Margarita Beatriz Luna Ramos by SQ7S9rl2

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									                                           LABORALES MARZO 2011

Registro No. 162589

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL NUMERAL 5 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
FIDEICOMISO 2106 FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS (1942 A 1964), PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE JUNIO DE 2009, AL ESTABLECER QUE DICHO APOYO SERÁ
ENTREGADO EN EXHIBICIONES, ES CONSTITUCIONAL.
El hecho de que el citado numeral establezca que el importe del apoyo social que se entregará por una sola
vez a cada beneficiario será por $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en
exhibiciones acorde con los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, conforme a las
fracciones II y III del artículo 5o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos es constitucional. Lo anterior, ya que el indicado numeral 5 de
las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios
Mexicanos (1942 a 1964) no establece tratamiento diferenciado susceptible de análisis a la luz del artículo
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a todos los beneficiarios, a partir de su
reforma, se les entregará ese importe en varias exhibiciones, lo que revela el mismo trato.
Amparo en revisión 836/2010. Félix Rodríguez Colunga y otros. 26 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.


Registro No. 162590

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL NUMERAL 5 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
FIDEICOMISO 2106 FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS (1942 A 1964), PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE JUNIO DE 2009, AL ESTABLECER QUE DICHO APOYO SERÁ
ENTREGADO EN EXHIBICIONES, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
El hecho de que el citado numeral establezca que el importe del apoyo social que se entregará por una sola
vez a cada beneficiario será por $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en
exhibiciones acorde con los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, conforme a las
fracciones II y III del artículo 5o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, no transgrede la garantía de previa audiencia contenida en el
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de
aquellos beneficiarios cuyo nombre hubiese sido publicado con anterioridad a la entrada en vigor del
acuerdo que reformó dicha regla. Lo anterior, ya que éstos no tenían un derecho adquirido a recibir el apoyo
en una sola exhibición sino una mera expectativa de obtener dicho importe, lo que no es alterado en modo
alguno, pues lo único que se hizo fue modificar la manera en que se les entregará a los beneficiarios el
referido apoyo social, sin privarlos de algún derecho, en la medida en que seguirán recibiendo dicha
cantidad en parcialidades.
Amparo en revisión 836/2010. Félix Rodríguez Colunga y otros. 26 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.


Registro No. 162625

CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA INCORRECTA CALIFICACIÓN DE LEGAL DE UNA
POSICIÓN NO AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, PUES TAL VIOLACIÓN SE SUBSANA ORDENANDO
AL TRIBUNAL QUE DEJE DE VALORARLA EN EL LAUDO.
La calificación de legal de una posición en el desahogo de la prueba confesional que no reúne los requisitos
previstos en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, constituye una violación a las reglas del
procedimiento, porque dicha prueba se desahoga contraviniendo éstas, pero únicamente trasciende al
resultado del fallo cuando: a) El absolvente responde afirmativamente; y b) En el laudo el tribunal del
trabajo le otorga valor probatorio y se apoya en ella para resolver en determinado sentido. No obstante,
para el absolvente que va al amparo, esa violación únicamente puede verse reflejada al dictarse el laudo,
porque no le genera perjuicio la forma en que se formuló la posición, sino más bien su resultado y la
valoración atribuida por el tribunal del trabajo, lo que constituye una violación de carácter formal, aunque
esté precedida de un vicio en el procedimiento. Por tanto, esa violación no amerita reponer el
procedimiento, pues la manera en que se debe restituir al absolvente quejoso en el goce de la garantía
violada, es ordenando al tribunal del trabajo que en el laudo deje de valorar la posición incorrectamente
calificada.
Contradicción de tesis 347/2010. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Sexto Circuito. 19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia 34/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
nueve de febrero de dos mil once.


Registro No. 162535

NULIDAD DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y REINSTALACIÓN. AQUÉLLA
CONSTITUYE LA ACCIÓN PRINCIPAL CUANDO SE DEMANDA LA INVALIDEZ DEL CONVENIO POR VICIOS EN
EL CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR.
Cuando el trabajador demanda la nulidad del convenio firmado con su patrón con el que dieron por
terminada la relación de trabajo y la reinstalación en su puesto, con el argumento de que fue obligado a
suscribirlo, sea por dolo, mala fe o violencia, o porque haya incurrido en error, el tribunal del trabajo debe
privilegiar el estudio de la nulidad del convenio porque constituye la acción principal en el juicio, debido a
que de ésta depende la procedencia de la reinstalación, porque ese planteamiento pone en entredicho que
la conclusión del vínculo haya sido producto del mutuo consentimiento; interrogante que, una vez
desvelada, permitirá resolver si la relación terminó por decisión unilateral del patrón. Esto es, si el
trabajador acredita algún vicio en el consentimiento, pondrá en evidencia que no hubo acuerdo de
voluntades para terminar la relación de trabajo, sino que se trató de una imposición unilateral del patrón, lo
que se traduce en un despido injustificado; en cambio, si no demuestra su afirmación, se evidencia que la
terminación del vínculo laboral se debió al acuerdo de voluntades y, de esa forma, resulta improcedente la
acción de reinstalación.
Contradicción de tesis 423/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero,
ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 2 de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia 36/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
nueve de febrero de dos mil once.


Registro No. 162534

NULIDAD DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y REINSTALACIÓN. RESULTA
IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN OPUESTA CONTRA ÉSTA.
Si en el juicio laboral el trabajador demanda la nulidad del convenio de terminación de la relación de trabajo
firmado con su patrón y la reinstalación en su puesto, con el argumento de que fue obligado a suscribirlo,
sea por dolo, mala fe o violencia, o porque haya incurrido en error, será hasta que se resuelva sobre la
nulidad del convenio cuando se ponga en evidencia si la relación de trabajo terminó por mutuo
consentimiento o por imposición unilateral del patrón. Por tanto, la excepción de prescripción opuesta
contra la reinstalación es improcedente, porque esta acción depende del resultado de la de nulidad de
convenio; pues de concluir que no hubo acuerdo de voluntades, sino una imposición unilateral del patrón,
se traduciría en un despido injustificado; en cambio, si el trabajador no demuestra su afirmación, se
evidencia que la terminación del vínculo laboral se debió al acuerdo de voluntades y que no existió despido
alguno, lo que haría improcedente la acción de reinstalación.
Contradicción de tesis 423/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero,
ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 2 de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia 37/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
nueve de febrero de dos mil once.


Registro No. 162521

PENSIÓN JUBILATORIA. PARA PAGAR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL INCREMENTO DIRECTO DE LA
ORIGINALMENTE OTORGADA (QUE OBEDECEN A CONCEPTOS POR LOS CUALES NO SE COTIZÓ), EL ISSSTE
ESTÁ FACULTADO PARA COBRAR A LOS PENSIONADOS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL
DE LAS CUOTAS QUE DEBIERON APORTAR CUANDO ERAN TRABAJADORES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA
EL 31 DE MARZO DE 2007).
Conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., 15, 54, 57, 58, 60 y 64 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, las pensiones y
demás prestaciones en especie y en dinero que paga el Instituto a sus beneficiarios se cubren con recursos
provenientes de las aportaciones y las cuotas que el Gobierno y los trabajadores enteran a la mencionada
institución, por lo que para pagar las diferencias derivadas del incremento directo de la pensión
originalmente otorgada (que obedecen a conceptos por los cuales no se cotizó), al amparo de los artículos
16 y 54 de la referida Ley abrogada, el ISSSTE requiere que los pensionados por dicho organismo cubran el
importe diferencial correspondiente a las cuotas que debieron aportar cuando eran trabajadores y por el
monto que a ellos correspondía conforme al salario que devengaban.
Contradicción de tesis 17/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo
Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime
Núñez Sandoval.

Tesis de jurisprudencia 29/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
dos de febrero de dos mil once.


Registro No. 162565

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO PRIMERO
TRANSITORIO, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD (DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008).
El referido precepto, que establece un incremento en el haber de retiro a partir del mes de enero de 2011
para los militares que pasen a situación de retiro y los que se encuentran en ese supuesto con 30 o más años
de servicio, excluyendo de ese otorgamiento a quienes laboraron por un lapso menor, no viola la garantía de
igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
dicha distinción encuentra una justificación válida y objetiva. Ello es así, ya que con su instauración se
persigue garantizar la protección efectiva del derecho a la seguridad social de los militares que mayor
tiempo hubieran prestado sus servicios al país (30 o más años) y que, por ello, les resultaría difícil
reincorporarse a una actividad productiva y porque con esa medida se pretende incentivar la permanencia
en un ámbito que, como el militar, resulta de trascendencia, logrando, además, que al final de su etapa
productiva, el personal tenga la certeza de contar con los recursos necesarios que le permitirán un nivel de
vida digno y decoroso.
Amparo en revisión 2233/2009. Franco Ruiz Regalado. 28 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel
González García.

