10 DIARIO CONCURSAL 2010 11 04 by I559m7B9

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									        DIARIO CONCURSAL
                       Jueves, 4 de noviembre de 2010

 INFORMACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO SOBRE CONCURSOS DE ACREEDORES . 1
 INFORMACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL SOBRE DECLARACIONES
 DE INSOLVENCIA ................................................................................................................ 3
 NOTICIAS ............................................................................................................................ 5
   ● El fiscal pide la inhabilitación de los dueños de la Cultural. Queda visto para
   sentencia el juicio contra los dirigentes de la sociedad. la-cronica.net ........................ 5
 RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE DERECHO CONCURSAL, SOCIETARIO Y MERCANTIL.... 6
   ● Art. 58 LC. Prohibición de compensación. Crédito no vencido a la fecha de
   declaración de concurso. ............................................................................................... 6
        1.      Sentencia A.P. Madrid (s. 9ª) de 10 de mayo de 2010. .................................................... 6
    ● Arts. 8 y 50 LC. Acción directa del art. 1597 CC, cuando no es demandado el
    contratista principal en situación concursal. Competencia del Juez de 1ª Instancia. ... 9
        2.      Auto A.P. Madrid (s. 18ª) de 6 de mayo de 2010. ........................................................... 9
    ● Apuntes de jurisprudencia mercantil. Transporte terrestre de personas. Diferencias
    con el contrato de arrendamiento de medios de transporte. Reclamación del precio del
    pasaje. Prescripción de la acción. ............................................................................... 11
        3.      Sentencia A.P. Pontevedra (s. 1ª) de 16 de junio de 2010. ............................................ 11
    ● Apuntes de jurisprudencia mercantil. Contratos celebrados fuera de los
    establecimientos mercantiles. Ejercicio del derecho de revocación. ........................... 16
        4.      Sentencia A.P. Madrid (s. 12ª) de 15 de junio de 2010.................................................. 16
 RESEÑA DE LIBROS. .......................................................................................................... 18
   ● “El impuesto sobre sociedades”. ............................................................................. 18




Información del Boletín Oficial del
Información del Boletín Oficial del
Estado sobre Concursos de Acreedores
Estado sobre Concursos de Acreedores
El B.O.E. de 4 de noviembre de 2010 contiene la siguiente información
sobre Concursos de Acreedores:


- Declaración de Concursos Voluntarios.

A CORUÑA: Dos Personas Físicas (52432203-T; 32757008-V) – ALMERÍA:
Transportes R`SU, S.L. (B-04167870) – BARCELONA: Portes Vilma, S.A. (A-




                                                                 1
08294092) – Abengracia, S.L. (B-64139843) - Mini Truck Services, S.L. (B-
58845843) - PROMO-EIX 2002, S.L. (B-62889159) - Canalizaciones Anfrán, S.L.
(B-62055637) - Concisa, S.C.C.L. (F-58305459) – Dos Personas Físicas (X-
2895449-W; 52278304-V) – GIRONA: Estudio Estrella de Producciones y
Servicios, S.L. (B-63275408) - Chapistas y Soldadores Europeos, S.L. (B-
63567986) - Jordicreu, S.L. (B-17869116) – MADRID: Intelligent Data, S.L. (B-
80681190)       –       MÁLAGA:   Persona       Física   (50707340-E)   –   MURCIA:
Construcciones y Contratas de Lorca, S.L. (B-30434179) – Ferpi Bussiness, S.L.
(B-73331779)        –    Dos   Personas   Físicas    (74254236-R;   22401115-N)   –
PONTEVEDRA: Comercial Gráficas Nos, S.L. (A-36782704) - SORIA: Textil
Duero Trading, S.L. - Rojatex, S.L. – VALLADOLID: Dos Personas Físicas
(12229030-E; 9271303-A).


- Declaración de Concursos Necesarios.

MURCIA: Francisco López Díaz e Hijos, S.L. ¿?.


- Presentación de Informes de la Administración
Concursal.

BILBAO: Evaluación y Control de Contaminantes, S.L. (B-95079638) –
LOGROÑO: Ramón Galarza, S.L. – MADRID: Desarrollos Empresariales
Almaraz, S.L.


- Apertura Fases de Convenio. Convocatoria de Juntas
de Acreedores.

MURCIA: Hierros Dianfer, S.L. (16 de diciembre) - La Flota Nueva Expansión,
S.L. (25 de noviembre).


- Apertura de Fases de Liquidación.

GIRONA: Promocions Dasela Quart 2005, S.L. (B-17832999) - Salo 2000, S.L.
(B-62147095) - HUESCA: Jorge Casasnovas, S.L. (B-22175673) – MADRID:
Kammer Tac, S.L.


- Puesta de Manifiesto de Planes de Liquidación.



