SEGUNDA SALA LABORAL - DOC by Q8I7q7tm

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         SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.


I


Juicio Nº 324-2001


Juicio verbal sumario que por indemnizaciones de trabajo
siguió   Carlos   Hugo   Franco   Ruiz   contra   AUTORIDAD
PORTUARIA DE GUAYAQUIL


                         SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte
Suprema de Justicia casa el fallo recurrido por cuanto la
Sala de Alzada ha aplicado incorrectamente la cláusula
32 del Contrato Colectivo, pues, al haber la empresa
reconocido un año completo, es decir como 20 años, a
los 19 años y cinco meses de trabajo del actor, de la
causa lo que hizo fue ajustar a 20 años de servicios el
tiempo     para   calcular   la   indemnización     que   le
correspondía, y no reconocer que el trabajador tiene
derecho a percibir la jubilación tanto más que el propio
Código del Trabajo y el Contrato Colectivo precepetúan
que para un trabajador tener derecho a este beneficio
se requiere que haya cumplido más de 20 años de
servicio. De lo dicho, se aprecia el error en la aplicación
de la cláusula referida y la norma del Art. 188 del
Código del Trabajo por lo que se rechaza la demanda.
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PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DEL GUAYAS.- Guayaquil,
octubre 6 de 1998, a las 11h05.-
VISTOS:      Comparece      CARLOS    HUGO      FRANCO   RUIZ,   y
manifiesta que desde el 1 de noviembre de 1973, prestó sus
servicios lícitos y personales para Autoridad Portuaria de
Guayaquil, en calidad de chofer, mediante contratos y que
recién desde el 12 de julio de 1974 le afilió al Seguro Social y
que     el   8    de   noviembre     de    1993    fue   despedido
intempestivamente, habiendo suscrito una Acta de Finiquito
por su liquidación, en la que consta que Autoridad Portuaria
de Guayaquil, reconocía a sus veinte años de servicio, pero
que no le ha reconocido la parte proporcional de la jubilación
patronal a la que tenía derecho según lo estipulado en la
cláusula 32 del I y II Contrato Colectivo de Trabajo, suscritos
entre su empleadora y el Sindicato de Obreros Asociación de
Empleados de la Entidad, y que tampoco cumplió con lo
tipificado en la cláusula 78 numeral 5 de los mencionados
Contratos Colectivos en cuanto a, mantener el servicio de
Comisariato para los jubilados patronales, razones por las que
demanda a su empleadora Autoridad Portuaria de Guayaquil,
en la persona de su Gerente General y representante Legal
señor    Ing.    Capitán   de   Fragata   (r)   NELSON   RICAURTE
MIRANDA, para que en sentencia se le mande a pagar lo
reclamado en su demanda. Admitida la demanda al trámite se
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dispuso que se cite a la parte demandada y que se cuente con
un Agente Fiscal en representación del Ministerio Público por
ser la demanda una Institución Pública. A fojas 4 de los autos
consta la citación efectuada al gerente de Autoridad Portuaria
señor Ing. Nelson Ricaurte Miranda y a fojas 10 consta la
citación al Delegado de la Procuraduría General del Estado, los
mismos que comparecieron a juicio señalando domicilio y
designando defensores. Efectuada la convocatoria a audiencia
de conciliación compareció el actor acompañado de su
defensor   Ab.   Luis   Macas Maldonado,     no compareció el
delegado del     Procurador General    del   Estado, y por el
demandado compareció el Ab. José Chiriboga Vaca, quien
posteriormente ratificó sus gestiones, manifestando lo que
obra a fojas 10, de los autos, como no hubo acuerdo entre las
partes se concedió el respectivo término probatorio y fenecido
este, es el momento de dictar sentencia para lo cual se
considera: PRIMERO:        No existe omisión de solemnidades
sustanciales dispuestas para esta clase de trámites, por lo que
se declara la validez del proceso. SEGUNDO: La relación de
trabajo no ha sido objeto de controversia y el tiempo de
servicio se determinará de las pruebas que se aporten al
proceso. TERCERO: Dentro del término de prueba, la parte
demanda presentó copia auténtica del Acta de Finiquito
suscrita entre el actor y la demandada el 14 de marzo de
1994, ante el Inspector de Trabajo del Guayas Angel Sánchez
Casal, que obra a fojas 21 y 22 de la especie, adjunta también
copia certificadas de los avisos de entrada y salida del actor a
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su trabajo, presentados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, que constan a fojas 24 y 25 de la causa, presenta
además el original de la comunicación interna Nº DRH-96,
suscrita por el Jefe de la Div. de Recursos Humanos Lic. Félix
Sarango Pazmiño, que obra a fojas 26 de los autos, en la cual
se certifica que el sueldo promedio del trabajador accionante
fue de S/.886.708,92 que es igual al que consta en el acta de
finiquito suscrita entre el actor y su empleador, que obra a
fojas 21 y 22 del proceso, con el cual se realizó la liquidación
de las indemnizaciones laborales del actor, presenta copias de
las planillas de aportes al IESS de los cuatro últimos meses,
que obran a fojas 27 y 34 de la especie. Por otro lado la parte
actora presenta como pruebas copia certificada del Primer
Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre Autoridad
Portuaria de Guayaquil y sus trabajadores, que obra a fojas 67
a 140 de los autos. CUARTO: Del estudio de las pruebas
aportadas al proceso por las partes y especialmente de la
comunicación interna Nº . DRH-217-98, se determina que el
sueldo promedio del actor fue del S/.886.708,92, con el cual
su   empleadora     ha   realizado   la   liquidación   de   las
indemnizaciones laborales por despido intempestivo del actor
según consta en el acta de finiquito que obra a fojas 21-22 del
proceso, la misma que ha sido suscrita entre el actor y la
demandada ante el Inspector de Trabajo del Guayas y se
encuentra pormenorizada. QUINTO: Respecto al reclamo del
actor, sobre el derecho que dice tener a la parte proporcional
de la jubilación patronal, por haber laborado 20 años para la
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demandada, se observa que en la misma acta de finiquito
indicado en el considerando anterior, así como en los avisos
de entrada y salida del actor, presentados por su empleadora
en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, consta que la
fecha de ingreso del actor a laborar en Autoridad Portuaria de
Guayaquil fue el 12 de junio de 1974 y la fecha de salida fue
el 5 de noviembre de 1993 es decir ha laborado por espacio
de 19 años, 5 meses y 18 días, por lo cual su empleadora
liquida sus indemnizaciones laborales considerando 20 años,
en base a lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Trabajo
y cláusula 18 del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo. El
actor en su demanda dice haber laborado desde el 1 de
noviembre de 1973, mediante contratos, pero dentro del
proceso no consta probada tal aseveración, salvo por su
juramento deferido rendido a fojas 66 del proceso, que solo
podría ser considerado a falta de otra prueba capaz y
suficiente, lo que no sucede en el presente caso ya que
existen pruebas irrefutables en contrario. El artículo 188 del
Código del Trabajo e incluso la cláusula 32 del Segundo
Contrato Colectivo de Trabajo, establecen que el trabajador
que haya laborado entre 20 y 25 años continuada o
interrumpidamente, tendrá derecho a la parte proporcional de
la jubilación patronal, es decir fija como requisito básico, sine
qua non, que el trabajador haya cumplido veinte años mínimo
de labores para un mismo empleador, lo cual no es el caso del
actor que laboró un tiempo menor según las pruebas
aportadas al proceso. Sólo para efecto de indemnizaciones
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laborales por terminación de las relaciones de trabajo, la
fracción del año se considera como año completo y en
jubilación patronal solo la fracción de año que excede de los
20 años básicos requeridos para acceder a ella, podrá ser
considerada como año completo, para mejorar los beneficios
jubilares. Por lo que este juzgado determina que no procede el
reclamo de jubilación patronal proporcional propuesto por el
actor en su demanda. Por las consideraciones que preceden,
el   suscrito   Juez   Primero   de    Trabajo   del   Guayas,
"ADMINISTRANDO         JUSTICIA       EN   NOMBRE      DE   LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" declara sin
lugar la demanda presentada por el señor CARLOS HUGO
FRANCO RUIZ en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.
Sin costas ni honorarios que regular. Dése lectura. Publíquese.
Notifíquese.
f) Ab. Carlos Alfago Vite.


SEGUNDA INSTANCIA.


CUARTA SALA DE LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GUAYAQUIL Guayaquil, agosto 15 del 2001; las 14h30.
VISTOS: Ha subido en grado el presente juicio, por el recurso
de apelación de fojas 149 interpuesto por el actor al que se
adhiere la parte demandada de la sentencia dictada por el
Juez Primero del Trabajo del Guayas en la que declara sin
lugar la demanda laboral propuesta por Carlos Hugo Franco
Ruíz contra Autoridad Portuaria de Guayaquil, en la persona
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de su Gerente General Ingeniero Capitán de Fragata (r)
Nelson Ricaurte Miranda. Radicada la competencia en esta
Sala por el sorteo de Ley al que se refiere la razón actuarial
constante a fojas 1 vuelta de esta instancia, siendo el estado
de la causa el de resolver y una vez que ha emitido su informe
el señor Ministro Fiscal del Guayas y Galápagos, para hacerlo
se considera: PRIMERO.- No se ha omitido solemnidades
sustanciales en el trámite de la presente acción, por lo que el
proceso es válido.- SEGUNDO.- La relación laboral no es
materia de controversia y está probada con el acta de finiquito
que consta a fojas 21, 21 vuelta y 22 del proceso. En la
audiencia de conciliación de fojas 18 la accionada por
intermedio de su representante legal, admite la relación
laboral al pedir que se considere a su favor el acta de finiquito
que en legal y debida forma se considere a su favor el acta de
finiquito que en legal y debida forma suscribieron el actor y
Autoridad Portuaria por intermedio de su representante legal
ante el Inspector de Trabajo, por lo que no se le adeuda
ningún rubro por ningún concepto. TERCERO.- Respecto a la
pensión jubilar proporcional reclamada por el accionante, esta
Sala observa: a) A fojas 24 y 25 de los autos constan los
avisos de entrada y salida del trabajador con fecha de ingreso
el 12 de junio de 1974 y de salida el 30 de noviembre de
1993; o sea que el actor prestó por 19 años 5 meses sus
servicios ininterrumpidos a la demanda, sin considerar el
tiempo de servicio que como trabajador ocasional el actor
mantuvo con la demandada según afirma, esto es desde el 1
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de noviembre de 1973; b) Que en la misma Acta de Finiquito,
reconoce la empresa demandada los 20 años de servicios del
trabajador cuando liquida según la cláusula 16 del Primer
Contrato Colectivo Unificado lo que debe pagársele por cada
año de servicio, en este caso 3 meses por 20 años; y c) Que
en el artículo 188 del Código del Trabajo que establece el
derecho     a     la     jubilación    patronal   proporcional    para   el
trabajador que hubiere cumplido 20 años y preceptúa que la
fracción de un año se considerará como año completo.- Por lo
que este Tribunal estima que está legalmente acreditando el
lapso de 20 años de servicios laborales prestados a la
demandada por el actor, teniendo por tanto el derecho de
percibir    la    jubilación      patronal    proporcional,   procediendo
entonces ordenar que la demandada pague al actor dicha
pensión tal como lo disponen los incisos cuarto y séptimo del
artículo 188 del Código del Trabajo así como la cláusula 32 del
Contrato Colectivo Unificado, a partir de la fecha en que
terminó la relación laboral, en la especie el 30 de noviembre
de 1993; CUARTO.- Corresponde, así mismo, ordenar el pago
de lo que de acuerdo a la cláusula 78 numeral 5 del Contrato
Colectivo    tiene        derecho      por   concepto   de    Servicio   de
Comisariato; QUINTO: En cuanto a la remuneración percibida
por el actor, se estará al señalado en el acta de finiquito de
fojas 21 y 22 y que es igual a la que señala al rendir el
juramento deferido que obra a fojas 66 de los autos.- Por las
consideraciones establecidas, esta Cuarta Sala de la H. Corte
Superior     de        Justicia   de    Guayaquil,   ADMINISTRANDO
                                                                  9




JUSTICIA       EN   NOMBRE     DE   LA   REPÚBLICA    Y   POR
AUTORIDAD DE LA LEY, declara con lugar la demanda,
revocando la sentencia del inferior y se dispone que la
demandada pague al actor los valores que se liquidan de
conformidad con la Resolución de la Corte Suprema de Justicia
del 3 de febrero de 1999, publicada en el R.O. Nº 138 del 1 de
marzo de 1999 que son los siguientes: Por JUBILACIÓN
PATRONAL PROPORCIONAL VITALICIA: a) Tiempo de servicios
20 años; b) Última      remuneración percibida S/.886.708; c)
Fondos de Reserva, no hay datos, se aplica el artículo 304 del
Código del Trabajo S/. 886.708 x 36 meses = S/.31'021.488;
d) Edad del trabajador al momento de la terminación de la
relación laboral 44 años; e) Coeficiente según artículo 222 del
Código   del   Trabajo S/.11,5919.- Promedio anual de la
remuneración percibida durante los 5 años últimos, no hay
datos, se procede de la siguiente manera S/.886 : 708 x 5
años = S/.53'202.480 : 5 y obtendremos un promedio anual
de S/.10'640.496 x 5%= S/.532.024 x 20 años de servicios =
S/ 10'640.496       .- Por la suma equivalente al valor de una
mensualidad del sueldo o salario multiplicado por los años de
servicios, esto es, S/.886.708 x 20 años = S/.17'734.160, lo
que sumado da una cantidad de S/.113'489.524 menos el
valor del Fondo de Reserva S/.31'921.488, y obtenemos como
HABER INDIVIDUAL S/.81'577.036, al que dividido para el
coeficiente (11,5919), da como renta Anual S/.7'037.417: 12
meses = S/.586.451,43 como PENSIÓN JUBILAR PATRONAL
VITALICIA, la misma que en aplicación a la Regla Segunda del
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artículo 219 del Código del Trabajo, dicha pensión es de
S/.586.451,43, equivalente a $23,45 (USD) mensuales. Por
pensiones jubilares mandadas a pagar, desde noviembre de
1993 a junio de 1994, son S/.586.451,45 x 8 meses =
S/.4'691.611; desde julio de 1994 a diciembre de 1994 son
S/.586.451,43       más       S/.4.000    de      aumento        salarial   =
S/.590.451,43 x 6 meses = S/. 3'542.708; desde enero a
junio de 1995 son S/.590.451,43 más S/.5.000 de aumento
salarial = S/.595.451,43 x 6 meses = S/.3'572.708; desde
julio a diciembre de 1995 son S/.595.451,43 más S/.10.000
de aumento salarial = S/.605.451,43 x 6 meses = S/.
3'632.708; desde enero a junio de 1996 son S/610.451,43
más S/.10.000 de aumento salarial = S/.620.451,43 x 6
meses = S/.8'722.708; desde enero a junio de 1997 son
S/.620.451,43 x 6 meses = S/. 3'723.708; desde julio de
1997 a junio del 2001 son S/.625.451,43 más S/ 5.000 de
aumento       salarial    =    S/.630.451,43        x   47       meses      =
S/.29'631.217 TOTAL S/. 63'714.487.- POR DÉCIMA TERCERA
PENSIÓN JUBILAR, desde noviembre 1993 a junio 1994, son
S/.586.451,43 : 12 = S/48.870,95 x 8 meses = S/.390.967;
desde julio a diciembre 1994 son S/.590.451,43 : 12 =
S/.49.204 x 6 meses = S/.295.225, desde enero a julio 1995,
son S/.595.451,43 : 12 = S/.49.620,95 x 6 meses =
S/.297.725; desde julio a diciembre 1995 son S/.605.451,43 :
12 = S/.50.454,28 x 6 = S/. 302.725; desde enero a junio
1996,   son     S/.610.451,43      :     12   =   50.870     x    6   meses
S/.305.225; desde julio a diciembre 1996 son S/.620.451,43 :
                                                                    11




12 = S/.51.704 x 6 meses = S/. 310.225; desde julio a
diciembre 1996 son S/. 620.451,43 : 12 = S/. 51.704 x 6
meses = S/. 310.225; enero a junio 1997 son S/. 620.451,43
: 12 = S/.51.704 x 6 meses = S/.310.225; desde julio 1997 a
junio 2001, son S/. 620.451,43 más S/.5.000 de aumento
salarial = S/.625.451,43 x 4 años = S/. 2'501.805 total S/.
4'714.112, equivalente a $ 188,56 : Por Décima Cuarta
Pensión Jubilar; desde noviembre 1993 a junio 1994, sueldo
mínimo S/.66.000 x 2 = S/. 132.000 : 12 = S/. 11.000 x 8
meses = S/. 88.000; desde julio a diciembre 1994 sueldo
mínimo S/. 70.000 x 2 = S/. 140.000 : 12 = S/. 11.666.66 x
6 meses = S/. 69.999; desde enero a junio 1995, sueldo
mínimo S/. 75.000 x 2 = S/.150.000 : 12 = S/. 12.500 x 6
meses S/. 75.000; desde julio a diciembre 1995 sueldo
mínimo S/. 85.000 x 2 = S/. 170.000 : 12 = S/. 14.166,66 x
6 meses = S/. 185.000; desde enero a junio 1996 sueldo
mínimo S/.95.000 x 2 = S/. 190.000 : 12 = S/. 15.833,33 x 6
meses = S/. 95.000; desde julio 1996 a junio 1997 sueldo
mínimo S/.100.000 x 2 = S/.200.000 : 12 = S/.16.666,66 x
12 = S/. 200.000; de julio 1997 a junio 2001 sueldo mínimo
S/. 100.000 x 2 = S/. 200.000 x 4 años = S/.800.000, Total
S/. 1'412.999.- Por Décima Quinta Pensión Jubilar; desde
noviembre   a   diciembre   1993   son   S/   50.000   :   12   =
S/.4.166,66 x 2 meses = S/.8.333; desde enero 1994 a
diciembre 2000 son S/. 50.000 x 7 años = S/ 350.000 desde
enero a junio 2001 son S/.50.000 : 12 = S/. 4.166,66 x 6
meses = S/ 25.000 Total S/ 383.333.- Por Décima Sexta
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Pensión Jubilar; desde noviembre 1993 a junio 1994 son
S/.586.451,43 : 8 =    S/.73.306, como la Ley dispone que
puede ser superior a S/. 60.000 quedaría a S/. 60.000
mensual dividido para 12 = S/.5.000 x 8 meses = S/.40.000;
desde julio 1994 a junio 2001 son S/.60.000 x 7 años (84
meses) = S/.5'040.000 total S/.5'100.000. Por el pago en la
cláusula 78 numeral 5 del Contrato Colectivo de Trabajo una
mensualidad S/.886.708 x 9 años = S/.7'980.372, los que
sumados dan una cantidad de S/.78'205.303, equivalente a $
3.128,21 (USD).- Notifíquese.
f) Drs. María Leonor Jiménez de Viteri.- Gastón Alarcón
Elizalde.- Carlos Eduardo Jaramillo.


