CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by J8DrL6

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                                 JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA


República de Colombia


Corte Suprema de Justicia
                        Proceso No 22831




                CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                 SALA DE CASACIÓN PENAL




                        Magistrado Ponente:
                        JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
                        Aprobado Acta No.309




Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil ocho (2008).




                             VISTOS




Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto
por el defensor del procesado JULIÁN LEONARDO LAVERDE
BONILLA, Teniente de la Policía Nacional, contra la sentencia de
segundo grado de 21 de mayo de 2004 proferida por el Tribunal
Superior Militar, a través de la cual revocó la de carácter
absolutorio que emitió el Juzgado de Primera Instancia Penal
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                                      JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA


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 Militar de la Dirección General de la Policía Nacional,1 para en su
 lugar condenarlo como autor del delito de prevaricato por omisión.




                HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL




 El 11 de junio de 1999, previa información obtenida relacionada
 con que en la vía Mocoa-Pitalito transitarían vehículos tipo carro-
 tanque    trasportando     precursores     químicos,     concretamente
 acetona, se dispuso por el Comandante de Policía de Putumayo
 Teniente Coronel Germán Parra Correa que los oficiales Wilson
 Vergara Cetina, Jefe de la SIJIN y JULIÁN LEONARDO
 LAVERDE BONILLA, Jefe de la SIPOL realizaran el operativo de
 rigor.


 Así, fueron inmovilizados los vehículos de placas UFF-381, SCT-
 063, SQA-469 y UFQ-141, ordenando su traslado hasta la base
 policial Antinarcóticos con sede en Villa Garzón con el fin de
 adelantarles la respectiva inspección; no obstante, al día siguiente
 (12 de junio) el oficial LAVERDE BONILLA permitió la salida de
 los tres primeros automotores sin haberles practicado el
 procedimiento para verificar la sustancia que transportaban, el
 cual sólo le fue realizado al último camión con resultados
 negativos.

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  Por el mismo delito también fue absuelto el Teniente Coronel Germán Parra
 Correa.
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 Adelantada la respectiva indagación preliminar por parte del
 Juzgado Ciento Cuarenta y Dos de Instrucción Penal Militar,
 mediante proveído de 11 de septiembre de 2001 abrió formal
 investigación en contra de los oficiales: Teniente Coronel, Germán
 Parra Correa; el Mayor Wilson Vergara Cetina y el Teniente
 JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA, a quienes luego de
 escuchar en diligencia de indagatoria les resolvió la situación
 jurídica el 29 de abril de 2002 con medida de aseguramiento de
 caución prendaria como presuntos responsables del delito de
 prevaricato por omisión.


 Clausurado el ciclo instructivo, correspondió a la Fiscalía Ciento
 Cuarenta y Uno Penal Militar ante el Juzgado de la Dirección
 General de la Policía Nacional calificar el mérito probatorio el 27
 de febrero de 2003 con resolución de acusación por el mismo
 comportamiento punible, decisión que adquirió firmeza el 18 de
 abril siguiente con su confirmación por la Fiscalía Delegada ante
 el Tribunal Superior Militar, con la sola modificación de revocar la
 acusación proferida en contra del Mayor Wilson Vergara Cetina al
 precluir la investigación en su favor.


 La etapa del juicio la adelantó el Juzgado de Primera Instancia de
 la Dirección General de la Policía Nacional, despacho que luego
 de llevar a cabo la corte marcial de juzgamiento, mediante fallo de
 23 de enero de 2004 absolvió a los procesados LAVERDE
 BONILLA y Parra Correa del delito objeto de acusación.
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 Al conocer por vía de consulta, el Tribunal Superior Militar a través
 de fallo de 21 de mayo de 2004 mantuvo la absolución proferida
 en favor de Parra Correa pero la revocó respecto del oficial
 JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA para en su lugar
 condenarlo como autor del delito de prevaricato por omisión, a la
 pena principal de un (1) año de prisión, así como a la interdicción
 de derechos y funciones públicas por el mismo término,
 concediéndole la condena de ejecución condicional prevista en el
 artículo 62 del Decreto 2550 de 1988, vigente para la época de los
 hechos.


