A fin de resolver las cuestiones de competencia se ha de tener en cuenta

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A fin de resolver las cuestiones de competencia se ha de tener en cuenta Powered By Docstoc
					              Poder Judicial de la Nación

                                                 ISSN 1850-4159




                        CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO




                               BOLETÍN TEMÁTICO DE JURISPRUDENCIA


                                           Ley de riesgos del trabajo
                                                     24557


                                      OFICINA DE JURISPRUDENCIA

                                            Dr. Claudio M. Riancho
                                            Prosecretario General
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                                            Dra. Nilda B. Fernández
                                          Prosecretaria Administrativa




                                                  MAYO 2008


                                   Domicilio Editorial: Lavalle 1554. 4°piso.
                                  (1048) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
                                              Tel/Fax 4124.5703
                                        EMail:trjuris@cnat.pjn.gov.ar




              1.- Cuestiones de Competencia.

              2.- Cosa juzgada.
                 a) Agotamiento de la instancia administrativa.
                 b) Apelación ante la Justicia Federal.

              3.- Prescripción. Cómputo.

              4.- Contingencias cubiertas.
                 a) Accidentes y enfermedades.
                 b) Accidentes in itinere.
                 c) Listado de enfermedades.

              5.- Determinación de la incapacidad.
                 a) Comisiones médicas. Dictámenes.

              6.- Prestaciones dinerarias. Ley original y reformas. Decretos 1278/00 y 410/01.
                 a) Incapacidades.

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                 b) Muerte del trabajador.
                 c) renta periódica. Inconstitucionalidad. Pago único.
                 d) Intereses.
                 e) Fondo de Garantía.
                 f) Prestaciones en especie.

               7.- Casos especiales.
                  a) Empleador no asegurado.
                  b) Trabajador no asegurado.
                  c) Personal de las FFAA.



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               1.- Cuestiones de Competencia.

                  Ley de riesgos. Competencia.
                  La ley 24557, además de constituir el dispositivo sustancial reglamentario de los
                  riesgos del trabajo, introdujo preceptos procedimentales, destinados a regir los
                  aspectos relativos a la competencia de los tribunales respecto de eventuales
                  reclamos fundados en cuestiones inherentes a su materia.
                  (Moliné O’Connor, Belluscio, Petracchi, Bossert, Vázquez).
                  CSJN C 991 XXXIII “Jordán, Antonio y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Bs As y
                  otro s/ accidente” 30/6/98. Fallos: 321:1865.
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                  Ley de riesgos. Competencia. Accidente en hospital público.
                  Corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo entender en la demanda por daños
                  y perjuicios interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un
                  hospital municipal pidiendo la reparación del accidente sufrido por quien falleció
                  mientras prestaba servicios en el establecimiento público como consecuencia de
                  una intoxicación, producida por el defectuoso funcionamiento de un calefón.
                  (Moliné O’Connor, Belluscio, Petracchi, Bossert, Vázquez).
                  CSJN C 991 XXXIII “Jordán, Antonio y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Bs As y
                  otro s/ accidente” 30/6/98. Fallos: 321:1865.

                  Ley de riesgos. Competencia. Repetición por parte de la ART.
                  Si bien la acción que posibilita a la aseguradora de riesgos del trabajo a repetir del
                  causante del daño las sumas que hubiere abonado a su asegurado es de origen
                  laboral (art. 39 inc. 5 ley 24557), es competente la justicia civil si lo reclamado
                  versa sobre un problema de responsabilidad extracontractual derivada de un
                  accidente de tránsito.
                  (Moliné O’Connor, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Bossert, Vázquez).
                  CSJN C 524 XXXV “Provincia ART SA c/ Avila, Omar s/ cobro de pesos” 21/3/00
                  Fallos 323:531.

                  Ley de riesgos. Competencia. Conducta de la empleadora.
                  Es competente la justicia laboral si la conducta atribuida a la empleadora no
                  encuadra “prima facie” en el supuesto del art. 1072 del C. Civil – que exige
                  perjuicio provocado a sabiendas y con la intención de dañar-, ni surge de la
                  demanda el reclamo de las prestaciones previstas por la ley de riesgos del
                  trabajo.
                  (Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, Vázquez).
                  CSJN C465 XXXVI “Ruíz, Jesús c/ Transporte Río Grande SA s/ accidente”
                  19/9/00 Fallos 323:2730.

                   Ley de riesgos. Competencia. Empresa del estado, en liquidación citada
                   como tercero.
              Siendo Encotesa una empresa del estado Nacional, hoy en proceso de liquidación,
              corresponde, por imperio de lo previsto en los arts. 116 de la CN y 2°, inc 6 y 12 de la
              ley 48, entender a la justicia federal en la causa en que se peticiona el pago de las
              indemnizaciones por accidente de trabajo y en la cual aquella empresa fue citada
              como tercero de intervención obligada (art. 94 del CPCCN).
                (Moliné O’Connor, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Bossert, Vázquez)


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              CSJN C 557 XXXVI “Benicasa, Mabel c/ Correo Argentino s/ ind. por enfermedad
              accidente” Fallos 324:740.

              Ley de riesgos. Competencia. Demanda contra el Poder Judicial de la Nación y
              su ART.
              Si la acción fue interpuesta contra el Poder Judicial de la Nación y su aseguradora de
              riesgos del trabajo peticionando el pago de una indemnización por daños y perjuicios,
              lesiones incapacitantes, derivadas del accidente de trabajo sufrido como
              consecuencia del riesgo o vicio de la cosa manipulada para dar cumplimiento a la
              tarea y fue fundada en los arts. 512, 902, 909, 1074, 1081, 1113 y 1198 del C. Civil,
              el vínculo resulta inequívocamente calificable como empleo público y al ser la Nación
              parte demandada, corresponde el juzgamiento a la justicia nacional en lo civil y
              comercial federal (art. 2 inc. 6, de la ley 48 y art. 111 inc. 5 de la ley 1893) al resultar
              prevalecientes los aspectos relativos al derecho privado. (Del dictamen de la
              Procuración General, al que remitió la Corte Suprema).
              (Petacchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Vázquez, Maqueda).
              CSJN C 1038 XXXIX “Ramírez, Omar c/ Estado Nacional y otro s/ daños y perjuicios”
              24/2/04 .

              Ley de riesgos. Competencia. Locación de obra.
              Es competente la justicia Civil y no la del Trabajo, para conocer en la demanda de
              daños y perjuicios entablada contra los propietarios del inmueble, por quien sufrió un
              accidente en el lugar donde prestó servicios de limpieza, por cuanto una adecuada
              hermenéutica del art. 43 bis, inc. c), del decreto ley 1285/58 (ley 23367), conduce a
              concluir que la justicia civil es competente ratione-materiae para entender en todos
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              los procesos derivados de contratos de locación de obra, servicios y atípicos a los
              que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos.
              (Moliné O’Connor, Fayt, Petracchi, Boggiano, Bossert).
              CSJN C 1514 XXXVI “Blanco de Machado, Elida c/ Ciolli de Lagomarsino, Alicia s/
              accidente” 26/10/01 Fallos 324:2031.

              Ley de riesgos. Competencia. Discrepancia con el porcentaje de discapacidad.
              Es competencia de la justicia ordinaria local si la actora interpuso exclusivamente el
              recurso contemplado en el art. 46 de la ley 24557 por discrepar con el porcentaje de
              discapacidad laboral otorgado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
              derivada del accidente padecido. (Del dictamen de la Procuración General, al que
              remitió la Corte Suprema)
              (Petracchi, Belluscio, Boggiano, Maqueda, Highton de Nolasco).
              CSJN C 1132 XXXVIII “Ramos, Ariel c/ Comisión Médica n° 13 de Bahía Blanca s/
              apelación” 8/2/05 .

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones médicas.
              Existe cuestión federal si el pronunciamiento que –al declarar la inconstitucionalidad
              del art. 46, inc. 1, de la ley 24557 de riesgos del trabajo- rechazó la excepción de
              incompetencia de la justicia provincial deducida por la aseguradora, impidiendo, sin
              suministrar razones para ello, la intervención de organismos de orden federal, como
              son las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 de la citada ley.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones médicas.
              No es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias
              que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de
              la que específicamente le confiere el art. 75, inc. 12 de la Ley Fundamental. Lo
              contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la
              Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no
              alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los
              tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
              jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones Médicas.

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              Las excepciones a la regla limitativa cuando se trata de materias propias del derecho
              común están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esa alteración han
              de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y
              no se apoye en el mismo arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines
              federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones Médicas.
              La ley de riesgos del trabajo no contiene disposición expresa alguna que declare
              federal el régimen de reparaciones y regula sustancialmente sólo relaciones entre
              particulares –las aseguradoras de riesgos del trabajo son entidades de derecho
              privado-, por lo que de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una
              específica finalidad federal.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones médicas.
              La circunstancia de que la ley haya adoptado formas o bases nuevas para reglar las
              relaciones de derecho privado nacidas de accidentes del trabajo por ser insuficientes
              las adoptadas por el Código Civil a las modernas necesidades creadas por el
              progreso industrial, no le quita ni puede quitarle su carácter de ley común destinada a
              reglar derechos particulares, cualquiera que fuese la denominación que se les de.
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              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones Médicas.
              No se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de
              los intereses que la ley 24557 pone en juego, dejaría de ser eficaz a través de la
              interpretación y aplicación por la justicia que las provincias organizaran dentro del
              molde constitucional. Por lo contrario, un buen número de motivos militan en apoyo a
              la tesis opuesta.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones Médicas.
              Toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente
              pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por
              cuanto es deber indeclinable de la Corte Suprema impedir que, a través de esos
              medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias,
              que son inherentes al concepto jurídico de autonomía.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Comisiones Médicas.
              Corresponde confirmar la sentencia que mantuvo la resolución que había declarado
              la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1° de la ley 24557, pues la Ley de Riesgos del
              Trabajo ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional:
              impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la
              del juez federal al convertirlo en magistrado del “fuero común”.
              (Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” 7/9/04 Fallos
              327:3610.

              Ley de riesgos. Competencia. Cuestionamiento de la instancia previa y el pago
              periódico.
              A fin de resolver las cuestiones de competencia se ha de tener en cuenta, primero, la
              exposición de los hechos efectuada en la demanda y, en la medida en que se
              adecue a ellos, el derecho invocado como fundamento de la pretensión (conf. Fallos
              303:1453; 1465; 306:229,2230: 311:157, 2198; 313:971, 1467; entre muchos otros).
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              En base a ello, cabe reiterar que el actor formalizó un planteo contra el Estado
              Nacional, dirigido, en suma, a obtener el desembolso de una indemnización basada
              en la LRT, cuestionando, entre otros ítems, la instancia previa y el mecanismo de
              pago periódico. Habiendo el Alto Cuerpo declarado la inconstitucionalidad del art. 46
              de la ley 24557, y atendiendo a la naturaleza común de la legislación en la materia (
              SC C 2605 XXXVIII “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA” del 7/9/04), en el marco
              del art. 20 de la ley 18345, debe continuar entendiendo la justicia ordinaria. (Del
              dictamen de la Procuradora Fiscal ante la CSJN, al que adhieren los ministros
              Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Argibay).
              CSJN “Ramírez Fonseca, Miguel c/ Servicio Penitenciario Federal s/ ley 24557”
              11/7/06.


              Ley de riesgos. Competencia. Plan “Jefes de Hogar”.
              En el caso, el demandante alegó haber realizado tareas en el marco del programa
              “Jefes de Hogar”, implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
              Social, y sostiene haber sufrido un infortunio laboral cuyo resarcimiento pretende con
              fundamento en el derecho civil, peticionando la inconstitucionalidad de la ley
              24557.Si bien es cierto que se alega en el caso la existencia de un programa
              asistencial, donde podrían estar en duda los alcances del vínculo y la interpretación
              de la ley de riesgos, resulta coherente otorgar aptitud jurisdiccional a esta Justicia
              Nacional del Trabajo en razón del amplio diseño de su competencia y lo
              expresamente establecido en el art. 21 inc. a) de la ley 18345.
              CNAT Sala I Expte n° 23409/04 sent. 57331 13/10/06 “Velázquez, Anastacio c/
              Ministerio de Trabajo y otro s/ accidente” .(P.- V.-)
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              Ley de riesgos. Competencia. Demanda contra la ART por incumplimiento de
              deberes a su cargo.
              El actor, luego del padecimiento de un infortunio laboral y una vez establecida su
              incapacidad por la Comisión Médica, recibió de su ART las prestaciones en especie y
              dinerarias de la ley 24557, pero entabla una demanda por la reparación en concepto
              de daño físico, psicológico, moral y gastos de tratamiento psicológico, con
              fundamento en el incumplimiento de deberes a su cargo. Si bien es cierto que el
              conflicto excede el ámbito de competencia expresado en el art. 20 de la ley 18345,
              resulta de aplicación el art. 21 que claramente expone que, en especial: “Serán de
              competencia de la Justicia Nacional del Trabajo: a) Las causas en las que tenga
              influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con
              aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo” y el reclamo de autos
              encuadra en la normativa citada.
              CNAT Sala I Expte n° 15337/05 sent. int. 56823 27/4/06 “Echevarría, Jorge c/
              Provincia ART SA s/ accidente”.

              Contienda negativa de competencia. Reparación de las consecuencias derivadas
              de infortunios laborales dentro del ámbito de la ley 24.557. Régimen procesal
              previsto por los arts. 21 y 46 L.R.T.. Cuestionamiento constitucional.
              A la hora de dirimir una contienda negativa de competencia entre la Justicia Federal de
              la Seguridad Social y la Justicia Nacional del Trabajo, debe tenerse en cuenta que las
              cuestiones relativas a la reparación de las consecuencias derivadas de infortunios
              laborales carecen de naturaleza federal aun en el supuesto de vincularse con las
              prestaciones reconocidas por la ley 24.557. Por lo tanto, el conocimiento de dichas
              cuestiones debe ser atribuido a los tribunales ordinarios con competencia laboral. En el
              caso, la acción fue entablada contra una persona jurídica de derecho privado (ART) y
              se persigue el resarcimiento de los daños provocados por un eventual accidente de
              trabajo, en el contexto de la responsabilidad del empleador con aseguramiento
              obligatorio; la controversia, entonces, encuadra en la órbita de competencia diseñada
              por los arts. 20 y 21 inc. a) de la ley 18.345. Dicho criterio guarda coherencia con el
              fallo de la CSJN in re “Castillo” (Fallos 327:3610) y también con la sentencia del mismo
              tribunal dictada el 13/03/2007 in re “Venialgo, Inocencio c/Mapfre Aconcagua
              Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/otros”, que lo ratifica. Cuando se cuestiona,
              como en el caso, la validez constitucional del régimen procesal previsto por los arts. 21
              y 46 de la LRT (normas que otorgan competencia originaria a las comisiones médicas),
              es la Justicia Nacional del Trabajo quien debe entender. (Del voto del Dr. Maza).
              CNAT Sala II, S.I. 55.877 del 13/11/2007 Expte. N° 17.574/2007 “Hernández Ariel
              German c/La Holando Sudamericana ART s/acción de amparo”. (M.-P.).


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              Poder Judicial de la Nación

              Contienda negativa de competencia. Cuestión relativa a la reparación de las
              consecuencias derivadas de infortunios laborales dentro del ámbito de la ley
              24.557. Régimen procesal previsto por los arts. 21 y 46 L.R.T.. Cuestionamiento
              constitucional.
              De conformidad con el art. 21 inc. a) de la L.O. es la Justicia Nacional del Trabajo el
              órgano que tiene aptitud para resolver el planteo constitucional dirigido contra las
              disposiciones     normativas que atribuyen la competencia material referida al
              reconocimiento de las prestaciones reclamadas a otros órganos administrativos y
              federales. Por ello, es competente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el
              cuestionamiento de la validez constitucional del régimen procesal previsto por los arts.
              21 y 46 de la L.R.T., sin que esto implique abrir juicio alguno acerca de la petición
              misma de inconstitucionalidad. (Del voto del Dr. Maza).
              CNAT Sala II, S.I. 55.877 del 13/11/2007 Expte. N° 17.574/2007 “Hernández Ariel
              Germán c/La Holando Sudamericana ART s/acción de amparo”. (M.-P.).