                                            2
MURCIA: Carnavoh, S.L.




Información del Boletín Oficial del
Información del Boletín Oficial del
Registro Mercantil sobre Declaraciones
Registro Mercantil sobre Declaraciones
de Insolvencia
de Insolvencia
El B.O.R.M.E. de 4 de noviembre de 2010 contiene información sobre
Declaraciones de Insolvencia de las siguientes sociedades y personas
físicas:

ABANCERIT, S.L.
ALCENI PROMOCIONES Y OBRAS, S.L.
ANTIOX, S.L.
ANYER 1976 CONSTRUCCIONES, S.L.U.
ARTESANÍA Y JOYAS NUPCIALES, S.L.
ASAZE INGENIEROS, S.L.
ASBOL, S.A.L.
AUXILIARES Y CONSERJES, S.L.
AUXILIARES Y CONSERJES, S.L.
BARIBAI CONSTRUCCIONES, S.L.
BER MAG PVC SISTEMES, S.L.
BIOENERGÍA RENOVABLE DE VIZCAYA, S.L.U.
BISPOL ESPAÑA, S.L.
BUSSINES ALIMENTACIÓN ESPAÑA, S.L.
CANALIZACIONES PRIA, S.L.
CANALIZACIONES VELILLA, S.L.
CÉSAR CABAL MENÉNDEZ
COMPAÑÍA MADERA HOUSE, S.L.
COMPRODESA, S.L.
CONERSA BASAURI, S.L.
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS JESMAQ, S.L.
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS JESMAQ, S.L.
CONSTRUCCIONES RAHEMA, S.L.
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SALAZAR GARCÍA, S.L.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ROMERO PASTOR, S.L.
INSTALACIONES TÉCNICAS ROMERO, S.L. NOMADAK COMERCIAL 21,
S.L.
CONSTRUCCIONS I PROJECTES EL COLI, S.L.
CORIAN PRINCIPADO, S.L.
C.V. ASER, S.L.
DECKE PROYECTOS ESPAÑA, S.L.
DISTRIBUCIONES MAQUINAS-HERRAJES, S.L.



                                 3
DIVOTRANS, S.L.
EDICIONES PASO A PASO, S.L.
EMPRESA CONSTRUCCIONES MEDRABAR, S.L.
EMPRESA JOSÉ MANUEL BARCIA BLANCO
ESSBAG, S.L.
ESTEBAN TORRES MENDOZA
EUROMAQUINARIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.
EXCAVACIONES RIAM, S.L.
EXPORED, SOCIEDAD COOPERATIVA
FERNANDO VILLALBA ROSALES
FERRELLADOS JUAN ROMÁN, S.L.
FLANBLAN REAL, S.L. UNIPERSONAL
FORESTAL DEL TER, S.L.
FRANCISCO CARLOS CAÑETE LEDESMA "PENSIÓN FONCALADA"
FRANCISCO MEIJE GÓMEZ
GESTIKER 2006, S.L.
GEZAFRÁN, S.L.
GIRITE 1911, S.L.
GOYMAR ILUMINACIÓN, S.L.
GRANIPON M&M, S.L.
GRÚAS Y SERVICIOS LAS NIEVES, S.L.
GRUPO TYRMOVIL, S.L.
ILICO CLEAN SERVICES, S.L.
IMAGEN Y REFLEJO, S.L.
INDAVIUM INSTAL.LACIONS, S.L . PRIMERAS CALIDADES EN
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN , S.L.
INDUSTRIAS NEGRON, S.L.
INELVA 2001, S.L.
INSTALACIONES Y AISLAMIENTOS JOVICÁN, S.L.
INVERA & TRAC SOLU, S.L.
INVERSIONES CORANDO ASTURIANO, S.L.U
ITTO OUKHCHOUF
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ
JOSÉ DOMINGO CERQUEIRO PÉREZ
JUJOMAR ROZAS Y ALBAÑILERÍA, S.L.
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 33 DE MADRID
LAAK MONTAJES, S.L.
LAB-DIGITAL SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DIGITALES, S.L.
LAGATA SIGLO XXI, S.L.
LAVADO Y ENGRASE LA VEREDA, S.L.
LÍNEA DE HOGAR 2000, S.A.U.
LLOPART SALDARRIAGA ASSOCIATS, S.L.
LOS ARCÁNGELES, S.L.
MAIRENA AUTOMOCIÓN GROUP 2, S.L.
MANUEL EXPÓSITO ÁLVAREZ
MANUFACTURAS Y MANIPULADOS PIZARRO, S.L.



                             4
MANZANAS Y UVAS, S.L.
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MANIEGA
MATEUSZ SUDOL
MAVAL SEGURIDAD, S.L.
MECOTEX, S.A.
MERIDIANO 520, S.L.
METALDANOR, S.L.
MINADRI CONSTRUCCIONES, S.L.
NORLICK, S.A.
OFSA LLEIDA, S.L.
PANIFICADORA LA GÜERIA, S.L.U.
PANOR S.L.
PARQUETS COSTA VERDE, S.L.
PINCHO AZUL, S.L.
PLANET SIGN EL PLANETA DE LA PUBLICIDAD, S.L.
PQC CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA 2000, S.L.
PROMOCIONES Y DESARROLLOS UNIFAMILIARES, S.L.
RCS PUBLICIDAD, S.L.
REFORMAS Y REPARACIONES DORION, S.L.
REFORMAS 3000, S.L.
REMEZ, S.L.
SERALTAY, S.L.
SERVICIOS INTEGRALES LC, S.L.
SERVICIOS TURÍSTICOS MACART, S.L.
SISTEMAS, CANALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.
SOLUCIONES EUROSOLVER, S.L.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, S.L.
SURESPAÑA GESTIÓN DE MANANTIALES, S.L.
TAPIZADOS FERNÁNDEZ GRANDA, S.L.
TAPIZADOS FERNÁNDEZ GRANDA, S.L.
TEMPER TRADER, S.L.
TORIBIO CARROZADOS ESPECIALES, S.L.
VERIMAS COMUNICACIONES, S.L.