RESOLUCIÓN RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL.- Quito, abril 24 del 2002; las 15h30.
VISTOS: Autoridad Portuaria de Guayaquil por medio de su
representante legal Alfredo Jurado Ovni Buchwald, interpone
recurso de casación de la sentencia dictada por la Cuarta Sala
de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en el juicio
laboral que sigue Carlos Hugo Franco Ruiz. Manifiesta que en
el fallo que impugna se han infringido los preceptos de los
artículos 117, 118, 119 y 120 del Código de Procedimiento
Civil y Cláusulas 15 y 16 del Segundo Contrato Colectivo
Unificado. Dice que se está violando la norma del artículo 592
del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en las
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causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación. Siendo el estado del recurso el de resolver, para
hacerlo se considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala
se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el artículo 200
de la Constitución Política y por la razón del sorteo que obra
de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO: Del estudio de lo
expuesto por el recurrente, se hace patente que el punto a
dilucidarse es el relacionado con el tiempo de servicios, que le
permitiría   obtener   la   jubilación   patronal   y    beneficios
adicionales que otorga el Contrato Colectivo. El casacionista
sustenta su reclamo a este beneficio aduciendo que se han
mal interpretado las Cláusulas 15 y 16 del Contrato Colectivo
y, cita además, varios artículos del Código de Procedimiento
Civil sobre la prueba. Defiende la intangibilidad del acta de
finiquito, para la cual cita el precepto del artículo 592 del
Código Laboral. TERCERO: El actor en su demanda afirma
que empezó a trabajar desde el 1ro. de noviembre de 1973,
por medio de contratos, habiéndome recién mi empleador
afiliado al Seguro Social el 12 de julio de 1974, hasta que el 8
de   noviembre   de    1993,   fueron    dadas   por    terminadas
unilateralmente...". Dentro del proceso consta el juramento
deferido, en el que el accionante sostiene el mismo dato. Sin
embargo, dentro del proceso, no hay prueba alguna             para
confirmar sus afirmaciones en torno al tiempo de servicios.
Aparece, contrariamente a ello, a fojas 25 de los autos, copia
certificada del aviso de entrada al IESS, en donde consta que
entró a trabajar como obrero reserva el 12 de junio de 1974.
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El aviso está firmado por el accionante y su empleador. A
fojas 21 y 22 se incorpora el acta de finiquito, en donde el
señor Carlos Hugo Franco Ruiz declara ante el Inspector del
Trabajo, que entró a trabajar el 12 de junio de 1974 y que,
laboró   hasta   el   8   de   noviembre   de   1993.   Estos   son
documentos públicos, tomando en consideración, además, que
el acta de finiquito cumple con las formalidades exigidas en el
artículo 592 del Código del Trabajo. El demandante sostiene
en su juramento deferido que trabajó desde el 1 de noviembre
de 1973, pero de ello no hay prueba. El juramento deferido
según el artículo 590 del mismo cuerpo de leyes, es prueba
supletoria, que tiene todo el valor legal, cuando no aparece
del proceso otra que la desvirtúe, lo cual no ocurre en este
caso. Por tanto, a base de las fechas que constan en el aviso
de entrada, el demandante señor Franco Ruiz ha acreditado
19 años, 5 meses y 26 días, como tiempo de servicios.
CUARTO: La Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil, en el fallo impugnado, en el considerando Tercero,
sostiene que el demandante prestó por 19 años, cinco meses
y 26 días sus servicios ininterrumpidos. Afirma en el propio
considerando, que la Empresa demandada, en el acta de
finiquito reconoce los veinte años de servicios del trabajador,
cuando liquidan según la Cláusula 16 del Contrato Colectivo.
Sustenta en el fallo que el artículo 188 del Código del Trabajo,
establece el derecho a la jubilación para el trabajador que
hubiere cumplido 20 años de servicios y preceptúa que la
fracción de un año se considera como un año completo". Por
                                                                  15




estas consideraciones, la Sala de Alzada acepta la demanda.
Estas consideraciones deben ser analizadas: a) La Cuarta Sala
de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil parte de que el
tiempo de servicios es de 19 años, cinco meses y 26 días, y
sostiene que la empresa reconoce 20 años por la liquidación
de las indemnizaciones; b) La Cláusula 32 del Contrato
Colectivo, textualmente establece: "En caso de producirse la
terminación unilateral en las relaciones de trabajo, con un
trabajador con 20 y menos de 25 años de prestación de
servicios, la Empresa estará obligada a reconocer la parte
proporcional de la jubilación patronal". Entonces, según lo
transcrito, el trabajador debe acreditar, en caso de despido,
20 años de servicios. La norma de la Cláusula 31 del Contrato
Colectivo, que puede ser una conquista para el trabajador, se
refiere a las indemnizaciones a que tiene derecho en caso de
separación por voluntad del trabajador", por lo mismo, no
aplicable al caso; c) En verdad, el artículo 188 del Código del
Trabajo, impone la jubilación patronal, según el penúltimo
inciso, para el trabajador despedido que hubiere cumplido 20
y menos de 25 años de trabajo; d) El hecho de que la
Empresa, como sostiene la Sala de Alzada, haya reconocido,
para la liquidación, un tiempo de servicios de 20 años, lo ha
hecho por lo que estatuye el artículo 188 del Código señalado.
Sin embargo, para efectos de la jubilación patronal, esta Sala
ha advertido que la norma indicada no es aplicable, porque
tanto el Código del Trabajo como el Contrato Colectivo exigen
que el trabajador haya cumplido 20 años de servicios. Por las
                                                                           16




consideraciones      anotadas,    esta    Sala,   ADMINISTRANDO
JUSTICIA       EN    NOMBRE       DE     LA   REPÚBLICA          Y   POR
AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la
Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que
ha hecho aplicación errónea a las disposiciones del ultimo
inciso del artículo 188 del Código del Trabajo y Cláusula 23 del
Contrato   Colectivo    y     rechaza    la   demanda.     Sin   costas.
Notifíquese.
f). Dres. Teodoro Coello Vázquez.- Camilo Mena Mena.-
Julio Jaramillo Arízaga.




II


Juicio Nº 267-2002


Juicio verbal sumario que por indemnizaciones de trabajo
siguió   Mario      Marcelo    Flores    Solís    contra    SOCIEDAD
FUNERARIA NACIONAL.


                              SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte
Suprema de Justicia, respecto de la alegación del actor,
de la falta de aplicación del Art. 50 del Contrato
Colectivo de Trabajo que trata de la cuantificación de la
remuneración del accionante, la Sala observa:                        "a)
Doctrinariamente, el Contrato Colectivo constituye una
                                                                         17




fuente      importante      del     Derecho      Laboral;        pues,
generalmente      incorpora         derechos     y       obligaciones
independientes a lo que preceptúa el Código del Trabajo
en beneficio de los trabajadores. Agrega muchas veces
beneficios que mejoran las condiciones del trabajador.
b) El numeral 12 del artículo 35 de la Constitución
Política    invocado    por    el   actor   dice:    'Se    garantiza
especialmente          la     contratación          colectiva:     en
consecuencia,          el   pacto    colectivo      no     podrá   ser
modificado, desconocido o              menoscabado en forma
unilateral'. Por ello, al enumerar el Art. 50 del Contrato
Colectivo     diversos        rubros    que      constituyen        la
remuneración,      incluyendo en ellos la bonificación
complementaria, compensación al alto costo de la vida y
décimo sexto sueldo. Es un reconocimiento de rubros
adicionales a los que se enumeran en el Art. 35 numeral
14 de la Constitución Política, y art. 95 del Código del
Trabajo; que debe ser aceptado.".


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO TERCERO DEL TRABAJO DE PICHINCHA.- Quito, 1
de febrero del 2001.- Las 15h00.
VISTOS: Mario Marcelo Flores Solís, comparece y manifiesta
que desde el 13 de enero de 1975 hasta el 29 de diciembre de
1999, en forma permanente e ininterrumpida, ha venido
trabajando en la Sociedad Funeraria Nacional, en calidad de
                                                                       18




Administrador del Cementerio de San Diego de esta ciudad de
Quito, bajo la dependencia laboral del señor César Eduardo
Erazo Zavala, en su calidad de gerente y representante legal,
con la remuneración y dentro del horario que señala; que el
29   de      diciembre   de     1999,   a    eso   de   las   18h00
aproximadamente, el señor Eduardo Erazo Zavala, Gerente
General   de    la   Sociedad    Funeraria   Nacional   procedió   a
despedirle     intempestivamente,       entregándole    en    forma
personal el oficio Nº 99-13-654-SFN, de esa misma fecha,
mediante el cual se le hacía conocer que en sesión de
Directorio de la Sociedad Funeraria Nacional, han resuelto dar
por terminada la relación laboral. Indica además que por
intermedio del señor Lcdo. Juan Carlos Vargas, Secretario de
la Sociedad, se le entregue las llaves y todos los bienes y
enseres que se encontraban a su cargo, con quien suscribieron
la respectiva constancia de haber entregado a su plena
satisfacción. Indica que a consecuencia de esto le citó al
Gerente a la Inspectoría del Trabajo, para que le pague las
indemnizaciones que le correspondía, por lo cual no han
podido llegar a ningún entendimiento, ante la negativa de la
institución de pagarle las indemnizaciones laborales previstas
en el Código del Trabajo y Contrato Colectivo y su deliberado
propósito de perjudicarle. Con estos antecedentes, en juicio
verbal sumario, demanda al señor César Eduardo Erazo
Zavala, por sus propios derechos y como Gerente General y
representante legal de la Sociedad Funeraria Nacional, para
que en forma solidaria, en sentencia se les condene al pago de
                                                                       19




los once numerales constantes en el libelo inicial. Citado
legalmente el demandado (fojas 4), comparece a la audiencia
de conciliación la Dra. Mónica Moreno, ofreciendo poder o
ratificación del señor Cesar Eduardo Erazo Zavala, cuya
personería hállase legitimada a fojas 16 del proceso, quien
opone las excepciones constantes de fojas 6 a 9 de los autos.
Trabada en esta forma la litis, correspondió a las partes
aportar prueba al proceso en los términos de los Arts. 117 y
118 del Código de Procedimiento Civil. Para resolver lo que
corresponda se considera: PRIMERO:            Exenta de vicios de
procedimiento y omisión de solemnidades substanciales, la
causula tramitada en la vía verbal sumaria, es válida.
SEGUNDO: La relación laboral entre las partes, no ha sido
motivo    de   discusión,   más   bien   se    la   ha   reconocido
expresamente al dar contestación a la demanda en la
audiencia de conciliación. TERCERO: El despido intempestivo
alegado por el actor se halla acreditado con el oficio Nº 99-
13654-SFN, de 29 de diciembre de 1999 (fojas 11B), repetido
a fojas 71 y corroborado con la confesión judicial rendida por
el demandado señor Erazo Zavala César Eduardo (fojas
60,61), por lo que ha lugar al pago de solicitado en los Nº 1, 2
y 3 del libelo inicial. Adviértese que los Arts. 6 y 7 del Décimo
Segundo    Contrato   Colectivo   prevén      una   estabilidad   de
cuarenta y dos meses desde la fecha de suscripción del
contrato -1 de junio de 1998- y como la relación laboral
terminó el 30 de diciembre de 1999 (juramento deferido fojas
19), se ordena que el demandado pague al actor, el valor
                                                                          20




equivalente al ciento por ciento de todo el tiempo que faltare
para completar el tiempo de estabilidad, esto es, veinte y
cuatro meses; de conformidad con el 3er. inciso del Art. 188
del Código del Trabajo con el valor equivalente a 25 meses de
remuneración, y, la bonificación del 25% del equivalente a la
última remuneración mensual por cada año de servicio.
CUARTO: El Art. 29 del mentado Contrato Colectivo, que es
una ley para las partes, establece que la sociedad pagará a
todos      sus   trabajadores    los   siguientes    subsidios…     d)
Bonificación por Antigüedad.- La Sociedad gratificará a sus
trabajadores antiguos de acuerdo a la siguiente escala:… De
30 años, cinco sueldos de o salarios (Sic) básicos y diploma;
en consecuencia y como no hay constancia de haberle
satisfecho, ha lugar al pago reclamado en el Nº 4 de la
demanda. QUINTO: El artículo 31 del Contrato Colectivo
estipula que "al trabajador que hubiere cumplido veinte años o
más y se separe para acogerse a la jubilación del IESS, la
Sociedad le reconocerá una bonificación especial equivalente
al cincuenta por ciento de la remuneración multiplicada por los
años de servicios acreditados en la Sociedad, pago que se
efectuará    dentro   de   los   treinta   días   siguientes   de   su
separación siempre que se presenten los documentos de
jubilación aprobados" y como se ha dicho, en la especie, la
relación    laboral   terminó    por   despido    intempestivo,     sin
cumplirse los presupuestos establecidos en la ante dicha
norma contractual, se le niega este pedido. SEXTO: No ha
lugar al pago de las vacaciones solicitadas, el bono vacacional,
                                                                      21




reclamado en el Nº 6 de la demanda, puesto que de
conformidad del documento constante a fojas 72 que fue
presentado en la inspección judicial (fojas 69, 70) fue
satisfecho. Tampoco ha lugar al pago de lo solicitado en
concepto de décimo tercero, cuarto y quintos sueldos por
hallarse pagados como consta de fojas 73 a 80 del proceso.
SÉPTIMO: En el Art. 30 del tantas veces citado Contrato
Colectivo, se establece la gratificación compensatoria, en
favor de los trabajadores consistente en cuatro sueldos o
salarios mixtos promediados en períodos de cuatro meses y
que deben pagarse, la primera hasta el 15 de abril, la segunda
hasta el 8 de junio, la tercera hasta el 15 de julio, y la cuarta
hasta el 15 de noviembre, y como no hay constancia de que
se haya cumplido con lo pactado en lo que tiene que ver al
ejercicio económico de 1999, se ordena su pago. OCTAVO: De
las constancia procesales aparece que el actor ha laborado
para la demandada por un lapso de 34 años 11 meses y 16
días, consecuentemente tiene derecho a ser jubilado por su
empleadora de conformidad con el Art. 219 del Código del
Trabajo   y   32   del   Contrato   Colectivo,   derecho   que   le
corresponde a partir del día siguiente de la cesación de sus
servicios, esto es, desde el 31 de diciembre de 1999.
NOVENO: Para el cálculo de las indemnizaciones a pagarse,
en cuanto a tiempo de servicios se tiene desde el 13 de enero
de 1975 como consta del carné de afiliación, hasta el 30 de
diciembre de 1999, según el juramento deferido (fojas 19), y
como última remuneración, al de diciembre de 1999, que
                                                                     22




consta en los roles de pago, y que coincide con el sobre de
fojas 64 presentado por el actor, y en aplicación del Art. 95
del Código del Trabajo se tiene como componentes de la
remuneración, el sueldo básico mensual de 1'775.000 y el
subsidio de antigüedad de 1'810.500, lo que da un total de
3'585.500, suma con la que se procede a realizar la pertinente
liquidación.   Por   estas   consideraciones   y   acogiendo    la
Resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia,
publicado en el R.O. Nº 138 de 1 de marzo de 1999,
"ADMINISTRANDO          JUSTICIA      EN    NOMBRE       DE    LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", aceptándose
parcialmente la demanda se ordena que la parte accionada, en
la forma que ha sido requerida, pague al actor los valores
reconocidos en los considerandos tercero, cuarto, séptimo y
octavo de este fallo pormenorizado de la siguiente manera:
por lo previsto en los Arts. 6 y 7 del Décimo Segundo Contrato
Colectivo, la suma de 86'052.000 sucres; de conformidad con
el Art. 188 del Código del Trabajo, la suma de 89'637.500
sucres; por la bonificación prevista en el Art. 185 del Código
Laboral, la suma de 30'476.750 sucres; por lo solicitado en el
Nº 4 de la demanda, de conformidad con el Art. 29 del
Contrato Colectivo, literal d), la suma de 17'927.500 sucres;
por lo reclamado en el Nº 8 del libelo inicial, de acuerdo al Art.
30 del Contrato Colectivo, la suma de 14'342.000 sucres; lo
que da una suma total de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES       CUATROCIENTOS       TREINTA     Y    CINCO      MIL
SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES (S/. 238'435.750); menos
                                                                 23




la suma de 9'878.220 sucres, consignada en la audiencia de
conciliación, da la suma de DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO
MILLONES     QUINIENTOS      CINCUENTA      Y    SIETE     MIL
QUINIENTOS TREINTA SUCRES (S/. 228'557.530); y, en
concepto de jubilación patronal se procede al respectivo
cálculo, para encontrar la suma equivalente al 5% del
promedio de la remuneración anual percibida en los últimos
cinco años, multiplicada por los años de servicio, acogiéndose
el detalle de pagos efectuados por la demandada, en
conceptos de fondos de reserva constante a fojas 49 y
tomándose en cuenta los 34 años de servicio y el coeficiente
de 60 años de edad (5,7728), arroja una pensión anual de
8'659.456 sucres, o lo que es lo mismo una pensión mensual
de 721.621 sucres, que desde la terminación de la relación
laboral -30 de diciembre de 1999- hasta el mes de enero del
2001, existen 13 meses, multiplicado por 721.621 sucres, da
la suma de 9'381.073 sucres, más las décimas tercera, cuarta,
quinta y sexta pensiones jubilares, mismas que se calcularán
al momento de ejecutarse el fallo; con más los intereses
previstos en el Art. 208 de Ley para la Promoción de la
Inversión y la Participación Ciudadana, que reforma el Art.
611 del Código del Trabajo, y obviamente los intereses se
liquidarán a partir del 18 de agosto del año 2000 en que entró
en vigencia la prenombrada Ley. Sin costas. Notifíquese.
f) Ab. Jorge Mosquera Herrera.