Amparo en revisión 2232/2009. Rafael Carrillo Rodríguez. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime
Núñez Sandoval.


Registro No. 162584

HORAS EXTRAS. ASPECTOS QUE INCIDEN PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LA JORNADA
LABORAL.
Conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral dictará sus resoluciones a verdad
sabida y buena fe guardada; asimismo, apreciará los hechos en conciencia, lo que quiere decir que cuando
un trabajador reclame el pago de horas extras, aquélla está obligada a determinar la razonabilidad de la
jornada laboral, para lo cual tendrá que tomar en consideración diversos aspectos que inciden e influyen en
cada caso, entre los cuales se encuentran: a) el número de horas laboradas; b) si dentro del horario existe un
periodo de descanso; c) las actividades desempeñadas; y d) otros factores que puedan apreciarse en el caso,
tales como la edad, el sexo, etcétera.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1340/2009. Salvador Mateos Carrasco. 4 de febrero de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Sandra Elena Morfines Mora.

Amparo directo 174/2010. Carlos Haro Reyes. 15 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

Amparo directo 636/2010. Servicios Integrales para el Fomento a la Lectura S.A. de C.V. 19 de agosto de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago Lira.

Amparo directo 677/2010. María Guadalupe Olivia Sánchez García. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: José Antonio Márquez Aguirre.

Amparo directo 698/2010. Simón Javier Castañeda Santana. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago Lira.


Registro No. 162558

JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA DETERMINAR LA
APLICACIÓN DE UN REGLAMENTO ANTERIOR CUANDO EN LA FECHA EN QUE SE VERIFICÓ AQUÉLLA
EXISTÍA OTRO EN VIGOR, NO DEBE ATENDERSE A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA, SINO
A LA NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA PRESTACIÓN (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, DEL
REGLAMENTO VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2000).
La jubilación es una prestación contractual al no encontrarse regulada por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ni por la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, el artículo 82, fracción I, del
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
vigente hasta el treinta y uno de julio de dos mil, establecía, entre otros supuestos, que el personal de
planta de confianza podría obtener la jubilación cuando acreditara veinticinco años de servicios y cincuenta
y cinco de edad, y que la pensión sería calculada sobre la base del ochenta por ciento del promedio de los
salarios que hubieren percibido en puestos permanentes en el último año de servicios y en proporción al
tiempo laborado en cada uno de ellos; sin embargo, dicha disposición fue modificada unilateralmente por la
patronal en el reglamento vigente a partir del primero de agosto de dos mil, para establecer que la base
sobre la que se fijará la jubilación se calculará de acuerdo con el concepto de salarios ordinarios. Ahora bien,
para determinar si a un trabajador que cumplió los requisitos de edad y antigüedad durante la vigencia del
reglamento que feneció el treinta y uno de julio, pero que fue jubilado con posterioridad, debe aplicársele el
reglamento anterior o el que estaba vigente al momento de su jubilación, debe atenderse a la naturaleza
contractual de la prestación, toda vez que la teoría de los componentes de la norma tiene utilidad para
resolver problemas relativos al ámbito temporal de validez de normas materialmente legislativas, mas no
tratándose de contratos. En esa tesitura, de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17, 18, 31, 33 y 34 de la Ley Federal del Trabajo, así como de los principios generales de derecho
extraídos de la legislación civil federal relacionados con las instituciones de los contratos unilaterales y de la
condición suspensiva, como el de que debe estarse a lo pactado entre las partes, se deduce que la jubilación
reviste propiamente la naturaleza de una declaración unilateral de la voluntad, semejante a una recompensa
sujeta a la condición suspensiva de satisfacer la edad y años de servicios; de modo que en el momento en
que se cumpla la condición pactada será cuando la obligación se haga exigible en los términos en que se
ofreció, aunque con posterioridad se hubiera modificado, pues este cambio rige a futuro y sólo a quienes no
hayan satisfecho la condición suspensiva durante la vigencia en que la obligación se ofreció les resultará
aplicable, lo que implica que un reglamento anterior puede producir efectos posteriores para algunos casos
concretos. Así, la aplicación de la teoría de los componentes de la norma haría nugatorio el cumplimiento de
la obligación, pues podría dividir el derecho a la jubilación en supuestos y consecuencias; los primeros,
serían la edad y antigüedad; y las consecuencias, la forma en que habría de calcularse la jubilación. Desde
esa perspectiva, el trabajador tendría un derecho adquirido sobre los supuestos, pero no respecto de la
consecuencia, lo que desnaturalizaría el carácter contractual de la jubilación, pues su pensión se calcularía
sobre el concepto de salarios ordinarios y no por el de salarios, lo que sería contrario al principio general de
que los contratos deben ser fielmente cumplidos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 291/2006. Jorge Ramiro Barajas Arceaga. 16 de mayo de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: Arturo Ortegón Garza.

Amparo directo 717/2006. Adolfo Flores Martínez. 11 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José
Manuel Quintero Montes. Secretario: Ramón Alejandro Jiménez Chávez.

Amparo directo 269/2007. Marco A. Reyes Gómez. 8 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Héctor Gálvez Tánchez. Secretaria: Hilda Irma Guerrero Herrera.

Amparo directo 268/2007. Elvia García Cadena. 5 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel
Mendoza Montes. Secretaria: Piedad del Carmen Hernández Ávila.

Amparo directo 410/2010. Adolfo Cámara Cureño. 19 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Gerardo Octavio García Ramos. Secretaria: Ernestina Olivares Gil.


Registro No. 162670

ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO. CONFORME A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CORRESPONDE AL ASEGURADO Y NO AL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ACREDITAR QUE EL SINIESTRO SE PRODUJO CUANDO SE TRASLADABA DE
SU DOMICILIO AL LUGAR DE TRABAJO Y VICEVERSA, PORQUE ÚNICAMENTE ÉL TUVO CONOCIMIENTO DE
LAS CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS QUE OCURRIÓ DICHO PERCANCE.
De la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende
que el legislador, por ficción legal, estableció que debería considerarse como accidente de trabajo el
ocurrido al trabajador del trayecto de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa; caso en el que
corresponde a éste la carga de la prueba, porque las circunstancias bajo las cuales se trasladó de un punto a
otro, el medio de transporte que utilizó, el tiempo y lugares de recorrido y la causa que ocasionó la lesión o
perturbación funcional, son factores que sólo él conoció en forma directa e inmediata al ocurrir el siniestro;
por ello, la carga procesal sobre esos aspectos, debe recaer en el asegurado y no en el instituto de seguridad
social, porque éste tiene conocimiento de los hechos a través del propio asegurado, mediante el aviso del
patrón al instituto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley del Seguro Social, en el que los
datos sobre las circunstancias del accidente, contenidos en el formato respectivo, son proporcionados por el
operario.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
Amparo directo 698/2010. Oswaldo Paredes González. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Salvador Castillo Garrido. Secretario: Juan Martiniano Hernández Osorio.


Registro No. 162664

ACUERDOS EMITIDOS EN EL JUICIO LABORAL DURANTE LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE
PRUEBAS. SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN POR LAS JUNTAS EN SUBSECUENTES ACTUACIONES,
ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE
AMPARO RECLAMABLE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS UNIINSTANCIAL.
Acorde con la jurisprudencia 2a./J. 146/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX,
octubre de 2004, página 374, de rubro: "AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EL
ACUERDO QUE DICTE LA JUNTA SOBRE LAS QUE ADMITA O DESECHE NO PUEDE SER REVOCADO CON
MOTIVO DE LOS VOTOS DE LOS REPRESENTANTES FORMULADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA ETAPA.", los
acuerdos emitidos en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas al calificar éstas (aceptándolas o
rechazándolas), producen un derecho procesal para la parte a quien le favorecen y no pueden considerarse
de mero trámite, sujetos a ser modificados por las Juntas en subsecuentes actuaciones, porque no están
referidos a una irregularidad u omisión que pueda corregirse en términos del artículo 686 de la Ley Federal
del Trabajo, por lo que no es factible que la Junta de Conciliación y Arbitraje emita un nuevo acuerdo, que
modifique o revoque aquél, una vez concluido el ofrecimiento a que se refiere la fracción IV del artículo 880
de la ley mencionada, puesto que de lo contrario, la Junta estaría revocando sus propias determinaciones, lo
que está prohibido por el artículo 848 del ordenamiento legal en comento; de ahí que en el supuesto de que
el tribunal laboral lo contravenga en este sentido, incurriría en una violación a las leyes del procedimiento
laboral, análoga a las previstas por el artículo 159 de la ley de la materia, reclamable en amparo directo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 803/2010. Pedro Lorenzo Mendoza Orozco. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Roberto Rodríguez Soto. Secretario: Ismael Romero Sagarnaga.


