CAMBIO DE SUJETO EN EL IVA by 60e8i5O5

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									                                   CAMBIO DE SUJETO EN EL IVA.

                                         Por Gabriel González Palma.

                                                  Abogado.



           Sabemos quiénes son los sujetos, tanto activo como pasivo, de la relación jurídica impositiva,

específicamente en materia del Impuesto a las Ventas y Servicios. Pero en éste tipo de carga impositiva, se

puede agregar que como ha dicho el profesor José A. Gómez Acuña en su obra “Impuesto a las Ventas y

Servicios”: “en algunas ocasiones, ya sea por la propia ley o bien por la facultad que se le confiere al

Director Nacional en el artículo 3 del mencionado texto legal, aquel sujeto pasivo de la obligación tributaria

puede cambiar, en el adquirente o beneficiario del servicio”.



        Para complementar la idea citada en el párrafo anterior, es imposible dejar de citar el


artículo 3 del DL Nº 825 (haga clic para ver).



        En los dos primeros incisos del artículo 3 del D.L. Nº 825, se indica quiénes son los contribuyentes

en materia de Impuesto a las Ventas y Servicios, es decir, se establece la regla general del sujeto pasivo,

puesto que son aquellas personas naturales o jurídicas que ejecutan las operaciones descritas en dicho inciso u

otro tipo de operación que, de acuerdo a la ley, se grave con dicho impuesto. Es más, continuando con el

artículo citado, se establece que los comuneros y los socios de hecho, son solidariamente responsables de las

obligaciones establecidas por ley. Es decir, es la misma ley quien establece este tipo de obligación donde

cada codeudor solidario al ser exigido de pago por el acreedor, está obligado a extinguir totalmente la deuda y

es el mismo Código Civil chileno quien establece en el artículo 1511 en su inciso segundo el origen de este

tipo de obligación, al estipular: “Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a

cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es

solidaria o insólidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la

establece la ley” Entonces, en materia del Impuesto a las Ventas y Servicios, es la propia ley la que se

encarga de imponer este tipo especial de obligación entre quienes formen parte de una comunidad o en una

sociedad de hecho para cumplir con dicha carga impositiva.
         Ahora bien, es el propio DL Nº 825 , en el citado artículo 3, el que dispone que a través de la propia


ley o de normas que imparta la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, no sean los ya

mencionados sujetos pasivos de la obligación tributaria, sino aquellos adquirentes de la cosa o cosas vendidas

o el beneficiario del servicio, y que, en definitiva, sean éstos quienes deban soportar este deber impositivo. A

lo que hace mención y lo que quiere explicar este artículo, es que la ya referida Dirección tiene la facultad de

imputar una parte del impuesto o su totalidad al sujeto que no es el naturalmente obligado para realizar esta

función y esto, se da principalmente en relación a personas o contribuyentes de difícil fiscalización, por lo

que la tarea de declarar el impuesto le corresponde a aquel contribuyente que según ley es más fácil de

fiscalizar y, por lo tanto, lo que persigue el legislador con este cambio del sujeto obligado es evitar la evasión

tributaria, pues de otra forma a éstos sujetos de difícil fiscalización les sería demasiado simple evadir su

responsabilidad de pagar los impuestos y, por ende, en este ámbito lo que resulta más lógico y viable para

mantener un control eficaz en el pago de los tributos, es que aquél que esté realizando una compra o el que

está recibiendo la ejecución de un servicio, sea quien entere la carga impositiva, por que se entiende que, por

sus características, el control sobre él ejercido será notablemente más eficaz y, de esa forma, se evitará el

incumplimiento de éstas obligaciones tributarias.


         El contribuyente que esté realizando el pago del impuesto y no lo pueda recuperar conforme a lo

establecido por la ley, se encuentra facultado por ésta para trasladar el pago a otro tipo de impuesto que

adeude en el mismo período tributario. Es decir, aquél individuo que es el obligado al pago del tributo puede

efectuar la imputación de la suma que corresponda, a cualquier otro tipo de impuesto que deba cancelar en

igual período, por lo que debe entenderse que la hipótesis planteada en la ley, se refiere a aquellos sujetos que

deben soportar más de una carga tributaria o pagar más de un tipo de impuesto.

         Continuando con el análisis del artículo 3 del D.L Nº 825, se faculta conforme a lo que dispone el

citado texto legal, que el contribuyente cuando no puede recuperar su crédito fiscal, puede otorgarle el

carácter de pago provisional mensual establecido en la Ley de Renta. Es preciso señalar, como lo indica el

profesor José Luís Zavala en su Manual de Derecho Tributario que “los Impuestos a la renta del DL Nº 824

tienen el carácter de anuales, es claro que el Estado necesita durante el año calendario del respectivo

ejercicio los recursos que provienen de los impuestos.
         Por otra parte, para el contribuyente es más ventajoso ir amortizando el pago del tributo durante el

ejercicio y al determinar el impuesto a pagar en su declaración anual imputar dichas cantidades corregidas

monetariamente y ya ingresadas en arcas fiscales.

         Por lo anterior, la Ley de Impuesto a la Renta crea la figura de los pagos provisionales mensuales”.

         De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior, se debe entender entonces que el legislador ha

establecido los pagos provisionales mensuales como una forma de facilitar que el contribuyente cumpla con

su obligación tributaria, cuál es, la de pagar impuestos, pero amortizando dicho pago en los plazos señalados

como ejercicios tributarios y no de manera anual, que es la forma que determina el propio legislador para éste

tipo de tributo. También, el citado artículo 3 del D.L Nº 825, faculta al beneficiario para que pida la

restitución del crédito fiscal que no haya podido recuperar y sólo por éste monto, al Servicio de Tesorerías.