 El defensor impugnó extraordinariamente la sentencia de segundo
 grado con la presentación de la demanda de casación que por
 auto de 24 de mayo de 2005 se declaró ajustada a los requisitos
 de forma, sobre la cual se recibió el concepto del Ministerio
 Público el 10 de marzo de 2008.




                             DEMANDA




 Al amparo de la causal primera de casación, prevista en el artículo
 207 de la Ley 600 de 2000, postula la violación indirecta de la ley
 sustancial debido a un error de hecho por falso juicio de existencia
 que conllevó a la aplicación indebida del artículo 208 del Decreto
 2550 de 1998 (anterior Código Penal Militar).
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 Señala que el Tribunal desconoció varias pruebas que permitían
 acreditar que la orden recibida por el oficial LAVERDE BONILLA
 no fue trasvasar el contenido de los carro-tanques retenidos, sino
 tan solo revisarlos, de ahí que al limitarse a dicha orden no se
 halla incurso en el delito imputado, máxime que en la Policía
 Nacional no hay un manual que obligue a realizar aquél tipo de
 procedimientos.


 Así mismo, aduce que el Coronel Germán Parra Correa fue quien
 autorizó la salida de los vehículos de la base policial dado que ya
 se habían revisado y se corría el riesgo de investigaciones por
 superar la retención de los conductores las 36 horas.


 Tras poner de manifiesto las diferencias gramaticales entre
 trasvasar y revisar, expone que el declarante Jairo Rodríguez
 Ramírez precisó que se trataba de una revisión de los
 automotores y que luego de inspeccionarlos y determinarse que
 transportaban gasolina, se permitió su salida.


 Igualmente, afirma el recurrente que en la Base Antinarcóticos de
 Villa Garzón era físicamente imposible trasvasar los carro-
 tanques, pues para manipular hidrocarburos se debía cumplir con
 el Manual de Normas Técnicas ITC MIE-APQ1 ICONTEC, el cual
 fue aportado al expediente, que implicaba contar con tuberías,
 válvulas y accesorios adecuados a las condiciones de presión y
 temperaturas compatibles con los fluidos por transportar, so pena
 de perder un alto porcentaje del líquido y poner en peligro tanto a
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 quienes efectuarían el procedimiento, como a la comunidad al
 generarse, por ejemplo, un incendio.


 Añade que entre las cuatro tractomulas se sumaban más de
 20.000 galones de hidrocarburos y que al estar en una zona de
 orden público propicia para la acción de organizaciones al margen
 de la ley, el procedimiento de trasvasar debía realizarse en la
 Base Antinarcóticos de Villa Garzón, pues en el casco urbano de
 la población podían presentarse resultados lamentables.


 Por lo anterior, pregona que el Tribunal desconoció las
 declaraciones de Ciro Alfonso Botello, José Harbey Castillo
 Leyton y el Subteniente Jassir Enrique Urieles Arévalo quienes
 afirmaron que no se contaba con las condiciones para trasvasar el
 contenido de los tanques.


 También indica que, como lo precisó el Patrullero Armando Hoyos
 en su declaración, no se contaba con un vehículo desocupado
 que facilitara trasvasar el combustible transportado en los
 camiones, pues sólo había un carro-tanque que estaba a órdenes
 de la Fiscalía, no de la Policía, que se encontraba cerrado y lleno
 de agua, tenía una caleta y expedía olor a acetona, condiciones
 que no garantizaban la transferencia de los hidrocarburos.


 Por último pone de presente que su defendido excediendo su
 diligencia y sin contar con las condiciones requeridas trasvasó el
 vehículo UFQ-141, ya que era sospechoso pues su conductor
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 Jairo Montezuma había ofrecido dinero para que no le efectuaran
 tal procedimiento.


 En consecuencia, solicita a la Corte casar la sentencia y absolver
 al procesado.




                 CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA




 El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal sugiere
 a la Corte no casar el fallo por razón del cargo formulado.


 Señala que las pruebas que echa en falta el demandante se
 muestran intrascendentes y no logran quebrar la legalidad de la
 sentencia.


