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Nombre JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE Rut .pdf

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Nombre  JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE Rut .pdf Powered By Docstoc
					Nombre         :      JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE
Rut            :      5.896.069 de Santiago
F.Nacim.       :      14-09-50, 23 años a la fecha de detención
Domicilio      :      Pasaje Salta Nº2258, Quinta Normal, Santiago
E.Civil        :      Soltero
Actividad      :      Auxiliar de jardinería
C.Repres.      :      Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc.      :      27 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Jorge Alejandro Olivares Graindorge, soltero, militante del MIR, fue detenido por agentes
de la DINA el 27 de julio de 1974 aproximadamente a las 19:00 horas, en las cercanías de su
domicilio en la comuna de Quinta Normal.
        Esa tarde el afectado salió desde su casa pasadas las 18:30 horas, con ropas ligeras y,
como le indicara a su madre, sin dinero ya que volvería de inmediato.
        Días después la señora Irma Graindorge, se enteró que un amigo y compañero de partido
de su hijo había sido detenido la noche del 29 de junio de 1974. Efectivamente, en la fecha
señalada llegaron hasta el domicilio de Zacarías Machuca Muñoz varios agentes de la DINA con
Jorge Olivares Graindorge, a quien utilizaron con el objeto de aprehender a su amigo. Una vez
concluido el operativo, ambos detenidos fueron trasladaron hasta el recinto secreto de la DINA
ubicado en Londres Nº38. Consta -según declaraciones de sobrevivientes a las detenciones de la
DINA- que el afectado estuvo recluido y fue torturado en el recinto señalado. Hasta hoy Jorge
Olivares Graindorge y Zacarías Machuca Muñoz permanecen en calidad de desaparecidos por
acción de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.
        Un mes mas tarde de la detención Olivares Graindorge, exactamente el 1° de agosto de
1974, llegaron hasta el domicilio del afectado cinco agentes de la DINA y tres de ellos procedieron
a allanar completamente la casa, los otros dos permanecieron en una camioneta amarilla sin
patente. Antes de irse los sujetos dijeron a su padre, Augusto Olivares, que su hijo estaba bien y
que no se preocupara.
        Otra información referente a él fue la información aparecida en el diario "La Segunda" de
Santiago, que reproducía una información apócrifa del diario "O'DIA" de Brasil en que se publicó
una lista de chilenos muertos en enfrentamientos con fuerzas policiales argentinas en la localidad
de Salta. Entre los nombres (conocida como "lista de los 119") publicados figuraba el de Jorge
Olivares Graindorge. También se publicó otra lista de nombres en el semanario argentino "LEA",
apócrifo al igual que el primero. En los artículos se nombraban chilenos que habían sido detenidos
por la DINA y luego desaparecieron. Además, tanto las autoridades chilenas como las argentinas y
brasileras no se responsabilizaron por las publicaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile contestó al Juez del 9º Juzgado del Crimen de Santiago, que no existían antecedentes que
desmostraran la veracidad de los hechos mencionados en dichos artículos.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 14 de enero de 1975 su familia presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago el
Recurso de Amparo rol 75-75 en favor del afectado, el que fue rechazado el 24 de marzo del
mismo año.
        Con anterioridad, el padre del afectado presentó una denuncia por presunta desgracia de
su hijo Jorge Olivares, ante el 9º Juzgado del Crimen de Santiago la que ingresó al Tribunal el 7 de
agosto de 1974 con el rol Nº12.669, causa a la que le fue acumulada la causa rol 12.804 por los
mismos hechos e iniciada por una denuncia ante la Tenencia de Quinta Normal. La acumulación
se resolvió el 23 de octubre de 1974. Además cabe señalar que a fines de agosto de 1974 la
causa no tenía un actuario designado, por lo que no aún no se instruía el sumario correspondiente.
La única diligencia decretada por el juez titular fue una orden de investigar a la Policía de
Investigaciones, información que le bastó para resolver el 23 de octubre de 1974 el cierre del
sumario y el sobreseimiento temporal de la causa, dado que no se estableció la existencia de
algún delito. Resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 16 de diciembre de 1974.
        En julio de 1975 se solicitó la reapertura del sumario. Se presentaron al juez los
antecedentes de los artículos publicados en Brasil y Argentina respecto de chilenos muertos en
enfrentamientos, ante los cual éste determinó consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores, el
que no pudo confirmar la veracidad de lo afirmado por las publicaciones, agregando que no
existían antecedentes de que dichas personas hayan salido del país.
        El 23 de septiembre de 1975 el Juez nuevamente declaró cerrado el sumario y sobreseyó
temporalmente la causa. Posteriormente, se solicitó el desarchivo de la causa no existiendo
información del destino final del proceso.
Nombre         :       JOSE MANUEL RAMIREZ ROSALES
Rut            :       10.301 de Renca
F.Nacim.       :       25-04-52, 22 años a la fecha de detención
Domicilio      :       Villa Carlos Cortés, Block 3 departamento 11, La Granja, Santiago
E.Civil        :       Casado, 1 hijo
Actividad      :       Artesano
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc.      :       27 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
        José Manuel Ramírez Rosales, casado, un hijo, 22 años de edad, militante del MIR, fue
detenido a la una de la madrugada del 27 de julio de 1974, en su domicilio de la comuna de La
Granja, por tres individuos de civil que, haciéndose pasar por funcionarios de Investigaciones, le
indicaron al afectado que se lo llevarían a la Comisaría de Investigaciones de La Cisterna para que
prestara algunas declaraciones.
        Los agentes, entre los que se pudo identificar a Osvaldo Romo Mena, eran de la DINA, y
en ningún momento presentaron orden competente ni se identificaron debidamente. Se llevaron al
afectado señalándole a su cónyuge, Nelly Berenguer, que fuera a preguntar por él al cuartel
indicado anteriormente. De inmediato su familia se dirigió al mencionado recinto, donde negaron
cualquier relación con los hechos descritos. A pesar de las gestiones y averiguaciones realizadas,
José Ramírez jamás regresó a su hogar.
        Días antes de la detención de José Ramírez, precisamente el 20 del mismo mes, habían
sido detenidos por agentes de la DINA los ciclistas Luis Guajardo Zamorano y Sergio Tormen
Méndez, ambos compañeros de equipo de trabajo en el MIR con el afectado. Incluso, testimonios
posteriores señalaron que Juan Ramírez alcanzó a reemplazar a Luis Guajardo en su
responsabilidad en el MIR. Además, según han relatado sobrevivientes de la DINA, el afectado y
los dos compañeros mencionados fueron vistos por ellos en el recinto de calle Londres Nº38 y
luego Villa Grimaldi, perdiéndose su paradero en septiembre de 1974. Los tres detenidos
permanecen en calidad de desaparecidos hasta el día de hoy.
        A partir de la detención, su familia realizó diversas diligencias que les permitieran conocer
la situación y el paradero de José Manuel Ramírez. A sólo dos semanas de los hechos, en los
primeros días de agosto de 1974, José Berenguer suegro de la víctima, se encontraba en la calle
cuando se le acercó una mujer que, luego de preguntarle si tenía un yerno desaparecido y un nieto
de siete meses, le informó que José Ramírez estaba en Londres 38 y que estaba siendo torturado;
acto seguido, la mujer se retiró repentinamente del lugar.
        Posteriormente Nelly Berenguer presentó una carta al Jefe de la Junta Militar de Chile,
General Augusto Pinochet Ugarte, en la que le exponía la situación vivida por su marido, ella y su
pequeño hijo de sólo 7 meses a partir de la madrugada del 27 de julio de 1974, le indica en la
misiva la irregularidad de la detención y de los procedimientos utilizados por los agentes de la
DINA, además le solicitó que, ante gestiones del gobierno de Venezuela, él ordenara la libertad de
Juan Ramírez. A pesar de que la carta llegó a su destinatario, el afectado no fue liberado por la
DINA, ni a su familia las autoridades le explicaron jamás las razones que tuvo el mencionado
organismo de seguridad para secuestrarlo y hacerlo desaparecer.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         Nelly Berenguer presentó el 21 de julio de 1974 un recurso de Amparo que ingresó a la
Corte de Apelaciones de Santiago con el rol Nº812-74. Consultadas diversas autoridades
administrativas, recién el 12 de diciembre de ese año el General Raúl Benavides, Ministro del
Interior, informó que el afectado no se encontraba detenido por orden de dicha repartición. Ocho
meses después de la presentación del recurso, en marzo de 1975 la Corte rechazó el recurso
debido a que según informaran las autoridades consultadas (DINA, SENDET, Ministerio de
Defensa, etc.) no se desprendía que el afectado estuviera detenido. Se remitieron los
antecedentes al Juzgado del Crimen de turno.
        En el 2º Juzgado del Crimen de la Corte Presidente Aguirre Cerda se inició el 18 de marzo
de 1975 la causa por presunta desgracia del afectado, rolada con le número 17.974, decretándose
una orden de investigar y la comparecencia de Nelly Berenguer, quien confirmó los hechos de la
presentación ante el Juez instructor. Este se declaró incompetente y remitió los antecedentes del
proceso al 4º Juzgado de La Granja por ser de su jurisdicción los hechos investigados.
        En dicho juzgado se aceptó la competencia iniciándose la investigación de la causa, que
fue rolada con el Nº9.527, el 30 de abril de 1975.
        Ante una orden de investigar, la policía de Investigaciones informó al juez que las
diligencias efectuadas en servicios de urgencia, hospitales, centros de detención y autoridades
administrativas no aportaron antecedentes respecto del paradero del afectado.
        El 30 de abril de 1976 el Juez declaró cerrado el sumario y dado que "no obstante
encontrarse agotada la investigación" (SIC) no resultaba, en opinión del Juez, justificada la
perpetración del delito denunciado, por tanto sobreseyó temporalmente la causa. En junio del
mismo año la Corte de Apelaciones confirmó el fallo.
        En 1992 ante la detención del ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena en Brasil, la
cónyuge de José Manuel Ramírez, Nelly Berenguer viajó a ese país y después de varias gestiones
logró, con autorización de las autoridades judiciales brasileras -bajo cuya custodia se encontraba
Romo en las dependencias de la 1a. Vara Federal de Campinas, Sao Paulo, Brasil- el 24 de
septiembre y ante la presencia del juez, del Procurador General de la República y de la secretaria
del referido Tribunal hacer algunas preguntas al agente, quien reconoció la detención y su
posterior traslado al recinto de Londres 38.
        Romo Mena había sido detenido en Brasil en el curso de diligencias decretadas por la
jueza del 3er. Juzgado del Crimen de Santiago, Sra. Gloria Olivares, en la causa por el
desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. El agente se había trasladado a dicho país por
instrucciones de la DINA a finales de 1975, época en que había recibido un sinnúmero de
citaciones judiciales en causas de detenidos desaparecidos. La DINA no sólo le instruyó que
abandonara el país, sino que también le proporcionó documentos de identidad falsa a él y su
familia y medios para su subsistencia e instalación. Las autoridades brasileras, en julio de 1992,
ordenaron su detención y en noviembre su expulsión de ese país.
        En noviembre de 1992 la cónyuge de Ramírez Rosales interpuso querella por secuestro
contra los agentes de la DINA y en particular contra Osvaldo Romo Mena. El proceso se radicó en
el 4° Juzgado del Crimen de la Corte Presidente Aguirre Cerda e ingresó a tramitación con el rol
9527. El 5 de diciembre pasado se dictó en la causa auto de reo contra Romo Mena. A finales de
diciembre de 1992 la causa se encontraba en estado de sumario.
Nombre         :       LUIS ARMANDO VALENZUELA FIGUEROA
Rut            :       6.496.175 de Santiago
F.Nacim        :       14-11-50, 23 años a la fecha de su detención
Domicilio      :       San Francisco 1915, Santiago
E.Civil        :       Casado
Actividad      :       Estudiante de Contabilidad en el Instituto Superior de Comercio, INSUCO
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc.      :       29 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Luis Armando Valenzuela Figueroa, casado, estudiante, militante del MIR, fue detenido a
las 07:00 horas de la mañana del domingo 29 de julio de 1974, en una "ratonera" hecha en su
domicilio de calle San Francisco 1917 de la capital, por agentes de la DINA. El operativo represivo
comenzó a las 03:00 horas de la madrugada, cuando llegaron a la casa unos 18 agentes de la
Dirección de Inteligencia Nacional, los que se movilizaban en una camioneta Ford de color beige,
con la placa patente borrada y un Fiat 600 de color rojo. Los sujetos ingresaron y, junto con
realizar un allanamiento del domicilio, procedieron a detener al dueño de casa y padrastro del
afectado, Luis Lecaros Munita. A éste le vendaron la vista y lo subieron a la camioneta, en ella un
grupo de agentes lo llevaron hasta el recinto de la DINA ubicado en calle Londres Nº38, en el
centro de Santiago. En el camino, recuerda el señor Lecaros, fueron detenidas otras personas y a
todos se les amenazaba de muerte si intentaban cualquier cosa.
        Mientras tanto, otros agentes se quedaron en la casa esperando la llegada del afectado.
En el lugar fueron obligados a permanecer en calidad de "retenidos" la madre del afectado, la
señora María Eliana Figueroa y siete hijos del matrimonio, todos menores de edad.
        Cerca de las 07:00 de la mañana llegaba a su hogar Luis Valenzuela, y en los momentos
en que entraba fue amenazado con un arma por uno de los agentes, lo hicieron tenderse en el
piso y lo mantuvieron encañonado, en el intertanto uno de los sujetos llamó por teléfono para que
los fueran a buscar. Aproximadamente a las 08:00 de la mañana, llegaron 3 vehículos de la DINA
en los que se llevaron al detenido. En ningún momento los agentes presentaron orden competente
que los facultara para allanar el domicilio y detener a Luis Lecaros y Luis Valenzuela.
        Según el testimonio de Luis Lecaros, ese mismo domingo, horas después de que él
llegara, escuchó que alguien pronunciaba en voz alta el nombre completo de su hijastro Luis
Valenzuela Figueroa, cuando pasaba lista a los detenidos.
        Al día siguiente, en la tarde del lunes 30 de julio de 1974, fueron sacados del recinto de
Londres Nº38 algunos detenidos, entre los que se encontraban el afectado y su padrastro. En una
camioneta fueron trasladados hasta un lugar ubicado a unos treinta minutos de allí, en el que al
ingresar se debe abrir un portón metálico. Ahí los obligaron a permanecer en el segundo piso de
una casa, donde Luis Lecaros pudo estar junto al afectado, su hijo, y otros detenidos. Al rato los
llamaron a declarar, primero le tocó el turno a él. En un pasillo del recinto un sujeto le preguntó por
sus conocidos, relaciones personales, etc. Luego llamaron al afectado, a quien condujeron hasta
una sala contigua donde, según declaración de Luis Lecaros, le ordenaban que "hablara y diera
nombres. Yo escuchaba sus gritos de dolor, a causa de los golpes y la aplicación de electricidad
que recibió. Adolorido y en mal estado volvió a nuestra pieza. No pudo descansar mucho; horas
después fue nuevamente interrogado y torturado en la misma pieza contigua, debiendo por mi
parte escuchar y psíquicamente soportar su tormento". Más tarde les permitieron dormir para lo
que los agentes les facilitaron unas frazadas, el afectado en muy malas condiciones pudo dormir
junto a su padre.
        En la mañana del día siguiente, martes 31 de julio de 1974, el afectado fue llamado
nuevamente para ser interrogado, oportunidad en que fue duramente castigado por los agentes de
la DINA. Mientras tanto, a su padre le informaron que saldría en libertad ese día y que él lo haría
en unos dos días más. Al anochecer llamaron a Luis Lecaros y a otros detenidos, éste antes de
salir pudo despedirse de su hijo a quien le señaló que pronto estarían juntos nuevamente.
Después, aún con la vista vendada, lo subieron a un vehículo pequeño y luego de viajar un rato lo
hicieron bajarse en General Gana con Ñuble, allí los agentes le indicaron que se sacara la venda
luego que ellos se fueran.
        A pesar de las numerosas gestiones realizadas, Luis Valenzuela Figueroa permanece en
calidad de detenido desaparecido, y los Organismos de Seguridad del Gobierno Militar, como el
Ministerio del Interior jamás reconocieron su detención.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 2 de agosto e 1974 se presentó un Recurso de Amparo en favor del afectado ante la
Corte de Apelaciones de Santiago, el que ingresó con el rol Nº842-74.
        Luego de que el Ministerio de Defensa y el Ministro del Interior, General de Ejército Raúl
Benavides, informaran que Luis Valenzuela Figueroa no se encontraba detenido, la Corte el 24 de
diciembre de 1974 rechazó el amparo por no existir constancia de la detención del afectado. En el
fallo ordenó que el 4º Juzgado del Crimen instruyera de inmediato un sumario por el
desaparecimiento de Luis Valenzuela.
        En el 4º Juzgado del Crimen de Santiago se inició el 27 de diciembre de 1974 el proceso
por presunta desgracia del afectado, causa rol Nº106.587. El Juez dio una orden de investigar a la
Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios realizaron algunas averiguaciones en la Cárcel
Pública, en la Morgue y centros asistenciales sin obtener información del afectado.
        En virtud del informe de Investigaciones el Juez resolvió, el 28 de febrero de 1975, declarar
cerrado el sumario y sobreseyó temporalmente la causa "hasta que se presenten mejores datos de
investigación".
Nombre         :       ZACARIAS ANTONIO MACHUCA MUÑOZ
Rut            :       5.715.039 de Santiago
F.Nacim.       :       05-06-52, 22 años a la fecha de la detención
Domicilio      :       Miguel de Atero 2715, Quinta Normal, Santiago
E.Civil        :       Soltero
Actividad      :       Egresado de Topografía - Trabajaba en Endesa
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc.      :       29 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Zacarías Antonio Machuca Muñoz, soltero, egresado de Topografía, militante del MIR, fue
detenido el 29 de julio de 1974 a las 23:20 horas en su domicilio de la Quinta Normal. Esa noche
los agentes de la DINA llevaron hasta el lugar a Jorge Olivares Graindorge, quien fuera detenido el
27 del mismo mes, fecha desde la que permanece desaparecido. Allí los aprehensores lo
obligaron a preguntar por el afectado. Una vez que supieron que estaba, los siete agentes
ingresaron al inmueble y una vez allí entraron a la pieza de Zacarías Machuca interrogándolo
mientras lo obligaban a vestirse, ya que a esa hora estaba en cama.
         En los momentos en que el detenido era sacado de la casa, su madre, Julia Muñoz,
preguntó dónde lo llevaban a lo que los agentes le dijeron que a conversar y si quería podían
llevarla a ella también. Luego le señalaron que para saber dónde llevarían a su hijo, preguntaran
en la Fiscalía Militar. Ella pudo ver que su hijo era subido a una camioneta Chevrolet amarilla, en la
que se movilizaban los aprehensores junto a un auto chico (que podría ser un Fiat 600 rojo).
Ambos detenidos, militantes del MIR, permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.
         Declaraciones prestadas por Nelly Barceló y Erika Hennings, quienes fueran detenidas por
la DINA y que luego quedaron en libertad, Zacarías Machuca Muñoz permaneció en el recinto de
calle Londres N°38. Incluso sus testimonios han señalado que los guardias del lugar molestaban al
afectado por su nombre. De dicho lugar fue sacado junto a otros detenidos con rumbo
desconocido el día 13 de agosto de 1974, desde esa fecha no volvió a ser visto por los otros
detenidos en el recinto de calle Londres.
         La familia comenzó a realizar numerosas gestiones con el fin de encontrar a Zacarías
Machuca sin obtener resultados positivos. En julio de 1975, se publicó en el semanario argentino
"LEA" el nombre de Zacarías Machuca como muerto en enfrentamientos en ese país (la
publicación apareció en esa única oportunidad, sin editor responsable y sin pie de imprenta). Una
publicación similar apareció en una revista brasilera O'DIA. Ambas publicaciones daban una
nómina de 119 personas muertas en enfrentamientos en el extranjero. Dicha información provocó
un gran impacto en las familias de los detenidos desaparecidos, ya que el vínculo que unía a las
personas mencionadas en las publicaciones era que habían sido todas detenidas por los servicios
de seguridad chilenos y se encontraban desaparecidas desde entonces.
         En febrero de 1977 llegaron hasta la casa de la madre del afectado dos sujetos de civil
preguntando por él señalando que eran de una oficina nueva del Ministerio del Interior. Los
individuos le pidieron al hermano de la víctima, Juan Machuca, que firmara un documento en el
que ellos escribieron con lápiz de pasta que "Zacarías Machuca no ha sido puesto en libertad, ni
se ha sabido nada de él desde su detención", él firmó el papel y los sujetos se retiraron. Hasta la
fecha su familia no ha logrado conocer la situación final vivida por el afectado, salvo la
incertidumbre de ser un detenido-desaparecido.
         Es importante mencionar que Zacarías Machuca Muñoz quedó huérfano de padre a los 9
años, fecha desde la cual debió trabajar para costearse sus estudios.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 27 de septiembre de 1974 se presentó el Recurso de Amparo N°1154-74 ante la Corte
de Apelaciones, señalando que el afectado fue detenido por agentes que se identificaron como
miembros del Servicio de Inteligencia Militar. La Corte remitió los antecedentes a la Corte Marcial
por corresponderle su conocimiento, quedando rolado con el N°194-74.
        El Ministerio del Interior comunicó, en octubre de 1974, que el afectado no se encontraba
detenido por orden de alguna autoridad administrativa. El Oficio fue remitido por el Tribunal a la
Corte Marcial. Una información similar entregó el Ministerio de Defensa quien consultó a la
Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos. Ninguna autoridad conocía el paradero de Zacarías
Machuca detenido por la DINA.
        El 6 de marzo de 1975 la Corte Marcial rechazó el recurso por no estar establecida la
detención del afectado. Además decretó que el Juzgado de Turno instruyera un sumario por el
caso.
        El 31 de marzo de 1975 se inició en el 9° Juzgado del Crimen de Santiago el proceso rol
13.689-2 por presunta desgracia del afectado.
        El Servicio Médico Legal comunicó al Juez que no registraba el ingreso de Zacarías
Machuca en los Libros respectivos.
        El 5 de mayo de 1975, el Director de Inteligencia Nacional indicó al Juez que las consultas
debían hacerse ante el Ministerio del Interior o a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos y
no a su organismo. Sin efectuar diligencias o investigaciones, el Juez decretó el 12 de agosto de
1975 el cierre del sumario y debido a que no se acreditó la existencia de delito resolvió sobreseer
la causa temporalmente. La Corte de Apelaciones aprobó en octubre de 1975 la resolución del
Juez del Crimen.
Nombre         :       EDUARDO ENRIQUE ALARCON JARA
Rut.           :       Sin información
F.Nacim.       :       23-11-1945, 28 años de edad
Domicilio      :       Pasaje Ayacará 6126, Población Kennedy, Las Rejas Sur, Santiago
E.Civil        :       Casado, 3 hijos
Actividad      :       Albañil
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
F.Detenc.      :       30 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Eduardo Enrique Alarcón Jara, Albañil, casado, tres hijos, militante del MIR, fue detenido el
30 de julio de 1974, a las 02:30 horas de la madrugada, en su domicilio y en presencia de su
esposa -María Meneses Saavedra- y de sus hijos. La aprehensión la practicaron agentes de la
Dirección de Inteligencia Nacional, encabezados por Osvaldo Romo Mena, que se movilizaban en
una camioneta color rojo, sin patente.
        Días antes, el 27 de julio del mismo año, había sido detenido por agentes de la DINA Juan
Bautista Barrios Barros, también militante del MIR. Ese día 30 de julio, Barrios Barros fue
conducido al domicilio de Ofelio de la Cruz Lazo, quien fue detenido en esos momentos por los
agentes de los servicios de seguridad mencionados. Luego, ambos fueron llevados hasta la casa
de Eduardo Enrique Alarcón Jara, procediéndose a su detención. Los tres se encuentran
actualmente desaparecidos. No existen testigos de la permanencia del afectado, ni de las otras
dos víctimas, en recinto de reclusión alguno. Sin embargo, un año más tarde, en julio de 1975, el
nombre de Eduardo Enrique Alarcón Jara apareció en la lista de 119 chilenos que presuntivamente
habrían muerto en enfrentamientos en Argentina. La veracidad de estos hechos jamás ha podido
ser comprobada, más aún, ningún Gobierno, ni siquiera el chileno, lo ratificó oficialmente. Al
respecto, el Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles, de la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, informó al Tribunal, en septiembre de 1975, que "no hay
antecedente oficial alguno de que las personas nombradas en dichas nóminas hayan fallecido en
el extranjero. Tampoco hay antecedentes de que estas personas hayan salido del país".


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 12 de agosto de 1974 se interpuso un recurso de amparo en su favor ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, rol Nº913-74. Al día siguiente, sin una sola diligencia, no se le dio lugar y
las piezas fueron remitidas al Juzgado del Crimen correspondiente. En el 7º Juzgado del Crimen
de Santiago, el 21 de agosto del mismo año, se instruyó el proceso rol Nº76225. Las distintas
autoridades consultadas respondieron carecer de antecedentes relativos a la detención del
afectado y a su posible permanencia en algún recinto de reclusión. El Ministro del Interior y
General de División, Raúl Benavides Escobar, informó que el afectado no se encontraba detenido
por orden de ese Ministerio (10 de marzo de 1975). A partir de esos antecedentes, el 28 de febrero
de 1976, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de Apelaciones
aprobó la resolución el 17 de junio del mismo año.
        Posteriormente, el 13 de junio de 1980, María Meneses Saavedra, cónyuge de la víctima
presentó una querella por el secuestro de éste, contra Osvaldo Romo Mena y los agentes de la
DINA que actuaron en la detención de Eduardo Alarcón. La presentación se hizo ante el Ministro
en Visita Servando Jordán López, nombrado en calidad de tal por la Corte Suprema para investigar
los casos de detenidos desaparecidos denunciados en Santiago (1979). Se solicitó la reapertura
de la causa rol Nº76225 y su acumulación a otras seguidas por desaparecimientos de distintas
personas. El Ministro Jordán no dio lugar a la querella, remitiéndola a la 2º Fiscalía Militar de
Santiago, el 25 de junio de 1980, para ser acumulada a la causa 553-78. Se apeló de la resolución
a la Corte de Apelaciones de Santiago, quien confirmó el fallo el 11 de agosto del mismo año. El
10 de septiembre de 1981, la Justicia Militar aceptó la competencia y concretó la acumulación.


Querella criminal en contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda y otros
        El 1° de agosto de 1978, familiares de 70 detenidos desaparecidos interpusieron ante el
10° Juzgado del Crimen de Santiago, una querella criminal por el delito de secuestro agravado en
contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Manuel
Moren Brito y del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.
        En la presentación se señaló que se trataba de 70 afectados, los que tenían una ideología
de izquierda y que pertenecían en distintas calidades a partidos políticos disueltos: Socialista,
Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se entregaron al Tribunal los nombres
de los siguientes agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Osvaldo Romo Mena,
Marcia Alejandra Merino Vega, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y de Rolf
Wenderoth Pozo. Se denunció la forma de operar de la DINA, la utilización de recintos secretos, de
vehículos y de una amplia infraestructura que les permitía actuar con plena seguridad y eficiencia.
Entre las distintas diligencias, se solicitó el allanamiento de los cuarteles de la DINA, incluyendo
los inmuebles de calle Belgrado s/n, de calle Rafael Cañas N°214 y del cuartel ubicado en
Alameda con Juan Antonio Ríos; la incautación e inspección ocular de los registros de detenidos; y
tomar declaraciones a los funcionarios de dicho organismo que prestaron servicios en Santiago
desde julio de 1974 hasta agosto de 1977.
        La Jueza, doña Carla Figueroa Hevia, después de constatar la pertenencia al Ejército de
los querellados, y sin efectuar diligencia alguna, se declaró incompetente y remitió los
antecedentes a la Justicia Militar con fecha 10 de agosto de 1978. Se apeló de dicha resolución y
posteriormente se acudió de Queja ante la Corte Suprema; no obstante en mayo de 1979, los
antecedentes se radicaron definitivamente en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago la que los roló con
el N°553-78.
        Se enviaron Oficios consultando por todos los afectados y se inició rápidamente la
acumulación de distintos procesos que estaban siendo investigados en la Justicia Ordinaria. En
total se acumularon 37 expedientes -no se realizó gestiones por ninguno de ellos- algunos
provenientes de la Visita del Ministro Servando Jordán, y otros para los cuales la Justicia Militar
había solicitado la incompetencia del Juez del Crimen que tramitaba el proceso. Recién en agosto
de 1982, la Fiscalía expidió Oficios a todos los Servicios de Inteligencia, a Policía Internacional y a
Cementerios de la Región Metropolitana, inquiriendo por la situación de 58 víctimas, de las 78 que
investigaba. Nada logró saberse al respecto.
        En enero de 1983, el Tribunal Militar tuvo a la vista los cuatro tomos del Cuaderno de
Instalación de la Visita Extraordinaria de Servando Jordán López y el 1° de marzo de 1983 se
declaró cerrado el sumario por "no existir diligencias pendientes". El 17 de marzo del mismo año
se sobreseyó total y temporalmente la causa. Se tuvo presente, entre otras consideraciones, que:
a) se habían tenido a la vista diversos expedientes y el Cuaderno de la Visita; b) que se había
allegado antecedentes provenientes del Instituto Médico Legal, Central Nacional de Información,
Policía Internacional, Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas e informes de Cementerios,
Hospitales y Postas; y c) que agotada la investigación, no aparecía ningún indicio que permitiera, a
lo menos, presumir que se hubiese cometido algún delito imputable al General Manuel Contreras o
a los otros Oficiales.
        La parte querellante apeló a la Corte Marcial, la que, con fecha 5 de octubre de 1983,
revocó la resolución por "encontrarse incompleta la investigación" y ordenó la citación a declarar
de Contreras Sepúlveda e investigar qué funcionarios de la DINA y de la Secretaría Nacional de
Detenidos (SENDET) participaron en la detención de los desaparecidos de los cuales consta en
autos que se los detuvo.
        Nuevamente la 2a. Fiscalía Militar envió Oficios a las autoridades. En junio de 1983 se
produjo la detención de la colaboradora de la DINA, Marcia Alejandra Merino Vega, la que fue
interrogada por el Fiscal Militar -Juan Carlos Manns Giglio- y puesta en libertad por éste, el 22 de
junio del mismo año, no obstante existir una orden del Ministro en Visita Subrogante José Cánovas
Robles, en relación a que fuera puesta en forma urgente a su disposición en calidad de detenida.
Ante el Fiscal Militar, Marcia Alejandra Merino desmintió sus propias declaraciones prestadas ante
el 11° Juzgado del Crimen de Santiago (declaraciones completas más adelante, en el subtítulo
"Investigación del Ministro en Visita").
         Con respecto a la citación a Manuel Contreras Sepúlveda ordenada por la Corte Marcial,
durante dos años no se le ubicó. A raíz de esta situación, el Coronel de Ejército Rolando Melo
Silva, Fiscal General Militar, pidió a la Corte que se dejara sin efecto la comparecencia personal de
Contreras Sepúlveda, puesto que ello significaba atribuirle implícitamente la calidad de inculpado
de los delitos que se investigaban, (agosto de 1985). La solicitud fue acogida con los votos en
contra de dos Ministros de la Corte Marcial, quienes estuvieron por denegarla por ser
"absolutamente extemporánea".
         Recién el 25 de septiembre de 1985, el General (R) Manuel Contreras declaró por exhorto
ante la Fiscalía Militar. Dijo haber ocupado el cargo de Director Ejecutivo de la DINA desde 1974,
hasta el 12 de agosto de 1977, fecha en que dicho organismo se disolvió. Negó la existencia de
las Brigadas de Inteligencia; señaló que Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Adrián Laureani
Maturana, Marcelo Moren Brito, Vianel Valdivieso y Rolf Wenderoth Pozo, habían cumplido
funciones de Inteligencia como analistas o integrantes de las Unidades de Inteligencia; que Edgar
Ceballos Jones y Roberto Fuentes Morrison, no pertenecieron nunca a la DINA; que Osvaldo
Romo Mena sólo fue un informante de un agente de la DINA; que Villa Grimaldi, Londres 38, casa
de calle Irán con Los Plátanos y casa de calle José Domingo Cañas, no eran lugares de detención;
que la clínica de calle Santa Lucía se usaba para la atención médica de los funcionarios de la
DINA y de los detenidos; y que no recordaba los nombres de las personas encargadas de los
archivos de la Dirección de Inteligencia Nacional.
         Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el
Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta
causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L.2.191) porque el proceso había tenido como
finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y, porque durante los 10 años de
tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de
noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y
definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse
extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos
denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que
confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte
Suprema de Justicia, la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
         Para contar con un cuadro completo de los antecedentes para los cuales se solicitó el
sobreseimiento total y definitivo, es necesario recurrir a las investigaciones realizadas en la Justicia
Ordinaria relativas a la desaparición forzada de personas que habían sido detenidas por la DINA.
Por esta razón entregamos la información contenida tanto en el Cuaderno de Instalación de la
Visita del Ministro Servando Jordán López, como de los distintos procesos que tramitaron los
Juzgado del Crimen de la Jurisdicción de Santiago y que fueron acumulados a la querella contra
"Manuel Contreras y otros" -rol N°553-78- (de la que incluso y extrañamente no hay constancia de
haber sido proveída).