SEGUNDA INSTANCIA.
                                                                   24




CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUITO. SEGUNDA SALA.
Quito, mayo 03, 2002; las 11h00.
VISTOS: Tanto el actor, MARIO MARCELO FLORES SOLIS,
como el demandado CESAR EDUARDO ERAZO ZAVALA en la
calidad en que ha sido llamado a juicio, impugnan la sentencia
pronunciada por el señor Juez Tercero del Trabajo de
Pichincha, que acepta parcialmente la demanda, en la cual el
accionante, en lo principal, dice: Que desde el trece de enero
de 1965 hasta el 29 de diciembre de 1999, en forma
ininterrumpida,   ha   venido   trabajando   en   la   SOCIEDAD
FUNERARIA NACIONAL, en calidad de Administrador del
Cementerio de San Diego de esta ciudad, bajo la dependencia
del demandado quien es su gerente y representante legal; que
su última remuneración fue la de cinco millones sesenta y
cuatro mil setenta y siete sucres y su horario de labores el que
determina; que el 29 de diciembre de 1999, a eso de las
dieciocho horas aproximadamente, su patrono procedió a
despedirle intempestivamente, al entregarle, personalmente,
el oficio Nº 99-13-654-SFN de esa misma fecha, mediante el
cual le hace conocer que en sesión de Directorio de la
Sociedad Funeraria Nacional, han resuelto dar por terminada
la relación laboral, debiendo proceder a la entrega de las
llaves y todos los bienes a su cargo a la persona que se indica,
habiendo suscrito la respectiva acta de entrega-recepción.
Señala que recurrió ante el Inspector del Trabajo con el objeto
de que sus empleadores le paguen las indemnizaciones a que
                                                                           25




por ley tiene derecho, sin haberlo conseguido. Basado en tales
antecedentes y con fundamento en las disposiciones legales y
contractuales que en cada caso determina, en trámite verbal
sumario demanda a la Sociedad Funeraria Nacional en la
persona de su gerente y representante legal César Eduardo
Erazo Zavala, a quien demanda también de manera solidaria y
por sus propios derechos, el pago de los rubros que en once
numerales los determina y que los cuantifica en quinientos
millones de sucres. Por el sorteo de ley la competencia se ha
radicado      en   esta   Sala    que,   para   resolver,    considera:
PRIMERO: Que el proceso se ha tramitado válidamente.-
SEGUNDO: La litis se ha trabado con las excepciones
opuestas por el demandado en la audiencia de conciliación que
obra de fojas 6 a 9 de autos, con las cuales se ha determinado
la prueba que de acuerdo con la Ley debe actuar cada una de
las partes procesales      la materia que ha de ser objeto de la
resolución.- TERCERO:            La existencia de la relación laboral
entre   las    partes     procesales     no   ha   sido     materia   de
controversia, surge de la misma contestación a la demanda y
demás actuaciones procesales. De igual manera la existencia
del despido intempestivo alegado, el cual se deriva de la
comunicación que en original aparece protocolizada en la
Notaría Vigésima Séptima de este cantón y que consta de
fojas once de los autos, dirigida por el demandado en calidad
de gerente de Sociedad Funeraria Nacional al demandante, en
el cual se le hace conocer de la resolución unilateral de la
sociedad demandada de dar por terminadas las relaciones de
                                                                     26




trabajo "mantenidas por varios años con usted".- CUARTO:
Establecida la existencia de la relación laboral y del despido, el
trabajador accionante tiene derecho a que la Sociedad
demandada lo indemnice de conformidad con lo demandado
en los numerales 1, 2 y 3, del libelo inicial; igualmente debe
indemnizarle, al amparo de lo previsto en los Arts. 6 y 7 del
Décimo Contrato Colectivo, cuya copia certificada obra de
autos, con el cien por ciento de las remuneraciones que en el
número de veinticuatro faltan para completar el período de
estabilidad de cuarenta y dos meses contemplado en dichas
disposiciones contractuales; además, con el equivalente a
veinticinco meses de remuneración, de acuerdo con el inciso
tercero del Art. 188 del Código del Trabajo; y, con la
bonificación equivalente al 25% del equivalente a la última
remuneración mensual por cada año de servicio, de acuerdo
con el Art. 185 del precitado Código Laboral.- QUINTO:
También tiene derecho el trabajador, de acuerdo con el Art.
29 del Contrato Colectivo vigente a la fecha del despido, a que
el empleador le pague el valor de cinco sueldos de o salarios
básicos y diploma, puesto que no existe constancia procesal
del pago. Tiene derecho el trabajador, asimismo, por no haber
constancia de su pago, a que el empleador le pague, por el
ejercicio económico correspondiente al último año de labores,
1999, la gratificación compensatoria prevista en el Art. 30 del
Contrato Colectivo. SEXTO: El contrato individual de trabajo
entre actor y la Sociedad demandada ha concluido por
voluntad unilateral del empleador, y no por voluntad del
                                                                   27




trabajador con el fin de acogerse a la jubilación del IESS que
es el presupuesto para que opere el reclamo hecho por el
trabajador en el numeral 5º de la demanda, por lo que bien ha
hecho el Inferior en negar dicho pedido. SÉPTIMO: Cuanto al
tiempo de servicio prestados por el trabajador a la Sociedad
demandada no existe discusión, pues ha laborado por espacio
de treinta y cuatro años, once meses y dieciséis días, por lo
que de conformidad con lo previsto por el Art. 219 del Código
del Trabajo, tiene derecho a la jubilación patronal.- OCTAVO:
Como    tiempo    de   servicio   para   el   cálculo   de   las
indemnizaciones a pagarse al trabajador se tendrá entre el 13
de enero de 1965 (no 1975 que erróneamente consta de la
sentencia impugnada) y el 30 de diciembre de 1999, y como
última remuneración, la correspondiente a diciembre de 1999
constante en los roles de pago, siendo sus componentes, de
acuerdo con la Ley, tanto el sueldo básico y el subsidio de
antigüedad que suman tres millones quinientos ochenta y
cinco mil quinientos sucres (S/.3'585.500).- NOVENO: La
liquidación practicada por el señor Juez de primera instancia
en cumplimiento de la resolución de la Excma. Corte Suprema
de Justicia, está realizada de acuerdo con la Ley, por lo que se
la aprueba en todas sus partes. Cuanto al pago de los
intereses reclamados, los ha de liquidar el señor Juez de
primera instancia, en los rubros que corresponden de acuerdo
con la Ley, al momento de ejecutar el fallo. Por virtud de estas
consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
                                                                    28




desechándose la impugnación de las partes, se confirma la
sentencia venida en grado. Sin costas. Notifíquese.
f) Drs. Pablo Jaramillo Puertas.- Jorge Mazón Jaramillo.-
Julio César Almeida Miranda. (Conjuez).-


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, noviembre 18 del 2002; las 09h05.
VISTOS: El demandante señor Mario Marcelo Flores Solís,
inconforme con la sentencia dictada por la Segunda Sala de la
Corte Superior de Justicia de Quito, confirmatoria de la
pronunciada por el Juez de origen, en el juicio laboral que
sigue en contra de César Eduardo Erazo Zavala, por sus
propios derechos y como Gerente y Representante Legal de la
Sociedad Funeraria Nacional; interpone recurso de casación.
Siendo el estado del recurso el de resolver para hacerlo se
considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla
radicada en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la
Constitución Política y por la razón de sorteo que obra de fojas
1 de este cuaderno. SEGUNDO: El recurrente afirma que en el
fallo impugnado se han infringido los artículos: 35 numerales
1, 3, 4, 6, 12 y 14 de la Constitución Política; 4, 5, 7, 69, 74,
95, 224, 250 y 590 del Código del Trabajo; 1588 del Código
Civil; 119 del Código de Procedimiento Civil; 13, 14, 31 y 50
del Décimo Segundo Contrato Colectivo celebrado entre la
Sociedad Funeraria Nacional y el Comité de Empresa de
                                                                  29




Trabajadores de la misma. Fundamenta su recurso en lo que
prescriben las causales primera, tercera y cuarta del Art. 3 de
la Ley de Casación. TERCERO: El examen de lo que contiene
el escrito del casacionista, permite advertir a este Tribunal
que son varios aspectos en los cuales estima el accionante
existen errores, que le motivan atacar la sentencia. Sostiene
que en el fallo de la Sala de Alzada se acepta parcialmente la
demanda y se manda a pagar varias indemnizaciones sobre
una remuneración inferior a la que realmente percibió, y que
no se ha tomado en cuenta el contendido del Art. 95 del
Código del Trabajo, así como del Art. 50 del Décimo Segundo
Contrato Colectivo. Afirma también que en la sentencia que
impugna se ha interpretado erróneamente la norma del Art.
31   del   mencionado    Contrato   Colectivo,   negándole   la
bonificación especial que allí se establece para el trabajador
que hubiere cumplido veinte años o más y se separare para
acogerse a la jubilación del IESS. Manifiesta que en la
sentencia se ha dejado de resolver varios puntos: las
vacaciones no gozadas correspondientes al último período de
la labores, según lo que prescriben los artículos 69 y 74 del
Código del Trabajo; y el bono vacacional según lo estipulado
en los Arts. 13 y 14 del Contrato Colectivo; indica también que
no se le ha mandado a pagar las partes proporcionales del
último año de labor en los rubros correspondientes a décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto sueldos. Pide además,
la correspondiente condena en costas. Para sustentar su
recurso y las aseveraciones que formula, cita además, las
                                                                             30




normas constitucionales y legales sobre la protección al
trabajador y la garantía de la contratación colectiva, así como
lo    que   prescribe   el   Art.   1588   del     Código    Civil   sobre
obligatoriedad de los contratos. CUARTO: Tema fundamental
es el relacionado con la remuneración del accionante, sobre el
cual el recurrente estima que la Sala de Alzada ha procedido
sin aplicar las disposiciones constantes en los artículos: 50 del
Contrato Colectivo, y 95 del Código del Trabajo. Al respecto se
hacen las siguientes consideraciones: a) Doctrinariamente, el
Contrato Colectivo constituye una fuente importante del
Derecho Laboral; pues, generalmente incorpora derechos y
obligaciones independientes a lo que preceptúa el Código del
Trabajo en beneficio de los trabajadores. Agrega muchas
veces beneficios que mejoran las condiciones del trabajador.
b) El numeral 12 del artículo 35 de la Constitución Política
invocado por el actor, dice: "Se garantiza especialmente la
contratación colectiva; en consecuencia, el pacto colectivo
legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o
menoscabado en forma unilateral". Por ello, al enumerar el
Art. 50 del Contrato Colectivo diversos rubros que constituye
la    remuneración,      incluyendo    en        ella   la   bonificación
complementaria, compensación al costo de la vida y décimo
sexto sueldo. Es un reconocimiento de rubros adicionales a los
que    se enumeran en los Arts. 35 numeral 14 de la
Constitución Política, y Art. 95 del Código del Trabajo; que
debe ser aceptado. c) El artículo 31 del propio Contrato
Colectivo reza: "La Sociedad pagará los aportes individuales al
                                                                           31




Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de modo que la
remuneración de los trabajadores no sufra este descuento". d)
A fojas 64 del proceso aparece el "comprobante de pago del
1ro al 31 de diciembre de 1999, allí consta que el señor Flores
Solís, percibió como remuneración la suma de S/. 4'728.833,
como también los rubros que enumera el Art. 50 del Contrato
Colectivo.    No      aparecen    valores   por   "sobretiempos"     que
reclama      el    actor,   por    consiguiente    no   ha   lugar    el
reconocimiento por sobretiempos; e) A la suma de S/.
4'728.833, debe agregarse; por lo mismo, la cantidad de
S/.366.589,56 por aportes individuales al IESS (fjs. 83),
según lo acordado en el artículo 31 del Décimo Segundo
Contrato Colectivo. Por lo mismo, las indemnizaciones a las
cuales tiene derecho el accionante deben calcularse sobre la
remuneración de S/.5'095.422,56. Por lo que, se estima que
el Tribunal de Alzada hizo errada interpretación de las normas
del Art. 95 del Código del Trabajo, en parte; así como de los
Arts. 31 y 50 del Contrato Colectivo citado. QUINTO: El
demandante reclama también por la errónea interpretación del
Art.   31    inciso    segundo     del   Décimo    Segundo   Contrato
Colectivo; ya que en el considerando Sexto de la sentencia
impugnada se manifiesta que: "El contrato individual de
trabajo entre el actor y la Sociedad demandada ha concluido
por voluntad unilateral del empleador, y no por voluntad del
trabajador con el fin de acogerse a la jubilación del IESS que
es el presupuesto para que opere el reclamo hecho por el
trabajador en el numeral 5 de la demanda, por lo que bien ha
                                                                      32




hecho el inferior en negar dicho pedido". En este punto, la
Sala de Alzada ha actuado con apego a la Ley, sin violar las
normas constitucionales y legales invocadas por el accionante;
pues, la indemnización que reclama esta sujeta al retiro del
trabajador "para acogerse al beneficio de la jubilación" lo cual
no ocurre en el presente caso, por lo que no es procedente el
pedido del actor. SEXTO: Manifiesta el demandante que existe
violación de la causal cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación,
puesto que hay "omisión de resolver en sentencia todos los
puntos controvertidos"; al respecto debe tenerse presente que
en esta causal se prevé los vicios que en doctrina se los llama
incongruencia o disonancia, que tiene lugar en caso de que
haya falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto por el
Tribunal de Alzada. La incongruencia puede revertir tres
formas: de ultra petita, de extra petita y de mínima petita;
esta última, cuando en la sentencia no se han decidido sobre
una o más pretensiones del actor o de una de las excepciones
deducidas    por   el      demandado,       pues,   este   sostiene
precisamente que no se han resuelto todas las pretensiones
de su demanda, entre ellas las vacaciones correspondientes al
último año y proporcionales de los décimos tercero, cuarto y
quinto sueldos. En verdad, el fallo del Tribunal de Alzada, en
forma general "confirma la sentencia venida en grado",
indicando   que    están     satisfechos.    Efectivamente,   tales
derechos se encuentran atendidos conforme se desprende de
la liquidación practicada por Sociedad Funeraria Nacional fojas
10 y 11, en la que se especifica el reconocimiento de estos
                                                                               33




rubros reclamados, por lo tanto al haberse consignado los
valores en el Juzgado de Origen, como consta a fojas 20 se
han satisfecho tales pretensiones, debiendo el Juez del
Trabajo      realizar    la    entrega      al   beneficiario.    Por    las
consideraciones anotadas, este Tribunal, ADMINISTRANDO
JUSTICIA       EN       NOMBRE         DE   LA   REPÚBLICA        Y     POR
AUTORIDAD DE LA LEY, casa parcialmente la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia
de Quito, en los términos constantes en el considerando
Cuarto de este fallo. La liquidación deberá practicarla el Juez
de primer nivel. Con costas. Notifíquese y devuélvase.
f)    Drs.    Teodoro         Coello    Vázquez.-      Julio     Jaramillo
Arízaga.-        Olmedo          Lupera          Almeida.        (Conjuez
Permanente).




III


Juicio Nº 280-2002


Juicio verbal sumario que por indemnizaciones de trabajo,
siguió Wilson Jiménez Olmedo contra la Universidad Técnica
"Luis Vargas Torres".


                                SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte
Suprema de Justicia casa el fallo recurrido por la
                                                                                 34




entidad       demandada,          sosteniendo          su        pretensión
únicamente en la excepción de prescripción de la
acción. La Sala única de la Corte Superior de Esmeraldas
revoca el fallo del juez de origen y sostiene que, al
haberse tramitado una causa por los mismos hechos y
con   los    mismos       sujetos     procesales          ante    el   señor
Presidente de esa Corte Superior en el cual se dictó auto
inhibitorio, operó la suspensión de la prescripción al
tenor del art. 605 del Código Obrero. Mas esta posición
no es sostenible, pues, "La Corte Superior de Justicia de
Esmeraldas         no     tiene      facultad    para        calificar      la
providencia del Presidente porque no es asunto subido
en    grado    y   porque       se    trata     de    una    providencia
ejecutoriada". De todo lo dicho, se aprecia la falta de
aplicación     del      art.   632     ibídem        que    trata      de   la
prescripción de los actos y contratos en materia laboral.


