SALA DE LO FISCAL by 98410r3G

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                      SALA DE LO FISCAL


I


Resolución Nº 82-2002


Juicio de impugnación que siguió Jorge Rodrigo Aguilar
Moscoso contra el Director General del Servicio de Rentas
Internas.


                            SÍNTESIS:
La Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, al
resolver el recurso interpuesto contra la sentencia que
declaró     legalmente      expedidas      las   resoluciones      del
trámite administrativo con el cual se multó al actor por
la falta administrativa señalada, esto es, no presentar
libros    de   ingresos   y    egresos     con   sus   respectivos
asientos contables por los años fiscales señalados, la
Sala consideró, que en las resoluciones impugnadas
consta el requerimiento de información al administrado,
quien    manifiesta    no     tener   el   referido    registro,       la
contravención       que       se   ha      sancionado      es,         en
consecuencia, la contemplada en el numeral 3 del Art.
96 del Código Tributario en concordancia con el art. 386
numeral 1 del propio Código, referente a la obligación
de exhibir libros y documentos relacionados con los
hechos generadores de la obligación tributaria. De esta
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manera, la Sala ratifica el criterio del Tribunal ad quem,
reformando su fallo en cuanto claramente expresa que
no se puede mandar a pagar intereses sobre las multas
impuestas. En fallo de minoría, la Sala desecha el
recurso de hecho y además el de casación por cuanto,
éste último ha sido erróneamente fundamentado, y el
carácter técnico del recurso permite a la Sala moverse
únicamente dentro de los parámetros que le fija el
recurrente en el escrito contentivo de su recurso.


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL.


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 3. Cuenca, 16 de
mayo del 2002. Las 08h40.
VISTOS: EL señor Jorge Rodrigo Aguilar Moscoso, con RUC Nº
0102133877001, por sus propios derechos, demanda al señor
Director (E) del Servicio de Rentas Internas del Austro, M.B.A.
Iván Arízaga, e impugna las Resoluciones Nº 683 y 634
dictadas por dicha autoridad con fecha 19 de septiembre del
año 2001, solicitando que el tribunal, en sentencia, las deje
sin   efecto   "por   cuanto    han    sido    dictadas       con
prescindencia    de   normas    legales    y   sin   seguir       el
procedimiento que se señala en el Código Tributario en
su Art. 434 y siguientes, además porque se aplica una
Ley sancionatoria (Sic), con efecto retroactivo y por
último, porque en el supuesto de existir base jurídica
para una contravención, no se consideró la importancia
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del negocio, ni la gravedad de la falta, ni las atenuantes
existentes    y   que        la    propia   Autoridad     Tributaria
manifiesta en las Resoluciones, puesto que sin más
trámite ni proceso administrativo se aplica la multa más
alta, lo que no es técnico ni jurídico". En los argumentos
de hecho y de derecho en los que fundamenta su pretensión,
manifiesta que las Resoluciones que impugna, "establecen
multas de 40 Unidades de Valor Constante y de 200
unidades     de   valor constante, respectivamente, por
supuestas contravenciones que se dice he cometido en
los ejercicios económicos de 1998 y 1999, esto es, por
no haber presentado un "libro" de Ingresos y gastos de
mis actividades comerciales que las realizó en pequeña
escala".   Asunto      que    la   Autoridad   opina   que   es   una
"contravención", sobre lo que el actor indica: "Sin embargo,
el Art. 386 del Código Tributario es absolutamente claro
al señalar aquellos casos que son tipificados como
contravención y en ninguno de sus numerales, se
establece como infracción, el no llevar un registro de
ingresos y egresos, peor aún cuando ni siquiera me
encuentro obligado a llevar contabilidad puesto que mis
ingresos anuales son inferiores a los que señala la Ley
de Régimen Tributario Interno en su Art. 20". Más
adelante señala: Sin embargo si aceptamos que el no
tener el tantas veces referido libro de ingreso y de
egresos,     implica     una       conducta    que     origina    una
contravención, la forma de juzgar la misma y de
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imponer la sanción que ello amerite, se tiene que
realizar siguiendo el procedimiento que con claridad
señala el Código Tributario en sus artículos 434 y
siguientes, so pena de la nulidad de la multa impuesta,
que es lo que específicamente en este caso se ha dado y
que es lo que concretamente alego…". "En el caso que
nos ocupa, es preciso indicar que nunca se me notificó
para iniciar el juzgamiento y por lo tanto se ha
enervado el derecho a la defensa, hecho que por sí solo
acarrea la nulidad de los juzgamientos, de conformidad
con lo que dispone la Constitución Política en su Art. 24.
En   el   presente   caso   únicamente     he   recibido:       la
Resolución con las multas establecidas en cada período
pero en ellas se han violado normas de procedimiento y
formalidades legales que debieron por imperativo legal, ser
observadas por la Autoridad responsable". Sostiene que para
las multas establecidas la autoridad toma como fundamento
"La Ley 99-24 publicada en el Registro Oficial Nro. 181
del 30 de abril del año 1999" de donde, "podemos claramente
deducir lo equivocado e infundado de las Resoluciones, pues
se basan en una Ley a la que pretende dar un efecto
retroactivo, pese a que nuestra Constitución Política es
demasiado clara en este sentido cuando dispone en su Art.
257 que NO SE DICTARAN LEYES TRIBUTARIAS CON EFECTO
RETROACTIVO EN PERJUICIO DE LOS CONTRIBUYENTES…",
disposición que obedece a un principio Universal del Derecho";
más adelante, el actor manifiesta. "…debemos anotar otro
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considerando que demuestra la PRECIPITACIÓN, para llamarlo
de alguna manera, con que se ha procedido en el presente
caso. Nos referimos a lo que en Código Tributario en su Art.
387 consagra, cuando se refiere a que efectivamente una
contravención puede sancionarse, con una multa de 20 a 40 y
de 100 a 200 Unidades de Valor Constante, multas que si se
hubiere respetado el procedimiento legal, se deben imponer
"SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN Y LA CUANTÍA DE
LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS. LA SANCIÓN EN NINGÚN CASO
PODRÁ SER SUPERIOR AL CIENTO POR CIENTO DE TALES
TRIBUTOS". En mi caso particular no se ha dado ningún tipo
de análisis, pues sin procedimiento previo, sin considerar
atenuantes sin un debido proceso, sin permitir defenderme, se
aplica la multa más alta, sin explicar o determinar agravantes,
o razones justificadas para este proceder…". Se refiere
también a la Resolución Nº 0117 del Servicio de Rentas
Internas, publicada en el Registro Oficial Nº 54 de fecha 10 de
abril del 2000, que no ha sido observada en su caso. Indica
que la Unidades de valor Constante en que se establecen, las
multas que impugna, en un sistema que no existe. Finalmente
de modo subsidiario, solicitó "se dejen sin efecto las
multas por cuanto estas se refieren a un deber formal,
supuestamente incumplido, relacionado con la falta de
presentación de LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS, que
no consta establecida como obligación, según nuestro
ordenamiento      jurídico".   Señala   la   cuantía,   confiere
autorización suficiente a su abogado defensor y señala
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domicilio para notificaciones. La demanda se la admite a
trámite con providencia del día 23 de octubre del 2001 y la
citación que en ella se ordena, se cumple el 13 de noviembre,
según la razón que sienta el señor Secretario Relator, en la
persona del Director Regional del Servicio de Rentas del
Austro, quien, con oficio Nº 243-DL-SRI-2001, designa al Dr.
Felipe Coello Cordero para que intervenga como procurador en
este juicio. En la contestación a la demanda que presenta
dicho profesional se indica. Que, "Las Resoluciones Nos
653 y 654, ambas de fecha 19 de septiembre del 2001;
que son impugnadas en este proceso, se dictaron por el
incumplimiento         del       accionante     de    uno   de     los
denominados deberes formales establecidos en el Art.
96 del Código Tributario el que claramente en su
numeral       1   literal   c)   dispone:     "llevar los libros y
registros contables relacionada con la correspondiente
actividad económica, en idioma castellano; anotar, en
moneda nacional, sus operaciones o transacciones y
conservar tales libros y registros, mientras la obligación
tributaria no esté prescrita". Este registro de ingresos y
egresos no es exclusivamente el listado que menciona el
accionante es un detalle que debe contar con el debido
soporte, con los documentos que acrediten las transacciones
que allí se registran, no es lo uno o lo otro, como afirma el
accionante, es el registro con los comprobantes que lo
justifican.   Indica   además      que   "En    el   presente    caso,
mientras se efectuaban revisiones respecto de las
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declaraciones presentadas por los contribuyentes y la
información     constante    en       la   base     de   datos,         se
detectaron diferencias, solicitando a los contribuyentes,
que previa revisión de sus libros de ingresos y egresos,
sus debidos soportes y las declaraciones efectuadas,
realicen, de ser el caso, las correcciones pertinentes en
sus declaraciones, llegando a conocer que, en muchos
casos como este, no se había mantenido el libro de
registro de ingreso y egresos". Añade que "…para
comprobar si efectivamente el contribuyente no había
cumplido    con   esta   obligación        legal,   se   solicitó       al
contribuyente      mediante           el    requerimiento               de
información Nº 2001-SRI-A-AT-0209, notificado el 16
de agosto del 2001, la presentación de sus libros de
ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios
fiscales 1996, 1997, 1998 y 1999". Indica que en
respuesta a éste requerimiento el propio contribuyente indica:
"debo manifestar a usted que la información solicitada
no la dispongo…". Que con estos antecedentes, la sanción
se produjo por lo dispuesto en el Art. 435 del Código
Tributario, que lo transcribe, diciendo luego, que "entonces,
en aplicación de lo dispuesto en el Art. 24 numeral 1 de
la Constitución Política de la República, se procedió a
juzgar el comportamiento del accionante y aplicando el
trámite establecido previamente en el Código Tributario
se   comprobó      con      la    afirmación         expresa        del
contribuyente,    que    éste    no    mantenía      registros          de
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ingresos y egresos por los años de 1998 y 1999,
constituyendo      este   incumplimiento          contravención,
según lo dispuesto en el Art. 389 del Código Tributario,
la que según lo ordenado en el art. 46 de la Ley 51
(Reformado por el literal. a) del Art. 49 de la Ley 99-24,
R.O. 181-S, 30-IV-99), debe ser sancionada con una
multa de hasta cuarenta Unidades de Valor Constante
hasta el año de 1998 y hasta doscientas Unidades de
Valor Constante (200 UVC) desde el año 1999 y que, por
efecto de lo dispuesto en el último inciso del art. 12 de
la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, la
unidad   de   valor   constante      tiene   un    valor   fijo   e
invariable de dos como seis dos ocho nueve dólares de
los Estados Unidos de América (USD, 2,6289). Sanción
vigente a la fecha de la comisión de la infracción".
Manifiesta además que "en consecuencia las resoluciones
impugnadas cumplen a cabalidad lo dispuesto en el art.
23 numerales 26 y 27, que tratan sobe la seguridad
jurídica y el derecho al debido proceso, así como por la
naturaleza del trámite con lo dispuesto en el art. 24
numeral 1 de la Constitución Política de la República,
sin que de ninguna forma se le haya privado del derecho
a la defensa". Termina solicitando que se deseche la
demanda y que se ratifique la validez de las resoluciones,
formulando    en    síntesis   las    siguientes    excepciones:
"Improcedencia de la demanda presentada. negativa
pura y simple de los fundamentos de la acción", y señala
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domicilio     para   notificaciones.    Se      admite   a   trámite       la
contestación a la demanda, con providencia del día 10 de
diciembre del 2001. Por petición del demandado, se abre la
causa a prueba con providencia del 4 de marzo del 2002. En
esta fase procesal las partes actúan a su favor las pruebas que
creen convenir a sus intereses. Por petición del demandado;
se declara concluida la etapa procesal, así como se ordena que
pasen los autos a la Sala para que sean resueltos. En este
estado,     las   partes   presentan    sus     informes     en   derecho
argumentando en pro de su respectiva tesis y oponiéndose a
la de su oponente. Siendo este el estado de la causa, el
Tribunal Distrital de los Fiscal Nº 3, con sede en Cuenca, para
resolverla,       hace     las    siguientes.     CONSIDERACIONES:
PRIMERO: Que es competente para conocer y resolver el
asunto que se ha puesto en su conocimiento, en razón de la
acción de impugnación 6ª prevista en el art. 234 del Código
Tributario. SEGUNDO: Que el proceso es válido porque se lo
ha tramitado de conformidad con la Ley, sin omisiones que
pudieran afectarlo. TERCERO: Que la personería de las partes
se encuentra justificada y que se ha notificado al señor
Delgado Distrital de la Procuraduría General de Estado.
CUARTO: El Art. 96 del Código Tributario; en su numeral 1º,
literal   c),     dice:    "Son     deberes       formales        de   los
contribuyentes o responsables: 1º. Cuando lo exijan las
Leyes, Ordenanzas, Reglamentos o las Disposiciones de
la respectiva Autoridad de la Administración Tributaria:
d) Llevar los libros y registros contables relacionados
                                                                          10


con la correspondiente actividad económica, en idioma
castellano;        anotar,       en         moneda          nacional,      sus
operaciones o transacciones y conservar tales libros y
registros, mientras la obligación tributaria no esté
prescrita"; (el subrayado es de la Sala). Este "deber formal"
de llevar libros y registros, establecido de manera general
para    los    contribuyentes        o    responsables,      se    concreta     y
restringe en el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, cuando en el inciso 2º dice:                       "Las personas
naturales que realicen actividades empresariales y que
operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a
los    previstos      en   el   inciso          anterior,    así   como    los
profesionales,         comisionistas,                artesanos,      agentes,
representantes             demás            trabajadores           autónomos
deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para
determinar su renta imponible". Esta "cuenta de ingresos
y gastos", indudablemente, es un "registro" o un documento
que puede estar en un "libro", en un cuaderno, o en una
carpeta, o en cualquier otra forma de constancia, pero es
necesario que tal "registro" o documento se lo lleve, en
castellano y con anotaciones en moneda nacional, "mientras
la obligación tributaria no esté prescrita", es decir, cinco
o siete años, dependiendo de los casos previstos en el Art. 54
del Código Tributario. El actor, tanto en el escrito de demanda
como en su informe en derecho, se empeña en argumentar
que    el     LIBRO    que      se       pide   en    el   Requerimiento       de
Información, no es exigible porque no consta en ninguna
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disposición legal bajo esa denominación, a pesar de que en las
Resoluciones que impugna no se habla de tal libro, sino de los
"registros    de     ingresos       y    egresos",     empeño      que,
simplemente, no es admisible, porque se entiende que "la
cuenta de ingresos y egresos", que establece el Art. 20 de
la Ley de Régimen Tributario Interno, para que sea llevada por
el contribuyente, es simplemente un registro o anotación que
debe constar y que el contribuyente debe llevar, por escrito,
en cualquier objeto útil para el efecto, llámase libro, cuaderno,
libreta, cartilla, o lo que sea. Las disposiciones que se ha
transcrito, tanto la del Código Tributario como la de la Ley de
Régimen Tributario Interno, que establecen la obligación de
llevar estos registros, están relacionadas con lo que se indica
en el art. 386 numeral 1º del Código Tributario, que dice:
"Son   contravenciones,         entre       otros    casos   que        no
constituye    otro      tipo   de       infracción   tributaria,    los
siguientes: 1 El incumplimiento de cualquiera de los
deberes formales que se determinan en los Arts. 96, 98
y 100 de este Código, así como los que respecto de cada
tributo establezca la Ley".               Las Resoluciones   que        se
impugnan, en sus considerandos Cuarto y Séptimo, se refieren
al citado Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el
386 del Código Tributario y encasillan dentro de estas
disposiciones, el incumplimiento del actor en cuanto al hecho
de no disponer de los documento que se piden con el
requerimiento      de   Información       Nº   2001-SRI-A-AT-0209,
notificado con fecha 14 de agosto del 2001, porque él mismo,
                                                                       12


manifiesta no tenerlos, cuando, como manda la Ley, debió
conservarlos: "mientras la obligación tributaria no esté
prescrita". El mismo Art. 96 del Código Tributario, en su
numeral       3º,   señala:    "Son   deberes      formales    de       los
contribuyentes         o      responsables.   3.    Exhibir        a    los
funcionarios respectivos, las declaraciones, informes,
libros    y    documentos         relacionados     con   los   hechos
generadores de obligaciones tributarias y formular las
aclaraciones que les fueren solicitadas". Con lo dicho se
demuestra que el actor, como contribuyente, incumplió un
deber formal establecido en la Ley y que es incumplimiento es
una contravención. QUINTO: Alega el actor que la forma de
juzgar la contravención que se le imputa, se debió "realizar
siguiendo el procedimiento que con claridad señala el Código
Tributario en sus Artículos 434 y siguientes, so pena de
nulidad de la multa impuesta…" y que en su caso, "nunca se
me notificó para iniciar el Juzgamiento y por lo tanto se ha
enervado el derecho a la defensa, hecho que por sí solo
acarrea la nulidad de los juzgamientos, de conformidad con lo
que dispone la Constitución Política en su Art. 24". Ante lo
cual la autoridad demanda, por intermedio de su Procurador,
responde       lo    siguiente:     "En   contestación         a       este
requerimiento, el contribuyente presenta un escrito el
27 de agosto del 2001, y en él manifiesta textualmente:
"debo manifestar a usted que la información solicitada
no la dispongo…". Con estas consideraciones y en virtud de
lo dispuesto en el Art. 435 del Código Tributario que fuere
                                                              13


sustituido por el Art. 33 de la Ley 99-41, publicada en el
Registro Oficial 321-S, de 18-XI-99 dispone. "Siempre que el
funcionario    competente       para       imponer     sanciones
descubriere la comisión de una contravención o falta
reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas por
denuncia o en cualquier otra forma, tomará las medidas,
que fueren del caso para su comprobación y sin
necesidad de más trámite, dictará resolución en la que
impondrá la sanción que corresponda a la contravención
o   falta   reglamentaria      comprobada",       entonces,        en
aplicación de lo dispuesto en el Art. 21 numeral 1 de la
Constitución Política de la República, se procedió a juzgar el
comportamiento    del   accionante,    y   aplicando   el   trámite
establecido previamente en el Código Tributario, se comprobó,
con la afirmación expresa del contribuyente, que éste no
mantenía registros de ingresos y egresos por los años 1998 y
1999,   constituyendo   este   incumplimiento     contravención;
según lo dispuesto en el Art. 389 del Código Tributario, la que
según lo ordenado en el Art. 46 de la Ley 51 (Reformada por
el literal 2) del Art. 49 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-IV-
99), debe ser sancionada con una multa de hasta cuarenta
Unidades de Valor Constante hasta el año de 1998 y hasta
doscientas unidades de Valor Constante (200 UVC's) desde el
año 1999; y que por efectos de lo dispuesto en el último inciso
del Art. 12 de la Ley para la Transformación Económica del
Ecuador, la unidad de valor constante tiene un valor fijo e
invariable de dos coma seis dos ocho nueve dólares de los
                                                              14


Estados Unidos de América (USD 2,6289). Sanción vigente a
la fecha de la comisión de la infracción. "En consecuencia
las resoluciones impugnadas cumplen a cabalidad lo
dispuesto en el art. 23 numerales 26 y 27, que tratan
sobe la seguridad jurídica y el derecho al debido
proceso, así como por la naturaleza del trámite con lo
dispuesto en el Art. 24 numeral 1 de la Constitución
Política de la República, sin que de ninguna forma se le
haya privado del derecho a la defensa". La transcripción
de la norma del Código Tributario es suficiente para entender
la razón de la Autoridad para haber dictado las Resoluciones
que se impugnan, las cuales se apoyan en el REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN Nº 2001-SRI-A-AT-0209 de fecha 14                   de
agosto de 2001 y en la propia respuesta que a ese
Requerimiento da el actor, con lo que se prueba que el
contribuyente, no había cumplido con el deber formal al que
estaba   obligado.     Con     este   hecho     comprobado,        el
"funcionario competente" ejerce la facultad que le otorga
el Art. 435 citado, "sin más trámite", y al hacerlo, emplea la
norma que el mismo actor, en su demanda, dice que debió
aplicarse, esto es "siguiendo el procedimiento que con
claridad señala el Código Tributario en sus artículos 434
y   siguientes,   so    pena     de   nulidad    de   la   multa
impuesta…". Pues la autoridad aplica el Art. 435, que es el
"siguiente" al 434. SEXTO: Sostiene también el actor que la
Autoridad Tributaria, al aplicar a éste caso "la Ley 99-24
publicada en el Registro Oficial Nº 181, del 30 de Abril
                                                                 15


del   año     1999,     podemos         claramente    deducir         lo
equivocado e infundado de las Resoluciones, pues se
basan en una Ley a la que se pretende dar un efecto
retroactivo…", opinión que no es compartida por la Sala
porque la contravención que se está sancionando con las
Resoluciones que se impugnan, se refiere al hecho de que el
contribuyente no presentó al momento de ser requerido los
registros de ingresos y egresos correspondientes a los año
1998 y 1999, que son documento que por mandado expreso
del Art. 96 del Código Tributario, muy anterior a la Ley 99-24,
debía llevar y conservar "mientras la obligación tributaria
no esté prescrita"         y es obvio que a la fecha en la que la
Autoridad    Tributaria      requiere   la   información,   no        ha
transcurrido aún el tiempo previsto en la Ley para la
prescripción y, por lo mismo, los documentos debían ser
conservados    por    el    contribuyente.   SÉPTIMO:       Sostiene
también el actor que para la aplicación del máximo de las
multas, ha existido: "PRECIPITACIÓN, para llamarlo de
alguna manera… Nos referimos a lo que el Código
Tributario    en   su      Art.   387   consagra…",    para   luego
transcribir, con mayúsculas y subrayando la parte final de
dicha disposición, pero olvidándose que el artículo 387 que
destaca, fue derogado por el Art. 32 de la Ley 99-41, R.O.
321-S, del 18 de noviembre de 1999. El descontento que el
actor manifiesta por habérsele impuesto la máxima multa y no
la mínima, implica en el fondo un reconocimiento de su
contravención. La Sala respeta el criterio discrecional que en
                                                           16


este punto tiene la Autoridad Tributaria para haber sancionado
la infracción imponiendo las multas, como lo ha hecho.
OCTAVO: Por las razones expuestas en los considerandos
anteriores, el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en
Cuenca, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", no acepta la
demanda presentada por el señor JORGE RODRIGO AGUILAR
MOSCOSO en contra del señor Director Regional del Servicio
de Rentas Internas del Austro y en consecuencia declara la
validez jurídica de las Resoluciones Nº 653 y 654, dictadas por
el M.B.A. Iván Arízaga Robalino, el día 19 de septiembre del
año 2001, con las que se imponen sanciones al actor, cuyos
valores deberán ser pagados con más los intereses de Ley. Sin
costas ni honorarios que regular. Hágase saber.
f) Drs. Teodoro Pozo Illingworth.- Bolívar Andrade
Ormaza.- Rodrigo Patiño Ledesma.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL. Quito, 16 de junio del 2003. Las 11h35.
VISTOS: Jorge Rodrigo Aguilar Moscoso el 27 de mayo del
2002 interpone recurso de casación en contra de la sentencia
de 16 de los propios mes y año expedida por la Sala Única del
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con sede en la ciudad de
Cuenca, dentro del juicio de impugnación 142-01 propuesto
en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas
                                                                         17


del Austro. Negado el recurso, el actor interpuso el de hecho
el cual fue aceptado mediante auto ejecutoriado de 7 de
octubre del 2002, habiéndose de este modo dado curso a la
casación.          La   Administración        no      ha     producido        la
correspondiente contestación y pedidos los autos para resolver
se considera: PRIMERO: Esta Sala es competente para
conocer el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de
Casación. SEGUNDO: El actor fundamenta el recurso en las
causales 1ª, 2ª y 4ª del Art. 3 de la Ley de Casación y alega
que al expedirse el fallo impugnado se han infringido las
siguientes normas: de la Constitución Política, los artículos 18
numeral 3, 23 numerales 26 y 27, del Art. 24, numerales 1, 3
y 7; del Código Tributario, los artículos 13, 70, 132, 337, 340,
345, 350, 366 y 387; y, del Código de Procedimiento Penal el
Art. 395. Sustenta que la Autoridad Tributaria le sancionó por
no tener registro de ingresos y egresos por los ejercicios 1998
y 1999, en tanto que en la sentencia se alude al hecho de que
no he presentado los registros de ingresos y egresos; que con
el criterio de la sentencia se ha obstado a que se aplique la
prescripción alegada; que se le ha impuesto el máximo de la
multa        sin    considerar     que   no        existen   circunstancias
agravantes; que el trámite administrativo no se le permitió
presentar          pruebas   de   descargo     habiéndose       ocasionado
nulidad; que sostener que las multas puede ser impuestas sin
necesidad de trámite como se señala en la sentencia viola las
disposiciones constitucionales que determina en el recurso;
que     no     pude     depender    de   la    discrecionalidad     de        la
                                                                   18


Administración el imponer el máximo de la multa prevista;
que no cabe pagar las multas con intereses; que a la norma
que modificó el Art. 387 del Código Tributario se le ha dado
efecto retroactivo; y, que no se ha considerado la prescripción
alegada. TERCERO: En las Resoluciones impugnadas fojas 2 a
5 de los autos, consta que ante el requerimiento de
información el contribuyente manifiesta no tener registro de
ingresos y egresos. La contravención que se ha sancionado es,
en consecuencia, la contemplada en el numeral 3 del Art. 96
del Código Tributario en concordancia con el art. 386 numeral
1 del propio Código, referente a la obligación de exhibir libros
y documentos relacionados con los hechos generadores de
obligación    tributaria,   la   cual    se     configuró     cuando    el
contribuyente no presentó los mencionados registros que
debía conservarlos en su poder durante el lapso que se
requiere para que prescriba la obligación tributaria. (Ver fecha
de requerimiento, 16 de agosto del 2001, fojas 23 de los
autos). Este hecho se produjo con posterioridad a la vigencia
de las leyes 99-24 (Suplemento del R.O. 181 de 30 de abril de
1999) y 99-41 (Suplemento del R. O. 321 de 18 de noviembre
de   1999),    las   cuales,     por    ello,   no   fueron    aplicadas
retroactivamente. En lo que respecta a la prescripción de la
sanción por la contravención, cabe señalar, que por similares
razones a las indicadas respecto de la alegada retroactividad,
ésta no llegó a operar. Por lo demás, no consta que se hayan
violado las disposiciones constitucionales señaladas por el
actor, quien ha ejercitado su derecho de defensa, ni ha
                                                             19


ocurrido nulidad alguna. No es pertinente disponer el pago de
intereses sobre multas. En mérito de las consideraciones
expuestas, la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema,
ADMINISTRANDO          JUSTICIA      EN    NOMBRE       DE        LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
sentencia expedida por la Sala Única del Tribunal Distrital de
lo Fiscal Nº 3 de 16 de mayo del 2002 exclusivamente en
cuanto en ella se dispone el pago de intereses, debiéndose en
lo demás estarse a lo resuelto en dicho fallo. Notifíquese,
publíquese, devuélvase.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- José Vicente
Troya Jaramillo.- Hernán Quevedo Terán (V.S.)


VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR
HERNÁN QUEVEDO TERÁN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL. Quito, 16 de junio del 2003. Las 11h35.
VISTOS: El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la
ciudad de Cuenca, el 16 de mayo del 2002 dicta sentencia
dentro de la acción incoada por Jorge Rodrigo Aguilar Moscoso
en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas
del Austro, no aceptando la demanda propuesta, frente a ello,
el accionante presenta recurso de casación, el mismo que no
es calificado por el Tribunal Juzgador, lo cual origina el ingreso
del recurso de hecho, conforme consta a fojas 58 del primer
cuerpo. Debido a ello, el expediente sube a conocimiento de
                                                          20


esta Sala de lo Fiscal de la Corle Suprema de Justicia, donde
luego de su estudio se lo admite a trámite en auto de 7 de
octubre del 2002, lo que ha originado que se lo sustancie
conforme a derecho y que se expida la providencia de autos
en relación, razones en virtud de las cuales es pertinente
emitir el pronunciamiento, a cuyo efecto se considera:
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver
el presente recurso de casación, en virtud de lo que dispone el
artículo 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO: En el escrito de
interposición del escrito de casación se establecen como
normas violadas las de la Constitución Política del Estado, del
Código Tributario y del Código de Procedimiento Penal y en la
parte pertinente a las causales, se dice, textualmente: "las
causales en que fundamento mi recurso están consagradas en
el Art. 3, numeral 1, 2 y 4 de la Ley de Casación, es decir que
se ha dado una indebida aplicación a la ley en la sentencia y
además se han interpretado erróneamente normas de derecho
que han sido determinantes en la parte dispositiva. En este
sentido las normas legales infringidas en la sentencia tienen
relación con la aplicación de normas legales, falta de
aplicación, errónea interpretación y finalmente, resolución de
puntos que no han sido materia de la litis, por lo que este
recurso se encuentra debidamente sustentado". TERCERO: A
continuación, hay un cuarto punto en el mismo escrito que se
refiere a los antecedentes y luego un quinto punto que lleva el
título "Fundamentos de hecho y de derecho", donde no se
especifica, en concreto, cuáles son las falencias respecto de
                                                                   21


las normas legales invocadas en la sentencia recurrida,
teniendo en consideración que las dos primeras causales del
artículo 3 de la Ley de Casación contemplan cada una, tres
posibilidades que no son en absoluto sinónimos; y, la cuarta
causal contempla dos posibilidades. CUARTO: El recurso de
casación, en su calidad de especial y extraordinario, tiende a
la implementación de la legalidad de lo judicial, detectando
errores en el procedimiento o en la aplicación del derecho
dentro de la pieza judicial recurrida, sin que sea dable, de
manera alguna, al juzgador actuar de oficio o corregir
cualquier falencia constante en el escrito de interposición,
puesto que el análisis es escueto frente a las alegaciones del
recurrente. QUINTO: En la especie, en adición a lo expuesto,
es   decir,   la   falta   de   fundamentación     respecto    a   cada
parámetro de las causales invocadas, se detecta que existe
invocación    de    tres   causales   generales,    las   cuales    son
incompatibles entre sí, toda vez que al valerse de la primera y
cuarta causal del artículo 3 de la ya citada Ley de Casación, se
estaría solicitando el que, aceptándose el recurso, se expida
un nuevo fallo; mas, al tratarse de la segunda causal, se
estaría pidiendo se declare la nulidad del proceso a partir de
una foja determinada y se devuelva al Tribunal Distrital para
que los conjueces asuman la competencia, sustancien en
única instancia la impugnación y expidan el                   fallo que
corresponda. SEXTO: Lo dicho es          verdad en aplicación del
texto del artículo 14 de la Ley de Casación, que dice:
"Sentencia.- Si la Corte Suprema de Justicia encuentra
                                                             22


procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se
trate y expedirá el que en su lugar correspondiere y con el
mérito de los hechos establecidos en la sentencia o auto.
Cuando se trate de casación por la causal segunda del artículo
3, la Corte Suprema anulará el fallo y remitirá dentro de un
término de cinco días el proceso al Juez u órgano judicial al
cual tocaría conocerlo en caso de recusación de quien
pronunció la providencia casado, a fin de que conozca la causa
desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo
con   arreglo   a   derecho".   Por   las   razones   expuestas,
ADMINISTRANDO          JUSTICIA       EN    NOMBRE      DE        LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el
recurso de hecho y por tanto el de casación que han sido
planteados. Notifíquese. Devuélvase. Publíquese.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- José Vicente
Troya Jaramillo.- Hernán Quevedo Terán.




II


Resolución Nº 104-2002


Juicio de impugnación que siguió Guido Gualberto Saltos
Representante Legal de Icaro contra el Gerente Distrital de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana.


