PROYECTO DE DICTAMEN DE P�RDIDA DE REGISTRO QUE PRESENTA LA JUNTA ... - DOC

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PROYECTO DE DICTAMEN DE P�RDIDA DE REGISTRO QUE PRESENTA LA JUNTA ... - DOC Powered By Docstoc
					En la sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva del edificio A del Instituto Federal
Electoral, siendo las 10:02 horas del día 27 de mayo de 2009, se reunieron para
celebrar sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva los señores integrantes de la
misma: Doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Federal Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado
Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General
Ejecutiva; Doctor Alberto Alonso y Coria, Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores; Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos; Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director
Ejecutivo de Organización Electoral; Doctor Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo
del Servicio Profesional Electoral; Maestro Hugo Alejandro Concha Cantú, Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; y Licenciado Miguel
Fernando Santos Madrigal, Director Ejecutivo de Administración. De la misma forma,
concurrieron a la sesión el Contador Público Gregorio Guerrero Pozas, Contralor
General; Doctora Arminda Balbuena Cisneros, Coordinadora del Centro para el
Desarrollo Democrático; Licenciado José Luis Alcudia Goya, Coordinador Nacional
de Comunicación Social; Licenciado Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de
Asuntos Internacionales; Maestra Rosa María Cano Melgoza, Directora Jurídica;
Ingeniero René Miranda Jaimes, Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de
Informática; Licenciado Luis Emilio Giménez Cacho, Coordinador de la Unidad
Técnica de Servicios de Información y Documentación; Contador Público Alfredo
Cristalinas Kaulitz, Director de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos; y el Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del
Secretariado.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria
convocada para el día de hoy.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 3 del Reglamento de
Sesiones de la Junta General Ejecutiva, presidiré esta sesión ordinaria, en virtud de
que el Consejero Presidente no podrá iniciar la misma.
En consecuencia, y habiendo quórum para su realización, iniciamos la sesión
ordinaria de la Junta General Ejecutiva convocada para este día.
Está a su consideración el orden del día. ¿Alguna observación?
Si no hay intervenciones, se consulta si se aprueba el orden del día.
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.
Aprobado.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
27 DE MAYO DE 2009
AL TÉRMINO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONVOCADA PARA LA MISMA FECHA A LAS 9:00 HORAS
1.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones ordinaria
celebrada el 30 de abril y extraordinarias llevadas a cabo el 27 y 30 de abril de
2009.
2.- Secretaría Ejecutiva.
2.1.- Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los
Acuerdos y Dictámenes aprobados por la Junta General Ejecutiva así como las
solicitudes hechas durante el período comprendido del 12 de enero al 15 de diciembre
de 2005 y del 26 de enero al 30 de abril de 2009.
2.2.- Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre las
actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto Federal
Electoral.
2.3.- Presentación y aprobación, en su caso, del Primer Informe Trimestral de
actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de enero,
febrero y marzo de 2009.
2.4.- Proyecto de Dictamen respecto de la pérdida de registro de la Agrupación
Política Nacional, “Diana Laura”, en términos de lo previsto en el artículo 35, párrafo




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13, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
identificado con el número de expediente JGE/QCG/002/2008.
3.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
3.1.- Informe sobre la Primera Etapa de Capacitación a Ciudadanos Sorteados.
4.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.
4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
por el que se incorpora al C. Francisco Chicatti Como, quien resultó ganador del
concurso de incorporación, en la modalidad de oposición, para ocupar el cargo de
Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 03 en el estado de
Tabasco.
4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el juicio laboral número SX-JLI-1/2009, y por el
que se aprueba la propuesta de resolución recaída al escrito de inconformidad
presentado por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Campeche, respecto de los resultados que obtuvo en la
evaluación anual del desempeño del ejercicio 2007.
5.- Asuntos Generales.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a la
aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones ordinaria celebrada el 30 de abril
y extraordinarias llevadas a cabo el 27 y 30 de abril de 2009.
Están a su consideración los Proyectos de Acta mencionados. Al no haber
intervenciones, procederé a tomar la votación correspondiente.
Se consulta si se aprueban las Actas de las sesiones ordinaria celebrada el 30 de
abril y extraordinarias llevadas a cabo el 27 y 30 de abril de 2009.
Los que estén a favor sírvanse manifestarlo.
Aprobadas.
El siguiente punto del orden del día, corresponde a los asuntos que presenta esta
Secretaría Ejecutiva, y se compone de cuatro apartados.




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El primer apartado es el relativo al Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva
respecto del cumplimiento de los Acuerdos y Dictámenes aprobados por la Junta
General Ejecutiva, así como las solicitudes hechas durante el período comprendido
del 12 de enero al 15 de diciembre de 2005 y del 26 de enero al 30 de abril de 2009.
Si me permiten, quisiera presentar el apartado que está a la consideración de esta
Junta.
En cuanto al contenido del Informe que ahora se presenta, les comento que da cuenta
de 31 sesiones celebradas por la Junta General Ejecutiva en el año 2005, el cual
contenía un total de 197 compromisos, de éstos se cumplieron 196, equivalentes al
99.5 por ciento del total.
Por lo que se refiere al compromiso restante, está todavía cumplido parcialmente, se
refiere a la certificación de algunos procedimientos del Instituto.
El Director Ejecutivo de Administración, informó que presentará en una próxima
sesión de esta Junta un Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba concluir la
primera etapa del Proyecto de la cadena de valor rediseñada del proceso de
suministros de esa Dirección Ejecutiva, así como el calendario de actividades para la
implementación de la segunda etapa en la que se instrumentará y consolidará el
Proyecto que nos ocupa.
Por otra parte, para el año 2008 se celebraron 42 sesiones de la Junta General
Ejecutiva, de las que se derivan 190 compromisos que se han cumplido en su
totalidad, equivalentes al 100 por ciento.
Para el año 2009, durante el período que se reporta se celebraron 14 sesiones de
esta Junta, de las que se han derivado 68 compromisos, de éstos se han cumplido 67,
equivalentes al 98.5 por ciento del total.
Al respecto, el compromiso restante, se considera parcialmente cumplido, mismo que
se habrá de subsanar próximamente.
Por lo que se refiere al compromiso cumplido parcialmente, este compromiso se
deriva del Acuerdo por el que se resuelve no considerar el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional, así como reasignar la ponderación de los factores que
constituyen la calificación integrada para el otorgamiento de incentivos,



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correspondientes al ejercicio de 2008 que en su punto tercero, se instruye a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, realizar el cálculo para el
otorgamiento de los incentivos correspondientes al ejercicio 2008, con base en la
ponderación en el punto primero del propio Acuerdo.
Al respecto, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, informó que el
proceso de cálculo está en trámite y se concluirá en el tercer trimestre del presente
año.
El Informe por supuesto, está a la consideración de todos y cada uno de ustedes.
¿Algún comentario al respecto? Tiene el uso de la palabra el Licenciado Fernando
Santos.
El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Miguel Fernando Santos
Madrigal: Nada más informar a ustedes, creo que es mejor ofrecer una disculpa
primero, porque la Dirección Ejecutiva de Administración, se había comprometido
para presentar en esta sesión ordinaria el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se
propondría concluir la primera etapa de este Proyecto de cadena de valor rediseñada
del proceso de suministros y proponer el calendario de actividades para la segunda
etapa de dicho proceso.
Quiero, después de ofrecer la disculpa, informar la razón por la cual recientemente
concluimos, ya no nos daba tiempo haberlo presentado para esta sesión, pero el
trabajo está concluido.
Uno de los motivos por el retraso fue que todavía en la elaboración del calendario
para la segunda etapa, encontramos formas para hacerlo de manera más acortada,
de tal suerte que, pensamos que no es justificado un procedimiento de esta
naturaleza darle mayor tiempo para su conclusión.
Entonces, nada más ofrecer que en la próxima sesión, incluso extraordinaria de esta
Junta estaremos proponiendo la incorporación de este Proyecto de Acuerdo como lo
habíamos comprometido en la sesión ordinaria del mes de abril para dar fin a la
primera etapa y comenzar con la segunda y no traer un asunto tan desventurado y
desfasado en los tiempos comprometidos. Muchas gracias.




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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre el
Informe?
Todos le agradeceremos, señor Director Ejecutivo, que en la próxima sesión
salvemos esto, porque así, nos pondremos totalmente en orden, en cuanto a
cumplimiento de los acuerdos de esta Junta General Ejecutiva.
¿Algún otro comentario?
Si no hay más comentarios, entonces procederemos al siguiente apartado, que es el
relativo al Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre
las actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto Federal
Electoral.
Si ustedes me permiten, daré lectura a un breve resumen del Informe con el que
ustedes cuentan.
En este Informe, como es de su conocimiento, se detallan los asuntos más relevantes
tratados en las visitas a los órganos desconcentrados, así como las medidas
adoptadas para atender las cuestiones derivadas de estas actividades, destacando lo
siguiente:
Por lo que se refiere a asuntos relacionados con la suscripción de Convenios de
Apoyo y Colaboración, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
reporta que en los estados de México y de San Luis Potosí, se llevaron a cabo
actividades para regular el uso de los instrumentos y productos técnicos que aportará
esa Dirección Ejecutiva, para la colaboración en la elección coincidente del próximo 5
de julio y que se encuentra consignado en los anexos técnicos respectivos.
En cuanto a las visitas a órganos desconcentrados, la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, visitó la entidad de Baja California Sur, para capacitar y
supervisar al personal operativo en campo, de los procedimientos normativos
correspondientes a la verificación de registros ciudadanos, en el Padrón Electoral, con
motivo de 154 registros observados a la Lista Nominal de Electores.
Asimismo, en materia de apoyo y colaboración, el Registro Federal de Electores visitó
los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla



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y Quintana Roo, para entregar la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía,
para el Proceso Electoral Federal 2009.
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informa que visitó el
estado de Sonora, para monitorear la transmisión de diversos spots de partidos
políticos y autoridades electorales, en medios de comunicación de dicha entidad.
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, señala que asistió a las
Juntas Locales de los estados de Guerrero, Nayarit y Puebla, para aplicar el examen
para cubrir plazas del Servicio Profesional Electoral, por medio del procedimiento de
ocupación temporal, así como la realización de entrevistas a los aspirantes a ocupar
temporalmente plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.
Por su parte, el Centro para el Desarrollo Democrático, señala que, en colaboración
con los Vocales Ejecutivos de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, se invitó a los funcionarios de dichas Juntas a que
participaran en el Tercer Foro Regional sobre el Proceso Electoral Federal 2009,
denominado “Resultados Electorales. Cómputo y Difusión”, que se llevó al cabo en la
Universidad Autónoma Benito Juárez, en la ciudad de Oaxaca.
De igual manera para el Cuarto Foro Regional, El papel de los ciudadanos en el
Proceso Electoral, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
se realizaron acciones con los Vocales Ejecutivos de los estados de Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, para que los funcionarios de estas
entidades participaran en el mismo.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, reporta que realizó
las coberturas informativas, gráficas y audiovisuales de la participación del Doctor
Leonardo Valdés Zurita en los foros regionales sobre el Proceso Electoral Federal
2008-2009, así como de la presentación del Programa de Acompañamiento
Ciudadano, que estuvo a cargo de la Doctora Arminda Balbuena.
Finalmente, la Coordinación de Asuntos Internacionales, reporta que visitó el estado
de Quintana Roo, para ofrecer una plática al personal de esa Junta, sobre la Reforma
Electoral en el contexto internacional y, sostuvo un encuentro con los medios de
comunicación local.



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Por otra parte, en el Informe complementario de los 32 Vocales Ejecutivos Locales,
ninguno de ellos manifestó tener algún asunto que hacer de conocimiento de esta
Junta General Ejecutiva.
El Informe está a la consideración de todos y cada uno de ustedes.
¿Algún comentario sobre el Informe?
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, si es usted tan amable.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Muchas gracias, señor Secretario Ejecutivo. Adelantando mí disculpa; debo
cubrir una deficiencia en mi oficina. Se reportó en cero actividades con los órganos
desconcentrados este mes y realmente sí hemos seguido colaborando con la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, en cuanto a las entrevistas,
tanto su servidor como los tres Directores de área.
Pero, quisiera subrayar que, en el caso particular, el día 12 de este mes, estuvimos
haciendo una reunión de trabajo con todas las Juntas Ejecutivas de Nayarit, en el
contexto de la problemática de casillas extraordinarias, que se ha manifestado en uno
de los distritos, el 03 de Tepic y, desde luego, revisando algunas condiciones de
instalaciones y otras circunstancias, en el acceso a la Jornada Electoral.
También debo comentar que en esta fecha y por el resto de la semana, se encuentra
en el estado de Tabasco el Subdirector de la Tercera Circunscripción, Ángel Carlos
Ravelo Duralde, quien ha acompañado al recientemente designado Vocal Ejecutivo
de la Junta 03 de Comalcalco, dado de que esta Junta 03 de Comalcalco tiene una
circunstancia especial.
Por diversas razones, tres Vocales de los cinco se dieron de baja en estos días.
Entonces, consideramos importante acompañarlo, por eso está el Subdirector en
Comalcalco, en el estado de Tabasco para tener el enlace con la Junta Local
Ejecutiva, y luego con los partidos políticos y Consejeros en la Junta de Comalcalco y
dar tranquilidad en este momento previo a la elección. Gracias.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre el Informe




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     que se presenta? Sino es así, damos por recibido e incorporamos sin duda los
     comentarios que nos hace el Director Ejecutivo de Organización Electoral.
     Pasaríamos al siguiente apartado, que es el relativo a la Presentación y aprobación,
     en su caso, del Primer Informe Trimestral de actividades de la Junta General
     Ejecutiva, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2009.
     Si me permiten, muy brevemente, diré que a partir de las aportaciones de cada
     Dirección Ejecutiva y Unidad Técnica, la Secretaría Ejecutiva integró el Informe que
     previamente se ha circulado a todos ustedes, de conformidad con lo previsto en el
     artículo 118, párrafo 1, inciso s), del Código Electoral, el cual señala que deberá
     presentarse a la consideración del Consejo General.
     Asimismo, contiene información sobre las actividades que la propia Secretaría
     Ejecutiva realiza de manera directa y de otras tareas que se cumplen a través de las
     Direcciones Jurídica, de Servicios de Información y Documentación, del Secretariado,
     así como de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
     Por lo que se refiere al avance físico relativo al primer trimestre, sólo destacaría que
     tenemos un avance del 98.8 por ciento en el cumplimento de metas vinculadas a
     actividades y, del 99.2 por ciento en atención a productos.
     El Informe, por supuesto está a la consideración de todos y cada uno de ustedes y, si
     no hubiese inconveniente de aprobarse estaríamos en la posibilidad de presentarlo al
     Consejo General próximamente.
     Algún comentario sobre el Informe que está a su consideración. Sino hay más
     comentarios, entonces someteré a su aprobación el Informe.
     Se consulta si se aprueba el Primer Informe Trimestral de actividades de la Junta
     General Ejecutiva, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2009.
     Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, por favor.
     Aprobado.
JGE60/2009
     Aprobación del Primer Informe Trimestral de actividades de la Junta General
     Ejecutiva, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2009.




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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado es el relativo al Proyecto de
Dictamen respecto de la pérdida de registro de la Agrupación Política Nacional,
“Diana Laura”, en términos de lo previsto en el artículo 35, párrafo 13, inciso d), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el
número de expediente JGE/QCG/002/2008.
Para exponer este apartado, le pediría a nuestra Directora Jurídica, a la Maestra Rosa
María Cano Melgoza que nos haga la presentación del mismo, si es usted tan amable.
La C. Directora Jurídica, Maestra Rosa María Cano Melgoza: Buenos días. El
Proyecto de Dictamen que tenemos a consideración, se origina por una vista que da
el Consejo General a la Junta General Ejecutiva en una Resolución de 2007, la
CG405/2007 y se relaciona con una queja de 2004.
¿Por qué hago la referencia? Porque todo esto está a la luz de las disposiciones
abrogadas del Código Electoral, pero para no infringir el principio de retroactividad, se
lleva a cabo conforme a ellas.
En esta Resolución de 2004, la CG34/2004 se declaró fundado que la Agrupación
Política de referencia, no acredita el origen lícito de los ingresos y gastos
correspondientes a la realización de diversas publicaciones de revistas mensuales,
pero lo más importante es que se acredita que hace una simulación en la que
contrataba con una empresa denominada Servicios Corporativos, S. A. y esa
empresa tenía como Directora a quien fungía también, a su vez, como apoderada
legal de la Agrupación Política “Diana Laura”, o sea contrataba con ellos mismos.
Eso es básicamente la infracción más grave, aparte de todas las que no comprueba
ingresos.
En ese sentido, se inició un procedimiento administrativo sancionador electoral, con la
finalidad de determinar si procede la pérdida del registro de la Agrupación Política
“Diana Laura”, como Agrupación Política Nacional, en atención al cúmulo de
infracciones que se le fueron evidenciando por fiscalización.




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Este procedimiento se inicia tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 35, párrafo
13, inciso d), del Código Electoral, hoy derogada esa disposición, que establecía
como causal de pérdida del registro para las agrupaciones políticas el incumplimiento
grave de las disposiciones del ordenamiento legal en comento.
Aquí el punto a discutir o el punto grave del asunto, es que esta agrupación ya había
sido sancionada y básicamente en su argumento señala que no se infringiera el
principio de nom visi in ídem, o sea, que no fuera sancionada dos veces por la misma
conducta.
Nosotros a la hora que lo analizamos, nos damos cuenta que se está actualizando lo
que nosotros denominamos un concurso ideal, una conducta que constituye diversas
infracciones. Y en ese sentido no obstante que había sido sancionada por este
expediente de 2004, es posible que se actualice la disposición o la infracción para que
se dé la pérdida del registro.
No estaríamos infringiendo ningún principio básico, no la estaríamos sancionando dos
veces por la misma conducta, porque la conducta actualiza los dos supuestos
jurídicos y por eso se propone la pérdida del registro, básicamente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Algún comentario al Proyecto de
Dictamen que se somete a la consideración de esta Junta General Ejecutiva?
De aprobarse este Resolutivo Segundo del Proyecto se turnaría al Consejo General
para su consideración. Si no hay comentarios, entonces someteré a su aprobación el
Proyecto de Dictamen.
Se consulta, si se aprueba el Proyecto de Dictamen respecto de la pérdida de registro
de la Agrupación Política Nacional, “Diana Laura”, en términos de lo previsto en el
artículo 35, párrafo 13, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, identificado con el número de expediente JGE/QCG/002/2008.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado. Gracias, señora Directora, es usted muy amable.
(Texto del Dictamen aprobado)




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                                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




JGE61/2009

    DICTAMEN RESPECTO DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO DE LA AGRUPACIÓN
    POLÍTICA NACIONAL “DIANA LAURA”, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN
    EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO 13, INCISO d) DEL CÓDIGO FEDERAL DE
    INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON
    EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JGE/QCG/002/2008.


                                       Distrito Federal, a 27 de mayo de dos mil nueve.


    V I S T O S para resolver los autos del expediente identificado al rubro, al tenor de
    los siguientes:


                                 ANTECEDENTES


    I.- En sesión ordinaria de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, el
    Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la resolución identificada
    con la clave CG405/2007, relacionada con el expediente Q-CFRPAP 34/04 dictada
    con motivo del procedimiento de fiscalización respecto del origen, destino y monto
    de los recursos correspondientes al ejercicio dos mil tres concernientes a la
    agrupación política nacional “Diana Laura”; a efecto de determinar: a) El origen
    lícito o no, de los ingresos y los gastos correspondientes a la realización de las
    publicaciones de las revistas mensuales de abril, mayo y junio del ejercicio 2003; y
    b) La existencia de la presunta simulación de la debida observancia de la ley, al
    realizar operaciones comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo Integral en
    Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC) proveedor con el cual la Lic. Rebeca
    Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política funge a su vez
    como apoderada legal.

    II. Toda vez que, en dicha resolución el Consejo General del Instituto Federal
    Electoral advirtió que dicho procedimiento resultó fundado, en atención que se
    acreditaron las irregularidades denunciadas en la revisión del informe anual de
    ingresos y gastos del 2003, aprobado por la Comisión de Fiscalización de los
    Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en la décima novena sesión
    extraordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2007, a saber: a) Por no haber


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                                                   JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                       EXP. JGE/QCG/002/2008




acreditado el origen lícito de los ingresos y gastos correspondientes a la
realización de las publicaciones de las revistas mensuales de abril, mayo – junio,
julio y agosto, así como de la publicación teórica trimestral de abril, mayo - junio
del ejercicio 2003; y b) Por la simulación de la debida observancia de la ley, al
realizar operaciones comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo Integral en
Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC) proveedor con el cual la Lic. Rebeca
Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política Diana Laura tiene
una estrecha relación, toda vez que funge a su vez como Apoderada Legal con
Poderes para Actos de Administración de dicha empresa.

Por lo anterior, fue que en dicha resolución, en el considerando 3 se alude a lo
siguiente:

        “3. Por otra parte, resulta procedente señalar que dentro de las
        facultades y obligaciones que tiene conferidas el Instituto Federal
        Electoral, en particular su máximo órgano de dirección, se
        encuentra el de vigilar que las actividades de los partidos y
        agrupaciones políticas se desarrollen con apego a las
        disposiciones del Código Federal de Instituciones y
        Procedimientos Electorales y cumplan con las obligaciones a que
        estén sujetos.

        De esta guisa conviene decir que en el ejercicio de las facultades
        del Consejo General para vigilar y sancionar las actividades de
        los partidos y agrupaciones políticas considera pertinente dar
        vista a la Junta General Ejecutiva a efecto de que en el ámbito de
        sus atribuciones inicie un procedimiento administrativo
        sancionador electoral que tenga por finalidad determinar si
        procede la pérdida del registro de la agrupación política Diana
        Laura, como agrupación política nacional, en virtud del cúmulo de
        infracciones a la normatividad electoral en las que ha incurrido y
        por las cuales ha sido sancionada por esta autoridad desde que
        se le concedió su registro como agrupación política nacional
        apartándose de los fines político sociales.”

        (El subrayado es propio)

III. Por acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil ocho, se tuvo por recibida en
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la resolución señalada en el
resultando que antecede y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la


                                         13
                                                      JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                          EXP. JGE/QCG/002/2008




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los
numerales 35, párrafo 13, inciso d); 67, párrafo 2; 82, párrafo 1, incisos h) y k); 84,
párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, inciso j); 87; 89, párrafo 1, incisos ll) y
u); 269, párrafo 4 del Código Federal de de Instituciones y Procedimientos
Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, se ordenó lo
siguiente:

       A) Integrar el expediente respectivo, mismo que se radicó con el número
       JGE/QCG/002/2008 concerniente al procedimiento administrativo
       sancionador electoral instaurado con motivo de la procedencia de la pérdida
       del registro de la agrupación política nacional “Diana Laura”.

       B) Requerir al entonces Director General de la Unidad de Fiscalización de
       los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, a
       efecto de que remitiera un informe detallado en el que se precisaran las
       sanciones que le han sido impuestas a la agrupación política nacional en
       comento, desde su constitución hasta la fecha, haciendo mención tanto de
       las que han resultado de la revisión de los informes anuales, como de
       actividades específicas y las derivadas del financiamiento de los partidos y
       agrupaciones políticas.

IV. Mediante oficio número SCG/027/2008, de fecha veintiocho de enero de dos
mil ocho, suscrito por el otrora Secretario del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, se solicitó al entonces Director General de la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, el informe
referido en el apartado B), en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo precisado
en el resultando anterior.

V. Con fecha once de febrero de dos mil ocho, fue recibido en la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el oficio número UF/048/2008 de fecha
ocho de ese mismo mes y año, signado por el entonces Director General de la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, mediante el cual
proporcionó la información que le fue solicitada en términos de lo establecido en el
resultando que precede.

VI. Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil ocho, el entonces Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, ordenó lo siguiente:

       A) Agregar al expediente de mérito el oficio número UF/048/2008 de fecha
       ocho de febrero de dos mil ocho, signado por el otrora Director General de


                                           14
                                                     JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                         EXP. JGE/QCG/002/2008




      la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
      mediante el cual remitió un informe detallado en el que se precisaron las
      sanciones que le han sido impuestas a la agrupación política nacional
      “Diana Laura”, desde su constitución hasta la fecha en la cual dio inicio el
      procedimiento que nos ocupa, haciendo mención tanto de las que han
      resultado de la revisión de los informes anuales, como de actividades
      específicas y las derivadas del financiamiento de los partidos y
      agrupaciones políticas.

      B) Iniciar el procedimiento de pérdida de registro como agrupación política
      nacional en términos de lo previsto por el artículo 67, párrafo 2 del Código
      Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el
      catorce de enero de dos mil ocho, de conformidad con lo expuesto en el
      proveído de esa misma fecha, dictado en el presente expediente.

      C) Emplazar a la agrupación política nacional “Diana Laura”, corriéndole
      traslado con copias certificadas de la documentación que dio origen al
      presente procedimiento, para que dentro del término de cinco días,
      contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente,
      contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas
      que considerara pertinentes.

VII. El día veintiuno de febrero de dos mil ocho, el notificador habilitado por esta
autoridad electoral se constituyó en el domicilio que tiene registrado la agrupación
política nacional “Diana Laura” para oír y recibir notificaciones, a efecto de realizar
el emplazamiento ordenado en el acuerdo a que se refiere el resultando anterior,
mismo que consta en los autos del expediente de mérito a través de la respectiva
cédula de notificación personal.

VIII. El veintiséis de febrero de dos mil ocho, la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral recibió en tiempo y forma el escrito signado por Laura Fuentes
Flores, Presidenta y Representante de la agrupación política nacional “Diana
Laura”, quien contestó en tiempo y forma, el emplazamiento formulado por esta
autoridad electoral con motivo del procedimiento instaurado en contra de dicha
asociación política respecto de la procedencia de la pérdida de su registro.

IX. Mediante acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil ocho, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, ordenó lo siguiente:




                                          15
                                                     JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                         EXP. JGE/QCG/002/2008




      A) Agregar al expediente de cuenta el escrito precisado en el resultando
      inmediato anterior.

      B) Poner a la disposición de la representante de la agrupación política
      nacional “Diana Laura”, el expediente formado con motivo del procedimiento
      en el que se actúa, para que en un término de cinco días hábiles, contados
      a partir del siguiente al de la notificación, manifestara lo que a su derecho
      conviniera en atención a lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1 del
      Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente a
      partir del quince de enero de dos mil ocho.

X. El día veintisiete de mayo de dos mil ocho, el notificador habilitado por esta
autoridad electoral se constituyó en el domicilio que tiene registrado la agrupación
política nacional “Diana Laura” para oír y recibir notificaciones, a efecto de realizar
la vista ordenada en el acuerdo a que se refiere el resultando anterior, mismo que
consta en los autos del expediente de marras a través de la respectiva cédula de
notificación personal.

XI. El dos de junio de dos mil ocho, en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral se recibió en tiempo y forma el escrito signado por Laura Fuentes Flores,
Presidenta y Representante de la agrupación política nacional “Diana Laura”,
quien atendió la vista formulada por esta autoridad electoral respecto del
procedimiento instaurado en su contra relativo a la procedencia de la pérdida de
su registro como agrupación política.

XII. Mediante proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, el Secretario
Ejecutivo en su carácter de Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial
de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.

XIII. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento
administrativo previsto en el artículo 102, párrafo 2 en relación con lo dispuesto en
los numerales 35, párrafo 9, inciso e); 122, párrafo 1, inciso j) y 354, párrafo 1,
inciso b), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de
dos mil ocho, se procede a formular el proyecto de dictamen correspondiente, al
tenor de los siguientes:




                                          16
                                                    JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                        EXP. JGE/QCG/002/2008




                             CONSIDERANDO


1. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 118, párrafo 1, incisos h), k) y w)
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el
Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, mismo que
entró en vigor a partir del siguiente día de su publicación, el Consejo General del
Instituto Federal Electoral tiene facultades para conocer de las infracciones a la
normatividad electoral federal, que tengan como consecuencia la pérdida de
registro como Partido Político Nacional o Agrupación Política Nacional.

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 122, párrafo 1, inciso j) en
relación con el 102, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, la
Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, substanciará el
procedimiento de pérdida de registro como Partido Político Nacional o Agrupación
Política Nacional y elaborará el proyecto respectivo, a efecto de someterlo a
consideración del Consejo General de este órgano electoral autónomo.

3. Que en términos de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el
que se aprueba el ordenamiento legal antes citado, la Tesis relevante emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo
rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS
POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum (que refiere que los
delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su
realización), el fondo del presente asunto deberá ser resuelto conforme a las
disposiciones aplicables al momento en que se concretaron los hechos
denunciados, es decir, conforme a las normas sustantivas previstas en la
legislación electoral federal vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho,
mientras que por lo que se refiere al procedimiento deberán aplicarse las
disposiciones del código electoral vigente, ya que los derechos que otorgan las
normas adjetivas se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se
rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice
una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de ésta (suprime
un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las
pruebas), debe aplicarse la nueva ley, en razón de que no se afecta ningún
derecho, según se desprende de lo dispuesto en la Jurisprudencia publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997, en la página



                                         17
                                                      JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                          EXP. JGE/QCG/002/2008




178, identificada con la clave I.8o.C. J/1 y cuyo rubro es “RETROACTIVIDAD DE
LAS NORMAS PROCESALES”.

4. Que por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se
procede a entrar al estudio de las razones que hizo valer la agrupación política
nacional “Diana Laura” en su escrito de contestación al emplazamiento hecho por
esta autoridad electoral, para determinar, en su caso, si se actualiza alguna de las
causales de improcedencia, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento
del presente procedimiento, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia a
dilucidar.

Luego entonces, en el supuesto de que existiera una razón que desvirtuara los
hechos que dieron origen al procedimiento sancionatorio que nos ocupa, no sería
necesario entrar al fondo del mismo, y por tanto, la consecuencia inmediata es que
el expediente en el que se actúa, se archivara como un asunto total y
definitivamente concluido.

En ese tenor, en lo sustancial la agrupación política nacional arguyó lo siguiente:

        “De acuerdo a las constancias que integran el expediente de mérito se
        desprende claramente, que la Agrupación Política Nacional que
        represento, desde el día en que obtuvo su registro como tal, siempre ha
        sido vigilada y sancionada en tiempo y forma por la Autoridad Electoral,
        motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en nuestra Carta
        Magna ninguna autoridad puede sancionar dos veces al mismo sujeto
        por la misma infracción (delito), y en el caso que nos ocupa la Autoridad
        Investigadora no deberá basar su resolución en las infracciones
        cometidas por la Agrupación Política Nacional Diana Laura estudiadas,
        calificadas, sancionadas y ejecutadas; que en su momento se
        calificaron como NO causales de pérdida de registro, ya que al estarse
        estudiando el cúmulo de infracciones cometidas por la Agrupación que
        represento, es de tomarse en cuenta, que la Agrupación Política
        Nacional Diana Laura, ha sido sancionada por todas y cada una de las
        infracciones cometidas durante su existencia y segundo que no existe
        fundamento ni razonamiento jurídico alguno del cual se desprenda que
        el número y tipo de las infracciones en estudio cometidas por mi
        representada sean las determinadas por las leyes de la materia como
        causales de pérdida del registro.

        De igual forma, de las mismas constancias que integran el presente
        procedimiento la Autoridad Investigadora NO acredita irregularidad


                                           18
                                               JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                   EXP. JGE/QCG/002/2008




alguna ni aporta elemento alguno que sirva para acreditar que la
Agrupación Política Nacional Diana Laura, haya cometido un cúmulo de
infracciones calificadas de tal gravedad como para determinar la pérdida
de su registro.

…

Ahora bien, resulta que el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, aplicable al caso en estudio, no contempla
como causal de pérdida de registro de agrupación o partido político, el
cúmulo de infracciones cometidas por el partido o Agrupación Política
contadas a partir desde el día en que el mismo haya obtenido su
registro político, ni establece sanción alguna para el caso en concreto.
Motivo por el cual esta Autoridad Investigadora de conformidad con
Nuestra Carta Magna, no puede resolver la pérdida del registro de mi
representada, ya que las Leyes Electorales no contemplan precepto
legal alguno que contemple y se aplique exactamente al caso en
concreto, no pudiendo imponer sanción alguna por analogía o por
mayoría de razón que no esté decretada con anterioridad al hecho en
estudio, conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y de
los principios generales del derecho.

