Contratos de consumo:

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					                               Contratos de consumo:
                        Régimen de la llamada garantía legal
                     por vicios en la cosa objeto del intercambio

                                                                               por Belén Japaze1

Adhiero con este trabajo al homenaje que hoy se le rinde al Doctor René A. I.
Padilla, recordando con inmensa gratitud al jurista de nota, al profesor dedicado
y, sobre todo, al hombre de bien, que hizo de la libertad un culto y que con
generosidad acompañó y alentó a sus discípulos.



1.- Las garantías legales del Capítulo IV (arts. 11 a 18) de la ley 24.240 2.
Método.

       El vocablo garantía presenta múltiples acepciones en el Derecho en
general y en el Derecho Privado en particular3. “En un sentido amplio, la
garantía sería cualquier medio dirigido a asegurar el crédito, el cumplimiento de
una obligación, el goce de un derecho”4. En esta línea de interpretación,
podemos decir que la ley 24.240 contiene en su articulado, un cortejo de
normas orientadas a velar por el llamado interés de cumplimiento (que se vea
satisfecha la finalidad directamente involucrada en la relación de consumo), así
como del interés de indemnidad del consumidor (que con motivo de esa
relación jurídica entre proveedor y consumidor no resulten lesionados otros
bienes). En esta amplia noción de garantía, podemos englobar a un sinnúmero
de herramientas tutelares previstas por el legislador, algunas de naturaleza
preventiva, otras estrictamente reparadoras o resarcitorias.
       La ley 24.240 regula en el Capítulo IV -arts. 11 a 18- lo atinente a la
garantía por vicios o defectos que puedan presentar las cosas muebles no
consumibles que fueran objeto de intercambio entre proveedores y
consumidores. Con acierto se ha señalado que este capítulo carece de un
orden sistemático pues desarrolla aspectos diversos referidos a esta
problemática, sin distinguir situaciones que así lo imponían5. El intérprete
deberá afrontar una prolija labor hermenéutica en la búsqueda de las
soluciones a los conflictos que puedan suscitarse6.
       La doctrina ha advertido que al consagrar el régimen de la llamada
garantía legal, el legislador ha insertado una norma (la del art. 12) referida a un
1
  Profesora de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán. Relatora de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán.
2
  Algunas de estas reflexiones han sido abordadas en JAPAZE, Belén, “Garantía legal por vicios de la cosa
objeto del contrato. El derecho del consumidor a demandar la sustitución del bien y la indemnización de
los daños derivados”, en Suplemento JA 10/6/2009.
3
  MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, Rubinzal
Culzoni, Santa Fé, 2008, pág. 125.
4
  BUERES, Alberto J.-MAYO, Jorge A., “Lineamientos generales sobre las garantías de la obligación en el
Derecho Privado”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, año 1996, Nº 2, Rubinzal Culzoni, pág.
7, citada por MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240,
cit, pág. 126.
5
  FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 248.
6
  LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2003, pág. 287.


                                                                                                       1
supuesto diferente, ajeno a la misma, que puede generar una confusión que es
necesario despejar7. Farina pone énfasis en señalar que mientras las
prestaciones incluidas en la garantía del art. 11 lo son sin cargo para el
consumidor, las previstas en el mencionado art. 12, suponen que el consumidor
que las requiere, asuma el pago de las mismas8. Compartimos el llamado de
atención respecto de la necesidad de establecer distingos entre los supuestos
contemplados en las normas de los arts. 11 y 12 de la ley 24.240 pero con un
ajuste adicional. Lo relevante a nuestro juicio, es que la garantía legalmente
impuesta al proveedor -y los reclamos que el consumidor puede formular en
mérito a la misma (la reparación y eventual sustitución del bien)- constituyen
manifestaciones de la responsabilidad que le cabe al proveedor por la
existencia de vicios o defectos, reveladores del cumplimiento irregular de las
obligaciones a su cargo (conf. art. 17). Por el contrario, la obligación de
proporcionar un servicio postventa, adecuado para el mantenimiento del bien
(art. 12), constituyen una arista del plan prestacional originario, que como es
claro, puede tener fuente legal o convencional. Se refiere a prestaciones que se
emplazan en la hipótesis de cumplimiento regular del contrato. En este caso, la
ley prevé que el consumidor interesado en optimizar la utilización del bien,
puede requerir del proveedor -y éste está obligado a satisfacer- un servicio
técnico adecuado y la provisión de los repuestos necesarios. La obligatoriedad
de la prestación impuesta al proveedor no obsta a que el consumidor que así lo
requiera, deba pagar el precio que corresponda.
       Lo reiteramos: la garantía legalmente impuesta al proveedor parte de
una hipótesis diferente pues presupone un cumplimiento irregular de la
prestación a cargo del proveedor, en tanto la cosa objeto del intercambio
presenta vicios o defectos que afectan la identidad entre lo ofrecido y lo
entregado, o su correcto funcionamiento. Las obligaciones impuestas por la
llamada garantía legal constituyen una manifestación de la responsabilidad del
proveedor cuya fuente o hecho generador es el incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del contrato base9.

2.- Ámbito de aplicación del régimen de la garantía: comercialización de
cosas muebles no consumibles o “durables”.

      El art. 11 dispone que “Cuando se comercialicen cosas muebles no
consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el
consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los
defectos o vicios de cualquier clase, aunque hayan sido ostensibles o

7
  FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 254. Lo advierten también, MOSSET ITURRASPE, Jorge-
WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág. 131.
8
  Sostiene Farina: “Debe quedar claro que una cosa es la garantía por los vicios o defectos que pueda
presentar el bien, garantía que obligará a la reparación o sustitución de éste, sin cargo para el adquirente
(art. 11), y otra cosa distinta es la obligación que el art. 12 impone al proveedor de asegurar la prestación
de un servicio técnico adecuado para el mantenimiento y el suministro de partes y repuestos cada vez que
sea necesario fuera de la garantía, lo que será naturalmente a cargo del usuario, pues el art. 12 se refiere al
servicio no incluido en la garantía pero que debe prestarse al adquirente cuando éste lo requiera…”.
9
  En esta línea de interpretación es que no nos parece apropiado sostener que las prestaciones incluidas en
la garantía son “sin cargo” para el consumidor. Creemos que se trata de obligaciones (reparar la cosa,
sustituirla por otra nueva de idénticas características, etc.) propias de la responsabilidad impuesta a quien
incumplió (o cumplió de modo defectuoso) el contrato originario.


