Categorizacion y propuesta en el proceso concordatario de la ley 24522 2005 by m9Oh4Gj

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                              Categorización y propuesta:
                     en el proceso concordatario de la ley 24.552
                                                                      Por Francisco Junyent Bas


        Sumario: I. Introducción: los acreedores concurrentes al acuerdo. I.1. La plantilla de
acreedores: los art. 46 y 35 de la L.C. I.2. La relación entre las categorías aprobadas y la
propuesta del deudor.II. La configuración del acuerdo preventivo. III. La etapa concordataria.
III.1. Categorización de acreedores. III.2. Sentido de la categorización. III. 3. El alcance de la
resolución del art. 42 de la L.C.. IV. Relación entre categorización y propuesta. IV.1. La
preeminencia de la propuesta. IV.2. La correcta convergencia de la propuesta y su
categorización. V. Los acreedores privilegiados.V.1. Renuncia al privilegio. V.2. La
definición de la base concordataria. VI. Conclusión.

       I. Introducción: los acreedores concurrentes al acuerdo.
       I.1. La plantilla de acreedores: los art. 46 y 35 de la L.C.

        Uno de los aspectos más interesantes del nuevo esquema concordatario de la ley
concursal lo constituye la conformación de los acreedores que integran la plantilla o base de
cómputo para las mayorías regladas en el art. 45 de la L.C. y, en su consecuencia, para la
existencia de acuerdo en los términos del art. 49 de la L.C.
        Un punto polémico resulta la eventual incorporación de acreedores privilegiados,
renunciantes a dicha calidad, con posterioridad a la resolución de categorización del art. 42 de
la L.C., pero antes de la culminación del período de exclusividad, ante la ausencia de un plazo
expreso para ejercer dicha facultad.
        Recuérdese que el art. 50 de la ley 19.551 establecía que los acreedores privilegiados
podían votar haciendo renuncia expresa a su privilegio, manifestada antes o al tiempo de
votar.
        Así, en el esquema del ordenamiento citado, este tipo de acreedores podía integrarse a
la plantilla que conformaba el concordato, o sea, el acuerdo homologado.
        La actual legislación parte de la directiva del art. 36 de la L.C. que señala que la
sentencia verificatoria es definitiva a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y
bases del acuerdo, pero nada dice de la situación de los acreedores privilegiados.
        La ausencia normativa, concretamente la “laguna legal” ha originado una polémica
doctrinaria y jurisprudencial sobre la eventual incorporación de los acreedores privilegiados
que hayan renunciado parcial o totalmente a dicha calidad, en atención a la modificación que
ello implica en la base de cómputo del concordato.

       I.2. La relación entre las categorías aprobadas y la propuesta del deudor.

       Un segundo aspecto, de no menor relevancia y cuya consideración resulta
imprescindible para definir la cuestión planteada precedentemente, lo constituye el alcance de
la categorización del deudor y, en especial, de la resolución del juez que la aprueba según la
manda del art. 42 del estatuto falimentario.
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       Un sector de la doctrina le otorga a la resolución de categorización, a tenor de su
carácter de irrecurrible una firmeza que no se condice con la realidad del proceso
concordatario.
       En efecto, lo relevante en toda la etapa de negociación con los acreedores lo constituye
la propuesta que el deudor concursado presenta a sus acreedores para obtener las mayorías y
de este período surgen, obviamente, reformulaciones que pueden llevar a la modificación de la
categorización, como consecuencia lógica de las correspondientes reformas de la propuesta.
       Dicho derechamente, lo relevante en todo el proceso concordatario lo constituye la
propuesta y la categorización es una alternativa de flexibilización que reconoce la diversa
condición de los acreedores, pero no se puede convertir en un “corset” que impida el acuerdo.
       Así planteada la cuestión, se hace necesario analizar el esquema concordatario para que
se comprenda el alcance del debate doctrinario y los diversos aspectos imbricados en el
proceso concursal preventivo.