Ahora bien, el que autoridad alguna al momento de emitir una
resolución y por ende una sanción a sujeto alguno, en base a la suma o
cúmulo de las posibles irregularidades o delitos que haya cometido
durante su existencia, aun y cuando dicho sujeto ya haya sido
sancionado y haya cumplido dicha sanción, se estaría violentando e
ignorando el principio de seguridad jurídica existente en las leyes de
nuestro país, y probablemente en la mayor parte del mundo civilizado y
democrático, así como también se violenta el principio de no
retroactividad de la ley y sobre todo el impedimento Constitucional de
ser sancionar dos veces o más un mismo delito.

…

En este orden de ideas, y en atención al principio general de derecho,
que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
hecho, es que el presente procedimiento debe sobreseerse en vista de
que los hechos base ya fueron verificados y sancionados en el marco
de la revisión de todos y cada uno de los informes anuales presentados
por esta Agrupación Política Nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta infundado e ilegal,
determinar la procedencia de la pérdida del registro de la Agrupación


                                   19
                                              JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                  EXP. JGE/QCG/002/2008




Política Nacional Diana Laura, basándose en el cúmulo de infracciones
a la normatividad electoral que pudo haber cometido dicha Agrupación
desde que le fue concedido su registro como Agrupación Política, ello
en razón de que, dicha Agrupación siempre ha estado sujeta y bajo la
vigilancia tanto del Instituto Federal Electoral como de sus órganos
competentes, desde el día en que le fue concedido su registro como
Agrupación Política, mismo Instituto (sic) que en ejercicio y en función
de sus atribuciones, año con año fiscalizó y revisó que la Agrupación
Política en cita apegara su actuar de conformidad a la normatividad
electoral, por lo que cuando dicha autoridad electoral, detectaba o
simplemente presuponía, que la Agrupación Política Nacional Diana
Laura, incumplía o cometía una infracción a la normatividad electoral,
ordenó en su momento el inicio de los procedimientos sancionadores
que consideró pertinentes y de igual forma aplicó las sanciones
correspondientes a dicha Agrupación, motivo por el cual el iniciar un
procedimiento administrativo sancionador para determinar si procede o
no la pérdida de registro de la Agrupación que represento, sustentando
y motivando el mismo, en el cúmulo de infracciones cometidas a la
normatividad electoral que fueron ya en su momento juzgadas y
sancionadas, sería violatorio a lo que establecen los artículos 14, 16 y
23 Constitucionales, que establecen en su conjunto:

‘
…
Nadie podrá ser privado de sus...posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido... en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.

… queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito que se trata....’.

En este sentido, tenemos que la Autoridad Electoral, está fundando su
actuar, sin existir una ley aplicable exactamente al caso en estudio, ya
que el Código Federal Electoral no establece en ninguno de sus
preceptos legales, que es causa de pérdida del registro como
Agrupación Política, el cúmulo de infracciones en que incurran las
Agrupaciones Políticas o Partidos Políticos, contadas a partir de que
reciban su registro como tal, y mucho menos señala un número
específico para poder determinar que una Agrupación Política o Partido
Político ha cometido un cúmulo de infracciones suficientes para ser
considerado como causal para la pérdida de su registro, y aún más no
establece siquiera qué se entenderá para efectos de la ley electoral
como ‘cúmulo de infracciones’.


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                                               JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                   EXP. JGE/QCG/002/2008




Es improcedente e infundado que la autoridad electoral, base el
presente procedimiento en infracciones cometidas con anterioridad al
hecho que dio origen al mismo, es decir que base su actuar en
infracciones que ya fueron sancionadas de conformidad con la ley
electoral ya que las infracciones cometidas en los años de 1999 a 2006
por la Agrupación Política Nacional que represento, fueron calificadas y
sancionadas por la autoridad electoral, en su momento, misma
autoridad que no podrá alegar la existencia de infracciones cometidas
durante los años referidos, ya que dicha autoridad una vez que hubo
examinado dichas infracciones, de conformidad con el Código Federal
Electoral y demás leyes y reglamentos aplicables, les otorgó la
clasificación que en su momento consideró correspondiente de entre las
que establecía el citado Código Electoral.

Motivo por el cual al haberse aplicado y hecho efectivas las sanciones a
mi representada, ésta dio cabal cumplimiento al Código Electoral, y
dado que el derecho electoral es equiparable al derecho penal,
quedaron agotadas todas las instancias procesales a que se refiere el
artículo 23 Constitucional.

En cuanto a la garantía de Seguridad Jurídica que otorga nuestra Carta
Magna a mi representada, el mismo sería violentado de considerarse
procedente el proceso oficioso que nos ocupa, ya que se pretende
sustentar en el cúmulo de infracciones cometidas por esta Agrupación
Política desde su nacimiento como tal.

Ahora bien, la autoridad al iniciar el proceso administrativo en comento,
violenta lo establecido en el artículo 17 Constitucional ya que su actuar,
no está siendo parcial, ello en atención a que arbitrariamente se está
siguiendo únicamente a mi representada, un proceso administrativo
para determinar la procedencia de la pérdida de registro como
Agrupación Política, basándose en el cúmulo de infracciones cometidas
durante su existencia, cuando es del conocimiento de la autoridad
electoral, que todas las agrupaciones y partidos políticos durante los
años contados a partir de la obtención de su registro al día de hoy, han
acumulado un sin fin de infracciones a las leyes electorales, luego
entonces, surge la pregunta forzosa, de saber el motivo o la causa por
la cual la autoridad determinó sólo iniciar a mi representada el proceso
de mérito, sin que exista precepto legal que establezca dejar al libre
albedrío de la autoridad para decidir a qué agrupación o partido político
le iniciará proceso de pérdida de registro con base a las infracciones
que haya cometido durante su existencia o bien que es decisión de la
autoridad electoral poder iniciar cualquier proceso administrativo sin que
exista causa legal.


                                   21
                                                     JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                         EXP. JGE/QCG/002/2008




       Es de señalar el principio que reza ‘derecho igual para los iguales’, en
       razón que las agrupaciones y partidos políticos con registro ante el
       Instituto Federal Electoral han tenido en sus informes anuales de
       ingresos y egresos presentados ante la Autoridad correspondiente,
       omisiones e inclusive irregularidades y sanciones. Siendo un hecho en
       el caso en concreto que no existe prueba ni documento o informe
       alguno, en el cual conste que la Agrupación Política que represento
       haya cometido más infracciones que las demás existentes, que las
       faltas cometidas hayan sido calificadas de mayor gravedad que las
       cometidas por las demás agrupaciones o partidos políticos.”

Conforme a lo trasunto, es dable señalar los siguientes razonamientos:

En esencia, la agrupación política Diana Laura, argumentó entre otras cuestiones
que en atención al principio general de derecho consagrado en el aforismo non bis
in ídem, es que el presente procedimiento debe sobreseerse, en virtud de que a su
juicio, los hechos que dieron origen al mismo, ya fueron verificados y sancionados
por esta autoridad electoral en el marco de la revisión de los informes anuales
relativos a los ingresos y egresos de la citada asociación política, actividades
específicas y las derivadas de los procedimientos del financiamiento de los
partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

En este orden de ideas, vale la pena recordar inicialmente que el principio non bis
in ídem está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece: "Nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene",
el cual es unánimemente aceptado en la teoría jurídica y en la práctica forense, en
el sentido de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos,
constitutivos de delito. El referido principio, trasladado al ámbito del derecho
administrativo sancionador electoral, es entendido bajo la afirmación de que nadie
puede ser juzgado y sancionado dos veces por los mismos hechos constitutivos
de una infracción administrativa electoral.

En efecto, con independencia de la aplicabilidad y extensión del principio indicado
en el ámbito del derecho administrativo sancionador electoral, lo cierto es que,
como es reconocido en forma generalizada por la doctrina y la Jurisprudencia, es
presupuesto de la dualidad de sanciones prohibida por dicho principio, la
identidad del sujeto, hecho y fundamento, esto es, para que se pueda considerar
violentado, es menester que se den tres elementos que identifiquen la acción en



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                                                    JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                        EXP. JGE/QCG/002/2008




comento, a saber: que se trate de la misma persona (eadem personae), el mismo
objeto (eadem res o petitium), y la misma causa (eadem causa petendi).

En ese tenor, no debemos pasar por alto que el presente procedimiento se inició
con motivo de la vista ordenada por el Consejo General del Instituto Federal
Electoral en la resolución identificada con la clave CG405/2007, relacionada con el
expediente Q-CFRPAP 34/04 dictada con motivo del procedimiento de fiscalización
respecto del origen, destino y monto de los recursos correspondientes al ejercicio
dos mil tres concernientes a la agrupación política nacional “Diana Laura”.

Dicha resolución, determinó declarar fundado el procedimiento de mérito, por
acreditarse las irregularidades denunciadas en la revisión del informe anual de
ingresos y gastos del 2003, consistentes en: a) No haber acreditado el origen lícito
de los ingresos y gastos correspondientes a la realización de las publicaciones de
las revistas mensuales de abril, mayo – junio, julio y agosto, así como de la
publicación teórica trimestral de abril, mayo - junio del ejercicio 2003; y b) Por la
simulación de la debida observancia de la ley, al realizar operaciones comerciales
con la empresa mercantil “Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de
C.V.” (DISC) proveedor con el cual la Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de
Finanzas de la agrupación política Diana Laura tiene una estrecha relación, toda
vez que funge a su vez como Apoderada Legal con Poderes para Actos de
Administración de dicha empresa.

Esto es, la agrupación política Diana Laura efectivamente fue sancionada en el
procedimiento de fiscalización respecto del origen, destino y monto de los recursos
correspondientes al ejercicio dos mil tres, y en esa misma resolución, se determinó
dar vista a la Junta General Ejecutiva a efecto de que en el ámbito de sus
atribuciones iniciara un procedimiento administrativo sancionador electoral que tenga
por finalidad determinar la procedencia de la pérdida del registro como agrupación
política nacional; sin embargo, tal cuestión no puede ser considerada como lo afirma
la denunciada que se le esté juzgando dos veces por el mismo delito.

En torno a este tema resulta tener presente las definiciones de concurso ideal y
real de los delitos, así tenemos que existe concurso ideal, cuando una sola
conducta actualiza varios delitos y existe concurso real, cuando se cometan
diversas conductas y éstas constituyen varios delitos.

El concurso ideal se da cuando con una sola actuación se infringen varias
disposiciones penales, así por medio de una sola acción u omisión del agente se
configuran diversos tipos penales.


                                         23
                                                     JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                         EXP. JGE/QCG/002/2008




En atención a lo anterior, se puede válidamente concluir que contrario a lo que
alude la denunciada agrupación política nacional “Diana Laura”, con la instauración
del presente procedimiento no se trastoca el principio de non bis in ídem, ya que
con el inicio del presente procedimiento no se le está juzgando dos veces por el
mismo delito, toda vez que el hecho que se le haya instruido un procedimiento de
fiscalización respecto del origen, destino y monto de los recursos correspondientes
al ejercicio dos mil tres, con motivo de: a) No haber acreditado el origen lícito de los
ingresos y gastos correspondientes a la realización de las publicaciones de las
revistas mensuales de abril, mayo – junio, julio y agosto, así como de la publicación
teórica trimestral de abril, mayo - junio del ejercicio 2003; y b) Por la simulación de
la debida observancia de la ley, al realizar operaciones comerciales con la empresa
mercantil “Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC)
proveedor con el cual la Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la
agrupación política Diana Laura tiene una estrecha relación, toda vez que funge a
su vez como Apoderada Legal con Poderes para Actos de Administración de dicha
empresa; en consecuencia, es diferente al motivo del presente procedimiento que
tiene como objeto determinar si procede o no la pérdida de su registro por la
presunta realización de conductas graves.

Es decir, que derivado del procedimiento de fiscalización se determinó dar vista a
la Junta General Ejecutiva, a efecto de que iniciara un procedimiento
administrativo sancionador electoral para determinar la procedencia de la pérdida
del registro como agrupación política nacional de la agrupación “Diana Laura”, que
es el que por esta vía se sustancia; por tal motivo se considera que tal
circunstancia no trae como consecuencia que se le esté juzgando en dos
ocasiones, sino que la conducta que fue objeto en el procedimiento primigenio de
fiscalización puede ocasionar la vulneración a dos o más hipótesis legales
previstas en la legislación electoral, es decir, puede constituir un concurso ideal.

De ahí que con base en la figura antes señalada, y que fue debidamente definida
en párrafos que anteceden, es que los argumentos esgrimidos por la denunciada
son inatendibles, porque no se le está sometiendo a juicio en dos ocasiones por la
conducta que fue materia del procedimiento de fiscalización, sino que con motivo
de la realización de la misma, se violentaron diferentes hipótesis previstas en la
legislación electoral, esto es, por una parte se consideró que transgredía lo
previsto en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y o) y que fue la conducta
sancionada por resolución identificada con la clave CG405/2007; y por otra parte,
y que fue el motivo de inicio del presente procedimiento, se previó la posible



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                                                  JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                      EXP. JGE/QCG/002/2008




conculcación del numeral 35, párrafo 13, inciso d), ambos del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales hoy abrogado.

Esto es, la conducta consistente en la simulación de la debida observancia de la
ley, al realizar operaciones comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo
Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC) proveedor con el cual la
Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política Diana
Laura tiene una estrecha relación, toda vez que funge a su vez como Apoderada
Legal con Poderes para Actos de Administración de dicha empresa, cumplió con la
hipótesis de un concurso ideal, ya que con una sola actuación se infringieron
varias disposiciones del código de la materia.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, la propia agrupación política nacional
en su escrito de respuesta al emplazamiento, convalida expresamente que no
existe conculcación al principio jurídico en cita, toda vez que ella misma menciona
que sólo se le ha sancionado por incurrir en diversas irregularidades
administrativas en los diversos procesos de fiscalización a los cuales ha sido
sometida y no por la hipótesis de pérdida de registro que en el presente caso se
actualiza.

De igual forma, se considera que el argumento vertido por la agrupación política
no es suficiente para sobreseer el presente asunto, toda vez que el Código de la
materia de forma taxativa, posibilita a esta autoridad electoral a realizar las
acciones tendentes a vigilar escrupulosamente que las asociaciones políticas se
conduzcan dentro del marco legal y cumplan las obligaciones a que están sujetas
por mandato de ley.

Así las cosas, es incontrovertible que esta autoridad electoral impuso las
sanciones adecuadas referentes a los procesos de revisión a los ingresos y
egresos de la agrupación política nacional “Diana Laura”, respetando en todo
momento, la garantía de legalidad en su vertiente de motivación y
fundamentación.

Circunstancia completamente distinta al argumento vertido por la asociación
política nacional, ya que ésta aduce, que se están “tomando como referencia” las
irregularidades de carácter técnico contable para sustanciar el presente
procedimiento y que esto es más que suficiente para sobreseerlo, lo cual amén de
apartarse de la verdad, no demuestra con razonamientos lógico-jurídicos o con
algún elemento de convicción para justificar su aserto consistente en que esta



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                                                     JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                         EXP. JGE/QCG/002/2008




instancia electoral haya conculcado en su perjuicio los principios de seguridad
jurídica, el de legalidad o el diverso non bis in ídem.

En conclusión, si bien en el sistema electoral mexicano existe la garantía de
seguridad jurídica que debe prevalecer en todos los actos de autoridad, misma
que otorga certeza a dichos actos y a sus consecuencias, y que dentro de ese
sistema, hay principios generales que deben ser respetados, uno de los cuales es
el de non bis in ídem, ello en modo alguno puede restringir a esta instancia
electoral de conocer y resolver sobre hechos que guarden una relación causal,
aunque en su consecuencia sea sustancialmente diferente.

5. Que sentado lo anterior, procede entrar a determinar si la conducta realizada
por la agrupación política nacional “Diana Laura”, consistente en la simulación de
la debida observancia de la ley, al realizar operaciones comerciales con la
empresa mercantil “Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.”
(DISC) proveedor con el cual la Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de
Finanzas de la agrupación política Diana Laura tiene una estrecha relación, toda
vez que funge a su vez como Apoderada Legal con Poderes para Actos de
Administración de dicha empresa, es de tal gravedad que permita concluir que es
procedente declarar la pérdida de su registro como tal, apoyando la decisión en la
hipótesis prevista en el artículo 35, párrafo 13, inciso d) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero del
presente año.

Previo al estudio de los elementos de convicción con los que cuenta esta instancia
electoral para resolver el presente asunto, conviene invocar las normas
sustantivas que rigen el procedimiento sancionatorio en comento.

En este orden de ideas, en primer lugar, debe tenerse en consideración lo
dispuesto por los artículos 35, párrafo 13; 67, párrafo 2; 82, párrafo 1, inciso k); 86,
párrafo 1, inciso j) y 269, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales hoy abrogado, mismos que establecen lo siguiente:

        “ARTÍCULO 35

        (...)

        13. La agrupación política nacional perderá su registro por las
        siguientes causas:




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                                                 JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus
miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos
básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones
contenidas en este Código;

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener
el registro; y

f) Las demás que establezca este Código.

ARTÍCULO 67

(...)

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al f), del párrafo 13 del
artículo 35 y e) al h) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del
Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una
agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se
publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse
sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos d)
y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y f), del párrafo 1 del artículo 66,
sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al
partido político interesado.

(...)

ARTÍCULO 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

(...)

k) Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del
registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como
sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos e) al h)
del párrafo 1 del artículo 66 y c) al f) del párrafo 13 del artículo 35,
respectivamente, de este Código, emitir la declaratoria correspondiente
y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;


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                                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




        (...)

        ARTÍCULO 86

        1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes,
        siendo sus atribuciones las siguientes:

        a) (…)

        (…)

        j) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de
        dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se
        encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 35 de este
        Código;

        (…)

        ARTÍCULO 269

        (...)

        4. Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales
        previstas en los artículos 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el artículo
        67 de este Código.”

Del contenido de los artículos transcritos, se desprende que por disposición
expresa del artículo 269, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales hoy abrogado, el procedimiento que tenga por
finalidad determinar la procedencia o no de la pérdida del registro de una
agrupación política nacional, en virtud de haberse colmado alguno de los
supuestos normativos contenidos en el artículo 35, párrafo 13 del propio Código,
deberá tramitarse conforme a lo establecido por el artículo 67, párrafo 2 de ese
mismo cuerpo normativo.

Luego entonces, conviene resaltar que el procedimiento referido no se encuentra
dentro del Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, circunstancia que pone de relieve el hecho de que las
normas procedimentales a que se refiere el Reglamento para la Tramitación de los
Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones
Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código


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                                                   JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resultan inaplicables al
caso que nos ocupa.

De tal suerte que en el presente asunto, derivado de la naturaleza de la instrucción
emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como de la
interpretación gramatical de los dispositivos transcritos, en párrafos que
anteceden, esta autoridad electoral válidamente puede sostener la existencia y
aplicabilidad de un procedimiento cuya finalidad única y concreta es determinar la
procedencia o no respecto de la pérdida del registro de una agrupación política,
cuando se actualice uno de los extremos previstos en los incisos d) y e) del
párrafo 13 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, hoy abrogado.

Al respecto, conviene decir que el procedimiento previsto en el artículo 67, párrafo
2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al
momento en que se denunciaron los hechos que hoy se estudian, se circunscribe,
por lo que hace a las agrupaciones políticas, a los actos que puedan tener como
consecuencia la actualización de una de las causales de pérdida de registro,
exceptuando las previstas por el artículo 35, párrafo 13, incisos d) y e) así como
por los incisos e) y f), del párrafo 1 del artículo 66 del Código; y cuenta con los
siguientes elementos distintivos:

      1) Órgano sustanciador: el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal
      Electoral, cuya función es elaborar y someter a consideración de la Junta
      General Ejecutiva de dicho órgano el proyecto de resolución respecto de la
      pérdida de registro como agrupación política nacional, con el fin de que si
      aprueba el dictamen, éste sea sometido a la consideración del Consejo
      General del Instituto Federal Electoral, para que de ser procedente, se
      apruebe.

      2) Finalidad única: la identificación de circunstancias o elementos que
      puedan constituir una causal de pérdida del registro como agrupación
      política nacional.

Caso contrario, lo representa el procedimiento genérico establecido en el artículo
270 del Código de la materia, hoy abrogado, cuyas principales características son:

      1) Órgano sustanciador: el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal
      Electoral, cuyas funciones consistían en integrar el expediente respectivo,
      mediante la recepción de la queja correspondiente y la subsecuente


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                                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




      sustanciación del procedimiento atinente, así como la formulación del
      dictamen que debía ser presentado ante la Junta General Ejecutiva de
      dicho órgano, a efecto que de ser aprobado, lo presentara a los integrantes
      de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución con el fin de que
      si estaban de acuerdo con el sentido del proyecto, lo remitiera a la
      consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que
      éste fijara, en caso de resultar procedente, la sanción correspondiente.

      2) Objeto genérico: cualquier irregularidad o infracción administrativa a la
      normatividad electoral en cuestión, exceptuando tanto la materia inherente
      al financiamiento, la cual obedece a un procedimiento especializado, así
      como aquellas que integren alguna de las causales de pérdida de registro
      previstas en los artículo 35, párrafo 13 y 66, párrafo 1 del Código Federal de
      Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bajo este contexto, debe decirse que las consideraciones anteriores, referentes a
las características que distinguen al procedimiento administrativo genérico del que
nos ocupa para determinar la pérdida del registro de una agrupación política,
tienen como criterio orientador la Tesis Relevante emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a
continuación:

        “SANCIONES A LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
        POR INFRACCIONES A LAS REGLAS INHERENTES AL
        FINANCIAMIENTO.El procedimiento administrativo previsto en el
        artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
        Electorales constituye la regla general en materia disciplinaria y de
        imposición de sanciones, en tanto que el diverso procedimiento previsto
        en el artículo 49-A, párrafo 2, del propio código se circunscribe a una
        materia especializada, inherente a los actos cometidos por los partidos
        y agrupaciones políticas en relación con los informes sobre el origen y
        monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
        financiamiento, así como su empleo y aplicación, por lo que para que la
        autoridad electoral imponga una sanción a los institutos políticos
        respecto de irregularidades o infracciones cometidas en esta materia
        especializada, no está obligada a seguir el procedimiento genérico
        indicado. Esta conclusión se obtiene a partir de los numerales
        invocados, pues los términos en que se desarrolla el procedimiento
        administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2,
        del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
        evidencian, que éste cuenta con las características particulares



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                                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




        siguientes: a) un órgano sustanciador: la Comisión de Fiscalización de
        los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, cuya función es
        realizar la revisión de los informes anuales y de campaña de dichos
        institutos políticos, en los términos precisados en el propio numeral, así
        como la elaboración del dictamen consolidado y del proyecto de
        resolución, que deben presentarse ante el Consejo General del Instituto
        Federal Electoral, el cual determina, de ser el caso, la imposición de
        alguna sanción. b) finalidad única: la revisión de los mencionados
        informes que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según
        corresponda. En cambio, las principales características del
        procedimiento genérico estatuido en el artículo 270 del código en
        consulta son: a) un órgano sustanciador: la Junta General Ejecutiva,
        cuyas funciones son integrar el expediente respectivo, mediante la
        recepción de la queja correspondiente y la subsecuente sustanciación
        del procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como
        formular el dictamen relativo para ser presentado ante el Consejo
        General del Instituto Federal Electoral, para que éste fije, en su caso, la
        sanción correspondiente. b) un objeto genérico: cualquier irregularidad
        o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión,
        exceptuando la materia inherente al financiamiento. En esta virtud, si
        bien conforme con los numerales 49-A y 270 citados existen dos
        procedimientos administrativos de los que puede derivar la imposición
        de una sanción a los partidos y agrupaciones políticas, la pretendida
        aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el artículo 270 se
        ve excluida si las circunstancias del caso concreto se ubican en los
        supuestos de hecho que prevé el diverso numeral 49-A, ya que en la
        técnica de la aplicación de la ley, impera el principio general de derecho
        de que la norma específica priva sobre la norma general.

        Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98.—Partido del Trabajo.—24 de
        septiembre de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel
        Reyes Zapata.—Secretario: David Solís Pérez.

        Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, páginas
        83-84, Sala Superior, Tesis S3EL 060/98.”

En tal virtud, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral procedió a
dar cumplimiento a la instrucción emitida por el Consejo General, en términos del
procedimiento previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, concretamente, aquella que se encuentra prevista en el artículo 35,
párrafo 13, inciso d) del propio Código y que establece como causal de pérdida de
registro para las agrupaciones políticas, el incumplimiento grave de las
disposiciones del ordenamiento legal en comento.


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                                                     JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                         EXP. JGE/QCG/002/2008




Una vez definido lo anterior, esta autoridad electoral procede a realizar algunas
consideraciones respecto de la naturaleza jurídica que se desprende de la causal de
pérdida de registro prevista en el artículo 35, párrafo 13, inciso d) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, referida en el párrafo anterior.

En este sentido, tomando en consideración que en materia administrativa
sancionadora electoral, son aplicables mutatis mutandi, los principios del derecho
penal, debe considerarse que la conducta descrita por la norma en relación con la
necesidad de la realización de ciertos hechos que la materializan, encuentra
identidad con lo que en la materia penal se concibe como tipicidad o tipo.

Dicho de otro modo, en la que la descripción de la conducta establecida por la
norma se necesita indefectiblemente la realización de ciertos actos que ésta
prescribe para estimar que la misma se ha materializado, tal y como lo establece
la causal de pérdida de registro en análisis, la cual se constituye como una
especie de “tipo administrativo”.

Al respecto, es de la mayor importancia recoger algunas de las consideraciones
realizadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, contenidas en la resolución recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SUP-RAP-098/2003, en cuanto a la
identificación del tipo dentro de la materia administrativa sancionadora, la cual
resulta ilustrativa para establecer con mayor claridad, la manera en que la causal
de pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales derivada del
incumplimiento grave de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, tiene similitud con los denominados tipos compuestos,
señalados en las consideraciones que se trascriben a continuación:

      “En este contexto, precisa de explicación la circunstancia de que el mandato
      de tipificación, en el derecho penal, exige una descripción precisa de la
      conducta que se encuentra prohibida, así como la correspondiente pena,
      por lo que el juzgador debe ajustarse rigurosamente a la hipótesis prevista
      en la norma como delito, con la absoluta proscripción de la aplicación
      analógica, de tal modo que permita predecir, con suficiente grado de
      certeza, la clase y el grado de sanción susceptible de ser impuesta.

      La especificidad de la conducta viene de una doble exigencia: del principio
      general de libertad, sobre el que se organiza todo el Estado de Derecho,
      que impone que las conductas sancionables sean una excepción a esa
      libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin posibilidad de


                                          32
                                                 JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                     EXP. JGE/QCG/002/2008




interpretación extensiva in peius, y en segundo término, a la correlativa
exigencia de seguridad jurídica, que no se cumpliría si la descripción de lo
sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los
ciudadanos puedan prever las consecuencias de sus actos.

En el derecho administrativo sancionador electoral, no obstante que
participa de las características esenciales enunciadas, en cuanto se refiere
a la descripción legal de una conducta específica a la que se impondrá una
sanción, a diferencia de la materia penal, no se exige una estricta o
escrupulosa especificación normativa de la conducta considerada como
infracción, en una disposición general y unitaria, lo que además sería
imposible de regular de una manera taxativa, pues el catálogo de
infracciones administrativas es muy amplio, lo cual obedece a su naturaleza
cualitativa, en el sentido de que se remite a otra norma en la que se formula
una orden o una prohibición, cuyo incumplimiento supone, precisamente, la
infracción, sin que tal amplitud se traduzca en tipos legales genéricos o
indeterminados que originen riesgos de un excesivo arbitrio por parte de la
autoridad administrativa al ejercer la función sancionadora.

Además de lo señalado, si se quisiera ser riguroso en la especificación de
las   infracciones    administrativas, sólo    se   conseguiría    alargar
desmesuradamente la extensión de las normas, sin aumentar en modo
alguno la garantía de certeza.

Por tanto, la peculiaridad en el derecho administrativo sancionador electoral,
radica en que el tipo no se realiza a través de una descripción directa, como
ocurre en el derecho penal, sino que surge de la conjunción de dos o más
normas, bien de naturaleza sustantiva o reglamentaria: la o las que mandan
o prohíben, y las que advierten que el incumplimiento será sancionado; es
decir, se establece una normativa que contiene una o varias obligaciones o
prohibiciones, para después establecer que quien incumpla con las
disposiciones de la ley será sancionado. En estas dos normas se contienen
los elementos típicos de la conducta, pues la primera establece la obligación
de dar algo, hacer o no hacer una conducta determinada, precisa y clara,
por lo que si no se cumple con esa obligación, entonces se cae en el
supuesto de la segunda norma que establece la sanción.

El siguiente elemento es la sanción correspondiente, que también a
diferencia de la materia penal, se establece en un catálogo de penas
generales, para lo cual se dan reglas para su aplicación, en razón de que es
extremadamente complicado para el legislador establecer penas específicas
para cada una de las normas administrativas que impone una obligación o



                                     33
                                                 JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                     EXP. JGE/QCG/002/2008




prohibición, lo que implicaría tal cantidad de trabajo para éste que
entorpecería su función, por lo que se permite establecer un catálogo
general de sanciones, y reglas para su aplicación, y dejar a la autoridad
encargada de imponerlas, la determinación de cuál de éstas es la pertinente
y en qué medida, en cada caso, tomando en cuenta la gravedad de la falta,
a partir de la trascendencia de la norma infringida, al valor afectado o puesta
en peligro del bien jurídico, ya que no existe una valoración previa o de
primera mano en torno a la entidad de cada bien jurídico reflejada a través
de una sanción correlativa para cada conducta, la magnitud de la
afectación, tanto cuantitativa como cualitativamente, y a las demás
circunstancias objetivas del caso, en relación con las condiciones
personales del infractor, como el ánimo de infringir o no la norma, si se trata
de una falta sistemática o no, el carácter profesional y su capacidad
económica, etcétera.

Es menester tener en cuenta que el legislador tipifica como conducta ilícita,
en términos generales, la infracción de cualquiera de las disposiciones
legales contenidas en los ordenamientos electorales, dentro de las cuales
se propende a la tutela de la más amplia variedad de valores singulares que
concurren en el de mayor amplitud, consistente en la marcha correcta y
adecuada de la administración pública, para la satisfacción de los fines
sociales que tiene encomendados, lo cual le impide ponderar
separadamente la forma de afectación general de cada uno de esos valores
con las conductas infractoras, para establecer de antemano en la ley la
clase de sanción que debe imponerse ante cada tipo de infracción, y las
bases para la graduación correspondiente, y ante esa imposibilidad práctica,
procedió a establecer un catálogo general de sanciones, de diversa
naturaleza y caracteres, como se puede ver en el artículo 269 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Un fenómeno interesante se presenta en los tipos compuestos, que son
aquellos que describen una conducta unitaria (acción u omisión), en la que
pueden concurrir diversos hechos, cada uno de los cuales estaría en
capacidad de conformar, por sí misma, una descripción típica distinta, de no
estar estrechamente ligados en tiempo, organización y finalidad u objetivo
común.

Un buen sector de la doctrina penal, que en este concreto aspecto se
estima útil y aplicable al derecho administrativo sancionador electoral,
coincide en señalar que, en los casos de unidad de acción, la descripción
típica opera como una plantilla que recorta un determinado fragmento de
actividad, y permite considerarla constitutiva de una conducta ilícita global,



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      de tal forma que para seleccionar y graduar la sanción concreta que debe
      imponerse, deberá atenderse a la magnitud de su gravedad, derivada de la
      mayor o menor concurrencia de hechos, por sí solos antijurídicos, de sus
      resultados materiales y de los bienes jurídicos lesionados, pero sin ser
      considerados en forma aislada, en tanto que existen elementos que
      permiten demostrar, con suficiente racionalidad, que la conducta (acción u
      omisión) se dirige a una finalidad concreta y coincidente, pues en todo caso
      se trataría de hechos pertenecientes a un mismo conjunto, debido a su
      conexión espacial y temporal inmediata.