 Del falso juicio de existencia que pregona el impugnante por no
 considerar el Tribunal el Manual de Normas Técnicas ICONTEC
 relacionado con la manipulación de hidrocarburos, señala el
 representante de la Procuraduría que tal documento fue aportado
 extemporáneamente por la defensa en la corte marcial de
 juzgamiento, tal como dejó constancia el Juez de Primera
 Instancia, luego no se trataba de una prueba aportada de manera
 legal al proceso.


 En relación con la declaración del Sargento Segundo, Jairo
 Rodríguez Ramírez afirma que si bien efectivamente no fue
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 considerada por el Tribunal, se trata de un testimonio vago e
 impreciso, además, el atestante para el momento de los hechos
 se encontraba en el puesto de control en donde fueron
 inmovilizados los vehículos y no en la Base Antinarcóticos de Villa
 Garzón, por ello da cuenta de la inspección superficial realizada
 allí.


 Respecto de la declaración del patrullero Armando Hoyos acerca
 de que no había un vehículo vacío que se pudiera utilizar para
 desocupar     los   carro-tanques,     estima   el   Procurador   que
 ciertamente no fue considerada esa prueba por el juez colegiado;
 sin embargo, tal afirmación del testigo es falsa dado que la
 mayoría de los declarantes, entre otros, José Agustín Peña
 Salazar, Lain Castillo y Luis Gabriel Aguirre Lozano reconocen
 que había un vehículo dejado a disposición de la Fiscalía que fue
 acondicionado para trasvasar los combustibles.


 Así mismo, califica de intrascendente la declaración de Luis
 Gabriel Aguirre Lozano acerca de que no fue posible verificar si el
 vehículo SQA-469 tenía o no caleta, pues además de denotar lo
 superficial de su inspección, el deponente hace referencia a una
 posterior inmovilización del mismo automotor y no a la que se
 realizó entre los días 11 y 13 de junio de 1999.


 En cuanto a la declaración de Ciro Alfonso Botello, asegura el
 Procurador que aunque tampoco fue considerada por el juzgador,
 su dicho no precisa lo ocurrido, pues se limita a señalar que se
 recibió la orden conjuntamente con otros compañeros de
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 trasladarse a Villa Garzón con el fin de observar a los miembros
 de la SIJIN realizar el procedimiento, advirtiendo que no se
 pudieron desocupar los carro-tanques y que al salir se dieron
 cuenta que los vehículos ya no estaban, sin saber la razón de ello.


 También sin entidad respecto del fallo de condena encuentra el
 representante del Ministerio Público la declaración de José
 Harbey Castillo Leyton no considerada por el juzgador, en cuanto,
 contrario a lo señalado por el recurrente, no informa de la carencia
 de las condiciones para trasvasar el contenido de los carro-
 tanques.


 Igualmente, en torno a la declaración del Subteniente Jassir
 Enrique Urieles Arévalo destaca que fue vertida dos años
 después de los hechos y el testigo dijo no recordar si se desocupó
 el carro-tanque que se iba a habilitar para trasvasar el contenido
 de los vehículos incautados y que algunos compañeros se
 preguntaban por qué habían dejado salir los camiones si la
 información era que tenían insumos, sin que tal aseveración logre
 así trastocar las conclusiones judiciales.


 En consecuencia, estima que el cargo no está llamado a
 prosperar.



                  SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN



 Una vez se allegó el concepto de la Procuraduría, tanto el
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 defensor como el procesado solicitaron la declaración de
 prescripción de la acción penal derivada del delito de prevaricato
 por omisión.


 Explican que la resolución de acusación proferida el 27 de febrero
 de 2003 fue confirmada el 18 de julio siguiente y en atención a
 que el artículo 208 del Decreto 2550 de 1988 establecía una pena
 de prisión de uno (1) a cinco (5) años para el ilícito en comento, la
 acción penal prescribió el 18 de julio de 2008.


 Aducen que el artículo 83 de la Ley 522 de 1999 al establecer que
 cuando se trate de delitos comunes la acción penal prescribe de
 acuerdo con las previsiones del Código Penal ordinario para los
 hechos cometidos por los servidores públicos, no puede ser
 aplicado en este caso toda vez que para el momento de los
 hechos (11 de junio de 1999) se encontraba vigente el Decreto
 2550 de 1988 el cual no contemplaba norma similar.


