, por ley, y no siempre es conocedor el ciudadano del porqué de esta
necesidad, ni de su alcance en cuanto a sus derechos y obligaciones hacia ese
profesional que le asiste y defiende por imposición. A ello se une que el propio sistema
que ha llamado a este profesional (las fuerzas y cuerpos de seguridad, o los órganos
judiciales), tampoco conocen las interioridades del sistema y se muestran en muchas
ocasiones excesivamente cautelosos y alejados de la finalidad última de la asistencia
letrada.

El caso típico es el de la guardia de asistencia a detenidos. En este caso el letrado recibe
un aviso (un sms, un mensaje al “busca”, etc.) para contactar con el centro de detención
que sea, donde le esperan para que preste su asistencia al detenido o preso. Previamente
(a veces en un momento lejano en el tiempo) a ese detenido se le ha hecho un primer
ofrecimiento, la instrucción o información de derechos, trámite en el cual se ha venido
entendiendo que no es preceptiva la presencia del abogado (en este sentido, STS
1098/1999 de 9 de septiembre y STS de 22/11/1994: no es necesaria la presencia de
Letrado en tales actos instructorios, lo que es obvio, ya que si los inculpados hubiesen
tenido que estar asistidos de abogado en tales diligencias de información, no tendría
sentido que en las mismas se les instruyera de su derecho a tal asistencia jurídica). Al
margen de la opinión que como defensores nos pueda merecer la obligatoriedad o no de
nuestra presencia en la información de derechos (todos sabemos que durante la misma,
y después, los funcionarios tienen ocasión de hablar prolongadamente con los detenidos,
con diversos resultados), siguiendo con la cuestión que nos ocupa, los letrados
recibimos el aviso para asistir horas después de la detención y de la instrucción de
derechos.

Sabemos que el artículo 520 LECr establece un límite de 8….. horas para acudir al
centro de detención. Es decir, que en puridad, cuando se llama al letrado, éste dispone
de un amplio margen temporal para acudir al llamamiento sin que esta labor entorpezca
el resto de sus ocupaciones. Esta es la teoría, la norma. Aquí comienzan las primeras
incidencias: Tiene que venir rápido, lleva detenido toda la noche. Va a quedar en


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libertad, no va a prestar declaración, estamos esperando por usted para soltarlo… Da
la impresión de que el letrado tenga que estar al corriente de todas las detenciones de la
noche anterior, de las intenciones de declarar o no declarar del detenido, del tiempo que
lleva en el calabozo… ¿Por qué no se avisa, como norma general, momentos después de
la detención, citando ya para dentro de unas horas (por ejemplo a las 9:00 horas de la
mañana siguiente) al abogado? Esta manera de actuar sí la observan determinados
funcionarios policiales asturianos y facilita mucho la labor de unos y otros, y la pronta
llegada de los autos al juzgado de instrucción (otra opción por la que también se
decantan numerosos funcionarios es la del aviso y cita “en tiempo real”, esto es, de
madrugada; incluso trayendo a nuevos imputados durante la madrugada que se suman a
los primeros a partir de las pesquisas realizadas sobre éstos últimos…).

Y prosiguen las primeras incidencias, con la asistencia en la Comisaría o en el puesto de
la Guardia Civil. El letrado llega, y naturalmente es (de momento) un mero observador,
garante de que no se vulneren los derechos del detenido (con quien paradójicamente los
funcionarios han tenido ocasión de hablar largo y tendido antes de la llegada del letrado,
de investigar oficiciosamente, de convencerlo incluso de que colabore o de que declare,
o interrogando sobre cuestiones absolutamente ajenas a la detención actual). ¿Qué
sentido tiene que al detenido mayor de edad no se le permita una entrevista reservada
con su letrado en este momento, a su llegada después de tan larga espera? Es ésta una
cuestión que aprovecho para dejar apuntada y en la que no entraré porque escapa al
contenido de esta charla. Comienza el interrogatorio (salvo que el detenido haya optado
por la mejor elección, de no declarar hasta que haya hablado con su letrado,
reservándose para hacerlo a presencia judicial). Al final, encontraremos algún rincón
donde llevar a efecto la entrevista. En este momento ya aprovechamos para recabar los
datos requeridos por el formulario de asistencia jurídica gratuita y comienza nuestra
labor administrativa como gestores de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, labor
que sí supone una auténtica y preocupante incidencia sobre nuestra labor como
defensores de oficio. Habrá que explicarle al justiciable que efectivamente es obligatoria
nuestra presencia (no siempre lo entienden así), y habrá que pedirle determinada
documentación, como mínimo el DNI, cuya fotocopia ha de adjuntarse a la solicitud.
Hay que decir que la mayoría de los puestos de los cuerpos y fuerzas de seguridad
facilitan esta gestión y nos facilitan cuando la pedimos la fotocopia del DNI; fotocopia
que hacen por mera simpatía pero no porque exista (hasta donde yo se) ninguna
instrucción o recomendación en este sentido, ni siquiera por parte de los Colegios de
Abogados, lo cual sería deseable, teniendo en cuenta que ya desde este primer momento
de la asistencia en la primera declaración en dependencias policiales, éste será el letrado
que deberá continuar con la defensa hasta el final del procedimiento (cuestión que ya
fue resuelta en su momento al reformarse el artículo 788 …… LECr).