                          SÍNTESIS:
                                                                    23


La presente acción se concreta al pago indebido alegado
por   la   Empresa     actora,    en    el    procedimiento              de
reexportación de un helicóptero, por cuanto, el reclamo
a la liquidación de la entidad aduanera fue impugnado
por ellos. Denegada la demanda en primera instancia,
en lo atinente al pago indebido, la Sala de lo Fiscal para
resolver el recurso estimó dos cuestiones, la una
referente a si se produjo o no el silencio administrativo
positivo, y dos, referente a la legalidad de la liquidación
de la reexportación satisfecha por la actora. Respecto
del primer punto, se advierte que transcurrieron en
exceso los 30 días previstos en el Art. 77 de la Ley
Orgánica de Aduanas, cuyos incisos tercero y cuarto
dicen a la letra: “La falta de resolución dentro del plazo
previsto en el inciso primero de este artículo causará la
aceptación tácita del reclamo. La aceptación tácita del
reclamo excluye el deber del Gerente Distrital de dictar
resolución expresa. La aceptación tácita tendrá el
carácter   de   acto   firme     que    ha    causado       estado.”,
disposición que difiere, pero prevalece sobre la de
menor jerarquía del Art. 127 del Código Tributario, que
señala que en caso de haber operado el silencio
administrativo, esto no excluye la obligación de la
Administración para dictar la resolución. Respecto al
segundo     punto      al   haber       operado       el     silencio
administrativo       positivo,     se        aceptó        tácita         y
favorablemente que no se cobre los valores de la
                                                               24


liquidación impugnados, mas por cuanto tuvo que
pagarlos     para     que     se    le   permita    realizar        la
reexportación de la aeronave, autorizada ya por la
Administración por el silencio administrativo, estos
valores    por   lo   tanto   son   un   pago   excesivo    cuya
ilegitimidad se encontraba ya resuelta. Por lo dicho se
ordenó la devolución de los valores pagados más los
intereses de ley.


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL.


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1. SEGUNDA SALA.
Quito, 16 de octubre de 2002; las 8:55.
VISTOS:     El   Capitán    Guido   Gualberto   Saltos   Martínez,
Presidente y Representante Legal de la Compañía "ICARO
S.A.", según se desprende la copia certificada e inscrita del
respectivo nombramiento que corre de fojas 11 del proceso, el
7 de septiembre de 2000, comparece ante el Tribunal Distrital
de lo Fiscal Nº 1 y presenta demanda contencioso tributaria de
impugnación en contra del Gerente Distrital en Quito de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana, en base a las siguientes
consideraciones: Que la empresa "ICARO S.A.", con DUI, de
Importación Temporal con reexportación en el mismo estado,
Nº 028-98-20-009658-7, de 25 de febrero de 1998, ha
introducido al país un helicóptero "Puma F.BXOY", con
accesorios, referencia S.A. 330. J., serial Nº 1358, con un
valor total CIF de S/. 1.423’879.911.69 (sucres). Indica que la
                                                          25


importación se ha realizado para la prestación de servicios en
favor de la empresa "Arco Oriente Petroecuador" para la
exploración y explotación petrolera en el bloque Nº 10 de la
Región Amazónica del país. Que, con oficio Nº CAE-SR-EST-
1237, de 26 de julio de 1999, dirigido por el Subgerente
Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana a su
Gerencia, autoriza la reexportación de los bienes indicados,
conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del art. 73 de la Ley
Orgánica de Aduanas, previo el pago de la parte proporcional
de   los   impuestos   aduaneros   o   derechos   arancelarios,
aplicando la tarifa y tipo de cambio vigente a la fecha de
presentación de la declaración de reexportación. Que, al
presentar la declaración de reexportación Nº 99-60-0279934-
3, de 11 de agosto de 1999, correspondiente al helicóptero y a
sus accesorios, el sistema informático, en forma errónea, en la
parte "C", a más de los derechos arancelarios liquida el pago
de S/. 73’436.229 por Derecho de Salvaguardia; S/.7’334.623
por FONDIFA y S/.208’886.392 por ICE, lo que totaliza la
suma de S/. 289’567.244, que le obliga a un pago que es
claramente ilegal e improcedente. Que la empresa de su
representación, por n o estar de acuerdo con la liquidación de
los derechos de salvaguardia, FODINFA e ICE, ha presentado
la impugnación respectiva ante el Gerente Distrital de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana en Quito, autoridad que ha
negado el reclamo mediante Resolución innumerada dictada el
21 de julio del 2000 y notificada el 27 de los mismos mes y
año, esto es, fuera del plazo que la Ley le concede para
                                                                26


hacerlo.     Que    la   Resolución      indicada,   para   negar    la
impugnación, se funda en los informes, del Jefe de Regímenes
Especiales y del Supervisor de Nacionalización; que, en el
primero de esos informes se argumenta que la liquidación es
correcta, porque la liquidación no es la reexportación de las
mercaderías, sino al porcentaje de amortización que, por su
naturaleza, se nacionalizó y que por lo tanto, la liquidación de
tributos realizada a la Partida 8802.12.00 es correcta de
conformidad con lo estipulado a la nota editorial numeral 1 del
Capítulo 88 del Arancel, en donde se cita, como base legal, a
los artículos 71, 72 y 78 de la Ley de Régimen Tributario
Interno para el caso del ICE, y a las tarifas de arancel y de
salvaguardia;      que   cuando     el   producto    reexportado     ha
generado una base deducible por depreciación el Código es el
60 del casillero 3 del DUI con código liberatorio casillero 76.
Indica que en el informe del Supervisor de Nacionalización, se
argumenta que, la Ley Nº 92, publicada en el Registro Oficial
Nº 934 de 12 de mayo de 1998 que crea el Fondo de
Desarrollo de la Infancia en su Art. 1, tiene relación con los
bienes importados. Que respecto a la Salvaguardia, se dice
que se ha creado por la emergencia de la caja fiscal, como
una medida transitoria adicional a los niveles de los derechos
Ad-Valoren 0% del Arancel de Importaciones. Que el ICE es
producto de una Ley Reformatoria a la Ley de Régimen
Tributario    Interno,   cuya     aplicación   recae   sobre   bienes
importados y nacionales, tal como se determina en el
Suplemento del Registro Oficial Nº 120 de 31 de julio de 1997,
                                                          27


que reforma el Art. 78 de dicha Ley; y que, por lo expuesto,
ese Departamento se ratifica en la liquidación de los tributos
al comercio exterior en la parte proporcional de los impuestos
aduaneros sobre la base imponible en el porcentaje de
depreciación, según la Ley de Régimen Tributario Interno. Que
impugna la validez de la Resolución de 21 de julio del 2000
que, en forma extemporánea, niega la impugnación a la
liquidación de los tributos del IECE, Fondinfa y Derechos de
Salvaguardia en la Declaración de Reexportación del DUI Nº
99-60-027934-3 de 11 de agosto de 1999, al tiempo que
propone la devolución de los valores pagados por tales
tributos. Indica que el Art. 9 de la Ley Orgánica de Aduanas al
definir los tributos al comercio exterior establece que ellos
son: los derechos arancelarios fijados en los respectivos
aranceles; los impuestos establecidos por leyes especiales y
las tasas por servicios aduaneros; señala que, de acuerdo con
lo mencionado, son impuestos especiales, el ICE creado por la
Ley de Régimen Tributario Interno, el FONDINFA creado por la
Ley Nº 92 publicada en el Registro Oficial Nº 934 de 12 de
mayo de 1988, y los Derechos de Salvaguardia, creados por el
Decreto Ejecutivo Nº 209 publicado en el Registro Oficial Nº
140 de 3 de marzo de 1999. Señala que el Art. 73 de la Ley
Orgánica de Aduanas dispone que, en la reexportación de las
mercaderías importadas temporalmente para la construcción
de obras o para la prestación de servicios, se causará la parte
proporcional de los impuestos aduaneros, señala que la norma
no dice "los tributos al comercio exterior", como lo hace el
                                                            28


inciso primero de ese artículo al referirse al caso de la
nacionalización de las mercaderías, que se calculan sobre el
valor depreciado del bien, aplicando las normas establecidas
respecto del impuesto a la renta, con la tarifa y el tipo de
cambio vigentes a la fecha de presentación de la declaración
para la reexportación. Que en el oficio Nº CAESR-EST-1237 de
26 de julio de 1999, citado, que autoriza la reexportación del
helicóptero y sus partes, respetando y acatando lo dispuesto
en el inciso 2do. del Art. 73 de la Ley Orgánica de Aduanas, el
Subgerente Distrital de la CAE que lo suscribe ordena que se
pague la parte proporcional de los impuestos aduaneros,
aplicando la tarifa y el tipo de cambio vigentes a la fecha de la
presentación de la declaración de reexportación. Que aún
más, en lo que respecta al ICE, según el Art. 74 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, el hecho generador en el caso de
mercaderías importadas es su desaduanización para que la
mercadería sea transferida a título gratuito u oneroso en
forma definitiva. Indica que, en el caso de su representada, no
existe tal transferencia, por lo cual no es factible legalmente
cobrar ese impuesto en la reexportación de las mercaderías.
Que los fundamentos que deja indicados, a pesar de constar
en el reclamo de impugnación, no han sido considerados para
expedir la resolución respectiva. Que para el supuesto de no
admitirse lo que deja indicado, alega que se ha producido la
aceptación tácita del reclamo de impugnación, según lo
dispuesto en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Aduanas y en el
Art. 21 de la Ley 05, publicada en el Registro Oficial Nº 396
                                                                  29


de 10 de marzo de 1994, así como la reforma establecida en
el literal b) del art. 49 de la Ley para la Reforma de las
Finanzas Públicas, publicada en el Registro Oficial 181 de 30
de abril de 1999 ya que la resolución que impugna ha sido
dictada luego de transcurridos diez meses y veinte días a
partir   de   su   presentación.    Que,   mientras      tramitaba     la
impugnación, la empresa de su representación se ha visto
obligada a pagar los tributos del ICE, Fondinfa y salvaguardia,
cuya devolución reclama, junto a los intereses legales. Que en
base a lo dicho solicita que se reconozca la extemporaneidad
de la Resolución impugnada, que existe aceptación tácita del
reclamo formulado; y a la vez, que se declare sin efecto la
Resolución impugnada, por ser ilegal e improcedente la
liquidación   de   los   tributos   que    ha   debido    pagar   para
reexportar el helicóptero y sus partes. Aceptada a trámite la
demanda, con providencia de sustanciación de 3 de octubre
del 2000 se ha ordenado citarla al Gerente Distrital en Quito
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, orden que se ha
dado cumplimiento según se registra de las respectivas
razones actuariales que corren de fojas 10 vuelta del proceso;
en esa virtud, justificando su calidad de Gerente Distrital en
Quito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, con la copia
certificada del nombramiento respectivo que corre de fojas 13
de los autos, ha comparecido Carlos F. Flores A., quien
contesta la demanda afirmando lo siguiente: Que niega pura y
simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda planteada ya que dicho funcionario a actuado
                                                          30


conforme a derecho. Que la Resolución administrativa que ha
dictado el 21 de julio del 2000, que negó el reclamo de "Icaro
S. A." constituye acto firme y goza de las presunciones de
ejecutoriedad y legitimidad. Que existe falta de causa de la
demanda, porque el acto administrativo impugnado ha sido
concebido con apego a las disposiciones legales sobre la
materia, como son el Art. 73 de la Ley Orgánica de Aduanas,
el Decreto 76 publicado en el Registro Oficial Nº 13 de 28 de
febrero de 1997 sobre FODINFA, la Ley de Régimen Tributario
Interno en sus Artículos 78 reformado y 54. Que la acción
deducida es improcedente en cuanto pide se reconozca la
aceptación tácita del reclamo administrativo, que es una
pretensión absurda. Por lo dicho, pide que se rechace la
demanda. Trabada así la litis, concluido su trámite, pedidos
los autos, para resolver se considera: PRIMERO: El Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 1 es competente para conocer y
resolver la presente controversia por ser de naturaleza
tributaria, pues se vincula con la situación prevista en la
acción 7ma. del Art. 234 del Código Tributario; igualmente por
lo que disponen los artículos 218 y 219 del mismo Código y
los artículos 191, 196 y 198    numeral 2 de la Constitución
Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1
de 11 de agosto de 1998; así como también es una
consecuencia de las Resoluciones que, con carácter general,
sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Distritales,
dictara la Corte Suprema de Justicia en Pleno, el 5 de mayo y
el 6 de octubre de 1993, que fueron publicadas en los
                                                           31


Registros Oficiales Nº: 220 y 310 de 28 de junio y 5 de
noviembre de 1993, respectivamente. La competencia de esta
Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 deriva del
sorteo realizado el 25 de septiembre del 2000, según se
desprende de la respectiva razón actuarial que corre de fojas
10 del proceso que se halla debidamente notificada a las
partes. SEGUNDO: En la tramitación del proceso no se ha
omitido ninguna de las solemnidades sustanciales comunes a
todo juicio e instancia, ni las formalidades propias de las
cuestiones de naturaleza tributaria. La presencia y actuación
de los representantes legales de las partes se halla acreditada
en legal forma, mediante la documentación del caso que
consta de autos. La acción es procedente por haberse
deducido dentro del término señalado en el Art. 243 del
Código Tributario. La causa ha recibido el trámite legal
previsto en el ordenamiento jurídico vigente. La sala reconoce
la validez de lo actuado en esta sede judicial. TERCERO: En
vista de que una de las alegaciones constantes en la demanda
se refiere a la aceptación tácita que la empresa actora alega
haberse producido de conformidad con lo previsto en el Art.
77 de la Ley Orgánica de Aduanas vigente desde el 13 de julio
de 1998, lo cual ha sido negado la Autoridad Tributaria
Aduanera al contestar la demanda, es pertinente resolver lo
inherente a esta cuestión; a este efecto la Sala hace las
siguientes observaciones: UNO.- En efecto, de acuerdo a lo
que dispone el inciso 1º del Art. 77 de la Ley Orgánica de
Aduanas, publicada en el Registro Oficial Nº 359 de 13 de julio
                                                           32


de 1998, el Gerente Distrital de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana, ante quien se presente un reclamo, está obligado
a resolverlo dentro del término de veinte días contados desde
el siguiente al de la presentación; a ese término debe
añadirse, por mandado de la misma norma, el término de diez
días cuando sea concedido para la prueba; es decir, que en
esta materia el lapso para dictar resolución administrativa es
el de treinta días hábiles, de no existir la respectiva
Resolución legalmente expedida, según el inciso 3º del
mencionado Art. 77, se produce la aceptación tácita del
reclamo; más aún, según mandato imperativo constante en el
inciso 4º del Art. 77 de la Ley Orgánica de Aduanas en
vigencia, la ocurrencia de la aceptación tácita por el silencio
administrativo excluye el deber del Gerente Distrital de dictar
Resolución. El efecto jurídico de la aceptación tácita es el de
convertir al reclamo administrativo en acto firme que ha
causado estado. Debe tenerse presente que, de conformidad
con lo que se indica en el Diccionario de la Lengua Española,
editada por la Real Academia Española de la Lengua,
"EXCLUIR" significa Sacar a una persona del lugar que ocupa;
negar la posibilidad de hacer algo; por consiguiente, si la
aceptación tácita producida excluye el deber del Gerente
Distrital de Aduanas de dictar Resolución, esto quiere decir
que pierde definitivamente competencia para expedirla luego
de decurrido el plazo de treinta días hábiles; y que, si llegare
a dictar resolución, la consecuencia legal lógica es que lo
hiciera sin competencia, viciando de nulidad insubsanable al
                                                          33


acto; por tanto, en estas circunstancias no existe acto
administrativo válido por carecer de todo valor legal el
realizado en contra de la ley.- DOS.- La Sala debe formular
observaciones en relación con lo que se expresa al contestar
la demanda, cuando se afirma que "La Resolución impugnada
ha sido concebida con estricto apego a las disposiciones
legales que rigen sobre la materia" (SIC); esta expresión debe
examinarse en relación a la realidad fáctica y jurídica y en
base a lo dispuesto en el Art. 288 del Código Tributario y a la
jurisprudencia que sobre el particular existe; a cuyo efecto se
formulan las siguientes consideraciones: 2.1. El reclamo
administrativo con el cual la empresa actora impugna la
liquidación tributaria contenida en    la   DECLARACIÓN        DE
REEXPORTACIÓN Nº 027934-3 de 11 de AGOSTO DE 1999 ha
sido presentada por la empresa "ICARO S.A." el 7 de
septiembre   de 1999, según consta de la respectiva copia
certificada que corre de fojas 16, 17 y 18 del proceso, en cuya
primera página, parte superior derecha, se ha colocado un
sello de recepción que dice: "Departamento Jurídico, Distrito
Aduanero de Quito.- Fecha: 7 de septiembre de 1999", hay
una firma ilegible junto a estos datos escritos a mano junto al
sello indicado; es decir que este reclamo se ha presentado
dentro del término previsto en el Art. 110 del Código
Tributario y en el Art. 76 de la Ley Orgánica de Aduanas,
publicada en el Registro Oficial Nº 359 de 13 de julio de 1998.
El trámite que debió seguir esta reclamación administrativa es
el que se halla señalado en los artículos que van del 116 al
                                                                      34


127 del Código Tributario; y, en lo que respecta al plazo para
expedir    resolución,     necesariamente         debía    estarse   a     lo
dispuesto en el ya citado Art. 77 de la Ley Orgánica de
Aduanas, publicada en el Registro Oficial Nº 359 de 13 de julio
de 1998; que, en materia aduanera, prevalece sobre la norma
del Art. 125 del Código Tributario y sus reformas, por
encontrarse en una ley especial y orgánica; es decir, la
Resolución con la cual debió ponerse término a la reclamación
de "ICARO S.A." necesariamente debió expedirse, por parte
del Gerente Distrital en Quito de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana     y,   además,        notificarse    por     el   funcionario
competente, a lo sumo hasta el 19 de octubre de 1999; fecha
hasta la cual, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 77
de   la   Ley   Orgánica       de   Aduanas,      tuvo    competencia      el
mencionado Gerente Distrital. 2.2.- El Art. 77 de la Ley
Orgánica de Aduanas, vigente desde julio de 1998, en su
cuarto inciso señala imperativamente que, al producirse la
aceptación tácita, por el solo hecho de haber decurrido el
término    fijado    en   el   inciso   1º   de    esa misma norma,
automáticamente se excluye el deber del Gerente Distrital de
dictar resolución expresa; es decir que, por mandato expreso
y concluyente de la Ley, el funcionario pierde la competencia
que la misma Ley asigna. 2.3. En los términos empleados en
la Resolución Nº 8/94 de 24 de marzo de 1994, publicada en
el Registro Oficial Nº 431 de 2 mayo de 1995, que expidiera la
Sala Especializada de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, ha caducado, ministerio legis, la facultad resolutiva
                                                          35


del Gerente del Distrito Aduanero de Quito de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana;    es decir, empleando la terminología
del indicado fallo, se ha producido la "Caducidad", que según
la doctrina aceptada por nuestra jurisprudencia, opera de
modo directo y automático, por el solo hecho de no haber
realizado un acto dentro del plazo perentorio concedido para
su ejecución. La caducidad, dice el fallo, equivale a la
ineficacia del derecho, por no haber sido ejercitado este
dentro del debido tiempo y se produce sin necesidad de que
se la alegue expresamente. 2.4. En similar sentido se ha
pronunciado la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia Nº 80/99 de 20 de
marzo del 2001, publicada en el Registro Oficial Nº 346 de 13
de junio del 2001, que sienta el siguiente criterio: "La
jurisprudencia emanada de las diferentes Salas de la Corte
Suprema de Justicia, en especial de la Sala de lo Fiscal, es
constante en reconocer que se produce la caducidad de la
facultad resolutiva del funcionario administrativo competente
luego de decurrido el plazo fijado por la ley para expedir
Resolución, sin haberlo hecho. Por esta razón, la Resolución
que se dicte después de vencido el plazo legal, que
incluso llega a notificarse fuera de término, no reúne las
características de acto administrativo y no causa efecto
jurídico alguno debido a que el funcionario resolutor
perdió definitivamente su competencia al decurrir el
plazo legal sin accionar". (Las negrillas y el subrayado
pertenecen a la Sala transcriptora).- 2.5. Así mismo, con fallo
                                                                       36


Nº 312/96 de 24 de junio de 1998, publicado en el Registro
Oficial Nº 378 de 7 de agosto de 1998, la Sala de lo Fiscal de
la Corte Suprema de Justicia, en torno a la aceptación tácita,
ha sentado el siguiente criterio: "En el Registro Oficial Nº 396
de 10 de marzo de 1994 se publican los Decretos Leyes Nos:
04 y 05 que, en su orden, contiene la Ley Orgánica de
Aduanas y una nueva Ley que reforma la Ley de Régimen
Tributario Interno; de ese hecho surge que los artículos 83 y
84 de la Ley 04, Orgánica de Aduanas y el Art. 21 de la
Ley 05 reformatoria de la Ley de Régimen Tributario
Interno consagran que el efecto jurídico del silencio
administrativo         positivo   por   la    no     actuación    de        la
Administración dentro del plazo legal, es el de la
aceptación tácita del reclamo o recurso, asimilándose al
efecto previsto en el Art. 28 de la Ley de Modernización
del Estado (las negrillas y el subrayado pertenecen a la Sala
transcriptora); prosigue el fallo: "Siendo por ello evidente que
del contexto del Art. 21 de la Ley 05/94 se desprende que la
Administración Tributaria debe emitir pronunciamiento
en forma oportuna bajo pena de responsabilidad por la
omisión     y    de    que   la   respuesta        sea   tenida    como
favorable       al    contribuyente     en     los    planteamientos
formulados           por   éste   como        consecuencia        lógica
inherente a la naturaleza jurídica del derecho de
petición garantizado por la Constitución Política, que
corresponde           perfectamente      al    desarrollo         de        la
legislación para garantizar efectivamente ese derecho
                                                                    37


constitucional de petición". (las negrillas y el subrayado
pertenecen a la Sala transcriptora); el mencionado fallo
continúa diciendo que: "es perfectamente procedente, incluso
vía integración analógica y en aplicación de la jurisprudencia
que sobre analogía existe, asimilar los efectos jurídicos del
Art. 21 de la Ley 05/94 al que se establece en el art. 84 de la
Ley 04/94 en el sentido de que la aceptación tácita equivale a
acto firme y ejecutoriado". TRES.- Según el Art. 119 de la
Constitución Política de la República, publicada en el Registro
Oficial Nº 1 de 11 de agosto de 1998, las instituciones del
Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios
públicos,     no   podrán    ejercer   otras   atribuciones   que        las
consignadas en la Constitución y en la Ley; con ello se ha
consagrado el principio que rige el Derecho Público, dentro del
cual solamente es posible hacer aquello que está legalmente
previsto y permitido donde, lo no permitido se halla prohibido,
tal como se reconoce en la Sentencia Nº 6/93 dictada por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 9
de julio de 1993, que esta publicada en el Registro Oficial Nº
299 de 19 de octubre de 1993. La disposición constitucional
citada, en materia tributaria armoniza perfectamente con lo
que se dispone en los artículos 9, 75, 81 y 132 del Código
Tributario,    según   los    cuales   la   actividad   administrativa
tributaria es eminentemente reglada, debe ser ejercida por la
autoridad a la que la Ley otorga la potestad de conocer y
resolver cuestiones de naturaleza tributaria; y es causal de
nulidad absoluta del acto que se realice si quien lo ejecuta
                                                                   38


carece, por quien carece de competencia para expedirlo,
incluso por haberla perdido en los términos señalados en la
Ley, tal como lo dispone el numeral 1 del art. 132 del Código
Tributario. La competencia es una de las solemnidades
sustanciales de las que es imposible prescindir y que al
omitirse acarrea la nulidad absoluta de lo actuado, tal como lo
reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, mediante fallo Nº 8/94 de 24 de marzo de 1994,
publicado en el Registro Oficial Nº 431 de 2 de mayo de 1994.
En la especie, por lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley Orgánica
de Aduanas de Julio de 1998, se sabe que la autoridad
competente    para   conocer   y    resolver    los    reclamos         de
naturaleza aduanera, esta obligado a ejercer tales atribuciones
dentro de los límites que, para el efecto, se han señalado por
el Art. 77 de la propia Ley Orgánica de Aduanas, que fija con
absoluta precisión el tiempo legalmente disponible para que el
Gerente Distrital del ramo pueda atender los reclamos de las
personas afectadas; es decir, existe un plazo para ejercer
legalmente la competencia que la ley le asigna, de manera
que, de no proceder de esa manera, la propia norma legal le
quita esa competencia, que la pierde en forma automática,
inexorable   y   definitivamente.     Perdida         legalmente        la
competencia el Gerente Distrital de Aduanas está legalmente
inhabilitado para expedir actos administrativos resolutorios y,
caso de hacerlo, pese a la prohibición, se produce la nulidad
reseñada en el numeral 1 del Art. 132 del Código Tributario;
por cierto, sin perjuicio de que se ha observado, por el
                                                            39


peticionario, el condicionamiento que contiene, la segunda
parte del numeral 2 del mencionado Art. 132. CUATRO: De
acuerdo a los términos de la demanda, que no han sido
cuestionados por parte de la autoridad aduanera demandada,
que más bien los corrobora mediante la correspondiente razón
de notificación que se ha colocado al pie de la Resolución de
21 de julio del 2000, que en copia certificada corre de fojas 1
y 2 del proceso, la notificación con esta Resolución se ha
realizado el 27 de julio del 2000. Lo señalado pone de
manifiesto que la Resolución impugnada se ha expedido a los
315 días de presentado el reclamo administrativo y que se la
ha notificado a los 320 días de ese mismo hecho; es decir,
cuando el Gerente Distrital de Quito hacía mucho tiempo atrás
había perdido competencia legal para expedir dicho acto
administrativo. Por lo que se deriva de la jurisprudencia
mencionada en esta sentencia, tal acto administrativo, no
puede producir efectos jurídicos; también hay evidencia que el
mencionado funcionario público ha violado el Art. 77 de la Ley
Orgánica de Aduanas de julio de 1998 y se ha hecho acreedor
a la sanción de diez salarios mínimos vitales que, por
disposición del inciso final del citado Art. 77, debe imponérsela
el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
CINCO: A consecuencia de lo que se deja expuesto, la
expresión contenida en la contestación a la demanda dada al
Gerente   Distrital   en   Quito de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana, en el sentido de que la Resolución impugnada ha
sido concebida con estricto apego a las disposiciones legales
                                                                            40


que rigen sobre la materia, es carente de todo sustento legal;
por el contrario se ha demostrado que la Resolución de 21 de
julio     del   2000       no    reúne       los   requisitos   de    un     acto
administrativo válido al haberse expedido por autoridad que
carece de competencia, por haberla perdido, al no haber
actuado con la diligencia y oportunidad que le impone el Art.
77 de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro
Oficial    Nº     359      de    13     de    julio    de   1998.    Bajo    esas
circunstancias, la mencionada Resolución deviene en acto
nulo, de nulidad absoluta y, evidentemente, cabe afirmar que
se encuentre apegada disposición legal alguna. CUARTO: La
Sala, no obstante, considera que cabe destacar los siguientes
hechos tomadas de los documentos que obran de autos: UNO.
DE FOJAS 20 Y 21 de los Autos corre copia certificada de la
denominada LIQUIDACIÓN DE REEXPORTACIÓN Nº. 9960-
027934-3-01, practicada por la Administración de Aduanas de
Quito el 07 de septiembre de 1999, según constancia
certificada por la Secretaría de la Gerencia Distrital CAE Quito,
que       se    registra    al     pie       del   documento        denominado
DOCUMENTO UNICO DE IMPORTACIÓN Nº A-F-280708, el
mismo que es, a la vez, la Declaración Aduanera; en la parte
inferior de la primera página (fojas 20) de este documento
consta una leyenda que ha sido puesta a máquina, que, a la
letra, dice lo siguiente: “REEXPORTACIÓN TOTAL F. BXOY CON
ACCESORIOS.          REF.        S.A.    330       J   SERIAL   NRO.        1358.
PETROECUADOR ARCO ICARO S.A. QUITO ECUADOR. OFICIO
Nº 1237 CAE” (Las mayúsculas constan en el documento, las
                                                                    41


negrillas sirven para destacar el texto impreso en letra más
obscuras      en   el   mismo   documento).        La   liquidación      de
naturaleza tributaria practicada por la Administración de
Aduanas del IV Distrito ha sido identificada con el Nº. 9960-
0279934-3-01       se practica a la reexportación del helicóptero
Puma y sus accesorios; lo cual, de acuerdo al texto explicativo
y numérico realizado, tiene como base la Partida Arancelaria
Nº 8802.12.00.00 del Arancel y los impuesto que se liquidan
debidamente cuantificados son los siguientes: s/.73’346.229
por DERECHOS DE SALVAGUARDIA; S/.208’886.392 por el
Impuesto a los Consumos Especiales: ICE; S/.7’334.623 por el
Impuesto para la FODINFA que totalizan S/362’913.473. La
propia empresa reexportadora es la que en el mencionado
formulario ha realizado su autoliquidación de tributos por la
cantidad de S/.73’497.082, la misma que ha sido aceptada por
la Aduana sin ninguna observación. Esta liquidación de
naturaleza tributaria se halla, pues, incorporada al documento
oficial que da cuenta de la reexportación del helicóptero Puma
y accesorios declarada por la empresa “ICARO S.A.”. El
documento      que      queda   individualizado,    en    el   ejemplar
certificado    perteneciente    a   la   empresa    actora,    ha     sido
incorporado a los autos (fojas 79 y 80) luego de que la
empresa “ICARO S.A.” cumpliera la orden impartida por la
Sala, de oficio, con providencia de sustanciación de 4 de abril
del 2002, que corre de fojas 64 del proceso. DOS.- Los
impuestos por derechos de salvaguardia, por los consumos
especiales (ICE), por el FODINFA y por derechos arancelarios
                                                             42


han sido pagados por la empresa “ICARO S.A.” en base a la
autoliquidación practicada a por la propia empresa por los
derechos arancelarios y en base a la liquidación practicada por
la Administración de Aduanas de Quito, en el caso de los
demás    impuestos,    mediante   recibo   de   pago   Nº   78180
otorgado por la Dirección General de Aduanas, Recaudación de
Importación (según leyenda impresa) se ha efectuado en la
Sucursal Mayor del Banco “FILANBANCO S.A.” el 13 de abril
del 2000, según aparece de los ejemplares que en copia
notariada y en copia autorizada por el Filanbanco, han sido
entregadas por la empresa “ICARO S.A.” para incorporar a los
autos (fojas 78 y 78 bis del proceso), por disposición de la
Sala constante en la ya referida providencia de Sustanciación
de oficio, dictada el 4 de abril del 2002. TRES.- No existe
discusión, puesto que se evidencia plena concordancia entre
las partes respecto que el hecho imponible que ha originado la
liquidación tributaria practicada por la Administración de
Aduanas de Quito es la REEXPORTACIÓN DEL HELICÓPTERO
PUMA Y SUS ACCESORIOS, el mismo que fuera introducido al
país   bajo   el   régimen especial   aduanero   de    internación
temporal; este acuerdo coincidente se desprende no solo de la
afirmación expresa que en tal sentido consta tanto en la
demanda, como en la contestación a la misma; además, por
disposición de la Sala, que ordena de oficio la entrega de
documentos que le permitan realizar el examen de los
antecedentes administrativos de la Resolución impugnada, de
fojas 75 de los autos se registra la presencia de una copia
                                                                                 43


certificada, por el Departamento Jurídico de la Administración
Aduanera de Quito, del oficio Nº CAE-SR-EST-1237 de 26 de
julio de 1999, suscrito por el Subgerente Regional de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana y dirigido al Gerente
Distrital de Aduanas de Quito, mediante el cual autoriza la
reexportación del helicóptero y sus accesorios, previo el pago
de     la    parte       proporcional     de       los   impuestos        aduaneros,
aplicando la tarifa y tipo de cambio vigentes a la fecha de
presentación de la Declaración de Reexportación, sobre la
base imponible fijada por la Aduana, de conformidad con lo
que dispone el Art. 73 de la Ley Orgánica de Aduanas, que
consta en el anexo al referido Oficio Nº 1237, marcado con
este        mismo        número   que,     en       copia      certificada    por     la
Administración de Aduanas, corre de fojas 76 del proceso.
Cabe señalar que la liquidación tributaria efectuada por la
Administración Aduanera de Quito, que se registra al pie del
formulario que contiene la declaración de reexportación,
constituye          la     reproducción        de        las    operaciones         que
suficientemente explicadas constan en el anexo Nº 1237 de la
referencia. Se debe dejar constancia que el Art. 73 de la Ley
Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro Oficial Nº 359
de 13 de julio de 1998 se refiere al PAGO DE TRIBUTOS: su
inciso primero regula el pago de tributos aduaneros en la
nacionalización de mercaderías declaradas a consumo; su
inciso segundo se refiere a los tributos que se causan en la
reexportación de mercaderías importadas temporalmente para
la     construcción         de    obras        o    prestación       de      servicios
                                                                           44


estableciendo claramente que esos tributos se causarán en la
parte proporcional de los IMPUESTOS ADUANEROS calculados
sobre el valor depreciado del bien, aplicando las normas
establecidas respecto del impuesto a la renta, con la tarifa y el
tipo de cambio vigentes a la fecha de la presentación de la
declaración de reexportación. QUINTO: La Sala de lo Fiscal de
la    Corte   Suprema      de    Justicia,   en   más    de    tres    fallos
concordantes y uniformes que, por lo establecido en el Art. 19
de la Ley de Casación debe aplicarse mandatoriamente; ha
sentado el criterio que constituye jurisprudencia, expresando
que, cuando coexisten reclamos y las pertinentes acciones de
silencio administrativo positivo con las del pago indebido, el
juzgador      está    en   la obligación ineludible       de    examinar,
aplicando el inciso 2º del Art. 288 del Código Tributario, si el
pago que se reclama en devolución en primer lugar, fue
efectivamente realizado y, en segundo lugar si jurídicamente
tal   pago    es     indebido;   tales   decisiones     constan       en        las
siguientes sentencias Nº: 115/2000 de 1 de febrero del 2001,
publicada en el Registro Oficial Nº 342 de 7 de junio del 2001,
80/99 de 26 de marzo del 2001, publicada en el Registro
Oficial Nº 346 de 13 de junio del 2001; 61/98 de 4 de febrero
del 2002, publicada en el Registro Oficial Nº 545 de 1 de abril
del 2002. Además, se encuentra la Resolución Nº 36/2001 de
25 de octubre del 2001, mediante el cual, la Sala de lo Fiscal
ratifica la sentencia Nº 1541 de 13 de marzo del 2001 con que
se puso término al juicio Nº 6948, en la parte relacionada con
el examen realizado por esta Segunda Sala del Tribunal
                                                                45