       II. La configuración del acuerdo preventivo.

       El “juego” sistemático del período de exclusividad del deudor y del salvataje reglado
en el art. 48 configuran un sistema concordatario complejo que favorece el saneamiento de la
empresa, aún cuando habrá que lamentar las limitaciones subjetivas de la denominada “doble
vuelta”.
       El sistema o esquema de la doble alternativa en la formulación de propuestas
concordatarias implica la existencia de dos períodos diferenciados: i) el primero, denominado
de exclusividad, en donde sólo el deudor está legitimado para realizar propuestas; ii) el
segundo, en donde vencido el plazo para que el concursado obtenga la conformidad de sus
acreedores y si éste no la obtiene, cuando se trata de sociedades de responsabilidad limitada,
sociedades anónimas o cooperativas, o sociedades en las cuales el Estado nacional, provincial
o municipal sea parte, se faculta a acreedores o terceros para que puedan presentar propuestas
de acuerdos.
       El nuevo plazo del período de exclusividad oscila entre noventa y ciento veinte días, en
un reconocimiento evidente de la exigüidad de los términos de la ley 24.522 y la necesidad de
reconocer un período de negociaciones para el deudor que se adapte a una realidad económica
tan compleja como la que enfrenta el país. El texto legal regula un período ordinario de
noventa días, que corre a partir de la resolución de categorización del art. 42, y otorga al juez
la posibilidad de prorrogarlo por treinta días mas en función del número de acreedores o
categorías existentes.
       No puede negarse que se aspira a que el deudor pueda reconstituir su unidad productiva
y ofrecer un mejor acuerdo, o uno que pueda cumplir a sus acreedores. El reconocimiento de
un plazo de ciento veinte días sigue las tendencias actuales del Derecho Comparado.
       La ley mantiene el doble régimen de mayorías, nada más que ahora no se hará el
cómputo sobre acreedores presentes en la junta (hoy audiencia informativa), sino sobre
firmantes de las conformidades.
       De este modo, la ley exige la concurrencia de la doble mayoría de personas y de capital
cuyas conformidades deben ser presentadas en el expediente hasta el día del vencimiento del
período de exclusividad.
       En el cómputo de la mayoría de acreedores, ante la desaparición de la junta vigente en
el régimen anterior, se debe tener en consideración la totalidad de los acreedores verificados y
declarados admisibles quirografarios y los privilegiados que hayan renunciado al privilegio.
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       Se excluye del cálculo al privilegiado reconocido como quirografario que ha iniciado
incidente de revisión reclamando el privilegio.
       En el cómputo de la mayoría de capital el art. 45 de la L.C. establece que se debe
obtener la conformidad de acreedores que representen las dos terceras partes del capital
computable dentro de cada categoría. Se exige la mayoría absoluta de acreedores que
representan las 2/3 partes del capital computable.
       Las conformidades deben estar certificadas por escribano público, autoridad judicial o
administrativa en el caso de entes públicos.
       El esquema ideado por el art. 45 de la L.C., para la obtención de las conformidades, se
basa en la existencia previa de negociaciones extrajudiciales entre el deudor y cada acreedor.
       Las anuencias deben ser presentadas en el expediente hasta el día del vencimiento del
período de exclusividad y cada una de ellas debe responder a la forma escrita y reproducir en
su cuerpo el texto de la propuesta.
       Ahora bien, como bien señala Rivera1 en la práctica es común que se establezca en la
propuesta una oferta básica, de manera tal, que la no manifestación expresa por una alternativa
determinada importa la aceptación de la oferta principal.
       En igual sentido Heredia2 explica que la no manifestación expresa en favor de una
propuesta no equivale a falta de conformidad al acuerdo, sino que, debe entenderse que el
concordato existe, ya que, cualquier otra interpretación equivaldría a desconocer la existencia
de la voluntad concurrente del deudor y del acreedor, pues, juega en la especie la regla
interpretativa del inc. 3º del art. 218 del Código de Comercio.
       En una palabra, en opinión de la doctrina citada, la única interpretación posible y
valiosa es aquella que sostiene que, ante la falta de expresa conformidad a una propuesta
alternativa determinada, debe entenderse que media adhesión a la básica.

