CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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					República de Colombia


                                                              Casación Fallo N° 25.682
                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia




                            CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                             SALA DE CASACIÓN PENAL


                                  Magistrado ponente:
                                  YESID RAMÍREZ BASTIDAS
                                  Aprobada Acta N° 331.


                 Bogotá, D. C., octubre veintiuno (21) de dos mil nueve
            (2009).


                                        VISTOS:


                 Procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto
            por los defensores de los procesados JULIO HERNANDO RÍOS y
            JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA, contra la sentencia del Tribunal
            Superior de Arauca que confirmó la proferida por el Juzgado
            Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, mediante la cual
            se los condenó junto con FLORIBERTO AMADO CELY, como
            coautores de los delitos de secuestro simple agravado y
            homicidio agravado.


                                       HECHOS:


                 Fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente
            manera:
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                                                                Casación Fallo N° 25.682
                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                         Los acontecimientos que sirven de origen a la
                         acción penal tienen ocurrencia el día 16 de
                         septiembre de 1.995 en la vereda Tierra Seca en
                         jurisdicción del municipio de Fortul, departamento
                         de Arauca, cuando los campesinos RAÚL BÁEZ
                         ORTEGA Y WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ fueron
                         sustraídos por la fuerza de sus respectivas
                         viviendas, por un grupo de individuos que vestían
                         prendas de uso privativo de las fuerzas armadas y
                         portaban armas. Posteriormente aparecieron sus
                         cuerpos sin vida, presentando varias heridas por
                         arma de fuego y se los hizo aparecer como
                         insurgentes vestidos con prendas de la Policía
                         Nacional dados de baja en aparente enfrentamiento
                         con integrantes de patrullas militares del Batallón
                         de Contraguerrilla No 24 “Héroes de Pisba”,
                         conformadas entre otros por el Sargento
                         Viceprimero JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA, el
                         Cabo Segundo JULIO HERNANDO RÍOS y el Cabo
                         Primero FLORIBERTO AMADO CELY.



                            ANTECEDENTES PROCESALES:


                 1. Abierta la correspondiente investigación y vinculados al
            proceso mediante indagatoria JULIO HERNANDO RÍOS, JUAN
            BAUTISTA URIBE FIGUEROA      Y   FLORIBERTO AMADO CELY, el 22 de
            enero de 2001 una Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos
            Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió contra
            ellos medida de aseguramiento consistente en detención
            preventiva como presuntos coautores de los delitos de secuestro
            simple agravado y homicidio agravado.




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                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                 2.- Cerrada la investigación, la misma fiscalía el 12 de abril
            de 2002 profirió resolución de acusación contra JUAN BAUTISTA
            URIBE FIGUEROA, JULIO HERNANDO RÍOS         Y   FLORIBERTO AMADO
            CELY, como coautores de los delitos de secuestro simple
            agravado y homicidio agravado, y ordenó compulsar copias para
            que por separado se continuara la investigación contra quienes
            pudieran resultar implicados en estos mismos hechos.


                 3.-     Correspondió   al   Juzgado    Penal       del     Circuito
            Especializado de Arauca adelantar el juicio y el 29 de diciembre
            de 2004 condenó a los acusados a las penas de treinta y cuatro
            (34) años de prisión, multa de cien (100) salarios mínimos
            mensuales legales vigentes, inhabilitación para el ejercicio de
            derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años,
            al pago de indemnización de perjuicios y les negó la suspensión
            condicional de la ejecución de la pena como coautores de las
            conductas punibles atribuidas en el pliego de cargos.


                 4.- La providencia anterior fue recurrida por los defensores
            de los enjuiciados y el 15 de diciembre de 2005 el Tribunal
            Superior de Arauca la confirmó, mediante fallo que fue objeto del
            recurso extraordinario de casación que se interpuso por los
            apoderados judiciales de JULIO HERNANDO RÍOS y JUAN BAUTISTA
            URIBE FIGUEROA, impugnación que concedida el 8 de marzo de




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                                                             Casación Fallo N° 25.682
                                                         JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            2006, el asunto fue remitido a esta Corporación a donde arribó el
            22 de junio siguiente y en esa misma fecha fue repartido.


                 5.- Por auto del 4 de julio de 2007 se admitieron las
            demandas de casación presentadas por los impugnantes, y se
            dispuso correr traslado al Procurador Delegado en lo Penal para
            que rindiera concepto.


                                     LAS DEMANDAS:




                 A nombre del procesado JULIO HERNANDO RÍOS.


                 1.- En el cargo primero al amparo de la causal tercera de la
            Ley 600 de 2000, el defensor de JULIO HERNANDO RÍOS acusó a
            la sentencia de segundo grado de haberse proferido en un juicio
            viciado que afectó el debido proceso.


                 Recordó que la Procuradora Judicial 206 Penal interpuso
            recurso de apelación contra la providencia del 5 de octubre de
            1998 mediante la cual el Juzgado 124 Penal Militar de Saravena
            se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra los
            procesados, y que el Tribunal Superior Militar en auto del 5 de
            marzo de 1999 consideró que la jurisdicción castrense no era
            competente para conocer del asunto debido a las dudas




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                                                               Casación Fallo N° 25.682
                                                           JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            que surgían de los medios de convicción allegados acerca de la
            real ocurrencia de un enfrentamiento armado, razones por las
            que esa Corporación se declaró inhibida para resolver la
            impugnación y dispuso remitir el proceso a la oficina de
            asignaciones de la Fiscalía General de la Nación.


                 Adujo que la decisión del Tribunal Superior Militar desbordó
            el   ámbito     de   su   competencia     funcional,     porque       el
            pronunciamiento debió estar vinculado al objeto de la censura, lo
            cual no se hizo, y se adoptó una determinación en contravía de
            los derechos de los intervinientes en el proceso, al concluirse
            que no hubo combate. En esa medida consideró que desde
            dicho acto se profirió un fallo de condena contra los procesados.


                 Afirmó que el Juzgado 124 Penal en cita no debió remitir el
            proceso a la justicia ordinaria, sino dirigirse al Juez de instancia
            o de Brigada exponiendo los motivos que tenía para conocer del
            asunto y si éste no los aceptaba, a su juicio lo correcto era
            contestar dando la razón de su renuencia y trabar la colisión de
            competencia para que fuera decidida de plano por el Consejo
            Superior de la Judicatura.


                 Por lo anterior, solicita se declare la nulidad desde el auto
            del 5 de marzo de 1999 y la consecuente libertad provisional de




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                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            su defendido con base en la causal 5ª del artículo 365 del C. de
            P.P.


                   2.- En el cargo segundo (subsidiario) acusó la sentencia de
            haberse dictado en un juicio viciado. Recordó que luego de
            proferida la resolución de acusación, el proceso se remitió al
            Juzgado Penal del Circuito de Saravena para surtir la etapa del
            juicio, y que atendiendo a circunstancias de orden público la
            Corte Suprema de Justicia mediante auto del 6 de agosto de
            2002 dispuso el cambio de radicación del Distrito Judicial de
            Arauca al de Bogotá.


                   Refirió que teniendo en cuenta la “vigencia del decreto de
            conmoción interior”, el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá
            asumió el conocimiento del asunto, y al perder su fuerza el 16 de
            agosto siguiente se declaró sin competencia en virtud de lo
            previsto en el artículo 14 de la ley 733 de 2002 y dispuso el
            envío de la actuación a los Jueces Penales del Circuito
            Especializados, quienes luego del reparto, el Sexto de esa
            categoría ordenó sin motivación remitir las diligencias al Juzgado
            Penal del Circuito Especializado de Arauca “por encontrarse éste
            despachando desde Bogotá, decisión con la cual desconoció el
            cambio de radicación dispuesto por la Corte”, efecto que
            desconoció la garantía del juez natural.




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                 Por lo anterior, solicita “casar el fallo” y declarar la nulidad
            de lo actuado desde el momento en que el proceso fue enviado
            al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca.


                 3.- En el cargo tercero (subsidiario) al amparo de la causal
            primera (cuerpo segundo) de la Ley 600 de 2000, acusó la
            sentencia de segundo grado de incurrir en error de hecho
            derivado de falso juicio de existencia e identidad.


                 3.1.- Afirmó que se “sobredimensionó el acta de necropsia”
            y se le dio un valor probatorio superior al que tiene. Describió las
            lesiones encontradas a RAÚL BÁEZ ORTEGA y WILLIAM RODRÍGUEZ
            GÉLVEZ, y luego trascribió las conclusiones a las que llegó el a
            quo en las que infirió que ellos antes de la muerte recibieron
            maltrato, golpes en el cuerpo, un disparo en la zona cervical (en
            la nuca), disparos que se efectuaron a una distancia entre 30 y
            60 centímetros, de lo cual se concluyó que no se trató de efectos
            ocasionados en combate, sino de ejecuciones que se dieron en
            situación de indefensión.


                 Manifestó que a falta de un médico legisla es permitido al
            galeno rural realizar la inspección del cadáver, pero que no está
            de acuerdo con lo escrito por éste profesional al dejar plasmado
            en su informe que los impactos se dieron “a contacto y distancia
            intermedia”, “a contacto firme y angulado”, toda vez que eso




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                                                              Casación Fallo N° 25.682
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            correspondía determinarlo a un perito en balística del instituto de
            medicina legal.


                 Concluyó que el occiso N.N. No 1 no recibió ningún impacto
            a distancia intermedia como lo manifestó en el dictamen el
            médico rural LUIS ENRIQUE GÓMEZ, pues en los orificios de
            entrada 1.1 y 1.2 no aparece una descripción con huellas de
            “anillos de contusión, abrasión ni de limpieza”, de lo cual se
            puede inferir que se realizaron a una distancia superior a 1.51
            metros, y en lo que corresponde al recibido en la tetilla “con
            tatuaje concéntrico” adujo que el concepto técnico que encaja es
            de haber sido recibido “a corta distancia, es decir, entre 31 a 60
            centímetros” y no como lo manifiesta el galeno de ser el efecto
            de una acción “a contacto”.


                 De otra parte, adujo que el occiso N.N. No 2 no recibió
            ninguna lesión “a contacto firme, angulado ni a distancia
            intermedia” en la forma descrita por el profesional en cita, ello a
            pesar de que se “presentó zona de contusión excéntrica, que
            quiere decir pandeleta (sic) contusita o donde pega el proyectil
            en el cuerpo”.


                 En lo que corresponde a las conclusiones a las que arribó el
            Tribunal, manifestó que para la defensa “no está probado que
            los golpes y maltratos recibidos por los occisos hubiesen sido




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            propinados por los militares”. Replicó que cuando se habló de
            abrasión, no se explicó si los bordes de ésta son pálidos o
            muestran sangrado o tapón hemostático, y que esas lesiones
            pudieron darse al arrastrar y manipular los cadáveres del sitio de
            donde fallecieron al lugar donde los recogió el helicóptero, pues
            ello sucedió en un sector boscoso con un suelo rugoso poblado
            de chamizos, piedras y raíces.