Distrital de lo Fiscal Nº 1 sobre la procedencia del pago
indebido reclamado. Este criterio jurisprudencial ha sido
aplicado por esta Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal Nº 1 en varias otras sentencias que han versado sobre
esta materia de coexistencia de acciones de aceptación tácita
y pago indebido, en que ha procedido a examinar si el pago
reclamado se ha efectuado y si el efectuado es efectivamente
indebido; ya que no procedería de manera alguna, tanto por
falta de sustento legal, cuanto por falta de sustento ético, que
se reclame como indebido o pagado en forma debida conforme
a la ley y que, al no obtenerse respuesta administrativa, se
alegue silencio administrativo y aceptación tácita sobre una
cuestión falsa, ilegal o inexistente, por lo que esto deviene en
improcedente.     SEXTO:          Consta    de   autos     suficiente
demostración documental que da fe de que la empresa
“ICARO S.A.” pagó los impuestos aduaneros liquidados por la
Administración Aduanera de Quito, como consecuencia de la
reexportación de un helicóptero Puma y sus accesorios, que
fuera   introducido   al   país    bajo    régimen   de   internación
temporal. Los impuestos pagados en esta oportunidad son
cuatro: Derechos Arancelarios, Salvaguardia Aduanera, a los
Consumos Especiales (ICE) y para el Fondo de Desarrollo de la
Infancia (FONDINFA); el pago de la totalidad de estos cuatro
impuestos ha sido realizado por la empresa “ICARO S.A.” en
un solo acto y se registra en el mismo recibo de pago Nº
782180; el ingreso se ha efectuado a través del banco
“FILANBANCO S.A.” , Sucursal Mayor en Quito, el 13 de abril
                                                                     46


del 2000. Sobre este particular no existe discusión; en base a
ello,    la    Sala     estima   necesario    formular    las   siguientes
observaciones: 6.1. Al existir pleno acuerdo entre las partes
sobre la realización del hecho imponible consistente en la
reexportación del helicóptero Puma y sus accesorios, el
problema se concreta en establecer si la Administración
Tributaria Aduanera de Quito ha realizado una liquidación
tributaria que responde al mandato del inciso segundo del art.
73 de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro
Oficial Nº 359 de 13 de julio de 1998, a consecuencia de lo
cual, los impuestos estan establecidos a cargo de la empresa
“ICARO S.A.” serían legales y responderían a la justa medida
de las obligaciones tributarias que, para cada uno de los
impuestos, se han determinado; o que tal liquidación no es
correcta, por cuya razón los impuestos liquidados y pagados
no serían procedentes, legalmente debidos.- 6.2.- El Art. 1 del
Código Tributario, recogiendo el pensamiento doctrinario de
aceptación y vigencia universal y, recogiendo particularmente
la      recomendación        formulada   por       los   más    reputados
tributarístas de América Latina que elaboraron el Modelo de
Código Tributario para América Latina, dejó establecido que,
este Código Tributario del Ecuador, regula las relaciones entre
sujetos       activos    y   contribuyentes    o   responsables,    y     SE
APLICARAN A TODOS LOS TRIBUTOS, sean estos nacionales,
provinciales, municipales o locales; a continuación en la
misma norma se indica que los tributos son tres; a saber,
impuestos, tasas y contribuciones especiales o de
                                                         47


mejora. Está pues, claro que el “Tributo” es el género e
“Impuesto” es la especie. 6.3. En el numeral 2 del Apartado II
de la demanda se hace un juego de palabras tratando de
encontrar diferencia entre el significado de “Tributos al
Comercio Exterior” e “Impuestos Aduaneros”; este sistema es
inadmisible dentro de un proceso judicial, especialmente
dentro de la materia tributaria, en la cual, como se deja ya
indicado, cabe el empleo indistinto de palabras como “tributo”
e “impuesto” no influye en nada porque, en definitiva, son la
misma cosa. Distinto sería el hecho de usarse expresiones
como “impuesto y tasa”, o “tasa y contribución especial”, o
“impuesto y contribución especial” en los que habría necesidad
de entrar a examinar la naturaleza del hecho imponible o que
clase de tributos se trata; lo cual no es necesario cuando el
legislador que en materia de la Ley Orgánica de Aduanas
utiliza en forma indistinta las expresiones tributo e impuesto
tal como lo ha hecho desde la Ley expedida en 1978.
Aceptando una expresión de general empleo, el legislador
menciona también “los Derechos” a sabiendas de que tales
derechos no son otra cosa que impuestos. El Art. 9 de la Ley
Orgánica de Aduanas, vigente desde julio de 1998, es el que
expresa que los tributos al comercio exterior son los que ahí
se señalan; es decir, “los Derechos Arancelarios o Impuestos
al Comercio Exterior”, “las Tasas por Servicios Aduaneros” y
“los Impuestos establecidos en Leyes Especiales”. Dentro de
esta última categoría se incluyen a los impuestos, ya que no
cabe duda alguna que lo son, a los Consumos Especiales (ICE)
                                                           48


para el FODINFA y por la cláusula de salvaguardia; por tanto,
tres son tributos o impuestos al comercio exterior que tienen
como hecho generador, en cada caso, los presupuestos que
cada una de las leyes específicas señalan. Estos tributos
tienen su propia legislación que, de ninguna manera los
considera como accesorios a los anteriores en forma tal que
deban seguir en suerte como si estos fuesen principales. 6.4.
La empresa “ICARO S.A.” no ha demostrado durante el
proceso, como no lo ha hecho durante la etapa de reclamación
administrativa, que no se haya realizado el hecho imponible
fijado por el inciso 2º. del Art. 73 de la Ley Orgánica de
Aduanas vigente; por el contrario, como ya se ha expresado
en este fallo, lo acepta en forma expresa y así consta
documentadamente. Es más, no ha explicado como pudo
aceptar en forma incondicional la liquidación y pago de los
derechos   arancelarios,   “si   es   que   no   existe   norma
independiente, aparte del inciso 2º. del Art. 73 de la Ley
Orgánica de Aduanas, que regule la liquidación de este
impuesto. Tampoco se ha explicado, ni menos demostrado,
como ha sido posible calcular esos derechos arancelarios
sobre el valor depreciado del helicóptero reexportado y que,
de haberse admitido este hecho para este específico impuesto,
no pueda admitirse para los demás impuestos al comercio
exterior.- 6.5.- La liquidación efectuada por la Administración
Aduanera de Quito que se ha practicado al pie del formulario
de   Declaración de   Reexportación del     helicóptero   y sus
accesorios, está fundada en el citado Art. 73 inciso 2º de la
                                                             49


Ley Orgánica de Aduanas y en la partida arancelaria Nº
8802.12.00.00, así como en la Nota Editorial que, respecto del
cobro del ICE, se registra en el item respectivo del Arancel
referido   a   Aeronaves;   por   disposición   de   la Sala este
documento consta añadido a los autos en fojas 67 del
proceso.- 6.6. Los impuestos a los Consumos Especiales
también afectan al comercio exterior, tal como se expresa en
los artículos 71, 72 y 78 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, por cuya razón, deben liquidarse por la Aduana para
entregarse al Fisco y a la Dirección General del Servicio de
Rentas Internas, que es la institución que los administra de
conformidad con la mencionada Ley. Los impuestos para el
FONDINFA y por la llamada cláusula de salvaguardia se hallan
establecidos mediante las respectivas normas que los crearon.
Además, no se ha demostrado, por parte de la empresa
actora, como haya dejado de cumplirse el mandato del inciso
2º. del Art. 73 de la Ley Orgánica de Aduanas, respecto de la
forma de liquidar los impuestos antes mencionados, sobre la
base que la misma norma señala; no se ha demostrado que el
helicóptero y sus accesorios no se hayan depreciado, o que lo
hayan hecho en una proporción diferente a la establecida por
la Administración de Aduanas y que lo hecho por ésta no
guarde armonía con los procedimientos de depreciación que se
emplean en materia del Impuesto a la Renta. Por todo cuanto
se deja, expuesto, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal Nº 1, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE
LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta
                                                                 50


parcialmente la demanda formulada por el Capitán Guido
Gualberto Saltos, representante legal de la empresa “ICARO
S.A.”   en   contra   del    Gerente   Distrital   en   Quito   de    la
Corporación Aduanera Ecuatoriana, más esta aceptación esta
referida exclusivamente a que se ha producido silencio
administrativo    positivo     aunque     tal      hecho   no    tiene
trascendencia por que, apegada a la jurisprudencia invocada,
la Sala, rechaza la acción en tanto en cuanto el pago que se
reclama como indebido, no lo es, puesto que se trata de
impuestos liquidados y pagados sobre base legal y por hechos
imponibles efectivamente realizados, por lo cual son legales y
son debidos. Sin costas.- Notifíquese.
f) Drs. Rodrigo Garcés M.-         Arturo Vizcaíno S.-          Jaime
Yerovi V.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL. Quito, 16 de junio del 2003.- las 16h00.
VISTOS: Guido Gualberto Saltos Martínez, Presidente y
representante legal de la Compañía ICARO S.A.               el 23 de
octubre del 2002 interpone recurso de casación en contra de
la sentencia de 16 de los propios mes y año expedida por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 dentro del
juicio de impugnación 2466 propuesto en contra del Gerente
Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de Quito.
Habiéndose negado el recurso se propuso el de hecho, el cual
                                                                       51


fue aceptado dándose curso a la casación. La Administración
evacuó la correspondiente contestación el 20 de diciembre del
2002 y pedidos        los autos para resolver se considera:
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer el recurso
en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO: La
Empresa fundamenta el recurso en las causales 1ª y 5ª del
Art. 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse el fallo
se han infringido los incisos tercero y cuarto del Art. 77 de la
Ley Orgánica de Aduanas; el inciso segundo del Art. 73 de la
propia Ley en concordancia con el 9; la Nota Editorial del item
arancelario 8802.12.00.00 referente al ICE aeronaves, y los
artículos 71 y 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Sustenta que en la sentencia impugnada en forma equivocada
se reconoce que se produjo el silencio administrativo, pese a
lo cual no se acepta que exista pago indebido; que en el DUI
de reexportación 99.60.0279.3 de 11 de agosto de 1999
debieron       reliquidarse      exclusivamente          los        derechos
arancelarios    y    no   los    tributos   relativos     al    FONDINFA,
Salvaguardia e ICE, según se ha hecho; que no cabe aceptar
el criterio del fallo, que se dice se ha aplicado en otros casos,
de que aunque se haya producido el silencio, es necesario
demostrar      que   existe     pago   indebido;    que        en   caso de
reexportación los únicos tributos que deben liquidarse son los
derechos arancelarios, pues, el IVA y el ICE se causan
únicamente      cuando    las    mercaderías       son    destinadas        al
consumo; que la depreciación señalada en la sentencia se
aplica al impuesto a la renta, mas, para el caso que se discute
                                                                     52


se aplica una rebaja proporcional de acuerdo al tiempo de
permanencia del bien importado en forma temporal. La
Administración, en el mencionado escrito de contestación de
20 de diciembre del 2002 asevera que la Empresa se ha
limitado en el recurso interpuesto a señalar en forma genérica
las causales 1ª y 5ª del Art. 3 de la Ley de Casación; en caso
de reexportación de mercaderías importadas temporalmente,
los impuestos causados deberán calcularse sobre el valor
depreciado del bien; que la liquidación de tributos realizada es
la correcta; que no cabe dejar de considerar en el caso los
impuestos de FODINFA, ICE Y SALVAGUARDIA. TERCERO: A
menester afrontar dos cuestiones, la una referente a si se ha
producido   silencio   administrativo     positivo   y   la   segunda
referente a la legalidad de la liquidación para la reexportación
del bien importado y si procede la devolución de lo satisfecho
en exceso. La Empresa al concretar su pretensión, fojas 8 de
los autos sustenta que se ha producido silencio administrativo
positivo a su favor y, subsidiariamente, para el inopinado caso
que no se acepte el silencio, pide se reconozca la ilegalidad de
la Resolución de 21 de julio del 2000 y que en consecuencia
se declare que no ha lugar al pago de los derechos de
Salvaguardia, FODINFA y del ICE. En los dos supuestos, del
silencio o de la ilegalidad, solicita la devolución de lo
indebidamente     pagado     con    los    intereses     respectivos.
CUARTO: El 7 de septiembre de 1999 la Empresa en
conocimiento     de    la   liquidación     practicada        para        la
reexportación,   la    impugna     mediante    la    correspondiente
                                                                   53


reclamación presentada ante el Gerente Distrital de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana de Quito, quien expide la
Resolución de 21 de julio del 2000, notificada el 27 de los
propios mes y año en la que la niega. Entre el 7 de septiembre
de 1999 y el 27 de julio del 2000, transcurrieron con exceso
los treinta días previstos en el Art. 77 de la Ley Orgánica de
Aduanas, cuyos incisos tercero y cuarto pertinentes al caso,
dicen a la letra; “La falta de resolución dentro del plazo
previsto en el inciso primero de este artículo causará la
aceptación tácita del reclamo. La aceptación tácita del
reclamo excluye el deber del Gerente Distrital de dictar
resolución expresa. La aceptación tácita tendrá el carácter
de acto firme que ha causado estado”. El énfasis es nuestro.
Esta disposición difiere, más, prevalece sobre la que obra en
el inciso segundo del Art. 127 del Código Tributario que dice:
“En todo caso, la denegación presunta no excluirá el deber de
la Administración de dictar Resolución expresa…”. Ocurrido el
silencio    la    pretensión   que   consigna    la   Empresa    en     la
reclamación, fojas 17 de los autos y que por ende se acepta
tácita y favorablemente es de que no se cobre los derechos
de salvaguardia, FONDINFA e ICE. El énfasis es nuestro.
De lo expuesto, además, se infiere que la Resolución de 21 de
julio del 2000 carece de valor. QUINTO: Con posterioridad a
que se presentara la reclamación de 7 de septiembre de 1999,
la Empresa, el 13 de abril del 2000, fojas 78 de los autos,
satisfizo   los    derechos    arancelarios,    entre   ellos,   valores
correspondientes a Salvaguardia, FONDINFA e ICE objeto de
                                                                    54


la discrepancia y cuya devolución solicita. Sin tal pago no
habría podido efectuarse la reexportación autorizada por la
propia Administración, fojas 83 de los autos. Se trata, por
tanto,     de un pago excesivo cuya ilegitimidad se encontraba
resuelta a favor de la Empresa por haberse producido el
silencio      administrativo   aludido     en   el   Considerando    que
antecede. De lo expuesto se infiere que no incumbe en esta
sede decidir el tema de fondo, pues, el mismo se encuentra
definido con la aceptación tácita mencionada. En mérito de las
consideraciones expuestas, la Sala de lo Fiscal de la Corte
Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
sentencia expedida el 16 de octubre del 2002 por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 y reconoce que
habiéndose producido aceptación tácita a favor de la empresa
actora, debe devolvérsele con los intereses respectivos, los
valores satisfechos en concepto de Salvaguardia, FODINFA e
ICE. Consecuentemente se deja sin efecto la Resolución de 21
de    julio     de   2000      indicada.    Notifíquese,   publíquese,
devuélvase.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- José Vicente
Troya Jaramillo.- Hernán Quevedo Terán.




III


Resolución Nº 20-2001
                                                            55




Juicio   de    impugnación    que     siguió   Oscar   Hernández
Representante Legal de la Compañía. INTRANS Ecuador S.A.
contra la Directora General del Servicio de Rentas Internas.


                           SÍNTESIS:
La empresa actora impugna la resolución de la Dirección
General del Servicio de Rentas Internas con que se le
glosa por varios cargos. Tramitada que fue la causa, el
tribunal ad quem estimó parcialmente procedente la
demanda, fallo que fuere recurrido por la actora para
ante la Sala Especializada de lo Fiscal, misma que lo
casó parcialmente y al resolverlo consideró, a) Que el
Impuesto a la Renta grava exclusivamente a la renta
neta; es decir, la renta bruta percibida por todos los
conceptos, menos los gastos y costos permitidos por la
Ley, que en nuestra legislación están contemplados en
el Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno
(LRTI). “De ahí que en el caso que se examina es
correcta la posición del recurrente en el sentido de que
el impuesto debe recaer sobre renta neta o renta
gravable depurada (…). Por lo mismo el impuesto del
33% debe aplicarse sobre el 80% del valor total pagado
porque    el   20%    se     reputa   involucrar   los   valores
correspondientes      a    costos     y   gastos   depurados.”.
Respecto de los honorarios profesionales, “(…) las
normas tributarias deben interpretarse teniendo en
                                                                  56


cuenta       su    finalidad        económica       y,     por   cierto
considerando los cambios que la modernidad impone
por ser evidente que el avance tecnológico ha hecho
posible la aparición de las denominadas carreras cortas
que capacitan personas como expertos en ciencias o
artes que no imparten en los centros de educación
superior;”. Respecto de las multas, “esta misma Sala de
lo Fiscal ha establecido que la multa debe imponerse
siguiendo el procedimiento fijado en la ley punitiva y,
en el caso, en el Libro Cuarto del Código Tributario.”.


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL.


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1. TERCERA SALA.
Quito, a 4 de octubre del 2000; las 11:55.
VISTOS: Antonio Roa, en calidad de representante legal de la
compañía Intrans. ECUADOR S.A., domiciliada en la ciudad de
Quito, con RUC Nº 1791276647001, comparece ante el
TRIBUNAL DISTRITAL de lo FISCAL y deduce demanda de
impugnación en contra de la Resolución Nº 05105 de 27 de
noviembre de 1997, expedida por el Director General de
Rentas,      demanda     que,       en   lo   principal,    manifiesta:
Antecedentes y fundamentos de hecho: 1.- a) Que a su
representada se le notificó el 12 de mayo de 1997 con las
actas   de    fiscalización   Nº.    17.0.421/97,    17.0.0422/97      y
17.0.0423/97, las dos primeras por impuestos a la renta de la
compañía por los ejercicios económicos de 1994 y 1995,
                                                          57


respectivamente, y la otra como agente de retención por el
ejercicio de 1995. b) La compañía presentó la reclamación
administrativa ante el señor Director General de Rentas
mediante la cual pidió que se dejará sin efecto las glosas
contenidas en dichas actas, el 6 de junio de 1997. Dicha
reclamación se tramitó bajo el Nº 19970611547.- c) El
Director General de Rentas, en la resolución impugnada
aceptó parcialmente la reclamación, con relación a la glosa por
S/.   28’448.633   (cuenta   movilización   de   funcionarios),
constantes en el acta de fiscalización Nº 17.0.0421/97 por
impuesto a la renta, año 1994, y con relación a la glosa por
S/.34’059.650 por atención a funcionarios constantes en el
acta de fiscalización Nº 17.0.0422 por impuesto a la renta,
año 1995 y confirmó en todo lo demás, las glosas constantes
en las actas mencionadas. Además, ha impuesto a la
compañía una multa por el valor de S/. 302.855.636. d) La
resolución Nº 05105, para confirmar las glosas no aceptadas
se basa en apreciaciones contrarias a la Ley, por ellos, la
compañía al no estar conforme con tal decisión de la
Administración tributaria recurre con esta demanda ante el
órgano jurisdiccional. II) (Sic) Fundamentos de derecho. Que
su representada presentó el reclamo administrativo y hoy esta
demanda sobre la base de los siguientes razonamientos y
fundamentos de derecho: 1. ACTA DE FISCALIZACIÓN Nº
17.0.0421/97 (Impuesto a la renta 1994). a) Glosa Nº 1
por S/. 6’606.015 (Cuenta: 5.1.11.6 Traslado Ejecutivos).
Fiscalización glosó dicho valor, que constituye el gasto de
                                                              58


mudanza del señor Gerd Hinke Primer Gerente General de la
compañía. Que este gasto no solo fue necesario para que la
compañía pudiera iniciar sus actividades económicas, sino que
constituía   una   obligación   legal   y   convencional   para    la
empresa, puesto que, como el señor Hinke tenía su residencia
en Miami, al haber sido designado Gerente General de la
compañía, esta tenía la obligación de pagar los gastos para su
mudanza e instalación en la República del Ecuador. De ningún
modo puede estimarse que estos gastos constituyen una
liberalidad (que estaría gravada con el 10% sobre el exceso
de la base imputable para quien recibe la donación). Por
consiguiente, como este gasto es imputable al ingreso, la
glosa debe eliminarse. f) Glosa Nº 2. por S/. 28’448.663
(Cuenta Nº 5.2.1.21).- Gasto de movilización de funcionarios.
La Administración dejó sin efecto esta glosa. 2.- ACTA DE
FISCALIZACIÓN Nº 17.0.0422/97 (IMPUESTO A LA RENTA
1995). a) Glosa Nº 1 por S/. 290’975.856 (Cuenta: 5.1.12
Publicidad Corporativa).- La compañía en virtud del contrato
con los distribuidores de vehículos Wolswaguen y Audi en el
Ecuador, tiene la obligación de contribuir en la forma
establecida en dicho contrato para la publicidad de tales
vehículos. A ese fondo de publicidad aportan todos los
distribuidores, el fondo se genera y establece sobre la base de
provisiones para gastos de publicidad en los términos del
convenio existente entre las partes. Fiscalización glosa parte
de los destinados a esta provisión en base a lo dispuesto en el
Art. 21 de la Ley de Régimen Tributario Interno porque estima
                                                              59


que el monto glosado no corresponde a los “resultados
imputables al respectivo ejercicio impositivo”. Sin embargo, el
monto glosado corresponde a una provisión para gastos
eventuales que en el año de 1995, segundo año de actividad
económica de la empresa, no podían conocerse con precisión.
Estas provisiones son legítimas y constituyen gasto del
ejercicio respectivo, si es que tales provisiones efectivamente
sirven y se utilizan para los fines para los cuales fueron
creadas, en los ejercicios siguientes. Que en el presente caso,
la totalidad del saldo de esta provisión fue efectivamente
gastado en el ejercicio 1996, que así se lo explicó a
fiscalización y luego a la revisora fiscal. La Resolución
impugnada, en forma totalmente extraña sostiene que el Art.
9 de la Ley Nº 51, exige que para cargar a resultados dicha
provisión “se revierta a la cuenta para la depuración de los
ingresos con fines tributarios”, cuando la Ley en ninguna parte
tiene esa frase contradictoria en si misma, pues lo que dicha
norma establece es que, en el ejercicio siguiente (no en el
corriente porque sería absurdo) las diferencias que resulten
entre la estimación y el pago efectivo se ajustarán contra las
cuentas de gastos respectivas. Por ello en sentencia se dejará
sin efecto esta glosa. b) Glosa Nº 2. Por S/.34’059.650
(Cuenta Nº 5.2.1.22 Atención Funcionarios). Esta glosa fue
eliminada   por   la   resolución   impugnada.   3.-   ACTA        DE
FISCALIZACIÓN          Nº   17.0.0423/97   (retenciones   en       la
fuente - ejercicio económico 1995).- Fiscalización estimó que
en virtud del contrato de prestación de servicios y asistencia
                                                           60


técnica con Interamericana Transport Industries, Inc. la
retención del impuesto a la renta por los honorarios pagados o
acreditados al exterior, debió efectuarse sobre la totalidad del
ingreso bruto de la compañía extranjera. En consecuencia,
desconoció que el 20% de los honorarios percibidos por ellas
son deducibles para la empresa local, sin retención del
impuesto a la renta, en el evento de servicios prestados por
“sociedades sin domicilio o establecimiento permanente en el
Ecuador”, de conformidad con el Art. 11 de la Ley 51, que
sustituyó el numeral 6 del Art. 13 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, ya que tal 20% no está sujeto a retención
por disposición expresa de dicha Ley. En efecto, basta
comparar el texto original de la LRTI, sobre esta materia, con
el texto referido, para darse cuenta que cuando los pagos se
realizan a sociedades extranjeras, sin domicilio en el Ecuador,
en todo caso el 20% no está sujeto a retención. En efecto, el
numeral 6 del art. 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
decía que son deducibles, entre otras cosas, los siguientes
gastos efectuados en el exterior, sin retención alguna: “El
20% de los honorarios por servicios profesionales prestados
en el exterior o por servicios ocasionales prestados en el
Ecuador por extranjeros no residentes”. Que el Art. 11 de la
Ley 51 sustituyendo dicha norma para establecer que son
deducibles, sin necesidad de retención, entre otros gastos
realizados en el exterior: “El 20% de los honorarios por
servicios profesionales prestados en el exterior o por servicios
ocasionales prestados en el país por personas naturales no
                                                             61


residentes o por sociedades sin domicilio o establecimiento
permanente en el país”. Por consiguiente a partir del ejercicio
de 1994 y, por ello, en el ejercicio 1995, todos los honorarios
por   servicios   prestados   por   compañía   sin   domicilio    o
establecimiento permanente en el Ecuador estaban sujetos a
retención exclusivamente sobre el 80% de su valor. Más aún,
es evidente que tratándose de servicios ocasionales, prestados
en el Ecuador, o por servicios prestados en el exterior la
retención se aplica siempre sobre el 80%. En el caso concreto,
los servicios se prestaban desde el exterior y ocasionalmente
en el Ecuador. El hecho de la existencia de un contrato no
convierte a servicios prestados en el Ecuador en permanente
ni convierte a los servicios prestados en el exterior como
rendidos en el Ecuador. Que así lo ha reconocido la propia
Administración Tributaria al absolver una consulta, inclusive
antes que se dictara la Ley 51 (trámite Nº 36077, oficio Nº
0912, 4.12-92 Compendio de Consultas Tributarias 1992, pág.
265), criterio que la Resolución impugnada ni siquiera lo
menciona, cuando su obligación era cumplirlo. Por otro lado,
la    compañía     presentó   una    declaración     rectificatoria
relacionada con las retenciones de impuesto a la renta por
pagos en el exterior en virtud de la cual pagó la cantidad
adicional de S/.102’704.234 lo que no fue tomado en cuenta
por la fiscalizadora, ni lo ha sido tampoco, en forma
gravemente negligente por la Administración Tributaria en la
resolución. En otros términos, del monto total glosado de S/.
302’855.636 debe restarse el pago ya efectuado de S/.
                                                                             62