                                                                                                             2
manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido
y lo entregado, o su correcto funcionamiento...”.
        Del texto legal se extrae que la garantía legal impuesta al proveedor es
exigible en aquellos contratos que tengan por objeto una cosa                  no
             10
consumible ; esto es, que no deja de existir en su primer uso, aunque sea
susceptible de deteriorarse, agotarse, y hasta destruirse luego de un tiempo de
utilización11. Campea en este tema, la idea de consumo duradero12; de
durabilidad de los bienes objeto de intercambio. Precisamente, estas nociones
son las que desde la sanción del texto legal originario, generaron reacciones
adversas13 y que aún en la actualidad, pueden motivar disparidad de opiniones
en orden a la interpretación.
        No obstante las observaciones que pudieran formularse, la amplitud de
la norma legal resulta saludable. La noción de cosa mueble no consumible,
aderezada con la idea de consumo durable, propicia un ámbito de aplicación
generoso para la adecuada operatividad de la garantía14. Efectivamente, no es
sencillo determinar el concepto de consumo durable pues esa conclusión está
necesariamente ligada al tipo de bien de que se trata, a su calidad, al uso al
que está sometida la cosa, etc. Se trata de cuestiones de orden fáctico que el
intérprete habrá de merituar, para elaborar un juicio al respecto, y confrontar
dicha conclusión con la durabilidad razonablemente esperada por el



10
     La remisión al art. 2325 del Cód. Civil puede parecer sobreabundante pero aporta en orden a la
precisión en orden a los conceptos que delimitan el ámbito de aplicación del precepto. Para profundizar el
desarrollo, v. BELLUSCIO, Augusto-KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Código Civil y leyes
complementarias. Comentado anotado y concordado, T. 10, Astrea, Buenos Aires, 2005, pág. 105 y
sgtes.; BUERES, Alberto J.- HIGHTON, Elena, Código Civil y normas complementarias. Análisis
doctrinario y jurisprudencial, T. 5, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, pág. 32 y sgtes.)
11
    FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 251; MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de
defensa del consumidor 24.240, cit, pág. 128; MOSSET ITURRASPE, Jorge-LORENZETTI., Ricardo L.,
Defensa del Consumidor. Ley 24.240, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 1993, pág. 110.
12
   Se ha entendido que “parece preferible hablar, como lo hace la ley española, de los bienes de naturaleza
durable, o de cosas que sin consumirse, se deterioran poco a poco por el uso...se trata de bienes fabricados
en serie que proporcionan una utilidad que es propia a través de algún tipo de funcionamiento mecánico,
químico, eléctrico o electrónico...”(MOSSET ITURRASPE, Jorge-LORENZETTI., Ricardo L., Defensa del
Consumidor. Ley 24.240, cit., pág. 110)
13
    El veto presidencial (Decreto 2089/93 del PEN) al art. 11, en su redacción originaria, invocaba como
fundamento “que la garantía legal proyectada en los arts. 11 y 13 cercenaría la libertad del oferente de
poner en el mercado productos con o sin garantía y la del consumidor de elegir unos y otros, y significaría
limitar el acceso al mercado de ciertos productos, en general de bajo costo o de uso rápidamente
descartable o de rezago, en perjuicio del consumidor”. Mosset Iturraspe refutó enfáticamente los
argumentos expuestos en el decreto de veto –sustancialmente referidos a propiciar el acceso al mercado
de todo tipo de bienes y proveedores y el derecho de elección de los consumidores- señalando que “la
protección del consumidor en nuestro país y en todos los que se han ocupado del tema, parte de una
concepción tuitiva, inspirada en la creencia de que el consumidor no está capacitado para elegir y que, por
lo demás, los precios no guardan una relación necesaria con la calidad. Los malos productos tienen, por lo
común, precios similares a los buenos, pues se considera, por los proveedores, que el consumidor no es
idóneo para diferenciarlos. De ahí el inconveniente de abrir el mercado a todos los bienes y servicios sin
exigir garantías...Los malos productos se benefician y los buenos se perjudican. Y, a la postre, es el
consumidor quien paga como idóneo lo inidóneo, como de calidad lo que carece de ella” (MOSSET
ITURRASPE, Jorge- LORENZETTI., Ricardo L., Defensa del Consumidor. Ley 24.240, cit., pág. 113 y sgtes.)
14
   Señala Mosset Iturraspe que “si se pensó que había demasiada amplitud en la norma al aludir, sin
distinciones, a los bienes de consumo durable, la solución pudo encontrarse en las exclusiones” (MOSSET
ITURRASPE, Jorge- LORENZETTI., Ricardo L., Defensa del Consumidor. Ley 24.240, cit., pág. 114).


                                                                                                          3
consumidor15. Habrá que considerar cada caso particular y sus variables, pero
siempre a la luz de la finalidad tuitiva de la norma legal16. Es oportuno recordar
que esta herramienta ha sido diseñada, también con miras a elevar el stardand
de calidad de los productos del mercado17.

15
   En el afán de ejemplificar, se ha dicho que “una media de mujer, obviamente, no puede tener una
garantía de seis meses, ni tampoco un reloj descartable, cuyo valor es de apenas unos pocos pesos”
(MOSSET ITURRASPE, Jorge- LORENZETTI., Ricardo L., Defensa del Consumidor. Ley 24.240, cit., pág.
114).
16
   La protección de la incolumnidad económica del consumidor es una faceta expresamente prevista por el
sistema tutelar, que no se conforma con la defensa prioritaria de la salud y la seguridad. Junto a la
protección de la indemnidad sicofísica del sujeto, el microsistema contempla expresamente la necesidad
de atender a los intereses económicos del consumidor. Esta preocupación universal, fue objeto de un
pronunciamiento especial en la Res. 39/248 de la Organización de las Naciones Unidas que en el pto. 13
de las directivas, establece: “Las políticas de los gobiernos deben tratar de hacer posible que los
consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de
alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos
adecuados de distribución, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección
efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la
posibilidad de elegir en el mercado”.
17
   La doctrina ha señalado que “inicialmente y para un observador jurídico, parecería lejana la relación
entre las garantías obligatorias y la información relacionada con los negocios de consumo. Sin embargo el
vínculo es estrecho, en cuanto las primeras juegan un rol muy activo en el marco de los problemas
económicos generados por la información imperfecta. Es sencillo advertir que las garantías legales
marcan una tendencia a lograr la homogeneidad del piso del mercado. Si se obliga a responder
objetivamente por el buen funcionamiento de los productos por un plazo mínimo, se favorecerá la
tendencia a que los peores productos observen, al menos, ese estándar. La homogeneidad guarda una
relación íntima con la información. Si bien es imaginable, en abstracto, un mundo en el cual se ofrezcan
bienes absolutamente homogéneos y la información de los compradores fuera absolutamente nula, es una
aserción empírica, pero difícilmente refutable, que un incremento en la homogeneidad tiende a producir
un incremento en la información disponible. Un comprador que sabe que un artículo es idéntico a un
grupo de unidades del mismo género, tiene la posibilidad temporal de haber comprado ya otro que le haya
proporcionado información sobre sus atributos y pudo haber conocido sus ventajas, defectos y riesgos,
que se repetirán en idéntica cantidad y calidad en el nuevo bien que ahora decida comprar. Su
conocimiento puede también provenir de la experiencia ajena: los sucesivos empleos del bien adquirido
que hagan otros consumidores y la información que le transmitan, por cualquier vía, incrementará su
caudal de conocimientos sobre los atributos del bien a comprar. Por oposición, la heterogeneidad limita
estas dos fuentes informativas. Si todos los bienes poseen cualidades y defectos diferentes, nada o poco
aportará la repetición de compras de un producto de la clase del deseado, en cuanto ex hypotesis persistirá
la incertidumbre con relación a los atributos que pueda presentar la unidad a adquirir. La información
derivada de las sucesivas adquisiciones (propias o ajenas) se limitará en el mejor de los casos a revelar
frecuencias estadísticas (de aparición de productos aptos, ineptos y poseedores de tal o cual atributo) cuya
relevancia decrecerá cuanto más heterogéneos sean los bienes considerados. Si los consumidores contaran
con información perfecta de cada producto, la homogeneidad no sería un atributo deseable, en términos
económicos, ya que podrían elegir perfectamente entre bienes distintos, ofreciendo distintos precios.
Podría pensarse, en este sentido, que si la información que se brindara fuera perfecta, sería exacta la
afirmación hecha por el Poder Ejecutivo en su decreto de veto, y debería dejarse a los consumidores
elegir si comprar productos malos y baratos o buenos y caros. Ocurre, sin embargo, que la posibilidad
analizada, llevada a los hechos, y empleada como único remedio, resultaría enormemente más costosa que
los efectos de las garantías legales. Ello parece muy evidente apenas se intente esbozar una situación
práctica de esa clase. Antes de cada venta debería proveerse un prospecto con informaciones sobre todos
los productos del mercado o impartirse cursos que explicaran todas sus características, y revelaran toda
cualidad o atributo que pudiera ser valioso o disvalioso, incluyendo hasta los datos más extremos sobre
comportamientos futuros esperables, rendimientos comparativos, etc. Y todavía, semejante caudal de
información debería poder ser adquirido por el comprador a un costo aceptable. En este sentido, además
de la obvia incidencia del tiempo en la captación de conocimiento, que importa, por sí, un costo, restaría
también otro problema, que es la necesaria posesión de conocimientos previos que permitieran asimilar la
información específica. Este punto constituye una de las causas de la asimetría informativa --que se da
entre los productores profesionales de bienes o servicios con relación a los consumidores profanos-- de