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO       SEGUNDO          DEL    TRABAJO        DE    ESMERALDAS.-
Esmeraldas, a 1º de junio del 2000; las 11h30.-
VISTOS: Wilson Jiménez Olmedo, a fojas 1 se presenta con la
siguiente demanda: "Ingresé a laborar para la Universidad
Técnica Luis Vargas Torres (UTE) el 18 de agosto de 1980, en
calidad de conserje haciendo el mantenimiento y limpieza de
las instalaciones de la Facultad de Sociología y Trabajo Social
de la UTE, cargo que lo desempeñé con absoluta eficiencia y
                                                                     35




responsabilidad hasta el 2 de agosto de 1995, fecha en la cual
presenté mi renuncia para acogerme a los beneficios de la Ley
de Modernización y el Reglamento Único de Estabilidad de la
Universidad Técnica Luis Vargas Torres. La Universidad me
pagó el rubro establecido en la referida Ley, aunque con una
remuneración inferior a la debida, pero no el que contiene el
referido Reglamento en su Art. 9. También la Universidad me
adeuda los rubros contenidos en el acta transaccional suscrita
entre los trabajadores y la UTE el 6 de noviembre de 1992. La
última remuneración que percibí fue de 550.833 sucres. Debo
indicar a usted que el 6 de diciembre de 1995 presenté
demanda ante la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Esmeraldas reclamando el pago de mis derechos apoyado
en la Ley de Modernización, y por las reformas y resoluciones
obligatorias que se produjeron, el señor Presidente no quiso
continuar con la sustanciación de la causa, por lo que me veo
obligado a comparecer de esta manera ante usted señor Juez.
Con estos antecedentes en base a lo dispuesto por los Arts.
577 y 584 del Código Laboral, comparezco y demando a la
Universidad   Luis   Vargas   Torres   en   la   persona   de   su
representante legal licenciado Benito Reyes Pazmiño, a fin de
que en sentencia ordene el pago de lo siguiente: Beneficio
establecido en el Art. 9 del Reglamento Único de Estabilidad,
en concordancia con el Art. 10 del mentado Reglamento. Los
rubros económicos establecidos en el Acta Transaccional
suscrita el 6 de noviembre de 1992 entre la Universidad
demandada y sus trabajadores. Reclamó legalmente el pago
                                                                     36




de   las   diferencias   de   sueldo   fruto   de   los   aumentos
gubernamentales por los años 1994 y 1995 y otras diferencias
que acreditaré oportunamente; los honorarios de mi abogado
defensor y los intereses sobre cada uno de los rubros
reclamados. Establezco como cuantía la cantidad de cuarenta
millones de sucres, sin perjuicio de que al hacer la liquidación
resulte un rubro superior. Calificada y aceptada a trámite la
demanda se citó al demandado, Agente Fiscal y notificó al
señor Inspector Provincial del Trabajo, según consta a fojas 2
y 2 vuelta compareciendo la demandada Universidad Técnica
"Luis Vargas Torres" por medio de su representante legal
Lcdo. Benito Reyes Pazmiño a fojas 3 señalado casillero
judicial y designado defensor. Producida la audiencia de
conciliación y contestación a la demanda, comparecen: el
actor acompañado de su defensor Dr. Gary Mariny y el Ab.
Antonio Preciado Estacio ofreciendo poder o ratificación de
gestiones del demandado situación legitimada a fojas 17. Por
agotado el trámite del proceso y ser el estado de la causa el
de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.-               La
presente causa se ha tramitado acorde con lo que dispone el
Art. 584 del Código Laboral, y de la revisión del mismo no se
observa omisión alguna de solemnidad sustancial que incida
en su decisión por lo cual se declara su validez procesal;
SEGUNDO.- La litis se trabó con la contestación a la demanda
y las excepciones allí expuestas por lo tanto de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil
cada parte asumió la obligación de justificar sus afirmaciones
                                                                   37




excepto las que se presume de conformidad con la ley;
TERCERO.-      La relación laboral no es materia de esta
controversia a más de no haber sido cuestionada la misma;
CUARTO.-     En la contestación a la demanda el enjuiciado
propuso varias excepciones y entre ellas la prescripción, ahora
bien, es necesario analizar dicho cuestionamiento: a) El actor
en su acción de fojas 1 expresa: "Ingresé a laborar para la
Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" el 18 de agosto de
1980, en calidad de conserje haciendo el mantenimiento y
limpieza de las instalaciones de la Facultad de Sociología y
Trabajo Social de la UTE, cargo que lo desempeñé con
absoluta eficiencia y responsabilidad hasta el 2 de agosto de
1995, fecha en la cual presenté mi renuncia para acogerme…",
demanda ésta presentada con fecha 18 de agosto de 1998 a
las 10h20; b) A fojas 2 vuelta constan las citaciones por boleta
(2) de fecha 26 y 28 de agosto del año 1998, compareciendo
el enjuiciado a fojas 3 el 8 de septiembre de 1998 quedando
legalmente citado señalando domicilio judicial y designando
defensor. c) El título XIV del Código Civil que trata: De los
modos de extinguirse las obligaciones expresa en su Art.
1610: las obligaciones se extinguen en todo o en parte; y una
de ellas consiste en la prescripción de conformidad con el
numeral Décimo Primero. A su vez el inciso 2 del Art. 2416 del
mismo cuerpo legal expresa "Una acción o derecho se dice
que prescribe cuando se extingue por la prescripción". Además
el Art. 2417 ibídem, dice que: El Juez no puede declararlo de
oficio. El Código del Trabajo en su Art. 632 claramente
                                                                          38




establece "Las acciones provenientes de los actos y contratos
de   trabajo   prescriben   en    3    años,    contados    desde    la
terminación de la relación laboral. No está por demás recordar
lo que expresa el artículo 35 de la Constitución Política "4… las
acciones   para    reclamar     (los   derechos    del     trabajador)
prescriben en el tiempo señalado por la ley, contado desde la
terminación de la relación laboral". Entonces tenemos que: la
fecha de la culminación del nexo laboral". Se produce el 2 de
agosto de 1995 (fojas 1) hasta la fecha 8 de septiembre de
1995 en que se produce la citación legal con la comparecencia
a juicio el demandado fojas 3, puesto que, con anterioridad y
hasta el 28 de agosto del citado año se produce la segunda
citación por boleta fojas 2 vuelta. Consecuentemente han
transcurrido más de tres años y un mes, de lo que se concluye
que la acción está prescrita, por lo tanto y sin entrar en mayor
análisis por innecesario ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY,   aceptando    la   excepción     cuarta    propuesta     por   el
demandado en la contestación a la demanda se declara
prescrita la acción con fundamento en lo que dispone el Art.
632 del Código del Trabajo. Sin costas ni honorarios que
regular. Léase y notifíquese.
f) Dr. Wilmer Tandazo.


SEGUNDA INSTANCIA.
                                                                  39




SALA ÚNICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ESMERALDAS.- Esmeraldas, 05 de noviembre del 2001; las
08h30.
VISTOS: El juicio laboral propuesto por WILSON JIMÉNEZ
OLMEDO, en contra de la Universidad Técnica "Luis Vargas
Torres", sube a este nivel por recurso de apelación interpuesto
por el demandante de la sentencia dictada por el Juez A-quo,
en la que se declara prescrita la acción, con fundamento en lo
que dispone el Art. 632 del Código del Trabajo, la misma que
obra a fojas 107 y 108 de los autos.- Concedido el recurso y
elevados los autos al Superior, se pone en conocimiento de las
partes la recepción del proceso, y encontrándose la causa en
estado de resolver, para hacerlo se hacen las siguientes
consideraciones: PRIMERO: En la tramitación de la causa no
se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que vicie
de nulidad lo actuado, por lo que se declara su validez.
SEGUNDO: Wilson Jiménez Olmedo, comparece a fojas 1 y
vuelta de los autos, manifestando que ingresó a laborar para
la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" el 18 de agosto de
1980, en calidad de CONSERJE, hasta el 02 de agosto de 1995
que presentó su renuncia, para acogerse a los beneficios de la
Ley de Modernización y el Reglamento Único de Estabilidad de
la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres"; que en esas
circunstancias se le pagó los rubros atinentes a la Ley de
Modernización, no así la del precitado Reglamento. Citado que
fuera el demandado, éste comparece a juicio a fojas 3,
convocándose a las partes a la audiencia de conciliación y
                                                                   40




contestación a la demanda, que tiene lugar el 05 de junio de
1998, la misma que obra del proceso a fojas 5 y 5 vuelta, con
la asistencia de las partes, en la que la Entidad demandada, a
través de su abogado defensor, cuyas gestiones se encuentran
ratificadas en el escrito de fojas 17, se excepciona en la forma
que obra en dicha diligencia, circunscribiéndose a alegar
nulidad procesal, falta de derecho del actor y prescripción,
incompetencia del juzgador por razón de la materia.- Por su
parte el actor a través de su abogado defensor, se ratifica en
los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda e
impugna la contestación dada a la demanda, como también
sus excepciones. Trabada así la litis y ante la ausencia de
avenimiento para resolver el conflicto, se abre la causa a
prueba por el término de seis días, donde se han practicado
las que las partes han estimado pertinentes en defensa de sus
intereses. El Juez A-quo dicta sentencia a fojas 107 y 108,
rechazando la demanda de la cual el actor interpone recurso
de apelación. TERCERO: El pleito se traba con los reclamos
de la demanda que a saber son: el pago del beneficio de la
bonificación establecida en el Art. 9 del Reglamento antes
mencionado; el pago de los rubros que tienen connotación
económica del acta transaccional suscrita entre la Universidad
y sus trabajadores el 6 de noviembre de 1992; el pago de las
diferencias   de    sueldos,    fruto    de    los    aumentos
gubernamentales por los años 1994 y 1995, los honorarios del
abogado defensor del actor y las excepciones del demandado
que están fomentadas anteriormente. CUARTO: Al haberse
                                                                   41




alegado la prescripción, el Tribunal debe pronunciarse sobre
ella. Al respecto, la única alusión sobre la prescripción es la
utilización de este término por parte de la Entidad demandada
a través de su abogado defensor al contestar la demanda,
pero no se encuentra si se precisa que es lo que ha prescrito:
si es la acción o si es alguna acción especial de aquellas que
prevé el Art. 632 y el 633 del Código del Trabajo, o se refiere
a otro tipo de prescripción. En todo caso, cabe dejar
constancia que dentro del término de prueba, el actor ha
solicitado que se obtenga copia certificada de un juicio que
sobre lo mismo inició en la Presidencia de la H. Corte Superior
de Justicia de Esmeraldas, cuyo escrito obra a fojas 19, y con
fecha 28 de febrero de 1996 se calificó la demanda, mientras
que con fecha 10 de junio de 1998, el señor Presidente de la
referida Corte, dice que se abstiene de seguir conociendo este
asunto por falta de competencia, cuando expresamente debió
declarar la nulidad, como en efecto así lo entiende esta Sala.
Por consiguiente, el tiempo de duración de esta causa, debe
deducirse del lapso transcurrido desde que terminó la relación
laboral, hasta que se citó con la actual demanda, atento a lo
dispuesto por el Art. 605 del Código del Trabajo. En
conclusión, desde la fecha de la renuncia, hasta la citación con
la actual demanda, deduciéndose el tiempo que duró la causa
cuya nulidad se deja expuesta, desde fojas 11 a fojas 122,
han transcurrido únicamente ocho meses, razón por lo que, en
el caso de que se hubiera alegado prescripción de la acción
expresamente, tampoco se ha extinguido la acción, por lo que
                                                                                  42




se desecha la prescripción alegada.- QUINTO: Sobre el
primer punto del reclamo, el hecho de la renuncia para
acogerse a la Ley de Modernización no está en discusión, en
razón de que el empleador por la naturaleza que cumple el
conserje en una Institución Pública, de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 del Código del Trabajo, en su
segundo inciso expresa que el Estado tiene la calidad de
empleador, respecto de los obreros de las obras públicas
nacionales o locales. Agrega que "se entiende por tales obras
no solo las construcciones, sino también el mantenimiento de
las mismas y, en general, la realización de todo trabajo
material relacionado con la presentación de servicio público,
aún cuando los otros se les hubiere extendido nombramiento y
cualquiera que fuere la forma o período de pago". SEXTO:
Con relación al reclamo puntual del actor, en el sentido de que
se ordene el pago de la bonificación establecida en el Art. 9
del Reglamento del Servidor Universitario de la Universidad
"Luis Vargas Torres", el Tribunal observa que dicha norma
previene:       "El    servidor     universitario         que         renuncie
voluntariamente a sus labores en la Universidad, percibirá la
bonificación     por    cesantía,   calculada       con        la     siguiente
fórmula…"; y el Art. 10 del mismo cuerpo reglamentario
establece      los    mecanismos    legales     que       le        quedan   al
beneficiario en caso de que la Universidad no pague dicha
bonificación, dentro del plazo de sesenta días contados desde
la fecha que surge el derecho de accionar. Es decir, estamos
frente al beneficio otorgado por la Entidad empleadora, y de
                                                                             43




ninguna manera debe confundir este rubro con lo que
previene el inciso 5to. del Art. 52 de la Ley de Modernización
del Estado, como al parecer es la intención de la defensa de la
Universidad "Luis Vargas Torres", ya que es intolerable la
confusión que pretende crear entre bonificación por cesantía,
con fondos de cesantía, en donde la primera es un beneficio
otorgado unilateralmente por la Universidad Técnica "Luis
Vargas Torres" a favor de sus servidores que nace y se
justifica en el momento que estos presentan su renuncia
voluntaria, y, la segunda; presume el aporte tanto público
como privado.- SÉPTIMO: El Art. 27 del Reglamento a la Ley
de Modernización del Estado, que nos ocupa, claramente
singulariza que la bonificación por separación, para su cálculo
no se integra de los componentes allí especificados, y entre
ellos   esta   el    literal   i)   que   expresa:   "Bonificaciones     y
recompensas adicionales, incluyendo entre éstas los beneficios
y los contratos colectivos en caso de haberlos".- Lo citado
contiene   un       amplio     concepto    al   decir,   "bonificación   y
recompensas adicionales", que sin perjuicio de las previstas
en los contratos colectivos en donde los haya, también debe
pagarse al trabajador renunciante dentro de un proceso de
modernización, todos los rubros adicionales que por convenio
o voluntariamente estén vigentes al momento de terminar la
relación laboral.- OCTAVO: Sin duda la Universidad en el
Reglamento Único del Servidor Universitario con el referido
Art. 9 creó un derecho a favor de todos los trabajadores que
renuncien voluntariamente, y en ninguna parte del texto de
                                                                   44




dicho Reglamento se introdujo normas que traigan a confusión
sobre este beneficio, al contrario sus Arts. 14, 15, 17 y 18,
obligan a concluir en forma indubitable, que el derecho existe
y debió cancelarse al momento de pagarse la compensación
de que habla el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado.
Es preciso resaltar también, que para el caso no es aplicable el
Art. 7 y 8 del tantas veces mencionado Reglamento, ya que
éstos se refieren al evento de que el servidor haya sido
indemnizado por violación de la estabilidad convenida, y no
haya que hacer fuerza para entender que la indemnización
opera contra el que ejecuta un acto contrario a la Ley en
perjuicio de otro como bien lo caracteriza el Art. 10 del
Reglamento en mención. Los pronunciamientos reiterados de
las diferentes Salas de lo Laboral y Social de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia, ratifica estos razonamientos.
NOVENO: Por estos antecedentes, la Universidad debe pagar
al reclamante el rubro del Art. 9 en concordancia con el Art.
10 del Reglamento que obra del proceso en el cuaderno de
primera instancia que se manda agregar a los autos, que obra
desde fojas 28 a fojas 36 y que liquidado estos valores resulta
15 años laborados, porque la fracción de un año se la
considera como año completo, por S/. 1'000.000,00, resulta
S/.15'000.000,00 (600 dólares) mas el ciento por ciento de
este valor arroja S/.30'000.000,00, (1.200 dólares) con el
recargo del 10% mensual, que lo calculará el Juez a quien
corresponde ejecutar esta sentencia, a partir de los sesenta
días posteriores de la terminación de la relación laboral.-
                                                                       45




DÉCIMO: No se han probado las excepciones propuestas, y
particularmente la de prescripción, por lo que se las declara
sin lugar, como queda expuesto y analizado en líneas
anteriores. Respecto a los demás rubros, el examen hecho por
el inferior se ajusta a lo que obra de las constancias
procesales. Por estas consideraciones y sin que sea necesario
examinar las demás pruebas del proceso por irrelevantes,
ADMINISTRANDO          JUSTICIA        EN   NOMBRE         DE    LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aceptándose
con lugar el recurso de apelación interpuesto por el actor, se
revoca la sentencia recurrida en los términos que se dejan
expuesto,   debiendo   la    Entidad   demandada     Universidad
Técnica "Luis Vargas Torres", pagar al accionante lo dispuesto
en el considerando NOVENO         de este fallo.- Sin costas, ni
honorarios que regular. Léase y notifíquese.
f) Drs. María V. Aguirre.- Manuel Herrera G.-                    Ab.
Cristóbal Suárez.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL.-          Quito, noviembre 18 del 2002; las
09h20.
VISTOS:     Lcdo.   Benito    Reyes    Pazmiño,   Rector    de    la
Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", interpone recurso
de casación de la sentencia dictada por la Sala Unica de la
Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, en el juicio laboral
                                                                    46




que le sigue Wilson Jiménez Olmedo.- Sostiene que en el fallo
que ataca se ha infringido la norma del articulo 632 del Código
del Trabajo. Fundamenta su recurso en lo previsto en el
articulo 3 causal primera de la Ley de Casación. Siendo el
estado del recurso el de resolver, para hacerlo se considera:
PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla radicada en
virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución
Política y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este
cuaderno. SEGUNDO: El recurso de casación interpuesto por
el demandado se circunscribe a un solo punto: la prescripción
de la acción, oportunamente alegada por el accionado en la
contestación a la demanda y aceptada por el Juez de origen.
TERCERO: En el considerando Cuarto de la sentencia dictada
por la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas se dice que:
"al contestar la demanda, pero no se encuentra ni se precisa
que es lo que ha prescrito: si es la acción o si es alguna acción
especial de aquellas que prevé el Art. 632 y el 633 del Código
del Trabajo o se refiere a otro tipo de prescripción...". A
continuación, en el propio considerando, recuerda que el
accionante inició anteriormente una demanda ante el señor
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas y,
que dicho Magistrado, dentro del proceso, "dice que se
abstiene de    seguir conociendo este asunto por falta de
competencia, cuando expresamente debía declarar la nulidad,
como un efecto, así lo entiende esta Sala". Sobre esta
situación este Tribunal hace las siguientes consideraciones: a)
Consta de autos que la institución demandada, al contestar la
                                                                        47




demanda alega la prescripción, punto que es el único que
sostiene en el recurso de casación; b) Aparece de autos que
el demandante          -así consta en su acción- cesó en sus
funciones el 2 de agosto de 1995. Esta demanda fue calificada
el 19 de agosto de 1998 y la última citación al Rector de la
Universidad en referencia se efectuó el 29 de agosto de 1998,
cuando habían          transcurrido 3 años y 27 días desde la
terminación de la relación laboral; c) La Sala de Alzada, para
aplicar la norma de los artículos 605 y 634 del Código del
Trabajo, "sobre suspensión o interrupción de la prescripción,
según las normas del Código Civil, estima que lo que
preceptúa el articulo 605 del mismo cuerpo de Leyes citado",
en caso de declararse la nulidad del proceso, el tiempo de
duración   del   juicio   no   se   tomará   en    cuenta   para   la
prescripción. d) El juicio iniciado por el actual accionante en
contra del demandado no ha sido declarado nulo, que es el
requisito para que opere la suspensión de la prescripción. Lo
que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Esmeraldas ha declarado en su providencia -que se encuentra
ejecutoriada- es que "En la especie, la demanda presentada
versa sobre una pretensión diversa a la materia regulada en la
invocada disposición legal, por tanto, deviene en falta de
competencia      del    suscrito    Presidente    para   conocer   y
resolverla". El Ministro Presidente se ha inhibido de conocer el
litigio mas no ha declarado la nulidad del proceso. e) La Corte
Superior de Justicia de Esmeraldas no tiene facultad para
calificar la providencia del Presidente porque no es asunto
                                                                  48




subido en grado y porque se trata de una providencia
ejecutoriada. Por todo lo expuesto, la Sala de la Corte
Superior de Justicia de Esmeraldas ha incurrido en falta de
aplicación de la norma del Art. 632 del Código del Trabajo;
pues, habiéndose alegado la prescripción y no encontrándose
en ninguno de los casos de suspensión, la acción se encuentra
prescrita. Por todo lo anotado, esta Sala, ADMINISTRANDO
JUSTICIA     EN   NOMBRE      DE   LA   REPÚBLICA      Y   POR
AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la
Sala única de la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas y
declara prescrita la acción, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 632 del Código del Trabajo. Sin costas. Notifíquese.
f).   Drs.   Teodoro   Coello   Vázquez.-     Julio   Jaramillo
Arízaga.-      Olmedo       Lupera      Almeida       (Conjuez
Permanente).