Este Servicio, en el plazo de treinta días desde que fue presentada la solicitud debe enterarle al contribuyente

el pago de dicha suma, entendiendo eso sí, que la solicitud antes señalada debe efectuarse en el período

siguiente a aquél en que se efectuó la retención por el beneficiario

         Otro facultad de la que dispone la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, conforme

a la disposición que se analiza en éste capítulo, consiste en que aquellas obligaciones que corresponden a los

sujetos señalados como contribuyentes en materia del Impuesto a las Ventas y Servicios se trasladen a otros

individuos que determine o establezca la Dirección Nacional, pero con la carga tributaria de tener sobre sí las

obligaciones de los contribuyentes ya mencionados, cuando se efectúen operaciones gravadas con este tipo de

impuesto y en que intervengan terceros que sean contribuyentes de difícil fiscalización, es decir, aquellos

individuos a los que resulta muy complejo perseguir para el pago de su obligación tributaria, y de ésta manera

el Estado especifica que quien realice una operación con esta clase de sujetos, deba retener y pagar el

impuesto que corresponda por la operación, sea ésta de venta o se trate de la prestación de un servicio o de

alguna otra actividad que la misma ley equipare a ellas.

         En los párrafos anteriores, se ha establecido cuándo el Director Nacional del Servicio de Impuestos

Internos tiene la prerrogativa de cambiar el sujeto del impuesto en materia del IVA, pero no se puede dejar de

mencionar que, además es la propia ley quien dispone el cambio de sujeto en el artículo 11 letras b) y e) del

DL Nº 825 . El citado artículo preceptúa: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán

considerados sujetos del impuesto:
         b) El comprador o adquirente, cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en Chile, o se

trate de la operación descrita en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8°;


         e) El beneficiario del servicio, si la persona que efectúa la prestación residiere en el extranjero, y...”



         El citado artículo no hace distinción entre los conceptos de residencia y domicilio, como en


materia de Derecho Civil, pero para ello tomaremos la definición que hace don Aníbal Cornejo


indicando que por residencia debemos entender como:“El lugar donde habitualmente vive un


individuo” en cambio el domicilio si se encuentra definido en el Código Civil chileno, precisamente


en el artículo 59, el que dispone: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o


presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Divídese en político y civil.”



         Sin perjuicio de la distinción efectuada, el artículo 11 letra b) del D.L Nº 825, al sólo mencionar

residencia no hace una exclusión de términos sino que se refiere a ambos y a la situación de que se

considerarán sujetos de impuesto el comprador o adquirente, cuando de quien adquiera dicha mercadería se

encuentre residiendo o domiciliado en el extranjero, es decir, nuevamente nuestra legislación se adelanta, en

el sentido de evitar que los contribuyentes evadan sus cargas tributarias. En la misma letra se expresa que se

considerará sujeto de impuesto a quien realice la actividad preceptuada en el artículo 8 letra a) que designa:

“El impuesto de este Título afecta a las ventas y servicios. Para estos efectos serán consideradas también

como ventas y servicios, según corresponda:


         a) Las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales.


         Asimismo se considerará venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al

amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o

parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general.
          Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose


de un contrato afecto al impuesto que grava la operación establecida en el inciso anterior, sin que


se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el


instrumento respectivo. A su vez, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su


Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los Vehículos señalados, si no


constare, en el Título respectivo el hecho de haberse pagado el impuesto”


          En el artículo recién citado, el legislador efectúa una descripción de una actividad que


conforme a la misma ley se equiparará a venta o servicio; en este caso específico se trata de


vehículos que han sido importados y en virtud del cual, nuevamente hablamos de cambio del


sujeto de impuesto.


          Para un mejor entendimiento de este numeral, definiremos el concepto de importación, que nos

brinda el Diccionario Básico de la Lengua Española, entendiéndose por tal: “El comprar cosas a un país

extranjero. Antónimo: Exportación”. También puede ser conceptualizarse como “El ingreso legal al país de

mercaderías extranjeras para su uso y consumo”, definición dada por el profesor Zavala en su obra antes

citada.

          Nuestro legislador señala en el inciso segundo del artículo 8 letra a), que se considera como venta la

primera enajenación de los automóviles traídos a nuestro país bajo el amparo de las partidas del Capítulo 0

del Arancel Aduanero y, por ello están beneficiados con la exoneración de los derechos e impuestos, sea de

forma total o parcial, que les afectarían si dicha operación fuere efectuada en otro lugar del país que no pueda

acogerse a las mencionadas partidas arancelarias. Por su parte, a los Notarios en su papel de ministros de la

fe pública, el legislador les establece la prohibición de autorizar la documentación establecida para la

celebración de los contratos establecidos en el artículo mencionado, cuando quienes requieran de su

certificación no les demuestren el pago del arancel, puesto que deben cumplir con dicha obligación tributaria.
Al mismo tiempo, debe inscribirse el vehículo en el Registro de Vehículos motorizados, pero al igual que los

notarios, en el Servicio de Registro Civil e Identificación no efectuarán la inscripción antes referida, sin que

constare el pago del impuesto en el título respectivo que, a su vez, es el mismo que debió haber autorizado

previamente el notario.

         Ahora bien, de acuerdo a lo investigado, se puede estimar que en materia del Impuesto a las Ventas y

Servicios, es la ley quien determina los casos en que se cambia el sujeto del IVA, como al mismo tiempo, es

una facultad otorgada a la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, que es el organismo

máximo de dicho servicio, y que imparte circulares donde se fija bajo qué actividades, qué sujetos y cómo se

produce el cambio de sujeto en materia del Impuesto a las Ventas y Servicios.

								
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