                 Adujo que el disparo recibido por el N.N. No 1 en la región
            cervical anterior, no traduce que se hubiese dado en la nuca en
            los términos como se valoró, sino en el cuello a 3 centímetros
            del vértice en una inclinación de arriba hacia abajo sin orificio de
            salida, producido a su juicio a larga distancia, “aunque esto no
            se pudo determinar de manera acertada” por cuanto el médico
            no contaba con equipo de apertura para determinarlo.


                 Respecto de la herida sufrida por aquél en el pecho, es
            decir, en la tetilla, afirmó que la trayectoria superior inferior es
            mínima y sólo se presentó en un proyectil de los tres que recibió,
            aun cuando no se halló orificio de salida.


                 En lo que corresponde a los disparos siete de ellos con
            orificios de entrada y tres de salida, algunos por la espalda,
            manifestó que la circunstancia de que uno tenga recorrido
            oblicuo no quiere decir que la víctima hubiese estado de rodillas




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            o agachado como se dijo, sino que por el contrario se hizo a
            larga distancia.


                 Consideró que el impacto recibido en la tetilla izquierda que
            dejó tatuaje no significa que se efectuó colocando la boca de
            fuego del arma a contacto con la piel, pues a su juicio ocurrió a
            una distancia entre 30 y 60 centímetros. En igual sentido plantea
            que no está probado que el cadáver se hallaba sin camisa y que
            es “probable que ese efecto se ocasionó al inicio del combate”.


                 En lo que dice relación con el tiro de gracia, manifestó que
            “la costumbre es que éste sea en la cabeza y no en la columna
            cervical” y que el occiso No 2 presenta un impacto en la nuca y
            el No 1 en el cuello, de lo cual infiere se desvirtúa aquél.


                 Expresó que para el caso no hubo ninguna indefensión
            como lo motivó el Tribunal pues los abatidos estaban armados
            con carabina, fusil y municiones y se enfrentaron a la tropa y
            “además, uno de ellos tenía orden de captura y era reconocido
            integrante de la guerrilla”.


                 Al concluir afirmó que se sobredimensionó ese medio de
            convicción pues se le otorgó credibilidad a conclusiones sin
            idoneidad, las cuales sirvieron para determinar que no se
            presentó combate.




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 República de Colombia

                                                             Casación Fallo N° 25.682
                                                         JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                 4.- En el cargo cuarto (subsidiario) acusó a la sentencia de
            segundo grado de incurrir en error de hecho derivado de falso
            juicio de existencia “al no aceptar como válido y desatender el
            dictamen de balística”.


                 Hizo trascripción de las consideraciones del Tribunal
            mediante las cuales desestimó las conclusiones de ese medio
            de prueba, en especial porque el perito utilizó instrumentos de
            metrología, cuando para el caso no existían muestras de
            referencia que le hubiesen permitido usar esos elementos, y por
            la razón de haber sacado conclusiones referidas a la distancia
            desde donde se produjeron los disparos a partir del estudio de
            las prendas de vestir que portaban las víctimas, lo cual se
            proyecta equívoco cuando para el evento aquellas fueron
            incineradas por el Ejército, aspecto del cual se dejó constancia
            mediante acta de destrucción, de donde se infirió que las
            deducciones sobre el punto referido “tampoco sirven de nada”.


                 Adujo que si para el ad quem lo plasmado en ese dictamen
            pericial no le mereció ninguna credibilidad, con mayor razón
            debió adoptar igual determinación frente a lo señalado por el
            citado médico rural quien “no obstante estuvo en contacto con
            los cuerpos de los occisos y pudo apreciar y describir las
            lesiones”, no estaba calificado para emitir concepto acerca de
            las distancias a que fueron realizados los impactos.




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                                                                Casación Fallo N° 25.682
                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                 Concluyó la censura y afirmó que el Tribunal no podía
            desestimar esa prueba pericial y no elevó ninguna petición.


                 5.- En el quinto cargo (subsidiario) acusó a la sentencia de
            segundo grado de incurrir en error de hecho derivado de falso
            juicio de identidad.


                 Transcribió apartes de lo declarado por el Mayor GABRIEL
            HERNANDO PINILLA FRANCO Comandante del Batallón de Contra-
            Guerrillas No 24 quien manifestó que para él los hechos
            ocurrieron en combate.


                 Frente a lo así planteado no expresó a la Sala Penal de la
            Corte solicitud alguna.


                 6.- En el sexto cargo (subsidiario) censuró que en el fallo
            impugnado se incurrió en error de hecho derivado de falso juicio
            de identidad el cual recayó sobre las actas de levantamiento de
            los cadáveres.


                 Adujo que en las actas No 004 y 005 se hizo una
            descripción del lugar del hecho, esto es, en el área rural
            (rastrojo) de la finca de Sergio Ayala, con lo cual se evidencia
            que el fallecimiento de BÁEZ   Y   RODRÍGUEZ ocurrió en un tiempo
            diferente al de la diligencia la cual fue realizada por la Inspectora




                                                12
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                                                              Casación Fallo N° 25.682
                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            de Policía en las instalaciones del Batallón de contra-guerrilla No
            24 en Fortul.


                 Al terminar sus apreciaciones no planteó a la Sala Penal de
            la Corte solicitud alguna.


                 7.- En el séptimo cargo (subsidiario) acusó a la sentencia
            impugnada de incurrir en error de hecho derivado de falso juicio
            de identidad el cual recayó sobre el acta de entrega e
            incineración de algunos elementos.


                 Transcribió apartes del fallo en donde el Tribunal planteó
            interrogantes acerca del por qué los militares, de manera
            inmediata       después   de realizados los   levantamientos        de
            cadáveres procedieron a quemar algunos elementos que
            “supuestamente portaban los occisos”, como un uniforme verde,
            y de manera simple se relacionó que ellos vestían prendas de la
            Policía Nacional, sin saberse cuál fue el propósito que tuvo la
            ocultación de ese elemento y la destrucción de bombas
            sombrero chino, nueve detonadores eléctricos, 20 metros de
            mecha lenta, cinco libras de pólvora negra, dos equipos de
            campaña hechizos, cinco reatas en mal estado y una bandera
            rojo y negro del E.L.N.




                                              13
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                                                             Casación Fallo N° 25.682
                                                         JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                 Frente a esas inquietudes, argumentó que se puede atribuir
            responsabilidad al Mayor PINILLA FRANCO, al “sub-oficial de
            inteligencia y al de seguridad” de esa incineración, y acepta que
            la preservación de aquellos elementos era “de vital importancia
            para el esclarecimiento de los hechos”.


                 Adujo que la cadena de custodia y obligación de
            conservación de los objetos en cita era del funcionario judicial a
            cargo de la instrucción y no de los militares, aunque reconoce
            que hubo un descuido por parte de ellos, quienes eran los
            principalmente interesados en preservar esas evidencias.


                 Al concluir afirmó que no hubo manipulación de esas
            huellas y que las inconsistencias advertidas por el Tribunal
            corresponden a una interpretación errónea y que no restan
            credibilidad a la versión de los acusados ni a la hipótesis del
            combate.


                 De igual manera, no elevó ninguna petición.


                 8.- En el cargo octavo acusó al fallo impugnado de incurrir
            en error de hecho derivado de falso juicio de identidad que
            recayó sobre la Orden de operaciones No 56 Tauro II.




                                             14
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                                                              Casación Fallo N° 25.682
                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                 Hizo mención de lo considerado por el ad quem, frente al
            hecho de que el Batallón de Contra-Guerrilla al mando del SS.
            JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA inició la infiltración en la vereda
            Tierra Seca a partir de las 24:00 horas del día 16 de septiembre
            de 1995, es decir, horas después de que se produjera la muerte
            de RAÚL BÁEZ ORTEGA y WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ la cual
            ocurrió a las 06:30 de la mañana de esa data y el levantamiento
            según las actas se efectuó entre las 12:05 y 12:200, de donde se
            infiere que el enfrentamiento en el cual resultaron abatidos
            aquellos se produjo en tiempos posteriores al deceso de los
            mismos, aspecto que resulta contradictorio.


                 Manifestó que no se presenta ninguna inconsistencia, toda
            vez que el documento que da cuenta de la Orden de
            Operaciones se produjo en máquina de escribir y que el
            escribiente de la misma “repisó el número de la fecha” y dejó
            una duda frente a la misma, pero que al observar de manera
            detallada se aprecia “que el dato es 15 y no 16”.


                 De otra parte, adujo que los militares salieron de su
            guarnición en cumplimiento de la orden referida, la cual se dio
            con base en informes de inteligencia pues se sabía que en esa
            zona había presencia de “terroristas de las FARC y el ELN”, y su
            misión era desplazarse hasta la vereda en cita con el fin de
            localizar y capturar bandoleros, lo que así ocurrió en hechos




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                                                               Casación Fallo N° 25.682
                                                           JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            motivados por una orden de operaciones y no por iniciativa de su
            defendido quien no se involucró en el enfrentamiento directo con
            los subversivos pues estuvo en la retaguardia.


                 Por todo lo anterior, solicitó a la Sala Penal de la Corte,
            revocar el fallo impugnado y en su reemplazo proferir uno de
            carácter absolutorio a favor de JULIO HERNANDO RÍOS.


                 A nombre del procesado JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA-


                 1.- En el cargo único al amparo de la causal primera del
            artículo 207 de la ley 600 de 2000 el defensor de URIBE
            FIGUEROA acusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en
            error de hecho, derivado de falso juicio de existencia y raciocinio.


                 1.1.- Censuró que se dejó de valorar los testimonios de
            RAFAEL RICARDO CAMARGO JOYA, FERNEY PIEDRAHITA LOAIZA,
            ARTURO HERNÁNDEZ y ÉDGAR MAURICIO ORREGO ARANGO, de
            quienes transcribió unos párrafos en los que aludieron a la
            existencia de un combate.


                 Consideró que los declarantes en cita fueron testigos
            directos de la confrontación y constituyen una prueba importante
            que no podía desatenderse en el objetivo de demostrar que la
            muerte de WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ y RAÚL BÁEZ ORTEGA se




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                                                             Casación Fallo N° 25.682
                                                         JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            produjo en esas condiciones de confrontación y sus contenidos
            concuerdan con lo consignado en el registro de operaciones, el
            acta de levantamiento de los cadáveres, el oficio de incautación
            e incineración de unos elementos y los testimonios de LEONARDO
            BUESAQUILLO MAVISOY, LUIS HUMBERTO ORTIZ BURBANO, JESÚS
            ALBEIRO VILLADA GIRALDO y GABRIEL HERNANDO PINILLA FRANCO.


                 Argumentó que para la defensa es claro que el conflicto
            armado existió y eso conduce a la absolución “pura y simple” de
            los procesados pues los hechos se dieron bajo el amparo de la
            legítima defensa.