              Ley de riesgos. Competencia. Reclamo por daños. Falta de cumplimiento de
              las obligaciones de la ART.
              El actor reclamó a la ART de su empleadora el resarcimiento por los daños y
              perjuicios que la falta del debido cumplimiento de sus obligaciones, conforme la ley
              24557,le produjo. La demanda no está destinada a cuestionar la resolución de la
              Comisión Médica Central, por lo que no resultan aplicables las previsiones del art.
              46, pto 1 de la ley 24557 en tanto establece la asignación de competencias en tal
              supuesto. Considerando que la intervención de la ART en el marco de la ley 24557
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              importa la sustitución legal del empleador respecto de las consecuencias derivadas
              del incumplimiento de obligaciones de seguridad a cargo de éste (arg arts. 75 LCT,
              3,4,5,27,28,29 y concordantes de la ley 24557), cabe entender que el litigio se halla
              comprendido en las amplias previsiones de los arts. 20 y 21 de la ley 18345.
              CNAT Sala III Expte n° 20294/04 sent. 56206 24/6/05 “Pastrana, Angel c/ Provincia
              ART SA s/ daños y perjuicios” (G.- P.-)


              Ley de riesgos. Acatamiento del diseño de la LRT. Demanda posterior.
              Incompetencia del fuero laboral.
              El accionante, luego de transitar por las instancias administrativas que prevé la ley
              24557 inició acción contra la ART de su empleadora, tendiente a obtener las
              prestaciones dinerarias que establece la citada ley y mediante el pago único. Pero
              esta Justicia Nacional del Trabajo carece de competencia para entender en la
              cuestión, toda vez que no existe norma alguna que atribuya competencia a este fuero
              para conocer en reclamos relativos a las prestaciones de las LRT, que concluye con
              el sistema de revisión judicial plena en el ámbito de la Cámara Federal de la
              Seguridad Social.
              CNAT Sala IV Expte n° 15041/06 sent. int. 44981 23/4/07 “Mansilla, Ascención c/
              HSBC La Buenos Aires Seguros SA s/ accidente”


              Ley de riesgos. Acatamiento del diseño de la LRT. Incompetencia del fuero
              laboral.
              No existe norma alguna que atribuya competencia a la Justicia Nacional del Trabajo
              para conocer en reclamos que impliquen acatamiento del diseño de la LRT, que
              concluye en el sistema de revisión judicial plena en el ámbito de la Cámara Federal
              de la Seguridad Social. Por su parte la peticionaria no ha alegado, en este caso,
              circunstancia previa alguna que permita sostener, sin dogmatismos, la ineficacia de
              este sistema legal de acceso a la jurisdicción, y cabe recordar que la CSJN ha
              admitido reiteradamente la validez constitucional de instancias administrativas
              previas a la intervención del Poder Judicial, condicionándolas a la revisión plena por
              parte de éste, salvo que se alegue y acredite que, por las características singulares
              del caso, el diseño conlleve una privación de justicia. Esta conclusión no soslaya la
              tesis sentada por la Corte dictada el 7/9/04 en autos: “Castillo, Angel c/ Cerámica
              Alberdi SA” pero lo cierto es que dicho precedente no resulta aplicable a la
              controversia de autos, puesto que en el caso aludido existía un cuestionamiento serio
              a la vía de acceso a las prestaciones del sistema en cuanto detraía la intervención de
              la justicia local. (Del dictamen del Fiscal general N° 42020 5/4/06 al que adhiere la
              Sala).
                                                        6
              Poder Judicial de la Nación

              CNAT Sala I Expte n° 16759/05 sent. int. 56847 28/4/06 “Zangirolami, Luciano c/
              Banco Río de la Plata SA y otro s/ despido”.

              Ley de riesgos. Acatamiento del diseño de la LRT. Incompetencia.
              No existe norma alguna que atribuya competencia a este Fuero para conocer en
              reclamos que impliquen el acatamiento del diseño de la LRT, que concluye en el
              sistema de revisión plena en el ámbito de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
              No se soslaya la tesis sentada por la CSJN en la sentencia dictada el 7/9/04 en autos
              “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA”, pero en dicho precedente existía un
              cuestionamiento a la vía de acceso a las prestaciones del sistema, detrayendo la
              intervención de la justicia local y no como en el caso, en que el propio trabajador
              insta una suerte de revisión judicial de lo decidido sin cuestionar cabalmente la
              idoneidad de la vía recursiva expresamente contemplada por el régimen legal
              aplicable. (Del dictamen n° 42130 del Fiscal general, al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala VIII Expte n° 24326/05 sent. int. 26903 11/5/06 “Velázquez, Adriana c/
              Respon abilidad Patronal ART SA s/ accidente” (C.- M.-)

              Ley de riesgos. Competencia. Demanda que persigue el cobro de prestaciones
              dinerarias por el período de incapacidad laboral temporaria. Justicia del
              Trabajo.
              Toda vez que en la presente demanda se persigue el cobro de las prestaciones
              dinerarias correspondientes al período de incapacidad laboral temporaria, de acuerdo
              con lo dictaminado por la Comisión Médica interviniente a influjo del actor y de
              conformidad con el sistema implementado por la LRT, resulta obligatorio para los
              empleadores contratar un seguro con la ART que ellos elijan, la que se subroga en
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              las obligaciones de éstos (conf. Arts. 3,4, 26 y concordantes), por lo que es
              inaplicable en la especie la regla de competencia del art. 46 LRT. Esto es así pues
              no se trata de un recurso sobre lo resuelto por la Comisión Médica, sino de una
              acción destinada a que la ART no sólo respete la obligación de brindarle la
              prestación médica especializada en psiquiatría y psicología, sino que además le
              abone las prestaciones dinerarias correspondientes, supuesto en el que tiene
              influencia decisiva la determinación de cuestiones vinculadas a aspectos individuales
              del derecho del trabajo (art. 21 inc. c) de la L.O.). (Del voto del Dr. Vázquez Vialard,
              en mayoría).
              CNAT Sala II Expte n° 130/06 sent. 54347 24/5/06 “Príncipe, Cristian c/ Prevención
              ART SA s/ accidente” (VV.- G.- P.-)

              Ley de riesgos. Competencia. Demanda que persigue el cobro de prestaciones
              dinerarias por el período de incapacidad laboral temporaria. Justicia Federal de
              la Seguridad social.
              La CSJN ha sostenido reiteradamente que las normas que atribuyen competencia a
              determinados tribunales para entender en ciertas materias, cuando de recursos se
              trata, son indicativas de una determinada especialización que el ordenamiento les
              reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando
              esos mismos temas son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales que
              impongan una atribución distinta (Fallos 313:542, entre otros). En este caso concreto,
              en el marco en que se promovió la acción, no existe otra posibilidad que otorgarle
              preeminencia a la sistemática del régimen de la ley 24557 y al tránsito que la parte
              hizo voluntariamente por las vías que prevé. Desde esa perspectiva, dado que la
              responsabilidad administrativo-jurisdiccional del sistema, en los aspectos que atañen
              de modo general a los riesgos del trabajo, ha sido depositada en organismos de
              orden federal y considerando, especialmente, la ausencia de objeciones de orden
              constitucional verificadas al respecto por el actor en su escrito de inicio, se impone
              atribuir conocimiento de la presente cuestión a la Justicia Federal de la Seguridad
              Social (CSJN “Torres, Martín c/ Carrascoso, Aldo” ED 185-23). (Del voto de la Dra.
              González, en minoría).
              CNAT Sala II Expte n° 130/06 sent. 54347 24/5/06 “Príncipe, Cristian c/ Prevención
              ART SA s/ accidente” (VV.- G.- P.-)

              Ley de riesgos. Resarcimiento de una incapacidad a través de la prestación
              dineraria. Incompetencia.
              No existe norma alguna que atribuya competencia a la Justicia Nacional del Trabajo
              para conocer en reclamos que impliquen el acatamiento del cuerpo normativo de la
              LRT, que concluye en el sistema de revisión judicial plena en el ámbito de la Justicia
              Federal de la Seguridad social.
                                                         7
              Poder Judicial de la Nación

              CNAT Sala IV Expte n° 26288/05 sent. int 44495 11/10/06 “Navarro, Julio c/
              Provincia ART s/ accidente”

              Ley de riesgos. Competencia. Impugnación genérica de la ley 24557.
              Cuando el conflicto implica una impugnación genérica al diseño legal de la ley 24557,
              cabe incluirlo en el amplio espectro de los arts. 20 y 21 de la ley 18345. En el caso, el
              hijo de una trabajadora fallecida interpuso demanda con el objeto de percibir las
              prestaciones dinerarias establecidas en la ley 24557 y peticionó la
              inconstitucionalidad de los arts. 15, 18, 19, 21 y 46 de dicha ley por considerar que
              los mismos vulneran expresas garantías constitucionales previstas en los arts.
              14,14bis, 16, 17, 19 y 28 de la CN. Para más, no se dan en este caso, las hipótesis
              que justificarían la actuación de la Justicia Federal de la Seguridad Social, porque la
              idoneidad de este fuero parecería ceñirse en principio, a la segunda instancia y a la
              revisión de lo resuelto en el ámbito de las comisiones médicas.
              CNAT Sala III Expte n° 10433/01 sent. int. 53615 11/9/02 “Celada, Esteban en rep de
              su hijo menor c/ Sebil SA y otro s/ accidente” .

              Ley de riesgos. Competencia. Cuestionamiento de las Comisiones Médicas.
              Las Comisiones Médicas no pueden entender en un juicio donde se cuestiona la
              validez constitucional del art. 6 de la ley 24557, en la medida que excluye de sus
              previsiones la incapacidad que padece el actor, por carecer dicho órgano de
              facultades jurisdiccionales para ello (conf. Decreto 717/96, art. 10). Tampoco la
              Cámara Federal de la Seguridad Social como órgano de alzada, pues la disposición
              normativa prevé que actúe como órgano de revisión y no de conocimiento. En este
              contexto, el tratamiento de la cuestión por parte de la Justicia Nacional del Trabajo
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              aparece justificado, atendiendo a la amplitud del marco jurisdiccional otorgado por el
              art. 20 de la ley 18345, frente a la competencia restringida del art. 2 de la ley 24655
              para la Justicia Federal de primera instancia de la Seguridad Social, que no prevé el
              conocimiento de este tipo de procesos.
              CNAT Sala VII Expte n° 21195/01 sent. 38517 19/5/05 “Lencina, Héctor c/ Liberty
              ART SA s/ accidente” (RD.- RB.-)

              Ley de riesgos. Competencia. Disconformidad con el dictamen de la Comisión
              Médica Central.
              Toda vez que lo que persigue el peticionante es la revisión de la decisión de la
              Comisión Médica Central que ratificó el dictamen de la Comisión Médica
              interviniente, carece de competencia esta Justicia Nacional del Trabajo. Esto es así,
              pues más allá de que el propio actor transitó las instancias administrativas que la
              LRT especifica, tampoco señala concretamente por qué la eventual intevrención de
              la Cámara Federal de la Seguridad Social – que es ante quien debió cuestionar la
              resolución- no resultaría una instancia judicial idónea y suficiente para evitar la
              discrecionalidad de decisiones adversas. Para más, debe aclararse que el caso
              concreto difiere del caso “Castillo” pues en este último se había planteado una
              demanda indemnizatoria ante la justicia provincial sin ocurrencia previa de las
              Comisiones Médicas. (Del voto de la Dra García Margalejo, en mayoría).
              CNAT Sala V Expte n° 13603/05 sent. 68087 27/12/05 “Cacace, Gustavo c/ Provincia
              ART SA s/ accidente” (GM.- Z.- M.-).

              Ley de riesgos. Competencia. Disconformidad con el dictamen de la Comisión
              Médica Central.
              El solo hecho de que el actor se someta al procedimiento administrativo creado por la
              ley 24557 – ante la Comisión Médica local y la Comisión Médica Central- no importa
              renuncia a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo. Ello así, por
              cuanto el trabajador no efectuó ninguna opción o elección voluntaria entre caminos o
              vías diferentes, y lo que hizo fue sólo cumplir con la ley vigente, que no le daba otra
              alternativa. Tampoco puede aplicarse al caso la doctrina de la CSJN por la que “el
              voluntario sometimiento, sin reservas, a un régimen jurídico, o a una decisión judicial
              o a una determinada jurisdicción, comportan un inequívoco acatamiento que
              determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional”,
              pues ello conduciría a admitir la renuncia anticipada de derechos o garantías
              consagradas por la CN. Las normas constitucionales son imperativas y reconocen o
              asignan a órganos o personas determinados derechos de un modo obligatorio, por lo
              que todo acto –unilateral o bilateral- que se realice para impedir por anticipado que
              aquellas produzcan sus efectos normales será sancionado con una nulidad absoluta,


                                                         8
              Poder Judicial de la Nación

              por ser su objeto prohibido y violatorio del orden público (arts. 21, 872, 953, 1044 y
              conc. del C. Civil). (Del voto del Dr. Zas, en minoría).
              CNAT Sala V Expte n° 13603/05 sent. 68087 27/12/05 “Cacace, Gustavo c/ Provincia
              ART SA s/ accidente” (GM.- Z.- M.-).


              Ley de riesgos. Competencia. Pronunciamiento adverso de la ART. Demanda
              en sede laboral. Incompetencia.
              La demandante, luego de haber transitado inicialmente por el diseño de la ley 24557
              obtuvo un pronunciamiento adverso de la ART que aseguraba a su empleador e
              inicia demanda en el fuero laboral tendiente a obtener las prestaciones dinerarias y
              en especie previstas en el cuerpo normativo mencionado. Tal pretensión no es
              procedente pues no existe ninguna norma que atribuya competencia a este Fuero
              para conocer en reclamos que impliquen acatamiento del diseño de la LRT que
              concluye en el sistema de revisión plena en el ámbito de la Cámara Federal de la
              Seguridad Social. Sin soslayar la tesis sentada por la CSJN en la sentencia dictada
              el 7/9/04 en autos: “Castilo, Angel c/ Cerámica Alberdi SA”, lo cierto es que dicho
              precedente no resulta aplicable a la controversia de autos, puesto que en el caso
              aludido existía un cuestionamiento a la vía de acceso a las prestaciones del sistema,
              detrayendo la intervención de la Justicia local, y no un supuesto como el que trata
              este caso concreto, en que el propio trabajador insta una suerte de revisión judicial
              de lo decidido, sin cuestionar cabalmente la idoneidad de la vía recursiva
              expresamente contemplada por el régimen aplicable. (Del dictamen del Fiscal
              General n° 42130 26/4/06, al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala VIII Expte n° 24326/05 sent. 26903 11/5/06 “Velázquez, Adriana c/
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              responsabilidad Patronal ART SA s/ accidente” (M.- C.-)

              Ley de riesgos. Competencia. Amparo por agravamiento vinculado a un
              infortunio laboral.
              Para resolver una contienda negativa de competencia entre un Juzgado Nacional de
              primera instancia del Trabajo y la Justicia Federal de la Seguridad Social, en este
              caso concreto y toda vez que el actor inició una acción de amparo fundada en el art.
              43 de la CN alegando un agravamiento de su salud, vinculado a un infortunio laboral
              correspondería que la causa quede radicada ante el primer Magistrado que hubiese
              conocido porque, aún partiendo de posibles facetas dudosas, lo cierto es que las
              actuaciones que conciernen al derecho a la salud, no permitirían devaneos en torno
              a la competencia, y cabría una interpretación analógica de lo dispuesto por el art. 4
              de la ley 16986.(Del dictamen del Fiscal General n° 42367 5/6/06, al que adhiere la
              Sala).
              CNAT Sala VI Expte n° 27556/05 sent. 28842 20/6/06 “Astorga, Jorge c/ Provincia
              ART s/ amparo” (F.- FM.-)

              Ley de riesgos. Demanda por deficiente atención médica dispensada por la
              ART. Incompetencia.
              Cuando la demanda reclama daños y perjuicios que derivarían de la deficiente
              atención médica dispensada por la ART, contra quien va dirigido el reclamo, tal
              pretensión constituye una acción de responsabilidad derivada de la “mala praxis”
              cuyo conocimiento corresponde a la Justicia Nacional en lo Civil, en razón de la
              materia (cfr. art 43 bis del decreto 1285/58). Idéntica solución ha adoptado la CSJN
              al resolver conflictos de competencia suscitados entre los fueros civil y del trabajo,
              con motivo de acciones de responsabilidad por mala praxis del servicio médico
              brindado a instancias de la empleadora, en el marco del contrato de trabajo. (Confr.
              “Revaneira, María por sí y en rep de su hijo menor c/ Hipólito, Marcela y otro s/ daños
              y perjuicios” Fallos 325:905 del 30/4/02 y “Sánchez, Luis c/ Clínica Dr. Antonio
              Silvestris y otro” Fallos 326:905 del 20/3/03).
              CNAT Sala IV Expte n° 22317/05 sent. int. 43985 27/3/06 “Duarte, Antonio c/ CNA
              ART SA s/ accidente” .En igual sentido: CNAT Sala VIII Expte n° 30269/06 sent.
              28443 13/9/07 “Romero, Rubén c/ Provincia ART SA s/ accidente” (L.- M.-)

              Ley de riesgos. Demanda entablada por el heredero de la trabajadora que
              reclama la percepción de las prestaciones dinerarias. Competencia.
              Es competente la Justicia del Trabajo para entender en la demanda entablada por el
              hijo de la trabajadora fallecida que reclama la percepción de las prestaciones
              dinerarias establecidas e la ley 24557 y plantea la inconstitucionalidad de los arts.
              15,18,19,21 y 46 de dicha ley por considerar que vulneran expresas garantías
                                                        9
              Poder Judicial de la Nación

              constitucionales previstas por los arts. 14, 14 bis, 16,17,19 y 28 de la CN. Ello así,
              toda vez que tal reclamo implica el cuestionamiento al sistema de la ley de riesgos y
              no se dan las hipótesis que justificarían la actuación de la Justicia Federal de la
              Seguridad Social, porque la idoneidad de este fuero, parecería ceñirse, en principio,
              a la segunda instancia y a la revisión de lo resuelto en el ámbito de las comisiones
              médicas. Pero, en este caso, el conflicto implica una impugnación genérica del
              diseño legal de la ley 24557, por lo que cabe incluirlo en el amplio espectro de los
              arts. 20 y 21 de la ley 18345.
              CNAT Sala III Expte n° 10433/01 sent. int. 53615 11/9/02 “Celada, Esteban en rep de
              su hijo menor c/ Sebil SA y otro s/ accidente” .