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       Antes de concluir la referencia al ámbito de aplicación, cabe advertir que
de las garantías legales han sido pensadas para los contratos onerosos. El
texto del art. 11 de la ley 24.240 dispone que las mismas se aplican a la
comercialización de cosas muebles no consumibles, lo que ha llevado a
entender que como principio, queda excluida la adquisición de cosas a título
gratuito18. No obstante ello, también se ha dicho que cuando el proveedor pone
en manos del consumidor bienes sin cargo, “esa gratuidad no es más que una
técnica de comercialización a fin de obtener beneficios presentes o futuros”,
destacando que “la LDC presume que no hay intención de liberalidad por parte
del proveedor”19.

3.- Vicios o defectos que tornan operativa la garantía legal:

       Tal como lo señala el art. 11 de la ley 24.240, la garantía contempla
vicios o defectos de cualquier índole, admitiendo expresamente la operatividad
de dicha garantía, cuando aquéllos fueran ostensibles o manifiestos al
momento de celebración del contrato, y siempre que afecten la identidad entre
lo ofrecido y lo entregado, ó el correcto funcionamiento del bien objeto del
intercambio.
       Aún cuando se han ensayado categorizaciones de los vicios o defectos
que pueden afectar a la cosa objeto del negocio20, la doctrina coincide en
pronunciarse por un criterio de amplitud. Cualquier deficiencia que afecte la
identidad entre el bien ofrecido y el finalmente entregado al consumidor o que

más difícil superación. ….De más está decir que no se pretende afirmar que las garantías legales
sustituyan el deber de información en general, sino que, en ese nivel mínimo constituido por los peores
productos, es más eficiente imponerlas que pensar en solucionar el problema extremando el rigor
informativo exigible hasta grados utópicos” (ACCIARRI, Hugo-CASTELLANO, Andrea, “Las garantías
legales en las relaciones de consumo y la información. Algunas consideraciones económicas y jurídicas
acerca de sus efectos”, LL 1999-B, 924).
18
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 173.
19
   ROSSI, Jorge O., “Derecho del Consumidor: ámbito de aplicación, documento de venta y garantía legal
a la luz de la reforma de la ley 26.361” en ARIZA, Ariel (Coord.), La reforma al régimen de defensa del
consumidor por ley 26.361, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 36 y sgtes. Expresa Rossi:
“Supongamos que un proveedor ofrece vender una notebook con un mouse y un pen drive de regalo. Es
un argumento de venta destinado a ofrecer un mejor precio que el de su competencia. En lugar de rebajar
el precio, agrega dos productos. Lo hace para captar clientes. Lo hace para vender, en definitiva. Al
consumidor, por su parte, no le da igual recibir un Mouse defectuoso que uno en buen estado. Él decidió
la compra de la notebook con ese proveedor teniendo en cuenta que, por el precio que pagaba, adquiría
una notebook, un mouse y un pen drive sin defectos. Caso contrario, probablemente hubiera comprado la
misma notebook a otro proveedor…En definitiva, en este caso, lo que se está comercializando no es una
notebook sino una notebook, un mouse y un pen drive. No importa que se diga que hay una venta y dos
donaciones. No hay un acto a título oneroso y dos liberalidades. Hay un solo acto a título oneroso y la
garantía legal abarcará a la notebook, el mouse y el pen drive…”.
20
   Antonio H. Benjamin expone el desarrollo de la teoría de la calidad explicando que la misma tiene un
pie en la órbita de la tutela de la incolumnidad sicofísica del consumidor y otro, en la tutela de su
incolumnidad económica. Señala que la calidad de los productos y servicios puede verse conculcada por
la existencia de vicios que se proyectan en un doble sentido. En relación al primer aspecto, la protección
de la salud se hace evidente frente a lo que se ha dado en llamar vicios de calidad por inseguridad. En
relación al segundo aspecto, la protección al patrimonio del consumidor deriva de la constatación de
vicios de calidad por inadecuación. Para un desarrollo de la teoría y su recomendado análisis, v.
BENJAMÍN, Antonio H., “La teoría de la calidad y los accidentes de consumo: una visión conceptual”, en
STIGLITZ, Gabriel A. (Dir.), Derecho del Consumidor n° 1, Doctrina - Jurisprudencia - Legislación,
Rosario, 1999, p. 57 y sgtes. Resulta de interés la clasificación expuesta en MOSSET ITURRASPE, Jorge-
LORENZETTI., Ricardo L., Defensa del Consumidor. Ley 24.240, cit., pág. 117 y sgtes


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comprometa el adecuado funcionamiento del mismo, habilitará al beneficiario a
reclamar el cumplimiento de la garantía.
       Al analizar la fórmula legal utilizada, se advierte que originariamente “la
ley 24.240 había colocado en el art. 11 -que fuera vetado- la conjunción
disyuntiva “o” entre las frases “cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo
entregado” y “su correcto funcionamiento”, y que más tarde, la ley 24.999
incorporó el artículo vetado, pero con la conjunción copulativa “y” entre ambas
expresiones; y que la ley 26.361 volvió a la conjunción disyuntiva “o” del texto
originario vetado21. Parece claro entonces, que no resulta exigible la
concurrencia de ambos extremos sino que basta con que el vicio o defecto se
traduzca en cualquiera de las situaciones descriptas por la norma 22. Para cierta
doctrina, lo relevante es que ese vicio o defecto comprometa el correcto
funcionamiento de la cosa pues siempre y en todos los casos, dicho
desperfecto creará una diferencia entre lo ofrecido y lo entregado, tornando
superflua la exigencia del primer extremo23. Consideramos que la casuística
ofrece ejemplos de controversias vinculadas a vicios o defectos que en unos
casos afectan estrictamente la identidad entre lo ofrecido y lo entregado 24, y en
otros, prevalece como manifestación de aquéllos, el inadecuado
funcionamiento del bien25.
       Una nota distintiva relevante entre la garantía por vicios o defectos
consagrada por la ley de defensa del consumidor y la tradicional garantía por
vicios redhibitorios del Código Civil26, es precisamente la expresada en el art.