IV


Juicio Nº 237-2002


Juicio verbal sumario que siguió José Ruperto Alonso Castro
contra LLOYDS BANK (BLSA).


                          SÍNTESIS:
El actor demanda el pago de la jubilación patronal a la
que dice tiene derecho por cuanto, ha laborado más de
                                                                            49




23 años en la empresa demanda y fue despedido
intempestivamente como se aprecia de la cuantiosa
indemnización       voluntaria       que   se   le   ha     entregado
110.000.000 de sucres hecho que resalta con la exigua
liquidación a la que tenía derecho de algo más de
6.000.000 de sucres. Tramitada que fue la causa, en las
instancias,   esta         mereció     sentencia      condenatoria
aceptando la demanda. En fallo de mayoría, la Segunda
Sala de lo Laboral y Social casa el fallo                 recurrido y
desecha la demanda, por cuanto, del acta de finiquito
que impugna en la demanda y las probanzas actuadas
se   establece     clara    contradicción.      El   acta    se    halla
debidamente pormenorizada y debidamente elaborada
ante el inspector del trabajo. La testimonial actuada no
desvanece la aseveración hecha en el acta de que es
una terminación de relaciones laborales consensual y no
unilateral del patrono. En el fallo de minoría, se analiza
el pago de la bonificación adicional anteriormente
referida, con la cual la Sala de Alzada llega a la
conclusión    de    que      se   trata    de   un    pago        de   la
indemnización por estabilidad a que tenía derecho el
trabajador que fue separado intempestivamente y por
ello considera, que se ha querido disfrazar el hecho del
despido intempestivo por lo que es procedente la
demanda y el pago de la jubilación patronal.


PRIMERA INSTANCIA.
                                                                  50




JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DEL GUAYAS. Guayaquil,
mayo 31 del 2001, a las 17h00.
VISTOS: A fojas 1 a 3 del proceso comparece José Ruperto
Alonso Castro y expresa: Presté mis servicios lícitos y
personales bajo relación de dependencia para el LLOYDS BANK
(BLSA) Ltda., desde el 16 de agosto de 1974 hasta el 25 de
noviembre de 1997, que fui despedido intempestivamente, es
decir laboró 23 años, 3 meses y 9 días, que equivalen a 24
años, ocupando en ese lapso varios puestos, siendo el último
en calidad de ayudante de la sección de archivos, habiendo
sido mi última remuneración básica de S/. 1'568.000. Para dar
por terminada las relaciones de trabajo en la ciudad de
Guayaquil, el día 25 de noviembre 1997, le hizo una
liquidación mi empleador LLOYDS BANK (B.L.S.A.) Ltda.
representada en la persona del Sr. Alfredo Guerrón, donde
dejan constancia que por acuerdo con el representante legal
del banco dar por terminado el contrato de trabajo, lo que no
correspondía a la realidad, por cuanto ese día a las 10h00
aproximadamente en las instalaciones del banco fui despedido
por el Sr. Alfredo Guerrón, pues en la cláusula Quinta del acta
de finiquito dejan constancia que le entregan la cantidad de
S/.110'000.000 como bonificación especial, pues me están
computando con mi remuneración de S/. 2'750.000 los 40
meses de remuneración como lo dispone el Art. 10 del
Segundo Contrato Colectivo Único de Trabajo, que trata de la
estabilidad y la indemnización correspondiente en caso de
                                                                       51




despido   intempestivo.   En   el   acta   de   finiquito   no   hay
constancia que se le han calculado las pensiones de jubilación
a que tenga derecho en la parte proporcional por haber
laborado 23 años, 3 meses y 9 días que equivalen a 24 años,
de acuerdo a lo estipulado en los Inc. 4 y 7 del Art. 188 del
Código de Trabajo y al considerar que perjudican su derecho a
la jubilación patronal, impugna el acto de finiquito y la
liquidación contenida que se celebró el 25 de noviembre de
1997. La jubilación es un trabajo capitalizado, y sea cualquiera
forma de terminación de las relaciones de trabajo capitalizado,
(mútuo acuerdo, despido, desahucio, visto bueno, renuncia,
etc.), es un derecho irrenunciable intangible que tiene como
finalidad velar económicamente por los últimos años que le
quedan al trabajador después de haber laborado el tiempo
exigido por la ley, además después de muertos los herederos
tienen derecho a recibir una pensión durante un año por lo
tanto hay derecho de terceros que no pueden ser materia de
acuerdo o transacción, por ello debe calcularse la pensión
jubilar patronal a que tengo derecho por parte del empleador
en la parte proporcional que le corresponde a partir del 26 de
noviembre de 1997. Cabe recalcar que al momento de
separarme de LLOYDS BANK (B.L.S.A.) LTDA cuando nació su
derecho de la pensión jubilar patronal, el 25 de noviembre de
1997, no gozaba de la pensión de jubilación otorgada por el
IESS, por lo que tengo, derecho a la parte proporcional del
100% de la pensión jubilar patronal. Con tales antecedentes
demanda la parte proporcional de la jubilación patronal y más
                                                                    52




valores solidariamente al LLOYDS BANK (B.L.S.A.) Ltda. en la
persona del señor PAUL McEVOY por sus propios derechos y
por los que representa por ejercer funciones de dirección y
administración al tenor del Art. 36 del Código de Trabajo.
Calificada y admitida al trámite la demanda, se citó la parte
accionada (fojas 5) quien compareció a juicio señalando casilla
judicial para sus notificaciones. Convocadas las partes a la
audiencia de conciliación, a esta diligencia concurrieron los
abogados Eduardo Cabrera Cabrera a nombre de demandado
y Dr. Tito Jaramillo Yagual a nombre de la actora, ambos
profesionales ofrecieron la ratificación de sus gestiones lo cual
consta a fs. 30 y 57 del cuaderno. La parte demandada
contestó la demanda en los términos que consta en el acta de
fojas 28 por su parte el actor se ratificó en los planteamientos
de su demanda y no habiendo conciliación entre las partes, se
dispuso recibir la causa a prueba, fenecidos los cuales y
siendo el estado de la causa para resolver para hacerlo se
considera: PRIMERO: A la causa se ha dado el trámite
establecido para esta clase de juicios no se advierte omisión
de solemnidad sustancial alguna, por lo que se declara la
validez del proceso.- SEGUNDO: La relación laboral entre las
partes no han sido punto controvertido por el contrato la parte
demandada lo reconoce al contestar la demanda en la
audiencia de conciliación y esta debidamente justificada con
los documentos de fojas 47, 73, 76, 97 y 98.- TERCERO.-
Que con los documentos por el IESS que constan de fojas 73 a
76 de los autos, el acta de finiquito de fojas 97 y 98 consta
                                                                    53




que José Alonso Castro, ha laborado para el Lloyds Bank
(B.L.S.A.) Ltda. desde el 16 de agosto de 1974 al 25 de
noviembre de 1997, es decir ha laborado 23 años, 3 meses y
9 días que equivalen a 24 años.- CUARTO: Revisada el acta
de finiquito de fojas 97 y 98 se presentan 2 situaciones: 1)
Que indica el finiquito en la cláusula 1era. que por acuerdo
con el representante legal del banco, da por terminado el
contrato de trabajo; y 2) Que en el considerando quinto de
dicha acta indica que "por su parte el banco, de manera
voluntaria manifiesta que a la suma liquidada, según la
cláusula 4ta. ha resuelto agregarle la cantidad de S/.
110'000.000    (ciento   diez   millones   de   sucres),   como
bonificación especial. Esta bonificación especial y la aceptación
de la misma tendrá el carácter de transacción para precaver
un litigio eventual con efecto de cosa juzgada. QUINTO: El
punto esencial de la controversia a criterio del Juzgador es de
puro derecho. Cabe determinar si José Alonso Castro tiene o
no derecho a la jubilación patronal en su parte proporcional. Al
efecto, sabemos que por ley Nº 133 se procedió a realizar
reformas al Código de Trabajo que norma las relaciones entre
empleadores y trabajadores entre ellas las que corresponde al
actual Art. 188. El Inc. 4to. del Art. 188, señala que "la
fracción de un año se considerará como año completo". Si
bien es verdad que el mandato ha sido ubicado después de las
escalas indemnizatorias que corresponden a los trabajadores
que son despedidos, la norma no distingue ni especifica que
solo debe aplicarse para el pago de tales indemnizaciones y
                                                                          54




más     aún   cuando     el   penúltimo     inciso     señala       que
"adicionalmente tendrá el trabajador derecho a la parte
proporcional de la jubilación si ha cumplido 20 y menos de 25
años de trabajo, por lo que es adicional se ha de aplicar el
trato dado a lo principal, esto es, que la fracción de un año se
considera año completo, pues la norma debe ser tomada
íntegramente en todo el contexto del referido artículo.-
SEXTO:    Que    la   bonificación   especial    entregada    por    el
empleador (S/110'000.000). A criterio de este Juzgador con
dichos valores al parecer ha tratado de compensar el despido
intempestivo con la indemnización establecida en el Segundo
Contrato Colectivo Único de Trabajo suscrito por el Banco con
el Comité de Empresa en el Art. 10 que trata de la estabilidad
en la escala de más de 20 años que compensa con los 40
meses    de   remuneración,    por   violación    a   la   estabilidad
pactada, es decir, que es el pago de la indemnización, por lo
que procede el pago de la parte proporcional de la jubilación
patronal sucesivo y sus beneficios sociales conexos de acuerdo
a lo preceptuado en el Art. 219 del Código de Trabajo, por ser
este derecho de tracto.- SÉPTIMO: Siendo además de lo
expresado, la legislación laboral proteccionista del trabajador,
nuestra Constitución y de manera especial, el Código de
Trabajo han consagrado el principio de que en caso de duda
respecto de la aplicación de la ley y además normas legales y
hasta reglamentarias, debe estarse a lo que favorece al
trabajador y en el presente caso, de persistir dudas sobre la
terminación de las relaciones de trabajo, acuerdo de las partes
                                                                         55




o despido debe aplicarse el Art. 7 del Código del Trabajo. Por
estas consideraciones, el suscrito Juez Primero de Trabajo del
Guayas "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LEY" se declara con
lugar la demanda propuesta por JOSÉ ALONSO CASTRO en
contra del LLOYDS BANK (B.L.S.A.) Ltda. en los términos
antes señalados, es decir, se pague la parte proporcional de la
jubilación patronal los beneficios sociales conexos de por vida
y los intereses por lo que se procede a liquidar los valores que
los demandados deben pagar al trabajador: a) Tiempo de
servicio: 16/agosto/1974 al 25/ noviembre/1997, tiempo de
servicios 23 años, 3 meses y 9 días, que equivalen a 24 años;
b) Remuneración equivalente al promedio de los 5 últimos
años por los años de servicios (fojas 75) S/.87'755.018 : 5 x
5% x 24 años = S/. 21'061.204,32; c) Edad del actor 51
años;   d)       Coeficiente:    9,0223;   Renta   mensual         S/.
21'061.204,32. 9,0223. 12 = S/194.529,15 que equivalen a $
7781-    PENSIONES          MENSUALES:        1)   Del        25    al
30/noviembre/1997 7,781 30 x 5 días = $ 1296 2) Del 1/
diciembre/1997 al 31/mayo/2001 $ 7781 x 42 meses = $
326,80 DÉCIMO TERCERAS PENSIONES: 1) Del 1/diciembre
/97 al 30 de noviembre/98: $ 7781; 2) Del 1/ diciembre /98 al
30 /noviembre/99. $ 7781; 3) Del 1/diciembre/99 al 30 de
noviembre /2000. $ 7781; DÉCIMO CUARTA PENSIÓN: 1) Del
25/noviembre/97 al 30 de agosto/98: $ 8 : 12 meses x 9,16
meses   =    $    6,10;   2)    Del   1/septiembre/98    al   30   de
agosto/2000: $ 8 x 2 = $ 16; DÉCIMA QUINTA PENSIÓN: 1)
                                                                      56




25 / noviembre/ 97 al 30/enero/98: $ 2 : 12 x 2,16 = 3,59; 2)
1/febrero/98 al 31/enero/2000 : $ 2 x 2 = $ 4; 3)
1/febrero/2000 al 30/marzo/2000 = 2 : 12x2 = $ 0.333; 4)
1/abril/2000 al 31/mayo/2001: $ 2 : 12x13 meses = $ 2,16
DÉCIMA SEXTA PENSIÓN: 1/Diciembre/97 al 31/mayo/2001:
7,781: 8ava parte = 0.972 x 42 meses = $ 40,82 son
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS DE DÓLAR, más los intereses legales de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 611 del Código de Trabajo,
valores que se liquidarán una vez ejecutoriada la sentencia.
Con costas a cargo de los demandados. Se regulan los
honorarios profesionales de los defensores del actor en el 10%
de los valores que arroja la liquidación de los cuales se
descontará el 5% para el Colegio de Abogados. Léase.-
Publíquese y notifíquese.
f) Ab. Carlos Alfago Vite.


SEGUNDA INSTANCIA.


CUARTA SALA DE LA H. CORTE SUPERIOR.- Guayaquil, abril
11 del 2002; las 10h20.
VISTOS:    Por   recurso    de   apelación   interpuesto   por   la
demandada LLOYDS BANK (BLSA) LTDA. de la sentencia
dictada por el Juez Primero del Trabajo del Guayas, que
declara con lugar la demanda presentada por JOSÉ RUPERTO
ALONSO CASTRO, ha subido este juicio a conocimiento de la
Corte Superior de Justicia, radicándose la competencia en esta
                                                                          57




Cuarta Sala por el sorteo de rigor, conforme consta de la
razón actuarial que obra de autos en el cuaderno de la
instancia, y como el estado es el de resolver, para hacerlo se
considera: PRIMERO.- No se advierte omisión de solemnidad
alguna que vicie de nulidad el proceso, por lo que se lo
declara válido; SEGUNDO.- La relación procesal se constituyó
con la negativa expresa a los fundamentos de la acción en la
audiencia de conciliación de fojas 28 de los autos, actuación
que colocó a los contendientes en la obligación de probar los
hechos que afirmativamente han alegado, de conformidad con
lo que dispone el articulo 118 del Código de Procedimiento
Civil,   por   lo   que   el   ámbito   de   la   materia   alcanza   a
IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO y el hecho del
DESPIDO INTEMPESTIVO, toda vez que la relación laboral, en
los términos previstos en el artículo 8 del Código del Trabajo,
se encuentra debidamente probada con los instrumentos que
obran de fojas 47 a 49 y de 71 a 78 del proceso; TERCERO.-
Manifiesta en su acción el actor JOSÉ RUPERTO ALONSO
CASTRO, que prestó sus servicios lícitos y personales bajo la
relación de dependencia para el LLOYDS BANK (BLSA), desde
el 16 de agosto de 1974 hasta el 25 de noviembre de 1997 en
que fue despedido intempestivamente, que para terminar con
la relación de trabajo, el día 25 de noviembre de 1997, se le
hizo firmar una acta de finiquito, en la que se le pagó una
bonificación    especial de S/. 110'000.000 y que de acuerdo
con el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo, ese valor
corresponde a la estabilidad y a la indemnización en caso de
                                                                                       58




despido intempestivo y que en la referida acta de finiquito no
se le hizo constar los valores por JUBILACIÓN PATRONAL
PROPORCIONAL, por haber laborado más de 23 años en la
mencionada institución bancaria. Al respecto la Sala hace las
observaciones siguientes: a) Consta de fojas 31 a 46 de los
autos el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo, suscrito entre
la institución demandada y sus trabajadores dentro del cual el
artículo    10    garantiza       la        estabilidad     para     todos       sus
trabajadores y que en caso de la violación a esa estabilidad la
empleadora       se    compromete            a   indemnizar     al   trabajador
despedido, según los años de servicios, y en el presente caso,
como el demandante tiene más de 20 años de servicios, le
correspondería 40 meses de remuneraciones; b) Según se
desprende del instrumento de finiquito de fojas 48, la
liquidación      por   derechos         laborales         practicada     por      la
empleadora, asciende a la cantidad de S/5'717.819, pero la
accionada de manera bondadosa, en la cláusula Quinta del
acta de finiquito, en forma voluntaria al valor de la liquidación
determinado en el literal anterior, resuelve agregarle a la
liquidación antes mencionada, la cantidad de S/.110'000.000,
por concepto de bonificación especial, la misma que de
conformidad con lo que dispone el artículo 10 del Segundo
Contrato      Colectivo   Único             de   Trabajo,     equivale       a    la
indemnización por estabilidad, esto es, S/.2'750.000 como
remuneración por 40 meses es igual a S/.110'000.000,
determinándose sin lugar a duda que el valor por bonificación
especial,     corresponde     a        la    indemnización         por   despido
                                                                          59




intempestivo;     CUARTO.-      Respecto      de    la     JUBILACIÓN
PATRONAL PROPORCIONAL, el último inciso del artículo 188
del Código del Trabajo, dispone: "Que en caso del trabajador
hubiere cumplido veinte años y menos de veinticinco años de
trabajo,   continuada        interrumpidamente,      adicionalmente
tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación
patronal, de acuerdo con las normas de este Código". En el
presente caso, de acuerdo con los instrumentos de fojas 48,
72 a 77, el actor tiene más de 23 de haber laborado para la
empresa demandada, por lo que en aplicación del inciso
cuarto de la antes mencionada disposición legal, la fracción de
un año se considerará como año completo, lo que equivale a
24 de labores; en consecuencia, es procedente el reclamo de
la   jubilación   patronal    proporcional,    en        los   términos
establecidos en el artículo 219 del Código de la materia. Por
todo lo antes expuesto, esta Cuarta Sala de la Corte Superior
de Justicia de Guayaquil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, confirma en todas sus partes la sentencia dictada por el
Juez a-quo.- Notifíquese.
f) Ab. María Leonor Jiménez de Viteri.- Dr. Gastón
Alarcón Elizalde.- Dr. Carlos Eduardo Jaramillo.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL.- Quito, enero 22 del 2003; las 10h10.
                                                                       60




VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Cuarta
Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, el
demandado Paúl McEvoy, por sus propios derechos y por los
que representa de Lloyds Bank (BLSA) Ltda., interpone
recurso de casación, en el juicio laboral que sigue en su contra
José Ruperto Alonzo Castro. Manifiesta que en el fallo que
impugna se han infringido las normas de los artículos 117,
180 y 278 del Código de Procedimiento Civil; 169, 188 y 592
del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado
del recurso el de resolver, para hacerlo se considera:
PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla radicada en
virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución
Política y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este
cuaderno. SEGUNDO: Del estudio del escrito que contiene el
recurso de casación, presentado por el demandado, se
observa que el aspecto fundamental radica en determinar la
forma como concluyeron las relaciones laborales; pues, de esa
situación    se    establecerán   los   eventuales    derechos    e
indemnizaciones que reclama el accionante. El recurrente,
para   sustentar   su   recurso   sostiene,   por    un   lado,   la
intangibilidad del acta transaccional, para lo cual recuerda la
norma del artículo 592 del Código Laboral. Estima, por otro
lado, que la Sala de Alzada, no ha aplicado la norma del
artículo 117 del Código de Procedimiento Civil, sobre la
prueba, y la indivisibilidad de la misma, y no ha aplicado la
norma del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil. Que
                                                                        61




ha omitido resolver varios puntos que fueron materia de la
litis, por lo que invoca el precepto del artículo 278 del Código
citado. Asegura que hay indebida aplicación del artículo 188
del Código del Trabajo, que trata sobre el procedimiento para
el cálculo del tiempo de servicios, para establecer el derecho a
la jubilación. TERCERO: Existe abundante jurisprudencia de
que el despido intempestivo debe ser debidamente probado,
lo que no sucede en la presente causa, pues la única
declaración que da a conocer sobre el despido intempestivo es
contradictoria con el acta de finiquito agregada al proceso
dentro del término de prueba (fs. 97-98), documento que ha
sido celebrado ante el Inspector del Trabajo del Guayas y la
liquidación es pormenorizada, en ella se hace constar que el
señor José Ruperto Alonzo Castro por acuerdo libre y
voluntario con el Representante Legal del Banco, da por
terminado el contrato de trabajo y que ha sido suscrito por los
comparecientes   y   cuya    firma   y   rúbrica    fue   reconocida
mediante la confesión rendida ante el juez a quo y en la que
acepta además que lo realiza sin que mediare ningún acto de
fuerza, acto que de haberse producido desnaturalizaría el
carácter   voluntario   de     la    decisión      del    trabajador,
produciéndose en tal caso el despido intempestivo. Por otro
lado, el hecho de habérsele entregado una bonificación
especial, supuestamente calculada de conformidad con el
artículo 10 del Segundo Contrato Colectivo Único de Trabajo,
no entraña despido intempestivo. CUARTO: Si la relación
laboral terminó por acuerdo mútuo, el actor no tiene derecho
                                                                   62




a percibir la "Jubilación Patronal Proporcional, en los términos
establecidos en el artículo 219 del Código de la materia", cuyo
pago procede solamente en caso de despido, según lo
determina el artículo 188 del Código del Trabajo. Por estas
consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se
acepta el recurso y casándose la sentencia se rechaza la
demanda. Publíquese, notifíquese y devuélvase.
f). Drs. Camilo Mena Mena (V.S.).- Julio Jaramillo
Arízaga.- Teodoro Coello Vázquez.


VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DR. CAMILO
MENA MENA.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL.- Quito, enero 22 del 2003; las 10h10.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Cuarta
Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, el
demandado Paúl McEvoy, por sus propios derechos y por los
que representa de Lloyds Bank (BLSA) Ltda., interpone
recurso de casación, en el juicio laboral que sigue en su contra
José Ruperto Alonso Castro. Manifiesta que en el fallo que
impugna se han infringido las normas de los artículos 117,
180 y 278 del Código de Procedimiento Civil; 169, 188 y 592
del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado
del recurso el de resolver, para hacerlo se considera:
                                                                        63




PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla radicada en
virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución
Política y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este
cuaderno. SEGUNDO: Del estudio del escrito que contiene el
recurso de casación, presentado por el demandado, se
observa que el aspecto fundamental radica en determinar la
forma como concluyeron las relaciones laborales; pues, de esa
situación   se     establecerán    los   eventuales   derechos     e
indemnizaciones que reclama el accionante. El recurrente,
para   sustentar    su   recurso    sostiene,   por   un   lado,   la
intangibilidad del acta transaccional, para lo cual recuerda la
norma del artículo 592 del Código Laboral. Estima, por otro
lado, que la Sala de Alzada, no ha aplicado la norma del
artículo 117 del Código de Procedimiento Civil, sobre la
prueba, y la indivisibilidad de la misma, y no ha aplicado la
norma del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil. Que
ha omitido resolver varios puntos que fueron materia de la
litis, por lo que invoca el precepto del artículo 278 del Código
citado. Asegura que hay indebida aplicación del artículo 188
del Código del Trabajo, que trata sobre el procedimiento para
el cálculo del tiempo de servicios, para establecer el derecho a
la jubilación. TERCERO: Existe un criterio uniforme de las
diversas Salas de lo Laboral y Social en el sentido de que son
impugnables las actas, aún las celebradas cumpliendo los
requisitos que manda el Art. 592 del Código del Trabajo,
cuando se advierte de su contenido que existen omisiones,
renuncia de derechos, errores de cálculo, etc. En la presente
                                                                  64




litis, el accionante estima que en el acta de finiquito "no hay
constancia que se me han calculado las pensiones de
jubilación a que tengo derecho...". Por lo mismo, toca a este
Tribunal examinar el punto reclamado. CUARTO: El actor,
señor José Ruperto Alonzo Castro, en su demanda reclama la
jubilación patronal, por haber cumplido 23 años, 3 meses y 9
días de servicios y haber sido despedido. Sobre el tiempo de
labores, no existe controversia. En cuanto al hecho del
despido, que es el que otorga el derecho a la jubilación
patronal, según la regla del penúltimo inciso del artículo 188
del Código del Trabajo, es preciso considerar lo siguiente: a)
La Sala de Alzada, en el considerando Tercero de su fallo,
hace un análisis extenso de las razones por las cuales estima
que se ha producido el despido intempestivo. En forma
particular analiza la entrega voluntaria de S/.110'000.000,oo
(ciento diez millones de sucres), como bonificación especial.
En realidad es inusual y provoca interrogantes el hecho de que
al liquidar los derechos del trabajador se le reconozca apenas
la suma de S/. 6'638.619,oo, en tanto, que en forma
"generosa", se le entregue una suma que, según sostiene la
Sala   de   Instancia,    corresponde   a   S/.   2'750.000,oo
multiplicados por 40, para cumplir así con la indemnización
por estabilidad que establece el Segundo Contrato Colectivo.
Por ello, el inferior estima que se ha producido el despido.
Existe también, a fojas 54 del expediente, la declaración del
señor Víctor Hugo Isaza Alvarez, que contundentemente
afirma que el demandante fue despedido, así como las
                                                                  65




respuestas dadas por el accionante al pliego de absoluciones
formulado por el Banco demandado. Esta claro que el
procedimiento utilizado por el accionado, es una simulación
evidente; pues, resulta inexplicable la entrega de una suma
tan significativa a favor de un trabajador que recibe como
liquidación una cantidad tan exigua. Aparece, sin duda, que se
ha querido disfrazar el hecho del despido. La Sala de Alzada
con aplicación de los preceptos de los artículos 117 y 119 del
Código de Procedimiento Civil, ha dictado su fallo. Ha
procedido además, cumpliendo lo que manda el artículo 180
del mismo Código. QUINTO: La Cuarta Sala de la Corte
Superior de Justicia de Guayaquil, por otro lado, ha resuelto,
con apego a la Ley, todos los puntos que fueron materia de la
litis. Ha otorgado al accionante la jubilación patronal, porque
se encuentran cumplidos todos los requisitos que exigen las
normas de los artículos 219 y 188 penúltimo inciso del Código
del Trabajo. No existe, por lo mismo fundamento para
sostener que la Sala de Alzada, ha infringido las normas
legales que invoca el demandado en su recurso. Por las
consideraciones   anotadas,   esta   Sala,   ADMINISTRANDO
JUSTICIA     EN   NOMBRE      DE     LA   REPÚBLICA   Y   POR
AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación. Sin
costas. Notifíquese.
F). Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Teodoro Coello Vázquez.
                                                                66




V


Juicio Nº 44-2001


Juicio verbal sumario que por indemnizaciones de trabajo
siguió Horst Nicolás Moeller Freile contra la Compañía Tecno-
Papel Industrial S.A.


                           SÍNTESIS:
El actor de la presente causa, ex gerente general de
Tecnopapel        S.A.,   demanda      el   pago    de    las
indemnizaciones que puntualiza en su demanda, donde
se   lee,   que     fue   despedido    en   una   forma   mal
intencionada injustificada e ilegal. Tramitada la causa,
se desechó        su demanda en primera instancia por
cuanto había       prescrito su derecho para accionar. En
alzada se desecha la demanda por falta de competencia
en razón de la materia, por cuanto el actor no era
trabajador sino un mandatario de la empresa y por ello
no sujeto al régimen tuitivo del Código del Trabajo. En
casación, la Segunda Sala de lo Laboral y Social
detenidamente analiza el escrito contentivo del recurso
interpuesto. Del mismo, se aprecia que el actor jamás
tuvo la calidad de trabajador subordinado sino que el
subordinaba a los demás. La Sala además hace las
siguientes citas: Resolución Nº 191-96 del R.O. 114 de
23: 07:97 "Quinto. (…) desde hace más de veinte años
                                                                  67




las Salas de la Corte Suprema de Justicia han resuelto
en    diferentes    juicios,     que   los     gerentes       y
administradores    con   poder    general    para   dirigir   y
administrar una empresa no están amparados por el
Código Laboral…"; A continuación una de la Gaceta
Judicial Nº 2 Serie XIII pág. 274-277 de mayo de 1978,
"Sin embargo como tantas veces, con todo fundamento
la Corte Suprema de Justicia ha declarado, la sola
afiliación al Seguro no patentiza la prestación de
servicios que puedan dar derecho a indemnizaciones de
índole laboral".    De lo dicho, la Sala desestima el
recurso interpuesto y rechaza la demanda.


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO QUINTO DEL TRABAJO DE PICHINCHA.- Quito, julio
5 del año 2000: las 09h40.
VISTOS: HORST NICOLÁS MOELLER FREILE, comparece a
fojas 1 a 3 y en lo principal, dice: Que el día primero de
diciembre de 1982, Tecnopapel Industrial S.A., contrató sus
servicios lícitos y personales para ejercer las funciones de
Gerente General empleado de la misma, desde la fecha que
asumió sus funciones hasta la fecha de su despido, sus
actividades han sido desempeñadas en forma eficiente e
idónea, cumpliendo en legal y debida forma los objetivos
propuestos por los accionistas de la compañía; sin embargo,
transcurridos quince años desde su fecha de ingreso a la
                                                                   68




compañía y, en circunstancias que su remuneración mensual
total, incluidos todos los beneficios de Ley, ascendía a la suma
de QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS, el día 31 de
diciembre de 1996, en forma malintencionada, injustificada, e
ilegal, se le ha notificado que debía entregar su puesto de
trabajo y abandonar sus funciones ya que la compañía desde
ese mismo día, había decidido contratar como Gerente
General a un ciudadano colombiano: indica además, que tanto
ha sido la presión y ofuscamiento que los accionistas de la
compañía han puesto en el accionante, que ha sido obligado a
firmar la renuncia a su cargo, sin que le reconocieran ninguna
compensación ni beneficios de ley por los quince años y más
de buen servicio; ya que prácticamente ha sido el actor quien
a través de su gestión, honradez y diligencia ha hecho crecer
la compañía convirtiéndola en una de las empresas más
grandes dentro de la industria de papel en el país, que se ha
convertido y sigue siendo una de las mayores fuentes de
trabajo dentro del Ecuador, con mucho sacrificio y entrega,
incluso trabajando horas extraordinarias, complementarias,
sin hacer uso de sus vacaciones, desplazándose fuera de la
ciudad con sus propios recursos: que como se podrá dar
cuenta, ha sido víctima del peor y mas atroz engaño y abuso
de parte de quien lejos de merecerles este acto ilegal e
improcedente le debían solo gratitud y confianza: que ha
realizado los correspondientes reclamos ante la Inspección del
Trabajo, y en vista de no recibir ninguna atención de tal
organismo,    presenta   la   demanda     para   reclamar    las
                                                                     69




indemnizaciones legales y justas a las que tiene derecho y que
las mismas le han causado un grave perjuicio económico; que
con los antecedentes expuestos, en juicio verbal sumario,
demanda a la Compañía TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.,
representada por el Ing. Juan Felipe Hoyos, en su calidad de
Gerente y por sus propios derechos.- Fija la cuantía en UN
MILLÓN DE DÓLARES.- Citado legalmente el demandado
conforme consta de las actas de citaciones que obran a fojas 5
de los autos, comparece Juan Felipe Hoyos, en su calidad de
Gerente General y representante legal de la compañía
TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A. (hoy denominada PRODUCTOS
FAMILIA DEL ECUADOR), mediante el escrito de fojas 6,
señalando casillero judicial el Nº 915.- Convocadas las partes
a la diligencia de audiencia de conciliación y contestación a la
demanda, comparece por una parte el Dr. Fabián Corral,
ofreciendo poder o ratificación a nombre del Ing. Juan Felipe
Hoyos, legitimación de personería que se encuentra declarada
en providencia de 17 de septiembre de 1999, fojas 215 vuelta
y propone las siguientes excepciones: a) Negativa pura y
simple de los fundamentos de hecho y de derecho; b) Falta de
derecho del actor para demandar; c) Inexistencia de la
relación laboral entre la empresa demandada y el actor, ya
que siempre fue un mandato; d) Alega incompetencia para
conocer   y   resolver   un   tema   de   carácter   mercantil   y
eventualmente civil; e) Alega en subsidio la prescripción del
derecho y de la acción; por otra parte, comparece el Dr.
Ricardo Calderón, ofreciendo poder o ratificación del actor
                                                                     70




Horst Nicolás Moeller Freile, legitimación de personería que se
encuentra declarada en providencia de 17 de septiembre de
1999, fojas 215 vuelta y en lo principal se ratifica en los
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Trabada
así la litis y encontrándose la causa en estado de resolver,
para hacerlo se considera: PRIMERO:- A la presente causa se
le ha dado el trámite de juicio verbal sumario, conforme lo
dispone el Art. 58 del Código de Trabajo y en la sustanciación
del proceso se han observado las formalidades de ley, no
habiendo nulidad que declarar, SEGUNDO.- En tratándose de
juicio de trabajo, primeramente al Juzgador le corresponde el
determinar si las relaciones mantenidas entre los ahora
litigantes, se encuentran amparadas bajo el Código del
Trabajo, o como lo manifiesta la parte demandada, al campo
Mercantil o Civil y al respecto se hace el siguiente análisis: 1.-
La parte accionada al contestar la demanda, acepta que el
actor prestó sus servicios para la empresa TECNOPAPEL S.A.
pero en calidad de gerente general, así como también
manifiesta: Para que quede claro y no existan dudas, me
permito precisar que la compañía Tecnopapel S.A., hoy se
denomina Productos Familia del Ecuador S.A.…" 2.- De la
extensa documentación aportada al proceso como prueba, se
puede apreciar una vez más que el actor prestó sus servicios
para la empresa TECNOPAPEL S.A., por varios años, conforme
también lo asevera la parte demanda; 3.- A fojas 11 del
proceso consta el carné de afiliación al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social del Actor, del cual se aprecia que el actor
                                                                     71




prestó los servicios para TECNOPAPEL S.A.; 3.- Por cuanto la
parte demandada, manifiesta que el actor no fue trabajador,
sino mandatario, revisado el proceso, no consta documento
alguno del cual se pueda determinar en forma fehaciente que
el actor sea mandatario, ya que según nuestro Código Civil
define al mandato como: "Mandato es un contrato en que una
persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que
se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera…";
para Guillermo Cabanellas "El mandato es un contrato
consensual por el cual una de las partes, llamada mandante,
confía su representación, del desempeño de un servicio o la
gestión de un negocio, a otra persona; el mandatario, que
acepta el encargo."; 4.- Nuestro Código Laboral, en su Art.
314 dice: "Mandatario o empleado.- Cuando una persona
tenga poder general para representar y obligar a la empresa,
será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el
mandante se reglarán por el derecho común", siendo que para
este caso, el requisito sine qua non, es la existencia de poder
general para representar a la empresa, circunstancia esta que
no consta dentro de las tablas procesales; 5.- En el presente
caso, es necesario anotar también varias definiciones de
contratos, para ilustrar el criterio y así tenemos: En el Art. 8
del Código del Trabajo, dice: "Contrato individual de trabajo
es   el   convenio   en   virtud de     la cual   una persona se
compromete para con otra u otras, a prestar sus servicios
lícitos   y   personales,   bajo   su     dependencia,   por   una
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato
                                                                          72




colectivo y la costumbre; el Art. 11 del actual Código del
Trabajo, nos trae la clasificación del contrato de trabajo y dice
que puede ser: expreso o tácito; el Art. 12 ibídem, nos da las
definiciones de cada uno de ellos, y manifiesta que: "A falta
de estipulación expresa, se considera tácita toda relación de
trabajo entre empleador y trabajador"; El concepto, no da
lugar a dudas, es claro, preciso, correcto, comprensivo, y trae
consigo la presunción, determinada por la ley, presunción de
derecho, que examinado el hecho principal que se estudia,
"toda relación de trabajo entre empleador y trabajador", se
presume la existencia de un "contrato de trabajo"; la
presencia de esa relación jurídica laboral, tiene tanta fuerza
que   contra     ella,   no    se   puede   atentar,   porque      está
expresamente dispuesta en el Código del Trabajo, no debe
admitirse prueba, porque es una presunción "juris ete de
jure", de derecho y por derecho; y, pudiese hacer prueba en
contrario, cuando sea otra figura jurídica que se haya
establecido, circunstancia esta que tampoco se ha justificado
por la parte demandada, como así lo afirma.- Ni siquiera,
exige el elemento de la subordinación de la dependencia, sino
de una manera simple, asevera que toda relación de trabajo
entre empleador y trabajador, se presume y se asimila a un
"contrato   de    trabajo".-    Consecuentemente,      a   falta    de
"contrato de trabajo" expreso, escrito, cuando existe ese nexo
de trabajo subordinado entre un empleador y un trabajador,
existe ya, indiscutiblemente esa relación jurídica laboral, el
trabajador tiene derecho a todos y cada uno de los beneficios
                                                                               73