              Ley de riesgos. Reclamo de intereses. Competencia.
              Cuando se reclama el pago de los intereses devengados desde el momento en que
              el daño quedó consolidado hasta la fecha del efectivo pago, no puede perderse de
              vista que el derecho invocado como sustento de la acción es la LRT, la cual, más allá
              de su autoproclamada naturaleza relativa a la seguridad social, regula una materia
              de indudable esencia laboral y, por lo tanto, rige el art. 21 de la ley 18345, que
              expresamente dispone que “en especial, serán de competencia de la JNT: a) las
              causas en las que tenga influencia la determinación de cuestiones directamente
              vinculadas con aspectos individuales o colectivos del Derecho el Trabajo”, y, en tal
              orden de saber, es evidente que el reclamo de autos encuadra en la normativa
              citada. (Del dictamen del Fiscal general n° 41375, al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala VIII Expte n° 26126/05 sent. int. 27761 8/2/07 “Romero, Luis c/ Policía
              Federal Argentina y otro s/ accidente” (M.- C.-)
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              Ley de riesgos. Reclamo de intereses.
              Cuando el demandante percibió la suma dineraria prevista en la LRT por parte de la
              ART correspondiente, y reclama los intereses devengados desde el momento en que
              el daño quedó consolidado hasta la fecha del efectivo pago, debe entender la Justicia
              Nacional del Trabajo. Ello es así pues no puede perderse de vista que el derecho
              invocado como sustento de la acción es la Ley de Riesgos del Trabajo, la cual, más
              allá de su autoproclamada naturaleza relativa a la seguridad social, regula una
              materia de indudable esencia laboral y por lo tanto rige el art. 21 de a ley 18345. (Del
              dictamen del Fiscal General ante la CNAT n° 42796 28/8/06 al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala VI Expte n° 11441/06 sent. int. 29156 29/9/06 “Paradela, Gustavo c/ la
              Caja ART SA s/ accidente” (F.- S.-)

              Ley de riesgos. Reclamo de intereses.
              La demandante, luego de haber transitado el diseño de la ley 24557 que concluyera
              con una sentencia favorable de la Cámara Federal de la Seguridad Social inicia
              demanda contra la ART tendiente a que se le abonen los intereses correspondientes
              al período comprendido entre el momento en que acaeció el accidente de trabajo y la
              fecha en que la citada aseguradora le abonó la indemnización por “incapacidad
              permanente parcial definitiva”. Admitir la competencia de esta justicia Nacional del
              Trabajo provocaría una inadmisible confluencia de órganos jurisdiccionales distintos
              sobre una misma contienda, ya que mientras un fuero establecería el monto del
              capital, otro lo haría con respecto a los intereses, siendo que éstos resultan
              accesorios de aquél. Por ello, carece de competencia esta Justicia del trabajo para
              entender en esta causa. (Del dictamen del Fiscal general n° 42489 23/6/06 al que
              adhiere la Sala).
              CNAT Sala IV Expte n° 4346/06 sent. int. 44266 14/7/06 “Romero, Manuel c/ Asociart
              ART SA s/ accidente”. En igual sentido CNAT Sala IX Expte n° 13935/06 sent. int.
              9466/1 23/3/07 “Ponce, Antonio c/ Asociart ART SA s/ accidente” .



              Ley de riesgos. Reclamo de intereses del pago de las prestaciones. Personal
              de las FF de seguridad.
              La CSJN determinó que el hecho de que la demanda se entable contra un agente del
              Estado Nacional, incluso miembros de las Fuerzas de Seguridad, no desplaza la
              competencia del Fuero si la misma se encuentra fundada en la ley especial de
              accidentes del trabajo (“Camero, Fermín c/ Estado Nacional” 6/6/85). También
              resulta importante destacar que en el caso la acción está asentada en las
              disposiciones de una ley como la 24557, que bien puede ser calificada como referida


                                                        10
              Poder Judicial de la Nación

              a los infortunios laborales por lo que encuadra en lo normado por el inc. a) del art. 21
              de la ley 18345.
              CNAT Sala X Expte n° 17739/05 sent. int. 13073 23/3/06 “Mareco, Roberto c/ Estado
              Nacional Servicio Penitenciario Federal s/ accidente” (C.- Sc.-)

              Ley de riesgos. Falta de registro del vínculo laboral. Competencia del fuero del
              trabajo.
              Corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo entender en las causas en las cuales
              se denuncia la falta de registro del vínculo laboral y se reclaman las prestaciones de
              la ley 24557, pues en definitiva se trata de controversias entre trabajadores y
              empleadores referidas al acatamiento de las obligaciones laborales y comprendidas
              en el amplio espectro del art. 20 de la ley 18345. No puede perderse de vista que el
              derecho invocado como sustento de la acción es la LRT, la cual, más allá de su
              autoproclamada naturaleza relativa a la seguridad social, regula una materia de
              indudable esencia laboral, y por lo tanto rige el art. 21 de la L.O. (Del dictamen del
              Fiscal General n° 41833 del 6/3/06).
              FG Expte n° 12493/05 “Fernández, Roberto c/ Alas Porteñas SRL y otros s/ despido”
              Sala IX.

              Cuestiones relacionadas con demandas en el ámbito del derecho común.

              Accidentes. Acción de derecho común. Planteamiento de inconstitucionalidad
              del art. 39 LRT. Competencia laboral.
              Cuando se está en presencia de una demanda dirigida contra la empleadora y
              fundada en el derecho civil, más allá de su admisibilidad o el acierto o error el
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              planteo, debe encuadrarse en el diseño amplio el art. 20 e la ley 18345, que no ha
              sido derogada. En efecto, la citada norma adjetiva establece la aptitud jurisdiccional
              de la Justicia Nacional del Trabajo en las causas entre trabajadores y empleadores
              “... aunque se funden en disposiciones el derecho común aplicables a aquél...”. Por
              ello, despojado el conflicto de su complejidad jurídica innegable, es obvio que nos
              encontramos frente a un litigio que se suscita en el marco de una relación laboral y
              que tiene como sujeto pasivo al empleador y en consecuencia es la Justicia Nacional
              del Trabajo la llamada a conocer en la causa (Del dictamen el FG n° 23100 del
              15/8/97, al que remite la Sala).
              CNAT Sala I Expte n° 1938/99 sent. int. 50156 28/2/01 “Hormaechea, Juan c/
              Frigorífico Riosma SA y otro s/ accidente acción civil” (V.- P.-)



              2.- Cosa juzgada.

              Cosa juzgada. Declaración de oficio en el procedimiento laboral.
              El art. 347 in fine faculta al magistrado a declarar la existencia de cosa juzgada de
              oficio, en cualquier estado de la causa, y esta norma es aplicable al procedimiento
              laboral en virtud de lo dispuesto en el art. 155, último párrafo de la L.O. (Del voto del
              Dr. Guibourg).
              CNAT Sala III Expte n° 13136/01 sent. 85020 15/7/03 “Pacho de Gutiérrez, Ana y
              otros c/ Previsol AFJP s/ ind. por fall” (G.- P.- E.-)

              Ley de riesgos. Cosa juzgada. Improcedencia.
              La decisión que recayó en el juicio planteado por los derechohabientes del trabajador
              fallecido a causa de un accidente en el sentido que debía deducirse de la
              indemnización obtenida en base al derecho común, lo que había depositado la ART
              en la AFJP, de acuerdo al sistema de la LRT, no hace cosa juzgada ni implica una
              decisión sobre la validez constitucional de las normas que lo establecen, pues la
              cuestión no fue planteada en el primer pleito ni resultó decisiva para determinar la
              procedencia del reclamo impetrado. Se trató de un argumento obiter dictum
              destinado a explicar la razón por la que correspondía deducir del monto total, la
              suma ya depositada. Y el presente pleito, fundamenta su reclamo en la declaración
              de inconstitucionalidad de determinadas normas a fin de posibilitar a los actores,
              cobrar en un solo pago, parte del resarcimiento que les fue reconocido en la causa
              por accidente. (Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría).
              CNAT Sala III Expte n° 13136/01 sent. 85020 15/7/03 “Pacho de Gutiérrez, Ana y
              otros c/ Previsol AFJP s/ ind. por fall” (G.- P.- E.-)


                                                         11
              Poder Judicial de la Nación

              Ley de riesgos. Cosa juzgada. Procedencia.
              Para la declaración de la excepción de cosa juzgada, más allá de la concurrencia de
              las tres identidades clásicas, lo que realmente importa establecer es si en el juicio
              anterior ha existido debate y pronunciamiento sobre la cuestión sustancial y cuando
              así ocurre, la defensa citada es procedente, sin que la conclusión pueda cambiar
              porque el interesado procure superar a través de un nuevo planteo los errores u
              omisiones en que puede haber incurrido en el primer proceso. Así, la cosa juzgada
              precluye todas las cuestiones alegadas o que se hubiesen podido alegar en el
              proceso, no precluye solamente la facultad de renovar las cuestiones que fueren
              planteadas y decididas, sino que precluye también la facultad de proponer cuestiones
              no planteadas y que habrían podido plantearse, cuestiones que, en general, tienden
              a negar o disminuir el bien reconocido o a afirmar el bien negado. En el caso, la
              sentencia pasada e autoridad de cosa jugada expresamente dispuso que la suma
              depositada por la ART debía deducirse del monto de condena por lo cual era
              previsible que esa deducción se realizara de acuerdo a lo establecido por la
              normativa vigente cuya validez constitucional sólo se pretendió cuestionar mediante
              los presentes actuados. (Del voto de la Dra Porta, en minoría).
              CNAT Sala III Expte n° 13136/01 sent. 85020 15/7/03 “Pacho de Gutiérrez, Ana y
              otros c/ Previsol AFJP s/ ind. por fall” (G.- P.- E.-)

              Ley de riesgos. Cosa juzgada. Cuestionamiento posterior a completar el trámite
              administrativo. Procedencia.
              El sometimiento de la accionante al procedimiento administrativo impuesto por la
              LRT, ante la Comisión Médica Provincial y la Central- no importa renunciar a efectuar
              a posteriori una impugnación constitucional contra el mismo. En este caso no debe
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              aplicarse la doctrina de la CSJN expresada en que “el voluntario sometimiento, sin
              reservas expresas, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada
              jurisdicción, comportan un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia
              de su impugnación ulterior con base constitucional”. Ello así, por cuanto la elección
              de transitar la vía administrativa no fue voluntaria, sino exigida por la ley, es decir que
              no ejerció ninguna opción, sino que cumplió con la ley vigente; además, tampoco
              puede aceptarse la renuncia anticipada de derechos, especialmente si éstos fueron
              consagrados por la CN, lo cual conduce a considerar tales actos como nulos. En
              consecuencia, no puede admitirse la existencia de cosa juzgada administrativa y
              debe reconocérsele a la actora su derecho a impugnar constitucionalmente –en esta
              instancia laboral- el régimen creado por la ley 24557.
              CNAT Sala VI Expte n° 31855/02 sent. 57689 15/12/04 “Abbondio, Eliana c/Provincia
              ART SA s/ accidente” (De la F.- CF.-)

              Ley de riesgos. Cosa juzgada. Pretensión de condenar a la ART por las normas
              del derecho civil, después de transitar el procedimiento administrativo.
              Improcedencia.
              Más allá de compartirse o no la decisión legislativa plasmada en el art. 21 de la LRT
              en particular, los actos que dictan las comisiones médicas en el marco regular del
              procedimiento instaurado por dicha norma, complementado por el régimen recursivo
              del art. 46 y reglamentado por el decreto 717/96 y la Res. SRT 45/97 constituyen
              actos jurisdiccionales que, mientras no sean objeto de nulidad, gozan de los atributos
              de la cosa juzgada en la medida que no sean modificados o revocados mediante el
              sistema recursivo organizado por el mismo plexo normativo que les dio lugar. En el
              caso, el actor no cuestionó la resolución que dictó la Comisión Médica en relación al
              infortunio sufrido y al grado de incapacidad asignado, por lo que tal decisión goza de
              los atributos de la cosa juzgada. Consecuentemente no puede ser modificado por un
              proceso posterior y tampoco puede someterse a la ART, que fue parte de aquél
              procedimiento, a una nueva discusión de una cuestión que quedó resuelta y firme en
              el trámite de la ley 24557, salvo que medien planteos de inconstitucionalidad o
              nulidad de lo actuado en sede administrativa. (Del voto del Dr. Maza).
              CNAT Sala X Expte n° 9325/03 sent. 14560 7/9/06 “Calizaya Soria, Everto c/
              Alvarez, Laudelina y otros s/ accidente” (M.- Sc.-)

              Ley de riesgos. Cosa juzgada. Pretensión de condenar a la ART por las normas
              del derecho civil, después de transitar el procedimiento administrativo.
              Improcedencia.
              Sin entrar a analizar los recaudos requeridos para la revisión del acto administrativo
              llevado a cabo por la Comisión Médica (art. 46 ley 24557), la acción que persigue la
              condena de la ART en forma solidaria con la otra litisconsorte, por la reparación de
                                                          12
              Poder Judicial de la Nación

              daños y perjuicios en el marco del derecho civi, no resulta procedente. Ello así, pues
              la ART no responde por los reclamos asentados en el derecho civil, salvo supuesto
              como responsabilidad por omisión de las obligaciones de control, y esto último ni
              siquiera se insinuó en el escrito inicial. (Del voto el Dr. Scotti).
              CNAT Sala X Expte n° 9325/03 sent. 14560 7/9/06 “Calizaya Soria, Everto c/
              Alvarez, Laudelina y otros s/ accidente” (M.- Sc.-)



              a) Agotamiento de la instancia administrativa.

              Ley de riesgos. Desacuerdo con la Comisión Médica. Procedimiento.
              Si el trabajador inició el trámite administrativo, y si a posteriori estaba en desacuerdo
              con lo resuelto por la Comisión Médica interviniente, debió continuar el procedimiento
              reglado por la normativa aplicable, pues el motivo de la controversia era el
              reconocimiento de una incapacidad mayor derivada del infortunio sufrido. No
              obstante, al haber tramitado el expediente en su totalidad ante este fuero, no es
              posible declinar la competencia consentida por la demandada. De todas formas, es
              necesario tener en cuenta que debe atenderse a la real sustancia de las peticiones y
              que la actividad jurisdiccional no debe teñirse de un excesivo rigor formal que
              conlleve el riesgo cierto de caer en el cercenamiento del derecho del justiciable.
              CNAT Sala I Expte n° 2882/03 sent. 83706 30/6/06 “Arias, Carlos c/ Asociart SA
              Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente” (V.- P.-)

              Ley de riesgos. Dictamen de la comisión médica. Competencia.
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              La ley 24557 establece que las prestaciones médicas se encuentran a cargo de las
              aseguradoras de riesgos del trabajo y el modo para obtener el reconocimiento del
              derecho es mediante la intervención de las Comisiones Médicas, resultando
              competente para entender ante los eventuales reclamos, la Cámara Federal de la
              Seguridad Social.
              CNAT Sala II Expte n° 12733/02 sent.92512 30/4/04 “Gambin, Lucía c/ Sanatorio
              Mater Dei Asoc, Civil y otro s/ accidente” (R.- B.-)

              Ley 24.557. Comisiones médicas. Constitucionalidad.
              El sistema de las Comisiones Médicas no es inconstitucional porque prevé la
              posibilidad de que sus decisiones sean revisadas por un órgano judicial. De esa forma,
              no se configura ningún agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio.
              Sala III, S.I. 58.668 del 28/12/2007 Expte. N° 26.674/07 “Albornoz Carlos Fernando
              c/Provincia ART S.A. s/accidente-ley 9688”.


