3 SALA De S y LABORAL ( by BnSn2s

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                          SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL

I

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Alan Rameix
Granda contra la Empresa SINGER del Ecuador S. A., se resuelve:

SINTESIS:

El Ing. Alan Rameix Granda demanda a Singer del Ecuador S. A., por haber sido
despedido intempestivamente mediante violencia ejecutada en su contra, pues hubo
apresamiento y privación de la libertad, conseguida mediante denuncia.
El Juez de Primer Nivel acepta la demanda y ordena el pago de los rubros reclamados,
por estimar que se ha comprobado el despido intempestivo.
El Tribunal de Segunda Instancia confirma en todas sus partes el fallo recurrido, por
cuanto determina que Singer S. A. no demostró que la relación laboral haya
terminado por abandono; tanto más que, en el proceso existe documentación que
demuestra la decisión de liquidar en forma inmediata al trabajador.
La Sala de lo Social y Laboral casa parcialmente el fallo recurrido, por considerar que
se ha violado la ley en la sentencia, pues se la ha interpretado indebidamente al
condenar a pagar indemnizaciones laborales a Domingo Cordovez por sus propios
derechos, sin haber sido demandado en esa calidad.

SE CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA, POR HABER CONDENADO A UNO
DE LOS ACCIONADOS AL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SUS PROPIOS
DERECHOS, SIN HABER SIDO DEMANDADO EN ESA CALIDAD.

PRIMERA INSTANCIA

Guayaquil, junio 8 de 1992; las 14h05.-
VISTOS: Por sorteo de causas correspondió a ésta Judicatura la presente litis, la que
avoco conocimiento como Titular del despacho. En lo principal, Alan Marcelo Rameix
Granda, a fojas uno expone que el 23 de abril de 1986 fue contratado por Singer del
Ecuador S. A., para trabajar en Guayaquil como agente de ventas con el sueldo mensual
de doscientos cincuenta mil sucres; que al serle presentado el contrato de trabajo para la
firma lo rechazó por contener cláusulas que desnaturalizaban lo convenido; que, la
empresa Singer del Ecuador S. A., Madirt Cía. Ltda. y Mecanos S.A.C., aceptaron su
trabajo, eficiente, honesto y leal, pero que no cumplieron con el pago de la
remuneración estipulada o pactada sino con un promedio mensual menor, dejando de
pagarle ochenta mil sucres durante cuatro años y un mes, hasta que dice haber sido
despedido intempestivamente, mediante violencia ejecutada en su contra por
apresamiento y privación de la libertad conseguida por denuncia. Que, demanda a
Mecanos S.A.C., a Madirt Cia. Ltda. y a Singer del Ecuador S. A., en las personas de
Eduardo Martínez, Fernando Sánchez y Edwin Dyer, respectivamente, para que en
sentencia se los condene al pago de las indemnizaciones que determina a fojas 1 vta.,
más costas procesales y honorarios de defensor. Admitida al trámite la acción (fs. 3), se
procedió a citar a los representantes de Mecanos S.A.C. y Madirt Cia. Ltda., mediante
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tres boletas, según diligencia que consta a fojas 4 y a Edwin Dyer, Igualmente mediante
tres boletas, por deprecatorio (fs. 10). A fojas 5, 6 y 7, comparecen Edwin Dyer,
Eduardo Martínez Cucalón y Fernando Sánchez, representantes de Singer, Mecanos y
Madirt Cía. Ltda., respectivamente, señalando casillero judicial para sus notificaciones.
En la audiencia de conciliación (fs. 12), el Ab. Diego García Carrión, a nombre y
representación de Domingo Cordovez Pérez, Gerente General de la Compañía Singer
del Ecuador, negó los fundamentos de hecho y de derecho de la acción, presentando las
excepciones que constan en el acta respectiva. La Ab. Eva García Carrión, a nombre y
en representación de Fernando Sánchez Sáenz, contestó la demanda en los términos que
aparecen en el acta de fojas 12 vta. Y, la misma profesional a nombre de Eduardo
Martínez Cucalón, por los derechos que representa de Mecanos S.A.C., dio contestación
a la demanda, conforme texto que obra a fojas 13. Por su parte, el Dr. Pedro Serrano
Encalada, a nombre y en representación del actor ratificó los fundamentos de la
demanda. Los profesionales intervinientes legitimaron sus intervenciones mediante
escritas de fojas 17, 60 y 62 de los autos. No existiendo conciliación entre litigantes se
recibe la causa a prueba por el término común de seis días, dentro de los cuales se han
actuado las que obran del cuaderno encontrándose el juicio en estado de resolver, al
hacerlo, se considera: PRIMERO.- La vía observada en la causa es la verbal sumaria
prescrita en el Art. 563 del Código Obrero; y, en el procedimiento de la especie, no se
ha omitido solemnidad sustancial alguna, ni existe violación de trámite, (Arts. 355 y
1067 del Código de Procedimiento Civil), situación por la que se declara válido el
proceso; SEGUNDO.- Al tenor del Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, cada
parte esta obligada a probar los hechos alegados, a excepción de los que se presumen
acorde a la Ley; TERCERO.- La personería de las acciones como representantes de las
empresas demandadas se encuentra justificadas con la contestación dada a la demanda y
la de Domingo Cordovez, por el documento constante a fojas 16 de los autos;
CUARTO.- La relación de trabajo habido entre el demandante y Singer del Ecuador S.
A., se encuentra justificada en autos, con la contestación dada a la demanda en la
audiencia de conciliación en la que incluso se alegó abandono del trabajo por parte del
actor. No habiéndose justificado dicho relación para con las otras dos empresas
demandadas, pues los comprobantes de fojas 25, 26 y 27 hacen relación a pagos al actor
por concepto de honorarios, ni del proceso aparece la responsabilidad solidaria de los
empleadores demandada y de que trata el Art. 40 del Código del Trabajo; QUINTO.- El
tiempo de servicio y la remuneración percibida a falta de otra prueba capaz y suficiente,
estése al juramento deferido rendida por el actor y que consta a fojas 72 de los autos;
SEXTO.- En lo referente al despido intempestivo alegado, por el demandante, la parte
accionada, Singer del Ecuador S.A.C., en la audiencia de conciliación, planteó
abandono del trabajo por parte del actor, sin que haya justificado tal aseveración con el
correspondiente trámite de Visto Bueno de que trata el Art. 171 del Código de Trabajo,
ni del proceso obra petición de la parte accionada para separación del trabajador por el
informe de auditoría que consta a fojas 53 a 58 del cuaderno. Al contrario, el
demandante con el documento de fojas 19, en relación con el propio informe de
auditoría realizada al demandante, se demuestra la decisión de la parte demandada
(Singer del Ecuador S.A.C.), de dar por terminada la relación laboral unilateralmente, es
decir, se prueba el despido intempestivo alegado en la acción inicial. Por lo que ha lugar
al pago de los rubros reclamados en las letras A) y B) del libelo inicial. También ha
lugar a la diferencia de sueldo reclamado, por cuanto del juramento deferido rendida por
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el actor a fojas 72, se establece que a éste se le ha estado pagando como remuneración
una cantidad menor a la convenida con la empresa accionada; SÉPTIMO.- Ha lugar
igualmente al pago de los dos meses de sueldo reclamados con el triple de recargo que
impone al juzgador el Art. 93 del Código del Trabajo y que se demandan en las letras D)
y E) del libelo Inicial. Por todas las consideraciones expuestas, el suscrito Juez Segundo
de Trabajo del Guayas, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”, declara con lugar la demanda y
ordena que Singer del Ecuador S.A.C., en la persona de Domingo Cordovez Pérez, por
los derechos que representa y por sus propios derechos, paguen solidaria e
inmediatamente a Alan Marcelo Rameix Granda los rubros establecidos en los
Considerandos Sexto y Séptimo del presente fallo, valores que se liquidarán
pericialmente. Con intereses. Con costas, en el 10% del monto total del crédito se
regulan los honorarios del abogado defensor del actor, de los que se deducirá el
respectivo 5% para el Colegio de Abogados del Guayas. Por encontrarse vacante el
cargo de Actuario del despacho, designase Secretario ad-doc, al Ab. Víctor del Salto, de
conformidad con el Art. 119 de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional. Léase y
notifíquese.
f) Ab. Francisco Minda Bastidas

SEGUNDA INSTANCIA

Guayaquil, a 28 de Julio de 1994; a las 17H00.
VISTOS: ALAN MARCELO RAMEIX, comparece ante el Juez del Trabajo y manifiesta
que el 23 de abril de 1986 fue contratado por SINGER DEL ECUADOR S.A. para
trabajar en Guayaquil como agente de ventas, con el sueldo mensual de doscientos
cincuenta mil sucres. Que presentado el contrato, lo rechazó y no lo firmo por tener
cláusulas que desnaturalizaban lo convenido. Que la empleadora SINGER DEL
ECUADOR S. A. MADIRT CIA. LTDA. Y MECANOS S.A.C., aceptaron su trabajo,
pero no cumplieron con el pago completo de la remuneración pactada sino un promedio
mensual de ciento setenta mil sucres, dejando de pagarle en los términos que se lo
contrató, ochenta mil sucres durante 4 años y un mes, hasta que fue despedido
intempestivamente, mediante violencia ejecutada en su contra con apresamiento y
privación de su libertad, conseguida mediante una denuncia "perversa y embustera",
circunstancias en las cuales han pretendido hacerle firmar una renuncia, que no firmó.
Con estos antecedentes, demanda en juicio verbal sumario a MECANOS S.A.C.,
MADIRT CIA. LTDA. y SINGER DEL ECUADOR S.A., para que en sentencia se les
condene al pago de los valores que puntualiza en el libelo inicial. Aceptada la demanda al
trámite, se dispuso citar con ella, a los demandados, actuación que se cumplió, según
diligencia de fojas 4. Citados los demandados, estos comparecen a juicio por intermedio
de sus representantes legales, luego de lo cual se fijó día y hora para la celebración de la
audiencia de conciliación y contestación a la demanda, acto al cual comparecieron tonto
las empresas demandadas, como el accionante por la interpuesta persona de sus abogados.
Dentro de la referida audiencia, la Compañía SINGER DEL ECUADOR, por la
interpuesta persona del abogado Diego García Carrión, negó los fundamentos de hecho y
de derecho de la demanda, alegando que el accionante no fue despedido de su trabajo,
sino que abandonó el mismo luego de haber sido detenido por una presunta irregularidad
en el desempeño del cargo; que por lo mismo, alegaba la improcedencia de la acción y la
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falta de derecho del actor para reclamar el pago de las indemnizaciones que menciona en
su demanda. De igual manera, la Abogada EVA GARCIA CARRION, quien compareció
a nombre de las Compañías MECANOS S.A.C. y MADIRT CIA. LTDA., negó la
vinculación contractual entre el actor y sus representantes, alegando la improcedencia de
la demanda y de todas las pretensiones que ella contiene en contra de sus representadas.
Trabada así la litis, el Juez a-quo recibió la causa a prueba y concluida esta etapa dictó
sentencia, declarando con lugar la demanda, ordenando que la Compañía SINGER DEL
ECUADOR S.A.C.I., y solidariamente su representante legal DOMINGO CORDOVEZ,
paguen al accionante los rubros detallados en el fallo. De esta sentencia, interpuso recurso
de apelación la parte agraviada. Habiendo correspondido a la Sala el conocimiento de este
juicio, en razón del sorteo legal, su estado es el de resolver, por lo que para hacerlo se
considera. PRIMERO.- En la sustanciación de este proceso no se ha incurrido en la
omisión de ninguna solemnidad sustancial que pueda influir en la decisión de la causa,
por lo que se lo declara válido. SEGUNDO.- La relación laboral se encuentra
debidamente justificada y ha sido expresamente reconocida por la demanda SINGER
DEL ECUADOR S.A. TERCERO.- La personería de los representantes legales de las
compañías accionadas, han sido debidamente justificada con los respectivos
nombramientos que se presentaron oportunamente. CUARTO.- El tiempo de servicio y la
remuneración percibida, a falta de otra prueba, se encuentra acreditada con el juramento
deferido del trabajador que obra de fojas 72 de los autos. QUINTO.- De conformidad con
lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, cada parte está
obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presume de acuerdo a la ley.
En tal virtud, habiendo alegado la Compañía SINGER DEL ECUADOR S.A.C.I., que la
relación laboral terminó por el abandono del trabajador, era su obligación probar que
había tramitado el Visto Bueno para dar por terminado el contrato de trabajo, no
constando de autos que así lo haya hecho. Más aún, a fojas 19 aparece agregado un
documento en el que la empleadora toma la decisión de liquidar en forma inmediata al
trabajador. Por las consideraciones que preceden, esta Segunda Sala de la Corte Superior
de Justicia de Guayaquil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, confirma en todas sus partes el
fallo recurrido. Sin costas ni honorarios que regular en esta instancia. Publíquese y
notifíquese.
f). Miguel Félix López.- Walter Tomsich Pérez.- Hernán Cabezas Candel.

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Mayo 25 de 1995; las 14h35
VISTOS: En el juicio laboral establecido por Alan Marcelo Rameix contra Singer del
Ecuador S.A., Madirt Cia. Ltda. y Mecanos S.A.C., reclamando varias prestaciones e
indemnizaciones, Estaban Moreno Egas, en calidad de Gerente General y Representante
Legal de las mentadas Compañías, presentó recurso de casación impugnando la sentencia
pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil, confirmatoria de la
del Juez Segundo de Trabajo del Guayas. Por lo dicho la causa ha llegado a conocimiento
y decisión de este Tribunal que para hacerlo, considera: PRIMERO.- El Art. 102 de la
Constitución Política del Estado y el Art. 1 de la Ley de Casación. da competencia a la
Sala de lo Social y Laboral para resolver el recurso planteado. SEGUNDO.- El órgano
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judicial correspondiente ha calificado positivamente, lo cual se ratifica por cumplidos los
requisitos formales. TERCERO.- El recurrente ataca la sentencia del Tribunal de Alzada
que confirma la del Juez de Primer Nivel indicando que se ha condenado a pagar las
indemnizaciones concedidas extensivamente a Domingo Cordovez Pérez que no fue
demandado por los propios derechos de él; por cuanto existe en el fallo imprecisión y
falta de claridad respecto al alcance del despido intempestivo; que existe una errónea
interpretación del Art. 569 del Código del Trabajo, alterando la valoración de la prueba; y
que se ha condenado al pago al actor de remuneraciones por un período que no trabajó.
CUARTO.- Resumido el recurso en la forma que se esquematiza en el considerando
anterior concierne estudiar los puntos enfrentándolos con relación a la sentencia del 28 de
Julio de 1994, de la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil, confirmatoria de la
de 8 de Junio de 1992, pronunciada por el Juez de origen. Y al respecto encontramos: 1.-
En la parte resolutiva de la últimamente indicada o sea la del Juez Segundo de Trabajo,
dice: declara con lugar la demanda y ordena que Singer del Ecuador S.A.C. en la persona
de Domingo Cordovez, por los derechos que representa y por sus propios derechos,
paguen solidaria e inmediatamente....". Lo cual fue ratificado en todas sus partes en la
segunda instancia. Ahora bien analizado los autos vemos: a) Que en el libelo inicial el
actor demanda "solidariamente a quienes dejé ya indicados", o sea a las empresas que
enuncia expresamente en el aparte I) y más aún concreta en el apartado III), como deben
ser citados: "Mecanos S.A.C." en la persona de su Gerente Eduardo Martínez; "Madirt
Cía. Ltda." en la de su Gerente Fernando Sánchez; y, a SINGER S.A., en la del señor
Gerente General Edwin Dyer, la cual aceptó el Juez y se dio el trámite de rigor. Sin que
en parte alguna apareciera el nombre de Domingo Cordovez; b) En la audiencia de
conciliación (fs. 12 y ss.) Diego García Carrión, en nombre y representación de Domingo
Cordovez, por los derechos que representa de SINGER, según se asegura "actual Gerente
General", formula las excepciones con las que se trabó la litis; como lo hicieron también
las otras compañías separadamente; c) Han pasado, durante el trámite del juicio varias
personas como Gerentes de Singer, siendo el último el recurrente; d) El Art. 71 del
Código de Procedimiento Civil indica que la demanda debe ser clara y debe contener
entre otras cosas "los nombres completos del demandado" a objeto precisamente de que
pueda concurrir al proceso; e) Si el señor Domingo Cordovez no fue demandado como
persona natural, sino fue citado como tal, sino estaba actuando en la administración en la
época de las relaciones laborales y su terminación: si concurre solo como personero de
SINGER, es indudable que no podía ser condenado en la sentencia a pagar las
indemnizaciones dadas por el Juzgado "por los propios derechos de él". Repugna a la
lógica, a la razón y al más elemental concepto jurídico; pues no puede responder quien no
es parte en un juicio; cuanto más que tampoco era siquiera Gerente al momento de la
sentencia. f) La solidaridad establecida en los artículos 35 y 40 hacen referencia a una
corresponsabilidad que no existe en la especie; y los juzgadores se extralimitaron y
violaron normas fundamentales inclusive la del Art. 277 del Código de Procedimiento
Civil ya que rebasaron los límites establecidos en la traba de la litis. 2.- Con respecto a lo
decretado sobre el despido intempestivo hay normalidad; pues se han tomado en cuenta
debidamente los factores que lo constituyen y las circunstancias que lo rodearon
debidamente justificados y apreciados, en tal virtud las indemnizaciones son: 189 y 185
Código de Trabajo y Decreto 1066 R.O. 1066 14 de Noviembre de 1.989, Art.9. 3.- El
juramento deferido, por la textual conceptualización legal, está considerado como un
medio supletorio complementario de prueba utilizado para demostrar "el tiempo de
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servicio y la remuneración percibida"; pero nunca puede considerarse como medio de
prueba para justificar ofertas o convenios incumplidos. Al respecto existen, en gran
número antecedentes jurisprudenciales sentados por la Corte Suprema de Justicia, lo cual
es lógico pues se emplea el término gramatical usado en la ley, que significa recibida o
sea remuneración vigente, y no aspiraciones de mera expectativa u ofrecida. Más aún en
la especie correspondía al actor por ser de su cargo al tenor del Art. 117 del Código de
Procedimiento Civil, probar el hecho del convenio y términos acordados puesto que
expresamente el demandado afirma que "no es verdad que el Ing. Rameix haya sido
contratado con un sueldo mensual de S/. 250.000,oo. 4.- El juramento deferido ha sido
aceptado, a falta de otro mejor medio de prueba para justificar el tiempo de servicio
siendo así debe entenderse que las relaciones han durado hasta mayo de 1990 y como era
obligación del accionante -por estar probado el vínculo jurídico- demostrar que había
satisfecho las remuneraciones y ante la falta es de su obligación pagar los dos meses
reclamados. De esta suerte el procedimiento adoptado es correcto. QUINTO.- De todo lo
que se lleva indicado se desprende que en el fallo cuestionado existe algunos puntos en
que se ha violado la ley y/o se la a interpretado indebidamente, siendo procedentes las
causales invocadas por el recurrente, en parte del Art. 3º de la Ley por la que se ha
impugnado. En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa parcialmente la sentencia
de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia, rectificándola en cuanto no se le
puede condenar al pago a Domingo Cordovez por sus propios derechos porque no fue
demandado así; que la liquidación de las remuneraciones tiene que hacerse en base a lo
que realmente el actor declara percibido y no por lo supuestamente afectado no existiendo
por tanto liquidación de diferencias. La indemnización por despido se pagará: según el
Art. 185 y 189 del Código de Trabajo y Decreto 1066 R.O. 14 de Noviembre de 1.989
Art. 9. Notifíquese y devuélvase.
f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy (V. S.).-

VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR CARLOS JULIO AROSEMENA
MONROY.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Mayo 25 de 1995; las 14h35.
VISTOS: Estoy de acuerdo con el borrador que comento salvo en lo siguiente: El valor
del juramento deferido prestado por el actor Alan Marcelo Rameix Granda en el juicio
que sigue contra Singer. Este juramento es supletorio, pero esencial e inevitable en ciertos
casos. No es cierto, como lo dice el proyecto de mayoría, que nunca puede considerarse
como medio de prueba para justificar ofertas o convenios incumplidos. Las demandas de
trabajo se producen siempre por convenios incumplidos. Como define nuestro Código
Laboral al contrato individual de trabajo? Art. 3: Contrato individual de trabajo es el
convenio en virtud del cual una persona..." para mi el juramento deferido del trabajador
surte el efecto de prueba plena. Otro desacuerdo: El Art. 35 del Código del Trabajo
establece la solidaridad del representante del empleador con éste muy claramente: no
diferencia entre representante demandado y representante no demandado. Y la razón de
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esta no diferenciación, estriba en que con frecuencia una empresa demandada cambia al
representante demandado con otra persona en un afán de desviar en provecho propio los
efectos de la Ley.
f) Drs. Carlos Julio Arosemena Monroy.- Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza
Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.- Julio Jaramillo Arízaga.-

ACLARACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1.995; las 10h25.
VISTOS: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 286 del Código de Procedimiento
Civil la aclaración de una sentencia procede cuando en esta "no se hubiera resuelto
alguno de los puntos controvertidos o se hubiera omitido decidir sobre frutos, intereses o
costas", En lo principal, no ha lugar a lo solicitado por el demandado pues en el fallo
dictado por esta Sala no se aparta ni contraviene al citado precepto legal. Así mismo es
necesario aclarar, no incumbe a este Tribunal de Casación volver a reconstruir o renovar
el conjunto probatorio, como equivocadamente pretende el demandado sino establecer
que en la sentencia definitiva que dicta el órgano jurisdiccional de instancia no existe
quebranto de la ley. En virtud de lo expuesto, se desestima la solicitud de aclaración en
referencia. Notifíquese.-
f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.-


II

En el juicio verbal sumario que por indemnizaciones de trabajo, sigue Lorena Salvador
Fabre contra Cía. Inversiones Tabasca S.A., se resuelve:

SINTESIS:

El Juez del Trabajo considera que, el contrato de trabajo celebrado entre la actora,
bióloga Lorena Salvador Fabre y la compañía Inversiones Tabasca S.A., tiene pleno
valor probatorio y que fue celebrado a un año plazo, pero con cláusula de renovación,
lo cual lo convierte en contrato a tiempo indefinido, según el espíritu de la reforma al
Art. 184 del Código Laboral; que el acta de finiquito no es aceptable porque no se
especifica la remuneración, porque consta haberse celebrado un día no
laborable(domingo), y, porque el valor que consta recibido por la accionante no
concuerda con la realidad de los hechos. En tal virtud, declara con lugar la demanda.
El Tribunal de segunda instancia, confirma la sentencia manifestando que el inferior
ha hecho bien al tomar en cuenta la fecha feriada de la suscripción del acta de
finiquito para declarar con lugar la demanda, más las otras pruebas, evidencian la
terminación de la relación laboral por voluntad unilateral del empleador.
La Sala de lo Social y Laboral observa que, el acta de finiquito tiene eficacia jurídica
porque ha sido celebrada ante la autoridad de trabajo y en forma pormenorizada; que
la fecha en que se ha suscrito el acta, esto es un día feriado, en nada enerva ni resta
eficacia a dicho acuerdo, por cuanto un acuerdo privado de voluntades es lícito y
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jurídico cuando no hay duda de su autenticidad y validez; que la actora no ha
justificado el acto unilateral, violento y abusivo que rompe la estabilidad laboral; y,
que la accionante al ser Jefe de producción, era de confianza y por lo mismo, no tiene
derecho a horas suplementarias y extraordinarias. En consecuencia, la Sala acepta el
recurso de casación y declara sin lugar la demanda.

SE CASA LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR CUANTO EL ACTA DE FINIQUITO
TIENE EFICACIA JURIDICA, SIN QUE ENERVA SU VALIDEZ EL HECHO DE
HABERSE CELEBRADO UN DIA NO LABORABLE.