Investigación del Ministro en Visita y de los Tribunales Ordinarios de Justicia
        El proceso anteriormente descrito contiene, en sus más de 5.000 fojas, todos los
antecedentes acumulados -primero en los Juzgados del Crimen y después en la Visita
Extraordinaria del Ministro Servando Jordán López- durante largos años de investigación judicial
relativa a la desaparición forzada de personas detenidas por agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA). Esta información -consignada en gran parte en los 4 tomos del
Cuaderno de Instalación de la Visita del Ministro Jordán- conforma un cuadro de las actuaciones
de la DINA en el terreno de la represión política. Sin pretender agotar el tema, se entregan en esta
oportunidad antecedentes que la Justicia Militar tuvo a la vista y para los cuales solicitó la
aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) y, por lo tanto, su sobreseimiento total y
definitivo.
         El Ministro en Visita Servando Jordán López fue designado en calidad de tal por la Corte
Suprema de Justicia, en marzo de 1979, para que se abocara al conocimiento e investigación de
las innumerables denuncias de detenciones, seguidas de desaparecimientos, interpuestas ante los
Juzgados del Crimen de la jurisdicción de Santiago. El Ministro Jordán tramitó un total aproximado
de 200 casos de detenidos desaparecidos y tuvo a la vista otros procesos al respecto e incluso el
relacionado con la solicitud de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos, a raíz del
asesinato del ex Ministro de Defensa don Orlando Letelier. Del total de 200 causas, 32 de ellas
fueron acumuladas por incompetencia a la querella interpuesta en contra de Manuel Contreras
Sepúlveda (rol 553-78), otros tantos casos fueron sobreseídos temporalmente y otros enviados
-también por incompetencia del Ministro- a la Justicia Militar. Al mes de agosto de 1983, cuando la
Visita se prolongaba ya por 4 años, el Ministro Visitador sólo investigaba dos procesos, los
referentes al desaparecimiento de María Isabel Beltrán Sánchez y el de Jorge Eduardo Ortiz
Moraga. Para sus declaraciones de incompetencia en los distintos casos, Jordán López había
consignado en más de una oportunidad que ésta se producía por "el mérito del proceso y el que
suministra el Cuaderno de Instalación de la Visita". En otros casos anotó "existen antecedentes
bastantes a los cuales concurren, asimismo, los reunidos en el Cuaderno de Instalación de la
Visita, relativos a la intervención de la ex-Dirección de Inteligencia Nacional en el secuestro..."
(incompetencia en el caso de Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, 6 de agosto de 1980).
         En términos generales, en el Cuaderno llevado por Jordán López quedaron consignadas
una gran cantidad de declaraciones de testigos; declaraciones judiciales de efectivos de la DINA,
incluyendo la de su primer y único Director Nacional, Manuel Contreras Sepúlveda; Oficios de las
autoridades de la época; diligencias realizadas por el Tribunal; escritos presentados por los
abogados de las partes querellantes en los que se denunciaba no sólo las actuaciones de la DINA
sino que también su organización; inspecciones oculares en recintos, etc.
         Como resultado de todo ello, se perfiló con claridad lo que fue la DINA: la existencia y
ubicación física de sus recintos secretos de detención y tortura; se individualizó a sus agentes
interrogadores y aprehensores; se estableció el uso de vehículos sin patentes o con patentes de
gracia otorgadas por ciertas municipalidades; su forma de operar, con completa impunidad, a
plena luz del día o en horas de toque de queda; sus estructuras; el inmenso acopio de elementos
que dicho organismo poseía, (armamento, financiamiento, unos 2.000 agentes, protección oficial,
etc.); formas recurrentes de torturas e interrogatorios a que eran sometidos los detenidos. Por otra
parte, también fue posible concluir que no obstante la veracidad de las denuncias (detenciones,
reclusiones y desaparecimiento de los afectados), las autoridades administrativas de la época
fueron reiterativas en la negación de los hechos y la verdad. Encabezadas por el Ministro del
Interior y el Ministro de Defensa Nacional, así como por el Secretario Ejecutivo de la Secretaría
Nacional de Detenidos (SENDET), las respuestas que entregaron a los requerimientos de los
Tribunales de Justicia sólo se limitaban a informar "no se registran antecedentes", "no ha sido
detenido por orden de esta Secretaría de Estado", o bien, cuando el Oficio había sido dirigido a la
DINA, "tenga la amabilidad de dirigirse al Ministerio del Interior". Cuando en alguna instancia se
reconocía la detención de la víctima, se recurrió rápidamente al argumento de que había sido
puesta en libertad. Así, en el caso de Juan Rosendo Chacón Olivares, Investigaciones informó
que, consultado el SENDET, éste se encontraba detenido en el Campamento de Tres Alamos
desde el 15 de julio de 1974. Sin embargo, el Ministro del Interior, General de División Raúl
Benavides Escobar expidió un Decreto Exento por el cual se disponía la libertad de Chacón con
fecha 5 de agosto de 1974. Juan Chacón Olivares permanece en la actualidad en calidad de
detenido desaparecido.
         Constituye además un ejemplo de lo dicho, el caso de Ida Vera Almarza e Isidro Pizarro
Meniconi, ambos detenidos el 19 de noviembre de 1974, a las 17 horas, en plena vía pública y en
medio de una balacera. El 13 de agosto de 1975 y ante el 11° Juzgado del Crimen de Santiago, el
Teniente de Carabineros Guillermo Urrutia González declaró que vio personalmente cuando a los
heridos "el hombre y la mujer, se los llevó el personal de la DINA en una camioneta Chevrolet C-10
con toldo de lona". Sin embargo, el Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, ofició al
Tribunal, el 22 de agosto de 1978, diciendo que no existía constancia de que Isidro Pizarro hubiese
sido detenido por alguno de los Servicios de Seguridad.
        No sólo se negaron las detenciones, sino que también la existencia de los distintos recintos
dependientes de la DINA. Sólo se reconoció oficialmente el Campamento de Cuatro Alamos a
cuyo mando estaba el Teniente Primero de Gendarmería, Orlando José Manzo Durán, y cuyos
archivos nunca pudieron obtenerse por -según la información entregada a Tribunales- haber sido
estos incinerados. Además, y cuando ya no fue posible seguir ocultando la existencia de los
centros secretos de reclusión y torturas, estos fueron declarados "recintos militares", impidiéndose
con ello que los Jueces pudieran constituirse en dichos lugares. Cuando lo hicieron, Londres 38 y
Cuatro Alamos habían sido completamente desmantelados. En lo que respecta a Villa Grimaldi,
hasta 1978 sólo se constituyeron allí los Fiscales Militares, los que informaron a los Tribunales
haber constatado que no existían detenidos en dicho recinto ni documentación alguna.
        La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada en junio de 1974 mediante Decreto
Ley 521, fue propuesta en noviembre de 1973 por el entonces Coronel Manuel Contreras
Sepúlveda a las más altas autoridades del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Definida como "un
organismo militar de carácter técnico-profesional", quedó facultada -por medio de tres artículos
secretos- para efectuar allanamientos y aprehensiones, objetivo que cumplió a cabalidad. Su
primer y único Director, Contreras Sepúlveda, dijo ante el Ministro en Visita Servando Jordán que,
desde sus inicios y hasta 1976, la DINA había estado empeñada en una guerra clandestina en
contra del extremismo. Este organismo en los hechos se constituyó rápidamente y algunas de sus
primeras actuaciones represivas tuvieron lugar ya a fines de 1973, especialmente en el recinto del
Regimiento de Tejas Verdes, del que era Comandante precisamente Manuel Contreras. Durante
los primeros meses de funcionamiento contó con unos 400 a 500 efectivos, provenientes
principalmente del Ejército. Con el tiempo, dichos efectivos llegaron a totalizar unos 2.000 agentes
organizados en distintos niveles jerárquicos. Primero estaba el Mando o Comandancia General,
cuya cabeza era Manuel Contreras Sepúlveda manejando "todo el sistema directamente", según lo
declaró Marcelo Moren Brito ante el Ministro Jordán, el 19 de octubre de 1979. En esta misma
declaración, Moren Brito dijo que la DINA era un conjunto de Agrupaciones de Inteligencia y que
cada una de estas tenía un Jefe que no era necesariamente Oficial de Ejército. De hecho, la
Comandancia contaba con subdirecciones, Departamentos o Secciones, Brigadas y Agrupaciones,
además de un Departamento Exterior que se encargaba de las acciones en el extranjero. El brazo
operativo de la DINA en Santiago era la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), la que en su
primera época estaba radicada en Rinconada de Maipú, para luego pasar a funcionar en Villa
Grimaldi.
        Durante los primeros meses de 1975 -tal como lo señalaron los abogados querellantes en
la investigación por el desaparecimiento de Alan Bruce Catalán- Villa Grimaldi, o "Cuartel
Terranova" como se la conocía en la DINA, estaba a cargo del hoy Brigadier General Pedro
Espinoza Bravo, cuya chapa era "Comandante Rodrigo" o "Rodrigo Terranova". Los agentes que
allí operaban lo hacían en "Agrupaciones" y "Grupos". Cada Agrupación estaba a cargo de un
Mayor o de un Capitán con antigüedad, mientras que los Grupos estaban bajo el mando de un
Capitán nuevo o de un Teniente, los que contaban con Equipos dirigidos por Suboficiales de
Ejército o de Carabineros. A todo este personal se agregaba un contingente que cumplía tareas de
guardia del recinto o de vigilancia de los detenidos. Cuando Pedro Espinoza dejó el mando, en
marzo de 1975, fue reemplazado por el Mayor de Ejército Marcelo Moren Brito, conocido como "El
Ronco", "El Oso" o "El Coronta", quien fue ascendido en esa oportunidad a Teniente Coronel.
También se encontraba en Villa Grimaldi -formando parte de la BIM- un Mayor de Ejército de
apellido Ubilla (testigos mencionaron haber sido interrogados por un Oficial de apellido Ubilla, a
principios de 1974, en el Regimiento Tucapel de Temuco) el que se desempeñaba como Jefe de la
Unidad de Archivo y Análisis. Un cuarto Oficial era el Capitán de Ejército Francisco Ferrer Lima, el
que usaba el apelativo de "Capitán Max" y que hasta mayo de 1975 se desempeñó como Jefe de
la "Agrupación Caupolicán". Un quinto Oficial era el Capitán de Ejército Miguel Krassnoff
Martchenko, "Capitán Miguel", quien actuaba como Jefe de la "Agrupación Halcón". También
estaba el Teniente de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, "Teniente Cachete", quien estaba a
cargo del "Grupo Aguila". Un séptimo Oficial era el Teniente Marcos Alemán, "Teniente Marcos",
Jefe del "Grupo Tucán". Un octavo Oficial era el Teniente Fernando Adrián Laureani Maturana,
"Teniente Pablo", el que operaba con el "Grupo Vampiro". En cuanto a los Suboficiales, se
encontraba el Sargento 1° de Carabineros Julio Pincheira, alias "Tulio", y el Cabo 1° de Ejército
Basclay Humberto Zapata Reyes, "El Troglo", reconocido por numerosos testigos e identificado
plenamente en julio de 1978 ante el Grupo Ad-hoc de Trabajo de la Comisión permanente de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
         El 25 de septiembre de 1985, ante la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, el General (R) Manuel
Contreras Sepúlveda declaró que no era efectivo que hubiesen existido Brigadas de Inteligencia
en cada una de las regiones del país y que la BIM fue sólo el nombre inicial y provisorio de una de
las Unidades de Inteligencia de la DINA, la que duró muy poco tiempo y de cuyo Jefe no recordaba
el nombre. El 16 de octubre de 1979, el Ministro en Visita tomó conocimiento de la causa sobre
extradición en la que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la entrega de los Oficiales de Ejército
Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y Armando Fernández Larios, por su
participación en el asesinato del ex-Embajador Orlando Letelier y de su secretaria Ronny Moffit. El
Ministro dejó constancia en el Cuaderno de la Visita, por estar directamente relacionadas con la
investigación en curso, de las declaraciones del General Odlanier Mena Salinas, entonces Director
de la Central Nacional de Información (CNI), quien señaló que en su repartición no estaba
registrada la fecha en que prestaron servicios en la DINA el General Contreras, el Coronel
Espinoza y los Capitanes Fernández Larios, René Miguel Riveros Valderrama y Rolando
Mosqueira Jarpa. Por su parte, el Capitán René Miguel Riveros declaró ante el Tribunal que en
enero de 1974 fue destinado a la DINA, desempeñándose en una Brigada denominada "Lautaro"
cuyo primer Jefe fue el Capitán José Zara Holguer. Manuel Rolando Mosqueira Jarpa declaró a su
vez, que en 1974 tenía el grado de Teniente y que, al integrarse a la DINA, fue encuadrado en una
Brigada que operaba en el área Metropolitana, cuyo primer Jefe fue el Coronel César Manríquez,
el que fue reemplazado por Marcelo Moren Brito. También el Ministro Jordán anotó las
declaraciones que en ese proceso prestó el Teniente Coronel de Ejército, Rolf Gonzalo Wenderoth
Pozo, quien señaló que en la DINA se había desempeñado en la Brigada denominada "Análisis
Caupolicán".
         Respecto a la organización de la DINA, Luz Arce Sandoval -militante socialista detenida en
1974 y que se transformara en colaboradora de dicho organismo, producto de las torturas y
amenazas sufridas durante su reclusión- efectuó amplias declaraciones al respecto. La testigo,
que con anterioridad nunca pudo ser citada a comparecer ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia ni ante el Ministro Jordán por no haber sido ubicada, a partir de 1990 prestó declaraciones
judiciales. Así, en dos oportunidades -1990 y 1992- compareció ante el 3er. Juzgado del Crimen
de Santiago, en el que se investigaba la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau Oyarce. Su
testimonio -salvo detalles- fue coincidente con lo declarado con anterioridad por otros testigos.
         Luz Arce confirmó la existencia de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), cuyo jefe
era el Mayor o el Teniente Coronel de Ejército de nombre Manuel (César) Manríquez Moyano. Dijo
que éste había sido reemplazado por el Teniente Coronel Pedro Espinoza Bravo. Agregó que
Marcelo Moren Brito también actuó como Jefe de la BIM. De esta Brigada de Inteligencia
Metropolitana dependían varias Unidades operativas: Caupolicán y Purén. La Brigada Caupolicán,
a cargo de Marcelo Moren, estaba subdividida en tres Agrupaciones llamadas "Halcón", "Aguila" y
"Tucán". La primera de ellas, "Halcón" estaba comandada por Miguel Krassnoff Martchenko, de
quien dependían Osvaldo Romo, Basclay Humberto Zapata Reyes ("El Troglo") y el Negro Paz o
"Pulgar". "Aguila" a cargo de Teniente de Carabineros Ricardo Lawrence y "Tucán" dependía del
Teniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, alias "Capitán Marcos" o "Capitán
Manuel".
         La Unidad operativa Purén estaba comandada por Eduardo Iturriaga Neumann, y
pertenecía a esta organización el Mayor de Ejército Gerardo Ernesto Ulrich (o Urich) González, el
que también era conocido como "Capitán Max" o "la Mano Negra", porque cuando golpeaba a los
detenidos lo hacía colocándose unos guantes negros. También se hacía llamar "Capitán Max" o
"Max Lenoux" el Capitán de Ejército Francisco Maximiliano Ferrer Lima, el que también estuvo a
cargo de la Brigada Caupolicán.
         Además de los agentes de la DINA aportados por las Fuerzas Armadas y Carabineros,
especialmente por el Ejército, existía el personal civil contratado por una supuesta empresa
denominada "Villar y Reyes", hecho reconocido por el propio Manuel Contreras ante el Ministro
Jordán López en declaraciones del mes de agosto de 1979. Este personal estaba compuesto por
asesores pagados, colaboradores y contactos más o menos permanentes, e informantes. Osvaldo
Romo Mena, Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, Luz Arce Sandoval y Alicia María Gómez
Gómez, eran algunos de los civiles que trabajaron directamente con la DINA.
         En este aspecto, quizá lo más relevante haya sido el caso de Osvaldo Romo Mena,
sindicado por incontables testigos como aprehensor, interrogador y torturador, y el que nunca
compareció ante Tribunal alguno, no obstante existir órdenes de aprehensión en su contra
emanadas de distintos Juzgados del Crimen. El Ministro en Visita Servando Jordán, al investigar la
desaparición forzada de Martín Elgueta Pinto y de María Inés Alvarado Borgel, realizó una
investigación relativa a Romo, citando a comparecer incluso a pobladores del ex-Campamento Lo
Hermida, que habían participado junto al mencionado agente en el enfrentamiento a bala entre
pobladores y policías ocurrido en agosto de 1972. Se estableció que no constaba la salida de
Romo al extranjero y que todas las autoridades consultadas carecían de información respecto a
este sujeto. El 16 de septiembre de 1979, el Ministro Jordán expidió orden de aprehensión en su
contra. Por su parte el Teniente General Raúl Benavides Escobar, Ministro de Defensa Nacional,
informaba al 1er. Juzgado del Crimen, en 1978, que Osvaldo Romo no pertenecía a ninguna de las
Instituciones integrantes de dicha Secretaría de Estado. Manuel Contreras declaró ante la Visita
que Romo había sido sólo un informante de un agente de la DINA (agosto de 1979), información
que repitió Marcelo Moren Brito ante el mismo Tribunal. Sin embargo, el 5 de julio de 1976 el
entonces Presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, comunicó por escrito a Yolanda
Pinto -madre de Martín Elgueta- que en conversaciones sostenidas con el Coronel Manuel
Contreras Sepúlveda, éste le había expresado que Osvaldo Romo trabajó para la DINA hasta
noviembre de 1975 y que posteriormente se había ausentado del país. Ante el 11° Juzgado del
Crimen de Santiago, en julio de 1979, el Ministro Eyzaguirre ratificó la comunicación dirigida a
Yolanda Pinto. En la investigación por la desaparición de Jorge D'Orival Briceño llevada ante el 11°
Juzgado del Crimen, declaró el Sargento de Carabineros Héctor Quilodrán Alfaro, quien señaló
que había conversado personalmente con Romo en la casa que éste tenía en Los Molineros 1308,
la que estaba vigilada por cuatro militares de civil. Romo se negó a recibir la citación de
comparecencia al Tribunal que el Carabinero portaba, diciendo que debía ser citado por intermedio
del Servicio de Inteligencia Militar al cual pertenecía. Por su parte, Orlando José Manzo Durán
-funcionario de Gendarmería en Comisión de Servicio en la DINA- dijo ante el Ministro Jordán que
a Romo lo conoció cuando éste acudía a Cuatro Alamos en calidad de funcionario de la DINA.
         No obstante todos los antecedentes que se disponía, no fue posible citar a comparecer
ante los Tribunales a Osvaldo Romo Mena.
         Finalmente el agente de la DINA Osvaldo Romo Mena fue detenido en noviembre de 1992
a su arribo a Chile, cuando venía expulsado desde Brasil. El agente mencionado había sido
ubicado en el curso de una serie de diligencias decretadas en la causa por el desaparecimiento de
Alfonso Chanfreau Oyarce, por la jueza Gloria Olivares del 3er. Juzgado del Crimen de Santiago.
Romo Mena vivía en Brasil desde finales de 1975, a ese país llegó por instrucciones de la DINA.
Se resolvió su salida del país en relación a que había recibido varias citaciones judiciales de
causas de detenidos desaparecidos. La DINA le proporcionó identidad falsa a él y su grupo
familiar, aparte de los medios económicos y contactos para su instalación. Al ser localizado en julio
de 1992, las autoridades brasileras lo detuvieron y luego procedieron a expulsarlo del país. A su
llegada a Chile fue requerido en varios Tribunales. A diciembre de 1992 Romo continuaba
detenido y se habían dictado en siete causas encargatorias de reo en su contra, en casos de los
detenidos desaparecidos Rodolfo Espejo Gómez, Luis Alberto Guendelman Wisniak, Mónica
Llanca Iturra, Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, José Manuel Ramírez Rosales, Alvaro Vallejos
Villagrán y José Caupolicán Villagra Astudillo y otra encargatoria de reo en el proceso que se
tramita por la muerte de Lumi Videla Moya en un recinto de la DINA. En el proceso por el
desaparecimiento de Chanfreau Oyarce no había sido interrogado, ya que éste se había ido por
incompetencia a la Fiscalía Militar.
         Otra situación de lo ocurrido con los agentes civiles de la DINA, fue la de Marcia Alejandra
Merino Vega, conocida como "La Flaca Alejandra". Ex-militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), fue detenida en 1974 y después de ser víctima de brutales apremios físicos
y sicológicos, se transformó en colaboradora de la DINA y, al igual que en el caso de Romo,
resultó imposible para los Tribunales su ubicación, hasta 1983. Reconocida por numerosos
testigos, Marcia Merino aparece claramente vinculada -entre otras- a las detenciones de Muriel
Dockendorf Navarrete y de María Angélica Andreoli Bravo, proceso este último en el que declaró la
madre de Marcia Alejandra. También ante el Ministro en Visita compareció Dina Vega Vergara, el
13 de julio de 1979, declarando que su hija había sido detenida en mayo de 1974 y que, desde
que saliera en libertad, a fines de ese mismo año, nada supo de ella. Por su parte, Manuel
Contreras Sepúlveda declaró ante la Visita que Marcia Merino sólo había sido una informante de la
DINA y que no la conocía personalmente (24 de agosto de 1979). Marcelo Moren Brito se expresó
exactamente en los mismos términos ante el Ministro Jordán López. El General de División y
Ministro de Defensa Nacional ofició al 11° Juzgado del Crimen de Santiago, el 12 de septiembre
de 1978, afirmando que Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega no pertenecía a ninguno de los
Servicios de Inteligencia ni tampoco a la Central Nacional de Información.
         Sin embargo, el 16 de junio de 1983, Marcia Alejandra Merino concurrió a Investigaciones
a denunciar un robo ocurrido en su domicilio, (hasta ese momento no había podido ser ubicada por
los detectives diligenciadores) quedando detenida y a disposición del 11° Juzgado del Crimen de
Santiago, el que había expedido una orden de detención en su contra por estar acusada de haber
participado en la aprehensión de María Angélica Andreoli. El Juez de dicho Tribunal le tomó
declaraciones y la puso a disposición del Ministro José Cánovas Robles, quien subrogaba a
Servando Jordán en la Visita. Como el proceso por la desaparición de María Angélica Andreoli se
encontraba, desde 1980, en la 2a. Fiscalía Militar (causa 553-78) por la declaración de
incompetencia de Jordán López, el Ministro Cánovas traspasó a la detenida a dicho Tribunal
Militar, (17 de junio de 1983). A solicitud de la parte querellante, el 22 de junio del mismo año, el
Ministro Cánovas llamó telefónicamente a la 2a. Fiscalía Militar en donde se certificó que a las
18:15 horas de ese día, José Cánovas Robles, a nombre de la Corte Suprema, ordenó que Marcia
Merino fuera puesta a su disposición en calidad de detenida. Sin embargo, el Fiscal Juan Carlos
Manns Giglio, después de tomarle declaraciones resolvió, el mismo 22 de junio de 1983, dejarla en
libertad por Secretaría, a las 23:00 horas, con expresa advertencia de que debía presentarse al día
siguiente ante el Ministro en Visita. Marcia Alejandra Merino Vega no volvería a ser habida. Tras
ella quedaron dos declaraciones contradictorias.
         El 16 de junio de 1983, al ser puesta a disposición del 11° Juzgado del Crimen de
Santiago, Marcia Alejandra Merino Vega declaró ante ese Tribunal que a raíz de las constantes
presiones, amenazas y apremios físicos a que fue sometida por la DINA durante su reclusión en
1974, se transformó en colaboradora de dicho organismo represivo. Desde agosto de 1974 y hasta
el mes de septiembre del mismo año, permaneció en el recinto secreto de la DINA ubicado en
calle Londres 38, lapso durante el cual participó directamente en la detención de María Angélica
Andreoli Bravo, junto a Osvaldo Romo, a "El Cara de Santo" y a "El Troglo" (Basclay Humberto
Zapata Reyes). Agregó que María Angélica también permaneció recluida en Londres 38. En
septiembre de 1974, Marcia Alejandra fue trasladada a otro recinto secreto de la DINA ubicado en
calle José Domingo Cañas N°1367. Cuando salió en libertad, en mayo de 1975, el General Manuel
Contreras Sepúlveda la notificó personalmente en sus oficinas de Marcoleta al llegar a Vicuña
Mackenna, diciéndole que la dejaba en libertad "por la gran colaboración que había mantenido con
ellos" y le ofreció su protección en el caso de ser molestada por sus ex-compañeros del MIR. Una
vez libre -declaró Marcia Alejandra- mantuvo contactos con la DINA, organismo que la ayudaba
económicamente. Al disolverse ésta, continuó con la CNI hasta el año 1980. Como hasta esa
fecha solían llegarle citaciones para presentarse ante el Ministro Jordán, la CNI le aconsejó que no
concurriera a los Tribunales, dado las amenazas del MIR que pendían sobre ella.
         El 18 de junio de 1983, ante la 2a. Fiscalía Militar, Marcia Alejandra Merino prestó una
nueva declaración diciendo que no ratificaba lo dicho ante la Justicia Ordinaria porque había sido
tergiversada. El Fiscal Militar la dejó entonces detenida e incomunicada. Ante estos hechos, los
abogados querellantes hicieron una presentación a la Fiscalía solicitando una declaración más
completa de la testigo en relación a su participación en distintas detenciones (Jacqueline Binfa
Contreras, Alfonso René Chanfreau Oyarce, Sergio Riffo Ramos, Muriel Dockendorf Navarrete),
pidiéndosele que indicara el destino corrido por aquellas personas en cuyas aprehensiones
participó. Además se pidió que entregara mayores antecedentes relativos a Londres 38 y como era
efectivo que en 1974 se desempeñaba como Jefe de dicho centro Rolf Wenderoth Pozo y entre
cuya dotación estaban Osvaldo Romo Mena, Miguel Krassnoff Martchenko, Tulio Pereira Pereira,
Marcelo Moren Brito, Mario Cruzat Sabat, Jorge Enrique Shilling Rojas, Aníbal Maturana Contreras
y Ricardo Sánchez Navarro. También se le pidió que diera mayores informaciones respecto a la
Unidad que ella integraba y que estaba compuesta por Romo Mena, Luz Arce Sandoval y Alicia
María Gómez ("La Carola"), los que recibían órdenes directas de Moren Brito.
         El 22 de junio de 1983, Marcia Alejandra Merino Vega declaró una vez más ante la 2a.
Fiscalía Militar. Reiteró que no ratificaba el testimonio prestado ante el 11° Juzgado del Crimen,
diciendo que efectivamente había sido detenida en mayo de 1974, puesta a disposición de la
Fiscalía Militar de Curicó y trasladada a Santiago en agosto de ese mismo año. No mencionó los
recintos secretos en los que permaneció recluida, sólo dijo que estuvo en un lugar que no pudo
reconocer y en donde hacía mucho frío, escuchando algunos quejidos. Agregó que fue torturada
con aplicación de corriente en los genitales y, que en razón de ello, entregó domicilios de sus
compañeros de Partido. Recuerda que mencionó la dirección de Muriel Dockendorf, de Adriana
Urrutia y de Gloria Laso (la primera permanece en calidad de detenida desaparecida). En lo que
respecta a María Angélica Andreoli, por no saber la dirección exacta, llevó hasta el domicilio de
ella a Osvaldo Romo, a "El Troglo" y a "El Cara de Santo". No la vio en su lugar de reclusión.
Marcia Alejandra señaló haber salido en libertad en mayo de 1975, pero que ésta no le fue
comunicada por el General Manuel Contreras -a quien no conoció- sino que por un funcionario.
Posterior y ocasionalmente, la DINA le pidió que analizara documentos de tipo político, lo que se
repitió espaciadamente hasta 1978 y no hasta 1980 como se señala en su declaración ante el
Juzgado del Crimen. Dijo no saber en qué recinto estuvo y menos quiénes eran los jefes del lugar,
no participó en operativos, no conoce la estructura de la DINA, no supo qué sucedió con los
detenidos ni tampoco de la existencia de Villa Grimaldi. En cuanto a Chanfreau Oyarce -con quien
ella había pololeado- dijo no haber participado en su detención pero que, en una oportunidad,
Osvaldo Romo le levantó la venda de la vista para que lo viera, cuando ambos se encontraban
detenidos.
         Después de esta declaración y cuando se encontraba pendiente el llamado telefónico del
Ministro en Visita Subrogante, José Cánovas Robles, el Fiscal dejó en libertad a Marcia Alejandra
Merino, sin que ella hubiese vuelto a concurrir a Tribunal alguno, hasta 1990.
         El 4 de agosto de 1990, Marcia Alejandra Merino compareció ante el 3er. Juzgado del
Crimen de Santiago, donde se había reabierto el proceso en el que se investigaba la desaparición
forzada de Alfonso Chanfreau Oyarce. En esa oportunidad, la declarante confirmó haber
permanecido en Londres 38, describió las violentas torturas a las que fue sometida y cómo,
producto de estas, tuvo que entregar información a la DINA.
         Recién en noviembre de 1992, Marcia Alejandra Merino Vega dio una conferencia de
prensa en la Comisión de Derechos Humanos explicando su relación con los servicios de
seguridad, y los temores que había tenido hasta la fecha para colaborar con las causas por
violaciones a los derechos humanos. En esa oportunidad explicitó su voluntad de colaborar con la
justicia en las causas de detenidos desaparecidos.
         En cuanto a los métodos utilizados por la DINA, nos referiremos a ellos sólo de manera
muy somera, puesto que en cada caso individual estos ya se encuentran descritos. En los
primeros meses de 1974, dicho organismo represivo solía detener a sus víctimas en sus domicilios
y ante numerosos testigos. Incluso se aprehendía a familiares y amigos de los afectados, los que,
una vez liberados, daban cuenta de los hechos. Con el tiempo, la DINA comenzó a detener en la
vía pública, sin testigos y con un trabajo de detección previo, lo que permitía hacer una cuidadosa
selección del modo, hora y lugar en que habría de producirse la detención. Los afectados,
vendados, eran conducidos a los recintos secretos de detención y tortura ("Londres 38", casa de
calle José Domingo Cañas, "Venda Sexy", "Villa Grimaldi") en donde eran sometidos a continuas
sesiones de interrogatorios, mantenidos en estricta incomunicación con el exterior y en inhumanas
y degradantes condiciones físicas. Los innumerables testimonios que existen al respecto así lo
comprueban. Muchas veces, los afectados eran sacados por sus captores para -según los
términos usados por Orlando José Manzo Durán ante el Ministro en Visita- ser "usados como
vulgares cebos" en la aprehensión de otras víctimas. Las formas de torturas consistían
principalmente en aplicación de corriente eléctrica en genitales, boca, oídos, lengua, heridas,
prótesis metálicas, etc.; colgamientos, golpes de puños, pies, cadenazos y de otros elementos
contundentes; sumergimientos en recipientes con agua hasta el punto de la asfixia; violaciones y
vejámenes sexuales; falta de alimentación; encierro en verdaderos cajones en los que la persona
debía permanecer de pie o encuclillada durante días; simulacros de fusilamiento; presión
sicológica derivada especialmente de amenazas contra familiares del afectado y de obligar a éste
a presenciar las torturas de otros detenidos e incluso de sus hijos o de sus padres. En fin, el
objetivo era o quebrar la resistencia del arrestado logrando con ello un efecto de demostración, o
bien obtener mayor información de la víctima, aunque en más de alguna oportunidad se torturó
sólo por atormentar a la víctima.
        Los agentes -siempre fuertemente armados- solían ingresar a los domicilios sin exhibir
orden alguna, identificándose como pertenecientes a otros Servicios de Seguridad, amedrentando,
allanando, montando "ratoneras" (las detenciones de dirigentes comunistas en calle Conferencia
en el año 1976 son un buen ejemplo de una "ratonera"), apropiándose de los bienes de sus
víctimas, interrogando incluso a los niños. Movilizados en vehículos particulares, con o sin patente,
se aseguraban la impunidad. A este respecto, el Coronel de Ejército Juan Orlando Saldías
Stappung, quien en 1976 se desempeñaba como Subdirector Logístico de la DINA, declaró con
fecha 12 de noviembre de 1979 -en la investigación judicial por la desaparición de José Santos
Hinojosa Araos- que para los vehículos de la DINA se solicitaban patentes de gracia, cuyos
padrones quedaban inscritos en el Conservador de Vehículos Motorizados bajo la sigla "DINAR"
que significaba Dirección Nacional de Rehabilitación. El General Manuel Contreras Sepúlveda
reconoció este hecho ante el Ministro en Visita Servando Jordán, en enero de 1980. Por su parte,
la Contraloría General de la República, en febrero de 1980, ofició diciendo que no registraba
antecedentes sobre un servicio denominado "DINAR". Por su parte el Alcalde de Renca, Sebastián
Pérez Campino, refiriéndose al mismo tema, en septiembre de 1979 ofició al Ministro en Visita
diciendo que en los casos de patentes entregadas a la DINA, por tratarse ésta de una Institución
de Seguridad, no quedaban archivadas ni en el Departamento del Tránsito ni en la Oficina de
Partes.
        Sin embargo, dentro de toda la infraestructura de la DINA, quizá lo más importante hayan
sido sus centros de reclusión secretos, verdaderos territorios inviolables inexpugnables, vedados
para la Justicia Ordinaria, en los que funcionaban las distintas Unidades y Agrupaciones y en los
que se mantenía a las víctimas ocultas del mundo exterior, mientras que las autoridades de la
época al ser requeridos negaban sistemáticamente tanto las detenciones como la existencia de
dichos recintos.


Recintos:

1.- Londres 38: ubicado en pleno centro de Santiago, a metros de la Iglesia San Francisco,
funcionó desde fines de 1973 y hasta septiembre de 1974. El inmueble pertenecía hasta antes del
11 de septiembre de 1973, al Partido Socialista. Allí permaneció una gran cantidad de detenidos,
muchos de los cuales desaparecieron desde dicho recinto.
        Heddy Olenka Navarro Harris, quien declaró ante el Ministro en Visita en octubre de 1979,
dijo que fue detenida el 15 de agosto de 1974 por agentes de la DINA entre los cuales iban Luz
Arce y Osvaldo Romo Mena. Fue conducida a Londres 38 en donde calculó que, por lo menos,
había unas 80 personas detenidas, todas las cuales eran sometidas a violentas torturas. Unos 5
días después de su llegada, un agente dijo que el recinto debía ser desocupado y dividió a los
afectados en grupos. La testigo fue trasladada a la casa de calle José Domingo Cañas. De otras
víctimas, no volvió a saberse (Martín Elgueta desapareció en esa oportunidad). En las
declaraciones que Marcia Alejandra Merino efectuó ante el 11° Juzgado del Crimen, también
señaló haber permanecido en Londres 38 hasta septiembre de 1974, fecha en que fue llevada a
José Domingo Cañas. Además, Sandra Machuca Contreras, en declaraciones juradas anexadas a
distintos procesos tramitados en la Justicia Ordinaria -y que también fueron investigados por el
Ministro Jordán- declaró que fue detenida el 4 de agosto de 1974 y llevada a Londres 38. Allí,
después que se le retiraran todas sus pertenencias, fue ingresada a una pieza grande en donde
había muchas personas. La testigo fue interrogada por Osvaldo Romo Mena y coincidió con otros
testimonios en señalar que a fines de agosto de 1974 los recluidos en dicho recinto fueron
divididos en grupos y mientras a algunos se les trasladó a otros lugares de reclusión, varios
afectados desaparecieron en esa fecha.
         Por su parte, Ramón Osvaldo Barceló Olave, quien declaró ante el Ministro en Visita en
junio de 1979, expuso que en Londres 38 -en donde estuvo detenido- se sometía a los afectados a
"la parrilla" (catre metálico donde se ataba a la víctima desnuda para proceder a aplicarle corriente
eléctrica) y se violaba a las mujeres. Oscar Armando Alfaro Córdova señaló que estando prisionero
en Londres 38, en el mes de julio de 1974, fue sometido a torturas consistentes en golpes de
puños y pies y aplicación de electricidad en testículos, pene, ano y boca. Como consecuencia de
estos apremios, perdió casi todos sus dientes, sufrió fractura de la nariz, hundimiento de cuatro
costillas y se le produjeron úlceras estomacales, debiendo ser operado al recuperar su libertad.
Tamara Valdés Valenzuela, tanto en declaraciones juradas como ante la Visita, expuso que
"habíamos allí entre 70 y 90 personas, en una habitación infecta, sin aire, sin luz natural, sin
alimentación, escuchando día y noche -cuando no nos torturaban a nosotros- como torturaban a
las otras personas allí detenidas".
         El 22 de junio de 1979, el Ministro Servando Jordán se constituyó en las dependencias de
Londres 38, constatando que la distribución interna del recinto coincidía con las descripciones
entregadas en las declaraciones de testigos, muchos de los cuales habían señalado incluso, que
allí no existía agua potable. En efecto, se dejó constancia de que en todos los baños los artefactos
sanitarios se encontraban en pésimas condiciones y que estaban repletos de excrementos
humanos secos, los que incluso estaban pegados al suelo. Junto con inspeccionar un tablero de
luz con 11 circuitos, el Ministro observó que en una habitación del entrepiso había un somier con
patas de madera y malla metálica, cubierto con pedazos de cartón, algunos de los cuales
presentaban, al parecer, vestigios de sangre humana (peritajes posteriores dieron resultados
negativos). Este cuarto, por su ubicación, se encontraba totalmente aislado y en su muro sur había
un cable eléctrico de más o menos un metro de largo que se hallaba conectado a una caja de
distribución eléctrica adosada a la pared. El Tribunal dejó constancia que llamaba la atención que
dicho cable se hallaba colgando y no correspondía al resto de la instalación eléctrica, la que
estaba incorporada en tubos metálicos. Se advirtió también que en las murallas de las grandes
piezas del primer piso y hasta una altura de 50 centímetros medidos desde el suelo, habían
huellas manifiestas de apoyo sobre estos muros, los que se veían ennegrecidos. Los testigos
habían señalado que eran ingresados a piezas grandes del primer piso en donde permanecían
sentados en el suelo afirmándose en las murallas o bien simplemente tirados en el piso.
         Junto con otros detalles de esta visita ocular, el Ministro también dejó constancia de que
una florista que trabajaba en la vereda oriente de calle Londres les informó que dos meses antes
de la inspección del Ministro en Visita, llegaron dos camiones con personal militar, los que
procedieron a limpiar el inmueble.
         En este punto, cabe reiterar que las autoridades de la época sistemáticamente negaron la
existencia de Londres 38. El Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, informó el 16 de
junio de 1978, que ese inmueble no figuraba como dependencia de la CNI. El 24 de enero de
1978, Juan Ignacio García Rodríguez, Subsecretario del Ministerio del Interior Subrogante, señaló
que Londres 38 no pertenecía a ese Ministerio ni a ningún organismo dependiente del mismo y
que no existía constancia de que hubiese pertenecido a algún organismo de seguridad. El 14 de
junio de 1979, en un Oficio al Ministro en Visita, el Teniente General y Ministro de Defensa
Nacional Raúl Benavides Escobar, comunicó que "la propiedad ubicada en calle Londres N°38 no
pertenece a las Fuerzas Armadas ni de Orden". Pero, el 19 de enero de 1980, ante el Ministro
Jordán, Manuel Contreras Sepúlveda dijo que efectivamente Londres 38 había sido un local de la
DINA destinado al fichaje de los detenidos en tránsito no en reclusión. Por su parte, Marcelo Moren
Brito, también ante el Ministro en Visita, declaró que esa dependencia era sólo un lugar de tránsito
de detenidos, reconociendo su propia permanencia en dicho recinto (Investigación por el
desaparecimiento de Alan Bruce Catalán).
         En cuanto al dominio del inmueble, Manuel Contreras Sepúlveda expuso que a la fecha de
disolución de la DINA (agosto de 1977), sus archivos y bienes fueron incorporados a la recién
creada CNI, puesto que ambos hechos (disolución y creación) constituyeron un solo acto. Incluso
el General Contreras expuso que él continuó a cargo de la CNI hasta noviembre de 1977, fecha en
que hizo entrega de la Dirección al General Odlanier Mena Salinas ante la presencia del Ministro
del Interior General de División, raúl Benavides Escobar.

         2.- "Venda Sexy" o "La Discoteque": ubicado en el sector de Quilín, en la calle Irán N°3037,
al llegar a la calle Los Plátanos, funcionó a partir de comienzos del verano de 1975 y hasta
mediados de ese mismo año, en forma paralela a Villa Grimaldi. Posiblemente haya sido utilizada
por un equipo operativo distinto a los que funcionaban en la Villa, puesto que se advierten
diferencias en las formas de operar y en los métodos de torturas aplicados, los que hacían énfasis
en vejámenes de tipo sexual mientras la música permanecía a todo volumen para que los gritos de
las víctimas no se escucharan en las casas vecinas.
         Una testigo relató, ante el 11° Juzgado del Crimen, que a fines de diciembre de 1974 fue
conducida a este recinto. Fue llevada al subterráneo en donde la hicieron desnudarse y le
vendaron la vista. Entre cuatro o cinco interrogadores, comenzaron a toquetearla y a lanzársela de
unos a otros. La golpearon fuertemente en el estómago y la tiraron al suelo en donde procedieron
a aplicarle corriente eléctrica en la vagina. También fue llevada al 2° piso de la casa, en donde la
violó un hombre al que llamaban "El Jefe", y de quien las detenidas decían que sufría de una
enfermedad venérea. Un testigo varón declaró en el proceso en el que se investigaba la
desaparición de Marta Neira Muñoz, que en este recinto había sido violado por un perro
especialmente amaestrado para tales deleznables actos y que mantenían los agentes en el
subterráneo del inmueble.
         Como solía ocurrir, las autoridades negaron la existencia de "Venda Sexy", hasta que
Manuel Contreras Sepúlveda expuso ante el Ministro Jordán López que dicha propiedad era un
cuartel de la DINA y no un centro de detención, (19 de enero de 1980). El Ministro del Interior,
Sergio Fernández Fernández, en noviembre de 1979, había oficiado a la Visita diciendo que la
tenencia del inmueble ubicado en el sector de Quilín no había podido ser constatada puesto que
su propiedad no figuraba en el acta de entrega de la DINA. Manuel Contreras dijo en marzo de
1980 que como la disolución de la DINA y la creación de la CNI constituyeron un solo acto, no fue
necesario levantar un acta de entrega.