              Ley de riesgos. Dictamen de la Comisión Médica. Falta de apelación.
              El sistema de las comisiones médicas no resulta inconstitucional, pues prevé la
              posibilidad de que las decisiones que sean dictadas dentro del ámbito administrativo
              sean revisadas –ante el recurso efectivo de la parte afectada- por el órgano judicial
              que la ley establece. En el caso concreto, la resolución de la comisión médica
              interviniente era susceptible de ser recurrida ante la Comisión Médica Central, en
              tanto que una eventual resolución de ésta hubiese podido ser cuestionada ante la
              Cámara Federal de la Seguridad Social (conf. Art. 46, ap. 1 de la ley 24557 y 25 del
              decreto 717/96). Si bien es discutible que dicho órgano judicial sea el más idóneo –
              en función de la materia- para entender en los recursos que sean interpuestos contra
              las resoluciones de la Comisión Médica Central, resulta abstracto el tratamiento en la
              especie, pues dicho ente administrativo no intervino en relación con el accidente del
              actor y, en consecuencia, no emitió resolución alguna que pudiese ser cuestionada o
              revisada por el órgano judicial. Y dicha falta de intervención se debió a que el
              accionante no interpuso recurso alguno contra la resolución de la comisión médica,
              en la que expresamente se indica que podrá ser apelada dentro del término de 10
              días desde la notificación, mediante escrito presentado ante la misma comisión
              interviniente.
              CNAT Sala III Expte n° 4938/04 sent. 86378 22/12/04 “Banega, Angel c/ la Caja ART
              SA s/ accidente” (G.- P.-)

              Ley de riesgos. Dictamen de la comisión médica. Falta de cuestionamiento.
              Efectos.


                                                         13
              Poder Judicial de la Nación

              Si el actor no cuestionó la Resolución de la Comisión Médica interviniente, en la
              forma prevista por el art. 46 de la ley 24557, dicha decisión quedó firme y
              consecuentemente resulta inadmisible la pretensión de revisar judicialmente el
              porcentaje de incapacidad fijado por el organismo competente.
              CNAT Sala IV Expte n° 19044/01 sent. 90991 “Sosa Fortete, Dardo c/ Servicios
              Integrales Argentinos SA y otro s/ accidente” (Gui.- M.-).

              Ley de riesgos. Comisiones Médicas. Inconstitucionalidad.
              El procedimiento estatuido por el art. 46 de la LRT afecta los principios del juez
              natural y de acceso a la justicia al establecer la obligatoriedad de una instancia
              previa al trámite y duración inciertos, constituida tanto por la intervención de la
              autoridad de aplicación en materia laboral, como por la esencial actuación de las
              comisiones médicas, que impiden al trabajador ocurrir ante un órgano independiente
              para exigir la reparación de sus infortunios, restringiendo el acceso a la justicia,
              excluyendo a la justicia del trabajo y vedando el derecho a reclamar, en
              consecuencia, ante jueces naturales mediante el debido proceso.
              CNAT Sala VII Expte n° 12811/04 sent. 38981 6/2/06 “Olivera, Obdulio c/ La Caja
              ART SA s/ accidente” (RB.- F.-)


              b) Apelación

              Ley de riesgos. Declaración de incapacidad absoluta del trabajador.
              Toda vez que en la sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social se
              confirma la declaración de incapacidad absoluta del trabajador, la ART carece de
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              interés para recurrir la sentencia que ordena proceder al pago del importe total de la
              prestación por incapacidad permanente parcial, pues la decisión no le causa
              gravamen, dado que en el régimen de la ley 24557, la ART siempre y en todos los
              casos, debe depositar en una única oportunidad el importe total de la prestación en
              una compañía de seguros de retiro a elección del beneficiario, que es la que
              administra los fondos y es la única responsable del pago de esa renta periódica.
              CNAT Sala III Expte n° 11341/00 sent. 86210 18/10/04 “Torales, Gustavo c/
              Provincia ART SA s/ accidente” (E.- P.-)


              3.- Prescripción. Cómputo.

              Prescripción. Ley de riesgos. Actuaciones administrativas. Organismo público.
              Suspensión.
              En los supuestos de accidente, el cómputo del plazo bianual prescriptivo establecido
              por el art. 44 de la LRT que corresponde a la acción por el resarcimiento del daño
              que pudiera haber originado el infortunio comienza: a) con el alta médica otorgada
              antes de que transcurriera el año desde la ocurrencia del episodio accidental; o b) al
              cumplirse el año desde el acaecimiento del infortunio o desde el comienzo de la
              incapacidad temporaria, si durante el transcurso de ese año no se hubiera otorgado
              el alta médica definitiva. En este caso, al tratarse de una dependiente del Servicio
              Penitenciario Federal, las actuaciones administrativas generadas en el ámbito de la
              propia institución demandada, en las cuales ésta reconoció que la actora padecía un
              76% de incapacidad, afectan el curso de la prescripción pues es razonable que la
              trabajadora aguarde una respuesta cabal de su empleadora que, como organismo
              público tramita en un marco sumarial lo concerniente a la viabilidad del reclamo. En
              tal sentido dicho reclamo debe considerarse en cuadrado en el supuesto previsto por
              el art. 3986 2° párrafo del C. Civil, pues constituye un acto de constitución en mora
              del deudor –respecto de la obligación indemnizatoria cuyo reconocimiento se
              pretende en la causa- que suspende el curso de la prescripción, por una sola vez,
              durante un año.
              CNAT Sala II Expte n° 6435/04 sent. int. 56020 28/12/07 “Carabajal, Ana c/ Servicio
              Penitenciario Federal s/ accidente” (P.- M.-)



              Ley de riesgos. Prescripción. Cómputo.
              Toda vez que la actora fundamenta su acción en la ley 24557 cuyo art. 44 establece
              que las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha
              en que la prestación debió ser abonada o prestada, dicho punto de partida, en este
                                                       14
              Poder Judicial de la Nación

              caso, está determinado por la resolución de la Junta Médica que ha reconocido al
              actor una incapacidad parcial y permanente.
              JNT N° 41 Expte n° 26457/02 sent. 9324 22/4/05 “Agüero, Luis c/ Estado Nacional
              PFA s/ accidente” (Dr. Guma).


              4.- Contingencias cubiertas.

              Ley de riesgos. Contingencias cubiertas. Muerte del trabajador en ocasión de
              robo al establecimiento. Uso de vivienda sin prestar tareas de sereno.
              Indemnización. Procedencia.
              El trabajador fue muerto en ocasión de perpetrarse un robo en el establecimiento
              donde laboraba y pernoctaba, sin prestar tareas de sereno, pues el uso de la
              vivienda dentro de la empresa era considerado como una prestación en especie
              accesoria al contrato de trabajo. En tal circunstancia, puede decirse que pesaba
              sobre la demandada el deber de seguridad genérico que pesa sobre el propietario de
              un inmueble, respecto de las personas a las que invita a entrar en él o cuya entrada
              permite, si no el específico del art. 75 LCT, en relación con los daños previsibles que
              esa conducta es susceptible de generar. La conexión entre el contrato de trabajo y
              este siniestro concreto no es, más débil que la que se encuentra en la base de la
              responsabilidad por accidente in itinere. El siniestro padecido por el causante fue un
              accidente de trabajo, en cuanto ocurrió en ocasión del trabajo (art. 6, apartado 1, ley
              24557). Para más, en el caso, la empleadora había contratado vigiladores nocturnos
              porque la ubicación del predio y las características del entorno hacían previsible la
              irrupción de ladrones.
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              CNAT Sala VIII Expte n° 33176/02 sent. 33006 8/2/06 “Sanabria Talavera de Pérez,
              Estanislada y otros C/ CNA Omega ART y otro s/ indemnización por fallecimiento”
              (M.- C.-)

              Ley de riesgos. Contingencias cubiertas. Muerte del trabajador en ocasión de
              robo. Uso de vivienda dentro del stud propiedad del demandado.
              Indemnización. Procedencia.
              Toda vez que no se encuentra acreditado, en este caso, que el trabajador
              permaneciera pernoctando en su trabajo por razones ajenas a su labor, la noche en
              que fue muerto por delincuentes, tal circunstancia determina que la alegada fuerza
              mayor esgrimida en el responde no deba considerarse ajena, sino inherente al
              trabajo, desde que no es dable inferir que de no haberse encontrado el causante en
              dependencias de la accionada, igualmente habría sido objeto del ataque que le costó
              la vida. Resulta procedente, en consecuencia, atribuir naturaleza laboral al siniestro
              que derivó en al fallecimiento del dependiente, habida cuenta que el mismo ocurrió
              en ocasión del trabajo (art. 6 inc. 1°9 LRT).
              CNAT Sala IV Expte n° 14129/01 sent. 91678 20/9/06”Lucca de Hoz, Mirta c/ Taddei,
              Eduardo y otro s/ accidente” (G.- Gui.-)

              Ley de riesgos. Contingencias cubiertas. Proximidad temporal entre el
              accidente y la muerte del trabajador. Necesidad de nexo causal.
              La proximidad temporal entre el accidente de trabajo y el deceso del trabajador, no
              habilita a presumir sin más acerca de la incidencia del primero sobre la última, en
              tanto en orden a lo concerniente al nexo causal, la doctrina más destacada ha
              señalado que para que surja la responsabilidad de alguien es menester que exista
              conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho del que aquél es autor y el
              daño sufrido por quien pretende la reparación (Conf. Llambías, Jorge J. en Tratado
              de Derecho Civil Tomo III pág 713 y sgts) y que la teoría de la causalidad adecuada
              (art. 901 del C. Civil, complementario de los arts. 902/906) conduce a determinar si la
              acción u omisión a la que se le atribuye el daño era normalmente capaz de producirlo
              (conf Borda, Guillermo “Tratado de Derecho Civil T. II pág 241 y sgts). En el caso
              concreto, no surge de las constancias de la causa (pericial médica e historias
              clínicas) que la causa del accidente de trabajo pueda ser reputada como condición
              relevante en el iter que llevara a la muerte al causante.
              CNAT Sala II Expte n° 25316/99 sent. 91959 10/9/04 “López, Ubaldina c/ Balpala
              Construcciones SA s/ accidente” (B.- R.-)

              a) Accidentes y enfermedades.

              Ley de riesgos. Inclusión de otras afecciones. Facultad del juez natural.

                                                        15
              Poder Judicial de la Nación

              El decreto 1278/00, art. 2° ap. b) le otorga puntual y expresamente a la Comisión
              Médica Central la posibilidad de incluir, según el caso concreto, a determinadas
              afecciones entre las resarcibles, siempre y cuando exista una vinculación necesaria
              entre la afección y el factor laboral y descartando la influencia de los factores
              atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Siguiendo dicha línea de razonamiento, si
              se parte del supuesto en que dicha Comisión Médica ostenta tal facultad, con mayor
              razón la goza entonces el Juzgador, quien es imparcial y que cumple por su propia
              condición con la garantía constitucional del “juez Natural” reconocida en el art. 18 de
              la CN. En tal sentido, en el caso, es factible atribuir también responsabilidad a la
              accionada respecto de las afecciones columnaria y varicosa que afectan al
              trabajador, además de la hipoacusia (incluida en la demanda) y que fueron
              detectadas por el Cuerpo Médico Forense al practicarle el examen al trabajador.
              CNAT Sala VII Expte n° 12811/04 sent. 38981 6/2/06 “Olivera, Obdulio c/ la Caja
              ART SA s/ accidente” (RB.- F.-)

              b) Accidentes in itinere.

              Ley de riesgos. Accidentes in itinere. Demanda iniciada en base al derecho
              civil.
              El amparo por un accidente in itinere es la máxima extensión posible de
              responsabilidad del empleador por un accidente. Pero una acción civil, como la
              planteada en el caso, resarcitoria de daños que se fundara en un accidente in itinere
              carecería de base normativa dentro del C. Civil para imputar responsabilidad al
              empleador. No obstante y por aplicación del principio iura novit curia, el caso
              concreto, debe enmarcarse dentro de la ley de riesgos, sin que lo impida la
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              circunstancia de que el actor no hubiese realizado los trámites administrativos
              establecidos en la ley 24557, ya que obviamente no podía seguir dos reclamos al
              mismo tiempo. En el caso, se había planteado la inconstitucionalidad de diversos
              artículos de la ley de riesgos y se entendió que el principio de defensa en juicio de
              las partes se hallaba salvaguardado pues se expidió sobre la incapacidad del trabajo,
              un perito designado de oficio y se dio vista a la aseguradora quien efectuó las
              impugnaciones que consideró pertinentes.
              CNAT Sala I Expte n° 23659/99 sent. 82343 22/2/05 “Alancay, Marcos c/ Pizzini SA
              s/ accidente” (V.- Pir.- )

              Ley de riesgos. Accidentes in itinere. Alteración del trayecto. Notificación al
              empleador.
              El art. 6 de la LRT pone en cabeza del dependiente, a los fines de excepcionar los
              casos en que el trabajador altera su trayecto original, declarar por escrito ante el
              empleador (dentro del plazo allí establecido) que “...el in itinere se modifica por
              razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo
              enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a
              requerimiento del empleador...”, lo cual trasluce la obligación de poner en
              conocimiento del dador de trabajo cualquier modificación relacionada con el trayecto
              habitual utilizado para arribar a su lugar de prestación de tareas o desde éste a su
              domicilio, incluyendo dicha carga la de notificar cualquier modificación aún cuando
              fuere transitoria, del domicilio del dependiente.
              CNAT Sala II Expte n° 20791/99 sent. 91991 18/9/03 “Brandell Ayala, Francisca, por
              sí y en representación de sus hijos c/ Macchiavello Construcciones SRL y otro s/ ind.
              por fallecimiento” (G.- R.-)

              Ley de riesgos. Accidente in itinere. Desfasaje entre la hora del hecho y la de
              comienzo de la jornada del trabajador. Actitud previsora.
              La circunstancia de que el accidente padecido por la trabajadora ocurriera a una hora
              temprana en relación con su estrada a prestar tareas (ocurrió a las 6 de la mañana y
              la trabajadora debía tomar servicio a las 10) no puede perjudicarla, pues ello
              evidencia una actitud previsora y su afán de cumplir con su prestación de servicios
              con puntualidad y regularidad. Para más, en el caso, debía trasladarse desde su
              domicilio en la ciudad de Lobos, Pcia de Buenos Aires, lo que refuerza la decisión
              correcta de viajar en tal horario y en el medio utilizado a fin de evitarse el uso de
              otros medios de transporte que resultan más incómodos y menos eficaces cuando se
              trata de llegar a horario.
              CNAT Sala III Expte n° 14069/01 sent. 87960 20/7/06 “Reinero, Silvia c/ Mutualidad
              Argentina de Hipoacúsicos S/ accidente” (P.- G.-)


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              Poder Judicial de la Nación


              c) Listado de enfermedades.