21
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 174.
22
   FRUSTAGLI, Sandra-HERNÁNDEZ, Carlos A., “Primeras consideraciones sobre los alcances de la
reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con especial referencia a la materia contractual”, en J.A.
2008-II-1212.
23
   MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág.
129.
24
   Los elementos destinados a la construcción (pisos, revestimientos, pintura, etc.) o decorativos (géneros
de tapicería o para cortinados, etc.), prendas de vestir o de aseo, joyas, etc. que no responden a la calidad
ofrecida o publicitada y cuyo vicio se constata luego de celebrado el contrato y entregada la cosa, que por
otra parte, no se pone en funcionamiento (en tanto se colocan o instalan, adquieren nuevas formas, se
usan sin activar mecanismos de ningún tipo, etc.), relevan que el interés del consumidor se ve afectado
por esa falta de identidad entre lo ofrecido y lo entregado. No cabe en estos supuesto, la posibilidad de
invocar el funcionamiento inadecuado que habilite una reclamación de reparación del bien (cfr. C3º, Civ.
y Com. de Córdoba, 13/5/2008, “Llanez de Ruiz, Matilde y otro c/Robi S.A. y otro LL On Line).
25
   En relación a aquellos bienes, de los cuales cabe predicar que se ponen marcha o funcionamiento, o que
se activan de cualquier modo para su utilización, etc., efectivamente, el vicio o defecto se traducirá en el
inadecuado funcionamiento y la consiguiente posibilidad de reclamar la reparación. Piénsese en los
automotores, electrodomésticos, productos electrónicos, insumos informáticos, maquinarias en general,
etc.
26
   Para un estudio comparativo del instituto en los distintos cuerpos normativos –la ley 24.240 de defensa
del consumidor y el Código Civil- cfr. FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario.
Comentario exegético de la ley 24.240 y del dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 272 y sgtes.;
SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa del
Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 213 y sgtes.; MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB,
Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág. 129; WEINGARTEN, Celia (Dir.), Derecho del
consumidor, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007, pág. 225; . Sintéticamente, podríamos señalar
que –las diferencias se vinculan a la naturaleza de los vicios que habilitan el reclamo del adquirente
(vicios ocultos al tiempo de la adquisición, conforme el Cód. Civil y, ocultos o no; manifiestos o no;
ostensibles o no, en la ley 24.240), a la posibilidad de liberarse del sujetos responsable (admitida por el
Cód. Civil si el adquirente conocía o debía conocer el vicio por su profesión u oficio; extremo irrelevante
para la ley 24.240) y a las presunciones en contra del adquirente (pues para el Cód. Civil, si el adquirente


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11 aquí analizado. El texto legal expresa: “...el consumidor y los sucesivos
adquirentes gozarán de garantía legal por los vicios o defectos de cualquier
índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato...”.
        Se ha destacado que la norma ampara aún al consumidor más torpe27;
criterio que se explica desde la perspectiva de los principios que informan el
sistema tutelar. El principio de debilidad jurídica del consumidor28 explica y
justifica el remozamiento de institutos tradicionales y su aggionamiento a las
nuevas necesidades y requerimientos.

4.- Contenido de la garantía: qué debe “garantizar” el proveedor?

       Existe coincidencia en señalar que el proveedor debe garantizar al
consumidor el buen funcionamiento de la cosa objeto del negocio;
funcionamiento que puede verse afectado por el vicio o defecto que el bien
eventualmente contenga. De ello se sigue que, con fundamento en la
mencionada garantía legal, el beneficiario está habilitado para reclamar del
proveedor, la reparación de la cosa en caso de mal funcionamiento
(cumpliendo las diligencias que fueran necesarias a tal fin).
       Se ha afirmado que existiría una presunción de que el mal
funcionamiento dentro del plazo legal tiene su causa en el vicio o defecto de la
cosa29. Ello llevaría a sostener que si el proveedor pretende eximirse de las
obligaciones derivadas de la garantía legal, debe acreditar la culpa exclusiva
del consumidor; esto es, que los desperfectos son atribuibles a la conducta del
adquirente del bien que, con su accionar, ha provocado el mal funcionamiento



no prueba que el defecto es anterior a la venta, se presume que es sobreviviente; mientras que para la ley
24.240, en caso de duda: se estará a favor del consumidor).
27
    SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 174.
28
   La tensión de intereses involucrados en la relación de consumo fue claramente advertida como una
problemática macro, colectiva, compleja; y como derivación de aquello, las soluciones no podían venir
sino de la mano de nuevos mecanismos sustanciales y procesales que contemplaran los nuevos
requerimientos. Las soluciones del Derecho contractual tradicional, pensadas para la persona como sujeto
individual, libre e igual a sus semejantes, no admitieron figuras adaptativas. El destinatario de la nueva
protección representa intereses de incidencia colectiva y exhibe una debilidad jurídica fundada –
precisamente- en el desequilibrio del poder negocial para decidir el acceso, la configuración, la
permanencia y la salida del contrato con libertad e igualdad respecto de su contraparte en el negocio. La
idea de protección del consumidor, generalizada en el Derecho moderno, es derivada de una concreta
ratio legis: la constatación de que existen fuertes y débiles, expertos y profanos, dueños del negocio y
necesitados de él. Este dato de la realidad provoca un quiebre en el paradigma tradicional, y la
intervención del Estado se impone no ya bajo la óptica del orden público clásico sino a la luz de la
noción de orden público actual .La debilidad jurídica del consumidor está propiciada por situaciones de
hecho diversas, pero que en todos los casos, lo colocan en un status de inferioridad negocial. Más aún,
“todavía es computable la noción de subconsumidor o consumidor particularmente frágil que según
algunas opiniones sería el eje del sistema. Es que la justificación del sistema se ve acentuada en aquellos
supuestos donde la hiposuficiencia resulta agravada por la concreta situación del sujeto”(ALTERINI, Atilio
A.-LÓPEZ CABANA, Roberto M. “La debilidad jurídica en la contratación contemporánea” en “Derecho
de Daños”, La Ley, Bs. As., 1992, donde los autores citan riquísima bibliografía extrajera sobre el tema).
29
   VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, “La garantía legal en la ley de defensa del consumidor”, LL 2008-
F,1374. El mencionado autor sostiene: “No tengo duda en afirmar que existe una presunción que hasta
calificaría de iure et de iure de que el desperfecto o mal funcionamiento, dentro del plazo legal de
garantía, tiene su causa en un defecto o vicio del producto. En el mejor de los casos se trata de un riesgo
económico que debe ser asumido por el productor o proveedor”.