Noticias
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● El fiscal pide la inhabilitación de los dueños de la Cultural.
Queda visto para sentencia el juicio contra los dirigentes de
la sociedad. la-cronica.net




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Resoluciones Judiciales sobre Derecho
Resoluciones Judiciales sobre Derecho
Concursal, Societario y Mercantil.
Concursal, Societario y Mercantil.
● Art. 58 LC. Prohibición de compensación. Crédito no
vencido a la fecha de declaración de concurso.
1.      Sentencia A.P. Madrid (s. 9ª) de 10 de mayo de 2010.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 9ª) de 10 de mayo de 2010
(D. JUAN ANGEL MORENO GARCIA).

En el escrito de interposición del recurso de apelación se impugna la sentencia
dictada en primera instancia, al entender la parte apelante que existe un error
en la valoración de la prueba al entender que la fecha del auto en que se declaró
en concurso de acreedores a la entidad actora y ahora apelante no fue el 18 de
julio de 2008, como erróneamente se señala en la sentencia de apelación, sino
el 14 de julio de 2008, fecha en la que no se hallaban vencidas ninguna de las
deudas que se pretenden compensar, en la medida que la deuda que la parte
actora tenía fecha de vencimiento el día 31 de julio de 2007, por lo que a la
fecha de la declaración del concurso no se hallaba vencida, y lo mismo ocurre
con relación a la deuda que la demandada tenía con la parte actora, dado que el
vencimiento de la letra que se emitió para su pago era de fecha 15 de julio de
2008, fecha que según la parte apelante es de fecha posterior al auto de
declaración del concurso de acreedores.

Como señala el auto de la Sección 21ª de esta Audiencia Provincial de fecha 28-
10-2008 y se recoge en la resolución apelada "La fecha determinante es la de la
declaración del concurso. De tal manera que si los requisitos de la compensación
ya concurrían con anterioridad a la declaración del concurso, el acreedor del
concursado que no la hubiere hecho valer antes de la declaración del concurso,
puede después de haberse declarado el concurso, exigir la extinción de su
crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga
contra él. Por el contrario, si los requisitos de la compensación no concurrían con
anterioridad a la declaración del concurso, el acreedor del concursado ya no
puede exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del
crédito que el concursado tenga contra él (queda prohibida la compensación).




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El tercero de los requisitos recogidos en el artículo 1.196 del Código Civil, para
que se produzca la compensación, consiste en "que las dos deudas estén
vencidas". De tal manera que, para que el acreedor del concursado pueda
después de la declaración del concurso exigir la extinción de su crédito contra el
concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él, es
imprescindible que, a la fecha de la declaración del concurso, estuvieran
vencidas tanto la deuda del concursado como la de su acreedor".

De lo expuesto tanto en el escrito de apelación como en la impugnación, así
como de la resolución apelada, la cuestión que se reproduce en esta alzada es
determinar si a la fecha de declaración del concurso, las deudas existentes entre
las partes, eran deudas vencidas, exigibles y liquidas a la fecha del auto de
declaración del concurso, único supuesto que el artículo 58 de la Ley Concursal
permite que se aprecie la compensación una vez declarado el concurso.

(...) Partiendo del día 18 de julio de 2008 como fecha del auto en que fue
declarada en concurso de acreedores la entidad BBB S.A., la cuestión que se
plantea en estos autos es si ambas deudas eran vencidas, exigibles y líquidas
con anterioridad a dicha fecha. Con relación a esta cuestión y como se alega por
la parte demandada y ahora apelada, la entidad actora BBB S.A., adquirió
material por importe de 5.416,04 €, si bien ambas partes llegaron al acuerdo de
devolver material por importe de 2.516,62 €, librándose para el pago del resto
del material una letra de cambio por importe de 2.899,42 € de vcto. 15 de julio
de 2008 que resultó impagada a la fecha de su vencimiento, (folios 44 a 46 de
los autos), por lo que a la fecha en que se declaró el concurso de la entidad
apelante dicha deuda era vencida exigible y líquida.