         3.- José Domingo Cañas N°1367: Ubicado en la comuna de Ñuñoa, funcionó
aproximadamente entre los meses de agosto y noviembre de 1974. Aquí se mantuvo a un número
variable de detenidos, los que eran interrogados y torturados según los métodos que se hicieron
tradicionales de la DINA. Este recinto es especialmente reconocido porque se comprobó que aquí
murió Lumi Videla, producto de las torturas sufridas, cuyo cuerpo fue lanzado posteriormente al
interior de la Embajada de Italia en Santiago.
         Una testigo declaró ante el Ministro en Visita, en octubre de 1979, que en este recinto fue
desnudada y torturada por Osvaldo Romo Mena. Ella señaló que cuando se encontraba desnuda
en "la parrilla", Romo la toqueteaba y le pellizcaba las cicatrices de una cesárea, diciéndole que
"estaba muy echada a perder". También Marcia Alejandra Merino Vega expuso ante el juez del 11°
Juzgado del Crimen que ella había permanecido en este centro de reclusión.
        Negado en un comienzo, también dicho recinto debió ser reconocido por las autoridades de
la época. En agosto de 1979, el Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández informó al
Ministro Jordán que el referido inmueble era efectivamente una dependencia de la CNI y que se
trataba "de un recinto militar". También en agosto de 1979, el General Contreras Sepúlveda
informó a la Visita que la casa de calle José Domingo Cañas había sido un cuartel de la DINA,
negando su condición de lugar de reclusión. Miguel Krassnoff Martchenko también reconoció la
existencia de dicho recinto y dijo que se trataba de un cuartel de la DINA en el cual también había
estado.

        4.- Clínica de calle Santa Lucía: Este recinto, ubicado frente al Cerro Santa Lucía e
individualizado rápidamente por los afectados que allí permanecieron por el característico sonido
del "cañonazo de las 12", también fue utilizado por la DINA como centro de recuperación de las
víctimas heridas y como centro de interrogatorio. Iris Magaly Guzmán Uribe, quien declaró ante el
11° Juzgado del Crimen de Santiago en agosto de 1978, expuso que había sido detenida en
noviembre de 1974 por 8 efectivos de la DINA. Conducida a Villa Grimaldi, fue sometida a
violentas y continuas sesiones de tortura. Producto de ello sufrió una fuerte hemorragia que la hizo
perder el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se encontró acostada, desnuda y atada,
en una cama de este recinto. Había allí más personas heridas, entre ellas, la actualmente detenida
desaparecida Ida Vera Almarza. Hasta esta clínica concurrió Osvaldo Romo Mena para interrogar
a la testigo, incluso la llevaron a los pisos inferiores del inmueble, en donde, no obstante su estado
de salud, se le aplicó corriente eléctrica. Además, señaló la declarante, tanto el personal médico
como paramédico, la presionaban continuamente para que hablara.
        El 9 de junio de 1980, el Fiscal Militar Gonzalo Salazar Swett, cumpliendo una diligencia
ordenada en el proceso que investigaba la desaparición de Ida Vera Almarza, se constituyó en el
recinto de Santa Lucía. Dijo haber constatado que dicho inmueble correspondía a un domicilio sin
moradores, cuya única puerta de acceso estaba permanentemente cerrada. La propiedad estaba
ubicada al lado del Instituto Chileno-Británico de Cultura y en su puerta se encontraban avisos
para la enseñanza de karate. Informó haber comprobado que allí no existía clínica alguna. Por su
parte, el Coronel de Ejército Fernando Arancibia Reyes, Vice Director Nacional de la CNI, ofició el
14 de julio de 1980 diciendo que ese inmueble era de propiedad fiscal y que había sido destinado
a la DINA el 10 de marzo de 1977, que a la fecha (1980) se encontraba en poder de la CNI y que
de las averiguaciones practicadas se pudo constatar que nunca fue destinado al funcionamiento
de una clínica.
        El 25 de septiembre de 1985, ante la 2a. Fiscalía Militar, el General (R) Manuel Contreras
Sepúlveda informó que el inmueble de calle Santa Lucía había sido efectivamente una clínica
usada para la atención médica de los funcionarios de la DINA y para los detenidos que requerían
de ese servicio.

        5.- Villa Grimaldi: fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA.
Ubicado en Avenida José Arrieta a la altura del 8.200, comuna de La Reina, se le conoció como
"Cuartel Terranova". Posiblemente los primeros detenidos hayan llegado a mediados de 1974,
aunque el gran número de prisioneros comenzó a ingresar allí a principios de diciembre de ese
mismo año. Ya durante el año 1974, Villa Grimaldi era la sede de la Brigada de Inteligencia
Metropolitana (BIM) y de sus equipos operativos encargados de detener, interrogar y torturar,
contando para ello con instrumentos y lugares especialmente dispuestos para ese objetivo.
        Villa Grimaldi poseía un extenso terreno y sus edificaciones -actualmente demolidas- se
fueron ampliando para dar cabida a las distintas funciones que allí cumplían, (a fines de 1975 se le
hicieron arreglos). Los sectores más característicos de este recinto y que fueron descritos casi en
detalle en cientos de testimonios, todos coincidentes, eran: a) "La Torre", construcción que
asemejaba un molino y en cuyo interior había unas 10 "cajoneras" a las que introducían a los
detenidos por una puerta, por la que era necesario entrar de rodillas. Se solía mantener aquí a una
o dos personas en un régimen de absoluto encierro. También existía en "La Torre" una sala de
torturas. Muchos detenidos desaparecieron desde aquí. b) las "Casas-Chile", construcciones de
madera destinadas al aislamiento individual de los detenidos que parecían verdaderos closets en
donde la persona permanecía de pie o encuclillada, a oscuras, durante varios días; c) las "Casas
Corvi", pequeñas piezas de madera construidas en el interior de una pieza más grande, en las que
se ubicaban camarotes de dos pisos. Aquí permanecían los detenidos que estaban siendo
sometidos al régimen más intenso de interrogación y tortura. Además estaban las salas grandes
en que permanecían entre 30 y 50 personas, un baño, el patio y las habitaciones especialmente
dispuestas para torturar.
        Luis Alfredo Muñoz González, en declaración jurada anexada a distintos procesos llevados
a la Justicia Ordinaria, señaló que había sido detenido en diciembre de 1974 por 16 agentes de la
DINA, fuertemente armados, movilizados en 4 vehículos particulares, y entre los que iban Osvaldo
Romo Mena y Miguel Krassnoff Martchenko. Lo condujeron a Villa Grimaldi en donde permaneció
hasta febrero de 1975. Apenas ingresado, le colgaron un número al cuello, correspondiéndole el
676; cuando salió de allí, el último número asignado a un prisionero era el 1.050. Una testigo que
permaneció recluida en Villa Grimaldi, junto a su hijo de 17 años y a su hija de 16, fue desnudada y
torturada en presencia de ellos. Le aplicaron corriente en los senos, vagina y dientes, y la
amenazaron con violar a la niña. También los dos jóvenes fueron torturados en su presencia. En
Villa Grimaldi la testigo reconoció a Osvaldo Romo Mena y a Miguel Krassnoff Martchenko.
        Juana Vicencio Hidalgo declaró ante el Ministro Jordán en marzo de 1980, señalando que
fue detenida el 13 de agosto de 1976 y conducida a Villa Grimaldi. En este recinto presenció las
torturas del actualmente detenido desaparecido Julio Roberto Vega, al que vio desnudo atado a un
catre metálico y al que aplicaban corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. También la
testigo sufrió un similar castigo y permaneció encerrada en el sector de "La Torre".
        Los testimonios relativos al trato que recibían las víctimas en Villa Grimaldi y a los
numerosos detenidos desaparecidos que por dicho recinto pasaron, son incontables. En los casos
individuales contenidos en estos volúmenes se entrega mayor información al respecto.
        No obstante esa realidad, en un comienzo -y al igual como recurrentemente aconteció- la
existencia de Villa Grimaldi fue negada. En 1976, en la causa rol N°1483-76 por detención ilegal de
Mario Jaime Zamorano Donoso, seguido en la Justicia Militar, Manuel Contreras Sepúlveda
expresó que el único Campamento de Detenidos dependiente de la DINA era Cuatro Alamos y que
"la supuesta Villa Grimaldi es una invención del marxismo, estratagema usada con el fin de
desprestigiar a los Servicios de Seguridad del Gobierno". Tres años después, en agosto de 1979,
el mismo Contreras Sepúlveda -y ante el Ministro en Visita- expresó que efectivamente Villa
Grimaldi era un inmueble dependiente de la DINA, pero que sólo se trataba de un lugar de tránsito
donde se interrogaba y fichaba a los detenidos, los que o eran dejados en libertad o puestos a
disposición del Ministerio del Interior. Marcelo Moren Brito, en octubre de 1979 y ante el mismo
Tribunal, repitió iguales términos. Miguel Krassnoff Martchenko también reconoció la existencia de
dicho centro de reclusión, insistiendo que sólo era un lugar de tránsito de detenidos. A su vez, Rolf
Wenderoth Pozo, en abril de 1980, declaró ante el Ministro Jordán que Grimaldi era una propiedad
que había sido ocupada por diversas Unidades de Inteligencia de la DINA, pero cuya pertenencia
desconocía.
        Por su parte las autoridades de la época, de manera casi simultánea a las declaraciones
anteriores, y a través de distintos Oficios a la Justicia Ordinaria, intentaban ocultar los hechos. En
mayo de 1978, el Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández ofició al 3er. Juzgado del
Crimen de Santiago diciendo que "no existe un lugar de detención denominado Villa Grimaldi".
También en mayo de ese mismo año, el Fiscal Militar Gonzalo Salazar Swett señaló al Tribunal
que investigaba la desaparición de Oscar Orlando Ramos Garrido que, al constituirse en dicho
recinto, constató que allí no permanecía detenido alguno y la inexistencia de libros u otro tipo de
documentos. El Teniente General Carlos Forestier Haensgen, Ministro de Defensa Nacional
Subrogante, informó al Ministro Jordán, en octubre de 1979, que la CNI había tomado posesión de
este inmueble desocupado, sin personal a cargo y sin documentación, desconociéndose la
identidad de quiénes lo ocupaban. Respuestas de este tenor pueden contarse por cientos.
        Cuando el Ministro Servando Jordán intentó recuperar los archivos y documentos de Villa
Grimaldi, tampoco fue posible lograrlo. El Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, en
junio de 1980, ofició diciendo que en relación a los registros y fichajes de personas que habrían
sido llevadas para tales efectos a Villa Grimaldi, no existía antecedente alguno. El Teniente
General Raúl Benavides Escobar, Ministro de Defensa Nacional, había informado a la Visita
Extraordinaria, en junio de 1979, que no existía documento en el que constara qué personal había
tenido a cargo Villa Grimaldi, la que fue recibida por la CNI de parte de la DINA, desocupada y sin
personal. Por último, en septiembre de 1985, y ante la 2a. Fiscalía Militar, el mismo Manuel
Contreras Sepúlveda zanjó la cuestión al declarar que en Villa Grimaldi no se llevaba ningún libro
en el que se inscribiera la entrada o salida de detenidos y que los ficheros de arrestados los
llevaba el SENDET (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos).
        También, y como resultado de las numerosas exposiciones entregadas ante los Tribunales
Ordinarios de Justicia, fue posible individualizar a algunos de los agentes que tenían en este
recinto su base de operaciones. Todos ellos están mencionados en este relato al referirse al
funcionamiento de la BIM, cuya sede era precisamente Villa Grimaldi.
        Por último -y en relación a este recinto- es necesario consignar que el 18 de julio de 1978
se constituyó en el inmueble el Grupo de Trabajo Ad-hoc de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. Estuvieron también presentes en este acto, el General Odlanier Mena
Salinas (Director de la CNI), el Coronel Jerónimo Pantoja Henríquez (Vice-director de la CNI),
Miguel Schweitzer Walter (designado por el Gobierno junto a Sergio Diez Urzúa como coordinador
con el Grupo de Trabajo) y dos testigos que habían permanecido recluidos en dicho recinto en los
años 75 y 78 respectivamente. Fueron ellos los que reconocieron el lugar: escaleras, azulejos
azules, baldosas, patios, "La Torre", la cocina, el baño, una infinidad de detalles cuya existencia
era imposible conocer al menos que realmente se hubiese estado en el lugar. Sin embargo, lo más
importante en esa oportunidad fue el reconocimiento de dos agentes: Alexis Figueroa (quien le
llevó agua a uno de los detenidos) y Basclay Humberto Zapata Reyes, "El Troglo". Respecto a este
último, Miguel Schweitzer declaró ante el Ministro de Visita, el 7 de enero de 1980, que en el mes
de enero de 1978 había sido llamado por el Gobierno para prestar asesoría en el caso del
ex-ministro Orlando Letelier. En dicha ocasión el Ministerio del Interior le asignó un automóvil y un
chofer, al que reconoció en "El Troglo", pero cuyo nombre y apellido dijo no recordar. Por su parte,
el Ministro del Interior, Sergio Fernández, ofició al Ministro Jordán diciendo que en la relación de
personal de la CNI no aparecía ningún funcionario de nombre Alexis Figueroa.
        Volviendo a la constitución del Grupo de Trabajo Ad-hoc en Villa Grimaldi, "El Troglo" les
informó que efectivamente era funcionario de la CNI en calidad de chofer. Como resultado de
estos hechos, el Grupo de Naciones Unidas concluyó "que Villa Grimaldi fue en realidad utilizada
como lugar de detención por la CNI en 1978 y por la DINA en 1975".