                                                                                                         7
de la cosa30. Sin perjuicio de admitir esta eximente, cabe señalar que la prueba
sobre el punto habrá de valorarse con criterios de estrictez. No debe obviarse
que la adecuada instalación y puesta en funcionamiento del bien en gran parte
de los casos dependerá de que el consumidor haya sido adecuadamente
informado, advertido y/o aconsejado por el proveedor.
       La reparación de la cosa objeto del contrato ocupa la atención principal
del legislador en este capítulo31; y es comprensible que así sea. Razonable
resulta pensar que si el vicio o defecto de la cosa impide el correcto o
adecuado funcionamiento de la misma, el propósito sea establecer
mecanismos tendientes a asegurar la reparación del bien y la satisfacción del
llamado interés de cumplimiento del consumidor; esto es, que los productos
adquiridos cumplan la finalidad específica esperada.
       El art. 11 contempla la hipótesis de que el bien deba ser trasladado a
fábrica o taller habilitado, dejando establecido que los gastos que ello
demande, son a cargo del responsable de la garantía. La reglamentación del
mencionado art. 11 explica el modo en que deberá actuar el consumidor para
hacer efectiva la garantía, e indica cómo debe concretarse el traslado del bien
a efectos de su reparación, atendiendo a las necesidades de celeridad y
eficiencia32. El art. 15 establece que cuando la cosa hubiese sido reparada bajo
los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al
consumidor una constancia de la reparación donde se indiquen las precisiones
allí contenidas; precisiones que cumplen una concreta finalidad en orden al
resguardo de los intereses del consumidor33. El art. 16 expresamente establece
una prolongación del plazo de garantía equivalente al tiempo durante el cual el
consumidor se encuentre privado del uso de la cosa, por cualquier causa
relacionada con su reparación34. Finalmente, el art. 17 consagra un abanico de


30
   El propio Vázquez Ferreyra expresa: “si la cosa se encuentra severamente golpeada, destruida, o con
signos evidentes y manifiestos de haber sido destruida o dañada (por ejemplo un teléfono celular que a
simple vista surge que ha sido sumergido en agua o aplastado), puede ser un supuesto de exclusión de
garantía, aunque confieso que tengo también mis serias dudas por cuanto insisto una vez más, la ley no lo
contempla como exclusión de garantía. Pero claro que el principio de buena fe siempre está presente en
toda relación jurídica (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, “La garantía legal en la ley de defensa del
consumidor”, LL 2008-F,1374, cit.).
31
    Así lo entienden Centenaro y Surin, al decir que “las garantías tuteladas en la normativa de
consumidores y usuarios tienen en mira fundamentalmente la reparación de la cosa” (cfr. CENTENARO,
Ivana C.- SURIN, Jorge A., Leyes de defensa del consumidor y del usuario comentadas y anotadas, Ed.
Lajouane, Buenos Aires, 2009, pág. 33.
32
   La reglamentación del art. 11 conforme el decreto 1798/94 establece que “si la cosa debiera trasladarse
a fábrica o taller para efectivizar la garantía, el consumidor deberá notificar al responsable de la misma
para que en el plazo de 48 horas de recibida la comunicación realice el transporte. Cuando no se realice
dentro de ese lapso, el consumidor podrá disponer el traslado sin comunicación previa al responsable de
la garantía, pero en tales casos éste no quedará obligado sino hasta los importes de flete y seguro corriente
en plaz. El traslado deberá hacerse al centro de reparación más próximo al lugar donde la cosa se
encuentre, si no indicare otro el responsable de la garantía”.
33
   El art. 15 citado impone que en el contenido mínimo de la constancia de reparación, deberá incluirse a.-
la naturaleza de la reparación; b.- las piezas reemplazadas o reparadas; c.- la fecha en que el consumidor
hizo entrega de la cosa; d.- la fecha de devolución de la cosa al consumidor. Se trata de datos que
permitirán al consumidor estar informado sobre el vicio o defecto que contenía la cosa, la gravedad o no
del desperfecto, la previsibilidad del funcionamiento futuro, y el punto de arranque del plazo de la nueva
garantía (conf. art. 16).
34
   Establece el art. 16: “Prolongación del plazo de garantía: El tiempo durante el cual el consumidor está
privado del uso de la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe
computarse como prolongación del plazo de garantía legal”. La reglamentación advierte que “se entiende


                                                                                                           8
posibilidades por las que el consumidor podrá optar a fin de satisfacer su
interés, cuando la reparación efectuada no haya sido satisfactoria35.
        Hemos advertido ya que las obligaciones impuestas al proveedor en el
art. 12 de la ley 24.240 se refieren a un supuesto distinto de la llamada garantía
legal consagrada en el art. 11 y concordantes, pero no podemos sino reconocer
la conexidad temática. En efecto, a fin de asegurar el correcto funcionamiento
del bien, se impone al proveedor asegurar al consumidor un servicio técnico
postventa y la provisión de repuestos que sean necesarios para el óptimo
aprovechamiento de la cosa adquirida. Ello supone que si el consumidor así lo
requiere, el proveedor deba estar en condiciones de controlar el correcto
funcionamiento, evacuar consultas, reparar el bien cuando los desperfectos no
respondan a vicios existentes en los mismos, proveer los repuestos que sea
necesario reemplazar (por roturas accidentales, robos y otras circunstancias),
etc. En todos los casos, sea que estos servicios se requieran durante o luego
de vencido el plazo de garantía, serán prestaciones a cargo del consumidor
que las solicite.

5.- Quiénes son beneficiarios de la garantía legal?

       El art. 11 de la ley 24.240 expresamente establece que resultan
beneficiarios de la garantía legal tanto el consumidor como los sucesivos
adquirentes de la cosa objeto del intercambio con el proveedor. Claro está: los
subadquirentes gozarán de la garantía dentro del plazo remanente que no haya
sido empleado por el consumidor adquirente y siempre que esta adquisición lo
haya sido como destinatario final (en beneficio propio, de su grupo familiar o
social), pues ello determina la configuración de la relación de consumo y la
aplicación del sistema tutelar36.

6.- Cuál es el plazo de duración de la garantía legal?

       La reforma de la ley 26.361 al art. 11 de la ley 24.240 dejó establecido
que “…la garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de
bienes muebles usados y por seis meses en los demás casos a partir de la
entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor…”. La modificación
introducida beneficia al consumidor pues distingue supuestos (adquisición de
cosas usadas y nuevas) y extiende el plazo originariamente único, de 3 a 6




que el consumidor está privado del uso de la cosa desde que la misma fue entregada al responsable de la
garantía a efectos de su reparación, y hasta que éste la entregue”.
35
   El art. 17 dispone: “Reparación no satisfactoria. En los supuestos en que la reparación efectuada no
resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que
está destinada, el consumidor puede: a.- pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas
características. En tal caso el plazo de garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la
cosa nueva; b.- devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe
equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse
dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; c.- obtener una quita proporcional
del precio. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los
eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder”.
36
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 177.


                                                                                                          9
meses. No obstante ello, se ha dicho que el plazo de seis meses resulta
exiguo en relación a las soluciones consagradas en el Derecho Comparado37.
        De lo expuesto se sigue que la ley consagra un mínimo38 por debajo del
cual no puede restringirse la vigencia de la garantía (3 y 6 meses), pudiendo
las partes pactar una garantía contractual temporalmente más extensa, en
iguales o mejores condiciones. Es oportuno recordar que la garantía
consagrada en el art. 11 de la ley 24.240 constituye una herramienta legal
diseñada para la adecuada tutela del consumidor, de orden público. Siendo así,
cualquier cláusula contractual impuesta por el proveedor que suponga renuncia
o restricción de este mecanismo de protección, es de ningún valor. Si se
pretendiera imponer un plazo inferior al mínimo legal o condiciones que
signifiquen una mengua de los derechos reconocidos por la ley, se tendrá por
no convenida, conforme lo establece el art. 37 inc. b de la ley 24.240 39.