Con relación a la deuda existente a favor de la parte actora, de la prueba
documental aportada consta que la misma trae origen de unos albaranes de
entrega de fecha 15 de abril de 2008,, folio 5, 22 de abril de 2008, folio 6 y de
30 de abril del mismo año, habiéndose emitido las facturas de fecha 15 de abril
de 2008 por importe de 2.126,86 € de vencimiento 30 de julio de 2008, folio 8,
y la factura de fecha 30 de abril de 2008 por importe de 818, 17 € de
vencimiento fecha 30 de julio del mismo año, folio 9 de los autos, es decir, en
principio el vencimiento de tales deudas es posterior a la fecha en que se dictó el
auto de declaración en concurso de acreedores de la entidad actora; debiendo
examinarse, como se recoge en la sentencia ahora apelada, si el vencimiento de
la deuda de la parte demandada cambió o no por los actos propios de la parte



                                        7
actora tal como se recoge en la resolución apelada, al entender que existió una
acuerdo verbal de compensación efectuado con anterioridad a la declaración del
concurso.

Ahora bien, para que proceda la compensación cuando alguna de las partes está
en concurso, tal como se deduce del artículo 58 de la Ley Concursal, es que a la
fecha de la declaración del concurso existan los requisitos legales para que
proceda la compensación, ahora bien y frente a lo que se recoge en al sentencia
apelada, no cabe deducir que existiera un acuerdo verbal de dar por vencida
anticipadamente las deudas no sólo la del demandado, sino también la de la
parte actora, pues si esa hubiera sido su voluntad así se habría acordado, de tal
forma que si en la fecha en que se hizo el correspondiente abono por la
devolución de material en fecha 18 de abril de 2008, folio 45, la voluntad de las
partes hubiera sido compensar el saldo resultante de 2.899 €, con la deuda que
tenía con la parte actora, no habría sido necesario emitir una letra de cambio de
vencimiento de fecha 15 de julio de 2008; cuando de la prueba documental
aportada por la actora la fecha de los albaranes de entrega de la mercancía y de
la que surge la deuda a su favor, dos de ellos por importe de 619,32 €, folio 6, y
de 198,85 € son de fecha posterior al abono por la devolución de mercancías y
lo mismo ocurre con la factura de 818,17 € que se emitió en fecha 30 de abril de
2008, es decir, en fecha posterior al abono por la devolución de las mercancías.

Por otro lado, no cabe entender que exista un acuerdo verbal de haber
adelantado el vencimiento del crédito a favor de la parte actora, en base a sus
hechos, toda vez que de la prueba documental aportada, se deduce que el
vencimiento de la deuda a su favor no se produjo hasta el día 30 de julio de
2008, fecha posterior al auto de declaración del concurso, puesto que de la
prueba documental por ella aportada (folio 11 de lo autos), se acredita que las
facturas de las que trae origen su crédito seguían teniendo como fecha de
vencimiento el día 30 de julio de 2008, habiendo ocasionado el impago de dichas
facturas los correspondientes gastos, por lo que debió en su caso ser la
demanda la que acreditara la existencia de ese acuerdo verbal que se contradice
con el resultado de la prueba documental aportada.

Debiendo entenderse que la deuda reclamada en la demanda tenía como
vencimiento el día 30 de julio de 2008, fecha posterior a la declaración del
concurso y que, por lo tanto, no era vencida, exigible y líquida antes de la
declaración del concurso no procede la compensación alegada.



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[Ver: Tirant On Line – CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia (TSJ, AP y JM)]

● Arts. 8 y 50 LC. Acción directa del art. 1597 CC, cuando no
es demandado el contratista principal en situación concursal.
Competencia del Juez de 1ª Instancia.
2.      Auto A.P. Madrid (s. 18ª) de 6 de mayo de 2010.
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 18ª) de 6 de mayo de 2010. (D.
PEDRO POZUELO PEREZ).

(...) la cuestión que es objeto de recurso de apelación que no es otra que el auto
de fecha 10 de Noviembre de 2009 derivando la competencia para el
conocimiento del litigio al Juzgado de lo Mercantil, el recurso debe ser estimado.
En efecto, el artículo 1.597 del Código civil establece que «Los que ponen su
trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no
tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a
aquél cuando se hace la reclamación». Es decir, que aunque quien ha realizado
la obra puede reclamar el pago correspondiente al contratista que se obligó a
ello, actuando contra el otro contratante y respetando así el principio de
relatividad de los contratos, el Código Civil permite el ejercicio de la acción
directa contra el dueño de la obra, entendiéndose que ambas obligaciones son
solidarias, de suerte que el subcontratista puede dirigirse indistintamente contra
uno u otro, aunque el comitente o dueño de la obra solamente responderá hasta
el límite que el precepto señala ( SSTS de 29 de abril de 1991, 11 de octubre de
1994, 2 de julio de 1997, 22 de diciembre de 1999, 6 de junio y 27 de julio de
2000). La operatividad de este derecho preferente y directo de cobro del
contratista o los subcontratistas posteriores es tal, que la jurisprudencia ha
venido reconociendo de forma mayoritaria que no debe verse afectado por la
declaración concursal de la persona con quien contrataron. El Tribunal Supremo
lo ha indicado de forma clara en las SSTS de 9 de mayo de 1989 y 27 de julio de
2000, señalando ésta: «La situación concursal en que se puede encontrar la
empresa contratista no tiene incidencia alguna en el proceso declarativo -o el
requerimiento extrajudicial, cabría añadir- en el que se ventila la acción del
artículo 1597». Las Audiencias ofrecen pronunciamientos discrepantes, pero la
mayoría han aplicado y desarrollado esta doctrina de forma reiterada. Como
señalan las SSAP Barcelona, sec. 14ª, de 9 de junio de 2005 o 2 de noviembre
de 2004, Asturias de 2 de junio de 2005 y 26 de octubre de 2004, o la 1 de