Registro No. 162638

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO Y QUE
DISFRUTEN DE UNA PENSIÓN MAYOR EN UN TREINTA POR CIENTO A LA GARANTIZADA, TIENEN DERECHO
A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO DE SEGURO DE RETIRO Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA
Y VEJEZ, DE LA SUBCUENTA RESPECTIVA.
El objetivo fundamental de las aportaciones a este ramo de seguro es lograr que el asegurado, al finalizar su
vida productiva, tenga un ingreso mayor en la pensión que llegara a recibir, ya que la Ley del Seguro Social,
al igual que otras legislaciones como la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establecen los
mecanismos mediante los cuales las Administradoras de Fondos para el Retiro pueden invertir los recursos
que les son transferidos con el objeto de lograr mayores intereses. De ahí que, si bien es cierto que el
artículo 169 de la Ley del Seguro Social estatuye que los recursos depositados en la cuenta individual son
propiedad del trabajador con las modalidades establecidas en esa legislación y demás disposiciones
aplicables, no menos lo es que si bien la citada devolución se encuentra sujeta a ciertas modalidades, el
diverso numeral 190 de la referida ley establece que el trabajador o sus beneficiarios con derecho a disfrutar
de una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón, o derivado de la contratación colectiva,
tendrá derecho a que la Administradora de Fondos para el Retiro que opere su cuenta individual le entregue
los recursos que lo integran para situarlos en la entidad financiera que el propio trabajador designe, a fin de
adquirir una pensión en términos del artículo 157 de la citada ley, o bien, entregándoselos en una sola
exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada. En
consecuencia, basta que el trabajador demuestre estar jubilado por años de servicio por la Comisión Federal
de Electricidad y, además, que dicha empresa le otorgó una pensión superior en un treinta por ciento a la
garantizada, para que proceda la devolución de las aportaciones que llevaron a cabo tanto él como el patrón
a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por ser éste el deseo de la parte obrera, quien al
ejercitar la acción de devolución de los fondos acumulados en su cuenta individual, expresamente está
renunciando al derecho de obtener alguna pensión de las que pudiera corresponderle conforme a la aludida
Ley del Seguro Social.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Amparo directo 913/2010. Afore ING, S.A. de C.V. 16 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Rodolfo Castro León. Secretario: Humberto Moreno Martínez.

Amparo directo 79/2011. Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V. 3 de marzo de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Humberto Quiroz Mares.


Registro No. 162627

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. EL SOLO CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGA A QUE SE LE
APLIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
Las condiciones generales de trabajo celebradas entre un Ayuntamiento del Estado de Michoacán con el
sindicato respectivo, conforme al artículo 42 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, tienen como finalidad regular los términos en que debe
prestarse la relación laboral, y su aplicación no se constriñe exclusivamente a los trabajadores que formen
parte de la agrupación sindical con la que aquéllas se celebraron, sino que se extiende a todos los
trabajadores; luego, la sola circunstancia de tener el carácter de servidor público, en términos de los
artículos 1o., 2o. y 3o. de la citada ley, obliga a que se le apliquen a efecto de no propiciar la práctica de
conductas discriminatorias.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 992/2008. Javier Rentería García y otro. 13 de febrero de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno.

Nota: Por instrucciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo
Primer Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 1870, se publica nuevamente con las modificaciones en el texto que
el propio tribunal ordena.


Registro No. 162619

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. SI EL TRABAJADOR DEMANDA SU NULIDAD
POR ESTIMAR QUE EL SALARIO AHÍ PRECISADO NO CORRESPONDE CON EL QUE DEBIÓ CUANTIFICARSE SU
LIQUIDACIÓN Y LA JUNTA RESUELVE CON BASE EN AQUÉL Y EL RECIBO FINIQUITO QUE CONSTITUYE SU
ANEXO, SIN CONSIDERAR LO ALEGADO POR EL ACTOR RESPECTO A SU INTEGRACIÓN CON DIVERSAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES, DICHA DECISIÓN ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.
Cuando se demanda la nulidad de un convenio de terminación de la relación de trabajo por estimarse que el
salario ahí precisado no corresponde con el que debió cuantificarse la liquidación del trabajador, afirmando
éste que su remuneración se conformaba por diversas prestaciones extralegales, es ilegal que la Junta
resuelva que la demandada justificó el monto del salario integrado precisamente con el convenio cuya
nulidad parcial se reclama y con el recibo finiquito que constituye su anexo, sin sopesar, primero, si el
accionante justificó percibir las prestaciones extralegales que alega y, segundo, si efectivamente se
conforma así su salario, pasando por alto que justamente por esa razón se demandó la nulidad de aquél. Por
ello, es ilegal que la Junta apoye su conclusión en el recibo finiquito exhibido por la demandada, pues es
inconcuso que las cantidades que se desglosan en él fueron calculadas con base en el salario indicado en el
convenio; de ahí que la decisión de la Junta en sostener que con el propio convenio y el recibo finiquito la
demandada justificó el monto del salario integrado, sin pronunciarse sobre lo alegado por el actor respecto
de su integración, es violatoria de garantías.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 663/2010. Avelino Rodríguez Castillo. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales.

Amparo directo 680/2010. Omar Fernando Reyes Tobías. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales.


Registro No. 162605

DEMANDA LABORAL. CUANDO EN ELLA SE RECLAMAN DIVERSAS PRESTACIONES, DE LAS CUALES
ALGUNAS DEBAN SUSTANCIARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Y OTRAS A TRAVÉS DEL
ESPECIAL, LA JUNTA DEBE OBSERVAR LAS REGLAS DEL PRIMERO Y ANALIZAR AQUÉLLA EN SU
INTEGRIDAD, A EFECTO DE DILUCIDAR LAS VERDADERAS PRETENSIONES RECLAMADAS.
De los artículos que integran el capítulo XVII del título catorce de la Ley Federal del Trabajo, así como del
numeral 899 del mismo ordenamiento, se advierte que aun cuando dentro de una demanda laboral se
reclaman diversas prestaciones, de las cuales algunas deban sustanciarse conforme al procedimiento
ordinario, y otras a través del especial, ello no es razón para que se dé trámite únicamente a una parte de la
demanda y respecto de la otra se dejen a salvo los derechos de la actora, en virtud de que la demanda
constituye un todo que debe analizarse en su integridad, a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones
sometidas a litigio; por ende, ambos tipos de prestaciones deben dilucidarse conforme a las reglas del
procedimiento ordinario, en el que se cumplan las formalidades establecidas en el citado capítulo XVII, pues
de lo contrario se haría nugatorio el derecho de la parte obrera a que se resolviera alguna de sus
pretensiones, al tornarse inoportuna la nueva demanda que intentara por las que no se diera entrada a la
inicial, todo por darle preferencia a formulismos procesales, lo cual pondría en peligro el beneficio
proteccionista de la parte trabajadora que establece el artículo 18 de la legislación en consulta.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 226/2010. María Reyes Rodríguez Maldonado. 14 de octubre de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Agustín de Jesús Ortiz Garzón.


Registro No. 162583

HORAS EXTRAS. PARA EFECTOS DE SU CUANTIFICACIÓN RESPECTO DE TRABAJADORES EN PLATAFORMAS
MARINAS, DEBE DE TOMARSE EN CUENTA LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 59, 60, 61, 65 Y 67 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO.
Las horas extras es una prestación establecida a favor del trabajador en el artículo 67 de la Ley Federal del
Trabajo, que consiste en el tiempo que el trabajador presta sus servicios, en exceso de la jornada de trabajo
que tiene establecida. En ese sentido, la jornada de trabajo se convierte en un factor determinante para
cuantificar las horas de tiempo extraordinario laborado, la cual, conforme a los numerales 58, 386 y 391,
fracción IV, de la ley de la materia, puede ser determinada por las partes en el contrato colectivo de trabajo
que al efecto celebren. Sin embargo, una condición que expresamente se establece en el ordenamiento
legal citado, en relación con la jornada de trabajo, es que, por regla general, no puede ser superior a los
límites máximos establecidos en la ley, ya que de excederlos se deberán pagar horas extras; limitación que
se entiende, sobre todo, porque las normas del trabajo tienen como propósito conseguir el equilibrio y la
justicia social en las relaciones laborales. Consecuentemente, si el trabajador de plataformas marinas prestó
sus servicios en exceso de los máximos para cada jornada establecida en la Ley Federal del Trabajo, aun
cuando haya sido la jornada pactada con el patrón en el contrato colectivo del trabajo, debe considerarse
como horas extraordinarias de trabajo, pues la jornada fijada en el contrato excede de los máximos
previstos en la ley y, en ese sentido, resulta contraria a las normas contenidas en los numerales 2o., 56, 59,
60, 61, 65 y 67 del ordenamiento en cita y a los principios de equilibrio y justicia social que rigen en las
relaciones obrero patronales.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 368/2010. Gonzalo Gómez Vidal. 26 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José
Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Alam Leroy Domínguez Pulido.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 65/2011, resuelta por la
Segunda Sala el 6 de abril de 2011.