                 1.2.- Planteó que el testimonio de las viudas como de los
            moradores del lugar no son confiables pues lo afirmado por
            éstos va en contravía de las reglas de la sana crítica, de las
            máximas de experiencia y de la lógica.


                 1.2.1.- Hizo referencia a lo declarado por MARINA ARIAS
            ORTEGA (viuda de RAÚL BÁEZ ORTEGA) quien denunció que el 18
            de septiembre de 1995 arribaron a su residencia cuatro hombres
            de los cuales tres estaban vestidos con prendas del Ejército y el
            otro con una camiseta verde y un trapo de ese color en la sien,
            quien sacó una pistola y encañonó a su marido.




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                                                             Casación Fallo N° 25.682
                                                         JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                 Frente a lo dicho por ella, manifestó que no resulta lógico
            desde ningún punto de vista que una patrulla del Ejército, la cual
            está conformada por más de veinte hombres, se disperse para
            atentar contra unos presuntos subversivos en un número inferior
            como el relatado por la señora, y que la experiencia enseña que
            quienes se enfrentan a un guerrillero no son los comandantes de
            las escuadras sino los soldados y que tampoco resulta razonable
            que aquellos acudan a la captura de un posible delincuente,
            pues quienes efectúan el primer contacto son los subalternos.
            En igual sentido replica que la declarante nunca vio el rostro de
            las personas que ingresaron a su vivienda.


                 Consideró que es necesario restarle credibilidad por
            ausencia de verosimilitud porque el Ejército en campaña no
            porta armas cortas “y eso constituye una regla de experiencia”.


                 A su juicio lo que “más” demuestra que este medio de
            convicción riñe con los postulados enunciados es que se trata de
            “una persona humilde, campesina de la región, sin conocimiento
            para discernir qué tipo de armas y vestimenta es la que utiliza el
            Ejército y cuáles son las que portan los grupos armados al
            margen de la ley”, aspectos que no podía especificar porque
            eran las tres de la mañana y estaba oscuro, y porque no deja de
            ser “exótico” que en la ampliación de la denuncia hubiese




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                                                              JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            hablado de más de diez personas cuando de manera inicial sólo
            se refirió a un grupo de cuatro.


                 De manera complementaria, argumentó que otra evidencia
            de la contrariedad de dicho testimonio con las reglas de la sana
            crítica, está dada en la circunstancia que ella tan sólo puso en
            conocimiento de las autoridades los hechos ocurridos en su casa
            dos días después, cuando la lógica enseña que deben ser
            avisados lo más pronto posible, y que no resulta creíble su
            versión en sentido de que se demoró en formular la denuncia
            porque su residencia permaneció amarrada con un lazo en la
            parte de afuera y no pudo salir, aspectos sobre los que el
            casacionista formula la pregunta acerca de si en efecto la cuerda
            tuvo existencia o no, y no obstante haber sido cierto, bien pudo
            buscar la salida por una ventana.


                 Afirmó que MARINA ARIAS ORTEGA no dijo la verdad y que de
            manera “fehaciente” se puede concluir que a su casa no ingresó
            el Ejército Nacional, razones por las que infirió que las
            valoraciones    del   Tribunal   son    erradas    y    con    ellas    se
            desconocieron postulados de la experiencia y la lógica.


                 1.2.2.- En lo que corresponde al testimonio de ANA LUCÍA
            MUÑOZ, adujo que lo declarado por ella es impreciso cuando
            afirmó que quienes sacaron a su esposo WILLIAM RODRÍGUEZ




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            GÉLVEZ eran personas que entre sí se llamaban “soldados”, lo
            cual es un “raciocinio ilógico porque es conocido que entre las
            filas de los paramilitares y la guerrilla se denominan de la misma
            manera”, y que dentro de los miembros de la fuerza pública lo
            normal es que a cada integrante se lo llame por el “cargo que
            ostenta más no por uno de inferior jerarquía”, lo cual es
            relevante si se tiene en cuenta que JUAN BAUTISTA URIBE
            FIGUEROA tenía el grado de Sargento.


                 Consideró que referirse a un superior por un rango menor
            es causal de insubordinación y que era imposible que alguien se
            refiriera a aquél en esos términos.


                 Argumentó que la sana crítica como presupuesto de
            valoración probatoria “demuestra que los hechos narrados por
            las esposas de los occisos no corresponden con lo que la
            realidad enseña”, razón por la que el Tribunal no debió
            otorgarles credibilidad.


                 1.2.3.- Se refirió a los declarantes indirectos MARÍA NIEVES
            MORA HERNÁNDEZ quien sobre los hechos relató que “esa noche
            llovía y por el ruido del zinc no pudo oír nada hasta las seis de la
            mañana cuando escuchó unos tiros”, y ÉDGAR GONZÁLEZ amigo
            de la familia BÁEZ ARIAS quien manifestó que esa madrugada
            “escuchó el llanto de los niños y la señora de éste” pero que




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                                                              Casación Fallo N° 25.682
                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



            luego se acostó”, afirmación frente a la que se pregunta el
            casacionista ¿cómo era dable deducir que los niños que lloraban
            eran los de MARINA ARIAS si la lluvia lo impedía?.


                 De manera complementaria, replicó que no es creíble lo
            expresado por GONZÁLEZ cuando dijo que el día de los hechos se
            enteró temprano de lo sucedido porque al salir a “amarrar una
            yegua, MARINA ARIAS le comentó”, situación que no era posible
            toda vez que ella se encontraba encerrada y de haber ocurrido lo
            normal era que aquél hubiese procedido a cortar la soga que
            amarraba la puerta de ella.


                 Frente a lo dicho por OTONIEL ORTIZ MORENO, adujo que éste
            no pudo percibir lo sucedido toda vez que él mismo se limitó a
            referir que existió un tiroteo sin concluir si fue en medio de un
            combate, aunque a juicio del casacionista se puede “predicar
            que la confrontación sí se presentó”.


                 En igual sentido, argumentó que el testimonio de PEDRO
            JOSÉ JIMÉNEZ MORENO se debió desestimar y no podía servir de
            fundamento para edificar el fallo de condena, en especial,
            porque fue recibido cinco años después de ocurridos los hechos,
            y para el caso resulta imposible que él hiciera un relato detallado
            y preciso de los acontecimientos, de donde infiere que está
            viciado de incoherencia.




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                                                             JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                  Al concluir afirmó que no se puede aducir que no existió
            combate como lo dedujo el Tribunal porque la presencia de
            huellas de tatuaje en el cuerpo de uno de los obitados lo que
            indica es que en el fragor de la lucha el puntero tuvo contacto
            con los subversivos y alguno de sus disparos pudo ser “a
            adhesión firme”, ello teniendo en cuenta la espesura de la
            vegetación que impedía calcular la distancia entre uno y otro
            grupo.


                  De otra parte, planteó la posibilidad de que en los intentos
            de huida “alguno de los guerrilleros” hubiese sido alcanzado por
            un impacto en la espalda, lo anterior, sin descartar que esas
            organizaciones acostumbran acribillar a sus heridos con el fin de
            que    no    hagan   delaciones    acerca   de    la    ubicación      de
            campamentos.


                  Consideró que la circunstancia de que uno de los disparos
            hallado en el cuerpo de los occisos corresponda a una pistola de
            9m.m. respalda la tesis de la defensa en sentido de que se trató
            de un ajusticiamiento entre ellos, porque el Ejército en campaña
            no porta armas de corto alcance.


                  Por lo anterior, solicitó a la Corte casar la sentencia y en su
            reemplazo proferir una absolutoria a favor de JUAN BAUTISTA




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                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            URIBE FIGUEROA, “porque no hay certeza en torno a la
            participación del mismo en los supuestos fácticos”.




                            CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO


                 El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal es
            del criterio que a los recurrentes no les asiste razón. Dio respuesta
            de manera inicial a las censuras de nulidad formuladas por el
            defensor de JULIO HERNANDO RÍOS, y de manera conjunta a las
            acusaciones de las dos demandas, en los siguientes términos:


                 1.- En lo que corresponde al primer cargo de nulidad
            conceptuó que no debe prosperar porque el Tribunal antes de
            decidir de fondo sobre los temas de apelación, se ocupó de
            verificar el cumplimiento de los presupuestos de validez de lo
            actuado incluido el relativo al factor competencia.


                 En esa medida y de acuerdo con los medios probatorios el ad
            quem consideró que al mediar incertidumbre sobre la existencia
            del enfrentamiento armado no podía la Justicia Penal Militar
            continuar con el trámite del proceso y dispuso remitir la actuación
            a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación,
            previa advertencia a ese despacho que de no aceptarse esos
            planteamientos     provocaría    la    consecuente      colisión      de
            competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura,
            circunstancia a la que no se llegó.



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                 Por lo anterior, concluyó que el cargo se debe desestimar.


                 2.- Respecto del cargo segundo conceptuó que los Jueces
            Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, Sexto Penal del
            Circuito Especializado de Bogotá y Único Penal del Circuito
            Especializado de Arauca con sede en Bogotá obraron conforme a
            la ley y respetaron los criterios de seguridad que tuvo en cuenta la
            Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para cambiar la
            radicación de la presente actuación y no se advierte ninguna
            irregularidad constitutiva de nulidad.


                 Por lo anterior, afirmó que la censura está llamada a no
            prosperar.


                 3.- Respecto de las otras acusaciones consideró que el
            censor no se ocupó en demostrar de qué manera el Tribunal
            distorsionó o tergiversó la prueba pericial, y en su lugar lo que hizo
            fue argüir razones por las que a su juicio se deben desestimar las
            conclusiones del médico rural, lo que en últimas se constituye en
            objeciones tardías a las necropsias.


                 Le otorgó razón a la segunda instancia cuando restó valor al
            peritaje de balística, dado que no existían muestras de referencia
            que le hubiesen permitido al experto utilizar instrumentos de
            metrología, y no estaban las prendas de vestir de uno de los
            occisos las que fueron incineradas, de lo cual se infiere que los



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            resultados acerca de la distancia desde donde se produjeron los
            disparos en los términos como concluyó el perito resultan
            irrelevantes toda vez que ante la ausencia de esas prendas no era
            posible concluir de esa manera.


                 Hizo referencia a los impactos recibidos por BÁEZ ORTEGA y
            RODRÍGUEZ GÉLVEZ efectuados a corta distancia e intermedia, es
            decir, los primeros mediando un espacio menor de 1.50 metros, y
            los segundos entre 31 y 60 centímetros entre la boca de fuego del
            arma y la región anatómica afectada, algunos con orificio de
            entrada en el cual quedaron huellas de tatuaje, uno en la nuca,
            otro en el cuello causados por arma de corto alcance, efectos de
            los que consideró el Ministerio Público no resulta “congruente la
            tesis” en sentido de haberse dado en el desarrollo de un combate,
            sino de un “ajusticiamiento” y máxime cuando BÁEZ ORTEGA
            aparece con un disparo en la tetilla izquierda con tatuaje
            concéntrico de donde se puede aceptar con el médico rural que
            esa lesión se produjo a contacto.