        6.- Cuatro Alamos: fue el único lugar de detención e incomunicación reconocido por la
DINA y se mantuvo prácticamente durante todo el período de funcionamiento de ese organismo.
Consistía en 12 celdas pequeñas, una celda grande y oficinas, todas formando parte de un
conjunto que se encontraba al interior de Tres Alamos -Avenida Departamental al llegar a Vicuña
Mackenna- el que era administrado por Carabineros. Los detenidos que aquí llegaban
generalmente lo hacían provenientes de otros recintos de la DINA y en forma habitual no eran
sometidos a torturas, aunque muchos de ellos desaparecieron desde este lugar.
        Orlando José Manzo Durán, Teniente 1° de Gendarmería, declaró ante el Ministro Jordán y
ante distintos Juzgados del Crimen. Señaló que en abril o mayo de 1974 había sido enviado en
comisión de servicio a la DINA, organismo que lo designó Comandante del Campamento de
Cuatro Alamos, lugar donde se mantuvo hasta marzo de 1977. Dijo que cuando dejó el cargo
llegaron interventores cuyos nombres desconoce, los que revisaron toda la documentación y
levantaron un acta. Dicha documentación consistía principalmente en un libro de registro de
ingresos y egresos de detenidos que él llevaba personalmente, incluso de manera manuscrita.
Agregó que a cada detenido se le abría una ficha en la que se consignaba los datos personales de
éste y las pertenencias con las que llegaba, esta ficha era firmada por el detenido al momento de
egresar del recinto.
         En cuanto a los afectados, Manzo Durán señaló que durante el período en que estuvo a
cargo de Cuatro Alamos pasaron allí unas 500 personas, las que eran llevadas por funcionarios de
la DINA en camionetas con toldo. El régimen era de incomunicación y -de acuerdo a lo informado
por este agente- sólo había tres clases de egresos desde dicho recinto: a) por Decreto de Libertad
dictado por el Ministerio del Interior; b) por enfermedad o dolencia del detenido que no pudiera ser
tratada en el mismo Campamento; y c) lo que denominó "egresos transitorios", que se producían
cuando el afectado era sacado por efectivos de la DINA para ser "vulgarmente empleado como
cebo" en la detención de otras personas o bien para ser llevados a reconocer lugares.
         Manzo Durán dijo no recordar los nombres del personal de Cuatro Alamos, el que estaba
integrado por funcionarios de las cuatro ramas de la Defensa Nacional. Señaló que el personal
rotaba continuamente y que, dada la naturaleza de sus funciones, no se utilizaban los nombres
verdaderos.
         El 24 de septiembre de 1979, el Ministro en Visita se constituyó en Cuatro Alamos, dejando
constancia que, según las informaciones obtenidas, los libros y archivos fueron incinerados y que,
al disolverse la DINA, el local fue entregado a Gendarmería. A esa fecha se encontraba
refaccionado y con pintura nueva, con lo que no hubo posibilidad de investigar rastros o huellas
que pudieran haber quedado. En febrero de 1980, el General de Brigada Odlanier Mena Salinas,
Director de la CNI, informó a la Visita que todos esos Libros fueron destruidos dando cumplimiento
a disposiciones permanentes de este organismo que establecen la eliminación de la
documentación "que ha perdido su vigencia y utilidad".
         Además, el Ministro Servando Jordán López tomó declaraciones en distintas oportunidades
a Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Rolf
Wenderoth Pozo. Lo expuesto por esos agentes ha sido ya mencionado anteriormente. Sólo
queda por consignar algunos detalles como aquel relacionado con Marcelo Moren Brito, conocido
como "El Ronco" por numerosos afectados. Entre ellos, por Angeles Alvarez Cárdenas, quien, ante
el 8° Juzgado del Crimen de Santiago y durante el proceso que se tramitaba en relación al
desaparecimiento de su marido, Gilberto Urbina Chamorro, declaró que también ella había sido
detenida en enero de 1975 y conducida a Villa Grimaldi, en donde permaneció 9 días y en donde
fue obligada a presenciar las torturas a que era sometido su cónyuge. Dijo que al llegar a dicho
recinto, la desnudaron completamente y le revisaron hasta la boca. Luego, la hicieron vestirse y un
individuo "con voz ronca" comenzó a interrogarla. Cuando en octubre de 1979, Marcelo Moren
declaró ante la Visita, el Ministro Jordán dejó constancia por escrito "que el declarante Marcelo
Moren tiene una característica voz ronca".
         Miguel Krassnoff Martchenko, "Capitán Miguel", de origen austríaco, nacionalizado chileno,
también depuso ante la Visita Extraordinaria. Dijo que había ingresado a la DINA en 1974, en
donde se desempeñó hasta fines de 1977, y que dependía directamente de Manuel Contreras,
formando parte de una Unidad de Inteligencia por lo que le correspondía actuar en detenciones.
Agregó que estuvo destinado a Villa Grimaldi, casa de calle José Domingo Cañas y Cuartel
General. También Manuel Contreras dijo al Ministro en Visita en 1979 que Krassnoff era
Comandante de una de las Unidades de Inteligencia, razón por la que actuaba en arrestos y
detenciones. Sin embargo, el mismo Miguel Krassnoff en su comparecencia a la 2a. Fiscalía
Militar, el 24 de agosto de 1989, declaró que su desempeño en la DINA fue en un puesto de
analista de documentación política y que nunca participó en la detención de personas.
         Por su parte, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo declaró por exhorto ante el Ministro en Visita
en abril de 1980, cuando ya era Teniente Coronel y Gobernador Provincial de Osorno. Informó que
había prestado servicios a la DINA desde diciembre de 1974 y hasta noviembre de 1977, fecha en
que esta última ya se había transformado en CNI. Cumplió distintas funciones, siendo
Comandante de la Unidad de Análisis de Inteligencia e integrante del Cuartel General, tanto de la
DINA como de la CNI, asesorando al Mando en relación a la situación interna del país, en el área
privada y pública.
         Por último, constan las declaraciones del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda
máximo y único Jefe de la DINA. En todas sus exposiciones fue reiterativo en señalar que ni
Marcelo Moren, ni Miguel Krassnoff, ni Rolf Wenderoth estuvieron a cargo de los archivos del
organismo que él dirigía. Tampoco se acordó de los nombres de aquellos que pudieron haberlo
estado. Agregó, en marzo de 1980, que respecto a esos archivos y demás bienes de la DINA
había que tener presente que la disolución de ésta y la creación de la CNI constituyeron un solo
acto y que él mismo había continuado a cargo de la CNI hasta noviembre de 1977, circunstancia
en que hizo entrega del cargo al General Odlanier Mena en presencia del Ministro del Interior,
General Raúl Benavides Escobar. En febrero de 1980, el Ministro en Visita solicitó al General de
Brigada Odlanier Mena Salinas, Director de la CNI, que informara si los archivos completos de la
DINA relativos a detenciones, documentación general e individualización de vehículos y
propiedades, se hallaban efectivamente en poder del organismo que él presidía. La respuesta fue
evasiva. El General Mena Salinas señaló que la CNI era la continuadora legal de la ex-DINA "para
el sólo efecto patrimonial", agregando que "en estas circunstancias por el sólo Ministerio de la Ley
la CNI debió hacerse cargo del patrimonio de la ex-DINA existente a esa época".
        Todos los antecedentes referidos a la Visita del Ministro Jordán se encuentran contenidos
en cuatro tomos, los que a su vez fueron tenidos a la vista por la 2a. Fiscalía Militar de Santiago en
el mes de enero de 1983 y para los cuales solicitó el sobreseimiento total y definitivo.
Nombre         :       OFELIO DE LA CRUZ LAZO LAZO
Rut            :       2.793.771 de Santiago
F. Nacim       :       08-12-30, 43 años a la fecha de su detención
Domicilio      :       Ingeniero Quiroz Nº5871, Villa Manuel Rodríguez, Pudahuel, Santiago
E. Civil       :       Casado
Actividad      :       Carpintero
C.Repres.      :       Militante del Partido Socialista
F.Detenc.      :       30 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Ofelio Lazo Lazo, casado, Carpintero, militante del Partido Socialista, fue detenido el 30 de
julio de 1974 por agentes de la DINA al mando de Osvaldo "Guatón" Romo que llegaron hasta su
casa en la comuna de Pudahuel cerca de la 01:00 de la madrugada.
        Los aprehensores golpearon la reja y, sin esperar que se les abriera, la saltaron
encontrándose el afectado con ellos en el patio donde estuvieron conversando por un rato, según
informara su cónyuge Alicia Pastores.
        Al rato Ofelio Lazo entró a la casa a vestirse pues los agentes le ordenaron hacerlo ya que
lo llevarían a "prestar unas declaraciones", agregando que de él dependía que la operación
terminara luego; lo acompañaban 4 agentes que registraron todo el inmueble, mientras afuera,
metralleta en mano, esperaba otro que vestía uniforme de campaña.
        Ofelio Lazo, mientras se vestía se agachó y logró decirle a su cónyuge: "Está Luis afuera".
Se refería a Juan Antonio Barrios Barros, amigo y compañero de partido del afectado.
        Al ver que se retiraban con su marido, Alicia Pastores preguntó a los agentes dónde podría
buscarlo, a lo que uno de ellos le dijo: "En cuatro días más vaya al Ministerio de Defensa a
preguntar por él. Todo depende de lo que declare en el interrogatorio". Luego se retiraron del lugar
pudiendo escuchar Alicia Pastores que ellos decían que se dirigían a Peñaflor.
        Posteriormente, se logró establecer que esa misma noche desde su casa Ofelio Lazo fue
conducido por el grupo de agentes de la DINA hasta el domicilio de su amigo y ex compañero de
trabajo Eduardo Alarcón Jara, a quien detuvieron a las 02.30 horas de la madrugada. Esa misma
noche los agentes detuvieron en su domicilio en la localidad de Peñaflor a Gumercindo Machuca
Morales, hasta allí los aprehensores llegaron con Ramón Núñez Espinoza a quien habían detenido
el 25 de julio de 1974 y con Ofelio Lazo.
        Las informaciones aportadas por los diversos testigos de las distintas detenciones han
permitido establecer que los vehículos utilizados fueron similares, una camioneta Chevrolet y un
Fiat 600; además la descripción de los agentes, confirma que en todas actuó Osvaldo "Guatón"
Romo, como además el hecho que uno de ellos vestía traje militar de campaña, etc.
        El diario La Segunda publicó posteriormente una información aparecida en la revista
brasilera "O'DIA" respecto de una lista de militantes del MIR que habrían muerto en
enfrentamientos con fuerzas de seguridad trasandinas, entre los que figuraba el nombre de Ofelio
Lazo. Otra lista apareció en el semanario argentino "LEA". El vespertino chileno titulaba su artículo:
"Matan a miristas como ratas". El caso es conocido como el de "los 119", ya que fueron 119
chilenos que, luego de haber sido detenidos por los organismos de seguridad del régimen militar
chileno, aparecieron en las mencionadas listas. Dicha información jamás fue confirmada ni por los
gobiernos argentino y brasilero ni por las autoridades militares chilenas, estas informan que no
constaban las muertes ni que había certificación de salida del país de estas personas.
        Alicia Pastores, siguiendo las indicaciones de los aprehensores se dirigió el 3 de agosto
hasta el Ministerio de Defensa, donde le informaron no tener antecedentes de su marido. Igual
información obtuvo en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos.
        El 19 de noviembre de 1974 Alicia Pastores envió una carta al Capitán General Augusto
Pinochet, jefe de la Junta Militar, en la que le exponía la situación de su marido. En la respuesta se
le indicó "que la solicitud que ha tenido a bien formular a S.E. el Jefe Supremo de la Nación,
General D. Augusto Pinochet Ugarte, deberá dirigirla directamente al Ministerio del Interior".
        Ofelio Lazo actualmente permanece en calidad de detenido desaparecido.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         El 16 de agosto de 1974 se presentó un Recurso de Amparo en favor de Ofelio Lazo Lazo
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que ingresó con el rol Nº935-74. Junto con ser
rechazado fue remitido un Oficio al 9º Juzgado del Crimen a fin de que se instruyera un sumario
por presunta desgracia del afectado. La causa quedó rolada con el Nº12.725-6, iniciada el 20 de
agosto de 1974.
         El 2 de septiembre de 1974 la Policía de Investigaciones comunicó al Tribunal que el
afectado no fue detenido por personal de su servicio.
         El 13 de enero de 1975 el Juez declaró cerrado el sumario y sobreseyó temporalmente la
causa ya que no se logró establecer la comisión de algún delito. Sin embargo, el 3 de abril la Corte
de Apelaciones revocó el fallo por estimar que la investigación se encontraba incompleta,
reponiéndose la causa al estado de sumario.
         El Ministerio del Interior informó al Tribunal que el afectado no se encontraba detenido por
orden de su Secretaría. Firmaba el Oficio con fecha de 28 de mayo de 1975, el General de División
de Ejército Raúl Benavides Escobar.
         Similar respuesta envió la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos el 9 de septiembre
de 1975. Además Policía internacional comunicó al Tribunal que el afectado no registraba salida
del país.
         El 22 de septiembre de 1975 se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente
la causa hasta que se presenten nuevos antecedentes que permitan establecer la comisión de
delito. La resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 11 de noviembre de 1975.
         El 13 de junio de 1980 se presentó una querella Criminal por secuestro ante el Ministro en
Visita Servando Jordán. En la oportunidad se presentaron querellas criminales por el secuestro de
Juan Barrios Barros, Gumercindo Machuca Morales, Eduardo Alarcón Jara, entre otras. En ellas
se solicitaba la acumulación de todas las causas por estar establecida la relación entre los casos.
El Ministro Jordán solicitó las respectivas causas a los juzgados correspondientes, ya que se
encontraban archivadas, otras ya estaban en la Justicia Militar. Por tanto, el 25 de junio de 1980
resolvió remitir las querellas a la 2ª Fiscalía Militar, con el fin de que allí se resolviera la
acumulación por ser de su competencia la tramitación y resolución de la acumulación de las
querellas.
         El 10 de septiembre de 1981 la Justicia Militar aceptó la competencia para conocer las
causas derivadas por el Ministro Jordán, acumulándolas a la causa rol Nº553-78 proceso contra
Manuel Contreras y otros por secuestro reiterado de personas. (Antecedentes completos de la
querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara.)
         Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el
Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta
causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como
finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque durante los 10 años de
tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de
noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y
definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse
extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos
denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que
confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte
Suprema de Justicia la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
Nombre         :     GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALES
Rut            :     35.053 de Peñaflor
F.Nacim        :     13-04-46, 28 años a la fecha de la detención
Domicilio      :     Pasaje Antofagasta, casa Nº152, Población El Manzanal Nº6, Peñaflor
E. Civil :     Casado
Actividad      :     Obrero pintor
C.Repres.      :     Militante del Partido Socialista
F.Detenc.      :     30 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Gumercindo Fabián Machuca Morales, casado, militante del Partido Socialista, fue
detenido el 30 de julio de 1974 a las 03:40 horas de la madrugada, en su domicilio ubicado en la
localidad de Peñaflor, por un grupo de seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA), dirigidos por Osvaldo Romo Mena, funcionario civil de la DINA. Los aprehensores se
movilizaban en un Fiat 600 de color rojo y en una camioneta Chevrolet blanca.
        En los momentos que los agentes sacaban al afectado hacia la camioneta, Gabriela
Gárate, su cónyuge, pudo reconocer en el interior del vehículo a Ramón Osvaldo Núñez Espinoza,
detenido el 25 de julio de 1974 y a Ofelio Lazo Lazo, detenido esa misma noche antes que el
afectado, ambos desaparecidos hasta la fecha.
        Los agentes se llevaron a Gumercindo Machuca con destino desconocido; además no
presentaron orden de allanamiento ni de detención emanada de algún organismo competente.
        Durante esos días de julio de 1974, fueron detenidos varios militantes del MIR y del Partido
Socialista amigos de la víctima, entre estos se encuentran, aparte de los ya mencionados, Sergio
Tormen Méndez (detenido el 20 de julio), Juan Bautista Barrios Barros (detenido el 27 de julio) y
Eduardo Enrique Alarcón Jara quien fue detenido esa noche, aproximadamente a las 03:00 de la
madrugada. En todas las detenciones actuó el mismo grupo operativo de la DINA al mando de
Osvaldo Romo Mena, quien en algunas oportunidades actuaba vistiendo uniforme del Ejército.
        Investigaciones posteriores permiten concluir que el afectado fue llevado hasta la calle
Londres Nº38 (casa que fuera una sede del Partido Socialista y que luego del Golpe Militar fuera
usurpada por la DINA y utilizada como recinto de reclusión, interrogatorios y tortura de detenidos
políticos) dado que se logró constatar la permanecía allí de los otros detenidos junto a él.
        Todos los detenidos mencionados, al igual que Machuca Morales, permanecen en calidad
de detenidos desaparecidos.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        Su cónyuge, Gabriela Gárate Silva, presentó un Recurso de Amparo ante la Corte de
Apelaciones el 19 de agosto de 1974, el que fue ingresado con el rol Nº995-74. El 20 de agosto la
Séptima Sala solicitó informes del Ministerio del Interior y Defensa.
        Recién el 20 de septiembre de 1974, a un mes de presentado el recurso, el General de
Ejército Raúl Benavides, en su calidad de Ministro del Interior, informó que el afectado no se
encontraba detenido por orden de alguna autoridad administrativa, agregando que su Secretaría
ignora el paradero de Machuca Morales.
        El 28 de noviembre de 1974, dos meses después, el Ministerio de Defensa informó que el
afectado no registraba denuncias ante la Justicia Militar, ni tampoco contaban con antecedentes
de él.
        El 2 de diciembre de 1974 la Corte rechazó el amparo atendiendo al mérito de lo informado
por la autoridad administrativa, ordenando oficiar al Tribunal correspondiente para que instruyera
sumario.
        En el Juzgado del Crimen de Talagante se inició la causa rol Nº23.002 por presunta
desgracia de Gumercindo Machuca Morales, la que fue sobreseída temporalmente.
Posteriormente en abril de 1979 la causa fue remitida a la 2ª Fiscalía Militar de Santiago, desde
donde se perdió, habiendo sido imposible hasta el día de hoy encontrar el proceso.
         El 13 de junio de 1980 Gabriela Gárate presentó ante el Ministro en Visita Servando Jordán
López, que investigaba los casos de detenidos desaparecidos en la Región Metropolitana, una
querella por el delito de secuestro de su marido Gumercindo Machuca Morales, en contra de
Osvaldo Romo. En el escrito se solicitó la acumulación de la querella a las causas rol Nº12.674 del
9º Juzgado del Crimen por presunta desgracia de Ramón Núñez Espinoza; causa rol Nº 76.225 del
7º Juzgado del Crimen por presunta desgracia de Eduardo Alarcón Jara; Presunta desgracia de
Ofelio Lazo Lazo, causa rol Nº 12.725 del 9º Juzgado del Crimen y la causa rol Nº13.294 del 8º
Juzgado del Crimen por presunta desgracia de Sergio Tormen.
         En Oficio al Ministro en Visita el Juez del Crimen de Talagante informó que la causa
Nº23.002 por presunta desgracia del afectado había sido remitida a la Justicia Militar. Por lo mismo
el Ministro Jordán incorporó al proceso su resolución del 25 de junio de 1980 en la que se señala a
grosso modo que los procesos de los otros detenidos vinculados al afectado fueron remitidos a la
Justicia Militar, dado que en todas las causas investigadas aparece inculpado el General (R)
Manuel Contreras Sepúlveda, que por tal motivo se han remitido los procesos a la 2º Fiscalía
Militar, donde se tramita una querella contra el militar mencionado, causa Nº553-78. Por lo mismo,
al ser de competencia militar las causas, toda acumulación o solicitud relacionada a ellas debe ser
remitida a la justicia militar.
         En relación a lo anterior, el 14 de mayo de 1981, el Ministro indicó que en la presentación
de la querella se solicita la reapertura del sumario por presunta desgracia de Machuca Morales,
tramitado en el Juzgado de Talagante, causa rol Nº23.002 y que sea acumulada a las causas de
las otras personas detenidas en circunstancias y fechas similares anteriormente mencionadas, sin
perjuicio de que el proceso instruido en Talagante no es de competencia de la Visita del Ministro
Jordán. Además, agrega, la causa mencionada ha sido remitida a la Justicia Militar, según
información del Tribunal de Talagante al igual que los procesos vinculados al de Machuca Morales,
tales como los de Eduardo Alarcón Jara, Ramón Núñez Espinoza, Ofelio Lazo, Julio Guajardo y
Sergio Tormen, todas las cuales se encuentran acumuladas a la causa Nº553-78 de la 2ª Fiscalía
Militar de Santiago "contra Manuel Contreras y otros" por secuestro reiterado de personas, por lo
tanto, la querella presentada ante la Visita debe ser remitida a la Fiscalía Militar mencionada por
corresponderle su conocimiento.
         La 2a. Fiscalía Militar aceptó la competencia para conocer la causa, y el 6 de agosto de
1982 acumuló la querella y las otras causas mencionadas a la causa Nº553-78.
         El 1° de marzo de 1987 se decretó el cierre del sumario y el 17 del mismo mes se decretó
el sobreseimiento temporal de la causa. Posteriormente, al ser apelada la resolución del Fiscal
Militar, el 5 de octubre de 1983 fue reabierto el sumario. El 30 de noviembre de 1989 se resolvió
nuevamente el sobreseimiento temporal de la causa. El 16 de enero de 1989 se apeló ante la
Corte Marcial y su fallo se encuentra pendiente. (Antecedentes completos de la querella en contra
de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara.)
         Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el
Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta
causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como
finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y, porque durante los 10 años de
tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de
noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y
definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse
extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos
denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que
confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte
Suprema de Justicia la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
         El ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena finalmente fue detenido en noviembre de
1992. En el curso de una serie de diligencias decretadas en la causa por el desaparecimiento de
Alfonso Chanfreau Oyarce, por la jueza Gloria Olivares del 3er. Juzgado del Crimen de Santiago
fue ubicado en Brasil. A ese país había llegado a finales de 1975, por instrucciones de la DINA, a
raíz de que estaba siendo citado en varios procesos judiciales. La DINA le proporcionó identidad
falsa para él y su grupo familiar y lo apoyó con medios económicos y contactos para su instalación
en el mencionado país. El ex agente fue detenido en Brasil en junio de 1992 y en noviembre fue
expulsado. A diciembre de 1992 había sido encargado reo en seis causas de detenidos
desaparecidos y en una de una persona muerta en un recinto de la DINA.
Nombre         :       ALEJANDRO ARTURO PARADA GONZALEZ
Rut            :       6.612.170, Santiago
F.Nacim.       :       08-01-52, 22 años a la fecha de detención
Domicilio      :       Pasaje La Serena 7567, sector Avda. Mirador, Cerrillos, Santiago
E.Civil        :       Casado, 1 hijo nacido después de su detención
Actividad      :       Ex Estudiante Medicina Veterinaria U.de Chile
C.Repres.      :       Dirigente Regional Centro de la Juventud Socialista, ex miembro del
                       Consejo Normativo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
                       de Chile.
F.Detenc.      :       30 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Alejandro Arturo Parada González, casado, una hija, ex estudiante de Medicina de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, militante socialista, fue detenido el 30
de julio de 1974, alrededor de las 03:30 horas de la madrugada, por efectivos de la DINA que
practicaron un gran operativo en el que participaron cerca de 30 civiles armados. El afectado se
encontraba durmiendo junto a su señora, Angélica Muñoz -la que se encontraba en su octavo mes
de embarazo- cuando fueron despertados por violentos golpes en la puerta. Al abrir, su cónyuge
fue encañonada con una metralleta y de inmediato ingresaron los civiles en gran número, portando
diferentes tipos de armas de fuego, sin identificarse y preguntando por unas armas. Alejandro
Parada fue sacado a la calle, casi desnudo, en tanto que a su mujer la mantuvieron al interior de la
vivienda, mientras allanaban destruyéndolo todo, pisos, muros, vidrios, etc. Al rato, sin haber
encontrado nada de lo que buscaban, entraron al afectado que exhibía entonces una rodilla
destrozada y sangrante, continuando el interrogatorio a ambos.
         Mientras todo esto ocurría, el vecindario del Pasaje había despertado y observaba los
sucesos con estupor. Incluso, antes que los agentes ingresaran a la casa de Parada, un vecino,
Héctor Maturana, al ver el despliegue de hombres armados saltó una pandereta de su casa para ir
a avisar a Carabineros, creyendo que se trataba de un asalto, sin embargo fue detenido -en medio
de balazos- a los pocos metros. Lo mismo pensó el Capitán de Carabineros Mario Castillo, que se
encontraba alojando en la casa de su madre ubicada frente a la vivienda allanada. El Oficial logró
llegar hasta la Tenencia de Carabineros Vista Alegre, ubicada a pocas cuadras, regresando luego
con otros uniformados. Ante dicho Oficial, los civiles se identificaron como pertenecientes a la
DINA, luego de lo cual los carabineros se retiraron. Antes de retirarse, el Capitán Castillo intervino
para que dejaran libre al vecino, Héctor Maturana.
         Pasado un largo rato, se llevaron detenido a Alejandro Parada, al que subieron a un furgón
color oscuro que estaba estacionado en la esquina del Pasaje. Además, se llevaron una gran
cantidad de cosméticos que vendía la víctima, material que -según los aprehensores- debía ser
analizado.
         Uno de los civiles que participó en este operativo fue identificado por los vecinos como
Eduardo Correa Castro, empleado de una importadora automotriz llamada DIVEMA. Esta
identificación fue confirmada por el Capitán Castillo, que dijo conocerlo a él y a su hermano,
también funcionario de la misma firma.
         De lo sucedido quedó constancia en un parte estampado en la Tenencia Vista Alegre, el
que fue dictado al Suboficial de guardia por el propio Capitán Castillo, según el mismo reconoció
ante el Tribunal que investigó estos hechos.
         Con posterioridad, se logró establecer que Parada fue conducido al recinto secreto de la
DINA ubicado en calle Londres 38, donde fue visto por Mario Aguilera, quien llegó detenido a ese
mismo lugar el 12 de agosto de ese año.
         A mediados de ese mes de agosto fue trasladado, junto a otros detenidos, a Cuatro
Alamos, campamento controlado por la DINA, donde se mantenía a los prisioneros incomunicados
del exterior, pero sin ser interrogados.
        En este lugar fue ubicado en la celda N°13, en la que se instaló al detenido Juan Ramírez.
        Otro ex prisionero que lo recuerda en 4 Alamos es Cristián Van Yurick.
        El detenido Aguilera relató que los guardias los obligaban a hacer shows, en los que
Parada animaba y cantaba el tango Cambalache.
        Ramírez también lo recuerda contando chistes en una "fiesta" que organizaron los presos
para el 18 de septiembre de ese año en Cuatro Alamos. Cuenta también que Parada
acostumbraba a dictar charlas, una de las actividades que realizaban los presos para ocupar el
tiempo.
        Según la ex militante socialista detenida por la DINA y posteriormente colaboradora con
ese servicio, Luz Arce, un Alejandro, a quien llamaban Jano, había caído por una lista de una
ayudista del Partido Socialista llamada María Teresa, la cual había sido detenida en julio de 1974.
Probablemente se trata del afectado dada su militancia socialista y que era conocido como "Jano"
o "Cano" entre los militantes.
        Una semana después que fuera detenido, la cónyuge recibió una carta suya la que fue
lanzada por debajo de la puerta de la casa. Estaba escrita en un papel de memorándum con
membrete del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta que no sabe dónde está, que era un
lugar oscuro. Agrega que cuando esté más clara su situación le va a pedir que le envíe algunas
cosas como ropa. Le indica que debe ahorrar para una "fianza" en la Clínica por si ella tiene un
adelanto, refiriéndose seguramente a su embarazo. En una nota, entre paréntesis, expresa que le
parece que es sábado ese día. El mensaje se extendió en tres hojas, dos de las cuales tienen
fecha noviembre de 1974 y dice que esta carta la escribe gracias a la gentileza de quien "lo cuida"
y no cree conveniente aprovecharse. Espera tener luego noticias de ella y señala que apenas
pueda le contará más cosas de las muchas que tiene que relatar, que esos días le han parecido
años. Firma la carta como lo llamaban amigos y familiares "Cano". Cabe señalar que expresa que
en ese lugar donde se encuentra lo tratan bien.
        Pese a las esperanzas manifestadas por la víctima en esta carta, nunca más se volvieron a
tener noticias suyas y su rastro se perdió precisamente en la fecha consignada en la misiva,
noviembre de 1974.
        Su padre se entrevistó con el Subsecretario de Interior de la época, Comandante Arturo
Aranda, el que a su vez se comunicó con el Capitán Mario Castillo, quien le corroboró que uno de
los participantes en la detención del afectado había sido Eduardo Correa Castro. Autorizado por el
Comandante, el padre visitó a Correa solicitándole que llamara al Oficial y le explicara las causas
del arresto de su hijo. Correa se violentó por esta petición y señaló que sólo se limitaría a dar
cuenta a su superior para que éste se comunicara con el Subsecretario del Interior. Después de
unos días, el señor Parada se comunicó de nuevo con el Comandante y éste le respondió esta vez
que no podía ayudarlo.
        En su entrevista con Correa, al ver que se negaba a colaborar, Parada se quebró y lloró
frente al agente, ante lo cual éste lo calmó indicándole que su hijo estaba bien y que él lo había
visto.
        El padre logró también que un amigo médico de la FACH, que a su vez era amigo del
General Manuel Contreras, Director de la DINA, hiciera gestiones para saber de su hijo. Sin
embargo, Contreras se negó a dar información al médico y le advirtió que no siguiera haciendo
averiguaciones sobre el afectado.
        También se entrevistó con el General Humberto Gordon, quien fuera después Director de
la CNI, sucesora de la DINA, el que se limitó a escucharlo, para finalmente decirle que mejor
creyera que su hijo estaba muerto en la guerra y no sufriera más tratando de encontrarlo, que se
quedara tranquilo, pues aún le quedaban cinco hijos.
        Por último, el señor Parada supo que unos dirigentes del sindicato de INSA habían estado
detenidos en la Academia de Guerra de la FACH, quienes en esas circunstancias habrían
conocido a su hijo, cuando eran sacados de los calabozos a tomar sol al patio.
        Pese a todo, las autoridades negaron sistemáticamente la detención de Alejandro Parada
González, el que se encuentra desaparecido desde el 30 de julio de 1974, cuando fuera sacado de
su casa por civiles pertenecientes a la DINA.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         El 8 de agosto de 1974 se interpuso un recurso de amparo en su favor ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, rol 890-74.
         Se solicitó información al Prefecto de Investigaciones de Santiago, quien respondió
negativamente respecto de la detención de la víctima.
         La Corte resolvió entonces oficiar a los Ministerios del Interior y de Defensa. La Secretaría
de Interior contestó después de un mes, el 20 de septiembre de 1974, que Parada no se
encontraba detenido por orden de alguna autoridad administrativa y que se desconocían
antecedentes de su paradero.
         El titular de Defensa recién el 21 de noviembre de ese año, después de habérsele reiterado
en cinco oportunidades la consulta, contestó que no registraba antecedentes de Parada.
         El 27 de noviembre de 1974, la Corte rechazó el amparo, por no encontrarse acreditada su
detención.
         Esta resolución fue apelada, pero el 2 de diciembre de ese año la Corte Suprema confirmó
el fallo que declaraba sin lugar el recurso.
         El 8 de septiembre de 1978, su cónyuge interpuso una querella ante el 7° Juzgado del
Crimen de Santiago, rol 81.619-6, por secuestro calificado, incomunicación prolongada, detención
arbitraria en lugar no contemplado por las leyes en la persona de Alejandro Parada y por violación
de domicilio y robo con violencia, en contra de Luis Eduardo Correa Castro y quienes resultaren
responsables.
         El Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández, informó que todas las
detenciones practicadas en esos años fueron debidamente registradas en Kardex especiales de
ese Ministerio, sin embargo, en ellos no había constancia de haberse dictado alguna orden en
contra de la víctima.
         Por otro lado, Investigaciones informó no haber podido revisar los Libros de la Tenencia ya
que se habían remitido a la Sección Estadística de la Prefectura Rural.
         Se resolvió practicar un peritaje a la carta enviada por Parada a su cónyuge, que dio como
resultado que el manuscrito pertenecía efectivamente al afectado.
         Eduardo Correa, negó ante el Tribunal su participación en la detención de Parada.
         Investigando el origen de los papeles con membrete del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en los cuales el afectado escribió la carta a su cónyuge mientras permanecía recluido,
se le tomaron declaraciones a varios funcionarios de la sección Impresos de esa repartición no
logrando establecerse cómo pudieron llegar estas hojas a manos de la víctima.
         El 15 de mayo de 1979, la investigación continuó con el Ministro en Visita, Servando
Jordán, nominado por la Corte de Apelaciones de Santiago para conocer las causas por
desaparición de personas detenidas por los servicios de seguridad.
         Ante el Ministro declaró el padre de la víctima, el que dio cuenta de todas las diligencias
realizadas para encontrar a su hijo y las diferentes respuestas que recibió, particularmente su
conversación con el Comandante Aranda y con Eduardo Correa.
         Este último volvió a prestar declaraciones ante el Tribunal, negando nuevamente toda
participación en los hechos, y negando además haber sostenido conversación con el padre del
afectado.
         También declaró ante el Ministro Jordán el Capitán de Carabineros, Mario Castillo, quien
corroboró lo ocurrido la noche que detuvieron a Parada y su participación en el sentido de requerir
la identificación de los aprehensores, reconociendo haber dictado el Parte de la Tenencia de Vista
Alegre, donde quedó constancia de lo sucedido.
         Otro testigo importante que declaró ante el Ministro Jordán fue el vecino que fuera detenido
en medio de los disparos esa noche, Héctor Barbarito Maturana Rivera, quien relató los sucesos,
incluyendo su propia detención, la que se dejó sin efecto gracias a la intervención del Oficial
Castillo, con quien concurrió a la Comisaría a dejar constancia de los hechos. En igual sentido
declaró la cónyuge de Maturana, Joaquina Eliana Trujillo Rojas, que acompañó a la cónyuge de la
víctima -por orden de los agentes- una vez que se llevaron detenido a su marido.
        El hermano de Eduardo Correa Castro, de nombre Patricio, también compareció ante el
Tribunal y reconoció conocer al Capitán Castillo, pero negó haber participado en los hechos
denunciados.
        Pese a estas declaraciones, al practicarse un careo entre los hermanos Correa y el Oficial
de Carabineros, este último se retractó de sus dichos anteriores y expresó que tal vez se había
equivocado, que estaba muy oscuro y no podía reconocer -en ninguno de los dos hermanos- a la
persona que él vio esa noche.
        Cuando carearon al Oficial con la cónyuge del afectado, también volvió a retractarse
diciendo que no le constaba que Parada hubiese sido detenido y que no había expresado que le
costaría el cargo si la ayudaba.
        Por otro lado, los Carabineros que pertenecían a la Tenencia de Vista Alegre en la fecha
en que ocurrió la detención, declararon que no recordaban el operativo de ese día.
        La Prefectura Rural, que guardaba los Libros correspondientes a esa Tenencia, informó al
Tribunal que, revisados estos, no figuraba el Parte que dejaba constancia de ese operativo.
        El 2 de noviembre de 1979, el Ministro Jordán, considerando que existían antecedentes
suficientes de que Parada González había sido detenido por personal perteneciente a la ex DINA,
la que constituía un Organismo Militar, se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la
Justicia Militar. Esta resolución fue apelada, pero igualmente se resolvió la competencia de la
Justicia Militar para continuar la investigación. Lo mismo confirmó la Corte Suprema resolviendo un
recurso de queja en contra de quienes emitieron el fallo.
        El 12 de diciembre de 1979, el 2° Juzgado Militar ordenó a la 1a. Fiscalía Militar, con el rol
915-79, continuar la tramitación de la querella.
        Ningún nuevo antecedente se agregó en la investigación realizada por el Fiscal Militar.
        Finalmente, y luego de recibir respuestas negativas de las Direcciones de Inteligencia del
Ejército, Fach, Carabineros y de la Central Nacional de Informaciones, CNI, sucesora de la DINA,
el 30 de abril de 1982 el Fiscal Militar resolvió cerrar el sumario.
        Con igual fecha dictaminó solicitando el sobreseimiento temporal de la causa, por no
haberse acreditado que en la presunta detención arbitraria de Parada hubiese tenido participación
algún funcionario de la DINA o de otro servicio de seguridad de las Fuerzas Armadas. Para este
dictamen se consideraran exclusivamente las respuestas de las autoridades que negaron su
detención. El 24 de mayo de 1982 el Juez Militar acogió el Dictamen Fiscal y dictó sobreseimiento
temporal de la causa por no encontrarse acreditado el delito.
        Esta resolución fue apelada y el 27 de enero de 1983 la Corte Marcial revocó el fallo y
ordenó se practicaran nuevas diligencias. Pese a estas diligencias, las cuales se llevaron a cabo
con lentitud y vaguedad por parte de Carabineros en cuanto a informar sobre la ubicación de los
policías que fueron requeridos por el Tribunal, se volvió a cerrar el sumario el 7 de junio de 1983,
dando por reproducido el Fiscal Militar su dictamen anterior.
        El 11 de julio de 1983 el Juez Militar falló nuevamente el sobreseimiento temporal por no
encontrarse acreditado el delito.
        Esta resolución fue apelada y, cuatro años después, el 15 de diciembre de 1987, la Corte
Marcial resolvió dictar sobreseimiento definitivo, por aplicación del Decreto Ley de Amnistía 2191,
dictado por la Junta de Gobierno el año 1978. Este fallo fue dictado con el voto en contra de los
Ministros civiles que componían la Sala.
        Se recurrió entonces de Queja ante la Corte Suprema en contra de los Ministros que
dictaron este fallo.
        El 9 de noviembre de 1988, el Máximo Tribunal declaró sin lugar el recurso de queja,
impidiendo de esta manera la posibilidad de investigar la verdad de los hechos que dieron como
resultado la desaparición de Alejandro Parada González y la identidad de los culpables de la
misma.
Nombre         :      ALFONSO RENE CHANFREAU OYARCE
Rut            :      5.770.991 Santiago
F.Nacim.       :      22-12-50, 23 años al momento de su detención
Domicilio      :      Escanilla N°661, Depto.13-D, Independencia, Santiago.
E.Civil        :      Casado, una hija
Actividad      :      Estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile
C.Repres.      :      Dirigente estudiantil de la U. de Chile. Dirigente del Movimiento de Izquierda
                      Revolucionaria, MIR.
F.Detenc.      :      30 de julio de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Alfonso René Chanfreau Oyarce, casado, una hija, estudiante y dirigente del Movimiento
de Izquierda Revolucionario (MIR), fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional - DINA- el día 30 de julio de 1974, aproximadamente a las 23:30 horas, en su domicilio
situado en la calle Escanilla N°661, en la actual comuna de Independencia.
         Ese día Alfonso Chanfreau se encontraba en su hogar junto a su esposa, Erika Cecilia
Hennings Cepeda, y a la pequeña hija de ambos, de nombre Natalia. De súbito, una gran cantidad
de agentes armados y vestidos de civil, luego de saltar la reja del edificio, comenzaron a golpear
las puertas y ventanas del domicilio de los Chanfreau Hennings. Acto seguido, el jefe del operativo,
que se hacía llamar "Capitán Manuel" y también "Capitán Mark" -pero que la investigación judicial
del caso ha establecido que se trata del Oficial de Carabineros de nombre Gerardo Ernesto Godoy
García- preguntó por "Alfonso René Chanfreau Oyarce" y de inmediato ingresaron alrededor de
diez agentes al departamento, allanándolo minuciosamente.
         Entre estos últimos, Erika Hennings pudo reconocer a Osvaldo Romo Mena, al cual ella le
preguntó los motivos del operativo, respondiéndole Romo que su marido era un "carajo". Mientras
registraban la vivienda, se hizo salir a Chanfreau por un momento fuera de ella; el Oficial Gerardo
Godoy afirmó luego: "efectivamente era el Emilio" (nombre político que usaba Chanfreau al interior
del MIR). Aparentemente, el propósito de la salida del detenido a la calle obedeció a que otro
detenido, presente en el lugar, lo identificara.
         A continuación, los agentes indicaron que llevaban detenido con ellos a Alfonso Chanfreau;
éste, sin embargo, les pidió que llevaran a su mujer e hija a la casa de los padres de Erika
Hennings, a lo cual los efectivos accedieron, trasladándolas en una camioneta Chevrolet C-10 sin
patente.
         Una vez en el domicilio de sus padres, Erika Hennings comunicó a su cuñada Denisse
Chanfreau la detención de su marido.
         Alrededor de las 8 horas del día siguiente, Denisse Chanfreau llegó a la casa de la familia
de Erika Hennings, informándole a ésta última que se había comunicado con la Embajada de
Francia (Chanfreau ostenta nacionalidad francesa), donde le habían ofrecido ayuda para su
familia.
         Sin embargo, cerca de las 09:00 horas de la mañana, se presentaron en el domicilio de la
familia Hennings un grupo de agentes de la DINA, quienes expresaron que requerían a Erika
Hennings para que fuera a su departamento a reconocer algunas cosas. Los agentes la hicieron
subir a una camioneta de color blanco, similar al modelo en que la habían trasladado la noche
anterior, y la situaron al centro del asiento. Una vez que la camioneta se puso en marcha, le
informaron que la llevaban donde estaba Chanfreau, puesto que él no quería cooperar con el
interrogatorio. El vehículo enfiló hacia la avenida Independencia y, al llegar a Mapocho, le
ordenaron que se agachara y se pusiera cinta adhesiva scotch en los ojos; a continuación le
colocaron unos anteojos. El vehículo dobló por el costado de un parque, enseguida dio unas
vueltas y, finalmente, llegaron a un lugar donde la hicieron descender.
         Una vez adentro del recinto, se enteró por medio de los mismos detenidos en ese lugar
que se trataba del local de Londres 38, (inmueble confiscado al Partido Socialista y transformado
por sus expropiadores en recinto secreto de detención y tortura). Al ingresar, unas mujeres le
tomaron sus datos de identificación personal (nombre, cédula de identidad, estado civil, etc.).
Luego, sin retirarle la cinta adhesiva de los ojos, le pusieron una venda. A pesar de ello, al levantar
la cabeza, pudo ver a una gran cantidad de detenidos sentados en sillas que estaban dispuestas
en hileras. Algunos de ellos tenían frazadas sobre sus hombros.
         Erika Hennings fue sentada junto a otras mujeres detenidas. Una de ellas le habló y se
identificó como María Inés Alvarado Borgel (actualmente detenida desaparecida). Luego el agente
Osvaldo Romo la llevó ante su esposo en los momentos en que éste estaba siendo torturado. Al
percibir Chanfreau la presencia de Erika dio gritos de desesperación; en los momentos en que ella
era sacada de esa estancia, le hizo saber a su marido en voz alta que se encontraba bien, lo que
irritó a Romo hasta el punto de propinarle una golpiza. Después Erika Hennings fue conducida a
otra sala, donde fue brutalmente torturada. Más tarde, la condujeron a una sala donde también
llevaron a Chanfreau, encontrándose ambos con la vista vendada. Pese a ello, Erika Hennings
pudo percibir que su marido estaba esposado y amarrado, pues en un momento éste la abrazó y le
pidió perdón por el hecho de encontrarse ella allí.
         Ambos cónyuges pudieron conversar en breves intervalos y después los llevaron juntos a
otra estancia, donde hablaron un rato, hasta que alguien descubrió que estaban juntos y
prorrumpió en insultos.
         Erika Hennings permaneció catorce días en ese lugar; durante todos los días en que
ambos estuvieron en ese recinto, Chanfreau era diariamente torturado; los agentes de la DINA
presumían que era poseedor de una abundante información acerca del MIR, de la que, según su
esposa, carecía. Como el detenido no decía nada, llevaban a Erika Hennings a torturarla en su
presencia. Después de cada una de esas sesiones, los dejaban juntos en el primer piso o en el
subterráneo con el objeto de que ella convenciera a su marido de que hablara.
         Encontrándose Chanfreau en Londres 38 se acercó a él Marcia Alejandra Merino Vega
-con quien había tenido antes una relación sentimental- pidiéndole perdón por haberse visto
obligada a entregarlo, debido a que no había podido soportar la tortura y, a cambio de su vida,
debió colaborar con la DINA. En la misma situación se encontraba Luz Arce Sandoval, a quien en
una oportunidad sacaron de ese recinto junto a la doctora Patricia Barceló Amado, llevándolas a
un lugar donde Chanfreau fue torturado, obligando a ésta última a presenciar la tortura.
         En su declaración ante el Tribunal, de fecha 7 de enero de 1990, Luz Arce informó haber
sido llevada en varias oportunidades desde Londres 38 hasta la Villa Grimaldi, expresando
textualmente: "en cierta ocasión, cuando me llevaban desde Villa Grimaldi a Londres 38, me suben
a la camioneta y veo a una persona con las manos y las piernas abiertas tirado al fondo, casi
muerto, al menos ese era su aspecto; era Alfonso Chanfreau, que había sido torturado y le habían
pasado la camioneta; además, otro tipo de la DINA dice: "¿a quién llevan ahí?" y le contestan: "a
Alfonso Chanfreau, le pasaron la camioneta".
         Por su parte, el 5 de marzo de 1991, compareció ante el Tribunal Enrique Julio Arce
Sandoval, hermano de Luz Arce, informando que durante su cautiverio en manos de la DINA en el
local de Londres 38, en el mes de agosto de 1974, tuvo conocimiento de la presencia de Alfonso
Chanfreau y su esposa en ese local y expresó lo siguiente: "a mí me consta que Alfonso estuvo
detenido, puesto que escuché varias veces cuando lo nombraban para llevarlo a algún lugar o
para torturarlo; estábamos todos sentados en la sala de las sillas y una vez nombrado pasaba ante
nosotros, se sentía que subía las escalas y luego los gritos; en el silencio y la atmósfera siniestra
en que nos sentábamos, se podía palpar muchas cosas que no se podían ver".
         El 27 de mayo de 1991 declaró ante el Tribunal Pedro Alejandro Matta Lemoine, detenido
por agentes de la DINA el 17 de mayo de 1975. En una de las partes de su declaración se refirió al
diálogo que sostuvo con el detenido, Humberto Menanteaux Aceituno, encontrándose ambos en
Cuatro Alamos. En aquella oportunidad, Matta le preguntó a Menanteaux la razón de éste para
haber afirmado en una conferencia de prensa televisada -en la que había sido obligado a
participar- que Alfonso Chanfreau estaba exiliado, respondiéndole literalmente Menanteaux: "flaco,
olvídate de Poncho (Alfonso), sé que a Poncho se lo llevaron a Colonia Dignidad... yo pienso que
hoy día Poncho está muerto y si no lo está, es como si lo estuviera. No creo que vayas a ver a tu
amigo nunca más".
        Cabe recordar que Humberto Menanteaux, miembro del Comité Central del MIR, fue
detenido a fines de 1974, por la DINA y, encontrándose en esa situación, fue obligado a participar
junto a otros tres dirigentes de esa organización en una declaración televisada y una conferencia
de prensa, en donde llamaron a sus compañeros a deponer la lucha armada. Luego de haber
continuado detenidos algunos meses en la Villa Grimaldi, separados del resto de los detenidos,
fueron puestos en libertad en septiembre de 1975. Sin embargo, Menanteaux, al igual que José
Carrasco Vásquez, otro de los participantes de la declaración pública, fue nuevamente detenido el
19 de noviembre de 1975. Luego en diciembre de 1975 ambos fueron encontrados muertos en las
cercanías de Buin, con signos de haber sido brutalmente torturados antes de dárseles muerte.
        Erika Hennings vio por última vez a su marido el martes 13 de agosto de 1974, en el local
de Londres 38. En esa oportunidad, hicieron despedirse a los esposos, debido a que Alfonso
Chanfreau supuestamente sería trasladado a otro recinto. Desde esa oportunidad, se perdió todo
rastro de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jorge Olivares Graindorge, Luis Julio Guajardo Zamorano,
Iván Ibarra Toledo, Marcos Quiñones Lembrach, Zacarías Machuca Muñoz e Iván Moreno
Fuenzalida.
        Erika Hennings fue trasladada a Cuatro Alamos (recinto administrado por la DINA) el 16 de
agosto de 1974 junto a otros detenidos, entre los que se contaba Muriel Dockendorf Navarrete,
actualmente detenida desaparecida. El 17 de agosto de ese año se dispuso su traslado a Tres
Alamos, donde permaneció hasta el 7 de noviembre de 1974, fecha en que fue expulsada a
Francia.
        Es preciso dejar consignado que Luz Arce Sandoval, al declarar ante el Tribunal, entregó
antecedentes pormenorizados respecto a la estructura con que funcionaba la DINA. Ellos sirvieron
de base para ordenar diligencias relacionadas con inculpados y se reproducen a continuación: "En
esa época en Londres 38 existían tres grupos operativos dependientes de la Unidad Caupolicán
que a su vez dependía de la Brigada de Inteligencia Metropolitana BIM, como jefe en ese
momento vi a Moren Brito, Mayor de Ejército de la época, a él lo reemplazaba a veces Pedro
Espinoza Bravo, y queda como Comandante de la BIM en noviembre del 74, estas destinaciones
eran por decretos del Ejército, a su vez Caupolicán era comandado por Moren y estaba
sub-dividido en tres agrupaciones llamadas Aguila, Halcón y Tucán.
        El grupo Aguila, era comandado por el Teniente de Ejército Miguel Krassnoff, de él
dependía Osvaldo Romo, Basclay Zapata, alias el "Troglo" -del Ejército- y el Negro Paz, alias el
"Pulgar"; estos son nombres reales de las personas y actualmente trabajan para el Ejército. El
Grupo Halcón, era comandado por el Teniente de Carabineros Ricardo Lawrence; Tucán, era
comandado por el Subteniente de Carabineros Gerardo Godoy, alias el Capitán Marcos o Capitán
Manuel y otros apodos.
        Purén era otra organización dentro de los mismos, dependiente de la BIM, comandado por
Eduardo Iturriaga Neuman; la persona que me detiene por segunda vez, era del grupo Purén,
todas las personas que estaban de guardia en la época en el Hospital Militar eran de Purén. A mí
me interrogó varias veces el Mayor de Ejército, Gerardo Uldrich.
        El grupo o Unidad Caupolicán, se dedicaba a las personas de izquierda, y la Unidad Purén
a la D.C. Gremios y empresas, ellos investigaban en esos grupos.
        No obstante tener toda su gente "ocupada", Caupolicán pedía la gente prestada a Purén.
        Posteriormente Caupolicán se dedicaba sólo a la gente del MIR, pasando la izquierda al
Purén.
        Siempre como Director de DINA, estuvo el Coronel Manuel Contreras Sepúlveda y como
su ayudante el Capitán de Ejército y Arma de Caballería, Alejandro Burgos y, como segundo
ayudante, el Teniente "Cacho Acevedo".
        A pesar de las múltiples acciones judiciales y administrativas y de reiteradas denuncias a
organismos nacionales e internacionales, Alfonso René Chanfreau Oyarce permanece en calidad
de desaparecido desde que fuera detenido por la DINA en julio de 1974.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El día 7 de agosto de 1974, se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el
recurso de amparo rol 886-74 en favor de Alfonso René Chanfreau Oyarce y de Erika Hennings
Cepeda. El recurso demoró en ser fallado más de cuatro meses.
        La dilación se originó en el hecho que, cada vez que era consultado, el Ministerio del
Interior respondía solamente que Alfonso Chanfreau no había sido detenido y no entregaba
información respecto de Erika Hennings.
        Con fecha 9 de diciembre de 1974, por medio de Oficio confidencial N°997, esa Secretaría
de Estado informó a la Corte que Erika Hennings Cepeda fue expulsada del país conforme "lo
ordena el Decreto Exento N°1758 de fecha 29 de octubre de 1974".
        El recurso de amparo fue rechazado con fecha 17 de diciembre de 1974, aduciendo la
Corte que "de los informes recibidos se desprende que Alfonso Chanfreau Oyarce no se encuentra
detenido y que el informe del Ministerio del Interior indica que Erika Hennings Cepeda fue
expulsada del país".
        La Corte ordenó que se remitieran los antecedentes al Juez del Crimen correspondiente, a
fin que instruyera sumario por la posible comisión de un delito en contra de Alfonso Chanfreau.
        De este modo, con fecha 19 de noviembre de 1974, se inició ante el Tercer Juzgado del
Crimen de Santiago la causa rol N°117.286.
        El día 23 de diciembre de ese año, Investigaciones dio cuenta de una orden de investigar
del Tribunal, indicando que diversas diligencias no han dado los resultados esperados para ubicar
a Chanfreau Oyarce, por lo que "se presume que esta persona esté oculta, tratando de evadirse
disimuladamente, para eludir problemas que se derivan de su actuación en el régimen anterior de
gobierno".
        Posteriormente, el 12 de agosto de 1975, su suegra doña Fresia Cepeda Gálvez se adhirió
a la denuncia por presunta desgracia de su yerno Alfonso Chanfreau, acompañando una fotocopia
de la información aparecida en el diario "El Mercurio" correspondiente al 23 de julio de 1975, que
se hacía eco de artículos aparecidos en la revista argentina "LEA" y en el periódico brasileño
"O'DIA". En ellos figuró una lista de 119 ciudadanos chilenos -entre ellos Alfonso Chanfreau- que
habrían muerto en el extranjero a manos de sus propios compañeros de lucha o en
enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Argentinas. Las investigaciones judiciales originadas a
raíz de esa nómina, permitieron concluir que se trataba de publicaciones que imprimieron un sólo
número, sin editor responsable y cuyas direcciones resultaron falsas. Por su parte, el Ministerio de
Relaciones Exteriores Chileno restó importancia a esa información y puso en duda su veracidad.
Los 119 nombres corresponden a personas detenidas por los servicios de seguridad -y en
particular por la DINA- y que se encontraban desaparecidas.
        Con fecha 30 de abril de 1976, el Tribunal ordenó el cierre del sumario y dictó
sobreseimiento temporal por no encontrarse acreditado el delito denunciado. El Fiscal de la Corte
de Apelaciones, sin embargo, propuso aprobar la resolución, pero hizo presente que "nada ni
nadie podrá convencer a los familiares de Alfonso Chanfreau Oyarce que no fue detenido, ni que
no estuvo detenido en Londres 38".
        El 30 de diciembre de 1976, la Corte de Apelaciones ordenó que se repusiera la causa al
estado de sumario, disponiendo que se oficiara a la Embajada de Francia para que informara si
tenía o no antecedentes relativos a la detención de Alfonso Chanfreau y de su actual paradero.
        Una vez cumplida esa diligencia, el Tribunal declaró cerrado nuevamente el sumario con
fecha 9 de septiembre de 1977, sobreseyendo temporalmente la causa. Esa resolución fue
aprobada por la Corte de Apelaciones el 19 de octubre de 1977.
        Más tarde, y con fecha 25 de noviembre de 1977, Yolanda Oyarce Carmona, tía del
afectado, presentó ante el Tribunal una querella por secuestro de su sobrino Alfonso Chanfreau
Oyarce, dirigida contra los agentes de seguridad que lo detuvieron. Con posterioridad, y a partir del
13 de junio de 1979, la tramitación de la causa prosiguió en manos del Ministro Servando Jordán,
quien había sido designado para investigar los casos de detenidos desaparecidos del
Departamento de Santiago. El Ministro ordenó una serie de diligencias al juzgado de Parral, en
relación con la posible estadía de Chanfreau en Colonia Dignidad, las que no dieron resultados
positivos.
         El 21 de septiembre de 1979, el Ministro en Visita declaró cerrado el sumario y la Corte de
Apelaciones confirmó esa resolución el 5 de noviembre de ese mismo año. El 16 de noviembre de
1979, el Ministro Jordán dictó sobreseimiento temporal y la Corte de Apelaciones confirmó esa
resolución el 28 de abril de 1980.
         El 17 de mayo de 1990, se solicitó la reapertura del sumario de la causa rol 117.286 del
Tercer Juzgado del Crimen, fundamentándose la petición en la existencia de nuevos antecedentes
y en la necesidad de llevar a cabo una serie de diligencias no cumplidas o efectuadas de modo
incompleto. Se hizo presente, asimismo, que se encontraban de regreso definitivo en el país una
serie de testigos presenciales de la detención de Chanfreau, entre ellos Patricia Barceló Amado y
su cónyuge Erika Hennings Cepeda. El proceso fue reabierto y se decretaron todas las diligencias
solicitadas. Así, en agosto y octubre de 1990 y luego en noviembre de 1991, compareció Marcia
Alejandra Merino Vega para expresar que colaboró con la DINA por no tener otra alternativa,
presionada física y psíquicamente para ello. Con respecto a Alfonso Chanfreau, manifestó que él
se encontraba ya detenido en Londres 38 cuando ella ingresó a dicho lugar. Agregó que
desconocía la forma en que desaparecieron las personas, inclusive aquellas cuyos nombres ella
proporcionó a la DINA. El resto de las declaraciones de esta ex colaboradora de la DINA se refiere
a la forma en que ella fue detenida y a otros pormenores de su paso por ese organismo.
         El 31 de mayo de 1990, compareció la psiquiatra Patricia Barceló Amado, quien fue
detenida el 20 de julio de 1974 por un grupo de la DINA comandado por Osvaldo Romo. Una vez
que fue conducida al local de Londres 38, se le aproximó Alejandra Merino para relatarle que había
sido una antigua novia de Alfonso Chanfreau, al cual Patricia Barceló conocía mucho. A los dos
días de estar en ese recinto, escuchó el nombre de Alfonso Chanfreau cuando los guardias
pasaban lista. Luego la sacaron de ese lugar sin la vista vendada y la subieron en la cabina de una
camioneta, pudiendo percatarse que en la parte trasera del vehículo, que era cerrado, iban Alfonso
Chanfreau y Juan Ibarra Toledo, esposados de manos y pies, con la vista vendada y tendidos en
la parte de atrás. Al llegar a la esquina de Grecia con Macul, vendaron la vista de la doctora
Barceló. Llegaron a una residencia donde se la mantuvo con unos prisioneros por espacio de unas
cuatro horas; luego le sacaron la venda y vio que se encontraban en una casa enorme, a ella la
hicieron subir unas escaleras de mármol hasta un pequeño aposento con tres sillas. Dos de ellas
estaban ocupadas por Alfonso Chanfreau y Juan Ibarra Toledo. Patricia Barceló saludó a Alfonso
Chanfreau, quien le dio un apretón de manos y vertió expresiones de afecto y ánimo que fueron
correspondidas por la doctora. Posteriormente ésta fue trasladada a otra sala, donde un señor
distinguido y de mediana edad le informó educadamente que él estaba a cargo de la destrucción
del MIR mediante la DINA.
         Al día siguiente, la sacaron a un patio, la sometieron a un simulacro de fusilamiento y la
obligaron a presenciar la tortura de varios presos -pasándoles ruedas por encima del cuerpo- entre
ellos a Alfonso Chanfreau. En su carácter de médico, la obligaban a verificar las fracturas óseas
que presentaban y después tuvo que continuar presenciando horribles torturas, por lo que perdió el
conocimiento. El individuo educado que la había interrogado gentilmente en la víspera, le hizo
firmar un documento en el que declaraba que no había sido torturada. Posteriormente, regresó al
local de Londres 38 y más tarde a Cuatro Alamos, quedando presa nueve meses hasta ser
expulsada del país, sin poder regresar hasta 1987.
         En diciembre de 1990, acudió al Tribunal el escritor León Eugenio Gómez Arriagada,
entregando un recuento detallado de su arresto el 15 de julio de 1974 y de su permanencia en
recintos de la DINA. Manifestó estar seguro de la presencia de Alfonso Chanfreau en Londres 38,
expresando en una parte de sus declaraciones: "Siempre supe que Alfonso Chanfreau era el más
torturado, porque se suponía que era de los más importantes dirigentes del MIR, siempre llegaba
en calidad de muerto de las torturas y ya había bajado muchos kilos de peso, él estaba muy
delgado y de aspecto enfermo, así fue la última vez que lo vi".
         Por otra parte, en el mes de junio de 1990 la Corte de Apelaciones de Santiago designó a
la magistrado Gloria Olivares Godoy, en carácter de Ministro en Visita Extraordinaria, para
continuar la tramitación de la causa 117.286.
        Ante ella compareció el 3 de julio de 1990 otro testigo, Miguel Angel Rebolledo González,
quien permaneció en el local de Londres 38 entre los días 9 y 15 de agosto de 1974. Fue
intensamente torturado, pese a encontrarse, a la sazón, enfermo de tuberculosis. Durante la noche
del 10 de agosto de 1974 se enteró por medio de Cristián Van Yurick, también detenido en ese
lugar, que ahí se encontraban Erika Hennings y su marido Alfonso Chanfreau. El día 13 de agosto
de 1974 fue sacado hacia otro recinto de detención junto a un grupo de prisioneros, entre los que
iba Alfonso Chanfreau. Dos días después fue trasladado a Cuatro Alamos, donde el detenido Juan
Meneses Reyes, amigo de Chanfreau, le informó que este último no venía en el grupo (Juan
Meneses Reyes se encuentra desaparecido en la actualidad).
        El 28 de octubre de 1990, acudió al Tribunal el dibujante técnico de Carabineros Juan
Patricio Ayala Walker, quien efectuó una completa descripción del inmueble de Londres 38, y
acompañó un plano del lugar.
        El 29 de octubre de ese mismo año, Patricia Barceló amplió su declaración anterior,
reconociendo el inmueble de Londres 38 por el plano que se le exhibe y a Osvaldo Romo por
fotografías que se le mostraron. El 2 de noviembre, Miguel Angel Rebolledo González compareció
ante la Ministro y reconoció el plano de Londres 38, lugar al que había acudido también en
compañía de la magistrado Gloria Olivares, en la constitución personal del Tribunal en el que fuese
recinto secreto de la DINA.
        A partir del 8 de noviembre de 1990, empiezan a comparecer una serie de parientes y
relaciones de Osvaldo Romo Mena, entregando al Tribunal antecedentes sobre su persona.
        El 16 de noviembre de ese año se presentó ante la Ministro, Erika Hennings, ratificando
todo lo que había señalado antes, ampliando sus declaraciones en cuanto a las torturas que le
fueron infligidas junto a su marido y a las características de los aprehensores. Además,
reconstituyó extensa y pormenorizadamente las características del inmueble de Londres 38, al que
había acudido en la visita personal efectuada por la Ministro Olivares siendo acompañada por
varios ex-detenidos. Erika Hennings hizo presente que no ha vuelto a ver a su esposo desde el
martes 13 de agosto de 1974, tras haber compartido con él 14 días de cautiverio en manos de la
DINA.
        El 17 de julio de 1991 se dictó una orden amplia de investigar y se solicitaron antecedentes
a la Policía de Investigaciones acerca de Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza
Bravo, Marcelo Moren Brito, Rolf Arno Wenderoth Pozo, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Miguel
Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Meires, Gerardo Godoy García, Osvaldo Romo Mena,
Basclay Humberto Zapata Reyes y Víctor Manuel Avilés Mejías, todos directivos, agentes o
colaboradores de la DINA.
        El 30 de agosto de 1991 se amplió una querella por secuestro de Alfonso Chanfreau en
contra del Oficial de Carabineros, gerardo Godoy García, en base a las declaraciones formuladas
por Erika Hennings y Luz Arce Sandoval. El 1° de noviembre de 1991, el Director General de
Investigaciones envió una nota sobre la ubicación actual de los funcionarios de la DINA a la
Ministro Olivares.
        Erika Hennings, con fecha 14 de noviembre de 1991, reconoció mediante una fotocopia de
un artículo de la revista "Análisis", que contenía fotos de ex agentes de la DINA, a Gerardo Godoy
García como uno de los agentes que detuvo a su esposo; también reconoció a Basclay Zapata,
alias "El Troglo", como a uno de los torturadores de Londres 38.
        La Policía de Investigaciones, con fecha 20 de noviembre de 1991, hizo entrega a la
Ministro en Visita de una vasta orden de investigar diligenciada (más de 70 páginas) en la cual
concluye que tendrían responsabilidad directa en la detención y posterior desaparecimiento de la
víctima, las personas individualizadas como Gerardo Godoy García, Oficial de Carabineros de
Chile; Osvaldo Romo Mena, agente civil de la DINA; Marcelo Moren Brito, Coronel de Ejército;
Miguel Krasnoff Martchenko, Oficial de Ejército; Basclay Zapata Reyes, Sargento de Ejército y Rolf
Wenderoth Pozo, Oficial de Ejército. El informe agrega, en su parte final que "se puede deducir
que efectivamente se realizó la detención de Alfonso René Chanfreau Oyarce el día 30 de julio de
1974, en horas de la noche, por personal de civil perteneciente a la Dirección de Inteligencia
Nacional -DINA-. Que permaneció por espacio de catorce (14) días detenido en Londres 38, y era
sacado a Villa Grimaldi exclusivamente para ser interrogado con apremios físicos, por los
precitados agentes".
         El 31 de enero de 1992, se amplió la querella en contra de Italo Seccatore Gómez, militar
en retiro reconocido por Patricia Barceló como el Oficial que la interrogó y obligó a presenciar
torturas en un local de la DINA, y en contra de Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, en carácter
de autor o cómplice el primero y encubridora la segunda, del secuestro de Alfonso Chanfreau.
         El 9 de marzo de 1992 compareció Gerardo Godoy García, actualmente Mayor de
Carabineros, para expresar que había trabajado para la DINA desde 1974. No recordaba haber
arrestado a Alfonso Chanfreau ni haber tenido conocimiento que hubiera estado detenido en
Londres 38, pese a que él trabajó en ese lugar, "debido al compartimentaje que existía". No
obstante, recordó haber escuchado el apellido Chanfreau en el cuartel general de la DINA de la
calle Belgrado.
         A continuación y, ese mismo día, se efectuó un careo entre Gerardo Godoy y Erika
Hennings y Gerardo Godoy y Luz Arce. La primera reconoció totalmente a esta persona como la
que detuvo a su marido, preguntando por su nombre completo al irrumpir en su domicilio.
Asimismo, Erika Hennings recordó que fue visitada en Cuatro Alamos por Gerardo Godoy, quien
también sostuvo en ese lugar un diálogo con Muriel Dockendorf Navarrete (actualmente detenida
desaparecida). Durante el careo, el Oficial incriminado respondió que era posible su participación
en la detención de Chanfreau, pero habiéndolo ido a buscar por el nombre político que entonces él
usaba.
         Por su parte, Luz Arce, careada con Gerardo Godoy, expresó que éste comandaba el
grupo "Tucán" de la DINA. Debido a su labor de informante de esa organización y a las
características físicas que le dieron sobre el aprehensor de Chanfreau, concluye que se trata de
Gerardo Godoy. Este último responde que era posible que hubiese participado en la detención de
Chanfreau. Acto seguido, se practicó un careo entre Miguel Angel Rebolledo y Gerardo Godoy,
expresando el primero que la participación de Godoy consistió en detenerlo en su casa y
posteriormente sacarlo con el grupo en el que también fue trasladado Alfonso Chanfreau. Gerardo
Godoy no recordó haber detenido a Rebolledo, pero declaró que era factible que lo hubiera hecho,
según órdenes emanadas del Mayor Moren.
         El 25 de marzo de 1992 compareció Italo Seccatore Gómez, quien negó haber pertenecido
alguna vez a la DINA y haber interrogado a prisioneros. Su labor en el Ejército consistió en
efectuar cursos de análisis de sistemas, post-grados en ingeniería nuclear, labores de informática,
etc.
         El 25 de marzo de 1992 Gerardo Godoy negó conocer la estructura interna de la DINA y, al
exhibírsele la fotografía de Alfonso Chanfreau, negó conocerlo. Ese mismo día 25 de marzo de
1992 acudió a la presencia judicial Marcelo Moren Brito, para declarar que su trabajo en la DINA
consistió exclusivamente en el análisis y manejo de la documentación de inteligencia.
         El 2 de abril de 1992 compareció Ciro Torré Sáez, Teniente Coronel de Carabineros en
retiro, para declarar que efectuó diversas labores de instalación para la DINA, tales como atender
equipos eléctricos, de gasfitería, carpintería, etc. En consecuencia, visitó los locales de esa
organización, pero no estableció contacto con los detenidos.
         El 6 de abril de 1992 acudió ante la Ministro, Nibaldo Jiménez Santibáñez, destinado por
Investigaciones a la DINA en 1974; en tal carácter conoció a diversos agentes de ese organismo,
pero no aportó información útil al proceso.
         Con fecha 23 de abril de 1992 declara Ricardo Víctor Lawrence Mires, señalando que llega
a la DINA a fines de 1973, enviado en Comisión de Servicio por Carabineros. Señala haber
pertenecido al grupo "Aguila" de la DINA y que su superior -quien a su vez coordinaba el trabajo de
todos los grupos metropolitanos- era Marcelo Moren Brito. Expresa que formaban "Aguila": un
Suboficial de apellido Acevedo, que falleció; el Sargento Hermosilla, que era de la Armada y un
Coronel Espinoza, que era de Carabineros.
         El 30 de junio de 1992 declara Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel de Ejército en retiro.
Dice que llegó a la DINA los últimos 10 días de diciembre de 1974. Su labor era ser jefe de Análisis
y Plana Mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, BIM. Permaneció en la DINA hasta
octubre de 1977, fecha en que regresó al Ejército. Agrega en su declaración que con él trabajaron:
Eugenio Fieldhouse Chávez, lo describe como "mi segundo hombre" y tenía grado de Oficial.
También trabajó un carabinero de apellido Barra. Después trabajaron con él, Luz Arce, Alejandra
Merino Vega y Alicia Gómez y un Suboficial de Ejército de nombre Sergio Iván Cofré. Señala que
su labor nunca fue operativa, que él no detuvo personas y que le correspondía analizar la
información que se iba obteniendo de los detenidos mediante interrogatorios a que les sometían
las agrupaciones.
        El 4 de agosto de 1992 declara, luego de haber sido requerido durante mucho tiempo,
Basclay Zapata Reyes, alias el "Troglo". Señala que: "En DINA se le conocía como Ricardo y no
como Troglo. Que era un conductor y no operativo. El año 1973 llegó a trabajar a la Brigada
Caupolicán, a cargo de Marcelo Moren Brito". Pese a negar reiteradamente que no era agente
operativo, sino que sólo un conductor, expone: "sólo apoyé operaciones de detenciones a las
órdenes del Teniente Gerardo Godoy García,'cachete chico'; del Teniente Ricardo Lawrence
Mires, apodado 'cachete grande' y del Teniente Miguel Krassnoff Martchenko. Nunca interrogué ni
torturé a nadie. Nunca llevé a nadie a Londres 38. No conozco ni conocí a Osvaldo Romo Mena ni
a nadie que se le apodara así".
        Dos días después, el 6 de agosto, Basclay Zapata es careado con Luz Arce Sandoval y
con Erika Hennings, en el careo niega que su apodo fuera "El Troglo" y dice no conocer a Romo
Mena. Declara que Londres 38 sería un casino y que él era logístico y no operativo.
        Basclay Zapata Reyes es careado en los días siguientes con ex detenidos, y con el agente
Mario Aguilera Salazar y con Nibaldo Jiménez Santibáñez. En este interrogatorio reconoce haber
pertenecido a la Brigada Caupolicán desde mayo de 1974. En el careo, Zapata cambia su versión
sobre Romo, reconociendo lo que Jiménez declara, que es que Romo se fue a ofrecer a
Investigaciones y que el entonces Director de Investigaciones, General Baeza, lo transfirió a la
DINA.
        Otro agente que también declara el 7 de agosto, Gerardo Godoy, reconoce haber sido jefe
del grupo Tucán desde octubre de 1974 hasta fines de 1975, y que las detenciones realizadas por
él deben haber ocurrido entre julio de 1974 y fines de 1975.
        El 10 de agosto se realizan varios nuevos interrogatorios y careos, donde participa Basclay
Zapata, careado con Luz Arce, ambos se reconocen. En otro careo con Gerardo Godoy García,
reconoce haber apoyado en algunas detenciones.
        En esta fecha llega Oficio 1536 del 2° Juzgado Militar, pidiendo que la Ministro Sra. Gloria
Olivares se inhiba de continuar la investigación.
        El 11 de agosto declara el ex detenido Milton Lee Guerrero, quien dice haber visto a
Alfonso Chanfreau en "4 Alamos" el 20 de enero de 1975.
        La Jueza realiza diligencia de reconstitución de la detención el 12 de agosto, en el domicilio
del matrimonio Chanfreau-Hennings en la calle Escanilla 661; a esa diligencia asisten los agentes
Gerardo Godoy y Basclay Zapata, también se encuentra Erika Hennings.
        Se entrega al Tribunal el 13 de agosto copia de testimonio del ex detenido Patricio Bustos,
hecho en Roma el 20 de junio de 1977; en ese testimonio habla además de los detenidos
desaparecidos Guillermo Cornejo, Mariano Turiel, Ariel Salinas A., Miguel Angel Acuña, Guillermo
González de Assis y Jorge Fuentes Alarcón.
        Ese mismo día declara Luis Enrique Peebles, se refiere a su traslado a Colonia Dignidad.
        Entre el 14 de agosto y el 14 de septiembre de 1992 declaran 25 ex detenidos, quienes
dejan constancia en el Tribunal de su calidad de testigos de la detención de Alfonso Chanfreau y
de la participación de determinados agentes en los hechos investigados.
        Por otra parte, el 18 de agosto declara Orlando Manzo Durán, agente encargado del
recinto de detenidos de la DINA "Cuatro Alamos", quien reconoce haber estado en el mencionado
recinto entre octubre de 1974 y fines de febrero de 1977.
        El 16 de septiembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema vota una orden de no innovar,
la que se levanta el 22 del mismo mes.
        El 17 de septiembre se presenta a declarar Miguel Krassnoff Martchenko, sin llevarse a
efecto la diligencia.
        El 28 de ese mes Krassnoff Martchenko es interrogado y careado con Erika Hennings y
Luz Arce Sandoval, negando su participación en los hechos.
        Con fecha 16 de noviembre de 1992, después de una serie de diligencias decretadas por la
Jueza Olivares, es detenido el agente de la DINA Osvaldo Romo Mena. El referido agente había
sido ubicado en Brasil a finales de julio de ese mismo año, país donde residía con identidad falsa.
Romo fue detenido y posteriormente expulsado de ese país, y a su arribo a Chile es detenido por
Investigaciones. Dentro de varias informaciones entregadas por el agente se encuentra su
reconocimiento como agente de la DINA y la participación de ese organismo en su salida de Chile.
La DINA no sólo lo instruyó para que abandonara el país, a raíz de que estaba siendo requerido
por Tribunales que investigaban causas por detenidos desaparecidos, sino que lo proveyó de
medios para su traslado, entre otros, documentos de identidad falsa para él y su grupo familiar.
        Paralelamente a los avances que la Ministra Olivares lograba en el esclarecimiento de los
hechos, y de las responsabilidades de la DINA en la detención y desaparición de Alfonso
Chanfreau Oyarce, en noviembre de 1992 la Corte Suprema -dirimiendo una contienda de
competencia- radicó la causa en la Justicia Militar. A diciembre de 1992, la causa se tramitaba en
la 4a. Fiscalía Militar, bajo el rol Nro. 706-92, estando casi paralizada la investigación.
Nombre         :      SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS ALFARO
R.U.T.         :      5.028.580 de Santiago
F.Nacim.       :      23-05-46, 28 años al momento de su detención
Domicilio      :      Avenida Egaña Nº1528, Ñuñoa, Santiago
E.Civil        :      Casado, un hijo
Actividad      :      Sastre. Ex-estudiante de 5°año de Ingeniería de la Universidad de Chile
C.Repres.      :      Militante del Partido Socialista. Ex-interventor en Industrias de Aceros
                      Franklin. Coordinador Sindical de la Unidad Popular en la Zona Oeste de
                      Santiago
F.Detenc.      :      1° de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, casado, un hijo, ex Estudiante de Ingeniería de la
Universidad de Chile, militante socialista, fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional -DINA- el día 1° de agosto de 1974, aproximadamente a las 16:00 horas, en su domicilio
ubicado en calle Avenida Egaña Nº1528, comuna de Ñuñoa, en Santiago, en presencia de su
esposa, Mónica María Cattani Ortega, su hijo de dos años de edad, Sergio Andrés Montecinos
Cattani y la asesora del hogar, Verónica Netto Morales.
         En efecto, alrededor de las 16:00 horas golpearon violentamente la puerta del domicilio de
la familia Montecinos Cattani. De inmediato ingresaron dos agentes, que no se identificaron sino
que mostraron rápidamente una credencial en que lo único que se podía distinguir de su
contenido, era una insignia dorada que decía Ejército de Chile. Acto seguido, exigieron las cédulas
de identidad de cada uno de los ocupantes de la vivienda; al ver la de Sergio Sebastián, le
indicaron que los debía acompañar, "para una breve declaración" y que podría estar en poco rato
de regreso en su hogar "si cooperaba". Paralelo a ello, los agentes procedieron a un registro de
toda la casa, para luego llevarse detenido a Sergio Montecinos, sin exhibir orden alguna ni para la
detención ni el allanamiento, negándose a informar el lugar hacia donde era conducido el detenido.
Al ser sacado Sergio, a viva fuerza, de su hogar, su esposa vio que afuera se encontraban
apostados otros dos individuos y estaba estacionado un automóvil de color negro, al que subieron
a su esposo, sin que ella pudiera distinguir su patente.
         De inmediato, sus captores, trasladaron al detenido hasta el recinto clandestino de
reclusión y tortura de la DINA, ubicado en Londres 38, en el centro de Santiago. (Este local, había
sido propiedad del Partido Socialista, al que le había sido confiscado). En ese lugar pudo ser visto
y conversar con diversos otros detenidos, cuyos sobrevivientes testimoniaron sobre su estadía en
dicho centro de torturas. La testigo Erika Hennings, recuerda especialmente a Sergio Montecinos,
debido a que éste tuvo una actitud altamente solidaria con ella cuando a su esposo Alfonso
Chanfreau, también detenido desaparecido, lo sacaron con destino desconocido desde Londres
38, el día 13 de agosto de 1974. Erika pudo comunicarse con Sergio hasta el día 17, fecha en que
fue trasladada a otro recinto.
         Dos días después de la detención de Sergio, es decir el 3 de agosto de 1974, nuevamente
allanaron su domicilio, para lo cual los agentes recogieron en su domicilio a doña Lidia Ortega
Muñoz, madre de Mónica Cattani, en un automóvil de color gris, modelo antiguo y le ordenaron
abrir la puerta de la casa de los Montecinos Cattani. Al llegar hasta la dirección del domicilio
señalado, la señora Lidia se pudo percatar que en ese lugar se encontraba estacionada desde
antes una citroneta de color beige, con dos personas a bordo, las que se unieron a los agentes
que llevaban a la suegra de Sergio Montecinos y en conjunto registraron la vivienda. En esa
oportunidad, los agentes se llevaron algunos apuntes de estudio de Sergio, una guía caminera,
libros y una vieja escopeta de caza, la que se encontraba debidamente inscrita.
         En los momentos en que se realizaba el allanamiento, llegó hasta el domicilio don
Francisco Cattani Marchetti, suegro de Sergio, quien había sido previamente alertado por su
esposa. Ambos inquirieron información respecto al paradero y estado de su yerno, a lo que los
agentes respondieron en tono amenazante que Montecinos Alfaro tenía para muchos años, "si es
que libraba con vida". Agregándoles a continuación que "era mejor que su hija rehiciera su vida y
se olvidara de su marido".
        El nombre de Sergio Montecinos Alfaro aparece en la nómina de 119 personas fallecidas
en Salta, Argentina, en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Argentinas. Esta información fue
publicada en el año 1975 por el semanario "Lea" de Argentina y en el periódico "O'Dia" de Brasil.
El Gobierno argentino informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la revista
"Lea" no es una publicación que circula en la República Argentina y la única edición conocida es la
correspondiente a la que entregaba la noticia indicada.
        En lo que respecta al local mencionado como de redacción por "averiguaciones efectuadas
por la Policía Federal Argentina niegan la posibilidad de que en ese lugar haya existido la
redacción de la citada revista. Asimismo, la Policía Federal manifestó "que no es concebible que
un suceso de tal magnitud hubiera ocurrido en la República sin que los organismos competentes
tomaran conocimiento" y agregan que "las 119 personas mencionadas no se encuentran
registradas ni poseen antecedentes". Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo
confirmar oficialmente estos hechos e implícitamente no le otorgó credibilidad.


GESTIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         Con fecha 2 de agosto de 1974, Mónica María Cattani Ortega interpuso ante la Corte de
Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº840-74, en favor de su esposo Sergio
Sebastián Montecinos Alfaro, el que fue rechazado el 10 de enero de 1975, casi seis meses
después de ser interpuesto, al informar las autoridades pertinentes que el amparado no había sido
detenido, ni existían antecedentes sobre su situación. Sin embargo, en esa oportunidad no se
llamó a declarar a la cónyuge, quien fue testigo de la detención, para que ampliara los
antecedentes sobre la misma. Por último, la Corte resolvió remitir los antecedentes al Juzgado del
Crimen correspondiente, a fin de que investigara la posible comisión de un delito derivado del
desaparecimiento.
         Con fecha 16 de enero de 1975 se comenzó la tramitación, ante el Décimo Primer Juzgado
del Crimen de Santiago, de la causa Rol Nº1175, correspondiente a una denuncia por presunta
desgracia, proceso que, por incompetencia, posteriormente se radicó en la Segunda Fiscalía
Militar de Santiago, bajo el Rol Nº342-75, el que terminó por sobreseimiento temporal.
         Precisamente, en virtud de los nuevos antecedentes que se lograron establecer en el
proceso antes señalado, en donde se acreditaba la detención de Sergio Sebastián Montecinos
Alfaro por parte de agentes del Estado, la madre de éste último, doña Ubaldina Alfaro Castillo, con
fecha 26 de octubre de 1976, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un nuevo
Recurso de Amparo que fue rolado con el Nº969-76. Este Amparo fue rechazado el 9 de
noviembre de 1976, por "resultar improcedente tramitar un nuevo amparo por los mismos hechos".
Esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 15 de noviembre de 1976,
"teniendo únicamente presente que la persona en cuyo favor se recurre de amparo no aparece en
estos antecedentes que se encuentre privado de libertad por orden de la autoridad".
         Por último, el 18 de enero de 1977, se presentó una denuncia por privación de libertad ante
el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, causa Rol Nº14.602-2. Luego, con fecha 23 de agosto
de 1977, se presentó ante el mismo Juzgado una querella criminal por el delito de secuestro de
Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, en contra de los agentes de seguridad que resultaren
responsables, la que fue acumulada a la causa 14.602-2. El Tribunal resolvió el cierre del sumario
el 5 de abril de 1978 y su sobreseimiento temporal el 11 del mismo mes. Esta resolución fue
ratificada por la Corte de Apelaciones con fecha 7 de junio de 1978, sin que aclarara el paradero ni
la suerte corrida por la víctima.
Nombre         :      JUAN ANICETO MENESES REYES
Rut            :      5.122.572 de Santiago
F.Nacim.       :      01-07-47, 27 años a la fecha de detención
Domicilio      :      Toro Mazote N°329
E.Civil        :      Soltero
Actividad      :      Estudiante de la Universidad de Chile
C.Repres.      :      Militante de la Juventud Radical
F.Detenc.      :      3 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Juan Aniceto Meneses Reyes, soltero, estudiante de la Universidad de Chile, militante de la
Juventud Radical, fue detenido el día 3 de agosto de 1974, cerca del mediodía en la vía pública
por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional).
        Al momento del arresto se encontraba con su amigo Mario Osvaldo Maureira Vásquez,
quien, dos años más tarde, el 8 de agosto de 1976, fue también detenido y permanece en calidad
de desaparecido hasta la fecha.
        Luego de su aprehensión, Juan Meneses fue conducido al recinto secreto que el
mencionado organismo de seguridad tenía en calle Londres N°38 de la capital. Allí fue interrogado
y torturado brutalmente; el agente a cargo de su interrogatorio era el Capitán de Ejército Francisco
Maximiliano Ferrer, apodado "el Mano Negra".
        Según el testimonio de la señora Erika Hennings Cepeda, quien fue detenida el 31 de julio
de 1974 y conducida al recinto de calle Londres, vio llegar a ese lugar a Juan Meneses el mismo
día de su arresto, 3 de agosto, alrededor de las 12:30 horas. Conversó con él en varias
oportunidades y en una ocasión ambos fueron conducidos, junto con otros detenidos, a declarar a
una misma sala.
        Dos semanas después de su detención, su madre recibió una llamada telefónica anónima
comunicándole que su hijo se encontraba en el Campamento de Detenidos, incomunicado,
conocido como "Cuatro Alamos". Esta información fue confirmada tiempo después por testimonios
aportados por varios ex detenidos.
        El día 15 de agosto fue trasladado junto con otros detenidos hasta "Cuatro Alamos". Uno
de ellos, Sergio Naranjo Ramos, que venía también de calle Londres, señaló que el afectado
presentaba hematomas en su rostro y tórax, producto de los apremios a los que fue sometido.
        Otro ex detenido, Juan Carlos Caballero, declaró haber visto a Juan Meneses en el
mencionado Campamento de Detenidos aún durante el mes de septiembre de 1974.
        Cabe señalar que sus familiares dieron cuenta en el proceso que la vivienda había sido
allanada en varias oportunidades con anterioridad a la detención por personal de la FACH.
        Se ignora lo ocurrido al afectado posteriormente por lo que permanece en calidad de
detenido desaparecido.
        Sus familiares acudieron a SENDET, Ministerio de Defensa Dirección de Investigaciones,
Campamento de Detenidos "Tres Alamos", Postas, Hospitales e Instituto Médico Legal sin obtener
ninguna información acerca del detenido.



GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
       La madre del detenido envió varias cartas al Ministro del Interior, General César Raúl
Benavides, relatando la situación de su hijo y solicitándole su intervención para esclarecer los
hechos. Recibió respuesta del Jefe del Departamento Confidencial del Ministerio del Interior,
fechada el 6 de septiembre de 1976, en la cual le indican que no se registran antecedentes en el
kardex confidencial del Ministerio y no ha sido arrestado hasta esa fecha por orden de esa
Secretaría, motivo por el cual se enviaron los antecedentes a los respectivos organismos de
seguridad para efectuar las diligencias indagatorias.
         El 4 de noviembre de 1974 se presentó recurso de amparo en su favor rol 1352-74 ante la
Corte de Apelaciones de Santiago.
         Enviados los respectivos Oficios, se recibió respuesta del Auditor del Comando de
Combate para Tribunales de Aviación en Tiempo de Guerra, del Jefe de Zona en Estado de Sitio
de la Provincia de Santiago y del Ministro del Interior señalando que Juan Meneses Reyes no se
encontraba detenido ni procesado.
         Con estos antecedentes la Corte rechazó el amparo con fecha 18 de noviembre de 1974;
apelada esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 21 de noviembre, ordenando a la
Corte de Apelaciones oficiar al Juzgado del Crimen correspondiente a fin de instruir sumario e
investigar el presunto desaparecimiento de Juan Meneses.
         El 4 de diciembre de 1974 se inicia causa rol N°99.585-3 en el 5° Juzgado del Crimen.
         Compareció ante el Tribunal la hermana del afectado quien confirmó los hechos relatados
por la denunciante.
         Una vez recibida la información del Ministerio del Interior y cumplida la orden de investigar
por un funcionario de la Quinta Comisaría Judicial que no aportaron más elementos a la
investigación, con fecha 13 de enero se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente
la causa.
         El 4 de febrero de 1976 se presentó un nuevo recurso de amparo rol 118-76 ante la Corte
de Apelaciones de Santiago, al que se acompañaron declaraciones juradas de dos ex detenidos
testigos de reclusión de Juan Meneses.
         Se solicitó al Tribunal oficiara al Director de la DINA, Manuel Contreras a fin de que
informara si el afectado permaneció recluido en el recinto de calle Londres y en el pabellón de
incomunicados "Cuatro Alamos" y al Coronel de Carabineros, Conrado Pacheco, Comandante del
Campamento de Detenidos "Tres Alamos", pero la Corte no dio lugar a estas peticiones y con el
sólo mérito del informe del Ministerio del Interior que señaló que el afectado no se encontraba
detenido, declaró sin lugar el amparo el 11 de febrero de 1976. Apelada esta resolución, fue
confirmada por la Corte Suprema el 17 de febrero.
         El 27 de julio de 1976 se presentó denuncia por secuestro, rol 78.415-3 ante el 7° Juzgado
del Crimen, a la que se acompañó declaraciones juradas de dos ex detenidos que confirmaban la
detención del afectado por la DINA.
         Consultados el Ministro del Interior y el Instituto Médico Legal, señalaron no tener
antecedentes de detención ni registro de ingreso de su cadáver, respectivamente.
         La denunciante solicita se cite a declarar a Mario Osvaldo Maureira Vásquez, amigo de
Juan Meneses, que se encontraba en compañía de éste en el momento de su arresto. Agrega que
el joven Maureira se encuentra también detenido desde el 8 de agosto de 1976. Con respecto a
esta situación, el Secretario Ejecutivo de SENDET informó que había sido detenido en virtud de
decreto emanado del Ministerio del Interior el 15 de junio de 1976 y puesto en libertad al día
siguiente.
         Durante el proceso se tiene a la vista el amparo 118-76. Se agrega otra declaración jurada,
de otro ex detenido que afirma haber estado con Juan Meneses en el Campamento de detenidos
"Tres Alamos" en septiembre de 1974.
         En consideración a estos antecedentes aportados, la denunciante presenta querella por
secuestro en contra de los agentes de seguridad que lo detuvieron y lo mantienen privado de
libertad hasta la fecha y de quienes resulten responsables, querella que es declarada sin lugar por
el Tribunal.
         Continuando con la investigación, informa el Registro Civil y el Departamento de
Extranjería y Policía Internacional señalando no tener antecedentes del afectado.
         También informan la Primera, Segunda, Tercera Fiscalía Militar, el Segundo Juzgado
Militar y la Fiscalía de Aviación de la II Zona Aérea que señalan no registrar proceso en contra de
Juan Meneses.
         El 27 de abril de 1978, el Juez declara cerrado el sumario y se sobresee definitivamente la
causa por considerar "inoficioso proseguir la investigación atendido el tenor del Decreto Ley
N°2191 publicado con fecha 19 del presente sobre amnistía". La resolución fue revocada el 27 de
junio por considerar que no se encontraba agotada la investigación.
         Se realizan nuevas diligencias, entre otras se envía Oficio al Campamento de Detenidos
"Tres Alamos", al que responde la Oficina de Estadística de la Casa de Observación de Menores
dependiente del Servicio de Gendarmería que funciona en el Recinto llamado "Tres Alamos" y que,
obviamente, no tiene información al respecto.
         También informó el Comité Internacional de la Cruz Roja señalando que Juan Meneses
figuraba en la nómina de personas cuyo paradero se desconocía, entregada al Ministerio de
Relaciones Exteriores y no habían tenido respuesta sobre el caso.
         Por su parte, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, informó que su personal no
participó en la detención del afectado.
         A partir del 21 de junio de 1979, prosigue la tramitación de esta causa a cargo del Ministro
de la Corte de Apelaciones señor Servando Jordán, designado Ministro en Visita Extraordinaria
para conocer de las causas por detención y desaparecimiento de personas que habían sido
presentadas a los Tribunales.
         Compareció la madre de Mario Maureira Vásquez, mencionado durante el proceso como
testigo de la aprehensión de su amigo Juan Meneses, situación que es corroborada por la madre
quien agrega que su hijo es también desaparecido, según consta en el proceso 786 de la Primera
Fiscalía Militar.
         Se efectúan otras diligencias que no logran esclarecer los hechos y, a fines del año 1979,
el Ministro en Visita se declara incompetente y remite los antecedentes al Segundo Juzgado
Militar, que designa a la Primera Fiscalía Militar para la instrucción de la causa con el rol N°10-80,
con fecha 8 de enero de 1980.
         A pesar de que la parte perjudicada solicita diligencias tendientes a determinar los
responsables de la detención del afectado, basados en los datos proporcionados por los testigos a
través de las respectivas declaraciones juradas, todas fueron denegadas, ordenando el Tribunal
efectuar otras que no fueron significativas para la investigación o que ya se habían realizado.
         El 11 de julio de 1981, el Fiscal declaró cerrado el sumario y solicitó en su dictamen el
sobreseimiento total y temporal por considerar que no se encontraba acreditada la responsabilidad
y participación de funcionarios de la DINA u otro Servicio de Seguridad de las Fuerzas Armadas y
de Orden en la detención y posterior desaparición de Juan Meneses Reyes. El Juez Militar declaró
el sobreseimiento total y temporal con fecha 24 de julio de 1981 lo que fue aprobado por la Corte
Marcial el 30 de octubre del mismo año.
         El 16 de octubre de 1989, el Fiscal General Militar, en representación del Ministerio Público
Militar, solicita ordenar el desarchivo del expediente y dictar el sobreseimiento total y definitivo en
consideración a que el hecho investigado ocurrió el 3 de agosto de 1974 por lo que procede aplicar
el decreto ley de Amnistía de 1978.
         Esta solicitud fue aprobada por el Juez Militar y por el Auditor de Ejército con fecha 12 de
diciembre de 1989 "por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas
presuntamente inculpadas en los hechos denunciados".
         Se presentó recurso de apelación que fue declarado "extemporáneo" por el Segundo
Juzgado Militar el 12 de febrero de 1990. Posteriormente la Corte Marcial confirmó el fallo de
sobreseimiento por DL 2.191. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema,
la que al mes de diciembre de 1992 aún no resolvía el recurso.
Nombre         :       MAURICIO EDMUNDO JORQUERA ENCINA
Rut            :       6.376.132-k de Santiago.
F.Nacim.       :       05-08-55, 19 años a la fecha de detención.
Domicilio      :       Ejército 346, Santiago.
E.Civil        :       Soltero.
Actividad      :       Estudiante de Primer año de Sociología en la Universidad de Chile.
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
F.Detenc.      :       5 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Mauricio Edmundo Jorquera Encina, soltero, 19 años de edad, estudiante universitario,
militante del MIR, fue detenido el día 5 de agosto de 1974 en horas de la tarde. Aunque no se
conocen las circunstancias de la detención, existen numerosos testimonios de la permanencia de
Mauricio Jorquera en recintos secretos de la DINA.
         Aproximadamente a las 16:00 horas del día 5 de agosto, su madre lo divisó en calle Arturo
Prat con Eleuterio Ramírez pero no habló con él.
         El día 6 de agosto, su familia recibió una llamada telefónica de una persona que no quiso
identificarse, quien les informó que Mauricio había sido detenido el día anterior en la vía pública
por individuos de civil.
         Tres días antes, vale decir, el 2 de agosto, alrededor de la medianoche, el domicilio familiar
había sido allanado por un grupo de sujetos de civil que se identificaron como agentes de la DINA
(Dirección de Inteligencia Nacional). Estos dijeron que buscaban a una persona a la que
mencionaron como "chico Héctor". Al responderles que no conocían a esa persona, le preguntaron
al dueño de casa los nombres de sus cinco hijos; al nombrarles a Mauricio los agentes dijeron que
se referían a él, pero como no se encontraba en la casa no pudieron efectuar la detención en ese
momento.
         Sus padres recurrieron a diversos organismos con el objeto de indagar su paradero como
SENDET, Academia de Guerra Aérea, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de
Justicia, Cárcel y Penitenciaría, Campamento de Detenidos "Tres Alamos", sin obtener resultados
positivos.
         Además, denunciaron el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la OEA, a la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante la Comisión
Internacional de Juristas.
         En respuesta a una presentación que enviaron al Ministro del Interior, planteándole la
desaparición de su hijo y solicitándole una audiencia, recibieron una carta, fechada el 15 de
diciembre de 1976, la que señala que no hay antecedentes de arresto ni de resolución alguna que
pueda afectar al joven, razón por la cual se niega la audiencia solicitada. Y agrega la carta:
"Cúmpleme expresarle que la persona investigada aparece mencionada con el Nº30 de un total de
119 personas supuestamente abatidas en enfrentamientos guerrilleros con fuerzas regulares, en
su mayor parte en la República Argentina, o en riñas o disensiones entre ellos mismos, según la
publicación aparecida en el semanario "LEA", año I Nº 1 del 15 de julio de 1975 de Buenos Aires,
Brandsen Nº 1845". Cabe hacer presente que esta información no pudo ser confirmada por las
autoridades argentinas ni por el gobierno de Chile; todas las personas mencionadas en la nómina
habían sido detenidas por organismos de seguridad y permanecen desaparecidas hasta la fecha.
         Por otra parte, su nombre apareció también en la nómina de "presuntos desaparecidos sin
existencia legal" entregada por el delegado del gobierno chileno ante las Naciones Unidas, Sergio
Diez, en noviembre de 1975 y como parte del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos
en Chile.
         Cabe agregar que la familia del joven desaparecido recibió, en febrero de 1977, la "visita"
de dos individuos de civil que dijeron ser funcionarios del Ministerio del Interior "de una oficina que
recién se había formado por lo que no tenían aún las respectivas credenciales"; los sujetos
preguntaron por el paradero de Mauricio a lo que su padre les relató su detención y posterior
desaparecimiento. Luego, los supuestos funcionarios del Ministerio, les pidieron a ambos padres
que firmaran una declaración que, en una de sus partes decía "Yo, Mauricio Edmundo Jorquera
Encina declaro que estoy en perfectas condiciones y que no he sido maltratado...", tal petición fue
rechazada.
        Posteriormente, el 30 de julio de 1977, la madre del afectado, María Luz Encina, fue citada
a Investigaciones donde relató nuevamente los hechos a una funcionaria que le manifestó que, por
orden del Presidente de la República (se refería al General Pinochet) debía investigar la situación
de su hijo.
        Según declaraciones proporcionadas recientemente ante el 1er. Juzgado del Crimen, luego
de la reapertura del sumario en la causa por presunta desgracia del afectado, en 1991 la señora
Amanda de Negri Quintana, declara que Mauricio Jorquera estuvo refugiado en su casa desde
unos diez días antes de su detención, permaneciendo allí hasta el 5 de agosto de 1974, día de su
arresto; salió de la casa sabiendo que la vivienda de sus padres había sido allanada el día anterior.
La señora de Negri se enteró después por un hermano de Mauricio, Patricio Jorquera, que éste no
había llegado a una reunión que habían convenido. Corroborando esta información, compareció
también ante el Tribunal, en junio de 1991, Patricio Jorquera, quien confirmó que había alojado con
su hermano Mauricio en casa de Amanda de Negri la noche del 4 al 5 de agosto de 1974. Se
encontraron a mediodía del 5 en la calle y quedaron de encontrarse en el mismo lugar a las 17:00
hrs. pero Mauricio no llegó.
        En octubre de 1974, la señora Amanda de Negri estuvo detenida en el recinto de la DINA
ubicado en calle José Domingo Cañas; allí fue amenazada por el agente de ese organismo,
Osvaldo Romo, para que hablara, ya que de lo contrario, seguiría igual suerte que Mauricio
Jorquera.
        Según otros testigos de reclusión, el joven fue conducido en primer lugar al recinto de
detención ilegal y torturas que mantenía la DINA en calle Londres N°38 donde fue visto por varios
detenidos, quienes han declarado también en la causa por presunta desgracia.
        El 18 de abril de 1991, declaró la señora María Teresa Adriana Urrutia Asenjo quien fue
detenida en su hogar el 11 de agosto de 1974 por un grupo de agentes de la DINA y conducida al
recinto de calle Londres N°38. Allí estuvo con Mauricio el cual se encontraba en muy malas
condiciones físicas. Escuchó su nombre de un guardia el que lo conminó a hablar, de este modo
sería enviado al hospital, de lo contrario moriría. El joven le dijo a la testigo que se sentía mal y que
tenía mucha sed. No pudo hablar más con él, ya que al otro día llegaron muchos detenidos más a
la misma pieza.
        El 11 de junio de 1991 declaró don Ramón Barceló Olave quien fue detenido en agosto de
1974 y conducido a Londres N°38; allí vio a Mauricio -a quien ubicaba por conocer a su padre-
cuando lo traían de vuelta de un interrogatorio, se veía muy decaído por lo que era de presumir
que había sido torturado. Después de unos días, el afectado fue sacado de este recinto junto a
otros detenidos y ya no volvió a verlo.
        El 25 de julio de 1991 declaró don León Gómez Araneda, quien también permaneció
detenido en el recinto de calle Londres; estando allí vio llegar a Mauricio quien le comentó que
Marcia Alejandra Merino, conocida como la "Flaca Alejandra", detenida y obligada a colaborar con
la DINA, lo había identificado en la calle cuando iba con varios agentes de ese organismo. A las
dos horas de llegar, el joven fue conducido a su primer interrogatorio. León Gómez señala además
que, entre el 18 y el 20 de agosto ambos fueron llevados al recinto de "Cuatro Alamos" junto con
otros detenidos, quedando en distintas celdas. A los tres días, Gómez fue conducido a otro recinto
de la DINA, la casa ubicada en la calle José Domingo Cañas; algunos días después Mauricio llegó
a ese mismo lugar y continuó siendo interrogado. Posteriormente, Gómez fue trasladado a un
Regimiento en San Fernando, mientras Mauricio Jorquera permaneció allí. Estando aún juntos,
Mauricio le dijo que lo habían condenado a 20 años de prisión en Puerto Montt. La referencia a
esta ciudad del sur y la condena a un cierto número de años de prisión allí significaba, continúa
Gómez, que un detenido debía ser ejecutado y enterrado en un sitio cualquiera sin conocimiento
de nadie. Esta información fue aportada por el ex agente de la DINA, Samuel Fuenzalida Devia, en
declaraciones realizadas el año 1978 refiriéndose al destino de los detenidos desaparecidos.
Desde su detención Mauricio Jorquera permanece en calidad de detenido desaparecido.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         El 20 de agosto de 1974 se presentó recurso de amparo, rol 963- 74, ante la Corte de
Apelaciones de Santiago. El expediente fue extraviado por lo que debió reconstituirse con fecha 5
de febrero de 1975.
         Consultados el Comando de Aviación de Combate, el Ministerio del Interior y el Jefe de
Zona de Estado de Sitio de la Provincia de Santiago respondieron que el afectado no se
encontraba detenido ni procesado.
         El 1 de abril de 1975 se rechazó el amparo y se ordenó remitir los antecedentes al Primer
Juzgado del Crimen para establecer la posible comisión de algún delito.
         El 8 de abril se inicia causa rol 106.791 por presunta desgracia ante el mencionado
juzgado.
         Compareció ante el Tribunal la madre del afectado quien ratificó lo expresado en el
amparo.
         Se ofició al Ministerio del Interior que respondió que el joven no se encontraba detenido por
orden de ese Ministerio. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Mauricio no
figuraba como asilado en ninguna de las Embajadas acreditadas en nuestro país.
         Realizadas estas diligencias y cumplida la orden de investigar, que no aportaron más
elementos a la investigación, el 30 de mayo de 1975, se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó
temporalmente la causa, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 21 de julio.
         A principios de agosto se desarchiva la causa y se reabre el sumario, a fin de indagar una
información aportada por la denunciante en relación a que su hijo aparecía en la nómina de
personas fallecidas en Argentina en supuestos enfrentamientos armados, según informaciones
periodísticas. El Tribunal envió Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando información
acerca de la efectividad del fallecimiento, si fue debidamente identificado, si la defunción fue
inscrita, lugar de sepultación y fuentes de información.
         El Ministerio respondió que, respecto de la revista "LEA" de Buenos Aires, la noticia
provenía de una agencia periodística "especializada en actividades marxistas" y en cuanto al diario
"O'Dia", no existe en Brasil pero en la ciudad de Curitiba hay un tabloide "llamado "Novo Dia", de
escasa circulación, que publicó el 23 de julio la noticia sobre extremistas chilenos muertos, heridos
o evadidos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en diversos puntos de la Argentina".
Agrega que no hay antecedente oficial acerca del fallecimiento de las personas aparecidas en la
nómina, como tampoco de que estas hayan salido del país. Finalmente, señala que las
autoridades de los países en que habrían ocurrido los hechos, no han informado al respecto.
         Recibida esta información, se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la
causa el 12 de septiembre de 1975, lo que fue confirmado por la Corte el 16 de enero de 1976.
         El 20 de diciembre de 1974 se interpuso denuncia por presunta desgracia, rol 99.698-7
ante el 5º Juzgado del Crimen a la cual se acumuló causa rol 99.272-5, también por presunta
desgracia interpuesta en el mismo Juzgado en octubre de 1974.
         Consultadas la oficina del Registro Civil Independencia, SENDET, Instituto Médico Legal,
respondieron no registrar antecedentes del afectado.
         Por su parte, el Comandante del Comando de Combate de la Fuerza Aérea informó que
Mauricio Jorquera no se encontraba detenido ni procesado por orden de los Tribunales de
Aviación, pero agregó que su hermano, Patricio Jorquera sí se encontraba detenido y procesado.
         El 19 de junio de 1975 y considerando que no se encontraba suficientemente acreditado el
delito, el Juez sobreseyó temporalmente la causa.
         Con fecha 20 de agosto de 1974 se había presentado recurso de amparo ante la Corte
Marcial, rol 155-74.
         Al respecto informó la Dirección General de Investigaciones, el Segundo Juzgado Militar, el
Ministerio del Interior y el Comandante del Comando de Combate que el afectado no se
encontraba detenido ni sometido a proceso. Compareció ante el Tribunal el recurrente, padre de
Mauricio Jorquera, quien ratificó las circunstancias de la detención de su hijo y agregó que, en abril
de 1975, un detenido en el Campamento "Tres Alamos" le informó que Osvaldo Romo Mena,
miembro de la DINA, habría manifestado que él detuvo a Mauricio.
         Luego de estas informaciones, el 23 de septiembre de 1975, y un año después de
interpuesto el amparo, la Corte Marcial se declaró incompetente por considerar que los
antecedentes recogidos demostraban que Mauricio Jorquera no había sido detenido por una
autoridad judicial del fuero militar y ordenó remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de
Santiago. Este Tribunal lo declaró sin lugar cuatro días después y remitió el amparo, rolado
1218-75, al 5º Juzgado del Crimen donde se acumuló a la causa 99.272 del mismo Tribunal y en la
que se investigaban los mismos hechos.
         Dentro de la investigación, se enviaron varios Oficios a la DINA con el objeto de citar a su
funcionario Osvaldo Romo Mena sin obtener respuesta, por lo que se le solicitó a la Dirección
General de Investigaciones que procediera a la citación del mencionado Romo; este organismo
informó que los funcionarios encargados de la diligencia se entrevistaron en la oficinas de la DINA
con el Teniente Hugo Morales, Jefe de Identificación de ese organismo, quien manifestó que
Osvaldo Romo había trabajado en DINA pero fue dado de baja a mediados del año 1975.
         También el Tribunal informó al Ministerio de Defensa acerca de la irregularidad de no
contestar a los Oficios, a lo que este Ministerio respondió que "la DINA no depende de este
Ministerio sino que directamente del Presidente de la República".
         Por esta razón, se envió Oficio al Presidente de la República solicitándole ordenara la
citación de Romo; la respuesta fue enviada por el Ministro del Interior, por encargo del Presidente
de la República, el 2 de agosto de 1976, en la que transcribe textualmente una respuesta enviada
por la DINA a una presentación en favor de Manuel Villalobos Díaz en la que dice "Con respecto al
supuesto agente que hace mención el padre del ciudadano Manuel Jesús Villalobos Díaz, cuyo
nombre sería Osvaldo Romo Mena, se informa a US. que no ha pertenecido jamás a las
dotaciones de personal de esta Dirección y no se tienen antecedentes del citado Romo".
         Después de este informe, el 4 de agosto de 1976 el Juez declaró el cierre del sumario y el
sobreseimiento temporal de la causa. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el
6 de octubre de 1976.
         En 1991 se reabrió el sumario en la causa rol 106.791 por presunta desgracia que se
tramitaba en el 1er. Juzgado del Crimen. Durante el proceso declararon varios testigos que
aportaron antecedentes importantes relacionados en las circunstancias de la detención y reclusión
del afectado.
         En virtud de estos nuevos antecedentes el 2 de diciembre de 1991, los padres de Mauricio
interpusieron querella criminal por los delitos de secuestro agravado, detención arbitraria en otros
lugares que los designados por la ley, aplicación de tormentos y presunto homicidio calificado ante
el mencionado juzgado. Dicha causa se encuentra en estado de sumario y con diligencias
pendientes a diciembre de 1992.
         Osvaldo Romo Mena, ex agente de la DINA como se señalara recientemente, fue citado
con insistencia en la causa por el desaparecimiento de Mauricio Jorquera. Sus superiores dijeron
que no tenían antecedentes de él. En noviembre de 1992 el agente fue detenido a su arribo a
Chile cuando venía expulsado desde Brasil. Romo Mena residía en el mencionado país desde
fines del año 1975, época en que se había trasladado junto a su familia por instrucciones de la
DINA, ya que estaba siendo citado en numerosas causas por detenidos desaparecidos. Sus
superiores le proporcionaron identidad falsa para él, su cónyuge y sus hijos y le facilitaron ayuda
material y contactos para la permanencia en dicho país. Su ubicación fue el resultado de una serie
de diligencias decretadas en la causa por la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce. En julio
de 1992 las autoridades brasileras lo detuvieron y en noviembre procedieron a expulsarlo de su
territorio. A diciembre último se habían dictado siete autos de reo contra el ex agente de la DINA y
se esperaba que fuera a declarar en el proceso por el desaparecimiento de Mauricio Jorquera
Encina.
Nombre         :      MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO.
Rut            :      5.864.244-4
F.Nacim.       :      10-01-47, 27 años al momento de la detención.
Domicilio      :      Bilbao 5989, Las Condes, Santiago.
E.Civil        :      Soltera.
Actividad      :      Secretaria, ex estudiante de Nutrición y Dietética, Universidad de Chile,
                      Sede Talca.
C.Repres.      :      Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
F.Detenc.      :      6 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        María Angélica Andreoli Bravo, ex estudiante de la Universidad de Chile, militante del MIR,
fue detenida en su domicilio de la Comuna de Las Condes, Santiago el 6 de agosto de 1974,
alrededor de las 19:30 horas, por los efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA;
Osvaldo Romo Mena, alias "El Guatón Romo", el Suboficial de Carabineros Basclay Zapata, alias
"El Troglo" y un tercero apodado "El Santo". Con ellos llevaban a Marcia Alejandra Merino Vega,
ex militante del MIR, conocida como "Flaca Alejandra", a quien habían detenido meses antes y
luego de haberla sometido a largas y crueles sesiones de tortura, la obligaron a colaborar con ese
organismo de seguridad.
        Los agentes -todos de civil- hicieron tocar el timbre a la detenida y preguntar por la joven
Andreoli la que, al salir, no alcanzó a preguntar qué pasaba y fue aprehendida de inmediato por los
sujetos que la subieron a una camioneta Chevrolet en la que se movilizaban, marchándose del
lugar. En esos momentos llegaba al domicilio una enfermera del Hospital Clínico de la Universidad
Católica, que concurría a tomarle un examen al padre de la afectada, el que dos días antes había
sufrido un infarto. La afectada vivía en el domicilio paterno y, al momento de ser detenida, se
encontraban también en la vivienda su madre y una hermana, las que se percataron que María
Angélica ya no estaba cuando la enfermera se retiró.
        Ese mismo día había sido detenida Muriel Dockendorf la que permanecía recluida en el
recinto secreto de la DINA ubicado en calle Londres 38, hasta donde también llevaron a la
afectada. Muriel Dockendorf también se encuentra desaparecida desde entonces.
        Horas después, María Angélica fue conducida, siendo aproximadamente las 03:00 de la
madrugada en hora de toque de queda, al domicilio de su tío Enrique Eyzaguirre Salas ubicado en
la comuna de Ñuñoa, calle Montenegro 1490, en búsqueda de su prima María Isabel Eyzaguirre
Andreoli. En esta ocasión, los agentes dijeron ser miembros del Servicio de Inteligencia Militar y
uno de ellos se individualizó como "Teniente Covarrubias, de la FACH". El señor Eyzaguirre
recuerda que su sobrina se encontraba muy asustada y que los agentes manifestaron que se
encontraba detenida "por estar vinculada a actividades extremistas". Como en esa oportunidad no
encontraron a la persona buscada, dejaron la casa vigilada por un grupo de civiles y se retiraron
con la detenida.
        Dos días después, el 9 de agosto alrededor de las 19:00 hrs. volvieron los mismos
efectivos y se llevaron, como rehenes, a Enrique Eyzaguirre y a otra de sus hijas, Rina Ximena
Eyzaguirre Andreoli, de 23 años. Ambos fueron conducidos a la casa de Londres 38, donde los
sentaron cerca de la afectada e incluso a Rina Ximena le hicieron tomar de la mano a su prima. En
estas circunstancias, le contó que la habían golpeado. Horas más tarde, a las 05:00 de la
madrugada, los devolvieron a su casa.
        Al día siguiente, 10 de agosto, Osvaldo Romo llegó nuevamente hasta el domicilio de calle
Montenegro y mandó a la joven Rina Eyzaguirre a buscar ropa de cama y enseres personales de
su prima a la casa de ésta. La joven fue acompañada por su padre y Romo se llevó lo solicitado.
Ese mismo día, María Angélica fue llevada de nuevo a casa de su tío y se le permitió bañarse y
tomar café. El 15 de agosto le permitieron llamar por teléfono a su tío y preguntó por sus padres.
         Tres o cuatro meses después, el señor Eyzaguirre fue detenido nuevamente y luego de
permanecer un día en un cuartel secreto, fue trasladado a Cuatro Alamos, centro donde
mantenían incomunicados a los prisioneros, también a cargo de la DINA. En este lugar, otros
presos le dijeron haber estado con su sobrina en otros recintos. Con posterioridad, Enrique
Eyzaguirre fue dejado en libertad.
         En la casa de calle Londres estuvo con ella Sandra Machuca Contreras, detenida el mismo
día que la afectada. María Angélica le contó, en una oportunidad en que fueron llevadas al baño,
que la habían maltratado mucho. En otra ocasión, estando en la pieza con los demás prisioneros,
escuchó que Osvaldo Romo comenzó a hacerle preguntas a la afectada e insultarla allí mismo.
Sandra Machuca estuvo diez días en este lugar y luego fue trasladada a 4 Alamos junto a otros
detenidos.
         También estuvo con ella en Londres 38, Erika Hennings Cepeda, cónyuge de otro
prisionero desaparecido, Alfonso Chanfreau, la que fue testigo de la llegada de la víctima a este
recinto el 6 de agosto de 1974. Estuvieron siempre sentadas juntas y conversaron cada vez que
pudieron. Señala que a María Angélica los agentes la llamaban "Pinina", porque era de estatura
pequeña. Erika Hennings fue trasladada a 4 Alamos el 16 de agosto de ese año y no volvió a ver a
la víctima.
         Otra detenida que estuvo con la afectada en esta misma casa fue Liliana Maldonado, quien
conocía a María Angélica desde hacía tres o cuatro años antes. Cuenta que fue instalada en la
pieza con los demás presos y escuchó que alguien le preguntaba algo, reconociendo de inmediato
a su amiga, con la que conversaron largamente.
         Permanecieron siempre cerca, excepto cuando eran llevadas a interrogatorios. Recuerda
que María Angélica se preocupaba de los otros prisioneros y era muy solidaria. Liliana Maldonado
permaneció en este lugar desde el 14 hasta el 18 de agosto. Otro testigo de su reclusión en este
recinto fue Ramón Barceló Olave, quien estuvo allí entre los días 12 y 21 de agosto de 1974.
         En enero de 1975, su madre Olga Bravo concurrió al centro de detención Tres Alamos,
donde preguntó a un Capitán de Carabineros por su hija, exhibiéndole la cédula de identidad. Este
Oficial le consultó a una detenida y a una vigilante de nombre Ramona; la primera dijo que estaba
incomunicada en Cuatro Alamos y la segunda manifestó haberla visto.
         Meses después, el 24 de julio de 1975, su nombre apareció publicado en una nómina de
119 chilenos que habían muerto en Argentina en supuestos enfrentamientos, algunos con
efectivos de seguridad del vecino país y otros entre ellos mismos "producto de rencillas internas".
Esta noticia -ampliamente divulgada por la prensa chilena- apareció en el periódico "O DIA" de
Brasil y la Revista "LEA" de Argentina. Ambas publicaciones fueron editadas sólo ese día, con el
único fin de entregar esta noticia. Las 119 personas allí nombradas se encontraban todas
desaparecidas luego de haber sido detenidas por efectivos de seguridad chilenos, sin que las
autoridades reconocieran estas aprehensiones. Según declaración de Luz Arce, ex-socialista que
fuera detenida el año 1974 y se transformara en colaboradora de la DINA, Marcia Merino le
comentó que suponía que María Angélica estaba muerta.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 16 de agosto de 1974, su madre interpuso un recurso de amparo ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, rol 940-74. Tanto el Ministro del Interior como el General Sergio Arellano
Stark, Comandante en Jefe del CAJSI de la II División de Ejército respondieron al Tribunal que no
tenían antecedentes de la afectada, ni se encontraba detenida en dependencias de su
competencia. En igual sentido respondió la policía de Investigaciones. Tres meses después y
luego de reiterársele el Oficio de consulta, el Ministro de Defensa respondió también
negativamente y acompañó un Oficio de SENDET informando lo mismo.
        El 30 de noviembre de 1974 se declaró sin lugar el recurso y se ordenó remitir los
antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente para investigar los hechos denunciados.
        De esta forma, se dio inicio en el 11 Juzgado del Crimen de Santiago la causa rol 865-8, a
la que se acumuló una denuncia por presunta desgracia presentada en el mismo Tribunal.
         Cumpliendo una orden de investigar, efectivos de Investigaciones entrevistaron a Enrique
Eyzaguirre Salas y a su hija Rina Ximena Eyzaguirre Andreoli, quienes relataron lo ocurrido a ellos
y a la víctima.
         Con el sólo mérito de este Parte y los antecedentes contenidos en el Recurso de amparo,
el Tribunal resuelve el 6 de enero de 1975 -veinte días después de iniciarse la investigación- cerrar
el sumario y dictar sobreseimiento temporal, por no encontrarse acreditado el delito. Esta
resolución fue confirmada por la Corte el 27 de marzo de 1975.
         En tanto, el 6 de diciembre de 1974, se interpuso otro recurso de amparo en favor de María
Angélica ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1529-74. Nuevamente respondió
negativamente el Ministro del Interior y también el Comando de Aviación de Combate y la Jefatura
de Zona en Estado de Sitio, indicando estos dos últimos que tampoco se le instruía proceso en
esos Tribunales Militares.
         Igualmente se ofició a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, cuyo Director -Manuel
Contreras Sepúlveda- respondió a la Corte que debía dirigir su consulta al Ministro del Interior o a
SENDET. El Tribunal reiteró su Oficio, ordenando que la DINA cumpliera "con su obligación legal"
e informe "directa y concretamente", ya que no tenía relación de dependencia con el Ministerio del
Interior ni SENDET. El General Contreras volvió a responder exactamente lo mismo que antes, en
una respuesta tipo a la que sólo se le agregó la fecha y el nombre de la amparada.
         El 21 de marzo de 1975 se declaró sin lugar el amparo, por no acreditarse la detención de
la afectada. Sin embargo, se resolvió remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen
correspondiente, para que investigara los hechos denunciados. También se resolvió que pasaran
los autos al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, para que tomara conocimiento de la
irregularidad cometida por la DINA al negarse a responder el Oficio de este Tribunal.
         Se inició entonces el 8 de abril de 1975 una nueva causa en el 11º Juzgado del Crimen,
por presunta desgracia, rol 1936. Con el mérito del informe de Investigaciones, y una respuesta de
SENDET que indicó no tener antecedentes de la víctima, el 22 de mayo de ese año se cerró el
sumario y el Juez resolvió dictar sobreseimiento temporal, por no encontrarse acreditado el delito.
         En agosto de 1975 se dictaron nuevas diligencias a raíz de la publicación de la nómina de
los 119, acumulándose los autos a la primera causa, rol 865-8. Un mes después, el Juez resolvió
reabrir el Sumario y envió exhortos a Brasil y Argentina para confirmar la veracidad de la noticia y
la supuesta muerte de la afectada.
         El resultado de esta diligencia fue que no habían antecedentes de estos supuestos
enfrentamientos.
         En esta reapertura del sumario declararon testigos de reclusión de María Angélica en la
casa de Londres 38 y se estableció que en el Gabinete Central de Identificaciones no se
encontraba la tarjeta índice de la víctima, por lo que no podían remitir su extracto de filiación.
         El 29 de abril de 1978, estimando el Juez que resultaba inoficioso continuar la investigación
debido a la reciente dictación del Decreto Ley de Amnistía 2.191, resolvió el cierre del Sumario. Sin
embargo, la Corte revocó esta resolución, por no encontrarse agotada la investigación.
         En la tramitación de esta causa se intentó infructuosamente que Marcia Merino concurriera
a declarar ante el Tribunal. En su lugar compareció en varias oportunidades su madre, Dina Vega,
quien incluso fue careada con algunos testigos que habían declarado que la señora Vega les
había reconocido que la joven era protegida por la DINA.
         Finalmente el 26 de septiembre de 1978, el Juez decretó una orden de arresto en contra de
Marcia Merino, por el delito de secuestro, la que fue diligenciada por Investigaciones, que informó
no haberla ubicado.
         Poco antes, el 10 de julio de ese año, la Prefectura de Investigaciones de Valparaíso citó al
hermano de María Angélica Andreoli para que concurriera a esas dependencias. Hasta allí se
dirigieron sus padres, para explicar que él se encontraba fuera de Chile y conocer los motivos de
esta citación. En esta ocasión, el funcionario Daniel Calderón le exhibió a su madre un orden que
decía "Investigar desaparecimiento de María Angélica Andreoli Bravo. No investigar a personal de
seguridad". El Director de Investigaciones informó al Tribunal que esta orden había sido dictada
por el Ministerio del Interior.
         En abril de 1979 la causa pasó a manos del Ministro en Visita Servando Jordán, nominado
para investigar denuncias por desaparición de personas detenidas en Santiago.
         En los diversos procesos que formaban parte de esta Visita declararon numerosas
personas que estuvieron detenidas en los recintos secretos que la DINA usaba, entre ellos, la casa
de calle Londres 38, donde estuvo María Angélica Andreoli. También prestaron declaración ante el
Ministro el General Manuel Contreras y el Coronel Marcelo Moren; ninguno de ellos reconoció
como agentes de ese Servicio a Osvaldo Romo Mena ni a Marcia Merino y sólo manifestaron que
eran "informantes" de agentes de la DINA.
         El 22 de junio de 1979, el Ministro Jordán se constituyó en la casa de Londres 38 y levantó
un acta en la cual quedó establecido que la descripción que de este lugar hicieron los testigos era
acertada.
         Las fotografías tomadas en este recinto por el Servicio Técnico de Investigaciones no
pudieron ser reveladas pues "el material fotográfico usado en esa oportunidad resultó con defectos
de fabricación", según informó el Jefe de la Prefectura de Unidades Especiales.
         Dos meses antes de esta inspección, dos camiones militares concurrieron a esta casa y la
limpiaron, así lo declaró una vecina.
         El 31 de diciembre de 1979, el Ministro Jordán se declaró incompetente para continuar la
investigación de esta causa y remitió los antecedentes al Juzgado Militar. Esta resolución fue
apelada ante la Corte de Apelaciones, la que confirmó la resolución del Ministro.
         Se interpuso entonces un recurso de queja ante la Corte Suprema, que lo declaró sin lugar.
         El 26 de agosto de 1980 el Juez Militar aceptó la competencia y ordenó se acumulara a la
causa 553-78, de la 2a. Fiscalía Militar, que instruía una querella por secuestro en contra del
General Manuel Contreras Sepúlveda. Esta se había interpuesto originalmente ante el 10º
Juzgado del Crimen, Tribunal que se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia Militar.
         (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso
de Eduardo Alarcón Jara.)
         El 16 de junio de 1983, fue detenida accidentalmente Marcia Merino por efectivos de
Investigaciones que la pusieron a disposición del 11º Juzgado del Crimen, donde existía una orden
de arresto en su contra. El Tribunal le tomó declaración, donde reconoció haber participado en el
arresto de la joven Andreoli, a quien sindicó como "secretaria de la Comisión Política del MIR".
Dice que la escuchó en el recinto de Londres 38 durante unos veinte días y después no volvió a oír
su voz, que incluso trató de acercarse esos días a ella, para pedirle perdón por haberla entregado,
pero no pudo.
         Finalmente, declaró que mantuvo contacto con la DINA y su sucesora la CNI hasta el año
1980, fecha en que cortó comunicación con ellos y que antes de ese año llegaban a su domicilio
citaciones para presentarse ante el Ministro Servando Jordán, lo que consultó con "los de la CNI",
quienes le aconsejaron que no lo hiciera.
         El Juez la puso a disposición del Ministro en Visita Servando Jordán, el que estaba siendo
subrogado por el Ministro José Cánovas, quien a su vez la puso a disposición del Juzgado Militar,
dado que la causa había sido remitida a ese Tribunal.
         El 16 de junio de 1983, Marcia Merino volvió a prestar declaración, esta vez ante el titular
de la 2º Fiscalía Militar, en la causa 553-78, modificando sus dichos anteriores, pero en lo grueso
reconoció nuevamente su participación en el arresto de María Angélica Andreoli. El Fiscal había
solicitado al Presidente de la Corte Marcial que le remitiera el expediente del proceso, que se
encontraba en consulta ante ese Tribunal. Esta Corte estaba presidida por el mismo José
Cánovas, el que denegó esta solicitud, dado que ésta correspondía hacerla al Juez Militar y no al
Fiscal. No obstante, los familiares de María Angélica Andreoli se entrevistaron con el Ministro
Cánovas, solicitándole que interrogase nuevamente a Marcia Merino. Simultáneamente, miembros
de la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos plantearon al Presidente de la Corte
Suprema su preocupación y temor a que estas diligencias no se llevaran adecuadamente.
         Finalmente el 22 de junio, don José Cánovas telefoneó personalmente al Fiscal Militar
-Juan Carlos Manns- ordenándole mantener detenida a Marcia Merino y ponerla a su disposición,
por instrucción del Presidente de la Corte Suprema. No obstante esta orden, el Fiscal Manns dejó
en libertad a la testigo, con citación para comparecer al día siguiente ante el Ministro en Visita, bajo
apercibimiento de arresto. Marcia Merino no volvió a presentarse ante un Tribunal ni fue habida
con posterioridad, aún cuando volvió a dictarse nueva orden de arresto en su contra.
         En esta situación quedó expuesto que Investigaciones, organismo que diligenciaba la
orden de arresto en contra de Marcia Merino, durante cinco años sólo se remitió a enviarle
citaciones a su domicilio. Tampoco resulta comprensible la forma en que procedieron tanto el
Ministro como el Fiscal. El primero por no remitir los antecedentes a la Fiscalía en su calidad de
Presidente de la Corte Marcial y, como Ministro en Visita, por no interrogarla en otras causas en
las cuales se requería su testimonio. El Fiscal Militar, por dejarla en libertad, aún cuando había
recibido la orden en sentido contrario y limitarse a dejarla citada para el día siguiente, cuando ella
misma había manifestado que no había concurrido al Tribunal, a pesar de haber recibido las
citaciones correspondientes.
         Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Pleno de la Corte Suprema por el
entonces Vicario de la Solidaridad, Monseñor Juan de Castro Reyes, en la que termina señalando
que esto es una muestra patética de lo ocurrido a lo largo de varios años en las investigaciones
judiciales de los casos de detenidos- desaparecidos, por lo que resultará difícil argumentar en el
futuro que los Tribunales de Justicia han investigado acuciosamente los hechos y que han dado
fiel cumplimiento a su misión.
         A pesar de que la detención de la víctima fue siempre negada a los Tribunales de Justicia,
el 8 de noviembre de 1978, el Jefe de Estado Mayor de la CNI -sucesora de la DINA- Coronel de
Ejército Jerónimo Pantoja Henríquez, remitió al Fiscal antecedentes de setenta
detenidos-desaparecidos que ese Organismo registraba. En esta relación figura María Angélica
Andreoli, individualizada por su cédula de identidad, domicilio, actividad y se señala que "Fue
puesta en libertad por medio del Decreto Exento Nº 2115". No indica fecha de detención ni
tampoco fecha de esta libertad.
         Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el
Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta
causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como
finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque durante los 10 años de
tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de
noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y
definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse
extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos
denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que
confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte
Suprema de Justicia la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
         Por otra parte, el ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena fue detenido en noviembre de
1992. El agente fue ubicado por Investigaciones en diligencias decretadas en la causa por el
desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. Romo Mena se encontraba radicado en Brasil
desde 1975. La DINA le instruyó que debía abandonar el país, en razón de que estaba siendo
citado por varios Tribunales que tramitaban causas por detenidos desaparecidos. Se le
proporcionó identidad falsa para él, su cónyuge e hijos. Además se le facilitaron recursos para su
permanencia fuera de Chile. En julio de 1992 fue detenido en Brasil y en noviembre de ese año
expulsado de ese territorio. A diciembre de 1992 se habían dictado siete encargatorias de reo en
contra de Osvaldo Romo Mena.
Nombre         :      MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE
Rut            :      208.721, Temuco
F.Nacim.       :      02-03-51, 23 años a la fecha de detención
Domicilio      :      Marconi 280, Santiago
E.Civil        :      Casada
Actividad      :      Estudiante Universitaria
C.Repres.      :      Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc.      :      6 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Muriel Dockendorff Navarrete, casada, estudiante universitaria, militante del MIR, fue
detenida el 6 de agosto de 1974 en su domicilio de la calle Marconi, por los efectivos de la DINA
Osvaldo Romo Mena y Basclay Zapata, Suboficial de Carabineros a quien llamaban "El Troglo",
los que se hicieron acompañar por Marcia Merino Vega, "la flaca Alejandra", militante del MIR que
fue obligada a colaborar con los servicios de seguridad.
        Muriel Dockendorff había sido detenida dos meses antes, el 6 de junio, por miembros del
Servicio de Inteligencia de la FACH al mando del Comandante Edgar Ceballos Jones, que se
hacía llamar "Comandante Cabezas". Junto a ella también fue detenido su cónyuge Juan Molina
Manzor y ambos fueron conducidos a la Academia de Guerra de la FACH. La detención se
practicó por orden de la Fiscalía de Aviación de Santiago en Tiempo de Guerra, rol 1-73, según
informó ese Tribunal al recurso de amparo que se interpuso en su favor. La joven fue dejada en
libertad el 12 de julio del mismo año, por falta de méritos, en tanto su cónyuge continuó detenido
hasta el 17 de junio de 1975, fecha en que fue expulsado del país.
        En su segunda detención, Muriel Dockendorff fue conducida al recinto secreto de la DINA
en calle Londres 38, donde fue objeto de torturas que le provocaron grave daño físico, según
testimonio de otras prisioneras.
        Entre quienes estuvieron con ella en este recinto está Erika Hennings, quien señala que en
una oportunidad Muriel fue llevada a ducharse a su casa, comprobando que ésta había sido
ocupada por agentes de la DINA. Esto fue confirmado por la madre de la víctima tiempo después,
cuando visitó la vivienda y se encontró con alimentos en el refrigerador que estaban frescos y otras
muestras de que estaba siendo habitada.
        También estuvieron con ella en este lugar Sandra Machuca y su madre Valeska Contreras.
Otro detenido que señala haberla visto aquí es Cristián Van Yurick.
        También llegó a Londres 38 María Angélica Andreoli, detenida el mismo día que la víctima
y que se encuentra también desaparecida.
        El 17 de agosto fue trasladada junto a estos y otros prisioneros a Cuatro Alamos, sector de
incomunicados del Campamento Tres Alamos, también a cargo de la DINA.
        En este lugar fue vista por varias mujeres detenidas, todas las cuales coinciden en señalar
el precario estado físico y de salud en que ella se encontraba. Viviana Uribe Tamblay expresa que
su estado era deplorable, que su rostro reflejaba mucho dolor, muy delgada y lejos de su
apariencia como ella la había conocido años antes en la Universidad de Concepción. Se enteró
que Muriel estaba con hemorragias internas producto de la tortura. Blanca Bustos señala por otro
lado que en una ocasión fueron examinadas por un médico, el que le dijo a Muriel que estaba mal
producto de las torturas. No les dieron medicamentos. María Virginia Hernández Croquevielle
agrega por su parte que la joven víctima vomitaba mucho, y tenía fuertes dolores de estómago.
Rosalía Martínez señala también que estaba afectada de los ovarios. Varias de estas testigos
señalan que Muriel caminaba sostenida por dos jóvenes, una de ellas Sandra Machuca, porque
tenía una pierna quebrada.
        En este recinto también fue vista por Heddy Navarro, María Adriana Urrutia, Mónica Uribe y
las actrices Gloria Laso y Sara Astica. Esta última cuenta que los guardias siempre se referían a
Muriel diciendo que se iba a morir porque estaba podrida.
         Tanto Gloria Laso como Valeska Contreras coinciden en señalar que la joven fue sacada
de este recinto alrededor del 13 de septiembre de 1974. Pero vuelve a Cuatro Alamos, ya que el
10 de octubre de ese año le envió desde aquí una carta a su amiga Sandra Machuca. Esta nota la
escribió al reverso de una cajetilla de Hilton en la que expresa que la recuerda desde que la
conoció en la "casa del terror" (se refiere a Londres 38), donde Sandra fue "luz en esas tinieblas".
Finaliza diciéndole "Nos encontraremos a través de la niebla que despejaremos. No me olvides
camarada. Mes: de la esperanza; año: de la tortura".
         Muriel Dockendorff fue vista por última vez a fines de octubre de 1974, incomunicada en
Cuatro Alamos, fecha desde la cual se encuentra desaparecida.
         En julio de 1975, su nombre figuró en la nómina de 119 chilenos que habrían muerto en
Argentina y otros países sudamericanos en enfrentamientos con efectivos de seguridad del vecino
país unos y por "ajusticiamientos" otros. Esta falsedad fue publicada por la revista argentina LEA y
el diario brasileño O'Día. Ambos medios fueron publicados una sola vez, sin editor responsable y
con la única motivación de dar a conocer estas presuntas muertes, las que no fueron reconocidas
por las autoridades argentinas ni brasileras. El gobierno militar chileno debió finalmente informar
que no había antecedentes de estas muertes y que ninguna de estas personas registraba salida
del país. Todas estas personas habían sido detenidas por efectivos de seguridad chilenos y se
encuentran desaparecidos desde entonces.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         El 17 de octubre de 1974 su madre interpuso un recurso de amparo ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, rol 1278-74. El Ministerio del Interior informó que la afectada se
encontraba a disposición de la Fiscalía de Aviación, sin entregar mayores antecedentes al
respecto, como lugar y fecha de la detención y en virtud de qué disposición se había llevado a
cabo.
         Con el mérito de este único antecedente, la Corte declaró improcedente el recurso y
procedió a rechazarlo el 7 de noviembre de 1974. Esta resolución fue apelada y la Corte Suprema
ordenó reiterar el Oficio al Ministerio del Interior para que informara acerca del Tribunal que había
ordenado la detención. El día 28 del mismo mes, ese Ministerio volvió a responder exactamente lo
mismo que había informado con anterioridad.
         El Ministerio de Defensa manifestó por otro lado que no tenían antecedentes de su
persona.
         La Fiscalía de Aviación informó que no se encontraba detenida por orden de ese Tribunal y
que anteriormente había sido puesta a disposición suya, pero fue dejada en libertad en julio de ese
año. Sin embargo, la Corte ordenó reiterar el Oficio a este Tribunal, para que respondiera al tenor
del informe del Ministro del Interior que señalaba que la joven se encontraba a disposición de esa
Fiscalía de Aviación.
         En la nueva respuesta, se aclaró que la detención por orden de esa Fiscalía se había
practicado el 7 de junio de 1974 y su libertad había ocurrido el 12 de julio del mismo año.
         La Corte Suprema, atendiendo únicamente este último informe que indicaba que Muriel
Dockendorff se encontraba en libertad, y sin considerar que la solicitud de amparo era por una
detención posterior, confirmó la resolución apelada. Cabe señalar que en el escrito en que se
recurrió de amparo en su favor, la madre dio cuenta de la primera detención y su posterior libertad
por falta de méritos en su contra.
         El 30 de octubre de 1974 se había presentado un nuevo amparo en su favor, al conocerse
las primeras noticias de que se encontraba en Cuatro Alamos.
         Nuevamente el Ministerio del Interior informó que estaba a disposición de la Fiscalía de
Aviación. Esta Fiscalía a su vez respondió lo mismo que había señalado antes.
         El 18 de noviembre de 1974 se rechazó el amparo y se remitieron los antecedentes al
Juzgado del Crimen correspondiente para que se investigaran los hechos denunciados.
         De esta forma, se dio inicio el 4 de diciembre de 1974 en el 3er. Juzgado del Crimen de
Santiago a la causa rol 117.091, por presunta desgracia de Muriel Dockendorff Navarrete.
        Investigaciones informó haber consultado a SENDET, donde no tenían antecedentes de la
afectada.
        El Jefe de Zona en Estado de Sitio, General Sergio Arellano Stark, también informó
negativamente respecto de la detención de la joven.
        En febrero de 1975 declaró su madre ante el Tribunal, la que relató todo lo sucedido a su
hija.
        Con estos únicos antecedentes, el 30 de abril de 1975 el Juez resolvió cerrar el sumario y
dictó sobreseimiento temporal de la causa, por no encontrarse acreditado el delito.
        El 10 de junio de ese año esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de
Santiago.
        El 25 de agosto de 1975 y el 25 de marzo de 1976 se solicitó el desarchivo de la causa
para acompañar declaraciones juradas de testigos de reclusión de la afectada. A pesar de estos
nuevos antecedentes, el Tribunal no reabrió el proceso.
        El 4 de septiembre de 1979 se interpuso una querella por secuestro ante el Ministro en
Visita Servando Jordán, el que había sido designado para investigar las desapariciones de
personas detenidas por los servicios de seguridad. En esta querella se acompañaron nuevas
declaraciones de testigos de reclusión de la víctima en Cuatro Alamos.
        Con esa misma fecha el Ministro Jordán pidió la causa archivada en el 3er. Juzgado y el 1°
de octubre de 1979 acumuló la querella a estos autos y reabrió el sumario ordenando nuevas
diligencias.
        Además, dejó constancia que existían órdenes de aprehensión pendientes en contra de los
inculpados Marcia Merino y Osvaldo Romo, de quienes había antecedentes en poder de su Visita.
        El Ministro dejó constancia también de las declaraciones prestadas por el ex Director de la
DINA, General Manuel Contreras, quien había expresado no tener responsabilidad alguna en la
presunta desaparición de personas, reconociendo no obstante los recintos de Villa Grimaldi,
Londres 38, José Domingo Cañas 1367 y la casa de Irán con Los Plátanos como dependencias de
la DINA, pero no como lugares donde se mantenían detenidos. Finalizó el General expresando
que la gente se olvidaba que la tranquilidad actual se debía al "sacrificio de los agentes de la
DINA".
        En abril de 1980 también se dejó constancia que, en otra causa, al concurrir el Sargento de
Carabineros encargado de notificar la citación a declarar a Osvaldo Romo en su domicilio de calle
Los Limoneros, éste se negó a recibirla diciendo que él era del Servicio de Inteligencia Militar. En
su domicilio había cuatro militares de civil vigilando.
        En otras declaraciones prestadas ante el Ministro en Visita el General Contreras negó que
Romo fuera agente de la DINA y perteneciera a las Fuerzas Armadas. Sólo reconoció que era un
informante de un agente de la DINA. Lo mismo señalaron otros Oficiales de DINA, Marcelo Moren
Brito y Miguel Krassnoff Martchenko.
        El 23 de abril de 1980 el Ministro Jordán tuvo a la vista la causa rol 553-78 de la 2a.
Fiscalía Militar de Santiago, querella en contra del General Manuel Contreras y otros Oficiales de
la DINA, por el secuestro de diversas víctimas que se encontraban desaparecidas, entre ellas
Muriel Dockendorff. Esta querella se había interpuesto inicialmente ante el 10° Juzgado del
Crimen, Tribunal que se declaró incompetente y envió los antecedentes a la Justicia Militar.
        Luego de la inspección de esta causa, el Ministro se declaró incompetente para continuar
la investigación por el secuestro de Muriel Dockendorff y ordenó remitir los antecedentes a la 2a.
Fiscalía Militar.
        Esta resolución fue apelada, pero la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó el 11 de
junio de 1980.
        Se recurrió de queja ante la Corte Suprema, la que fue rechazada y el 7 de julio de 1980 el
2° Juzgado Militar acumuló los autos a la causa 553-78.
        (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso
de Eduardo Alarcón Jara.)
        Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el
Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta
causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como
finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de
tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de
noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y
definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse
extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos
denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que
confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte
Suprema de Justicia la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
         Recién en noviembre de 1992, 18 años después de que fuera detenida Muriel Dockendorff,
el ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena fue detenido a su arribo al país al ser expulsado de
Brasil. Ya en julio del año 1992 había sido detenido en Brasil, debido a que fue ubicado en el curso
de diligencias practicadas por el Servicio de Investigaciones y decretadas en la causa por el
desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. El agente, que se encontraba residiendo en
Brasil desde 1975, había abandonado el país por instrucciones de la DINA y porque en esa época
había sido citado en varios procesos por detenidos desaparecidos. El servicio de seguridad al que
pertenecía le proporcionó identidad falsa a él, su cónyuge y sus hijos, además de medios para su
instalación. A diciembre de 1992 Romo Mena tenía seis encargatorias de reo en su contra en
procesos por detenidos desaparecidos.
Nombre         :       DIGNALDO HERMINIO ARANEDA PIZZINI
Rut            :       294.293 de Concepción.
F.Nacim.       :       25-04-51, 23 años a la fecha de detención.
Domicilio      :       Lynch Norte Nº 57, La Reina, Santiago.
E.Civil        :       Soltero.
Actividad      :       Estudiante de Tercer año de Economía en la Universidad de Chile.
C.Repres.      :       Sin militancia política conocida.
F.Detenc.      :       10 de agosto de 1974.