 El procesado agrega que el delito de prevaricato por omisión
 contemplado en el artículo 208 del aludido Decreto 2550 de 1988
 es típicamente militar ya que introduce el modelo conductual de la
 omisión de un acto del servicio y por ello resulta aplicable el
 Código Penal Militar que no permite incrementos de ninguna
 índole para efectos de la prescripción, pues al estar allí toda la
 regulación no puede acudirse a las normas ordinarias.
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                CONSIDERACIONES DE LA CORTE




 Asunto preliminar




 La Sala abordará en primer lugar el estudio relacionado con la
 posible prescripción de la acción penal derivada del delito de
 prevaricato por omisión que solicitan el procesado y su defensor,
 porque de prosperar haría inocuo el análisis del cargo que se
 formula contra el fallo de segundo grado.


 Ciertamente el comportamiento investigado acaeció el 11 y 12 de
 junio de 1999 cuando se encontraba vigente el artículo 208 del
 anterior Código Penal Militar (Decreto 2.550 de 1988) que
 establecía para el delito en comento una pena de uno (1) a cinco
 (5) años de prisión.


 Igualmente, el artículo 74 del citado ordenamiento regulaba el
 fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal al prever
 que ello ocurría en un tiempo igual al máximo de la sanción fijada
 en la ley si fuere privativa de la libertad, sin ser inferior a cinco (5)
 años ni exceder de veinte (20).



 Así mismo, los artículos 76 y 77 contemplaban que el término de
 prescripción empezaba a contarse, para los hechos punibles
 instantáneos, desde el día de la consumación, y desde la
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 perpetración del último acto en los tentados o permanentes, lapso
 que se interrumpía con la ejecutoria de la resolución de
 convocatoria del consejo verbal de guerra, luego de lo cual
 principiaba      a    correr    de      nuevo   por   un   tiempo    igual   a
 la mitad del señalado en el citado artículo 74.


 Pese a lo anterior, la Sala en aplicación del principio de igualdad en
 relación con tal estatuto sentó jurisprudencia al indicar que para la
 contabilización del término de prescripción de los delitos cometidos
 por los miembros de la Fuerza Pública que guarden relación con el
 servicio se deben aplicar armónicamente las disposiciones que
 sobre tal materia consagra el Código Penal ordinario.


 Así, desde la sentencia de 20 de abril de 1999 (radicación 9997) se
 analizó que la expedición de Código Penal Militar de 1988 estuvo
 motivada en la necesidad de armonizar el régimen penal castrense
 con el sistema penal ordinario, según se establecía de la exposición
 de motivos de la Ley 53 del 11 de diciembre de 1987 mediante la
 cual se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la
 República, en uso de las cuales expidió el anterior Código Penal
 Militar que derogaba el Decreto 250 vigente desde 1958.


 La Corte consideró que al estar contemplado como principio rector
 la integración de normas sustantivas (artículo 13) así como las de
 carácter adjetivo (Artículo 302), el estatuto castrense se ubicaba en
 idéntico rango con el Código Penal ordinario “haciendo plenamente
 operante el principio de la igualdad de las personas ante la ley garantizado en
 el artículo 13 de la Carta Política”.
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 Allí se puntualizó que:


       “…no consulta el principio de igualdad el hecho de que para el servidor
       público civil que comete delito por razón o con ocasión de sus funciones
       o abusando de su investidura, el término de prescripción de la acción
       penal tenga un incremento de una tercera parte según lo dispone el
       artículo 82 del C.P., mientras que cuando el hecho punible es cometido
       por un servidor público investido de la calidad de miembro de la fuerza
       pública, por razón o con ocasión de sus funciones o con abuso de su
       investidura, ese incremento no tenga operancia porque el Código Penal
       Militar no lo contempla expresamente. Ante iguales circunstancias de
       hecho la autoridad competente debe aplicar idénticas soluciones de
       derecho;   este es el apotegma que rige el principio fundamental de
       igualdad de las personas ante la ley, y debe ser respetado.