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octubre de 2001 de la Audiencia Provincial de Navarra, el derecho establecido en
el artículo 1597 del Código Civil no resulta afectado por el hecho de que el
contratista esté declarado en quiebra o suspensión de pagos, pues dicho
precepto confiere una situación privilegiada al deudor e implica un perjuicio para
los demás acreedores al igual que otras figuras, como los derechos de ejecución
separada o de abstención tenidos en cuenta por el legislador, teniendo su razón
de ser en la equidad, y precisamente dicha norma, al proteger a quien pone el
trabajo o material, tiene más sentido en los casos de insolvencia o dificultad de
cobro respecto del contratista. Esta especial protección constituye, por así
decirlo, un privilegio para este acreedor. Es cierto que dicha doctrina se ha
dictado en aplicación de un sistema legislativo anterior al actual, constituido por
la Ley Concursal de 2004. En el sistema actual el artículo 8 de la misma
determina la competencia exclusiva y excluyente del Juez del concurso para el
conocimiento, entre otras acciones que no son del caso, 1º. Las acciones civiles
con   trascendencia   patrimonial   que   se   dirijan   contra   el   patrimonio   del
concursado. Por lo que se refiere a la vis atractiva del concurso el artículo 49
establece que declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios
o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho
integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las
establecidas en las leyes. Por lo que se refiere a los juicios declarativos que se
estén tramitando al inicio del concurso el artículo 51 establece que los juicios
declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al
momento de la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza de la
sentencia. No obstante, se acumularán aquellos que, siendo competencia del
juez del concurso según lo previsto en el artículo 8, se estén tramitando en
primera instancia y respecto de los que el juez del concurso estime que su
resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la
lista de acreedores. Esta acumulación podrá solicitarse por la administración
concursal o por cualquier parte personada.

Pues bien en el presente caso no nos encontramos ante una acción de la que sea
competente para conocer exclusiva y excluyentemente el juez del concurso ex
artículo 8 de la ley. En primer lugar porque la concursada no es parte en la litis,
y la acción se ejercita contra una tercera sociedad y en segundo lugar lo que
determina la imposibilidad de los acreedores de sustraerse a la fuerza atractiva
del concurso es su declaración, como se desprende con claridad de los
mencionados artículos 49 y 76: la declaración concursal fija el momento en que




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los acreedores empiezan a sujetarse a la eficacia propia del concurso
(paralización   de   intereses   y   de   garantías,   suspensión   de   ejecuciones,
interrupción de la prescripción, etc.) y comienzan a surgir los créditos contra la
masa, regidos todos ellos por la LC.

Así las cosas, cabe concluir que la LC obliga a todo acreedor, una vez se ha
producido la declaración en concurso de su deudor, a integrarse en la masa
pasiva y estar a las resultas del proceso concursal según la clasificación de su
crédito, salvo los casos excepcionales que la Ley permita. En el presente caso es
un hecho acreditado que no solo es que el requerimiento extrajudicial se ha
producido con anterioridad a la declaración de concurso es que la propia
demanda se ha presentado con anterioridad a dicha declaración, por lo tanto la
jurisdicción del juez del concurso no es extiende en principio a dicha acción por
haberse presentado con anterioridad a la declaración de concurso. Si se quiere
aplicar la vis atractiva del concurso será por aplicación del inciso final del artículo
51, es decir por petición de acumulación al concurso por ser un litigio que
tendría trascendencia sustancial para formar la lista de acreedores, pero no
porque la acción en sí sea competencia del juez del concurso pues el litigo se ha
interpuesto con anterioridad. Por ello y sin entrar a cuestionar ni analizar si la
acciones que el artículo 1597 ofrece a los subcontratistas son o no inmunes la
declaración de concurso en la nueva Ley, es lo cierto que no puede decirse que
la acción ejercitada sea de la competencia objetiva del juez del concurso, no se
trata de una acción para la que sea competente de forma exclusiva y excluyente
el juez del concurso, pues no se dirige contra la concursada ni la misma es en
principio parte, y se trata de un litigio iniciado antes de la declaración de
concurso, con lo que sin perjuicio de la posible petición de acumulación que
puedan hacer los administradores concursales, lo cierto es que no existe al
momento presente incompetencia de jurisdicción y debe mantenerse la
competencia del juez ordinario para el conocimiento de la acción ejercitada.

[Ver: Tirant On Line – CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia (TSJ, AP y JM)]

● Apuntes de jurisprudencia mercantil. Transporte terrestre
de personas. Diferencias con el contrato de arrendamiento de
medios de transporte. Reclamación del precio del pasaje.
Prescripción de la acción.
3.      Sentencia A.P. Pontevedra (s. 1ª) de 16 de junio de 2010.