De manera que el abogado que asiste en la primera declaración será el que prosiga, en
principio, con la defensa del justiciable. Resulta que el formulario de solicitud de
asistencia jurídica gratuita tiene un apartado específico en el que debemos hacer constar
el número de procedimiento y el Juzgado en el que se encuentra el asunto. ¿Cómo es
que no podemos citar el atestado, y tenemos que indicar ya en este momento, el número
de diligencias, que en determinados juzgados podemos tardar hasta dos meses en
averiguar? Y durante ese tiempo que pasa entre los primeros trámites con el imputado y
el de la averiguación (por nosotros, durante el seguimiento del asunto, nadie nos va a
facilitar esta tarea) del número de diligencias, se supone que ya debería estar
estudiándose su solicitud de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita.


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Durante estos trámites, a menudo seguirán recibiéndose avisos de asistencia para otros
puestos de la Benemérita o comisarías de Policía Local o Nacional, y simultáneamente
podrán llamarnos del juzgado de guardia y de algún otro juzgado de instrucción que
tenga prevista desde hace algunos meses la práctica de un exhorto en aquel preciso
momento. Con tanta informática y agendas programadas, debe existir alguna manera de
que el juzgado conozca con la suficiente antelación si un imputado va a acudir con su
propio abogado o deberá acudir quien se encuentre de guardia en ese momento.
Cuestión que por cierto se complica cuando la coincidencia de asistencias tiene lugar
entre el juzgado de guardia y el de violencia de género y nos usan de “mensajeros” de
uno a otro juzgado, pretendiendo que uno u otro tiene la mayor y más urgente prioridad.

Esta yuxtaposición o solapamiento de asistencias entre diversos juzgados y centros de
detención, se ve agravada porque todos ellos entienden que su caso es el más prioritario.
No “empatizan” con nosotros, no se ponen en el lugar del abogado que lleva tiempo
asistiendo apresuradamente y está ahora sentado en un banco esperando a que le llegue
el turno mientras le llaman de otro órgano judicial o policial. Nos animan diciendo que
“de los tres abogados que estáis de guardia parece que están todos ocupados, no te
muevas de aquí…”. Mientras tanto estaremos aguardando, perdiendo el tiempo, que la
Administración entiende compensado con las escasas indemnizaciones abonadas por la
guardia.

Al respecto hay que indicar que desde mi Colegio de Abogados sí se ha emitido alguna
clase de comunicación a algún juzgado que entendía que el letrado de guardia tenía que
estar físicamente en dependencias judiciales a su apertura a las 9:00, por si acaso había
que atender algún aviso, para estar urgentemente en el mostrador. Evidentemente
podemos estar a esa hora prestando el servicio en una alcoholemia en la Policía Local, o
simplemente en nuestra casa después de tres asistencias y un registro por drogas a horas
intempestivas, sin tener que adivinar que se va a requerir nuestra presencia exactamente
a las 9:15 en el Juzgado. Debiendo añadir que últimamente se han presentado quejas
contra letrados que se han “excedido” en el tiempo para acudir al llamamiento, por
supuesto sin llegar nunca al límite temporal del artículo 520 LECr, y por tanto (a mi
entender) sin incurrir en causa de queja alguna.

Otra cuestión de interés que podemos destacar es que, cuando acudimos al llamamiento,
podemos encontrar algún supuesto que requiere cierta especialización, como por
ejemplo un menor o un extranjero a quien sobre la marcha, tras la apertura de unas
diligencias penales, se le abrirá un expediente de expulsión (para formular alegaciones
en el brevísimo plazo de cuarenta y ocho horas). La normativa del turno de oficio habla
específicamente de la especialización por materias, así que debería articularse la manera
para que hubiera algún letrado conocedor de estas materias (como hay un turno
específico para víctimas de violencia de género), que atienda estos supuestos tan
concretos, en beneficio del interés máximo que se pretende de la defensa de los
derechos del justiciable.

Prosigue la labor de defensa de los intereses del justiciable, y prosiguen las incidencias
que apuntamos a continuación. ¿Qué pasa si no hemos conseguido una fotocopia del
DNI, o si nos presentan la documentación económica al cabo de diez meses desde la
asistencia? ¿Qué pasa si el imputado se niega a firmar la solicitud de asistencia jurídica



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gratuita? ¿Es que no va a cobrar el letrado? Son supuestos reales vividos en carnes
propias.