PRIMERA INSTANCIA

Guayaquil, 20 de septiembre de 1.993.- Las 08H24.-
VISTOS: Lorena María Salvador Fabre, comparece a fojas uno de los autos, expresando
lo siguiente: Que desde el 21 de abril de 1.992 ingresó a trabajar en la Compañía
inversiones Tabasca S.A., en el laboratorio de larvas de camarón que esta compañía tiene
ubicado en la península de Santa Elena, en el sitio denominado "Mar Bravo", cantón
Salinas, realizando funciones de Jefe de Producción. Que su trabajo consistía en dirigir la
producción de cultivo de larvas de camarón desde el estadio de nauplios (siembra) hasta
post-larva (cosecha). Que su sueldo mensual era de ochocientos mil sucres, con el horario
de trabajo de 08H00 a 20H00 de lunes a domingo, pero que nunca de le pagaron horas
extras. Que el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, fue impedida de
cumplir con su trabajo, puesto que al pedirle al administrador del laboratorio abogado
Fred Julio Estrada Jeria el material químico necesario para las labores de ese día, éste le
dijo que por orden del gerente, ella ya no podía dar órdenes de trabajo ni retirar materiales
de ninguna especie, porque el nuevo Jefe de Producción era el ciudadano estadounidense
Neil Gervais. Entonces, al dirigirse al gerente pidiéndole una explicación sobre tal
situación, le expresó que Gervais era el nuevo Jefe de Producción pidiéndole presentara la
renuncia porque "era lo mejor para todos", diciéndole no poderla seguir atendiendo por
estar de apuro e invitándole a visitar la oficina en Guayaquil. Que el día doce de
noviembre de mil novecientos noventa y dos, se presentó en la oficina de Guayaquil
ubicada en la calle Orellana Nº 211 y Panamá, recibiéndola el Gerente con un certificado
de trabajo y un cheque del Banco La Previsora por la suma de S/.1'163.500,oo
exigiéndole la renuncia, a lo cual se negó la accionante. Pero que ante esa negativa el
Gerente se enfureció y con los peores epítetos le gritó que estaba despedida, obligándola
bajo amenazas físicas a firmar dos hojas en blanco lo que hizo por la presión ejercida.
Que ha sido despedida de su trabajo sin motivo alguno, razón que la faculta a recurrir al
poder jurisdiccional a demandar, como en efecto demanda, en juicio verbal sumario a la
Compañía Inversiones Tabasca S.A., en la persona del Gerente General doctor Reynaldo
Cañizares Castillo, por la responsabilidad solidaria que le impone el Art. 35 del Código
del Trabajo, a quienes demanda las indemnizaciones pormenorizadas en su libelo inicial,
y que ascienden al total de S/.15'788.820,oo; reclamando además el pago de costas y
honorarios de su abogado defensor, más el pago de los intereses de los valores
reclamados según lo dispone el Código del Trabajo. Previo el sorteo de ley, dicha
demanda fue calificada de clara y precisa, admitiéndosela al trámite del juicio verbal
sumario, según auto inicial que consta a fojas tres, y verificada la citación de la parte
demandada, según diligencias de fojas tres vuelta del proceso, ella compareció a juicio
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con su escrito de señalamiento de casillero judicial para recibir sus notificaciones y
designando a sus abogados defensores. Acto seguido, se convocó a las partes para la
audiencia de conciliación, la cual se llevo a cabo con la comparecencia de ambas partes,
por la interpuesta persona de sus abogados patrocinadores, cuyas intervenciones están
aprobadas y ratificadas en autos. Dentro de la audiencia de conciliación, la parte
demandada dio formal contestación a la demanda en los siguientes términos: Negativa de
los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, puesto que si bien es cierto que la
actora Lorena María Salvador Fabre prestó sus servicios personales para la demandada,
no es verdad que haya sido despedida intempestivamente como manifiesta en su demanda
sino que la relación laboral existente entre las partes terminó en la forma prevista en el
Art. 169 Nº 2 del Código del Trabajo; esto es, por acuerdo de las partes ante la renuncia
que por escrito presentó la actora, la que fue aceptada en la misma fecha; por tanto, alega
la falta de derecho de la actora para reclamar las indemnizaciones por una supuesta
terminación unilateral del contrato de trabajo y la bonificación de los años de servicios
(rubros a, b, c y d de la demanda); en cuanto se refiere al pago de proporcionales de
décimo tercer, décimo cuarto y décimo quinto sueldos, vacaciones no gozadas y
compensación salarial, éstas han sido pagadas oportunamente conforme a la real
remuneración de la empleada (rubros e, g, i). Que niega el derecho a reclamar el supuesto
pago de horas suplementarias y extraordinarias reclamadas por la actora (rubro f) y las
supuestas utilidades (rubro h). Por último, niega el derecho a reclamar el pago de costas
judiciales, honorarios e intereses. Que con esos antecedentes, alega las excepciones
siguientes: a) Negativa pura, simple y categórica a los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda; b) Falta de derecho de la actora para reclamar los rubros de su
demanda; c) Improcedencia de la acción. Y, finalmente se reconviene a la actora el pago
de la suma de cuatrocientos mil sucres que la empleadora le había entregado. Dicha
contestación a la demanda fue calificada de clara y precisa, quedando de esta forma
trabada la litis. A falta de conciliación entre las partes que pusiera fin a la controversia, y
por existir hechos justificables, en la misma audiencia de conciliación se recibió la causa
a prueba por el término común de seis días, dentro de las cuales se actuaron los actos
procesales que obran de autos y oportunamente solicitados por las partes; y, estando
vencido dicho término y siendo el estado de la presente causa, la de dictar sentencia para
hacerlo se considera: PRIMERO.- No se advierte ninguna omisión de solemnidad
sustancia, común a todos los juicios e instancias, que pudiese influir en la decisión de la
presente causa, razón por la cual se declara la validez de la misma. SEGUNDO.- La
relación laboral que existió entre las partes no ha sido materia de controversia; y, más
bien, ha sido expresamente aceptada con la propia contestación dada a la demanda.
TERCERO.- Así como la relación laboral, según el criterio expuesto por la más
autorizada doctrina y por la jurisprudencia de los tribunales, se inicia desde el momento
en que el trabajador se incorpora realmente a la empresa; a la inversa, para establecer el
momento en que se terminan esas relaciones, hay que tener en cuenta las circunstancias
en que se producen el retiro definitivo del trabajador de esa fuente de trabajo que la
empresa como conjugación de los medios de producción social. CUARTO.- Con el
contenido del acta de inspección e investigación practicada por el Inspector del Trabajo
de Salinas Abogado Armando Zambrano, constante a fojas 30 y vuelta de los autos, así
como con las declaraciones testimoniales rendidas por Pedro Antonio Arellano Arellano,
de fojas 52 y vuelta; y, de Luis Antonio Núñez Morla de fojas 52 vuelta y 53, de los
autos, cuyos dichos son justipreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se llega a
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la inequívoca conclusión de que la actora cesó en sus funciones de Jefe de Producción del
laboratorio de larvas de camarón que estaban a su cargo, el mismo día nueve de
noviembre de mil novecientos noventa y dos, en que se le impidió iniciar sus labores de
técnica-bióloga, al negársele la entrega del material químico por ella solicitado para
ejecutar sus labores, instante en que también se le manifestó que el nuevo Jefe de
Producción era el ciudadano norteamericano Neil Gervais. Entonces, las relaciones
laborales entre las partes terminaron en el mismo lugar de trabajo, por la decisión
unilateral de la parte empleadora, teniendo en consecuencia la actora, pleno derecho para
reclamar las indemnizaciones legales por el despido intempestivo de que fue objeto.
QUINTO.- En consecuencia, no es aceptable, lo sostenido por la parte demandada en la
contestación dada a la demanda, de que las relaciones laborales terminaron por la
renuncia de la actora aceptada por la empleadora, al tenor de lo dispuesto en el Art. 169
Nº 2 del Código del Trabajo, por cuanto esa renuncia tiene fecha quince de noviembre de
mil novecientos noventa y dos, que es muy posterior a la fecha en que realmente
terminaron las relaciones de trabajo entre las partes, tal como se lo ha analizado en el
considerando precedente de este fallo. Y, esa renuncia, no podía convalidar los hechos
realmente sucedidos en el mismo lugar de trabajo, por cuanto los derechos del trabajador
son intangibles e irrenunciables. SEXTO.- Tampoco es aceptable el acta de finiquito de
fojas 21 de los autos presentada como prueba por la parte demandada con la finalidad de
desvirtuar el hecho del despido intempestivo, por los siguientes motivos: a) Por cuanto en
dicha acta no se especifica cual es la remuneración, elemento esencial en la prestación
laboral, que ha servido de base para la pormenorización de los rubros indicados en la
misma; b) Por cuanto el día en que dice haberse celebrado fue domingo y por lo
consiguiente no laborable; c) Por cuanto el valor líquido que menciona dicha acta como
recibido por la actora no concuerda con la realidad material de los hechos. Puesto que a
fojas 61 consta el microfilm del cheque Nº 861 del Banco La Previsora por valor de
S/.1'141.732,22 cifra muy diferente a lo que aparece en tal finiquito, constante en el
mismo la prueba de que fue efectivado por la actora; y, d) Por el mismo análisis crítico
expuesto en el considerando precedente. SÉPTIMO.- La accionante debía haber
justificado sus servicios, con exceso a las cuarenta horas semanales, sin que sea aceptable
para esa comprobación el juramento deferido, tal como lo determina una ejecutoria de la
Corte Suprema de Justicia publicada en la Gaceta Judicial de la Serie VII Nº 5, página
499; sin que tampoco se pueda admitir el tiempo suplementario o extraordinario de
trabajo reclamado, puesto que los dichos de sus testigos no satisfacen las exigencias de
las reglas de la sana crítica. OCTAVO.- De fojas 82 a 89 de los autos, constan los
documentos recibidos de la Superintendencia de Compañías, entre ellos la fotocopia
certificada del balance presentado por la demandada por el ejercicio económico del año
de 1.992, de los cuales no aparece que la parte demanda haya obtenido utilidades durante
ese ejercicio. NOVENO.- Que el ejemplar del contrato de trabajo, constante en fotocopia
simple a fojas 29 de los autos, tiene valor probatorio por cuanto en el mismo se ha
estampado un sello oficial correspondiente a la autoridad de trabajo que lo registró. Y,
examinado el contenido de ese contrato individual de trabajo, se comprueba que fue
celebrado a un año plazo, pero con cláusula de renovación, lo cual lo convierte en
contrato a tiempo indefinido, según el espíritu de la reforma legal introducida por la Ley
133 publicada en el Registro Oficial 817 Suplemento-21-XI-91 el Art. 184 del Código del
Trabajo. DÉCIMO.- Que de acuerdo con el Art. 119 inciso segundo del Código de
Procedimiento Civil, el juez no tiene la obligación de expresar en su resolución la
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valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren decisivas
para el fallo de la causa.- Por las considerandos expuestos, el infrascrito Juez Tercero del
Trabajo de esta jurisdicción "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" declara con lugar la demanda, y se
ordena que el Dr. Reynaldo Cañizares Castillo, por si y por los derechos que representa
de la Compañía Inversiones Tabasca S.A., pague a la actora los rubros especificados en la
misma, con la excepción de los rubros contenidos en los literales f) y h) por falta de
prueba.- Se declara sin lugar la reconvención conexa por falta de justificación procesal.-
Los mencionados rubros deberán ser liquidados pericialmente en base a la remuneración
de ochocientos mil sucres mensuales, de acuerdo al juramento deferido y al contrato de
fojas 29, con los intereses legales como lo dispone el artículo innumerado mandado a
incorporar por ley reformatoria después del Art. 591 del Código del Trabajo. Del monto
de esa liquidación el perito deberá descontar el valor del cheque Nº 861 del Banco La
Previsora, de fojas 61 de los autos, que fue efectivado por la parte actora.- Sin costas ni
honorarios que regular.- Dese lectura y notifíquese.-
f) Dr. Raúl Chavalia Garcés

SEGUNDA INSTANCIA

Guayaquil, 24 de Junio de 1994; las 9h45
VISTOS: Para resolver la apelación interpuesta por las partes de la sentencia
estimatoria dictada por el señor Juez Tercero Provincial del Trabajo del Guayas dentro
del juicio verbal sumario que por reclamaciones laborales sigue Lorena María Salvador
Fabre contra la Compañía Inversiones Tabasca S.A. en la interpuesta persona de su
representante Dr. Reynaldo Cañizares Castillo a quien también demanda por sus propios
derechos por la responsabilidad solidaria contemplada en el Art. 35 del Código del
Trabajo y que por sorteo de ley a correspondido conocer a esta Sala, se considera:
PRIMERO.- A la causa se le ha dado el trámite verbal sumario previsto en el Art. 563
del Código del Trabajo y al no advertirse omisión de solemnidad alguna que pueda
influir en su decisión, ni vicios de procedimiento, se la declara válida. SEGUNDO.- La
personería del accionado se estima legitimada con el documento que obra a fs. 9.
TERCERO.- A fs. 7 y vuelta obra el acta de la audiencia de conciliación a la que
concurren las partes por intermedio de sus defensores y en lo que respecta al accionado,
su defensor a su nombre deduce las excepciones de que se cree asistido y por su parte la
actora se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda e impugna
los términos de la contestación a la misma, estando las partes en la situación procesal
prevista por el Art. 118 del Código del Trabajo, esto es, que cada parte está obligada a
probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley.
CUARTO.- La relación laboral entre los litigantes no es materia de controversia puesto
que se encuentra expresamente reconocida por el demandado en la audiencia de
conciliación y obran del expediente suficientes pruebas de la misma. QUINTO.- La
actora afirma en su libelo: "que el día 9 de noviembre de 1992 fui impedida de cumplir
con mi trabajo, pues al pedirle al Administrador del laboratorio abogado Fred Julio
Estrada Jeria el material químico necesario para las labores de ese día, este me dijo que
por orden del gerente yo ya no podía dar órdenes de trabajo ni retirar materiales de
ninguna especie, porque el nuevo Jefe de Promoción era el ciudadano estadounidense
Neil Garvais. Al dirigirme al gerente pidiéndole una explicación sobre esta situación,
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me expresó que Garvais era el nuevo Jefe de Producción pidiéndome que presente la
renuncia porque "era lo mejor para todos", diciéndome no poder atenderme por estar de
apuro e invitándome a visitar la oficina de Guayaquil. El 12 de Noviembre de 1992 me
presenté en su oficina de Guayaquil ubicada en las calles Orellana Nº 211 y Panamá
recibiéndome el Gerente con un certificado de trabajo y un cheque del Banco La
Previsora por la suma de S/.1'163.500,oo exigiéndome la renuncia, a lo que me negué.
Mi negativa enfureció al Gerente y con los peores epítetos me gritó que estaba
despedida, obligándome bajo amenazas físicas a firmar dos hojas en blanco, lo que hice
por la presión ejercida. En la audiencia de conciliación, al contestar la demanda, el
accionado al deducir sus excepciones, al respecto, manifiesta: "no es verdad que haya
sido despedida intempestivamente como manifiesta en su demanda sino que la relación
laboral existente entre las partes terminó en la forma prevista en el Art. 169 Nº 2 del
Código del Trabajo; esto es, por acuerdo de las partes ante la renuncia que por escrito
presentó la actora, la que fue aceptada en la misma fecha, por tanto, desde ahora alego la
falta de derecho de la actora para reclamar las indemnizaciones por una supuesta
terminación unilateral del Contrato de Trabajo y la bonificación por los años de
servicio......" reconvengo a la actora el pago de la suma de cuatrocientos mil sucres que
la empleadora le había entregado...." en el decurso de la etapa de probanza, las partes,
con el objeto de probar sus asertos, actúan las siguientes pruebas: A fs. 9 obra el
certificado suscrito por el accionado a petición de la actora, de fecha noviembre 12 de
1992; a fs. 20 corre la renuncia suscrito por la actora con fecha 15 de noviembre de
1992, esto es, tres días después de que se le confirió el certificado de fs. 9. A fs. 21 el
accionado conjuntamente con la renuncia antes citada, presenta el acta de finiquito
celebrada en esta ciudad de Guayaquil ante el Inspector Provincial del Trabajo Ab.
Harry Hernández Pontón con fecha 15 de Noviembre de 1992, documentos que son
debida y oportunamente impugnados por la actora en su escrito de fs. 34 en que expone:
"Las dos hojas en blanco que me hizo firmar Cañizares el día que me pidió las ha
utilizado censurablemente en llenar estos escritos. Su autoridad podrá apreciar la
falsedad de estos documentos: a) Tienen fecha 15 de Noviembre de 1992, el día
Domingo; b) Que yo trabajé hasta el 12 de Noviembre de 1992 fecha en que fui
despedida; c) desde esa fecha no he vuelto a ver a Cañizares en ningún momento, peor
el 15 de Noviembre como el asegura con ese documento; d) Los dos documentos son
escritos en una misma máquina de Inversiones Tabasca; e) Que la Inspectoría de
Trabajo no labora los fines de semana, peor domingo. A fs. 30 obra el acta de
inspección realizada en el lugar denominado Mar Bravo por el Inspector Provincial del
Trabajo Ab. Armando Zambrano en fecha 3 de Diciembre de 1992 en la que consta:
"entrevistándose al señor Administrador del antes mencionado laboratorio Don Fred
Julio Estrada Jeria manifiesta: "Diga si la bióloga Salvador dirigía la producción del
laboratorio, responde que cumplía y hacia cumplir las metas fijadas por la empresa.
Quien dispuso que las órdenes de trabajo que da la bióloga, en adelante las daría el
señor Neil Gervais, dijo: que esa orden la dio el señor Gerente Dr. Reynaldo Cañizares,
diciendo que en adelante el señor Gervais sería la nueva cabeza de laboratorio. Que
horario de trabajo tenía la bióloga Salvador, dijo que tenía honorarios de ocho a
diecisiete horas sin perjuicio de los controles extraordinarios que ella efectuaba o
cuando fuera de este horario se le iba a buscar por problemas que se presentaban en las
larvas inclusive sábados y domingos, cuando le correspondía la corrida de siete días de
producción. En la entrevista sostenida con la bióloga Lorena Salvador, responde: usted
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trabajó bajo las ordenes de la bióloga Lorena Salvador, así es. Cual era el cargo de la
bióloga Salvador.- era jefe responsable de la producción de todo el laboratorio. Usted
conoce si es verdad que el gerente la despidió a la bióloga Salvador del cargo: yo no
estuve presente en ese hecho pero que la bióloga se acercó a despedirse el día que el
gerente la despidió el 11 de Noviembre de 1992.....". A fs. 52 y vuelta rinde su
declaración Pedro Antonio Arellano; a fs. 52 vuelta a 53 declara Luis Antonio Núñez
Morla y de fs. 53 vuelta a 54 rinde su declaración Silvia Genoveva Viteri Castillo,
testimonios estos quienes coinciden al responder las preguntas formuladas por la actora
respecto al despido intempestivo, haciéndolo en forma armónica y concordante que
llevan a la conclusión inequívoca de que fueron testigos presenciales de dicho hecho.
No obstante lo inmediatamente anterior, se debe establecer la veracidad del hecho del
despido intempestivo en consideración a que en autos obran los documentos presentados
por el accionado y que contienen la renuncia de la actora y una acta de finiquito,
documentos estos que han sido impugnados por la actora en cuenta al contenido de
dichos documentos, pues hay que tomar en cuenta que la actora en su libelo afirma que
el accionado la obligó a firmar dos papeles en blanco, hecho que lo vuelve a sostener al
impugnar el acta de finiquito y la renuncia, aduciendo respecto a los dos, que se
encuentran otorgados y suscritos el día domingo 15 de noviembre de 1992, afirmación
que esta Sala ha confirmado al confrontar las fechas de dichos documentos con el
calendario de 1991 con el que se estableció incontrovertiblemente que la fecha en que se
celebró el acta de finiquito presentada por el accionado, fue un día domingo y sabido es,
por elemental, que nuestra legislación laboral consagra la jornada laboral de 40 horas,
jornada dividida en cinco días laborales de Lunes a Viernes con ocho horas diarias, más
aún, en el caso de los servidores de las instituciones oficiales de servicio público como
en este caso son los Inspectores Provincia de Trabajo, por lo que admitir como válido
dicha acta constituiría una iniquidad y un atropello a los más elementales principios de
la lógica, de la legislación laboral y una violación a los derechos del trabajador, pues de
dicho documento se revela la temeridad con que ha procedido el empleador. A todo lo
dicho se suma lo demostrado con las otras pruebas antes mencionadas, pues de la acta
de inspección realizada por el Inspector Provincia del Trabajo en el local del laboratorio,
se desprende claramente que la actora fue despedida del trabajo. El inferior ha hecho
bien al tomar en cuenta la fecha feriada de la suscripción del acta de finiquito para
declarar con lugar a lo que se suma las demás pruebas actuadas de las que se evidencia
la terminación de la relación laboral por la voluntad unilateral del empleador, por lo que
procede ordenar el pago de las indemnizaciones reclamadas por la actora por concepto
del despido intempestivo. SEXTO.- Con el acta de inspección practicada por el
Inspector Provincia del Trabajo de Salinas Ab. Armando Zambrano, a fs. 30 se
encuentra probado que la actora laboraba horas suplementarias y extraordinarias por lo
que ha lugar el pago de las mismas conforme a lo reclamado en la demanda.
SÉPTIMO.- A fs. 61 obra el microfilm del cheque Nº 861 del Banco La Previsora de
fecha noviembre 12 de 1991 que difiere de la fecha de la suscripción del acta de
finiquito y del monto de la misma, ya que en el referido microfilm consta la suma de S/.
1'141.732,22 dinero que consta fue cobrado por la actora y que deberá ser tomado en
cuenta al momento de la liquidación pericial, para su deducción. No obra de autos, al no
tener validez el acta de finiquito, que el accionado haya solucionado el pago de los
rubros determinados en el ordinal d) del libelo inicial por lo que se manda a pagarlos
con los intereses de ley. OCTAVO.- De fs. 82 a 89 obra el balance económico
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presentado por la parte accionado correspondiente al año de 1992 de los que no aparece
que esta haya obtenido utilidades por lo que se deniega lo demandado en el ordinal h) de
la demanda. Ha lugar el reclamo por compensación salarial. La parte accionada no ha
probado en autos la existencia de la deuda de la actora, por lo que se declara sin lugar la
reconvención planteada en la audiencia de conciliación. Para determinar la
remuneración percibida por la accionante se estará lo constante en su juramento deferido
y al contrato de fs. 29. En base a las consideraciones precedentes, esta Sala de la H.
Corte Superior de Justicia de Guayaquil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, en los
términos contenidos en este fallo, confirma la sentencia recurrida. Sin costas ni
honorarios. Publíquese y notifíquese .
f). Jorge Wright Icaza.- Alfredo Contreras Villavicencio (V. S.).- Otto Koppel C.-

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1995; las 08h30
VISTOS: Inconforme con la sentencia expedida por la mayoría de la Tercera Sala de la
Corte Superior de Guayaquil que en los términos constantes en aquella confirma a su
vez el fallo parcialmente estimatorio de la demanda pronunciado en el primer nivel
jurisdiccional, el demandado Dr. Reynaldo Cañizares Castillo interpone dentro del plazo
hábil recurso de casación dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue
la Bióloga Lorena María Salvador Fabre en contra del recurrente, tanto personalmente
como por los derechos que representa de Inversiones TABASCA S. A. Siendo el estado
de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo Social
y Laboral, es competente para conocer y decidir el presente recurso en atención a lo
estatuido en el Art. 102 de la Carta Política del Estado y 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO.- El accionado censura y ataca la sentencia de última instancia
manifestando, que tanto en ésta como en la dictada en primer grado no se ha tomado en
cuenta las disposiciones legales aplicables a la valoración de la prueba y que en tal
virtud se han infringido los Arts. 169 numeral 2 y 571 del Código del Trabajo, así como
también los Arts. 135, 169, 178 y 198 del Código de Procedimiento Civil. Ampliando su
argumentación manifiesta el recurrente que la vinculación laboral que existió con la
actora no concluyó de manera intempestiva; sino por el contrario, en forma armónica y
amistosa mediante la suscripción de la correspondiente Acta de Finiquito, que tuvo
como antecedente la renuncia, que la ahora demandante presentó como paso previo a la
finalización de sus labores. Tales documentos es de anotar que corren a fs. 20 y 21 del
cuaderno de la instancia inicial. Por último, es de destacar que el recurso de casación lo
fundamenta el Dr. Reynaldo Cañizares Castillo en las causales primera, tercera y quinta
del Art. 3 de la Ley respectivamente. TERCERO.- Resumido en los términos que han
quedado indicados en el considerando inmediato anterior el desacuerdo de la parte
demandada con la sentencia de instancia y confrontada ésta con la argumentación que
contiene el escrito de interposición del recurso, esta Sala de lo Social y Laboral
encuentra que tiene asidero legal la alegación que formula el demandado. Así pues,
constan de autos, como ya se ha indicado anteriormente, tanto la renuncia de la actora
como el Acta de Finiquito que suscribieron las partes ante la Autoridad Administrativa
del Trabajo . Tal acta, podría ser objeto de rechazo si no estuviese debidamente
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pormenorizada así como también si no hubiere sido otorgada ante la autoridad
administrativa correspondiente. Tales situaciones no ocurren en la especie, de lo que se
desprende que dicho instrumento posee una fuerza y eficacia jurídicas plenas. Al
respecto, en nada hacen variar las apreciaciones que aquí se dejan consignadas, las
reiteradas alegaciones de la parte actora expuestas por una parte en el sentido de que la
fecha que aparece como de suscripción de la referida Acta corresponde a un día feriado,
situación que en nada enerva ni resta eficacia a dicho acuerdo de voluntades; pues, para
que las partes puedan solucionar un eventual conflicto o desavenencia la ley no ha
fijado, y mal podría hacerlo días especiales o hábiles, ni prohíbe hacerlo en los otros.
Por tanto, todo acuerdo privado de voluntades es lícito y jurídico cuando el
consentimiento que se presta en él no deja margen de duda en cuanto a su autenticidad y
validez como acaece en el caso presente, sin importar el día o la hora en que éste haya
sido suscrito. Cosa diversa a la indicada acontece en las actuaciones judiciales para las
cuales las normas procesales fijan días y horas determinadas para su cumplimiento,
dependiendo de éste el valor y eficacia de aquellas, lo cual, insístase en decirlo no ha
acontecido en la especie. Por otra parte, carece de sustento jurídico la alegación de la
actora de que fue obligada a suscribir papeles en blanco, y de que no es su firma la que
consta en los documentos antes mencionados de fs. 20 y 21, ya que, la pericia realizada
demuestra precisamente la autenticidad de dichas firmas. Añádase a lo dicho que la
accionante no ha acreditado que la renuncia ni el Finiquito que suscribió hayan sido
obtenidos mediante amenazas físicas utilizadas por el demandado. Más aún, resulta
peregrina la aseveración de que tal acto violento se verificó y constó a los demás
compañeros de trabajo, ya que de haber ocurrido tal abuso debieron constar los nombres
de los testigos de aquel en el libelo de demanda, lo cual no ha ocurrido. Por otra parte,
las atestaciones en las cuales la Sala de Apelación ha fundado su criterio para aceptar la
existencia del despido intempestivo, no merecen credibilidad, y eficacia procesal; ora,
por el hecho trascendental de no haber sido evacuadas ante Juez competente; ora,
porque analizadas en su contenido, a simple vista se advierte a la luz de la sana crítica y
del libre y recto criterio judicial que no son idóneas para llevar a los juzgadores a la
convicción de que este acto unilateral, violento y abusivo que rompe la estabilidad
laboral, efectivamente se produjo. Al respecto, no es concebible que tales deponentes de
manera coincidencial se hayan encontrado presentes en lugares absolutamente diferentes
y distantes como son el lugar de trabajo de la actora así como también la oficina en la
ciudad de Guayaquil, en la que manifiestan que aconteció el despido. Oportuno es
señalar que la prueba testifical ha venido paulatinamente en descrédito en el acontecer
procesal ecuatoriano en razón de que los testigos lejos de deponer con veracidad e
imparcialidad sobre los hechos sobre los cuales son inquiridos, convirtiéndose así en los
ojos y oídos a través de los cuales el Juzgador aprecia y juzga hechos ocurridos en el
pasado, deponen como en el caso presente con ligereza y acomodo, con el premeditado
y proditorio afán de ajustar al querer de la parte a la que pretenden favorecer. Lo
expuesto, se advierte en el caso subjúdice y ello obliga a desestimar tales declaraciones.
Pero hay más en torno al caso: De haber existido la presión, violencia o "Vires" que
señala la actora, tal hecho abusivo y censurable se hubiere patentizado en los rasgos o
grafías de la renuncia y del Finiquito suscritos por aquella, pero, de la peritación
respectiva, concluye el perito y concluye también esta Sala que ambos documentos
fueron suscritos por la ahora accionante, sin advertir, en dicho acto que haya existido
menoscabo o alteración de sus facultades. De todo lo dicho se infiere que no ha sido
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correcta la valoración que del Acta de Finiquito han efectuado los juzgadores inferiores,
e igualmente que es errónea el valor que ha conferido a las tantas veces mencionadas
declaraciones testimoniales. Por último y en otro orden de cosas, igualmente es
equivocada la pretensión tanto de la actora como de la Sala adquem ya que, si las
labores efectuadas por la demandante eran las de Jefe de Producción de la empresa
accionada, es obvio que estas labores dada su importancia y trascendencia económica
eran de confianza y por ello, no tenía derecho al pago de las jornadas suplementarias y
extraordinarias que reclama en su libelo de demanda, en atención a lo que claramente
preceptúa el Art. 57 del Código del Trabajo. Por las consideraciones que preceden y
acogiendo por lo demás, por acertado el criterio de minoría que se expresa en el Voto
Salvado del Ministro señor Ab. Alfredo Contreras Villavicencio, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, se acepta el recurso de casación venido en grado y en tal virtud se casa la
sentencia pronunciada por la mayoría de la Corte de Alzada y se declara sin lugar la
demanda. Sin costas. Publíquese, notifíquese y devuélvase.-
f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.-


III

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Pedro
Matamoros Vera contra ECUADASA, se resuelve:

SINTESIS:

III

Pedro Matamoros Vera demanda a la empresa ECUADASA, manifestando que ha
sido despedido intempestivamente por haber participado en la organización del
sindicato.
El Juez declara sin lugar la demanda por estimar que, el trabajador puede impugnar
el finiquito únicamente cuando no ha sido realizado ante la autoridad del trabajo, sin
que importe ni enerve su valor el no haber sido pormenorizada, pues, ese mismo
criterio -dice- sostiene la Primera Sala de la Corte Suprema; por lo tanto, da plena
validez al finiquito y declara sin base legal la impugnación al mismo.
La Sexta Sala de la Corte Superior de Guayaquil revoca el fallo apelado y acepta la
demanda, bajo la consideración de que el finiquito tiene que ser practicado ante el
Inspector del Trabajo, quien debe cuidar que sea pormenorizado, con el propósito de
que el juez observe si en el pago de las indemnizaciones se ha cumplido con la ley;
tanto más que, según la Constitución, los derechos del trabajador son irrenunciables.
La Sala de Casación establece que, en el acta de finiquito existe una clara lesión a los
derechos del trabajador, puesto que, en ella no se contemplan todos y cada uno de los
rubros que le corresponden al actor, siendo en consecuencia diminuta dicha acta, sin
cumplir con lo que establece la Constitución en salvaguarda de los derechos del
trabajador que son irrenunciables e intangibles. En tal virtud, casa parcialmente la
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sentencia en cuanto a la remuneración; pero en lo demás, ordena que se cumpla lo
dispuesto en la sentencia impugnada.