                                          11
Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (s. 1ª) de 16 de junio de
2010 (D. LUIS CARLOS REY SANFIZ).

Alega la representación procesal de la mercantil recurrente, en su primer motivo
del recurso, que la sentencia de instancia ha incurrido en una indebida aplicación
del artículo 951 del Código de Comercio, por cuanto éste prevé su aplicación a
los   contratos    de   transporte,    mientras   que   en    el     presente     caso    nos
encontraríamos ante un arrendamiento de servicios.

Establece el artículo 951 que "las acciones relativas al cobro de portes, fletes,
gastos a ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán a
los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron", así como que "el
derecho al cobro del pasaje prescribirá en igual término, a contar desde el día en
que el viajero llegó a su destino, o del en que debía pagarlo". Según la
recurrente,   existirían   dos   obstáculos     para la consideración       del    contrato
concertado por las partes:

1º.- El verdadero transportista, en este caso, habría sido la propia FEDERACIÓN
GALEGA DE CICLISMO, puesto que ella era quien dirigía y organizaba el
transporte (horarios, rutas, y otras circunstancias), correspondiéndole a la
mercantil VVV S.L. la posición de mero arrendatario de bienes materiales (el
autobús) y humanos (el conductor), sobre los cuales dicha mercantil perdería la
disponibilidad absoluta durante el tiempo pactado

2º.- El artículo 951 del Código de Comercio regiría para las relaciones
transportista-pasajero y no para otros intermediarios intervinientes, con lo cual
no sería de aplicación a la contratación habida entre la FEDERACIÓN GALEGA DE
CICLISMO y la mercantil VVV S.L., que tuvo como objeto el transporte de
ciclistas federados a diversas localidades en determinados días de los años 2004
a 2006.

Cuestión esencial para solucionar el objeto litigioso que se trae a consideración
de esta Sala es la calificación del negocio causa de la reclamación y, según tal
naturaleza jurídica, fijar el plazo de prescripción de la acción entablada.

1º.- Respecto a la primera alternativa ofrecida por la parte recurrente,
consistente   en    considerar    el   contrato    habido    entre    las   partes       como
arrendamiento de medios de transporte (autobús y conductor) hay que decir que
según este tipo de contrato, una parte se compromete a poner a disposición de




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otra un medio         de   transporte   para su utilización por tiempo    o   viajes
determinados, a cambio de una remuneración. Este tipo de contratación puede
tener por objeto simplemente un medio mecánico de transporte o incluir
personal autorizado para su funcionamiento. No se trataría aquí de una
subespecie del arrendamiento de obra, tal y como sucede con el contrato de
transporte, pues no se contrata el concreto resultado de llevar unos pasajeros
de un sitio a otro.

Para resolver esta cuestión, en el presente caso, es preciso atenerse a los
documentos aportados por la parte demandante y ahora recurrente. En ellos
consta, como "servicios realizados", diversas prestaciones, como "Autocar a
Valladolid, del 9 al 11/01/2004, 870 €", "1 Autocar a Candanchú, del 14 al 18 de
Julio de 2004, 1.682 €" más "Dietas 2º Chófer, 120 €", "O Porriño-Mundaka-O
Porriño, de 06/01/05 a 09/01/05, precio autobús 50 plazas, 1.350 €", "Fed. G.
Ciclismo a L. Castiñeiras, 180 €", etc. No se desprende de las facturas emitidas
la existencia de un contrato de arrendamiento de medios de transporte, sino de
servicios concretos de transporte de un lugar a otro lugar concreto y no, por
tanto, con independencia del concreto resultado de a dónde se lleven los
pasajeros en cuestión. En este mismo sentido, el objetivo de la FEDERACIÓN
GALEGA DE CICLISMO era el transporte de sus ciclistas a un lugar determinado
para desarrollar en dicho lugar actividades deportivas, tal y como declara su
presidente en el acto de la vista.

Por otro lado, y frente al contrato de transporte, como subespecie del contrato
de obra, en relación a la posible concurrencia de un contrato de arrendamiento
de servicios, éste se caracteriza porque el que presta el servicio no se obliga a la
obtención de un resultado, sino a desplegar una actividad, independientemente
del resultado, cuya consecución no afecta al correcto cumplimiento de la
prestación (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2005).
En el presente caso tampoco existe base suficiente para poder hablar de un
arrendamiento de servicios, ya que se contrataba a la empresa mercantil VVV
S.L. para trasladar a viajeros a un lugar determinado y regresar y, por tanto,
vinculando el cumplimiento del contrato al concreto resultado del traslado al
concreto lugar pactado, lo cual se corresponde con la finalidad pretendida por la
FEDERACIÓN.