SITUACION REPRESIVA
         Dignaldo Araneda, 23 años de edad, estudiante de la Universidad de Chile, sin militancia
política conocida, fue detenido en la madrugada del día 10 de agosto de 1974 en el domicilio de la
familia Quevedo Godoy, donde el joven residía durante el período escolar ya que su familia vivía
en Concepción.
         Hasta la casa, ubicada en la calle Lynch Norte N° 57, comuna de La Reina de la ciudad de
Santiago, llegó un grupo de 8 a 10 individuos armados que ingresaron a la vivienda sin que sus
moradores advirtieran su presencia, puesto que todos se encontraban durmiendo.
         Los sujetos se dispersaron por las habitaciones, despertaron a sus ocupantes y
encañonándolos con sus armas les ordenaron que se reunieran en el living y les entregaran sus
cédulas de identidad.
         Los individuos se identificaron como agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia
Nacional) y mostraron una orden de allanamiento y detención en contra de Agustín Quevedo
Godoy, uno de los hijos de la familia a quien buscaban, según dijeron, por ser militante del MIR.
         El dueño de casa le informó que su hijo no se encontraba en el hogar; efectivamente, el
joven estudiaba en Concepción y se hospedaba en casa de los padres de Dignaldo Araneda.
         Luego, uno de los agentes hizo una llamada telefónica, al parecer con el objetivo de
verificar los datos personales, ya que posteriormente devolvieron a sus dueños sus respectivas
cédulas de identidad, con excepción de Dignaldo, respecto de quien comunicaron que lo llevarían
detenido.
         Preguntaron a los demás si sabían que el joven y Agustín pertenecían al MIR, a lo que
todos respondieron negativamente. Después de esto se retiraron de la casa llevando con ellos a
Dignaldo Araneda, sin indicar la razón de su arresto ni el lugar donde sería conducido.
         Su aprehensión se realizó en presencia del dueño de casa, su cónyuge, cuatro de sus hijos
y una nuera.
         Desde esos momentos se ignora el paradero del joven quien permanece en calidad de
detenido desaparecido.
         Sus familiares realizaron diversas gestiones de búsqueda en SENDET, Ministerio del
Interior, Hospitales, Fiscalías Militares, Servicio de Investigaciones, Ministerio de Defensa, Campo
de Detenidos "Tres Alamos", Tercera División de Ejército y Servicio de Investigaciones de
Concepción, todas las cuales resultaron infructuosas.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
       El 15 de agosto de 1974 se interpuso recurso de amparo en su favor ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado por considerar que las autoridades habían
respondido negativamente a las consultas sobre detención o proceso pendiente contra el afectado.
       Por otra parte, los padres de Dignaldo enviaron cartas al Comandante en Jefe de la
Segunda División de Ejército y Jefe de Zona en Estado de Sitio y al Ministro del Interior, solicitando
información sobre su hijo a las que respondieron señalando no tener antecedentes al respecto.
       El 3 de enero de 1975 se inició la causa rol 11.649-6 por presunta desgracia en el 8º
Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, ingresada a través de un parte policial enviado
por la Sexta Comisaría Judicial Providencia.
         En respuesta a los respectivos Oficios del Tribunal, informó SENDET, Ministerio del
Interior. Fiscalía de Aviación, Prefectura de Investigaciones de Santiago, Carabineros, Instituto
Médico Legal y 2º Juzgado Militar señalando no registrar antecedentes de Dignaldo Araneda.
         Además de la denunciante, comparecieron ante el Tribunal los siete testigos de la
detención del joven quienes ratificaron las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
         El 28 de febrero de 1976 se declara cerrado el sumario y se sobresee temporalmente la
causa, debido a que el Juez considera que no se encuentra suficientemente acreditada la
existencia del hecho denunciado.
         Se envía en consulta a la Corte, a lo que el Fiscal solicita en su informe la aprobación del
sobreseimiento pero sustituye la causal señalada por la de no estar acreditados los autores del
delito. Detalla en el informe las circunstancias de la detención, el motivo: "que tanto Dignaldo como
Agustín pertenecían o se tenían sospechas que pertenecieran al MIR" y al no encontrar a éste
detuvieron a Dignaldo. Respecto de los informes de la autoridad en orden a que no fue detenido
indica: "Lo que hace o deja de hacer los Servicios de Seguridad en razón de tareas que le son
propias, no siempre llega a conocimiento de la autoridad, vale decir, Secretaría Ejecutiva Nacional
de Detenidos, organismo oficial a cargo precisamente de los detenidos en virtud del Estado de
Sitio. El personal de la Dirección de Inteligencia Nacional, en los actuares que motivaron la
instrucción del presente sumario no es identificable".
         El 22 de abril de 1976 la Corte confirmó sin modificaciones la resolución del Juez.
Nombre         :       ANDRES TADEO GALDAMEZ MUÑOZ
Rut            :       2.507.980, Santiago
F.Nacim.       :       20-10-29, 44 años a la fecha de detención
Domicilio      :       Pedro Fontova Nº 4043, La Palmilla, Santiago
E.Civil        :       Casado, 3 hijos
Actividad      :       Comerciante de ferias libres
C.Repres.      :       Militante del Partido Comunista
F.Detenc.      :       12 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Andrés Tadeo Galdámez Muñoz, casado, tres hijos, comerciante, militante comunista, fue
detenido alrededor de la una de la madrugada del día 13 de agosto de 1974.
        Fue sacado violentamente desde su domicilio por tres individuos de civil, armados, que
dijeron pertenecer al Ministerio de Defensa, sin mostrar identificación ni orden de arresto, luego fue
introducido a una camioneta de color rojo, donde ya iban otros detenidos cubiertos con una
frazada.
        Desde ese momento se ignora lo ocurrido a Andrés Galdámez por lo que permanece en
calidad de detenido desaparecido.
        Cabe señalar que dos días antes de su aprehensión, vale decir el 10 de agosto,
concurrieron a su domicilio unos militares quienes le informaron haber recibido denuncias de que
allí se realizaban reuniones políticas, lo que fue desmentido por el afectado. Los militares se
retiraron luego de dejarle instrucciones de que debía comunicarles si cambiaba de domicilio.
        El mismo día 13 de agosto fueron detenidas otras personas domiciliadas en el sector, ellas
son: Manuel Antonio Carreño Navarro, su hijo Iván Sergio Carreño Aguilera de 16 años de edad,
ambos detenidos desaparecidos; José del Tránsito Aceitón, las menores Verónica Patricia Pareja y
Rosa Eliana Narváez y un señor de apellido Pezoa, todos los cuales fueron puestos en libertad
posteriormente. Las detenciones fueron parte de una redada efectuada por la DINA en el sector.
        Según testimonios de ex detenidos, los tres desaparecidos estuvieron recluidos en el
recinto de la DINA conocido como Villa Grimaldi. Cabe hacer presente que Andrés Galdámez
padecía de serias afecciones al estómago y páncreas.
        Sus familiares acudieron a SENDET, Ministerio de Defensa, Campamento "Tres Alamos",
Regimiento Buin, Instituto Médico Legal, sin obtener ninguna información acerca del afectado.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 16 de agosto de 1974 se presentó recurso de amparo rol 934-74 ante la Corte de
Apelaciones de Santiago.
        Se solicitó información sobre el amparado al Ministerio del Interior y al Ministerio de
Defensa.
        El 20 de septiembre, el Ministro del Interior, General Raúl Benavides Escobar, respondió
que el afectado no se encontraba detenido por orden de alguna autoridad administrativa y que se
ignoraba su paradero. Por su parte, el Ministerio de Defensa, luego de reiterados Oficios, informó
el 28 de noviembre no tener antecedentes.
        El mismo mes de noviembre, la recurrente presentó al Tribunal un nuevo antecedente
señalando que el amparado había sido detenido junto a otras personas, las que se encontraban a
esa fecha en libre plática en el Campamento de Detenidos "Tres Alamos".
        Con esta información, la Corte solicitó al Ministerio del Interior un nuevo informe, que fue
recién contestado el 20 de marzo de 1975 y en el cual el Ministro indicó que Andrés Galdámez no
se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.
        Luego de estas diligencias, con fecha 26 de marzo de 1975 se rechazó el amparo y se
ordenó remitir los antecedentes al Tercer Juzgado del Crimen.
        El 3 de abril de 1975 se inició causa rol 117.888 por desaparecimiento, en el Juzgado
antes mencionado. Compareció ante el Tribunal la denunciante, hija del afectado y la esposa de
éste, única testigo de su detención, quienes ratificaron la denuncia.
        El Tribunal solicitó información al Ministerio de Justicia que señaló que le correspondía al
Ministerio del Interior dar respuesta acerca de lugares de detención. El Ministerio del Interior, por
su parte, señaló que Andrés Galdámez no se encontraba detenido.
        El 19 de octubre de 1976 y luego de un año y seis meses de tramitación, el Juez declaró el
sobreseimiento temporal de la causa, resolución que fue confirmada por la Corte el 22 de
noviembre de 1976 por art.409 N°1.
        Paralelamente, el 31 de diciembre de 1974 se había interpuesto denuncia por presunta
desgracia, rol 117.360, ante el Tercer Juzgado del Crimen.
        Consultados el Ministerio del Interior, SENDET, Instituto Médico Legal, Oficina de Registro
Civil Independencia, señalaron no tener antecedentes acerca del afectado. El 6 de diciembre de
1975, se dictó el sobreseimiento temporal que fue aprobado por la Corte el 27 de enero de 1976.
Nombre         :       MARIA CECILIA LABRIN SASO
Rut            :       16.995, Providencia
F.Nacim.       :       15-05-49, 25 años a la fecha de su detención
Domicilio      :       Latadía 4301, Las Condes, Santiago
E.Civil        :       Soltera
Actividad      :       Asistente Social; ex asistente social de la Corporación de la Vivienda
                       (CORVI) (1973)
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
F.Detenc.      :       12 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        María Cecilia Labrín Saso, Asistente Social, militante del MIR, -embarazada de poco más
de dos meses- fue detenida el 12 de agosto de 1974, alrededor de las 22:00 horas, en presencia
de su madre y sus hermanas, por tres agentes de civil pertenecientes a la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia de Carabineros y
que se movilizaban en una camioneta roja Chevrolet, sin patente y sin distintivos especiales.
        A esa hora, la afectada -debido a que su embarazo presentaba complicaciones- se
encontraba en cama, haciendo reposo. Los aprehensores manifestaron que sólo deseaban hablar
con ella en relación a su trabajo en la CORVI, que no les tomaría "más de media hora" y que
debían trasladarla, para esos efectos, a la 23a. Comisaría de Carabineros de La Reina. María
Cecilia accedió a levantarse y acompañarlos. Cuando su madre, Olivia Saso, pidió ir también, los
civiles dijeron que no era posible puesto que en la cabina de la camioneta sólo cabían cuatro
personas.
        Uno de los agentes era bajo, moreno, delgado, de unos 37 años, vestido con terno gris
oscuro. El segundo, quien al parecer era el jefe del grupo, era más alto, gordo, algo más joven que
el primero, crespo, de tez blanca, y vestía de terno azul. El tercero, usaba "jeans", camisa rosada y
era de tez blanca, bajo de estatura, era el más joven del grupo y estaba notoriamente ebrio. Unos
diez días antes, estos mismos individuos se habían presentado en el hogar de la afectada
pidiéndole también que los acompañara. Como María Cecilia les hizo ver que estaba en mal
estado de salud, los hombres sólo procedieron a interrogarla y quedaron de volver posteriormente,
cosa que hicieron realidad ese 12 de agosto a las 22:00 hrs.
        Esa misma noche y como su hija no retornara al hogar, Olivia Saso acudió a la 23
Comisaría de Carabineros. Allí le informaron que nada sabían al respecto y que no tenían
detenidos en ese momento. Frente a esta situación, la señora Saso concurrió a la 2a. Comisaría
de Carabineros de Las Condes, con iguales resultados. Se dirigió entonces a Investigaciones del
sector, sólo para enterarse de que no habían sido ellos los que habían detenido a la afectada. Al
día siguiente, 13 de agosto, se dirigió a la Intendencia de Santiago, en donde un Teniente de
Carabineros de apellido García, luego de realizar algunas consultas, la citó para 10 días después.
Ella regresó en la fecha indicada y el mismo carabinero le dijo que María Cecilia estaba "en
buenas manos", que la DINA la tenía detenida por motivos políticos y que "el asunto sería para
largo". También ese mismo día recurrió a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos
(SENDET), sin resultados.
        El 14 de agosto de 1974, dos días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta
el domicilio de Sergio Vesely Fernández -militante del MIR, buscado por la DINA y quien sería
detenido en la batida que dicho organismo realizó contra ese movimiento en enero de 1975-. Allí la
recibió Adriana Fernández, madre de Sergio, la que declaró ante el Tribunal que María Cecilia iba
acompañada de un civil, que tenía los ojos llorosos y que, al retirarse de la casa, se abrazó
fuertemente a ella. El desconocido tomó a María Cecilia por detrás y la sacó del lugar. Ambos se
fueron caminando. Después la testigo se enteró que la afectada iba en calidad de detenida.
        En septiembre de 1974, la madre de la víctima recibió una llamada telefónica anónima en
la que le dijeron que su hija había ingresado al Hospital Barros Luco para un control de embarazo.
Ello volvió a repetirse. Pero, cuando el Ministro en Visita Servando Jordán López, en 1980, pidió
antecedentes a ese centro hospitalario, se informó que no registraban atención a ninguna María
Cecilia Labrín en los años 1974 y 1975.
         Hasta la fecha se ignora el desenlace del embarazo de la afectada.
         Posteriormente, y en su intensa búsqueda, Olivia Saso acudió al Ministerio del Interior, en
donde fue atendida por el Teniente de Carabineros Jaime López, quien desempeñaba allí
funciones de secretaría. A las preguntas de la testigo, éste le respondió que "estaba viva y dentro
del país", (octubre de 1974).
         Por su parte, Pascual Neves, padre del hijo que esperaba María Cecilia, concurrió en
innumerables oportunidades a Tres Alamos para inquirir información sobre el paradero de la
afectada. El 10 de febrero de 1975, un carabinero de guardia, le entregó un papel manuscrito que,
según dijo, provenía de Cuatro Alamos -sector de incomunicados dependiente de la DINA y a cuyo
cargo estaba el Teniente de Gendarmería Orlando José Manzo Durán- en el que se leía "Cecilia
Labrín Saso, detenida 17 de agosto de 1974 por estar involucrada en plan activista con el MIR.
Cuatro Alamos. San Miguel, 10 de febrero de 1975". El documento fue adjuntado al proceso, pero
cuando, ya en 1980, se pretendió citar a los carabineros que en febrero de 1975 se encontraban
de guardia en Tres Alamos, la Dirección General de Carabineros ofició al Tribunal informando que
los libros de la época habían sido incinerados y que resultaba imposible saber los nombres de
dichos funcionarios, (25 de abril de 1980).
         Testimonios posteriores señalaron que María Cecilia era muy amiga de Alicia Gómez, la
"Carola", y que ambas estaban vinculadas en tareas de apoyo a la Dirección del MIR. Alicia
Gómez había sido detenida dos meses antes que la afectada, transformándose en una
colaboradora de la DINA. Además, Luz Arce -militante socialista y también a esa época
colaboradora de la DINA, condición a la que había llegado tras las amenazas y torturas sufridas
durante su detención- señaló ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en octubre de
1990, que Marcia Alejandra Merino había estado relacionada con la detención de la víctima.
Marcia Merino -"la flaca Alejandra"- también se había transformado en colaboradora de dicho
organismo de seguridad durante su período de reclusión. "La Flaca Alejandra" -según Luz Arce-
suponía que María Cecilia estaba muerta.
         En noviembre de 1992, Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información
relacionada con detenidos desaparecidos; respecto a María Cecilia Labrín Saso, dice que fue
careada con ella en el recinto de torturas de Londres 38. En esa ocasión tuvo la impresión que
estaba recién detenida.
         En los meses de julio y agosto de 1974, la DINA había detenido a numerosos militantes del
MIR, lo que se tradujo en que en aquella época el recinto secreto de detención y tortura de la DINA
conocido como Londres 38, permaneciera constantemente lleno de detenidos. Muchos de ellos
desaparecieron desde ese mismo centro de reclusión; otros, fueron trasladados a Cuatro Alamos,
desde donde también desaparecieron. María Cecilia Labrín, según la testigo Erika Cecilia
Hennings, estuvo en Londres 38 y de acuerdo a los antecedentes recopilados durante el proceso,
también habría permanecido en Cuatro Alamos.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         El 19 de agosto de 1974, en la Corte de Apelaciones de Santiago, se interpuso un recurso
de amparo por la afectada, el que fue tramitado con el rol N°946-74. La presentación fue
rechazada el 9 de diciembre del mismo año, cuatro meses después de la detención de la víctima.
Se apeló y la Corte Suprema confirmó el fallo en enero de 1975, después que el Ministro del
Interior informara que no estaba detenida.
         El 16 de octubre de 1974 se interpuso denuncia por secuestro de la afectada en el 6°
Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el N°90.689, causa a la que se acumularon
los antecedentes remitidos por la Corte de Apelaciones en relación al recurso de amparo
rechazado. Respondiendo a una orden de investigar, Investigaciones informó, el 22 de noviembre
de 1974, que no habían logrado la ubicación de la camioneta Chevrolet color rojo y que las
averiguaciones practicadas en la Dirección General de Carabineros, postas, hospitales, Instituto
Médico Legal, Cárcel Pública, no habían dado resultados positivos. Por su parte, el Coronel Jorge
Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo del SENDET, indicaba, el 14 de marzo de 1975, que dicho
organismo carecía de antecedentes relativos a la detención de María Cecilia Labrín. Sólo en mérito
a este informe, el 8 de abril de 1975 se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa,
por no encontrarse "completamente justificado el delito". El 16 de mayo del mismo año, la Corte de
Apelaciones aprobó la resolución del Juez.
         Posteriormente, el 7 de agosto de 1979, Olivia Saso presentó una querella por los delitos
de secuestro agravado, incomunicación prolongada, rigor innecesario y detención arbitraria,
cometidos en la persona de María Cecilia Labrín. La presentación se hizo ante el Ministro en Visita
Servando Jordán López, designado en calidad de tal por la Corte Suprema para conocer de los
procesos de detenidos-desaparecidos denunciados en la jurisdicción de Santiago (marzo de
1979). Se le solicitaba acoger a tramitación la querella y la realización de diligencias. Entre estas
últimas se señalaban: citación a comparecer al carabinero de guardia en Tres Alamos que entregó
la nota a Pascual Neves, en la que se reconocía la detención de la afectada; citación al Teniente
de Carabineros de apellido García, quien había informado, en la Intendencia de Santiago, a Olivia
Saso que su hija se encontraba en poder de la DINA; citación al Teniente de Carabineros del
Ministerio del Interior, Jaime López, quien había dicho que la víctima "estaba viva y dentro del
país"; también se solicitaba la completa identificación del testigo llamado Audolino.
         El 4 de septiembre de 1979, el Ministro Jordán no dio lugar a la tramitación de la querella ni
a la reapertura del sumario, dado que los nuevos antecedentes aportados por la querellante,
"algunos expuestos en forma vaga, se atribuyen a circunstancias que habrían acaecido cuatro o
cinco años a la fecha". Entre los antecedentes aportados por la madre de la víctima, el más
importante tenía relación con el conocimiento extra oficial de que el hijo que esperaba María
Cecilia al momento de su detención, había nacido en un recinto militar.
         Se apeló de la resolución, haciéndose hincapié en las nuevas informaciones con que la
familia contaba, las que "son más que suficientes para que se conceda la reapertura del sumario".
"De este modo -se agregaba- la Justicia debe velar porque no queden impunes los gravísimos
delitos cometidos en la persona de María Cecilia Labrín Saso y del hijo que ella llevaba en su
seno, vida inocente cuyo destino es desconocido". El 19 de octubre de 1979, la Corte de
Apelaciones revocó la resolución del Ministro, dando lugar a la reapertura del sumario, del que se
otorgó conocimiento a la parte querellante en diciembre de ese año.
         El 5 de mayo de 1980, se volvió a declarar cerrado el sumario por "encontrarse agotada la
investigación", sin que hubiere declarado ante el Tribunal ni Berta Saso ni su marido Juan Pastén
el que, en 1979, se había retirado de la Armada. Berta Saso había contado a su hermana Olivia
que su cónyuge había sabido que su sobrina María Cecilia tuvo su hijo en marzo de 1975. Se
apeló nuevamente de la resolución, indicando como diligencias que quedaban pendientes
precisamente la citación a declarar de los testigos mencionados. Además, se señalaba que no se
había logrado determinar los lugares a que María Cecilia Labrín fue conducida después de su
detención. Aunque existían antecedentes claros de su permanencia en Cuatro Alamos -papel
manuscrito entregado a Pascual Neves en Tres Alamos y algunas de las respuestas dadas al
Tribunal por Orlando José Manzo Durán- la investigación no había logrado determinar la suerte
corrida por la afectada. Es por esa razón, se decía en el escrito de apelación, que "la investigación
no puede darse por terminada existiendo estos grandes interrogantes sin resolverse". Se solicitaba
la citación a Berta Saso y de los Coroneles de Carabineros (R) Armando Salas y Héctor Rojas,
quienes habían ocupado cargos directivos en el hogar de menores "Aldea de Hermanos"
(Cañaveral), así como de las Asistentes Sociales Ximena Aguirre y Luisa Devillaino. También se
pedía una nueva declaración de Orlando José Manzo Durán.
         En agosto de 1980, la Corte de Apelaciones revocó el fallo del Ministro Jordán y ordenó la
citación de Berta Saso y de su cónyuge y de Manzo Durán. Estos negaron la información de que
habían sabido que había nacido el hijo de María Cecilia Labrín. Después de que declararon los
testigos, el proceso se cerró en 1982.
        La familia de la afectada realizó además múltiples gestiones administrativas, oficiales y
extra-oficiales para determinar su paradero. Es así como Olivia Saso informó que el Teniente de
Ejército Patricio Murúa y el Contralmirante (R) Jacobo Neummann, manifestaron que María Cecilia
estaba detenida. El primero señaló que se encontraba en un politécnico y, el segundo, que estaba
incomunicada en Tres Alamos. Por otra parte, según lo manifestó Pascal Neves, la Cruz Roja
Internacional le informó que una detenida -no se da nombre- había visto a la afectada en un centro
de reclusión. Hasta hoy todas las gestiones han resultado infructuosas.
        Por otra parte, la madre recibió informaciones de que su hija habría dado a luz en
cautiverio. Sin embargo, estas versiones nunca pudieron ser confirmadas.
        A propósito de las declaraciones de Luz Arce Sandoval en marzo de 1991 ante el 4°
Juzgado del Crimen de Santiago, se presentó una nueva denuncia por presunta desgracia, la que
ingresó a tramitación con el rol 133.705. A diciembre de 1992 la referida causa se encontraba en
estado de sumario y con diligencias pendientes.
        Se espera que la detención del ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena en noviembre
de 1992, pueda aportar antecedentes en el esclarecimiento de la suerte de María Cecilia Labrín
Saso. El ex agente fue expulsado de Brasil después de más de 3 meses de detención, a raíz de
que fue descubierto viviendo en ese país con identidad falsa. A ese país había llegado por
instrucciones y con el apoyo de la DINA. Su ubicación fue el resultado de una serie de diligencias
practicadas por Investigaciones y ordenadas por la jueza Gloria Olivares del 3er. Juzgado del
Crimen en la causa por la detención con desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. A
diciembre de 1992, contra Romo Mena se habían dictado 7 encargatorias de reo en causas por
graves violaciones a los derechos humanos.
Nombre        :       IVAN SERGIO CARREÑO AGUILERA
Rut           :       7.625.597-0
F.Nacim.      :       15-08-58, 16 años a la fecha de su detención
Domicilio     :       Nahuelbuta Nº 1535, Población El Carmen, Conchalí, Santiago
E.Civil       :       Soltero
Actividad     :       Estudiante Secundario, Liceo 12
C.Repres.     :       Militante de la Juventud del Partido Comunista, encargado de tareas
                      menores; ex integrante del Centro Juvenil de la Población, Anexo
                      Independencia
F.Detenc.     :       13 de agosto de 1974