ACTA DE FINIQUITO TIENE QUE SER REALIZADA ANTE EL INSPECTOR DEL
TRABAJO Y PORMENORIZADA, CASO CONTRARIO, ES DIMINUTA.

PRIMERA INSTANCIA

Guayaquil, Mayo 4 de 1.993.- Las 08h00.-
VISTOS: A fojas 2 comparece Pedro Londres Matamoros Vera, para exponer: Que
ingresó a laborar en la Empresa Transnacional Empacadora ecuatoriana Danesa S. A.,
(Ecuadasa), el día 27 de Mayo de 1.980, hasta el 29 de Abril de 1.991, fecha en que fue
despedido intempestivamente por haber participado en la Organización del Sindicato;
que suscribió un acta y, luego otra los dirigentes del Sindicato y Comité Especial,
dejándose una cláusula para poder reclamar esta reliquidación.- Por lo expuesto,
demanda a la empresa representada por Jorge Waage Pedersen, por los derechos que
representa, por sus propios derechos y por la responsabilidad solidaria, a que le paguen
las indemnizaciones y prestaciones que determina en el libelo.- Calificada la demanda y
admitida al trámite (fojas 3), se citó legalmente a la parte accionada, por tres boletas,
conforme aparece a fojas 4 del expediente.- Convocada a la Audiencia de Conciliación,
se celebró éste acto procesal con la sola concurrencia del actor, y habiendo hechos sujetos
a justificación, declara la rebeldía del demandado, se dispuso recibir la causa a prueba
por el término de ley, dentro del cual se practicaron las que obran del proceso.- El estado
del juicio, es el de dictar sentencia, y para hacerlo, se considera: PRIMERO.- No se
advierte omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiera influir en la decisión de la
causa, por lo cual se declara su validez. SEGUNDO.- La falta de contestación a la
demanda, será apreciada por el Juez como indicio en contra del demandado y se
considerará como negativa simple de los fundamentos de la demanda, salvo disposición
contraria (Art. 107 del Código de Procedimiento Civil). TERCERO.- La relación laboral
entre los contendientes se encuentra justificada con el Acta de Finiquito de fojas 16.
CUARTO.- Nuestro Código Civil, en su Art. 2372, define que la transacción es un
contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o, precaven un
litigio eventual.- El Art. 571 de la Ley Laboral, nos dice que el Finiquito suscrito por el
trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada ante
el Inspector del Trabajo, quien cuidará de que sea pormenorizada. QUINTO.- La
Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, en fallo publicado en la Gaceta Judicial
Serie 13, Nº 15, Página 3535 sostiene: "...Quinto.- No hay duda de que el instrumento
ante dicho tiene el carácter de verdadero Finiquito por haber sido celebrado ante el
Inspector del Trabajo, único requisito para que tenga validez y eficacia jurídica,
conforme prevé el Art. 571 del Código del Trabajo sin que importe o enerve su valor aún
las circunstancias de que, la liquidación no hubiere sido pormenorizada, en cuanto a que
ésta es obligación de la Autoridad del Trabajo y no (Conditio Juris), para la validez y
efectos del Finiquito.- Consecuentemente, el trabajador puede impugnar el Finiquito
únicamente si no hubiere sido realizado ante la supradicha autoridad del ámbito laboral.
Tal el criterio que viene sosteniendo esta Sala y las demás del Tribunal Supremo al
respecto. Cierto que los derechos del trabajador son irrenunciables; más, también lo es la
de que el Acta Transaccional (Finiquito) celebrado ante Autoridad del Trabajo y que ha
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sido pormenorizada en lo sustancial, no puede reputarse como renuncia del derecho
laboral, sino con propiedad legal, el ejercicio del mismo que compete a su titular, que en
el caso, es el trabajador. Es obvio y elemental, que si el actor en esta causa no hubiere
tenido la voluntad de concretar su arreglo con la empleadora, o si consideraba, lesivo a
sus derechos, simplemente no debió suscribir el Finiquito y deducir su acción ante la
justicia ordinaria y no, como ha ocurrido, después de firmar el Finiquito demandar a su
empleadora en franca impugnación al Finiquito, cuando su derecho se había extinguido,
tornándose la demanda improcedente. SEXTO.- Por tanto, el Finiquito de fojas 16 es
incontrovertible, tiene plena validez y eficacia jurídica, careciendo de base su
impugnación. Por estas consideraciones, el infrascrito Juez Primero del Trabajo de
Guayas, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY", declara sin lugar la demanda. Sin costas, ni
honorarios que regular. Dese lectura. Notifíquese.-
f) Ab. Teófilo García

SEGUNDA INSTANCIA

Guayaquil, a 11 de marzo de 1994.- Las 08H30.-
VISTOS: Este procedimiento judicial que contiene la litis laboral que sigue PEDRO
LONDRES MATAMOROS VERA en contra de la Empacadora Ecuatoriana DANESA
S. A. (ECUADASA), ha venido a conocimiento y resolución del Superior por el recurso
de apelación interpuesto por el actor, de la sentencia expedida por el Juez Primero del
Trabajo de Guayaquil, de fecha Mayo 4 de 1993; a las 08H00.- Matamoros ha dicho que
ingresó a trabajar a ECUADASA el 27 de mayo de 1980 y que fue despedido el 29 de
abril de 1991, por haber participado en la organización de un Sindicato. Que no le
pagaron los valores a que tenía derecho de conformidad con la remuneración que percibía
ni los rubros pertinentes por la organización del Sindicato de Trabajadores.- Se citó a los
demandados quienes comparecieron a fs. 8. Se celebró la audiencia de conciliación no
habiendo comparecido los demandados.- En estos juicios al Superior le corresponde
resolver en mérito de lo actuado, según el Art. 853 del Código de Procedimiento Civil.
Así, para hacerlo, se considera. PRIMERO.- La Sala tiene competencia para conocer y
resolver este asunto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 554 del Código del Trabajo; Art.
327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Art. 23 # 3 de la Ley Orgánica de la
Función Judicial; y, por el sorteo de ley, especialmente. SEGUNDO.- El proceso es
válido, ya que se ha cumplido con las demás solemnidades sustanciales comunes a estos
juicios. TERCERO.- La no concurrencia de los demandados a la Audiencia de
Conciliación, debe tenerse como negativa de los fundamentos de la demanda, pero
también como indicio en su contra, de acuerdo con el mandato que trae el Art. 107 del
Código de Procedimiento Civil. Esta negativa hizo que la carga de la prueba recayera en
el actor, en todo cuanto la negativa no conlleva una afirmación implícita. CUARTO.- De
la documentación agregada dentro del término probatorio, ha quedado establecida la
existencia del contrato individual de trabajo entre las partes en contienda. QUINTO.- El
análisis ha de remitir a determinar si el actor tiene derecho a reclamar los valores que
señala en su demanda de fs. 2, puesto que tampoco existe controversia respecto de la
forma en que concluyó la relación de trabajo, ya que ha sido aceptado que el contrato
individual de trabajo terminó por decisión unilateral del empleador. Así la situación, se
hace las siguientes reflexiones. 1.- A fs. 28 del expediente consta la copia certificada del
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escrito mediante el cual, con fecha 29 de abril de 1991, a las 09H00, los trabajadores de
la Empacadora Ecuatoriano DANESA S. A., notifican al Inspector de Trabajo la
conformación de su Sindicato General, solicitud que fue admitida al trámite el mismo
día. A fs. 18 del expediente obra el Acta de Transacción celebrada el día 8 de mayo de
1991 entre la Empacadora Ecuatoriano DANESA S. A. y los miembros del Comité
Especial de los trabajadores de ECUADASA, por la cual se pone fin al Conflicto
Colectivo que mantenían dichas partes. Y a fs. 16 hace prueba el acta de Finiquito
suscrita entre el actor del juicio y el representante de la empresa demandada. El Art. 448
del Código del Trabajo, prohíbe a los empleadores despedir o desahuciar a sus
trabajadores, una vez que éstos notifiquen al Inspector del Trabajo, que se han reunido en
Asamblea General para constituir un Sindicato o Comité de Empresa o cualquier otra
Asociación de Trabajadores. En el caso, como se ha dicho, está demostrado que los
trabajadores de ECUADASA se reunieron en Asamblea General para formar un
Sindicato General y que tal particular fue notificado al funcionario del trabajo. El Art.
451 del Cuerpo de Ley mencionado dice que, si el empleador violare la prohibición
referida anteriormente, deberá pagar doce meses de indemnización al trabajador
despedido, haya o no participado en la Asamblea de Constitución. 2.- El Art. 94 del
Código de Trabajo señala que, "para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el
trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el trabajador recibe en dinero...";
por lo que es legal y procedente que para el pago del rubro mencionado, deba
considerarse todos los valores que el trabajador reciba, salvo los que la misma
disposición excepciona. 3.- Si, como se afirma en el acta de finiquito, el trabajador
recibía mensualmente S/. 59.000,oo, ello significaría que el valor que le correspondería
por Décima Tercera Remuneración, parte proporcional de Diciembre de 1990 a abril de
1991, sería la suma de S/. 24.583,33; pero se le ha pagado según el acta de la referencia,
la cantidad de S/. 28.743,17, lo que significa que la remuneración del trabajador ha sido
de S/. 68.983,60, que es el monto con el cual deben ser pagadas las indemnizaciones y
bonificación; por lo que cabe el pago de las diferencias de los rubros 25% de la última
remuneración por cada año de servicio; un año de estabilidad, según decreto Nº 2089; los
seis meses según el Art. 189 del Código del Trabajo; al igual que los doce meses
contemplados en el Art. 451 del Código del Trabajo; y las diferencias de los rubros 2 y 3
mencionados en la demanda, no ha lugar al rubro 6 señalado en la demanda, por no
haberse demostrado que el actor haya tenido calidad de dirigente. SEXTO.- Si bien el
Art. 571 del Código del Trabajo señala que el documento de Finiquito podrá ser
impugnado por el trabajador, si la liquidación no hubiere sido practicada ante el Inspector
del Trabajo, quien cuidará que sea pormenorizada, es indiscutible que el legislador ha
formulado esta exigencia -esto es que la liquidación sea pormenorizada- con el propósito
de que el juzgador, al analizar el Acta de Finiquito, observa si se ha cumplido con el pago
de las indemnizaciones y prestaciones en los términos que la ley señala, puesto que por el
Art. 31 letra d) de la Constitución Política de la República se sabe que los derechos del
trabajador son irrenunciables y que será nula toda estipulación que implique renuncia,
disminución o alteración de dichos derechos. Además, por los dispuesto en los Arts. 9 y
10 del Código Civil, los actos que la ley declara nulos no tienen valor alguno y ninguna
autoridad podrá darle otro valor, que no sea el de la nulidad. En definitiva la Constitución
y la Ley están por encima de cualquier Acta de Finiquito o de Transacción en las que se
vulneran, como en el caso, los derechos del trabajador. Por lo expuesto, la Sexta Sala de
la Corte Superior de Justicia de este Distrito ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
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NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta el
recurso de apelación interpuesto por el actor, revoca el fallo venido en grado y declara
con lugar la demanda, ordenando que JORGEN WAAGE PEDERSEN, por sí y por los
derechos que representa de Empacadora Ecuatoriano DANESA S. A. pague a Pedro
Londres Matamoros Vera, los valores mencionados en el considerando Quinto, que serán
liquidados por perito. Con costas; en el 10% de los valores mandados a pagar en la
sentencia se determinan los honorarios del abogado del demandante, de lo que se
deducirá el porcentaje que corresponda al Colegio de Abogados. Publíquese y
notifíquese.-
f). Drs. Carlos Eduardo Jaramillo.- Walter Avilés Guerra.- Edison Cabrera
Alcívar.-

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1995; las 08h47
VISTOS: Inconforme con la sentencia expedida por la Sexta Sala de la Corte Superior
de Guayaquil que revoca a su vez el fallo desestimatorio de la demanda emitida en el
primer nivel jurisdiccional y en su lugar acepta parcialmente la acción disponiendo que la
parte accionada pague al actor los rubros que se determinan en el considerando Quinto de
esa resolución, Jorge Erick Nielsen Hansen por los derechos que representa de la
Compañía Empacadora Ecuatoriana Danesa (ECUADASA S. A.) interpone dentro del
plazo hábil recurso de casación, todo ello dentro del juicio que por reclamaciones de
índole laboral sigue Pedro Londres Matamoros Vera, en contra del recurrente, tanto por
sus propios y personales derechos como por los que representa de la Compañía en
mención. Corresponde resolver y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo
Social y Laboral, es competente para conocer y decidir el presente caso en atención a lo
estatuido en el Art. 102 de la Carta Política del Estado, y 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO.- El recurrente censura y ataca la sentencia recurrida indicando que en ella
se han infringido los Arts.. 448, 451, 571 y 569 del Código del Trabajo, así como
también los Arts. 1610 numeral 4, 2372 y 2386 del Código Civil y el Art. 853 del Código
de Procedimiento Civil. Indica el demandado que se funda para interponer su recurso de
casación en las causales primero, tercera y quinta de la ley de la materia. TERCERO.-
Circunscrito en los términos que han quedado indicados en el considerando inmediato
anterior el motivo de la impugnación del actor, esta Sala de lo Social y Laboral emite su
pronunciamiento y para hacerlo formula las siguientes apreciaciones: a) Es innegable y
así lo reconoce la parte demandada en el acta de finiquito que suscriben las partes y que
corre a fs. 16 del primer cuaderno que la vinculación laboral que existió entre aquellas
terminó por despido intempestivo. b) Sentado lo que se señala en el literal precedente es
oportuno destacar que tal despido intempestivo se produjo el día 29 de abril de 1991y que
coincidencialmente los trabajadores de la Empresa antes mencionada habían presentado
ante las autoridades administrativas de trabajo una notificación mediante la cual hacían
conocer a estas autoridades acerca de la conformación de un Sindicato General de
Trabajadores, solicitud que fue admitida al trámite en el mismo día. c) El efecto jurídico
que tiene la notificación antedicha no es otro que el de garantizar la estabilidad de los
trabajadores que han hecho uso del legítimo derecho de asociarse sindicalmente, derecho
que como es de público conocimiento está amparado en el Art. 31 literal g) de la Carta
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Política del Estado. d) Por otra parte y en armonía con la disposición Constitucional
indicada, claramente preceptúa el Art. 448 del Código del Trabajo, que el empleador está
prohibido de desahuciar o despedir a ninguno de sus trabajadores desde el momento en
que éstos notifiquen al respectivo Inspector del Trabajo que se han reunido en Asamblea
General para constituir un Sindicato o Comité de Empresa; y más aún, esta protección a
la estabilidad del trabajador abarca aún a aquellos que no hayan concurrido a la
mencionada Asamblea Constitutiva. La sanción, para el empleador que quebranta la
disposición legal que se acaba de mencionar, está consagrada en el Art. 451 del Código
del Trabajo, condenándole al pago de la indemnización de un año de remuneraciones, sin
perjuicio claro está de las demás indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador.
CUARTO.- En la especie, y estudiadas de manera prolija y detalladamente tanto la
alegación del demandado así como también las constancias procesales, se advierte sin
esfuerzo que el despido intempestivo de que fue objeto el accionante, fue como
consecuencia directa de haber participado, con legítimo derecho de la constitución de la
Asociación Sindical en referencia. Al respecto, si bien es verdad que existe entre los
contendientes una acta de finiquito y liquidación por aquellos suscrita ante la autoridad
laboral, ello no impide que este Tribunal al estudiarla haya observado que en aquella no
se contemplan con la debida amplitud todos y cada uno de los derechos que corresponden
al trabajador siendo en consecuencia diminuta, y ello, hace que igualmente esta Sala
acepte, aunque en forma parcial los razonamientos que en torno al caso ha vertido la Sala
de instancia en su resolución. Se trata en el presenta caso de cumplir conforme lo ordena
la Constitución y la Ley de la salvaguarda de los derechos del trabajador, que son
irrenunciables e intangibles y que en caso del acta de finiquito tantas veces citada,
aunque aparezca de ella que existe una transacción, tal cosa no puede admitirse porque se
advierte que existe clara lesión de los derechos del trabajador. Por lo demás, y para
mayor claridad en lo expresado por esta resolución y ante la alegación de la parte
demandada en el sentido de que la separación del actor se produjo horas o momentos
antes de que el Inspector del Trabajo avocara conocimiento de la notificación efectuada
por los trabajadores de ECUADASA de que habían constituido una organización
sindical, tal caso carece en lo absoluto de fundamento pues, desde que se presenta tal
notificación en el respectivo despacho administrativo los trabajadores adquieren la
garantía de estabilidad que les otorga la ley, sin que haga falta que ocurra como en el
caso de la ciudad de Guayaquil en que existe varios funcionarios de esta índole que
previamente la competencia se radique entre ellos por sorteo. Por las consideraciones que
preceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta parcialmente el recurso de casación venido
en grado, pero únicamente en lo referente a la remuneración del actor en que se estará al
valor constante en el acta de finiquito, esto es la suma de cincuenta y nueve mil sucres.
En lo demás se cumplirá la sentencia pronunciada por la Corte de instancia. De los
valores a pagarse al demandante se imputarán los que ya ha percibido de conformidad
con el instrumento que obra a fs. 16 vta. de los autos. Sin costas. Publíquese y
notifíquese.-
f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.-


IV
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En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Segundo Saquisilí
contra la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., se resuelve:

SINTESIS:

Segundo Enrique Saquisilí demanda a la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. el
pago de la pensión jubilar mensual, reliquidación de haberes y pago de costas.
El juez de primer nivel considera lícito el convenio transaccional celebrado entre las
partes litigantes, respecto al monto recibido por el actor en pago de la jubilación
patronal vitalicia, calificando improcedente el reclamo del accionante.
El Tribunal de Segunda Instancia, bajo el razonamiento de que moral y jurídicamente
es lícito el convenio de las partes, por el cual, el trabajador ha recibido el monto de
reserva matemática para administrarla por su cuenta y con su rentabilidad cubrir el
pago de las pensiones jubilares vitalicias, confirma en todas sus partes la sentencia
recurrida.
La Sala de Casación establece que el Tribunal A-quo ha cometido error en la
interpretación del Art. 31 de la Constitución y de los Arts. 4 y 221 del Código del
Trabajo, al negar la jubilación patronal a que tiene derecho el trabajador, puesto que,
el mencionado derecho es imprescriptible e intangible y no puede ser objeto de pago
acumulado. En consecuencia, casa la sentencia y declara que el demandante tiene
derecho al pago de la pensión jubilar vitalicia.

EL DERECHO A LA PENSION JUBILAR VITALICIA ES IMPRESCRIPTIBLE E
INTANGIBLE Y NO PUEDE SER OBJETO DE PAGO ACUMULADO, NEGOCIO O
CONVENIO.

PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DEL AZUAY.- Cuenca, Agosto 26 de 1993.-
Las 14h30.-
VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en virtud de la designación hecha
por la H. Corte Superior de Justicia del Distrito como titular de esta Judicatura.- En lo
principal comparece a fojas 4 de los autos el señor Segundo Enrique Saquisilí,
manifestando que por el lapso de veinte y cinco años y un mes, presto sus servicios
lícitos y personales a las órdenes y bajo la dependencia de la Compañía Ecuatoriana del
Caucho S.A., en la fábrica de llantas, ubicada en la Panamericana Norte, kilómetro tres y
medio, sector del Parque Industrial, en esta ciudad de Cuenca, en calidad de empleado
privado.- Que ha ingresado a prestar sus servicios el diez y siete de mayo de mil
novecientos setenta y tres, y que ha dejado de laborar en la misma con la terminación de
relaciones laborales el veinte y dos de junio de mil novecientos ochenta y ocho, siendo su
última remuneración de cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro sucres mensuales.-
Que a pesar de cumplir con todos los requisitos su empleadora se niega a concederle en
su favor el beneficio de Jubilación Patronal a la cual por ley tiene derecho y en el afán de
burlar este derecho que le pertenece luego de terminada la relación laboral, su empleador
le ha hecho firmar unos papeles cuyo contenido no le fue dado a conocer, y que luego se
le entregó la suma de dos millones doscientos setenta y dos mil novecientos noventa y un
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sucres, que ha recibido con el convencimiento de que se trataba de sus haberes por todos
los años laborados en la Empresa, pero que luego ha tenido conocimiento de que se le ha
entregado conforme a una Acta de Jubilación Patronal y por ese concepto a lo que debe
decir: a) La ley no prevé el procedimiento empleado por su empleador de hacer de un
pírrico pago y en una sola ocasión, pues ello va en contra de el espíritu de la Institución
de la Jubilación Patronal.- b) Que la suma que se le ha pagado no representa siquiera el
cuarenta por ciento del haber individual de Jubilación, peor la suma total que le
corresponde; c) Que el acta en mención estipula una renuncia de derecho por parte del
trabajador, lo que es contrario a la ley y por tanto ilícito.- Que por lo expuesto la referida
acta es nula de nulidad absoluta, estando vigente su derecho a la Jubilación Patronal, que
con fundamento en lo expuesto y amparado en el artículo 221 y más pertinentes del C.
del Trabajo, demanda al señor Alberto Farias por sus propios derechos y por los que
representa en la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A., lo siguiente: a) el pago de una
pensión jubilar mensual, desde la fecha de terminación de la relación laboral, la que se
determinará de conformidad con las normas invocadas y los pertinentes de la Ley del
Seguro Social Obligatorio; b) La reliquidación de sus haberes en la Empresa y c) el pago
de las costas procesales y los honorarios de su defensor; la parte demandada al dar
contestación a la demanda, presenta las siguientes excepciones, indicando en relación al
punto a de la demanda, alega cosa juzgada, subsidiariamente pago mediante transacción
en la que se entrega al actor la reserva matemática actuarial, a fin de que sea
administrada por él, esto es de los intereses y de su capital se consuma mes a mes, en
relación con el punto b de la demanda, alega prescripción de la acción y del derecho;
subsidiariamente inexistencia del punto que reclama en la confesión a más de que el
mismo actor dice que ha cobrado todo lo de ley, en relación con el punto c de la
demanda, se ha trabado la litis, estando la causa en estado de resolución, para lo cual el
Juzgado Primero del Trabajo del Azuay lo hace teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: PRIMERO.- Esta causa se ha tramitado sin la omisión de solemnidad
alguna, por lo que se la declara válida.- SEGUNDO.- La Judicatura considera
únicamente las pruebas que vayan ha influenciar en la decisión de la causa.- El actor de
este juicio dando contestación a la confesión judicial que se le solicitara y que obra a
fojas diez de los autos, en contestación a la pregunta signada con el número ocho
manifiesta que las firmas y rúbricas puestas en los documentos que se acompaña para la
confesión judicial si son suyas propias las que utilizan en sus actos públicos y privados,
la misma que dice: "Segundo Saquisilí"; documentos entre los cuales consta la
comunicación enviada por el actor al señor Jorge Abad, Gerente Encargado de
Relaciones Industriales de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A., mediante la cual
le solicita indicarle el monto que le corresponde por concepto de su jubilación; con este
instrumento se determina la voluntad del señor Segundo Saquisilí de acogerse a la
jubilación patronal, de ahí que es preciso determinar si es o no procedente el mecanismo
utilizado por la parte demandada, para satisfacer ese derecho del trabajador.- De la
confesión judicial rendida por el señor Alberto Farias se establece que la Empresa
demandada otorga ese beneficio por el pago de una cuota única en base al cálculo de la
reserva matemática o en base a un pago mensual y vitalicio; el artículo 221 numeral
tercero del C. del Trabajo, hace entender la facilidad de un pago único que garantiza el
derecho del trabajador a la jubilación patronal, el señor Enrique Saquisilí al celebrar el
acuerdo transaccional revela su voluntad de someterse a ese sistema de un solo pago.
TERCERO.- El actor en la demanda manifiesta que el acta transaccional mediante la
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cual se le hace un pago único de jubilación patronal ha sido firmado sin saber su
contenido y que este contiene una renuncia de derechos, por lo cual es nulo, en este
sentido es necesario analizar dos aspectos importantes: El primero en relación a que se le
hizo firmar el acuerdo transaccional sin conocer de lo que se trataba, el artículo 117 del
Código de Procedimiento Civil, señala que es obligación de el actor probar los hechos
que se han propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo, en relación con
el artículo 118 de ese cuerpo legal y con el artículo 1742 del C. Civil.- De autos no se
desprende prueba alguna que acredita lo dicho por el actor, más bien se establece que
Segundo Saquisilí se ha hecho cargo del dinero entregado, mediante ese acuerdo
transaccional, conforme consta de la ya indicada confesión judicial, de otra parte el actor
ha reconocido que los papeles no los firmó en blanco b.- Que el acta transaccional
constituye una renuncia a sus derechos.- Al respecto el artículo 2372 del C. Civil
establece a la transacción como un mecanismo de las partes, mediante el cual termina
extrajudicialmente un litigio eventual, de ahí que tendrá que hacerse el análisis que
siendo procedente un acuerdo transaccional este implica renuncia o no de derechos en
materia laboral, de ser el segundo caso está prohibido por la Constitución Política del
Estado y el Código Obrero, al respecto conforme consta de el acta de jubilación patronal,
la misma que se encuentra debidamente reconocida por el actor, se establece que en la
cláusula primera la Empresa demandada, al tenor del artículo 221 del C. del Trabajo
toma a su cargo o responsabilidad el pago de la jubilación patronal a favor de Segundo
Enrique Saquisilí, los cálculos para establecer el monto único se ha practicado de
acuerdo a un valor actual de la reserva matemática que cubrirá las pensiones en forma
vitalicia y que ese cálculo ha sido realizado en base de los principios actuariales en base
de la tabla de mortalidad aplicada por el IESS; la única salvedad está dada en el sentido
de que será el trabajador quien utiliza su conveniencia para administrar el dinero recibido
pero eso no significa renuncia de derechos; de lo dicho es lícito el acuerdo transaccional
referido, volviendo improcedente la pretensión del actor constante en el literal a de la
demanda. CUARTO.- De autos igualmente se establece que la Empresa Compañía
Ecuatoriana del Caucho no debe nada por concepto de haberes del trabajador conforme el
lo ha reconocido en confesión judicial que se le ha cancelado oportunamente sus haberes,
esto es lo establecido en el artículo 611 del C. del Trabajo, prescripción de los derechos y
de la acción, consecuencia tampoco es aceptada la reclamación constante en el literal b
de la demanda por lo manifestado el Juzgado Primero del Trabajo del Azuay,
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY”, declara sin lugar la demanda, disponiéndose que de
causar ejecutoria la presente se archivará el expediente.- Sin costas ni honorarios que
regular.- Notifíquese.-
f) Dr. Efraín Veintimilla G.