102’704.234 que se lo realizó cuando se comprobó que la
compañía     había     acreditado          en     cuenta       la    suma         de
S/.389’031.196.      De    esta       cantidad,      el    80%      es   igual     a
S/.311’224.952 y el 33% de retención es S/.102’704.234. En
consecuencia, la glosa debe eliminarse, en sentencia, tanto en
virtud del pago realizado, cuanto porque la compañía sólo
estaba obligada a retener y pagar sobre el 80% de los
honorarios pagados. Por otro lado, en el supuesto no
consentido, de que se estime como lo ha hecho la resolución,
impugnada, que sobre el 20% de honorarios había obligación
de retener el impuesto, es evidente que la renta estaba sujeta
a depuración, puesto que el ingreso de la compañía extranjera
no era ingreso neto. En efecto, el Art. 25 de la Ley Nº 51
establece que los beneficiarios de ingresos, distintos de
utilidades o dividendos, que se paguen o acrediten al exterior
deben pagar el impuesto del 33% sobre el ingreso gravable,
impuesto que debe ser retenido en la fuente. En consecuencia
del   monto total pagado o acreditado a Interamericana
Transport    Industries        Inc.   de   S/.1.471’458.097,             deberían
deducirse todos los gastos en que incurrió la compañía para la
obtención de sus ingresos, puesto que ingreso gravable es el
ingreso bruto menos los gastos necesarios para la obtención
de la renta o ingreso gravable. Evidentemente, estos gastos
superan     conforme      lo     demostró       de        prueba    dentro        del
procedimiento administrativo, el 20% sobre el cual nada se ha
retenido. Por ello, también por esta razón se ha de dejar sin
efecto esta glosa. Que el Director General de Rentas, en forma
                                                                      63


sospechosa, en su resolución ni siquiera menciona que la
empresa presentó la certificación de la firma de auditores, que
opera tanto en el Ecuador como en Florida. Ernst & Yong LIP,
en la cual se establece que el monto de los gastos incurridos
por Interamericana Transport Industries Inc., por los servicios
prestados a INTRANS ECUADOR S.A. por el ejercicio fiscal de
1995 ascendieron a $ 874.008 (dólares de los Estados Unidos
de América) que equivalen a S/.2.508’402.950 (sucres),
monto que excede, en mucho, al ingreso bruto remitido o
acreditado por la compañía ecuatoriana y que determinan que,
de aplicarse el criterio de fiscalización y de la Dirección
General de Rentas, no solo que la glosa debe ser dejada sin
efecto, sino que, además, debe ordenarse la devolución de lo
indebidamente        retenido     y     pagado         por   cuenta        de
Interamericana Transport. Industries. Inc.. La Resolución de la
Dirección General de Rentas extrañamente sostiene que “Al no
existir un mecanismo que permita establecer los porcentajes
de   participación    de   cada       una   de   las    áreas   (en    que
Interamericana Transport. Industries. Inc. rinde sus servicios)
INTRANS ECUADOR S.A., debió efectuar las retenciones en la
fuente sobre el 100% de los valores remesados”, criterio que
obviamente, contradice las expresas disposiciones legales
antes citadas y pugna con la naturaleza misma del impuesto a
la renta que grava exclusivamente el ingreso líquido. Por todo
ello, en la sentencia se dejará sin efecto íntegramente el acta
de fiscalización. En todo caso, Interamericana Transport
Industries, Inc,. tendría el derecho de reclamar por lo
                                                                    64


indebidamente      pagado.        4.    MULTA      INDEBIDAMENTE
IMPUESTA.- El Director General de Rentas, en la resolución
impugnada ha impuesto a la compañía que representó un
multa de 100% del valor supuestamente no retenido por ella,
para lo cual se ha basado en los Arts. 70 del Código Tributario
y 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Multa que es
ilegal y arbitraria, por las siguientes razones: a) Porque no se
trata de una sanción pertinente como exige el art. 70 del
Código Tributario, ya que su representada no dejó de retener
impuesto alguno. Al contrario, si se aplicara el criterio de
fiscalización y del Director General de Rentas, su representada
retuvo y pagó más de lo debido y si se aplica la posición de la
compañía, esto es que la retención debe efectuarse sobre el
80% del valor de los honorarios, retuvo y pago evidentemente
todo lo debido, tanto como su declaración original como con la
rectificatoria (aspecto que soslaya el Director General de
Rentas).- b) Porque para que exista infracción tributaria sujeta
a sanción es indispensable que exista dolo del sujeto pasivo o
responsable. Que en el presente caso, su representada actuó
con diligencia tanto al retener como al pagar el impuesto en
su   declaración   original   y    en   la   rectificatoria.   No   cabe
sancionar, en forma alguna, a quien cumple adecuadamente
sus obligaciones tributarias.- c) Porque no se cumplen las
hipótesis previstas en el numeral 1 del art. 49 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, para que a la compañía se le
sancione con una multa constante en la resolución, y d)
Porque si hubiera existido dolo (que no existe) en la
                                                                        65


presentación de la declaración de impuestos retenidos y sólo
en tal evento, se ha de aplicar la sanción prevista en el Nº 2
del Art. 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En vista
de los antecedentes y de los fundamentos de hecho y derecho
expresados,       la   correspondiente      Sala   del   Tribunal       Fiscal
Distrital,   en    sentencia     aceptará    la    demanda        y    dejará
íntegramente sin efecto la resolución Nº 05105 de 27 de
febrero de 1997 y todas y cada una de las glosas constantes
en las actas de fiscalización. Además, dejará a salvo, la
sentencia,    evidentemente,        el   derecho    de     Inteamericana
Transport. Industries. Inc. a reclamar por lo indebidamente
pagado.- Admitida al trámite la demanda, se ordenó citar al
Director     General      del    Servicio     de    Rentas        Internas,
concediéndole el término legal de quince días para que la
conteste y, practicada la citación, comparece la Dra. Anita
Izquierdo, en calidad de Procurador del Director General del
Servicio de Rentas Internas, y contesta la demanda en los
términos constantes en el libelo de fojas 36 a 39 de los autos.
Por existir hechos que justificar, se abrió la causa a prueba
por el término legal, durante el cual las partes solicitaron la
práctica de las diligencias que creyeron conducentes a la
demostración       de    sus    afirmaciones.-     Entre    las       pruebas
practicadas tenemos la diligencia de inspección contable
solicitada por la empresa y que es llevada a cabo el día 14 de
abril de 1998, en la cual la empresa actora presentó cuatro
carpetas que contienen el Libro Mayor y Auxiliares y Balances
por el ejercicio económico de 1994, 1995 y 1996, así como las
                                                              66


declaraciones de Impuesto a la Renta, del impuesto al valor
agregado y de retenciones en la fuente desde 1994 hasta la
fecha. Adicionalmente presentó las Actas de la Junta General
de INTRANS ECUADOR, desde el 11 de agosto de 1994 en
adelante con sus respectivos expedientes. Incorporada a dicha
acta,   aparecen   varias        preguntas    formuladas   por     el
representante de la empresa; igualmente consta el pliego de
preguntas formuladas por la Procuradora de la Administración
Tributaria demanda, para que sean contestadas por los
Peritos. La parte actora en escrito de fojas 543 del proceso
solicita a la Sala se sirva señalar día y hora para alegar en
estrados, audiencia que se llevó a efecto en esta Sala, el día 8
de diciembre de 1998; y, finalmente con fecha 1º de
diciembre de 1999, envía un escrito por medio del cual amplía
los alegatos expuestos en la audiencia en estrados. Así
trabada la litis, encontrándose la causa en estado de resolver,
para hacerlo, se considera: PRIMERO: Este Tribunal es
competente para el conocimiento y resolución de las acciones
de   impugnación    que     se     presente   contra   resoluciones
definitivas de la Administración Tributaria, en conformidad con
lo previsto en el numeral 3º del Art. 234 del Código Tributario,
en armonía con lo dispuesto en el art. 198 de la Constitución
Política, y las resoluciones obligatorias expedidas por la
Excma. Corte Suprema de Justicia, publicadas en los Registros
Oficiales Nº 220 de 28 de junio y 310 de 5 de noviembre de
1993. Dicha competencia se ha radicado en la Tercera Sala en
el sorteo efectuado el 15 de enero de 1998.- SEGUNDO: Se
                                                           67


ha dado a la causa el trámite señalado en la Ley. No existe
nulidad procesal que declarar, pues no hay omisión de
solemnidad que en alguna forma pudiera influir en la
decisión.- TERCERO: La demanda ha sido presentada dentro
del término previsto por el Art. 243 del Código Tributario.-
CUARTO:     Acta    de   Fiscalización   Nº   17.0.0421/97,
Impuesto a la Renta 1994.- a) Cuenta: 5.1.11.6 Traslado
de   Ejecutivos.-     Glosa   por   S/.6’606.015.   El   aspecto
fundamental en el que sustenta la Administración esta glosa,
es la falta de presentación , por parte de la actora, del
contrato de prestación de servicios celebrado entre INTRANS
ECUADOR S.A., y el señor Gerd Hinke, en el que se estipula
las obligaciones a las que se compromete la Empresa actora y
que se contrae como parte del paquete remunerativo del
Gerente; todo esto en relación a los gastos registrados por la
Empresa en el traslado de dicha persona. Analizadas las
constancias procesales, se verifica que la actora presenta
como medio de prueba una carta dirigida por Interamericana
Transport Industries Inc. al señor Gerd Hinke y suscrita por el
señor Olav Hinke en calidad de Presidente de la empresa
antes mencionada, domiciliada en los Estados Unidos de
América del Norte, carta en la que confirma “los términos y
condiciones de su empleo con Interamericana Transport
Industries Inc. (INTERAMERICANA)”; documento que obra de
fojas 81 y 82 y su correspondiente traducción que obra de
fojas 83, 84 y 85 del proceso. El numeral décimo de la carta
contiene lo siguiente: “Interamericana pagará los gastos de
                                                                             68


mudanza de sus efectos personales desde los Estados Unidos
a Quito, incluyendo cargos razonables por bodegajes en
ambas     terminales”;          y     en     el     numeral    12,    comunica
expresamente que “en caso de cualquier disputa, en su
empleo se       entenderá que               es     con Interamericana y la
jurisdicción aplicable será la del Estado de Florida”.- Este
hecho    ha     sido    expresamente              reconocido   en    el   escrito
presentado por la actora, que obra a fojas 104 y 105 de los
autos, cuando en el numeral 1º del mismo dice lo siguiente:
“1.-    Acuerdo        suscrito       entre        Interamericana     Transport
Industries Inc., y Gerd Hinke, mediante el cual se conviene
que el señor Gerd Hinke será designado Gerente General de
INTRANS ECUADOR S.A., y que el costo de su traslado a Quito
será asumido por la Compañía”. Manifestación por demás
evidente de que el costo de traslado del menaje del señor
Gerd    Hinke    corría     a       cargo     de    Interamerican     Transport
Industries Inc., con quien tiene relación de dependencia y no
con INTRANS ECUADOR S.A. Por otra parte, a fojas 445 a 450
y de 504 a 511 constan los informes periciales, de los que se
desprende que los dos Peritos coinciden que los gastos por
traslados de ejecutivos por el valor de S/. 6’606.015, fueron
registrados por la Empresa actora en las Cuentas: Nº 5.1.11,
Gastos de Mudanza G. Hinke Miami-Quito, Cuenta Nº 22.01.01
Interamericana         Transport       Industries       Inc.   por   pagar        S/.
6’606.015,00, asiento que tendría validez, siempre y cuando
se hubiera estipulado que la Empresa INTRANS ECUADOR
S.A., reembolse los gastos ocasionados por el concepto de
                                                          69


traslado del mencionado Ejecutivo, situación que no se
produce en el presente caso, por lo que la Sala confirma esta
glosa.   QUINTO:      ACTA      DE    FISCALIZACIÓN            Nº
17.0.0422/97.- Impuesto a la Renta, año 1995.- Cuenta Nº
5.1.12      Publicidad      Corporativa.-       Glosa      por
S/.290’975.856,oo.- La Administración, al confirmar lo
actuado por fiscalización, determina que la actora no ajustó el
exceso de provisión cargado a los resultados del ejercicio,
conforme al Art. 21 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
La actora al manifestar que el Art. 9 de la Ley Nº 51,
publicada en el Registro Oficial Nº 349, de 31 de diciembre de
1993, permite expresamente deducir esta provisión como un
egreso del ejercicio corriente, con cargo a resultados, aplica
erróneamente dicha disposición legal, pues la misma hace
referencia a: “Los gastos pendientes de pago al cierre del
ejercicio, relativos al año contributivo y cuyo importe no
puede conocerse con precisión…”; y no al exceso de provisión,
como sucede en el caso que se analiza, situación que es
reconocida por la Empresa actora en su escrito de demanda
fojas 3 y 4 del proceso, al manifestar que en el caso concreto,
la totalidad del saldo de esta provisión fue efectivamente
gastada en el ejercicio de 1996. De acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada
en el Registro Oficial Nº 341 de 22 de diciembre de 1989, “el
ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va
desde el 1º de enero al 31 de diciembre (…) el ejercicio
impositivo se cerraba obligatoriamente el 31 de diciembre de
                                                                70


cada año”; por lo que se concluye que el valor glosado en el
presente caso corresponde a una provisión realizada en el
ejercicio económico de 1995, la misma que debió ser ajustada
obligatoriamente el 31 de diciembre de 1995, y al no hacerlo,
se incumplió la previsión legal y los principios contables de
general aceptación. Por otra parte, los Peritos en sus informes
coinciden que el valor cargado a gasto en la cuenta Nº 5.1.12
Publicidad Corporativa, asciende a la suma de S/.422’278.207
al 31 de diciembre de 1995: que en el pasivo existe una
cuenta deudora Nº 2.3.02.004 que corresponde a contratos
pagados, que asciende a la suma de S/. 328’255.877, que
representa el valor pagado por INTRANS ECUADOR S.A. por
publicidad en el ejercicio. En consecuencia queda un saldo de
S/. 94’022.330 al 31 de diciembre de 1995 que fue utilizado y
pagado en el ejercicio de 1996 (Informe de fojas 446); de lo
que   se    desprende   que   la     empresa      tuvo     un   gasto
efectivamente realizado de S/. 328’855.877, valor establecido
por fiscalización. Por tanto, el valor de la glosa debió ser la
diferencia entre el valor provisionado y el consumido en el
ejercicio, por lo que la Sala rectifica esta glosa, como se
expone a continuación:Valor provisionado por la Empresa en
1995: S/.422’278.207. Menos gastos efectivos realizados en el
ejercicio   S/.328’255.877.   Diferencia        que   se    confirma
S/.94’022.330.    SEXTO:      Acta        de    Fiscalización        Nº
17.0.0423/97.-      Retenciones      en    la    Fuente,    ejercicio
económico 1995. El problema medular de la controversia
planteada en torno a esta glosa, radica en la alegación de la
                                                              71


empresa actora de que ella realizó la retención del 33% por
concepto de Impuesto a la Renta sobre el valor del 80% de las
remesas al exterior pagadas por la Empresa en concepto de
honorarios por el contrato de servicios celebrado con la
Empresa    Interamericana    Transport   Industries   Inc.;        en
aplicación del Nº 6 del Art. 13 de la Ley de Régimen de
Tributario Interno, reformado por el art. 11 de la Ley Nº 51,
publicada en el Registro Oficial Nº 349 de 31 de diciembre de
1993, cuyo texto es el siguiente: “Pagos al exterior son
deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean
necesarios y se destinen a la obtención de rentas, siempre y
cuando se haya efectuado la retención en la fuente, si lo
pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en
el Ecuador. Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto
a la renta en el Ecuador ni se someten a retención en la
fuente, los siguientes pagos en el exterior: 6. El 20% de los
honorarios por servicios profesionales prestados en el exterior
o por servicios ocasionales prestados en el país por personas
naturales no residentes o por sociedades sin domicilio o
establecimiento permanente en el país”. La empresa actora en
su demanda asevera que “en el caso los servicios se
prestaban desde el exterior y ocasionalmente en el Ecuador”;
y que: “El hecho de la existencia de un contrato no convierte a
los servicios prestados en el Ecuador en permanente ni
convierte a los servicios prestados en el exterior como
rendidos en el Ecuador”. Por otra parte, la Empresa actora
alega   haber   presentado    una   declaración   rectificatoria
                                                                          72


relacionada con las retenciones de impuesto a la renta por
pagos al exterior por el valor de 102’704.234, valor que no ha
sido   tomado    en      cuenta     por        fiscalización    ni   por        la
Administración       Tributaria    en     la     resolución     impugnada.
Mientras que, la Administración Tributaria ha ratificado en su
totalidad esta glosa en la resolución impugnada, fundada en el
criterio de que la empresa debió realizar retenciones sobre el
100% del valor total de las remesas que por este concepto
acreditó la empresa actora en el ejercicio de 1995, esto es del
valor total de S/. 1.471’498.097, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 134 del
Reglamento de aplicación de dicha Ley, por cuanto el referido
contrato de prestación de servicios “es por tiempo indefinido,
no es ocasional; por lo tanto no corre la deducción del 20% de
los honorarios pagados a Interamericana Industries Inc., para
efectuar la retención en la fuente”. Además, la Resolución
impugnada aplica a la empresa actora una multa del 100%
sobre el valor no retenido en aplicación del Art. 70 del Código
Tributario y 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Del
estudio   de   las    citadas     disposiciones       legales    y   de        las
constancias procesales, se desprende: 1) A fojas 92 y
siguientes del proceso obra la copia certificada del “contrato
de prestación de servicios y asistencia técnica” celebrado
entre las Empresas Interamericana Transport Industries Inc. e
INTRANS ECUADOR S.A.; contrato por el cual la primera de
las empresas se compromete a la prestación de “Asistencia y
Servicios Promocionales           a INTRANS ECUADOR S.A. con
                                                                      73


respecto a la venta de los productos y manejo de sus
negocios”, asistencia y servicios que constan detallados en la
cláusula primera del contrato. Conforme a la letra b) de esta
cláusula “los servicios serán prestados en las oficinas de
Interamericana Industries Inc. dentro de los Estados Unidos
de América”. En la cláusula segunda de dicho contrato se
estipula que INTRANS ECUADOR S.A. pagará “un honorario
equivalente al cinco por ciento (5%) de las Ganancias Netas
antes de Impuestos (“Base Imponible”), por cualesquiera y
toda la asistencia y servicios prestados por Interamericana
Industries Inc. (…) según se estipula en el art. 17 de la Ley
ecuatoriana “Ley de Régimen Tributario Interno”, de acuerdo a
sus enmiendas publicadas de tiempo en tiempo”. Dicho
honorario no será, en ningún caso menor a $ 200.000
dólares”; cláusula que consta sustituida en el “Suplemento
modificatorio    al   contrato    de       prestación    de    servicios   y
asistencia técnica”, celebrado el 6 de agosto de 1997, cuya
copia certificada, obra de fojas 102 y 103 del proceso. La letra
e) de la cláusula segunda asevera que: “Queda claramente
convenido por las partes contratantes que los pagos aquí
estipulados     son   pagos      por   concepto         de    HONORARIOS
PROFESIONALES, por servicios prestados por Interamericana
Transport Industries Inc. a INTRANS ECUADOR S.A., de
aquellos mencionados en el numeral 6 del Art. 13 de la Ley de
Régimen Tributario Interno” (…) INTRANS ECUADOR S.A.
retendrá en consecuencia, el impuesto a la renta sobre el 80%
de   los   honorarios    pagados       a    Interamericana       Transport
                                                                     74


Industries Inc.” La cláusula sexta contiene el término de
duración    del    contrato,       estableciendo     textualmente:        “el
presente contrato de prestación de servicios y asistencia
técnica comenzará a regir el día primero de enero de 1995 y
permanecerá en plena vigencia y en efecto hasta que sea
terminado por (y) las partes de mutuo acuerdo, o (ii)
cualquiera de las partes según sea el caso, de acuerdo con los
términos de la sección 7 indicada a continuación”. Este
contrato ha sido celebrado el 21 de agosto de 1995; 2) Del
análisis   del    texto    y     contexto    de   este   instrumento,     se
desprende meridianamente lo siguiente: Que este contrato
que constituye el origen de los servicios prestados por
Interamericana Transport Industries Inc. a INTRAS ECUADOR
S.A., en la letra b) de su cláusula primera señala en forma
expresa que dichos servicios serán prestados en las oficinas
de Interamericana Industries Inc. dentro de los Estados
Unidos de América. En tal virtud resulta claro que no se trata
de servicios prestados en el país, sino en el exterior, por
consiguiente el punto de análisis no corresponde al segundo
supuesto de hecho, señalado en el numeral 6 del Art. 13 de la
Ley de Régimen Tributario Interno, que trata de “servicios
ocasionales prestados en el país…”; por lo que la controversia
relativa a la naturaleza ocasional o permanente de los
servicios no tiene relevancia en el caso. Cobra, en cambio,
plena trascendencia para dilucidar la controversia, el alcance
material y legal del primer supuesto de la disposición legal
que   se   analiza,       esto    es,   el   concepto    de   “honorarios
                                                               75


profesionales”. El legislador no ha definido expresamente para
fines tributarios el concepto de honorarios profesionales, por
lo que en aplicación del art. 12 del Código Tributario debe
atenderse a su sentido jurídico, técnico o usual, aplicando los
métodos admitidos en derecho y teniendo en cuenta los fines
y significación económica de la norma tributaria. A este
efecto, el Diccionario de Derecho Usual de G. Cabanellas
define a los “honorarios” como: “remuneración estipendio o
sueldo que se concede por ciertos trabajos. Generalmente se
aplica a las profesiones liberales, en que no hay relación de
dependencia   económica    entre   las   partes,   y   donde    fija
libremente su retribución el que desempeña la actividad o
presta los servicios”; y, el vocablo “profesión” como “ejercicio
de una carrera, oficio, ciencia o arte”. En armonía con esta
definición, el mismo autor define a la “profesión liberal”, como
“aquella que constituye el ejercicio de las carreras seguidas en
centros universitarios o en altas escuelas especiales por lo
general de actividad y trabajo tan solo intelectual (…). La
singularidad de la profesión liberal surge de que no existe
relación de dependencia ni permanente con la clientela,
aunque puede haber habitualidad en el requerimiento de los
servicios; además, salvo establecerse aranceles especiales por
el poder público, el profesional liberal determina libremente su
remuneración, que recibe el nombre de honorario”. De las
definiciones transcritas surge entonces meridianamente que el
supuesto señalado en la primera parte del numeral sexto del
artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se refiere
                                                             76


inequívocamente al pago de honorarios a profesionales, por
sus servicios - profesionales - prestados en el exterior;
entendiéndose como tal a los servicios prestados por tales
profesionales en ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte.
En tratándose de personas naturales, respalda el ejercicio
profesional el respectivo título académico. Y, en tratándose de
personas jurídicas, dedicadas a la prestación de servicios
profesionales, resulta obvio que dicha actividad debe ser parte
del objeto social de la compañía. No obra de autos el Estatuto
de la Compañía Interamericana Transport Industries Inc., del
que se desprenda el objeto social de la misma; sin embargo,
del texto del propio contrato celebrado entre las dos empresas
fluye que Interamericana Transport Industries Inc. no es una
empresa cuyo objeto social sea la prestación de servicios
profesionales, en las áreas señaladas en el mismo, sino una
empresa    cuyo   giro   es   la   venta   de   vehículos,   como
expresamente se hace constar en el preámbulo del contrato.
En consecuencia, la Sala concluye que los pagos realizados
por INTRANS ECUADOR S.A. a Interamericana Transport
Industries Inc., en rigor, no constituyen honorarios por
servicios profesionales, y por tanto no están incursos en el
supuesto de la norma legal analizada. La Sala arriba a esta
conclusión en base al análisis de las constancias procesales;
ya que la empresa actora no ha demostrado que dichos pagos
correspondieron efectivamente a “honorarios por servicios
profesionales”, como era su obligación al tenor de lo previsto
por el Art. 273 del Código Tributario.- 3) Por otra parte, la
                                                                        77


Empresa alega en su impugnación que no se ha tomado en
cuenta en la Resolución impugnada el pago por el valor de S/.
102’704.234, realizados con la declaración Nº 00179255 de 31
de enero de 1997, correspondiente a diciembre de 1995. Al
respecto, tanto los Peritos en su informes (fojas 446 y 509),
como Fiscalización (fojas 73 vuelta), coinciden en que el valor
total remesado y acreditado por INTRANS ECUADOR S.A. a
Interamericana     Transport         Industries      Inc.   es     de        S/.
1.471’498.097, valor sobre el que la empresa actora debió
retener el 33%, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 38
inciso 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno; valor que
asciende a S/. 485’594.372. Los Peritos también coinciden en
sus informes que los valores retenidos y pagados por la
Empresa   actora    por      el    ejercicio    de   1995      (que   es      el
fiscalizado), ascienden a S/.285’472.970, que involucra el
valor de S/. 102’704.234 alegado por la Empresa. En
consecuencia, existe una diferencia real de S/. 200’121.402;
valor que se confirma. Finalmente, no corresponde en este
fallo pronunciarse respecto de ninguna depuración de los
ingresos percibidos por Interamericana Transport Industries
Inc.,   como    alega   la        Empresa      actora,   por     cuanto       la
determinación      tributaria          controvertida        se        refiere
exclusivamente a INTRANS ECUADOR S.A. Déjase en todo
caso a salvo el derecho de que se crea asistida esa empresa.
4) MULTA.- El Art. 49 Nº 1 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, publicada en el Registro Oficial Nº 341 de 22 de
diciembre de 1989 prescribe: “De no efectuarse la retención
                                                                78


de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores
retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en
las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total
de las retenciones que debiendo hacérsela no se efectuaron, o
que realizadas no se depositaron, con el 100% de recargo y
los intereses de mora respectivos”; norma de obligada
observancia para los agentes de retención, cuya naturaleza
jurídica no atiende a razones subjetivas de estos sujetos
responsables; sino al supuesto objetivo de la norma. En
consecuencia, la Empresa actora debe satisfacer el valor de
S/.200’121.402 confirmado en este fallo, con el recargo del
cien por ciento y los intereses de mora respectivos. Por todo lo
expuesto, la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº
1   ADMINISTRANDO           JUSTICIA      EN   NOMBRE      DE        LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta
parcialmente la demanda en la forma establecida en los
considerandos    tercero,   cuarto,   quinto   y   sexto   de   esta
sentencia, quedando en esta forma rectificada la resolución
impugnada Nº 05105 de 27 de noviembre de 1997 que fue
materia de impugnación. La administración procederá a
realizar la liquidación correspondiente conforme a lo resuelto
en este fallo. Sin costas. Notifíquese.
f) Firmas ilegibles.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.
                                                                  79


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL. Quito, 2 de julio del 2003. Las 18h00.
VISTOS: Oscar Hernández, representante legal de la empresa
Intrans Ecuador S. A., según documento que acompaña, el 27
de octubre del 2000 interpone recurso de casación de la
sentencia Nº 1128 y del auto ampliatorio dictados por la
Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 el 4 y el 20
de octubre del 2000, respectivamente, en el juicio Nº 18149-
1128 seguido en contra del Director General del Servicio de
Rentas Internas. Concedido el recurso, corrido traslado a la
autoridad tributaria demandada, ha producido contestación.
Pedidos los autos, para resolver se considera: PRIMERO: Esta
Sala es competente para conocer y resolver el recurso
interpuesto en mérito al Art. 1 de la Ley de Casación.-
SEGUNDO: El recurrente funda el recuso en las causales
primera y cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación en virtud de
la   falta   de   aplicación   de   normas    de   derecho,    errónea
interpretación de otras normas de derecho y aplicación
indebida de una norma de derecho en la sentencia y en la
negativa para su aclaración, al igual porque en la sentencia se
ha omitido resolver sobre todos los puntos controvertidos
respecto de los pagos efectuados. Explica en su exposición
que con relación al acta de fiscalización 17.0.0421/97 por
impuesto a la renta de 1994, la glosa por traslado de
ejecutivos, la sentencia no ha aplicado los artículos 204 y 230
numeral 2 de la Ley de Compañías, según los cuales los actos
realizados    durante    el    proceso   de   constitución    hasta    la
                                                            80


inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil se
reputan actos de la compañía a la que obligan siempre que
ésta los ratifique expresamente, además de ser un hecho que
la Junta General de Accionistas debe aprobar los balances
anuales y los informes de los administradores y que en el caso
concreto se han ratificado los gastos de traslado del primero
Gerente Gerd Hinke por lo cual no cabía que se ratifique en la
sentencia la glosa por gastos de mudanza. Que con relación al
acta 17.0.0422/97 de publicidad corporativa se ha aplicado
indebidamente el Art. 9 de la Ley 51 publicada en el Registro
Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993 porque la provisión
hecha por Intrans Ecuador S.A. para el ejercicio de 1995 por
gastos eventuales en base al contrato existente entre ella y
los distribuidores es deducible como un ingreso del ejercicio
corriente, con cargo a resultados según la norma citada y la
jurisprudencia del ex Tribunal Fiscal según lo cual las
provisiones son ilegítimas y son gastos del ejercicio respectivo
si se las utiliza efectivamente para los fines de su creación y
que en el caso concreto el saldo del monto provisionado ha
sido utilizado en 1996 según reconoce la misma sentencia,
que con relación al acta 17.0.0423/97 por retenciones en la
fuente de 1995 y multa no se han aplicado ciertas normas de
derecho, ha interpretado erróneamente otras y ha aplicado
mal una norma de derecho y no ha decidido aspectos del
litigio relacionados con el pago del impuesto a la renta por
retenciones en la fuente. Que en referencia a la situación
relacionada con retenciones en la fuente, en la sentencia no se
                                                                  81


ha aplicado los dos últimos incisos del artículo agregado por el
Art. 25 de la Ley 51 de 1993 después del art. 38 de la Ley de
Régimen Tributario Interno que establece que los beneficiarios
de ingresos distintos de utilidades y dividendos que se envíen,
paguen o acrediten al exterior, concepto de servicios no se ha
de limitar a quienes ejercen una profesión liberal sino que ha
de extenderse a los servicios prestados por expertos que
tienen experiencia en una materia determinada o en un área
de la misma, tales como los referidos a asistencia técnica
como      la   brindada    por   la   empresa      Interamericana      de
Transportes a favor de la actora. Que el numeral 1 del Art. 49
de   la    Ley    de      Régimen     Tributario   Interno   ha     sido
indebidamente aplicado por la sentencia porque en el caso no
se cumple la hipótesis ahí prevista para la imposición de
sanciones, sanción que no es pertinente según el art. 70 del
Código Tributario porque la compañía si presentó declaración
y retuvo y pagó el impuesto porque si hubiera lugar a sanción,
según la sentencia, debería aplicarse el numeral 2 del Art. 45
en relación con el art. 97 de la Ley de Régimen Tributario
Interno y que al no aplicar las normas legales debidas se ha
sancionado sin causa. Que la sentencia, al no resolver sobre
los pagos efectuados y al no considerar a los realizados con
las declaraciones mensuales por retenciones en la fuente que
se han agregado al proceso mediante aporte de los informes
periciales por un monto de $ 107’708.816 se ha omitido
resolver en la sentencia y en su ampliación sobre puntos de la
litis como consecuencia de no haber examinado correctamente
                                                             82


la prueba. Indica que debe depurarse la renta para evitar
problemas de doble tributación. TERCERO: El Dr. Washington
del Salto Benítez Procurador Fiscal de la autoridad demanda
se refiere al recurso interpuesto afirmando que la sentencia
acepta parcialmente la demanda formulada y que la misma es
correcta porque al referirse a la glosa por traslado de
ejecutivos debe señalar que el recurso de casación tiene por
objeto la aplicación correcta de las normas jurídicas y no
encaminado a examinar pruebas y que en el pagarán el 33%
sobre el ingreso gravable, impuesto que debe retenerse en la
fuente y que la sentencia tampoco considera que el ingreso
sobre el cual se determina el impuesto a la renta es el
señalado por los artículos 10 y 17 de la Ley de Régimen
Tributario Interno que establece la base imponible en virtud
de la que se aplicarán como deducciones al ingreso los costos
y gastos imputables al mismo destacando que la base
imponible se halla constituida por la totalidad de los ingresos
ordinarios   y   extraordinarios,   menos     las    devoluciones
impuestos, costos, gastos y deducciones imputables a tales
ingresos, de lo cual se colige que la base gravable en el caso
de remesas se constituye por la totalidad de los valores
remitidos menos los gastos y costos. Estima que en la
sentencia tampoco se ha considerado el numeral 1 del Art. 42
de la Ley de Régimen Tributario Interno según el que no están
obligados    a   presentar   declaración    los     contribuyentes
domiciliados en el exterior que no tengan representante en el
país. Todo lo cual ha dejado de aplicarse al rechazar la
                                                                        83


demanda        en    la   parte    relacionada    con   esta    glosa    por
retenciones en la fuente. Que en cuanto a la imposición de
multas en la sentencia no se ha aplicado tanto el Art. 97 como
el numeral 2 del Art. 49 de la Ley de Régimen Tributario
Interno ya que la empresa ha presentado la declaración y
efectuó la retención del impuesto a la renta sobre las remesas
realizadas. Que se ha interpretado erróneamente el numeral 6
de    Art.   13 de        la Ley de     Régimen Tributario Interno,
reformado, al limitar el concepto de servicios profesionales
exclusivamente a los prestados por personas que tienen un
título profesional y a las compañías que tienen por objeto
prestar tales servicios, sin tomar en cuenta que las normas
tributarias se interpretan según su contenido económico por lo
que el caso no se ha discutido si los gastos de traslado eran o
no deducibles sino que se ha discutido si se ha demostrado o
no si los gastos de traslado del Gerente Gerd Hinke estaba
obligada a asumir la recurrente a pesar de que los mismos
han     sido        pagados       por   otra     empresa       denominada
Interamericana Transportes Industries Inc., situación que ha
sido examinada por la sentencia que ha llegado a la conclusión
de que no está probado que Intrans Ecuador S.A. haya
adquirido la obligación de reembolsar a la empresa que pagó
los mismos y que por esa razón no cabe suponer la violación
de ninguna norma ni falta de aplicación de la misma. Que
sobre la glosa por publicidad corporativa de 1995 la sentencia
ha aplicado correctamente el Art. 9 de la Ley 051 de
Diciembre de 1993 al distinguir entre creación de una cuenta
                                                          84


para provisiones y la estimación objetiva de gastos ya que las
provisiones son anticipos de gastos cuyo importe hay que
guardarlo y utilizarlo según el gasto ocurra durante el mismo
ejercicio   económico   debiendo   reservarse   el   remanente,
sostiene que la estimación objetiva de gastos dura un lapso
muy corto por lo que no existe violación de las disposiciones
legales alegadas por el recurrente. Sobre lo relacionado con
las retenciones en la fuente y la multa del ejercicio de 1995
tampoco hay violación de norma alguna porque la empresa en
su demanda consideró que todo lo pagado debía reputarse
como honorarios profesionales y gravarse con el 33 % del
80% y no el 33% del 100% y que respecto de los pagos
realizados no ha sido una cuestión que consta en la demanda
y que tampoco procede la depuración alegada porque el
impuesto se causa sobre ingresos sin que exista definición de
ingreso gravado. CUARTO: Esta Sala debe pronunciarse
respecto de cada una de las cuestiones que según la empresa
recurrente implican violación de normas legales o falta o
indebida aplicación de las mismas y debe hacerlo en el orden
que figuran planteadas en el recurso así: 1.- Respecto a la
glosa por traslado de ejecutivos del acta 17.0.0421/97 por
impuesto a la renta de 1994. En primer término, esta Sala
aclara que carece de competencia para examinar la prueba
que ha sido calificada por la Sala juzgadora luego de su
examen. En la sentencia en su Considerando Cuarto se
examina con claridad la discusión que efectivamente no recae
en la procedencia o no del gasto, cuestión de por sí elemental
                                                                        85