      Así, el juzgador debe atender a la conducta unitaria, a partir del objetivo
      global o conjunto perseguido por el infractor, y ponderar su mayor
      agravación a partir de las acciones parciales, unidas entre sí, al formar parte
      de un proyecto o meta que va mucho más allá de ellas, si se dieran
      aisladamente.”

Conforme a lo anterior, la causal de pérdida de registro contenida en el artículo 35,
párrafo 13, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, hoy abrogado, es una descripción típica de conducta, la cual podrá
tenerse por colmada, una vez que se constate la gravedad en el incumplimiento a
las disposiciones del ordenamiento legal en comento.

Ello es así, en virtud de que la acreditación de la causal de pérdida de registro
como agrupación política nacional, relativa al incumplimiento grave de las
disposiciones que impone el ordenamiento en cita, implica necesariamente la
valoración tanto del hecho realizado, como de una pluralidad de otros, en sí
mismos violatorios de las disposiciones contenidas en la normatividad de la
materia realizados por la misma persona.

De este modo, la instrucción emitida por el Consejo General del Instituto Federal
Electoral que dio origen al actual procedimiento, se sustenta prima facie, en la
conducta realizada por la denunciada consistente en la simulación de la debida
observancia de la ley, al realizar operaciones comerciales con la empresa mercantil
“Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC) proveedor con
el cual la Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación
política Diana Laura tiene una estrecha relación, toda vez que funge a su vez como
Apoderada Legal con Poderes para Actos de Administración de dicha empresa, así
como en todos y cada uno de los antecedentes que obran en poder de esta
autoridad electoral y que permiten apreciar el proceder de la agrupación política en
cita, específicamente en lo concerniente a los hechos que de manera individual han



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sido considerados como infracciones a la normatividad electoral, y que en su
conjunto, pudieran hacer patente el patrón de gravedad que prevé la norma.

En este sentido, debe decirse que para la integración del expediente en el que se
actúa, fue indispensable recopilar diversa documentación que obra en los archivos
de este Instituto Federal Electoral, relacionada con las irregularidades
dictaminadas y sancionadas, las cuales fueron producto de los procesos de
fiscalización a los recursos que por concepto de financiamiento público obtuvo la
agrupación política nacional “Diana Laura” en los ejercicios comprendidos en los
años 1999, 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006.

La anterior determinación encuentra sustento, en el hecho de que esta autoridad
electoral debe allegarse de los elementos idóneos y de convicción necesarios que
permitan demostrar a cabalidad, el modo consuetudinario y sistemático con el que
se ha conducido la agrupación política nacional, respecto del cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Código de la materia.

Conviene aclarar, que esta autoridad electoral no pretende realizar una nueva
valoración de los hechos que tiene acreditados y que guardan relación con el actuar
de la agrupación política nacional “Diana Laura”, toda vez que éstos ya fueron objeto
de sanción y de decisiones jurídicas anteriores; es decir, las consecuencias se han
producido definitivamente, sin que exista la posibilidad de ejercer un nuevo efecto
jurídico, conforme al principio general de derecho non bis in ídem.

6. Que una vez realizadas las precisiones que anteceden, es procedente entrar a
determinar si la simulación de la debida observancia de la ley, al realizar
operaciones comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo Integral en
Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC) proveedor con el cual la Lic. Rebeca
Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política Diana Laura tiene
una estrecha relación, toda vez que funge a su vez como Apoderada Legal con
Poderes para Actos de Administración de dicha empresa, que fue una de las
conductas motivo de sanción en el procedimiento de fiscalización de donde derivó
la vista que dio a su vez inicio al presente procedimiento, es de tal gravedad, que
permita declarar la pérdida de su registro a la agrupación política nacional “Diana
Laura”, con base en la causal prevista en el artículo 35, párrafo 13, inciso d) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy abrogado.

En primer lugar, es preciso recordar que la conducta que fue materia del
procedimiento de fiscalización, y que es la misma con la que se determinó dar
vista para el inicio del presente procedimiento, violentó diferentes hipótesis
previstas en la legislación electoral, por una parte, transgredió lo previsto en el
artículo 38, párrafo 1, incisos a) y o), conducta que fue debidamente sancionada


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por resolución identificada con la clave CG405/2007; y por otra parte, la posible
conculcación del numeral 35, párrafo 13, inciso d), ambos del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales abrogado.

Esto es, la conducta consistente en la simulación de la debida observancia de la
ley, al realizar operaciones comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo
Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC) proveedor con el cual la
Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política Diana
Laura tiene una estrecha relación, toda vez que funge a su vez como Apoderada
Legal con Poderes para Actos de Administración de dicha empresa, cumplió con la
hipótesis de un concurso ideal, ya que con una sola actuación se infringieron
varias disposiciones del código de la materia.

Ahora bien, la palabra "concurso", que deriva de la voz latina concursus, significa
concurrencia, simultaneidad de hechos, causas o circunstancias; en materia penal
este vocablo se refiere a los delitos y existe una división legal del concurso en
formal o ideal, o bien, real o material.

El primero se actualiza cuando el mismo agente, con una sola conducta o un solo
hecho, viola varias disposiciones penales autónomas, lo que trae consigo la
causación de varias lesiones jurídicas compatibles.

Cabe precisar que el concurso puede ser homogéneo si los delitos son de la
misma naturaleza y heterogéneo cuando los delitos son diferentes.

El concurso ideal o formal de delitos requiere de una sola conducta o hecho
delictivo y, como segundo elemento imprescindible, que se violen diversas
disposiciones penales autónomas, o sea, que con una sola conducta se causen
varias lesiones jurídicas.

De las opiniones dadas sobre el particular por la teoría alemana, se advierte que el
concurso ideal de delitos no sólo se produce cuando se transgreden disposiciones
legales diversas sino también cuando se infringe una de éstas en más de una vez,
pero en razón de la misma conducta, es decir, cuando el mismo bien jurídico
tutelado se vulnera en perjuicio de dos o más sujetos pasivos del delito.

Por tanto, si con la conducta delictiva se infringe una misma disposición penal,
pero el bien jurídico protegido por ésta se transgredió en dos ocasiones, ya que
por un lado se afectó el de una persona y, por el otro, el de un pasivo diverso,
entonces se concluye que se causaron dos infracciones a la misma disposición
legal y, por tanto, que se acredita el concurso ideal homogéneo de delitos.



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Una vez señalado lo anterior, es preciso señalar porque esta autoridad considera que
la conducta de simulación que aquí se estudia y que le es imputada a la Asociación
Política Nacional “Diana Laura”, se considera de tal gravedad que es procedente
declarar la pérdida de su registro, en términos del artículo 35, párrafo 13, inciso d) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy abrogado.

Ahora bien, de los autos que obran en el presente expediente, y que quedó
debidamente acreditado en el procedimiento sancionador de fiscalización con el
cual se dio vista para el inicio de este procedimiento, tenemos que la conducta
infractora a estudio, es considerada grave toda vez que:

   •   La agrupación política Diana Laura tuvo una relación comercial con la
       empresa mercantil ‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de
       C.V.’ (DISC), que tuvo por objeto la edición de sus publicaciones mensuales
       de enero, febrero y marzo, así como de la trimestral de enero-marzo, del
       ejercicio de 2003.

   •   La agrupación política Diana Laura designó, desde el tres de marzo de mil
       novecientos noventa y siete, a la Lic. Rebeca Muñoz Morales como
       Directora de Administración Financiera, cargo que le permite concertar las
       diversas adquisiciones de bienes y servicios que la agrupación requiera
       para el desarrollo de sus funciones, con los prestadores de servicios que
       considere pertinentes.

   •   La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro Público de la
       Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, enviaron documentación que
       avala la existencia y adecuada constitución de la persona moral ‘Desarrollo
       Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), misma que se
       encuentra constituida desde mil novecientos noventa y nueve.

   •   La empresa mercantil ‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de
       C.V.’ (DISC), desde su constitución designó como apoderada legal a la Lic.
       Rebeca Muñoz Morales, quien como consta en el folio mercantil que expidió
       el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, tiene
       poderes amplios para actos de administración, que le conceden plenas
       facultades para ordenar económicamente los medios de que dispone la
       empresa y usar convenientemente de ellos para proveer y solventar las
       necesidades de ésta.

   •   El que la Lic. Rebeca Muñoz Morales, funja como Directora de
       Administración Financiera de la agrupación política Diana Laura, así como
       Representante Legal con poderes de administración del proveedor de


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       servicios ‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.’
       (DISC), con quien contrató la agrupación la edición de parte de sus tareas
       editoriales durante el ejercicio de 2003, hizo presumir a esta autoridad
       electoral la existencia de un conflicto de intereses públicos y privados.

   •   Si bien es cierto, todo instituto político tiene plena libertad de contratar y
       adquirir bienes y servicios con quien estime pertinente, el hecho de que la
       empresa que fue contratada por la agrupación política nacional para prestar
       los servicios de edición de diversas tareas editoriales, tenga como
       apoderada legal a la misma persona que dentro de la agrupación funge
       como Directora de Administración Financiera, pudiese llegar a configurar un
       fraude a la ley, ya que las consecuencia de esa conducta pueden llegar a
       producir un resultado contrario a la norma jurídica.

Por lo anterior, se consideró que es grave que una agrupación política, como
entidad de interés público que tiene como fin coadyuvar al desarrollo de la vida
democrática y de la cultura política, así como promover la participación del pueblo
con una opinión pública mejor informada; utilice recursos públicos para que sus
directivos pudiesen obtener ganancias a través de una empresa en la cual
participa como funcionario desde su constitución.

Este tipo de irregularidades atentan contra los principios del estado democrático de
derecho, pues el que la agrupación política auspicie al proveedor de servicios
‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), empresa en la
que la Directora de Administración Financiera de dicha agrupación, la Lic. Rebeca
Muñoz Morales funge como apoderada legal con actos de administración,
evidentemente no puede catalogarse como una actividad orientada al interés público,
conducta por la cual debe responder la agrupación política nacional Diana Laura.

Lo anterior es así, en razón de que las agrupaciones políticas son personas
jurídicas que pueden cometer violaciones a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia electoral a través de sus dirigentes, toda vez que las
personas jurídicas por su naturaleza no pueden actuar por sí solas, pero son
susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, por lo cual, la
conducta ilícita en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través
de la actividad de aquéllas.

La agrupación política guarda la posición de garante respecto de la conducta de sus
dirigentes y colaboradores, puesto que aquél se le impone la obligación de vigilar
que estos últimos se ajusten al principio de respeto absoluto a la legislación en
materia electoral federal, por lo tanto, las infracciones que comentan dichos
individuos constituye el correlativo incumplimiento del garante – agrupación política–


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que determina su responsabilidad por haber aceptado o tolerado las conductas
realizadas dentro de las actividades propias de la agrupación política, lo cual
conlleva a la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la
sanción a la agrupación política, sin perjuicio de la responsabilidad individual.

De tal modo, la conducta de cualquiera de los dirigentes, integrantes y
colaboradores de una agrupación política -siempre que sean en interés o dentro
del ámbito de actividades de esa persona jurídica-, con la cual se configure una
trasgresión a las normas establecidas sobre el origen, uso y destino de todos sus
recursos, y se vulneren o se pongan en peligro los valores que tales normas
protegen, es responsabilidad de la propia agrupación política, por haber
incumplido su deber de vigilancia.

El que la Lic. Rebeca Muñoz Morales funja al mismo tiempo como Directora de
Administración Financiera de la agrupación y como Apoderada Legal con actos de
administración del proveedor de servicios ‘Desarrollo Integral en Servicios
Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), con quien se realizaron diversas operaciones
en el ejercicio de 2003, genera un conflicto de intereses que deriva en un claro
fraude a la ley, porque es la agrupación política Diana Laura quien tiene la
obligación de respetar y cumplir con lo que dispone el marco legal, toda vez que
tiene la calidad de garante frente a sus dirigentes, integrantes, empleados e
incluso de terceros, de manera que si uno de éstos incurre en la comisión de
conductas atípicas como lo es el fraude a la ley, para la obtención de algún
beneficio, la agrupación política es responsable de dicha conducta, por haberla
permitido o no haber realizado de manera eficaz su deber de vigilancia que tenía
respecto a que la conducta de su directiva fuera desplegada en estricto apego a
las disposiciones legales en materia electoral federal.

El fraude de ley suele presentarse como un supuesto de infracción indirecta de la
ley, a diferencia de los ilícitos que nosotros hemos llamado ‘típicos’, en los que se
da un comportamiento que se opone directamente a una ley. La estructura del
fraude consistiría, así, en una conducta que aparentemente es conforme a una
norma (‘norma de cobertura’), pero que produce un resultado contrario a otra y
otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto (‘norma defraudada’).

Igualmente, la H. Sala Superior retoma lo dicho por Caffarena y Laporta, en la voz
‘fraude de ley’, de la Enciclopedia Jurídica Básica (Madrid: Civitas, 1995), en el
sentido de que: El artículo 6.4 CC (Código Civil Español), que se encuentra en el
Título preliminar dentro del capítulo dedicado a la eficacia general de las normas
jurídicas, contempla la figura del fraude de ley: ‘los actos realizados al amparo del
texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento



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jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir’.

El fraude a la ley, como lo ha expresado la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída a los expedientes SUP-
RAP 34/2003 y SUP-RAP 35/2003, acumulados, se presenta como una infracción
indirecta de la ley, a diferencia de las infracciones que pueden calificarse como
típicas –porque la conducta del infractor consiste en una omisión al incumplir una
obligaciones determinada de manera expresa por el legislador, o en realizar una
acción prohibida expresamente en la ley–.

Esto es, la conducta realizada da la apariencia de actualizarse de conformidad con
la normatividad aplicable al caso concreto, pero su resultado es contrario a otras
normas o a los valores jurídicos por ellas tutelados.

Y más aun, se considera que es grave la conducta realizada por la Asociación
Política Nacional “Diana Laura”, tanto como perder el registro, debido a que es el
resultado de una serie de actos ilícitos que han sido debidamente analizados y
sancionados por las instancias correspondientes de este Instituto Federal
Electoral, mismos que han ido agravándose gradualmente, tal y como se aprecia
en seguida.

De los informes rendidos por el entonces Director General de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral mediante oficio número UF/048/2008, resulta ilustrativo para el caso
concreto, pues en ellos se pueden apreciar los siguientes datos:

     A) La fecha de la resolución mediante la cual se sancionó a la agrupación
        política nacional.
     B) El tipo de resolución.
     C) La o las conductas infractoras.
     D) Preceptos infringidos.
     E) Bien jurídico tutelado.
     F) Elementos que se tomaron en cuenta para acreditar la o las infracciones
        detectadas.
     G) Elementos que se tomaron en cuenta para individualizar la o las
        sanciones impuestas.
     H) Calificación de la o las infracciones dictaminadas.
     I) El medio de impugnación promovido.

Los informes a que nos hemos venido refiriendo se observan a continuación:



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                                                            EXP. JGE/QCG/002/2008




                    EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN 1999

                CG127/2000 de 23 de junio de 2000.
  Fecha de
                Punto 16
Resolución CG
  Tipo de       Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de
 Resolución     las Irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de
                Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al
                ejercicio de 1999

  Conducta      a) La Agrupación Diana Laura no presentó en tiempo su informe anual.
  Infractora
                b) La agrupación no proporcionó documentación comprobatoria de egresos
                por un importe de $5,600.00, por concepto de Apoyos a colaboradores en
                actividades, así como en la subcuenta Curso de Capacitación, por un importe
                de $123,700.00.

                c) La agrupación no proporcionó los estados de cuenta bancarios de una
                cuenta de inversión, correspondientes a los meses de enero, marzo y abril.

  Preceptos     a) Por no presentar en tiempo su Informe Anual incumplió lo establecido en
 Infringidos    los artículos 35, párrafo 12 del Código Federal de Instituciones y
                Procedimientos Electorales y lineamiento décimo segundo, tercer párrafo, de
                los "Lineamientos, formatos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora
                aplicables a las agrupaciones políticas nacionales.

                b) Por la falta de presentación de los comprobantes de egresos que fueron
                solicitados la agrupación incumplió con lo establecido en el artículo 38,
                párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                Electorales, en relación con el 34, párrafo 4 del mismo ordenamiento, así
                como con los lineamientos decimosexto, segundo párrafo y vigésimo primero,
                segundo párrafo de los "Lineamientos, formatos, catálogo de cuentas y guía
                contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales", emitidos
                por acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral el 21 de
                febrero de 1997.

                c) Por no presentar los estados de cuentas bancarios la agrupación incumplió
                con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de
                Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 34, párrafo 4
                del mismo ordenamiento, así como los lineamientos Primero, segundo
                párrafo, Octavo y Decimosexto, segundo párrafo de los "Lineamientos,
                formatos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las
                agrupaciones políticas nacionales, publicado en el Diario Oficial de la
                Federación el 26 de febrero de 1997.




                                           42
                                                             JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                 EXP. JGE/QCG/002/2008




  Bien Jurídico      La rendición de cuentas. Se impidió a la Comisión de Fiscalización verificar a
    Tutelado         cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual.


Elementos para       a) Se solicitó a la agrupación política que presentara las aclaraciones y
    acreditar        rectificaciones pertinentes, sin embargo, ésta no dio respuesta a lo solicitado.
   Infracción
                     b) Se solicitó a la agrupación política que presentara las aclaraciones y
                     rectificaciones pertinentes, sin embargo, ésta no dio respuesta a lo solicitado,
                     por lo que las erogaciones se tuvieron por no comprobadas.

                     c) Se solicitó a la agrupación política que presentara las aclaraciones y
                     rectificaciones pertinentes, sin embargo, ésta no dio respuesta a lo solicitado,
                     ni presentó la documentación que se le había requerido.


Elementos para       a) Se tomo en cuenta que el informe fue presentado con siete días de
 individualizar      retraso. Asimismo, se tiene en cuenta que el cumplimiento a su obligación,
    sanción          en el término legal establecido, no era de suyo complicado. Mas se consideró
                     necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

                     b) Aún cuando no se tuvieron por comprobadas las erogaciones realizadas,
                     se tomo en cuenta que no se pudo presumir una desviación de recursos, ni la
                     intención de ocultar información. Asimismo, se consideró para fijar la sanción
                     que el monto implicado sumaba un total de $129,300.00. M.N.

                     c) Aún cuando no fue posible verificar la totalidad de ingresos debido a que la
                     agrupación no proporcionó todos los estados de cuenta bancarios de la
                     cuenta de inversión y que presentó documentación que no cumplía con
                     requisitos legales; se tomó en cuenta que la agrupación no presentó
                     antecedentes de haber sido sancionada por el mismo hecho.
Calificación de la   a) La falta fue calificada como grave, por lo que se impuso una sanción
     sanción         económica, consistente en una multa de seiscientos cincuenta días de salario
                     mínimo general vigente en el Distrito Federal.

                     b) La falta fue calificada como grave, por lo que se impuso una sanción
                     económica consistente en una multa de mil doscientos cincuenta días de
                     salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

                     c) La falta fue calificada como grave, por lo que se impuso una sanción
                     económica consistente en una multa de seiscientos días de salario mínimo
                     general vigente en el Distrito Federal
    Medio de         No Aplica.
  Impugnación




                                                43
                                                          JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                              EXP. JGE/QCG/002/2008




                     EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN 2000

  Fecha de
                 CG98/2001 de 20 de septiembre de 2001.
Resolución CG
                 Punto 4
  Tipo de        Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de
 Resolución      las Irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de
                 Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al
                 ejercicio de 2000

  Conducta       a) La Agrupación Política Nacional Diana Laura no presentó en tiempo su
  Infractora     Informe Anual.

                 b) La agrupación política realizó con recursos provenientes del financiamiento
                 público, pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a
                 favor de la campaña del candidato presidencial de la Coalición Alianza por el
                 Cambio.

   Preceptos     a) Por no presentar en tiempo su Informe Anual la agrupación política
  Infringidos    incumplió con lo establecido en los artículos 35, párrafo 12 del Código
                 Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 12.1 del
                 Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos
                 de cuentas y guía contabilizadota aplicables a las agrupaciones políticas
                 nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de
                 sus informes.

                 b) Al pagar con recursos del financiamiento público, pagos por concepto de
                 reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del
                 candidato presidencial de la Coalición Alianza por el Cambio, la agrupación
                 política incumplió a lo establecido en el artículo 34, párrafo 1 y 2 y 35, párrafo
                 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 8.1 y 8.3
                 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos,
                 catálogo de cuentas y guía contabilizadota aplicables a las agrupaciones
                 políticas en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus
                 informes.

 Bien Jurídico   a) La rendición de cuentas. Se impidió a la Comisión de Fiscalización verificar
   Tutelado      a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual.

                 b) La debida aplicación de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

Elementos para   a) La agrupación política presentó de manera tardía su Informe Anual.
    acreditar
   Infracción    b) La agrupación política reconoció haber otorgado reconocimientos por
                 actividades políticas a personas que apoyaron la campaña presidencial del
                 candidato Vicente Fox Quezada.



                                             44
                                                           JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                               EXP. JGE/QCG/002/2008




Elementos para       a) Se tomo en cuenta que el informe fue presentado con dos días de retraso.
 individualizar      Asimismo, se tiene en cuenta que el cumplimiento a su obligación, en el
    sanción          término legal establecido, no era de suyo complicado. Mas hubo antecedente
                     de haber sido sancionada por este mismo hecho en la Resolución del
                     Consejo General respecto de las irregularidades encontradas en la revisión
                     de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Nacionales
                     correspondientes al ejercicio de 1999.

                     b) No se acreditó la existencia de dolo o de intención premeditada y expresa
                     de ocultar información, en tanto que en su respuesta la Agrupación Política
                     acepta expresamente haber destinado recursos a la campaña de la Coalición
                     Alianza por el Cambio. Asimismo se tomó en cuenta que era la primera vez
                     que se sancionaba a la agrupación por faltas de esta naturaleza.

Calificación de la   a) La falta fue calificada como grave, por lo que se impuso una sanción
     sanción         económica, consistente en una multa de quinientos días de salario mínimo
                     general vigente en el Distrito Federal.

                     b) La falta fue calificada como grave, por lo que se impuso una sanción
                     económica consistente en una multa de cinco mil días de salario mínimo
                     general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, se instruyó a la Comisión
                     de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones
                     Políticas para que realizara las verificaciones adicionales que determinara,
                     en ejercicio de sus atribuciones, respecto de los pagos por concepto de
                     reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del
                     candidato presidencial de la Coalición Alianza por el Cambio, durante el
                     proceso electoral federal del año 2000, realizadas por la agrupación política
                     nacional Diana Laura.

                     SUP-RAP-062/2001 de 14 de noviembre de 2001.
    Medio de         CONFIRMA.
  Impugnación



            Procedimiento Oficioso P-CFRPAP 11/02 vs. Diana Laura.


  Fecha de
                     CG261/2007 de 11 de octubre de 2007
Resolución CG
   Tipo de           Resolución respecto del procedimiento oficioso seguido en contra de la
 Resolución          agrupación política nacional Diana Laura, por hechos que se considera
                     constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                     Electorales en materia de fiscalización de los recursos de las agrupaciones
                     políticas nacionales.




                                               45
                                                         JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                             EXP. JGE/QCG/002/2008




  Conducta       Reportar con falsedad a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los
  Infractora     Partidos y Agrupaciones Políticas, dentro de su Informe Anual de Ingresos y
                 Gastos, correspondiente al ejercicio de 2000, la realización de sesenta pagos
                 por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de cinco
                 supuestos beneficiarios, por un total de $180,000.00
   Preceptos     Artículos 38, párrafo 1, inciso a) y 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II, en
  Infringidos    relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y
                 Procedimientos Electorales.

 Bien Jurídico   La continuidad del desarrollo de la vida democrática del país y los principios
   Tutelado      de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que deben
                 revestir la actividad fiscalizadora de la actividad electoral, y el principio de
                 transparencia en la rendición de cuentas.

Elementos para      Acta levantada el dieciocho de septiembre de dos mil dos por el
    acreditar        Licenciado Jorge Reachi Sandoval, representante del Instituto Federal
   Infracción        Electoral, con motivo de la entrevista realizada a la C. Angélica
                     Guadarrama Sánchez, de la que presuntivamente se desprende que no
                     se realizó pago a favor de la citada ciudadana por parte de la agrupación
                     política nacional Diana Laura.

                    Acta levantada el día dieciocho de septiembre de dos mil dos por el
                     Licenciado Jorge Reachi Sandoval, representante del Instituto Federal
                     Electoral, con motivo de la entrevista realizada a la C. Nancy Elizabeth
                     Morales Ramírez, de la que presuntivamente se desprende que no se
                     realizó pago a favor de la citada ciudadana por parte de la agrupación
                     política nacional Diana Laura.

                    Escrito de veintidós de agosto de dos mil uno, dirigido a la Secretaría
                     Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
                     y Agrupaciones Políticas, suscrito por la Responsable de la
                     Administración de la agrupación política nacional Diana Laura, del que
                     presuntivamente se desprende que dicha agrupación no subsanó la
                     omisión consistente en no señalar el domicilio particular de las personas
                     cuyos nombres aparecen en los recibos por pagos por concepto de
                     reconocimientos políticos.

                    Acta circunstanciada número 01/CIRC/01-2003 de fecha diez de enero
                     de dos mil tres que fue levantada por el Vocal Secretario de la Junta
                     Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de México
                     respecto de la entrevista realizada a la C. Nancy Elizabeth Morales
                     Ramírez, de la que presuntivamente se desprende que no se realizó
                     pago a su favor por parte de la agrupación política nacional Diana Laura.

                    Certificación emitida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
                     del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal de treinta de enero de
                     dos mil tres para hacer constar que la C. Angélica Guadarrama Sánchez



                                            46
                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




    no se presentó en las instalaciones de la citada vocalía para plasmar su
    declaración en relación con los hechos materia del presente
    procedimiento oficioso.

   Escrito de uno de septiembre de dos mil tres, dirigido a la Secretaría
    Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
    y Agrupaciones Políticas, signado por la Presidente de la agrupación
    política Diana Laura, por el que la agrupación manifestó lo que a su
    derecho convino en respuesta al primer emplazamiento que le fue hecho.

   Dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los
    Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General
    del Instituto Federal Electoral, respecto de la revisión de los Informes
    Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales
    correspondientes al ejercicio de 2000, en la parte relativa a la agrupación
    política nacional Diana Laura, en el que constan las consideraciones que
    esta autoridad electoral realizó en relación con los recibos de pago por
    concepto de reconocimientos de actividades políticas que la citada
    agrupación reportó dentro del Informe Anual referido.

   Resolución CG98/2001 del Consejo General del Instituto Federal
    Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de
    los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas
    Nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, en la parte relativa a la
    agrupación política nacional Diana Laura, en el que consta que el
    Consejo General del Instituto Federal Electoral ordenó a la Comisión de
    Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas
    que realizara las verificaciones conducentes en relación con los recibos
    de pago por concepto de reconocimiento de actividades políticas que la
    citada agrupación reportó en el Informe referido.

   Recibo de credencial para votar con fotografía de la C. Angélica
    Guadarrama Sánchez, de fecha seis de diciembre de mil novecientos
    noventa y dos, expedido por el Registro Federal de Electores, del que se
    desprende el domicilio particular que la citada ciudadana señaló al
    Registro Federal de Electores.

   Recibo de credencial para votar con fotografía de la C. Nancy Elizabeth
    Ramírez Morales, de fecha veintiocho de marzo de dos mil tres, expedido
    por el Registro Federal de Electores, del que se desprende el domicilio
    particular que la citada ciudadana señaló al Registro Federal de
    Electores.

   Formato único de actualización y recibo de la credencial para votar con
    fotografía de la C. Sarahí Salgado Martínez, de fecha diez de enero de
    dos mil cuatro, expedido por el Registro Federal de Electores, del que se
    desprende el domicilio particular que la citada ciudadana señaló al
    Registro Federal de Electores.


                          47
                                        JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                            EXP. JGE/QCG/002/2008




   Recibo de credencial para votar con fotografía del C. José Luis Bernal
    López, de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y siete,
    expedido por el Registro Federal de Electores, del que se desprende el
    domicilio particular que el citado ciudadano señaló al Registro Federal de
    Electores.

   Oficio de veintiocho de febrero de dos mil seis dirigido a la Secretaría
    Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, suscrito por el Vocal Ejecutivo de
    la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de
    México, del que presuntivamente se desprende el C. José Luis Bernal
    López no radica en el último domicilio que el citado ciudadano señaló al
    Registro Federal de Electores.

   Documentación entregada por la agrupación política nacional Diana
    Laura durante la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos
    de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio
    de 2000, a saber: (1) balanzas de comprobación mensuales
    correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil, (2)
    auxiliares de los movimientos contables del uno de enero de dos mil al
    treinta y uno de diciembre de dos mil, (3) estados de cuenta de la cuenta
    bancaria de la agrupación política relativos a los meses de enero a
    diciembre de dos mil, y (4) los papeles de trabajo de la subcuenta de
    Servicios Personales, de la que se desprende que la citada agrupación
    reportó dentro de su Informe Anual de Ingresos y Gastos
    correspondiente al ejercicio de 2000 la erogación de $180,000.00 (ciento
    ochenta mil pesos 00/100 m.n.) a favor de cinco diferentes personas.

   Escrito de veintitrés de mayo de dos mil siete, dirigido a la Secretaría
    Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
    y Agrupaciones Políticas, por el que la agrupación política nacional Diana
    Laura dio contestación al requerimiento que le fue hecho para que
    rindiera un informe detallado, del que presuntivamente se desprende que
    la agrupación no cuenta con información y documentación comprobatoria
    sobre la veracidad de los datos consignados en los recibos de pago por
    concepto de reconocimientos por actividades políticas, reportados por la
    agrupación dentro de su Informe Anual.

   Oficio SPMAR/400/214/2007 de veintitrés de mayo de dos mil siete,
    dirigido a la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal
    Electoral y suscrito por el Subsecretario de Población, Migración y
    Asuntos Religiosos, y documentos anexos al mismo, del que se
    desprende que no se encontró registro alguno bajo el nombre de
    Teodocio García Arroyo.

   Oficio DGD-B DN-2966 de veintitrés de mayo de dos mil siete, dirigido a
    la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral y



                           48
                                      JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                          EXP. JGE/QCG/002/2008




    suscrito por el Director de Normatividad de la Oficialía Mayor de la
    Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones
    Exteriores, del que se desprende que no se encontró dato alguno de
    Teodocio García Arroyo ni de Sarahí Salgado Martínez, y que se
    encontraron datos de dos personas con el nombre de José Luis Bernal
    López.

   Acta circunstanciada número 06/CIRC/10-2007 de fecha siete de junio de
    dos mil tres que fue levantada por el Vocal Secretario de la Junta Local
    Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de México,
    relacionada con los CC. Nancy Elizabeth Morales Ramírez y José Luis
    Bernal López, de la que presuntivamente se desprende que las firmas
    plasmadas en los recibos de pago por concepto de reconocimientos por
    actividades políticas, presuntamente firmados por los CC. Nancy
    Elizabeth Morales Ramírez y José Luis Bernal López, reportados por la
    agrupación política nacional Diana Laura en su Informe Anual de
    Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio de 2000, no corresponden
    a las de los citados ciudadanos.


   Acta circunstanciada de fecha once de junio de dos mil siete que fue
    levantada por el Profesional de Servicios Especializados de la Junta
    Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla,
    relacionada con la C. Sarahí Salgado Martínez, de la que
    presuntivamente se desprende que la citada ciudadana no radica en el
    último domicilio que señaló al Registro Federal de Electores.

   Escrito de doce de junio de dos mil siete, dirigido a la Comisión Nacional
    Bancaria y de Valores, suscrito por el apoderado legal de HSBC México,
    S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, del que
    presuntivamente se desprende que los cheques 199 y 200 de la cuenta
    4003891793 aperturada a nombre de la agrupación política nacional
    Diana Laura en la Institución de Banca Múltiple Bital, S.A., y suscritos a
    favor de la Presidente de la misma agrupación, fueron cobrados en
    efectivo.

   Copias certificadas por el anverso y reverso de los cheques 199 y 200 de
    la cuenta 4003891793 aperturada a nombre de la agrupación política
    nacional Diana Laura en la Institución de Banca Múltiple Bital, S.A., del
    que presuntivamente se desprende que los citados cheques fueron
    suscritos a favor de la Presidente de la misma agrupación y cobrados en
    efectivo por la C. Esther Noemí Sandoval Lara.