        El punto de arranque del cómputo, cualquiera sea la situación y el
término, es el momento de la entrega del bien, sin que sea relevante que el
consumidor haya completo o no el pago del precio40. El plazo de tres o seis
meses se computa en días corridos; esto es, hábiles e inhábiles. Cumplido el
término –que conforme se ha señalado, puede extenderse por causa de la
reparación o sustitución de la cosa, o por voluntad de las partes- se extingue el
derecho que la garantía otorga en particular al adquirente. Se ha entendido que
estamos frente a un plazo de caducidad41. La garantía está sometida al plazo
extintivo legal previsto42.

7.- Quiénes son los responsables de la garantía?

      El art. 13 de la ley 24.240 originariamente vetado por el Poder Ejecutivo
Nacional43 y luego reincorporado con el mismo texto legal44, menciona
expresamente a los sujetos responsables de la garantía legal. En términos
generales podemos decir que es el proveedor, el responsable del otorgamiento
y cumplimiento de la garantía pero la norma analizada sindica como
responsables a “los productores, importadores, distribuidores y vendedores de

37
    FRUSTAGLI, Sandra-HERNÁNDEZ, Carlos A., “Primeras consideraciones sobre los alcances de la
reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con especial referencia a la materia contractual”, en J.A.
2008-II-1212, cit.
38
   FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 252.
39
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 170; FRUSTAGLI, Sandra-HERNÁNDEZ, Carlos A.,
“Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con
especial referencia a la materia contractual”, en J.A. 2008-II-1212, cit.
40
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 178; FRUSTAGLI, Sandra-HERNÁNDEZ, Carlos A.,
“Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con
especial referencia a la materia contractual”, en J.A. 2008-II-1212, cit.; SANTARELLI, Fulvio G.,
“Novedades en el régimen de contratación con el consumidor”, en VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.),
Suplemento especial La Ley abril de 2008, pág. 145.
41
    FRUSTAGLI, Sandra-HERNÁNDEZ, Carlos A., “Primeras consideraciones sobre los alcances de la
reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con especial referencia a la materia contractual”, en J.A.
2008-II-1212, cit.
42
   LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, cit., pág. 290.
43
   Conforme Decreto 2089/93 del PEN.
44
   Por ley 24.999 del año 1999.


                                                                                                   10
las cosas comprendidas en el art. 11”. Se ratifica, a nuestro entender, el criterio
conforme al cual quedan obligados frente al consumidor, todos los
intervinientes en la cadena de comercialización.
        El precepto legal consagra la responsabilidad solidaria de los obligados
por la garantía, lo que implica que todos se obligan por el todo (arts. 701 y 705
del Cód. Civil), sin perjuicio de las acciones de regreso que pueda ejercer quien
pagó el total y pretende el reembolso de los demás sujetos obligados. Pese a la
calificación del vínculo que la ley formula, la doctrina coincide en señalar que la
obligación de los sujetos responsables es concurrente, indistinta o in solidum
pero no solidaria45, pues el deber de responder se impone a cada sujeto por
una causa propia y distinta de la que compromete a los demás46.
        Conforme el art. 14 de la ley, el proveedor está obligado a extender un
certificado de garantía que permita al consumidor conocer la existencia de esta
herramienta legal y los alcances de la misma. Dicha entrega deberá
concretarse conjuntamente con la cosa objeto del contrato47.
        En el ordenamiento argentino, no existe una regla impuesta en relación a
la forma que debe ser utilizada para el cumplimiento de la obligación de
informar por parte del proveedor. Se ha dicho que “en lo que respecta a las
formalidades del deber de informar –en el área de lo privado- éste se puede
viabilizar a través de cualquier recurso comunicacional: la palabra, la escritura,
la imagen, etc., en tanto el código sea comprensible para el acreedor…” 48 . Por
excepción, existen normas que imponen la forma escrita para el cumplimiento
de la obligación informativa, y en muchos supuestos, se exige asimismo, darle
un carácter destacado o de notoriedad. La doctrina ha destacado que esta
disciplina pone en evidencia un resurgimiento del formalismo en materia
contractual, que hace excepción a la tendencia general, encaminada a aligerar
la expresión del consentimiento de las partes49.
        La preceptiva del art. 14 de la ley 24.240 es demostrativa de la
imposición de ciertas formalidades particulares en materia de información que
el proveedor está precisado de proporcionar al consumidor50. La ley establece

45
   FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 257; SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ
FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 190.
46
   Cfr. ALTERINI-AMEAL-LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000,
pág. 548 y sgtes.
47
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 193. El proveedor debe velar por el cumplimiento
tempestivo de la obligación a su cargo. La puntualidad en el cumplimiento es un requisito innegablemente
vinculado a la obtención del objeto y a la satisfacción del interés del acreedor. Precisamente, la
inejecución del comportamiento informativo en el tiempo oportuno puede comprometer
irremediablemente la responsabilidad del proveedor.
48
   KRAUT, Alfredo, “Información: un derecho constitutivo del hombre en sociedad. Algunos enfoques
jurídicos” en Derecho de Daños, La Rocca, Buenos Aires, 19996, pág. 606.
49
   TORRES GARCÍA, Teodora F., “Protección del consumidor y derecho de la contratación”, en Separata
del Libro homenaje a ldelfonso Sánchez Mera, Europa Notario-Consejo General del Notariado, Madrid,
2002, pág. 881; ORTI VALLEJO, Antonio, “Derecho a la información” en BERCOVITZ, Rodrigo - SALAS,
Javier, Comentarios a la ley para la defensa de los consumidores y usuarios, Civitas, Madrid, 1992, pág.
416.
50
   Luego de imponer un genérico deber de informar en el art. 4 de la ley, el legislador particulariza dicha
obligación, como un modo de destacar que existen situaciones especiales, que justifican una información
concreta, reforzada o diferencial. Se trata de supuestos en los que se ha entendido necesario acudir en
auxilio del consumidor, a efectos de resguardar de un modo particular, los derechos o intereses que
puedan resultar afectados. Con el objeto de hacer efectiva la tutela del derecho a la protección de los