dada su aceptación general                debido a la existencia de
regulaciones internacionales que disponen que ese tipo de
gastos debe asumir el empleador. La litis ha versado sobre la
procedencia o no de la deducción aplicada por Intrans Ecuador
S.A. debido a que según el examen hecho por la Sala
juzgadora, ese gasto fue asumido por una tercera empresa
denominada         Interamericana         Transport     Industries        Inc.
(Interamericana),          motivo   por    el   cual,   al   no     haberse
demostrado la existencia de convenio legalmente celebrado
entre ésta y la recurrente que obligue a esta última a
reembolsar el gasto, no procede la deducción por cuyo motivo
la glosa establecida es correcta, al igual que la sentencia que
la confirma, que no ha dejado de aplicar ninguna de las
disposiciones que se mencionan en el recurso. 2.- En lo que se
relaciona con la glosa por publicidad corporativa establecida
en el acta 17.0.0422/97 impuesto a renta de 1995. En el
Considerando Quinto de la sentencia recurrida se examina con
ponderación        lo     relacionado     con   esta    glosa      específica
modificándole en su cuantía en relación a la establecida por la
Administración Tributaria mediante el acta de fiscalización que
se ha confirmado por Resolución del Director General de
Rentas. Como en el caso precedente, esta Sala no tiene
competencia para examinar la prueba actuada dentro del
proceso en instancia, esta labor ya la ha hecho la Sala
juzgadora que, aplicando correctamente el inciso 2º del Art.
288 del Código Tributario ha examinado los antecedentes de
los   actos   de        determinación     impugnados     y   los    que      se
                                                                86


relacionan con ellos habiendo encontrado que a la empresa
actora le asiste el derecho de considerar como pagos
efectivamente realizados tomando de la provisión efectuada
en 1995, la suma que en realidad ha sido regulada al 31 de
diciembre de 1995 en que debía cerrarse la contabilidad del
ejercicio revirtiéndose a utilidades la diferencia no consumida
conforme establecen los principios de técnica contable. No
existe error ni falta de aplicación de las normas de derecho
que el recurrente indica, por cuya razón es correcto lo resuelto
en el considerando Quinto de la sentencia recurrida que se
confirma. 3. Sobre el problema de las retenciones en la fuente
y multa que constan en el acta de fiscalización 17.0.0423/97
del ejercicio de 1995 tratadas en el considerando Sexto de la
sentencia recurrida, esta Sala no puede menos que dejar
constancia de los siguientes particulares: a.- Entre otras
resoluciones, con la Nº 41/99 de 16 de enero del 2001
publicada en el Registro Oficial Nº 325 de 14 de mayo del
2001, esta Sala ha sentado el criterio, que es de universal
aplicación en todas las legislaciones tributarias de los países,
en   el   sentido   de   que   el   impuesto   a   la   renta   grava
exclusivamente a renta neta; es decir, la renta bruta percibida
por todos los conceptos, menos los gastos y costos permitidos
por la ley, que en el caso de nuestro país están contemplados
en el Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno que se
ubica dentro del Capítulo IV del Libro Primero de la misma que
trata de la depuración de ingresos. El Art. codificado como
42.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al referirse a
                                                           87


otras retenciones en la fuente que deben efectuarse del valor
bruto pagado menciona un hecho importante que es el de
disponer que las retenciones se efectúen sobre lo que
constituye renta gravada para el perceptor o beneficiario del
pago y sujeto de la retención; esta misma cuestión se repite
en otras disposiciones de la misma Ley y en algunas del
Reglamento General de aplicación de la misma. De esta
manera, al ser el impuesto a la renta una gravamen a la renta
neta, el concepto de base imponible dado por el Art. 17 de la
Ley de Régimen Tributario Interno significa que el término
ingreso o renta gravable empleado por el legislador es símil de
renta neta o sea, renta bruta menos deducciones, costos y
gastos. De ahí que en el caso que se examina es correcta la
posición del recurrente en el sentido de que el impuesto debe
recaer sobre renta neta o renta gravable depurada en la forma
que la Resolución Nº 41-99 ya indicada lo ha dispuesto. Por lo
mismo el impuesto del 33% debe aplicarse sobre el 80% del
valor total pagado porque el 20% se reputa involucrar los
valores correspondientes a costos y gastos depurados. Consta
en la demanda que se ha dejado constancia del pago de S/.
107’708.816 sucres imputables al impuesto a la renta por
retenciones en la fuente de remesas al exterior, la sentencia
no ha considerado ese particular que debe deducir del valor
establecido por impuesto. En la sentencia se ha dicho que los
honorarios   profesionales   corresponden   exclusivamente      a
quienes realizan actividades profesionales propias del ejercicio
de una profesión liberal de las que requieren título académico
                                                              88


obtenido en un centro superior de estudios y en este punto,
sin la menor duda ha cometido un error de apreciación por
mas que se remita a lo que sobre el caso dicen los
Diccionarios que cita. Tal como indica el recurrente, las
normas tributarias deben interpretarse teniendo en cuenta su
finalidad económica y, por cierto considerando los cambios
que la modernidad impone por ser evidente que el avance
tecnológico ha hecho posible la aparición de las denominadas
carreras cortas que capacitan personas como expertos en
ciencias o artes que no se imparten en los centros de
educación superior; la tecnología moderna permite un avance
acelerado de las actividades empresariales y con ello una
mejora en su producción y, por lógica, en la recaudación de
tributos.   Los   denominados   honorarios    profesionales        no
solamente    corresponden   a   las   tradicionales   profesiones
liberales, son también atribuibles a las nuevas modalidades
del ejercicio de una variedad asombrosa          de actividades
técnicas. Por lo que se indica, es correcta la posición del
recurrente que tiene derecho a que se considere en calidad de
honorarios la totalidad de los valores pagados, tanto más que
no se ha cuestionado esas sumas. c.- Las multas son
sanciones que se imponen a quienes de alguna manera
infringen las disposiciones de naturaleza tributaria, la sanción
al supuesto infractor debe seguir un proceso legal que haga
posible el ejercicio del legítimo derecho de defensa del
supuesto infractor, a quien no se le puede distraer de sus
legítimos jueces naturales y, por lo mismo deben cumplirse
                                                               89


las garantías constitucionales del debido proceso legal y la
seguridad jurídica que garantizan los artículos 23 y 24 de la
Constitución Política de la República en vigencia, que reconoce
los mismos que regían en constituciones anteriores. Dados los
términos en que se ha concebido la sentencia que confirma el
procedimiento establecido por la Dirección General de Rentas,
no cabe duda que en el caso no se ha observado el principio
de seguridad jurídica y el debido proceso sancionador respecto
de cuya vigencia las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia y esta misma Sala de lo Fiscal han establecido que la
multa debe imponerse siguiendo el procedimiento fijado en la
ley punitiva y, en el caso, en el Libro Cuarto del Código
Tributario. En la especie no se da el caso señalado y por el
hecho   de   que   en   la   sentencia   recurrida   se   reconoce
expresamente que la recurrente ha presentado la declaración
por retenciones en la fuente, ha retenido los impuesto debidos
y ha entregado al acreedor el importe retenido, no existe
fundamento para imponer sanción alguna por cuyo motivo se
deja sin efecto la que confirma la sentencia recurrida. Por lo
indicado, la Sala de lo Fiscal de Corte Suprema de Justicia,
ADMINISTRANDO           JUSTICIA     EN     NOMBRE        DE        LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta
parcialmente el recurso de casación interpuesto por el
representante legal de la empresa Intrans Ecuador S.A. y
modifica la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 1 el 4 de octubre del 2000 en el
sentido de dejar sin efecto en su integridad lo resuelto en su
                                                                 90


considerando Sexto respecto del cual el recurso formulado es
procedente. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- José Vicente
Troya Jaramillo.- Hernán Quevedo Terán.




IV


Juicio de aceptación tácita que siguió Marcelo Darquea Alomía
como Gerente y Representante Legal de la Compañía Hiperoil
contra la Directora General del Servicio de Rentas Internas.


                              SÍNTESIS:
La actora en su demanda y como alegación principal,
sostiene que se ha producido la aceptación tácita de su
recurso de reposición, solicita al Tribunal Fiscal Nº 1
que por haberse producido la aceptación tácita se
reconozca el pago de los intereses compensatorios a los
cuales tiene derecho por el reintegro solicitado en
concepto de impuesto del IVA, que injurídicamente la
Administración Fiscal los negó. La alegación principal de
HIPEROIL     S.A.        es    que    la   Resolución     4229        de
septiembre    30    de    1997       se    la   expidió   en   forma
extemporánea, al haberse dictado luego de los 120 días
que establece el art. 21 de la Ley 05 y que por lo tanto
al haberse producido la aceptación tácita del recurso de
reposición, dicha resolución no tiene valor jurídico
                                                             91


alguno. En fallo mayoría, el Tribunal Fiscal acepta que
se produjo el silencio administrativo positivo, mas niega
el pago de los intereses reclamados por improcedente.
Para resolver el recurso de casación, la Sala en fallo de
mayoría, advierte la imperiosa necesidad de atender los
recursos interpuestos atendiendo el fondo del mismo y
no su forma. Concluye la Sala que la actora tiene
derecho a que se reconozcan, en conformidad con lo
que disponía el Art. 21 de la Ley de Régimen Tributario
Interno,    los   respectivos    intereses   por   el   crédito
tributario reconocido por IVA. En fallo de minoría la Sala
de Casación considera que, por cuanto no existe la
casación de oficio, excepto en el actual Código de
Procedimiento Penal, de la comparación “(…) entre los
requisitos formales obligatorios con el planteamiento
efectuado    como    causales,    se   resalta   que    no   hay
determinación de la causal o causales en que se basan
(…)”, por lo que se rechazan los recursos interpuestos.


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL.


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1.- PRIMERA SALA.-
Quito, a 11 de noviembre de 1998. Las 17h20.
VISTOS: El señor Marcelo Darquea C., en calidad de Gerente
General y Representante Legal de HIPEROIL S.A., por los
derechos que representa, comparece ante este Tribunal
Distrital y deduce acción contencioso-tributario, al amparo del
                                                                          92


Art. 234, del Código Tributario, pretendiendo que se reconozca
el   SILENCIO       ADMINISTRATIVO            como       ACEPTACION:           del
Reclamo      o,    acciones    que     las    deduce      basados   en         los
fundamentos de hecho y de derecho que expone al efecto.
ANTECEDENTES:          a)     Mediante       Acta   de    Fiscalización        Nº
17.O.120/96 IVA/C, levantada el 3 de agosto de 1996, se
establece     a    favor    de   mi      representada        la   suma         de
S/4.212’287.203, más los intereses tributarios compensatorios
de que trata el Art. 21 del Código Tributario. b) Mediante
Resolución Nº 491 del 29 de enero de 1997, ante el
requerimiento del actor de compensación de crédito, la
administración fiscal, acepta la compensación, que se refleja
entre las diferencias a favor y en contra establecidas en las
Actas de Fiscalización Nº. 17.0.120/96 IVA/C y el Acta de
Fiscalización 17.0.330/96 CE, por Impuesto a la Renta; las dos
por el ejercicio económico de 1995 y, niega en forma
antijurídica los intereses a los cuales tenían derecho a
percibir, por cuanto se trata de PAGO INDEBIDO, la razón
para la negativa es lo más simple que pueda darse, pues lo
único que se afirma es “La compensación o devolución de los
saldos del IVA a favor del contribuyente, no constituyen pagos
indebidos, y por consiguiente, no causarán intereses”. c) Ante
esta injurídica posición de la administración fiscal, la empresa
reclamante presentó el correspondiente recurso de reposición
para   que    le    reconozca     el   valor    de     los   intereses     que
indebidamente se les fue negado en resolución Nº 04229 del
30 de septiembre de 1997, en la cual se le niega el recurso de
                                                                   93


reposición con los argumentos de: 1.- “Si bien el Art. 21 del
Código Tributario establece que los créditos en contra del
sujeto pasivo por pagos de tributos satisfechos en exceso o
indebidamente, se liquidarán con el mismo interés, que
causen contra el sujeto activo, desde la fecha de pago. Pero,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, la diferencia a favor establecida
por Fiscalización en el Acta Nº 17.0.120/96, por Impuesto al
Valor Agregado, constituye crédito tributario y no pago
indebido, prescrita por el Art. 149 del Reglamento de
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que en su
parte final establece que la compensación o devolución de un
saldo   a    favor    del     I.V.A.   (crédito   tributario)   para    el
contribuyente no constituye pago indebido y por consiguiente
no causarán intereses; 2.- Se argumenta también que la
disposición del Art. 21 del Código Tributario es una norma de
carácter general, no así, las normas contenidas en la Ley de
Régimen Tributario Interno y la norma reglamentaria citadas
anteriormente; ALEGACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO. 1.- El
escrito que contenía el recurso de reposición se presenta el 21
de febrero de 1997, y la Resolución por lo que se le niega
dicho recurso, tiene fecha 30 de septiembre de 1997, y se les
notifica el 1º de octubre de ese mismo año; es decir, fuera del
término     legal    de    120 días que      contempla la       Ley 05,
reformatoria de la ley que a su vez, reformó la Ley de
Régimen Tributario Interno, el Código Tributario y otras leyes;
(específicamente          transcurrieron   CIENTO      CINCUENTA        Y
                                                              94


CUATRO DIAS desde la fecha de presentación del recurso,
hasta la de notificación con resolución negativa). 2.- En
efecto, el Art. 21 del mencionado decreto, Ley 05, dispone
que: “Sustitúyase la disposición final 1ª de la Ley 51 por la
siguiente: A partir del primero de enero de 1995, en todos
aquellos casos en que el Código Tributario y demás leyes
tributarias prevean o no plazos especiales para resolver o
atender   peticiones,   reclamaciones   o   recursos     de        los
contribuyentes, la Administración Fiscal, tendrá el plazo de
120 días hábiles para pronunciarse.- Si vencido el plazo
señalado en el inciso anterior, no hubiere pronunciamiento
expreso respecto de las peticiones, reclamaciones o recursos
que se presenten a partir de la fecha indicada, el silencio
administrativo se considerará como aceptación tácita de los
mismos”. 3.- En el presente caso, como puede observarse, se
ha producido LA ACEPTACIÓN TÁCITA y la pretensión en el
recurso de reposición tiene que ser atendida; esto es, se le
debe reconocer los intereses que injurídicamente le fueron
negados, pues se trata de un verdadero pago indebido. 4. El
crédito tributario por IVA (Impuesto al Valor Agregado),
constituye un pago indebido y por lo tanto debe ser
reintegrado   o   compensado   su   valor   más   los   intereses
compensatorios que el Art. 21 dispone a favor de los
contribuyentes. Esta norma inclusive es lógica, pues si la
Administración Fiscal cuando existe un crédito a su favor,
exige el pago de interés, es obvio que cuando tenga que
devolver un valor a favor del contribuyente deba también
                                                                           95


reconocer intereses compensatorios regulados por la Ley
Monetaria. Se trata además de un acto de determinación
realizado por la propia Administración Fiscal 5.- Es necesario
indicar que el Art. 21 de la Ley 05 es aplicable a las normas
que rigen la Administración Tributaria, pues la voluntad del
legislador es la de que a partir del primero de enero de 1995,
las reclamaciones administrativas, recursos o consultas que se
presenten en materia tributaria no aduanera, se resuelvan
dentro del término de 120 días, con la sanción jurídica de que
su incumplimiento por el Ministerio de la Ley, implica
aceptación de los propios reclamos, recursos consultas. Así lo
ha expresado el Tribunal Distrital de lo Fiscal en varios fallos,
entre los que podemos citar la sentencia expedida por la
Primera Sala dentro del juicio Nº 16988-548-LS, seguido por
el Gerente General de la Compañía “CLINILAB S.C.C.” (JUICIO
Nº 16794-378). SUBSIDIARIAMENTE, y para el supuesto no
consentido de que no se acepte el silencio administrativo
dentro de los 120 días que contempla la Ley, no se pronunció
la administración; se ha producido LA ACEPTACIÓN TÁCITA
del recurso; se debe reconocer que el crédito tributario que se
produce   por    el    IVA,         constituye   PAGO      INDEBIDO,            de
conformidad con lo que al efecto dispone el art. 323 del
Código    Tributario       el       mismo     que    debe     causar            los
correspondientes       intereses          compensatorios.     Así     se        ha
pronunciado el Tribunal Fiscal en un caso similar al presentado
por   HIPEROIL     S.A.,        y   que    resultó   con    una     sentencia
condenatoria para la Compañía Mercantil “Contracta Cía
                                                                  96


Ltda.”, a la cual se le reconoció el derecho al reintegro del
valor determinado como crédito tributario del IVA, en acta de
fiscalización que se declara como indebidamente pagada, más
los intereses compensatorios que han de establecerse de
conformidad con lo que dispone el Art. 21 del Código
Tributario.     PETICIÓN      CONCRETA.-      En   base      de        los
antecedentes expuestos, la normativa jurídica invocada y los
criterios de su aplicación emitidos por el propio Tribunal
Distrital de lo Fiscal, solicitó que en sentencia se reconozca
que se ha producido la ACEPTACIÓN TÁCITA del recurso
formulado pues, la expedición de la Resolución Nº 04229, de
30 de septiembre de 1997 es EXTEMPORÁNEA y por lo tanto,
carece de valor jurídico alguno. Se deberá por lo tanto
disponer que la Administración Fiscal, realice la liquidación
pertinente de los intereses que en forma improcedente le
fueron    negados.-      Citada   la   demanda   comparece    dando
contestación a la misma, el Dr. Fernando Pinto Vinueza,
Procurador de la Autoridad Tributaria Fiscal, refiriéndome al
juicio de Aceptación Tácita, seguido por el señor Marcelo
Darquea       C.,   en   su   calidad    de   Gerente   General         y
Representante Legal de la Compañía HIPEROIL S.A., en contra
del Director General de Rentas, a usted manifiesto lo
siguiente: 1.- La Empresa Actora afirma que el 01 de octubre
de 1997, se le notificó con la Resolución Nº 04229 de 30 de
septiembre de 1997 dictada por el señor Director General de
Rentas. Señala además, que la mencionada Autoridad, a partir
del 21 de febrero de 1997, en que HIPEROIL S.A., presentó
                                                                      97


recuso de reposición a la Resolución Nº 491 de 29 de enero de
1997, y que disponía del término de 120 días para dictar la
Resolución con la que debía dar por terminado el trámite Nº
19970201566, de conformidad con lo que dispone el art. 21
del Decreto Ley Nº 05, publicado en el Registro Oficial Nº 396
de 10 de marzo de 1994. Indica además, que la resolución Nº
04229 dictada por el Director General de Rentas el 30 de
septiembre de 1997, y notificada el 01 de octubre de 1997, es
extemporánea, produciéndose la aceptación tácita de su
pretensión en el recurso de reposición, y que por lo tanto
carece de valor jurídico alguno.- 2.- Al respecto, cúmpleme
manifestar que la solicitud hecha por la Empresa Actora no es
procedente, dado que el acto administrativo se desarrolló con
estricto cumplimiento a la Ley, razón por la cual, me permito
hace las siguientes aclaraciones. INCOMPETENCIA DE ESTE
TRIBUNAL     PARA        CONOCER       LA     IMPUGNACIÓN.         Si      el
contribuyente afirma, que según lo dispuesto en el Art. 21 de
la Ley 05, publicada en el Registro Oficial Nº 396 de 10 de
marzo de 1995, se ha producido la aceptación tácita del
recurso presentado, el Honorable Tribunal Distrital de lo
Fiscal, es incompetente para conocer de esta demanda que se
fundamenta en una aceptación, por parte de la Administración
Tributaria, puesto que el Tribunal es un órgano para resolver
los conflictos sobre negativas, diferencias y en general sobre
asuntos    litigiosos,    más    no    para       conocer    hechos        no
controvertidos. FALTA DE DEROGACIÓN EXPRESA DE LOS
ARTÍCULOS      102,      125,   126,   136    Y    137      DEL   CÓDIGO
                                                           98


TRIBUTARIO. Subsidiariamente, si el Tribunal se declara
competente alego expresamente que en el campo tributario es
inaplicable el Art. 21 de la Ley 05, por cuanto no han sido
derogados los artículos 102, 135, 127, 136 y 137 del Código
Tributario, que establecen consecuencias diferentes por la
falta de atención a las peticiones, reclamos y recursos, ya que
según lo dispuesto en el artículo 2 del cuerpo legal referido,
exclusivamente se puede derogar una norma tributaria por
otra en forma expresa destinada a tal fin. El siguiente análisis
nos lleva a concluir que no existe derogatoria expresa: la
derogatoria es: la terminación de la vigencia de la Ley, la cual
puede ser expresa o tácita. De acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 37 del Código Civil, es expresa cuando la nueva Ley dice
expresamente que deroga la antigua, es tácita cuando al
nueva Ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse
con la Ley anterior. Para Larrea Holguín, mediante la
derogación expresa, cualquier Ley puede derogar otra; es
decir una Ley general puede derogar a otra general o una o
más especiales, y viceversa, y una Ley especial puede derogar
otras especiales o generales. En cambio la derogación tácita,
sólo   se   produce   respecto   de   disposiciones   igualmente
generales o más generales. La derogación tácita proviene de
una declaración genérica en donde se dispone la derogación
de todas las normas que están en oposición a los preceptos
sancionados con ulterioridad. Dicha derogación resulta de su
contenido por estar en contradicción con Leyes anteriores. En
el caso que nos ocupa, el Art. 21 de la Ley 51 en la parte
                                                                 99


pertinente dice: “… EN TODOS LOS CASOS QUE EL CÓDIGO
TRIBUTARIO y demás Leyes Tributarias prevean o no plazos
específicos para…”. Redacción que sin lugar a dudas es
genérica, respecto de lo cual la doctrina manifiesta que
cuando el legislador emplea aquellas expresiones vagas,
globales o genéricas, no hay derogación expresa de la Ley,
sino solamente tácita. Hernán Coello García, dice que la
derogación expresa se produce cuando la propia Ley mediante
precepto positivo, deja sin efecto una o varias disposiciones
de la Ley anterior, o toda la Ley anterior. Pero, el legislador
solo usa vagamente la expresión “en todos aquellos casos…”,
sin especificar las normas que desea derogar expresamente,
por lo que, de ser procedente, lo que habría es una
derogatoria   tácita.   El   artículo   2   del   Código   Tributario,
establece que las disposiciones de este Cuerpo legal y demás
leyes tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de Leyes
Generales o Especiales y solo podrán ser modificadas o
derogadas por disposición expresa de otra Ley destinada
específicamente a fines tributarios. La citada norma habla
concretamente     de    derogación      expresa     de     las   Leyes
Tributarias, la que no se produce con el Art. 21 de la Ley 05,
por lo tanto están en plena vigencia los artículos 102, 125,
136, y 137 del Código Tributario, que establecen que la falta
de atención a las peticiones, reclamos y recursos, formulados
por los contribuyentes, acarrea la denegación tácita y origina
el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales. Aún más
se dispone que las Leyes Tributarias, solo pueden ser
                                                          100


derogadas por otra ley destinada específicamente a fines
tributarios, lo que tampoco se produce puesto que el Art. 21
habla en forma genérica sobre la Administración Fiscal y no
específicamente sobre la tributaria, aspecto que es analizado
inmediatamente.     EL   ARTÍCULO      21    SE   REFIERE       A
ADMINISTRACIÓN FISCAL Y NO A LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA: El artículo 12 del Código Tributario, dice: Las
palabras empleadas en la Ley Tributaria, se entenderán
conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según
proceda, a menos que se los haya definido expresamente”. En
la Ley en análisis, no encontramos definiciones jurídicas de los
términos Administración Fiscal y Administración Tributaria, lo
que nos lleva a acudir a la doctrina. El término administrativo
para el caso que nos ocupa implica una estructura orgánica,
un ente o complejo de entes al que el ordenamiento jurídico le
atribuye la función: De administrar. La administración ve en la
prestación de servicios la manera como el Estado cumple sus
fines. El fisco se define como el erario o tesoro público,
provienen de la palabra latina “fiscus”, esto es cesto de
mimbres, por la costumbre romana de guardar en ellos el
dinero. Por tanto el fisco es la caja del Estado o del ente
público. La Administración Fiscal es el ente o conjunto de
entes que organizan dirigen, controlan los recursos en general
del Estado. El derecho financiero contiene las normas que
regulan tanto la recolección o percepción de recursos de toda
índole   y su utilización a través del gasto público. La
Administración Fiscal, según el criterio de varios tratadistas
                                                            101


comprende la actividad del Estado encaminada al manejo de
la casa, del patrimonio o de sus bienes cuyo fin es el buen uso
de los mismos, para financiar los servicios y las obras
públicas. El administrar la caja fiscal significa dar uso a los
recursos   percibidos   ya   sea     de   origen    empresariales,
patrimoniales, tributarios, o por emisiones monetarias, etc. El
Estado para cumplir sus fines, cuenta con ingresos diversos,
todos para los cuales nutren el arca fiscal o tesoro público,
cuya gestión, organización, distribución, etc., corresponde en
forma general a la llamada ADMINISTRACIÓN FISCAL. LA
ADMINISTRACIÓN FISCAL TRIBUTARIA, totalmente diferente
de la Administración Fiscal, comprende el ejercicio de las
facultades:   determinadora,       reglamentaria,    recaudadora,
resolutiva y sancionadora, en todo aquello vinculante en un
grupo específico de ingresos públicos denominados tributos. El
artículo 1 del Código Tributario en su inciso final define a los
tributos como los impuestos, la tasa y las contribuciones
especiales o de mejora, por tanto la Administración Tributaria
de Excepción determina la jurisdicción de cada una de ellas e
indica las actividades, funciones y las consecuencias de su
acción y aún de su inacción. Lo que nos lleva a la conclusión
que el articulo 21 de la Ley 05, se refiere al manejo de la caja
fiscal, por lo tanto en esta área es inaplicable. SUBSISTENCIA
DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. La Ley
Orgánica de Aduanas, expedida mediante Decreto Ley Nº 04
publicada en el Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de
1994, en el literal ch), que reforma el Código Tributario en el
                                                          102


artículo 102, textualmente dice: “Los artículos 102 y 127
comenzarán así”: “Salvo lo que dispongan leyes especiales…” .
Lo que demuestra que tanto los artículos 102 y 127 del Código
Tributario cuando el artículo 21 de la Ley 05, se encuentran
vigentes y no se ha producido derogación expresa de los
primeros, es decir que esta reforma mantiene la Institución de
la DENEGACIÓN TÁCITA, consignado en las mencionadas
norma. La segunda disposición final de la citada Ley Orgánica
de Aduanas dispone que: “La presente Ley que por su carácter
de especial prevalece sobre cualquier otra que se le oponga,
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Registro Oficial. Las normas del Código Tributario son
normas supletorias”. Se observa que tanto la Ley Orgánica de
Aduanas, como el Decreto Ley 05, Reformatorio de la Ley de
Régimen Tributario Interno, se ha publicado en el mismo
Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1994 y entraron en
vigencia el mismo día. En conclusión los citados artículos
subsisten conjuntamente con el art. 21 de la Ley 05, por falta
de derogación expresa del mismo, lo que confirma con lo
dispuesto en el art. 102 de la Ley Orgánica de Aduanas.
IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL ARTÍCULO 21 MOTIVO DE
ANÁLISIS. No esta por demás dejar constancia que la
aceptación tácita de las peticiones, reclamos o recursos
interpuestos por los contribuyentes, es un imposible jurídico,
toda vez que da lugar a que los contribuyentes contrariando
disposiciones legales de carácter tributario que tienen la
calidad de especiales y aún más de especialísimas, podrían
                                                             103


llevar a la Administración a verdaderos absurdos. Por lo
anotado, si a la Administración Tributaria le corresponde
resolver o atender peticiones, reclamos y recursos tributarios
y no lo ha hecho, el cuerpo legal aplicable es el Código
Tributario, mientras no se lo reforme expresamente. En lo que
se refiere a la alegación del acto de nulidad de la notificación
de las actas de fiscalización, debo señalar que el inciso
primero del art. 110 del Código Tributario, estatuye que los
contribuyentes, responsables o terceros que se creyeren
afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de
obligación tributaria, por verificación de una declaración,
estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su
reclamo ante la autoridad de la que emane el acto dentro del
plazo de 20 días, contados desde el día hábil siguiente al de la
notificación   respectiva.   “A   la   Dirección    de   Rentas    le
corresponde    la   administración,    control,    determinación    y
recaudación de tributos establecidos en la presente Ley, como
de otros impuestos internos cuya administración no esta
asignada por la Ley a otra entidad, y las demás funciones que
señalen las Leyes”. 3.- Adicionalmente, debo dar a conocer
que   los   actos   administrativos    gozan   de   presunción     de
legitimidad y ejecutoriedad conforme lo prescriben los Arts.
82, 83 y 84 del Código Tributario. 4.- En virtud de lo
expuesto, niego los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda deducida, y solicito se digne rechazarla y en
sentencia confirmar la Resolución impugnada. Así trabada la
litis, encontrándose la causa en estado de resolver, para
                                                           104


hacerlo, se considera: PRIMERO: La compañía actora en su
demanda y como alegación principal, sostiene que se ha
producido la aceptación tácita de su recurso de reposición,
solicita al Tribunal Distrital de lo Fiscal, y por haberse
producido la aceptación tácita se reconozca el pago de los
intereses compensatorios a los cuales tenía y tiene derecho
por el reintegro solicitado en concepto de impuesto del IVA,
que   injurídicamente   la   Administración   Fiscal   (Dirección
General de Rentas, los negó). La alegación principal de
HIPEROIL S.A. , es que la resolución Nº 04229 de 30 de
septiembre de 1997, se la expidió en forma extemporánea, al
haberse dictado luego de los 120 días que establece el Art. 21
de la Ley 05 y que por tanto al haberse producido la
aceptación tácita del recurso de reposición, dicha Resolución
no tiene valor jurídico alguno. SEGUNDO: No se observa la
omisión de formalidad sustancial alguna en la tramitación del
proceso, que pueda influir en la decisión u ocasionar su
nulidad; por lo que se lo declara válido. TERCERO: Del
análisis de lo expuesto en el considerando que antecede,
permite a la Sala efectuar el correspondiente análisis de la
actuación de la Administración, en base de que al Tribunal
Distrital le corresponde el control de la legalidad en la
actuación de la Administración Tributaria. Sobre el particular,
cabe formular las siguientes observaciones: a) En el campo
tributario, a la Administración le corresponde por principio
constitucional y legal consagrado en el inciso tercero del
artículo 74 de la actual codificación de la Constitución Política
                                                                           105


y artículo 9 del Código Tributario, una actitud de estricta
sujeción a la norma legal, b) En el aspecto de fondo, la
reclamación se concreta, de lleno, al campo tributario, y por
ende     el    Director   General       de     Rentas,      como      Autoridad
Administrativa a la cual se le formula la reclamación tenía la
competencia, a título propio para el conocimiento y resolución
del recurso planteado, conforme a las facultades que le
concede la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo
115, cuyo numeral 2, le señala el deber de conocer y resolver
los reclamos de los sujetos pasivos respecto de tributos y
cumplir con las demás disposiciones contenidas en las leyes
tributarias. c) De manera general al tratarse de la facultad
resolutiva, la Ley Tributaria, señala aún en detalle, los pasos
que necesariamente han de cumplirse en garantía del acierto
y efectividad de las metas que la normativa señala sobre el
particular. La Ley se ha cuidado efectivamente de señalar los
plazos dentro de los cuales han de producirse los actos
resolutivos, la forma de los mismos, que se concretan en la
necesidad de que se lo haga por escrito y en forma motivada,
las consecuencias del incumplimiento de tales regulaciones
pueden        conducir,    desde       la     anulación         de   los   actos
administrativos,        hasta     la    concesión          de    facultades      o
consecuencias que se ponen en manos de los contribuyentes,
a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos y no queden
las pretensiones legales en letra muerta, d) Sobre este
particular, el legislador ha tratado en los últimos tiempos de
buscar    la    mejor     forma    de       regular   la    actuación      de    la
                                                             106