   Escrito de doce de julio de dos mil siete, dirigido a la Comisión Nacional
    Bancaria y de Valores, suscrito por el apoderado legal de HSBC México,
    S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, del que
    presuntivamente se desprende que los cheques 199 y 200 de la cuenta
    4003891793 aperturada a nombre de la agrupación política nacional


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                                                              JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                  EXP. JGE/QCG/002/2008




                          Diana Laura en la Institución de Banca Múltiple Bital, S.A., y suscritos a
                          favor de la Presidente de la misma agrupación, fueron cobrados en
                          efectivo.

                         Recibo de credencial para votar con fotografía de la C. Esther Noemí
                          Sandoval Lara, de fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y
                          ocho, expedido por el Registro Federal de Electores, del que se
                          desprende el domicilio particular que la citada ciudadana señaló al
                          Registro Federal de Electores.

                          Acta circunstanciada de fecha trece de septiembre de dos mil siete
                           levantada por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
                           Federal Electoral en el Distrito Federal, en la que consta la declaración
                           de la C. Esther Noemí Sandoval Lara, de la que presuntivamente se
                           desprende que dicha ciudadana cobró los cheques y que no conoce a
                           ninguna de las personas cuyos nombres se encuentran consignados en
                           los recibos de pago por concepto de reconocimientos por actividades
                           políticas que la agrupación política nacional Diana Laura reportó en su
                           informe Anual de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio de
                           2000.
Elementos para       La conducta ilícita acreditada fue una acción, a través de la cual se impidió a
 individualizar      la autoridad electoral que ejerciera su función de vigilancia y fiscalización
    sanción          sobre los recursos de las agrupaciones políticas, y, en ese sentido, menguó el
                     valor jurídico tutelado por la misma, se presumió la existencia de dolo, pues la
                     conducta ilícita implicó una acción deliberada por parte de la agrupación,
                     tendiente a engañar a la autoridad electoral y, con ello, obstruir la fiscalización
                     del manejo de los recursos públicos y privados de la citada agrupación
                     política. Las normas que transgredió son de gran trascendencia.

Calificación de la   La infracción fue calificada como grave mayor, por lo que se impuso a la
     sanción         agrupación política una multa consistente en la supresión total de las
                     ministraciones del financiamiento que le correspondía para el ejercicio de
                     2008.

                     SUP-RAP-95/2007 de 16 de enero de 2008.
    Medio de
                     CONFIRMA.
  Impugnación


                                       EJERCICIO 2003

                     CG148/2004 de 5 de octubre de 2004
   Fecha de
                     Punto 3
 Resolución CG
    Tipo de          Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
   Resolución        Irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de
                     Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al
                     ejercicio de 2003


                                                 50
                                                      JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                          EXP. JGE/QCG/002/2008




Conducta      a) La agrupación política realizó pagos por concepto de honorarios asimilados
Infractora    a sueldo por un monto de $270,965.00 de los cuales no realizó la retención
              del Impuesto Sobre la Renta y de igual manera no presentó evidencia del
              entero correspondiente que debió hacer a la Secretaría de Hacienda y
              Crédito Público.

              b) La agrupación no reportó la totalidad de los ingresos que percibió en el
              ejercicio 2003 al no registrar las aportaciones en efectivo o en especie por la
              realización de las publicaciones de las revistas mensuales de los meses de
              abril, mayo, junio, julio y agosto, así como de la publicación teórico trimestral
              de abril-junio, no acreditó el origen de los recursos utilizados ni reportó
              erogación alguna realizada con dicha actividad.

              c) La agrupación política no verificó que los comprobantes expedidos por su
              proveedor Movilibro Internacional, S.A. de C.V., reuniera la totalidad de los
              requisitos establecidos en las disposiciones fiscales por un importe de
              $335,395.80.

              d) La agrupación no presentó documentación en la que se especifique los
              datos relacionados con la existencia del proveedor Impresor Desarrollo
              Integral de Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

 Preceptos    a) Al no realizar la retención del Impuesto Sobre la Renta y no enterar a la
Infringidos   Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la agrupación incumplió con lo
              establecido en los artículos 7.1, 14.2 y 23.2 inciso a) del Reglamento que
              Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y
              Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en
              el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes,
              así como los artículos 101, fracción V y 102, primer párrafo de la Ley del
              Impuesto Sobre la Renta.

              b) Al no reportar la totalidad de los ingresos que percibió en el ejercicio 2003
              y al no registrar las aportaciones en efectivo o en especie por la realización
              de diversas publicaciones de revistas mensuales y trimestrales la agrupación
              incumplió con lo establecido en los artículos 34, párrafo 4, 38, párrafo 1,
              inciso k) y 49-A, párrafo 1, inciso a) fracción II del Código Federal de
              Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 1.1, 3.1,
              3.2, 3.3, 7.1. y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos,
              Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora
              Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus
              Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

              c) La agrupación política Diana Laura, al no verificar que los comprobantes
              expedidos por su proveedor Movilibro Internacional, S.A. de C.V., cumplieran
              con la totalidad de los requisitos fiscales, incumplió con lo establecido en los
              artículos 34, párrafo 4 y 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de
              Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los artículos 7.1 y
              14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,


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                                                        JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                            EXP. JGE/QCG/002/2008




                 Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones
                 Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la
                 Presentación de sus Informes, en relación con los artículos 29, tercer párrafo
                 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, además de la regla 2.4.7 inciso c)
                 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la
                 Federación el 31 de marzo de 2003.

                 d) Al no presentar documentación en la que se especificaran los datos
                 relacionados con la existencia del proveedor Impresos Desarrollo Integral de
                 Servicios Corporativos, S.A. de C.V., la agrupación infringió lo establecido en
                 los artículos 34, párrafo 4 y 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de
                 Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 14.2 del
                 Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,
                 Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones
                 Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la
                 Presentación de sus Informes.

 Bien Jurídico   a) El deber de cumplir con las obligaciones impuestas por ordenamientos
   Tutelado      legales y reglamentarios aplicables aun cuando no sean estrictamente
                 electorales.

                 b) La rendición de cuentas. Se impidió a la autoridad electoral realizar la
                 función fiscalizadora, al obstaculizarla para determinar si las erogaciones
                 realizadas, o en su caso, las donaciones recibidas, por la agrupación política
                 se encontraban apegadas a la forma y requisitos ordenados por el Código
                 Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Reglamento de la
                 materia, así como a las disposiciones fiscales aplicables, así como impedir
                 que la autoridad compruebe con certeza el origen, monto y aplicación de los
                 recursos relacionados con las publicaciones referidas.

                 c) La rendición de cuentas que busca brindar certeza sobre el destino real de
                 los recursos que las agrupaciones políticas erogan, ya que si la
                 documentación comprobatoria que entregan no es jurídicamente válida por no
                 apegarse a las normas aplicables, no es posible suponer que lo declarado por
                 las mismas sea veraz, ni que el destino de los recursos sea cierto y apegado
                 a la normatividad en material electoral.

                 d) La rendición de cuentas. El hecho de que la agrupación no presentara la
                 documentación solicitada no permitió a la autoridad electoral llevar a cabo
                 adecuadamente su función fiscalizadora.

Elementos para   a) Se solicitó a la agrupación política que presentara diversos recibos con la
    acreditar    retención del Impuesto sobre la Renta, así como las pólizas y auxiliares
   Infracción    dónde se reflejaran los registros contables de la retención con comento, así
                 como el entero ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los
                 impuestos retenidos o en su caso, las aclaraciones que a su derecho
                 convinieran. En respuesta al requerimiento, la agrupación confirmó que no
                 realizó la retención a que estaba obligada, y con ello, incumplió con su


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                                        JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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obligación de enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los
impuestos que debió haber retenido.

b) Se solicitó a la agrupación política que presentara los auxiliares y las
pólizas contables donde se reflejaran los registros de los ingresos y egresos
de las publicaciones señaladas, así como de la documentación comprobatoria
correspondiente en original y con la totalidad de los requisitos fiscales. En
respuesta al requerimiento señaló que no presentó facturas ni reportó
egresos de la actividad de tareas editoriales, ya que a su dicho éstas no
tienen el soporte documental porque se realizaron con recursos humanos y
materiales propios. Esta autoridad consideró insatisfactoria la respuesta de la
agrupación, ya que es un hecho notorio, proveniente del conocimiento
común, que no hay forma de realizar una tarea editorial sin que se genere
algún costo de quien las realiza, o en su defecto, que tal costo hubiere corrido
a cargo de un tercero que en forma gratuita la hubiese realizado, por lo que
es dable concluir que la agrupación incurrió en algún gasto por la realización
de tales publicaciones o, en su caso, que recibió alguna donación en especie
por concepto de la edición o impresión de tales publicaciones. Por lo anterior,
esta autoridad consideró que si se efectuaron aportaciones, ya sea en
efectivo o en especie, o se realizaron erogaciones, debieron contabilizarse
acompañándose de toda la documentación que dé certeza del origen, monto
y aplicación de los recursos relacionados con las publicaciones referidas.

c) La agrupación política argumentó que los comprobantes presentados con
anterioridad a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión
carecían de requisitos fiscales, debido al error de un tercero, motivo por el
cual fueron sustituidas por otros, que por su dicho, cumplían con los
requisitos fiscales y dando cumplimiento a las exigencias de la legislación
vigente, sin entender la misma, a qué se refería la autoridad electoral con la
observación realizada, pues según ella, las transacciones que realizó con
Movilibro Internacional, S.A. de C.V., se fundan en la buena fe. Sin embargo,
esta autoridad electoral estimó que los alegatos hechos valer por la
agrupación son inoperantes para justificar la falta de observancia estricta del
Reglamento de la materia y de las disposiciones fiscales aplicables, respecto
de verificar que los comprobantes soporte de sus egresos cumplan con la
totalidad de los requisitos fiscales, pues la Comisión de Fiscalización realizó
la verificación de cada uno de dichos comprobantes en la página electrónica
www.sat.gob.mx del Servicio de Administración Tributaria, dando como
resultado el mismo que obtuvo con anterioridad la Comisión de Prerrogativas,
Partidos Políticos y Radiodifusión, es decir, que eran presumiblemente
apócrifos. Además, la agrupación política tenía la obligación de tomar todas
las medidas necesarias para hacer todas sus transacciones y presentar toda
la documentación que las respaldara, en la forma y con los requisitos exigidos
por la normatividad, pues sólo de esta manera podría haber demostrado la
veracidad de lo reportado en su informe, así como la legalidad y destino real
de los egresos erogados.




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                                                              EXP. JGE/QCG/002/2008




                  d) Se solicitó a la agrupación política que presentara la documentación en la
                  que se especifiquen los datos relacionados con el proveedor Desarrollo
                  Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V., con la finalidad de confirmar
                  la operación reportada por la agrupación en el Informe Anual. En respuesta,
                  la agrupación manifestó que el proveedor cambio de domicilio y a partir de las
                  observaciones realizadas por la autoridad electoral, suspendió las
                  operaciones con el citado proveedor desde noviembre de 2003. Por lo que la
                  institución política incumplió con el requerimiento al no presentar la
                  documentación en que se especificaran los datos relacionados con la
                  existencia del mencionado proveedor, cuando la agrupación tiene la
                  obligación de tomar todas las medidas necesarias para dar una respuesta a
                  la autoridad electoral, que aclarara y aportara los datos pertinentes para
                  localizar e identificar con quien había realizado las operaciones reportadas.

                  Derivado de lo anterior, se generaron dudas a la autoridad electoral sobre la
                  aplicación de los recursos de la agrupación política, lo que implica
                  necesariamente afectar el interés público, en virtud de que se desprende la
                  presunción de que ésta ha simulado la debida observancia de la ley, al
                  realizar supuestamente operaciones comerciales con empresas mercantiles
                  en donde la Lic. Rebeca Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la
                  agrupación política durante el ejercicio de 2002, fungió como apoderada del
                  proveedor Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V. En la
                  especie, las conductas llevadas a cabo por la Directora de Finanzas de la
                  agrupación durante el ejercicio de 2002, que a su vez fungió como apoderada
                  del mencionado proveedor, de las que adquirieron bienes y servicios, pueden
                  llegar a configurar una simulación.

Elementos para    a) Únicamente se determino dar vista la Secretaría de Hacienda y Crédito
 individualizar   Público con la violación cometida.
    sanción
                  b) Para determinar la sanción aplicable, se tomó en cuenta que la agrupación
                  política no permitió a la autoridad electoral realizar su función fiscalizadora,
                  puesto que impidió que ésta comprobara la certeza del origen, monto y
                  aplicación de los recursos relacionados con las publicaciones referidas;
                  asimismo se consideró que era la primera vez que la agrupación era
                  sancionada por una falta de estas características.

                  c) Al determinar la sanción aplicable, se tomó en cuenta como atenuante que
                  entregó en tiempo el informe anual y la respuesta a las observaciones hechas
                  por esta autoridad electoral; y como agravante que actuó con dolo, ya que
                  tuvo la intención de ocultar la información, asimismo fue negligente en el
                  cumplimiento de sus obligaciones legales.

                  d) Para determinar la sanción, esta autoridad electoral consideró que era la
                  primera vez en que incurre la agrupación política por una falta de estas
                  características; así como que entregó en tiempo el informe anual y la
                  respuesta a las observaciones hechas por la autoridad electoral y que no se
                  acreditó la existencia de dolo; sin embargo se considero como agravante el


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                                                             JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                 EXP. JGE/QCG/002/2008




                     no haber proporcionado la totalidad de la documentación solicitada por la
                     comisión revisora, así como el haber actuado con negligencia y con la
                     intención de ocultar información.

Calificación de la   a) Al no realizar la retención del Impuesto Sobre la Renta y no enterar a la
     sanción         Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad electoral consideró
                     necesario dar vista a dicha Secretaría para los efectos conducentes.

                     b) La falta fue calificada como grave por lo que se impuso una sanción
                     económica. Asimismo, se instruyó a la Comisión de Fiscalización de los
                     Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para que inicie un
                     procedimiento oficioso en materia de los recursos relacionados con las
                     publicaciones mensuales y trimestrales presentadas por la agrupación
                     política Diana Laura en particular sobre el carácter lícito o no, del origen y
                     destino de los recursos no reportados en la actividad mencionada, y en su
                     caso, determinar las responsabilidades administrativas.

                     c) La falta fue calificada como grave por lo que se impuso una sanción
                     económica.

                     d) La falta fue calificada como grave por lo que la agrupación se hizo
                     acreedora a una sanción económica. Asimismo se dio vista a la Comisión de
                     Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos a fin de que iniciara un
                     procedimiento oficioso por la presunción de que la agrupación ha simulado
                     la debida observancia de la ley, al realizar supuestamente operaciones
                     comerciales con empresas mercantiles en donde la Lic. Rebeca Muñoz
                     Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política durante el ejercicio
                     de 2002, fungió como apoderada del proveedor Desarrollo Integral en
                     Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

                     Nota: Derivado de las sanciones económicas a que se hizo acreedora la
                     agrupación por las faltas descritas en los incisos b), c) y d), es que en la
                     resolución de mérito, el Consejo General del Instituto Federal Electoral
                     determinó la supresión total de la entrega de las ministraciones del
                     financiamiento público que le correspondió como agrupación política por un
                     periodo de un año.

                     SUP-RAP-69/2004 de 10 de diciembre de 2004
    Medio de
                     CONFIRMA.
  Impugnación


            Procedimiento Oficioso P-CFRPAP 34/04 vs. Diana Laura.

   Fecha de          CG405/2007 de 28 de noviembre de 2007.
 Resolución CG       Punto 13.2
    Tipo de          Resolución respecto del procedimiento oficioso seguido en contra de la
  Resolución         agrupación política nacional Diana Laura, por hechos que se considera



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                                                         JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                             EXP. JGE/QCG/002/2008




                 constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                 Electorales en materia de fiscalización de los recursos de las agrupaciones
                 políticas nacionales.
  Conducta       a) El origen lícito o no de los ingresos y los gastos de la agrupación política
  Infractora     Diana Laura, correspondientes a la realización de las publicaciones de las
                 revistas mensuales de abril, mayo, junio, julio y agosto, así como de la
                 publicación teórico trimestral de abril-junio durante el ejercicio 2003; y,

                 b) La existencia de la presunta simulación de la debida observancia de la ley,
                 por parte de la agrupación política Diana Laura, quien realizó operaciones
                 comerciales con la empresa mercantil ‘Desarrollo Integral en Servicios
                 Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), en la que la Lic. Rebeca Muñoz Morales,
                 Directora de Finanzas de la agrupación política funge como apoderada legal
                 de la citada empresa proveedora.

                 Ya que la conducta desplegada por la agrupación política Diana Laura en
                 apariencia podría considerarse legal, sin embargo, de acreditarse la relación
                 que la Lic. Rebeca Muñoz Morales tuvo con ambos sujetos, pudiese
                 configurarse un conflicto de intereses, contrario a la ley.
   Preceptos     Las normas transgredidas por la agrupación política nacional Diana Laura son
  Infringidos    las contempladas en los artículos 38, párrafo 1, inciso a) en relación con el
                 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                 Electorales. La trascendencia de las mismas puede establecerse a partir de
                 las siguientes consideraciones:
 Bien Jurídico   La continuidad del desarrollo de la vida democrática del país y los principios
   Tutelado      de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que deben
                 revestir la actividad fiscalizadora de la actividad electoral, y el principio de
                 transparencia en la rendición de cuentas.
Elementos para   a) Respecto al origen lícito o no de los ingresos y los gastos de la agrupación
    acreditar    política Diana Laura, correspondientes a la realización de las publicaciones
   Infracción    de las revistas mensuales de abril, mayo, junio, julio y agosto, así como de la
                 publicación teórico trimestral de abril-junio durante el ejercicio 2003; y,

                 1. La realización de toda actividad editorial requiere de algún recurso para
                 llevarse a cabo, pues por la naturaleza de la actividad, necesariamente
                 involucra diversos recursos materiales y humanos para su elaboración los
                 cuales tienen un costo, por lo que, al usarlos genera un gasto.

                 2. La agrupación política Diana Laura manifestó que realizó sus tareas
                 editoriales materia del procedimiento de mérito, con recursos propios tanto
                 humanos como materiales, sin determinar con certeza de donde obtuvo los
                 recursos que utilizó.

                 3. Dentro de la documentación contable de la citada agrupación,
                 correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2003, no se encontró referencia
                 alguna de gasto en papelería que hiciera suponer a esta autoridad electoral
                 que dicha agrupación política contaba en su poder con los materiales
                 mínimos indispensables para realizar sus tareas editoriales, es decir, que


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                                        JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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contara con material almacenado como pueden ser hojas, tinta, cartuchos
de toner, material fotográfico y de impresión.

4. Por ende, no es factible determinar el origen lícito de los recursos
involucrados en la elaboración de las tareas editoriales mensuales de abril,
mayo, junio, julio y agosto, así como la trimestral de abril-junio de 2003,
puesto que la agrupación no comprobó la existencia de los materiales
mínimos necesarios para su elaboración.

En resumen, esta autoridad electoral arriba a la conclusión de que, por lo
que respecta a la vista que mandato el Consejo General del Instituto Federal
Electoral en su Resolución CG148/2004 respecto de las irregularidades
encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de
las agrupaciones políticas correspondientes al ejercicio de 2003, no es
posible determinar el origen lícito de los recursos involucrados en la
realización de las tareas editoriales de los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto y la trimestral de abril-junio, presentadas por la agrupación política
Diana Laura, por lo cual, resulta procedente declarar fundada la citada falta
en tanto que existen elementos para determinar que la agrupación política
Diana Laura ha violado disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en materia de financiamiento.

b) Respecto de la existencia de la presunta simulación de la debida
observancia de la ley, por parte de la agrupación política Diana Laura, quien
realizó operaciones comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo Integral
en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.” (DISC), en la que la Lic. Rebeca
Muñoz Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política funge como
apoderada legal de la citada empresa proveedora, se determinó lo siguiente:

 La Lic. Rebeca Muñoz Morales ha fungido como Directora de
Administración Financiera de la agrupación política Diana Laura desde el tres
de marzo de mil novecientos noventa y siete, cargo que le concede amplias
facultades para administrar los servicios y materiales que ésta requiera para
el desempeño de sus funciones, a través de los prestadores de servicios y
proveedores que considere pertinentes.

 Asimismo, la Lic. Rebeca Muñoz Morales funge como Apoderada Legal
con actos de administración del proveedor de servicios ‘Desarrollo Integral en
Servicios Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), desde la constitución de ésta en
mil novecientos noventa y nueve, cargo que le concede plenas facultades
para organizar, crear y disponer de los bienes y hacienda de ésta.

 La agrupación política Diana Laura contrató con el proveedor de servicios
‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), a efecto
de que este último realizara el diseño, fotografía e impresión de diversas
publicaciones durante el ejercicio de 2003.




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                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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 El que la Directora de Finanzas de la agrupación política Diana Laura
funja al mismo tiempo como Apodera Legal con actos de administración del
proveedor de servicios ‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de
C.V.’ (DISC), con quien realizó diversas operaciones en el ejercicio de 2003,
constituye un claro conflicto de intereses que se aparta del marco legal.

Es grave que una agrupación política, siendo ésta una entidad de interés
público que tiene como fin coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y
de la cultura política, así como promover la participación del pueblo con una
opinión pública mejor informada; utilice recursos públicos para que sus
directivos pudiesen obtener ganancias a través de una empresa en la cual
participa como funcionario desde su constitución.

Este tipo de irregularidades atentan contra los principios del estado
democrático de derecho, pues el que la agrupación política auspicie al
proveedor de servicios ‘Desarrollo Integral en Servicios Corporativos, S.A. de
C.V.’ (DISC), empresa en la que la Directora de Administración Financiera de
dicha agrupación, la Lic. Rebeca Muñoz Morales funge como apoderada
legal con actos de administración, evidentemente no puede catalogarse como
una actividad orientada al interés público, conducta por la cual debe
responder la agrupación política nacional Diana Laura.

Lo anterior es así, en razón de que las agrupaciones políticas son personas
jurídicas que pueden cometer violaciones a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia electoral a través de sus dirigentes, toda vez que
las personas jurídicas por su naturaleza no pueden actuar por sí solas, pero
son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, por lo
cual, la conducta ilícita en que incurra una persona jurídica sólo puede
realizarse a través de la actividad de aquéllas. Por lo que, la agrupación
política guarda la posición de garante respecto de la conducta de sus
dirigentes y colaboradores, puesto que aquél se le impone la obligación de
vigilar que estos últimos se ajusten al principio de respeto absoluto a la
legislación en materia electoral federal, por lo tanto, las infracciones que
comentan dichos individuos constituye el correlativo incumplimiento del
garante –agrupación política– que determina su responsabilidad por haber
aceptado o tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades
propias de la agrupación política, lo cual conlleva a la aceptación de las
consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción a la agrupación
política, sin perjuicio de la responsabilidad individual.

De tal modo, la conducta de cualquiera de los dirigentes, integrantes y
colaboradores de una agrupación política -siempre que sean en interés o
dentro del ámbito de actividades de esa persona jurídica-, con la cual se
configure una trasgresión a las normas establecidas sobre el origen, uso y
destino de todos sus recursos, y se vulneren o se pongan en peligro los
valores que tales normas protegen, es responsabilidad de la propia
agrupación política, por haber incumplido su deber de vigilancia.



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                                                             JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                 EXP. JGE/QCG/002/2008




Elementos para       a) Respecto al origen lícito o no de los ingresos y los gastos de la agrupación
 individualizar      política Diana Laura, correspondientes a la realización de las publicaciones
    sanción          de las revistas mensuales de abril, mayo, junio, julio y agosto, así como de la
                     publicación teórico trimestral de abril-junio durante el ejercicio 2003; se tomó
                     en cuenta que la conducta fue de omisión, puesto que no comprobó la
                     existencia de materiales mínimos necesarios para la elaboración casera de
                     las mencionadas tareas editoriales. Asimismo, se acreditó la existencia de
                     dolo, ya que la conducta implicó la realización de una conducta tendiente a
                     engañar a la autoridad electoral para obstruir la fiscalización del manejo de
                     los recursos públicos y privados de las agrupaciones políticas.

                     b) Respecto de la existencia de la simulación de la debida observancia de la
                     ley, por parte de la agrupación política Diana Laura, quien realizó operaciones
                     comerciales con la empresa mercantil ‘Desarrollo Integral en Servicios
                     Corporativos, S.A. de C.V.’ (DISC), en la que la Lic. Rebeca Muñoz Morales,
                     Directora de Finanzas de la agrupación política funge como apoderada legal
                     de la citada empresa proveedora, se tomo en cuenta que la conducta implicó
                     una acción que constituyó un conflicto de intereses que se aparta del marco
                     legal. Asimismo, se acreditó la existencia de dolo, pues implicó la realización
                     deliberada de conductas tendientes a engañar a la autoridad electoral para
                     obstruir la fiscalización del manejo de los recursos públicos y privados de las
                     agrupaciones políticas.

Calificación de la   a) La falta fue calificada como grave ordinaria, por lo que se impuso una
     sanción         sanción económica, consistente en una multa de ochocientos ochenta y cinco
                     días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

                     b) La falta fue calificada como grave especial, por lo que se impuso una
                     sanción económica, consistente en la supresión total de la entrega de las
                     ministraciones del financiamiento que le corresponda por un año.

                     Nota: Asimismo, se consideró prudente dar vista a la Junta General Ejecutiva
                     a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones inicie un procedimiento
                     administrativo sancionador electoral que tenga por finalidad determinar si
                     procede la pérdida del registro de la agrupación política Diana Laura como
                     agrupación política nacional en virtud del cúmulo de infracciones a la
                     normatividad electoral en las que ha incurrido y por las cuales ha sido
                     sancionada por esta autoridad desde que se le concedió su registro como
                     agrupación política nacional apartándose de los fines políticos-sociales.


    Medio de         SUP-RAP-001/2008 de 6 de febrero de 2008.
  Impugnación        DESECHADO POR EXTEMPORÁNEO




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                                                           JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                               EXP. JGE/QCG/002/2008




          Procedimiento Oficioso P-CFRPAP 06/05 vs. Diana Laura.

  Fecha de
                 CG32/2006 de 31 de enero de 2006.
Resolución CG
   Tipo de       Resolución respecto del procedimiento oficioso seguido en contra de la
 Resolución      agrupación política nacional Diana Laura, por hechos que se considera
                 constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                 Electorales en materia de fiscalización de los recursos de las agrupaciones
                 políticas nacionales.

  Conducta       La agrupación política nacional Diana Laura presentó durante el
  Infractora     procedimiento de revisión para acreditar los gastos efectuados por concepto
                 de la realización de actividades editoriales, de educación y capacitación
                 política, así como de investigación socioeconómica y política del segundo
                 semestre del ejercicio 2003, documentación comprobatoria de gastos
                 presuntamente apócrifa, dentro de los rubros por concepto de tareas
                 editoriales y de investigación socioeconómica y política, al haber presentado
                 las siguientes siete facturas que no cumplían con todos los requisitos fiscales
                 exigidos por el Código Fiscal de la Federación.
   Preceptos     La agrupación política nacional Diana Laura incumplió con lo establecido por
  Infringidos    el artículo 38, párrafo 1, inciso a) y o), en relación con el artículo 34, párrafo 4
                 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el
                 artículo 5.4 del Reglamento para el Financiamiento Público de las
                 Agrupaciones Políticas Nacionales, al haber presentado documentación
                 presuntamente apócrifa dentro del procedimiento de revisión para acreditar
                 los gastos efectuados por concepto de la realización de tareas editoriales, así
                 como de investigación socioeconómica y política, del segundo semestre del
                 ejercicio 2003.
 Bien Jurídico   La debida aplicación de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
    Tutelado
Elementos para   La agrupación política nacional Diana Laura fue sancionada con la supresión
    acreditar    total de las ministraciones del financiamiento público correspondientes a un
   Infracción    año, por cometer diversas violaciones en el marco de la revisión del Informe
                 Anual correspondiente al ejercicio 2003, entre ellas, por no cumplir con la
                 obligación de verificar y comprobar al momento de la contratación de las
                 operaciones reportadas a la autoridad electoral, que las facturas números
                 203, 205, 207, 209, 211, 213 y 215 del proveedor “Movilibro Internacional,
                 S.A. de C.V.”, cumplieran con los requisitos exigidos por las disposiciones
                 fiscales aplicables.

                 Por otra parte, se debe señalar que la Resolución CG148/2004 del Consejo
                 General de este Instituto fue impugnada por la agrupación en comento y
                 confirmada en su totalidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
                 Federación en la sentencia firme SUP-RAP 069/2004, por lo tanto, ha
                 quedado firme.




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                                                            JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                EXP. JGE/QCG/002/2008




                     Hay que tener en cuenta que dentro de la resolución mencionada, el Consejo
                     General incluyó en las conductas sancionadas el estudio de las facturas
                     presuntamente apócrifas, las cuales son también base del procedimiento
                     oficioso P-CFRPAP 06/05 vs. Diana Laura, Agrupación Política. Como
                     consecuencia de lo anterior, toda vez que la Resolución CG148/2004 ha
                     quedado firme, se concluye que el presente asunto ha quedado sin materia.

                     En este orden de ideas, y en atención al principio general de derecho que
                     establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, la
                     Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones
                     Políticas considera que el presente procedimiento se debe sobreseer en vista
                     de que los hechos base ya fueron verificados y sancionados en el marco de
                     la revisión del Informe Anual de la agrupación política nacional
                     correspondiente al ejercicio 2003.
 Elementos para      No Aplica
  individualizar
     sanción
Calificación de la   No Aplica.
     sanción
    Medio de         No Aplica.
  Impugnación

                                      EJERCICIO 2004

                     CG211/2005 de 6 de octubre de 2005.
   Fecha de
                     Punto 13
 Resolución CG
    Tipo de          Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
   Resolución        Irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de
                     Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al
                     ejercicio de 2004.

   Conducta          a) Al verificar las cifras reportadas en el formato “IA-APN” Informe Anual,
   Infractora        recuadro II. Egresos, incisos A) Gastos en Actividades Ordinarias
                     Permanentes y B) Gastos por Actividades Específicas, contra los saldos
                     reportados en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2004, se
                     observó que no coinciden.

                     b) De la verificación a la subcuenta ‘indemnizaciones’, se observó que la
                     agrupación no presentó documentación que evidenciara la relación entre ésta
                     y las personas que recibieron pagos por concepto de liquidaciones, así como
                     el cálculo efectuado por un total de $189,317.89.

                     c) De la verificación a la subcuenta ‘indemnizaciones’ se observó que la
                     agrupación, no retuvo ni enteró el impuesto sobre la renta por los pagos de
                     liquidaciones efectuados a 8 personas.




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                                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




              d) De la revisión a la subcuenta ‘Combustible y Lubricantes’, se localizó el
              registro de una póliza que carece de documentación soporte por un importe
              de $1,311.96

              e) De la verificación a las cifras contables, se observó que el saldo final
              reportado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2003 contra
              el saldo inicial de enero de 2004 no coincide en una cuenta.

              f) De la verificación a la cuenta ‘Acreedores Diversos’ subcuenta ‘Gastos
              Pendientes’, se observó que la Agrupación reportó al 31 de diciembre de
              2004 un saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, por el cual no presentó
              las correcciones solicitadas por la autoridad electoral.

 Preceptos    a) Con la falta de coincidencia entre sus registros contables, la agrupación
Infringidos   política incumplió con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), en
              relación con el 34, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y
              Procedimientos Electorales, así como con el numeral 11.2 y 14.2 del
              Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,
              Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones
              Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la
              Presentación de sus Informes.

              b) Derivado de la no presentación de documentación comprobatoria, la
              agrupación política incumplió con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1,
              inciso k), en relación con el 34, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones
              y Procedimientos Electorales, así como con los numerales 7.1, 10.1 y 14.2
              del Reglamento que Establece los Lineamientos , Formatos, Instructivos,
              Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones
              Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la
              Presentación de sus Informes.

              c) Derivado de la falta de no enterar impuestos, la agrupación incumplió con
              lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34,
              párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
              así como con el numeral 14.2 y 23.2, inciso a), del Reglamento que Establece
              los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía
              Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el
              Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, así
              como con el artículo 102, párrafo primero, en relación con los artículos 110,
              112, párrafo primero, 117 y 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

              d) Derivado de la falta de documentación soporte, la agrupación incumplió
              con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34,
              párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
              así como con el numeral 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los
              Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía
              Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el
              Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.