¿Por qué el Juzgado de Guardia no hace siempre copia de los autos para el letrado y nos
tenemos que conformar con ver la copia del fiscal? A estas alturas y a pesar de las
circulares e instrucciones en este sentido (particularmente la Instrucción 8/2004, de 17
de diciembre, de la Fiscalía, motivada en los informes del CGAE ante la Comisión
Nacional de seguimiento de la implantación de los juicios rápidos) hay juzgados que no
nos facilitan estas copias, entorpeciendo y ninguneando de manera importante nuestra
función.

Por otro lado encontramos a veces que se nos ponen pegas para mostrarnos los autos,
cuando consta en ellos que somos quienes asistimos a ese imputado en Comisaría.
Quizá no hayamos tenido ocasión de personarnos formalmente todavía, pero está claro
que seguiremos con ese asunto hasta su conclusión. Por lo que deberá facilitarse nuestro
trabajo, exhibiéndonos los autos, o facilitándonos copia de los mismos.

Por otra parte sucede a veces que nos personamos y, en virtud de lo establecido en la
LECr, el Juzgado nos tiene por representantes, además de defensores, de la persona, en
tanto le sea designado Procurador (lo cual de ordinario no sucederá hasta la apertura del
juicio oral, lo cual también resulta discutible aunque quizá escapa al alcance de este
debate). Y entonces resulta que si desaparece el justiciable (desaparición ciertamente
frecuente, que supone una incidencia más que dificulta realmente la defensa), puede que
le tengan por notificado de esto o de aquello en la persona de sus letrados de oficio, que
somos nosotros. Lo cual será posiblemente nulo, pero de momento ahí queda para que
lo impugnemos sin retribución o compensación alguna.

¿Qué sucede cuando asistimos a un menor tutelado por la Administración? ¿Responde
la propia Administración? ¿Qué pasa en este caso con el reconocimiento del derecho
de asistencia jurídica gratuita? A LO MEJOR HAY ALGUNA NORMA
DESCONOCIDA…

¿Qué pasa con la protección de datos? ¿Por qué nosotros, letrados sudorosos y
esforzados que nos encontramos de guardia, tenemos que convertirnos en investigadores
y recabadores de datos personalísimos que luego trasladamos a los servicios colegiales,
que nuevamente recaban información, para después trasladarse a la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, y siempre teniendo en cuenta que la Administración tiene a
su alcance toda esta información y que el justiciable en el 100% de los casos que yo he
conocido consiente en que se le investigue? ¿Por qué nosotros tenemos que tramitar esa
solicitud, y quedarnos físicamente el impreso con esos datos personalísimos y
sensibles? Tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos no podrán asignarnos ese
asunto en el Colegio ni trasladárselo a la Administración para su abono en el futuro,
pero no es lógico que tengamos que custodiar esta información como intermediarios con
la responsabilidad que conlleva, ni que tengamos que ser nosotros, los defensores,
quienes nos encarguemos de pedir documentos y firmas y quienes terminemos
fotocopiando la preceptiva documentación.

Termino señalando una incidencia posterior, que puede dar lugar a situaciones
desagradables seguidas de incidentes de jura de cuentas u otras reclamaciones, como es
la de la denegación del reconocimiento de asistencia jurídica gratuita, o la de la elección


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de profesional de pago con posterioridad a la intervención de profesional del turno de
oficio. El CGAE en su labor constante de dignificación de la profesión siempre pretende
dar a conocer la labor del letrado del turno de oficio. Esta campaña ha de incluir una
explicación comprensible de la obligatoriedad de esta función constitucional, y de la
distinción entre turno de oficio y gratuidad del servicio profesional conseguido por el
justiciable (diversas resoluciones judiciales ya se han referido a esta diferenciación, que
en un primer momento pasa desapercibida a los ciudadanos),y habrá de incluir el
alcance de la elección de profesional en un momento avanzado del procedimiento,
cuando buena parte de la labor la ha realizado el abogado de oficio.

Respecto a las posibles soluciones para las incidencias prácticas expuestas, muchas han
quedado apuntadas a lo largo de la exposición, y pasarían simplemente por dar a
conocer a todos los intervinientes (ciudadanos y funcionarios de justicia y de los
cuerpos y fuerzas de seguridad) cuál es el sentido del turno de oficio y, sobre todo, cuál
es su funcionamiento interno (cómo se turna un asunto, cómo se distribuyen las distintas
guardias, cuántos letrados hay en cada momento de guardia, qué datos y documentos se
necesitan para la tramitación de un expediente, etc.). Una labor de concienciación y
mentalización que entiendo quedará a cargo de cada Colegio de Abogados, al ser los
gestores directos de la materia, con la coordinación que pueda realizarse desde el
CGAE. El resto de soluciones vendrían de la mano de la modernización del sistema, de
la interconexión de las distintas agendas y bases de datos de las administraciones
implicadas, algo perfectamente viable en la actualidad. No obstante, entiendo que habrá
posturas más pesimistas, partidarias de una reforma integral de todo el sistema,
posibilidad que tendrá que quedar para un más amplio debate.




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