*****************************************************************
Nombre           :        MANUEL ANTONIO CARREÑO NAVARRO
Rut.             :        1.753.948-5
F.Nacim.         :        20-07-21, 53 años a la fecha de detención
Domicilio        :        Nahuelbuta Nº 1535, Población El Carmen, Conchalí, Santiago
E.Civil          :        Casado, 7 hijos
Actividad        :        Comerciante
C.Repres.        :        Militante del Partido Comunista; ex integrante de las Juntas de
                          Abastecimientos y Precios (JAP)
F.Detenc.        :        13 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Manuel Antonio Carreño Navarro, casado, siete hijos, militante comunista y su hijo Iván
Sergio Carreño Aguilera, de 16 años de edad, estudiante secundario, militante de la Juventud
Comunista, fueron detenidos el 13 de agosto de 1974, en su domicilio, alrededor de las 00:30
horas, por tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que se movilizaban en
una camioneta Chevrolet color rojo, sin patente y con letras blancas, en la que habían dos agentes
más. A esa hora de la madrugada, los aprehensores, fuertemente armados, llegaron hasta el
domicilio de las víctimas, identificándose como "policías" y haciendo un gesto de mostrar
documentación, la que nadie logró ver. Allanaron minuciosamente el hogar y obligaron a Ana
Concepción Aguilera -esposa y madre respectivamente de los afectados- que les abriera la puerta
del dormitorio de Iván Sergio. Los agentes, al enterarse del nombre del menor, revisaron una
carpeta de color negro que portaban consigo y consultaron una lista de nombres. Inmediatamente
después hicieron levantarse a Iván Sergio Carreño y dijeron que tenía que acompañarlos. Cuando
la madre preguntó por qué se lo llevaban, un agente, alto y delgado, le respondió con brusquedad:
"ahora se preocupa y no se preocupó antes cuando andaba pegando carteles en la calle".
        En esos momentos, Manuel Antonio Carreño, a medio vestir, se acercó a los aprehensores
y preguntó lo que estaba sucediendo con su hijo. La respuesta fue "usted quédese calladito porque
también tiene que acompañarnos, es allá donde tiene que hablar".
        Ambos, padre e hijo, fueron subidos a la parte de atrás de la camioneta, custodiados por
uno de los agentes. En el vehículo también iba detenido José del Tránsito Aceitón Salazar -atado
con alambres y tapado con una frazada- quien permaneció incomunicado por más de 30 días, para
terminar siendo expulsado del país en febrero de 1975, sin que pudiera declarar en el proceso por
el desaparecimiento de los afectados. Aceitón había sido Presidente de las JAP del sector y
abastecía a Manuel Antonio Carreño.
        En la tarde de ese mismo día, testigos vieron como Iván Sergio era trasladado por sus
captores en una camioneta por la Población Anexo Independencia -ubicada al frente de la
Población El Carmen, en la que el menor tenía su domicilio -siendo obligado a reconocer
compañeros del Liceo donde estudiaba. Alrededor de las 18:00 horas de ese 13 de agosto, fue
llevado hasta los respectivos domicilios de dos niñas menores de edad, Verónica Patricia Pareja y
Rosa Eliana Narváez. Las dos menores -que habían participado hasta el día del Golpe Militar en el
Centro Juvenil de la Población Anexo Independencia junto a Iván Sergio- fueron detenidas en esa
oportunidad, saliendo libres sólo 4 semanas después. La madre de la primera de ellas informó de
la situación a Ana Concepción Aguilera.
        Por su parte, Sergio Andrés Díaz, quien vivía en la Población Anexo Independencia, supo
de la detención de los Carreño y, desde la esquina de su casa, vio cuando detuvieron a Verónica
Patricia y a Rosa Eliana. Más aún, el domicilio del testigo fue allanado varias veces. En uno de
esos allanamientos -no se precisa la fecha- los agentes llevaban consigo a Iván Sergio Carreño, el
que se veía en muy mal estado físico y era incapaz de caminar solo.
        Manuel Antonio Carreño y su hijo, fueron trasladados por sus aprehensores a Londres 38,
centro secreto de detención y tortura de la DINA, en donde fueron vistos por testigos. Erika Cecilia
Hennings, quien fuera detenida el 31 de julio de 1974, permaneció en Londres 38 por espacio de
17 días. En ese recinto, la declarante supo de la presencia de varias personas que estaban allí en
calidad de detenidas, entre estas, Manuel Antonio e Iván Sergio Carreño. Por otra parte, un
sacerdote, que en 1974 se desempeñaba como párroco en la Parroquia San Diego de
Huechuraba de la Población El Carmen, recibió testimonios relativos al destino corrido por los
afectados. Por antecedentes que le proporcionaron, entre otros José del Tránsito Aceitón, supo de
las circunstancias que rodearon la detención de los Carreño y de su traslado al recinto de calle
Londres 38. Según le informaron los testigos, Manuel Antonio Carreño, quien había sido violenta e
intensamente torturado, sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a gritar e insultar a los guardias.
Estos reaccionaron tomándolo y arrastrándolo hacia un patio interior, en donde procedieron a
golpearlo hasta la muerte. Una vez muerto, los agentes cavaron un hoyo en el patio. La impresión
de aquellos que estaban detenidos fue que lo enterraron ahí mismo.
        Iván Sergio Carreño, al escuchar los gritos, comenzó, en la sala donde se encontraban los
demás detenidos, a gritar también, llamando a su padre. Entonces los guardias tomaron al menor y
también lo arrastraron al patio, dándole muerte. La versión le fue plenamente confirmada al
sacerdote, incluso en sus detalles, por José Aceitón, cuando el declarante lo fue a ver a Tres
Alamos. Más aún, Aceitón y los otros testigos pidieron al sacerdote, en esa fecha (1974), que no
entregara la información a la familia de los afectados, puesto que la señora "podía incluso
morirse". Sólo se dio a conocer cuando la familia Carreño viajó al exilio a Viena, Austria.
        La detención de Manuel Antonio Carreño y de su hijo Iván Sergio, no fue un hecho aislado,
sino que se inscribió en una redada que realizó la DINA en el sector. Según testigos, desde el 12
de agosto de 1974 se advirtió a muchos carabineros rondando por la Población Anexo
Independencia de Conchalí. Al día siguiente, en la madrugada, se produjeron detenciones en la
población El Carmen y otros sectores de Conchalí. Así, además de los Carreño, fueron detenidos
Andrés Tadeo Galdámez, también militante comunista y también detenido- desaparecido; José del
Tránsito Aceitón, ex-Presidente de las JAP; las menores Verónica Patricia Pareja y Rosa Eliana
Narváez y una persona de apellido Pezoa, todos los cuales, a excepción de Galdámez y los
Carreño, recuperaron su libertad.
        Posterior a los hechos, el domicilio de los afectados recibió la "visita" de civiles que
inquirían antecedentes. La primera de estas "visitas" se produjo el 15 de febrero de 1977 y los
civiles de identificaron como pertenecientes al Servicio de Investigaciones. Ya en esta fecha, la
señora Ana Concepción Aguilera se encontraba en tratamiento siquiátrico, víctima de una fuerte
neurosis producto de sus pocas esperanzas de encontrar con vida a su esposo e hijo. También se
encontraba en tratamiento psicológico su hijo de 8 años de edad, el que había sido fuertemente
afectado por el desaparecimiento de su padre y hermano.
        El 16 de julio de 1977, a las 4 de la tarde, dos jóvenes, de entre 16 y 19 años, se
presentaron en el domicilio familiar. Dijeron que venían de la Secretaría Nacional de la Juventud, y
el mayor de ellos mostró un carnet universitario de la Universidad de Chile. Señalaron que
buscaban información acerca de Iván Sergio, preguntando todo lo concerniente a su detención y
diciendo que pondrían los antecedentes en manos de autoridades de Gobierno. En el transcurso
de la conversación, Ana Concepción Aguilera sufrió una crisis que se tradujo en una fuerte baja de
presión y en un derrame nasal y bucal, con desvanecimiento posterior. Ante la situación, los
jóvenes procedieron a retirarse.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
         El 19 de agosto de 1974 se interpuso recurso de amparo por los afectados en la Corte de
Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 958-74 y el que fue fallado sólo 9 meses más
tarde, en mayo de 1975. Se consultó a las distintas autoridades y el 20 de septiembre de 1974 el
General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, respondió al Tribunal
informando que Manuel Antonio e Iván Sergio Carreño no se encontraban detenidos por orden de
la autoridad administrativa y que esa Secretaría de Estado ignoraba sus respectivos paraderos. El
15 de octubre del mismo año, el Ministro Benavides reiteraba que Manuel Carreño no se
encontraba detenido por orden de esa Secretaría. El 18 de octubre, Ana Aguilera señalaba a la
Corte que su marido y su hijo habían estado detenidos en el recinto de calle Londres Nº 38,
solicitando que se oficiara a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) para que
informara al respecto.
         En noviembre de 1974, Ana Aguilera decía a la Corte "mi angustia de madre, de mujer, de
esposa y de chilena, en estos momentos es inmensa frente a la injusticia tan grande y creo que es
necesario que Vs. Ilma. haga uso de todas las facultades y prerrogativas que le confieren las leyes
a fin de poner término definitivo a ella". En estos mismos días, el General Raúl Benavides oficiaba
al Tribunal respondiendo a nombre del Prefecto General de Carabineros, haciendo presente que
"este Ministerio informó sobre la situación de las mencionadas personas (los afectados)", (27 de
noviembre). Además, el Ministerio de Defensa Nacional informó que los afectados no registraban
antecedentes en esa Secretaría de Estado. Por su parte, el General de Brigada y Jefe de la Zona
en Estado de Sitio de la Provincia de Santiago, Sergio Arellano Stark, informó en diciembre de
1974, que ni a Manuel Carreño ni a su hijo Iván Sergio se les instruía causa en el II Juzgado
Militar. El 15 de marzo de 1975, frente a un nuevo requerimiento del Tribunal, el Ministro
Benavides insistió en que ninguno de los dos afectados se encontraba detenido por orden de esa
Secretaría, cosa que se volvió a repetir el 20 de marzo de ese mismo año.
         El 14 de mayo de 1975, en mérito a los informes de las autoridades, se rechazó el amparo
y se remitieron los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente a fin que investigara la
posible comisión de un delito.
         El 4 de octubre de 1974, Ana Aguilera presentó una denuncia por presunta desgracia ante
el 3º Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el Nº 3.322. Después de que se
emitiera una orden de investigar, el 23 de noviembre de 1974 se archivaron los antecedentes por
"no haberse adelantado más en el éxito de esa investigación". No hubo otras diligencias. Sin
embargo, el 12 de mayo de 1975, la jueza, María Antonieta Gutiérrez, del mismo 3er. Juzgado del
Crimen, dejó sin efecto la medida anterior y se instruyó sumario, dándole el rol Nº118.145-8. A este
proceso se acumularon los antecedentes remitidos por la Corte de Apelaciones. La primera
diligencia realizada fue la emisión de una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, la
que fue respondida el 27 de junio de 1975 y en la que se señalaba que se habían practicado
diversas averiguaciones en hospitales, postas, Instituto Médico Legal, establecimientos de
reclusión, sin obtener resultados positivos. El 7 de julio del mismo año, Investigaciones informaba
nuevamente al Tribunal que se habían efectuado nuevas consultas ante "los servicios de
inteligencia agrupados en la DINA, SENDET, y servicios de Carabineros y de Investigaciones, no
obteniendo respuesta positiva". Se agregaba que, ante la posibilidad de que los afectados
hubiesen salido del país, se había consultado en la oficina de la INTERPOL, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Interior, tampoco en esta oportunidad se lograron antecedentes
concretos.
         Posterior a estas diligencias, la causa quedó paralizada hasta el 23 de junio de 1976. Es
decir, transcurrió un año sin que se realizara diligencia alguna tendiente a ubicar el paradero de
Manuel Antonio Carreño y de su hijo Iván Sergio. Recién en esta fecha se emitió una nueva orden
de investigar, con el fin de dar con el domicilio de las menores Verónica Patricia Pareja y de Rosa
Eliana Narváez, diligencia que nunca fue concretada durante la tramitación del proceso. Las
menores no concurrieron a declarar ante el Tribunal.
         El 22 de septiembre de 1976, el Teniente Coronel Sergio Guarategua Peña, Secretario
Ejecutivo Nacional del SENDET, comunicó al Tribunal que, por Oficios anteriores, el Ministerio del
Interior ya había informado que los afectados no habían sido detenidos por orden de esa
Secretaría. Sin que se lograran mayores avances, el 2 de diciembre de 1976, se cerró el sumario y
se sobreseyó temporalmente la causa, por no encontrarse suficientemente acreditada la existencia
del delito. En su dictamen el Fiscal hizo notar "el desinterés por tratar de averiguar los hechos que
motivaron la instrucción del sumario, en el cual es cierto que consta que la Autoridad no ha
ordenado ni mantiene la detención de los desaparecidos". El Fiscal agregaba diligencias que
debían realizarse: oficiar al Ministerio del Interior, al SENDET y a Tres Alamos, a fin de que
informaran sobre la efectividad de la detención de José del Tránsito Aceitón; asimismo citar a
Aceitón para que declarara sobre su propia detención y lo que supiera en relación a los afectados,
agrega además el Fiscal que el interrogatorio deberá llevarlo a cabo personalmente el Juez de la
causa. El 18 de marzo de 1977, la Corte de Apelaciones revocó el fallo y ordenó al Juez que
practicara las diligencias propuestas por el Fiscal.
         Sin embargo, ya en 1977, casi tres años después de ocurridos los hechos, no fue posible
citar a declarar al principal testigo presencial, José del Tránsito Aceitón Salazar, puesto que, tal
como lo informó el Ministro del Interior Benavides, al Tribunal, el 27 de abril de ese año, el testigo
había sido expulsado del país el 5 de febrero de 1975, habiendo viajado a Venezuela el 13 de
febrero de aquel año. Benavides reconoció en ese Oficio la reclusión de José Aceitón en Tres
Alamos, después de haber estado preventivamente detenido en Cuatro Alamos. Diligencias
posteriores tampoco tuvieron resultados en el sentido de ubicar a José Aceitón. El 22 de agosto de
1977, el Coronel de Ejército y Subsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Valdés Puga,
informó que la Embajada en Venezuela no había logrado ubicar el paradero de José Aceitón, pues
no se encontraba inscrito en el Consulado de Chile.
         Sin que se tomaran los testimonios de los testigos presenciales de los hechos se cerró el
sumario y sobreseyó temporalmente la causa- por no encontrarse acreditada la existencia del
delito - el 12 de septiembre de 1977. El 21 de octubre de ese año, la Corte de Apelaciones
confirmó la resolución del Juez.
         Por su parte, la familia realizó una serie de gestiones administrativas, recorriendo centros
de detención, postas, Instituto Médico Legal y escribiendo a las autoridades de la época. Cuando
Ana Aguilera acudió a Tres Alamos -según lo declaró ella misma- los Carabineros se rieron,
diciéndole que todas las madres creían que sus hijos eran buenos "pero no saben lo que los
angelitos hacen por detrás". El 30 de noviembre de 1974, también en Tres Alamos, le recibieron
dos paquetes con ropa y útiles de aseo dirigidos a su esposo e hijo. Sin embargo, después de
media hora, el carabinero que la atendió, la llamó y le devolvió los paquetes diciéndole a "estos no
los han sacado...". La señora Ana Aguilera quiso preguntar algo más, pero le cerraron el portón.
         El 12 de marzo de 1976, Ana Aguilera escribió al Ministro del Interior, General de División
Raúl Benavides Escobar, relatándole los hechos y solicitándole una investigación al respecto. El
Ministro, en su respuesta, el 18 de marzo de 1976, le informó carecer de antecedentes relativos a
los afectados. En 1974 se presentó una denuncia por "sustracción de menor de edad", de la que
no hay mayores antecedentes. Posteriormente, y dada la situación económica y de salud de la
gran parte del grupo familiar, algunos de ellos -incluida la madre y esposa- viajaron al extranjero.
Hasta hoy, Manuel Antonio Carreño y su hijo Iván Sergio permanecen en calidad de
detenidos-desaparecidos.
         En el año 1992 a raíz de la detención del ex agente de la DINA, se interpuso una querella
por el secuestro de Manuel Antonio Carreño Navarro y su hijo Iván Sergio Carreño Aguilera. Esta
causa se tramita en el 3er. Juzgado del Crimen de Santiago bajo el rol Nro. 118145. A diciembre
de 1992 la referida causa se encuentra en estado de sumario y con diligencias pendientes.
         El ex agente Romo fue detenido en Brasil en julio de 1992, y a los 3 meses expulsado de
ese país. A su arribo a Chile fue detenido y puesto a disposición de varios Tribunales que tramitan
causas por detenidos desaparecidos. A fines del año 1992 en 7 procesos se habían dictado autos
de reo en su contra. Romo Mena vivía en Brasil desde finales de 1975, a ese país llegó con
identidad falsa que le proporcionara la DINA a él y su grupo familiar.
Nombre         :       HUGO ANTONIO CONCHA VILLEGAS
Rut            :       C.I. 4.963.758 de Santiago
F.Nacim.       :       11-08-45, 29 años a la fecha de detención
Domicilio      :       El Trébol 262, La Cisterna, Santiago
E.Civil        :       Casado, dos hijos
Actividad      :       Obrero mecánico, ayudante de mantención en Sección Sintéticos de la
                       Empresa Textil Comandari
C.Repres.      :       Miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR); hasta el 11 de
                       septiembre de 1973 dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de la
                       Empresa Comandari
F.Detenc.      :       13 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Hugo Antonio Concha Villegas, casado, dos hijos, obrero, militante del Frente de
Trabajadores Revolucionarios, fue detenido el 13 de agosto de 1974, aproximadamente a las dos
de la madrugada en su domicilio, y obligado a salir de su hogar por individuos de civil, armados,
que no se identificaron, quienes dijeron que lo necesitaban para reconocer a una persona que
llevaban en una camioneta de color blanco en la que se movilizaban.
         Anteriormente Hugo Concha había sido ya aprehendido en varias ocasiones; la primera, el
mismo día 11 de septiembre de 1973, en que fue detenido en su lugar de trabajo y conducido al
Estadio Nacional, lugar del cual salió en libertad el 17 de octubre con la obligación de firmar en el
Regimiento Tacna una vez por semana.
         El 15 de noviembre del mismo año fue detenido nuevamente en su trabajo por Militares,
permaneciendo privado de libertad durante una semana y luego siendo abandonado por sus
captores; tuvo que ser atendido en la Posta debido al deplorable estado físico en que se
encontraba a causa de las torturas sufridas.
         Su tercera detención ocurrió el 22 de marzo de 1974, después de concurrir a una citación
de la Fiscalía Militar; estuvo tres meses recluido en la Cárcel Pública, procesado por un Tribunal
Militar de Tiempo de Guerra en la causa rol 5-73, proceso en el que finalmente fue absuelto
recobrando su libertad el 10 de julio de 1974.
         A pesar de este fallo, que lo absolvió de la acusación de infracción a la Ley de Seguridad
Interior del Estado, por ser miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios y dirigente
sindical, aproximadamente un mes después fue detenido por los servicios de seguridad
ignorándose hasta ahora su destino, por lo que permanece en calidad de detenido desaparecido.
         Cabe señalar que la cónyuge de Hugo Concha y sus dos hijos fueron seriamente afectados
por las reiteradas detenciones del jefe de hogar y su posterior desaparecimiento, provocándoles
severas secuelas en su salud mental y física lo que, unido a las carencias económicas, ha
causado un deterioro en la calidad de vida del grupo familiar.
         Después de su aprehensión, sus familiares concurrieron en busca de alguna información
sobre su paradero a SENDET, Campamento de Prisioneros "Tres Alamos", Cárcel Pública y
Penitenciaría, Regimiento Tacna, Servicio de Investigaciones, Ministerio de Defensa, Fiscalía
Militar, Cruz Roja Internacional, sin lograr respuestas positivas.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        Por resolución de la Corte Suprema del 21 de marzo de 1979, la Corte de Apelaciones por
Oficio Nro.193 ordenó al 4° Juzgado de San Miguel instruir el sumario correspondiente para
investigar la presunta desgracia de Hugo Concha, iniciándose de este modo, el 6 de abril de 1979,
la causa rol 14.721, proceso del que no se tienen mayores antecedentes.
Nombre         :      NEWTON LARRIN MORALES SAAVEDRA
Rut            :      2.920.768-2, Santiago
F.Nacim.       :      30-08-34, 39 años a la fecha de detención
Domicilio      :      Calle 5, casa Nº 4705, Villa Frei, Ñuñoa, Santiago
E.Civil        :      Soltero
Actividad      :      Ingeniero Eléctrico; se desempeñaba como capataz en una obra de
                      construcción. Hasta el 11 de septiembre de 1973 trabajó como electricista
                      en la Planta Polyester de la Empresa Textil Sumar. Suboficial de la Armada
                      en Retiro
C.Repres.      :      Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
F.Detenc.      :      13 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
        Newton Larrín Morales Saavedra, soltero, Ingeniero eléctrico, militante del MIR, fue
detenido el 13 de agosto de 1974, aproximadamente a las 21:30 horas, en su domicilio ubicado en
la comuna de Ñuñoa.
        Hasta la vivienda llegaron tres individuos de civil en su búsqueda, señalando a la madre ser
amigos de Newton Morales. Como éste no se encontraba en la casa, lo esperaron y a su llegada
uno de los sujetos le preguntó si lo recordaba, a lo que el interpelado respondió que no lo conocía.
Luego, lo cogieron de ambos brazos, el afectado alcanzó a decir a su madre que lo llevaban
detenido; ella pidió a uno de los agentes que aparecía como jefe que le exhibiera la
correspondiente orden de detención, a lo cual éste respondió que eran "de inteligencia" y sólo lo
llevarían para que hiciera algunas declaraciones. El mismo día 13 de agosto, alrededor del
mediodía, se habían presentado en su domicilio dos de estos tres agentes, acompañados de una
mujer, al parecer detenida; como él no estaba anunciaron que volverían más tarde.
        Después de su arresto, sus familiares acudieron a solicitar información a SENDET,
Ministerio de Defensa, Fiscalías Militares, Campamento de Detenidos, Hospitales, Comisarías de
Carabineros, Instituto Médico Legal, sin lograr encontrarlo.
        A fines del año 1974, sus familiares fueron informados que se encontraría recluido en la
sección de incomunicados conocida como "Cuatro Alamos" ubicada dentro del Campamento "Tres
Alamos". Concurrieron hasta allá el día 25 de diciembre y le manifestaron a un Teniente de
Carabineros, de guardia en esos momentos, que buscaban a Newton Morales; el Oficial dijo
conocerlo y se mostró extrañado de que fuera la primera vez que lo visitaban, les prometió que
podrían entrar a verlo dentro de unos momentos. Luego ingresó al Campamento tardando más de
una hora en regresar y al hacerlo ignoró la presencia de la madre y sus dos hijas que la
acompañaban, por lo que una de estas se dirigió hasta él para preguntarle el resultado de su
gestión, a lo que el Teniente le respondió de manera cortante que su hermano no estaba en ese
recinto. En abril de 1975, la madre, Sra. Regina Saavedra, acudió nuevamente al Campamento
"Tres Alamos"; esta vez llevaba una carta del Fiscal de la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional dirigida al jefe del mencionado Campamento, Conrado Pacheco, solicitándole que
permitiera a Newton Morales firmar una carta poder autorizando a su madre para cobrar la pensión
que él percibía en esa Caja. En entrevista con la señora Saavedra, el jefe del Campamento
accedió a su petición y pasó a una oficina contigua donde comenzó a dictar el texto de un poder a
una persona que lo escribía a máquina, pero fue interrumpido por otras personas que entraron a la
habitación e iniciaron una fuerte discusión con el Comandante, saliendo finalmente éste a
explicarle a la madre que no podía autorizar su solicitud. Ante la insistencia de ella para ver y
ayudar a su hijo, sólo le señaló que le llevara útiles de aseo puesto que era lo único que
necesitaba.
         En varias oportunidades más, la sra. Saavedra fue al Campamento llevando paquetes para
Newton los que le eran recibidos, registrados y luego devueltos.
         Según testimonios aportados por tres detenidos en el mes de agosto de 1974, Newton
Morales permaneció en el recinto secreto de la DINA ubicado en calle Londres 38. Uno de los
testigos señaló que estuvo al lado de él en una pieza, que el afectado se encontraba esposado por
lo que ni siquiera podía beber agua sin ayuda; le pidió que recordara su nombre, por esta razón el
testigo se acuerda con claridad de su presencia allí, además señala que los guardias lo llamaban
"mi sargento" por su condición de ex marino, incluso al principio de su detención tenía un trato
militar con los guardias, lo que fue variando a medida que pasaban los días de detención y Newton
se sentía cada vez más afectado.
         A finales de 1992, Marcia Alejandra Merino Vega -quien después de haber sido detenida
por la DINA y ser víctima de brutales torturas, colaboró por años con ese organismo- dice que vio a
Newton Morales Saavedra, también en esa fecha militante del MIR como ella, en el recinto de
torturas de José Domingo Cañas.
         Hasta la fecha, Newton Larrín Morales Saavedra continúa en calidad de detenido
desaparecido.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 16 de agosto de 1974 se interpuso recurso de amparo, rol 932-74, ante la Corte de
Apelaciones de Santiago y el 4 de marzo de 1975 se presentó otro amparo, rol 319-75; ambos
fueron rechazados puesto que las autoridades consultadas señalaron que el afectado no se
encontraba detenido.
        El 4 de septiembre de 1974 se interpuso denuncia por presunta desgracia, rol 11.225, ante
el 8º Juzgado del Crimen de Santiago.
        Entre las diligencias realizadas, el 14 de octubre de 1975 compareció ante el Tribunal,
Conrado Rodolfo Pacheco Cárdenas, Teniente Coronel de Carabineros, a la fecha Jefe de
Campamento de Detenidos Políticos "Tres Alamos" quien, respecto a lo expresado por la madre
del desaparecido en el sentido que éste había aceptado que su hijo extendiera y firmara un poder
para el cobro de la pensión, señala no conocerla y no recordar que en alguna ocasión haya
ocurrido esa situación. Aclara que el Campamento Tres Alamos está destinado a personas que no
están incomunicadas y advierte que dentro de este recinto existe un pabellón denominado "Cuatro
Alamos" cuya tuición depende de la DINA y se encuentra actualmente al mando del Teniente de
Prisioneros, de apellido Manzo; finalmente, promete revisar las listas de las personas ingresadas
desde el 13 de agosto de 1974 para verificar si Newton Morales estuvo en Tres Alamos e informar
al Tribunal.
        En junio de 1976 el Juez dictó sobreseimiento temporal de la causa a lo que el Fiscal de la
Corte de Apelaciones dictaminó que se debía ordenar la reapertura del caso para efectuar algunas
diligencias como citar a Orlando Manzo Durand, encargado del Campamento "Cuatro Alamos",
dictamen que fue confirmado por la Corte.
        El mes de julio de 1977 compareció el mencionado Manzo Durand, quien ratificó que fue
Comandante del Campamento "Cuatro Alamos" desde 1974 hasta febrero de 1977, que allí
llegaban detenidos de todas las unidades de las ramas del Ministerio de Defensa y Servicios de
Inteligencia, quienes eran registrados en el Libro Indice el cual era "celosamente fiscalizado por el
señor Ministro de Justicia y Presidente de la Corte Suprema de Justicia". En cuanto a lo declarado
por la señora Regina Saavedra, dice no recordarla.
        Se recibió informe de Investigaciones fechado el 4 de mayo de 1977 señalando que en el
proceso rol 552-A de la Fiscalía Militar Ad-Hoc por infracción a la Ley 17.798, sobre Control de
Armas, se registraba una orden de aprehensión en contra del afectado.
        El 11 de abril de 1978 se interpuso querella por secuestro en contra de los agentes de
seguridad que resultaran responsables, la que fue acumulada a la denuncia interpuesta
anteriormente en el mismo Juzgado.
        En abril de 1979 el proceso fue asumido por el Ministro en Visita, Servando Jordán,
designado por la Corte Suprema para continuar la investigación de los casos de detenidos
desaparecidos.
        Comparecieron la señora Regina Saavedra, y su hija Flory Avalos, madre y hermana del
afectado, quienes corroboraron algunos datos personales y circunstancias en que ocurrió la
detención. Su hermana agregó que, en 1974, un conscripto que estaba asignado al Campamento
de Detenidos de Puchuncaví, le informó que un detenido le comentó que había sido sacado de
"Cuatro Alamos" junto a Newton Morales con destino a Puchuncaví pero fueron separados en el
camino. También señaló que, en 1976, examinó el cadáver de un individuo que se parecía a su
hermano y que había sido encontrado en el río Mapocho, pero en Investigaciones le dijeron que se
trataba de otra persona.
        Declara nuevamente Orlando Manzo, a quien se le muestra una fotografía del afectado,
pero dice no recordarlo como uno de los detenidos ingresados a "Cuatro Alamos" y que tendría
que ver los libros de ingreso del Campamento para saber si estuvo o no allí, estos libros estarían
en poder de la C.N.I. sucesora de la DINA. (Con respecto a esto último, y según consta en el
Cuaderno de la Visita del Ministro Jordán, los libros de "Cuatro Alamos" fueron incinerados según
información de la C.N.I.)
        Manzo Durán agrega en su declaración que, como "Cuatro Alamos" era un recinto para
incomunicados, sólo en raras ocasiones se recibían visitas y "solamente autorizadas por la
Dirección de DINA, bastaba un llamado telefónico del General Manuel Contreras".
        En cuanto a los Oficios enviados solicitando informaciones, se tuvo respuesta del Segundo
Juzgado Militar indicando que no podía enviar el expediente del proceso 552-A por infracción a la
Ley de Control de Armas seguido en contra del afectado, por haberse tramitado en tiempo de
guerra.
        En cuanto a su extracto de filiación, aparece como Cabo de las Fuerzas Armadas, sin
antecedentes penales.
        Por su parte, la Escuela de Ingeniería Naval de Las Salinas, donde Newton Morales realizó
estudios, señaló no tener los antecedentes médicos ni dentales solicitados.
        El Departamento de Informaciones de la Dirección General de Investigaciones informó que
diferentes CAJSI (Comandancia Area Jurisdiccional de Seguridad Interior) y en diferentes fechas
ordenaron su ubicación y detención. Así, el 26 de diciembre de 1973 lo hizo el Cajsi de la 1a. Zona
Naval; el 20 de enero de 1974 el Cajsi de la Segunda División de Ejército de Santiago y el 8 de
mayo de 1974 dictó la orden el Cajsi de la Tercera Brigada Aérea de Puerto Montt. Agrega
además que su nombre aparece en el listado de personas peligrosas para la seguridad nacional,
elemento sospechoso del MIR, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
        El 4 de diciembre de 1981, el Ministro señor Servando Jordán dictó el sobreseimiento
temporal de la causa, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones con fecha 30 de
marzo. Se presentó recurso de queja ante la Corte Suprema, confirmándose la resolución.
        También sus familiares enviaron cartas relatando su detención y posterior
desaparecimiento y solicitando información al Ministro del Interior, de Defensa y de Justicia, al
Presidente del Consejo de Estado y al Presidente de la Corte Suprema, sin obtener respuestas
conducentes a esclarecer su paradero.
        Además, efectuaron la denuncia de la situación ante organismos internacionales como la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Comisión Internacional
de Juristas y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.
        Cabe señalar que la madre se entrevistó con el Ministro del Interior, General Raúl
Benavides, quien negó la detención del afectado por parte de organismos de seguridad y le
manifestó que "seguramente sus propios compañeros lo habían raptado".
        Hasta la fecha se desconoce la suerte corrida por la víctima en manos de sus captores.
Nombre         :       ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE
Rut            :       5.541.054-2
F.Nacim.       :       09-04-48, 26 años a la fecha de su detención
Domicilio      :       Altamirano 2333, Conchalí, Santiago
E.Civil        :       Casado
Actividad      :       Estudiante Pedagogía en Inglés, Universidad de Chile; participante en el
                       Centro Cultural Vivaceta
C.Repres.      :       Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
F.Detenc.      :       15 de agosto de 1974



SITUACION REPRESIVA
         Alvaro Miguel Barrios Duque, estudiante universitario, militante del MIR, -quien se había
casado recién en julio de ese año- fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), el 15 de agosto de 1974, al mediodía, en su domicilio y en presencia de su
familia. A esa hora llegaron hasta su hogar Luz Arce Sandoval y Patricio Alvarez Poblete -quienes
iban en calidad de detenidos- ambos vecinos y conocidos del afectado, los que lo condujeron
hasta una camioneta Chevrolet color rojo, con toldo, sin patente y en la que había más civiles.
Después, los mismos agentes detuvieron a Julio Cañas, a Sergio Riveros Villavicencio
(actualmente       detenido-desaparecido),     a     Rodolfo     Espejo    Gómez        (actualmente
detenido-desaparecido) y, por último, a Gregorio Gaete Farías (también detenido-desaparecido).
         Según lo denunció Elena Gómez, madre de Rodolfo Espejo, ante el Tribunal en 1991, los
agentes pertenecían a la Agrupación de Inteligencia denominada "Aguila", dependiente de la DINA
y conformada, entre otros, por Miguel Krassnoff Martchenko, Osvaldo Romo Mena, Basclay
Humberto Zapata Reyes ("El Troglo"), y el Negro Paz ("Pulgar").
         Luz Arce Sandoval -quien nunca pudo ser citada a declarar al Tribunal en el proceso por la
desaparición de Alvaro Barrios- era militante socialista y, posterior a las torturas y amenazas
sufridas durante su detención, se transformó en colaboradora de la DINA. En 1990, concurrió a la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en donde dio a conocer, entre varios otros asuntos,
la existencia y conformación de la agrupación "Aguila". En relación al afectado, dijo que Alvaro
Miguel Barrios había caído como consecuencia de la lista que ella había entregado a la DINA, lista
en la que también aparecía el nombre de Patricio Alvarez Poblete. Luz Arce, vecina y conocida de
la víctima, había también participado junto a Alvaro Miguel y a Patricio Alvarez en el Centro
Cultural Vivaceta.
         Efectivamente, el 14 de agosto de 1974, a las 23 horas, fue detenido Patricio Alvarez. Tal
como lo declaró el testigo, a esa hora llegó hasta su casa Luz Arce, la que le pidió que saliera a la
calle para que le señalara el domicilio de una amiga. Patricio Alvarez accedió. Una vez afuera, un
hombre lo encañonó con un revólver, lo esposó y lo llevaron hasta la esquina de su casa donde lo
subieron a una camioneta grande color amarillo, le vendaron la vista y lo trasladaron a un recinto
desconocido, en donde fue interrogado -en presencia de Luz Arce- acerca de Alvaro Miguel
Barrios. Ella le recomendaba que dijera todo lo que sabía en relación al afectado y a otros
compañeros de la universidad.
         Al día siguiente, 15 de agosto de 1974, Patricio Alvarez fue conducido junto a Luz Arce, en
una camioneta y acompañado por dos oficiales -uno de los cuales se identificó como Teniente ante
el testigo que iba vestido con "jeans" y casaca roja- hasta las cercanías del domicilio de la víctima.
Allí le sacaron la venda de los ojos y lo obligaron que fuera con Luz Arce hasta la casa de Alvaro
Miguel y que lo hicieran salir a la calle.
         Luz Arce y Patricio Alvarez fueron recibidos por el hermano menor del afectado, el que no
dudó en llamar a Alvaro Miguel. Cuando éste salió, lo encaminaron hacia la esquina, a unos 200
metros de distancia, y lo subieron a la camioneta. Le vendaron la vista y lo esposaron. Anduvieron
unas cuantas cuadras y se dirigieron a detener a Julio Cañas, el que quedaría en libertad el mismo
día y después de que su madre siguiera al vehículo donde lo llevaban detenido hasta las puertas
de Londres 38, centro secreto de detención y tortura de la DINA. Frente a ese recinto, ella armó tal
batahola, reclamando a gritos la libertad de su hijo, que los agentes lo soltaron en el mismo lugar.
        Inmediatamente después de que se produjera la detención de Julio Cañas, los
aprehensores fueron a dejar a Patricio Alvarez hasta su domicilio. Cañas, por su parte, testimonió
que fue detenido por un civil que se identificó como perteneciente al Servicio de Inteligencia Militar.
Fue subido a una camioneta roja, Chevrolet, posiblemente del año 57, en cuyo interior iba Alvaro
Barrios Duque. Fueron llevados a Londres 38, lugar en el que fue ingresado junto a la víctima.
Ambos pudieron intercambiar unas palabras.
        El mismo 15 de agosto de 1974, pero a las 21 horas, Alvaro Miguel Barrios fue conducido
por sus captores nuevamente hasta su domicilio. Ingresó solo a su casa y -tal como lo relataran su
padre y hermano- se le veía nervioso, recogió algo de ropa, pidió pan y cigarrillos y rechazó un
dinero que le ofreció su padre. Dijo estar detenido por un servicio de inteligencia y se retiró de su
hogar. Héctor Germán, su hermano, vio cuando lo subían a una camioneta color oscura, quizá
verde, con toldo de lona en la que también había civiles a los que nadie pudo identificar.
        Al día siguiente, 16 de agosto, Gabriela Zúñiga -cónyuge del afectado- acudió hasta el
domicilio de Patricio Alvarez, el que le confirmó la detención de Alvaro Miguel.
        Posteriormente, en 1976 y en 1977, civiles llegaron hasta el domicilio de Rafael de la
Puente -tío del afectado- preguntando por Alvaro Miguel Barrios. En 1976, tres individuos jóvenes
manifestaron al testigo que buscaban a Alvaro Miguel porque se le había aprobado un préstamo
en una Caja de Previsión que no individualizaron. El testigo les hizo notar que su sobrino se
encontraba desaparecido desde hacía dos años y que le extrañaba que al cabo de ese tiempo se
le hubiese recién aprobado un préstamo. Ellos le respondieron que la situación se producía porque
no había dinero en las cajas, pero que archivarían los antecedentes.
        Seis años después del desaparecimiento del afectado, en 1980, estalló el escándalo que
fue conocido por la opinión pública como "Fraude del IVA". La empresa Union Trading, a cuya
cabeza estaba el comprobado agente de la DINA Eduardo Romero Olmedo, estafó al Fisco en 250
millones de pesos de la época (1980), utilizando distintos tipos de documentación. Entre estos
documentos aparecieron facturas a nombre de Alvaro Miguel Barrios Duque. El caso de fraude fue
investigado por el Ministro Alberto Echavarría, quien declaró reo a Romero Olmedo y otros.
        Cuando los inculpados se encontraban detenidos en Capuchinos, se vieron involucrados
en salidas ilegales del recinto penal. La investigación correspondiente demostró que Romero
Olmedo se dirigía a sus oficinas ubicadas en la calle Santa Lucía N°270 y que, tanto él como los
otros implicados, habían realizado numerosas llamadas telefónicas desde Capuchinos a las
oficinas del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda. Durante la investigación que realizó el
Ministro en Visita Servando Jordán López en relación al desaparecimiento de Alvaro Miguel
Barrios, declararon, entre otros, Eduardo Romero Olmedo, Manuel López Jiménez y Alfredo Alfaro
Mothles -todos inculpados en el caso del fraude del IVA- los que reiteradamente iniciaban sus
declaraciones diciendo que en todo esto nada tenía que ver el ex- Director de la DINA, Manuel
Contreras, pero sin dar ninguna explicación al hecho de haber usado la identidad de Barrios
Duque.
        Hasta la fecha Alvaro Miguel Barrios Duque se encuentra desaparecido.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
        El 19 de agosto de 1974, se interpuso recurso de amparo por el afectado ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°951-74. Sin ninguna diligencia y "atendida la
forma en que está presentado", se rechazó el recurso el 20 de agosto del mismo año y se
remitieron los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. De esta manera, el 27 de
agosto de 1974, en el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, se instruyó la causa rol N°11.166-7,
ordenándose como una de las primeras diligencias la citación a Patricio Alvarez y a Luz Arce
Sandoval. Las distintas autoridades consultadas negaron reiteradamente la detención del
afectado. El Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo Nacional de la Secretaría Nacional
de Detenidos, SENDET, informó al Tribunal, el 13 de septiembre de 1974, que no registraba
antecedentes relativos al afectado. El 22 de octubre del mismo año, el General de División y
Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, señalaba que Alvaro Miguel Barrios no se
encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado.
         Investigaciones, respondiendo a una orden de investigar del Tribunal, informó, el 22 de
octubre de 1974, que "averiguaciones efectuadas en el SENDET, Cárcel Pública y en nuestro
Servicio, no han permitido establecer el paradero de Barrios Duque". Posteriormente se tomó
declaración a los testigos presenciales de los hechos -excepto a Luz Arce- los que ratificaron los
sucesos. A la vez, la Dirección de Inteligencia del Ejército, a través del Coronel Hernán Brantes
Martínez, informaba que ningún organismo dependiente de esa Dirección había detenido al
afectado.
         Sin lograrse avances en la investigación el 11 de febrero de 1976 se cerró el sumario y se
sobreseyó temporalmente la causa por no "aparecer completamente justificado que en el
desaparecimiento de Alvaro Miguel Barrios haya incidido un delito o cuasi-delito". El fallo fue
confirmado por la Corte de Apelaciones el 17 de mayo del mismo año.
         Posteriormente, el 17 de noviembre de 1976, se interpuso, ante el 10° Juzgado del Crimen
de Santiago, una querella por secuestro en contra de Luz Arce Sandoval, la que fue rolada con el
N°3652-2. Durante la tramitación de ésta se ofició a la DINA solicitándole antecedentes relativos a
la víctima. La respuesta se recibió el 19 de noviembre de 1976 a través del Ministro del Interior y
General de División, Raúl Benavides Escobar, quien, además de señalar que se carecía de
informaciones relativas a Barrios Duque, decía que "por razones exclusivamente de seguridad
nacional ha dispuesto que toda información de personas arrestadas o presuntamente detenidas,
se canalicen a través de este Departamento de Estado".
         Ante una orden de investigar, Investigaciones informó haber ubicado el domicilio de Luz
Arce, en calle Venecia. Allí, se entrevistó al padre de ella, quien dijo que efectivamente su hija
había pertenecido al Centro Cultural Vivaceta. Agregó que Luz Arce había sido detenida en varias
oportunidades por los servicios de inteligencia y que, para evitar dicha situación, se había ido de la
casa. Afirmó no saber nada del domicilio de Luz Arce, la que, por informaciones recibidas
telefónicamente, se encontraba en Argentina. Investigaciones informaba también que se habían
hecho consultas en el SENDET y que Barrios Duque no aparecía registrado como detenido por
ninguno de "los institutos armados". Tampoco aparecía registrado en la Cárcel Pública, en el
Instituto Médico Legal, ni en postas u hospitales. En cuanto a Luz Arce, su salida del país no
constaba en Policía Internacional. Posteriormente, y ante una nueva orden de investigar,
Investigaciones entrevistó a la cuñada de Sergio Riveros Villavicencio, la que dijo que éste había
sido detenido el 15 de agosto de 1974 por personas que dijeron ser del servicio de inteligencia, sin
que se volviera a tener noticias de él.
         Después de haberse tomado declaración a los testigos de la detención del afectado,
incluyendo a Patricio Alvarez, y sin que se lograra la comparecencia de Luz Arce, el 30 de marzo
de 1977 se cerró el sumario. El 7 de abril del mismo año, se sobreseyó temporalmente la causa
por no "encontrarse justificada la existencia de delito". El 8 de junio de 1977, la Corte de
Apelaciones revocó la resolución y ordenó que se citara a declarar a Luz Arce, a Rafael de la
Puente (había recibido la "visita" de civiles que inquirían información sobre el afectado) y la
ubicación del paradero de Sergio Riveros y de Julio Cañas.
         Sara Duque -madre de la víctima- señaló ante el Tribunal, el 24 de junio de 1977, que
había tenido informaciones que su hijo estaba incomunicado en Tres Alamos, que los padres de
Luz Arce le habían dicho que ésta se encontraba en Argentina, que Julio Cañas había viajado a
Australia y que Sergio Riveros se encontraba desaparecido, al igual que el afectado.
         Sin que se pudiesen realizar las diligencias ordenadas, el 22 de agosto de 1977, volvió a
cerrarse el sumario, sobreseyéndose temporalmente la causa el día 31 del mismo mes y año. El
21 de octubre de 1977, la Corte de Apelaciones aprobó el fallo del juez.
         El 23 de junio de 1980, Sara Duque presentó una querella por el delito de secuestro
agravado de su hijo en contra de Luz Arce Sandoval y de los miembros del grupo operativo de la
DINA que participaron en la detención del afectado. La presentación se hizo ante el Ministro en
Visita Servando Jordán López, designado en calidad de tal por la Corte Suprema para conocer los
casos de detenidos-desaparecidos denunciados en la jurisdicción de Santiago (marzo de 1979).
Se solicitaba la reapertura del proceso anterior y la acumulación de la querella a aquel. También
se agregaban los antecedentes relativos al "fraude del IVA". Sara Duque decía que en esta
defraudación al Fisco se presentaron facturas a nombre de personas desaparecidas, entre ellas,
de Alvaro Miguel Barrios Duque.
        Efectivamente el Ministro Jordán centró sus pesquisas en lo referente a la aparición del
nombre del afectado en el caso del IVA, haciendo declarar a los reos de este delito, los que se
contradijeron en cuanto a quien había proporcionado o confeccionado los antecedentes de Barrios
Duque. Unos a otros se acusaron, pese a que negaron reiteradamente cualquier participación en
este sentido. Estos implicados, casi al unísono, comenzaron sus declaraciones con "el General
Contreras nada tiene que ver en este asunto".
        En julio de 1981, el Ministro Servando Jordán se declaró incompetente y remitió los
antecedentes a la Justicia Militar, la que los radicó en la 1a. Fiscalía, siendo rolados con el N°418-
81. Un par de días después, el 16 de julio de 1981, sin diligencias, se sobreseyó total y
temporalmente la causa por no existir "antecedentes suficientes como para estimar que los hechos
investigados sean consecuencia de una acción delictual y que en ellos haya participado personal
de la DINA".

				
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