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                                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                           EXP. JGE/QCG/002/2008




                e) Derivado de la falta de coincidencia entre los saldos final e inicial, la
                agrupación incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso
                k), en relación con el 34, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y
                Procedimientos Electorales, así como con los numerales 14.2 y 19.3 del
                Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,
                Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones
                Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la
                Presentación de sus Informes.

                f) Derivado del saldo contrario a la cuenta que reportó la agrupación política,
                esta incumplió con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), en
                relación con el 34, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y
                Procedimientos Electorales, así como con los numerales 14.2 y 19.3 del
                Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,
                Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones
                Políticas Nacionales en el Registro de sus Informes.

Bien Jurídico   a) El bien jurídico tutelado por la norma se relaciona con el principio de
  Tutelado      certeza, en tanto que es deber de las agrupaciones asentar todos los
                movimientos contables reportados, a efecto de que la autoridad fiscalizadora
                cuente con la totalidad de elementos para llevar a cabo la revisión y
                verificación de los egresos efectuados por la misma.

                b) El bien jurídico tutelado por la norma violada, es la certeza que tiene la
                autoridad fiscalizadora al momento de realizar la auditoria respecto del
                Informe Anual que presente la agrupación política, lo cual consiste en que la
                agrupación debe entregare la documentación original que ampare los egresos
                efectuados por conceptos de servicios personales, para que la autoridad
                cuente con la totalidad de elementos para llevar a cabo la revisión y
                verificación de los egresos realizados.

                c) La rendición de cuentas. Se impidió a la autoridad electoral realizar la
                función fiscalizadora, al obstaculizarla para determinar si las erogaciones
                realizadas por la agrupación política se encontraban apegadas a la forma y
                requisitos ordenados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                Electorales, al Reglamento de la materia, así como a las disposiciones
                fiscales aplicables, así como de impedir que la autoridad compruebe con
                certeza el origen, monto y aplicación de los recursos relacionados con las
                indemnizaciones referidas.

                d) El bien jurídico tutelado por la norma violada, es la certeza que tiene la
                autoridad fiscalizadora al momento de realizar la auditoria respecto del
                Informe Anual que presente la agrupación política, lo cual consiste en que
                ésta debe entregar la documentación original que ampare los egresos
                efectuados durante el ejercicio en revisión, para que cuente con la totalidad
                de elementos para llevar a cabo la revisión y verificación de los egresos
                realizados.


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                                                             EXP. JGE/QCG/002/2008




                 e) El bien jurídico tutelado por la norma violada, es la certeza que
                 proporcional los movimientos contables reportados, a efecto de que la
                 autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos para llevar a
                 cabo la revisión y verificación de los ingresos obtenidos; y estar en posibilidad
                 de compulsar cada uno de los montos dentro del periodo en el que deben ser
                 reportados y registrados contablemente.

                 f) El bien jurídico tutelado por la norma violada, es la certeza que
                 proporcionan los movimientos contables reportados, a efecto de que la
                 autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos para llevar a
                 cabo la revisión y verificación de los ingresos obtenidos; y estar en posibilidad
                 de compulsar cada uno de los montos dentro del periodo en el que deben ser
                 reportados y registrados contablemente.


Elementos para   a) Ante la falta de coincidencia entre los saldos reportados por la agrupación
    acreditar    política, se le solicitó a ésta que presentara las correcciones que procedieran
   Infracción    al formato “IA-APN”, de tal forma que lo reportado coincidiera con las cifras
                 reflejadas en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2004. Sin
                 embargo consta en el Dictamen Consolidado de mérito que la agrupación
                 omitió presentar el Informe Anual con las correcciones solicitadas por la
                 autoridad electoral, de tal modo que coincidiera con la balanza de
                 comprobación al 31 de diciembre de 2004.

                 b) Ante la falta de documentación que evidenciara la relación que había entre
                 la agrupación política y las personas que recibieron pagos por concepto de
                 liquidaciones, así como el cálculo efectuado por un total de $189,317.89, se
                 le solicitó que realizara las aclaraciones pertinentes, quien manifestó que en
                 el 2004 no existió ningún tipo de relación laboral y que no efectuó ningún
                 pago por concepto de sueldos, salarios o reconocimientos por actividades
                 específicas a las personas involucradas; sin embargo los comprobantes
                 presentados según su concepto corresponden a liquidaciones, por ende para
                 poder realizar un egreso por dicho concepto es necesario una relación
                 laboral, por lo tanto se encontraba obligada a presentar la documentación
                 soporte y contable de dichos egresos.

                 c) Derivado de la observación de que no retuvo ni enteró el impuesto sobre la
                 renta por los pagos de liquidaciones efectuados a 8 personas, la agrupación
                 manifestó que en el ejercicio 2004, no existió ningún tipo de relación laboral y
                 que no efectuó ningún pago por concepto de sueldos, salarios o
                 reconocimientos por actividades política, sin embargo la dicha respuesta se
                 consideró insatisfactoria toda vez que los comprobantes presentados por la
                 agrupación corresponden según su concepto a liquidaciones, por ende para
                 llevar a cabo el pago de una liquidación por concepto de prestación de
                 servicios profesionales, es necesario una relación laboral.




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                                       JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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No obstante lo anterior, es conveniente señalar que una de las obligaciones
fiscales a las que están sujetas las agrupaciones políticas es la de retener y
enterar los impuestos cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello
en términos de Ley, por lo que la Agrupación tuvo la obligación de retener y
enterar el Impuesto Sobre la Renta por cada uno de los pagos efectuados a
las personas en comento.

Adicionalmente, la Agrupación política no presentó el papel de trabajo
mediante el cual determinó los montos pagados a cada una de las citadas
personas.

d) En la revisión de la subcuenta “Combustibles y Lubricantes”, se observó el
registro de una póliza dónde el importe registrado en la misma no coincidía
con el total del soporte documental presentado, por ende se le solicitó que
presentara la póliza con toda la documentación soporte en original, a nombre
de la agrupación y con la totalidad de requisitos fiscales, o en su caso, las
aclaraciones que a su derecho convinieran; sin embargo la agrupación
atendió parcialmente el requerimiento, puesto que no presentó
documentación comprobatoria respecto al monto de $1,311.96. En razón de
lo anterior, la agrupación incumplió con la obligación de presentar
documentación original soporte del egreso reportado en la cuenta contable
“Consumibles y Lubricantes” por un total de $1,311.96, la cual se advirtió en
la revisión del Informe Anual en el periodo de errores y omisiones, que se
llevó ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y
Agrupaciones Políticas.

e) Derivado de la no coincidencia entre el saldo final reportado en la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2003 contra el saldo inicial de enero
de 2004, se solicitó a la agrupación que presentara las correcciones
correspondientes; a lo que la agrupación respondió que no tenía registrada la
cuenta 1-10-105-0000-00000 “Gastos por Amortizar”, sin embargo, seguía
apareciendo reportada en la balanza de comprobación de enero del ejercicio
2004 y continuó vigente al 31 de diciembre del mismo ejercicio, por lo que se
acreditó que la agrupación no se apegó a los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el registro de sus operaciones financieras, en el
sentido de que el resultado final reportado al termino de un ejercicio, debe
coincidir con el saldo inicial del ejercicio siguiente, mismo que debe estar
reflejado en su contabilidad.

f) Derivado del saldo contrario a la cuenta que reportó la agrupación política,
es que se le solicitó que presentara las correcciones correspondientes, quien
aún cuando reconoció que registró erróneamente la amortización de una
prima de seguro, omitió presentar la balanza de comprobación, auxiliares y
pólizas contables donde su pudiere verificar las correcciones efectuadas.

El hecho de que la agrupación haya reconocido que realizó erróneamente el
registro contable de la amortización de una prima de seguro en cuenta de
Pasivo, cuando debió realizar el asiento contable como un Gasto


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                                                          JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                              EXP. JGE/QCG/002/2008




                  Diferenciado, sin que presentara la balanza de comprobación, auxiliares y
                  póliza contable con el objeto de que la autoridad pudiera certificar que se
                  hayan realizado las erogaciones correspondientes, se tradujo en un
                  incumplimiento a lo establecido por el Reglamento de la materia, toda vez
                  que la agrupación política no se apegó al principio contable en el registro de
                  sus operaciones financieras, que establece el deber de que en su
                  documentación contable debe contener las operaciones que realmente fueron
                  efectuadas, asimismo que al momento de realizar el registro de una
                  operación es una cuenta de contabilidad se debe tomar en cuenta la
                  naturaleza de ésta última, y en el caso de que se deban realizar cambios
                  relevantes se debe dar a conocer al usuario de la información, que en el
                  presente caso fue la autoridad fiscalizadora.
Elementos para    a) Para determinar la sanción, se tomó en cuenta que la agrupación mostró la
 individualizar   intención de querer colaborar con la autoridad para subsanar la omisión, pues
    sanción       respondió al requerimiento realizado por la autoridad fiscalizadora; sin
                  embargo no remitió el Informe Anual con las correcciones solicitadas.

                  b) Al momento de imponer la sanción, se consideró que la agrupación mostró
                  la intención de querer colaborar con la autoridad para subsanar la omisión,
                  pues en su respuesta señalo que no existió relación laboral, sin embargo de
                  su documentación comprobatoria se desprendió lo contrario.

                  c) A efectos de determinar la sanción, se arribó a la conclusión de que no era
                  posible decretar la existencia de dolo, pero que si era claro que existía una
                  falta de cuidado por parte de la agrupación en el control, el registro contable y
                  en el manejo de sus recursos. Asimismo, se consideró que no era la primera
                  vez en la que dicha agrupación era sancionada por no retener impuestos, y
                  enterar a las autoridades hacendarias, siendo que actualiza el supuesto de
                  reincidencia, la conducta podría calificarse de sistemática, ya que la
                  agrupación no enteró ni pagó los impuestos Sobre la Renta durante el
                  ejercicio 2003.

                  d) Para determinar la sanción se tomo en cuenta que la agrupación enmendó
                  una parte del requerimiento realizado por la Comisión de Fiscalización, al
                  haber presentado documentación comprobatoria de sus egresos reportados
                  en su Informe Anual por un monto de $1,609.30, sin embargo, dicha situación
                  no la eximió del cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 7.1 del
                  Reglamento de mérito, de soportar la totalidad de los egresos efectuados
                  durante el ejercicio en revisión con la documentación que expida la persona a
                  quien se efectuó el pago, a nombre de la agrupación que satisfaga la
                  totalidad de los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales aplicables.

                  Asimismo, se consideró que no es la primera vez en la que dicha agrupación
                  es sancionada por no haber presentado la totalidad de la documentación
                  soporte de sus egresos, por lo que se actualiza el supuesto de reincidencia, y
                  la conducta podría calificarse de sistemática, ya que la agrupación presentó
                  no toda la documentación comprobatoria de 1999.



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                                                             JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                 EXP. JGE/QCG/002/2008




                     e) Al momento de individualizar la sanción se tomo en cuenta que la
                     agrupación mostró la intención de querer colaborar con la autoridad para
                     subsanar la omisión, pues en su respuesta señaló que de acuerdo a la
                     balanza de comprobación que presentó no se tiene registrada la cuenta
                     observada, sin embargo, aún cuando no la haya tenido registrada, esta
                     apareció reportada con un saldo inicial de $1,500 en la balanza de
                     comprobación del mes de enero del ejercicio 2004 y continuó vigente al 31 de
                     diciembre del mismo año.

                     También se tomó en consideración que era la primera vez que la agrupación
                     política era sancionada por este tipo de irregularidades.

                     f) Al momento de determinar la sanción, se tomó en cuenta que la agrupación
                     respondió al requerimiento realizado por la autoridad electoral, señalando que
                     había realizado erróneamente el registro de la amortización de una prima de
                     seguro, sin embargo, no presentó la póliza contable, auxiliares y balanza de
                     comprobación, con el objeto de que la autoridad pudiera certificar que se
                     hayan realizado las correcciones correspondientes, sin embargo dicha
                     situación no la eximió del cumplimiento de la obligación de apegarse a los
                     Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el registro de sus
                     operaciones financieras.

Calificación de la   a) La falta administrativo fue calificada como grave ordinaria.
     sanción         b) La falta fue calificada como grave ordinaria.
                     c) La falta fue calificada como grave ordinaria, mas se consideró que dado
                     que la falta podría derivar en irregularidades cuyo cumplimiento era
                     competencia de otras autoridades, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del
                     Consejo General del Instituto Federal Electoral que diera vista a la Secretaría
                     de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que, en el ámbito de sus
                     atribuciones determinara lo que en derecho proceda.
                     d) La falta fue calificada como grave ordinaria.
                     e) La falta fue calificada como grave ordinaria.
                     f) La falta fue calificada como grave ordinaria.

                     Nota: Derivado de las sanciones económicas a que se hizo acreedora la
                     agrupación por las faltas descritas en los incisos a), b), c), d), e) y f) es que
                     en la resolución de mérito, el Consejo General del Instituto Federal Electoral
                     determinó la supresión total de la entrega de las ministraciones del
                     financiamiento público que le correspondió como agrupación política por un
                     periodo de un año.

    Medio de         No Aplica.
  Impugnación




                                                67
                                                         JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                             EXP. JGE/QCG/002/2008




                                  EJERCICIO 2005

                CG165/2006 de 20 de septiembre de 2006.
  Fecha de
                Punto 3
Resolución CG
  Tipo de       Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de
 Resolución     las Irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de
                Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al
                ejercicio de 2005

  Conducta      a) Se localizó una factura que rebasa los 100 días de salario mínimo general
  Infractora    vigente para el Distrito Federal, que debió pagarse en su totalidad con
                cheque, sin embargo, fueron liquidados parcialmente en efectivo por
                $9,476.00

                b) La Agrupación presentó el Inventario de Activo Fijo al 31 de diciembre de
                2005, el cual no cumple con la totalidad de requisitos señalados en la
                normatividad al no indicar ubicación física del bien (calle, número exterior e
                interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal) y
                resguardo.

  Preceptos     a) Respecto de la factura que rebasa los 100 días de salario mínimo que
 Infringidos    debió pagarse con cheque y que la agrupación pago en efectivo, ésta
                incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en
                relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y
                Procedimientos Electorales, así como el artículo 7.3 del Reglamento que
                Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y
                Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en
                el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

                b) Por no presentar el Inventario de Activo Fijo con la totalidad de requisitos
                señalados en la normatividad, la agrupación política incumplió con lo
                establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 2, inciso b),
                en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y
                Procedimientos Electorales, así como lo señalado en los numerales 14.2,
                20.3 y 20.4 del Reglamento que Establece los Lineamientos Formatos,
                Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las
                Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos
                y en la Presentación de sus Informes.

Bien Jurídico   Si bien es cierto que con las irregularidades mencionadas en los incisos a) y
  Tutelado      b) no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales
                protegidos por la legislación aplicable, también lo es que sí existe su puesta
                en peligro, con la falta de claridad y suficiencia en el cumplimiento de sus
                obligaciones relativas a la rendición de cuentas y de los documentos y
                formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y
                precisión necesarias.



                                            68
                                                             JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                                 EXP. JGE/QCG/002/2008




                     Asimismo, es posible concluir que la violación se traduce en una falta formal
                     cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de rendición de
                     cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos.

Elementos para       a) Respecto de la observación de la factura que excedió los 100 días de
    acreditar        salario mínimo general vigente que la agrupación política debió haber pagado
   Infracción        con cheque, se le solicitó que presentara las aclaraciones que a su derecho
                     convinieran. En respuesta la agrupación manifestó que el primer pago se
                     realizó mediante cheque a nombre del proveedor, pero que había sido
                     necesario realizar pagos parciales en efectivo de conformidad con los
                     requerimientos del servicio de mecánica y que al finalizar solicitó que se le
                     facturaran los pagos realizados, procediendo el proveedor a entregarles una
                     sola factura por el monto total de $18,400.00, lo cual evidencia el
                     incumplimiento al artículo 7.3 del Reglamento de la materia.

                     b) De la revisión a la documentación presentada por la agrupación no se
                     localizó el Inventario de Activo Fijo, por lo que la Comisión de Fiscalización le
                     solicitó a ésta que presentara el inventario físico de bienes muebles, el cual
                     debía estar clasificado por cuenta de activo fijo y subclasificado por año de
                     adquisición con las siguientes especificaciones: fecha de adquisición,
                     descripción del bien, importe, ubicación física (domicilio completo: calle,
                     número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa
                     y código postal) y resguardo. Además las cifras que reportara deberían estar
                     totalizadas y coincidir con los saldos contables correspondientes. Al respecto
                     la agrupación manifestó que anexaba el inventario de Activo Fijo solicitado, al
                     31 de diciembre de 2005; sin embargo, al verificar el inventario presentado se
                     pudo constatar que el mismo no cumple con la totalidad de los requisitos
                     solicitados por la autoridad electoral, toda vez que carece de ubicación física
                     (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad
                     federativa y código postal) y resguardo, quedando evidenciado su
                     incumplimiento.

Elementos para       Respecto de las observaciones mencionadas en los incisos a) y b) se
 individualizar      consideró que no había dolo, pero si una falta de cuidado que no debe
    sanción          pasarse por alto por esta autoridad, también se tomo en cuenta que la
                     agrupación cuenta con capacidad económica suficiente para enfrentar una
                     sanción económica, por lo que no se afecta el cumplimiento de sus fines y el
                     desarrollo de sus actividades.


Calificación de la   Por el cúmulo de irregularidades detectadas, se llegó a calificarse la falta
     sanción         como grave ordinaria, por lo que la agrupación se impuso a la agrupación
                     una multa de 240 días de salario mínimo general vigente para el Distrito
                     Federal en el año 2005.
    Medio de         No aplica
  Impugnación



                                                69
                                                         JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                             EXP. JGE/QCG/002/2008




                                  EJERCICIO 2006

                CG260/2007 de 11 de octubre de 2007.
  Fecha de
                Punto 6
Resolución CG
  Tipo de       Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
 Resolución     Irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de
                Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al
                ejercicio de 2006

  Conducta      a) La Agrupación presentó un formato “IA-APN” Informe Anual, el cual no se
  Infractora    apega al formato establecido en el Reglamento de la materia; asimismo, el
                formato “IA-2-APN” Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento no fue
                correctamente llenado.

                b) La Agrupación presentó el formato “CE-AUTO-APN” Control de Eventos de
                Autofinanciamiento, sin la totalidad de los datos establecidos en el
                Reglamento de la materia.

                c) Se localizó una factura por $23,460.00 que rebasa los 100 días de salario
                mínimo general vigente para el Distrito Federal, que debió pagarse con
                cheque a nombre del proveedor, sin embargo, fue pagada con cheque a favor
                de un tercero.

                d) La Agrupación no presentó la totalidad de documentación que acredite la
                cancelación de saldos contra resultados de ejercicios anteriores, para realizar
                los cambios reportados en el ejercicio objeto de revisión, por un importe de
                $10,814.11.

  Preceptos     Con las conductas descritas en los incisos a) y b) la agrupación política
 Infringidos    incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) y 49-A,
                párrafo 1, incisos a), fracción II, en relación con el 34, párrafo 4 del Código
                Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral
                5.1, 5.2, 11.2, 12.1 y 14.2 del Reglamento de la materia.

                Respecto de la conducta descrita en el inciso c) la agrupación política
                incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación
                con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
                Electorales, así como el numeral 7.3 del Reglamento de la materia.

                En lo tocante a la conducta descrita en el inciso d) la agrupación política
                incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en
                relación con el 34, párrafo 4 y 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código
                Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con el
                numeral 14.2 del Reglamento de la materia.




                                            70
                                                         JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                             EXP. JGE/QCG/002/2008




 Bien Jurídico    La rendición de cuentas. El hecho de que la agrupación no presentara la
   Tutelado       documentación solicitada no permitió a la autoridad electoral llevar a cabo
                  adecuadamente su función fiscalizadora.

                  Las irregularidades referidas ponen en riesgo valores tutelados por la
                  normatividad en materia de fiscalización, como la certeza y la transparencia.

Elementos para    Respecto de las conductas descritas en los incisos a) y b) es dable
    acreditar     manifestar que la agrupación no respetó el formato establecido por el
   Infracción     Reglamento de la materia, puesto que no reunió la totalidad de los requisitos
                  que debe contener. Por ello se dificultó conocer con certeza el tipo de evento
                  que originó los ingresos, la forma de administrarlo y la manera en que se
                  obtuvieron los recursos.

                  En lo concerniente a lo señalado en el inciso c) se consideró que una vez
                  superado el monto equivalente a cien salarios mínimos, la referida erogación
                  debió realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del proveedor
                  o del prestador del servicio, situación que no aconteció ya que la agrupación
                  expidió un cheque a nombre de un tercero, por ende, no respetó los
                  mecanismos de control previstos por la autoridad fiscalizadora para
                  corroborar el destino y monto de los gastos de la agrupación.

                  Con relación a la irregularidad descrita en el inciso d), la agrupación      no
                  presentó la documentación soporte que le fue requerida, por lo que           no
                  respaldó el origen de los saldos en la cuenta contable “Utilidad o Pérdida   en
                  el Ejercicio” ni la cancelación de éstos, toda vez que no entregó             la
                  documentación comprobatoria atinente.

Elementos para    Para determinar la sanción se tomó en cuenta que existió unidad en el
 individualizar   propósito de las conductas transgresoras, puesto que la consecuencia de
    sanción       todas esas irregularidades fue concurrente al obstaculizar la adecuada
                  fiscalización de la aplicación del financiamiento de la propia agrupación,
                  durante el ejercicio de 2006.

                  En consecuencia, las múltiples irregularidades acreditadas se traducen en
                  una sola falta formal cuyo objeto infractor concurre directamente con la
                  obligación de rendición de cuentas y la certeza y transparencia que debe
                  haber en el manejo de los recursos de la agrupación política. En ese sentido,
                  al existir pluralidad de conductas pero unidad en el objeto infractor,
                  corresponde imponer una sola sanción.

                  En razón de lo anterior, se tomó en cuenta la actitud irresponsable en el
                  reiterado proceder de la agrupación política al omitir proporcionar toda la
                  documentación comprobatoria a la Comisión de Fiscalización, por lo que se
                  advierte falta de cuidado en las irregularidades imputadas. Asimismo se
                  consideró que la agrupación política contaba con capacidad económica
                  suficiente para cumplir con la sanción que se le impuso.



                                            71
                                                           JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                               EXP. JGE/QCG/002/2008




Calificación de la   Por el cúmulo de irregularidades detectadas, se llegó a calificarse la falta
     sanción         como leve, por lo que la agrupación se impuso a la agrupación una multa de
                     250 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año
                     2006.
    Medio de         No aplica
  Impugnación



Conviene subrayar que las infracciones antes relatadas, no obstante haber sido
debidamente notificadas a la agrupación política nacional “Diana Laura”, no fueron
modificadas o revocadas de manera alguna como consecuencia de la
interposición de un medio de impugnación, por lo que todas y cada una de las
irregularidades detectadas referidas en los informes y procedimientos aludidos
quedaron firmes y por tanto han causado estado.

En este sentido, se pone de relieve que las faltas detectadas y sancionadas por
esta autoridad electoral, pueden clasificarse en dos grupos distintos:

A)    Aquellas que se acreditaron como resultado de la revisión de los informes
anuales de ingresos y egresos de la agrupación política nacional “Diana Laura” y;

B)    Aquellas que se acreditaron, dentro de la sustanciación de un
procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 270 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conforme a lo anterior, debe decirse que los efectos jurídicos producidos como
consecuencia de la acreditación de las irregularidades precisadas en los cuadros
aludidos con anterioridad, se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Irregularidades derivadas del proceso de fiscalización a los ingresos y
egresos de la agrupación política nacional “Diana Laura”.

Los procedimientos administrativos sancionatorios seguidos para dictaminar tales
irregularidades, se rigieron conforme a las normas establecidas en el artículo 49-A
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tuvieron como
consecuencia en todos los casos la imposición de una sanción pecuniaria.

Bajo este contexto, las sanciones impuestas a la agrupación política nacional que
se encuentran acreditadas, se caracterizan por un común denominador, todas
ellas merecieron una multa de carácter económico, cuyos montos se han visto
incrementados paulatina y reiteradamente por la transgresión a la normatividad


                                               72
                                                   JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                       EXP. JGE/QCG/002/2008




electoral, de tal suerte que podemos advertir al menos tres circunstancias que se
han originado:

a)     En los procesos de fiscalización se ha detectado que la agrupación política
nacional “Diana Laura”, incurre frecuentemente en conductas que han sido objeto
de valoración por parte de esta autoridad electoral;

b)     Después de la valoración atinente, esta autoridad electoral ha llegado a la
conclusión de que las irregularidades dictaminadas merecen una sanción
administrativa, por los efectos y alcances jurídicos que produjeron y;

c)     El monto de las sanciones impuestas a la agrupación política nacional de
referencia, ha tenido que ser aumentado, en función de que las conductas
sometidas a la consideración de esta autoridad electoral, revisten una gravedad
mayor respecto de la conducta sancionada con inmediata anterioridad.

A partir de lo anterior, se colige que las sanciones impuestas a la agrupación
política nacional “Diana Laura”, no han producido el efecto disciplinario, disuasivo
o desalentador que sustenta toda sanción administrativa, sino por el contrario, se
observa un constante incremento en la incidencia y magnitud de las infracciones
que se han detectado a lo largo de los procesos de fiscalización practicados a sus
finanzas.

Es por ello, que la finalidad de atraer al presente procedimiento las infracciones ya
sancionadas y firmes, no es otra que hacer patente la reiteración de la conducta
infractora de la citada denunciada, toda vez que se encuentra suficientemente
acreditado el patrón de conductas violatorias de las normas electorales que por su
consecuencia y efectos arrojen una afectación de tal magnitud que permita
comprobar, por una parte, la intencionalidad con que se ha venido conduciendo la
agrupación política en cuestión, y por la otra, la probable sistematicidad en que ha
incurrido la asociación política, al presentar conductas infractoras similares, cada
vez de mayor gravedad.

En efecto, tal y como se desprende del cuadro ilustrativo que antecede, existen
una serie de conductas que en sí mismas ya han sido objeto de valoración y
sanción por parte de esta autoridad electoral; sin embargo, también se puede
constatar la intención de la agrupación política por evadir su responsabilidad al no
ceñirse expresamente a lo prescrito en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en específico, a las disposiciones en materia de
fiscalización de los recursos públicos.


                                         73
                                                 JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                     EXP. JGE/QCG/002/2008




Particularmente, se advierte un factor común, pues la agrupación política nacional
ha sido reincidente en involucrar mayores cantidades de dinero que no ha sido
aclarado y dado que estas omisiones no permiten el adecuado desempeño de
este Instituto en su actividad fiscalizadora de los recursos de las agrupaciones
políticas, se estima que la conducta desplegada es grave, máxime si se toma en
cuenta que no ha sido posible determinar el destino de las cantidades implicadas o
en su caso, el origen del mismo.

A mayor abundamiento, de la lectura minuciosa del informe remitido por el
entonces Director General de la Unidad de Fiscalización a los Partidos Políticos,
se puede observar que en la mayoría de las irregularidades dictaminadas a la
agrupación política nacional, este órgano máximo de dirección calificó tales
infracciones con el término de “grave”, aunado a que dicha asociación política,
obstaculizó el proceso de fiscalización por omitir diversa información que estaba
obligada a exhibir como parte de la documentación comprobatoria de sus ingresos
y egresos.

Lo anterior resulta importante, ya que el análisis a las distintas determinaciones
asumidas por parte de esta instancia electoral, permite tener un espectro más
amplio para considerar que en el presente caso, es dable la actualización de la
hipótesis normativa que contempla el supuesto de pérdida de registro de la
agrupación política nacional, por la comisión de falta grave a la normatividad
electoral.

De este modo, válidamente se puede concluir en cuanto a este primer análisis que
la conducta desplegada por la agrupación política nacional “Diana Laura”, durante
los años comprendidos entre 1999 y 2006, relacionada con la presentación de
informes anuales de ingresos y gastos ha sido contraria a la ley y por ende,
subyacen diversas irregularidades que por sí mismas han sido objeto de sanción,
mismas que al ser observadas en conjunto, arrojan como resultado fáctico que
esta autoridad electoral en el desempeño de su actividad fiscalizadora, ha sido
obstaculizada reiteradamente por la asociación política en comento para el eficaz
desarrollo del proceso de revisión contable a sus recursos de origen público.

2. Irregularidades derivadas de los procedimientos administrativos
sancionatorios genéricos incoados a la agrupación política nacional “Diana
Laura”.




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Ahora bien, el segundo punto de análisis está relacionado con las conductas cuya
valoración por parte de esta autoridad electoral, se rigió conforme a las
disposiciones establecidas en el procedimiento administrativo sancionatorio
previsto por el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Al respecto, y con objeto de evitar repeticiones innecesarias, debe estarse de igual
manera a las consideraciones vertidas en el estudio precedente, respecto de las
irregularidades detectadas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio
especializado, regulado en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, relativas a la reincidencia, gravedad y sistematización
con que la agrupación política nacional “Diana Laura” se ha conducido en lo
referente a la responsabilidad y cumplimiento de la normatividad electoral.

Así, se puede obtener un parámetro de conductas ilícitas de la agrupación política
nacional “Diana Laura”, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones,
particularmente a las que tienen que ver con:

    Reportar con falsedad a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de
     los Partidos y Agrupaciones Políticas, dentro de su Informe Anual de
     Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2000, la realización de
     sesenta pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a
     favor de cinco supuestos beneficiarios, por un total de $180,000.00 (ciento
     ochenta mil pesos 00/100 MN).

    Omitir reportar el origen lícito o no de los ingresos y los gastos de la
     agrupación política, correspondientes a la realización de las publicaciones
     de las revistas mensuales de abril, mayo, junio, julio y agosto, así como de
     la publicación trimestral de carácter teórico correspondiente a los meses de
     abril-junio durante el ejercicio 2003.

    La existencia de la presunta simulación de la debida observancia de la ley,
     por parte de la agrupación política Diana Laura, quien realizó operaciones
     comerciales con la empresa mercantil “Desarrollo Integral en Servicios
     Corporativos, S.A. de C.V. (DISC)”, en la que la Lic. Rebeca Muñoz
     Morales, Directora de Finanzas de la agrupación política funge como
     apoderada legal de la citada empresa proveedora.

    Presentar durante el procedimiento de revisión para acreditar los gastos
     efectuados por concepto de la realización de actividades editoriales, de


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                                                  JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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      educación y capacitación política, así como de investigación
      socioeconómica y política del segundo semestre del ejercicio 2003,
      documentación comprobatoria de gastos presuntamente apócrifa, dentro de
      los rubros por concepto de tareas editoriales y de investigación
      socioeconómica y política, al haber presentado las siguientes siete facturas
      que no cumplían con todos los requisitos fiscales exigidos por el Código
      Fiscal de la Federación.

En esta tesitura, conviene decir que la agrupación política ha mostrado una actitud
omisa por inobservar el cumplimiento de sus obligaciones, además de reflejar un
alto grado de desestimación o desinterés por el respeto a las normas e
instituciones que rigen en materia electoral federal.

Lo anterior, adquiere especial relevancia para el asunto que nos ocupa, en virtud
de que las omisiones relatadas, guardan relación directa, tanto con el
cumplimiento de obligaciones que dan sustento a la existencia de las
agrupaciones políticas, así como con el reconocimiento y respeto de la autoridad
electoral y a las determinaciones que emanan de la misma.

Más aún, las omisiones reiteradas que ha mostrado la agrupación política en cita,
si bien de manera independiente constituyeron infracciones a la normatividad
electoral, también en su conjunto permiten afirmar que existió la intención por
contravenir gravemente las disposiciones que regula el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

No obstante la afirmación sostenida en el párrafo anterior, debe señalarse con
especial puntualidad que no se realizará una valoración directa sobre las
conductas que han originado la inobservancia de la agrupación política en
comento a lo establecido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, toda vez que ello no constituye materia del actual
procedimiento; sin embargo, la argumentación descansará sobre la base del
incumplimiento de la agrupación política nacional “Diana Laura” a los fines legales
que tiene encomendados como entidad de interés público.