        III. La etapa concordataria.
        III.1. Categorización de acreedores.

       Tal como lo dispone el art. 41, la sentencia de verificación reglada en el art. 36
constituye la base a partir de la cual el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado una
propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en categoría de los acreedores verificados
y declarados admisibles.
       La categorización constituye el “núcleo” de la propuesta concordataria que formalizará
el deudor a los acreedores y, por ello, se sustenta en la naturaleza de las relaciones creditorias
y circunstancias socioeconómicas que permitan agrupar a éstos, de conformidad a una
planificación tendiente a renegociar el pasivo.
       Martorell3 entiende que categorizar implica proponer de manera fundada la formación
de grupos de acreedores, ordenado de acuerdo con determinadas condiciones o calidades a
efectos de poder ofrecerles propuestas diferenciadas para arribar a un acuerdo preventivo.
       En consecuencia, "categoría" es cada una de las agrupaciones resultantes y
categorización el trámite de formación de cada una de las respectivas categorías.
       Como señala el artículo comentado la categorización debe efectuarse a los diez días de
dictada la resolución del art. 36, que es la que decide sobre la verificación y graduación y/o

1
  Rivera Julio Cesar, Instituciones de derecho concursal, Rubinzal-Culzoni, 1996, tomo 1, pag. 291.
2
  Heredia, Pablo Tratado Exegético de derecho concursal, tomo 2, editorial Avaco, pag. 103.
3
  Martorell, Ernesto Eduardo, Tratado de concursos y quiebras, t. II-B, Depalma, 2001, p. 506.
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admisibilidad o inadmisibilidad de los créditos insinuados por los pretensos acreedores frente
a la sindicatura.

          III.2. Sentido de la categorización.

        Este punto ha sido debatido fuertemente por la doctrina sosteniendo un sector que la
categorización es simplemente facultativa y, por el contrario, otra línea de pensamiento
entiende que el deudor debe categorizar y que si nada dice es que ha optado por las tres
categorías mínimas legales.
        Por nuestra parte, sostuvimos con Escuti4 el carácter facultativo y pusimos de relieve
que la ley con un énfasis engañoso (pues carece de sanción), puntualiza que la propuesta de
categorización deberá contener, como mínimo, el agrupamiento de los acreedores en tres
categorías: quirografarios, quirografarios laborales -si existieren- y privilegiados, pudiendo –
incluso- contemplar categorías dentro de estos últimos.
        La afirmación normativa pierde valor en caso de no existir quirografarios laborales y
que los privilegiados no tengan acuerdo ofrecido, o que no existan, o porque el deudor lisa y
llanamente no la ofrezca por estimarla inconveniente.
        La falta de categorización no trae sanción legal alguna, y es por eso que tal
circunstancia no es óbice para que el deudor ofrezca un acuerdo con similar alcance para todos
los acreedores quirografarios, a la vieja usanza. Dicho de otro modo, la única propuesta
necesaria para llegar a un acuerdo es la presentada y ofrecida a los quirografarios, ya que para
los privilegiados sigue siendo facultativa.
        Alegría5 afirma, que la propuesta diferenciada no es una obligación, sino una nueva
facultad que se otorga al deudor para proponer su acuerdo. En igual sentido se inclina
Rouillón6 expresando que si interpretamos la ley concursal de forma contextual no cabe
olvidar que el art. 39 dispone que el síndico deberá dictaminar acerca del agrupamiento y
clasificación "que el deudor hubiere efectuado".
        En consecuencia, el modo de redacción de esta norma da la pauta clara de que el
deudor podría no haber efectuado la mentada clasificación de acreedores.
        En este sentido, se ha expresado7 que, la categorización constituye una carga procesal y
no una obligación del deudor. Rubín8 explica con un cúmulo de citas que la categorización es
un derecho del concursado , al que incluso puede renunciar en cualquier momento dentro del
período de exclusividad.
        En una palabra, la doctrina en forma mayoritaria se ha inclinado por el carácter
facultativo de la categorización de acreedores, no existiendo las famosos categorías mínimas
de privilegiados, quirografarios laborales y quirografarios.