                 En lo que corresponde a la orden de operaciones, expresó la
            Delegada que no comparte lo alegado por el defensor quien
            pretende hacer creer que existió un error en la persona que digitó
            el documento, quien en lugar del número seis (6) referido al 16 de
            septiembre de 1995, lo que se escribió fue la cifra cinco (5)
            correspondiente al 15 de ese mes y año, cuando para el caso lo
            que dicho “repisado o borrón” revela son dudas sobre la
            legitimidad de ese documento, a través del cual los militares



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                                                          JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            pretenden ocultar los desaciertos en que incurrieron desde un
            comienzo y legitimar un proceder ilegal.


                 Adujo que respecto del comportamiento irregular de los
            militares referido a la incineración de los elementos recogidos en
            el lugar de los hechos, surgen varios interrogantes, entre ellos, el
            por qué quemar una evidencia de capital importancia y no
            obstante, plantear la tesis del enfrentamiento armado. Si es claro
            que en las prendas que vestían los occisos debieron quedar los
            orificios de los proyectiles que impactaron sus cuerpos, y si era
            cierto que fue el resultado de un combate en la forma como lo
            expresaron el Mayor PINILLA FRANCO, el Sub oficial de inteligencia
            y el de seguridad, concluye que destruir aquellas huellas estuvo
            dada en la finalidad de manipular la realidad de los hechos y
            simular un enfrentamiento con la guerrilla en procura de lograr la
            impunidad de la “ejecución extrajudicial”.


                 Consideró que el Tribunal efectuó un análisis serio respecto
            del testimonio de las esposas de los hoy occisos, los relacionó con
            las declaraciones de los vecinos, y concluyó que las víctimas
            fueron arrebatadas con escasas ropas de sus casas en horas de
            la madrugada cuando dormían, para en forma posterior ser
            privadas de sus vidas, haciendo aparecer todo ello como producto
            de un enfrentamiento simulado.


                 Para el Ministerio Público las acusaciones de los defensores
            como sus inferencias no son más que apreciaciones personales



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                                                           JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            sobre los hechos sin vocación de éxito, pues al formular los
            errores de hecho por falso raciocinio no indicaron la regla de la
            lógica, la ley de la ciencia ni la máxima de experiencia vulnerada,
            y por el contrario, se limitaron a “destacar aspectos relacionados
            con las condiciones de credibilidad”.


                 Por lo anterior, solicitó a la Sala Penal de la Corte no casar la
            sentencia respecto de los cargos formulados por los defensores, y
            hacerlo de manera parcial en sentido de reducir a diez (10) años
            la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones
            públicas.



                            CONSIDERACIONES DE LA CORTE:


                 Demanda a nombre de JULIO HERNANDO RÍOS.-


                 1.- El cargo primero formulado al amparo de la causal
            tercera de casación de la ley 600 de 2000 por menoscabo al
            principio de juez natural no prospera por lo siguiente:


                 El 5 de octubre de 1998 el Juzgado 124 de Instrucción
            Penal Militar se abstuvo de proferir medida de aseguramiento
            contra JULIO HERNANDO RÍOS y JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA,
            decisión que fue apelada por el Ministerio Público. El Tribunal
            Superior Militar mediante providencia del 5 de marzo de 1999 se



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            abstuvo de resolver la impugnación al considerar que esa
            jurisdicción no era competente para conocer del proceso pues
            de acuerdo con los medios de prueba existían dudas acerca de
            la existencia del combate en el que perdieron la vida RAÚL BÁEZ
            ORTEGA Y WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ.


                 En esa medida remitió el proceso a la Oficina de
            Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, advirtiendo
            que en el caso de no aceptarse lo así decidido provocaría la
            correlativa colisión de competencias ante el Consejo Superior de
            la Judicatura, espacio procesal al que no se llegó.


                 Desacierta el casacionista cuando plantea que el Tribunal al
            resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio
            Público estaba limitado de manera exclusiva a los temas materia
            de impugnación como era si existían soportes para imponer o no
            medida de aseguramiento a los aquí procesados.


                 En un sistema penal constitucionalizado como el nuestro en
            donde la mirada de acuerdo con el artículo 228 de la Carta
            Política1 está dada en hacer efectivo y prevalente lo debido
            sustancial, procesal y probatorio, se entiende sin dificultades que
            1
              Constitución Política.- Artículo 228.- La Administración de Justicia es función
            pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
            permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
            derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
            incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
            autónomo.



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            en materia de derechos y garantías legales y constitucionales no
            puede haber limitaciones y menos tratándose del postulado de
            juez natural, aspecto que en su momento advirtió el Tribunal al
            observar que se presentaban dudas acerca de la realidad de
            unos hechos acaecidos en el desarrollo de un combate, razón
            fundamental por la que dispuso el envío de la actuación a la
            jurisdicción    ordinaria,   sin   que    ello   constituya       ninguna
            irregularidad que genere nulidad en los alcances del artículo 306
            numeral 1º de la ley 600 de 2000.


                 1.1.- En procura de desestimar la censura así alegada, se
            hace necesario precisar el ámbito y extensión del fuero militar
            previsto en el artículo 221 de la Carta Política 1991 cuando
            establece:


                   De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza
                   pública en servicio activo, y en relación con el mismo
                   servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales
                   militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal
                   Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por
                   miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.


                  El artículo 2 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar)
            preceptúa que:


                   Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos
                   por los miembros de la Fuerza Pública derivados del
                   ejercicio de la función militar o policial que les es propia. De
                   conformidad con las pruebas allegadas, la autoridad judicial



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                   que conoce del proceso determinará la competencia, de
                   acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y
                   reglamentarias que regulan la actividad de la Fuerza
                   Pública.

                  El artículo 195 ibídem con relación a los delitos comunes
            reglamenta:


                   Cuando un miembro de la Fuerza Pública, en servicio activo
                   y en relación con el mismo servicio, cometa un delito
                   previsto en el código penal ordinario o leyes
                   complementarias, será investigado y juzgado de
                   conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar.


                  De las anteriores normas se derivan las condiciones
            necesarias para el reconocimiento del fuero militar: (i).- que se
            trate de miembros de la Fuerza Pública en servicio activo al
            momento de la acción típica, y (ii).- que la conducta típica tiene
            que ser realizada en relación con actos del servicio, es decir,
            mediante actividades por medio de las cuales se cumplen las
            funciones esenciales que a ellas le entrega la Carta Política. Para
            el caso de las Fuerzas Militares son “la defensa de la soberanía,
            la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
            constitucional” (Art. 217).


                  La Corte Constitucional en sentencia C-359 de agosto 5 de
            1997, sobre la aplicación del fuero penal militar, dijo:




                                                30
 República de Colombia

                                                                 Casación Fallo N° 25.682
                                                             JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                   “2.- En los precisos términos de la Constitución Política, la
                   jurisdicción penal militar conoce (1) de los delitos cometidos
                   por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, (2)
                   siempre que ellos tengan “relación con el mismo servicio”.

                   De esta manera, la misma Carta ha determinado los
                   elementos centrales de la competencia excepcional de la
                   justicia castrense, con lo cual limita el ámbito de acción del
                   legislador en este campo y exige un más estricto control de
                   constitucionalidad sobre él, pues, como bien se expresó en
                   la Sentencia C-081/96 de esta Corporación, entre más
                   definida se encuentre una institución por la Carta, menor
                   será la libertad de configuración del Legislador sobre ella.

                   Por ende, la ley que señala cuáles son los delitos que
                   corresponde conocer a esta jurisdicción debe respetar la
                   orden constitucional que impone tanto el contenido esencial
                   del fuero militar como su carácter limitado y excepcional. La
                   extensión de éste, por fuera de los supuestos
                   constitucionales, menoscabaría la jurisdicción ordinaria, que
                   se impone como juez natural general, por mandato de la
                   misma Constitución y, por contera, violaría asimismo el
                   principio de igualdad, el cual sólo se concilia con una
                   interpretación restrictiva de las excepciones a la tutela
                   judicial común”.

                  Con relación a los actos del servicio dijo:


                   “10.- La jurisdicción penal militar constituye una excepción
                   constitucional a la regla del juez natural general. Por ende,
                   su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, tal
                   como lo precisa la Carta Política al establecer en su artículo
                   221 que la justicia penal militar conocerá “de los delitos
                   cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio
                   activo, y en relación al mismo servicio”. Conforme a la
                   interpretación restrictiva que se impone en este campo, un
                   delito está relacionado con el servicio únicamente en la
                   medida en que haya sido cometido en el marco del
                   cumplimiento de la labor –es decir del servicio- que ha sido



                                                31
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                                                                  Casación Fallo N° 25.682
                                                              JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                   asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública.
                   Esta definición implica las siguientes precisiones acerca del
                   ámbito del fuero penal militar. (…)

                   “...para que un delito sea de competencia de la justicia
                   penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él
                   y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe
                   surgir como una extralimitación o un abuso del poder
                   ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a
                   una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el
                   vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe
                   ser próximo y directo, y no puramente hipotético y
                   abstracto. Esto significa que el exceso o la extralimitación
                   deben tener lugar durante la realización de una tarea que
                   en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los
                   cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
                   Por el contrario, si desde el inicio el agente tiene propósitos
                   criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el
                   hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria,
                   incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una
                   cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública
                   y el hecho punible del actor. En efecto, en tales eventos no
                   existe concretamente ninguna relación entre el delito y el
                   servicio, ya que en ningún momento el agente estaba
                   desarrollando actividades propias del servicio, puesto que
                   sus comportamientos fueron ab initio criminales.” (…)

                   “el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada
                   con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una
                   gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados
                   delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso
                   debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total
                   contradicción     entre   el    delito    y    los   cometidos
                   constitucionales de la Fuerza Pública”

                   “Por consiguiente, un delito de lesa humanidad es tan
                   extraño a la función constitucional de la Fuerza Pública que
                   no puede jamás tener relación con actos propios del
                   servicio, ya que la sola comisión de esos hechos delictivos
                   disuelve cualquier vínculo entre la conducta del agente y la
                   disciplina y la función propiamente militar o policial, por lo



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                                                                   JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                      cual su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria.
                      (…)

                      “la relación con el servicio debe surgir claramente de las
                      pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la
                      justicia penal militar constituye la excepción a la norma
                      ordinaria, ella será competente solamente en los casos en
                      los que aparezca nítidamente que la excepción al principio
                      del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en
                      las situaciones en que exista duda acerca del cuál es la
                      jurisdicción competente para conocer sobre un proceso
                      determinado, la decisión deberá caer en favor de la
                      jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo
                      demostrar completamente que se configuraba la
                      excepción”2.