En este sentido, debemos partir de la exposición de las normas que dan sustento
a la existencia de las agrupaciones políticas nacionales, las cuales están
contenidas en los artículos 9, 35, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 33, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, hoy abrogado, que a la letra disponen:



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                                                      JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                          EXP. JGE/QCG/002/2008




                 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
                                  MEXICANOS

        ARTÍCULO 9

        No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente
        con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
        República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del
        país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar.

        ARTÍCULO 35

        Son prerrogativas del ciudadano:

        (...)

        III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
        en los asuntos políticos del país;

        (...)

            CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
                             ELECTORALES

        ARTÍCULO 33

        1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación
        ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la
        cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor
        informada.

        (...)”

De los dispositivos transcritos, se obtiene que las agrupaciones políticas
nacionales tienen como sustento el derecho genérico a la libertad de asociación
de las personas, así como el específico de libertad de asociación en materia
política previsto exclusivamente para los ciudadanos de la república.

No obstante, el derecho de libre asociación en materia política se encuentra
ceñido a una serie de normas, que atienden a ciertas finalidades de interés
público, tales como cooperación en el desarrollo de la vida democrática y de la
cultura política, así como la creación de una opinión pública mejor informada.



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                                                  JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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De esta manera, las agrupaciones políticas nacionales tienen la obligación de
conducir sus actividades e intereses, en estricto apego a la legalidad y procurando
ante todo la consecución de los fines señalados, ya que en el cumplimiento de los
mismos radica la razón de ser de esas entidades.

En este orden de ideas, conviene recordar que las normas electorales establecen
una serie de reglas que deben ser observadas por los sujetos a quienes se
dirigen, cuyo objetivo pretende establecer el ámbito en el que la consecución de
los fines en comento puedan materializarse y produzca las consecuencias
deseables.

En mérito de lo expresado, cabe referir que la normatividad electoral establece un
cúmulo de obligaciones mínimas a las agrupaciones políticas, para garantizar y
constatar que éstas cumplan con la misión que les ha sido encomendada.

De esta manera, tenemos que los artículos 33, 34, 35, 38, 49, párrafos 2 y 3, 49-A
y 49-B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales hoy
abrogado, establecen una serie de reglas que deben ser observadas por las
agrupaciones políticas en el desempeño de sus actividades, las cuales tienen
como fundamento garantizar el cumplimiento de las finalidades relativas a la
cooperación en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así
como la creación de una opinión pública mejor informada, las cuales les son
inherentes.

De todo lo expresado hasta este punto, podemos concluir que de las diversas
conductas ilegales desplegadas por la agrupación política “Diana Laura”, existe un
factor común grave, toda vez que, como ha quedado expresado, el incumplimiento
a las obligaciones que debió cumplimentar, inciden directamente en una de las
normas fundamentales que da razón de ser a la existencia de las agrupaciones
políticas nacionales y a la procuración de su subsistencia con recursos
provenientes del Estado.

Por consiguiente, la agrupación de referencia ha observado un incumplimiento
reiterado a conducirse dentro de los cauces legales que tiene encomendados por
ministerio de ley, además de utilizar simulaciones para presentar documentación
apócrifa y evadir su obligación de cooperar en el desarrollo de la vida democrática
y de la cultura política, así como con la creación de una opinión pública mejor
informada, mediante la realización de publicaciones mensuales de obras de
divulgación y una trimestral de carácter teórico.



                                        78
                                                   JUNTA GENERAL EJECUTIVA
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Luego entonces, tal conjunto de irregularidades abonan a la gravedad con que se
ha conducido la agrupación política nacional, así como la unidad de fin que ha sido
transgredido; dicho de otro modo, es indubitable que ha prevalecido un
desaprovechamiento de los recursos públicos que hasta antes de la última reforma
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales recibía dicha
organización; además de una falta del reconocimiento que otorga la ley a una
agrupación ciudadana para efecto de atender los intereses que la normatividad
electoral le obliga.

Esta última conclusión, se obtiene de considerar que si en un esquema lógico, una
agrupación política nacional recibía recursos públicos para sostener sus
actividades, las cuales se encaminaban al cumplimiento de los fines para los que
fue creada y ésta los cumple, entonces el uso y destino de los recursos que recibió
estaba justificado mediante el cabal cumplimiento de las obligaciones que la ley le
establecía y en consecuencia de los propios fines a los que respondía su creación;
empero, si dentro de este mismo esquema lógico, una asociación a la que se le
destinaron recursos para el desempeño de sus actividades incumplió con sus
obligaciones, es de fácil deducción estimar que tanto los recursos recibidos, como
las actividades de la agrupación política se han alejado de los fines a los que
debía estar sujeta.

Cabe señalar que las finalidades antes aludidas no fueron modificadas en el nuevo
código federal electoral, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
catorce de enero del presente año, y que entró en vigor a partir del quince
siguiente, en ese orden de ideas, la agrupación en comento a la luz de la nueva
legislación con su actuar también ha dejado de cumplir con la debida cooperación
en el desarrollo de la vida democrática, con el fin de crear una opinión pública
mejor informada.

Conforme a lo razonado hasta este punto, esta autoridad se encuentra en aptitud
de determinar si de acuerdo a la instrucción emitida por el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, resulta procedente declarar la pérdida del registro de
la agrupación política “Diana Laura” como agrupación política nacional.

Al respecto, conviene recordar nuevamente el contenido del artículo 35, párrafo
13, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, el cual establece expresamente
la causal de pérdida de registro que se ha venido estudiando:




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                                                   JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                       EXP. JGE/QCG/002/2008




        “ARTÍCULO 35

        (...)

        13. La agrupación política nacional perderá su registro por las
        siguientes causas:

        (...)

        d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en
        este Código;

        (...)”

El supuesto normativo expuesto, tiene la nota distintiva de responder a las
características de lo que doctrinalmente se conoce como tipo compuesto, el cual
se integra como resultado de la estimación de la conducta infractora en relación
con el conjunto de conductas que, aun cuando de forma independiente son
trasgresoras de la norma, consideradas de manera conjunta abonan a determinar
la finalidad conculcatoria grave que se analiza en el caso.

Lo anterior, arrojó como resultado la identificación de algunos asuntos que fueron
tramitados conforme al procedimiento administrativo sancionatorio especializado,
a que se refiere el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en los que se demostró que la conducta de la
agrupación política “Diana Laura”, tiene como factor común en cada uno de los
asuntos, la omisión de una serie de responsabilidades que resultaban
indispensables para esta instancia electoral en el desempeño de su actividad
fiscalizadora de los recursos de las agrupaciones políticas, así como el
involucramiento en dichas omisiones, de cantidades de dinero cada vez mayor,
cuyo destino, en ningún supuesto, fue debidamente aclarado por la agrupación
política y ni siquiera desvirtuó de manera alguna las imputaciones que le fueron
atribuidas y examinadas mediante este procedimiento, no obstante que le fue
debidamente otorgado y notificado el plazo legal para negarlos o desvirtuarlos, a
través del ejercicio del derecho constitucional de audiencia.

Mas aún, de las constancias que obran en autos, esta autoridad considera válido
afirmar que se demuestra la intencionalidad en el proceder de la agrupación
política en cita, la cual se encuentra encaminada a vulnerar el esquema normativo
de la función fiscalizadora de los recursos de las agrupaciones políticas.



                                        80
                                                   JUNTA GENERAL EJECUTIVA
                                                       EXP. JGE/QCG/002/2008




De igual manera, de la identificación de los asuntos que se tramitaron de acuerdo
al procedimiento administrativo sancionatorio genérico previsto en el artículo 270
del Código de la materia, se logró obtener como factor común en la conducta de la
agrupación política de referencia, el incumplimiento reiterado a conducirse dentro
de los cauces legales que tiene encomendado por ministerio de ley, además de
utilizar simulaciones para presentar documentación apócrifa y evadir su obligación
de cooperar en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así
como con la creación de una opinión pública mejor informada, mediante la
realización de publicaciones mensuales de obras de divulgación y una trimestral
de carácter teórico.

En conclusión, como resultado de la adminiculación de los elementos aludidos y
atendiendo al carácter de las normas que han sido trasgredidas por parte de la
agrupación política “Diana Laura”, las cuales, tal como ha sido expresado en el
apartado respectivo, permiten obtener certeza respecto de la gravedad de las
trasgresiones a las disposiciones de la materia electoral, así como de la
intencionalidad con que se ha conducido la agrupación en cita, esta autoridad
estima procedente proponer la pérdida del registro de la agrupación política
“Diana Laura”.

7. Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 33; 34, párrafo 4; 35, párrafo 13, inciso
d); 67, párrafo 2; 82, párrafo 1, inciso k); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86,
párrafo 1, incisos j); 87; 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 269, párrafo 4 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente hasta el catorce de
enero de dos mil ocho, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:


                                  DICTAMEN


PRIMERO.- Se propone declarar procedente la pérdida del registro de Diana
Laura como agrupación política nacional.

SEGUNDO.- Remítase el presente Dictamen, así como el proyecto de resolución
correspondiente, al Consejo General, a efecto de que ese órgano máximo de
dirección determine lo conducente.



                                         81
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al asunto
solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y
es el relativo al Informe sobre la Primera Etapa de Capacitación a Ciudadanos
Sorteados.
Está a consideración de todos ustedes el Informe. Tiene el uso de la palabra el
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica para la presentación
de dicho Informe.
Maestro Hugo Concha, si es usted tan amable.
El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro
Hugo Alejandro Concha Cantú: Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Lo que se está presentando aquí a la Junta General Ejecutiva, es justamente como lo
dice el propio título el Informe a detalle de toda la primera etapa de capacitación que
desarrolla el Instituto en este Proceso Electoral 2008-2009.
Es un Informe a detalle porque justamente con que vean ustedes el índice se darán
cuenta que es el rendimiento de cuentas con toda la información absolutamente
existente y que podemos extraer de los propios sistemas con los que se apoya el
esfuerzo de capacitación electoral para que se cuente con toda la información
respecto de esta primera etapa, que como ustedes saben, es un esfuerzo muy
considerable que hace el Instituto Federal Electoral en su conjunto para poder contar
con este elemento ciudadano en un Proceso Electoral.
El Informe ya fue aprobado por la propia Comisión del ramo, es un Informe que
subirá, si no me equivoco, en la próxima sesión del Consejo General, no la de hoy,
sino la del próximo viernes 29 de este mes, que me parece que es la ordinaria, se
subirá al propio Consejo General.
Y, bueno, simplemente decir que la idea es que no quede ninguna pregunta o duda
respecto a lo que se hizo en esa primera etapa, vienen números, vienen comparativos
con los dos procesos electorales anteriores tanto el 2006, como el 2003, para poder
tener una referencia en cuanto a cómo le fue al Instituto justamente en este esfuerzo
presupuestal y humano.



                                          82
En términos generales, creo que podemos decir con mucha satisfacción que se
cumplió y se cumplió muy bien esta primera etapa. Es cuanto, señor Secretario.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre el Informe?
Como ven, es un Informe bastante voluminoso, y muy detallado que contiene una
gran cantidad de información sobre todo lo que es la primera etapa de capacitación
que, como ustedes saben muy bien, es una etapa crucial para el Proceso Electoral
con todo lo que corresponde a los efectos de la primera insaculación y la primera
visita a los que eventualmente pueden ser funcionarios de casilla.
Los números, lo dijo muy brevemente el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, son muy importantes. De hecho, traíamos aproximadamente un 20
por ciento superior a la elección de 2006, cosa que es digno de resaltarse, porque
siendo una elección intermedia, la experiencia nos dice que los indicadores son más a
la baja, porque es menos atractiva una elección intermedia; sin embargo, tuvimos un
cierre muy bueno en cuanto a la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria para ser
funcionario de casilla.
En general, quiero felicitar la tarea de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, el esfuerzo de todas las personas involucradas en el área e,
insisto, es de llamar la atención.
Lamentablemente, dada la contingencia sanitaria, nos frenamos un poco. Siempre
nos tocó justo en el momento que estábamos terminando, si no me equivoco, a
semana y media de terminar la primera etapa que es la que se reporta aquí, cuando
se decretó la contingencia sanitaria por el Secretario de Salud.
Sin embargo, seguimos con la inercia que traíamos y siempre entre el término de la
primera etapa y el inicio de la segunda, hay un lapso de 10 días, en los cuales se uso
para, antes de volver a campo en la segunda etapa, hacer evaluaciones, reforzar la
capacitación de los Capacitadores Auxiliares Electorales, y de los mismos
supervisores.




                                           83
Por otro lado, tuvimos la fortuna, de que justo cuando íbamos a volver a la segunda
etapa de campo, empezaron a disminuir las medidas sanitarias asociadas a la
contingencia.
De manera tal que, estamos otra vez en la segunda etapa, de acuerdo al programa
original. Estuvimos dándole un seguimiento; algunos de los miembros en esta mesa
formaron parte del grupo de contingencia que se armó, para darle un seguimiento
puntual a la contingencia sanitaria y prever lo que estuviera en nuestras manos, a fin
de que la misma no afectara lo que estaba plenamente programado con toda
anticipación.
Por lo cual, dicho esto, primero felicidades; el Informe es muy bueno, la respuesta de
la ciudadanía es muy buena. Creemos, en el grupo de contingencia, que el efecto de
la contingencia sanitaria no ha sido tan grave o, por lo menos, no es de carácter
nacional, sino más localizada.
Y, de todos modos, la misma Dirección Ejecutiva de Administración, está previendo lo
necesario para que, en caso de que hubiera alguna emergencia sanitaria hacia la
Jornada Electoral, pudiéramos atender los requerimientos tanto de Capacitación
Electoral como de Organización Electoral, para poder hacer frente a lo que llegara a
presentarse.
Creo que es importante que esta Junta General Ejecutiva, conozca más allá del
Informe que, en sí mismo, insisto, es exhaustivo, vale la pena estudiarlo con mucho
cuidado y las consecuencias del mismo al día de hoy.
¿Algún otro comentario sobre el Informe que se presenta?
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, por favor.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Nuestra felicitación a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica por el trabajo que de verdad, es notable, en el contexto
comparativo, incluso con el año 2006, que fue una elección que logró, rangos muy
importantes de eficacia en la capacitación. Creo que los mejores previos a este
Proceso Electoral y se anuncia un buen resultado en lo que se ha informado.




                                         84
Yo me propongo, si así me lo autoriza el Secretario Ejecutivo, a dar cuenta también
del avance de los programas de Organización Electoral en estas siguientes sesiones
de la Junta General Ejecutiva, me parece importante y oportuno, previo a la Jornada
Electoral.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores.
El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Doctor Alberto Alonso
y Coria: Igualmente, para reconocer el trabajo realizado por la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; creo que es muy importante esta labor que
han venido desarrollando.
Lo único es que quizá el formato de la Junta General Ejecutiva, no es el más idóneo
para que podamos aquilatar en su verdadera dimensión el trabajo que se ha venido
desarrollando, y ahí propondría una reunión de trabajo, para que pudiéramos hacer
justicia a todo el trabajo que ha venido desarrollando la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y conocerlo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Cómo no. Tiene el uso de la palabra el Director Ejecutivo
de Administración, por favor.
El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Miguel Fernando Santos
Madrigal: Gracias. Igualmente, sumarme a el reconocimiento de todo el trabajo de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que da muy buenos
resultados este Informe y, adicionalmente reconocer que a pesar de la situación de la
emergencia sanitaria, eso sí nos puso en riesgo, se entregan muy buenas cuentas y
esto, habla del buen trabajo que hizo toda la Dirección Ejecutiva y todo el personal
que en ella contribuyó.
Y, adicionar algo que dijo, ampliar un poco la información lo que dijo el Secretario
Ejecutivo en relación con la previsión sanitaria que las autoridades de la Secretaría de
Salud han recomendado.




                                          85
Aprovechando que está toda la Junta General Ejecutiva aquí ampliada y, desde luego
el Contralor General, ayer tuvimos la cuarta reunión con las autoridades de la
Secretaría de Salud, directamente con el Director General de Promoción de la Salud,
Doctor Carlos Santos Burgoa y, si, ya nos anticipó la recomendación de la
conveniencia en términos de precaución de que se establezcan algunas medidas
sanitarias no homologadas a todo el país, sino focalizadas como bien lo decía hace
un momento el Secretario Ejecutivo.
En algunos puntos, en algunas entidades federativas y, específicamente en algunos
municipios que ellos los dividen por jurisdicciones sanitarias en donde la
recomendación es que sí se instalen algunas medidas de control sanitario en los tres
ámbitos: que es en la casilla electoral, en los Consejos Locales y Distritales y, en el
entorno, como ellos le llaman, un trabajo muy preciso que ellos han venido haciendo
en coordinación con nosotros.
Bueno, desde luego esto requerirá algún trabajo adicional de la institución,
particularmente en Organización Electoral, en Juntas Locales y Distritales, desde
luego en la Dirección Ejecutiva de Administración y, aprovecho para anticiparle al
Contralor General que se incorporarán a los informes que habremos de rendir de los
gastos que están efectuando con motivo de esta emergencia y, desde luego siempre
con los procedimientos de adquisición que están establecidos en la ley.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sino es así,
el Secretario Ejecutivo muy brevemente.
Primero, para pedirle al señor Director, si es usted tan amable hacer extensiva esa
felicitación a su grupo de colaboradoras y colaboradores, aprovechando que nos
acompaña María Elena Cornejo, felicidades, es un excelente trabajo y le vamos a
exigir más para la segunda etapa. Gracias.
En segundo lugar, anunciarles que el grupo que se integró para atender la
contingencia va a seguir trabajando de aquí hasta el término del Proceso Electoral,
ahora cambió de nombre, ya no es grupo de contingencia, sino grupo en Proceso
Electoral para darle un seguimiento muy puntual a todas las actividades asociadas al



                                          86
Proceso Electoral, porque recuerden ustedes que este Instituto organiza elecciones y
tenemos que atenderlas puntualmente y evitar, por lo menos procurar minimizar los
riesgos asociados a un proceso humano de esta envergadura.
Y en eso, lo anuncio porque justamente lo que en un momento verá este grupo al
término de esta sesión, es una encomienda que nos hacen la señora y los señores
Consejeros Electorales, para presentarles un informe de los avances en cada una de
las áreas al Proceso Electoral.
Entonces, vamos a preparar ese Informe que se presentará a la mesa de Consejeros
la próxima semana y, creo que la idea que nos presenta el Doctor Alberto Alonso y
Coria, es muy importante, traerla en una reunión de trabajo no formal porque los
tiempos reglamentarios para este propósito, no nos ayudarían para adentrarnos un
poco más a fondo de ese avance del Proceso, pero sí citar a esta Junta General
Ejecutiva a una reunión de trabajo para que se conozcan los avances de las
diferentes áreas.
Tenga todo mundo confianza de que vamos trabajando bien en esa dirección y recibir
también comentarios y sugerencias de ojos externos a la operación, que siempre
ayuda para refrescar la vista de lo que uno tiene al frente.
Entonces, con mucho gusto vamos a operar esa propuesta que nos hace el Director
del Registro Federal de Electores.
Sino hay más comentarios, entonces recibimos el Informe y pasamos al siguiente
punto del orden del día, que corresponde a los asuntos solicitados por la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, que se compone de dos apartados.
El primer apartado es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Federal Electoral por el que se incorpora al C. Francisco Chicatti Como,
quien resultó ganador del concurso de incorporación, en la modalidad de oposición,
para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva correspondiente al
Distrito 03 en el estado de Tabasco.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo y, le solicitaré al Director Ejecutivo
del Servicio Profesional Electoral haga la presentación del punto, si es usted tan
amable, señor Director.



                                         87
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Doctor José Rafael
Martínez Puón: Muy buenos días, nuevamente. Con relación a este Proyecto de
Acuerdo, señalar de manera muy breve que como es de su conocimiento el pasado
15 de mayo de 2009, el Consejo General del Instituto aprobó el Acuerdo mediante el
cual se designó a Francisco Chicatti Como, en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta
Ejecutiva correspondiente al Distrito 03 del estado de Tabasco.
En ese sentido, les comento que el Acuerdo de mérito instruyó a este órgano
colegiado a emitir el Acuerdo de incorporación al Servicio Profesional Electoral de
este funcionario.
De conformidad con lo anterior y con el propósito de cumplir la disposición establecida
en este Acuerdo, les presento a ustedes el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se
autoriza la incorporación de este funcionario en el cargo antes mencionado.
Lo anterior, en virtud de que Francisco Chicatti Como, resultó ganador del concurso
de incorporación para ocupar la plaza.
Cabe señalar que en este Proyecto de Acuerdo, se establece que el nombramiento de
esta persona será vigente a partir del 1 de junio de 2009.
Dicho lo anterior, el Proyecto de Acuerdo está a su consideración. Es cuanto, señor
Secretario.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Algún comentario? Si no lo hay,
procederé, entonces, a tomar la votación correspondiente.
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Federal Electoral por el que se incorpora al C. Francisco Chicatti Como, quien
resultó ganador del concurso de incorporación, en la modalidad de oposición, para
ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva correspondiente al Distrito 03
en el estado de Tabasco.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado.
(Texto del Acuerdo aprobado)




                                          88
JGE62/2009


    ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL
    ELECTORAL POR EL QUE SE INCORPORA AL C. FRANCISCO CHICATTI
    COMO, QUIEN RESULTÓ GANADOR DEL CONCURSO DE INCORPORACIÓN,
    EN LA MODALIDAD DE OPOSICIÓN, PARA OCUPAR EL CARGO DE VOCAL
    EJECUTIVO EN LA JUNTA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 03
    EN EL ESTADO DE TABASCO.


                                  Considerando


    1.   Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo,
         base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
         (Constitución); la organización de las elecciones federales es una función
         estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo
         denominado Instituto Federal Electoral (Instituto), dotado de personalidad
         jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder
         Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en
         los términos que ordene la ley; en el ejercicio de esa función estatal serán
         principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
         objetividad.

    2.   Que la misma disposición constitucional determina que el Instituto será
         autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y
         profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de
         dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; y que los órganos ejecutivos y
         técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el Servicio
         Profesional Electoral (Servicio); las disposiciones de la Ley electoral y del
         Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General regirán las
         relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.

    3.   Que el artículo 122, numeral 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones
         y Procedimientos Electorales (Código), establece como una atribución de la
         Junta General Ejecutiva (Junta) fijar los procedimientos administrativos,
         conforme a las políticas y programas generales del Instituto.


                                            89
4.   Que el artículo 35, fracción I del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
     del Personal del Instituto Federal Electoral (Estatuto) determina que una
     forma de ingreso al Servicio será ganar el concurso de incorporación, en su
     modalidad de oposición.

5.   Que el artículo 36 del Estatuto establece que el concurso público de
     incorporación, en su modalidad de oposición, será la vía primordial para la
     ocupación de vacantes y el acceso al Servicio. La utilización de cualquiera
     de las otras vías de acceso deberá hacerse excepcionalmente y de manera
     debidamente fundada y motivada.

6.   Que conforme lo establece el artículo 65 del Estatuto, el Consejo General
     aprobará un modelo especial de concurso de incorporación en modalidad de
     oposición para ocupar las vacantes en los cargos de vocales ejecutivos;
     dicho procedimiento será la única vía para la ocupación de vacantes
     generadas en estos cargos, a excepción de los casos de readscripción,
     disponibilidad y de las vacantes de urgente ocupación, y deberá tener las
     siguientes características:

        El Consejo General, a propuesta de la Junta General Ejecutiva,
         establecerá el modelo de operación, así como los modelos generales de
         los exámenes;

        La Junta General Ejecutiva expedirá una convocatoria pública para
         aspirantes internos y externos;

        La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral llevará a cabo la
         valoración de los antecedentes curriculares de los candidatos, realizará
         los exámenes para los candidatos externos e integrará un listado con los
         aspirantes que cumplan con los requisitos;

        La Junta General Ejecutiva, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del
         Servicio Profesional Electoral, entregará a los integrantes del Consejo
         General, por medio del Secretario Ejecutivo, la lista de aspirantes que
         hayan cumplido los requisitos. Los candidatos con los mejores promedios
         serán entrevistados por el Secretario Ejecutivo y por quienes el Consejo
         General designe;


                                        90
        La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral aplicará y
         calificará los exámenes de conocimientos y de habilidades en función del
         cargo a desempeñar;

        La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral dará cuenta del
         procedimiento seguido y sus resultados al Secretario Ejecutivo, para que
         éste informe a los integrantes del Consejo General;

        Con base en los resultados obtenidos, el Consejo General designará a
         los funcionarios correspondientes a cada cargo y lugar de adscripción, y

        La Junta General Ejecutiva emitirá el acuerdo de incorporación
         correspondiente y el Secretario Ejecutivo expedirá los nombramientos a
         los miembros del Servicio con el cargo y la adscripción que les
         corresponda.

7.   Que el artículo 70 del Estatuto dispone que el Secretario Ejecutivo expedirá
     los nombramientos a los miembros del Servicio con el carácter que les
     corresponda, previo acuerdo que al efecto apruebe la Junta. Los ganadores
     de cada concurso público de incorporación y las personas a que se refiere el
     segundo párrafo del artículo 42 del Estatuto recibirán un nombramiento
     provisional en el puesto o cargo respectivo, que será vigente hasta la
     emisión del acuerdo de la Junta que les otorgue la titularidad, en los términos
     del propio Estatuto.

8.   Que el artículo 75 del Estatuto norma que el nombramiento será
     acompañado de un oficio de adscripción firmado por el Secretario Ejecutivo,
     correspondiente al cargo o puesto a desempeñar y al nivel jerárquico que
     corresponda dentro de la estructura orgánica del Instituto.

9.   Que con fecha 28 de noviembre de 2007 el Consejo General aprobó el
     Acuerdo CG269/2007 por el que se aprueba, a propuesta de la Junta, el
     Modelo de Operación y Modelo General de los exámenes del concurso de
     incorporación para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral en el
     cargo de Vocal Ejecutivo en Juntas Ejecutivas Locales y de Vocal Ejecutivo
     en Juntas Ejecutivas Distritales del Instituto Federal Electoral; mediante el
     cual se fijaron los procedimientos para la selección de aspirantes,
     designación de ganadores y nombramientos de vocales ejecutivos por la vía
     del concurso de incorporación; los lineamientos generales para el diseño de


                                        91
      los exámenes; las diversas fases del concurso; así como los mecanismos de
      participación, vigilancia y transparencia del proceso.

10.   Que en fecha 7 de diciembre de 2007, en sesión ordinaria, la Junta por
      Acuerdo JGE372/2007 aprobó la emisión de la Convocatoria para ocupar
      plazas del Servicio Profesional Electoral en los cargos de Vocal Ejecutivo en
      Juntas Locales Ejecutivas y de Vocal Ejecutivo en Juntas Distritales
      Ejecutivas del Instituto Federal Electoral.

11.   Que con fecha 4 de diciembre de 2007, el Partido de la Revolución
      Democrática impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
      Federación, el Acuerdo CG269/2007, quedando registrado bajo el número de
      expediente SUP-RAP-116/2007.

12.   Que en este sentido con fecha 23 de enero de 2008, el Tribunal Electoral del
      Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación interpuesto
      y medularmente concluyó en la sentencia que ”…el Consejo General de
      Instituto Federal Electoral deberá emitir un nuevo Acuerdo en el que precise,
      de manera motivada, en el punto 5.3.4 del modelo de examen impugnado,
      las medidas que permitirán definir con certeza y objetividad el punto de corte,
      el nivel mínimo de competencia así como la forma en que se aplicará el
      criterio relativo”.

13.   Que la sentencia de mérito en su apartado de resolutivos, el Tribunal
      Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó lo siguiente: “ÚNICO.
      En lo que fue materia de impugnación, se revoca el acuerdo del veintiocho
      de noviembre de dos mil siete, por el cual el Consejo General del Instituto
      Federal Electoral aprobó a propuesta de la Junta General Ejecutiva, el
      Modelo de Operación y Modelo General de los exámenes del concurso de
      incorporación para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral en el
      cargo de Vocal Ejecutivo en Juntas Ejecutivas Locales y de Vocal Ejecutivo
      en Juntas Ejecutivas Distritales del Instituto Federal Electoral”.

14.   Que en atención a lo anterior, en fecha 12 de marzo del 2008, el Consejo
      General aprobó por Acuerdo CG41/2008 modificar el punto 5.3.4 del Modelo
      de Operación y Modelo General de los exámenes del concurso de
      incorporación 2008, en acatamiento a la sentencia pronunciada por el
      Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.




                                         92
15.   Que asimismo en fecha 18 de marzo de 2008, la Junta a través del Acuerdo
      JGE22/2008 modificó el Acuerdo JGE372/2007 referente a la emisión de la
      convocatoria, a efecto de precisar el numeral VI, para que existiera
      congruencia y homogeneidad durante el concurso de incorporación en
      acatamiento a lo resuelto en el recurso de apelación resuelto por el Tribunal
      Electoral del Poder Judicial de la Federación.

16.   Que conforme a diversas disposiciones establecidas en el Estatuto, el
      Modelo de Operación y Modelo General de los exámenes del concurso de
      incorporación 2008 aprobado y la Convocatoria a que se ha aludido, la
      Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral procedió a la
      realización de las acciones necesarias para celebrar las distintas fases y
      etapas, y cumplir con el procedimiento previsto para el concurso, de lo que
      oportunamente se informó a los integrantes del Consejo General y de la
      Junta en los términos aplicables.

17.   Que en sesión extraordinaria convocada el 15 de mayo de 2009, el Consejo
      General autorizó designar en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital
      Ejecutiva a quien resultó ganador del concurso de incorporación, en
      modalidad de oposición, al aspirante que obtuvo el siguiente mejor resultado
      de los ganadores para ocupar diversas plazas en ese cargo.

18.   Que en el punto de acuerdo primero del documento referido en el
      considerando que antecede se estableció lo siguiente:

         PRIMERO. Se designa como ganador del concurso de incorporación para ocupar
         una plaza en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
         Federal Electoral al siguiente aspirante, para el lugar de adscripción que se
         señala a continuación:



                     Nombre                   Entidad       Distrito        Cabecera
          Francisco Chicatti Como             Tabasco          03          Comalcalco



19.   Que en el punto tercero del Acuerdo citado en los dos considerandos
      inmediatos anteriores, se instruyó a la Junta a emitir el acuerdo de
      incorporación y al Secretario Ejecutivo a expedir el nombramiento y oficio de
      adscripción que correspondan en los términos de las disposiciones legales
      aplicables.


                                              93
De conformidad con los considerandos vertidos y con fundamento en los artículos
41, párrafo segundo, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 122 numeral 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 35, fracción I; 36, 65, 70 y 75 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; el Modelo de
Operación y Modelo General de los exámenes del concurso de incorporación para
ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral en el cargo de Vocal Ejecutivo en
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como en cumplimiento a los Acuerdos
del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG269/2007, CG41/2008 y el
diverso aprobado en sesión extraordinaria convocada el 15 de mayo de 2009;
asimismo, en observancia de los Acuerdos emitidos por esta Junta General
Ejecutiva JGE372/2007 y JGE22/2008; se emite el siguiente:


                                   Acuerdo


PRIMERO. Se autoriza al siguiente miembro del Servicio Profesional Electoral a
incorporarse a la plaza vacante de Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva
de la adscripción que se señala a continuación, en virtud de haber resultado
ganador del concurso de incorporación, en modalidad de oposición:


            Nombre              Entidad        Distrito        Cabecera
   Francisco Chicatti Como      Tabasco          03            Comalcalco



SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva expedirá el nombramiento al miembro del
Servicio Profesional Electoral referido en el punto primero del presente Acuerdo en
el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva y el rango que le
corresponda, así como el respectivo oficio de adscripción, los cuales surtirán
efectos a partir del 1 de junio de 2009.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice
los trámites administrativos que se deriven del cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTO. El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta del Instituto
Federal Electoral.