Registro No. 162569

INFONAVIT. COMO ENTE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SUS
RELACIONES CON EL BENEFICIARIO SON DE COORDINACIÓN, POR TANTO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO
RESPECTO DE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN COMETIDA POR AQUÉL.
Atento a que el requisito de procedencia del juicio de garantías por violación al derecho de petición es que
ésta se formule ante una autoridad propiamente dicha -en función de una relación de supra a subordinación
entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho de este último a que se le dé contestación por
escrito y pueda acudir al juicio de amparo contra su transgresión-; el Juez de Distrito, al conocer de un
reclamo de ese tipo deberá determinar si la naturaleza de la relación entre el gobernado y el servidor
público a quien es formulada sea de esa clase, pues el amparo sólo podrá ser intentado contra una genuina
omisión de "autoridad" de contestar una petición del gobernado, como medio de salvaguarda de sus
garantías individuales. Así, dicho extremo no se cumple cuando la solicitud es formulada ante un organismo
descentralizado que realiza funciones de ente administrador y sus relaciones se ubican en un plano de
coordinación con relación al beneficiario, susceptibles de control jurisdiccional ante los tribunales laborales
en caso de controversia. Por tanto, cuando se presenta una solicitud de información o devolución por parte
del trabajador o sus beneficiarios respecto de los recursos de la subcuenta de vivienda, que constitucional y
legalmente corresponde administrar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
conforme al artículo 123, apartado A, fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y este organismo omite dar respuesta a ella, se actualiza la causa de
improcedencia del juicio de garantías relativa a que la petición no está dirigida a una autoridad, de
conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o. y 11 de la Ley de Amparo,
este último interpretado a contrario sensu, así como en relación con la jurisprudencia P./J. 42/2001, emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro: "PETICIÓN. LA
EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO
DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE
AUTORIDAD.", dado que como ente encargado de su administración las relaciones del instituto y el
peticionario no son las de una autoridad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Amparo en revisión 1045/2010. Delegación Regional VI del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, por conducto del Jefe del Área de Servicios Jurídicos. 16 de noviembre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Karlos Alberto Soto García.
Registro No. 162568

INFONAVIT. CORRESPONDE A DICHO ORGANISMO LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE EL
BENEFICIARIO DE UN CRÉDITO DE VIVIENDA QUE PRETENDE OBTENER LA LIBERACIÓN DE SU PAGO CON
MOTIVO DE UNA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DEL CINCUENTA POR CIENTO O MÁS, O DE UN
ESTADO DE INVALIDEZ DEFINITIVA, FUE SUJETO DE UNA NUEVA RELACIÓN LABORAL EN UN PERIODO
MÍNIMO DE DOS AÑOS.
De conformidad con los artículos 145 de la Ley Federal del Trabajo y 51 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los créditos que se otorguen por el citado instituto de
vivienda estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o muerte, que
libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor
del citado organismo, derivadas de esos créditos; asimismo, tratándose de incapacidad parcial permanente,
cuando ésta sea del cincuenta por ciento o más, o invalidez definitiva, se liberará al trabajador de las citadas
cargas y obligaciones, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo
mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su
crédito. De lo anterior se colige que la carga de la prueba para demostrar que el trabajador no fue sujeto de
una nueva relación laboral durante el referido lapso, corresponde al instituto, ya que dicha exigencia no
puede atribuirse al operario, pues ello no se advierte de los aludidos numerales, ya que si bien es cierto que
la existencia de cualquiera de esos supuestos deberá comprobarse ante el instituto dentro del mes siguiente
a la fecha en que se determinaron, no menos lo es que esa disposición se refiere a la existencia de la
incapacidad parcial permanente cuando sea del cincuenta por ciento o más, o del estado de invalidez
definitiva, que son las circunstancias que pueden demostrarse ante ese organismo, y no así acreditar que
durante el periodo mínimo de dos años el trabajador no fue sujeto de una nueva relación laboral, ya que al
establecer un mínimo y no un máximo, puede acontecer que el que no haya sido sujeto de una nueva
relación de trabajo por un tiempo superior a dos años, no le impide acceder al beneficio de la liberación de
las obligaciones a que tiene derecho, además de que resulta ilógico considerar que después de ese periodo
deba demostrarse tal circunstancia, lo que implicaría para el trabajador comprobar un hecho negativo;
consecuentemente, es al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a quien
corresponde demostrar esa circunstancia, al encontrarse en aptitud de ello, en términos del artículo 29,
fracción I, de la ley que lo rige, que establece la obligación de los patrones de inscribir a sus trabajadores
ante ese organismo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
Amparo directo 740/2010. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 11 de
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo Castillo
Robles.


Registro No. 162567

INFONAVIT. CUANDO ACTÚA COMO ENTE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DE VIVIENDA FRENTE AL
TRABAJADOR NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, POR LO QUE LA FALTA DE CONTESTACIÓN
A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA SUBCUENTA
RELATIVA, PUEDE RECLAMARSE EN UN JUICIO LABORAL.
Para efectos del amparo, son autoridades aquellos órganos del Estado que pueden emitir actos unilaterales
por los que crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de
los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso del afectado; tales
elementos no se cumplen cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actúa
como ente administrador de fondos de vivienda frente al trabajador conforme al artículo 123, apartado A,
fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los artículos 1o. a 3o. de la legislación que rige al citado instituto, que lo conciben como un
"organismo de servicio social" con personalidad y patrimonio propio que, a diferencia de un organismo
público descentralizado del Gobierno Federal, no se encarga de administrar "bienes del Estado", sino
"recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", que se destinan a crear y operar el
sistema de financiamiento respectivo. Por ende, bajo ese plano de ente administrador, sus actos u
omisiones son susceptibles de control jurisdiccional por parte de los órganos encargados de impartir la
justicia laboral por lo que no puede decidir en definitiva ni de manera unilateral, imperativa y coercitiva
(como lo haría una autoridad) el destino de los señalados recursos en perjuicio del trabajador o sus
beneficiarios, al igual que lo conducente a su devolución, pues cualquier determinación en ese sentido es
susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral, de conformidad con las jurisprudencias de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 144/2005 y 2a./J. 15/2009, publicadas en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, diciembre de 2005 y XXIX,
febrero de 2009, páginas 327 y 464, respectivamente, de rubros: "INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO
FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE
VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE
LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA
PRESTACIÓN ES PRINCIPAL." y "SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON
ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR
O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE
CORRESPONDIENTE.". En consecuencia, tratándose de la falta de contestación a una petición de información
o devolución de los recursos que integran la subcuenta relativa, el instituto carece del carácter de autoridad
para efectos del amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Amparo en revisión 1045/2010. Delegación Regional VI del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, por conducto del Jefe del Área de Servicios Jurídicos. 16 de noviembre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Karlos Alberto Soto García.


Registro No. 162557

JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS. EL REGLAMENTO DE TRABAJO APLICABLE PARA OTORGAR ESE BENEFICIO ES EL VIGENTE
EN LA FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ AQUÉLLA, Y NO UNO NUEVO DEPOSITADO CON POSTERIORIDAD ANTE
LA JUNTA LABORAL.
El artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo define al "Reglamento interior de trabajo" como el conjunto de
disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o
establecimiento; por su parte el numeral 425 de la citada ley, señala que el reglamento surtirá sus efectos a
partir de la fecha del depósito ante la Junta laboral; en ese tenor, cuando a un trabajador de confianza de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se le autorizó su jubilación durante la vigencia de un
determinado reglamento de trabajo, es ese ordenamiento el que debe aplicarse para otorgar el aludido
beneficio; esto es, si la autorización de la jubilación se dio con base en el Reglamento de Trabajo del
Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que estuvo vigente hasta el treinta
y uno de julio de dos mil, anterior al nuevo reglamento de uno de agosto de esa misma anualidad, es aquel
ordenamiento el que debe aplicársele, porque este último fue depositado con posterioridad a la fecha en la
cual se autorizó e, inclusive se otorgó la jubilación; y, al no considerarlo así, se aplicó en perjuicio del
trabajador en forma retroactiva un reglamento de trabajo que aún no entraba en vigor, dado que su
vigencia corre a partir de la fecha de depósito ante la Junta laboral.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo directo 298/2010. Roberto Reyes Casados. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
José Luis Caballero Rodríguez. Secretaria: Fidelia Camacho Rivera.