              La Cámara rechazó la demanda por aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo sin
              advertir que la acción se fundó en el derecho civil. En virtud de esa falsa premisa,
              resolvió que debía aplicarse el sistema de numerus clausus en cuando a las
              enfermedades resarcibles, en el que no estaba contemplada la situación del actor.
              Para la procedencia de la acción de derecho común debe probarse la existencia de
              los presupuestos de la responsabilidad civil. Por lo tanto si se demuestra que una
              enfermedad esta vinculada causalmente a un hecho antijurídico, la acción procede
              con independencia del listado que prevea la ley de riesgos del trabajo, que obedece
              a un régimen especial, diferente del derecho común. (Del voto de los ministros
              Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni).
              CSJN S1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07

              Resulta inoficioso, en el caso, ingresar al examen de la constitucionalidad del art. 6
              inc. 2 de la ley 24557, en tanto se persigue la reparación de una enfermedad que no
              está comprendida en el listado que bebe elaborar y revisar el Poder Ejecutivo, dentro
              del sistema especial. En el caso, el a quo no dio a la controversia el debido
              tratamiento conforme a los términos e que fue planteada, a la prueba rendida y al
              derecho aplicable. Lo resuelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías
              constitucionales que se invocan vulneradas (art. 15 de la ley 48), por lo que
              corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de conocida
              doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad. (Del voto de los ministros Lorenzetti,
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              Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni).
              CSJN S1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07

              No parecen quedar dudas que la LRT de 1995, es incompatible con el orden
              constitucional y supralegal enunciado, puesto que ha negado todo tipo de reparación
              al trabajador víctima de una enfermedad que guarda relación de causalidad
              adecuada con el trabajo, por el sólo hecho de que aquélla no resulta calificada de
              enfermedad profesional en los términos de dicha norma. Por cierto que esa
              incompatibilidad encuentra fundamento, además de lo expresado en los
              considerandos precedentes, en otros derechos de jerarquía constitucional que, en
              consecuencia, fueron desoídos por el legislador. En primer lugar, el de toda persona
              “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, tal como lo enuncia el inc. 1°
              del art.8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, con toda
              especificidad y autonomía (asimismo: Declaración Americana de los Derechos y
              Deberes del Hombre, art. I). (Del voto de los ministros Fayt y Petracchi).
              CSJN S1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07

              El descarte de la responsabilidad del empleador que consagra la LRT en el punto
              sub lite, constituye en sí mismo un elemento distorsionante de la relación laboral, un
              claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección
              a la protección del trabajador y no a su desamparo. Es condición inexcusable del
              empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto
              cumplimiento de las normas de seguridad, tato en general como en lo que concierne
              a las propias de cada actividad. (Del voto de los ministros Fayt y Petracchi).
              CSJN S1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07

              El más que centenario lema: “el hombre es algo sagrado para el hombre”, resulta
              fácilmente deducible de nuestra Constitución, pues aquel “es e eje y centro de todo el
              sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente-
              su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los
              restantes valores tiene siempre carácter instrumental (Campodónico de Beviacqua,
              Cit, Fallos 323: 3229, considerando 15 y su cita. En suma, la LRT, bajo la exégesis
              que le han dado los jueces de la causa, resulta inconstitucional, de manera que
              corresponde revocar la sentencia apelada. (Del voto de los ministros Fayt y
              Petracchi).
              CSJN S1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07

              La sentencia dictada por el tribunal apelado, al decidir que la ley 24557 era
              constitucionalmente válida in totum y agotaba las posibilidades de resarcimiento por
              daños sufridos en el ámbito laboral, convalidó su artículo 39.1 y prescindió de todo
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              Poder Judicial de la Nación

              examen de la demanda instaurada en términos del art. 1113 del C. Civil. En tales
              condiciones, la cuestión así planteada presenta sustancial analogía con la debatida y
              resuelta en el precedente de Fallos 329:473 (voto de la jueza Carmen Argibay), a
              cuyas consideraciones y conclusiones se remite por razón de brevedad. (Del voto de
              la ministro Argibay).
              CSJN S1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07


              Ley de riesgos. Listado de enfermedades. Constitucionalidad.
              El tema de las enfermedades profesionales –definidas como aquellas que
              constituyen la causa exclusiva del desempeño de ciertas actividades- siempre operó,
              en el sistema de la ley 9688, en base a un listado elaborado y actualizado, en el
              caso, por el PEN por delegación legal, al igual que ocurre con la ley 24557. Es
              impensable, por diversas razones, un sistema de alcance universal, máxime cuando,
              como ocurre en la ley de riesgos, el régimen de reparación de los accidentes del
              trabajo y enfermedades profesionales ha dejado de constituir un capítulo de la
              responsabilidad civil individual, para adquirir rasgos inequívocos de prestaciones de
              seguridad social, a través de un sistema de seguro obligatorio, gestionado por entes
              privados que actúan como agencias del sistema. No se advierte cómo la
              circunstancia de que en la enumeración de las contingencias cubiertas se haya
              omitido en principio –ya que se encuentra prevista la gradual incorporación-
              contemplar ciertas situaciones en función de la causa que les da origen, afectaría
              gravemente el principio de justicia.
              CNAT Sala VIII Expte n° 8991/98 sent. 29258 22/9/00 “Avalo, Gregoria c/ Bagley SA
              s/ accidente” (M.- B.-)
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              Ley de riesgos. Listado de enfermedades.
              El art. 6 de la ley 24557 refiere que la ley sólo cubre los accidentes de trabajo y las
              enfermedades profesionales que se encuentren incluidas en el listado (decreto
              659/96) y las que no figuran en el mismo, no son indemnizables por la vía especial
              prevista en esta normativa. Ello sin perjuicio del derecho que pueda tener el
              trabajador para reclamar un resarcimiento por otras vías previstas en el
              ordenamiento normativo. Los daños que por cualquier causa no fueran reconocidos
              como “contingencias sistemáticas” por la LRT quedan automáticamente fuera del
              universo fáctico-jurídico regulado por la norma en cuestión y regidos por las
              disposiciones del derecho común en tanto se verifiquen a su respecto los
              presupuestos convocantes de responsabilidad conforme las reglas del juego vigentes
              en dicho ámbito ( H Corte y J Machado “Siniestralidad laboral ley 24557” pág. 379).
              En estos casos existen normas aplicables a todos los ciudadanos del país cuya
              aplicación no se encuentra vedada por ninguna disposición especial. Tal el caso del
              art. 1113 del C. Civil que impone la responsabilidad en razón del riesgo creado o en
              su caso la culpa o negligencia de aquél que le dio origen con su conducta al evento
              dañoso.
              CNAT Sala I Expte n° 16258/98 sent. 79648 “Rambla, Edgardo c/ De Negri, Osvaldo
              y otros s/ accidente” (Pir.- P.-)

              Ley de riesgos. Listado de enfermedades.
              El art. 6 inc. 2 de la ley 24557 limita las enfermedades que pueden ser objeto de
              resarcimiento a través de esta normativa y determina asimismo el procedimiento
              administrativo que debe cumplir el trabajador o sus derechohabientes para obtener la
              determinación de la existencia de esta contingencia. Dicha normativa fue modificada
              por el decreto 1278/00, que si bien no se hallaba vigente al momento de los hechos
              objeto de la demanda en este caso concreto, tal como lo expresa Vázquez Vialard,
              ha venido a salvar la indudable inconstitucionalidad de la norma de fondo en su texto
              original, en caso de que el trabajador acreditara la relación causal adecuada entre las
              tareas que realizaba y la enfermedad que padece (Revista de Derecho Laboral, Ley
              de Riesgos de Trabajo, Ed. Rubinzal Culzoni 2001, T. I pág 47). Por ello, deberá
              prosperar el pedido de la accionante relativo a la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2
              de la ley de Riesgos, en este caso concreto.
              CNAT Sala I Expte n° 23774/97 sent. 82546 21/4/05 “Acosta, María c/ Bagley SA y
              otro s/ accidente” (V.- P.-)

              Ley de riesgos. Listado de enfermedades. Art. 6 ley 24557. Inconstitucionalidad.
              El art. 6 de la ley 24557 en su redacción original, resulta inconstitucional en cuanto
              declara “no resarcibles” incapacidades que provienen total o parcialmente de la
                                                         18
              Poder Judicial de la Nación

              actividad laboral. El principio “alterum non laedere” que emerge del art. 19 de la CN,
              impone a toda persona la obligación de no dañar y la consiguiente responsabilidad
              del causante del daño a repararlo, sea en forma directa o por intermedio de una
              aseguradora, como en el caso lo prevé la legislación especial.
              CNAT Sala VII Expte n° 21195/01 sent. 38517 19/5/05 “Lencina, Héctor c/ Liberty
              ART SA s/ accidente” (RD.- RB.-)

              Ley de riesgos. Listado de enfermedades. Enfermedad no incluida. No
              funciona la eximición de la responsabilidad civil del empleador.
              Si la afección por la cual se reclama no está incluida en el listado que prevé el laudo
              156/96, resultan aplicables las previsiones que la propia ley de riesgos del trabajo
              establece, esto es que la eximición de responsabilidad civil del empleador depende
              de un hecho concreto, que el trabajador o sus derechohabientes reciban las
              prestaciones del sistema (conf. Art. 39 LRT). Como ha señalado Juan C. Martorana,
              fácil es interpretar la norma a contrario sensu en el sentido que “si no hay prestación
              de ley, no corresponde eximición de responsabilidad alguna”. Las enfermedades
              laborales no enlistadas en el laudo 156/96 no tienen prestaciones de la ley, en
              consecuencia no funciona la eximición de responsabilidad civil del empleador por
              propia disposición de la LRT, sin necesidad de declaración alguna de
              inconstitucionalidad del art. 6.
              CNAT Sala X Expte n° 7102/99 sent. 9231 26/2/01 “Fernández, Ipolito c/ Tecnycon
              SA y otro s/ accidente” (S.- Sc.- C.-)
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              5.- Determinación de la incapacidad.

              a) Comisiones médicas. Dictámenes.

               Ley de riesgos. Comisiones médicas. Inconstitucionalidad.
              Teniendo en cuenta la decisión adoptada por la CSJN en la causa “Castillo, Angel c/
              Cerámica Alberdi SA” (7/9/04) que declaró la inconstitucionalidad de la ley 24557
              (art. 46 inc. 1°) al conferir naturaleza federal a sus normas a pesar de reglamentar
              una materia de derecho común, como es la que se origina con las cuestiones
              relacionadas con los accidentes del trabajo, en la realidad sus fundamentos pueden
              aplicarse también a otras disposiciones de la ley que federalicen sus normas en
              detrimento de los tribunales provinciales, a cuyo cargo debe estar su interpretación y
              aplicación. Por ello, las normas que reglamentan el funcionamiento de las
              comisiones médicas, por asignar competencia a organismos administrativos
              nacionales en detrimento de las jurisdicciones provinciales, deben ser declaradas
              inconstitucionales y, como consecuencia, corresponde invalidar todo lo actuado ante
              las mismas con motivo del accidente que sufriera la actora, en este caso. (Del voto
              del Dr. De la Fuente).
              CNAT Sala VI Expte n° 31855/02 sent. 57689 15/12/04 “Abbondio, Eliana c/
              Provincia ART SA s/ accidente” (De la F.- CF.-)

              Ley de riesgos. Comisiones médicas. Inconstitucionalidad.
              En el procedimiento marcado por la LRT finalmente el trabajador tiene acceso a la
              jurisdicción, puesto que luego de concurrir a la comisión médica, y a la comisión
              médica central, se garantiza un recurso amplio ante la Cámara Federal de
              Apelaciones de la Seguridad Social, pero también lo es que la intervención del juez
              natural, que otorgaría certeza al derecho y podría decidir las divergencias jurídicas
              que existiesen se aleja ciertamente en el tiempo, perjudicando el derecho a la salud
              del trabajador, puesto que durante este trámite verá postergada la atención médica y
              el proceso de rehabilitación que asegura el régimen de riesgos del trabajo. Dado el
              carácter alimentario y de extrema necesidad por el que atraviesa la víctima laboral,
              el dilatado proceso que debe transitar hasta llegar ante la jurisdicción, se
              desnaturaliza el precepto constitucional de acceso a la justicia. (Del voto el Dr.
              Capón Filas).
              CNAT Sala VI Expte n° 31855/02 sent. 57689 15/12/04 “Abbondio, Eliana c/
              Provincia ART SA s/ accidente” (De la F.- CF.-)


              6.- Prestaciones dinerarias. Ley original y reformas. Decretos 1278/00 y 410/01.


                                                        19
              Poder Judicial de la Nación

              Ley de riesgos. Prestaciones dinerarias y en especie. Incapacidad laboral
              temporaria. Opción. No configuración.
              La percepción de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria (art.
              13) o la aceptación de las prestaciones en especie a cargo de la ART (art. 20), no
              implica el acogimiento a su régimen que excluye su impugnación en los términos de
              los pronunciamientos recordados por la CSJN, a la hora de decidir sobre las
              prestaciones por incapacidad permanente, parcial o total, o gran invalidez (arts. 14,
              15 y 17). La opción por una u otra acción indemnizatoria requiere la evaluación de
              circunstancias de hecho y de derecho que sólo estarán disponibles para el sujeto una
              vez consolidados los efectos del infortunio y requerirá normalmente de consejo
              profesional. Parece excesivo y tributario de un nivel exagerado de abstracción,
              imputar a la repetición del comportamiento habitual en ocasión del vencimiento de un
              período de pago de remuneraciones, eficacia de declaración abdicativa del derecho a
              optar por una de las posibles acciones de indemnización de daños que ni siquiera se
              sabe, con grado de razonable probabilidad, si habrán de existir.
              CNAT Sala VIII Expte n° 18358/98 sent. 29583 28/2/01 “Vallejos, Carlos c/ Rigesin
              Labs SA s/ accidente” (B.- M.-)


              Ley de riesgos. Prestaciones dinerarias. Incapacidad permanente parcial.
              Opción.
              El acto que sí constituye un definitivo y voluntario acogimiento al régimen de la ley
              24557 es la aceptación y cobro de la prestación por incapacidad permanente parcial,
              aún acompañada por una reserva que, por tener a un tercero como destinatario, no
              sería oponible al empleador, ni resulta eficaz para enervar la eficacia del art. 39, inc.
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              1 de la ley 24557. Inadmisible la tacha de inconstitucionalidad, rige plenamente la
              exención de responsabilidad consagrada por la norma en examen.
              CNAT Sala VIII Expte n° 18358/98 sent. 29583 28/2/01 “Vallejos, Carlos c/ Rigesin
              Labs SA s/ accidente” (B.- M.-)

              Ley de riesgos. Prestaciones dinerarias. Pretensión del actor para que se le
              aplique el decreto 1278/00. Hecho generador anterior a la vigencia del decreto.
              Improcedencia.
              Cuando el hecho generador de responsabilidad acaeció con anterioridad a la
              vigencia del decreto 1278/00 no corresponde viabilizar el cuestionamiento de la parte
              actora a la ley 24557 en su texto original, sobre la base del carácter ínfimo de la
              prestación. Ello así, pues la normativa citada estableció un sistema de seguro
              oneroso que ciñe la responsabilidad de la ART al marco de las obligaciones que se
              describen, y cualquier apartamiento del régimen que implicara aumentar las
              prestaciones a supuestos no contemplados, sólo pueden recaer sobre el empleador,
              ya que constituiría una hipótesis de carencia de seguro. Lo expuesto llevó a este
              Ministerio Público y a la jurisprudencia de la Cámara a rechazar las demandas
              dirigidas a las ART que implicaran sobrepasar las obligaciones descriptas en la
              disposición legal, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del empleador. (Del
              dictamen del Fiscal General n° 41410 21/11/05, al que adhirió la Sala).
              CNAT Sala II Expte n° 126/03 sent. 93979 6/12/05 “Kalinowski, Ana c/ Liberty ART
              SA s/ ind. por fallecimiento” (G.- VV.-)

              Ley de riesgos. Prestaciones dinerarias. Pretensión del actor para que se le
              aplique el decreto 1278/00. Hecho generador anterior a la vigencia del decreto.
              Improcedencia.
              El art. 19 del decreto 1278/01 establece que “...las modificaciones introducidas por el
              presente decreto a las leyes 24241 y 24557, entrarán en vigencia a partir del primer
              día del mes subsiguiente a su publicación en el boletín oficial...”. El citado decreto se
              publicó el 3/1/01 y por lo tanto, entró en vigencia a partir del 1/3/01, pues la palabra
              “subsiguiente” quiere decir “...que viene después del que sigue inmediatamente...”
              (ver Diccionario de la Real Academia Española, XIX edición, pág 1224) y esa es,
              precisamente, la diferencia entre dicho término y la expresión “siguiente”. Desde esa
              perspectiva, el hecho generador del reclamo, en este caso, ocurrió fuera de la
              vigencia de la norma que da sustento a la demanda y la interpretación que se lleva a
              cabo se ve ratificada por el art. 8 del decreto 410/01, que no puede ser juzgado
              inconstitucional porque es coherente con la disposición que está llamado a
              reglamentar. Es cierto que las prestaciones del sistema eran mezquinas, pero la
              antijuridicidad posible deberá ser remediada por otra vía y no soslayando lo


                                                         20
              Poder Judicial de la Nación

              dispuesto claramente por el ordenamiento que la propia reclamante invoca. (Del
              dictamen del Fiscal General ante la CNAT n° 39567, al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala VI Expte n° 10731/03 sent. int. 27726 17/2/05 “Aveiro, Isabel c/
              Consolidar SRT SA s/ accidente”.

              Ley de riesgos. Condena a la ART. Exención de la empleadora directa.
              La relación entre la aseguradora de riesgos del trabajo y el trabajador damnificado no
              es indirecta o derivada, sino directa, ya que la ley 24557 dispuso una situación
              sustancial del sujeto obligado, reemplazando al empleador por la ART, y es por ello
              que, en el particular diseño de la norma aplicada, resulta inadecuado condenar a
              quien la propia ley exonera de responsabilidad, salvo el caso de que se tratase de un
              empleador autoasegurado. En el marco de la ley especial, los empleadores se
              encuentran compelidos a contratar con una ART por imperativo legal (conf. Art. 3 ley
              24557) y las obligaciones frente al trabajador, en cuanto a las reparaciones previstas
              en ella, pesan exclusivamente a cargo de las aseguradoras (conf. arg. Arts. 26,31 y
              concordantes de la LRT).
              CNAT Sala II Expte n° 18576/01 sent. 94541 12/10/06 “Coria Rosario, Marcos c/ La
              Pomme SA Ganadera, Agrícola y Comercial s/ despido” (P.- G.-)


              b) Incapacidades.

              Ley de riesgos. Decreto 410/01. Constitucionalidad.
              En relación a la validez constitucional del art. 8 del decreto 410/01, se trata de un
              decreto reglamentario, de un dispositivo de necesidad y urgencia, y no se advierte un
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              exceso en la reglamentación porque en la pirámide jurídica las leyes pueden
              modificar su entrada en vigencia y el cotejo de razonabilidad debe llevarse a cabo en
              vinculación con el ordenamiento que se reglamenta y no con el art. 3 el C. Civil. (En
              el caso, el siniestro había acaecido el 11 de julio de 1998, por lo que mal podría
              aplicarse al mismo un diseño que se encuentra vigente recién a partir del año 2001).
              CNAT Sala II Expte n° 10907/04 sent. 94034 27/12/05 “Aguilar, José c/ Provincia
              ART SA s/ accidente” (G.- VV.-)

              b) Muerte del trabajador.