                                          94
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva,
Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado es el relativo al
Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el juicio laboral número SX-JLI-1/2009, y por el
que se aprueba la propuesta de resolución recaída al escrito de inconformidad
presentado por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario de la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Campeche, respecto de los resultados que obtuvo
en la Evaluación Anual del Desempeño del ejercicio 2007.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. Y le solicito al señor
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, haga la presentación
del mismo.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Doctor José
Rafael Martínez Puón: También de manera muy breve. Se presenta el día de hoy
para su aprobación el Proyecto de Acuerdo recaído al escrito de inconformidad
del ciudadano Luis Arturo Carrillo Velasco, en el que se determina refondear,
llámese dejar sin efecto, las calificaciones que otorgó en su momento Abraham
Güemes, en virtud de su renuncia, teniendo los siguientes antecedentes: 7 de
enero del año en curso la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral,
notificó al ciudadano Luis Arturo Carrillo Velasco, la improcedencia de su escrito
de inconformidad por no reunir los requisitos que establece el procedimiento en
materia de inconformidades.




                                        95
Al no estar de acuerdo con esta determinación el servidor de carrera promovió
juicio laboral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien
resolvió revocar el oficio de notificación y ordenó al Instituto entrar al análisis de
fondo del escrito de inconformidad.
Dicho lo anterior, el Proyecto de Acuerdo queda a consideración de todos
ustedes. Es cuanto, señor Secretario.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva,
Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. ¿Algún comentario,
alguna pregunta respecto al Proyecto de Acuerdo que está a nuestra
consideración?
Si no hay, procederé entonces a tomar la votación correspondiente. Se consulta
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Electoral Federal, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio laboral número
SXJLI-1/2009, por el que se aprueba la propuesta de resolución recaída al
escrito de inconformidad presentado por el ciudadano Luis Arturo Carrillo
Velasco, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del estado de Campeche,
respecto de los resultados que obtuvo en la Evaluación Anual del Desempeño
del ejercicio 2007.
Quiénes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado. Muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado)




                                         96
JGE63/2009


    ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL
    ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
    EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
    FEDERACIÓN EN EL JUICIO LABORAL NÚMERO SX-JLI-1/2009, Y POR EL
    QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RECAÍDA AL
    ESCRITO DE INCONFORMIDAD PRESENTADO POR EL C. LUIS ARTURO
    CARRILLO VELASCO, VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL
    EJECUTIVA EN EL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECTO DE LOS
    RESULTADOS QUE OBTUVO EN LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO
    EJERCICIO 2007.


                                    Antecedentes


    I. La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo
       JGE76/2007 de fecha 26 de abril de 2007, aprobó el Sistema de Evaluación
       Anual del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
       correspondiente al ejercicio 2007.

    II. En vista de que a la fecha de aprobación del Sistema de Evaluación Anual del
        Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente
        al ejercicio 2007 se encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional
        Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral de 1999, la resolución se
        elaboró de conformidad con el Estatuto vigente en ese momento.


                                   Considerando


    1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base V, párrafo
       primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y
       106 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
       Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo,
       de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento y


                                              97
     profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
     depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función
     estatal de organizar las elecciones federales para renovar a los integrantes de
     los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, dicha función estatal se rige
     por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
     objetividad.

2. Que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
   Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del
   Instituto Federal Electoral rigen las relaciones de trabajo de los servidores del
   Instituto.

3. Que de acuerdo con el artículo 121, numeral 1, la Junta General Ejecutiva del
   Instituto será presidida por el presidente del Consejo General y se integrará
   con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal
   de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral,
   del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica
   y de Administración.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, numeral 1, incisos b) y
   e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta
   General Ejecutiva fijará los procedimientos administrativos, conforme a las
   políticas y programas generales del Instituto y evaluará el desempeño del
   Servicio Profesional Electoral.

5. Que el artículo 203, numerales 1 y 5 del Código Federal de Instituciones y
   Procedimientos Electorales, establece que para asegurar el desempeño
   profesional de las actividades del Instituto, la Dirección Ejecutiva del Servicio
   Profesional Electoral organizará y desarrollará el Servicio, tomando en cuenta
   las bases normativas contenidas en el Estatuto.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, numeral 6 del Código
   Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la permanencia de los
   miembros del Servicio en el Instituto estará sujeta, entre otras condiciones, al
   resultado de la evaluación anual que se realice en términos de lo que
   establezca el Estatuto.

7.    Que en el artículo 4, fracción I, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
     del Personal del Instituto Federal Electoral establece que la Dirección Ejecutiva
     del Servicio Profesional Electoral para organizar y desarrollar el Servicio y

                                           98
   asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto deberá,
   entre otras actividades, evaluar al personal de carrera.

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV, del Estatuto
   del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral
   corresponde a la Junta General Ejecutiva evaluar el desempeño del Servicio
   considerando los informes que le presente la Dirección Ejecutiva del Servicio
   Profesional Electoral.

9. Que de acuerdo con el artículo 18, fracción V del Estatuto del Servicio
   Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, corresponde
   a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, entre otras
   actividades, llevar a cabo la evaluación del desempeño de los miembros del
   Servicio.

10. Que de conformidad con el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional
    Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en su parte conducente,
    señala que la evaluación del desempeño se aplicará anualmente a los
    miembros del Servicio.

11. Que en artículo 105 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del
    Personal del Instituto Federal Electoral dispone que la evaluación del
    desempeño es aquella que se realiza al término de cada ejercicio, tomando en
    cuenta las políticas y programas anuales del Instituto y considerando factores
    de eficacia, eficiencia, principios de actuación, desarrollo laboral, resultados
    globales y demás factores que, en su caso, determine la Junta General
    Ejecutiva con relación al desempeño de los miembros del Servicio.

12. Que el 26 de abril de 2007, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo
    JGE76/2007, por medio del cual aprobó el Sistema de Evaluación Anual del
    Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 2007, en el cual
    se establecieron los mecanismos, procedimientos, factores y porcentajes para
    evaluar el desempeño de los miembros del Servicio durante el periodo
    comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.

13. Que el artículo 109 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del
    Personal del Instituto Federal Electoral, faculta a la Dirección Ejecutiva del
    Servicio Profesional Electoral para recabar las cédulas que se hayan aplicado y
    determinar, a partir de las evaluaciones contenidas en ellas, las calificaciones


                                         99
   correspondientes a cada factor de evaluación, así como la calificación final de
   cada funcionario de carrera.

14. Que en observancia de lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio
    Profesional Electoral coordinó la aplicación de las cédulas de evaluación;
    procesó y elaboró los proyectos de dictamen de resultados de los miembros
    del Servicio.

15. Que el artículo 104 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral establece
    entre otras cosas, que dentro del primer semestre de cada año, la Junta
    General Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Servicio
    Profesional Electoral, notificará a los miembros del Servicio, de manera
    personal, las calificaciones obtenidas en la evaluación del desempeño del año
    anterior.

16. Que el artículo 110 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral establece
    que la Junta General Ejecutiva aprobará, en su caso, los proyectos de
    dictamen de evaluación del desempeño que la Dirección Ejecutiva del Servicio
    Profesional Electoral le presente, sobre la base de las calificaciones que ésta
    haya calculado. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
    deberá notificar sus calificaciones a cada miembro del Servicio en un periodo
    no mayor a un mes posterior a la aprobación de los dictámenes por parte de la
    Junta General Ejecutiva.

17. Que en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 104 y 110 del Estatuto
    del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral,
    la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, mediante oficio Núm.
    DESPE/1295/08 de fecha 6 de octubre de 2008, notificó el 9 de octubre de ese
    mismo año al C. Luis Arturo Carrillo Velasco, el Dictamen de resultado de la
    evaluación anual del desempeño.

18. Que el artículo 111 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del
    Personal del Instituto Federal Electoral establece la posibilidad de que los
    miembros del Servicio se inconformen por los resultados obtenidos en la
    evaluación del desempeño de manera debidamente fundada y motivada; y
    acompañando los elementos que sustenten sus pretensiones ante la propia
    Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, dentro de los quince días
    hábiles siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación personal de
    resultados de la evaluación del desempeño.


                                         100
19. Que de conformidad con el artículo 112 del Estatuto del Servicio Profesional
    Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, las inconformidades
    presentadas por los miembros del Servicio se hacen del conocimiento de la
    Junta General Ejecutiva, quien podrá tomar en cuenta las propuestas que al
    efecto le presente la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral para
    determinar, en su caso, la reposición parcial o total del procedimiento
    correspondiente. Las resoluciones que se emitan al respecto serán definitivas.

20. Que el 14 de junio de 2005, la Junta General Ejecutiva, aprobó el Acuerdo
    JGE63/2005 por el que regula el procedimiento en materia de inconformidades
    que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral con motivo de los
    resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño.

21. Que haciendo uso del derecho previsto en el artículo 111 del Estatuto del
    Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, con
    fecha 24 de octubre de 2008, el C. Luis Arturo Carrillo Velasco presento ante la
    Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral escrito de inconformidad,
    en contra de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño.

22. Que mediante oficio DESPE/0024/09, de fecha 6 de enero de 2009, la
    Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, hizo del conocimiento del
    C. Luis Arturo Carrillo Velasco, que su escrito de inconformidad resultaba ser
    improcedente al no haber tomado como base el Sistema de Evaluación del
    Desempeño aprobado para el ejercicio 2007, aunado a que no relacionó sus
    pruebas con algún argumento que acredite las razones por las cuales
    considera que es merecedor de calificaciones superiores a las originalmente
    otorgadas.

23. Que el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, promovió juicio laboral para dirimir los
    conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores, mediante
    demanda presentada el 30 de enero de 2009, ante el Tribunal Electoral del
    Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Sala Regional de Xalapa,
    radicada bajo el número de expediente SX-JLI-1/2009.

24. Que el 21 de abril de 2009, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
    Federación, emitió sentencia, la cual en el Considerando QUINTO establece lo
    siguiente:



                                         101
      “…Como se ve, el actor, al enunciar las pruebas, las relacionó con
      los extremos a demostrar y particularizó las razones por las cuales
      considera ser merecedor de la máxima calificación en los diferentes
      rubros.

      Es cierto la mención de quejas sobre su superior jerárquico para
      desacreditarlo y los medios de prueba para demostrarlo.

      Sin embargo, eso en nada obsta para desconocer el resto de las
      manifestaciones del actor y las pruebas con las cuales pretende
      demostrarlo, esto es, la identificación particular de las calificaciones
      otorgadas en cada factor, los hechos y pruebas correspondientes y
      los motivos por los cuales consideró merecer otra calificación, lo cual
      es acorde con los requisitos de procedencia aplicables en el
      Acuerdo JGE63/2005.

      En consecuencia, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
      Electoral debió formar el expediente correspondiente y dar trámite a
      la inconformidad planteada en contra de los resultados de la
      Evaluación Anual del Desempeño 2007, al ser acorde con el artículo
      111 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del
      Instituto Federal Electoral, situación que al no advertir la responsable
      resulta lesiva de los derechos del actor, por lo cual debe revocarse
      el oficio DESPE/0024/09, de seis de enero de dos mil nueve.”

25. Que en los puntos resolutivos de la sentencia de mérito se determinó:

      “SEGUNDO. Se revoca el oficio DESPE/0024/09, de seis de enero de
      dos mil nueve, suscrito por el Director Ejecutivo del Servicio
      Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, en el cual declaró
      improcedente la inconformidad interpuesta por Luis Carrillo Velasco
      en contra de los resultados de la Evaluación Anual del Desempeño
      2007, y se ordena a la autoridad darle trámite y resolver conforme a
      sus atribuciones y al procedimiento dispuesto en el Acuerdo
      JGE63/2005, de lo cual deberá informar a esta Sala.”




                                        102
26. Que en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder
    Judicial de la Federación, resulta necesario presentar a la Junta General
    Ejecutiva el Proyecto de resolución de la inconformidad presentada por el C.
    Luis Arturo Carrillo Velasco, quien se desempeña como Vocal Secretario de la
    Junta Local en el estado de Campeche, en contra de los resultados que obtuvo
    en la evaluación anual del desempeño ejercicio 2007.

En virtud de los considerandos anteriores, y con fundamento en los artículos 41,
párrafo segundo, base V, párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 104; 106; numeral 1; 121, numeral 1; 122 numeral 1,
incisos b) y e), 203 numerales 1 y 5, 204 numeral 6 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, fracción I, 14, fracción IV; 18,
fracción V, 103, 104, 105, 109, 110, 111 y 112 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral de 1999;y en los Acuerdos
de la Junta General Ejecutiva identificados con los números JGE63/2005 y
JGE76/2007, así como en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional
de Xalapa dependiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en el Juicio número SX-JLI-1-2009, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:


                                   Acuerdo


Primero.- Se aprueba la resolución de la inconformidad presentada por el C. Luis
Arturo Carrillo Velasco, quien se desempeña como Vocal Secretario de la Junta
Local en el estado de Campeche con motivo de los resultados que obtuvo en la
evaluación anual del desempeño correspondiente al ejercicio 2007, que anexo
forma parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo.- La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral, hará del conocimiento del C. Luis Arturo Carrillo Velasco el
contenido del presente Acuerdo y el sentido de la resolución que se aprueba, para
los efectos legales a que haya lugar.

Tercero.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta del Instituto
Federal Electoral.




                                        103
                                                                           INC/VS/JLE/CAMP/E-2007


                                                             Ciudad de México, 26 de mayo de 2009


Resolución de la inconformidad presentada por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, quien se
desempeña como Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche con
motivo de los resultados que obtuvo en la evaluación anual del desempeño ejercicio 2007.


                                         Resultandos



I. Con fecha 26 de abril de 2007, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió el
Acuerdo JGE76/2007, por el que se aprobó el “Sistema de Evaluación Anual del Desempeño de los
miembros del Servicio Profesional Electoral 2007” (Mecanismos, Procedimientos, Factores y
Porcentajes) (Sistema), y con fechas 12 y 14 de abril de 2008, se llevó a cabo la aplicación de las
cédulas de evaluación correspondientes al C. Luis Arturo Carrillo Velasco, quien se desempeñó
como Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, actualmente
adscrito a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, fungiendo como evaluador jerárquico
en los factores de Principios de actuación y Competencias /Perfiles de actuación por los periodos
comprendidos del 1 de enero al 15 de agosto de 2007 y 1 de noviembre al 31 de diciembre de ese
mismo año el C. Abraham Güemez Castillo, quien se desempeñó como Vocal Ejecutivo de esa Junta
Local; como evaluadores normativos en los factores de Eficacia y Eficiencia en el logro de resultados
globales derivados de objetivos y metas programadas, el Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director
Ejecutivo de Organización Electoral, y el Dr. Rolando de Lassé Cañas, Ex-director Jurídico del
Instituto Federal Electoral, en el factor de Trabajo en Equipo los evaluadores fueron los integrantes
de la Junta General Ejecutiva del propio Instituto, y en el factor de autoevaluación el evaluador fue el
propio inconforme.



                                                 104
II. En virtud de que a la fecha de aprobación del Sistema, así como la aplicación del mismo, se
encontraba vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal
Electoral que entró en vigor el 30 de marzo de 1999, la valoración, así como la consecuente
elaboración de la presente resolución se fundamenta en el Estatuto vigente en ese momento.


III. Con fecha 14 de junio de 2005, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó
el Acuerdo JGE63/2005, denominado “Procedimiento en materia de inconformidades que formulen
los miembros del Servicio Profesional Electoral con motivo de los resultados que obtengan en sus
evaluaciones del desempeño”, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio
de ese mismo año.


IV. Con fecha 30 de septiembre de 2008, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
emitió el Acuerdo JGE86/2008 por el que se aprobaron los resultados obtenidos en la Evaluación
Anual del Desempeño y Global ejercicio 2007 de aquellos miembros del Servicio Profesional
Electoral que presentaron escritos de inconformidad en contra de los resultados que obtuvieron en la
Evaluación especial por proceso electoral federal 2005-2006 y anual 2006.


V. De conformidad con lo que establecen los artículos 104 y 110 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral (Estatuto), la Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral (Dirección Ejecutiva), mediante oficio núm. DESPE/1295/08 de
fecha 6 de octubre de 2008, notificó el 9 de octubre de 2008 al C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, el Dictamen con las calificaciones
que obtuvo en la Evaluación del Desempeño ejercicio 2007.


VI. Con fecha 24 de octubre de 2008, la Dirección Ejecutiva recibió escrito de inconformidad, suscrito
por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de


                                                 105
Campeche, por los resultados que obtuvo en la Evaluación del desempeño ejercicio 2007, cuando
ocupaba ese mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo.


VII. Del análisis al escrito de inconformidad promovido por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, se desprende que se inconforma
por los siguientes factores:


         Principios de actuación en lo referente a los indicadores de Legalidad, Certeza,
         Objetividad, Imparcialidad e Independencia, evaluados por el C. Abraham Güemez Castillo,
         Ex vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, durante los
         periodos comprendidos del 1 de enero al 15 de agosto de 2007 y del 1 de noviembre al 31
         de diciembre de ese mismo año.


         Competencias/Perfiles de actuación en lo referente a los indicadores de Capacidad de
         planeación y organización, Solución de problemas, Liderazgo, Innovación, Orientación a
         resultados, Toma de decisiones, Negociación y Comunicación efectiva evaluados por el C.
         Abraham Güemez Castillo, Ex vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de
         Quintana Roo, durante los periodos comprendidos del 1 de enero al 15 de agosto de 2007 y
         del 1 de noviembre al 31 de diciembre de ese mismo año.

VIII.    Con fecha 27 de agosto de 2008 el C. Abraham Güemez Castillo, quien ocupaba el cargo de
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, presentó su renuncia al
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral por así convenir a
sus intereses.

En virtud de lo anterior, se procede a emitir la resolución correspondiente de acuerdo con los
siguientes:



                                                106
                                        Considerandos


1.- Con fundamento en los artículos 131, numeral 1, inciso b), 204, numeral 6 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); 111, 112 y 113 del Estatuto, así como en los
Acuerdos de la Junta General Ejecutiva JGE76/2007 y JGE63/2005, referidos en los resultandos, se
desprende que esta Dirección Ejecutiva es competente para conocer de la inconformidad, así como
para realizar el análisis de la misma y presentar ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral la propuesta de resolución.


2.-   De conformidad con lo establecido por el artículo 111 del Estatuto, así como en los puntos
Tercero y Cuarto del Acuerdo JGE63/2005, se recibió con fecha 24 de octubre de 2008, el escrito de
inconformidad interpuesto por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, quien se desempeñó como Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, actualmente adscrito a la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Campeche, dentro del término legal establecido para tal efecto, de
cuyo análisis se desprende que se inconforma específicamente por los factores e indicadores
señalados en el resultando VII:


El servidor de carrera inconforme obtuvo 7.512, como calificación final en su evaluación anual del
desempeño correspondiente al ejercicio 2007.


3. En este considerando se clarifican los criterios jurídicos que han de regir esta resolución. Si las
calificaciones objetadas resultan ser desfavorables a los intereses del inconforme, entendiéndose
por éstas las que son 1 (insuficiente) ó 2 (regular), corresponderá a su evaluador acreditar su
procedencia con base en elementos contundentes, resultando aplicable el Punto Undécimo,
segundo párrafo, del Acuerdo JGE63/2005, el cual dispone:


                                                 107
          “(…)
          Por el impacto de las calificaciones de insuficiente y regular éstas deberán
          acreditarse por parte del evaluador, con elementos contundentes que creen
          convicción respecto de la emisión de las calificaciones.”


Por el contrario si el miembro del Servicio presenta su escrito de inconformidad respecto de
calificaciones que han resultado favorables a sus intereses, entendiéndose por estas las de 3 (buen
desempeño) y 4 (muy buen desempeño), le corresponde la obligación de acreditar el merecimiento
de calificaciones superiores. Lo anterior en virtud de que las calificaciones de la evaluación anual del
desempeño gozan de la presunción de haber sido otorgadas correctamente por parte de sus
evaluadores, lo que le impone al inconforme la carga de la prueba para revertir dicha presunción.
Tiene sustento esta afirmación en el Punto Tercero del referido Acuerdo, el cual dispone:


          “Los miembros del Servicio Profesional Electoral, una vez que la Dirección
          Ejecutiva, les notifique los dictámenes de resultados de la evaluación del
          desempeño anual o especial, podrán presentar ante ésta, de conformidad con
          el artículo 111 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal
          del Instituto Federal Electoral, su inconformidad por escrito, en la que funden
          y motiven, el merecimiento de una calificación distinta a la otorgada,
          acompañada de los elementos de prueba que sustenten tales pretensiones,
          dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en la que surta
          efectos la notificación personal de resultados.”


Atento a estas premisas, se debe apreciar que el evaluado efectivamente haya expresado
argumentos o razonamientos que se encuentren debidamente relacionados con las pruebas que
ofrezca. Ante la ausencia de argumentos o de pruebas del evaluado, esta Dirección Ejecutiva carece


                                                 108
de facultades para suplir su deficiencia u omisión, resultando a este efecto aplicable el inciso d) del
Punto Cuarto del referido Acuerdo, el cual prevé:


          “Por cada factor que se inconforme el miembro del Servicio deberá
          especificar el indicador y la calificación por la que se inconforma,
          relacionando su argumento con la prueba correspondiente, expresando con
          toda claridad el hecho o hechos que trata de demostrar, tomando como base
          el Sistema de Evaluación del Desempeño aprobado por la Junta General
          Ejecutiva para el ejercicio que corresponda (…).” Los miembros del Servicio
          Profesional Electoral, una vez que la Dirección Ejecutiva, les notifique los
          dictámenes de resultados de la evaluación del desempeño anual o especial,
          podrán presentar ante ésta, de conformidad con el artículo 111 del Estatuto
          del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal
          Electoral, su inconformidad por escrito, en la que funden y motiven, el
          merecimiento de una calificación distinta a la otorgada, acompañada de los
          elementos de prueba que sustenten tales pretensiones, dentro del término de
          quince días hábiles siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación
          personal de resultados.”


Asimismo, también debe apreciarse que el evaluador, en caso de responder oportunamente, haya
expresado argumentos o razonamientos que se encuentren debidamente relacionados con las
pruebas que ofrezcan. Ante la ausencia de argumentos o de pruebas de los evaluadores, la
Dirección Ejecutiva carece de facultades para suplir su deficiencia u omisión, resultando aplicable el
Punto Undécimo, primer párrafo, del referido Acuerdo, el cual dispone:


          “El evaluador tomando como base el Sistema de evaluación aprobado por la
          Junta General Ejecutiva, deberá presentar argumentos que creen convicción


                                                 109
          de que el miembro del Servicio se situó dentro de ese parámetro, aportando
          elementos de prueba.”


Es importante destacar que de acuerdo con el Sistema, la evaluación del desempeño califica
diversos factores los cuales, a su vez, se subdividen en diversos indicadores, por citar un ejemplo el
factor de principios de actuación tiene los siguientes indicadores: Legalidad, Certeza,
Objetividad, Imparcialidad, Independencia y cada uno de estos indicadores, a su vez, tiene
graduaciones de acuerdo con el desempeño mostrado por el miembro del Servicio, a saber:
Desempeño inaceptable, Desempeño regular, Buen desempeño, Muy buen desempeño y
Desempeño sobresaliente. En el propio Sistema se describe el desempeño mostrado por el miembro
del Servicio, según su evaluador, para ubicarlo en alguno de los anteriores parámetros y así
tenemos que si el miembro del Servicio se situó en un desempeño inaceptable significa que “cometió
errores al aplicar las disposiciones jurídico electorales y técnico administrativas establecidas en la
Constitución, COFIPE, y demás leyes, generando problemas”. El análisis que realiza la Dirección
Ejecutiva es con base en los razonamientos, argumentos y pruebas que aporten tanto el inconforme
como el evaluador siempre que guarden relación con lo establecido en el Sistema y en el factor e
indicador por el que se inconforma el miembro del Servicio. Los argumentos del evaluador que se
expresan en forma aislada o que no guardan relación con el indicador bajo estudio, no acreditan el
otorgamiento de la calificación. Por otra parte si el inconforme considera ser merecedor de una
calificación superior y se trata de indicadores que obligan al miembro del Servicio a realizar una
actividad extra o un plus en su desempeño, tiene que argumentar con base en el Sistema y en el
indicar por la cual se inconforma, el merecimiento de una calificación superior, así como aportar las
pruebas de su dicho; de igual forma los argumentos aislados o que no tengan relación con el
indicador no acreditan el merecimiento de una calificación superior. Lo anterior de conformidad con
el Acuerdo JGE63/2005.




                                                110
   4. A continuación se transcribe el escrito de inconformidad del C. Luis Arturo Carrillo Velasco, el cual
   se analizará de manera conjunta.


   Su inconformidad versa concretamente sobre los resultados que obtuvo en los rubros e indicadores
   siguientes:


                                         Principios de Actuación

                       Legalidad         Certeza          Objetividad    Imparcialidad Independencia
   1 Enero al 15
   de      agosto          3                 2                2                 2                 2
   2007
   1 Noviembre al
   31         de
                           2                 2                1                 2                 1
   diciembre
   2007




                                   Competencias Perfiles de Actuación

         Capacidad
                      Solución                      Orientación
             de                                                  Toma de               Comunicación
                         de    Liderazgo Innovación      a                 Negociación
        Planeación y                                            Decisiones               Efectiva
                     problemas                      resultados
        Organización
1 ene
al 15
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dic.
2007




                                                    111
El inconforme de manera general manifiesta para todos los indicadores de ambos factores lo que a
la letra se indica:


          “… Esta última cédula (Competencias/perfiles de actuación) de la columna 7 se
          salta a la columna 9, suprimiendo la columna que tendría el número 8 en la
          cédula que proporciona la DESPE.
          … III.– Las mismas calificaciones que hoy se controvierten fueron emitidas por
          el C. Abraham Güemes Castillo, y al respecto es prioridad establecer como
          primer punto la nula credibilidad del evaluador, ya que, este funcionario engañó
          al Instituto y a la ciudadanía al ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo, con
          documentos apócrifos tal como se demuestra con los números de oficio 220(
          C–2140) 0759/08 signado por el Ing. Manuel Jesús Araos Méndez, Director del
          Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 214 y del
          oficio TEC–220 ( CE–23quiar)394/2008 signado por el Lic. Miguel A. Pech
          Estrella Subdirector de Enlace Operativo de la Subsecretaria Media superior de
          la Dirección General Tecnológica Industrial en Quintana Roo, en los cuales se
          manifiesta que el certificado de bachillerato que presentó el C. Abraham
          Güemes Castillo no corresponde a él, es decir, el C. Abraham Güemes Castillo
          usurpó el puesto de Vocal Ejecutivo con documentos apócrifos durante más de
          17 años con lo cual contravino todas las disposiciones normativas que se
          requieren para ser Vocal Ejecutivo, con ello reitero y se prueba la nula calidad
          ética y la falta a los principios rectores que rigen al Instituto Federal Electoral
          empezando por la Legalidad, Certeza, Objetividad que en todo tiempo deben
          de regir los mecanismos de Evaluación. El C. Abraham Güemes Castillo, es
          pues, un profesional de la mentira al grado de delinquir, ya que, trasgredió lo
          dispuesto en el Artículo 243 del mismo Código, de manera ininterrumpida por
          más de 17 años, es decir en el 2007, año que hoy se controvierte la


                                                  112
calificación, el C. Abraham Güemes Castillo, era pues un delincuente, con lo
cual se prueba la nula calidad moral de dicho evaluador.


IV.– De igual manera y continuando con su conducta ilícita, el C. Abraham
Güemes Castillo, asumió la responsabilidad de la vocalía de organización
electoral de la junta local en quintana roo de noviembre de 2007 a agosto del
año 2008, y permitió que el C. Atilano Sánchez Cruz, quien labora como
Técnico I adscrito a la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Quintana Roo trabajara simultáneamente como
Coordinador del Sistema de Información de la Jornada electoral en el Instituto
Electoral de Quintana Roo (IEQROO) de noviembre de 1007 al 10 de febrero
de 2008 aproximadamente; hecho por demás ilegal y que lesiona la moral del
resto de los compañeros y de las instituciones electorales involucradas. Esto
prueba la falta a los Principios de Rectores que rigen la Institución, la falta de
profesionalismo y de respeto a todos los trabajadores del Instituto y la falta de
probidad del evaluador.


Esta situación en su momento yo se la reproché al Vocal Ejecutivo el día 3 de
diciembre de 2007 aproximadamente a las 11:00 a.m., a lo que replicó: “tú no
eres mi superior jerárquico ni el trabajador está a tu cargo y que esas cosas se
prueban, si puedes”.


Ese reclamo exacerbó su animadversión a mi persona; y por lo mismo hoy
confirmo que utilizó la evaluación como un instrumento de venganza por
oponerme a sus ilegalidades.




                                       113
Con relación a los hechos narrados con los números III y IV para una
economía procesal aporto como prueba la denuncia que presenté a la
Contraloría General del Instituto Federal Electoral constante de 5 fojas útiles;
en donde se detallan los razonamientos y se pueden comprobar con
documentales públicas cada uno de los hechos que narro con las pruebas que
acompañan dicha denuncia.


V.– A partir de este hecho le aportaré a la autoridad elementos de prueba que
acreditan que mi actuar es de manera institucional acorde para alcanzar las
máximas calificaciones en los factores con controvierto.


En sesión del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la
Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo efectuada el día 29 de marzo de 2007,
advertí la problemática que se estaba generando en la Junta Distrital Ejecutiva
03 con sede en el municipio de Benito Juárez, lo que se puede ver a foja 13 de
dicha acta en mi intervención con carácter de Secretario Ejecutivo del
Subcomité.


El día 27 de abril del 2007 en sesión del Subcomité de Arrendamientos y
Servicios de la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo dando el seguimiento de
la problemática anterior en intervención que como Secretario Ejecutivo efectué
visible a foja 10, propuse que para solucionar la problemática de los alimentos
del personal de la vocalía del Registro Federal de Electores que efectuaba
jornadas extraordinarias argumenté que la solución podría ser solicitar a la
Dirección Ejecutiva de Administración y al Vocal Ejecutivo de esta Junta Local
Ejecutiva recursos para atender dichos requerimientos. Esta propuesta fue
soslayada y desechada por parte del Vocal Ejecutivo C. Abraham Güemes


                                       114
Castillo. Sin embargo, un año después en el Acuerdo del Consejo General
CG14/2008, relativa a la relación del Ajuste al presupuesto del Instituto Federal
Electoral para el ejercicio Fiscal del año 2008 y por el que se establecen las
obligaciones y las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
presupuestaria que se derivan de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidades Hacendarias y el Decreto de Egresos de la Federación
para el ejercicio Fiscal 2008. En su punto cuarto numeral 11 refiere casi de
manera textual la solución que a la problemática sobre alimentos para el
personal que efectúa actividades extraordinarias, yo había propuesto para
evitar conflictos laborales un año antes.


Este hecho lo relaciono con todos y cada uno de los índices del factor
Principios de Actuación: Legalidad, Certeza, Objetividad, Imparcialidad e
Independencia, para obtener la máxima calificación de 5; de igual modo lo
relaciono con los índices del factor competencias/perfiles de actuación:
Capacidad de Planeación, Solución de Problemas, Liderazgo, Innovación,
Orientación de Resultados, Toma de Decisiones, Negociación y Comunicación
Efectiva, para obtener la máxima calificación de 5.


VI.– Como resultado del hecho anterior y por no haber considerado mi
propuesta de solución al problema sobre alimentos al personal de la vocalía
del registro de la Junta Distrital Ejecutiva 03, el problema derivó en que se le
instaurará un Procedimiento Administrativo al C. Demetrio Cabrera Hernández
Vocal Ejecutivo de la Junta en comento en el expediente PA/JL/07 en donde el
punto medular por el que se le sancionó fue lo que se señala en el auto de
radicación con el hecho número I que refiere: “Negativa de proporcionar apoyo
alimenticio solicitado por el Dr. Alejandro Montané Castañeda Vocal del


                                        115
Registro Federal de Electores, para personal de dicha vocalía que labora horas
extras los sábados.”


Con este hecho quiero demostrar que quien nunca buscó solucionar conflictos
ni asumió liderazgo, ni toma de decisiones adecuadas y tampoco efectuó una
comunicación efectiva o de negociación que orientaran a resultados favorables
fue el evaluador C. Abraham Güemes Castillo al no atender mis propuestas de
solución. Con ello se prueba la falta de profesionalismo y de responsabilidad
del evaluador, puesto que su odio y animadversión hacia mí, los anteponía al
interés institucional. He de señalar que el procedimiento administrativo se le
entregó al Vocal Ejecutivo C. Abraham Güemes Castillo, en el mes de junio de
año 2007, mismo que no fue capaz de instrumentar por lo cual el
procedimiento se inició hasta octubre, ofrezco como prueba la cédula de
notificación y el auto de radicación que instruyó el Lic. Luis Guillermo de San
Denis Alvarado Díaz Vocal Ejecutivo en ese entonces.