Administración, señalando los plazos para la atención de las
peticiones de los ciudadanos, la forma como ha de procederse
y las consecuencias de las actuaciones de las autoridades
administrativas. Las principales normas que sobre el asunto
han sido expedidas son las siguientes; La primera es la que
aparece en el artículo 28 de la Ley de Modernización del
Estado, publicada en el Registro Oficial Nº 249 de 31 de
diciembre de 1993, que regula el derecho de petición,
señalando que en todo reclamo, solicitud o pedido a una
autoridad pública, deberá ser resuelto en un término no mayor
de 15 días, contados a partir de la fecha de su presentación,
dejando a salvo el caso de que una norma legal expresamente
señale otro distinto, y estableciendo la consecuencia de que
ha de entenderse por el silencio administrativo que la solicitud
o pedido ha sido aprobado o que la reclamación ha sido
resuelta   en   favor   del   reclamante.-   2.-   Luego,   la   Ley
Reformatoria de la Ley de Régimen Tributario Interno,
publicada en el mismo Registro Oficial Nº 349 de 31 de
diciembre de 1993, en la primera de cuyas disposiciones
finales manda: “En todos aquellos casos en que el Código
Tributario y demás leyes tributarias no prevean plazos
específicos para resolver o atender peticiones, reclamaciones
o recursos de los contribuyentes, la Administración Fiscal,
tendrá el plazo de 90 días para pronunciarse”. Y, como
sanción establece que “Salvo que las pertinentes normas
tributarias prevean otro efecto, el silencio administrativo en el
ámbito tributario será considerado como negativa tácita de la
                                                              107


petición, reclamación o recurso respectivo, y facultará al
interesado para el ejercicio de la acción que corresponda”. 3.-
El artículo 28 de la Ley de Modernización que empezó a regir
desde el 31 de diciembre de 1993, reformó el Código
Tributario; en virtud del silencio administrativo se entenderá
que la solicitud o pedido ha sido aprobado y que la
reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante. 4.- Al día
siguiente, esto es el primero de enero de 1994, tal reforma
quedó sin efecto en virtud de lo mandado por la disposición
final primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen
Tributario Interno, cuyo texto acaba de transcribirse, en el
sentido de que salvo las pertinentes normas tributarias
prevean expresamente otro efecto, el silencio administrativo
en el ámbito tributario, siempre será considerado como
negativa   tácita   de   la   petición,   reclamación    o   recurso
respectivo, y facultará al interesado para el ejercicio de la
acción que corresponda. 5.- Finalmente, la Ley 05 publicada
en el Registro Oficial 396 de 10 de marzo de 1994, estableció
que a partir del 01 de enero de 1995, en todos aquellos casos
que en que el Código Tributario y demás leyes tributarias
prevean o no plazos específicos para resolver o atender
peticiones, reclamaciones o recursos de los contribuyentes, la
Administración Fiscal, tendrá el plazo de 120 días hábiles para
pronunciarse,   y    vencido     este     plazo,   si   no   hubiere
pronunciamiento de las peticiones, reclamaciones o recursos,
al silencio administrativo se considerará como aceptación
tácita de los mismos. 6.- La intención del Legislador, es pues,
                                                          108


evidente, en el ámbito tributario, el silencio administrativo
desde antes de la vigencia del Código Tributario, hasta el 31
de diciembre de 1994, ha significado denegación tácita del
reclamo. A partir del primero de enero de 1995, se cambia el
efecto del referido silencio, al que se lo debe entender como,
aceptación tácita. CUARTO: Frente al panorama legislativo
existente sobre la materia, cuyos lineamientos fundamentales
acaba   de   exponerse   en   los   precedentes   considerandos,
conviene juzgar la actuación de la Dirección General de
Rentas, Órgano de la Administración Tributaria Central frente
al recurso de reposición planteado por la Empresa HIPEROIL
S.A., el 21 de febrero de 1997, pretendiendo la devolución de
sumas de dinero que se han considerado indebidas al no
haberse liquidado los intereses compensatorios de que trata el
Art. 21 del Código Tributario, y que la Dirección General de
Rentas, lo niega mediante Resolución Nº 04229 de 30 de
septiembre de 1997, fuera del plazo de los 120 días.
Constituye materia de controversia en este juicio al efecto de
que el silencio administrativo ha de producir respecto del
recurso en cuestión: Se ha de entender como aceptación
tácita o denegación tácita del reclamo: a) Sostiene la
Dirección General de Rentas que el art. 21 de la Ley 05 es
inaplicable al silencio de la Administración Tributaria: 1.-
Porque dicho artículo se refiere a la Administración Fiscal y no
a la Administración Tributaria; argumento o motivo carente de
todo fundamento sobre el que ha quedado debidamente
aclarado en el fallo Nº 38-96, expedido el 29 de enero de
                                                             109


1997, por la Sala de lo Fiscal de la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia, en el recurso de casación interpuesto
dentro del juicio sostenido por la Flota Petrolera Ecuatoriana
FLOPEC, contra la Dirección General de Rentas; fallo en el que
se aclara que la expresión en cuestión, así como la de la
“Administración Tributaria” y “Administración Financiera”, se
emplea para referirse a aquellos órganos de la Administración
que, conforme a la Ley, en el caso de la Dirección General de
Rentas, tiene atribuidas las facultades que como gestión le
corresponde en el campo tributario para la determinación y
recaudación de los tributos, criterio reiterado por la propia
Sala de lo Fiscal en el fallo 44-96, dictado el 19 de mayo de
1997, en el recurso de casación interpuesto dentro del juicio
de   denegación        tácita   seguido    por    el   Gerente     de
Electrificaciones del Ecuador S.A. ECDOR, contra el señor
Director General de Rentas. 2.- Falta de derogación expresa
de los artículos 102, 125, 126, 136 y 137 del Código
Tributario. El texto del art. 21 de la tantas veces citada Ley,
es claro, lo único que correspondía a la Administración
Tributaria, era aplicarla. 3.- En igual forma la alegación de
incompetencia     de     este   Tribunal   para    conocer   de    la
impugnación a la Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de
1997, es igualmente inaceptable, pues se trata de materia
tributaria, y por lo tanto la competencia para conocer y
resolver de estos asuntos lo tiene en forma plena, el Tribunal
Distrital de lo Fiscal.- QUINTO: La conclusión de cuanto
queda expuesto es clara y evidente: La Ley 05, en su artículo
                                                               110


21   ha    establecido   que   para      el   supuesto   de   que    la
Administración Tributaria no diera atención a un reclamo o
recurso de naturaleza tributaria dentro del plazo de 120 días
desde la presentación de la reclamación, la consecuencia es la
de ACEPTACIÓN TÁCITA. El 21 de febrero de 1997, el señor
Marcelo Darquea, en su calidad de Gerente de la Empresa
HIPEROIL S.A., presenta formal recurso de reposición sobre la
Resolución Nº 00491 de 29 de enero de 1997 y la Dirección
General de Rentas niega dicho recurso el 30 de septiembre de
1997, mediante Resolución Nº 04229, fuera del plazo de 120
días que la Ley 05 preveía para este caso, la consecuencia no
es otra de que se ha producido la aceptación tácita y por lo
tanto la mencionada resolución no produce ningún efecto
jurídico por incompetencia de la Autoridad Administrativa que
pretende resolver después de cumplido el mencionado plazo;
pues, como lo ha establecido el fallo Nº 38-96, expedido por
la Sala de lo Fiscal de la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia, en su considerando OCTAVO; de que es procedente la
afirmación del actor, “que en su demanda dice que una vez
que se produjo la aceptación tácita, ésta tiene el carácter de
acto ejecutoriado como lo establece el artículo 84 del Decreto
Ley 04, publicado en el Registro Oficial Nº 396 del 10 de
marzo     de   1994,   asimilable   al   presente   caso”.    SEXTO:
Declarada la aceptación tácita en los términos señalados, al
tenor de la parte pertinente de los segundos incisos del Art.
288 y 74 del Código Tributario, es necesario analizar la
legalidad de los antecedentes o fundamentos de la Resolución
                                                             111


o Acto impugnado, supliendo las omisiones en que hubieren
incurrido   las   partes   sobre   los   puntos   de   derecho,    o
apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos,
para cuyo efecto es procedente el estudio de la Ley Especial
Tributaria, que podría instituir un procedimiento de excepción,
a fin de resolver sobre la segunda parte de la demanda, esto
es, si la diferencia de S/.4.212’287.203, determinada a favor
de la Empresa HIPEROIL S.A. en el Acta de Fiscalización Nº
17.0.120/96 causa o no interés a cargo del sujeto Activo,
conforme a lo dispuesto en el Art. 21 del citado Código
Tributario. Efectivamente, esta norma dice que los créditos
contra el sujeto activo, por el pago de tributos satisfechos en
exceso o indebidamente generaran el mismo interés que, de
conformidad con el artículo que antecede, causen sus créditos
contra los sujetos pasivos, desde la fecha de pago o, en el
caso del Impuesto a la Renta, desde la fecha de la respectiva
declaración; sin embargo, el último inciso del art. 17 de la Ley
92, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 764 de
22 de agosto de 1995, que agrega varios incisos al Art. 65 de
la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que el Crédito
Tributario reintegrado a los Sujetos Pasivos del I.V.A. y a los
exportadores no causará intereses. No cabe duda ni está en
discusión el desconocimiento de la Resolución Nº 04229 de 30
de septiembre de 1997, con la que de manera extemporánea
se niega el recurso de reposición interpuesto por el actor,
luego, el Acta de Fiscalización Nº 17.0.120/96 es un acto
firme y la Resolución Nº 00491 de 29 de enero de 1997, es un
                                                                    112


acto ejecutoriado y, como en aquella se establece que los
pagos del IVA que causaron el crédito a favor de HIPEROIL
S.A. por el ejercicio de 1995, se realizaron el 24 de enero de
1996 y 27 de mayo del mismo año, esto es, cuando la norma
del último inciso del Art. 65 de la Ley de Régimen Tributario
Interno se encontraba en plena vigencia, no hay lugar al
reconocimiento del interés demandado por el actor, por existir
disposición expresa en la Ley Especial que prohibe su
reconocimiento, instituyendo un procedimiento de excepción
justamente     para    el   caso      de    devoluciones    de   créditos
tributarios que se fundamenta en la misma norma que sirve
de argumento para la devolución de crédito tributario,
entendiéndose que la aceptación tácita es procedente en
cuanto    a    la   norma      esté    en    plena    armonía    con      el
reconocimiento del derecho reclamado. Dicho de otra manera,
la aceptación tácita no es una presunción de derecho,
constituye una presunción legal que si admite prueba en
contrario. Por los fundamentos expuestos, la Primera Sala
Distrital de lo Fiscal Nº 1, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, reconoce la aceptación tácita en cuanto declara la
nulidad de la Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de
1997,    por   haber    sido    expedida      fuera   del   plazo   legal
establecido en las normas invocadas por el Actor y, niega los
intereses demandados sobre el crédito tributario reconocido
por IVA en el Acta de Fiscalización Nº 17.0.120/96 por cuanto
los valores pagados se realizaron en 1996, esto es, cuando
                                                                113


estaba en plena vigencia el último inciso del Art. 65 de la Ley
Especial    de   Régimen     Tributario Interno,   que    prohibe     el
reconocimiento de intereses justamente por los créditos
tributarios determinados por la Administración, el escrito y
anexo      precedentes,    agréguese   al   proceso.-    Sin   costas.
Notifíquese.
Firmas ilegibles.


VOTO       SALVADO        DEL   SEÑOR       DOCTOR       GUILLERMO
MORAN MORBIONI.


TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 1.- PRIMERA SALA.-
Quito, a 11 de noviembre de 1998.- las 17h20.-
VISTOS: El señor Marcelo Darquea C., en calidad de Gerente
General y Representante Legal de HIPEROIL S.A., por los
derechos que representa, comparece ante este Tribunal
Distrital y deduce acción contencioso-tributaria, al amparo del
Art. 234 del Código Tributario, pretendiendo que se reconozca
el SILENCIO ADMINISTRATIVO como ACEPTACIÓN del reclamo
o, acciones que las deduce basados en los fundamentos de
hecho y de derecho que expone al efecto.- ANTECEDENTES:
a) Mediante Acta de Fiscalización Nros. 17.0.120/96 IVA/C,
levantada el 3 de agosto de 1996, se establece a favor de mi
representada la suma de S/. 4.212’287.203, más los intereses
tributarios compensatorios de que trata el Art. 21 del Código
Tributario. b) Mediante Resolución Nº 491 del 29 de enero de
1997, ante el requerimiento del actor de compensación de
                                                                  114


crédito, la administración fiscal, acepta la compensación, que
se refleja entre las diferencias a favor y en contra establecidas
en las Actas de Fiscalización Nºs. 17.0.120/9 IVA/C y el Acta
de Fiscalización 17.0.330/96 CE, por Impuesto a la Renta; las
dos por el ejercicio económico de 1995 y, niega en forma
antijurídica los intereses a los cuales tenían derecho a
percibir; por cuanto se trata de PAGO INDEBIDO, la razón
para la negativa es lo más simple que pueda darse, pues lo
único que se afirma es “La compensación o devolución de los
saldos del IVA a favor del contribuyente, no constituyen pagos
indebidos, y por consiguiente, no causarán intereses”. c) Ante
esta injurídica posición de la administración fiscal, la empresa
reclamante presentó el correspondiente recurso de reposición
para   que   le   reconozca   el   valor   de   los   intereses     que
indebidamente se les fue negado en resolución Nº 04229 del
30 de septiembre de 1997, en la cual se le niega el recurso de
reposición con los argumentos de: 1.- “Si bien el Art. 21 del
Código Tributario establece que los créditos en contra del
sujeto pasivo por pagos de tributos satisfechos en exceso o
indebidamente, se liquidarán con el mismo interés, que
causen contra el sujeto activo, desde la fecha de pago. Pero,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, la diferencia a favor establecida
por Fiscalización en el acta Nº 17.0.120/96, por Impuesto al
Valor Agregado, constituye crédito tributario y no pago
indebido, prescrita por el Art. 149 del Reglamento de
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que en su
                                                                  115


parte final establece que la compensación o devolución de un
saldo   a   favor   del   I.V.A.   (crédito       tributario)   para     el
contribuyente no constituye pago indebido y por consiguiente
no causarán intereses; 2.- Se argumenta también que la
disposición del art. 21 del Código Tributario es una norma de
carácter general, no así, las normas contenidas en la Ley de
Régimen Tributario Interno y la norma reglamentaria citada
anteriormente; ALEGACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO. 1.- El
escrito que contenía el recurso de reposición se presenta el 21
de febrero de 1997, y la Resolución por la que se le niega
dicho recurso, tiene fecha 30 de septiembre de 1997, y se les
notificará el 1º de octubre de ese mismo año; es decir, fuera
del término legal de 120 días que contempla la Ley 05,
reformatoria de la ley que a su vez, reformó la Ley de
Régimen Tributario Interno, el Código Tributario y otras leyes;
(específicamente     transcurrieron    CIENTO          CINCUENTA         Y
CUATRO DÍAS desde la fecha de presentación del recurso,
hasta la notificación con resolución negativa). 2. En efecto, el
Art. 21 del mencionado decreto, Ley 05, dispone que:
“Sustitúyase la disposición final 1ª de la Ley 51 por la
siguiente: A partir del primero de enero de 1995, en todos
aquellos casos en que el Código Tributario y demás leyes
tributarias prevean o no plazos especiales para resolver o
atender     peticiones,   reclamaciones       o     recursos    de      los
contribuyentes, la Administración Fiscal, tendrá el plazo de
120 días hábiles para pronunciarse.- Si vencido el plazo
señalado en el inciso anterior, no hubiere pronunciamiento
                                                           116


expreso respecto de las peticiones, reclamaciones o recursos
que se presenten a partir de la fecha indicada, el silencio
administrativo se considerará como aceptación tácita de los
mismos”.   3.-   Que   en   el   presente   caso,   como   puede
observarse, se ha producido LA ACEPTACIÓN TÁCITA            y la
pretensión en el recurso de reposición tiene que ser atendida;
esto es, se le debe reconocer los intereses que injurídicamente
le fueron negados, pues se trata de un verdadero pago
indebido. 4.- El crédito tributario por IVA (Impuesto al Valor
Agregado), constituye un pago indebido y por lo tanto debe
ser reintegrado o compensado su valor más los intereses
compensatorios que el Art. 21 dispone a favor de los
contribuyentes. Esta norma inclusive es lógica, pues si la
Administración Fiscal cuando existe un crédito a su favor,
exige el pago de intereses, es obvio que cuando tenga que
devolver un valor a favor del contribuyente deba también
reconocer intereses compensatorios regulados por la Ley
Monetaria. Se trata además de un acto de determinación
realizado por la propia Administración Fiscal. 5.- Es necesario
indicar que el art. 21 de la Ley 05 es aplicable a las normas
que rigen la Administración Tributaria, pues la voluntad del
legislador es la de que a partir del primero de enero de 1995,
las reclamaciones administrativas, recursos o consultas que se
presenten en materia tributaria no aduanera, se resuelvan
dentro del término de 120 días, con la sanción jurídica de que
su incumplimiento por el Ministerio de la Ley, implica
aceptación de los propios reclamos, recursos y consultas. Así
                                                                           117


lo ha expresado el Tribunal Distrital de lo Fiscal en varios
fallos, entre los que podemos citar la sentencia expedida por
la Primera Sala dentro del juicio Nº 16988-548-IS, seguido
por el Gerente General de la Compañía “CLINILAB S.C.C.”
(juicio Nº 16794-378). Subsidiariamente, y para el supuesto
no consentido de que no se acepte el silencio administrativo
dentro de los 120 días que contempla la Ley, no se pronunció
la administración; se ha producido LA ACEPTACIÓN TÁCITA
del recurso; se debe reconocer que el crédito tributario que se
produce   por    el    IVA,         constituye    PAGO      INDEBIDO,            de
conformidad con lo que al efecto dispone el Art. 323 del
Código    Tributario       el       mismo      que     debe    causar            los
correspondientes       intereses           compensatorios.     Así     se        ha
pronunciado el Tribunal Fiscal en un caso similar al presentado
por   HIPEROIL     S.A.,        y    que    resultó   con    una     sentencia
condenatoria para la Compañía Mercantil “Contracta Cía Ltda”,
a la cual se le reconoció el derecho al reintegro del valor
determinado como crédito tributario del IVA, en Acta de
Fiscalización que se declara como indebidamente pagada, más
los intereses compensatorios que han de establecerse de
conformidad con lo que dispone el Art. 21 del Código
Tributario.   PETICIÓN              CONCRETA.-        En    base      de         los
antecedentes expuestos, la normativa jurídica invocada y los
criterios de su aplicación emitidos por el propio Tribunal
Distrital de lo Fiscal, realice la liquidación pertinente de los
intereses que en forma improcedente le fueron negados.-
Citada la demanda comparece dando contestación a la misma,
                                                              118


el Dr. Fernando Pinto Vinueza, Procurador de la Autoridad
Tributaria Fiscal, refiriéndome al juicio de aceptación tácita,
seguido por el señor Marcelo Darquea C., en su calidad de
Gerente General y Representante Legal de la Compañía
HIPEROIL S. A., en contra del Director General de Rentas, a
usted manifiesto lo siguiente: 1.- La Empresa Actora afirma
que el 01 de octubre de 1997, se le notificó con la Resolución
Nº 04229 de 30 de septiembre de 1997, se le notificó con la
Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de 1997 dictada por
el señor Director General de Rentas. Señala además, que la
mencionada Autoridad, a partir del 21 de febrero de 1997, en
que HIPEROIL S.A., presentó recurso de reposición a la
Resolución Nº 491 de 29 de enero de 1997, y que disponía del
término de 120 días para dictar la Resolución con la que debía
dar   por    terminado    el   trámite   Nº   19970201566,          de
conformidad con lo que dispone el art. 21 del Decreto Ley Nº
05, publicado en el Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de
1994. Indica además, que la Resolución Nº 04229 dictada por
el Director General de Rentas el 30 de septiembre de 1997, y
notificada el 01 de octubre de 1997, es extemporánea,
produciéndose la aceptación tácita de su pretensión en el
recurso de reposición, y que por lo tanto carece de valor
jurídico alguno. 2.- Al respecto, cúmpleme manifestar que la
solicitud hecha por la Empresa Actora no es procedente, dado
que   el    acto   administrativo   se   desarrolló   con   estricto
cumplimiento a la Ley, razón por la cual, me permito hacer las
siguientes aclaraciones: INCOMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL
                                                               119


PARA CONOCER LA IMPUGNACIÓN. Si el contribuyente afirma,
que según lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 05, publicada en
el Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1995, se ha
producido la aceptación tácita del recurso presentado, el
Honorable Tribunal Distrital de lo Fiscal, es incompetente para
conocer de esta demanda que se fundamenta en una
aceptación, por parte de la Administración Tributaria, puesto
que el Tribunal es un órgano para resolver los conflictos sobre
negativas, diferencias y en general sobre asuntos litigiosos,
más no para conocer hechos no controvertidos. FALTA DE
DEROGACIÓN EXPRESA DE LOS ARTÍCULOS 102, 125,126,136
y 137 del CÓDIGO TRIBUTARIO. Subsidiariamente, si el
Tribunal se declara competente alego expresamente que en el
campo tributario es inaplicable el art. 21 de la Ley 05, por
cuanto no han sido derogados los artículos 102, 135, 127, 136
y 137 del Código Tributario, que establecen consecuencias
diferentes por la falta de atención a las peticiones, reclamos y
recursos, ya que según lo dispuesto en el artículo 2 del cuerpo
legal referido, exclusivamente se puede derogar una norma
tributaria por otra en forma expresa destinada a tal fin. El
siguiente   análisis   nos   lleva   a   concluir   que   no   existe
derogatoria expresa: La derogatoria es la terminación de la
vigencia de la Ley, la cual puede ser expresa o tácita. De
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 37 del Código Civil, es
expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la
antigua, es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse con la Ley anterior. Para Larrea
                                                          120


Holguín, mediante la derogación expresa, cualquier Ley puede
derogar otra; es decir una Ley General puede derogar a otra
general o una o más especiales, y viceversa, y una Ley
especial puede derogar otras especiales o generales. En
cambio la derogación tácita, sólo se produce respecto de
disposiciones igualmente generales o más generales. La
derogación tácita proviene de una declaración genérica en
donde se dispone la derogación de todas las normas que están
en oposición a los preceptos sancionados con ulterioridad.
Dicha derogación resulta de su contenido por estar en
contradicción con leyes anteriores. En el caso que nos ocupa,
el art. 21 de la Ley 51 en la parte pertinente dice: “… EN
TODOS LOS CASOS QUE EL CÓDIGO TRIBUTARIO y demás
Leyes Tributarias prevean o no plazos específicos para…”.
Redacción que sin lugar a dudas es genérica, respecto de lo
cual la doctrina manifiesta que cuando el legislador emplea
aquellas expresiones vagas, globales o genéricas, no hay
derogación expresa de la Ley, sino solamente tácita. Hernán
Coello García, dice que la derogación expresa se produce
cuando la propia Ley mediante precepto positivo, deja sin
efecto una o varias disposiciones de la Ley anterior, o toda la
Ley anterior. Pero, el legislador solo usa vagamente la
expresión “en todos aquellos caos…”, sin especificar las
normas que desea derogar expresamente, por lo que, de ser
procedente, lo que habría es una derogatoria tácita. El artículo
2 del Código Tributario, establece que las disposiciones de
este Cuerpo Legal y demás leyes tributarias, prevalecerán
                                                                         121


sobre toda otra norma de Leyes Generales o Especiales y solo
podrán ser modificadas o derogadas por disposición expresa
de otra Ley destinada específicamente a fines tributarios. La
citada norma habla concretamente de derogación expresa de
las Leyes Tributarias, la que no se produce con el Art. 21 de la
Ley 05, por lo tanto estan en plena vigencia los artículos 102,
125, 136, y 137 del Código Tributario, que establecen que la
falta de atención a las peticiones, reclamos y recursos,
formulados por los contribuyentes, acarrea la denegación
tácita   y   origina      el    derecho    de   acudir      a   los    órganos
jurisdiccionales. Aún más se dispone que las leyes tributarias,
sólo     pueden     ser        derogadas    por      otra   ley       destinada
específicamente a fines tributarios, lo que tampoco se produce
puesto que el Art. 21 habla en forma genérica sobre la
Administración Fiscal y no específicamente sobre la tributaria,
aspecto que es analizado inmediatamente. EL ARTÍCULO 21
SE REFIERE A LA ADMINISTRACION FISCAL Y NO A LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: El artículo 12 del Código
Tributario, dice: Las palabras empleadas en la Ley Tributaria,
se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual,
según     proceda      a       menos   que      se    los   haya       definido
expresamente”. En la Ley en análisis, no encontramos
definiciones jurídicas de los términos Administración Fiscal y
Administración Tributaria, lo que nos lleva a acudir a la
doctrina. El término administrativo para el caso que nos ocupa
implica una estructura orgánica, un ente o complejo de entes
al que el ordenamiento jurídico le atribuye la función. De
                                                                   122


administrar. La administración se ve en la prestación de
servicios la manera como el Estado cumple sus fines. El fisco
se define como el erario o tesoro público, provienen de la
palabra latina “fiscus”, esto es cesto de mimbre, por la
costumbre romana de guardar en ellos el dinero. Por tanto el
fisco   es    la    caja   del   Estado   o    del    Ente   público.    La
Administración Fiscal es el ente o conjunto de entes que
organizan, dirigen, controlan los recursos en general del
Estado. El derecho financiero contiene las normas que regulan
tanto la recolección o percepción de recursos de toda índole y
su utilización a través del gasto público. La Administración
Fiscal, según el criterio de varios tratadistas comprende la
actividad del Estado encaminada al manejo de la casa, del
patrimonio o de sus bienes cuyo fin es el buen uso de los
mismos, para financiar los servicios y las obras públicas. El
administrar la caja fiscal significa dar uso a los recursos
percibidos ya sea de origen empresariales, patrimoniales,
tributarios, o por emisiones monetarias, etc. El Estado para
cumplir sus fines, cuenta con ingresos diversos, todos para los
cuales nutren el arca fiscal o tesoro público, cuya gestión,
organización, distribución, etc., corresponde en forma general
a la llamada ADMINISTRACIÓN FISCAL. LA ADMINISTRACIÓN
FISCAL       TRIBUTARIA,          totalmente         diferente    de      la
Administración        Fiscal,    comprende      el    ejercicio   de     las
facultades:        determinadora,     reglamentaria,         recaudadora,
resolutiva y sancionadora, en todo aquello vinculante en un
grupo específico de ingresos públicos denominados tributos. El
                                                          123


artículo 1 del Código Tributario en su inciso final define a los
tributos como los impuestos, las tasas y las contribuciones
especiales o de mejora, por tanto la Administración Tributaria
de Excepción determina la jurisdicción de cada una de ellas e
indica las actividades, funciones y las consecuencias de su
acción y aún de su inacción. Lo que nos lleva a la conclusión
que el artículo 21 de la Ley 05, se refiere al manejo de la caja
fiscal, por lo tanto en esta área es inaplicable. SUBSISTENCIA
DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. La Ley
Orgánica de Aduanas, expedida mediante Decreto Ley Nº 04
publicada en el Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de
1994, en el literal ch), que reforma el Código Tributario en el
artículo 102, textualmente dice: “Los artículos 102 y 127
comenzarán así”: “Salvo lo que dispongan leyes especiales…”.
Lo que demuestra que tanto los artículos 102 y 127 del Código
Tributario cuando el artículo 21 de la Ley 05, se encuentran
vigentes y no se ha producido derogación expresa de los
primeros, es decir que esta reforma mantiene la Institución de
la DENEGACIÓN TÁCITA, consignado en las mencionadas
normas. La segunda disposición final de la citada Ley Orgánica
de Aduanas dispone que: “La presente Ley que por su carácter
de especial prevalece sobre cualquier otra que se le oponga,
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Registro Oficial. Las normas del Código Tributario son
normas supletorias”. Se observa que tanto la Ley Orgánica de
Aduanas, como el Decreto Ley 05, Reformatorio de la Ley de
Régimen Tributario Interno, se ha publicado en el mismo
                                                            124


Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1994 y entraron en
vigencia el mismo día. En conclusión los citados artículos
subsisten conjuntamente con el Art. 21 de la Ley 05, por falta
de derogación expresa del mismo, lo que confirma con lo
dispuesto en el Art. 102 de la Ley Orgánica de Aduanas.
IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL ARTÍCULO 21 MOTIVO DE
ANÁLISIS. No esta por demás dejar constancia que la
aceptación tácita de las peticiones, reclamos o recursos
interpuestos por los contribuyentes, es un imposible jurídico,
toda vez que da lugar a que los contribuyentes contrariando
disposiciones legales de carácter tributario que tienen la
calidad de especiales y aún más de especialísimas, podrían
llevar a la Administración a verdaderos absurdos. Por lo
anotado, si a la Administración Tributaria le corresponde
resolver o atender peticiones, reclamos y recursos tributarios
y no lo ha hecho, el cuerpo legal aplicable es el Código
Tributario, mientras no se lo reforme expresamente. En lo que
se refiere a la alegación del acto de nulidad de la notificación
de las actas de fiscalización, debe señalar que el inciso
primero del Art. 110 del Código Tributario, estatuye que los
contribuyentes, responsables o terceros que se creyeren
afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de
obligación tributaria, por verificación de una declaración,
estimación de oficio o liquidación podrán presentar su reclamo
ante la autoridad de la que emane el acto dentro del plazo de
20 días, contados desde el día hábil siguiente al de la
notificación   respectiva.   “A   la   Dirección   de   Rentas    le
                                                            125


corresponde    la   administración,   control,   determinación     y
recaudación de tributos establecidos en la presente Ley, como
de otros impuestos internos cuya administración no está
asignada por la Ley a otra entidad, y las demás funciones que
señalen las Leyes”. 3.- Adicionalmente, debo dar a conocer
que   los   actos   administrativos   gozan   de   presunción     de
legitimidad y ejecutoriedad conforme lo prescriben los Arts.
82, 83 y 84 del Código Tributario. 4.- En virtud de lo
expuesto, niego los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda deducida, y solicito se digne rechazar y en sentencia
confirmar la resolución impugnada. Así trabada la litis,
encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo,
se considera: PRIMERO: La compañía actora en su demanda
y como alegación principal, sostiene que se ha producido la
aceptación tácita de su recurso de reposición, solicita al
Tribunal Distrital de lo Fiscal, y por haberse producido la
aceptación tácita se reconozca el pago de los intereses
compensatorios a los cuales tenía y tiene derecho por el
reintegro solicitado en concepto de impuesto del IVA, que
injurídicamente la Administración Fiscal (Dirección General de
Rentas, los negó). La alegación principal de HIPEROIL S.A., es
que la Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de 1997, se
la expidió en forma extemporánea, al haberse dictado luego
de los 120 días que establece el Art. 21 de la Ley 05 y que por
lo tanto al haberse producido la aceptación tácita del recurso
de reposición, dicha resolución no tiene valor jurídico alguno.
SEGUNDO: No se observa la omisión de formalidad sustancial
                                                              126


alguna en la tramitación del proceso, que pueda influir en la
decisión u ocasionar su nulidad; por lo que se lo declara
válido.   TERCERO:     Del   análisis    de   lo   expuesto   en    el
considerando que antecede, permite a la Sala efectuar el
correspondiente análisis de la actuación de la Administración,
en base de que al Tribunal Distrital le corresponde el control
de la legalidad en la actuación de la Administración Tributaria.
Sobre     el   particular,   cabe       formular    las   siguientes
observaciones: a) En el campo tributario, a la Administración
le corresponde por principio constitucional y legal consagrado
en el inciso tercero del artículo 74 del actual codificación de la
Constitución Política y artículo 9 de Código Tributario, una
actitud de estricta sujeción a la norma legal, b) En el aspecto
de fondo, la reclamación se concreta, de lleno, al campo
tributario, y por ende el Director General de Rentas, como
autoridad Administrativa a la cual se le formula la reclamación
tenía la competencia, a ttulo propio para el conocimiento y
resolución del recurso planteado, conforme a las facultades
que le concede la Ley de Régimen Tributario Interno en su
artículo 115, cuyo numeral 2, le señala el deber de conocer y
resolver los reclamos de los sujetos pasivos respecto de
tributos y cumplir con la demás disposiciones contenidas en
las leyes tributarias. c) De manera general al tratarse de la
facultad resolutiva, la Ley Tributaria, señala aún en detalle, los
pasos que necesariamente ha de cumplirse en garantía del
acierto y efectividad de las metas que la normativa señala
sobre el particular. La Ley se ha cuidado efectivamente de
                                                                            127


señalar los plazos dentro de los cuales han de producirse los
actos resolutivos, la forma de los mismos, que se concretan
en la necesidad de que se lo haga por escrito y en forma
motivada; las consecuencias del incumplimiento de tales
regulaciones pueden conducir, desde la anulación de los actos
administrativos,        hasta     la    concesión        de     facultades        o
consecuencias que se ponen en manos de los contribuyentes,
a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos y no queden
las pretensiones legales en letra muerta, d) Sobre este
particular, el legislador ha tratado en los últimos tiempos de
buscar     la   mejor     forma    de    regular    la    actuación     de        la
Administración, señalando los plazos para la atención de las
peticiones de los ciudadanos, la forma como ha de procederse
y las consecuencias de las actuaciones de las autoridades
administrativas. Las principales normas que sobre el asunto
han sido expedidas son las siguientes; la primera es la que
aparece en el artículo 28 de la Ley de Modernización del
Estado, publicada en el Registro Oficial Nº´249 (Sic) de 31 de
diciembre de 1993, que regula el derecho de petición,
señalando que en todo reclamo, solicitud o pedido a una
autoridad pública, deberá ser resuelto en un término no mayor
de 15 días, contados a partir de la fecha de su presentación,
dejando a salvo el caso de que una norma legal expresamente
señale otro distinto, y estableciendo la consecuencia de que
ha de entenderse por el silencio administrativo que la solicitud
o pedido ha sido aprobado o que la reclamación ha sido
resuelta    en    favor    del    reclamante.       2.-       Luego,   la     Ley
                                                               128


reformatoria   de   la   Ley   de   Régimen    Tributario    Interno,
publicado en el mismo Registro Oficial Nº 349 (Sic) de 31 de
diciembre de 1993, en la primera de cuyas disposiciones
finales manda: “En todos aquellos casos en que el Código
Tributario y demás leyes tributarias no prevean plazos
específicos para resolver o atender peticiones, reclamaciones
o recursos de los contribuyentes, la Administración Fiscal,
tendrá el plazo de 90 días para pronunciarse”. Y, como
sanción establece que “Salvo que las pertinentes normas
tributarias prevean otro efecto, el silencio administrativo en el
ámbito tributario será considerado como negativa tácita de la
petición, reclamación o recurso respectivo, y facultará al
interesado para el ejercicio de la acción que corresponda”. 3.-
El artículo 28 de la Ley de Modernización que empezó a regir
desde el 31 de diciembre de 1993, reformó el Código
Tributario; en virtud del silencio administrativo se entenderá
que la solicitud o pedido ha sido aprobado y que la
reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante.- 4.- Al
día siguiente, esto es el primero de enero de 1994, tal
reforma quedó sin efecto en virtud de lo mandado por la
disposición final primera de la Ley Reformatoria la Ley de
Régimen Tributaria Interna, cuyo texto acaba de transcribirse,
en el sentido de que salvo las pertinentes normas tributarias
prevean expresamente otro efecto, el silencio administrativo
en el ámbito tributario, siempre será considerado como
negativa   tácita   de   la    petición,   reclamación   o   recurso
respectivo, y facultará al interesado para el ejercicio de la
                                                                 129


acción que corresponda.- 5.- Finalmente, la Ley 05 publicada
en el Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1994,
estableció que a partir del 1 de enero de 1995, en todos
aquellos casos en que el Código Tributario y demás leyes
tributarias revean o no plazos específicos para resolver o
atender    peticiones,     reclamaciones   o      recursos    de       los
contribuyentes, la Administración Fiscal, tendrá el plazo de
120 días hábiles para pronunciarse, y vencido este plazo, sin
no hubiere pronunciamiento de las peticiones, reclamaciones o
recursos, al silencio administrativo se considerará como
aceptación   tácita   de   los   mismos.   6.-    La    intención      del
Legislador, es pues, evidente, en el ámbito tributario, el
silencio administrativo desde antes de la vigencia del Código
Tributario, hasta el 31 de diciembre de 1994, ha significado
denegación tácita del reclamo. A partir del primero de enero
de 1995, se cambia el efecto del referido silencio, al que se lo
debe entender como, aceptación tácita. CUARTO: Frente al
panorama     legislativo   existente   sobre     la   materia,   cuyos
lineamientos   fundamentales      acaba de exponerse en los
precedentes considerandos, conviene juzgar la actuación de la
Dirección General de Rentas, Órgano de la Administración
Tributaria Central frente al recurso de reposición planteado
por la Empresa HIPEROIL S.A., el 21 de febrero de 1997,
pretendiendo la devolución de sumas de dinero que se han
considerado indebidas al no haberse liquidado los intereses
compensatorios de que trata el Art. 21 del Código Tributario, y
que la Dirección General de Rentas, lo niega mediante
                                                                   130


Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de 1997, fuera del
plazo de los 120 días. Constituye materia de controversia en
este juicio el efecto de que el silencio administrativo ha de
producir respecto del recurso en cuestión: Se ha de entender
como aceptación tácita o denegación tácita del reclamo: a)
Sostiene la Dirección General de Rentas que el Art. 21 de la
Ley   05   es    inaplicable   al   silencio   de   la   Administración
Tributaria:     1.-   Porque   dicho    artículo    se   refiere   a     la
Administración Fiscal y no a la Administración Tributaria;
argumento o motivo carente de todo fundamento sobre el que
ha quedado debidamente aclarado en el fallo Nº 38-96,
expedido el 29 de enero de 1997, por la Sala de lo Fiscal de la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el recurso de
casación interpuesto dentro del juicio sostenido por la Flota
Petrolera Ecuatoriana FLOPEC, contra la Dirección General de
Rentas, fallo en el que se aclara que la expresión en cuestión,
así como la de la “Administración Tributaria” y “Administración
Financiera”, se emplea para referirse a aquellos órganos de la
Administración que, conforme a la Ley, en el caso de la
Dirección General de Rentas, tiene atribuidas las facultades
que como gestión, le corresponde en el campo tributario para
la determinación y recaudación de los tributos; criterio
reiterado por la propia Sala de lo Fiscal en el fallo 44-96,
dictado el 19 de mayo de 1997, en el recurso de casación
interpuesto dentro del juicio de denegación tácita seguido por
el Gerente de Electrificaciones del Ecuador S.A. ELECDOR,
contra el señor Director General de Rentas. 2.- Falta de
                                                                  131


derogación expresa de los artículos 102, 125, 126, 136 y 137
del Código Tributario. El texto del Art. 21 de la tanta veces
citada   Ley,   es   claro,    lo   único   que   correspondía    a     la
Administración Tributaria, era aplicarla. 3.- En igual forma la
alegación de incompetencia de este Tribunal para conocer de
la   impugnación     de   la   resolución    Nº   04229   de     30     de
septiembre de 1997, es igualmente inaceptable, pues se trata
de materia tributaria, y por lo tanto la competencia para
conocer y resolver de estos asuntos lo tiene en forma plena, el
Tribunal Distrital de lo Fiscal. QUINTO: La conclusión de
cuanto queda expuesto es clara y evidente: La Ley 05, en su
artículo 21     ha establecido que para el supuesto de que la
Administración Tributaria no diera atención a un reclamo o
recurso de naturaleza tributaria dentro del plazo de 120 días
desde la presentación de la reclamación, la consecuencia es la
de ACEPTACIÓN TÁCITA. El 21 de febrero de 1997, el señor
Marcelo Darquea, en su calidad de Gerente de la Empresa
HIPEROIL S.A., presenta formal recurso de reposición sobre la
Resolución Nº 00491 de 29 de enero de 1997 y la Dirección
General de Rentas niega dicho recurso el 30 de septiembre de
1997, mediante Resolución Nº 04229, fuera del plazo de 120
días que la Ley 05 previó para este caso, la consecuencia no
es otra de que se ha producido la aceptación tácita y por lo
tanto la mencionada Resolución no produce ningún efecto
jurídico, por incompetencia de la Autoridad Administrativa que
pretende resolver después de cumplido el mencionado plazo;
pues, como lo ha establecido el fallo Nº 38-96, expedido por
                                                              132


la Sala de lo Fiscal de la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia, en su considerando OCTAVO; de que es procedente la
afirmación del actor “que en su demanda dice que una vez
que se produjo la aceptación tácita, ésta tiene el carácter de
acto ejecutoriado como lo establece el artículo 84 del Decreto
Ley 04, publicado en el Registro Oficial Nº 396 del 10 de
marzo de 1994, asimilable al presente caso”. SEXTO: De las
consideraciones    anteriores,    se   desprende     claramente     la
procedencia   de   aplicar   al   presente   caso,    lo   dispuesto
terminantemente por el Art. 21 de la Ley 05, publicado en el
Registro Oficial Nº 396 de 10 de marzo de 1994, que se
encuentra en plena vigencia y dispone: “A partir del 1º de
enero de 1995, en todos aquellos casos en que el Código
Tributario y demás leyes tributarias, prevean o no casos
específicos para resolver o atender, reclamaciones o recursos
de los contribuyentes, la Administración Fiscal tendrá el plazo
de 120 días hábiles para pronunciarse.- Si vencido el plazo
señalado en el inciso anterior no hubiere pronunciamiento
expreso, respecto a las peticiones, reclamaciones o recursos
que se presenten a partir de la fecha indicada, el silencio
administrativo se considerará como aceptación tácita de los
mismos…”; esto es, que ha producido la aceptación del
recurso de reposición presentado por la Empresa HIPEROIL el
21 de febrero de 1997, toda vez que el Director General de
Rentas, dicta la Resolución Nº 04229 el 30 de septiembre de
1997, fuera del plazo legal establecido en la norma indicada,
pues además de los autos, no aparece ninguna prueba que
                                                                  133


desvirtúe lo afirmado, e incluso el Procurador Fiscal nada
alega sobre el punto. Por la consideraciones anteriores y
rechazando las excepciones planteadas por el Procurador
Fiscal por improcedentes, la Primera Sala del Tribunal Distrital
de lo Fiscal Nº 1 de Quito, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, acepta la demanda por haberse producido la aceptación
tácita   del   recurso      de   reposición     presentado,     por     el
representante legal de la Empresa HIPEROIL S.A. y declara la
nulidad de la Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de
1997,    por   haber      sido   expedida   fuera   del   plazo   legal
establecido en las normas invocadas por el acto, la misma que
no   puede     producir     efecto   jurídico   alguno.   Sin   costas.
Notifíquese.
Firmas ilegibles.


RESOLUCIÓN RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL.- Quito, 8 de julio del 2003.- Las 11h30.
VISTOS: El Dr. Fernando Pinto Vinueza en su calidad de
Procurador Tributario el 18 de noviembre de 1998 interpone
recurso de casación en contra de la sentencia de 11 de los
propios mes y año expedida por la Primera Sala del Tribunal
Distrital de los Fiscal Nº 1 dentro del juicio de aceptación
tácita Nº 17-995 propuesto por Marcelo Darquea Coloma, en
su condición de Gerente General y Representante Legal de
                                                          134


“HIPEROIL S.A.”. A su vez la Empresa por intermedio del
mencionado representante, el 19 de noviembre del indicado
año interpone recurso de casación en contra de la sentencia
aludida.    Concedidos   los   recursos,    ha    evacuado      la
correspondiente contestación únicamente Hiperoil S.A. el 2 de
junio de 1999. Pedidos los autos para resolver se considera:
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver
el presente recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de
Casación.   SEGUNDO:      La   Administración    fundamenta     el
recurso en la causal 1ª del art. 3 de la Ley de Casación.
Manifiesta que al expedirse el fallo se ha infringido el Art. 2
del Código Tributario y que es inaplicable al caso el Art. 21 de
la Ley 05. Sustenta que dicho artículo 2 determina que las
disposiciones del Código Tributario y de las demás leyes
tributarias prevalecerán sobre otras generales especiales y
que las normas tributarias sólo podrán ser modificadas o
derogadas por disposición expresa de otra ley destinada a esa
finalidad; que el Art. 21 de la Ley 05 es inaplicable en el
campo tributario, al no haber sido derogados los artículos 102,
125, 127, 128, 136 y 137 del Código del Código Tributario,
disposiciones que establecen consecuencias diferentes ante la
falta de atención a los reclamos y recursos tributarios; que el
mencionado Art. 21 se refiere a la Administración Fiscal y no a
la tributaria; que según el Art. 12 del Código Tributario las
palabras y la Ley Tributaria se entenderán conforme a su
sentido jurídico, técnico o usual, según suceda, a menos que
se las haya definido expresamente; que el Art. 102 del Código
                                                           135


Tributario se encuentra vigente, en razón de que la Ley
Orgánica de Aduanas publicada en el R. O. de 10 de marzo de
1995 en el literal ch) prevé que la Ley 05 se encuentra vigente
y que no se ha producido derogación expresa del art. 102
referido, el cual mantiene la institución de la denegación
tácita; y, que la aplicación el Art. 21 de la Ley 05 que admite
la aceptación tácita llevarán a verdaderos absurdos. A su vez
la Empresa fundamenta el recurso en las tres causales
señaladas en el Art. 3 de la Ley de Casación, cuales son
aplicación   indebida,   falta   de    aplicación   y    errónea
interpretación de normas de derecho. Indica que las normas
legales infringidas son el Art. 21 del Código Tributario, el Art.
21 de la Ley 05 y el inciso final del art. 65 de la Ley de
Régimen Tributario Interno. Expresa que en conformidad al
Art. 21 del Código Tributario, los intereses a cargo del sujeto
activo, se causan desde la fecha del pago o desde la fecha de
la declaración; que el Art. 21 de la Ley 05 prevé que vencido
el plazo de ciento veinte días sin que se haya producido
pronunciamiento por parte de la Administración en los casos
de reclamos y recursos, el silencio debe considerarse como
aceptación tácita; que de acuerdo al inciso final del Art. 65 de
la Ley de Régimen Tributario, debió reconocerse a favor de la
parte actora el pago de intereses; que el alcance del término
crédito tributario cuya devolución reconoce el Estado ha sido
reconocido como pago indebido por las Salas del Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 1; que se ha efectuado una distinción
inadecuada limitándose la aceptación únicamente a una parte
                                                              136


del reclamo. La misma Empresa al contestar el recurso
interpuesto por la Administración en el escrito de 2 de junio
de 1999 se opone a los puntos de vista de la parte demandada
y reitera su alegación de que debió haberse no solo declarado
la aceptación tácita sino también el pago de los intereses.
TERCERO: La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal
Nº 1, mediante auto de treinta de noviembre de 1998 que
llegó a ejecutoriarse, reconoció que los escritos presentados
por las partes, contentivos de los recursos de casación
aludidos, reúnen los requisitos de ley. De la misma manera la
Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia
con auto de 26 de febrero de 1999, que asi mismo llegó a
ejecutoriarse, por haber considerado debidamente propuestos,
admitió a trámite los preindicados recursos. En esa virtud, a la
presente fecha corresponde a esta Sala analizar tales recursos
y la contestación producida a fin de establecer si al expedirse
el fallo impugnado se han infringido las disposiciones que las
partes han señalado. En cuanto al escrito presentado por la
Empresa de fecha 19 de noviembre de 1998, que contiene el
recurso de casación, cabe señalar que si bien en el mismo se
alega como fundamento, de modo equivocado, las tres
causales señaladas en el Art. 3 de la Ley de Casación, cuales
son   aplicación   indebida,   falta   de   aplicación   y   errónea
interpretación de normas de derecho, sin explicitar a cual de
las cinco causales del mencionado Art. 3 que obran en cinco
numerales se refiere no es menos cierto que si se estudia todo
el escrito indicado que obra de fojas 75 a 79 de los autos, se
                                                            137


concluye que la actora alega que al expedirse el fallo se han
violado el Art. 21 del Código Tributario, el art. 21 de la Ley 05
y que se aplicado indebidamente el inciso final del art. 65 de
la Ley e Régimen Tributario. En suma, para establecer si se ha
cumplido o no con los requisitos que la Ley estatuye para la
interposición de la casación, es imprescindible efectuar un
análisis de la integridad del escrito y no únicamente de una
parte del mismo. A mayor abundamiento en conformidad con
el art. 288 inciso segundo del Código Tributario, el juez debe
suplir las omisiones sobre puntos de derecho en que incurran
las partes. De todo lo dicho procede concluir que ya por que
existen autos ejecutoriados expedidos por la Juzgadora y por
esta Sala, ya por el análisis del texto íntegro del escrito de
casación presentado por la Empresa, no es dable rechazarlo
únicamente por razones de forma, sino que es imperioso el
proceder al estudio de las alegaciones producidas y decidir si
al expedirse el fallo se han infringido o no las normas que han
sido singularizadas. CUARTO: La norma contendida en el art.
2 del Código Tributario, en conformidad a lo que en reiteradas
oportunidades ha mantenido esta Sala, no podía impedir ni ha
impedido que el legislador pueda reformar el Código Tributario
y la legislación del ramo, mediante la expedición de leyes
posteriores. El art. 21 de la Ley 05 prevé que el silencio
administrativo connota aceptación tácita del reclamo o recurso
propuesto por el particular. Este efecto es diverso al que antes
tenía vigencia conocido como negativa tácita. El recurso de
reposición   interpuesto    por    “Hiperoil   S.A.”   no     fue
                                                           138


oportunamente resuelto, por lo que es evidente que se
produjo el silencio administrativo positivo, según lo acepta la
sentencia impugnada. Por lo demás el Art. 21 de la Ley 05 es
también una ley tributaria, debiéndose advertir que es
posterior al Código Tributario y que desde su vigencia
quedaron modificadas todas las normas que al silencio
administrativo daban el efecto de negativa tácita. Este efecto
de aceptación tácita del recurso no se ha enervado ni
modificado por la expedición de la Ley Orgánica de Aduanas,
como equivocadamente sustenta la Administración. QUINTO:
La Empresa según lo reconoce la Administración en la
Resolución Nº 04229 de 30 de septiembre de 1997 fojas 20 a
23 de los autos, solicitó que se reconozca a su favor intereses
respecto de la devolución de S/. 4.212’287.213,00 crédito
acumulado por IVA al 31 de diciembre de 1995. Es evidente,
según queda indicado que tal resolución fue expedida con
posterioridad a los ciento veinte días previstos en el Art. 21 de
la Ley 05 y que por lo tanto operó la aceptación tácita, dentro
de la cual se incluyen los intereses. Todo, sin perjuicio de la
responsabilidad a que haya lugar respecto de los funcionarios
causantes del silencio. Por lo tanto no procede el que se
reconozca parcialmente los efectos del silencio administrativo
y no en lo atinente a intereses. La Resolución 04229 de 30 de
septiembre de 1997, no puede calificarse de nula, por cuanto
no se han dado los requisitos que para que ello ocurra
contempla    el   Art.   132    del   Código    Tributario.      La
extemporaneidad de tal resolución no comporta nulidad, sino
                                                               139


únicamente el hecho de que ya no produzca efectos, pues
hasta tanto se había operado el silencio administrativo
positivo. Subsidiariamente es de considerar que el Art. 65 de
la Ley de Régimen Tributario Interno quedó reformado con la
Ley 93 publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 764
de 22 de agosto de 1995, en el sentido de que el crédito
tributario   reintegrado   a   los   sujetos   del   IVA   y   a     los
exportadores no causará intereses. El crédito tributario en
discusión se refiere al año 1995 y esta disposición sobre el no
causamiento de intereses, sería aplicable sólo a una parte de
dicho   año.    Semejante      restricción     fue   posteriormente
derogada, y a la fecha no consta en la Ley, lo cual es
demostrativo de lo inequitativo de semejante norma. De otro
lado es más allá de evidente que el Art. 149 del Reglamento a
la Ley de Régimen Tributario Interno, que en la parte final
señala la compensación o devolución de los saldos del IVA a
favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos y
consiguientemente no causarán intereses, no es aplicable por
que riñe con el Art. 21 del Código Tributario que reconocía el
causamiento de los mismos. Además de todo lo dicho, es
injusto que por el Impuesto a la Renta no satisfecho en su
totalidad se causen intereses a favor de la Administración y
que por crédito tributario surgido por el IVA pagado en
demasía, no ocurra lo propio. En mérito de las consideraciones
que quedan expuestas esta Sala Especializada de lo Fiscal de
la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
                                                              140


LEY, casa la sentencia de mayoría expedida el 11 de
noviembre de 1998 por la Primera Sala del Tribunal Distrital
de lo Fiscal Nº 1 y reconoce que la Empresa actora tiene
derecho a que se reconozcan, en conformidad con lo que
disponía el Art. 21 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
los respectivos intereses por el crédito tributario reconocido
por IVA, según los resultados obtenidos al 31 de diciembre de
1995. Notifíquese, publíquese, devuélvase.
f) Drs. José Vicente Troya Jaramillo.- Alfredo Contreras
Villavicencio.- Hernán Quevedo Terán (V.S.).


VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR
HERNÁN QUEVEDO TERÁN,


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL.- Quito, 8 de julio del 2003.- Las 11h30.
VISTOS: La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº
1 dictó sentencia dentro de la acción incoada por el Gerente
General y Representante Legal de la Compañía Hiperoil S.A.,
quien demandó a la Autoridad Tributaria, solicitando se
reconozca el silencio administrativo como aceptación del
reclamo; en el fallo se reconoce la aceptación tácita en cuanto
declara la nulidad de la Resolución impugnada, por haber sido
expedida   fuera   del   plazo   legal   y   niega   los   intereses
demandados sobre el crédito tributario, debido a la fecha del
pago, es decir, cuando estuvo en plena vigencia el último
inciso del artículo 65 de la Ley Especial de Régimen Tributario
                                                                  141


Interno. Ante ello, el doctor Fernando Pinto Vinueza, en su
calidad    de    Procurador       Tributario,   interpone   recurso     de
casación y, a su vez, el señor Marcelo Darquea Coloma, como
Representante de Hiperoil, también interpone recurso de
casación, habiendo sido ambos escritos calificados, mediante
auto dictado por la Primera Sala que tramitó el juicio,
originando que todo lo actuado suba a conocimiento de esta
Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia, donde
luego     del   trámite   legal    respectivo,    se   ha   expedido    la
providencia de autos en relación, siendo el EEEstado de
resolvérselo, para ello se considera: PRIMERO: Esta Sala es
competente para conocer y resolver el presente recurso, de
conformidad con lo que dispone el artículo 1 de la Ley de
Casación. SEGUNDO: Debido a que en el expediente consta
en primer lugar y por haber sido tramitado por la Autoridad
Tributaria, es pertinente referirse a la casación solicitada por
el doctor Pinto. TERCERO: Al efecto, conforme lo determina la
Ley de Casación publicada en el Registro Oficial de 18 de
mayo de 1993 y su reforma, publicada en el Registro Oficial
de 8 de abril de 1997, se enfoca lo referente a la legitimación
en el artículo 4, donde se establece como requisito necesario
que el recurso sea presentado por la parte que haya recibido
agravio. CUARTO: En la especie, la Resolución                  Nº 4229
dictada por      el   Director General de Rentas, de 30 de
septiembre de 1997 dentro del recurso de reposición, confirma
en todas sus partes la Resolución Nº 491, de 29 de enero de
1997, por lo que es menester el análisis de la Resolución
                                                          142


originaria para concluir si la Autoridad Tributaria recibió o no
agravio. Analizando con detenimiento la parte resolutiva de la
Resolución del 29 de enero de 1997, ella está aceptando la
compensación de crédito solicitada por la empresa accionante,
pero lo que no está reconociendo son los intereses reclamados
y la sentencia, materia de este recurso, declara la aceptación
tácita del reclamo, esto es, la compensación de créditos, pero
rechaza el pago de intereses, lo que resulta que su texto
coincide con el pronunciamiento que originó la Resolución
impugnada. QUINTO: Conforme lo expuesto, el Servicio de
Rentas Internas no resulta agravio con la sentencia que
produjo esta casación. SEXTO: En cuanto al planteado por la
Empresa accionante, se debe considerar que el recurso de
casación es extraordinario y formalista, por cuya razón el
artículo 6, textualmente dice: “En el escrito de interposición
del recurso de casación deberá constar en forma obligatoria lo
siguiente: 1.- Indicación de la sentencia o auto recurridos con
individualización del proceso en que se dictó y las partes
procesales.- 2.- Las normas de derecho que se estiman
infringidas o las solemnidades del procedimiento que se haya
omitido.- 3.- La determinación de las causales en que se
funda.- 4.- (Reformado por el artículo 4 de la Ley s/n, R.O.
39, 8-IV-97). Los fundamentos en que se apoya el recurso”.-
SÉPTIMO: A fojas 76 del expediente y bajo el numeral cuatro
se pone lo siguiente: “DETERMINACIÓN DE LAS CAUSALES EN
QUE SE FUNDA LA CASACIÓN. Alego como fundamento del
recurso las tres causales señaladas en el Art. 3 de la Ley de
                                                                        143


Casación, estas son: A) Aplicación indebida, b) Falta de
aplicación,    y,   C)   Errónea    interpretación        de    normas        de
derecho.- OCTAVO: De la simple comparatividad entre los
requisitos     formales      obligatorios    con     el    planteamiento
efectuado como causales, se resalta que no hay determinación
de la causal o causales en que se basan, con el agravante de
que si se toman las “tres causales señaladas” como las tres
primeras causales señaladas, habría contradicción total con lo
dispuesto en el Artículo 14 de la tantas veces citada Ley de
Casación.     NOVENO:        Como    en     el   sistema        de    casación
ecuatoriano no existe la casación de oficio, excepto en el
actual Código de Procedimiento Penal, anotándose que en el
nuevo desaparece esta figura, no es dable poder seguir con el
análisis      del   resto     del    escrito       Por     lo        expuesto,
ADMINISTRANDO               JUSTICIA         EN     NOMBRE            DE      LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechazan
los dos recursos de casación presentados y se le otorga todo
el valor legal a la sentencia de mayoría, dictada el 11 de
noviembre de 1998 por la Primera Sala del Tribunal Distrital
de lo Fiscal Nº 1. Notifíquese. Devuélvase. Publíquese.
f) Drs. José Vicente Troya Jaramillo.- Alfredo Contreras
Villavicencio.- Hernán Quevedo Terán.




V


Resolución Nº 16-2003
                                                       144




Juicio de impugnación que siguió el Ing. Estéban Borja Suárez
representante legal de FUNALGODON contra la DIRECTORA
GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.


                        SÍNTESIS:
El art. 9 de la Ley Orgánica de Aduanas señala en su
letra b) que se consideran tributos al comercio exterior
“los impuestos establecidos en leyes especiales”. No
determina que tales impuestos se han de regir por las
normas de la Ley Orgánica de Aduanas, tales tributos,
en el caso del IVA debe regularse por su propia ley
especial cual es la Ley de Régimen Tributario Interno
cuyo art. 51 prevé, entre otros casos, que se aplicará el
indicado impuesto “a la importación de muebles de
naturaleza corporal”. Se infiere de lo expuesto que no
se trata de un problema de relevancia de una ley
orgánica sobre una ley ordinaria, sino simplemente de
la aplicación de la ley que es pertinente al caso. El art.
59 inciso segundo de la Ley de Régimen Tributario
Interno concierne al hecho generador del IVA           en el
caso   de   importaciones    y   dice:   “En   el   caso     de
introducción de mercaderías al territorio nacional, el
impuesto se causa al momento de su despacho de
aduana”. De autos se aprecia claramente que la fecha
de pago de los impuestos fue el 31 de mayo de 1999, y
que en esa fecha, para bienes como el importado, la
                                                          145


tarifa del IVA era del 12%, por lo tanto, la Sala casa el
fallo dictado por el Tribunal ad quem y reconoce la
legitimidad de la Resolución impugnada con que se dio
fin al reclamo administrativo de pago indebido.


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL.