       “Bajo esta premisa, siendo evidente que en el C.P.M., aplicable
       exclusivamente a los servidores públicos militares y de la Policía
       Nacional en servicio activo ‘que cometen hecho punible militar o común
       relacionado con el mismo servicio ...’ -artículo 14 ibíd.-    no aparece
       regulado a integridad el tema de la prescripción de la acción penal,
       excepción hecha del delito específicamente militar de deserción -
       artículos 115 y 74 aparte final- para el que precisó que el término de
       prescripción de su acción es de dos años, denotando a las claras esta
       puntualización que en el tema de la prescripción respecto de los demás
       delitos tanto militares como comunes cometidos por las personas sujetas
       a ese ordenamiento especial, por respeto al principio de la igualdad de
       las personas ante la ley, debe acudirse al principio de integración,
       tomando del Código Penal ordinario las previsiones cuyo vacío se
       advierte en la preceptiva especial.


       “Esta nueva y equitativa visión de la ley penal en comentario, más
       acorde con los postulados constitucionales de la igualdad y del debido
       proceso, modifica la postura jurisprudencial adoptada por esta Sala
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       hasta ahora, que de manera sobreentendida había admitido como
       término de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por
       los sujetos a quienes les es aplicable el C.P.M., el mismo contemplado
       para el ciudadano común que vulnera el ordenamiento penal, e implica
       que en lo sucesivo se dará aplicación en punto al tema de la
       prescripción de la acción penal para dichos servidores públicos el mismo
       término previsto en la normatividad expresa del C.P.M. y en el artículo
       82 del C.P. ordinario para todos los servidores públicos que delinquen
       en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, o con abuso de su
       investidura, esto es el señalado en los artículos 74, 75 y 77 del C.P.M.
       en concordancia con el artículo 82 precitado”.


 También en sentencia de 22 de mayo del dos mil tres 2003
 (Radicación 20179), la Corte al estudiar el nuevo Código Penal
 Militar, Ley 522 de 1999, reforzó la postura anterior al advertir que
 se elevaba a norma legal cuando no sólo el artículo 195 al
 referirse a los delitos comunes cometidos por los miembros de la
 Fuerza Pública remite a las disposiciones del Código Penal
 ordinario, sino principalmente, porque el parágrafo del artículo 83
 al regular lo relacionado con el término de prescripción de la
 acción penal prevé que: “Cuando se trate de delitos comunes la
 acción penal prescribirá de acuerdo con las previsiones
 contenidas en el Código Penal ordinario para los hechos punibles
 cometidos por servidores públicos.”


 En consecuencia, resulta incontrastable que el término de
 prescripción de la acción penal del delito de prevaricato por
 omisión, otrora tipificado en el artículo 208 del Código Penal
 Militar de 1988 que señalaba una pena máxima de cinco (5) años
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 de prisión corresponde a dicho quantum incrementado en una
 tercera parte, para un total de seis (6) años y ocho (8) meses en
 aplicación del artículo 82 del anterior Código Penal —Decreto-Ley
 100 de 1980—, (artículo 83 de la Ley 599 de 2000).
 Por lo tanto, como la resolución de acusación proferida el 27 de
 febrero de 2003 adquirió firmeza el 18 de abril del mismo año, el
 término de prescripción se cumpliría el 18 de diciembre de 2009 y
 como aún no ha vencido, no resulta jurídicamente procedente
 acceder a las solicitudes elevadas por el procesado y su defensor.


 Tampoco contribuye a la pretensión que elevan el argumento
 relacionado con que el delito de prevaricato por omisión es
 típicamente militar, en cuanto es claro que no se trata de un
 comportamiento que única y exclusivamente pueda ser realizado
 por los miembros de la fuerza pública, pues se trata de un delito
 de los denominados especiales del sistema ordinario por ser
 cometidos por servidores públicos, al punto que en el nuevo
 Código Penal Militar, (artículos 20 y 195) en aras de evitar ese
 paralelismo normativo en relación con el Código Penal común
 remitió a éste la definición de tales ilícitos cuyo conocimiento
 corresponde a la jurisdicción castrense cuando sean cometidos en
 servicio activo y en relación con el mismo.