SEGUNDA INSTANCIA

Cuenca, a 27 de Junio de 1994, las 08h40
VISTOS: SEGUNDO ENRIQUE SAQUISILI, afirma en su demanda que ha trabajado
para la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., por el lapso de veinte y cinco años y un
mes, concretamente desde el 17 de Mayo de 1963, hasta el 22 de Junio de 1988, en que
salió de la misma. Es el caso, dice, que a pesar de haber cumplido los requisitos legales,
la Empresa Empleadora se ha negado en concederle el beneficio de la jubilación patronal,
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siendo así que luego de la terminación laboral se le hizo firmar una acta de jubilación
patronal conforme a la cual se le entregó la suma 2'272.991,oo de sucres, aclarando que
al momento de la suscripción, él desconocía de lo que se trataba y que recibió con el
convencimiento de que se relacionaba con el pago de sus haberes por los años laborados
en la Empresa; que la suma que se le ha pagado no representa siquiera el cuarenta por
ciento de sus haberes individuales de jubilación y peor los valores que verdadera y
efectivamente le corresponden por ley, por lo que tal acta entraña una renuncia de
derechos que está prohibido por la ley y determina que esa acta sea nula y de nulidad
absoluta, estando plenamente vigente su derecho, demanda al señor Alberto Farías por
sus propios derechos y los que representa en la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A.,
el pago de una pensión jubilar desde la fecha de terminación de la relación laboral, que se
determinará de conformidad con el Art. 221 del Código del Trabajo y las normas
aplicables de la Ley de Seguro Social Obligatorio, la reliquidación de sus haberes en la
Empresa, el pago de costas judiciales y honorarios profesionales. El señor Juez Primero
del Trabajo, a quien le ha correspondido el conocimiento por sorteo, ha aceptado la
demanda para el trámite y ha ordenado citarse legalmente al demandado. Cumplida la
citación y luego de comparecer, solicita una confesión judicial al actor, que este lo ha
rendido y que consta del folio 10 del cuaderno de primera instancia, a solicitud del
demandado, el juez de la causa convoca a los litigantes a la audiencia de conciliación, en
la que el demandado ha contestado la demanda, expresando en lo principal: alega cosa
juzgada, subsidiariamente el pago mediante transacción en la que se entrega al actor la
reserva matemática actuarial a fin de que sea administrada por él, esto es, que de los
intereses y su capital se consuma mes a mes, alega prescripción de la acción y del
derecho. Trabada la litis, y luego de concederse los términos de prueba y el de alegatos,
el Juez de la causa dicta sentencia en la que declara sin lugar la demanda. De este fallo, el
actor interpone recurso de apelación el mismo que por oportuno y legal es concedido.
Verificado el sorteo legal de procesos, la competencia se radica en la Segunda Sala de la
H. Corte Superior de Justicia del Distrito, Tribunal Superior, que en mérito de los autos,
para resolver, considera, PRIMERO.- Que a la demanda se le ha dado el trámite que por
su naturaleza le corresponde sin que exista omisión de solemnidad sustancial que pueda
influir en su decisión, por lo que se declara su validez procesal; SEGUNDO.- Sin que
sea necesario referirse pormenorizadamente a las pruebas aportadas por las partes, sólo
cabe advertir, que de esas pruebas, especialmente del acta de jubilación patronal,
adjuntada por el mismo actor a su demanda, de su confesión judicial y de instrumentos
que han sido reconocidos expresamente por el propio demandante aparece claramente,
que el señor Segundo Enrique Saquisilí, ha recibido la suma de S/. 2'272.991,oo por el
valor actual de la reserva matemática necesaria y suficiente para el pago de las pensiones
de Jubilación en forma vitalicia, calculada en base de principios actuariales, utilizando la
tabla de mortalidad aplicada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que el
beneficiario pueda utilizar de esa cantidad en la manera que mejor le convenga; luego
que meses antes había solicitado la liquidación respectiva y después de haber presentado
su renuncia en forma voluntaria para acogerse a la jubilación; habiendo recibido además,
los valores que le han correspondido por liquidación de sus derechos al haber concluido
la relación laboral. A fs. 22 del cuaderno de primera instancia consta una copia
certificada del Art. 43 del Contrato Colectivo de Trabajo entre dicha Empresa y el
Comité de Empresa de los Trabajadores, en la que la primera reconociendo el derecho de
los trabajadores a la jubilación patronal y comprometiéndose a garantizar su pago,
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manteniendo actualizada la reserva matemática actuarial, estatuye que los trabajadores
con derecho a ello, podrán escoger el pago mensual vitalicio de dicha pensión, o el pago
por una sola vez del valor individual de la reserva matemática actuarial; TERCERO.- Al
actor le competía probar que al recibir la suma ya indicada por jubilación patronal,
desconocía de lo que se trataba y de lo que se le obligó a firmar el acta, puesto que así
afirma en su demanda; y desvirtuar por lo tanto lo que consta de la prueba indicada en el
considerando precedente; y, al no existir prueba alguna en ese aspecto, necesariamente se
concluye que el actor y demandante ha recibido con pleno conocimiento y voluntad esos
valores entregados por jubilación patronal de acuerdo al Contrato Colectivo; CUARTO.-
Lo fundamental en el presente enjuiciamiento y otros similares, es definirse, si es que el
"Acta de Jubilación Patronal", los que lo suscriben, le dan al carácter de transacción con
valor de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es o no válida, si es o no lícita,
ya que el demandante alega que existe renuncia de derechos que están prohibidos por la
ley; y esto viene a constituirse fundamento esencial de la demanda. Reconociendo el
Tribunal, que todo aquello que puede significar renunciamiento del trabajador de sus
derechos y concretamente en cuanto se refiere a la jubilación patronal, todo aquello que
pueda lesionar a ese derecho inalienable de percibir una pensión vitalicia en la
proporción establecida por la ley, no puede surtir efecto alguno. para analizar este punto
de derecho cuestionado es indispensable analizar la norma del Art. 221 del Código del
Trabajo en su numeral 3ro. que establece que, el trabajador jubilado podrá pedir que el
empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión, o en su defecto deposite en el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el capital necesario para que éste le jubile por
su cuenta, con igual pensión que le corresponda pagar al empleador. La finalidad de esta
disposición legal, en parte última, no es la de eximir al empleador de su obligación de
pagar la renta vitalicia, sino al contrario, de garantizar al trabajador que con el capital que
se ha calculado y la rentabilidad del mismo, no solo se paguen las pensiones jubilares,
sino el incremento para que se pueda cubrir las alzas que se prevé que deberán hacerse de
acuerdo a los factores económicos que están imperando en el País y entre ellos la tabla de
mortalidad en el sector social en que se puede incluir al trabajador, es lo que la Sala,
entiende de que es "la reserva matemática actuarial" que indica el acta de jubilación
patronal. En el presente caso esa reserva matemática actuarial se ha practicado
previamente a petición del propio actor y se le ha entregado a él para que se lo administre
por su cuenta. Si el caso hubiese sido, que el cálculo de la reserva no corresponde a la
realidad o resulta equivocado, aún por factores supervenientes no previstos (como una
devaluación de la moneda altísima, por ejemplo), podría encontrase perjudicado el
trabajador porque algún momento esa reserva resuelta insuficiente para cubrir el pago de
las pensiones jubilares y el capital que se haya reducido; pero dadas las condiciones
económicas vividas desde 1988 hasta la fecha, no aparece que el cálculo haya estado
equivocado; y al contrario el cálculo que la Compañía demandada presenta en segunda
instancia, de la rentabilidad que debía producir la suma entregada al demandante por
reserva matemática, de acuerdo a los factores económicos que se han dado hasta el
momento, en que se encontraría que el capital restadas las pensiones jubilares
devengadas se ha incrementado de acuerdo a las tasas de interés que han regido en estos
tiempos demuestra mas bien que el cálculo es correo. Lo cuestionable y que podría
discutirse es la facultad que tendría el empleador, de entregar al trabajador de la reserva
matemática actuarial, porque la disposición que se ha transcrito al referirse a ello solo
como facultad concedida al trabajador para que se lo garantice eficazmente el pago de sus
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pensiones vitalicias. Podría pensarse que la Ley no le concede al empleador tal facultad,
pero ello no impediría que aquel pueda, depositar el monto de la reserva matemática
actuarial o en Instituto de Seguridad Social o en otra Entidad Bancaria o Financiera, para
administrarla por su cuenta y con la rentabilidad de esa pagarle al trabajador las
pensiones jubilares, con la ventaja incluso de que al finalizar la obligación por el
fallecimiento del trabajador y el pago adicional a sus herederos, ese capital amortizado
revierta a su favor. Si el trabajador recibe esa reserva matemática, calculada para cubrir
en forma integral su jubilación vitalicia y lo administra prudente y eficazmente,
redundará en su propio beneficio, al poder beneficiarse incluso en algún momento en las
circunstancias que obliguen, el capital amortizado. Distinto es, que el trabajador que
recibe esa reserva matemática actuarial para administrarla por su cuenta, no sepa
administrarla en debido forma y lo despilfarre, por ejemplo, o haga uso del capital en
forma incompatible con la finalidad con que se ha entregado, porque la responsabilidad
en el manejo de tales fondos recaería exclusivamente contra el trabajador. Debe pensar el
reclamante, que si se admite su tesis y la pretensión que plasma en su demanda,
jurídicamente estaría obligado a restituir a la empleadora el monto de esa reserva
matemática actual que se le ha dado, con los intereses corrientes que se hubieren
devengado que es lo que representa la rentabilidad de ese capital, descontando las
pensiones jubilares que se hayan devengado (que en el caso, este juicio alcanzaría a una
cuantiosa suma según el cálculo de la Compañía demandada), y que ello no le
beneficiaría al trabajador. La Sala, estima en suma, por razonamientos anteriores que
moral y jurídicamente es lícito el convenio de las partes, de que el trabajador haya
recibido el monto de la reserva matemática para administrarla por su cuenta, y que no
haya perjuicio alguno en ello para el trabajador, ni renunciamiento de sus legítimos
derechos. Y este concepto podría decirse que está robustecido, por el propio hecho de
que los trabajadores de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., representado por sus
dirigentes sindicales, hayan obtenido como un beneficio en el Contrato Colectivo de
Trabajo, como un derecho para los trabajadores, de que cada uno puede pedir a su
elección, o el pago de las pensiones vitalicias, o el pago de la reserva matemática para
administrarla por su cuenta; y aún más, robustecería este concepto, el hecho de que
distintas organizaciones de trabajadores han obtenido como un beneficio en contratos
colectivos, la facultad de convenir con el Patrono en que se le entregue la reserva
matemática actuarial para administrarlas por su cuenta; y con su rentabilidad cubrir el
pago de las pensiones jubilares vitalicias, y no se ha cuestionado por ninguna Autoridad
del Trabajo su legalidad. En su defensa el actor alude otras circunstancias para impugnar
la validez del acta en referencia y que no pueden ser materia de pronunciamiento alguno
porque son aspectos sobre los cuales no se ha trabado la litis; QUINTO.- Respecto a la
reclamación de reliquidación de haberes, habiendo transcurrido mucho más de tres años
desde cuando terminaron las relaciones laborales, procede la prescripción alegada por la
parte demandada, de los supuestos derechos que podían haberle asistido al actor, de
conformidad con el precepto del Art. 611 del C. del Trabajo. Por las consideraciones
anotadas, la Sala, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", confirma en todas sus partes la
sentencia recurrida. Con costas en esta instancia por ser confirmatorio el fallo, pero sin
honorarios que regular. Ejecutoriado este fallo, devuélvase el proceso al Juzgado de
origen.- Notifíquese.
f) Dr. Carlos Palacios Maldonado.- Hernán Peña Terán.- Gonzalo Muñoz Alvarez.-
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RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1995; las 08h48
VISTOS: Segundo Enrique Saquisilí interpone recurso de casación de la sentencia
dictada, la misma que, rechaza la demanda de jubilación patronal que ha presentado el
recurrente contra la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., rechazo que se realiza bajo
el argumento de que, existe una acta de jubilación patronal por la cual el trabajador ha
recibido S/. 2'272.991 como reserva matemática necesaria y suficiente para pagar las
pensiones jubilares en forma vitalicia. Para resolver, se considera: PRIMERO.- Esta
Sala de lo Social y Laboral de la Corte Suprema es la competente para conocer y resolver
el recurso en cuestión de conformidad con lo prescrito en el Art. 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO.- El recurrente censura la sentencia de instancia manifestando que se han
infringido en la misma normas de derecho contenidas en los Arts. 221 y siguientes del
Código del Trabajo en relación con los Arts. 4 y 7 del mismo cuerpo de leyes y lo que es
más el Art. 31 de la Constitución Política de la República, por lo que fundado en la
causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación solicita se case la sentencia en mención y
se ordene el pago de su pensión jubilar patronal en la forma establecida por la Ley y no
de otra manera. TERCERO.- El Art. 31, letra ch) de la Constitución, no permite
renuncias, disminución o alteración de los derechos del trabajador. Por otro lado, el Art.
140 de la Carta Política, estatuye la supremacía de la Constitución; y, establece que no
tiene valor alguno todo lo que se oponga a la Constitución o altere sus prescripciones. En
el caso, el acta de jubilación patronal suscrito entre la Compañía Ecuatoriana del Caucho
S.A., con Segundo Enrique Saquisilí contiene renunciamientos ilegales de derechos del
trabajador, especialmente, en la cláusula Quinta, puesto que, la Empresa impone al
trabajador que: ".....si hubieren incremento en las pensiones jubilares por disposición
legal y administrativa, el beneficiario no puede reclamar a la Empresa ningún incremento
a la pensión....". Como el trabajador y las partes firmaran el Acta de Jubilación Patronal
el 23 de junio de 1988 con una pensión de S/. 9.500 mensuales que corresponde al 50%
del mínimo vital vigente a esa época de S/. 19.000 según Ley 31 R.O. de 4 de julio de
1988; al poco tiempo, o sea, el 6 de octubre del mismo año de 1988 según Ley 001 se
eleva a S/. 11.000 mensuales de pensión jubilar patronal básica, esto es, el 50% del
mínimo vital de S/.22.000 lo que significa perjudicar al trabajador en S/. 1.500
mensuales, solo en el año de 1988, ya que, posteriormente hubieron otros aumentos del
salario mínimo vital. Esta clase de transacciones no pueden prevalecer y es evidente que
la sentencia de instancia ha cometido error en la interpretación del Art. 31 de la
Constitución en relación con el Art. 4 y 221 del Código del Trabajo al negar el derecho a
la jubilación patronal a que tiene derecho el trabajador. CUARTO.- En otro orden, según
sentencias publicadas en Registros Oficiales de 5 de abril de 1994; 25 de abril de 1994,
29 se septiembre de 1994, este Tribunal de Casación ha sentado un precedente
jurisprudencial obligatorio por su triple reiteración referente a la jubilación patronal que
dice: "Por existir error en la interpretación del Art. 31 de la Constitución y Art. 4 del
Código del Trabajo, así como también error en la valoración de la prueba, al negar por
parte de la Corte de Apelación, el derecho a la jubilación que tiene el actor, dándole al
acta de finiquito una amplitud y eficacia liberatoria de la que carece, puesto que, el
derecho del trabajador a percibir pensión jubilar es imprescriptible e intangible y no
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puede ser objeto de pago acumulado, negocio, convenio o transacción, la Sala casa la
sentencia y declara el derecho que tiene el recurrente a percibir la pensión jubilar
reclamada". En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala declara procedente el
recurso de casación formulado por Segundo Enrique Saquisilí por haber laborado por
más de 25 años en la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., tiene derecho a que se le
pague la pensión jubilar patronal vitalicia a partir de la terminación de la relación laboral
de conformidad con el Art. 221 del Código del Trabajo, debiendo descontarse en favor de
la Empresa lo que ha entregado al actor, o sea, S/. 2'272.991 en la ilegal acta suscrita
entre las partes el 23 de junio de 1988. Sin costas. Notifíquese.-
f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.-


V

Juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue César Guevara Zurita
contra INDUSTRIAS CATEDRAL, la Sala resuelve:

SINTESIS:

César Guevara Zurita, impugnando el Visto Bueno del Inspector del Trabajo de
Tungurahua, cuya resolución se base en la indisciplina y desobediencia grave del
actor a los Reglamentos Internos legalmente aprobados, demanda indemnizaciones
laborales a la empresa Fábrica de Industrias Catedral Cía. Ltda.
El Juez Segundo del Trabajo de Tungurahua estima que, en el expediente de Visto
Bueno no consta el Reglamento Interno en el que el Inspector fundamenta su
resolución, y mal puede dicha autoridad basarse en algo que no obra de autos; que ni
en trámite administrativo ni en el juicio se ha justificado que el actor haya incurrido
en la falta grave alegada por el patrono; que la resolución del Inspector no tuvo base
legal, produciéndose en consecuencia, el despido intempestivo. Por lo tanto, acepta en
parte la demanda.

La Segunda Sala de la Corte Superior de Ambato al resolver la apelación manifiesta
que, el trabajador no logra demostrar la improcedencia del visto bueno, ni que lo
actuado por el Inspector sea falso. Consecuentemente, declara que no existe despido
intempestivo, y que la relación laboral terminó por aceptación del visto bueno,
reformando así la sentencia apelada.
La Sala de lo Social y Laboral considera que, existe contradicción entre la fecha en
que se acepta el visto bueno, la que se admite como fecha en la que el trabajador fue
separado de sus labores y la fecha en que el Inspector fue retirado de sus funciones,
por lo cual, la Sala concluye que, efectivamente se produjo el despido intempestivo. En
definitiva, el visto Bueno no tiene ningún valor legal, puesto que fue concedido cuando
el Inspector ya fue destituido de su puesto. En tal virtud, casa el fallo impugnado.