2º.- Respecto a la segunda alternativa, referente a que el artículo 951 sólo
abarca las relaciones transportista-pasajero y no a otros intervinientes, es



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necesario remitirse a la regulación del contrato de transporte. De acuerdo a la
ordenación de este contrato, contenida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, los artículos 1.601 y siguientes del
Código Civil y demás normas que lo regulan, el contrato de transporte de
personas se puede definir como aquél por el cual el porteador se obliga
mediante remuneración a trasladar personas de un lugar a otro, siendo, por
tanto, el objeto del contrato la presentación del resultado de una actividad, que
la efectúa el porteador. Jurídicamente, el contrato de transporte entra en la
categoría de la locatio operis, como subespecie del arrendamiento de obra
caracterizado por el tipo del resultado prometido, consistente en el traslado de
un lugar a otro de personas (así, por todas, STS 31 de Mayo de 1985 ).

Tal y como se deduce de lo hasta ahora expuesto, nos hallamos en el presente
caso ante un contrato de transporte de personas, tal y como se deduce de las
facturas antes referenciadas, de la declaración del presidente de la FEDERACIÓN
y de la propia lógica de la finalidad pretendida en la contratación.

A mayor abundamiento, resumimos el resto de las consideraciones hechas: las
facturas se limitan a contratar un servicio a un lugar determinado, haciendo
depender el cumplimiento del contrato del traslado de viajeros a dicho lugar; no
se expresa la posibilidad de una disposición del autobús y conductor por parte
de la FEDERACIÓN; el propio fin perseguido con la contratación es un traslado
de deportistas pertenecientes a la FEDERACIÓN al concreto lugar de interés
deportivo, tal y como corrobora el presidente de la misma en el acto de la vista,
sin otra contradicción que se desprenda de la prueba realizada.

Por otra parte, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres indica los diversos tipos de transporte, y así su artículo 62 distingue
que "1. Los transportes por carretera se clasifican, según su naturaleza, en
públicos y privados. 2. Son transportes públicos aquéllos que se llevan a cabo
por cuenta ajena mediante retribución económica. 3. Son transportes privados
aquéllos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para satisfacer
necesidades   particulares,   bien   como     complemento   de   otras   actividades
principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y
directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades". En su
artículo 63 indica que "por razón de su objeto los transportes pueden ser: De
viajeros, cuando estén dedicados a realizar los desplazamientos de las personas
y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados para tal fin".



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Asimismo, el artículo 64 realiza la siguiente clasificación: "1. Los transportes
públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o discrecionales. Son
transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos, y
con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Son transportes discrecionales
los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario
preestablecido."

De todo ello, se desprende que en el presente caso nos hallamos ante un
contrato de transporte de viajeros público y discrecional, esto es, sin sujeción a
itinerario, calendario u horario preestablecido.

Asimismo,   dentro   de   las   "Disposiciones     específicas   sobre   el   transporte
discrecional de viajeros", el artículo 99 dispone que "1. Los transportes
discrecionales de viajeros se deberán realizar como regla general, mediante la
contratación global por el transportista de la capacidad total del vehículo. No
obstante lo anterior, reglamentariamente podrán determinarse los supuestos
excepcionales en que, por razones de adecuada ordenación del sistema de
transportes, pueda admitirse la contratación por plaza, con pago individual. 2.
Los transportes discrecionales de viajeros no podrán realizarse con reiteración
de itinerario, calendario y horario preestablecidos."

De acuerdo con dicho artículo, y según la facturación aportada por la parte
demandante y ahora recurrente, la empresa VVV S.L. contrató globalmente la
capacidad total del vehículo para un itinerario y fechas concretos, los precisados
para concretos eventos deportivos.

Frente a todo ello, cuando el artículo 951 establece que "el derecho al cobro del
pasaje prescribirá en igual término, a contar desde el día en que el viajero llegó
a su destino, o del en que debía pagarlo", no se dice que se circunscriba tal
precepto a un determinado contrato de transporte de personas, por ejemplo,
que se circunscriba a contratos de transporte regulares con exclusión de los
discrecionales donde el transportista contrata la capacidad global del vehículo.
Por pasaje hay que entender la remuneración que se obtiene por el transporte
de las personas, con independencia de cómo se realice dicho cobro, ya sea
individualmente a cada usuario del medio de transporte o ya sea de forma global
debido a la contratación de la capacidad global del medio de transporte en los
transportes discrecionales.




                                         15
Por otra parte, tampoco puede entenderse que el artículo 951 no abarque la
contratación del transporte por medio de otro, exigiéndose que este se haga de
propia mano, lo cual desconocería las formas colectivas de organización en
sociedad. En el presente caso la FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO concierta
un contrato de transporte discrecional de sus ciclistas con la mercantil
transportista, a cambio del cual la porteadora cobra globalmente el pasaje de
acuerdo al tipo de contrato de transporte discrecional concertado.

[Ver: Tirant On Line – CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia (TSJ, AP y JM)]

● Apuntes de jurisprudencia mercantil. Contratos celebrados
fuera de los establecimientos mercantiles. Ejercicio del
derecho de revocación.
4.     Sentencia A.P. Madrid (s. 12ª) de 15 de junio de 2010.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 12ª) de 15 de junio de 2010
(Dª. MARGARITA OREJAS VALDES).