 Del cargo formulado




 Con la postulación de la violación indirecta de la ley de carácter
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                                                          CASACIÓN 22831
                                        JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA


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 sustancial debido a un yerro fáctico por falso juicio de existencia,
 anhela el censor la reforma de la declaración de responsabilidad
 penal hecha a su representado con ocasión del delito de
 prevaricato por omisión contemplado en el artículo 208 del
 Decreto 2550 de 1998.


 Sin embargo, tal y como lo expone de manera detallada el
 Procurador Delegado, si bien las pruebas que añora el libelista,
 efectivamente no fueron consideradas en el fallo, las mismas
 carecen de la entidad suficiente para trastocar el sentido de la
 condena.


 Efectivamente, se muestra totalmente sin trascendencia la falta de
 consideración por parte del Tribunal de la declaración del
 Sargento Jairo Rodríguez Ramírez, por cuanto su dicho está
 referido al momento en que fueron interceptados e inmovilizados
 los carro-tanques en el puesto de control vial, sin tener alguna
 referencia al desarrollo de los acontecimientos en la Base
 Antinarcóticos de Villa Garzón, pues afirmó que: “se llevaron los
 vehículos a villagarzón y se hicieron las respectivas anotaciones del caso en
 el libro del puesto de control, después se fueron los carros y yo seguí con mi
 turno ahí no supe mas nada de lo que habría pasado en villagarzón con esos
 carros”.


 Es más, el deponente da cuenta de la precaria revisión que se
 hizo de los automotores en el puesto de control cuando manifestó
 que: “en el momento que yo recibí el turno como todo se verifica la
 anotación y pasar revista a los carros y mira las placas, pero se hizo un
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 registro alrededor no más del carro, lo que se revisó fue que oliera a
 gasolina, se miró por los lados del carro y la parte trasera el olor a gasolina
 pero no se sabía que era lo que traía dentro del carro, no recuerdo si un
 patrullero se subió al carro abrió la parte de arriba metió una vara y como él
 dijo que era gasolina, el Patrullero estaba bajo mi mando pero no recuerdo el
 nombre, él se bajo y dijo es gasolina, de todas formas yo dije esperemos a
 ellos osea los de la SIJIN para que revisen…en el momento en que se
 llevaron los carros para villagarzón de ahí yo no se que pasó…”


 En este sentido, como lo consideró el juez plural, era claro que se
 imponía una revisión minuciosa de los automotores que incluyera
 trasvasar el combustible transportado para su verificación, así
 como para descontar la existencia de caletas o compartimentos,
 sitios tradicionalmente utilizados para almacenar y llevar las
 sustancias ilegales como los precursores químicos destinados al
 tratamiento de alcaloides.


 Para la Sala, el planteamiento defensivo relacionado con que en
 la Base de Antinarcóticos de Villa Garzón no se contaba con las
 condiciones logísticas y de seguridad para trasvasar el contenido
 de los carro-tanques se muestra contradictorio cuando se acepta
 que tal procedimiento se le realizó a uno de los vehículos
 inmovilizados.


 Precisamente el policial Luis Gabriel Aguirre informa lo que
 debieron hacer para acondicionar un carro-tanque que se
 encontraba en la base policial a fin de trasvasar el combustible
 contenido en los automotores incautados al explicar que con otro
 compañero       y tras     conseguir       las   herramientas     necesarias
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 procedieron a quitarle el tapón y vaciar el agua y la acetona que
 estaban allí depositadas y agrega que: “aproximadamente a las 18:00
 horas le informé al señor Teniente LAVERDE que se encontraba listo el
 carrotanque para su descargue, respondiéndome que ya era muy tarde para
 descargarlo que podía ser muy peligroso que iba a llamar a mi Mayor para
 ver que ordenaba y me volvió a repetir que el carrotanque mas sospechoso y
 que tenía más prioridad para descargar era el carrotanque de placas UFQ-
 141 que ya lo iba a ir a llamar y que esperara a ver él que ordenaba, me
 dispuse a irme para la sala de televisión a esperar ordenes como a los 10
 minutos nos llamaron a comer el señor TE. LAVERDE pasamos al comedor
 mientras nos encontrábamos allí recibiendo los alimentos le dieron salida a
 los vehículos y solo dejaron el carrotanque de placa UFQ141 después de
 esto me dirigí al casino de oficiales a preguntarle a mi Teniente LAVERDE
 que ordenaba el cual me dijo que se habían dejado ir los carros porque los
 conductores ya estaban indispuestos y estaban acosando para que se les
 solucionara su situación ya que llevaban como dos días en Mocoa y ya iban
 a completar uno allí entonces me dijo a ver si dejaba para mañana el
 descargue del carro sospechoso el cual era de placas UFQ141 que fue el
 único que se dejo yo le dije que como ordenara ya que él estaba a cargo de
 esa operación.”