                                                                                                       11
una determinada forma –la forma escrita, en idioma nacional- y con una
especial advertencia: que la redacción debe ser de fácil comprensión 51 y
legible52. El propio texto legal señala que cualquier cláusula cuya redacción o
interpretación contraríen las normas del presente artículo es nula y se tendrá
por no escrita.
       La norma analizada impone formalidades en relación al contenido del
instrumento, estableciendo un contenido mínimo, dado por: a.- identificación del
vendedor, fabricante, importador o distribuidor; b- identificación de la cosa con
las especificaciones técnicas necesarias para su individualización; c.-
condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para su
funcionamiento; d.- las condiciones de validez de la garantía y su plazo de
extensión; e.- las condiciones de reparación de la cosa con especificación del
lugar donde se hará efectiva.
       El certificado de garantía deberá ser entregado al consumidor por parte
del proveedor inmediato con quien contrató. Si bien lo usual es que la
confección del certificado sea asumida por el fabricante o el importador, es el
vendedor quien está obligado a su entrega al adquirente de la cosa 53. Aunque
resulta sobreabundante decirlo, la falta de entrega del certificado en modo
alguno afecta la vigencia de la garantía54. Sin dudas, el incumplimiento de la

intereses económicos del consumidor, el legislador ha impuesto precauciones informativas de contenido
particular: en relación a determinados bienes (art. 9), al documento de venta (art. 10), al certificado de
garantía por el buen funcionamiento (art. 14), al contenido de la constancia de reparación (art. 15), al
contenido del presupuesto por parte de quienes ofrecen servicios de reparación (art. 21), al certificado de
garantía correspondiente a servicios en general (art. 24), al contenido de la constancia escrita que deben
entregar las empresas prestatarias de los servicios públicos domiciliarios (art. 25), al contenido del
documento que instrumenta la facturación del servicio público domiciliario (art. 25), a ciertas facultades
conferidas al consumidor (el derecho de arrepentimiento y revocación de la aceptación del art. 34), a las
operaciones de consumo financiado (art. 36), etc.
51
   La comprensibilidad del lenguaje depende en gran medida de la adecuada selección de los datos a
proporcionar y del modo en que se transmite esa información. Los tecnicismos y la formalidad de las
expresiones utilizadas muchas veces conspiran contra este requisito. Debe buscarse el difícil equilibrio
entre la necesidad de suministrar información cierta y lo imperioso de que ésta sea accesible para su
destinatario. Podríamos definir este requisito en un sentido negativo, señalando que no debe incurrir el
proveedor en un lenguaje equívoco, confuso o ambiguo, ni en prácticas que desalienten la ingesta de la
información (manuales voluminosos o de letra pequeña, folletos que remitan a otros textos anexos o que
se entregan por separado o en distintos momentos, etc.
52
   La Res. 906/98 del 30/12/98 (BO. del 7/1/1999) establece: Art. 1°: Los contratos escritos de consumo;
los textos incluidos en documentos que extiendan los proveedores, por los que se generen derechos y
obligaciones para las partes y/o terceros, en los términos de la Ley N° 24.240, y las informaciones que
por imperativo legal brinden por escrito los proveedores a los consumidores, deberán instrumentarse en
idioma nacional y con caracteres tipográficos no inferiores a uno con ocho décimos (1,8) de milímetros de
altura. Art. 2°: Los contratos y demás documentos a que se refiere el artículo anterior deberán asimismo
resultar fácilmente legibles, atendiendo al contraste; formato, estilos o formas de las letras; espacios entre
letras y entre líneas; sentido de la escritura, y cualquier otra característica de su impresión. Art. 3°:
Cuando determinados textos, informaciones o cláusulas, por imperativo legal, deban incluirse en forma
destacada, notoria, ostensible o similar, deberán consignarse en negrita, con caracteres tipográficos
equivalentes, como mínimo, a una vez y media el tamaño de los utilizados en el cuerpo o texto general del
documento”..
53
   MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág.
137 y sgtes.
54
   FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 266; MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de
defensa del consumidor 24.240, cit, pág. 137 y sgtes.; SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-
VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, cit., pág.
198.


                                                                                                          12
obligación de entregar el certificado, acarreará serios inconvenientes al
consumidor que necesite hacerla efectiva y ello motivará la aplicación de las
sanciones administrativas que correspondan55.

8.- Qué opciones tiene el consumidor frente al supuesto de una
reparación no satisfactoria de la cosa objeto del contrato?

        El art. 17 de la ley 24.240 establece: “Reparación no satisfactoria. En los
supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir
la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está
destinada, el consumidor puede: a.- Pedir la sustitución de la cosa adquirida
por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se
computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa; b.-Devolver la
cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe
equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la
cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere
efectuado pagos parciales; c.- Obtener una quita proporcional del precio. En
todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación
de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder”.
        No obstante los desajustes que ofrece el cuerpo normativo –derivados
de las sucesivas reformas y del consiguiente remozamiento de las
herramientas diseñadas por el legislador- consideramos que se trata de
remedios alternativos que la ley ofrece a los consumidores a fin de resguardar
los intereses involucrados en el acto de consumo56.
        El art. 10 bis, por su parte, dispone57: “Incumplimiento de la obligación.
El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso
fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a.- Exigir el
cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b.-
Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c.- Rescindir el
contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos
producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de
las acciones de daños y perjuicios que correspondan”.
        Es innegable la estrecha relación que guarda el art. 10 bis de la ley
24.240 con el art. 505 del Cód. Civil (referido a los efectos de las obligaciones
en general)58. La norma del estatuto particular se emplaza en la órbita del

55
   FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del
dec. reglamentario 1798/94, cit., pág. 266; MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de
defensa del consumidor 24.240, cit, pág. 138.
56
   CENTENARO, Ivana C.- SURIN, Jorge A., Leyes de defensa del consumidor y del usuario comentadas y
anotadas, cit., pág. 37.
57
   Norma incorporada por el Art. 2º de la Ley Nº 24.787, B.O. del 2 de abril de 1997. La reforma
introducida por la mencionada ley incorpora al texto legal originario un precepto que deja establecidos los
efectos del incumplimiento de las obligaciones nucleares impuestas al proveedor de bienes y servicios. La
doctrina ha señalado con acierto el defecto en la técnica legislativa, que introdujo la referencia al
“incumplimiento de la oferta o del contrato”, como si “la oferta” y “el contrato” debieran ser enunciadas
como fuentes obligacionales distintas cuyo incumplimiento habilite el ejercicio de los derechos allí
reconocidos. Mosset Iturraspe y Wajntraub expresan con razón, que “hubiera sido de mejor técnica aludir
pura y exclusivamente al incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de sus obligaciones, ya
tengan su origen en el contrato o en otra fuente distinta” (MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier
H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág. 115).
58
   Para un desarrollo del tema, v. ALTERINI-AMEAL-LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 89 y sgtes.; WAYAR, Ernesto C., Derecho Civil-Obligaciones, T. II,