                     En el caso concreto, con relación al factor subjetivo elemento
            del fuero penal militar, se encuentra demostrada la calidad de
            miembros activos del Ejército Nacional de JULIO HERNANDO RÍOS                    Y

            JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA, quienes al momento de los hechos
            estaban adscritos al Batallón de Contra-Guerrilla No 24 “Héroes de
            Pisba”.


                     No ocurre lo mismo con el factor funcional pues de acuerdo
            con la jurisprudencia constitucional en cita, los delitos cometidos en
            relación con el servicio son aquellos que se realizan en desarrollo
            de actividades militares o policivas orientadas al cumplimiento de la
            misión que la Constitución impone a la Fuerza Pública (artículos
            217 y 218), situación que se presenta cuando el militar o agente de
            la Policía en desarrollo de una orden u operativo inherente al cargo

            2
                .-CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 358 de 1997



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                                                                 JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



            excede la órbita propia de las funciones constitucionales o legales
            asignadas.


                  El reconocimiento del fuero militar además del factor subjetivo
            presupone       la   concurrencia      de    dos    aspectos       vinculados
            causalmente: que el agente de la Fuerza Pública haya iniciado la
            ejecución de una actividad propia de la función castrense y en
            desarrollo de ella se excede o abusa del ejercicio de la autoridad
            incurriendo en el hecho punible.


                  En el evento que ocupa la atención de la Sala, la privación de
            la libertad y posterior muerte de RAÚL BÁEZ ORTEGA                 Y    WILLIAM
            RODRÍGUEZ GÉLVEZ, no se constituyen en actos relacionados con el
            servicio, ni con las funciones a ellos encomendadas. En efecto, la
            forma como aquellos fueron sacados (con escasas prendas
            menores y en horas de la madrugada) de sus casas y los disparos
            efectuados a corta distancia e intermedia en la nuca y en el cuello,
            no indican que los agentes de las Fuerzas Militares hubiesen
            iniciado la ejecución de una actividad propia de defensa de la
            soberanía,      integridad   del    territorio   nacional    y    del    orden
            constitucional, ni menos considerar que en el desarrollo de los
            resultados se excedieron o abusaron del ejercicio de autoridad
            incurriendo en las conductas punibles atribuidas.




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                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                  Los medios de convicción allegados al proceso, indican que
            las muertes de BÁEZ ORTEGA           Y   RODRÍGUEZ GÉLVEZ tuvieron
            ocurrencia en tiempos en un todo ajenos al cumplimiento de sus
            funciones como servidores del Ejército Nacional y para nada
            tuvieron relación con el servicio público, de lo cual se infiere que la
            investigación y juzgamiento de su comportamiento correspondía,
            como en efecto se hizo, a la jurisdicción ordinaria.


                 Por lo anterior, la censura no prospera.


                 2.- El cargo segundo formulado al amparo de la causal
            tercera de la ley 600 de 2000 no prospera por lo siguiente:


                 Es cierto que la Sala de Casación Penal de la Corte
            Suprema de Justicia, mediante decisión del 6 de agosto de 2002
            ordenó el cambio de radicación del proceso seguido contra JUAN
            BAUTISTA URIBE FIGUEROA y JULIO HERNANDO RÍOS del Distrito
            Judicial del Arauca al de Bogotá.


                 En esa medida, en vigencia del Decreto de conmoción No
            1837 de 2002 le correspondió por reparto conocer al Juzgado 48
            Penal del Circuito de Bogotá, despacho que asumió el
            conocimiento, pero de paso advirtió que el delito de secuestro
            simple era de competencia de los Jueces Penales del Circuito
            Especializados a donde remitió la actuación.




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                                                           JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                 Efectuado el reparto correspondió al Juzgado Sexto Penal
            del Circuito Especializado quien el 13 de septiembre de 2002
            mediante auto se declaró sin facultades para ello, pues de
            acuerdo con el artículo 2º del Decreto 2001 de septiembre 9 de
            ese año se trasladó el conocimiento de los procesos que venían
            conociendo a los Juzgados Penales del Circuito y Fiscales
            Delegados ante ellos, razón por la que se remitió al Juzgado 48
            Penal del Circuito de origen.


                 El Decreto en cita fue declarado inexequible a través de la
            sentencia C-327 de 2003 de la Corte Constitucional. Luego al
            entrar a regir la ley 733 de 2002 se estableció que las conductas
            punibles de secuestro y extorsión,         entre otras, eran de
            competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados,
            motivo por el cual se envió al Juzgado Sexto Penal del Circuito
            Especializado de Bogotá. Esta dependencia consideró que había
            quedado sin objeto el cambio de radicación, además advirtió que
            el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca se
            encontraba despachando en Bogotá, le envió el proceso, y fue
            éste despacho el que profirió el fallo de primera instancia.


                 En esa medida se observa que el Juzgado de referencia
            que profirió la sentencia de primer grado obró con respeto de los
            criterios de seguridad jurídica y que lo mismo hizo la segunda
            instancia, sin que se evidencie ninguna irregularidad constitutiva




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            de nulidad que deba declararse en cuanto a la debida
            competencia se refiere.


                 Por lo anterior, la censura así formulada no debe prosperar.


                 3.- En el cargo tercero (subsidiario) no tiene vocación de
            éxito pues el casacionista antes que ocuparse en demostrar
            cuáles     fueron     los   agregados         o   cercenamientos         fácticos
            efectuados a las actas de necropsias, lo que hizo fue plasmar
            desde su perspectiva valorativa críticas singulares a la presunta
            falta de idoneidad del médico rural, acusaciones que planteó en
            ligero discurso y al estilo de alegato de instancia.


                 Desde la perspectiva de la prevalencia del derecho
            sustancial no se observa que el Tribunal hubiese incurrido en
            distorsión ni tergiversación a lo plasmado por el galeno de Fortul
            (Arauca) LUIS ENRIQUE GÓMEZ.


                 Para el caso concreto lo que el ad quem hizo fue valorar las
            anotaciones médico científicas dadas por el citado profesional de
            la medicina, ejercicio que efectuó aplicando el principio de
            libertad probatoria3 y concluyó que los impactos recibidos por


            3
             Ley 600 de 2000.- Artículo 237.- Libertad Probatoria.- Los elementos constitutivos
            de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de
            agravación y atenuación punitiva, las que excluyan la responsabilidad, la naturaleza
            y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a



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                                                             JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            RAÚL BÁEZ ORTEGA Y WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ no se dieron en
            el desarrollo de un combate sino como resultado de una
            ejecución extrajudicial cuando aquellos se encontraban de
            rodillas o agachados, inferencia con la que excluyó cualquier
            eximente de responsabilidad penal de los aquí procesados. Al
            respecto dijo:


                     Estas especiales características que mostraban los
                     cuerpos de las víctimas, nos indican que fueron
                     golpeadas antes de recibir las heridas por arma de fuego
                     que determinaron las muertes, lo que concuerda, como
                     se verá más adelante con los relatos de las viudas en
                     cuanto a la forma violenta como fueron sustraídos BÁEZ Y
                     RODRÍGUEZ de sus moradas, además, recibieron la mayor
                     parte de las heridas de arma de fuego cuando se
                     hallaban en un plano inferior al de sus atacantes, pues la
                     trayectoria es superior-inferior, lo que indica que
                     probablemente estaban hincados en el piso o de rodillas
                     o agachados cuando recibieron los disparos, así mismo,
                     ambos recibieron un disparo a contacto en la nuca, que
                     es lo que se conoce como “disparo de gracia” y ha sido
                     utilizado para ejecutar a la víctima.

                     A diferencia de lo que opinan los integrantes de la
                     defensa, la Sala considera que las características
                     particulares que revestían las lesiones indicadas no se
                     obtienen en el fragor de un combate, ni cuando se
                     emprende la huida, ni siquiera en el duelo de película que
                     sugiere la Dra. DIANA YANETH ROJAS, pues lo descartan
                     varias circunstancias a saber: El disparo de gracia
                     efectuado a contacto en la nuca en ambas víctimas con
                     trayectoria de arriba hacia abajo, sólo es posible si el
                     victimario está ubicado en un plano superior y la víctima
                     se encuentra de rodillas o agachada, nunca corriendo o

            menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos
            fundamentales.



                                               38
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                                                                  Casación Fallo N° 25.682
                                                              JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                     huyendo. El impacto a nivel de la tetilla izquierda que dejó
                     tatuaje, sólo es posible si se realiza colocando la boca de
                     fuego en contacto con la piel, sin ejercer presión, pero no
                     si la persona va huyendo, Y menos aún los tres impactos
                     en serie en el área precordial, alineados oblicuamente y
                     separados por 2 centímetros uno del otro, que denotan
                     proximidad entre víctima y victimario e inmediatez en la
                     cadencia del disparo.

                     Entonces, por estas características la Sala debe afirmar
                     sin temor a equívocos que no estamos frente a unas
                     muertes ocasionadas en combate como insistentemente
                     lo han pregonado los procesados y sus defensores, sino
                     frente a ejecuciones realizadas en situación de
                     indefensión, tal como lo vislumbró el Tribunal Militar en su
                     momento y lo señaló la sentencia materia de
                     impugnación.


                 Por lo anterior, el cargo no prospera.


                 4.- El cargo cuarto (subsidiario) mediante el cual acusó a la
            sentencia de segundo grado de incurrir en error de hecho
            derivado de falso juicio de existencia “al no aceptar como válido
            y desatender el dictamen de balística”, no tiene vocación de
            éxito.


                 No se advierte que el Tribunal hubiese omitido valorar esa
            prueba técnica en los términos como lo enunció el casacionista.
            Por el contrario, lo que el ad quem hizo fue restarle valor,
            resaltando las inconsistencias del mismo, y los cuestionamientos
            que efectuó el impugnante resultan insignificantes, toda vez que




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                                                                 Casación Fallo N° 25.682
                                                             JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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            los esgrimió anteponiendo en forma ligera su particular visión
            con desarrollos propios de un alegato de instancia.


                  El Tribunal frente a ese medio de convicción dijo:


                     Pues bien, el perito en balística del Instituto de Medicina
                     Legal, extrañamente, dice al referirse al procedimiento
                     utilizado que analizó detalladamente el acervo probatorio,
                     verificó y confrontó con muestras y parámetros de
                     referencia y empleó instrumental de metrología, sin
                     embargo, hasta donde esta Sala tiene entendido dentro
                     del acervo probatorio no existían, ni existen muestras de
                     referencia que le hubiesen permitido al experto la
                     utilización del instrumental de metrología, de modo que
                     allí encontramos una afirmación que no corresponde a la
                     realidad procesal.