 Así, lo relatado por este testigo demerita la credibilidad del dicho
 de Ciro Alfonso Botello, que también echa en falta el libelista,
 quien daba cuenta de la imposibilidad de realizar el procedimiento
 de transvasar el contenido de los automotores, pues se acreditó
 que se acondicionó un carro-tanque para ello, de ahí que le asista
 razón al Procurador cuando estima que al demostrarse que se
 contaba con los medios y forma de vaciar el líquido de los
 automotores retenidos y pese a ello haber permitido la salida de
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 tres de ellos, se corrobora el obrar omisivo del oficial LAVERDE
 BONILLA.


 Contrario a la estimación del libelista, la declaración de José
 Harbey Castillo Leyton no acredita que no se contaba con las
 condiciones para trasvasar el contenido de los carro-tanques,
 pues indica que con el Patrullero Aguirre Lozano procedieron a
 acondicionar un automotor de similares características (carro-
 tanque) que se hallaba en la Base Antinarcóticos para que allí se
 vaciara la gasolina que era transportada, agregando que una vez
 estuvo listo y al avisarle al Teniente LAVERDE, éste le respondió
 que era muy tarde, y como luego en la noche se percataron de la
 salida de tres vehículos, pusieron en conocimiento de sus
 superiores tal hecho irregular.


 Tampoco modifica la responsabilidad predicada del procesado la
 declaración del Subteniente Jassir Enrique Urieles Arévalo en
 cuanto no recuerda si se desocupó el carro que se iba a habilitar
 para trasvasar el contenido de los carro-tanques incautados, muy
 por el contrario, explica detalladamente el procedimiento de
 revisión de los carro-tanques que se debía cumplir en esos casos
 que implicaba realizar el “desplazamiento del vehículo a una zona
 acorde para el mismo, posteriormente el traspaso del líquido legal en este
 caso la gasolina u otro combustible hacia un tanque vacío, la valoración y
 confrontación entre la cantidad de combustible que transporta y la cantidad
 especificada en el salvoconducto para poder descartar las sospechas o
 razones que ameriten una revisión más profunda, que consiste en el
 levantamiento de las láminas del contenedor utilizando maquinaria autógenas
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 o el ingreso de policiales al interior del container para verificación de doble
 fondo, caletas doble fondo.”


 Así, para el Tribunal no resultó aceptable que el procesado se
 mostrara ajeno a la manera de realizar una adecuada
 constatación de los tracto camiones encargados de transportar
 hidrocarburos, pues se trataba de un oficial en servicio activo,
 como que era jefe de la SIPOL, servidor público que había
 recibido la orden de su superior de inmovilizar tales vehículos, de
 los que se tenía información que al parecer transportaban
 insumos para el procesamiento de sustancias alcaloides, además,
 no era la primera vez que se cumplía con una revisión de tales
 automotores para la cual no bastaba la inmovilización y sí era
 necesario su traslado a la Base Antinarcóticos de Villa Garzón a
 fin de una exhaustiva inspección que implicaba trasvasar el
 contenido     de    los   tanques     para     determinar     la   sustancia
 transportada.