          III. 3. El alcance de la resolución del art. 42 de la L.C..
4
    ESCUTI y JUNYENT BAS, Instituciones de derecho concursal, Alveroni, Cba., 1998, p. 337.
5
  Alegría, Héctor, Categorización de Acreedores: obligatoriedad, Ponencia al III Congreso Argentino de Derecho
Concursal, Mar del Plata 1997, publicada en Derecho Concursal Argentino e Iberoamericano, Ad-Hoc, 1997, t. I,
p. 462.
6
  Rouillón, Adolfo A.N., Novedades concursales del fin del milenio: la clasificación de acreedores en el concurso
preventivo, JA 88º Aniversario, p. 408.
7
  MAFFIA, Osvaldo, Aspectos de la nueva ley de concursos: clases de acreedores y propuestas concordatarias
diversificadas, LL, 1996-B-1073.
8
  RUBÍN, Miguel Eduardo, Categorización, Propuestas de acuerdo preventivo y facultades del juez del concurso,
LL, diario del 13 de setiembre de 2000, `p. 1 y ssa.
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        La ley otorga al juez la facultad de aprobar las categorías propuestas por el deudor, lo
que se obtiene mediante el dictado de una resolución fundada que establezca los respectivos
agrupamientos.
        La resolución de categorización de acreedores constituye, juntamente con la sentencia
de verificación, el otro pilar en donde la L.C. estructura las bases de la propuesta de acuerdo
preventivo.
        Pese a lo dicho, no puede ignorarse que el “concordato” o “convenio judicial” tiene
como fundamento la propuesta del deudor y la categorización sólo tiende a modalizarla y
flexibilizarla.
        La afirmación precedente plantea el alcance de la resolución de categorización que
dicta el juez concursal.
        Así, Martorell9 afirma que la categorización no es definitiva, ni obligatoria para el
juez.
        En esta línea, el autor citado manifiesta que pueden integrarse nuevos acreedores que
renuncien a sus privilegios, aún cuando ya se dijo que esto sólo puede suceder siempre que se
entienda que no existe un plazo para renunciar al privilegio cuestión altamente opinable y que
se debate, ante la falta de dispositivo legal que regle la cuestión, contrariamente al viejo texto
del art. 50 de la ley 19.551 que habilitaba dicha alternativa hasta el momento de la votación, o
sea, hasta la junta de acreedores.
        La doctrina se divide en esta cuestión: un sector entiende que la renuncia sólo puede
efectivizarse hasta la resolución del art. 42, mientras que otra corriente interpreta que no hay
otro tope que el propio período concordatario.

           IV. Relación entre categorización y propuesta.
           IV.1. La preeminencia de la propuesta.

        El actual esquema concordatario pareciera privilegiar la categorización que debe
realizar el deudor y aprobar el juez como paso previo a las propuestas.
        Esta primera lectura de los dispositivos legales ha traido aparejado un sin número de
disquisiciones que no contemplan la realidad del proceso concordatario.
        En efecto, aún cuando resulte una obviedad, cabe puntualizar que lo relevante en todo
acuerdo lo constituye la propuesta del deudor que puede contener o no la categorización de
sus acreedores pues, esta última se deriva simplemente de las diversas condiciones y
características de la masa pasiva.
        Va de suyo que, como ocurre en numerosos casos, la existencia de una sola propuesta
queda sin contenido la categorización que se hubiese formulado y aprobado.
        Dicho de otro modo, el deudor debe dirigir su plan de reordenamiento económico
financiero, o sea, las propuestas concordatarias, teniendo en cuenta a los acreedores que hayan
obtenido la condición de concurrentes mediante su incorporación en el pasivo concursal.
        En esta inteligencia entonces, la categorización de los acreedores constituye un
régimen accesorio a las propuestas que no puede condicionar la facultad del deudor y/o del
cramdista, en caso de doble vuelta, para modificar el acuerdo.
        Adviértase que, la propia ley otorga una última oportunidad negociadora en la
audiencia informativa establecida en el art. 45 de la L.C. que justamente tiene como sentido

9
    Martorell, Tratado de concursos y quiebras cit., t. II-B, p. 530.
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no sólo el de dar información, sino de eventualmente, poder modificar la propuesta para
obtener las conformidades correspondientes.

           IV.2. La correcta convergencia de la propuesta y su categorización.