Registro No. 162556

JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS. SI SE APLICA UN REGLAMENTO QUE ENTRÓ EN VIGOR POSTERIORMENTE A LA FECHA EN
LA CUAL AQUÉLLA SE HABÍA AUTORIZADO, SE AFECTAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DEL DEMANDANTE Y
SE VIOLA SU GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El beneficio de la jubilación debe concederse bajo el reglamento de trabajo vigente cuando la solicitud,
autorización y vacaciones prejubilatorias que se autorizaron abarcaron periodos anteriores a la fecha en que
entró en vigor un nuevo ordenamiento, razón por la cual los trámites efectuados con anterioridad a la fecha
en la cual el trabajador fue jubilado, ya le generaron un derecho adquirido, dado que la jubilación ya estaba
autorizada; de ahí que no se está en presencia de una mera expectativa de derecho, porque ya estaba
concretada su jubilación desde la data de la autorización, en la cual estaba vigente el reglamento de trabajo
anterior al nuevo de uno de agosto de dos mil, esto es, el beneficio ya había sido autorizado en términos del
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
vigente del 1o. de agosto de 1993 al 31 de julio de 2000. Por tanto, los aspectos que deben considerarse
para determinar la aplicabilidad de un reglamento en lugar de otro, son: a) que la solicitud de jubilación sea
presentada durante la vigencia de ese reglamento, b) que la autorización se otorgue con base en el mismo
reglamento y, c) que las vacaciones prejubilatorias, en su caso, también se hayan autorizado con base en ese
reglamento. En consecuencia, si el reglamento de trabajo que se aplicó al demandante para otorgarle su
jubilación entró en vigor con posterioridad a la fecha en la cual se le había autorizado, afecta sus derechos
adquiridos y viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo directo 298/2010. Roberto Reyes Casados. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
José Luis Caballero Rodríguez. Secretaria: Fidelia Camacho Rivera.


Registro No. 162551

LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO ABARCA EL DERECHO PARA
AFILIARSE A TODOS LOS SINDICATOS QUE SE CONSTITUYAN EN LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECEN,
POR LO QUE SU BAJA EN UNO POR PERTENECER A OTRO NO VIOLA AQUÉLLA.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "SINDICACIÓN ÚNICA. EL
ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD
SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.", declaró la
inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que da
lugar a que en cada dependencia gubernamental pueden existir más de un sindicato. Asimismo, en el
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por nuestro país en mil novecientos
cincuenta, impone la obligación a los Estados de respetar la decisión de los trabajadores a constituir las
organizaciones que estimen pertinentes; y en su artículo 3o. se precisa que las autoridades públicas deberán
de abstenerse de toda intervención que limite el derecho o entorpezca el ejercicio legal, para redactar sus
estatutos, elegir a sus representantes y organizar su administración y actividades. Por tanto, la garantía de
libertad sindical en tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, se refiere a su libertad de
asociación en el sentido de que pueden afiliarse al sindicato que ellos elijan, no ingresar o separarse de uno
y que dentro de cada dependencia gubernamental puede conformarse más de un sindicato. Por otra parte,
el artículo 123 constitucional establece la garantía social de la libertad sindical como derecho de los
trabajadores, la que en correlación con el contenido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, debe entenderse como la obligación del Estado de respetar la libertad de los trabajadores,
profesionales y empresarios, para organizarse en defensa de sus intereses; asimismo, dicha garantía se
refiere a que esas organizaciones deben funcionar con verdadera democracia interna sin que el Estado
intervenga directa o indirectamente en la designación de sus dirigentes; como la obligación de asegurar la
representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar presiones
políticas o económicas; establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes
y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas o ideológicas; además, da derecho a los
sindicatos, y en general a todas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de trabajo, a actuar
en la vida pública para gestionar, frente al Estado y a la opinión pública, las medidas generales o particulares
que reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones
electorales que consideren más convenientes para los mismos, con la limitante de actuar directamente en
cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y respetar la libertad y los derechos de sus miembros.
Lo anterior da lugar a tres aspectos fundamentales en el derecho sindical de cada trabajador, a saber: 1. Un
aspecto positivo, que se traduce en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya formado, o de
concurrir a la constitución de uno nuevo. 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a
un sindicato determinado y la de no afiliarse a ninguno; y, 3. La libertad de separación o renuncia de formar
parte de la asociación. No obstante lo anterior, esa libertad no abarca el derecho de los trabajadores para
afiliarse a todas las organizaciones sindicales que se constituyan en la dependencia a la que pertenecen; ello,
porque la conformación de un sindicato tiene por objeto, entre otros, la defensa de los intereses comunes
de los trabajadores que podrían dar margen a conflictos con otras agrupaciones sindicales, para obtener la
prioridad en un contrato colectivo de trabajo o cualquier otro diverso del mencionado; o bien, lograr
mejoría de alguna otra índole; y por lo mismo, no es admisible que trabajadores miembros de un sindicato,
puedan ser a su vez integrantes de otro en una misma dependencia, ya que de aceptarse así, se daría lugar a
pugnas intergremiales o a choques de intereses encontrados entre esos dos sindicatos, y al mismo tiempo, a
que miembros de ambas agrupaciones, estuvieran indistintamente con alguna de ellas, según les conviniera,
pues ello rompería con la armonía que debe reinar en dichas agrupaciones, trascendiendo en perjuicio de la
finalidad a que se refiere el numeral 356 de la ley laboral.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 92/2009. Venancio Roberto Guadarrama Gonzáles y otros. 6 de agosto de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Erika Espinosa Contreras.

Nota: La tesis citada aparece publicada con la clave P. XLV/99 en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 28.


Registro No. 162550

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA LABORAL. SE CONFIGURA CUANDO SE IMPUGNE LA
VALIDEZ DE UN ACTO EN EL QUE HAYA PARTICIPADO MÁS DE UNA PERSONA, NO ASÍ CUANDO SE
RECLAMEN PRESTACIONES DERIVADAS DEL VÍNCULO DE TRABAJO.
La relación laboral tiene como origen un contrato de trabajo cuyo contenido está caracterizado por la
asunción de obligaciones y derechos a raíz del compromiso de prestar un servicio bajo el mando y
dependencia del patrón. En virtud de ello, en la generalidad de los casos, la demanda de índole laboral tiene
como fundamento, por parte del trabajador, la reclamación de obligaciones insatisfechas. También por regla
general, esas obligaciones derivadas del vínculo de trabajo no tienen la calidad de prorrateables, pues no
puede aceptarse que de haber más de un patrón la condena llegue a dividirse, son, entonces, de naturaleza
solidaria porque dada esa indivisibilidad que les caracteriza, por no ser posible afectar esos derechos
irrenunciables del trabajador, es factible que una sola persona llamada a integrar la relación procesal en
calidad de demandado, de acreditarse las pretensiones del actor, haga frente a esa reclamación reconocida
por la Junta, sin perjuicio de que quien realice el pago relativo pueda, en su caso, ejercer las acciones
correspondientes en contra de aquellos que, dada la existencia de la apuntada solidaridad, también deben
participar en la erogación atinente a las prestaciones reclamadas. Así se desprende del artículo 1989 del
Código Civil Federal, aplicado supletoriamente conforme al artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, al
contemplar que cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o
de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Consecuentemente, la única posibilidad que existe
para estimar actualizada la figura del litisconsorcio pasivo, en su modalidad de necesario, es que se
demande la regularidad de un acto en el que hayan participado dos o más personas; no hay, por tanto,
litisconsorcio pasivo necesario ante la exigencia de cumplimiento de obligaciones derivadas del vínculo de
trabajo, entre otras, indemnizaciones, salarios caídos ó pago de otras prestaciones accesorias.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.
Amparo directo 591/2010. Luis Enrique Jaramillo Salazar y otros. 25 de febrero de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Ramón Lozano Bernal.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 106/2011, pendiente de
resolverse por la Segunda Sala.