              Ley de riesgos. Padres del trabajador fallecido. Indemnización. Procedencia.
              El hecho de la inclusión de los padres mediante la modificación a la LRT
              instrumentada por el decreto 1278/00 tuvo por origen, precisamente, según lo
              declaran los considerandos de dicha normativa, reclamos con favorable acogida en
              tribunales de distintas jurisdicciones del país, cuyas sentencias particulares pusieron
              en entredicho la concordancia de preceptos de la ley con garantías constitucionales.
              Entre los aspectos singularmente atacados se hallaba, luego, el tratamiento brindado
              a los derecho-habientes del dependiente (conf, párrafos 6 y 7 del decreto 1278/00),
              por cuya razón se incluyó expresamente entre los beneficiarios de las prestaciones
              respectivas, en ausencia de los establecidos por el art. 53 de la ley 24241, a los
              padres del trabajador; y en defecto de éstos, a los familiares a cargo del mismo (conf.
              ap. 9 del decreto citado. La anterior solución, por otra parte, no ha importado sino la
              restauración de derechos que habían sido consagrados en otras disposiciones de la
              seguridad social que regulaban respecto de los así llamados derecho-habientes (ver
              leyes 9688;20744; 24028, etc), incluyendo en el art. 38, apartados 3 y 4 de la Ley de
              Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores en Relación de Dependencia (n° 18037)
              –al que remitían aquéllas reglas- entre las personas enumeradas, a los progenitores.
              CSJN M 1380 XLI “Medina, orlando y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina SA y
              otro” 26/2/08

              Ley de riesgos. Padres del trabajador fallecido. Indemnización. Procedencia.
              No se aprecia razonable una regla que excluye a los padres del trabajador soltero
              (en ausencia de los otros derecho-habientes reconocidos por la norma) de las
              prestaciones reclamadas en autos sobrevivientes a un accidente fatal de trabajo,
              máxime cuando se aceptó el pago de una cobertura bajo el supuesto de que en caso
              de producirse un infortunio habría algún beneficiario con derecho al cobro, por lo que
              compete la declaración de inconstitucionalidad del original art. 18, ítme 2 de la ley
              24557, en cuanto soslaya a los progenitores del trabajador siniestrado. Ello así por
              cuanto resulta lesivo, entre otras prerrogativas, del derecho de protección integral de


                                                        21
              Poder Judicial de la Nación

              la familia que receptan tanto el art. 14 bis de la CN, como los pactos internacionales
              de igual jerarquía conforme el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna.
              CSJN M 1380 XLI “Medina, orlando y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina SA y
              otro” 26/2/08




              Ley de riesgos. Prestaciones dinerarias. Caso “Milone”. Alcances. Decreto
              1278/00. Efectivas necesidades del trabajador o sus derechohabientes.
              En el caso “Milone”, la Corte no descalificó el sistema de pago de la prestación del
              art. 14, inc.2 b) de la ley 24557 con carácter general, sino en cuanto impuesto con
              carácter obligatorio, rigidez que, en casos concretos, podría dar lugar –como en ese
              caso específico, conforme a las circunstancias personales de la víctima- a la
              desprotección del sujeto portador de una grave incapacidad. Enfatizó que en el
              sistema anterior al dictado del decreto 1278/00, el trabajador portador de una
              incapacidad importante tenía vedada la percepción de una suma de pago único,
              destinada a “dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador”, lo cual
              podría conducir a resultados opuestos a los objetivos legales. Pero cuando, como en
              el caso concreto, la viuda del causante, sin hijos, no sólo percibió la prestación de
              pago único ($50.000) introducida por el decreto 1278/00 sino también una suma
              equivalente al capital de la renta vitalicia ($180.000) contratada conforme al art. 19
              de la ley 24557, por parte de la empleadora, no se advierte la imposibilidad de hacer
              frente a las conjeturales necesidades o que se haya configurado una situación de
              desprotección actual derivada del sistema de pago de la prestación sobre la que
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              versa la controversia.
              CNAT Sala VIII Expte n° 27622/05 sent. 33325 31/5/06 “Duarte Barrios, Rosa c/
              prevención ART SA y otro s/ amparo” (M.- C.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Derechohabientes. Padres del trabajador
              soltero. Situación anterior a la entrada en vigencia del decreto 1278/00.
              Improcedencia de la indemnización.
              Aunque el decreto 1278/00 incluyó a los progenitores del trabajador fallecido, cuando
              éste no posee cónyuge supérstite, conviviente o hijos, lo cierto es que los mismos no
              estaban incluidos en la redacción originaria de la ley 24557 (art. 18, que remitía al
              art. 53 de la ley 24241). Aunque tal derecho hubiera sido a posteriori reconocido por
              el decreto mencionado, si tal derecho no estaba vigente al momento del infortunio y
              además no surge de los términos de la norma que la misma sea de aplicación
              retroactiva (art. 3 del C. Civil) no hay mérito para que resulte procedente la
              legitimación de los padres del fallecido para percibir resarcimiento alguno en nombre
              y representación de su hijo.
              CNAT Sala I Expte n° 16484/02 sent. 81985 14/9/04 “Llorca, Luis y otro c/ Smug,
              Claudio y otro s/ accidente” (Pir.- P.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Derechohabientes. Padres del trabajador.
              Situación anterior a la entrada en vigencia del decreto 1278/00. Procedencia de
              la indemnización.
              Tal como se expresa en la exposición de motivos del decreto 1278/00 “razones de
              urgencia y necesidad” y “elementales principios de justicia social” motivaron al Poder
              Administrador a la reparación de la situación de los progenitores del trabajador que
              fallecía soltero y que originariamente se hallaban excluidos de las prestaciones
              contempladas en la ley 24557. Ocurre en el caso una omisión legal que se evidencia
              irrazonable a la luz de los motivos explícitamente expuestos al dictarse el decreto
              mencionado, que si bien subsanó la cuestión hacia el futuro, patentiza una
              desigualdad de derechos. Toda vez que el art. 18 ap. 2 LRT determinó una
              incompleta o incorrecta realización del principio de igualdad al conceder ventajas o
              beneficios a determinados grupos o categorías, sin extenderlos a otros que debían
              haberse hallado incluidos, y a su vez el decreto 1278/00 genera, respecto del
              presente caso, una sobreviviente situación discriminatoria, en razón de hallarse
              destinado a regir sólo para lo futuro, es acertado el criterio expuesto por Bidart
              Campos, en cuanto señaló que el juzgador antes de juzgar según la ley, debe juzgar
              según la Constitución (ED 119-311), por lo que las normas cuestionadas carecen de
              aptitud, en el presente caso, para desplazar principios y derechos atinentes a la
              igualdad, protección de la familia y justicia social erigidos por los arts. 16 y 14 bis de
              la Ley fundamental.
                                                         22
              Poder Judicial de la Nación

              CNAT Sala IV Expte n° 14057/02 sent. 90388 31/3/05 “Fernández, Victoria del Valle
              c/ Rosemberg, Héctor y otros s/ accidente” (G.- M.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Derechohabientes. Situación anterior a la
              entrada en vigencia del decreto 1278/00.
              Por más que pueda considerarse inequitativa la situación contenida en el art. 18 de la
              ley 24557 en su redacción original, ello no basta para declararlo inconstitucional
              (conf. Sala II sent. 88071 del 14/6/00), máxime que el quejoso no acierta a explicitar
              cuál es el dispositivo constitucional que resultaría quebrantado con el precepto en
              cuestión, pues es evidente que su derecho a ser indemnizado por la vía de la ley
              24557 no pudo ser afectado desde el momento en que nunca estuvo incorporado y
              en cuanto a lo normado en el art. 16 de la CN, tampoco se aprecia con claridad que
              el hecho de beneficiarse a los hijos o al cónyuge y no a los padres conspire contra el
              principio de igualdad ante la ley consagrado por la mentada disposición
              constitucional. Esta solución no implica desechar la legitimación sustancial de la
              empleadora para responder ante este tipo de situaciones.
              CNAT Sala X Expte n° 14054/01 sent. 11247 22/11/02 “Schiano, Mónica c/ Sullair
              Argentina SA y otro s/ ind. por fallecimiento” (Sc.- S.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Derechohabientes. Hermanos.
              Los actores, hermanos del trabajador fallecido, iniciaron la demanda contra la ART
              contratada por la empleadora y con fundamento en lo normado por la LRT. Por ello,
              la cuestión se encuentra ceñida al sinalagma contractual, el que únicamente pudo
              haber previsto entre los sujetos legitimados para reclamar las prestaciones de dicha
              normativa a las personas taxativamente enumeradas en el art. 53 de la ley 24241 al
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              que remite el art. 18 de la ley 24557, por lo que los hermanos no resultan acreedores
              al reclamo pretendido. No son herederos forzosos ni tienen derecho a la porción de
              la herencia denominada legítima, de conformidad con la normativa del C. Civil (arts.
              3549, 3565, 3591, y concordantes).
              CNAT Sala IX Expte n° 20693/02 sent. 12781 22/9/05 “Cáceres, Ramona y otros c/
              Asociart ART SA s/ efec. Acto administrativo” (P.- B.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador en un accidente in itinere.
              Derechohabientes. Padres del trabajador soltero. Inconstitucionalidad del art.
              18 inc. 2 original. Procedencia.
              La omisión de los padres del trabajador fallecido como beneficiarios de las
              prestaciones de la LRT (art. 18 inc. 2 de la ley citada en su versión original) no sólo
              desatiende el mandato constitucional de “protección integral de la familia” (art. 14 bis
              y normas internacionales, art. 75, inc. 22 de la CN), sino que además efectúa una
              distinción irrazonable entre la familia del trabajador casado, conviviente o con
              descendientes, y la familia del trabajador soltero, sin descendientes, que convive con
              sus padres y aporta sus ingresos al sostenimiento del hogar, privando a esta última
              de los derechos que reconoce a la primera. Tal exclusión de los padres carece de
              justificación razonable, por lo que el decreto 1278/00 del 28/12/00, que amplió e
              marco de beneficiarios del sistema de riesgos del trabajo, incluyó a “aquellos
              familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo”. Si bien es
              cierto que dicho decreto, de fecha posterior al infortunio de autos, rige hacia el futuro
              ( a partir del primer día del mes siguiente de su publicación, conf. Art. 19), tal como
              se desprende de sus considerandos, su dictado ha obedecido a la urgente necesidad
              de adecuar los postulados de la ley a las garantías constitucionales que conforme
              sentencias judiciales de distintas jurisdicciones del país, aquélla vulneraba.
              JNT N° 4 Expte n° 15490/02 sent. 38814 31/10/05 “Torrez, Tráncito y otra c/
              Supermercados Norte SA y otro s/ accidente” (Dra. Castagnino).



              c) Renta periódica. Inconstitucionalidad. Pago único.

              Ley de riesgos. Reparación equitativa.
              Tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional –Convenio 17 de
              la Organización Internacional del Trabajo, de 1925-, atestiguan la inconsistencia de
              las reglamentaciones que se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago
              periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o
              sea, que resguarde el sentido reparador in concreto.
              (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
                                                         23
              Poder Judicial de la Nación

              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Reparación equitativa.
              El medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria a través del original art.
              14.2.b de la ley 24557, o sea, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su
              carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los “objetivos” legales a
              los que debe servir y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las
              “efectivas necesidades que experimentan los damnificados”.
              (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Reparación equitativa.
              Un trance de tamaña gravedad como una discapacidad, sobre todo de las
              comprendidas por el art. 14.2.b de la ley 24557, llevará seguramente al trabajador –
              y, en su caso, a la familia de éste- a una profunda reformulación de su proyecto de
              vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un
              dato de importancia inocultable por mayúsculo y es precisamente por ello que el
              medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una
              nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la ley
              mencionada.
              (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.
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              Ley de riesgos. Reparación equitativa.
              El sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b de la ley 24557,
              importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las
              incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a
              quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de
              pago único (art. 14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención
              de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad,
              desnaturalizándose por esta vía la finalidad protectora de la ley (Constitución
              Nacional arts. 16 y 75, inc. 23).
              (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Reparación equitativa.
              Aún cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional
              por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación
              dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido
              reproche, por no establecer excepción alguna para supuestos en que el criterio legal
              no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura.
              (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Reparación equitativa.
              La norma contenida en el art. 14.2.b de la ley 24557 consagra una solución
              incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones
              equitativas de labor (art. 14 bis de la CN) al paso que mortifica el ámbito de libertad
              resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce
              un trato discriminatorio.
              (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Control de constitucionalidad. Principios generales.
              La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad
              institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, y
              procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma aquélla
              contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen, y para ello es menester
              que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le
                                                         24
              Poder Judicial de la Nación

              genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios
              meramente conjeturales .
              (Disidencia de los Dres. Belluscio y Fayt).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Control de constitucionalidad. Inconstitucionalidad.
              Improcedencia.
              La sentencia que se pronuncia a favor de la invalidez constitucional del art. 14.2.b de
              la ley 24557 prescinde no sólo de que la modificación introducida al precepto
              invalidado por el decreto 1278/00 ratifica, para el supuesto de incapacidades
              laborales permanentes, parciales y definitivas el pago bajo la modalidad de una renta
              periódica –lo que conlleva extremar el rigor argumentativo exigible para su
              invalidación- sino también de la necesidad de apreciar que el capital de condena ha
              visto menguar gravemente su aptitud para constituirse en el capital financiero al que
              se refiere la sentencia.
              (Disidencia de los Dres. Belluscio y Fayt).
              CSJN M 3724 XXXVIII “Milone, Juan c/ Asociart SA ART s/ accidente” 26/10/04
              Fallos 327:4607.

              Ley de riesgos. Renta periódica. Procedencia.
              No procede la declaración de inconstitucionalidad del art. 14.2.a) de la ley 24557
              cuando existieron varios dictámenes médicos posteriores a aquél que fijó la
              incapacidad por la que fue resarcido el actor y que otorgaban grados de minusvalía
              que no habilitaban el pago de una prestación única, haciendo por ello inaplicable el
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              tope cuya invalidez constitucional cuestionó el actor. Para más, en el caso, el actor
              no demostró lo contrario y se halla probado que percibió de la demandada una suma
              de pesos y las prestaciones dinerarias hasta la fecha en que se realizó la pericia.
              CNAT Sala VIII Expte n° 11343/01 sent.31538 30/10/03 “Sartori, Roberto c/ La Caja
              Aseguradora de Riesgos del Trabao SA s/ accidente” (M.- B.-)



              Ley de riesgos. Renta periódica. Constitucionalidad.
              El régimen de la LRT, a diferencia de las layes 9688 y 24028, no se propone
              reglamentar un supuesto específico de responsabilidad civil, sino avanzar hacia la
              inclusión en el marco protectorio de la seguridad social de la atención de una
              contingencia social típica, como son los accidentes de trabajo y las enfermedades
              profesionales. Por ello, no es razonable sostener que el sistema de rentas periódicas
              desconoce el derecho de propiedad de los beneficiarios, al impedirles disponer
              libremente de la que tienen respecto del derecho a ser resarcidos, ya que la
              adquisición de ese derecho resulta del cumplimiento de los presupuestos de hecho
              que la misma ley establece, y su alcance es el que resulta, también, de la ley misma.
              Los actores no adquirieron, en virtud de otra fuente que no ha sido individualizada, el
              derecho a percibir una suma de dinero como consecuencia del desgraciado episodio
              que costó la vida al causante, sino una representada por una renta de pago
              periódico, modalidad de pago y percepción que forma, con las disposiciones de la
              ley, un todo articulado y armónico. Por las mismas razones, el sistema en análisis no
              es ilegalmente discriminatorio, ya que lejos de distinguir entre iguales, ofrece a un
              sector de la población –constituido esencialmente por trabajadores de los sectores
              público y privado- un régimen especial que contiene ventajas de las que no gozan los
              demás ciudadanos que no son sujetos del sistema.
              CNAT Sala VIII Expte n° 26888/99 sent. 29743 9/5/01 “Lazarte, Patricia, por sí y en
              representación de sus hijos menores c/ AFIP y otro s/ amparo” (M.- B.-)