        Desde esta perspectiva, cabe afirmar que la categorización no es definitiva, ni para el
deudor, ni para los acreedores, pues, integra la propuesta.
        En consecuencia, como colorario de lo dicho, la resolución del art. 42 no causa estado
y ello lo demuestra la correcta lectura de la audiencia del art. 45 de la L.C. donde las
explicaciones atinentes a la reorganización empresaria y el alcance de la propuesta que se
pretende sea conformada por los acreedores puede hacer variar el contenido concordatario e
influir directamente en la categorización.
        En rigor, la categorización es anexa a la propuesta y no existe inconveniente en su
modificación, tal como se deduce del sistema de salvataje del art. 48, donde ambos aspectos
corren paralelos y no se encuentra un esquema de categorías preexistentes que carece de
sentido sin la propuesta que es su contenido esencial.
        Cabe recordar que en el viejo régimen de la ley 19.551, aún cuando no había
categorización propiamente dicha, la propuesta podía modificarse, aún en la junta de
acreedores donde se realizaba la votación y, hasta ese momento, los acreedores verificados y
admisibles podían incluso renunciar a sus privilegios integrando el acuerdo.
        La actual normativa, al reglar el esquema de categorización, intentó flexibilizar el
sistema concordatario y, por ende, la resolución de categorización que también abre el período
de exclusividad no causa estado, sino que, implica el contralor judicial en función de la masa
pasiva de acreedores que concurrirá a conformar el acuerdo.

           V. Los acreedores privilegiados.
           V.1. Renuncia al privilegio.

       En línea con lo que venimos desarrollando, cabe enfrentar el tema de la renuncia al
privilegio y la eventual incorporación del acreedor como quirografario a la base de cómputo.
       Por un lado, un sector de la doctrina se inclina por interpretar que no habiendo tope
dentro de la ley esta renuncia es viable en cualquier etapa del período de exclusividad.
       En este sentido se entiende10 que la renuncia puede realizarse hasta el momento de
votar o prestar la conformidad, salvo para el caso de los acreedores laborales cuya
particularidad hace que esta categoría deba conformarse previamente, aún cuando otro sector
de la doctrina sostiene que en este caso se suman derechamente a la totalidad de los
quirografarios.
       Por el contrario, otra corriente de opinión11 se inclina por entender que la sola
presentación de acreedores de la especie, reconocidos en la resolución judicial del art. 36,
obliga al deudor a formar la categoría especial ante la eventualidad de que renuncias ulteriores
exijan la definición de esta clase.
       Así, en cuanto al límite temporal de la renuncia se sostiene que la resolución del art. 42
determina el momento en que se cristalizan las categorías aun cuando la ley no lo disponga en
forma expresa.

10
     RUBIN, Categorización, Propuestas de acuerdo preventivo y facultades del juez del concurso cit., p. 3
11
     Vaiser, Lidia, La categorización de acreedores y el crédito laboral, ED 24/9/96, nº 9091, p. 1.
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        Ahora bien, corresponde recordar que la ley no establece límite temporal alguno, por lo
que, la doctrina ha debatido sobre dicho aspecto12.
        Desde una perspectiva13 se ha entendido que, la renuncia debe hacerse hasta la
resolución del art. 42, para que se conozca la conformación de las categorías y no se permita
la modificación de la base de cálculo de las mayorías, impidiéndose maniobras de último
momento.
        Desde otro costado14 se ha afirmado que, no existe límite alguno impuesto por la ley y
la renuncia es válida durante todo el período concordatario.
        Ahora bien, admitida que la cuestión es altamente discutible, cabe interpretar la norma
en el caso concreto, pues, toda limitación temporal a la renuncia de un privilegio tiende
justamente a impedir maniobras que puedan afectar el interés de los acreedores y la igualdad
de trato que debe presidir la etapa concordataria.
        Desde esta perspectiva, cabe advertir que la línea de pensamiento que sostiene la
necesidad de que la renuncia sea hasta la resolución del art. 42 de la L.C. intenta impedir la
"manipulación" de las mayorías legales, en tanto y en cuanto, esto pueda implicar alguna
ventaja o beneficio para el acreedor o el deudor en detrimento del interés general de los demás
acreedores.
        Por otra parte, la actual facultad otorgada al juez de “aplastar” a los acreedores
disidentes impide aducir que dicha renuncia tiene como límite la resolución de categorización.
        En efecto, hemos puntualizado que la referida resolución no es definitiva ni causa
estado pues, lo relevante es la propuesta concordataria que se concrete en el correspondiente
acuerdo.
        En esta línea, hoy el magistrado tiene la potestad de imponer el acuerdo en caso de
abuso de los acreedores o simplemente cuando se den las condiciones regladas en el art. 52
inc. 2 b de la L.C., por lo que, desaparecen los argumentos que justificaban la tesis del límite
de la renuncia del privilegio en la resolución de categorización.
        Por el contrario, cobra nueva fuerza la circunstancia de que el texto legal no impone
ningún límite y, por ende, el acreedor está facultado a renunciar en la medida que el deudor
pueda modificar la propuesta y, por ello, esta le resulte conveniente a sus intereses.