del Código de Trabajo.- De todo lo anotado, es incuestionable
que la relación existente entre los ahora litigantes, es
eminentemente laboral y la suscrita Juez es la competente,
para conocer, tramitar y resolver la presente controversia.
Para mayor abundancia revisaremos varios conceptos de
tratadista que sobre el tema ha opinado: En el texto "LAS
OBLIGACIONES EN EL DERECHO DEL TRABAJO", Miguel
Bermúdez, Catedrático de Derecho de Trabajo en la Escuela
de Comercio y Administración de la Universidad Juárez,
México,      nos   proporciona      varias    definiciones     de   algunos
autores entre ellas: Para LUIGUI DE LITALA: El contrato de
trabajo, es en general el acuerdo entre aquel que presta el
trabajo, y aquel que lo recibe, dirigido a constituir un vínculo
jurídico, que consiste para el primero, en la obligación de
trabajar, y para el segundo en la obligación de pagar la
merced".; Para Ramírez Grondra: "Contrato de Trabajo.- Es
una convención por la cual una persona (trabajador, empleado
u obrero) pone su actividad profesional a disposición de otra
persona, (empleador: patrón, patrono, dador de trabajo,
dador de empleo, locatario o principal, sea persona jurídica
individual o colectiva), en forma continuada a cambio de una
remuneración":        Paúl     Durand,       expresa:       "Contrato    de
Trabajo.- Es una convención por la cual una persona
calificada    como     trabajador,      asalariado      o    empleado,    se
compromete a cumplir actos materiales, generalmente de
naturaleza     profesional,      en    provecho      de      otra   persona
denominada         empleador    o     patrono,   colocándose        en   una
                                                                               74




situación de subordinación, mediante una remuneración de
dinero llamada salario"; Miguel Bermúdez: "Contrato de
Trabajo.- Es aquel por el cual una persona, mediante el pago
de la retribución correspondiente, subordina sus fuerzas de
trabajo al servicio de los fines de la empresa"; el doctor Rafael
Caldera, en su obra "DERECHO DEL TRABAJO", nos da la
siguiente definición: "Doctrinariamente puede definirse como
contrato de trabajo, aquel contrato mediante el cual un
trabajador se obliga a prestar sus servicios a un patrono, bajo
su dependencia y mediante una remuneración "; El tratadista
español Ernesto Krotoschin, en el "MANUAL DE DERECHO DEL
TRABAJO" nos dice: El contrato de trabajo, es por regla
general,    la     base    de      una   relación laboral      prolongada,
duradera, consistente en prestaciones y contraprestaciones
sucesivas, que es la relación de trabajo, esta relación está
sujeta al menor en parte a reglas especiales, porque no se
limita al     intercambio de         prestaciones      de    trabajo   y de
remuneración sino que hace entrar al trabajador en la
empresa organizada y dirigida por el empleador"; por su parte
Guillermo        Cabanellas,       uno    de     los    defensores      del
Contractualismo define al Contrato de Trabajo: "Es el que
tiene   por      objeto   la    prestación     retribuida     de   servicios
subordinados        de    índole     económica,        sea     industriales,
mercantiles, o agrícolas. Más técnicamente cabe definirlo así:
aquel que tiene por objeto la prestación de servicios privados
y con carácter económico, y por el cual una de las partes -el
patrono,      empresario       o   empleador-     da    remuneración      o
                                                                  75




recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su
dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra,
denominada el trabajador"; MENENDEZ, Pidal, es citada por
ALCALA, Zamora y Castillo, en su TRATADO DE POLÍTICA
LABORAL Y SOCIAL, quien al referirse al contrato de trabajo
da la siguiente definición: "Acuerdo de prestar un trabajo, por
cuenta ajena, bajo su dependencia o remuneración"; Manuel
Alonso García, en su "CURSO DEL DERECHO DEL TRABAJO",
sostiene: "Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera
que sea su denominación aquel por virtud del cual una o
varias personas participan en la producción mediante el
ejercicio   voluntariamente   prestado   de   sus   facultades
intelectuales o manuales, obligándose a ejecutar una obra o a
prestar un servicio a uno o varios patronos o empresarios o a
una persona jurídica de tal carácter bajo la dependencia de
éstos, mediante una remuneración, sea la que fuere la clase o
forma de ella. "River Domingo Campos, en su "TRATADO DE
DERECHO LABORAL COLOMBIANO", cita a dos autores: A Juan
D. Pozzo, quien sustenta: "Contrato de Trabajo.- Es aquel
que regula las relaciones entre quien se obliga a prestar su
actividad laboral bajo la dependencia o subordinación de la
otra parte mediante el pago de remuneración y cumpliendo,
por lo menos, las condiciones de trabajo impuestas por las
leyes o las convenciones colectivas de trabajo"; Francisco de
Ferrari, nos da el siguiente concepto "Contrato Individual
de Trabajo", es aquel por el cual una persona se obliga a
trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra o a estar
                                                                        76




simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación
una retribución en dinero".- 4.- En el Contrato Colectivo, que
obra de fojas 119 a 142, si bien es cierto en su Cláusula 3
habla de la exclusión del personal de ese contrato y
textualmente     dice:     PERSONAL     EXCLUIDO         DE    ESTE
INSTRUMENTO: Par los efecto de éste instrumento, se
exceptúan las personas comprendidas en el Art. 35 del Código
del Trabajo vigente y quienes ocupen los cargos de gerentes,
subgerentes,   jefes     departamentales,   jefes   de   secciones,
supervisores, asistentes de gerencia y las personas con los
cargos de Secretarios (as) de gerencia general. Se excluye del
amparo de este instrumento los contratos a prueba, a tiempo
fijo, por obra cierta, por tarea, a destajo, aprendizaje,
eventuales, ocasionales y de temporada. Los supervisores que
a la fecha de iniciación de la negociación del Séptimo Contrato
Colectivo se encontraren afiliados a CETTI, no serán excluidos
de este instrumento." Analizado lo anotado, si bien este
instrumento excluye de la contratación colectiva a varios
servidores, no es menos cierto que también reconoce que no
se integran a este instrumento varios tipos de trabajadores,
ya que no se excluye a las personas anotadas anteriormente
del ámbito laboral, sino únicamente de la contratación
colectiva;   consecuentemente     y   con   lo   analizado    resulta
incuestionable de que las relaciones existentes entre los ahora
litigantes, fueron laborales, y por tanto se encontraban
enmarcadas dentro del ámbito laboral. TERCERO.- Alegada la
excepción de prescripción por la parte demanda en la
                                                                  77




audiencia de conciliación y contestación a la demanda, se
debe determinar si desde la fecha en que terminaron las
relaciones laborales entre los ahora litigantes hasta la fecha
en que causó efecto la citación a la parte demandada, ha
transcurrido el tiempo de tres años o más, establecido en el
Art. 632 del Código del Trabajo; al respecto, se hace el
siguiente análisis: a) El actor en su demanda no determina en
forma concreta la fecha de la terminación de las relaciones
laborales; pues, en la parte pertinente de la misma, se limita
a decir: "…el día 31 de diciembre de 1996 en forma
malintencionada, injustificada, e ilegal, se me notificó que
debía entregar mi puesto de trabajo y abandonar mis
funciones ya que la compañía, desde ese mismo día, había
decidido contratar como Gerente General a un ciudadano
colombiano. …"; b) La parte accionada en la diligencia de
audiencia de conciliación y contestación a la demanda, en la
parte pertinente, dice: "…desde diciembre de 1995, dejó de
ser gerente general de la empresa, y desde esa fecha no
prestó servicios de ninguna naturaleza, ni tuvo nexos de
carácter laboral, como jamás los tuvo antes.…”; c) Conforme
el carné de afiliación al IESS, perteneciente al actor que obra
de fojas 11 de autos, consta que éste prestó servicios para la
parte demandada, en ese entonces TECNOPAPEL, desde el 1
de diciembre de 1982 hasta el 31 de diciembre de 1995;
hecho que es corroborado con el mecanizado remitido a esta
Judicatura por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
que obra de fojas 371 y 372 de autos; d) A fojas 220 de
                                                                      78




autos, consta el juramento deferido por el actor, mismo que
se refiere a tiempo de servicios y remuneraciones percibidas
y, refiriéndose al primer punto, dice: "Inicié el mes de
diciembre de 1982, hasta el año de 1996 en TECNOPAPEL
INDUSTRIAL. Debo indicar que fui despedido en diciembre de
1995 aunque seguí colaborando hasta que ingresó el nuevo
Gerente en Abril de 1996; e) A fojas 21 del proceso consta el
documento de 28 de julio de 1997, suscrito por Horst Moeller
Freile, hoy actor del presente juicio, dirigido al Directorio de
Tecnopael Industrial S.A., que en la parte pertinente, dice: "…
Desde diciembre del año 95 que dejé de trabajar para
esta empresa por lo que me resulta vergonzoso y humillante
que se me insista en este aspecto ya que jamás se me
reconoció ninguna compensación después por mis 15 años de
buen servicio …", documento que ha sido reconocido firma y
rúbrica por parte del actor, cuando en la confesión rendida, al
contestar la pregunta 9a. dice: "Si son mis firmas y rúbricas
las allí constantes"; f) A fojas 323 de autos, consta la
confesión rendida por el accionante, quien contestando a la
pregunta   1ª   del   interrogatorio   formulado   por   la   parte
demandada: "Diga el confesante como es verdad que ejerció
la Gerencia General de la compañía TECNOPAPEL INDUSTRIAL
S.A. Al confesante se le pedirá que diga desde que fecha y
hasta qué fecha.", responde: "Trabajé hasta principios del
noventa y seis, durante quince años o dieciséis años, pero
tengo mi libreta del Seguro para comprobar fechas; así mismo
al contestar la pregunta 8a.: "Diga el confesante cómo es
                                                                         79




verdad    que     se   separó    de    la    compañía      TECNOPAPEL
INDUSTRIAL S.A. el 31 de diciembre de 1995", dice: "No,
mantuve vinculación con la empresa hasta que fue nombrado
el nuevo Gerente en el transcurso del año noventa y seis"; g)
De las actas de citaciones constantes a fojas 5 de autos, se
establece que la citación se cumplió en forma legal el día 12
de mayo de 1999.- De lo anterior y ante la forma evasiva por
parte del accionante de dar contestación al interrogatorio
formulado por la parte demandada y en general de las piezas
procesales antes referidas, se viene en conocimiento del
Juzgador que desde la fecha de terminación de la relación
laboral, 31 de diciembre de 1995, hasta la fecha del
cumplimiento de la citación, el 12 de mayo de 1999, ha
transcurrido el tiempo de 3 años, 5 meses, 11 días, por lo que
ha operado la prescripción alegada de acuerdo a lo señalado
en el Art. 632 del Código del Trabajo y tomando en
consideración lo dispuesto en el numeral 2, del Art. 101 del
Código de Procedimiento Civil, que establece que uno de los
efectos   de    la   citación   con   la    demanda   es    justamente
interrumpir la prescripción. Por otra parte aún desde el 30 de
abril de 1996, fecha en que dice el actor ha seguido
colaborando con la empresa, hasta la citación con la demanda,
han transcurrido 3 años, 1 mes, 12 días:                   por lo que
igualmente ha operado la prescripción de la acción planteada
por la parte accionada. Por lo expuesto y sin tener que entrar
en otros análisis, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, por
                                                                      80




haber operado la prescripción alegada, se rechaza la demanda
propuesta por HORTS NICOLAS MOELLER FREILE.- Sin costas
ni honorarios que regular.- Notifíquese.
f) Dra. María Cristina Narváez.


SEGUNDA INSTANCIA.


TERCERA SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
QUITO.- Noviembre 30 del 2000.- Las 10h30.
VISTOS:    En el juicio de trabajo que sigue el señor Horst
Nicolás Moeller Freile en contra de la Compañía TECNOPAPEL
INDUSTRIAL    S.A.    (denominada     actualmente     PRODUCTOS
FAMILIA DEL ECUADOR, el 5 de julio del presente año 2000
las señorita Jueza Quinta del Trabajo de Pichincha dicta
sentencia (fojas 798 a 802), que acogiendo la excepción de
prescripción, rechaza la demanda. Interpone recurso de
apelación el actor y se adhiere el demandado, que por
presentados   en     término   se   les   concede.-   Radicada   la
competencia en esta Sala en virtud del sorteo correspondiente
y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo
se considera: PRIMERO.- En la audiencia de conciliación y
contestación a la demanda, cuya acta consta de fojas 8 a 10,
el demandado opone las siguientes excepciones: 1) Negativa
pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda.- 2) Falta de derecho del actor para proponerla.- 3)
Ilegalidad de la demanda y de todas sus pretensiones
contenidas en ella.- 4) Inexistencia de relación laboral alguna
                                                                         81




entre la empresa demandada y el actor, porque siempre fue
un mandato reglado por el derecho común, y el actor siempre
ostentó la calidad de Gerente General de la empresa frente a
terceros; siendo, además, socio e importante accionista de la
Compañía, es decir condueño de ella; y también apoderado
general de la misma, todo lo cual hace que se enmarque en el
supuesto previsto en el Art. 314 primer inciso del Código del
Trabajo.- Y agrega que el actor ha intervenido en calidad de
representante legal de la empresa, y actuando a nombre de
ella ha suscrito toda clase de contratos, vinculando la
compañía frente a terceros; y que en numerosas ocasiones
suscribió   también    contratos   de    trabajo   en    calidad    de
empleador.- 5) Incompetencia del Juez del Trabajo para
conocer     y   resolver   un   tema    de   carácter   mercantil    y
eventualmente civil.- 6) En subsidio alega la prescripción del
derecho y de la acción, porque el actor dejó de ser gerente
general de la empresa desde diciembre de 1995, y que desde
entonces no prestó servicios de ninguna naturaleza, "ni tuvo
nexos de carácter laboral, como jamás los tuvo antes". Y
termina solicitando que se deseche la demanda con la
correspondiente condena en costas.- SEGUNDO.-                Asunto
principal en la presente causa es determinar la existencia o no
de la relación laboral, toda vez que el demandado alega la
incompetencia del Juez del Trabajo para conocer y resolver la
causa, precisamente por inexistencia de la relación laboral.-
TERCERO.-       Según el propio texto de la demanda, el actor
manifiesta que ha desempeñado sus funciones como gerente
                                                                        82




general de la empresa demandada; y es en esta calidad que
ha intervenido a nombre de la Compañía en la suscripción de
varios contratos, que la obligaban frente a terceros; para lo
cual, y a manera de muestreo tenemos lo siguiente: De fojas
775 a 788 consta copia certificada de una escritura pública de
compra-venta, otorgada el 8 de octubre de 1990 en la Notaría
Segunda del Cantón Quito, entre Tecnopapel Industrial en
favor de la señora Cecilia Pérez Andrade.- En esta escritura
comparece el Ing. Horst Moeller Freile en calidad de Gerente y
Representante Legal de Tecnopapel Industrial S.A.- De fojas
143 a 191 hay varios contratos de trabajo, de arrendamiento,
en los que interviene el actor como Gerente y representante
legal de Tecnopapel Industrial S.A. De fojas 192 a 197 hay
varias letras de cambio giradas por el actor en nombre de
Tecnopapel Industrial S.A. por valores en sucres y en dólares
americanos. Pero, hay más todavía: De fojas 119 a 142 consta
el Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la
empresa TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A. y el Comité de
Empresa de los Trabajadores de la misma.- Por la parte
empleadora lo suscribe el actor en su calidad de Gerente
General de la empresa.- CUARTO.-                Repugna el más
elemental principio de sindérisis jurídica que en una misma
persona concurran las calidades de empleador y trabajador,
como ocurre en el presente caso.- QUINTO.- Aunque hay
Resolución   contradictoria,   la   Sala   se   acoge   al   criterio
contenido en una sentencia dictada en noviembre de 1975 por
la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia, y que consta
                                                                               83




en el Volúmen IV de la obra de "Compendio de Setenta años
de Jurisprudencia de la Corte Suprema", página 531 a 532, y
que   amerita      trasncribirla:     "Gerente.-     Naturaleza     de    la
actividad    desempeñada        por    el   gerente     que    ostenta    la
representación de la Compañía.- Ningún tratadadista de
Derecho     Laboral    ha    identificado     la    calidad   de   gerente
representante de una compañía con la de un trabajador.- En
nuestro País hay todavía una razón mucho más poderosa y
básica y es la de que el Código del Trabajo se dio para los
desprotegidos      laboralmente,       para    la    gran     mayoría    de
habitantes    de    un      estado    de    economía     en    desarrollo,
compuesto de jornaleros, de peones, de obreros de fábrica, de
operarios de artesanos, y no para esa élite de altos empleados
con funciones de dirección y administración o peor aún para
los gerentes y representantes de compañías, que tienen una
Ley especial a la que remitirse, como es la legislación
mercantil y de compañía y los estatutos de las pertinentes
sociedades, donde se regulan sus derechos en forma amplia y
a veces desproporcionada, en todo caso poniendo al gerente a
cubierto     de    todo     riesgo    económico,      comenzando         con
remunerarlo con muy altas retribuciones, a las que se añaden
otros beneficios económicos considerables, como porcentajes
y participaciones.- Además, es una realidad incontrovertible
que la gran masa de trabajadores de la empresa tiene
conciencia plena de sus derechos y de la lucha por sus
aspiraciones, y que en este plano se enfrenta al cuadro de
directivos, gerentes o principales, con tesis, pretensiones y
                                                                              84




principios radicalmente opuestos, al extremo de que tales
directivos son excluidos de las protecciones de los contratos
colectivos.- No hay duda, pues de que los altos empleadores
están ligados a los intereses de la empresa, de los accionistas,
del directorio y del propio gerente, que representa a la
compañía, con mayor razón si en nuestra legislación y en
virtud de la solidaridad patronal extensiva se los remite a los
Arts. 35 y 40 del Código Laboral. Se trata, por lo mismo, de
posiciones (la de gerente y trabajador), de formas de actuar,
de condiciones de labor y de peculiaridades de contratación,
inconciliables, antitécnicas, excluyentes, y consiguientemente,
en   justicia,   diversas:        Los   Gerentes   de    compañías      son
representantes         de   los     intereses   del     capital,   de   los
empresarios, de los accionistas, y se los nombra en atención a
que van a servir realmente a esos intereses, que no son
precisamente los de los trabajadores; la empresa busca la
máxima utilidad para sus titulares, bajo el menor costo posible
en la elaboración de productos y pago de mano obra; mientras
que la clase trabajadora busca mayores ingresos, mayores
beneficios para sí, haciendo valer la Ley del menor esfuerzo,
todo ello con el mínimo sacrifico posible, que quienes ejercitan
las altas actividades de gerente se hallen protegidos por el
Seguro Social, no implica necesariamente que tengan la
calidad de trabajadores en el sentido del Art. 8 del Código de
la materia; con tanta mayor razón que desde hace muchos
años dejó de ser el Seguro Social un régimen protectivo
limitado    a    los    trabajadores       y    otros    exclusivamente,
                                                                   85