                     Concluye el perito que para establecer el calibre real del
                     proyectil causante de un trauma, se requiere que dicho
                     elemento sea recuperado del cuerpo de la víctima y que
                     exista relación causa-efecto entre éste y los órganos
                     afectados. En otras palabras, no se pudo establecer el
                     calibre utilizado para ocasionar las heridas que
                     determinaron los decesos, entonces, por éste aspecto
                     dicha experticia ninguna luz arroja al caso. Los
                     defensores alegaron que la imposibilidad de determinar el
                     calibre de las armas con las que se produjeron los
                     impactos a las víctimas, genera duda, sin embargo, esto
                     no es cierto, pues si está demostrado que no hubo
                     enfrentamiento armado entre Ejército y subversivos, la
                     determinación del calibre de las armas con las que se
                     produjo la muerte a BÁEZ Y RODRÍGUEZ sale sobrando.

                     En cuanto a la distancia desde la que se produjeron los
                     disparos, encuentra la Sala que las conclusiones a que
                     llega el perito “están supeditadas al resultado negativo
                     del estudio de las prendas de vestir que portaba la
                     víctima”, así lo dice textualmente la experticia, y si esas



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                                                                Casación Fallo N° 25.682
                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                     prendas fueron incineradas por el Ejército como se dejó
                     constancia en el acta de destrucción, pues obviamente
                     las conclusiones sobre el punto tampoco sirven de nada.

                     Entonces, para el caso, el dictamen médico legal del
                     doctor LUIS ENRIQUE GÓMEZ es válido y merece todo
                     crédito, porque, entre otras cosas, él tuvo ante sí los
                     cuerpos de las víctimas y, por consiguiente pudo apreciar
                     y describir las características de las lesiones que
                     presentaban, cosa que no ocurrió con el experto del
                     Instituto de Medicina Legal.


                 Por lo anterior, la censura no prospera.


                 5.- El cargo quinto mediante el cual el casacionista acusó a
            la sentencia de segundo grado de incurrir en error de hecho por
            falso juicio de identidad respecto del testimonio del Mayor
            GABRIEL HERNANDO PINILLA FRANCO, no tiene ninguna vocación
            de éxito, pues en manera alguna se advierte que el ad quem
            hubiese efectuado agregados o cercenamientos fácticos a esa
            declaración.


                 El Tribunal le restó credibilidad al considerar que no
            confirmaba en absoluto la posición de justificación asumida por
            los procesados. Al respecto dijo:


                     Finalmente está la declaración del Teniente Coronel
                     GABRIEL HERNANDO PINILLA FRANCO quien varios años
                     después de los hechos declara que no recuerda muy
                     bien de qué se trató la operación que cumplieron las
                     tropas a su mando. Asegura que el levantamiento de los




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                                                              JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                     cadáveres se realizó en el mismo sitio de los hechos y
                     que él estuvo presente en el lugar, cosa que sabemos no
                     es cierta (sic).

                     Aseguró el oficial que por su experiencia y por haber
                     estado en el sitio después de los hechos, podía afirmar
                     que allí se presentó un enfrentamiento porque en el sitio
                     había vegetación propicia para ocultarse, además,
                     porque en el sitio encontró los cuerpos sin vida de dos
                     personas con uniforme de policía, con armas,
                     municiones y otro material de campaña, sin embargo ni
                     la vegetación espesa, ni los cadáveres y los otros
                     elementos, conforme a las reglas de la experiencia, son
                     prueba de que en ese lugar ha habido un combate y que
                     esas personas han perdido la vida en ese lugar. En el
                     proceso existe evidencia técnica de mayor entidad que
                     permite establecer que esas personas no perdieron la
                     vida en combate, además los uniformes verdes que dice
                     el oficial portaban las víctimas al momento de su muerte
                     y con los que habría confirmado la tesis del combate,
                     extrañamente fueron incinerados por el oficial PINILLA
                     FRANCO, omitiendo su conservación como era su deber.

                     El hecho que dice el oficial PINILLA FRANCO sucedió dos o
                     tres días después de los acontecimientos que se juzgan,
                     según los cuales la guerrilla en retaliación dio muerte a
                     cuatro personas residentes en el fundo más cercano al
                     lugar de los acontecimientos no tiene confirmación en
                     este proceso, al contrario, los habitantes de la región
                     SERGIO AYALA y PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ lo descartan.
                     Además, en el hipotético evento de que las muertes a
                     que se refiere el oficial hubiesen ocurrido a manos de la
                     guerrilla, es perfectamente probable que hayan tenido
                     origen en retaliación por haber denunciado a BÁEZ y
                     RODRÍGUEZ como guerrilleros ante el Ejército, que
                     conforme se comentó en la región, fue la causa de las
                     muertes de éstos dos últimos, según lo declaran las
                     viudas y los vecinos que testificaron en la investigación.

                     Por las anteriores razones debe la Sala indicar que no
                     tiene credibilidad alguna el testimonio del oficial PINILLA



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                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                     FRANCO y, por consiguiente, no confirma en absoluto la
                     posición de justificación asumida por los procesados.


                 En esa medida, la censura no prospera.


                 6.- El sexto cargo (subsidiario) mediante el cual acusó que
            en el fallo impugnado se incurrió en error de hecho derivado de
            falso juicio de identidad el cual recayó sobre las actas de
            levantamiento de los cadáveres, de igual se proyecta en un todo
            insignificante, pues el casacionista antes que ocuparse en
            demostrar cuáles fueron los agregados fácticos que el Tribunal
            le hizo a esos documentos haciéndoles decir lo que los mismos
            no expresaban, o cuáles fueron los cercenamientos de que
            fueron objeto impidiéndoles dar a conocer lo que era de
            trascendencia en lo decidido, se dedicó fue a cuestionar en libre
            discurso y sin medida las valoraciones plasmadas en la
            sentencia. En ella se dijo:


                    De acuerdo al contenido de las actas de levantamiento de
                    los cadáveres No 004 y 005, las diligencias se llevaron a
                    cabo en área rural (rastrojo) en la finca del señor SERGIO
                    AYALA, vereda Tierra Seca, nótese que inclusive se
                    incluye la orientación y posición de los cadáveres, sin
                    embargo, al remitirnos a la declaración del Sargento
                    Segundo LUIS HUMBERTO ORTIZ URBANO, encontramos
                    que los levantamientos los realizó la Inspectora en las
                    instalaciones del Batallón de contra guerrillas No 24 en
                    Fortul.

                    El testigo SERGIO AYALA, propietario del predio El Triunfo
                    ubicado en la vereda Tierra Seca, donde aparecieron sin



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                                                                Casación Fallo N° 25.682
                                                            JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                    vida BÁEZ Y RODRÍGUEZ, da fe en cuanto a que allí no se
                    realizó ningún levantamiento de cadáveres, pues afirma
                    que el helicóptero llegó y rápidamente fueron
                    embarcados los cuerpos que previamente habían
                    introducido en unas carpas negras y se marcharon. Otro
                    tanto testifica el trabajador de aquel fundo OTONIEL ORTIZ
                    MORENO.

                    A folios 6 y 10 del primer cuaderno se incorporan las
                    actas de levantamiento de cadáver que la Inspectora de
                    Policía de Fortul, MARTHA LUCÍA BRICEÑO ALEMÁN, realizó
                    sobre el medio día del 16 de septiembre de 1995, según
                    éstos documentos ambos cadáveres vestían uniforme de
                    uso privativo de las FF.MM (Ponal). En el folio 8 del
                    mismo cuaderno hallamos un acta de entrega del material
                    de guerra e intendencia que la misma Inspectora de
                    Policía hace al Mayor GABRIEL HERNANDO PINILLA
                    FRANCO, Comandante del Batallón de Fortul, el 16 de
                    septiembre de 1995 a eso de la 1:20 de la tarde, según
                    ello, inmediatamente después de que se realizaron los
                    levantamientos atrás mencionados. En este documento
                    se relacionan armas: Un fusil Fall, una carabina 30 y una
                    pistola calibre 7.65 mm., no obstante, curiosamente, la
                    munición que supuestamente portaban BÁEZ Y
                    RODRÍGUEZ era calibre 9 milímetros, 3 proveedores para 9
                    milímetros, cartuchos 5.56 milímetros y para la pistola
                    calibre 7.62 no se relaciona ningún cartucho, además
                    figura que llevaban 762 eslabones para munición de
                    ametralladora, arma que tampoco aparece en el
                    inventario.

                    Pero, he aquí lo importante, éste documento tiene una
                    nota que reza: “Otros elementos que fueron incinerados
                    según acta que se adjunta”. ¿Qué significa esto? Pues
                    que una hora después de realizado el levantamiento de
                    los cadáveres probablemente en el mismo lugar, los
                    militares CS. MAESTRE GRANADOS LUIS, CT. SOLAQUE
                    CHITIVA PEDRO ELÍAS y el Mayor GABRIEL HERNANDO
                    PINILLA FRANCO, incineraron los siguientes elementos,
                    cinco bombas sombrero chino, nueve denotadotes
                    eléctricos, 20 metros de mecha lenta y cinco libras de



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 República de Colombia

                                                                   Casación Fallo N° 25.682
                                                               JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



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                    pólvora negra, además, dos equipos de campaña
                    hechizos, un uniforme verde, cinco reatas en mal estado
                    y una bandera rojo y negro del ELN.

                    Frente a ello surgen una serie de interrogantes sobre
                    aquél insólito comportamiento del Comandante y demás
                    miembros del Batallón de Fortul: 1.- ¿Porqué razón esos
                    militares, inmediatamente después de realizados los
                    levantamientos, quemaron algunos de los elementos que
                    supuestamente portaban los occisos entre ellos el
                    uniforme verde?, 2.- ¿Porqué sólo se relaciona un
                    uniforme verde, cuando según las actas de levantamiento
                    ambos cadáveres vestían prendas de la Policía
                    Nacional?, 3.- ¿Qué ocurrió con ese segundo uniforme?,
                    4.- ¿Qué se ocultó con la desaparición de aquel uniforme,
                    incineración de otro y los demás elementos?.

                    Los uniformes, si es verdad que BÁEZ Y RODRÍGUEZ los
                    vestían al momento del deceso, eran elementos de
                    capital importancia para demostrar la tesis del
                    enfrentamiento armado, pues en ellos debían haber
                    quedado los orificios de los proyectiles que impactaron
                    sus cuerpos, si es cierto que hubo combate, el Mayor
                    PINILLA FRANCO, el Suboficial de inteligencia y el Oficial
                    de seguridad que estuvieron presentes en el lugar sabían
                    de la importancia de conservar aquellos elementos,
                    recordemos que el perito de medicina legal echó de
                    menos las prendas de vestir para poder determinar la
                    distancia desde la cual se realizaron los disparos,
                    entonces, se insiste, porqué razón los militares no los
                    preservaron. ¿Qué se ocultaba con su destrucción?

                    De manera que esta manipulación de las evidencias y las
                    inconsistencias advertidas en las actas de levantamiento,
                    de entrega e incineración, así como en la orden de
                    operaciones y en el uniforme de patrullaje, restan
                    credibilidad a la versión de los militares, en particular a la
                    hipótesis del combate.