VISTO BUENO NO TIENE VALOR LEGAL PORQUE HA SIDO EXPEDIDO LUEGO
DE HABER SIDO DESTITUIDO EL INSPECTOR DEL TRABAJO.
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PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO SEGUNDO DEL TRABAJO DE TUNGURAHUA.- Ambato, 24 de Junio de
1994; las 15H00.-
VISTOS: A fojas uno, uno vuelta, dos y dos vuelta del proceso, comparece el señor
CESAR NAPOLEON GUEVARA ZURITA, quien manifiesta: "Desde el 4 de Enero de
1.972, hasta el día lunes 13 de diciembre de 1993, en que fui despedido
intempestivamente en contubernio con el señor Inspector del Trabajo, he venido
prestando mis servicios lícitos y personales en calidad de obrero de maquinaria en la
Fábrica de Industrias Catedral Cía. Ltda., ubicada en la Avenida Pasteur del sector
Cashapamba, de esta ciudad de AMBATO, Provincia de Tungurahua. Siendo mis
horarios de trabajo de acuerdo al turno que me tocaba esto es; de 6H00 hasta las 14H00,
desde la 14H00 hasta las 22H00, y un turno desde 22H00 a 6H00; esto es en horario
rotativo de lunes a sábado y aparte horas extras, incluidos los días festivos, feriados y
vacaciones de Ley. Percibiendo un mensual en el año de 1.972 de QUINIENTOS
SESENTA SUCRES mensuales, sin beneficio legal de ninguna naturaleza hasta el 13 de
diciembre de 1.993 que terminé percibiendo la cantidad de CIENTO VEINTE Y SIETE
MIL DOSCIENTOS SESENTA SUCRES, es decir líquidos en que fui despedido
intempestivamente por mi empleador. Sucede, señor Juez, que el día 13 de diciembre de
1.993, sin que mediara motivo de mi parte fui notificado con la solicitud de, VISTO
BUENO por parte de la Sra. Benavides, Secretaria de la Inspectoría de Trabajo de
Tungurahua, quien me supo indicar que no trabajaré más. DEMANDA: Con las
consideraciones anotados anteriormente, vengo ante usted, señor Juez, y amparado en lo
que dispone el Art. 563 del Código del Trabajo, en juicio verbal sumario, demando al Sr.
Ing. RICARDO MAYORGA, en calidad de representante de Industrias Catedral Cía
Ltda., a fin de que tramitada la presente causa en sentencia se le condene al pago de los
siguientes rubros. 1.- Al pago de la diferencia del salario de veintidós años; 2.- La
indemnización de acuerdo al Art. 189 del Código del Trabajo por despido intempestivo;
3.- El valor que me corresponde por concepto de utilidades, conforme lo dispone el
Código del Trabajo en actual vigencia, desde el momento en que ingresé a laborar hasta
el día en que fui despedido; 4.- El valor que me corresponde por Décimo Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto sueldos, desde la fecha en que entré a trabajar hasta cuando fui
despedido; 5.- El pago del porcentaje por trabajo en los días festivos, días sábados y
domingos, e inclusive las horas extras que he trabajado de conformidad al Código del
Trabajo y al Contrato Colectivo en actual vigencia, por todo el tiempo que presté mis
servicios; 6.- Al pago del trabajo por los turnos de velada, desde la fecha que entré a
trabajar hasta cuando fui despedido; 7.- Al pago del trabajo por las horas extras de los
tres turnos rotativos en los que presté mis servicios, con el recargo de Ley; 8.- Al pago
de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por todo el tiempo
que trabajé en la indicada fábrica; 9.- Al pago de los fondos de reserva a los cuales tengo
derecho según la Ley; 10.- Al pago de las vacaciones no gozadas en atención a lo
dispuesto en el Art. 68 del Código del Trabajo vigente, por todo el tiempo trabajado; 11.-
Al pago del subsidio por el alto costo de la vida y transporte desde que ingresé hasta
cuando me despidieron; 12.- Al pago de la bonificación complementaria; 13.- Al pago de
los intereses de conformidad a lo dispuesto en el Art. 591 del Código del Trabajo en
vigencia; 14.- De conformidad a lo establecido en el Art. 93 del Código del Trabajo se
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dispondrá el pago con el triple de recargo, del último trimestre; 15.- Al pago de las costas
procesales en las que se incluirán los honorarios de mi defensa conforme a la Ley; 16.- Al
pago de las indemnizaciones que me corresponden de acuerdo al Octavo Contrato
Colectivo en vigencia. El trámite a darse a la presente causa es la verbal sumaria en
atención a lo dispuesto en el Art. 563 del Código del Trabajo. La cuantía se la fijo en
CUARENTA MILLONES DE SUCRES.". Aceptada la demanda al trámite legal
correspondiente, se dispuso citar con la misma al demandado, según constancia procesal
que obra de autos, compareciendo el señor Ing. Ricardo Mayorga Buenaño, a fojas cuatro
del proceso, señalando casillero judicial para recibir posteriores notificaciones.
Convocadas las partes a audiencia de conciliación, esta se llevó a efecto el día viernes
veinticinco de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas, con la
comparecencia del actor, César Napoleón Guevara Zurita, y el Dr. Francisco José
Salazar, ofreciendo poder o ratificación de su defendido, el demandado, Ing. Ricardo
Mayorga Buenaño, en los términos constantes del acta de fojas siete vuelta y ocho, del
proceso. A fojas doce y doce vuelta de los autos, se encuentra legitimada la intervención
del abogado defensor del demandado, según providencia dictada el 28 de Febrero de
1.994; a las 10H45. Como no es posible conciliación alguna entre las partes, y por haber
hechos sujetos a justificación, se ordenó abrir la causa a prueba por el término legal de
seis días, dentro de los cuales se practicaron los que fueron solicitados por las partes y
obran de autos, siendo el estado actual de este juicio, el de resolver y para hacerlo se
considera: PRIMERO.- El trámite a la presente litis se halla excepto de vicios de
nulidad, por lo que se declara su validez; SEGUNDO.- El artículo 277, del Código de
Procedimiento Civil, dispone que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre
que se trabó la litis, correspondiendo a cada parte la carga de la prueba, al tenor de lo que
preceptúan los artículos 117 y 118, del citado cuerpo de leyes procesales; TERCERO.-
La relación laboral no es materia de controversia, ya que esta se halla probada con la
contestación a la demanda, confesión judicial y más documentos que obran de autos;
CUARTO.- Como tiempo de servicio se tendrá desde el 8 de Julio de 1.972 hasta el 13
de Diciembre de 1.993 y como remuneraciones, las constantes del informe pericial que
obra desde las fojas ciento veintiuno hasta las fojas ciento treinta y uno vuelta del
proceso; QUINTO.- En la audiencia de conciliación llevada a efecto en este juicio, el
demandado se excepcionó de la siguiente manera: Primera.- Niega los fundamentos de
hecho y de derecho de la demanda; Segunda.- Niega derecho al actor para los reclamos
materia de su demanda; Tercera.- Improcedencia de la demanda por razones de carácter
sustantivo; Cuarta.- Es falso de falsedad absoluta que el actor haya sido despedido
intempestivamente del trabajo; Quinta.- De manera especial alego improcedencia de la
demanda en razón de haber procedido y antecedido la diligencia de Visto Bueno para
terminar las relaciones laborales conforme la Ley, y esto debido a que el actor cometió la
grave infracción de haberse emborrachado totalmente durante la jornada de trabajo,
incitando él a otros trabajadores a ingerir bebidas alcohólicas y embriagarse; Sexta.- La
empresa demanda ha cumplido con todos sus obligaciones de las que se puntualizan en el
libelo con la debida oportunidad; SEXTO.- Lo fundamental en éste juicio es examinar si
el Visto Bueno concedido por el Inspector del Trabajo de Tungurahua, para que el
patrono pueda dar por terminado las relaciones de trabajo, tuvo o no fundamento legal,
en mérito de las excepciones cuarta y quinta presentadas por el demandado en la
audiencia de conciliación celebrada. Al respecto se observa de autos: a) La empresa
fundamentó la petición del Visto Bueno en los numerales 2 y 3, del artículo 171, del
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Código de Trabajo, o sea por indisciplina o desobediencia graves, a los reglamentos
internos legalmente aprobados; y, por falta de probidad o por conducta inmoral del
trabajador; b) Durante el trámite administrativo, la autoridad laboral, con los testimonios
que obran de las investigaciones realizadas y que constan de autos, estableció que el
viernes tres y sábado cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se dedicó a
libar en su lugar de trabajo.- Que el actor o trabajador César Napoleón Guevara Zurita, al
haber aceptado licor en su lugar de trabajo, ha incurrido en lo que dispone el artículo 45,
literal "c" del Código del Trabajo, y que la empresa ha demostrado y justificado
plenamente los fundamentos de su petición y que, por su parte , el trabajador no ha
desvirtuado los hechos que se le imputa en la solicitud de Visto Bueno; c) El artículo
183, del Código de Trabajo, prescribe que las resoluciones del Inspector del Trabajo no
obsta el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues tal resolución sólo tiene valor de
informe que debe ser apreciado con criterio judicial, en relación a las pruebas rendidas en
el juicio; d) Por el examen de las pruebas, se llega a la conclusión de que el Inspector del
Trabajo de Tungurahua su resolución se basa en el numeral 2º, del artículo 171, del
Código de Trabajo, el mismo que claramente manifiesta: "Por indisciplina y
desobediencia GRAVE A LOS REGLAMENTOS INTERNOS LEGALMENTE
APROBADO". Del expediente de Visto Bueno agregado a los autos, y del presente
juicio, no consta que el empleador haya presentado dicho Reglamento, y mal podía el
Inspector del Trabajo, fundamentarse en algo que no obra del expediente; es más de las
investigaciones realizadas administrativamente, los testimonios de Luis Aníbal Rivera
Bejarano, y Carlos Alfonso Taneda Quinapanta, son claros, concretos y concordantes al
manifestar que ellos fueron provocados por el Guardia y por el Chofer de uno de los
vehículos, llamados Néstor García Salazar y Estuardo Villacís, respectivamente, ya que
inclusive tuvieron problemas con estas personas, al no querer libar con ellos, por lo que
se vieron obligados a tomar unas copas en vista de sus necedades; más el demandado en
su excepción quinta en su parte pertinente dice: "Que el actor cometió la grave infracción
de haberse emborrachado totalmente durante la jornada de trabajo, INCITANDO EL A
OTROS TRABAJADORES A INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
EMBORRACHARSE", distorsionando completamente con lo declarado por los testigos
presentados en la investigación realizada y acogida por el señor Inspector de Trabajo para
dictar su resolución, que ni en el trámite administrativo ante autoridad laboral ni en este
juicio se ha actuado prueba alguna para justificar que el actor incurrió en la falta prevista
por el numeral 2º del artículo 171 del Código del Trabajo, y en el que el patrono, o sea el
demandado, fundamentó también la solicitud de Visto Bueno. De las pruebas rendidas en
el juicio y apreciadas estas con criterio judicial, se llega a concluir que la resolución del
Inspector de Trabajo de Tungurahua no tuvo base legal y que, en consecuencia, el
despido intempestivo se produjo; SÉPTIMO.- Como tiempo de servicio se tendrá desde
el 8 de junio de 1.972, según certificado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, que obra de autos a fojas ciento diecisiete, hasta el 13 de diciembre de
1993, y como remuneraciones, las constantes del informe pericial presentado y que
consta desde la fojas ciento veintiuno hasta ciento treinta y uno vuelta del proceso;
OCTAVO.- Probada la relación laboral, tiempo de servicio y remuneración, a falta de
prueba de solución o pago, que era obligación del demandado justificar, al actor le
corresponde lo siguiente: 1.-) Por Despido Intempestivo, el actor tiene derecho a veintiún
meses de remuneraciones, de conformidad con lo que dispone el inciso tercero del
artículo 189, del Código del Trabajo, en mérito del tiempo de servicio, esto es desde el 8
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de julio de 1.972 hasta el 13 de diciembre de 1.993, y en base del sueldo percibido que
obra del informe pericial presentado; 2.-) También tiene derecho el actor al pago de doce
meses de sueldo por estabilidad, así como el 50% de su remuneración mensual por cada
año de trabajo, a partir del sexto año de servicio, según lo dispuesto en el artículo 10 y 11
del Octavo Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre Industrias Catedral Cía Ltda., y
sus trabajadores; 3.-) En mérito del informe pericial presentado y que corre desde la fojas
ciento veintiuno hasta la ciento treinta y uno vuelta, de los autos, al accionante también le
corresponde el pago de lo siguiente: Décimo Tercer Sueldo, por los años 1976 y 1978;
vacaciones por los años de 1.976 y 1.978; la parte proporcional correspondiente al
décimo cuarto sueldo, desde Septiembre de 1.993 a 13 de diciembre de 1993; décimo
quinto sueldo comprendido desde febrero de 1993 a Enero de 1994; décimo sexto sueldo
Correspondiente al mes de diciembre de 1993; subsidio de antigüedad por el año de
1993; compensación por el alto costo de la vida, por el mes de diciembre de 1993; y
bonificación complementaria correspondiente a los meses de septiembre desde el año de
1979 hasta 1987, y desde 1990 hasta el año de 1993, así como también por todos los
meses de diciembre, desde el año de 1979 hasta el año de 1993; NOVENO.- Por constar
del informe pericial presentado, que lo reclamado en los numerales uno, tres, cuatro,
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y catorce, ha sido satisfecho
oportunamente, así como por estar el actor afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, se niega todo lo solicitado en los numerales anteriormente señalados; DÉCIMO.-
Lo ordenado a pagar en el considerando octavo de la parte resolutiva de esta sentencia,
tienen que calcularse los intereses legales, según resolución dictada por la Excma. Corte
Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial Nº 412, de 6 de Abril de 1.990, en
todo lo que fuera aplicable. Por todo lo que antecede, el suscrito Juez Segundo de
Trabajo de Tungurahua, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", aceptando la demanda en parte,
dispone que el señor Ing. RICARDO MAYORGA BUENAÑO, en su calidad de
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INDUSTRIAS CATEDRAL CIA.
LTDA., pague al actor, señor CESAR NAPOLEON GUEVARA ZURITA, lo dispuesto
en el considerando Octavo y Décimo de la parte expositiva de esta sentencia, valores que
serán liquidados pericialmente. Con costas a cargo de la parte demandada. Se regulan los
honorarios profesionales del abogado defensor del actor, Gustavo Zurita Villamarín, en
un 10% de la liquidación a practicarse, de los cuales se deberá descontar el 5% para el
Colegio de Abogados de Tungurahua.- Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 281, del
Código de Procedimiento Civil.- Notifíquese.
f) Ab. Jaime López Acuria

SEGUNDA INSTANCIA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SEGUNDA SALA.- Ambato 22 de Diciembre de
1.994. Las once horas.
VISTOS: César Napoleón Guevara Zurita comparece a fojas uno y manifiesta que desde
el 4 de enero de 1.972 hasta el 13 de diciembre de 1993, en que fue despedido
intempestivamente en contubernio con el señor Inspector del Trabajo, ha venido
prestando sus servicios lícitos y personales en calidad de obrero de maquinaria en la
Fábrica de Industrias Catedral Cía. Ltda., ubicada en la Avenida Pasteur del sector
Cashapamba de esta ciudad de Ambato, siendo su horario de trabajo de acuerdo al turno
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que le tocaba, esto es de 8H00 hasta las 14H00, desde las 14H00 hasta las 22H00 y un
turno de 22H00 a 6H00, esto es en horario rotativo de lunes a sábado y aparte horas
extras, incluidos los días festivos, feriados y vacaciones de ley, percibiendo un mensual
en el año 1972 de quinientos sesenta sucres mensuales, sin beneficio legal de ninguna
naturaleza hasta el 13 de diciembre de 1993 que terminó percibiendo la cantidad de
ciento veinte y siete mil doscientos sesenta sucres líquidos; continúa diciendo que el día
13 de Diciembre de 1993, sin que mediare motivo de su parte fue notificado con la
solicitud de Visto Bueno por parte de la señora Benavides, Secretaria de la Inspectoría de
Trabajo de Tungurahua, quien le supo indicar que no trabaje más. Con las
consideraciones anotadas, amparado en lo que dispone el Art. 563 del Código del
Trabajo, en juicio verbal sumario demanda al ingeniero Ricardo Mayorga, en calidad de
representante de Industrias Catedral Cía. Ltda., para que en sentencia se le condene al
pago de los siguientes rubros; 1) Al pago de la diferencia del salario de veinte y dos años,
2) la indemnización de acuerdo al Art. 189 del Código del Trabajo por despido
intempestivo, 3) el valor por concepto de utilidades desde el momento que ingresó a
trabajar hasta el día en que fue despedido, 4) el valor que le corresponde por décimo
tercero, cuarto, quinto y sexto sueldos desde la fecha que entro a trabajar hasta cuando
fue despedido, 5) el porcentaje por trabajo en los días festivos, días sábados y domingos
e inclusive las horas extras que ha trabajado de conformidad al Código del Trabajo y al
Contrato Colectivo en actual vigencia, por todo el tiempo que prestó sus servicios, 6) el
pago por los turnos de velada desde la fecha que entró a trabajar hasta cuando fue
despedido, 7) las horas extras de los tres turnos rotativos en los que prestó sus servicios
con el recargo de ley, 8) las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por
todo el tiempo que laboró en la indicada fábrica, 9) los fondos de reserva a los cuales
tiene derecho según la ley, 10) las vacaciones no gozadas en atención a lo dispuesto en el
Art. 68 del Código del Trabajo vigente, por todo el tiempo trabajado, 11) el subsidio por
el alto costo de la vida y transporte desde cuando ingresó a trabajar hasta cuando le
despidieron, 12) la bonificación complementaria, 13) los intereses de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 591 del Código del Trabajo vigente, 14) de conformidad a lo
establecido en el Art. 93 del Código del Trabajo se dispondrá el pago con el triple de
recargo del último trimestre, 15) las costas procesales en las que se incluirán los
honorarios de su defensa y 16) el pago de las indemnizaciones que le corresponden de
acuerdo al Octavo Contrato Colectivo en vigencia. Citado el demandado en la audiencia
de conciliación a la demanda manifestando que ha sido siempre y permanente costumbre,
norma de la empresa empleadora pagar y respetar los derechos laborales de sus
trabajadores en forma estricta y puntual, por manera que es falso que la empleadora esté
debiendo lo que se indica en la demanda, que debe dejar constancia de su protesta y
rechazo por las ofensas e injurias que se hacen en el escrito de la demanda por parte del
actor en cuanto afirma que ha sido despedido intempestivamente en contubernio con el
señor Inspector del Trabajo, no hay razón, dice, que el actor se haya expresado en esa
forma que demuestra no solo su falta de educación y cortesía sino su ánimo de ofender y
calumniar; con esos antecedentes propone las siguientes excepciones: niega los
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, niega derecho al actor para los
reclamos materia de la demanda, improcedencia de la demanda por razones de carácter
sustantivo, que es falso que el actor haya sido despedido intempestivamente del trabajo,
que de manera especial alega improcedencia de la demanda en razón de haber precedido
la diligencia de Visto Bueno para determinar las relaciones laborales conforme la ley y
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esto debido a que el actor cometió la grave infracción de haberse emborrachado
totalmente durante la jornada de trabajo, incitando él o otros trabajadores a ingerir
debidos alcohólicas y embriagarse, y finalmente indica que la empresa demandada ha
cumplido con todas sus obligaciones de las que se puntualizan en el libelo con la debida
oportunidad, por lo que pide se deseche la demanda y se condene al actor dada su
temeridad y mala fe a pagar costas y honorarios de la defensa. Tramitada la causa el
señor Juez Segundo de Trabajo, dicta su sentencia aceptando parcialmente la demanda,
sentencia de la cual apelan tanto el actor como el demandado. Subida la causa en grado y
realizado el sorteo pertinente, ha correspondido a esta Sala su conocimiento y resolución
y, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- En el trámite de este juicio se han cumplido
las solemnidades inherentes a este tipo de procesos, por lo que se declara su validez.
SEGUNDO.- La relación laboral se encuentra establecida y no ha sido objeto de
controversia, pues el demandado la acepta e su misma contestación de la demanda y,
además, constan el expediente del trámite de la solicitud de Visto Bueno (fojas 77-86
vuelta y 93-103), los documentos que sirvieron de base para el informe pericial de fojas
121-131 vuelta, los sobres en que consta el detalle de lo pagado de fojas 37-48, entre
otros. TERCERO.- En cuanto al tiempo de servicios, a fojas 15 consta el carnet del
IESS del cual aparece que el actor empezó a laboral el 8 de Julio de 1.972 y aún cuando
en él aparece afiliado por la Fábrica de Velas "Guayaquil", ninguna de las partes ha
alegado que la empresa empleadora sea ésta y no Industrias Catedral, inicio de labores
que también se corrobora con lo que aparece en el informe pericial de fojas 121- 131
vuelta. Respecto de la terminación de la relación laboral, en el trámite de la solicitud de
Visto Bueno se establece que se notificó el 13 de diciembre de 1993 suspendiéndose la
relación laboral en tal fecha. CUARTO.- En lo atinente a las remuneraciones, existe
igualmente prueba de las mismas en el informe pericial de fojas 121-131 vuelta por lo
que se estará a lo que consta en tal informe. QUINTO.- Respecto del despido
intempestivo alegado por el trabajador y negado por el demandado, consta a fojas 77-86
vuelta y 93-103 de los autos el trámite del Visto Bueno que se ha realizado en la
Inspección de Trabajo de Tungurahua que fuera notificado al actor de este juicio el 13 de
diciembre de 1993, y que fuera resuelto favorablemente para la empresa, Visto Bueno
que pese a estar impugnado por el trabajador, éste no logra establecer el motivo de la
improcedencia del mismo, limitándose a presentar los testimonios de Pedro Pablo Zurita
Córdova (fojas 30 vuelta 31), Ángel Domingo Sailema (fojas 31 vuelta 32), Ángel Rubén
Paredes (fojas 32-33) y Luis Alberto Córdova López (fojas 36 y vuelta), el último de los
cuales declara por referencias por lo que no puede ser aceptado su testimonio, el
penúltimo que indica que sabe que la han despedido pero que no estuvo en la fábrica, lo
que determina que tampoco sea un testimonio aceptable, y los dos primeros que se
reducen a indicar que el día 4 de diciembre de 1993 le encontraron al actor en perfecto
estado, lo que no resulta convincente por una parte por el tiempo transcurrido entre las
horas de labor del actor y las de su encuentro con los indicados testigos, y en segundo
lugar porque el motivo de Visto Bueno no solamente se reducía a que el actor haya
ingerido alcohol sino también que haya inducido a otros trabajadores a hacerlo, siendo
que tales testigos, inclusive, curiosamente los declarantes han estado con el actor en
forma coincidental a sabiendas de que su domicilio y lugar de sus labores, no es en esta
ciudad. Por ello, no habiéndose demostrado que lo actuado ante el Inspector del Trabajo
sea falso o improcedente, no se puede sino aceptar la resolución de dicho funcionario y
en consecuencia declarar que no existe despido intempestivo alguno y que la relación
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laboral terminó por la aceptación del Visto Bueno. Es más no se ha demostrado que el
Inspector haya actuado de mala fe y en forma parcializada. SEXTO.- Habida cuenta de
que correspondía al empleador la demostración del cumplimiento de las obligaciones de
pago para con el trabajador y del informe pericial de fojas 121-131 vuelta al actor le
corresponde recibir los siguientes rubros: 1) el valor proporcional del décimo tercer
sueldo correspondiente a la parte laborada del último año, 2) el valor proporcional del
décimo cuarto sueldo por el período correspondiente de septiembre a diciembre 13 de
1993, 3) el valor proporcional del décimo quinto sueldo correspondiente al período de
abril a diciembre 13 de 1993, 4) el valor de la parte correspondiente al décimo sexto
sueldo que debía pagarse en el mes de diciembre, 5) el valor del equivalente de
vacaciones del período 1976 e igualmente del año de 1978 que no constan en el informe
pericial y 6) el valor de la compensación por alto costo de la vida de diciembre de 1.993.
SÉPTIMO.- No hay lugar al pago de los siguientes rubros: 1) diferencia de salarios pues
aparece del informe pericial que el trabajador ha percibido un salario mayor al mínimo
que le correspondía, 2) de indemnizaciones por despido intempestivo, ya que éste no se
produjo de acuerdo a lo manifestado en el considerando quinto de este fallo, 3) de
utilidades, pues por una parte en el informe pericial constan que han sido percibidas, y
por otra, no se ha demostrado que éstas hayan existido, 4) el porcentaje por días festivos,
sábados y domingos e inclusive horas extras, por no haberse demostrado que hayan
existido y cuando, tanto más que según el informe pericial se encuentran canceladas, 5) el
de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pues por una parte consta
que se han pagado y, por otra, tales reclamos deben hacerse directamente al mencionado
Instituto, no siendo el Juez de Trabajo competente para conocer tales reclamos, de
conformidad con las normas de dicho Instituto, 6) no procede tampoco el reclamo de
fondos de reserva ya que el trabajador se encuentra afiliado al IESS, 7) tampoco hay
lugar al pago del transporte, por no haber demostrado el trabajador que tenga derecho al
mismo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 9 del Reglamento para la concesión de este
beneficio, esto es que viva a más de un kilómetro del lugar de trabajo, 8) no hay lugar al
pago de la remuneración del último mes con el triple de recargo por encontrarse que se
consignó el valor de una remuneración en el trámite de Visto Bueno ante el Inspector del
Trabajo. Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma la sentencia venida en
grado en cuanto a la aceptación parcial de la demanda, reformándola en cuanto a que los
rubros a pagarse son los indicados en el considerando sexto de este fallo, los que se
liquidarán pericialmente teniendo en cuenta los respectivos intereses de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo innumerado siguiente al 591 del Código del Trabajo. Sin costas
de ninguna de las instancias como también sin honorarios por cuanto el demandado no ha
litigado con temeridad o malicia. Notifíquese.
f) Drs. Alberto Moscoso S.- Juan Francisco Sevilla M.- Carlos H. Gamboa Conjuez
Permanente.-

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1995; las 08h50
VISTOS: César Napoleón Guevara Zurita, luego de manifestar que trabajó para
Industrias Catedral desde el 4 de enero de 1.972 hasta el 13 de diciembre de 1.993, fecha
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en la que fue despedido intempestivamente, demanda a su empleadora las prestaciones y
valores detallados en su libelo, demanda que la realiza en la persona del ingeniero
Ricardo Mayorga, representante legal de Industrias Catedral Cía. Ltda. La litis se traba
con la contestación a la demanda dada por la accionada y en los términos expresados en
la audiencia de conciliación celebrada ante el Juez Segundo del Trabajo de Tungurahua.
La Sala Segunda de la Corte Superior de Justicia de Ambato, mediante fallo unánime de
sus miembros, con fecha 22 de diciembre de 1994, reforma la sentencia del inferior, en lo
que se refiere al despido intempestivo, confirmando en lo demás el fallo del inferior.
Inconforme con ésta resolución el actor interpone recurso de casación. Subidos los autos
al Tribunal de Casación. Para resolver considera: PRIMERO.- De conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, ésta Sala es competente para conocer el recurso de
casación interpuesto. SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento a todas las solemnidades
esenciales que determina la Ley. TERCERO.- La Sala ha sido siempre muy clara al
afirmar por repetidas veces que, de acuerdo con el Derecho Social y la letra del Código
del Trabajo, la pensión jubilar no admite negociación de ningún orden. CUARTO.- Es
evidente que la empresa demandada ha incurrido en errores de bulto muy censurables
para no cumplir con lo que la Ley manda, como aquello de despedirlo intempestivamente
de su trabajo cuando ha cumplido según obra de autos más de 21 AÑOS de prestar sus
servicios en dicha empresa. QUINTO.- En lo tocante al recurso de casación formulado
por el actor César Napoleón Guevara Zurita, se aprecia por parte de este Tribunal de
Casación que si existe error en la aplicación e interpretación de normas de derecho y de
preceptos aplicables a la valoración de la prueba, puesto que, resulta ilógico e ilegal que
en una vez que en sentencia de primera y segunda instancia los juzgadores aceptan la
fecha de terminación laboral, esto es, el 13 de diciembre de 1993, fecha que consta como
tal en la demanda y reafirmada por el actor en el juramento deferido.- Existiendo como
de hecho existe contradicción entre la fecha en la que acepta el Visto Bueno - que por
cierto es improcedente por cuanto el Inspector del Trabajo resuelve aceptarlo sin
fundamento legal, por cuanto el trabajador a ésta fecha, ya fue despedido - con la fecha
que ésta misma judicatura en uno de los documentos que obra de autos admite como
fecha en la que el demandante fue alejado de sus labores y, la fecha que aparece a fs. 57
en que dicho Inspector del Trabajo fue separado de sus funciones, se concluye que
efectivamente se produjo el despido intempestivo. Adicionalmente conviene que el Vto.
Bno., concedido no tiene ningún valor puesto que fue concedido el 27 de diciembre de
1993, por el Inspector de Trabajo que fue destituido el 23 de diciembre de 1993 (fs. 57).
El Art. 189 del Código del Trabajo en su inciso séptimo, claramente dispone que el
trabajador que ha sido despedido intempestivamente de su trabajo cuando hubiere
cumplido veinte, y menos de veinte y cinco años de trabajo, continua o
ininterrumpidamente, tiene derecho a la parte proporcional de la pensión jubilar; por
manera que, demostrado en autos dicho hecho, procede tal reclamación.- Por otro lado,
conforme se desprende del proceso, proceden también las reclamaciones de los valores
proporcionales por décimos tercero, cuarto y quinto sueldos, vacaciones, compensación
por alto costo de la vida, en lo que corresponda según el informe pericial de fs. 121 a 131
vta. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala de lo Social y Laboral,
acepta la casación interpuesta, y resuelve que se cumpla con lo dispuesto en el
considerando quinto de este fallo. Sin costas. Notifíquese.-
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f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.


VI

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Edgar Sánchez
Chango contra el Municipio de Chillanes, se resuelve:

SINTESIS:

Edgar Sánchez Chango demanda indemnizaciones laborales a la I. Municipalidad de
Chillanes por haber sido despedido intempestivamente de las funciones de
Administrador del Servicio de Agua Potable.
En primera instancia se estima que, el actor ha probado la relación laboral y el
despido intempestivo, tanto con las declaraciones concordantes de testigos como con la
prueba instrumental consiste en constituye en certificaciones del Departamento
Financiero y Contabilidad. Por lo tanto, se acepta la demanda.
La Corte Superior revoca el fallo apelado por la parte demandada y desecha la
demanda, por considerar que el actor en calidad de Administrador del Sistema de
Agua Potable de San José del Tambo, no se encuentra amparado por el Código del
Trabajo sino por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento,
puesto que, los servidores municipales fueron incorporados al régimen de servicio civil
y carrera administrativa.
La Sala de Casación al resolver el recurso establece que, dado la naturaleza de los
trabajos prestados por el actor a la Municipalidad de Chillanes, es evidente que está
sujeto al Código del Trabajo y no a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
En consecuencia, casa la sentencia y deja sin efecto la sentencia de mayoría expedida
por el Tribunal de Alzada.