Registro No. 162538

NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL POSTERIORES AL EMPLAZAMIENTO. DEBEN
REALIZARSE DIRECTAMENTE CON EL INTERESADO O CON LA PERSONA AUTORIZADA, Y SÓLO EN EL CASO
DE NO ENCONTRARSE, PREVIO REQUERIMIENTO DE SU PRESENCIA, PUEDEN ENTENDERSE CON QUIEN SE
HALLE EN EL DOMICILIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 744 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
Si bien es cierto que las notificaciones personales posteriores al emplazamiento deben hacerse en términos
del artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, se harán al interesado o persona autorizada para ello,
y no con las formalidades previstas en el artículo 742 de la misma ley (que es aplicable al caso de la primera
notificación o emplazamiento), no menos lo es que, de una interpretación del primer numeral citado, se
concluye que para cumplir con la formalidad que indica en el sentido de que la notificación se hará al
interesado o a la persona autorizada para ello, es menester que el fedatario requiera la presencia de uno u
otro, y únicamente en el caso de no encontrarlos pueda entender la diligencia con la persona que se
encuentre en el domicilio, pues la solemnidad en esta clase de notificaciones es una regla que debe acatarse
por dicho funcionario, sin que obste que la diligencia se haya llevado a cabo efectivamente en el domicilio
de la parte actora, pues esa circunstancia de ninguna manera lo releva del cumplimiento de la aludida regla,
es decir, requerir la presencia del interesado o de la persona autorizada, y al no hacerlo así es evidente que
contravino el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo directo 409/2010. Miguel Ángel Peña Morales. 7 de octubre de 2010. Mayoría de votos. Disidente:
José Luis Caballero Rodríguez. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: Fabiola del Carmen Brown
Soberano.


Registro No. 162531

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL REQUERIMIENTO AL TRABAJADOR PARA QUE DENTRO DE DETERMINADO
PLAZO MANIFIESTE SI LO ACEPTA O NO, APERCIBIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR
INCONFORME, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN VIRTUD DE SU INASISTENCIA A LA AUDIENCIA
RELATIVA.
Cuando la Junta requiera al trabajador para que manifieste si acepta o no el ofrecimiento de trabajo
efectuado por el patrón y lo apercibe para el caso de que de no hacer manifestación alguna lo tendrá por
inconforme con dicho ofrecimiento; y en virtud de su inasistencia personal a la audiencia relativa, la Junta
debe notificarle tal apercibimiento personalmente, pues de no hacerlo así, estaría dejando al trabajador en
estado de indefensión dado que con tal omisión se deja de atender un aspecto procesal relevante, como es
la determinación de la carga de la prueba, pudiendo originar un laudo incongruente y dejar a las partes en
estado de inseguridad al desconocer su situación en el momento procesal oportuno, ya que de conformidad
con los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad está obligada a tomar las medidas
necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, a fin de evitar prácticas
viciosas, como la de considerar que el trabajador rehúso cualquier arreglo conciliatorio y que puso de
manifiesto su falta de interés en el proceso al no comparecer a la audiencia respectiva, porque el interés de
las partes subsiste mientras no exista manifestación expresa o indubitable en contrario, por lo que resulta
procedente reponer el procedimiento a fin de que la responsable notifique personalmente a la trabajadora
del apercibimiento decretado con el ofrecimiento de trabajo realizado por la patronal, a fin de que
manifieste lo que a su derecho convenga.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 942/2010. María de Lourdes Rojas Escobar. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.


Registro No. 162529

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. PARA ESTIMAR QUE EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES EFICAZ PARA CALIFICAR LA MALA FE DE AQUÉL, DEBE
TOMARSE EN CONSIDERACIÓN SU CERCANÍA CON LA FECHA DEL DESPIDO, Y NO SI FUE ANTES O DESPUÉS
DE ÉSTE (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/2006).
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 19/2006, de rubro:
"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL EN FECHA PREVIA A AQUELLA EN QUE EL PATRÓN LE OFRECE REINTEGRARSE A SUS
LABORES EN EL JUICIO RELATIVO, SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, IMPLICA MALA FE.", visible
en la página 296 del Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta; sostuvo que con independencia de que el aviso de baja del trabajador ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, no especifique la causa que la originó, esto es, que sea por despido, sí debe tomarse en
cuenta para calificar de mala fe la oferta de trabajo, si dicha baja es en fecha previa a ésta; la razón de ello,
conforme a las consideraciones vertidas en la ejecutoria que dio lugar a la citada jurisprudencia, es que, de
ese proceder del patrón deriva la presunción de que la baja se debió al despido alegado, salvo prueba en
contrario por parte de la patronal de que la causa de tal baja se debió a un motivo diferente a la terminación
de la relación laboral por despido. De ahí, que lo importante para estimar que el aviso relativo se considere
eficaz para calificar de mala fe el ofrecimiento de trabajo, es la cercanía de la baja del trabajador en el
referido instituto de seguridad social con la fecha del despido, y no si fue antes o después de éste, ya que lo
contrario, esto es, la lejanía entre la baja con la fecha en la cual se ubica el despido, no puede, por sí sola,
denotar que el empleador carezca de la intención de que el trabajador continúe a su servicio y tampoco
revela que pretenda revertir la carga probatoria al accionante, pues en ese supuesto no se generaría la
presunción de que la baja se dio, precisamente, por el despido alegado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 1016/2009. Alfonso López Bejarano. 20 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: Arturo García Torres. Secretaria: Rosario Moysén Chimal.

Amparo directo 1031/2009. Bosep, S.A. de C.V. 20 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Alejandro Sosa Ortiz. Secretaria: Dulce María Bernaldez Gómez.

Amparo directo 334/2010. Daimlerchrysler de México, S.A. de C.V. 2 de agosto de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretaria: Erica Ivonne Popoca Contreras.


Registro No. 162530

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI SE PROPONE CON UNA JORNADA QUE EXCEDE
PERMANENTEMENTE DEL MÁXIMO PERMITIDO, AUN CUANDO SE ESTIPULE QUE EL TIEMPO
EXTRAORDINARIO SE PAGARÁ CONFORME A LA LEY.
Cuando el patrón ofrece el trabajo al empleado con un horario nocturno de las veintidós treinta a las siete
horas, tal ofrecimiento debe considerarse de mala fe, porque no respetó el principio constitucional de
duración máxima de la jornada nocturna semanal de labores, ya que excede el término de cuarenta y dos
horas semanales que la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 61 para la jornada nocturna. Sin que
obste a lo anterior que exista un contrato donde se haya estipulado que la hora excedente en la prestación
del servicio es tiempo extra y se pagará como tal, porque ese pacto rompe con el principio previsto en el
artículo 66 de la citada ley, que señala que la jornada sólo puede prolongarse por circunstancias
extraordinarias, lo que implica que el horario normal del trabajador no debe estar integrado por horas
extras, pues con ello se dejarían de observar, en su perjuicio, los derechos previstos a su favor en los
artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en que el
trabajo debe ser digno y socialmente útil, a fin de que le permita descansar el tiempo necesario para evitar
el desgaste físico y mental que pueden provocarle las actividades realizadas; seguirse capacitando para
hacer mejor su trabajo y aspirar a un mejor nivel de vida, así como tener tiempo suficiente para un sano
esparcimiento en compañía de su familia; consecuentemente, no puede aceptarse que el ofrecimiento de
trabajo que contiene horas extras permanentemente, aun cuando se hubiere señalado que se pagarían
conforme a la ley, tenga el carácter de buena fe.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 824/2010. Carlos Facundo Anaya Cruz. 14 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: María Cristina Téllez García.


Registro No. 162522

PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL ERROR EN SU OTORGAMIENTO (LEGISLACIÓN
VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).
De conformidad con los artículos 146 y 147 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997,
es al Instituto Mexicano del Seguro Social a quien corresponde la carga de la prueba para comprobar el error
en el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, y no a quien goza de ese beneficio que, por
estar disfrutando de él, tiene a su favor la presunción de haber acreditado oportunamente encontrarse en
ese estado, por lo que dicho instituto deberá practicar las investigaciones necesarias para demostrar su
desacierto y ofrecer en juicio las pruebas relativas, para que a partir de ese hecho pueda determinarse la
interrupción legal de su pago.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1008/2010. Pedro Quintanar Cerón. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago Lira.