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                 7.- El cargo séptimo mediante el cual se acusó al ad quem
            de incurrir en error de hecho por falso juicio de identidad
            respecto del acta de entrega e incineración de elementos, no
            tiene ninguna posibilidad de éxito pues el casacionista antes que
            demostrar las tergiversaciones o distorsiones que enunció, se
            ocupó a la manera de alegato de instancia a responder en
            solitario los interrogantes que el Tribunal hizo acerca del por qué
            llevaron al fuego material que era de importancia para el
            esclarecimiento de los hechos, respuestas que al impugnante no
            le corresponde ofrecer, y para nada tienen repercusión en los
            aspectos sustanciales decididos en contra de los aquí
            procesados.


                 Obsérvese el monólogo impertinente del casacionista:
                     Con respecto a la pregunta número uno es costumbre en
                     el Ejército que después de un enfrentamiento con
                     guerrilleros se destruya el material incautado peligroso,
                     explosivos o elementos en mal estado, ya que
                     representa un peligro para la unidad militar, el almacenar
                     elementos tan peligrosos que muchas veces constituyen
                     trampas que pueden detonar durante su traslado o
                     almacenamiento por esa razón se ordenó la destrucción
                     en el Batallón de cinco bombas sombrero chino, nueve
                     detonadores eléctricos, 20 metros de mecha lenta y
                     cinco libras de pólvora negra, además, dos equipos de
                     campaña hechizos, un uniforme verde, cinco reatas en
                     mal estado y una bandera rojo y negro del ELN. Quiero
                     aclarar que el uniforme verde que se destruyó según el
                     acta en mención no era de los que portaban los occisos,
                     sino de los que llevaban en los equipos de campaña
                     hechizos, recordemos que en el acta de incineración se
                     relaciona este material, No tenía objeto almacenar



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                     material explosivo, peligroso e inservible en la unidad por
                     los motivos expuestos anteriormente.

                     En cuanto al segundo punto se relaciona un solo
                     uniforme de policía porque dentro de los equipos de
                     campaña hechizos que portaban los occisos no había
                     más que un uniforme. Es decir, los occisos tenían otros
                     dos uniformes que fueron los que se observaron en el
                     Batallón de Fortul por parte de la Inspectora de Policía y
                     luego en la morgue del cementerio por las viudas (…)

                     No puede endilgarle responsabilidad el a quo al Mayor
                     PINILLA FRANCO, al Suboficial de inteligencia y al oficial
                     de seguridad aduciendo que era de capital importancia
                     los uniformes para demostrar la tesis del enfrentamiento
                     armado (…)

                     La cadena de custodia y obligación de preservar éstos
                     elementos para ordenar los análisis pertinentes de los
                     uniformes era principalmente del funcionario judicial a
                     cargo de la instrucción y no de los militares, pues éstos
                     entregaron los occisos con los uniformes tal como lo
                     observó la Inspectora de Policía y las viudas en el
                     cementerio. Indudablemente también hubo un descuido
                     en los militares los principales interesados en que se
                     preservara la evidencia, que tal vez se debió a descuido
                     del Comandante.

                 Por lo anterior, la censura no prospera.


                 8.- El cargo octavo mediante el cual se acusó al Tribunal
            de incurrir en error de hecho por falso juicio de identidad que
            recayó sobre la Orden de Operaciones No 56 Tauro II, de igual
            no tiene ninguna vocación de éxito, pues el casacionista no se
            ocupó para nada en la demostración de los agregados o
            cercenamientos materiales enunciados sino que por el contrario,



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            se limitó a responder los interrogantes e inconsistencias puestas
            de presente por el ad quem y a dar explicaciones en un todo
            impertinentes y sin la más mínima trascendencia en lo decidido.


                 El Tribunal consideró una vez más que para el caso no
            hubo combate, y referido a la Orden de Operaciones, dijo:


                     Ahora si nos remitimos a la Orden de operaciones No 56
                     y el informe de patrullaje, se advertirá que el grupo
                     especial del Batallón de contraguerrilla al mando del SS.
                     Juan Bautista Uribe Figueroa, inició la infiltración en la
                     vereda Tierra Seca a partir de las 24:00 horas del día 16
                     de septiembre de 1995, es decir, muchas horas después
                     de que se produjera la muerte de Raúl Báez y William
                     Rodríguez que, como se sabe ocurrió aproximadamente
                     a las 6:30 de la mañana del día 16 de septiembre,
                     recordemos que el levantamiento de los cadáveres
                     conforme a las actas respectivas se realizó a las 12:05 y
                     12:20 del 16 de septiembre de 1995, de manera que al
                     confrontar las fechas y horas de dichos documentos,
                     encontramos que las operaciones que supuestamente
                     dieron lugar al enfrentamiento donde resultaron muertos
                     Báez y Rodríguez se desarrollaron después de los
                     decesos de éstos, lo que resulta perfectamente
                     contradictorio.

                     Pero hay más, si se revisa en detalle el informe de
                     patrullaje visto a folio 87, encontramos que esa actividad
                     se inició a las 24:00 horas del 16 de septiembre y terminó
                     a las 20:00 horas del 17 de septiembre como reza
                     textualmente el documento, además de acuerdo a lo
                     relatado allí el Comando del Batallón recibió información
                     a las 20:00 horas (8 de la noche del 16 de septiembre),
                     sobre la presencia de 6 u 8 bandoleros en la vereda
                     Tierra Seca, finca de Sergio Ayala, razón por la cual
                     emitió la orden de operaciones No 55 Tauro, donde se




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                     dispone que el SS. Uribe Figueroa Juan con la sección de
                     contraguerrillas   “Escorpión”      se    infiltre    hasta
                     inmediaciones del lugar, a la vez se le ordena al ST.
                     Rafael Camargo Joya, con la C/G Cobra que vaya en
                     apoyo dos horas después. Se afirma que el primer grupo
                     salió a las 24:00 horas, obviamente del día 16 de
                     septiembre, es decir 4 horas después de haber recibido el
                     informe sobre la presencia de bandoleros en la zona. A
                     las 3:30 horas se ubicaron en inmediaciones del lugar,
                     conforme a la secuencia anotada la última referencia
                     corresponde al día 17 de septiembre y, luego a las 6:30,
                     obviamente del 17 de septiembre, es que se afirma se
                     observaron los subversivos y tuvieron el contacto
                     armado. Pero, si las muertes de BÁEZ Y RODRÍGUEZ y el
                     levantamiento de los cadáveres son sucesos que tuvieron
                     ocurrencia antes de la una de la tarde del 16 de
                     septiembre de 1995, ¿cómo es posible que hubiese
                     sucedido todo lo que afirma el informe de patrullaje?

                     Estas inconsistencias unidas a las conclusiones que se
                     desprenden del análisis de las necropsias nos permiten
                     reafirmar que en éste caso no hubo combate alguno, y
                     que, el escenario del crimen, así como las evidencias,
                     fueron manipuladas por miembros del Batallón de Fortul,
                     para hacer ver que BÁEZ Y RODRÍGUEZ se enfrentaron a
                     miembros del Ejército Nacional y murieron en el cruce de
                     disparos.


                 Por lo anterior, el cargo no prospera.


                 Demanda a favor de JUAN BAUTISTA URIBE FIGUEROA.-


                 1.- El cargo único formulado al amparo de la causal
            primera de la ley 600 de 2000 mediante el cual el defensor de
            URIBE FIGUEROA acusó a la sentencia de segundo grado de
            incurrir en error de hecho, derivado de falso juicio de existencia



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            porque se dejó de valorar los testimonios de RAFAEL RICARDO
            CAMARGO JOYA, FERNEY PIEDRAHITA LOAIZA, ARTURO HERNÁNDEZ y
            EDGAR MAURICIO ORREGO ARANGO, de quienes transcribió unos
            párrafos en los que aludieron a la existencia de un combate, está
            llamado a la no prosperidad, por lo siguiente:


                 No es cierto que los testimonios en cita hubiesen sido
            omitidos en los fallos de instancia. Para el evento olvidó el
            casacionista que la sentencia de primero y segundo grado
            constituyen un solo cuerpo en unidad inescindible, y que en
            aquélla fueron apreciados, sin que los mismos unidos a los de
            LEONARDO BUESAQUILLO MAVISOY, LUIS HUMBERTO ORTIZ BURBANO,
            JESÚS ALBEIRO VILLADA GIRALDO y GABRIEL HERNANDO PINILLA
            FRANCO sean incidentes en la demostración de la apenas
            enunciada legítima defensa, eximente de responsabilidad penal
            que el impugnante mencionó de manera por demás escasa sin
            detenerse en su estructura ni elementos que la soportan.


                 De otra parte, debe tenerse en cuenta que la impugnación así
            formulada no puede elevarse de manera solitaria como en efecto
            se hizo en la demanda, sino que además, corresponde relacionarla
            con los otros medios de convicción para el caso sí tenidos en
            cuenta, incluidos los juicios de inferencia realizados, evidenciando
            en vía de la concreción que con la prueba excluida al haberse
            integrado, la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos




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            diferentes, como podrían ser los de exclusión de la adecuación
            típica, de las formas de participación (modalidades autoría o de
            participación), ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones
            de culpabilidad atribuidas, etc., aspectos que harán parte de las
            indebidas aplicaciones de la ley sustancial de que se trate y
            además identificar las faltas de aplicación de normativas llamadas
            en forma legal y constitucional a regular el caso, aspectos de los
            cuales no se ocupó para nada el demandante.


                 Desde la perspectiva de la prevalencia del derecho sustancial,
            debe decirse que la existencia y materialidad de un combate como
            el que en ésta actuación se ha pretendido hacer aparecer en el
            papel, no se agota ni evidencia en absoluto en las referencias
            testimoniales, las que incluso pueden llegar a ser plurales y
            multiplicadas, sin importar la jerarquía de los declarantes.


                 Para el evento objeto de examen constitucional y legal, no se
            necesita de mayores esfuerzos discursivos, para arribar a la
            conclusión acertada a la que llegaron los jueces de instancia en
            sentido dado de que RAÚL BÁEZ ORTEGA           Y   WILLIAM RODRÍGUEZ
            GÉLVEZ murieron como resultado de un ajusticiamiento extra
            judicial más no en el desarrollo de una confrontación con el Ejército
            Nacional.




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                 2. No deja de ser una ingenuidad defensiva plantear como
            aquí se ha hecho, que el resultado muerte de aquellos está
            amparado bajo la eximente de responsabilidad de la legítima
            defensa, cuando las huellas de los impactos, algunos con tatuaje y
            anillo de contusión, revelan que recibieron disparos en la nuca, en
            el cuello y en la tetilla a escasa distancia, en trayectorias de arriba
            abajo, lo cual es indicativo que se encontraban en posición de
            agachados o de rodillas, circunstancias objetivas incontrastables
            que excluyen la confrontación en el campo de batalla y la apenas
            enunciada legítima defensa.