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLANES SI ESTA SUJETO AL CODIGO DEL TRABAJO

PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO PROVINCIAL DEL TRABAJO DE BOLIVAR.- Guaranda, a 20 de
septiembre de 1.993.- Las 17H30.-
VISTOS: Edgar Washington Sánchez Chango, se presenta y demanda: Que desde el mes
de Julio de 1.992 prestó sus servicios personales y lícitos como Administrador del
Servicio de Agua Potable de la parroquia San José del Tambo, bajo las órdenes y
dependencia de la Ilustre Municipalidad del Cantón Chillanes, realizando toda clase de
trabajos inherentes a dicha función, como es, el control y reparación del sistema de agua
potable, abriendo y cerrando las válvulas, reparando tuberías, ejerciendo inclusive las
funciones de peón y de plomero, hasta la presente fecha, a pesar de que el señor
presidente actual Lcdo. Rolando Colina el 10 de septiembre de 1992 me expreso que no
continúe trabajado, pero como presenté la denuncia ante el señor Inspector Provincial del
Trabajo de Bolívar, continúe trabajado hasta la presente fecha. Pero el señor Presidente
                                      39




del Municipio con fecha 17 de septiembre de 1992 justamente con el señor Procurador
Síndico envían un escrito al señor Inspector Provincial del Trabajo, negando que yo sea
un trabajador del Municipio y que no he cumplido con las normas legales, aduciendo
también que no tengo contrato alguno y como de igual forma han acordado eliminarme
de los roles de pago y consecuentemente no me cancelan los valores que me
corresponden desde el mes de julio de 1.992 y, por considerar que constituye un despido
intempestivo, vengo ante su Autoridad y en juicio verbal sumario demando al señor
Lcdo. Rolando Colina y abogado Bolívar Núñez, Presidente y Procurador Síndico del
Ilustre Municipio del Cantón Chillanes, respectivamente, tanto en la calidad que ostentan
como por sus propios derechos y en forma solidaria, a fin de que en sentencia se les
condene al pago de los valores constantes en los 10 numerales de su demanda. Citados
legalmente los demandados, fojas 5 vuelta y al señor Procurador General del Estado fojas
8 vuelta y la Delegación que hace este último al señor Agente Fiscal de Tránsito de
Bolívar para que intervenga en esta causa; hace la audiencia de conciliación, fojas 15,
comparece el señor Dr. Bolívar Ulloa ofreciendo poder o ratificación de su defendido el
actor Edgar Washington Sánchez Chango y manifestando que se afirma en todo el
contenido de la demanda y solicita se declare la rebeldía tanto del señor Agente Fiscal de
Tránsito Delegado del señor Procurador General del Estado, como del señor Presidente y
Procurar Síndico del Municipio del Cantón Chillanes, por no haber comparecido a esta
diligencia. El Juzgado declara la rebeldía de todas estas personas que intervienen en esta
causa por su inasistencia, pese habérseles notificado.- Trabada la litis, encontrándose la
causa en estado de dictar sentencia, considérase: PRIMERO.- La tramitación procesal ha
sido ajustada a la ley sin haberse cometido vicio de nulidad, por lo que se declara válido.
SEGUNDO.- La falta de contestación a la demanda por parte de los demandados, se la
considera como negativa simple de sus fundamentos conforme lo prescribe el Art. 107
del Código de Procedimiento Civil, recayendo la carga de la prueba en la parte actora,
atento lo estatuido por el Art. 117 ibídem. TERCERO.- Trabada así la litis, tiene
carácter fundamental en la decisión de la causa el determinar si entre el accionante y la
parte empleadora Municipio de Chillanes ha existido o no una relación laboral. Al efecto
haremos previamente un análisis doctrinario sobre el marco conceptual del contrato
individual de trabajo, para luego relacionarlo con los elementos procesales. El Art. 8 del
Código Laboral nos señala los elementos que son característicos para determinar la
existencia o no de una relación laboral, y podemos resumirlos de la siguiente manera: 1)
Convenio; 2) Servicios lícitos y personales; 3) Dependencia o subordinación; 4)
Remuneración. Respecto del convenio o acuerdo de voluntades, en el contrato de trabajo
la libertad contractual se halla limitada en beneficio del trabajador, en forma tal que por
el carácter especial de la relación no puede estipularse condiciones que menoscaben el
derecho del trabajador establecido en las leyes; más si es posible que se estipule
beneficios sociales no considerados en la ley. El elemento de la prestación de servicios
lícitos y personales tiene mayor importancia en cuanto a la interpretación del término
"personales", puesto que el trabajador adquiere el compromiso con el empleador para
prestación directa y personal de él, de un servicio o trabajo remunerado. Y al referirnos al
requisito de la dependencia o subordinación tenemos que resaltar el hecho de que la
relación de trabajo no puede considerarse como un hecho circunstancial, como un
negocio aislado, puesto que entraña vínculos personales, sociológicos de carácter
permanente entre el patrono y el trabajador, que miran hacia la consecución de un
objetivo determinado. El trabajador al celebrar el contrato se compromete al
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sometimiento o subordinación a las órdenes que emanan del empleador, y por
consiguiente a todas las regulaciones que dicte para la mejor consecución de los objetivos
patronales. En definitiva, estos dos últimos elementos son los que dan forma a la relación
laboral, y su existencia señala la existencia de la relación laboral. CUARTO.- La
relación laboral se halla presente en este caso con las declaraciones de los testigos: señora
Martha Encarnación Troya Boza, Santos Chasi, José Guamán, Augusto Jogacho y Miguel
Soria, quienes contestando al interrogatorio de fojas 19 y vuelta, en forma concordante
dicen: Que es verdad que desde el mes de junio de 1.992 el accionante viene trabajando
como Administrador del Sistema de Agua Potable de San José del Tambo, en reemplazo
del señor Luis Velasco Pinos. Que sus trabajos en dicho sistema han sido todas los
relacionados al control, reparación del sistema de agua potable abriendo y cerrando las
válvulas, reparando tuberías, ejerciendo inclusive las funciones de peón y de plomero,
que esto es verdad por cuanto le han visto con pico y pala. Que es verdad, que no ha
sabido que otra persona haya ido a reemplazarle al preguntante en esos trabajos.
QUINTO.- Por su parte los demandados solicitaron las declaraciones de los testigos
Oswaldo Vásconez del Pozo, Rodrigo Tarqui, Jorge Salazar y de Luis Bonilla, testigos
que no llegaron a declarar, como consta de autos. SEXTO.- Tanto de su confesión como
de su juramento deferido fojas 2 (Sic) y 38 vuelta y 39) el demandante percibía el sueldo
mensual de sesenta mil quinientos sucres por su trabajo del Administrador del Sistema de
Agua Potable, desde el 28 de julio de 1.992 hasta el 10 de marzo de 1.993. SÉPTIMO.-
De autos consta de fojas 29 una certificación de la Jefe Financiera Municipal, por la que
se está dando a conocer que el actor Edgar Washington Sánchez Chango, no ha cobrado
ni recibido ningún emolumento económico como empleado o trabajador de la
Municipalidad de Chillanes, durante el año de 1.992, dato que coincide con lo apuntado
al respecto en la demanda. Y a fojas 30, tenemos la certificación de la Contadora
Municipal, que asimismo, certifica que el actor, en los roles de pago correspondientes al
año de 1.992, no consta ni como trabajador ni como empleado de la Municipalidad de
Chillanes; pero esto último hay que anotar, que está en franca contradicción con el
nombramiento del indicado demandante Sánchez Chango, que en copia xerox consta a
fojas 28 y 55 de los autos. OCTAVO.- De las constancias procesales se obtiene como
conclusión que el accionante ha cumplido diferentes tareas para la Municipalidad de
Chillanes, las cuales se concretan en primer lugar y de acuerdo con el nombramiento que
ostenta, a las funciones de Administrador del Sistema de Agua Potable y después, a
trabajos de control del mismo Sistema, reparando tuberías y por último haciendo de peón
y de plomero. En consecuencia la existencia de la relación laboral es demostrada
procesalmente con la prueba instrumental referida y el testimonio fundamental de todos
los testigos del actor, prueba que establece de manera irrefragable que el trabajo
cumplido por el accionante para la Municipalidad de Chillanes tenía las características de
ser personal hallarse bajo la supervigilancia inmediata de los personeros de dicha
Institución. NOVENO.- Respecto al despido intempestivo alegado por el actor, el hecho
de no haberle pagado por su trabajo como consta de autos, el hecho de no habérsele
hecho constar en los roles de pago, por las declaraciones de los testigos, se puede
considerar prueba idónea, capaz y suficiente que sirva para demostrar la existencia del
hecho arbitrario unilateral que da término a la relación laboral, y consecuentemente da
para considerar que hay despido intempestivo y ha lugar a su pago. Por las
consideraciones anotadas, este Juzgado Provincial del Trabajo de Bolívar,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
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AUTORIDAD DE LA LEY, declara con lugar la demanda y ordena que los
demandados solidariamente, paguen al actor los siguientes valores; según las
indemnizaciones: 1) En un año de estabilidad, esto es, con el sueldo o salario de doce
meses; 2) Como la parte demandada no ha demostrado procesalmente la solución de los
sueldos correspondientes al mes de agosto y 10 días del mes de septiembre, por lo que se
manda a pagar éstos, con el triple de recargo de acuerdo con lo previsto en el Art. 93 del
Código Laboral; 3) De conformidad con el inciso segundo del Art. 189 reformado del
Código Obrero, tiene que ser indemnizado con el sueldo de tres meses; 4) De la misma
manera no consta que el actor haya gozado de vacaciones, ni de la bonificación
complementaria contemplada en el Art. 115 ibídem, por el mes de agosto y diez días de
septiembre de 1.992, así como lo correspondiente en décimo tercero, décimo cuarto y
décimo quinto sueldo, por el tiempo laborado, se dispone que la parte demandada pague
en beneficio del actor los valores de los rubros indicados, conforme lo previsto en los
Arts. 68, 70, 115 y 113 del Código del Trabajo y el Decreto Supremo 3402 publicado en
el R. O. 810 de 10 de abril de 1.979, en el orden respectivo; 5) el pago de los fondos de
reserva de acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del Art. 204 del mismo Código
del Trabajo toda vez que esta bonificación no perderá el trabajador por ningún concepto.-
Todos los valores a pagarse se harán mediante liquidación pericial y con los intereses
respectivos vigentes. Con costas, en el 10% del valor reclamado, fíjase los honorarios del
Abogado Defensor del actor, de esta cantidad, descuéntase el 5% para el Colegio de
Abogados de Bolívar.- Notifíquese.-
f) Estuardo Marín Basantes.

SEGUNDA INSTANCIA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- Guaranda, 23 de Septiembre de 1.994.- Las
10h45.-
VISTOS: Edgar Washington Sánchez Chango, en juicio verbal sumario, demanda a su
empleador Concejo Cantonal de Chillanes, en las personas de los señores Lcdo. Rolando
Colina y Ab Bolívar Núñez Albán, Presidente y Procurador Síndico, respectivamente, el
pago de varias prestaciones e indemnizaciones, señaladas en su escrito de demanda de fs.
1, vta. y 2, Del cuaderno de primera instancia, fundando su acción en el hecho de haber
prestado sus servicios desde el mes de julio de 1992, como Administrador del Sistema de
Agua Potable de la parroquia San José del Tambo, habiéndole manifestado el Lcdo.
Rolando Colina el 10 de septiembre de 1992 que no continúe trabajando, por lo que ha
presentado la denuncia al señor Inspector del Trabajo, continuando su actividad. Que
como el señor Presidente de la Municipalidad con fecha 17 de septiembre de 1992, junto
con el señor Procurador Síndico, han enviado un oficio al señor Inspector del Trabajo
negando que es trabajador, que no tiene contrato alguno y como le han eliminado de los
roles de pago, sin cancelarle los valores que le corresponden y por considerar que
constituye despido intempestivo, plantea su acción ante el señor Juez Provincial del
Trabajo de Bolívar, que avoca conocimiento de dicha demanda en providencia de 14 de
octubre de 1992, en la que ordena citar a los demandados y al señor Procurador General
del Estado, las mismas que constan a fs. 5 vta. y 8 vta., presentándose a juicio los
demandados en escrito de fs. 6, nombrado como Procurador Común al Ab. Bolívar
Núñez Albán y señalando casillero judicial para sus notificaciones, como también se
presenta a juicio el doctor Humberto Aguilar Aguilar, como Delegado del señor
                                      42




Procurador General del Estado, fs. 12 y 13, señalando domicilio para las posteriores
notificaciones. Por pedimento del actor, el Juez señala la audiencia de conciliación en
providencia de 18 de enero de 1993, llevándose a efecto esta diligencia con fecha 22 de
enero de 1993, a fs. 15 en ella el doctor Bolívar Ulloa, abogado del actor, ofreciendo
poder o ratificación se afirma en todo el contenido de su demanda, acusa la rebeldía del
señor Agente Fiscal Delegado del Ministerio Público así como de los demandados por no
haber concurrido a la diligencia, solicitando término de prueba y término para legitimar
su intervención. Trabada la litis, se dispone la apertura del término de prueba por seis
días, dentro del cual deberá también legitimar su intervención el abogado del actor,
declarándose la rebeldía de los no comparecientes, fenecido el cual y legitimada la
intervención del doctor Bolívar Ulloa en escrito de fs. 16, el señor Juez de la causa, con
fecha 20 de septiembre de 1993, dicta sentencia, declarando con lugar la demanda y
ordena que los demandados solidariamente paguen los valores constantes en la referida
resolución de fs. 57 vta. a fs. 59, valores a pagarse que se harán mediante liquidación
pericial y con los intereses respectivos vigentes. Con costas y regulación de honorarios
del abogado defensor del actor. Este fallo ha sido impugnado por la parte demandada,
interponiendo recurso de apelación en escrito de fojas 60, recurso de apelación que
también interpone la parte actora, en escrito de fs. 61 y que por presentados dentro de
término, les es concedido en providencia de 6 de octubre de 1993, fs. 61 vta., subiendo el
proceso en grado a este Tribunal que para resolver considera: PRIMERO.- La Sala es
competente para conocer y resolver los recursos interpuestos, de acuerdo a lo establecido
en el Art. 585 del Código del Trabajo. SEGUNDO.- Del análisis del proceso no se
advierte vicio u omisión de solemnidades sustanciales que lo afecte habiéndose dado así
mismo el trámite verbal sumario previsto en el Art. 563 del referido Código, se proclama
su validez. TERCERO.- Conforme lo preceptuado en el Art. 107 del Código de
Procedimiento Civil, la falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento expreso
sobre las pretensiones del actor, será apreciada por el juez como indicio en contra del
demandado, y se considerará como negativa simple de los fundamentos de la demanda,
salvo disposición contraria, por consiguiente, la carga de la prueba correspondió al actor,
conforme lo dispuesto en el Art. 117 del mismo cuerpo legal, al no comparecer los
demandados a la audiencia de conciliación y consiguientemente, no dar contestación a la
demanda. En la especie, el actor Edgar Washington Sánchez Chango, con la finalidad de
evidenciar la relación laboral existente con el Municipio del Cantón Chillanes, solicita al
señor Director Provincial de Personal de Bolívar, se remita copia certificada de su
nombramiento como Administrador del Sistema de Agua Potable de San José del Tambo,
nombramiento y oficio que obran de fs. 55 y 56 del proceso, constando en el, como
remuneración el sueldo básico de 60.500 sucres con cargo a la partida presupuestaria
5.1.10.360.111. Al respecto, el Art. 125 de nuestra Constitución Política, manifiesta que
se considerarán como entidades del sector público: b) las entidades que integran la
Administración Provincial o Cantonal dentro del régimen seccional y que gozan para su
organización y funcionamiento, de la autonomía establecida en las leyes de su origen, En
especial se garantiza la autonomía de los Consejos Provinciales, Concejos
Municipales..... y que las relaciones entre los organismos comprendidos en las letras a) y
b) o de Instituciones creadas por la ley para el ejercicio de la Potestad Estatal y sus
servidores, se sujetan a las leyes que regulan la administración Pública, salvo las que se
refieren al sector laboral, determinadas en el Código del Trabajo. Aún más, los servidores
Municipales fueron incorporados al régimen del servicio civil y carrera administrativa,
                                     43




mediante Decreto Ejecutivo Nº 1114, publicado en el Registro Oficial Nº 440, de 15 de
mayo de 1981, lo cual guarda concordancia con la disposición constante en el Art. 1, letra
c), del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Consiguientemente es ineludible concluir, que las relaciones entre el actor y la entidad
demandada, no se encuentran amparadas por el Código del Trabajo, sino que se
encuentran sujetas a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento
General, ya que como consta en el nombramiento de fs. 55, el actor es designado por el
señor Presidente del Municipio, de Administrador del Sistema de Agua Potable de San
José del Tambo, sin que conste en ningún otro documento que haya sido cambiado de
denominación o que por orden de la respectiva Autoridad, realice otra clase de trabajos
para los que fue designado. Por las consideraciones anotadas y estimándose innecesario
hacer otros análisis de carácter procesal, la Sala, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", REVOCA la
sentencia dictada por el Juez Inferior y desecha la demanda propuesta por el actor Edgar
Washington Sánchez Chango. Sin costas ni honorarios que regular. Aunque no ha
menester hacerlo, se dejan a salvo los derechos que pudiera tener el actor para que lo
haga valer con arreglo a la ley. Se llama la atención al señor Juez a-quo por no dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 341 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil,
en concordancia con el Art. 587 del Código del Trabajo. Notifíquese.
f) Drs. Eduardo Calero Arregui.- Leopoldo Chávez del Pozo.- José Miguel Gaybor
Ramos.

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1995; las 08h51
VISTOS: Edgar Washington Sánchez Chango demanda al Municipio de Chillanes, en la
Persona del Lcdo. Rolando Colina y del Ab. Bolívar Núñez, su Presidente y Procurador
Síndico, respectivamente, y a éstos también por la responsabilidad solidaria que les
impone el Art. 35 del Código del Trabajo, los valores que apunta en el libelo de
demanda. La litis se traba el 22 de enero de 1993, cuando se celebra la audiencia de
conciliación que se verificó con la ausencia de los demandados, cuya rebeldía acusó el
actor. La sentencia de primera instancia de 20 de septiembre de 1993 declara con lugar la
demanda, y ordena que los demandados solidariamente paguen al actor las sumas que en
ella se indican. Y la Corte Superior de Justicia de Guaranda, en cambio, mediante fallo
de 23 de septiembre de 1994 revoca el dictado por el Juez Inferior y desecha la demanda
propuesta por Sánchez Chango. El accionante interpuso el recurso de casación que fue
concedido. Para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala es la competente para
conocer el recurso extraordinario de casación aducido por el actor, según el ordenamiento
jurídico vigente. SEGUNDO.- No se ha faltado a ninguna solemnidad esencial que haya
afectado el desarrollo del proceso, ni que pueda influir en la decisión final de la causa.
TERCERO.- Obra de autos la acción de personal en la que se designa a Edgar
Washington Sánchez Chango Administrador del Sistema de Agua Potable de San José
del Tambo. CUARTO.- Pero, también obra de autos las declaraciones conformes y
contestes de los testigos presentadas por el actor que no fueron repreguntados ni
impugnados Martha Encarnación Troya Boza, Santos Chasi, José Guamán, Augusto
Jogacho y Miguel Soria, que aseguran los siguientes hechos: Que como Administrador
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del Agua Potable de San José del Tambo, el accionante ha prestado sus servicios
personales al Municipio de Chillanes reparando el sistema de agua potable, abriendo y
cerrando válvulas, reparando tuberías e inclusive ejerciendo los papeles de peón y
plomero. QUINTO.- Por otro lado, los testigos del Municipio no declararon. SEXTO.-
El actor rindió su juramento deferido. SÉPTIMO.- Dada la naturaleza de los trabajos
prestados por Sánchez Chango al Municipio de Chillanes, personales y lícitos, y
remunerados y sujetos a subordinación, es evidente que éstos están realmente sujetos al
Código de Trabajo y no a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, aunque haya
una acción de personal. Por lo tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Sala de lo Social y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia acepta la casación interpuesta, deja sin efecto la
sentencia que expidió el Tribunal de Alzada y ordena que se cumpla la del Juez A-quo.
Sin costas. Notifíquese y devuélvase.
f) Drs. Rubén Bravo Moreno.- Jaime Espinoza Ramírez (V. S.).- Miguel Villacís
Gómez.- Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.-

VOTO SALVADO DEL DOCTOR JAIME ESPINOZA RAMIREZ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Agosto 30 de 1995; las 08h52
VISTOS: Edgar Washington Sánchez Chango, interpone recurso de casación de la
sentencia dictada por la Corte de Guaranda, la misma que, desecha la demanda del
predicho recurrente incoada contra el Municipio de Chillanes, por considerarla sentencia
de instancia que el actor no está sujeto al Código del Trabajo, pues, su función en la
Municipalidad fue de Administrador de Agua Potable de San José del Tambo. Para
resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo Social y Laboral es la competente
para conocer y resolver el recurso en cuestión. SEGUNDO.- Arguye el recurrente que la
sentencia ha violado normas legales como son: Arts. 4, 5, 7, y 10 del Código del Trabajo
y literal g) del Art. 3 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Invoca las
causales tercera y cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO.- El Art. 128 de la
Constitución es muy claro al indicar que, el régimen municipal regula sus relaciones con
sus servidores de conformidad a las leyes que regulan la administración pública, excepto
las que se refieren al sector laboral señaladas en el Código del Trabajo (Art. 10). En el
caso, el actor ha laborado en el Municipio de Chillanes como Administrador del Sistema
de Agua Potable de la parroquia San José del Tambo, por lo mismo no está incurso en el
Art. 10 del Código del Trabajo.- Por lo dicho, el fallo de la Instancia no adolece de
ningún vicio ni hay violación de la ley en la sentencia deviniendo por lo tanto el recurso
de casación en improcedente. En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el
recurso de casación propuesto por Edgar Washington Sánchez. Notifíquese.
f) Drs. Jaime Espinoza Ramírez.- Rubén Bravo Moreno.- Miguel Villacís Gómez.-
Julio Jaramillo Arízaga.- Carlos Julio Arosemena Monroy.-


VII
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En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Roberto Riera
Parra contra Distribuidora de Repuestos Cía. Ltda., se resuelve:

SINTESIS:

El Juez A-quo considerando que la excepción de litis pendencia no es procedente
porque si bien existe identidad objetiva, no hay identidad subjetiva; que el actor no ha
probado el despido intempestivo alegado, puesto que el testimonio de un testigo por si
solo no hace prueba, en tanto que, la prueba instrumental aportada no es
manifestación expresa de conclusión las relaciones laborales. En tal virtud, aceptando
en parte la demanda, la desecha en relación con el despido intempestivo.
El Tribunal de Segundo Nivel estima que si se encuentra probado el despido
intempestivo con el acta levantada por el Inspector del Trabajo, lo cual corrobora con
el testimonio de un testigo que consta de autos, por ello, dispone que la parte
demandada pague a la actora lo reclamado por concepto de violación de la garantía de
estabilidad. En consecuencia, reforma la sentencia en relación con el despido
intempestivo y confirma en lo demás.
La Sala de lo Social y Laboral al resolver el recurso de casación, observa que el
Tribunal Juzgador no ha aplicado los preceptos jurídicos establecido para la
valoración de la prueba, puesto que, se ha demostrado fehacientemente que existe
identidad subjetiva y objetiva, es decir, plena identidad de acciones, personas y cosas
con otra causa tramitada y resuelta en otro juzgado del trabajo. Por lo expuesto, casa
la sentencia impugnada y desecha la demanda.