La sociedad actora interpuso demanda en reclamación de 1.007,30.-€ que le
adeudaba el demandado por el impago de cantidades derivadas del contrato de
matrícula y compra del curso formalizado el 3 de marzo de 2003. El comprador
según se especificaba en el propio documento disponía de siete días para
revocar y devolver el material, con reintegro de las cantidades ya entregadas. El
curso se entregó el 19 de marzo de 2003 y el precio del mismo era de
1.641,30.-€.

La sentencia de instancia estima íntegramente la acción ya que entiende (...)
que en el contrato que se ha incorporado a los Autos consta expresamente que
el demandado ha recibido el preceptivo documento de revocación, firmando en
prueba de la recepción de ambos documentos. Tampoco hasta el momento en
que se efectúa la reclamación de cantidad en este procedimiento ha manifestado
que quiere devolver el curso.

(...) Respecto a la alegada nulidad del contrato por no haberse acompañado el
documento de revocación, en la forma prevista en la Ley 26/1991 de 21 de
noviembre, al tratarse de un contrato que se celebró fuera del establecimiento
mercantil y dictada con la finalidad de evitar prácticas comerciales abusivas
mediante   la   exigencia   de   determinadas   formalidades   en    los   contratos




                                        16
susceptibles en caso de incumplimiento, de producir la nulidad de los mismos así
como mediante el reconocimiento del derecho del consumidor a revocar el
consentimiento prestado.

La citada Ley establece en el articulo 3 la forma de dichos contratos, los cuales
deberán formalizarse por escrito en doble ejemplar, acompañarse de un
documento de revocación e ir fechados y firmados de puño y letra por el
consumidor, así como la referencia clara y precisa, en caracteres destacados e
inmediatamente encima del lugar reservado para la firma del consumidor, al
derecho de este a revocar el consentimiento otorgado y a los requisitos y
consecuencias de su ejercicio, los requisitos del documento de revocación, y, la
necesaria entrega al consumidor de uno de los ejemplares del contrato y del
documento de revocación. Por otro lado, el articulo 5 bajo la rúbrica "Ejercicio
del derecho de revocación", determina en su apartado 1. que el consumidor
podrá revocar su declaración de voluntad, sin necesidad de alegar causa alguna,
hasta pasados siete días contados desde la recepción, en el 2. que la revocación
no está sujeta a forma y que en todo caso será válida cuando se lleve a cabo
mediante el envío del documento de revocación o la devolución de la mercancía
y en el 3. que corresponde al comprador probar que ha ejercitado su derecho de
revocación.

De la prueba practicada aparece acreditado como bien dice la Juez de Instancia
que en el contrato constaba expresamente encima de las firmas del comprador
que podía devolver el curso y que recibía el documento de revocación y copia del
contrato firmado en prueba de recepción que el curso le fue entregado el 19 de
mayo de 2003 y que en ningún momento hasta la presentación de la demanda,
el demandado ha mostrado disconformidad con el curso ni ha tratado de
ejercitar su derecho a devolverlo, e incluso ha pagado parte del precio
pacíficamente.

Resulta, pues, que el demandado expresamente suscribió la cláusula de
reconocimiento de la vendedora del derecho de revocación por el comprador del
consentimiento en el plazo máximo de siete días, contados a partir de la
recepción del curso, por ello, ha de estimarse acreditado, que el demandado
conoció el derecho de revocación del consentimiento a su favor, el plazo de
ejercicio   y sus consecuencias   -restitución reciproca de las pretensiones
realizadas por cada parte, esto es, devolución del material recibido y reintegro
de las cantidades abonadas-, y que recibió el documento de revocación al mismo



                                       17
tiempo que la copia del contrato, recepción de ésta ultima que expresamente
reconoce el demandado, debiendo entenderse igualmente recibido el documento
de revocación como resulta de la firma del recibí al igual que la copia del
contrato, cumpliéndose debidamente así la finalidad de la Ley sobre Contratos
celebrados fuera de los Establecimientos mercantiles, concurriendo todos los
requisitos formales exigidos por el artículo 3, máxime cuando el propio
demandado no ha demostrado de forma alguna -como así le incumbía conforme
al artículo 5.3 de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre que ha intentado ejercitar
la revocación, además, ha pagado cuotas mensuales del precio pactado,
significando tal pago que el comprador empezó a consumar la obligación de
pago del precio produciéndose una confirmación tácita del contrato (articulo
1311 del Código Civil), y, sin que, de otra parte, el demandado haya procedido a
la devolución del curso recibido objeto del contrato. Por lo que debe de
desestimarse también este motivo del recurso.

[Ver: Tirant On Line – CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia (TSJ, AP y JM)]




Reseña de Libros.
Reseña de Libros.
● “El impuesto sobre sociedades”.
               José A. Rodríguez Ondarza Manuel Gutiérrez Lousa Javier Galán Ruiz
              2010 - Civitas -

              2ª Edición / 1644 págs. / Cartoné / Castellano / Libro
              ISBN10 8447035085; ISBN13 9788447035083




Más información en tirant.com/derecho.




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