                 Los cuestionamientos que el censor dedicó a los testimonios
            de MARINA ARIAS ORTEGA y ANA LUCÍA MUÑOZ, esposas de RAÚL
            BÁEZ ORTEGA y WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ respectivamente, como
            los esgrimidos en contra de los declarantes indirectos OTONIEL
            ORTIZ MORENO    Y   PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ MORENO, no dejan de ser
            unas críticas sueltas y coloquiales que obedecen a una apreciación
            singular del demandante, pero para nada se adecúa a lo que se
            conoce como menoscabo a las máximas de experiencia ni a leyes
            de la lógica.


                 La Corte respecto de aquellas ha dicho:


                    En dicho sentido puede afirmarse que aquellas se
                    constituyen en prácticas colectivas que hacen parte de un
                    imaginario cultural (pueblos indígenas o afro descendientes)
                    bastante amplio de cuyos contenidos en eventos se ocupan



                                               52
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                                                                       JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                        de manera concreta los estudios de la antropología y la
                        sociología a las que se acude para que profieran singulares
                        dictámenes a ser evaluados judicialmente, es decir, se trata
                        de comportamientos que no pueden reducirse a reflexiones,
                        suposiciones, anécdotas sueltas, episodios ni sucesos
                        singulares que puedan ser dados en libre arbitrio por el
                        juzgador, ni por ocurrencia de las partes acerca de una forma
                        de acontecer de fenómenos que en últimas sus desenlaces
                        son esporádicos, plurales u ocasionales.

                        En dicha proyección, las máximas de experiencia pueden ser
                        tenidas como el resultado de prácticas colectivas sociales
                        que por lo consuetudinarias se repiten dadas las mismas
                        causas y condiciones y producen más o menos con
                        regularidad los mismos efectos y resultados, al punto que
                        comienzan a tener visos de validez para otros, y a partir de
                        ellas se pueden explicar de una manera lógica y causal
                        acontecimientos o formas de actuar que en principio tengan
                        la apariencia de extrañas o delictuosas.

                        Dentro del universo de las máximas de experiencia se
                        incluyen también, las que “sólo son conocidas en círculos
                        reducidos gracias a conocimientos técnicos específicos en
                        cuanto a principios de un arte o ciencia”4, de donde se
                        traduce que por la circunstancia de tratarse de unos órdenes
                        de saber altamente especializados, el juez recurre a la
                        prueba pericial para que sean evaluadas en el caso concreto
                        de que se trate y a partir de los dictámenes proceder a
                        efectuar las inferencias que correspondan.

                        Aquellas pues, resultan instrumentales y aplicativas como
                        “premisas mayores” con referencia a unos hechos objeto de
                        valoración, y a partir de ellas se pueden construir hipótesis de
                        responsabilidad penal o de exclusión de la misma.

                        Debe hacerse claridad que las máximas de experiencia
                        entendidas así, no expresan ni reflejan algo en concreto. Por
                        el contrario, por tratarse de generalidades, su función está


            4
                FREIDIRICH STEIN, El conocimiento privado del juez, pág. 27



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                      dada en ser útiles en la aclaración o explicación del por qué
                      de un determinado comportamiento.

                  3. Y respondiendo puntualmente a los otros planteamientos
            del recurrente, la Corte dice que no es posible tenerlos como
            conducta generalizada y con ribetes de postulado de sana crítica,
            pues ello equivaldría a considerar que las patrullas del Ejército tan
            sólo recorren las montañas de Colombia en número no inferior a
            veinte y que nunca portan armas cortas, ni se llaman entre ellos
            soldados, o que las personas campesinas y humildes no tienen el
            conocimiento ni la capacidad de discernir qué clase de vestimenta
            utiliza el Ejército, frases todas sueltas y formuladas a manera de
            abanico, que para nada destruyen, infirman ni hacen invisible la
            realidad incontrastable en sentido de que RAÚL BÁEZ ORTEGA                             Y

            WILLIAM RODRÍGUEZ GÉLVEZ fueron sacados de manera ilícita de
            sus casas a horas de la madrugada y posteriormente aparecieron
            muertos en un operativo militar en el que concurren los elementos
            que caracterizan los denominados “falsos positivos”:


                 No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos
                 fueran de hecho, guerrilleros… Las pruebas que muestran a las
                 víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o
                 calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño,
                 o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres
                 con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún
                 más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en
                 combate5.

            5
             PHILIP ALSTON, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias,
            Declaración Misión a Colombina, 8-18 de junio -2009. “La fuerza pública también ha
            cometido violaciones contra defensores de derechos humanos o ha mostrado complacencia




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                   Existen      eventos      de     comportamientos           realizados      por
            servidores oficiales, los que en principio aparecen a la luz pública
            efectuados bajo el aparente mando de la legalidad o como
            resultado de presuntas acciones legítimas en defensa de la patria,
            la democracia y sus instituciones6. En sus inicios, al tratarse de
            hechos singulares se los valora como casos aislados resultado de
            voluntades individuales y la responsabilidad penal se orienta y
            recae en ejecutores de menor o residual grado, pero dada su
            secuencia devienen en casos plurales de características similares.


                   En los denominados “falsos positivos” los protagonistas de
            la conducta punible presentan ante los medios de comunicación y
            la opinión pública para efectos de la estadística y la aparente
            lucha contra la delincuencia común u organizada, los cuerpos
            abatidos en combate de dos o tres o más presuntos terroristas o
            subversivos, aportan a la actuación penal los testimonios de
            quienes supuestamente tuvieron intervención principal o accesoria
            en la confrontación, elaboran actas de operación e incautación de
            materiales, armas, municiones, explosivos, variedad de logística
            aprehendida en el escenario, elementos que luego incineran o
            desaparecen para ocultar evidencias en contra de los coautores.

            con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores”.
            MARGARET SEKAGGYA, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los
            Defensores de derechos Humanos, Declaración al término de su visita a Colombia, 7-18 de
            septiembre-2009.
            6
              CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia 2 de septiembre de 2009,
            Radicado 29.221.




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                  En esos eventos bajo el argumento y pretexto de que se
            trata de operaciones que se dan en zonas rurales con vegetación
            espesa, sectores boscosos, lugares montañosos de difícil acceso,
            los actores no permiten el acceso de funcionarios de la Fiscalía ni
            del Cuerpo Técnico de Investigaciones, y las lesiones contusas
            que revelan los cuerpos de los presuntamente abatidos en el
            combate, se las justifica sin mayores detalles como el resultado
            del arrastre que tuvieron que hacer de los mismos por suelos
            escarpados, tapizados de piedras y chamizos desde el sitio donde
            fueron abatidos hasta el lugar donde luego son transportados en
            helicóptero para su evacuación.


                  En igual sentido, las huellas de los impactos recibidos,
            aparecen con orificios de entrada, algunos con tatuaje y anillos de
            contusión que al ser descritos y evaluados aparecen realizados a
            contacto y distancias intermedias, esto es, en trayectorias reales
            que de manera objetiva no eran dable haberse producido en el
            desarrollo de la confrontación bélica, sino como producto de
            ejecuciones extrajudiciales, tal como aquí ocurrió, verdaderos
            “falsos positivos” en los que reclamar la existencia de la legítima
            defensa no deja de ser ingenuo sino además temerario.


                  La preocupación más preponderante es la incidencia de los
                  llamados ‘falsos positivos’… Un “reclutador” engaña a la
                  víctima… al poco tiempo de llegar, miembros del ejército
                  matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos



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                  para que parezca que la persona fue dada de baja
                  legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se
                  hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de
                  guerrillero con un arma o granada en la mano… La expresión
                  ‘falsos positivos’ brinda una suerte de aura técnica para
                  describir la práctica que se caracterizaría mejor como el
                  asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes,
                  con fines de beneficio… He entrevistado a testigos y a
                  supervivientes que describieron matanzas muy similares en
                  los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca,
                  Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander,
                  Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad
                  importante de unidades militares estaban involucradas en
                  ello… Las cantidades mismas de casos, su repartición
                  geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas,
                  indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera
                  más o menos sistemática, por una cantidad significativa de
                  elementos dentro del ejército7.


                  Estas razones llevan a desatender el planteamiento del
            casacionista y, además, -como él lo planteó (f. 14)- a compulsar
            por la Secretaría de la Corte copias para que la Fiscalía General
            de la Nación investigue la posible conducta ilícita del Comandante
            del Batallón de Contraguerrilla No. 24 “Héroes de Pisba”, Mayor
            GABRIEL HERNANDO PINILLA FRANCO, y de quienes participaron en
            este operativo militar.


                  Casación Oficiosa.-


                  Se     comparte     con   el   Ministerio Público        que     en lo
            correspondiente a la pena accesoria de interdicción de derechos y

            7
              PHILIP ALSTON, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones
            Arbitrarias, Declaración…, ob. cit.



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                                                           JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



            funciones públicas se debió aplicar lo dispuesto en el artículo 44
            del Decreto Ley 100 de 1980, que la regulaba en un tope que no
            podía exceder de diez (10) años, de lo cual se infiere que la
            impuesta de (20) veinte años, debe modificarse, razón por la que
            se casará de manera parcial la sentencia impugnada.


                  A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
            de Casación Penal, administrando justicia, en nombre de la
            República y por autoridad de la ley:




                                       RESUELVE:


                 1.- Desestimar las demandas de casación presentadas por
            los defensores de los procesados JULIO HERNANDO RÍOS            Y   JUAN
            BAUTISTA URIBE FIGUEROA.


                 2.- Casar de manera parcial la sentencia impugnada en el
            sentido de imponer a JULIO HERNANDO RÍOS          Y   JUAN BAUTISTA
            URIBE FIGUEROA una pena accesoria de interdicción de derechos
            y funciones públicas de diez (10) años.


                   3.- Declarar que en todo lo demás rige el fallo recurrido. Y,




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                                                           JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia



                   4. Compulsar por la Secretaría de la Corte copias para que
            la Fiscalía General de la Nación investigue la posible conducta
            ilícita del Comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 24
            “Héroes de Pisba”, Mayor GABRIEL HERNANDO PINILLA FRANCO, y de
            quienes participaron en este operativo militar.


                 Contra esta providencia no procede ningún recurso.


                 Cópiese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen.
            Cúmplase.




                                JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA




            JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ          SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ




            ALFREDO GÓMEZ QUINTERO    MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS




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                                                              JULIO HERNANDO RÍOS Y OTRO.



Corte Suprema de Justicia




            AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN            JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS




            YESID RAMÍREZ BASTIDAS                         JAVIER ZAPATA ORTIZ




                                       TERESA RUIZ NÚÑEZ
                                          Secretaria




                                               60

				
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