                                                                                                       13
incumplimiento contractual del proveedor y ofrece, en paralelo, las mismas
soluciones que la ley sustancial civil59.
       Advierten Mosset Iturraspe y Wajntraub60 que “…la puesta en marcha de
la garantía, es sólo una opción que la ley consagra a favor del consumidor,
pero que en modo alguno lo ata a seguir necesariamente ese camino en forma
previa a ejercer los demás derechos que emanan del estatuto del consumidor y
del ordenamiento jurídico en general. Así, y dado que la existencia de un
defecto o vicio en la cosa implica un incumplimiento por parte del proveedor,
que ha entregado una cosa que no reúne las características prometidas
(patentizando de ese modo un incumplimiento relativo –por defecto- de la
obligación a su cargo), el consumidor podrá directamente ejercer alguna de las
opciones que contempla el art. 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, sin
necesidad de poner en funcionamiento el sistema de la garantía legal
obligatoria. Lo contrario no sólo no surge de ninguna disposición de la ley, sino
que colisionaría además con la disposición del artículo 3 de la ley 24.240…”.
Compartimos esta opinión.
       Ubicados en la hipótesis originaria, -que la cosa objeto del contrato
presente vicios o defectos, que el proveedor asumiera la reparación de la
misma en cumplimiento de la garantía del art. 11 y que dicha reparación no
fuera satisfactoria- el art. 17 ofrece un catálogo de soluciones alternativas entre
las cuales el beneficiario puede optar libremente61.
       Cabe destacar que conforme lo dispone el propio art. 17, el carácter
insatisfactorio de la reparación habrá de predicarse en todos aquellos casos en
que la cosa reparada no reúna las condiciones óptimas para el destino que le
es propio. La reglamentación del precepto establece que “se entenderá por
condiciones óptimas, aquellas necesarias para un uso normal, mediando un
trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por
el fabricante”; previsión que la doctrina ha estimado razonable62. Huelga decir
que ante la duda acerca de lo satisfactorio o insatisfactorio de la reparación,
habrá que estar a la interpretación más favorable al consumidor (art. 3 y 37).
       En el inc. a del art. 17, se enuncia como primera opción, la posibilidad de
reclamar la sustitución de la cosa, por otra de idénticas características. Tal
como surge de la norma ut supra transcripta, el legislador deja expresamente
establecido que la cosa que le sea entregada al consumidor en reemplazo de la
originariamente adquirida, debe ser igual a ésta (otro bien de la misma serie).
Ello explica la expresión “de idénticas características”. “La ley apunta a
amparar al consumidor, y que éste no tenga que aceptar otra cosa de menor
calidad…que la entregó para su reparación”63.


Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, pág.57 y sgtes.; BUERES, Alberto J.- HIGHTON, Elena, Código Civil y
normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 2 A, cit., pág. 60 y sgtes; entre otros).
59
   Para un análisis pormenorizado de la norma del art. 10 bis, v. PICASSO, Sebastián, en PICASSO,
Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada,
cit., pág. 151 y sgtes..
60
   MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág.
145. Así lo entienden también
61
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 207.
62
   MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág.
143.
63
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 207.


                                                                                                        14
        La reglamentación del art. 17, en relación a este punto, contiene
directivas que han llamado la atención de la doctrina, precisamente porque so
pretexto de reglamentar, se intentan introducir restricciones que
desnaturalizarían el fin de la norma reglamentada64.
        En efecto, por un lado, dice la reglamentación, que “…con carácter
previo a la sustitución de la cosa, si ésta estuviera compuesta por conjuntos,
subconjuntos y/o diversas piezas, el responsable de la garantía podrá
reemplazar los que fueran defectuosos…”; previsión que resulta sorprendente e
inaceptable. Con acierto se preguntan Mosset Iturraspe y Wajntraub:
“…¿Acaso no tuvo la ocasión el proveedor de reemplazar los conjuntos,
subconjuntos y/o diversas piezas cuando debió cumplir con la garantía? ¿Cuál
es el fundamento de esta segunda oportunidad?”. Entendemos que propiciar
esta instancia previa a la efectiva sustitución del bien, alienta a proveedores
desaprensivos, a restar esfuerzos en la etapa de reparación, propia del
cumplimiento de la garantía.

        El consumidor que ya ha transitado el momento de constatar la
existencia de un vicio o defecto que afecta el correcto funcionamiento de la
cosa, que ha reclamado el cumplimiento de la garantía, que ha desplegado los
mecanismos necesarios para procurar el traslado del bien a fábrica o al taller
habilitado o ha asumido en forma personal el traslado, que se ha visto privado
de aquélla durante el tiempo de la reparación, que ha recibido la cosa
presuntamente reparada y que ha constatado que pese a ello, el bien no reúne
las condiciones óptimas para cumplir el uso al que está destinado, y que
finalmente optar por reclamar la sustitución de dicha cosa, no admite que la
respuesta esté supeditada a más dilaciones; máxime cuando se le impone
esperar una diligencia que debió haber sido ya cumplida.
        El decreto reglamentario establece también que “…la sustitución de la
cosa por otra de `idénticas características` deberá realizarse considerando el
período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también
la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que
debieron efectuársele…”.
        Las observaciones por parte de la doctrina a este aspecto de la
reglamentación son coincidentes. Por un lado, se advierte que el texto del
decreto reglamentario se contrapone claramente al mandato de la norma
reglamentada que manda sustituir la cosa defectuosa por otra nueva. Y si se
autorizara al responsable de la garantía a entregar en reemplazo del bien
originariamente adquirido, otro distinto, considerando el tiempo de uso, el
estado general de la cosa a reemplazar y la cantidad y calidad de las
reparaciones efectuadas, siempre entregará una cosa usada al consumidor, y
como es evidente, de baja calidad. No se comprende por otra parte, que el
proveedor sea autorizado a contemplar “la cantidad y calidad de las
reparaciones”. En primer lugar, la cantidad de reparaciones dependerá de la
gravedad del vicio o defecto que afecte a la cosa y de la seriedad y solvencia
técnica de quienes encaren la reparación. En segundo lugar, la calidad de la




64
  MOSSET ITURRASPE, Jorge- WAJNTRAUB, Javier H., Ley de defensa del consumidor 24.240, cit, pág.
143.


                                                                                             15
reparación no podría ser objetada si ha sido asumida por el propio proveedor o
los talleres habilitados por éste65.
        En el inc. b del art. 17, se prevé como segunda opción, que el
consumidor devuelva la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de
recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual
en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional,
si hubiere efectuado pagos parciales.
        Esta otra opción ofrecida por el legislador al consumidor está asimismo
sujeta, conforme el decreto reglamentario, al condicionamiento ya mencionado.
Ello supone que al determinar el “precio actual de plaza”, el proveedor estaría
autorizado a computar “el período de uso y el estado general de la que se
reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones
amparadas por la garantía que debieron efectuársele…”. Reiteramos aquí
nuestra opinión en relación a lo inaceptable de la restricción reglamentaria y a
la inaplicabilidad de una norma inferior que desnaturaliza la herramienta
consagrada por la norma reglamentada.
        El inc. c. del art. 17 prevé como otra opción alternativa, que el
consumidor reclame una quita proporcional del precio. Si el adquirente de bien
opta por aceptar la cosa cuya reparación ha sido insatisfactoria y quedársela en
ese estado, puede peticionar al proveedor una quita proporcional del precio ya
cancelado o negociar el pago de las cuotas pendientes. La determinación del
precio deberá ser acordada por el consumidor y el proveedor responsable de la
garantía. Se ha dicho que “el monto de la quita podrá determinarse según las
pautas establecidas en el segundo párrafo del art. 17, dec. 1798/94, es decir
considerando “el período de uso y el estado general de la que se reemplaza,
como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la
garantía que debieron efectuársele…”66. En este caso, las pautas orientadoras
sí podrían operar en beneficio del consumidor, contribuyendo a una justa
fijación del precio y a la operatividad de la solución legalmente prevista.
        En paralelo con el art. 10 bis, el art. 17 de la ley 24.240 expresamente
establece que “en todos los casos, la opción por parte del consumidor no
impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren
corresponder”; reclamo indemnizatorio que habrá de ajustarse a los
lineamientos del régimen consagrado por el art. 40 de la propia ley y a los
principios que informan el sistema.




65
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 208.
66
   SAGARNA, Fernando A., en PICASSO, Sebastián-VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (Dir.), Ley de Defensa
del Consumidor comentada y anotada, cit., pág. 211.


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