              Ley de riesgos. Prestaciones dinerarias. Ingreso base. Trabajador que percibía
              una prestación sustitutiva del salario.
              En el caso, el causante no prestó servicios durante todo el año anterior a la fecha del
              siniestro y algunos meses más. Al determinarse el ingreso base al que se refiere el
              art. 12 de la ley 24557 se computó todo lo que percibió durante el último año en
              concepto de garantía horaria (art. 18 CCT 68/75) que es sustitutiva del salario, de
              fisonomía previsional para el personal de la rama frigorífica. No es necesario emitir
              juicio descalificatorio del art. 12 citado, ya que la norma es susceptible de una
              interpretación que, recogiendo la regla tal como la formula, respetando su ratio, la
              adapte a las circunstancias concretas de un supuesto que, por su especificidad y
                                                        25
              Poder Judicial de la Nación

              restringido ámbito que le es propio, pudo no haber sido previsto por el legislador. El
              cruce de los conceptos “remuneración sujeta a aportes” y “tiempo de prestación de
              servicios” provee la solución: la garantía horaria es remuneración –sólo en sentido
              amplio- sujeta a aportes, pero no es devengada en situación de prestación de
              servicios. En el caso, no medió prestación de servicios durante el año anterior al
              accidente, que provee el divisor de la suma total percibida a los fines del cálculo del
              ingreso base. Por ello, dicho factor debe ser determinado computando las
              remuneraciones percibidas – o legalmente devengadas- desde la fecha en que,
              finalizada la suspensión, el causante reanudó la prestación de servicios, y dividiendo
              la suma por el tiempo de dicha prestación.
              CNAT Sala VIII Expte n° 20968/00 sent. 30790 26/9/02 “Cifuentes, Demófila c/
              Liberty ART. SA s/ ind,. por fallecimiento” (M.- B.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Renta periódica. Falta de protección
              específica. Pago único. Procedencia.
              El sistema parte de la premisa de la integración instantánea del capital en una suma
              análoga a la diferida a condena, constitutiva de la base misma de la cual emerge la
              renta, por lo que no existe perjuicio alguno en abonarla en un pago único a la
              accionante, salvo que se parta de la inadmisible premisa de que se quiera lucrar con
              la inversión, más allá del diseño normativo. Por su parte la CSJN ha señalado que el
              análisis de razonabilidad de las leyes, en punto a su validez constitucional, no puede
              llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ella contenidas, y de modo
              alguno sobre la base de resultados posibles de su aplicación, lo que importaría
              valorarlas en mérito a factores extraños a sus normas (ver Fallos 299:45). En el caso,
              cabe valorar que la renta mensual a la que resulta acreedora la accionante y sus
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              hijos menores, de conformidad con el diseño previsto por la LRT, no se revelan como
              una respuesta idónea para dar protección específica y cualitativamente valorable en
              los términos de protección integral de la familia (cnf. Art. 14 bis, tercer párrafo de la
              CN).
              CNAT Sala I Expte n° 14283/99 sent. 80214 2/12/02 “Giménez. Magdalena, por sí y
              en representación de sus hijos menores c/ Siembra Seguros de Retiro SA s/ amparo”
              (Pir.- P.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Renta periódica. Falta de protección
              específica. Pago único. Procedencia.
              Hay casos, en lo que la renta mensual a la que resultaría acreedora la accionante y
              sus tres hijos menores, de conformidad con el diseño previsto por la LRT, no se
              revelan como una respuesta idónea para dar protección específica y cualitativamente
              valorable en los términos de protección integral de la familia (conf. Art. 14 bis, tercer
              párrafo, de la CN). Desde tal perspectiva, en tales supuestos, el sistema de
              prestaciones periódicas previstas en la ley 24557, bajo la apariencia de protección
              para el futuro a través del cobro mensual de una renta, “... puede desnaturalizar la
              finalidad para la cual fue establecida y a través de ello, configurar en forma indirecta,
              pero significativa, una desprotección tal que torne a las normas aplicables en
              contrarias por la inequidad de la solución a las disposiciones contenidas en la CN”
              (conf. Sala II “Cyment, Cyrla c/ Ganerali Argentina Cía de Seguros Patrimoniales SA
              s/ amparo” sent. 86488 10/8/99) , por lo que correspondería ordenar el pago único,
              sin que ello se proyecte genéricamente sobre el sistema, sino ,por el contrario, deben
              evaluarse, como en el caso, las particulares circunstancias de los accionantes.
              CNAT Sala I Expte n° 11203/00 sent. 80272 27/12/02 “Cardozo, Teresa por sí y en
              representación de sus hijos menores c/ Provincia ART s/ accidente” (Pir.- P.-)

              Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Inconstitucionalidad del art. 15, segundo
              párrafo, ap. 2, segundo párrafo de la ley 24.557.
              Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 15 apartado 2, segundo párrafo de la ley
              24.557 ante el caso del fallecimiento del trabajador y el consiguiente reclamo
              indemnizatorio de su cónyuge a la A.R.T., en razón de que se mantiene inconmovible el
              argumento central del precedente de la C.S.J.N. “Milone”: el sistema de pago de una
              renta periódica no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo
              proyecto de vida, violentándose así los principios emanados de los arts. 14, 14 bis, 16 y
              17 de la Constitución Nacional.
              Sala IV, S.D. 93.146 del 28/03/2008 Expte. N° 21.147/2006 “Pages, Beatriz Eloisa
              c/CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/juicio sumarísimo”. (Gu.-Gui.-
              M).


                                                         26
              Poder Judicial de la Nación


              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Renta periódica. Falta de respuesta
              idónea para dar protección específica a los padres del trabajador accidentado.
              En el caso, la renta periódica no constituye una respuesta idónea para dar protección
              específica y cualitativamente valorable en términos de protección integral a los
              padres del trabajador accidentado (cuya madre a su vez presenta también un
              porcentaje de incapacidad) para conjugar su situación de necesidad alimentaria y de
              impostergable rehabilitación. Es desde esta perspectiva, en la cual las prestaciones
              previstas como renta, pueden desnaturalizar la finalidad para la cual fueron
              establecidas y a través de ello se configure en forma indirecta pero significativa, una
              desprotección tal que torne a las normas aplicables en contrarias por la inequidad de
              la solución a las disposiciones contenidas en la CN para la tutela de los trabajadores
              y fundamentalmente, menoscaben las garantías emergentes de los tratados que el
              inciso 22 del art. 75 ha incorporado al contenido de la ley fundamental.
              CNAT Sala VI Expte n° 8998/05 sent. 58769 27/3/06 “Naranjo, María y otro c/
              Siembra AFJP SA s/ amparo” (CF.- FM.-)

              Ley de riesgos. Muerte del trabajador. Renta periódica. Planteamiento
              insuficiente con miras a la declaración de inconstitucionalidad.
              El pago de la reparación por muerte del damnificado en forma de renta periódica no
              resulta “per se” inconstitucional, no sólo porque los derechohabientes “...nunca son
              propietarios del capital que debe invertir el deudor –sea la ART o el empleador-, el
              que, en consecuencia, en ningún momento se incorpora a su patrimonio, sino que la
              acreencia es, en cambio, a una prestación dineraria mensual, que no es una
              modalidad de pago de un capital..., sino la reparación a la que son acreedores y que
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              es lo que, en realidad, sí forma parte del derecho de propiedad...” (conf. Ley de
              Riesgos del Trabajo, Aspectos Constitucionales y Procesales de Mario Ackerman y
              M. Angel Maza, pág 103). Para que el planteamiento de la inconstitucionalidad de tal
              modalidad de pago sea procedente, es necesario que la parte acredite que dicha
              renta no se revela como una respuesta idónea para dar protección específica y
              cualitativamente valorable en términos de protección integral a los derechohabientes
              (conf esta Sala “Cyment, Cyrla c/ Generali Argentina Cía de Seg. Patrimoniales” sent.
              86488 del 18/8/99, y Sala VIII “Rivero, Mónica c/ Techo Técnica SRL”).
              CNAT Sala II Expte n° 24299/98 sent. 90856 6/9/02 “Santilli de Frances, Norma por
              sí y en rep. De su hija y otros c/ Gobierno Autónomo de la Ciudad de Bs As s/
              accidente” (B.- R.-)

              Ley de riesgos. Renta periódica. Procedencia del pago único.
              La AFJP demandada en este caso, es un mero receptor de un depósito efectuado
              por la ART, correspondiente a la indemnización de la trabajadora accidentada, y en
              nada la perjudica tener que entregar a la reclamante el importe en un pago único que
              le ha sido transferido, máxime siendo, como se dijo, un organismo meramente
              receptor y administrador de fondos de sumas de dinero que garantiza a los
              beneficiarios una cierta sustitución de los ingresos que la actora generaba para sí y
              su entorno familiar.
              CNAT Sala IX Expte n° 12616/04 sent. 12908 31/10/05 “Santos, Ana c/ Siembra
              AFJP SA s/ accidente” (B.- Z de R.-)

              Ley de riesgos. Renta periódica. Procedencia el pago único.
              Si la accionada (AFJP) recibió por parte de la ART la transferencia del importe
              correspondiente a la indemnización del causante, la que se acreditó en la cuenta de
              capitalización del mismo, todo en los términos del art. 91 de la ley 24241, parece
              claro que en nada la perjudica el tener que entregar a los derechohabientes del
              trabajador el importe que arroje la liquidación de las cuotas partes en un único pago,
              máxime que tanto en la contestación de demanda como en el recurso se insiste en
              que la suma transferida no le pertenece y que tampoco lucra con las misma, sino que
              los afiliados ( o sus herederos) son los únicos beneficiarios de las inversiones que se
              efectúen y la rentabilidad de las mismas.
              CNAT Sala X Expte n° 8437/99 sent. 8147 26/5/00 “Palacios de Santucho, Graciela
              por sí y en representación de sus hijas menores c/ Orígenes AFJP S/ ind. por
              fallecimiento” (Sc.- C.-)

              Ley de riesgos. Renta periódica. Inconstitucionalidad de oficio. Pago único.
              Procedencia.


                                                        27
              Poder Judicial de la Nación

              El sistema de resarcimiento dispuesto por las normas de la LRT no constituye una
              respuesta idónea a la reparación pretendida, de acuerdo a la situación de los
              damnificados en este caso, con fundamento en los argumentos en los que se
              sustenta el voto de la mayoría de la CSJN en el caso “Milone” –aplicados
              analógicamente-, por lo que corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts.
              15.2 y 18 de la LRT por resultar atentatorios de los arts. 14 bis, 16 y 75 inc. 23 de la
              CN. No obsta a ello el que la parte actora no hiciera un concreto planteo de
              inconstitucionalidad en orden a los artículos de la LRT mencionados, ya que el
              principio de supremacía de la Constitución establecido por el art. 31 de la Ley
              Fundamental habilita la declaración oficiosa de inconstitucionalidad. (CSJN “Mill de
              Pereyra, Rita y otros c/ Prov,. De Corrientes” Fallos 324:3219; “Banco Comercial de
              Finanzas SA en liquidación” 19/8/04).
              JNT N° 33 Expte n° 4235/06 sent. 11939 29/9/06 “Suárez, Gladys por sí y en rep. De
              sus hijos menores c/ Orígenes AFJP sa s/ sumarísimo” (Dra. Iriart de Bellicchi).

              d) Intereses.

              Ley de riesgos. Derecho a las prestaciones. Incapacidad permanente definitiva.
              Intereses.
              El derecho a la prestación reclamada comienza en la fecha de la declaración del
              carácter definitivo de la incapacidad permanente padecida por el trabajador, por lo
              tanto, recién a partir de dicha fecha se puede considerar la posibilidad de existencia
              de mora del deudor y desde tal fecha proceden los intereses.
              CNAT Sala I Expte n° 206/06 sent. int. 57267 27/9/06 “Pérez, Sabino c/ Provincia
              ART SA s/ sumarísimo” (V.- P.-)
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              Ley de riesgos. Depósito del importe por la ART. Intereses. Procedencia desde
              la contestación de demanda.
              Más allá de lo decidido en la instancia anterior en cuanto a la inaplicabilidad al caso
              del pago mediante renta periódica, no podría considerarse que ha existido
              incumplimiento por parte de la ART desde el momento del fallecimiento del causante,
              ni mora alguna desde esa fecha, puesto que procedió a depositar el importe
              correspondiente a la reparación debida entregándoselo a una administradora que lo
              invirtió en un régimen de renta, en el marco de la normativa aplicable. No obstante, y
              aún cuando la ART no se benefició conservando el capital en su poder, desde el
              momento en que fue notificada de la demanda, entró en conocimiento del
              cuestionamiento que la beneficiaria estaba articulando con relación al régimen de la
              LRT, razón por la que, si bien de ningún modo podría admitirse la aplicación de
              intereses sobre el capital reconocido en el fallo de grado desde la fecha de
              fallecimiento, dado que la ART no se sustrajo a su obligación, no cabe duda que los
              mismos se deben desde la puesta en mora por parte del acreedor.
              CNAT Sala II Expte n° 126/03 sent. 93979 6/12/05 “Kalinowski, Ana c/ Liberty ART
              SA s/ iond, por fallecimiento” (G.- VV.-)

              Ley de riesgos. Depósito del importe por la ART. Intereses. Procedencia.
              En el caso, la ART se avino al pago de las indemnizaciones derivadas del accidente,
              de conformidad con el procedimiento previsto en la ley 24557. Por su parte, el actor
              percibió dicho importe de conformidad. Si bien no se agotó la vía recursiva prevista
              en la LRT, la interposición de la acción que dio lugar al presente juicio, debe
              interpretarse como una acción revisora en términos similares a los considerandos de
              esta Cámara al debatirse el Plenario n° 198 in re “Aguirre, Juan c/ Citröen Argentina
              A” del 19/8/74 en el que se sostuviera que la acción administrativa no obsta a que se
              demande originariamente ante la Justicia Nacional el Trabajo para revisar la
              incapacidad allí fijada. Frente a ello, y dado que recién al momento de notificarse la
              ART de la acción entablada por el damnificado, tuvo conocimiento de los
              cuestionamientos que a éste le merecían las decisiones adoptadas por la Comisión
              Médica interviniente, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 508 y 622 del C.
              Civil, correspondería iniciar el cómputo de los intereses moratorios recién a partir de
              la fecha de notificación de la presente demanda.
              CNAT Sala II Expte n°18576/01 sent. 94541 12/12/06 “Coria Rosario, Marcos c/ La
              Pomme SA ganadera, agrícola y comercial s/ despido” (P.- G.-)

              Ley de riesgos. Depósito del importe por parte de la ART. Requerimiento de
              pago único. Intereses. Improcedencia.


                                                        28
              Poder Judicial de la Nación

              No corresponde aplicar intereses por el tiempo transcurrido desde la demanda en
              procura del pago total de la indemnización por incapacidad permanente hasta el
              dictado de la sentencia, toda vez que no existió mora propiamente dicha: la
              accionada ajustó su conducta al diseño legal al que estaba obligada, el cual sólo fue
              objetado en su validez mediante la impugnación judicial. De esta manera, la tasa de
              interés sólo se aplicará para el caso de incursión en mora luego de quedar firme el
              pronunciamiento.
              CNAT Sala III Expte n° 11341/00 sent. 18/10/04 “Torales, Gustavo c/ Provincia ART
              s/ accidente” (E.- P.-)

              Ley de riesgos. Incapacidad laboral permanente. Pago único. Intereses
              compensatorios.
              Toda vez que la incapacidad laboral temporaria del actor pasó a ser permanente el
              día de la consolidación jurídica del daño, cabe entender que en ese momento nació
              su derecho a percibir la indemnización que prevé el art. 14, punto 2, inc. a) de la ley
              24557. Por ello, el trabajador tiene derecho a percibir intereses pues durante el
              tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es
              reconocido administrativa o judicialmente se devengan intereses compensatorios (no
              moratorios) que deben ser soportados por el deudor. Una interpretación contraria
              implicaría beneficiar a la deudora a costa del acreedor, quien necesariamente debe
              seguir el procedimiento previsto en la ley citada para lograr el reconocimiento del
              derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
              CNAT Sala III Expte n° 23637/02 sent. 84780 30/4/03 “Romano, Oscar c/ Liberty
              ART sa s/ diferencias de salarios” (G.- P.-)
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              Ley de riesgos. Prestaciones que la ART dejó de abonar por hallarse en
              liquidación. Intereses.
              La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación por el pago de
              los intereses moratorios debidos al actor no reside en una actitud reprochable a
              aquélla, sino que se funda en el cumplimiento de una disposición legal que
              expresamente establece que el objeto del fondo de reserva administrado por tal
              institución es abonar o contratar “... las prestaciones de la ART que éstas dejaran de
              abonar como consecuencia de su liquidación” (art. 34, primer párrafo de la LRT)
              prestaciones que –ante la ausencia de aclaración de la ley- cabe interpretar como
              comprensivas del capital más sus accesorios, entre ellos, los intereses devengados
              desde la exigibilidad del crédito y el efectivo pago.
              CNAT Sala III Expte n° 11809/04 sent. 87009 19/8/05 “Núñez Álvarez, Pablo c/
              Responsabilidad Patronal ART SA y otro s/ accidente” (G.- P.-)

              Ley de riesgos. Incapacidad permanente parcial. Intereses. Punto de partida.
              Para determinar la procedencia de los intereses, y en su caso desde cuándo
              corresponde su cálculo, es preciso determinar la oportunidad en que se tornó exigible
              el pago de la prestación por incapacidad permanente parcial prevista en el art. 14 de
              la ley 24557, pues sólo a partir de ese momento puede considerarse que el deudor ha
              incurrido en mora. En el caso, el daño quedó jurídicamente consolidado con la fecha
              del alta médica, por lo que habría correspondido a la aseguradora abonar al actor la
              correspondiente prestación por incapacidad permanente parcial (art. 14, ap. 2 de la
              LRT) dentro del plazo de 30 días a contar desde esa fecha, en que cabe reputar
              definitiva dicha minusvalía (conf. Art. 2 de la res. 414/99 de la SRT y art. 7 ap. 2 y 9
              ap. 2 de la LRT). No obsta a esta solución la circunstancia de que la comisión médica
              definiera el porcentaje de incapacidad laboral que afectaba al actor mucho después,
              porque cabe entender que al haberse sometido a una intervención quirúrgica y
              habiendo gozado de licencia en el trabajo como consecuencia de ello, la aseguradora
              contaba con la información suficiente para establecer, de modo unilateral, el nivel de
              minusvalía del trabajador. Ello sin perjuicio de los ajustes en más o en menos que
              pudiesen corresponder si el porcentaje de incapacidad determinado por las instancias
              posteriores fuese distinto del estimado originariamente por la aseguradora.
              C.N.A.T. S.III. S.D. 87.922 del 06/07/2006. Exp. 18.155/03. “BASUALDO, Mario
              Herminio c/La Caja A.R.T. S.A. s/accidente – ley 9688”.



              e) Fondo de Reserva.