Registro No. 162520

PENSIÓN POR CESANTÍA. LOS ASEGURADOS QUE LA OBTENGAN CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO TIENEN DERECHO AL RETIRO DE LOS RECURSOS
ACUMULADOS EN EL RUBRO DE CUOTA SOCIAL, DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD
AVANZADA Y VEJEZ.
De los artículos 139 y 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, vigentes hasta el 30 de junio de 1997, se
advierte que la cuota social es un concepto que se aporta por el Gobierno Federal para ser depositado en la
cuenta individual del trabajador asegurado que, entre otros propósitos, tiene el de respaldar pensiones a
cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. De suerte que ante ello, conforme a los artículos transitorios
décimo tercero, inciso b), del decreto de expedición de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial
de la Federación de 21 de diciembre de 1995 y segundo del decreto publicado en este medio de difusión
oficial el 24 de diciembre de 2002, que modificó el transitorio noveno de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro, en relación con los citados artículos de la Ley del Seguro Social, los recursos acumulados por
concepto de cuota social en la cuenta individual del trabajador pensionado deben transferirse al Gobierno
Federal, que es a quien corresponde financiar su pensión a cargo del referido instituto, la cual conforme al
invocado artículo 139, se incrementa por las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que
corresponderían a cada pensionado, y se cubre con recursos provenientes de la cuota social, integrada
únicamente con las aportaciones del Gobierno Federal como se establece en el aludido numeral 168,
fracción IV; en consecuencia, los asegurados que obtengan la pensión por cesantía en edad avanzada
conforme al régimen de seguridad social derogado no tienen derecho al retiro de los recursos acumulados
en el rubro de cuota social de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 298/2010. Luis Arvayo Fierros. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Armida Elena Rodríguez Celaya. Secretario: Cruz Fidel López Soto.


Registro No. 162519

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE ENFERMEDADES DEL MEDIO AMBIENTE
LABORAL. CUANDO EL TRABAJADOR CONTINÚA PRESTANDO SUS SERVICIOS Y, POR ENDE, COTIZANDO,
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE AQUÉLLA DEBE ORDENARSE, POR EXCEPCIÓN, LA APERTURA DEL INCIDENTE
DE LIQUIDACIÓN PARA DETERMINAR EL SALARIO PROMEDIO REALMENTE COTIZADO, NO OBSTANTE QUE
OBRE EN AUTOS LA CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS EN LA QUE SE ESTABLEZCA UN
DETERMINADO SALARIO DE COTIZACIÓN (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE
1997).
De la jurisprudencia 2a./J. 5/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la
página 71, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de
rubro: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU
CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE
BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE
INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO
LABORAL.", se advierte que el Alto Tribunal dejó establecido que conforme al artículo 65, fracción II, de la
Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, la regla a seguir para la cuantificación de la
pensión mensual correspondiente al asegurado que sufra incapacidad permanente total como consecuencia
de un accidente de trabajo, es que el mecanismo para obtener la base sobre la cual habrá de aplicarse la
tasa del 70 por ciento que establece ese precepto, es aplicar el referido porcentaje al salario que estuviere
cotizando el asegurado en el momento del siniestro, más incrementos habidos entre la fecha del accidente y
aquella en que se determine el grado de la incapacidad cuando el vínculo laboral esté vigente o hasta la
fecha de su conclusión; sin embargo, el criterio no trata la hipótesis de las operaciones que deben realizarse
para obtener el salario promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización, cuando en juicio
queda demostrado que el reclamante, al momento en que se emite el laudo en que se declara su
incapacidad derivada de enfermedades del medio ambiente, continúa prestando servicios y, por ende,
cotizando ante el órgano asegurador. En estas condiciones, aun cuando el instituto allegue a los autos la
hoja de certificación de vigencia de derechos en la que conste el salario promedio requerido por la norma, la
Junta no puede tomarlo en cuenta para que, con base en el estipendio asentado, cuantifique dicha pensión,
pues es evidente que se desconoce el promedio real cotizado, al seguir trabajando el actor, por lo que ante
esa circunstancia, se debe ordenar, por excepción, la apertura del incidente de liquidación a que se refiere el
artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en el que las partes tendrán la oportunidad de demostrar el
salario de cotización actualizado.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 864/2010. José Antonio Vidal Rivera. 14 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Agustín de Jesús Ortiz Garzón.


Registro No. 162516

PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL APODERADO
PUEDE ACREDITARLA MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE CONSTE EL IMPORTE DEL CAPITAL
SOCIAL, POR LO QUE SU INCREMENTO SIN ESPECIFICAR EL MONTO EXACTO, NO ES MOTIVO PARA
DESCONOCER AQUÉLLA.
Conforme al artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, cuando quien comparece al juicio laboral
actúa como apoderado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial
o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien otorga el poder está
legalmente autorizado para ello; además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 2a./J. 85/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 112, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE
SOCIEDADES MERCANTILES.", al interpretar el contenido del precepto 10 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles estableció que es necesario que en el instrumento notarial conste, entre otros requisitos, el
importe del capital social, el cual se conforma con las aportaciones de los socios y su valor permanece
inmutable durante la vida de la sociedad, salvo los aumentos y disminuciones acordados por éstos en
términos del numeral 9 de la referida legislación, previo cumplimiento, según su naturaleza, de los requisitos
que la misma ley establezca para cada caso; de ahí que se concluya que la sola determinación de aumentar
el capital social, sin especificar el monto exacto en el instrumento notarial, no se traduce en la falta de dicho
requisito, en virtud de que sigue vigente la presencia de un importe de capital social y, por tanto, la
existencia de éste. En consecuencia, aquella circunstancia no es motivo para desconocer la personalidad de
quien se ostenta como representante de una persona moral en un procedimiento de trabajo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 164/2010. Héctor Adán Mendoza Rojas. 15 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Gerardo Torres García. Secretaria: Mónica Josefina Silos Pastrana.


Registro No. 162508

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE
ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR QUE SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE
DE SU EMPLEO CUENTE POR LO MENOS CON QUINCE AÑOS DE SERVICIOS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE
IGUALDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, fracción I, dispone que la prima de antigüedad consistirá en el
importe de doce días de salario por cada año de servicios, y se otorga en todos los casos de separación de la
relación laboral, excepto cuando el trabajador renuncie voluntariamente, supuesto en el cual, sólo se
otorgará siempre y cuando aquél cuente con quince años o más de servicios en términos de su fracción III;
esto es, si un trabajador tiene catorce años y medio de servicios y se retira voluntariamente de su empleo,
no tiene derecho a la prima de antigüedad, lo que se estimó en la exposición de motivos de la reforma a la
Ley Federal del Trabajo de mil novecientos sesenta y ocho, que constituía un aliciente para que el trabajador
permaneciera en su empleo, se evitara la rotación en las empresas y se fortaleciera la permanencia en el
empleo; no obstante ello, tal excepción constituye un trato discriminatorio para los trabajadores que se
colocan en esa hipótesis, lo que transgrede la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 533/2010. Abel Humberto Guluarte Cota. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretaria: María Dolores Moreno Romero.

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia en términos
del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la
elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y
para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.


Registro No. 162502
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. SU NEGATIVA A PRESTAR EL SERVICIO DE
REPRESENTACIÓN O ASESORÍA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 530 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
El artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo dispone en su fracción I la facultad de la Procuraduría Federal de
la Defensa del Trabajo de "representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo
soliciten, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas del
trabajo". En su ejercicio no se establece una relación de supra a subordinación en relación con el gobernado
solicitante de dicho servicio, por lo que en ese contexto, su actuación no es susceptible de impugnarse en la
vía de amparo; sin embargo, no acontece así cuando de manera expresa niega la prestación del servicio por
considerar improcedentes las pretensiones del trabajador o sindicato interesados, en tanto que esa
determinación constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que
dicha atribución tiene origen de manera genérica en el artículo 36 de su reglamento y, en forma específica
en el artículo 19, fracciones VIII y IX, numerales en los que se establece la potestad de negar la
representación cuando se concluya que no procede el ejercicio de alguna acción legal. Con tal proceder, se
manifiesta la voluntad de la procuraduría en forma unilateral, con la que modifica la situación jurídica del
gobernado al no tener la posibilidad de acceder a la prerrogativa prevista en el citado artículo 530, sin que
para ello la autoridad necesite de su consenso ni de acudir a un órgano jurisdiccional; por tanto, se trata de
una potestad administrativa de ejercicio irrenunciable por ser de naturaleza pública su origen, de ahí que se
actualice la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 114, fracción II, de
la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión (improcedencia) 525/2009. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio
Romay Puga, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Ramón Arias Montes.