VII.– En relación con el hecho anterior y toda vez que se había instruido el
Procedimiento Administrativo el 12 de octubre y, prácticamente los plazos para
su desahogo empezaban a correr y para no incurrir en ninguna ilegalidad,
puesto que, no contábamos con Autoridad Instructora, es decir, Vocal Ejecutivo
en virtud de la readscripción del Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado
Díaz Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Quintana Roo a Campeche el día 12
de octubre de 2008, no contábamos formalmente con una autoridad facultada
para continuar con cualquier diligencia que se derivara del Procedimiento en
comento, por ello le remití un correo electrónico el 17 de octubre al Director
Ejecutivo de Organización Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, para que por su
conducto se pudiese llenar ese vacío jurídico que dejaba la vacante de Vocal


                                      116
Ejecutivo Local en el Estado de Quintana Roo, el Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas, me llamó por teléfono y me dijo que tomaba nota y lo turnaría al Servicio
Profesional Electoral para resolver lo conducente.


Con este hecho pruebo que siempre he estado atento a observar los principios
institucionales y desde luego, atento para cumplir con los índices del factor
competencias/perfiles de actuación para obtener la máxima calificación de 5,
en ambos factores que hoy se controvierten. Se ofrece como prueba la
impresión del correo electrónico que le dirigí al Director referido.


VIII.– El 27 de noviembre de 2006, remití a los Directores de Organización
Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del Jurídico Dr. Rolando de Lasse Cañas
propuestas para que se instrumentaran en el año 2007 relativas a mejorar
nuestros conocimientos en materia jurídico electoral a todos los miembros del
Servicio   Profesional     Electoral    de     los   Órganos     Desconcentrados;
concretamente en materia de nulidades y de propaganda electoral. Dicha
propuesta fue aceptada e instrumentada por el Director del Jurídico.


El Director Ejecutivo de Organización, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas en la
reunión Estatal de Trabajo de Seguimiento al Taller Nacional de Organización
Electoral efectuada el 8 de junio en la Cd. de Cancún, Quintana Roo, Municipio
de Benito Juárez, me hizo un reconocimiento público felicitándome por mi
iniciativa y aportación y me invitó para que próximamente asistiera a la Cd. de
México para que participara en el diseño de un curso de actualización en
Materia Jurídica Electoral. De igual modo extendió la invitación al Vocal
Secretario de la Junta Distrital 01 Lic. Jorge Aldana Ponce. Dicha reunión se
efectuó el 6 de agosto de 2007 en la Cd. de México pero de última hora ya no


                                         117
fui invitado, hoy se sabe, que quien me obstruyó en esa actividad fue el C.
Abraham Güemes Castillo.


Con las propuestas que envié por correo electrónico que hoy ofrezco como
pruebas aunado a la felicitación pública que me hizo el Director Ejecutivo se
confirman que he estado a la altura de los índices de los factores Principios de
Actuación y Competencias/Perfiles de actuación para obtener la máxima
calificación de 5.


IX.– El 10 de diciembre de 2007, le remití por correo electrónico al Profesor
Miguel Ángel Solís Rivas, un comentario jurídico relativo al vacío legal que se
generaba puesto que al derogarse el COFIPE los reglamentos emitidos con
base en dicho código, en mi opinión, también se derogaban. Por ello le sugerí,
en dicho correo electrónico, un acuerdo provisional que dejara vigente los
anteriores reglamentos siempre y cuando no contravinieran las nuevas
disposiciones legales ante la eminente aprobación del nuevo código comicial.
Con esto pruebo que siempre he estado atento a los cambios legales y
tratando de cumplir con los principios rectores de la institución. La misma
situación volví a referírsela al Director Ejecutivo de Organización en enero del
2008.


Ambos escritos los relaciono con cada uno de los indicadores del factor
Principios de Actuación para obtener la máxima calificación de 5 de igual modo
con el Factor Competencias / Perfiles de Actuación en cada uno de sus
indicadores para obtener la máxima calificación de 5.




                                      118
X.– En este punto ofrezco como prueba la resolución recaída al expediente
SUP–JLI–30/2008, en el cual se Revoca en justicia la sanción recaída al
procedimiento administrativo que con mentiras e injurias, me instauró el
evaluador C. Abraham Güemes Castillo y al mismo tiempo dicha resolución
desecha todas las mentiras y argumentos que pudiese tener la Dirección o el
Evaluador en mi contra.


XI.– El día 24 de octubre de 2007, el Vocal del Registro de la Junta Local Lic.
Guillermo Manuel Aranda Romero, me remitió el expediente consistente en la
demanda del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales
del Ciudadano para que yo le diera trámite. Al día siguiente 25 de octubre por
escrito y verbalmente les indiqué cual era la vía que debía seguirse acorde a la
Ley General De Sistemas de Medios de impugnación en Materia Electoral, lo
mismo le informé al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta
Distrital 03 con sede en Cancún.
Este hecho lo relaciono con los Factores Principios de Actuación y
Competencia/Perfiles de Actuación para obtener la máxima calificación 5 en
cada uno de sus indicadores, toda vez que se puede apreciar que siempre
estuve atento y dispuesto a apoyar a los compañeros para evitar que se
lesionaran derechos de terceros y evitarles a los compañeros una posible
sanción administrativa por omisión. Con ello se prueba que busqué
comunicación efectiva, resolví problemas en los momentos es que se me
presentaron y desde luego compartí mis conocimientos en materia legal.




                                      119
                                 A L E GA T O S

Como ha quedado demostrado el evaluador C. Abraham Güemes Castillo se
ha conducido en todo tiempo y por más de 17 años, con falta a los Principios
Rectores de este Institución. He acreditado la falta de ética y calidad moral del
evaluador, situación que en todo momento percibí en sus acciones en la
manera de conducir la Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo, constantemente
caía en arbitrariedades e irregularidades, a los cuales yo siempre me opuse y
por lo mismo siempre me mostró animadversión y odio. Por ello no dudó en
utilizar la evaluación como un instrumento de venganza para perjudicarme en
mi desarrollo laboral. Esto deberá tenerlo usted Sr. Director muy presente
porque nos enfrentamos ante un profesional de la mentira quien no dudó en
prefabricar con injurias y calumnias pruebas para descalificarme ante las
autoridades centrales de la institución. No hay, pues, elementos contundentes
o argumentos que pudiesen sostener las ignominiosas calificaciones que el
Vocal Ejecutivo me puso. Ni existe en él la calidad moral ni ética que todo
servidor público debe tener desde el más bajo rango hasta el más alto nivel.


En contrapartida he probado, no obstante el clima adverso y de hostigamiento
laboral sabido por usted en el que efectué mis actividades del 2007, que he
estado a la altura para obtener las máximas calificaciones de 5, en todo y cada
uno de los indicadores de los Factores Principios de Actuación y Competencia
y Perfiles de Actuación, como usted habrá visto he sido propositivo y siempre
he actuado apegado a los principios rectores de la institución. De igual modo
mis acciones en todo momento fueron para evitar posibles conflictos internos y
hasta para evitar lesiones a derechos de terceros. En todo tiempo estuve
atento y en comunicación con las autoridades centrales para que


                                       120
conjuntamente observáramos los mecanismos de legalidad, en el quehacer de
la Junta Local en Quintana Roo. De igual modo algunas propuestas que hice
en el 2007, fueron recogidas de manera coincidentes por el Consejo General
en su acuerdo sobre austeridad y racionalidad en el 2008, es decir, me había
anticipado con mucho tiempo a soluciones y conflictos laborales, que se
estaban presentando en Quintana Roo.


Por último atento al acuerdo JGE63/2005, en su punto undécimo usted Sr.
Director debe desestimar cualquier argumento u elemento que el evaluador C.
Abraham Güemes Castillo haya vertido en mi contra, puesto que no olvidé la
falta de ética y de escrúpulos conque se condujo durante 17 años engañando a
la institución lo cual lo hace un experto en la mentira y la intriga, hoy sabemos
que dichas cualidades del evaluador lo tipifican como un delincuente.


                                  PRUEBAS

1.- Documental Pública consistente en el oficio número DESPE/1295/08,
signado por el Maestro Ignacio Ruelas, donde me notifica entre otras la
Evaluación del Desempeño 2007. (Relacionada con el hecho 1).


2.- Cédula. Documental Pública consistente en el Dictamen de Resultados de
la Evaluación Anual del Desempeño 2007 del Factor Principios de Actuación.
(Relacionada con el hecho número II).


3.- Documental Pública consistente en el Dictamen de Resultados de la
Evaluación Anual del Desempeño 2007 en el Factor Competencias/Perfiles de
Actuación. (Relacionada con el hecho número II).


                                        121
4.- Documental Pública consistente en Denuncia presentada al C.P. Gregorio
Guerrero Pozas Contralor General del Instituto Federal Electoral, con las
siguientes pruebas: (Relacionadas con los hechos III).


a)     Documental Pública consistente en el oficio JLE/CA/0515/2008.
b)     Documental Pública consistente en el Registro de asistencia del C.
Sánchez Cruz Atilano del mes de noviembre de 2007.
c)     Documental Privada consistente en el escrito dirigido al C. Abraham
Güemes Castillo, signado por el C. Atilano Sánchez Cruz.
d)     Documental Pública consistente en las incidencias del mes de
noviembre de 2007.
e)     Documental Pública consistente del Registro de asistencias del mes de
diciembre de 2007 del C. Atilano Sánchez Cruz.
f)     Documental Pública consistente del Registro de Incidencias de la lista de
asistencias del mes de diciembre de 2007 del C. Atilano Sánchez Cruz.
g)     Documental Pública consistente en oficio JLE/VE/1277/07, signado por
el C. Abraham Güemes Castillo, en donde se comisiona al C. Atilano Sánchez
Cruz a una visita de supervisión.
h)     Documental Pública consistente del Registro de asistencia del C. Atilano
Sánchez Cruz del mes de enero de 2008.
i)     Documental Pública consistente del Registro de Incidencias de la Lista
de Asistencia del C. Atilano Sánchez Cruz, signado por el C. Abraham Güemes
Castillo.
j)     Dos Documentales Privadas consistentes en fotocopia de recetas
médicas signadas por el Dr. Lorenzo A. Reyes Dorantes, Infectólogo Pediatra




                                       122
de fecha 21 de enero de 2008, en la cual refiere que el C. Atilano Sánchez está
enfermo.
k)         Dos Fojas Documental consistente Pública número de oficio
JDE01/VE/0089/08, signado por servidores públicos de la Junta Distrital 01 en
el cual se consigna que el 22 de enero el C. Atilano Sánchez Cruz, se presentó
en las oficinas de la Junta Distrital de Playa del Carmen en visita de cortesía y
les comentó a dichos servidores públicos que estaba dando un curso sobre el
sistema de la Jornada Electoral en el Instituto Electoral de Quintana Roo.
l)         Documental Pública consistente en el oficio JDE01/VE/0090/08 en
donde el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 se dirige a la Vocal de
organización y le pregunta si el C. Atilano le hizo una visita de supervisión
oficial.
m)         Documental Pública consistente en el oficio JDE01/VOE/0060/08 en la
cual la Vocal de Organización le responde al Ejecutivo que el C. Atilano estuvo
el 22 de enero pero que únicamente en visita de cortesía.
n)         Documental Pública consistente copia certificada del libro de visitas de la
Junta Distrital Ejecutiva 01 ubicada en Playa del Carmen, en el cual se
consigna la asistencia del C. Atilano Sánchez Cruz, a foja 53.
o)         Documental Privada consistente en la nota periodística publicada en el
diario de Quintana Roo, nota periodística el Péndulo en donde se consigna lo
que era del dominio público el C. Atilano Sánchez Cruz trabajaba para dos
Instituciones.
p)         Documental Pública consistente del Registro de asistencia del C. Atilano
Sánchez Cruz el mes de febrero del 2008 en el cual se advierte que una vez
terminado dicho Proceso Electoral se reintegra normalmente a sus labores sin
incidencia alguna que justificar.




                                            123
q)    Documental Pública consistente en el oficio JLE/VE/1130/08 signado por
el Vocal Ejecutivo Abraham Güemes en el cual me solicita le certifique dos
documentos personales consistentes en credencial de elector y dolosamente
manifiesta un certificado de estudios.
r)    Documental Pública consistente en el oficio VS/0172/08 en el cual le
solicito al Vocal Ejecutivo que me debe de entregar el original del certificado de
estudios para poder cumplir su instrucción.
s)    Documental Pública consistente en el oficio número VS/0251/08 en el
cual me dirijo al Director del CBTIS número 214 y le pido que certifique si el
alumno C. Abraham Güemes Castillo efectuó ahí sus estudios de bachillerato.
t)    Documental Pública consistente en oficio VS/0255/08, en el cual dirijo al
Lic. Miguel Pech Estrella, Subdirector de Enlace Operativo de la Coordinación
Estatal de la DGETI, en el cual solicito también que verifique si el alumno
Abraham Güemes Castillo efectuó sus estudios de bachillerato en el CTTIS
número 214.
u)    Documental Pública, consistente en el certificado de estudios que
proporcionó el C. Abraham Güemes Castillo, con el que pretendió acreditar sus
estudios de bachillerato, hoy se sabe dicho documento es apócrifo.
v)    Documental Pública, consistente en el oficio número TEC-220(CE-
23QUIR)394/2008, signado por el Lic. Miguel Angel Pech Estrella Subdirector
de Enlace Operativo en el cual refiere que no existen antecedentes escolares
del C. Abraham Güemes Castillo y que el número de control del certificado
corresponde a otra persona.
w)    Documental Pública, consistente en el número de oficio 220(CE-
214)059/08 signado por el Ing. Manuel Jesús Araos Méndez Director del
Plantel CBTIS 214 en el cual refiere que no existen antecedentes escolares del




                                         124
C. Abraham Güemes Castillo y que el número de Control Escolar del supuesto
certificado de estudios corresponde a otra persona.


Todas estas pruebas ofrecidas en el punto anterior se relacionan con los
hechos III y IV que tienen que ver con la falta de ética de profesionalismo
y a los principios rectores con la que siempre se condujo el evaluador C.
Abraham Güemes Castillo.


5.- Documental Pública consistente en el Acta del Subcomité de adquisiciones
Arrendamientos y Servicios de fecha 29 de marzo de 2007 de la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo en donde a foja 13 en mi intervención
como Secretario Ejecutivo de dicho Subcomité detecto la problemática en la
Junta Distrital 03 entre el Vocal Ejecutivo y el Vocal del Registro Federal de
Electores de dicha Junta. (Prueba que relaciono con el hecho V).


6.- Documental Pública consistente en el Acta del Subcomité de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios de fecha 27 de abril de 2007 de la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo en donde a foja 10 en mi intervención
como Secretario Ejecutivo de dicho Subcomité propongo la solución al
problema de Alimentos para el Personal del Registro Federal de Electores que
efectúa Jornadas extraordinarias. (Prueba que relaciono con el hecho V).


7.- Documental Pública consistente en el anexo 2 del Acuerdo CG 14-2008 que
en su punto cuarto numeral 11 se indica el modo de solventar la alimentación
al personal por actividades extraordinarias misma que coincide plenamente
con la intención que yo había planteado en abril del 2007. (Prueba que
relaciono con el hecho V).


                                      125
Las pruebas 5, 6 y 7 se ofrecen con el objeto de demostrar que siempre
estuve atento al clima laboral de la entidad y que siempre busqué
soluciones a conflictos, por lo cual puedo alcanzar las máximas
calificaciones de los indicadores de los factores: Principios de actuación
y competencias/perfiles de actuación para obtener en ambos factores la
máxima calificación de 5.


8.- Documental pública consistente en cédula de notificación y auto de
radicación de procedimiento administrativo instaurado en contra del C.
Demetrio Cabrera Hernández señalado con el rubro P.A./JL/02/07 en donde en
hecho 1 se le sanciona por no proporcionar alimento a los trabajadores del
registro federal de electores por jornadas extraordinarias. (Prueba relacionadas
con el hecho VI) y con la cual se demuestra que quien provocó tensiones y no
buscó soluciones fue el C. Abraham Güemes Castillo.


9.- Documental pública consistente en la impresión del correo electrónico que
le dirigí al Director Ejecutivo de Organización Electoral en el cual le advertí de
un vacío jurídico que puede derivar en responsabilidad de darse el caso
(Prueba que relaciono con el hecho VII), con ello quiero demostrar que siempre
he estado atento a la observancia de la normatividad que rige al instituto.


10.- Documental pública consistente en tres impresiones de los correos
electrónicos donde le remito (y me responde) las propuestas, a los Directores
Ejecutivos de Organización y Director del Jurídico, para fortalecer en materia
jurídica los trabajos de organización en el flanco legal, se adjunta el documento
consistente en tres fojas útiles que contiene las acciones a realizar en el 2007.


                                       126
También se ofrece la impresión de correo electrónico en la cual el Director
Jurídico nos informa los resultados de la reunión de trabajo para el diseño de
un curso de actualización en materia Jurídico Electoral. (Prueba relacionada
con el hecho VIII).
Con estas pruebas quiero demostrar mi carácter propositivo y activo para
mejorar nuestro desempeño en el que hacer institucional.


11. Documental pública consistente en impresión de dos correos electrónicos
de fecha diciembre del 2007 y 23 de febrero del 2008, en el cual le advierto al
Director de Organización Electoral sobre el posible vacío legal en materia de
reglamentos que se generaría ante la inminente abrogación del COFIPE,
(Prueba que relaciono con el hecho 9), con esta prueba se demuestra que
siempre he estado atento a las disposiciones y normativas de la institución y
presto para tomar acciones, con lo cual se pueden alcanzar las máximas
calificaciones en cada uno de los indicadores de los Factores Principio de
Actuación; Competencias/Perfiles Actuación.


12.- Documental pública consistente en la resolución recaída al juicio laboral
ubicado con el expediente SUP-JLE-30/2008, en la cual se revoca la injusta
sanción de que fui objeto a través del procedimiento administrativo que con
mentiras me instauró el evaluador C. Abraham Güemes Castillo (Prueba
relacionada con el hecho X), con ello quiero probar la Sala Superior del
Tribunal Electoral desechó los posibles argumentos que en mi contra pudiese
haber tenido el evaluador C. Abraham Güemes Castillo, por lo cual esa
autoridad deberá desestimar las calificaciones que injustamente me formuló el
evaluador C. Abraham Güemes Castillo.




                                      127
         13.- Documentales Públicas consistentes en oficios que le dirigí al Vocal del
         Registro de la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo Lic. Manuel Aranda
         Romero, con el acuse de puño y letra del servidor público en comento. De igual
         modo el mismo oficio con si acuse de recibido el Vocal del Registro de la Junta
         Distrital 03 Alejandro Montané Castañeda. (Pruebas que relaciono con el
         hecho XI) y que demuestran que todo tiempo estuve dispuesto a apoyar y
         orientar a mis compañeros en los procedimientos legales.


         Por todo lo antes expuesto y demostrado con base en el Artículo 114 del
         Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Acuerdo JGE/63/2005, en el
         punto cuarto y duodécimo ante usted sr. Director respetuosamente le solicito lo
         siguiente:


         1.- Tenerme por presentando en tiempo y forma escrito de inconformidad en
         contra de la Evaluación Anual del Desempeño 2007 que emitiera el Evaluador
         C. Abraham Güemes Castillo, en los Factores Principios de Actuación y
         Competencias/Perfiles de Actuación.


         2.- En su oportunidad ordenar reponer las evaluaciones que impugno para
         obtener las máximas calificaciones de 5 en cada uno de los indicadores de los
         Factores que hoy se controvierten, lo anterior acorde con el punto duodécimo
         del Acuerdo JGE/63/2005.


6.- Como se mencionó en líneas precedentes se llevará a cabo el análisis jurídico de manera
conjunta, es decir, que mediante una sola decisión se resolverán todos los indicadores que integran
cada uno de los factores impugnados.




                                               128
Debe advertirse que todas las calificaciones asignadas al C. Luis Arturo Carrillo Velasco, quien se
desempeñaba como Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo,
actualmente adscrito a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche –las cuales ha
impugnado a través de la inconformidad que ahora se resuelve–, son absolutamente desfavorables a
sus intereses; Por lo cual debe aplicarse el punto undécimo del Acuerdo JGE63/2005 el cual ha sido
trascrito en líneas anteriores.


No debe pasar inadvertido que de acuerdo con el Sistema de Evaluación, el factor “Principios de
Actuación” evalúa la observancia de los principios rectores de las actividades del Instituto Federal
Electoral (certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia) por parte de los miembros
del Servicio Profesional Electoral en su desempeño cotidiano, así como el cumplimiento de las
reglas y normas del Instituto en el comportamiento del funcionario, establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, fracción III, primer párrafo y en el Estatuto, en
los Artículos 105, 108, y 144.


Tampoco debe ser inobservado que el propio Sistema de Evaluación, para el factor
“Competencias/Perfiles de Actuación” dispone que dicho factor evalúa las características del
desempeño individual, íntimamente relacionadas con la efectividad, que orienta a un nivel de
actuación superior en el trabajo. Las competencias o perfiles de actuación son parte de la
personalidad de cada miembro del Servicio que al ser evaluadas, evidencian el comportamiento en
una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales, y que, definitivamente, la evaluación del
desempeño debe realizarse con relación al perfil del puesto, es decir, a las competencias o perfiles
de actuación. En este sentido, es importante señalar que la orientación del Sistema hacia resultados
esperados sólo tiene valor si las competencias están adecuadas a la efectividad en el desempeño.




                                                 129
Por tal razón es válido sostener que cuando el evaluador asigna una calificación que se traduce en 1
(Desempeño inaceptable) ó 2 (Desempeño regular), debe partir de una profunda observación de la
conducta de su evaluado y que, dicha observación, se sostenga mediante elementos contundentes.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) entiende por “contundente”
algo que “produce gran impresión en el ánimo, convenciéndolo”.


En estricto sentido el propio evaluador se encontraría obligado a ofrecer argumentos convincentes y
aportar elementos de prueba idóneas con los cuales apoye y justifique las calificaciones otorgadas
en los indicadores antes citados, independientemente de que el inconforme acredite con sus
pruebas el merecimiento de calificaciones superiores.


Al haber causado baja en el Instituto el C Abraham Güemez Castillo, quien se desempeñaba como
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, el 27 de agosto de 2008,
esta Dirección Ejecutiva se encuentra imposibilitada de solicitarle argumentos y soportes
documentales a dicho funcionario para sustentar las calificaciones que hoy se impugnan por parte
del servidor de carrera inconforme.


Por tal razón, esta Dirección Ejecutiva determina que para no perjudicar al C. Luis Arturo Carrillo
Velasco en el resultado total de su evaluación por ausencia de evaluador que la reponga, lo que
procede es ordenar la reponderación de las calificaciones que le asignó el evaluador citado, para lo
cual la Dirección Ejecutiva, deberá de omitir tomar en cuenta las calificaciones otorgadas en los
indicadores de Legalidad, Certeza, Objetividad, Imparcialidad e Independencia del factor
Principios de Actuación, así como, también los indicadores de Capacidad de planeación y
organización, Solución de problemas, Liderazgo, Innovación, Orientación a resultados, Toma
de decisiones, Negociación y Comunicación efectiva evaluados por el C. Abraham Güemez


                                               130
Castillo, Ex vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, durante los
periodos comprendidos del 1 de enero al 15 de agosto de 2007 y del 1 de noviembre al 31 de
diciembre de ese mismo año.


Por tal razón, se tomarán en cuenta solamente las calificaciones otorgadas en dichos indicadores
por el Lic. Luis Guillermo De San Denis Alvarado Díaz, cuando ocupaba el cargo de Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, (16 de agosto al 15 de octubre de 2007),
dividiendo proporcionalmente las mismas, y presentar el nuevo resultado en un nuevo dictamen. Lo
anterior con el objeto de proporcionar equidad en la calificación.


Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 112 del Estatuto se:




                                            Resuelve


PRIMERO.- Se determina procedente reponderar las calificaciones obtenidas por el C. Luis Arturo
Carrillo Velasco, quien se desempeñaba como Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Quintana Roo, en la Evaluación Anual del Desempeño ejercicio 2007, únicamente en lo
que se refiere a los indicadores de Legalidad, Certeza, Imparcialidad, Objetividad e Independencia
del factor “Principios de Actuación”, evaluados por el C. Abraham Güemez castillo, Ex vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, durante los periodos
comprendidos del 1 de enero al 15 de agosto de 2007 y del 1 de noviembre al 31 de diciembre de
ese mismo año; debiéndose dividir proporcionalmente el resto de la calificaciones que obtuvo el
inconforme en el presente factor, de conformidad con lo analizado en el capítulo de considerandos
del cuerpo de esta resolución.




                                                  131
SEGUNDO.- Se determina procedente reponderar las calificaciones obtenidas por el C. Luis Arturo
Carrillo Velasco, quien se desempeñaba como Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Quintana Roo, en la Evaluación Anual del Desempeño ejercicio 2007, únicamente en lo
que se refiere a los indicadores de Capacidad de planeación y organización, Solución de problemas,
Liderazgo, Innovación, Orientación a resultados, Toma de decisiones, Negociación y Comunicación
efectiva del factor “Competencias/Perfiles de Actuación” evaluados por el C. Abraham Güemez
Castillo, Ex vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo, durante los
periodos comprendidos del 1 de enero al 15 de agosto de 2007 y del 1 de noviembre al 31 de
diciembre de ese mismo año debiéndose dividir proporcionalmente el resto de la calificaciones que
obtuvo el inconforme en el presente factor, de conformidad con lo analizado en el capítulo de
considerandos del cuerpo de esta resolución.


TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva a notificar la presente resolución al C. Luis Arturo
Carrillo Velasco, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche para los
efectos legales a que haya lugar.


CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva, para que coordine la reponderación de la evaluación
y en su oportunidad presente a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el Proyecto
de Dictamen que contenga los resultados de la evaluación para su aprobación, de conformidad con
el artículo 110 del Estatuto.




                                                132
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a Asuntos
Generales. ¿Algún miembro de la Junta tiene algún asunto general que considere
pertinente presentarlo en este momento a la consideración de la Junta General
Ejecutiva?
Tiene la palabra el Director Ejecutivo de Organización Electoral, el Profesor Miguel Ángel
Solís, si es usted tan amable.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Nada más confirmar la información a todos ustedes de que el sábado y domingo,
se va a realizar la Reunión Regional número 5 de Consejeros Distritales, esto en cuanto
a que tenía el pendiente de información con algunas de las personas que intervienen
directamente con las mesas de trabajo, y desde luego, para invitar a la generalidad de
los integrantes de esta Junta General Ejecutiva, ya que estarán los Consejeros
Distritales y algunos de los Consejeros Locales, provenientes de 5 entidades del país, en
el Hotel Meliá Reforma, sábado y domingo. Muchas gracias.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Licenciado
Manuel Carrillo Poblano, por favor, si es tan amable.
El C. Coordinador de Asuntos Internacionales, Licenciado Manuel Carrillo
Poblano: Quisiera comentar un poco en relación a esta reunión de trabajo, a la que se
nos está convocando con Consejeros Electorales, respecto de la Jornada Electoral.
No sé cuál; si me pudiera explicar un poco más la idea, porque desde este lado tengo
una idea igualmente sobre qué hacer, quién hace mecanismos de información y de
comunicación para ese día y los días previos o los días posteriores, porque como se
concentra una gran actividad en la Presidencia, en la Secretaría Ejecutiva, en el Consejo
General, tener criterios de orientación sobre información y comunicación.
¿Quién debe informar a quién?, porque podría llegarse a un cuello de botella y la idea es
un poco tener ordenado ese tema, sobre todo siendo una elección tan interesante,
intensa, competida y luego los mecanismos para poder informar. Ese es un punto.
El otro punto es, hasta qué nivel pueda ser valorada una consideración de que algunos
de los miembros de la Junta General Ejecutiva ampliada, incluyendo quizá algunos de
nuestros funcionarios, que días previos a la elección e inclusive el día de la elección,



                                           133
pudiésemos estar en varias radiodifusoras o canales de televisión, con el propósito de
informar.
Tengo la impresión de que el trabajo a detalle que se realiza en las áreas ejecutivas,
como es el caso ahora que nos acaban de exponer, en la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Organización Electoral, el Padrón
Electoral, la de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Jurídico, Unidad Técnica de
Servicios de Informática, Fiscalización, hay una incomprensión afuera, inclusive dentro
de la propia institución.
Tengo la impresión de que el trabajador técnico, digo porque solicité un curso de
capacitación y amablemente la mayoría de los que están aquí nos lo han dado, y
quienes no los han dado es porque todavía no lo hemos podido programar. Pero hemos
tenido la oportunidad de ir al detalle. Es impresionante la calidad profesional y técnica
que tiene el Instituto.
Creo que ese día puede haber diferentes tipos de preguntas, en diferentes medios.
Entiendo que algunas de las radiodifusoras o principales canales de televisión de mayor
rating, pudieran ir algunas otras personalidades de la Institución, pero en las de otro nivel
de vinculación o de alcance medio, más modesto, que estuviéramos, para poder incluso
recibir a teléfono abierto información o requerimientos de la ciudadanía, de distintos
aspectos de la organización y de la preparación de la elección.
Porque tengo la impresión de que es un proceso muy incomprendido, desde el punto de
vista organizacional y de todo lo que implicó el esfuerzo humano de la institución y de
muchos ciudadanos. Solamente esas consideraciones.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias. Muy brevemente, para hacerle dos
comentarios.
Como mencionaba, al término de esta reunión, el grupo del Proceso Electoral se reúne
en la sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva, quisiera invitar a esa reunión a que nos
acompañará, igual que el Contador Alfredo Cristalinas, porque el día de ayer, en mesa
de Consejeros, se resolvió tener esta reunión y los Consejeros están pidiendo que
algunas Direcciones Ejecutivas y además la Unidad de Fiscalización y la Unidad a su
cargo, Licenciado Manuel Carrillo Poblano, presenten un informe de sus actividades en
esa mesa de Consejeros.



                                            134
Ahí nos vamos a poner de acuerdo sobre el alcance del Informe y la manera de trabajo.
Entonces, si son tan amables ustedes dos de acompañarnos en un momento más a esa
reunión. Ahí veremos algunos detalles al respecto.
Por lo que se refiere a su segundo comentario, creo que vi al Coordinador Nacional de
Comunicación Social tomando nota. Me parece muy pertinente el comentario y creo que
podríamos hacer una campaña de difusión importante de muchas tareas que realiza el
Instituto que no se conocen o que son opacadas por otros incidentes, y que creo que
podríamos difundir ampliamente, porque son dignas de ser difundidas, no solamente por
el trabajo que hay atrás, sino por la certeza que da a la ciudadanía por el trabajo de ese
profesionalismo que está realizando el Instituto.
Me parece que es una propuesta que seguramente va a ser considerada y programada
por el Coordinador Nacional de Comunicación Social. Gracias.
¿Algún otro comentario? Bienvenido, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Leonardo Valdés Zurita: Muchas gracias, señor Secretario. ¿Algún otro asunto
general?
Al no haber más asuntos y, en virtud de que se han agotado los puntos del orden del día,
quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Tengan muy buenos días.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 horas.

     EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL                  EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
    CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE                   SECRETARIO DE LA JUNTA
    DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA                  GENERAL EJECUTIVA DEL
         DEL INSTITUTO FEDERAL                        INSTITUTO FEDERAL
               ELECTORAL                                  ELECTORAL




           DR. LEONARDO VALDÉS                       LIC. EDMUNDO JACOBO
                  ZURITA                                     MOLINA




                                           135

				
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