                                                        29
              Poder Judicial de la Nación

              Ley de riesgos. Fondo de reserva. Administración. Condena extensiva a
              Responsabilidad Patronal ART SA.
              Si bien de acuerdo con lo establecido por el art. 34 de la ley 24557, la
              Superintendecia de Seguros de la Nación es la administradora del Fondo de reserva
              de la LRT y por lo tanto, la responsable directa de efectuar los pagos a que dicho
              fondo está destinado, no está discutido que Responsabilidad Patronal ART SA opera,
              en los hechos, como gerenciadora del Fondo de Reserva en cuestión, función que no
              se limita simplemente a recibir reclamos de particulares y a pagar cuando la SSN lo
              disponga, sino que comprende también el análisis minucioso de la viabilidad de tales
              reclamos y en este caso, ha asumido en autos una postura que no condice con la
              simple administradora o mandataria, sino que asumió en el pleito idéntica posición
              jurídica que la responsable directa, lo que lleva a extenderle la condena, sin perjuicio
              de los reclamos de regreso que pudieren corresponder entre ambas demandadas
              según cuál de ellas sea la que, en definitiva, pague el monto reconocido al
              accionante.
              CNAT Sala III Expte n° 11809/04 sent. 87009 19/8/05 “Núñez Álvarez, Pablo c/
              Responsabilidad Patronal ART SA y otro s/ accidente” (G.- P.-)

              f) Prestaciones en especie.

              Ley de riesgos. Muerte el trabajador. Prestaciones en especie a cargo de la
              ART.
              El servicio funerario el trabajador fallecido está incluido dentro de las prestaciones en
              especie a cargo de la ART (art. 20, 1 inc. e), por lo que, en el caso, corresponde se le
              reintegre a los padres del trabajador fallecido, quienes se hicieron cargo de tales
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              gastos, que, en el caso específico, comprenden también el retiro del cuerpo del lugar
              del accidente y su traslado al hospital para la realización de la correspondiente
              autopsia.
              CNAT Sala I Expte n° 8540/02 sent. 83302 15/12/05 “Graziano, Antonio y otro c/
              Trilenium SA y otro s/ accidente” (Pir.- P.-)

              Ley de riesgos. Prestaciones en especie. Gastos de sepelio.
              La LRT pone a cargo de la ART en el capítulo V “prestaciones en especie” art. 20
              .1.e) los gastos de sepelio, de manera que corresponde ordenar su resarcimiento a
              los derechohabientes si, acreditado el daño, la empleadora no cumplió con el deber
              de contratar el seguro correspondiente y ello ocasionó un perjuicio a los sucesores
              (art. 1109 C. Civil).
              CNAT Sala X Expte n° 15057/98 sent. 8727 29/9/00 “Miranda, Walter c/ Relañez de
              Cardalda, María y otro s/ despido” (S.- Sc.-)


              Ley de riesgos. Prestaciones en especie. Asistencia médica. Reclamo posterior
              del trabajador. Procedencia.
              El hecho de haber recibido el trabajador atención médica –que incluyó una
              intervención quirúrgica- por parte de la ART, no impide que cuestione después, por
              insuficiente, el régimen de la ley 24557, máxime teniendo en cuenta el carácter
              irrenunciable de las prestaciones allí previstas y que la norma especial no prevé la
              opción con renuncia a la vía de reclamo, como existía en la ley 9688 y la ley 24028.
              La aceptación por parte del trabajador de ese tipo de prestaciones en una situación
              de necesidad no puede extenderse a la aceptación jurídica del régimen especial que
              la ley establece. Dicha prestación no sólo es impuesta por la LRT sino también por
              las disposiciones del derecho común, pues se trata de reparar las consecuencias del
              daño causado.
              CNAT Sala II Expte n° 1590/01 sent. 94107 20/3/06 “Parra Galindo, Mario c/ Oshi SA
              s/ accidente” (VV.- G.-)




              7.- Casos especiales.

                 a) Empleador no asegurado.

              Ley de riesgos. Falta de pago de las primas del seguro. Obligación de la ART
              de notificar a las entidades gremiales. Omisión.

                                                         30
              Poder Judicial de la Nación

              El art. 18 del decreto 334/96 en su apartado IV, que no ha sido derogado, establece
              la carga de la ART de notificar la extinción del contrato de afiliación por falta de pago
              de la asegurada, a las entidades gremiales correspondientes. Esto es razonable
              porque hace al conocimiento de la situación por parte del grupo colectivo de los
              trabajadores que son los titulares de los derechos en el ámbito del sistema. Si bien
              es cierto que hubiese sido más correcto que la norma dispusiera una comunicación
              expresa a los individuos, ante los límites legales de la representación sindical, es
              innegable que el no cumplimiento de la notificación oportuna genera la inoponibilidad,
              más allá de la eventual acción de repetición a la empleadora. (Del dictamen del
              Fiscal general n°39392 23/11/04 al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala II Expte n° 23417/02 sent. 93133 10/12/04 “Jablonski, Gregorio c/
              Rectificadora Sutil y Cía SCPA y otro s/ despido” (G.- R.-)

              Ley de riesgos. Insuficiencia patrimonial de la empleadora. Situación asimilada
              a la ausencia de seguro. Obligación de la SRT.
              Ante la declaración de la insuficiencia patrimonial de la empleadora del causante, sin
              que la misma haya sido puesta en cuestión mediante una crítica concreta y razonada
              que resulte eficaz, la invocación del art. 29 LRT, por parte de la SRT no resulta
              idónea para desobligarla, pues las circunstancias procesales en este caso, llevan a
              asimilar la situación en examen – en cuanto de ella se deriva el deber de financiar las
              prestaciones por la SRT con cargo al fondo de garantía- al supuesto de empleador
              no asegurado. Si bien en estos actuados se citó a la aseguradora de la empresa
              empleadora, por pedido de la SRT, no se dio tal citación en el marco del art 94, ni
              correspondería, en principio, atribuirle efectos que pudieran comprometer a aquélla
              como a los litigantes principales (art. 96 CPCCN).
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              CNAT Sala VI Expte n° 8587/02 sent.Int. 29046 31/8/06 “Díaz, Andrea c/ Carnicerías
              Fresco Meat SA s/ ind. por fall” (F.- S.-)

              Ley de riesgos. Empleador no asegurado. Competencia del juez laboral.
              El procedimiento de determinación de responsabilidades previsto en los arts. 21,22 y
              46 LRT y reglado por el decreto 717/96 y la Res. 45/97 no es aplicable cuando el
              empleador no está afiliado a una ART por carecer de estructuras necesarias que el
              sistema ha previsto y exigido a los administradores o gestores del sistema. Ni la ley
              24557 ni el decreto 717/96 han tenido al empleador no asegurado como parte en
              este proceso y la excepción al principio constitucional que atribuye jurisdicción al
              Poder Judicial debe emanar de la ley. El procedimiento ante las Comisiones Médicas
              es un complemento de las facultades que el decreto citado concedió a los agentes
              del sistema para expedirse según el art. 6, dar el dictamen del art. 7 y producir las
              revisiones del art. 8. Tanto los reclamos como la ejecución de las prestaciones son
              resorte del juez laboral competente (“Ley sobre riesgos del trabajo, aspectos
              constitucionales y procesales” Ackerman-Maza Ed Rubinzal Culzoni pág 219 y
              sgtes).
              CNAT Sala X Expte n° 15057/98 sent. 8727 29/9/00 “Miranda, Walter c/ Relañez de
              Cardalda, María y otro s/ despido” (S.- Sc.-)




              b) Trabajador no asegurado.

              Ley de riesgos. Trabajador no asegurado. Sentencia arbitraria.
              Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que – al hacer lugar al reclamo
              de la ley de accidentes del trabajo- no provee un análisis razonado de cuestiones
              introducidas oportunamente y conducentes para la correcta dilucidación del pleito, ya
              que el a quo omitió considerar las cuestiones relativas a la supuesta ausencia de
              cobertura de la demandada por la aseguradora y la falta de inclusión del recurrente
              en la nómina de personal cubierto, circunstancias introducidas al contestar a
              demanda y sostenidas en ocasión de alegar.
              CSJN S982 XXXV “Soberón, Julio c/ Viplastic SA s/ accidente”                    3/5/01
              Fallos324:1429.

              Ley de riesgos. Trabajador no registrado. Responsabilidad de la empleadora.
              El trabajador no registrado es un trabajador no asegurado y por ende la empleadora
              debe responder directamente por las prestaciones de la ley. La situación no se
              diferencia porque el trabajador se encuentre parcialmente registrado, ni porque la
                                                         31
              Poder Judicial de la Nación

              demandada haya contratado una ART o esté autoasegurada, aún cuando la norma
              aplicada se refiera a la omisión de afiliación, porque la remuneración consignada en
              los recibos de sueldo es lo que condiciona la determinación de las prestaciones a
              cargo de la ART y su resarcimiento. Es el empleador el que cometió un fraude a las
              leyes laborales y debe hacerse cargo de las prestaciones omitidas y su conducta
              omisiva resulta análoga a la ausencia de seguro. Sin soslayar las directivas del inciso
              2 del art. 28 de la LRT, la interpretación de cualquier artículo debe ser analizado en
              su integridad y si bien la Aseguradora no puede dejar desamparado al trabajador
              frente a una contingencia si la empleadora está asegurada, también ésta deberá
              limitar su responsabilidad a las sumas objeto de cotización.
              JNT N°41 Expte n° 10014/03 sent. 9389 23/9/05 “Benegas Florenciañez, Benjamín
              c/Italbuilding SA y otro s/ diferencias de salarios” (Dr. Guma).I


              c) Personal de las FFAA..

              Ley de riesgos. Personal de las Fuerzas Armadas. Aplicación.
              El art. 76 inc. 2 de la ley 19101, modificada por la ley 22511 establece que en los
              supuestos de inutilización por actos de servicio, el “personal del cuadro permanente”
              del ejército tiene derecho a que se le fije un haber de retiro mensual. Del examen de
              tal precepto, parece razonable extraer la conclusión de que no existe óbice alguno
              para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un
              integrante de las fuerzas armadas o de seguridad – ya sea que la incorporación haya
              sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar
              obligatorio- cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no
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              prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional.
              (Belluscio, Levene, Boggiano y López).
              CSJN M 41 29 XXVII “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional” 19/10/95 Fallos
              318:1959.

              Ley de riesgos. Personal de las Fuerzas Armadas. Aplicación.
              Los vocablos retiro y pensión no se asocian con la idea de resarcimiento, reparación
              o indemnización, sino que tienen una notoria resonancia previsional, referente tanto a
              quienes, sea por su edad, su incapacidad, deban abandonar el servicio, como a
              aquellos a los que el ordenamiento confiere beneficios que nacen en su cabeza
              como secuela del fallecimiento de un pariente de los allí enumerados. En suma, el
              precepto no contempla el pago de indemnización alguna. En estas condiciones, la
              percepción del beneficio previsional no deviene incompatible con el reconocimiento
              simultáneo de la reparación fundada en las normas del derecho común. (Belluscio,
              Levene, Boggiano, López).
              CSJN M 41 29 XXVII “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional” 19/10/95 Fallos
              318:1959.

              Ley de riesgos. Personal de las Fuerzas Armadas. Aplicación.
              Resulta conveniente distinguir supuestos en que la lesión reconoce un origen
              típicamente accidental y en cuyo resarcimiento resultan de aplicación – a falta de
              régimen indemnizatorio federal de carácter específico- las normas de derecho común
              que rigen analógicamente a los restantes agentes de la administración, de aquéllos
              en que dicha lesión es el resultado de una acción bélica, esto es, una mera
              consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de
              seguridad, características del servicio público de defensa. Sólo en el primero de los
              supuestos reseñados serían aplicables los principios elaborados en el considerando
              10 del voto de la mayoría. (Nazareno, Petracchi, Bossert).
              CSJN M 41 29 XXVII “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional” 19/10/95 Fallos
              318:1959.

              Ley de riesgos. Personal de las Fuerzas Armadas.
              El rechazo de la demanda de la indemnización de daños sufridos en actos de
              servicio por la vía del derecho civil por quien se sometió voluntariamente a la carrera
              militar no importa abrir juicio sobre la procedencia de similares reclamos formulados
              por conscriptos (Disidencia del Dr Moliné O’Connor).
              CSJN M 41 29 XXVII “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional” 19/10/95 Fallos
              318:1959.

              Ley de Riesgos. Personal de las Fuerzas Armadas.

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              Poder Judicial de la Nación

              Los integrantes de las Fuerzas Armadas –sea formando parte de su “cuerpo
              permanente” o de la denominada “reserva incorporada”– no pueden reclamar la
              indemnización de daños sufridos en actos de servicio por la vía del derecho civil.
              (Disidencia del Dr. Fayt).
              CSJN M 41 29 XXVII “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional” 19/10/95 Fallos
              318:1959.

              Ley de riesgos. Personal de las FF de seguridad. Policía Federal.
              La ley 24557 claramente incluye sin diferenciaciones a empleados y funcionarios del
              sector público nacional y no existe espacio alguno para una interpretación peyorativa
              hacia las víctimas, en particular si se tiene en cuenta la existencia de disposiciones
              que permiten la acumulación de los distintos créditos emergentes del siniestro. (Del
              dictamen del Fiscal general n° 39119 del 14/10/04 al que adhiere la Sala).
              CNAT Sala I Expte n° 27443/02 sent. 82090 27/10/04 “Montalvo, Nilda c/ estado
              Nacional. Ministerio de Justicia. Sec de seguridad Interior. Policía federal s/
              accidente” (V.- P.-)Sala VI Expte n° 28437/03 sent. 58330 28/9/05 “Fernández
              Somoza, Mónica por sí y en rep de sus hijos menores c/ Estado Nacional s/ ind por
              fallecimiento” (CF.- FM.-)

              Ley de riesgos. Personal de las FF de seguridad. Policía Federal.
              No existe impedimento alguno de orden normativo para que se aplique al personal de
              la Policía Federal Argentina, el régimen de la ley 24557, en especial teniendo en
              cuenta que el art. 2 de dicha norma específicamente establece que ella es aplicable
              a “los funcionarios y empleados del sector público nacional...”, entre los que se
              incluye el personal de la Policía Federal Argentina.
USO OFICIAL




              CNAT Sala III Expte n° 22437/00 sent. 88163 6/10/06 “Rodríguez, Ramón c/
              Ministerio del Interior. PFA s/ accidente” (E.- P.-)

              Ley de riesgos. Personal de las FF de seguridad. Policía Federal.
              En el caso, el actor, integrante de la Policía Federal sufrió un accidente in itinere
              mientras se dirigía a prestar servicios. Tal situación no encuadra en un acto de
              servicio ni es el resultado de una acción bélica, sino que tiene un origen típicamente
              accidental y las normas que rigen a la institución no prevén una indemnización para
              tales casos, sino un haber de pensión (art. 112 ley 21965). Por ello, y tal como lo
              resolviera la CSJN in re “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional” (Fallos 318:1959)
              no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de
              derecho común a un integrante de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas
              armadas, cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no
              prevén ese tipo de indemnizaciones, sino un haber de retiro de naturaleza
              previsional.
              CNAT Sala IV Expte n° 26900/03 sent. 91057 28/12/05 “Suerz, Eduardo c/ Estado
              Nacional y otros s/ ind. por fallecimiento” (Gui.- M.-)



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              Dirección Nacional de Derechos de Autor (ley 11723) Registro n° 477834. ISSN
              1850-4159.
              Queda autorizada la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente
              publicación con expresa citación de la fuente.




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