SE CASA SENTENCIA IMPUGNADA Y DESECHA DEMANDA, POR EXISTIR
PLENA IDENTIDAD DE ACCIONES, PERSONAS Y COSAS CON OTRA CAUSA

PRIMERA INSTANCIA

Guayaquil, marzo 26 de 1.992; las 08h00.-
VISTOS: A fojas. uno-dos del proceso comparece Roberto Alfredo Riera Parra para
demandar en juicio verbal sumario a la empresa Distribuidora de Repuestos Cía. Ltda.,
en la persona de su representante legal José Vicente Valverde Santillán y a éste por sus
propios derechos y por las funciones de dirección y administración, para que en sentencia
sea condenado a pagarle las indemnizaciones y beneficios sociales que determina en su
libelo inicial.- Calificada y admitida al trámite la demanda, se cito a la parte accionada
(fs. 4) quien compareció a juicio señalando domicilio legal para sus notificaciones.-
Convocadas las partes a audiencia de conciliación, a esta diligencia concurrió el actor
Roberto Riera Parra personalmente y el abogado Fernando Vaca Cortez a nombre del
demandado cuyas gestiones fueron ratificadas de fs. 27 del cuaderno.- El demandado
contestó la demanda en los términos que constan en el acto de fs.17 no habiendo
conciliación entre las partes, se dispuso recibir la causa a prueba por seis días, fenecidos
los cuales y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera.
PRIMERO.- Al proceso se le ha dado el trámite del juicio verbal sumario dado la
naturaleza del mismo, no observándose omisión de alguna solemnidad sustancial que lo
vicie de nulidad; SEGUNDO.- La relación contractual que el actor describe en el libelo
inicial, está debidamente demostrada con los documentos que obran de autos;
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TERCERO.- Al tenor de lo dispuesto en el inciso primero del Art. 118 del Código de
Procedimiento Civil, cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los
que se presume conforme a la ley; CUARTO.- Al contestar la demanda el accionado en
la audiencia de conciliación se excepcionó en el sentido de existir litis pendiente;
controversia en la que incluso se ha dictado sentencia pericialmente favorable al
accionante; por lo que solicita la acumulación de autos.- Finalmente niega pura y
simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; QUINTO.- En la
etapa probatoria, el accionado, concomitantemente con las excepciones planteadas ha
acompañado copia de la demanda que obra a fs. 19-20 de los autos; la misma que
analizada en su contexto se establece: A) Que si bien existe identidad objetiva, esto es -
por relaciones de orden laboral; no existe identidad subjetiva, puesto que la demanda la
propone en contra de la compañía Recambios Automotrices Universales Cía. Ltda.,
representada por la misma persona que representa a la sociedad en este juicio;
consecuentemente no procede la excepción de litis pendiente, ni mucho menos la
acumulación de autos, que solamente procede en el caso del Art. 580 del Código del
Trabajo; B) En la demanda propuesta por el accionante, éste reclama los rubros de
Recambios Automotrices Universales Cía. Ltda., y la sentencia dictada por la Judicatura
que resolvió sobre la misma, dispone el pago de los rubros a la compañía accionada en
este juicio, el juzgado, no tiene competencia para analizar dicha sentencia; SEXTO.- El
actor manifiesta en su libelo que la terminación de las relaciones laborales terminaron por
el despido intempestivo de que ha sido objeto por parte de José Vicente Valverde
Santillán y para probarlo recurre al testimonio de José Alfredo Yuri Gushñay (fs. 38) de
los autos, testimonio de que por si solo no hace prueba.- La prueba instrumental
consistente en la copia del acta de fs. 29, no es manifestación expresa de concluir las
relaciones laborales, sino más bien una expresión del actor y del demandado de la
desconfianza existente; ya que así lo manifiestan mutuamente, Acta que mandada agregar
a los autos ha sido impugnada por el accionado y que para los efectos de probar el
despido intempestivo, no se puede fundamentar como prueba del despido alegado. No
existe prueba de autos que el actor se hubiere reintegrado a su trabajo con posterioridad
al 30 de octubre en que recobra su libertad y que hubiere sido impedido por el empleador
de laborar.- Es criterio de la Corte Suprema, que el hecho del despido intempestivo debe
ser debidamente acreditado, por los efectos jurídicos y económicos que éste produce, en
la especie, tal hecho no ha sido probado, por lo que se desechan los reclamos que por este
concepto se reclaman en la demanda así como la bonificación establecida en el Art. 185
del Código del Trabajo; SÉPTIMO.- No se ha probado que la empleadora hubiere
obtenido utilidades, por lo que se desecha este reclamo; OCTAVO.- Para establecer el
tiempo de servicios se tendrá como fecha de ingreso el que consta en el aviso de entrada
suscrito por el trabajador y que obra de fs. 56 de los autos; y, como salario percibido al
constante en los folios 47 a 51 de los autos.- Por las consideraciones que anteceden, el
suscrito Juez Tercero del Trabajo del Guayas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara en
parte con lugar la demanda y ordena que José Vicente Valverde Santillán, por si y por los
derechos que representa pague al actor los rubros: Décima tercera, décima cuarta y
décima quinta remuneraciones en sus partes proporcionales, las vacaciones no pagadas,
bonificación complementaria, por el tiempo de la relación laboral y la compensación por
el alto costo de la vida, valores que se liquidarán pericialmente con los intereses legales.-
Sin Lugar los demás reclamos.- Con costas.- En el 10% de los valores ordenados pagar se
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regulan los honorarios del abogado defensor del actor del cual la Actuaria de la
Judicatura retendrá el 5% para el Colegio de Abogados del Guayas.- Dese lectura y
notifíquese.-
f) Dr.J. Vásquez

SEGUNDA INSTANCIA

Guayaquil, a 25 de Agosto de 1993; las 10H00.-
VISTOS: Por recurso de apelación interpuesto por ROBERTO RIERA PARRA,
respecto a la sentencia dictada por el señor Juez Tercero del Guayas, en la misma que
declara en parte con lugar la demanda planteada contra la empresa "Distribuidora de
Repuestos Cía. Ltda.", en la interpuesta persona de JOSE VICENTE VALVERDE
SANTILLAN, en calidad de representante legal de dicho empresa, así como por los
propios derechos, por la responsabilidad solidaria legal, ha subido en grado la presente
causa, y radicada por sorteo la competencia en esta Sala, siendo el estado del proceso, el
de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Que en el trámite de la causa no
existe omisión de solemnidad sustancial, por lo tanto el proceso es válido; SEGUNDO.-
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Código Adjetivo Civil, cada
parte se encuentra obligada a justificar los hechos alegados, a excepción de aquellos que
se presumen por ley; TERCERO.- Que la personería de JOSÉ VICENTE VALVERDE
SANTILLAN, en calidad de representante legal de "Distribuidora de Repuestos Cía.
Ltda.", no ha sido materia de discusión, antes por el contrario, esta la acepta al
comparecer a juicio a fojas 5 del cuaderno de primer nivel; CUARTO.- Que la relación
laboral entre los justiciables, igualmente, no ha sido materia de discusión, pues, ésta ha
sido reconocida a lo largo del procedimiento; QUINTO.- Que habiendo en la audiencia
de conciliación contestando la demanda, el accionado ha planteado la excepción de la
litis pendiente, puesto que, según afirma, en el mes de noviembre de 1989, el mismo
actor, planteó en el Juzgado Segundo del Trabajo, demanda contra JOSÉ VICENTE
VALVERDE SANTILLAN, por si y por los derechos que representa de "Distribuidora de
Repuestos Cía. Ltda.". Entorno a esta excepción la Sala considera necesario detenerse en
el análisis de la misma, destacándose que litis pendencia, es el hecho de estar pendiente,
una causa, con identidad subjetiva y objetiva promovida y sin resolución definitiva. Así,
pues, en este estado se promueve de nuevo el mismo litigio, el demandado tiene derecho
a oponerse a que se siga el nuevo juicio, y este derecho es lo que constituye la excepción
dilatoria de litis pendencia, la cual a criterio del tratadista doctor Víctor Manuel
Peñaherrera, tiene estrecha relación con la excepción de la cosa juzgada, ya que ésta se
propone para impedir que se siga un nuevo litigio, entre las mismas partes y con el
mismo objeto, mientras que la litis pendencia, busca impedir que se siga un nuevo litigio,
mientras existe uno pendiente, por lo que, para que la excepción funciones es
imprescindible que el litigio nuevamente promovido sea entre las mismas partes y por la
misma causa. Por lo tanto, un litigio es el mismo que otro, o idéntico a otro, cuando
existe entre los dos identidad subjetiva e identidad objetiva: esto es, las mismas partes, y
la misma cosa o derecho que se reclaman, así por ejemplo, señala Víctor Manuel
Peñaherrera, si el acreedor que ha demandado al deudor, fallece, y los herederos,
ignorando tal circunstancia (o a sabiendas), vuelven a proponerla la misma demanda, el
demandado puede poner la excepción dilatoria de litis pendencia, para que no se siga el
segundo juicio, con eso, no reconoce, ni tampoco niega el demandado el derecho del
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actor, a lo que se opone únicamente, es, a la nueva discusión del asunto, encontrándose
pendiente la anterior. En cuanto a la identidad objetiva, requiere que los motivos de la
acción sean los mismos, y respecto a la identidad subjetiva, se requiere que las partes
sean las mismas. En la especie, puede apreciar que la presente demanda de trabajo, es
planteada por ALFREDO RIERA PARRA, contra "Distribuidora de Repuestos Cía.
Ltda., en la interpuesta persona de JOSÉ VICENTE VALVERDE SANTILLAN, en
calidad de representante legal de la misma, mientras que la demanda tramitada en el
Juzgado Segundo del Trabajo del Guayas, si bien tiene como accionante al mismo
ROBERTO ALFREDO RIERA PARRA, no es menos cierto que está dirigida contra
JOSÉ VICENTE VALVERDE SANTILLAN, pero por los derechos que representa de
"Recambios Automotrices Universales Cía. Ltda.", conforme se desprende de la copia
certificada que obra a fojas 19 y 20, del cuaderno de primer nivel, por lo que es evidente
que no se han dado los presupuestos que se exigen para que proceda la excepción de litis
pendencia; SEXTO.- Que justificada la relación laboral, conforme quedó señalado en
uno de los considerandos anteriores, era obligación de la parte demandada, probar el
pago de los valores correspondientes a la 13º, 14º y 15º remuneración, así como las
vacaciones no pagadas, y la bonificación complementaria, además de la compensación
por el alto costo de la vida, no obrando de autos, prueba justificatoria, en tal sentido,
procede el pago de los referidas valores; SÉPTIMO.- En cuanto a las indemnizaciones
reclamadas por despido intempestivo, éste se encuentra justificado a criterio de la Sala
con el acta levantada por el Inspector del Trabajo Julio Ruiz Gonzabay, la misma que
obra a fojas 29 del proceso y corroborada con el testimonio de JOSÉ ALFREDO YARI
GUSHAÑAY, conforme se observa a fojas 38 del proceso, por lo que es procedente que
la parte demandada pague a la actora los valores reclamados por concepto de violación de
la garantía establecida; los seis meses de indemnización conforme al artículo 189 del
Código Laboral y la bonificación establecida en el artículo 185 del mismo cuerpo legal;
OCTAVO.- En cuanto al pago de la utilidades, no habiendo probado el actor que la parte
demandada las percibiera, se rechaza dicha remuneración percibida, debe estarse a lo
dispuesto en el juramento deferido que obra a fojas 63 del proceso. Por todo lo antes
expuesto, esta Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, con las reformas introducidas en el considerando séptimo
de este fallo, confirma el del inferior. Sin costas ni honorarios que regular en esta
instancia. Publíquese y notifíquese.-
f). Drs. Walter Tosich Pérez.- Hernán Cabezas Candel.- Miguel Félix López.-

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Septiembre 11 de 1995; las 09h30
VISTOS: El demandado José Vicente Valverde Santillán en el juicio de trabajo que
sigue en su contra Roberto Alfredo Riera Parra, en tiempo oportuno, interpone Recurso
de Casación de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia
de Guayaquil, que reformando en lo que respecta al despido intempestivo del trabajo, que
lo acepta, confirma el fallo del inferior. Para resolver se toma en consideración lo
siguiente: PRIMERO.- Conforme al Art. 1 de la Ley de Casación, esta Sala de lo Social
y Laboral tiene competencia para conocer y resolver sobre el recurso interpuesto.
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SEGUNDO.- El recurrente fundamenta su recurso en la causal 3ra. del Art. 3 de la Ley
de Casación; esto es, por la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a
la valoración de la prueba, lo que ha conducido a una equivocada aplicación de las
normas de derecho en la sentencia. Argumenta que las normas de derecho que se han
infringido son : el Art. 211 del Código de Procedimiento Civil y el Art. 121 del mismo
cuerpo de Ley. TERCERO.- Esta Sala de Casación en materia laboral observa que
dentro del término probatorio el demandado ha presentado la prueba instrumental que
consta de fs. 18 a 23 de los autos, de la cual se desprende que el actor Roberto Alfredo
Riera Parra en otro proceso demandó a José Vicente Valverde Santillán las mismas
indemnizaciones y por los mismos conceptos que demanda en la especie y que en ese
proceso obtuvo sentencia favorable a sus aspiraciones. En los dos procesos existe plena
identidad de acciones, personas y cosas. Además, es conveniente recordar que la causa
tramitada en el Juzgado Segundo del Trabajo, el demandado interpuso Recurso de
Tercera Instancia, habiendo esta Sala dictado sentencia el 25 de Mayo de 1995 a las
09h55 y devuelto al Juzgado de origen, confirmando la subida en grado, la cual aceptada
la existencia del despido intempestivo y reconocía el derecho del actor a recibir las
indemnizaciones respectivas. La cosa juzgada es un institución de orden público que
tiene por finalidad evitar que un asunto que ya ha sido materia de litigio y que terminó
con sentencia ejecutoriada, no puede ser materia de otro nuevo entre las mismas partes.
En la especie los juzgadores de Segunda Instancia debían considerar las pruebas
aportadas por el demandado que demuestran fehacientemente que existe identidad
subjetiva y objetiva, puesto que se trata del mismo actor y el mismo demandado, que se
demanda por el mismo motivo y por las mismas cantidades y en base a esas
consideraciones rechazar la demanda declarando que no podía iniciarse este segundo
juicio, por así establecerlo el Art. 301 del Código de Procedimiento Civil, y al no haber
procedido así han inaplicado los preceptos jurídicos establecidos para la valoración de la
prueba existiendo en el caso la tercera causal del Art. 3 de la Ley de Casación. En esta
virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia impugnada y se desecha la demanda
por los motivos anotados en los considerandos de este fallo. Sin costas. Actúe el Dr.
Marco Maldonado Castro Conjuez Permanente por licencia del Dr. Rubén Bravo
Moreno. Notifíquese y devuélvase.-
f) Drs. Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Carlos Julio Arosemena Monroy.- Marco Maldonado Castro (Conjuez
Permanente).-


VIII

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Celia Jumbo
Jumbo contra Marcia Samaniego de Hidalgo, se resuelve:


SINTESIS:
Celia Jumbo Jumbo demanda el pago de indemnizaciones laborales por cuanto dice
que ha trabajado en calidad de artesana o confeccionista durante 10 años hasta que
ha sido despedida intempestivamente por su empleadora. La demandada al contestar
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la demanda, dice que la relación con la accionante fue a destajo y que por ello la
actora dejaba reiteradamente de laborar.
El juez en primera instancia estima que, la demandada no ha probado que la relación
laboral haya sido a destajo, que mas bien con la prueba testimonial, se justifica que la
relación de trabajo no fue a destajo. Y, que en cuanto al despido intempestivo y horas
laboradas fuera de la jornada legal, no existe prueba que determinen los hechos
ubicándolos en el tiempo y en el espacio. En consecuencia, acepta parcialmente la
demanda.
La accionada interpone el recurso de nulidad y apelación. El recurso de nulidad no se
acepta por parte de la Corte Superior, porque se manifiesta que el error alegado no
influye en la decisión de la causa, ni constituye una solemnidad sustancial. En cuanto
a la relación de trabajo considera que, con la prueba testimonial presentada por la
demandada, se demuestra que la actora trabajó en calidad de artesana en la confesión
de prendas de vestir, pero que tal relación, no genera las obligaciones que reclama.
Consecuentemente, revoca el fallo subido en grado y desecha la demanda.
La Sala de Casación determina que no cabe rechazar la demanda como lo ha hecho el
Tribunal de Segunda Instancia, porque la relación laboral se encuentra probada en la
modalidad de contrato a destajo que establece el Art. 16 del Código Laboral, cuyas
indemnizaciones tienen que establecerse de acuerdo al Art. 189 Ibídem. Existen
pruebas contradictorias en cuento al despido, razón por la cual no se ha probado el
mismo. En tal virtud, se casa la sentencia en cuanto, se rechaza la demanda.

TRABAJADORA A DESTAJO                  TIENE     DERECHO        A    INDEMNIZACIONES
LABORALES NO PERCIBIDAS

PRIMERA INSTANCIA

Macará, veintitres de noviembre de mil novecientos noventa y tres, las 15H20.
VISTOS: La señorita Celia María Jumbo Jumbo manifiesta que desde el primero de
mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, hasta el veintiocho de julio de mil
novecientos noventa y tres, por contrato verbal de trabajo, ha venido prestando sus
servicios lícitos y personales, en su calidad de artesana o trabajadora confeccionista, a
ordenes de la señora Marcia Samaniego de Hidalgo, realizando actividades propias de
una empleada o trabajadora privada, en una fábrica de confecciones de ropa en general de
niños y adultos de ambos sexos, fábrica de la referida Marcia Samaniego de Hidalgo,
ubicada en la ciudad de Macará. Que el trabajo lo realizaba para la señora Marcia
Samaniego de Hidalgo y consistía en la confección de ropa en general, durante los días
lunes a sábados de todas las semanas, es decir 48 horas a la semana, sin interrupción
alguna, durante los diez años que indica, percibiendo las remuneraciones en la siguiente
forma: En el primer año entró ganado la suma de S/. 2.500 mensuales (1984); en el
segundo año, percibió la suma de S/. 12.000,oo; en el tercer año, la suma de S/.
20.000,oo; en el cuarto año, la suma de S/. 20.000,oo; en el quinto año y sexto, la suma
de 25.000,oo y 30.000,oo; en el séptimo año, la suma de 35.000,oo; en el octavo año de
trabajo, la suma de 35.000,oo; y, en el noveno y décimo año de trabajo, la suma de
80.000,oo, de lo que salta a la vista que no se le ha cancelado los verdaderos salarios, ni
se le han concedido las vacaciones anuales a las que tenía derecho y que tampoco se la
afilió al Seguro Social; también no se le han cancelado las remuneraciones adicionales,
                                      51




como el décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto sueldo ni las demás
remuneraciones a las cuales los trabajadores tienen derecho. Que el día miércoles
veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres, mientras asistía a su trabajo fue
despedida intempestivamente por su patrona. Con los antecedentes expuestos y amparada
en lo que dispone los artículos 556, 561, 563 y 565 del Código Laboral, demanda a la
señora Marcia Samaniego de Hidalgo en juicio verbal sumario de trabajo para que se le
condene al pago de lo siguiente: 1º A una remuneración mensual por cada año de trabajo
laborado a ordenes de su patrona, conforme lo dispone el Art. 189 del Código de Trabajo;
2º El décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto sueldos por el tiempo laborado; 3º El
valor de las vacaciones no gozadas durante el tiempo de trabajo; 4º Las diferencias de
salarios percibidos y los que legalmente le correspondían durante el tiempo de la relación
laboral, según la tabla de salarios mínimos vitales; 5º Las bonificaciones compensatorias,
por el costo de la vida; 6º La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 7º El
pago del Fondo de Reserva, de conformidad con el Art. 204 del Código del Trabajo; 8º El
interés legal de las prestaciones laborales a que se refiere el Art. 4 de la Ley 110 (Ley
reformatoria del Código del Trabajo, publicada en el Registro Oficial Nº 365 de
noviembre de 1982); 9º Las remuneraciones correspondientes al año de estabilidad, de
conformidad al último Decreto Ejecutivo de la Ley de Fijación de Sueldos y Salarios
Mínimos Vitales; 10º El pago de las horas extras trabajadas; 11º el 25% de la última
remuneración por cada uno de los años laborados; y, 12º Las costas judiciales
incluyéndose los honorarios de su defensor. Fija la cuantía en cuatro millones de sucres.
Citada que fue la demandada, se trabó la litis en la audiencia de conciliación con la
contestación a la demanda y habiendo culminado la tramitación en este nivel, se hace
necesario dictar la correspondiente resolución; para hacerlo, se considera lo siguiente:
PRIMERO.- El juicio es válido y así se lo considera, ya que durante su tramitación se
han observado todas las solemnidades sustanciales propias de su naturaleza.
SEGUNDO.- La relación trabajadora-empleadora se encuentra demostrada en la
respectiva audiencia de conciliación, cuya acta corre a fojas 4 vuelta y 6 de los autos, en
cuya diligencia la demandada ha reconocido: "Como se trata de trabajo a destajo,
reiteradamente dejaba la actora de laborar, cuando por circunstancias de falta de venta de
prendas de vestir, no era necesario confeccionar o también por falta de materia prima...".
Por tanto, debía, la parte empleadora, evidenciar que en verdad la relación fue a destajo
labor que en los autos no revelan prueba satisfactoria en este sentido; por el contrario, de
la prueba testimonial recibido con las declaraciones de Norma Esthela Loaiza Salazar (fs.
96), María Violeta Loaiza Salazar (fs. 96 vta.), Elsa Victoria Jumbo Alvarez (fs. 96 vta.
97) y de Aidée Gómez Moreno (fs. 98 vta.), se concluye que no hubo relación a destajo.
Por lo tanto, la empleadora debe satisfacer a la trabajadora todas las prestaciones legales
que derivan de la relación laboral; esto es: décimo tercero, décimo cuarto y décimo
quinto sueldos; las vacaciones no gozadas; diferencia de las remuneraciones percibidas y
los mínimos legales correspondientes al trabajador en general; la bonificación por el alto
costo de la vida; la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no por cuanto
el suscrito Juez que hace las funciones de Juez de Trabajo, carece de competencia; el
fondo de reserva y los intereses reclamados en el punto octavo de la demanda. Y nada
más. TERCERO.- Sobre la terminación unilateral de relaciones, y el trabajo en tiempo
fuera del establecido por la ley, no obra en las tablas procesales prueba que determine los
hechos ubicándolos en el tiempo y en el espacio. En consecuencia se rechaza esas
pretensiones. Por lo anotado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
                                      52




REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta parcialmente la demanda
y se ordena que la empleadora pague a la trabajadora todos los beneficios reconocidos a
esta última en el segundo considerando de este fallo, que se calcularán pericialmente.
Para determinar los valores recibidos, vale en primer lugar la prueba documental, y el
juramento deferido, en la parte que concuerda con esas evidencias. Para el tiempo de
trabajo, vale igualmente el juramento deferido. Sin costas. Notifíquese.
f) Dr. Marcelo Saritama Cabrera.-

SEGUNDA INSTANCIA

Loja, a cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro; a las dieciséis horas.-
VISTOS: La presente causa sube en grado en virtud de haberse interpuesto por parte de
la demandada Sra. María Samaniego de Hidalgo, los recursos de nulidad del proceso y
apelación de la sentencia, y el de apelación de la sentencia también por parte de la actora.
El proceso se ha sustanciado en su primera instancia, en el Juzgado Décimo Segundo de
lo Civil de Loja, con sede en Macará, teniendo como fundamento la demanda propuesta
por la señorita CELIA MARIA JUMBO JUMBO, la misma que consta de fs. 1 de los
autos y en lo que manifestando haber tenido la calidad de trabajadora a órdenes de la Sra.
Marcia Samaniego de Hidalgo, a partir del primero de mayo de 1.984, hasta el día 28 de
Julio de 1.993, en que ha sido despedida intempestivamente por su empleadora. Que ha
cumplido actividades como "trabajadora confeccionista", en una fábrica de confecciones
de ropa en general de niños y adultos de ambos sexos, fábrica de propiedad de la señora
Marcia Samaniego de Hidalgo, contra quien dirige su acción. Concreta su demanda
solicitando que en sentencia se mande a pagar los rubros que corresponden a los once
puntos que reclama en su libelo de demanda y además pide el pago de costas judiciales y
los honorarios de su defensor. Expedida la sentencia pertinente por el señor Juez de
Primer Nivel mediante la cual se acepta en parte la demanda, y elevado el proceso en la
forma como se hace referencia anteriormente y radicada la competencia por el sorteo de
ley, en la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Loja y Zamora Chinchipe,
es del caso de resolver, y para hacerlo se considera: PRIMERO.- La demandada, señora
Marcia Samaniego de Hidalgo, al interponer el recurso de nulidad del proceso en el
escrito que obra de fs. 124, manifiesta que paralelamente a este proceso se ha tramitado
también el propuesto por Amanda Victoria Jumbo, lo que ha creado confusión y
motivado se cometan errores "...tal es el caso que solicité ampliación y aclaración de la
confesión rendida por Celia María Jumbo, y este petitorio se lo agrega al proceso de
Amanda Victoria Jumbo y en base a él se le recepta la confesión a la mencionada
Amanda Victoria Jumbo...". Al respecto, es de señalar que de haberse producido tal error
no influye en la decisión de la causa y no constituye una solemnidad sustancial de las que
se determinan en el Art. 355 del Código Procedimiento Civil, siendo además aplicable lo
dispuesto en el Art. 457 del Código del Trabajo. Por lo dicho, y en razón de que en la
tramitación de la causa se han observado todas las solemnidades sustanciales propias a su
naturaleza, sin que exista vicio que produzca nulidad, se declara la validez del proceso;
SEGUNDO.- La demandada al contestar la demanda, por medio de su abogado defensor,
se excepciona en el sentido de que con la actora ha existido una relación laboral por la
modalidad de a destajo; que no existió despido intempestivo; falta de personería de la
parte demandada y de la actora; y negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de
la demanda. Solicita el rechazo de la acción y la condena en costas a la accionante. se
                                     53




traba así la litis. TERCERO.- La relación contractual, sujeta a las disposiciones del
Código del Trabajo, que ha existido entre la actora y la demandada en esta causa, se
encuentra probada en autos, y la acepta la demanda aduciendo eso si que fue por la
modalidad de a destajo, correspondía entonces probar tal aseveración; al efecto, pide y
obtiene se reciban los testimonios de Elsa Victoria Jumbo, Norma Esthela Loaiza, Aidée
Gómez Moreno y María Violeta Loaiza Salazar, las que deponen contestando el
interrogatorio de fs. 88 y 89 y en lo principal acreditan que el trabajo que realizaba la
demandante para la demandada era pagado de acuerdo al número de prendas de vestir
que confeccionaban. Con el escrito de fs. 88 y 89, la demandada ha presentado al proceso
los recibos que corren de fs. 19 a 87; en providencia de fs. 89, el señor Juez de primera
instancia manda agregar a los autos dichos recibos, disposición con la que se ha
notificado a la actora, sin que haya objetado la legitimidad de los mismos, dentro del
término pertinente; en consecuencia deben ser considerados como medios de prueba y de
ellos se establece que la demandada ha venido pagando a la actora en deferentes fechas
de acuerdo al trabajo realizado en la confección de prendas de vestir. No hay duda de que
la actora trabajó en calidad de artesana en la confección de prendas de vestir por mandato
de la demandada, sin embargo tal relación no generan las obligaciones que se demandan
por parte de la actora, cuanto más si se considera que está probado en autos que Celia
María Jumbo Jumbo ha tenido la calidad de profesora bonificada del Centro Artesanal
"Juan Rafael Arrobo", especialidad Corte y Confección, del barrio "Santa Mariana de
Jesús", de la parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Macará, desde el mes de mayo de
1.984, labor en la que continuaba desempeñándose hasta el 13 de octubre de 1.993; fecha
en que se confiere el documento de fs. 114, que tiene relación para acreditar el mismo
hecho con el documento de fs. 110. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara
sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada y aceptando el recurso de
apelación interpuesto por lo misma, revocándose la sentencia venida en grado, se rechaza
la demanda. Sin costas.- Llámase a intervenir a la señora Secretaria Relatora de la
Tercera Sala, por encontrarse vacante la Secretaría de esta Sala, hasta cuando sea
nombrado y posesionado su titular.- Notifíquese.-
f) Drs. Flavio E. Paz R.- Tomás R. Torres.- Rafael Poma Neira.-