Registro No. 162497

PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SU
VALORACIÓN SE CIRCUNSCRIBE A VERIFICAR LA RACIONALIDAD DE LA APRECIACIÓN HECHA EN EL LAUDO
RECLAMADO Y NO AL ANÁLISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN LOS DICTÁMENES PERICIALES.
De la interpretación sistemática de los artículos 821, 822, 823, 825, 826, 840, fracción IV y 841 de la Ley
Federal del Trabajo, se infiere que tratándose de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al
fijar la existencia de los hechos sujetos a controversia, tienen plenitud de jurisdicción en cuanto a la
apreciación y valoración de los dictámenes periciales; sin embargo, los laudos que emitan deben revelar un
estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado en dichos dictámenes, a efecto de
reconocerles la confiabilidad y credibilidad que merezcan al respecto, y que les permitan sostener una
afirmación indudable sobre los hechos probados con la pericial. Por ello, ante la libertad de que aquéllas
gozan en la apreciación de las pruebas, el control de constitucionalidad que verse sobre la estimación y
valoración de la prueba pericial, no atenderá a los aspectos técnicos en que se sustentan los dictámenes
periciales, sino a las razones y fundamentos expuestos por las Juntas para brindar eficacia o desestimar una
determinada opinión técnica, esto es, a verificar que éstas hayan efectuado una apreciación de los
dictámenes a verdad sabida y buena fe guardada; que se haya realizado una valoración a conciencia de los
hechos y conclusiones en que se sustenten los dictámenes; que en el laudo se expresen los motivos y
fundamentos que llevaron a otorgar valor probatorio a un determinado dictamen pericial y a desestimar los
restantes, así como verificar que los hechos, fundamentos y motivos que se consideraron para conceder o
negar eficacia a un dictamen pericial y arribar a la valoración jurídica del hecho que con dicho dictamen se
pretende demostrar, se sustenten conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica propias
del razonamiento del juzgador. Lo anterior, porque los tribunales de amparo no pueden sustituirse en la
apreciación que realicen las Juntas respecto de la citada prueba, ni imponer sin más su criterio valorativo al
de éstas a partir de una estimación del contenido técnico de los dictámenes, porque se atentaría contra la
facultad de libre apreciación de las pruebas que la ley otorgó a las Juntas; de ahí que en el análisis de
constitucionalidad que se realice en el juicio de amparo, sólo se podrá verificar la racionalidad de la
apreciación que respecto de dicha prueba se realice en el laudo, conforme a los extremos previamente
citados, y si éstos se encuentran satisfechos, la valoración de la prueba realizada por la Junta deberá
declararse constitucional.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN.
Amparo directo 679/2010. Instituto Mexicano del Seguro Social. 29 de septiembre de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres Cuéllar.


Registro No. 162496

PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA, CALIGRAFÍA Y DOCUMENTOSCOPIA EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL. ES ILEGAL EL APERCIBIMIENTO EN EL SENTIDO DE QUE PARA EL CASO DE NO PRESENTARSE UNA
DE LAS PARTES A LA TOMA DE MUESTRAS DE FIRMA Y ESCRITURA, SE TENDRÁN COMO PUESTAS DE SU
PUÑO Y LETRA LAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS CUESTIONADOS.
La Ley Federal del Trabajo no faculta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a formular apercibimiento en el
sentido de que cuando una de las partes no se presente a la toma de muestras de firma y escritura para el
desahogo de la prueba pericial en grafoscopia, caligrafía y documentoscopia, se tendrán como puestas de su
puño y letra las firmas contenidas en los documentos cuestionados; por tanto, ante la falta de disposición
expresa en la legislación laboral, deberán tomarse en consideración las normas que regulen casos
semejantes, pudiéndose aplicar las medidas establecidas por el artículo 731 de la citada ley, relativas a los
medios de apremio, en relación con los diversos numerales 782 y 883 del mismo ordenamiento, que señalan
que las Juntas pueden practicar las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la
verdad y dictar las medidas conducentes a fin de que el día de la audiencia puedan desahogarse las pruebas
admitidas.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1037/2010. José Juan Valdés Flores. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores.


Registro No. 162495

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. CUANDO EN EL ESCRITO DE DEMANDA EL
TRABAJADOR LAS OFRECE, PERO NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES, EL TRIBUNAL DEBE
PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE DICHA OMISIÓN SIN NECESIDAD DE ESPECIFICAR EN QUÉ APARTADO DE
AQUÉLLA SE ENCUENTRA DICHA ANOMALÍA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 873 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS).
De conformidad con el numeral 873, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral
tiene la obligación de prevenir al trabajador, en caso de que notare alguna irregularidad, oscuridad o
deficiencia en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, para que la
subsane, pero dicho precepto no contempla, expresamente, la hipótesis de que ese deber también sea
aplicable al diverso escrito de ofrecimiento de pruebas; aunado a que, de acuerdo con el criterio contenido
en la tesis 2a. XLV/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXIII, abril de 2006, página 292, de rubro: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS
ARTÍCULOS 780, 813, FRACCIÓN II Y 880, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLAN LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, por
regla general, en los artículos 780, 813, fracción II y 880, fracción IV, de la citada ley se contempla que el
hecho de no prevenir al oferente de alguna prueba para que cumpla con los requisitos exigidos para su
ofrecimiento antes de desecharla, no es violatorio de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se atiende a que en el procedimiento las partes
nunca se encuentran en estado de indefensión para intentar modificar una determinación que estiman les
perjudica, por tanto, no está permitido prevenirlas para que cumplan con los requisitos establecidos en la
ley, pues ello atentaría contra la celeridad que caracteriza al juicio laboral, el cual es público, inmediato y
predominantemente oral. No obstante lo anterior, dicho criterio no es aplicable al procedimiento laboral
burocrático local, porque atento a los numerales 84, 85 y 90 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los
Municipios de Chiapas, entre los requisitos de la demanda se encuentra el de indicar el lugar en que puedan
obtenerse las pruebas que el actor no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación
de los hechos en que se funde, y la práctica de las diligencias que llegare a solicitar con el mismo fin;
además, se establece que al escrito inicial deberá acompañar las pruebas de que disponga, ya que en la
audiencia sólo se aceptarán las ofrecidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes; de
donde se deduce que no existe oportunidad de ofrecer los medios de convicción en la celebración de la
audiencia de pruebas, alegatos y resolución, salvo las que sean consideradas supervenientes; por tanto, no
existe la posibilidad de poder subsanar algún error u omisión respecto de los requisitos legales exigidos para
su ofrecimiento. En esas condiciones, si en el procedimiento laboral burocrático de esa entidad se ofrecen
las pruebas en el escrito inicial de demanda, pero se advierte que no fueron ofrecidas con los requisitos
legales correspondientes, el tribunal responsable se encuentra obligado, en términos del artículo 873 de la
Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, a prevenir al trabajador para que en
el término de tres días en caso de que así lo considere, subsane dicha omisión en el ofrecimiento de los
medios de convicción; lo anterior, sin necesidad de especificar en qué apartado de la demanda se encuentra
dicha anomalía; por ende, debe entenderse que es en cualquiera de ellos, esto es, el defecto u omisión
puede estar en el proemio, prestaciones, hechos, pruebas ofrecidas o puntos petitorios, en atención a la
máxima procesal que reza: "En lo que el legislador no distinga, no es dable distinguir."
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 745/2010. **********. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.


Registro No. 162463

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DESCRITOS EN LA
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO QUE FIJA LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO,
SON ACORDES A LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
La fracción II del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, contempla la expedición de contratos
provisionales, consistentes en la creación temporal de un vínculo laboral con el fin de cubrir o sustituir, de
manera eventual, al empleado que tiene el derecho para desempeñar ese trabajo, pero que no lo realiza por
alguna circunstancia que le impide desarrollarlo; circunstancia que, al verse satisfecha, le da derecho de
regresar a su puesto, desplazando, por consecuencia, al trabajador sustituto, sin que ello constituya un
despido injustificado porque debe estarse a la naturaleza del contrato. En este tenor, la expedición de los
nombramientos provisionales descritos y regulados en la fracción III del artículo 15 del Reglamento que fija
las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo, no rebasa el marco jurídico
contenido en la Ley Federal del Trabajo, sino que se ajusta a su texto respecto a la naturaleza de este tipo de
contratos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1064/2010. David Díaz Santos. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Genaro Rivera. Secretario: José Antonio Márquez Aguirre.


Registro No. 162455

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE SU
NOMBRAMIENTO DECRETADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON MOTIVO
DE LA GRAVEDAD Y TRASCENDENCIA DE LAS CONDUCTAS U OMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES, NO INFRINGE SU GARANTÍA DE AUDIENCIA.
De conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el patrón
podrá demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la conclusión de los efectos del
nombramiento del trabajador al servicio del Estado. Asimismo, de solicitarse la conclusión por las causas
previstas en los incisos a), c), e) y h) de la fracción V de dicho precepto, el tribunal proveerá de plano, en
incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento respectivo, debido a que por la
gravedad y trascendencia de las conductas u omisiones atribuidas al trabajador, se ponen en peligro la
calidad y eficiencia del servicio público. Lo anterior, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo
principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la
procedencia de la conclusión de los efectos del nombramiento respectivo. En consecuencia, el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje no infringe la garantía de audiencia del trabajador, al decretar la
suspensión temporal de los efectos de su nombramiento tratándose de las referidas causas.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 160/2010. Andres Velasco Altamirano y otro. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: José Luis Reyes Torres.

								
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