TRIBUNAL      DISTRITAL   FISCAL     Nº   4   DE   PORTOVIEJO.-
Portoviejo, 19 de septiembre del 2002. A las 11h00.
VISTOS: Concurre al Tribunal Distrital Fiscal Nº 4, con sede
en la ciudad de Portoviejo, con jurisdicción en las provincias
de Manabí y Esmeraldas; el ING. ESTÉBAN BORJA SUÁREZ, en
su calidad de Director General y como tal Representante Legal
de FUNALGODON, Corporación Civil, domiciliada en el Km. 4
de la Vía Portoviejo, cantón santa Ana, sitio El Limón,
provincia de Manabí y con RUC Nº 1791180291001 y formula
ante este Tribunal Distrital Fiscal una demanda contenciosa
tributaria,    dentro     de   los        siguientes   términos:
ANTECEDENTES.- Que con fecha 19 de junio del 2000,
FUNALGODON presentó ante el señor Director Regional del
Servicio de Rentas Internas de Manabí, un reclamo de pago
indebido, el mismo que está signado con el Nº 5164, mediante
el cual solicitó la devolución de la suma de S/. 337’868.80
indebidamente pagado en concepto de IVA en la importación
de algodón sin cardar ni peinar. Que el 7 de diciembre del
2000, a través del casillero judicial se notificó a FUNALGODON
con la Resolución Nº 0675 expedida en esa misma fecha por el
                                                       146


Director Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí,
mediante la cual se puso fin al reclamo de pago indebido Nº
3164, iniciado por la empresa tantas veces citada, reclamo de
pago indebido negado por la Autoridad Fiscal. Que dentro del
término establecido, por el Art. 243 del Código Tributario en
concordancia con la causal séptima del Art. 234 del mismo
cuerpo legal, interpone la acción de impugnación respecto de
la Resolución Nº 0675 de 7 de diciembre del 2000, en los
siguientes términos. DEMANDA.- 1) Que la resolución Nº
0675 de 7 de diciembre del 2000 del Director del Servicio de
Rentas Internas de Manabí basa su negativa a devolver la
suma indebidamente pagada por FUNALGODON en concepto
de IVA, por los siguientes razonamientos; Que la CAE al
referirse al Documento Único de Importación, Anexo C.Nº FO
33809, establece en el campo 06. Registro de Aduana, el 25
de mayo de 1999 como fecha de recepción de algodón
importado por FUNALGODON, fecha que también, siempre de
acuerdo a la afirmación del Delegado Regional del Servicio de
Rentas Internas de Manabí, se registra en al Póliza de
Transporte emitida por Seguros Equinoccial (lo cual no es así
porque la fecha de la Póliza de Transporte es el 1º de marzo
de 1999). Que la Verificadora SGS emitió el certificado de
inspección de algodón importado a nombre de FUNALGODON
el 25 de mayo de 1999 y la Verificadora COTECNA, emite un
informe general de aforo el 28 de mayo de 1999. Que el DUI
registra el 31 de mayo de 1999 como fecha de liquidación y
pago en el Banco Bolivariano de los S/. 337’868.880 por IVA
                                                        147


en la importación de algodón, que ha sido certificado por el
propio Banco.- Que como supuesta prueba de que el término
“despacho” es sinónimo del término “desaduanización” cita
varias disposiciones legales y reglamentarias, entre otras: a)
El inciso segundo del art. 59 de la Ley de Régimen Tributario
Interno; b) El Art. 69 ibídem; c) El Art. 74 ibídem; d) El 82
ibídem; e) El tercer inciso del art. 140 del Reglamento de la
Ley de Régimen Tributario Interno. 2) Que sin embargo, la
Resolución Nº 0675 que en su oportunidad impugnó, olvida
referirse a lo que de manera expresa señalan los Arts. 10, 12,
13 y 15 de la Ley Orgánica de Aduanas tal como se lo solicitó
en el reclamo de pago indebido presentado por FUNALGODON.
La accionante en su demanda copia textualmente los artículos
antes citados. 3) Que también olvida la Resolución Nº 9675 de
7 de diciembre del 2000, referirse tal como se solicitó en el
reclamo de pago indebido a la Resolución expedida por la
Gerencia General de la CAE el 22 de octubre de 1999, en la
cual, en correcta aplicación de las normas anteriormente
citadas de   la Ley Orgánica de      Aduanas, se pronuncia
favorablemente a la empresa que de modo expreso determina
el hecho generador de la obligación tributaria aduanera, tal
como lo establece el Art. 12 de la Ley Orgánica de Aduanas.
4) Que la Resolución también olvida, pero que lo reconoce
expresamente el Gerente General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana que la presentación de la declaración aduanera es
la que determina el hecho generador de la obligación
tributaria y que esto lo desconoce el Director Regional del
                                                                   148


Servicio    de   Rentas    Internas.    5)    Que   si   la    fecha     de
presentación de la Declaración de Importación determina el
hecho generador de la obligación tributaria, de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 15 del Código Tributario que es el
presupuesto establecido por la Ley para configurar cada
tributo    y a la época de           presentación del      permiso de
importación, es decir el 30 de marzo de 1999, cuya tarifa es
cero para ciertos bienes como productos agrícolas, ello quiere
decir que la tarifa aplicable a dicha importación de algodón fue
la del cero por ciento, esto amparado en lo que dice el
Registro Oficial Nº 128 del 12 de agosto de 1997, en donde se
publicó el Acuerdo Ministerial Nº 277 del Ministerio de
Finanzas y Crédito Público, mediante el cual fijó la lista de
mercaderías gravadas con IVA tarifa cero por ciento que no
requieren para su desaduanización de las certificación emitida
por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas, razón
por la actual el 30 de marzo de 1999, FUNALGODON presentó
ante la Gerente del I. Distrito de Guayaquil de la CAE, su
declaración de importación DUI FO172667 recibida en esa
misma fecha mediante guía de entrega de documentos Nº
990330-10-0202 para importar 231.33 toneladas métricas de
algodón     (509.997      libras),    las    mismas      que     estaban
comprendidas dentro del cupo de 16.000 toneladas métricas
reguladas por el Decreto Ejecutivo Nº 253 de 23 de octubre de
1998, publicado en el Registro Oficial Nº 57 de los mismos
mes y año antes citados, en donde se establece que el arancel
nacional    de   importaciones       para    subpartidas      5201.00.00
                                                             149


(algodón sin cardar ni peinar, en 2% hasta el 31 de diciembre
de 1998 y en 0% hasta el 31 de marzo de 1999. Que si la
Administración Tributaria Aduanera al atender el recurso de
revisión    propuesto       por      FUNALGODON          reconoció
expresamente,    conforme      a   derecho   que   la   fecha      de
presentación del permiso de importación es la que determinó
el hecho generador de la obligación tributaria, así como los
impuestos aplicables al comercio exterior, entre ellos el IVA,
en base a las normas legales de la LOA y procedió a devolver
los derechos arancelarios excesiva e indebidamente pagados
por FUNALGODON, exactamente de la misma forma debió
haber actuado el delegado Regional del Servicio de Rentas
Internas de Manabí. 6) Que con respecto a las normas legales
y reglamentarias citadas por el Delegado Regional del SRI de
Manabí en su Resolución Nº 0675 de 7 de diciembre del 2000,
como supuesto fundamento de derecho para negar la petición
de FUNALGODON, entre ellos los Arts. 59, 69, 74 y 82 de la
Ley de Régimen Tributario Interno y el Art. 140 de su
Reglamento,     la   empresa       manifiesta,   que    sí   existe
contradicción entre la Ley de Régimen Tributario Interno y su
Reglamento y las de la Ley Orgánica de Aduanas; y, ésta tiene
supremacía sobre las normas de la Ley Orgánica, por ser de
una jerarquía jurídica superior.- Que las normas citadas en la
resolución impugnada, no hacen otra cosa que reconocer dos
momentos jurídicos: a) El momento en que nace la obligación
tributaria por haberse producido el hecho generador a través
de la presentación de la declaración aduanera; y, b) El
                                                          150


momento en que nace la obligación tributaria aduanera. Que
resulta extraño que como fundamento legal de la Resolución
Nº 0675 impugnada se haga mención de los Arts. 74 y 82 de
la Ley de Régimen Tributario Interno referidos al Impuesto a
los Consumos Especiales ICE, esto impuestos ajenos al
presente caso. 7) De otro lado es evidente que si un
contribuyente inicia un trámite de importación bajo la vigencia
de una Ley, no es legalmente posible aplicarle una nueva Ley.
8) Que a pesar de que el 30 de marzo de 1999, fecha de
presentación   de   la   declaración   aduanera   del   algodón
importado, regía tarifa cero en virtud de lo dispuesto en el
numeral 1 del Art. 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno
en concordancia con lo que establece el Acuerdo Ministerial Nº
277 del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, pero que
razones de fuerza mayor y por contratiempo hicieron que se
produzca el pago indebido. 1) La importación de 231.33
toneladas métricas llegó a Guayaquil el 24 de marzo de 1999.
2) Que por razones de fuerza mayor, el huracán GEORGE
azotó las costas de Estados Unidos en el mes de marzo de
1999, y retrasó la llegada de la embarcación. 3) Que por esta
razón FUNALGODON y amparándose en lo dispuesto en los
Arts. 15 y 43 de la LOA, presentó su declaración de
importación el 30 de marzo de 1999 y que por haberse
solicitado por parte de Aduana la presentación del manifiesto
master, éste fue presentado por la naviera el 31 de marzo de
1999, cumpliendo FUNALGODON con todos los requisitos
exigidos por la Aduana dentro del período de validez del
                                                          151


Decreto Nº 253. 4) Que entre otras cosas FUNALGODON
presentó ante la Gerencia General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana un recurso de revisión de la Resolución de 12 de
abril de 1999, que el Gerente de la CAE negó que la
importación realizada se acoja a lo dispuesto por el Decreto
Ejecutivo Nº 253, publicado en el Registro Oficial Nº 57 de 29
de octubre de 1998, recurso en el cual se solicitó se le
reintegre las cantidades indebidamente pagadas al habérsele
impedido acogerse a los beneficios del Decreto 253 y que son
las siguientes:


LIQUIDACIONES         LO PAGADO       LO    QUE     SE   DEBIÓ
PAGAR
                      Vigente al 25 de mayo Vigente al 30 de
                      ,marzo/99
Ad.Valorem            0                0
CI. Salvaguardia      152’743.617      76’703.294
T. Modernización      3’054,872        3’835.165
T. Fodin              15’274.362       19’175.823
IVA                   337’868.880      0
MULTA                 531.890          0
TOTALES               509’473.621      99’714.282


PETICIÓN FORMAL.- Con los antecedentes antes expuestos,
solicita al Tribunal Distrital Fiscal, que en sentencia deje sin
efecto ni valor legal la referida resolución y que se reconozca
a FUNALGODON el reintegro de la suma de S/.337’868.880,00
                                                              152


indebidamente pagado en concepto del Impuesto al Valor
Agregado en la importación de 231.33 toneladas métricas de
algodón sin cardar ni peinar (509.997 libras), amparada con
DUI Nº F0172667 DE 30 de marzo de 1999, más los intereses
compensatorios de rigor, calculados según lo previsto por el
Art. 21 del Código Tributario, es decir desde la fecha en que el
pago indebido se produjo hasta la fecha de emisión de la
correspondiente nota de crédito. Calificada la demanda con
fecha 31 de enero del 2000, el señor Ministro de Sustanciación
ordenó de oficio, se cite al demandado señor Director Regional
del Servicio de Rentas Internas de Manabí; y evacuada la
diligencia se presenta el AB. SAMUEL GARCÍA MACÍAS,
ofreciendo poder o ratificación de la Autoridad demandada,
dentro de la causa Nº 03/2001, que sigue el ING. ESTÉBAN
BORJA   SUÁREZ,        GERENTE    GENERAL      DE   FUNALGODON,
Corporación   Civil,   el   prestigiado   profesional   contesta    la
demanda en los siguientes términos: FALTA DE CITACIÓN DE
LA DEMANDA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS.- Que en la demanda no expresa quien es
la persona o la autoridad demandada, ni menciona el lugar
donde debe practicársele la citación. Sin embargo, dice el AB.
SAMUEL GARCÍA MACÍAS, que el Tribunal califica la demanda
y dispone citar la demanda al señor Director Regional del
Servicio de Rentas Internas, contraviniendo lo dispuesto en el
numeral 1 del art. 245 del Código Tributario al no mandar a
completar la demanda conforme lo dispone el Art. 246 del
mismo cuerpo de Ley; máxime si dicha omisión puede causar
                                                               153


indefensión al no citarse con la demanda al Servicio de Rentas
Internas en la persona que legalmente la representa. De lo
dicho debemos dejar en claro, lo que dice el AB. SAMUEL
GARCIA      MACÍAS.-   El   Tribunal    no   calificó   la   demanda
propuesta, quien lo hizo fue únicamente el Ministro de
Sustanciación, que es totalmente diverso a lo que el sostiene,
recomendándole       una    vez   más,       al   abogado     de     la
Administración Fiscal, que tenga cuidado con el uso de los
términos y control de sus conceptos. Luego dice, que sin
dudas, aunque el Tribunal no lo expresa en el auto de
calificación -cosa que no lo hicimos-, la citación se la realizó
en   base    al   Decreto   Ejecutivo   4016,     publicado    en    el
Suplemento del Registro Oficial Nº 1004 del 6 de agosto de
1996, contrariándose expresas disposiciones constitucionales
y legales, al no citarse legalmente a la señora Directora
General del Servicio de Rentas Internas. El precitado abogado
enuncia artículos de la Constitución Política así: El Art. 24
numeral 10 y 12 que tiene relación al debido proceso, el 77
del Código de Procedimiento Civil que tiene relación a la
citación propiamente dicha; y, que al producirse la omisión de
solemnidad sustancial contemplada en el Art. 355 del Código
de Procedimiento Civil, según el AB. SAMUEL GARCÍA MACIAS,
se deberá declarar la nulidad del proceso. Que sin embargo a
esto contesta la demanda en los siguientes términos y dice
que para contestar la misma es importante establecer la
cronología de la importación realizada por FUNALGODON así
como los argumentos centrales de su pretensión.
                                                            154


CRONOLOGÍA DE LA IMPORTACIÓN
- Presentación al Banco corresponsal para el visto bueno: 26
de febrero 1999
- Visto bueno por parte del Banco corresponsal: 26 febrero
1999
- Inspección en el puente de embarque: 8 marzo 1999
-Emisión certificado de origen: 8 marzo 1999
-Fecha de embarque según DUI 10 marzo 1999
-Fecha de llegada el DUI: 1 abril 1999
-Fecha real de ingreso al territorio aduanero nacional: ?
-Fecha de despacho por parte de la aduana: ?
-Autorización previa M.A.G.: Fecha aprobación: 24 febrero
1999
                         Fecha de caducidad: 24 mayo 1999
-Presentación de la Declaración en la Aduana según el campo
10 del DUI donde consta la fecha de recepción puesta por la
Aduana:             25-05-1999
-Presentación de la declaración en la Aduana según consta
-De los documentos de acompañamiento (Bil o Lading,
-Certificado de Inspección en origen, certificado de origen:
-Corrección conocimiento de embarque, poliza de seguro) 25
mayo 1999
-Aceptación de la declaración: 31 mayo 1999
-Aforo aleatorio en el puesto de destino: 28 mayo 1999


ARGUMENTOS DE FUNALGODON.- Dice la Administración
Fiscal que FUNALGODON en el reclamo de pago indebido
                                                                   155


propuesto ante el Servicio de Rentas Internas, reconoce que el
Impuesto al Valor Agregado que se origina en la importación
de mercaderías se causa al momento de su despacho por la
Aduana, que no es otra que la fecha de desaduanización,
cuando textualmente dice: … “3) El art. 59 de la Ley de
Régimen Tributario Interno establece claramente que en el
caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el
Impuesto al Valor Agregado se causa en el momento de sus
despacho por la Aduana”, acto que según la citada disposición
legal se constituye en el hecho generador del Impuesto al
Valor Agregado de importación. Basta leer su título para
deducirlo: “Artículo 59.- Hecho Generador”. Que de igual
forma el actor reconoce que el despacho según el Glosario de
términos de la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, se
produce con el cumplimiento de las formalidades aduaneras
necesarias para nacionalizar las mercaderías importadas,
someterlas      a   otro   régimen   aduanero       o    también    para
exportarlas. Dice que FUNALGODON EN SU DEMANDA ANTE
EL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL, cambia de tesis y sostiene
que el hecho generador ya no constituye el despacho sino la
presentación de la declaración en la aduana y la fecha de
presentación es el 30 de marzo de 1999, según consta en una
guía de entrega de documentos, en la que la Aduana deja
constancia que falta el manifiesto master y el pago de
derechos y salvaguarda IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.-
Que el Impuesto al valor agregado, es un impuesto creado por
la   Ley   de   Régimen     Tributario   Interno,       que   regula     su
                                                             156


nacimiento, hecho generador, base imponible, declaración,
sujeto activo, sujeto pasivo, impuesto que no se encuentra
reglado por la Ley Orgánica de Aduanas. Que esta Ley, no
obstante su título no es orgánica, “pues la calidad de
orgánica no la da su título sino su contenido” (sic),
basta leer el Art. 142 de la Constitución Política de la
República que expresamente señala las leyes que tiene el
rango de orgánica en las que no encaja la Ley de Aduanas en
ninguna de las cuatro clases de leyes orgánicas establecidas.
La Administración Fiscal después de hacer un análisis de la
Ley Orgánica de Aduanas; y, que ésta no es orgánica por la
sui géneris interpretación que le da el Procurador Judicial de la
Administración   Aduanera,    éste     concluye   que   no   siendo
Orgánica la Ley de Aduanas o simplemente siendo inaplicable
dicha jerarquía, la Ley Especial que regula el IVA “prevalece
sobre la Ley de Aduanas”. Que en este caso el hecho
generador del IVA que se origina en la importación no se da al
momento de la presentación de la declaración sino al
momento    del   despacho    de   la   mercadería   conforme       lo
establece el Art. 59 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Prosigue sosteniendo la parte demandada que si el hecho
generador del Impuesto al Valor Agregado sea la presentación
de la declaración en la Aduana, ésta se realizó el 25 de mayo
de 1999 conforme consta del DUI         en el campo 06 y de los
documentos de acompañamiento fecha puesta por la Aduana
que no tiene nada que ver con la fecha de refrendo o
aceptación, basta leer el mencionado campo para observar la
                                                            157


frase: “Fecha de recepción y contiguo a ella la fecha de
25 de mayo de 1999”. Que la actuación del Servicio de
Rentas Internas está totalmente apegada a la Ley y que actuó
en ejercicio de su facultad reglada y que estaba obligada a
negar la devolución del IVA pagado por FUNALGODON, en
base a la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,
publicada en el Registro Oficial Nº 181 de 30 de abril de 1999
con la que se eliminó la tarifa cero por ciento para los
productos agrícolas en estado natural que no tengan condición
de alimentos y que a partir de la publicación del Registro
Oficial antes citado, en la fecha de la importación, 25 de mayo
de 1999, el algodón debía ser gravado con tarifa del 10%, tal
como se procedió. De lo expuesto deduce las siguientes
excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho de y
derecho contenidos en la demanda; b) Falta de derecho del
actor   para   proponer   la   acción   de   pago   indebido;     c)
Improcedencia de la acción; d) Falta de legítimo contradictor
por no haberse citado al Representante Legal de la empresa
demandada; e) Legitimidad de la Resolución Administrativa
impugnada. Con fecha 29 de junio del 2001, a las 10h00, el
Tribunal Distrital Fiscal, de oficio declara la nulidad de todo lo
actuado por no haberse cumplido con el numeral primero del
art. 245 del Código Tributario en vigencia, particular que tiene
relación con el acto citatorio; y, una vez ejecutoriada la
providencia se procede nuevamente a calificar la demanda
una vez que el accionante endereza su acción en lo que tiene
relación a la Autoridad demandada y lo hace en la persona de
                                                           158


la señor Directora General del Servicio de Rentas Internas y
del Director Regional del SRI, que fue quien dictó al resolución
impugnada,    citaciones   que   constan   en   las   diligencias
agregadas al proceso a fojas 69 vuelta y 70 y la razón emitida
por la señora Secretaria de este Tribunal en el acta de citación
al Representante Legal de la Dirección Regional del Servicio de
Rentas Internas. Trabada la litis correspondiente y ratificada
las gestiones del AB. SAMUEL GARCÍA MACÍAS, tanto por la
Directora General del Servicio de Rentas Internas como del
Director Regional de este mismo Organismo, abierta la causa
a prueba, aportadas las que corresponden por las partes en
litigio y siendo el estado de la causa el de resolver, para
hacerlo se considera: PRIMERO: El Tribunal Distrital Fiscal Nº
4, con jurisdicción en las provincias de Manabí y Esmeraldas y
con asiento en la ciudad de Portoviejo, es competente para
conocer el presente juicio en razón de la materia, así por el
art. 218 del Código Tributario en vigencia, que se pronuncia
sobre el concepto y los límites de la jurisdicción, que engloba
la potestad pública de conocer y resolver las controversias que
se susciten entre las Administraciones Tributarias y los
contribuyentes y el Art. 234 ibídem que trata y faculta a la vez
la competencia del Tribunal, pormenorizado en el artículo
antes citado; así como lo determinan las transitorias octava de
las Reformas a la Carta Fundamental del Estado, promulgadas
en el Suplemento del Registro Oficial Nº 93 del 23 de
diciembre de 1992, transitoria que al haber creado a los
Tribunales Distritales, faculta a éstos en forma exclusiva para
                                                                    159


conocer asuntos eminentemente tributarios; y, la transitoria
décimo quinta que complementa las atribuciones de los
Tribunales Distritales creados, todo esto en concordancia con
las   resoluciones    formuladas        por   la   Excelentísima    Corte
Suprema de Justicia de 10 de febrero, 5 de mayo y 6 de
octubre de 1993, que tiene relación a la jurisdicción de los
Tribunales Distritales de lo Fiscal.- SEGUNDO: El proceso es
válido y así se lo declara por haberse observado las
solemnidades sustanciales inherentes a este procedimiento.
TERCERO: En el presente caso, el accionante ha defendido
que la importación de 509.997 libras de algodón sin cardar ni
peinar,    valor     FOB     324.447.98       dólares    a     favor      de
FUNALGODON         previsto       en     la   subpartida       arancelaria
5201.00.00 publicado en el Registrado Oficial Nº 128 de 12 de
agosto de 1997 y que corresponda a la tarifa cero por ciento al
valor agregado declarado en Documento Único de Importación
F0172667, declaración aduanera hecha ante el I Distrito
Aduanal del Ecuador mediante guía de entrega de documentos
Nº 990330-10-0202 de 30 de marzo de 1999, todo esto
amparado en el Acuerdo Ministerial 277, expedido por el
Ministerio de Finanzas y Crédito Público y publicado en el
Registro Oficial Nº 128 de 12 de agosto de 1997, mediante el
cual se fijó la lista de mercaderías gravada con IVA, tarifa cero
por   concepto     de      IVA;   sosteniendo       reiteradamente        el
accionante en su Declaración de Importación fue la fecha
antes citada, esto es el 30 de marzo de 1999, pero que
habiendo    sido     devuelta     por   faltarle   y   haber    solicitado
                                                        160


expresamente por parte de la Aduana, la presentación del
manifiesto master, el mismo que fue presentado directamente
por la empresa naviera el 31 de los mismos mes y año,
sostiene el accionante que cumplió con todos los requisitos
exigidos por la Aduana, dentro del período de validez del
Decreto Nº 277, publicado en el Registro Oficial Nº 128 de 12
de agosto de 1997; y, Decreto que estaba vigente de acuerdo
al período de validez del Decreto Ejecutivo Nº 253, publicado
en el Registro Oficial Nº 57 de 29 de octubre de 1998; y,
sobretodo FUNALGODON sostiene que su importación y como
consecuencia de ello, el beneficio correspondiente a cero por
ciento de impuesto IVA, esta respaldado por lo que dice la Ley
respectiva, esto es, la Ley Orgánica de Aduanas, que es una
Ley Especial y que de acuerdo al Art. 1 de la precitada Ley,
regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas
que operan en el tráfico internacional de mercancía dentro del
territorio aduanero; y, ésta disposición constante en la Ley
Orgánica dice expresamente en su inciso primero del antes
citado   artículo que   en   todo caso lo que no se halle
expresamente previsto en esta Ley se aplicarán las normas del
Código Tributario y más leyes generales y especiales. En el
presente caso, no existe silencio en cuanto se refiere a esta
disposición, sino, que inexorablemente tenemos que aplicar lo
que dispone esta Ley; y, el Art. 10 dice expresamente que la
obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal
entre el Estado y las personas que operan en el tráfico
internacional de mercadería en virtud del cual aquellas quedan
                                                         161


sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los
tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al
cumplimiento de los demás deberes formales. El Tribunal está
perfectamente de acuerdo, que los funcionarios aduaneros, en
estos casos, el Gerente Distrital o el Gerente General de la
CAE, tienen la obligación de aplicar el art. 9 del Código
Tributario en vigencia, que consiste en la actividad reglada, y
aquello no es otra cosa que el ejercicio de la potestad
reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria,
particular observado por la basta jurisprudencia dejada por el
ex Tribunal de la República y que en otros términos consagra
en lo relacionado a la actividad reglada, significa en lo que
tiene relación a la Administración Fiscal, lo que no le está
legalmente permitido le está prohibido. Por lo tanto, según el
art. 13 de la Ley Orgánica de Aduanas -Ley especial para las
partes- ordena que la obligación tributaria aduanera, en el
caso de impuesto, nace al momento de la aceptación de la
declaración por la Administración Aduanera; y, en la Ley
anterior de la misma Ley Orgánica decía expresamente que la
declaración aduanera es VINCULANTE para el contribuyente,
cosa que sí en la presente Ley no se lo dice, está
implícitamente aceptado de que con la declaración aduanera
nace el hecho generador, de tributos vinculantes para las
partes. CUARTO: La Administración Fiscal, esto es el Servicio
de Rentas Internas, tanto en el recurso de pago indebido
como en la demanda contenciosa tributaria sostiene de modo
peculiar, que el nacimiento del hecho generado de tributos
                                                                  162


aduaneros nace con el pago de la obligación aduanera que se
produce el 31 de mayo de 1999, y lo respalda con los
siguientes hechos: En el aforo en el Puerto de origen, póliza
de seguro que se produjo el 25 de mayo de 1999, que el aforo
aleatorio realizado en el Puerto de destino se lo realizó el 28
de mayo de 1999 y que la aceptación y pago de los impuestos
fue el 31 de mayo de 1999; y, según la Administración dice
textualmente en la contestación a la demanda: En el supuesto
jamás admitido que el hecho generador del Impuesto al Valor
agregado “sea la presentación de la declaración en la Aduana,
ésta se produjo al igual que la aceptación el 25 de mayo de
1999, conforme consta del DUI en el campo 10 y de los
documentos de acompañamiento que se encuentran fechados
digitalmente por la CAE”, todo esto amparado en el numeral 3
del Art. 59 de la Ley de Régimen Tributario Interno que
establece claramente que en el caso de introducción de
mercaderías en el territorio nacional el Impuesto al Valor
Agregado se causa en el momento de su despacho por la
Aduana y que de acuerdo al citado artículo el hecho tributario
se produce en el despacho propiamente dicho, particular que
lo ha venido sosteniendo la Administración Tributaria Fiscal
tanto en la tramitación de pago indebido que se formuló ante
el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas de
Manabí como en la demanda contenciosa tributaria que ha
formulado en este Organismo Judicial, tesis que ha dado como
consecuencia     la   que      el   señor   Procurador   Fiscal   de    la
administración        tantas        veces   citada   sostenga      muy
                                                           163


personalmente, que la Ley Orgánica de Aduanas no sea tal; y,
que por lo tanto prime la Ley de Régimen Tributario Interno,
en un hecho aduanal ante la otra Ley especial, que es la Ley
Orgánica de Aduanas: QUINTO: Que lo antes señalado en el
numeral TERCERO está respaldado por lo que ocurrió en el
ámbito aduanero, en la Gerencia General de la CAE en el
recurso de revisión que formuló el señor ING. ESTÉBAN BORJA
SUÁREZ, Representante Legal de FUNALGODON, Corporación
Civil, recurso de revisión que se lo formuló ante la negativa de
pago indebido que se hizo oportunamente ante la Gerencia del
I Distrito de la CAE, en base a la declaración de importación
DUI FO172667 de 30 de marzo de 1999 y ante la negativa del
señor Gerente Distrital del I Distrito CAE Guayaquil, el
contribuyente y a la vez accionante concurre con reclamo
contemplado en la Ley Orgánica de Aduanas, el de revisión, el
mismo que es aceptado por el señor Gerente General de la
CAE, que aceptó el recurso de revisión planteado por
FUNALGODON y que dejó sin efecto la providencia del I
Distrito de Aduana, que se pronunció en forma negativa ante
el pedido del importador, dejando constancia el Tribunal que
este   Organismo    Jurisdiccional   se   ha   permitido    citar
únicamente el reclamo y el recurso de revisión, sin que esto lo
hubiere obligado a los Magistrados a pronunciarse de una u
otra forma, llamándose únicamente la atención, que entre dos
administraciones tributarias distintas, esto es, la del Servicio
de Rentas Internas y la de la Administración de Aduana, haya
discrepancia, en cuanto a conceptos y aplicación de la Ley.
                                                                   164


Sería   de   Ripley,    que   mañana,      la   Administración     Fiscal
aduanera,     se   pronuncie    en    contra     de   una   resolución
administrativa expedida por el Servicio de Rentas Internas.
Sin tener nada más que analizar, por los considerandos antes
expuestos, el Tribunal Distrital Fiscal Nº 4, con asiento en la
ciudad de Portoviejo y con jurisdicción en las provincias de
Manabí y Esmeraldas. “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY”, acepta en todas sus partes la demanda de pago
indebido     que   ha   formulado     la   Empresa     FUNALGODON,
Corporación Civil, en contra del Servicio de Rentas Internas y
ordena se devuelva mediante la nota respectiva los valores
indebidamente       pagados     que        arrojan    la    suma         de
S/.337’868,880 o su valor en dólares con sus respectivos
intereses, observándose lo dispuesto en el Art. 21 del Código
Tributario en vigencia. Agréguese al proceso el informe en
derecho que ha presentado el ING. ESTÉBAN BORJA SUÁREZ
de fecha 17 de julio del 2002. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.
Firmas ilegibles.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
FISCAL.- Quito, 9 de julio del 2003. - Las 16h00.
VISTOS: El Director Regional del Servicio de Rentas Internas
de Manabí y la Directora General del Servicio de Rentas
Internas, con escrito de 5 de noviembre del 2002 interponen
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sendos recursos de casación en contra de la sentencia de 19
de septiembre del mismo año expedida por la Sala Única del
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 4 con sede en la ciudad de
Portoviejo    dentro   del   juicio   de    impugnación      03/2001
propuesto por el Ingeniero Estéban Borja Suárez Director
General y Representante Legal de FUNALGODON, Corporación
Civil. Concedidos los recursos los ha contestado la Corporación
el 14 de abril del 2003 y pedidos los autos para resolver se
considera: PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer
el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: De consuno, el Director Regional del Servicio de
Rentas Internas de Manabí y la Directora General del Servicio
de Rentas, fundamentan el recurso en la causal 1ª del Art. 3
de la Ley de Casación y alegan que al expedirse la sentencia
recurrida se han violado las siguientes normas: los artículos
51, 54, 55, 59, 60, 61 y 69 de la Ley de Régimen Tributario
Interno; los artículos 15 y 17 del Código Tributario; los
artículos 12, 13, 43, 45 y 73 de la Ley Orgánica de Aduanas;
y, los artículos 46 y 98 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Aduanas; y, los artículos 46 y 98 del Reglamento a la Ley
Orgánica     de   Aduanas.   Sustenta      que   la   importación    se
perfeccionó cuando estaba vigente la tarifa del 12% y no la
tarifa 0% del IVA según equivocadamente acepta la sentencia
recurrida; que deben aplicarse las normas de la Ley de
Régimen Tributario que regulan el IVA y no las de la Ley
Orgánica de Aduanas en cuanto al cumplimiento del hecho
generador, que subsidiariamente, para el evento que se
                                                                 166


aplicaren las normas de la Ley Orgánica de Aduanas y de su
Reglamento, debería llegarse a la misma conclusión de que la
tarifa aplicable al IVA a la importación del algodón introducido
por la actora es del 12% y que debe tenerse en cuenta en
todo caso que la importación se perfeccionó cuando ya estaba
vigente esa tarifa y no la del 0%. La Corporación actora en el
mencionado escrito de contestación del 14 de abril del 2003
alega que no se ha demostrado cómo se ha violado en la
sentencia    recurrida    las     normas    legales    no    señaladas
oportunamente por la Administración; que la Ley Orgánica de
Aduanas por su condición de orgánica prevalece sobre la Ley
de Régimen Tributario Interno; y, que en la Ley Orgánica de
Aduanas se reconoce que los tributos al comercio exterior son
entre otros los establecidos por leyes especiales ordinarias
entre los cuales el IVA a las importaciones. TERCERO: El art.
9 de la Ley Orgánica de Aduanas señala en su literal b) que se
consideran   tributos    al     comercio   exterior   “los   impuestos
establecidos en leyes especiales”. No determina que tales
impuestos se han de regir por las normas de la Ley Orgánica
de Aduanas. Tales tributos, en el caso el IVA, debe regularse
por su propia ley especial cual es la Ley de Régimen Tributario
Interno, cuyo artículo 51 prevé, entre otros casos, que se
aplicará el indicado impuesto “a la importación de muebles de
naturaleza corporal”. Se infiere de lo expuesto que no se trata
de un problema de relevancia de una ley orgánica sobre una
ley ordinaria, sino simplemente de la aplicación de la ley que
es pertinente al caso. El Art. 59 inciso segundo de la Ley de
                                                         167


Régimen Tributario Interno concierne al hecho generador del
IVA en el caso de importaciones y dice: “En el caso de
introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto
se causa al momento de su despacho por la aduana”.
CUARTO: Corresponde establecer cuando se efectuó el
despacho por la Aduana y determinar la tarifa entonces
aplicable. Además se debe tener presente el Art. 69 de la Ley
últimamente indicada que estatuye que en el caso de
importaciones la liquidación del IVA se efectuará en la
declaración de importación y su pago se realizará previo el
despacho de los bienes. El despacho de la aduana significa la
entrega de las mercaderías, lo cual ocurre luego de que se ha
presentado el DUI y previo el cumplimiento de los requisitos
de la importación. QUINTO: Tiene trascendental importancia
el causamiento del impuesto, hecho que ocurre cuando se
despacha la mercadería. Obra a fojas 143 de los autos el DUI
0172667 del que se desprende que el pago se efectuó el 31 de
mayo de 1999, fecha que no ha sido objetada. A esa fecha
para bienes como el importado se encontraba vigente la tarifa
del IVA del 12%, en conformidad con el Art. 54 numeral 1 de
la Ley de Régimen Tributario, reformado por el Art. 33 de la
Ley 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas publicada
en el Suplemento del Registro Oficial 181 de 30 de abril de
1999. El despacho de la mercadería, fecha clave para el
causamiento del IVA no podía ser anterior al pago del
impuesto. En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala
de   lo   Fiscal   de   la   Corte   Suprema,   ADMINISTRANDO
                                                        168


JUSTICIA    EN   NOMBRE      DE   LA   REPÚBLICA    Y    POR
AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia de 19 de
septiembre del 2002 expedida por la Sala Única del Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 4 y reconoce la legitimidad de la
Resolución 0675 de 7 de diciembre del 2000 expedida por el
Director Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí.
Notifíquese, publíquese, devuélvase.
f) Drs. Alfredo Contreras Villavicencio.- José Vicente
Troya Jaramillo.- Hernán Quevedo Terán.

								
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