proponiendo a la seguridad social con un designio universal,
hipotético y remoto, por cierto; se trata de un término
genérico que abarca y pretende comprender a toda la
población activa del país, sea o no trabajadora en sentido
laboral.- Además, la esfera laboral del Código del Trabajo es
distinta de la del Seguro Social.- Por otra parte, la regla del
Art. 284 (actual Art. 305) del Código del Trabajo no permite
por sí sola una determinación rigurosa, pues hablar de "poder
general" y pretender encontrar en dicha expresión que un
poder puede ser común y genérico para todo acto y contrato,
significaría contrariar la naturaleza del mandato, que de por sí
tiene que referirse a algo concreto y específico, toda vez que
es sabio que para determinadas actuaciones se requiere de
insustituibles cláusulas permisivas o facultativas. De allí que
esta Sala ha buscado siempre un criterio de respaldo para
desconocer la calidad laboral de altos empleados particulares,
en función de mandatos, cuando es evidente su actuación por
y para la empresa o patrono, frente a terceros.- Igualmente,
no cabría hablar de un sindicato de gerentes, de un convenio
colectivo para gerentes, de una huelga de los mismos y ni
siquiera de estabilidad y antigüedad, pues están sujetos por
Ley y estatutos a las decisiones del directorio. Pretender un
desdoblamiento de la personalidad del gerente, esto es,
actuar como tal mientras duran sus funciones y acudir a la
jurisdicción del trabajo para exigir ingentes indemnizaciones a
título de trabajador, pugnan con todo principio de equidad,
hiere y vulnera la fundamentación del derecho obrero,
                                                                    86




destinado a la protección de la clase de ese nombre y
compromete la administración de justicia que, por lo menos
en   su   jerarquía   máxima,   ha   de   considerar   el    caso
encasillándolo en su justo límite, para no ceder ante una
exigencia desmesurada e injusta, propuesta al equívoco
amparo de una relación laboral, la que supone como condición
sine qua non que se trata de un trabajador, condición que
muy distinta está de tenerla el gerente empresarial". Y a
continuación hay una Nota que dice que igual criterio contiene
el fallo expedido por la Primera Sala el 3 de abril de 1984.-
Por estas consideraciones, sin que sean necesarios otros
razonamientos respecto de lo principal del litigio, ni de la
excepción subisidiaria de prescripción del derecho y de la
acción, la Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
acogiendo la excepción de incompetencia del Juez del Trabajo
rechaza la demanda.- Se deja a salvo el derecho del actor
para proponer ante los jueces competentes las acciones de
que se creyere asistido.- Sin costas.- De este modo queda
reformada la sentencia de primera instancia.- Notifíquese.
f) Drs. Jaime Miño Villacís.- José García Falconí.- María
de los A. Montalvo.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, enero 30 del 2003; las 11h25.
                                                                             87




VISTOS: El señor Horst Nicolás Moeller Freile, inconforme con
la sentencia pronunciada por la Tercera Sala de la Corte
Superior de Justicia de Quito, la misma que acogiendo la
excepción de incompetencia del juez del trabajo, rechazó la
demanda, por considerar que el accionante no se hallaba
sujeto al Código del Trabajo, en el juicio que siguió contra la
Empresa Tecnopapel Industrial S.A. (hoy Productos Familia del
Ecuador   S.A.     FAMIPRODUCT)            en    la   persona     de    su
representante legal, en tiempo oportuno dedujo recurso de
casación, por lo que la causa ha subido a la Corte Suprema de
Justicia. Realizado el trámite de rigor para decidir considera:
PRIMERO: Por las disposiciones constitucionales, las legales
vigentes y el sorteo que consta de autos, la Segunda Sala de
lo Laboral y Social es la competente para resolver la causa.
SEGUNDO: El recurrente sostiene que en la sentencia que
impugna    se     han       infringido     las   siguientes       normas:
"Constitución    Política    de   la     República    artículos    3;   23
numerales 3, 8, 15, 26 y 27; y 35. Código del Trabajo
artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 34, 35, 39, 42 numeral
31; 93, 94, 181, 189, 196, 201, 311, 314, 577, 593. Código
de Procedimiento Civil artículos 277, 278, 279, 280, y 292",
además cita los artículos 273 y 284 de dicho Código, así como
algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia que estima
debían haberse tomado en cuenta, por fin señala que no se
han apreciado debidamente las pruebas aportadas en el
proceso. Fundando el mismo en las causales primera, tercera
y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, que aunque no
                                                                                     88




las invoca, por las transcripciones que hace al interponer su
recurso se colige que se refiere a aquellas. TERCERO: La
denuncia esencial del recurso se precisa en afirmar que la
Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, no
tomó en consideración la existencia de la relación laboral
entre el actor y la Empresa demandada, y en este aspecto se
desarrolla        el     planteamiento                de        la   impugnación.
Consecuentemente, este Tribunal entra a considerar las
impugnaciones formulando el análisis que se concretará en los
siguientes     considerandos.               CUARTO:             Respecto   de   la
transcripción que hace de la causal primera del Art. 3 de la
Ley   de     Casación,         al    fundamentar           la    impugnación,   el
casacionista señala que: "...no se ha aplicado, o se ha
aplicado     de        forma        indebida      y    dando         una   errónea
interpretación al Art. Primero del Código del Trabajo que
determina el ámbito de aplicación del mencionado cuerpo de
Leyes. Esta aplicación indebida o falta de aplicación y/o al
menos errónea interpretación de la norma laboral enunciada
ha hecho que la Sala de manera ilegítima no encuentre en el
Código Laboral las normas adjetivas que regularon mi relación
laboral con mi ex empleadora...". Luego sostiene que "El Fallo
materia del presente Recurso de Casación adolece de una
aplicación     indebida,            falta    de       aplicación      y    errónea
interpretación del artículo tercero del Código del Trabajo
referente a la libertad de contratación...". Continua: "La
Sentencia sobre la cual se interpone este Recurso no aplica,
hace una errónea interpretación del principio Constitucional
                                                                               89




recogido en los Artículos cuarto y quinto del Código del
Trabajo relativos a la irrenunciabilidad de mis derechos
laborales y a mi derecho a obtener protección judicial para
hacerlos respetar...". Agregando que dicha resolución "...de
manera primordial viola, hace una aplicación indebida o más
bien una total falta de aplicación y una errónea interpretación
del principio Universal del Derecho Laboral, recogido en la
Constitución Política del Estado y reiterado en el Código del
Trabajo en su articulo séptimo referente al INDUBIO PRO
OPERARIO...". En lo concerniente a tales afirmaciones y a la
confusión con la que se plantea debe tenerse presente que
una misma norma de derecho no puede ser al mismo tiempo
no    aplicada,   indebidamente      aplicada    o        erróneamente
interpretada como pretende el recurrente; sin embargo,
cotejando las aseveraciones aunque contradictorias con los
preceptos    legales    invocados,    y   las        correspondientes
constancias procesales, se anota que en la sentencia a la que
se ataca, en su considerando Tercero analiza que del propio
texto de la demanda el actor reconoce que ha desempeñado
sus   funciones   como    Gerente     General        de     la     Empresa
demandada, y que en esta calidad ha intervenido a nombre de
la Compañía en la suscripción de varios contratos que la
obligaban frente a terceros; dejándose constancia que además
de los documentos señalados en el fallo impugnado, se
encuentran en el proceso copias de los respectivos contratos
colectivos   Quinto,   Sexto   y   Séptimo      en    los        cuales   ha
intervenido el demandante en su calidad de Gerente y
                                                                             90




Representante Legal de la Empresa; evidenciándose que por
su representación patronal, pactó condiciones de trabajo e
inclusive señala beneficios a favor de los trabajadores de la
Empresa; por lo tanto es indudable que el recurrente no fue
un trabajador subordinado como pretende sino quien tenia
bajo su dependencia a los trabajadores de Tecnopapel
Industrial S.A.. Se encuentran también varios contratos
individuales    de    trabajo,    así    como    títulos    valores   que
comprometían a la Compañía frente a Instituciones Bancarias
(fjs. 746 - 754); el Contrato de Licencias de Uso de Programas
Informix (fjs. 755 - 774), entre otros documentos, en los
cuales    interviene        en     la      calidad    indicada;       pero
fundamentalmente cabe destacar que de la copia de la
escritura pública de Constitución de la Compañía Tecnopapel
Industrial S.A. (fjs. 22 a 33) consta en la Cláusula Segunda,
artículos Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo
Tercero, las disposiciones del Estatuto de la Compañía
concernientes a la elección del Gerente, a los deberes y
atribuciones de este y a la facultad que tiene para obligar a la
Compañía       en    lo   que    tiene    relación   con    contratos   y
obligaciones, evidenciándose que el Gerente General de
Tecnopapel S.A. tenía la calidad de mandatario general, y en
el caso concreto ostentaba esta calidad el señor Horst Moeller
Freile; consiguientemente, en la especie es aplicable la norma
contenida en el Art. 314 del Código del Trabajo que determina
que   "cuando       una    persona       tenga   poder     general    para
representar y obligar a la Empresa, será mandatario y no
                                                                    91




empleado, y sus relaciones con el mandante se reglarán por el
derecho común". Además no puede desestimarse la norma del
Art. 2047 del Código Civil que señala que "Mandato es un
contrato en que una persona confía la gestión de uno o más
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y
riesgo de la primera...". Relacionando los preceptos indicados
con el del Art. 1 del Código Laboral, se llega a la conclusión de
que en el caso analizado el fallo del Tribunal de Alzada no
infringió el Art. 314 del Código del Trabajo. Por otro lado, en
virtud de que el recurrente estima también que se han
infringido las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, y
10 del Código del Trabajo, las mismas que se refieren al
contrato individual de trabajo, al concepto de trabajador y al
concepto   de   empleador,     conviene   sentar    como    base
fundamental que el Art. 8 al dar el concepto de contrato
individual, determina como elementos fundamentales para la
existencia del mismo, a la prestación de servicios lícitos y
personales que deben desempeñarse bajo la subordinación y
dependencia y por una remuneración. Al respecto, debe
estimarse que no solamente se requiere la prestación de
servicios lícitos y personales que indudablemente los ha
desempeñado el actor, sino que deben analizarse los otros
elementos indispensables, como son los referentes a la
subordinación o dependencia y la retribución. Recurriendo a la
doctrina encontramos a Mario de la Cueva, en su libro "El
Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", que guarda similitud
con el derecho positivo laboral ecuatoriano, en la Pág. 293,
                                                                     92




explica "Por subordinación se entiende de una manera
general, la relación jurídica que se crea entre el trabajador y
el patrono, en virtud de la cual está obligado el primero, en la
prestación de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las
instrucciones dadas por el segundo para el mejor desarrollo de
las actividades de la empresa", indica también "...Con objeto
de penetrar ahora en el problema de la naturaleza de la
relación de subordinación, diremos que es una relación
jurídica que se descompone en dos elementos: una facultad
jurídica del patrono en virtud de la cual puede dictar los
lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conveniente
para la obtención de los fines de la empresa; y una obligación
igualmente    jurídica   del    trabajador   de   cumplir     esas
disposiciones en la prestación de su trabajo". Según la
doctrina y el contenido del artículo ya mencionado debemos
entender al elemento subordinación o dependencia en el
derecho positivo laboral de nuestro país como el poder de
dirección, de administración o mando, en base del que
precisamente la Empresa dicta su reglamento interno de
trabajo, establece las obligaciones y condiciones a las cuales
se deben someter sus trabajadores, y por tanto subordina
jurídicamente al trabajador. Siendo indudable que no fue un
trabajador   subordinado       como   pretende    sino   el   que
subordinaba a los demás. Este análisis releva del comentario
que deba hacerse de las normas contenidas en los Arts. 3, 4,
5, 9 y 10 del Código de la materia. QUINTO: En el punto 4.2
del escrito que contiene la interposición y fundamentación del
                                                                          93




recurso de casación y que se refiere a la valoración de la
prueba, el accionado citando varias jurisprudencias que estima
son relacionadas al caso, señala: a) Que en la sentencia de
casación publicada en el RO. 677 de 18 de abril de 1995, bajo
el expediente 94-94 "se tiene que concluir que la actividad del
Actor     se    circunscribía   a   gestiones   internas   de   trámite
operacional característico de la función de la empresa, por lo
que debe ubicársela en la consideración que hace el Art. 305
(314) del Código del Trabajo, inciso segundo; esto es, la de un
FACTOR EMPLEADO, supeditado en sus actividades al ente
patronal (...) al DIRECTORIO, Presidente, Gerente, etc, que
rigen la vida administrativa de la Compañía". Luego, el
recurrente dice "Esta Sentencia de aplicación obligatoria debió
ser recogida de manera categórica por la Sala al momento de
expedir su fallo, pues la no aplicación de este referente
jurisprudencial influyó decisivamente en mi contra". Este
Tribunal no puede dejar de anotar que el fallo citado está
refiriéndose de manera terminante al hecho de que la
actividad del actor en aquel litigio se refería a gestiones
internas de trámite operacional de la Empresa, mientras que
en   la   presente     controversia     como    antes   analizamos   el
accionante tenía poder amplio y suficiente para comprometer
tanto en el régimen interno como en el externo a la
Compañía, de manera que el fallo impugnado, no desatendió
el   espíritu     de   la   sentencia   cuya    parte   transcribe   el
casacionista; inclusive en tal sentido se ha pronunciado la
Corte Suprema de Justicia, pues así consta en la resolución
                                                                        94




publicada en el R.O. No. 114 de 23 de julio de 1997,
expediente No. 191-96 que dice: "...Quinto.- ...desde hace
más de veinte años las Salas de la Corte Suprema de Justicia
han resuelto en diferentes juicios, que los gerentes y
administradores con poder general para dirigir y administrar
una empresa no están amparados por el Código Laboral...".
b) Luego cita la sentencia constante en la Gaceta Judicial S.
XII No. 4, p. 766 de 17 de noviembre de 1973, cuya parte
pertinente dice: "el hecho que el actor haya sido investido con
un poder de factor que eventualmente lo convierte en
representante legal de la compañía demandada, no muda la
naturaleza de su relación contractual, porque, si entendieron
las partes que la sometían al derecho común, al tenor del
inciso primero del Art. 284 (314)) del Código del Trabajo,
concomitante con el Art. 13 de la Ley de Compañías para los
mandatarios, debían someter el caso a la calificación del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a efectos de
establecer si el actor debía sujetarse al régimen de seguro
social obligatorio o al régimen de seguro social voluntario o
eximirlo de afiliación. Con relación a este fallo cabe resaltar
que el mismo está refiriéndose a los casos en los cuales existe
un poder de factor que eventualmente lo convierte en
representante legal de la Compañía demandada. Además de la
lectura íntegra de dicho fallo, se encuentra que se analiza en
ese   caso   concreto,   la   situación   del   actor   que   se   ha
desempeñado en calidad de Vicepresidente y que según el Art.
24 del Estatuto de la Compañía demandada, "…subrogará al
                                                                    95




Presidente de la Compañía para el evento de que este
funcionario faltare. Nunca ejerce la representación de la
Compañía en forma permanente"; por tanto, según lo dicho en
el análisis que este Tribunal realizó en el considerando
anterior, la representación del actor, en la especie, se refería
tanto al régimen interno como al régimen externo general de
la Compañía. Consiguientemente no se encuentra que haya
inobservado la Sala de Alzada como pretende el casacionista
la jurisprudencia. c) En cuanto al hecho de haber sido afiliado
el actor al Seguro Social y por ello pretende tener la calidad
de trabajador subordinado o dependiente de la Compañía,
vale recordar la jurisprudencia que al respecto ha dictado la
Corte Suprema de Justicia como se puede ver en la Gaceta
Judicial S. XIII No. 2, Pág. 274-277, de 12 de mayo de 1978,
en donde se lee: "sin embargo como tantas veces, con todo
fundamento la Corte Suprema de Justicia ha declarado, la sola
afiliación al Seguro no patentiza la prestación de servicios que
puedan dar derecho a indemnizaciones de índole laboral"; por
lo que este argumento tampoco puede ser admitido para
reconocerse una calidad que no la ostentaba, toda vez que la
afiliación al IESS no es exclusivamente para los trabajadores
subordinados o dependientes, ni para los empleados públicos,
sino también para los trabajadores autónomos, para los
profesionales,   entre    otros,   e   inclusive   para   quienes
representen a una Compañía como ha ocurrido en la especie.
SEXTO: En relación       a la afirmación de que en el fallo el
Tribunal de Alzada no se haya expresado que el proceso es
                                                                  96




válido, no significa como pretende el casacionista que se haya
omitido solemnidades sustanciales, pues éstas, se hallan
contempladas en el Art. 355 del Código de Procedimiento Civil
cuyo mandato no ha sido infringido en el presente trámite, así
como tampoco las normas de los Arts. 273, 277, 278, 279,
280 y 284 del mismo cuerpo de leyes que las invoca sin
fundamentarlas. SÉPTIMO: En cuanto a los artículos 3; 23
numerales 3, 8, 15, 26 y 27; 35 de la Constitución Política del
Estado; y los demás preceptos del Código del Trabajo citados
en el recurso, no se los analiza por cuanto la sola enunciación
no constituye fundamentación; así como también por no
haberse reconocido la calidad de trabajador del recurrente
según el estudio de este fallo. Por todo lo expuesto, este
Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desestima el
recurso de casación propuesto y confirma la sentencia
expedida por los señores MInistros de la Tercera Sala de la
Corte Superior de Justicia de Quito, dejando a salvo el
derecho del actor a deducir ante los jueces competentes las
acciones que considere procedentes. Sin costas. Notifíquese y
devuélvase.
f)   Drs.   Julio   Jaramillo   Arízaga.-   Teodoro     Coello
Vázquez.- Olmedo Lupera Almeida. (Conjuez).

								
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