 Relativo a que en la Policía Nacional no se cuenta con un Manual
 que explicara los pasos por cumplir en los procedimientos de
 verificación de sustancias que implicara trasvasar sus contenidos,
 para la Corte no surge duda que tal acto se impone, pues una
 revisión externa del automotor no permite establecer qué clase de
 líquido se transporta, así lo expuso el Comandante de la época de
 la Compañía Antinarcóticos de Villa Garzón, Arnoldo Uribe
 Martínez, el coprocesado Germán Parra Correa y Jassir Enrique
 Urieles Arévalo al indicar que se debían desocupar los carros a fin
 de verificar su contenido y la existencia de caletas.
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                                      JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA


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 La conducta omisiva de carácter doloso (omisión propia) que se
 predica en este caso del enjuiciado es la de haber permitido la
 salida   de   los   automotores      sin   constatar    el   líquido   que
 transportaban, por ello, el Tribunal no admitió la excusa
 relacionada con que no se contaba con los elementos necesarios
 para trasvasar los tanques, por cuanto como lo precisó el
 Patrullero Peña Salazar, se logró acondicionar un carro-tanque y
 cuando le avisó al Teniente LAVERDE BONILLA que ya se
 encontraba listo, éste le indicó que era demasiado tarde y que el
 procedimiento se realizaría al otro día, lo que tampoco se practicó
 por cuanto permitió la salida de los automotores.


 Y si bien en la indagatoria LAVERDE BONILLA indicó que la
 salida de los automotores fue ordenada por el Coronel Germán
 Parra Correa, éste admitió tal hecho pero aclaró que dicha orden
 se basó en la información que le suministró el propio LAVERDE
 en el sentido de que los carro-tanques se encontraban desde el
 día anterior y los conductores estaban protestando por tanto
 tiempo de permanencia, pero que ya habían sido inspeccionados,
 situación que como lo estimó el Tribunal, denotaba el engaño del
 procesado a su superior, pues “no le dijo la verdad al TC. PARRA
 CORREA, haciéndole creer a su superior que efectivamente se había llevado
 a cabo una inspección, la que hizo anotar en forma engañosa en el libro
 minuta de guardia, pues en realidad esta inspección no se realizó, es decir
 no se constató si transportaban la sustancia objeto de la retención de los
 vehículos”.
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 La diferencia entre trasvasar e inspeccionar que es alegada por el
 defensor para discernir que el enjuiciado se limitó a la simple
 orden de revisar los tracto-camiones fue desestimada por el
 Tribunal al advertir que no se trataba de solo pasarles revista,
 pues para ello no habría sido necesario su traslado a la Base
 Antinarcóticos de Villa Garzón y en su retención hubiera bastado
 la ojeada, de ahí que el juzgador concluyó que al permitir la salida
 de tres de los vehículos retenidos sin el procedimiento necesario
 para   determinar   la     sustancia   transportada,   ineludible   por
 obligatorio, el no cumplirlo lo hacía penalmente responsable del
 delito de prevaricato por omisión.


 En consecuencia, para la Sala, las pruebas que añora el defensor
 no tienen vocación de derruir las conclusiones judiciales
 relacionadas con la acreditación del conocimiento y voluntad
 predicados del oficial LAVERDE BONILLA encaminados a faltar a
 la lealtad debida en el ejercicio de la función como miembro de la
 institución Policial, pues debía cumplir la específica misión de
 constatar el material transportado en los automotores retenidos y
 descartar la existencia de caletas para el almacenamiento de
 sustancias ilícitas, sin que realizara tal inspección exhaustiva,
 pues contrariamente permitió la salida de los mismos de la Base
 Antinarcóticos, omitiendo así deliberadamente un acto propio de
 sus funciones.


 Vista así la realidad contenida en el fallo impugnado, se ha de
 concluir que carece de fundamento la pretensión del actor y por
 consiguiente la censura no debe prosperar.
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                                     JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA


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 En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte
 Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la
 república y por autoridad de la ley,




                             RESUELVE




 NO CASAR el fallo por razón de los cargos formulados en la
 demanda presentada por el defensor de JULIÁN LEONARDO
 LAVERDE BONILLA.


 Contra esta providencia no procede recurso alguno.


 Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de
 origen.




                      SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
                            Excusa justificada




 JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ        ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
                                                 Permiso
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                                      JULIÁN LEONARDO LAVERDE BONILLA


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 MARÍADELROSARIOGONZÁLEZDELEMOS        AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
             Permiso




 JORGE LUIS QUINTERO MILANES           YESID RAMÍREZ BASTIDAS




 JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA         JAVIER ZAPATA ORTÍZ




                            TERESA RUIZ NÚÑEZ
                                 Secretaria

								
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