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Septiembre 11 de 1995; las 09h35
VISTOS: Para conocimiento de la Sala se encuentra el juicio que por indemnizaciones
de trabajo propuesto por Celia María Jumbo Jumbo en contra de María Samaniego de
Hidalgo, por recurso de casación interpuesto por la demandante, a la sentencia dictada
por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Loja. Para resolver se considera:
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el recurso, por lo dispuesto en el Art.
1º de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurso es procedente formalmente porque se
han cumplido con los requisitos y causales puntualizadas en los Art. 2, 3 y 6 de la Ley de
Casación, determinando las normas legales de procedimiento y sustantivas que a su juicio
han sido violadas. Corresponde a la Sala, de acuerdo con el texto y el espíritu de la
casación analizar si procede o no el recurso interpuesto por la actora. En esta virtud,
haciendo hincapié en las normas de derecho procesal y sustantiva utilizado para la
                                      54




decisión objeto del recurso de casación se expresan las razones de carácter legal
invocadas por la recurrente que se indican a continuación: Arts. 4, 5, 7; inciso 3º del Art.
16 y 189 del Código del Trabajo. Art. 119, inciso 1º; 278 279 y 284 del Código de
Procedimiento Civil. El Art. 31, inciso primero, literal d, e, i, de la Constitución.
TERCERO.- En la sentencia que ha sido casada, se anotan contradicciones. En efecto,
en el considerando tercero se dice: "La relación contractual, sujeta a las disposiciones del
Código del Trabajo, que ha existido entre la actora y demandada en esta causa, se
encuentra probada en autos y la acepta la demandada, aduciendo eso si que es por la
modalidad de destajo...". Pero, en el propio considerando la Corte Superior de Justicia,
dice que: "...No hay duda que la actora trabaja en calidad de artesana en la confección...".
CUARTO.- Consta de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, que
obra a fs. 6 del proceso, que la demandada afirma que: "la actora, al igual que todas las
personas que han laborado y laboran, lo hacen el la modalidad de trabajo a destajo, o sea
que el pago o remuneración se lo ha convenido por unidades de obra confeccionada".
QUINTO.- El Art. 16 del Código Laboral, establece varias modalidades de contratos de
trabajo y en el inciso 3º, se determina que "En el contrato a destajo, el trabajo se realiza
por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general, por unidades de obra y la
remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en
la labor". El Art. 189 del Código del Trabajo, reformado establece en su inciso 5to., que
si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio
percibido por el trabajador en el año anterior al despido...". De manera que se encuentra
probada la relación laboral y las indemnizaciones de la demandante tienen que
establecerse a base de lo puntualizado en el Art. 189 del Código del Trabajo. No cabe,
pues, rechazar la demanda, como lo ha hecho la Segunda Sala de la Corte Superior de
Loja, afirmando que "...tal relación (la de destajista) no genera las obligaciones que se
demandan por parte de la actora...". Tampoco hay prueba de que la demandada sea
Artesana calificada. SEXTO.- No se ha probado plenamente el hecho del despido y hay
pruebas contradictorias que no demuestran fehacientemente que la actora haya sido
despedida. Por lo mismo no procede el pago de las indemnizaciones puntualizadas por la
demandante en los numerales 1, 9, 11. Tampoco es procedente el pago de la diferencia de
salarios, por lo determinado en el Art. 189, inciso quinto del Código del Trabajo.
SÉPTIMO.- La actora tiene derecho al pago de 13, 14 y 15 sueldos, la bonificación
complementaria que determina el Art. 115 del Código Laboral; vacaciones no gozadas,
según lo que manda el Art. 75 del Código Laboral. Para el efecto deberá tomarse en
cuenta el juramento deferido y el cálculo de sus indemnizaciones según lo preceptuado
en el Art. 189, inciso quinto del Código del Trabajo. OCTAVO.- Las reclamaciones de
aportes y fondos de reserva debe formularse al IESS, directamente. Con los antecedentes
expuestos, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de la
Corte Superior de Loja y se dispone el pago, a favor Celia María Jumbo Jumbo, de los
derechos e indemnizaciones puntualizadas en el numeral séptimo de los considerandos,
que serán liquidados pericialmente, con los correspondientes intereses según lo
preceptuado en el Art. innumerado que va a continuación del derogado 591 del Código
del Trabajo. Sin costas. Actúe el Dr. Marco Maldonado Castro -Conjuez Permanente de
la Sala de lo Social y Laboral-, por licencia del titular. Notifíquese.
                                   55




f) Drs. Jaime Espinosa Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Carlos Julio Arosemena Monroy.- Marco Maldonado Castro (Conjuez
Permanente).-


IX

En el juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, sigue Leonardo
Rodríguez Bazurto contra PETROECUADOR, se resuelve:

SINTESIS:

El juez de primer nivel desecha la demanda laboral incoada por el Ec. Leonardo
Rodríguez, Analista Financiero 5 en la Subgerencia Empresarial de CEPE hoy
PETROECUADOR, por estimar que el informe del Inspector del Trabajo es
contradictorio con lo manifestado en la demanda; porque los testigos pese a
manifestar que han presenciado el despido, nada se dice en la demanda sobre ellos; y,
porque el actor ha cobrado sueldos luego de la fecha que dice haber sido despedido.
La Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito, considerando que no se ha probado la
veracidad de lo manifestado por los testigos del actor y que el hecho de haber cobrado
el accionante tres meses de sueldo posterior a la fecha de despido, anula toda
posibilidad de despido intempestivo. Consecuentemente, confirma la sentencia
apelada.
La Sala de lo Social y Laboral, en fallo de mayoría desecha el recurso de casación,
bajo la argumentación de que el Tribunal Inferior ha hecho bien en desestimar el
informe del Inspector del Trabajo, puesto que no se encuadra dentro de sus funciones,
ya que, si presenció el despido intempestivo debió presentarse como testigo. Que la
Sala no viola norma alguna al valorar los testigos, como tampoco al llegar a la
conclusión de que no hubo despido puesto que el actor cobró sueldo luego de la fecha
que dice haber sido objeto del despido.
En el voto salvado del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, se declara procedente el
recurso de casación, dando validez al acta del Inspector del Trabajo y a la declaración
de los testigos; tanto más que, la parte demandada no ha solicitado visto bueno como
manda la ley para dar por terminadas la relación laboral.

NO HAY DESPIDO INTEMPESTIVO SI SE HA COBRADO SUELDOS CON FECHA
POSTERIOR A LA QUE SE DICE OCURRIO EL DESPIDO

PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE PICHINCHA.- Quito, 25 de Febrero de
1.991.- Las 10h40.-
VISTOS: A fs. uno de los autos, comparece el Econ. Leonardo Rodríguez Bazurto y
manifiesta que desde el 1ro. de Julio de 1.980 ha venido prestando sus servicios como
Analista Financiero 5 en la Subgerencia de Coordinación Empresarial de CEPE, hoy
PETROECUADOR, con diferentes sueldos hasta que últimamente ha percibido S/.
172.274.22 mensuales. Narra los diferentes cambios de oficina y de local hasta el 9 de
                                      56




noviembre de 1.989 que se ha acercado donde el Ing. Iván Bedoya Coordinador de
Contratación Petrolera, a eso de las 10h30 más o menos quien le ha manifestado
"Economista Rodríguez, no puedo recibirle en esta oficina por no tener espacio físico y
porque en dos años no le he visto en Contratación Petrolera; le sugiero que hable con el
señor Presidente de Petroecuador o con el señor Subgerente de Recursos Humanos ya
que no es empleado de Petroecuador", indicándole luego de que se retirara ya que nada
tiene que hacer en esa oficina", Expresa el compareciente que como lo relatado
constituye despido intempestivo del Econ. Leonardo Rodríguez Bazurto, demanda a la
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, "PETROECUADOR", solidariamente en la
persona del Presidente y representante legal Ing. Luis Román Lazo al pago de los valores
consignados en seis literales de su demanda. Citados legalmente los demandados,
incluido el Sr. Procurador General del Estado, en la audiencia de conciliación señalada,
propone las siguientes excepciones: Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho
de la acción propuesta. Expresa que jamás autoridad alguna de la Institución dio un
petitorio asimilable a un despido intempestivo. Alega prescripción de la acción; falta de
personería para demandarle; carencia de objeto lícito; improcedencia de la acción, plus
petitio y más excepciones. El demandado Procurador General del Estado, por su parte,
manifiesta que además de las excepciones propuestas por Petroecuador desea señalar que
el trabajador nunca ha sido despedido sino que ha abandonado su trabajo, conforme reza
su demanda; además expresa que se opone a la reclamación de honorarios por cuanto
tratándose de Institución Pública no corresponde ese pago. El actor se ratifica en los
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Abierta la causa a prueba, las partes
solicitan la práctica de un sinnúmero de pruebas. Así el actor solicita, entre otras que se
reproduzca todo cuanto de autos le fuera favorable e impugna la contestación dada por el
demandado a la demanda; solicita se envíe una serie de oficios a varias instituciones; que
se realice exhibiciones y se agreguen al proceso un sinnúmero de documentos; que se
recepten declaraciones testimoniales; que se reciba confesión juramentada del
demandado; que se señale día y hora para que se realice una inspección judicial y
exhibición de documentos al edificio donde funciona Petroecuador; tacha testigos e
impugna pruebas del demandado, entre otras. El demandado, Petroecuador, solicita la
práctica de varias diligencias entre ellas: Que se reproduzca y se tenga como prueba de su
parte, todo cuanto de autos le fuere favorable, en especial la contestación a la demanda;
solicita que se agregue a los autos un sinnúmero de documentos; que se oficie a
diferentes Instituciones Públicas; solicita se reciba declaración juramentada del Sr. Iván
Bedoya; que se señale día y hora a fin de que tenga lugar una inspección y exhibición al
edificio "Alpallana" de Petroecuador; impugna la prueba y tacha a todos los testigos del
actor. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, para hacerlo se considera:
PRIMERO.- No se ha encontrado omisiones de solemnidades que pueda conducir a la
declaratoria de nulidad del proceso; SEGUNDO.- La relación laboral ha existido y el
tiempo de servicios del actor no ha sido impugnado, por lo cual se considera verdad lo
manifestado por el actor en su demanda. Motivo de impugnación es el hecho del despido
intempestivo del trabajo, lo cual es negado rotundamente por el empleador y que
forzosamente habría que establecer por cuanto de éste hecho se derivarían derechos del
trabajador; TERCERO.- Existen dos hechos que tienden a probar el despido
intempestivo que dice el trabajador en su demanda ha sido víctima; a saber: la
declaración de dos testigos, las mismas que corren a fs. 51 vuelta y 73 de los autos,
recibidas a dos personas: Medina Bustillo Rubén Rodrigo y Rita Ramos,
                                      57




respectivamente; y dos, el certificado del Inspector del Trabajo que corre a fs. 37 de los
autos; CUARTO.- En la demanda, el actor, al expresar los fundamentos de hecho, narra
el momento del despido y expresa: "que se encontraba preocupado por la actuación:
(rebaja de sueldo el mes de julio; que en octubre de 1987 el Coordinador de Contratación
Petrolera ordena que todo el personal, a excepción del Econ. Leonardo Rodríguez, se
trasladen a otro edificio y que en el mes de Julio/88 se firma el nuevo contrato colectivo
y no se le paga el incremento determinado en el literal "a" del Art. 68 de dicho contrato),
y que el 9 de noviembre de 1989 se ha acercado donde el Ing. Iván Bedoya, a eso de las
10h30 quien le manifiesta: "Economista Rodríguez, no puedo recibirle en esta oficina,
por no tener espacio físico y porque en dos años no le he visto en Contratación Petrolera;
le sugiero que hable con el Presidente de Petroecuador o con el señor Subgerente de
Recursos Humanos ya que no es empleado de Petroecuador, indicándome luego que me
retirara ya que nada tengo que hacer en esa oficina". Estas son palabras textuales tomadas
de la demanda en la que expresa que se ha acercado (él solo), sin testigos y sin
inconvenientes a hablar con el Sr. Iván Bedoya, sobre asuntos presentados en julio,
octubre/87 y julio/88. La prueba de la demanda la sustenta, a más de la declaración de
dos testigos, en el informe del Inspector del Trabajo que obra a fs. 57 de los autos que
textualmente dice: "que el día jueves 9 de noviembre, siendo las10h30 aproximadamente,
me trasladé (el inspector) a las oficinas de Petroecuador, ubicadas en la calle Juan Pablo
Gómez y que a petición del Econ. Rodríguez Bazurto, nos trasladamos a las oficinas de la
Subgerencia de Contratación y que en esa hora ingresamos al edificio, pudiendo constatar
la presencia de una señorita Secretaria a la que el Economista pidió ser anunciado ante el
Subgerente de Contratación Petrolera, regresando esta señorita y manifestando que no
podían ser atendidos sino por un Dr. Avilés, indicando el Econ. Rodríguez que le
interesaba hablar con el Subgerente sobre las comunicaciones de julio 17 y septiembre 16
de 1.989 y que luego de expresarle las razones de su presencia, el Ing. Iván Bedoya le ha
respondido: No puedo recibirle en ésta oficina por no tener espacio físico, razón por la
que Ud., nada tiene que hacer en Coordinación Petrolera ni en Petroecuador, por lo que
está despedido, ruego retirarse porque tengo que atender asuntos referentes a mis
funciones"; QUINTO.- Lo afirmado en el informe del Inspector del Trabajo y en el
libelo de demanda es contradictorio, por lo mismo dicho informe no prueba las
fundamentos de la acción propuesta y más aún lo afirmado en la demanda, en el sentido
de que "lo relatado constituye despido intempestivo", para el Juzgado, lo relatado no
constituye despido intempestivo; SEXTO.- La declaración testimonial de Rita Carmelina
Ramos, a fs. 73 de los autos, expresa que ella ha estado presente el momento que le
despidieron al Econ. Rodríguez, seguramente ella es la Secretaria que expresa el
Inspector del Trabajo ha estado en el lugar de la visita, pero en cambio, de esta señorita
nada dice el actor en la demanda, en cambio la declaración de otro testigo que corre a fs.
31 vuelta, Rubén Rodrigo Medina, expresa que a él le constó el despido porque se
encontraba presente. De la presencia de este testigo no hace referencia ni el actor en su
demanda ni el Inspector del Trabajo en su informe; SÉPTIMO.- El actor expresa que el
9 de noviembre de 1.989, ha sido despedido de su trabajo y realiza el cobro de sus
salarios ese mismo mes de noviembre/89; cobra el mes de diciembre de 1.989 y cobra
enero del 90, lo que significa que para solicitar indemnizaciones se considera despido
porque le dicen en esa fecha, 9 de noviembre/89, según sus palabras "que no le puede
recibir en esa oficina porque no tienen espacio físico y que se retire porque nada tiene
que hacer allí", pero en cambio, para cobrar su sueldo hasta el mes de enero de 1.990, no
                                      58




se considera despedido. Por lo expuesto: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha la
demanda presentada por el Econ. Leonardo Rodríguez Bazurto en contra de
Petroecuador, tendiente a ser indemnizado por despido intempestivo de trabajo.- Sin
costas.- Notifíquese.
f) Dr. César Almeida Subía.-

SEGUNDA INSTANCIA

TERCERA SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUITO.- Enero 13 de
1.995.- Las 17h00.-
VISTOS: Leonardo Rodríguez Bazurto comparece ante una Judicatura de Trabajo y
demanda a Petroecuador en la persona de su Gerente-Representante Legal Carlos
Romoleroux el pago de varias indemnizaciones provenientes del vínculo de trabajo que
mantuvo como profesional Economista, desde el 1ro. de Julio de 1.980 hasta el 9 de
noviembre de 1.989, en que afirma fue despedido. Sorteada la causa ha correspondido al
Juzgado Primero del Trabajo de Pichincha sustanciarla. Al efecto agotada la instancia, ha
dictado sentencia.- Apelada dentro del término legal, concedido el recurso ha
correspondido conocer y resolverlo a esta Sala, previo el sorteo pertinente.- Al efecto, se
hacen las siguientes consideraciones: PRIMERA.- No hay omisión de solemnidades
sustanciales y se declara al proceso válido. SEGUNDA.- La relación laboral se ha
probado con varios instrumentos procesales, y respecto a las remuneraciones percibidas
han ido variando de conformidad con las ubicaciones internas de Petroecuador, y sus
montos constan en el proceso. TERCERA.- En lo referente al despido intempestivo hay
que considerar la prueba testimonial de dos personas a fs. 51 vta. y 73. Rubén Medina
Astudillo y Rita Ramos, respectivamente.- el 1ro., de ocupación estudiante, con
domicilio en Quito, y el segundo con su residencia en el Comité del Pueblo y de
ocupación Secretaria. Coinciden en afirmar que les consta por haber presenciado, sin que
se pueda comprobar su afirmación por hechos inherentes a justificar la presencia en
oficinas de Petroecuador donde trabajaba el actor. Además, son respuestas cortas y
coincidentes en su texto recogido por lo cual se hacen dudosas de ser verdaderas.- Aún
más el testimonio de Rita Ramos ha sido rendido el 29 de junio de 1990, cuando el
deprecatorio tiene fecha 22 de mayo, esto es que dicha prueba está indebidamente
actuada y no tiene valor jurídico, quedando únicamente un testigo insuficiente a favor del
actor. Pero el documento de fs. 74, suscrito por el Ec. Julio Ruiz, Jefe de la Unidad
Administrativa de Caja, anula toda posibilidad de despido intempestivo porque el actor
ha cobrado los dos sueldos posteriores al hecho controversial, esto es de los meses de
noviembre y diciembre de 1990, y también del mes de enero de 1991, constituyéndose en
relación de dependencia posterior al 9 de noviembre de 1990, día en que afirma fue
despedido, y anulando la posibilidad del cese violento de relaciones entre patrono y
empleado.- Ante esta realidad procesal que grave resulta considerar a fs. 57 el texto del
informe del Lcdo. Víctor Hugo Narváez Duque, que dice haber presenciado el despido
intempestivo y que concurrió por órdenes del Jefe de Inspectores de Trabajo, cuando no
hubo despido. Sin más elementos a considerar, esta Sala, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY, confirma la sentencia venida en grado.- Tómese en cuenta el nuevo casillero
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judicial señalado por el actor, comuníquese a los doctores, Abdón Monroy y Oliver
Arellano que han sido sustituidos en la defensa. Notifíquese.-
f) Drs. Janet Calderón Franco.- Marcelo Ortiz Villacís.- Ramiro Aguilar Hinojosa.-

RECURSO DE CASACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Septiembre 11 de 1995; las 09h50
VISTOS: Washington Leonardo Rodríguez Bazurto, interpone recurso de casación de la
sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, la misma
que, confirma el fallo desestimatorio de la demanda incoada por el recurrente contra
Petroecuador por no haberse demostrado el despido intempestivo. Para resolver, se
considera: PRIMERO.- De acuerdo al Art. 1 de la Ley de Casación, esta Sala de lo
Social y Laboral de la Corte Suprema es la competente para conocer el recurso en
cuestión. SEGUNDO.- El recurrente alega que se ha violado el Art. 189 del Código del
Trabajo y Art. 31 literal a) de la Constitución y se fundamenta en la causal primera del
Art. 3 de la Ley de Casación. En definitiva lo que a manera de fundamentación vuelve a
reclamar el actor son las indemnizaciones por despido intempestivo que alega.
TERCERO.- El Art. 572 del Código del Trabajo considera como prueba legal los
informes y certificaciones de las entidades públicas y de las instituciones de derecho
privado con finalidad social o pública y de los bancos, pero cualquiera de las partes podrá
solicitar, a su costa, la exhibición o inspección de los documentos respectivos. El informe
del Inspector del Trabajo de Pichincha que corre a fs. 57 de los autos en donde se dice
que dicho Inspector pudo escuchar del Ing. Iván Bedoya el despido del actor no está
incurso ni en el Art. 572 del Código del Trabajo antes transcrito ni en las atribuciones
que el Art. 533 Nº 4 confiere el mismo Código a la mentada autoridad administrativa del
trabajo, por manera que, bien ha hecho la Sala de instancia en desestimar este
documento. Si el Inspector del Trabajo presenció el despido del actor debió presentárselo
como testigo. CUARTO.- En lo que tiene que ver con el análisis de la prueba testimonial
que ha realizado la Corte de instancia, es obligación de este Tribunal de Casación
respetarla, ya que, para esta prueba se aplica el criterio de la libre convicción judicial
quedando al juez de instancia el derecho de calificar la idoneidad del testigo para lo que
se deberá tomar en cuenta las prescripciones relativas a la edad, conocimiento e
imparcialidad. El testigo de Rita Ramos no es imparcial porque residiendo en Quito se ha
prestado para ir a declarar en el Cantón Machachi, lo cual significa, bajo la óptica de la
sana crítica que se trata de un testimonio acomodaticio. En tal virtud, lo que ha hecho la
Sala de instancia es tomar en cuenta precisamente la prescripción que señala el Art. 231
del Código de Procedimiento Civil y desestimar la mentada declaración. El otro testigo
no presta para la Sala ningún valor de convicción. A todo lo anotado la Sala de instancia
llega a la conclusión que no existió el despido intempestivo alegado que según la
demanda tuvo lugar el 9 de noviembre de 1989 puesto que el actor cobró sueldos hasta
enero de 1990. En mérito de lo expuesto, debe confirmarse en todas sus partes la
sentencia del Tribunal Superior de Quito, por no existir error trascendente en la misma.
Por lo tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación formulado. Actúe
el Dr. Marco Maldonado Castro Conjuez Permanente por licencia del Dr. Rubén Bravo
Moreno Ministro Juez.- Notifíquese.
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f) Drs. Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís Gómez.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Carlos Julio Arosemena Monroy (V.S.).- Marco Maldonado Castro (Conjuez
Permanente).-

VOTO SALVADO DEL DR. CARLOS JULIO AROSEMENA MONROY.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO SOCIAL Y LABORAL.- Quito,
Septiembre 11 de 1995; las 09h50
VISTOS: Insatisfecho con la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior
de Quito, que confirma el que expidió el Juez Primero del Trabajo de Pichincha, el
economista Leonardo Rodríguez Bazurto interpone el recurso de casación para ante la
Sala de lo Social y laboral de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que sigue contra
Petroecuador (antes CEPE) en la persona del ingeniero Luis Román Lazo, su Presidente
Ejecutivo y representante Legal, y también contra éste por la responsabilidad solidaria
que le impone el artículo 35 del Código del Trabajo. Y, la litis se traba en la audiencia de
conciliación celebrada el día 28 de marzo de 1.990, en la que los demandados adujeron
las excepciones que tuvieron a bien. Para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala
es la competente para conocer del proceso en virtud de las reformas introducidas a
nuestro ordenamiento jurídico por el legislador que expidió la Ley número 20, publicada
en el Registro Oficial número 93 del 23 de diciembre de 1.992, y la Ley número 27,
publicada en el Registro Oficial número 192 del 18 de mayo de 1.993. SEGUNDO.- No
existen nulidades que declarar: se han cumplido con todas las formalidades sustanciales:
el proceso es válido. TERCERO.- La relación laboral que hubo entre los litigantes no se
la discute: ambas partes la reconocen. CUARTO.- En el proceso subjúdice la cuestión
crucial estriba en determinar si hubo o no el despido intempestivo. QUINTO.- Y hemos
llegado a la conclusión, a diferencia de los Jueces que han estudiado y resuelto sobre este
juicio, que sí se produjo la terminación del contrato de trabajo de manera unilateral por
parte del patrono. SEXTO.- Pues el acta de inspección efectuada por el representante de
la Dirección del Trabajo de Pichincha que corre a fojas 57 del proceso, se establece que
sí hubo el despido intempestivo. Así mismo a fojas 45 de los autos consta la certificación
del Departamento de Tesorería de CEPE que dice que las remuneraciones del actor
corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 1.989 y enero de 1.990 fueron
depositadas en la cuenta corriente de éste; contradiciéndose este pago de remuneraciones
con el acta de inspección que corre a fojas 51 en la cual se determina que efectivamente
si hubo despido intempestivo. A fojas 57 consta el acta de inspección realizada por el
licenciado Víctor Hugo Narváez Duque, Inspector del Trabajo de Pichincha en que se
establece el despido intempestivo del economista Rodríguez. Ahora bien, si esta acta es
falsa, tanto el Juez a-quo, como la Corte Superior de Quito, debieron haber ordenando el
enjuiciamiento penal de los involucrados en la falsificación de un documento público.
Consta en el proceso a fojas 51 vta. y 73 las declaraciones de Rubén Rodrigo Medina
Bustillos y Rita Carmelina Ramos que son suficientemente claras y que dan razón de sus
dichos y corroboran el despido intempestivo sufrido por el actor. A fojas 85 del
expediente consta la certificación del Jefe de Inspectores de Trabajo de Pichincha,
licenciado Miguel Estupiñán, en la que aparece que Petroecuador (CEPE), no ha
solicitado Visto Bueno en contra del economista Leonardo Rodríguez, es decir, si
Rodríguez abandonó el trabajo, la obligación del patrono era solicitar el Visto Bueno
para dar por terminadas las relaciones de trabajo de conformidad con el artículo 169 del
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Código del Trabajo. En Consecuencia habiéndose establecido el despido intempestivo es
menester que la demandada le pague al actor lo solicitado en su demanda. Por lo
expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara procedente el recurso de casación
interpuesto por el actor y enmendando la violación de la ley, se casa la sentencia y se
dispone que Petroecuador y el ingeniero Luis A. Ramón Lazo, por sus propios derechos,
paguen al economista Leonardo Rodríguez Bazurto todos los valores reclamados en la
demanda. Actúe el Dr. Marco Maldonado Castro Conjuez Permanente por licencia del
Dr. Rubén Bravo Moreno Ministro Juez. Notifíquese.
f) Drs. Carlos Julio Arosemena Monroy.- Jaime Espinoza Ramírez.- Miguel Villacís
Gómez.- Julio Jaramillo Arízaga.- Marco Maldonado Castro (Conjuez
Permanente).-

								
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