        V.2. La definición de la base concordataria.

        De lo expuesto se sigue que, los acreedores privilegiados se encuentran reconocidos e
integran la masa pasiva, de conformidad al art. 36 de la L.C. y el art. 45, al establecer la base
de cómputo, los incorpora expresamente a la plantilla de acreedores en la medida que hayan
renunciado al privilegio.
        A su vez, la ley no establece límite temporal alguno.
        La resolución de categorización no puede crear un límite que el legislador no ha
impuesto, ya que, una correcta hermenéutica impide restringir el ejercicio de los derechos por
vía de interpretación.


12
   Rubín, Categorización, Propuestas de acuerdo preventivo y facultades del juez del concurso cit., p.4
13
   Mosso, Guillermo, Categorías mínimas, renuncia a los privilegios y posibilidad de acuerdo, ED t.178, p. 895.
En igual sentido, Villanueva, Julia, Concurso preventivo, Buschi, Bs. As. 1997, p. 213; Acosta, R.,
Categorización de acreedores, ponencia publicada en “Derecho Concursal argentino e iberoamericano”, Ad hoc,
1996, t.I. p. 499.
14
   Maffía, Osvaldo J., Temas y variaciones sobre la famoso categorización, LL, 1996-E, p. 1425.
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        Por ello, la doctrina se ha pronunciado por la viabilidad de la renuncia durante todo el
período de exclusividad, reconociendo como término para dicho acto, el de la emisión de la
conformidad, dentro del período concordatario, siguiéndose en este aspecto, la tradición
jurídica argentina receptada en el viejo régimen del art. 50, 3er. párrafo de la ley 19.551.
        La doctrina y jurisprudencia que restringe la posibilidad de renuncia se funda en la
opinión del ex magistrado mendocino Guillermo Mosso que estableció, en un caso
jurisprudencial, el tope del art. 42 de la L.C. para que los acreedores privilegiados pudieran
ejercer la facultad de renunciar a su calidad.
        Ahora bien, el caso que llevó al citado juez a establecer el tope del art. 42 de la L.C.
fue una situación particular, donde la renuncia al privilegio por parte de acreedores laborales
imponía la existencia de esta categoría “ex lege”, y no estando previsto, en aquel entonces, el
“cramdown power” como facultad judicial tendiente a aplastar una categoría e imponer el
acuerdo, no quedaba otra alternativa que declarar la quiebra.
        En una palabra, el juez mendocino estableció el tope del art. 42 de la L.C. para evitar el
fracaso del concordato.
        Hoy se utiliza esa jurisprudencia justamente en un sentido contrario para frustrar el
acuerdo y se viola el espíritu de la resolución de Mosso.
        Dicho de otro modo, la directriz central que siempre ha sustentado la conformación de
las categorías, en orden a la formalización de las propuestas, ha sido la conservación de la
empresa y la igualdad de trato entre los acreedores.
        Ahora bien, cabe reiterar que, en este tipo de “casos difíciles”, tal como lo reconoce la
propia sentenciante, no puede estipularse una regla de excepción, por vía de interpretación
analógica y/o extensiva, justamente cuando no existe plazo temporal que impida la renuncia
del acreedor privilegiado.
        Esta inteligencia del sistema concordatario deviene contradictoria con la realidad
económica de la negociación del acuerdo.
        En este sentido Maffía15 es sumamente claro cuando sostiene que, a partir de la
resolución del 42 de la L.C. y hasta la votación, transcurren varios meses y es natural que
recién ante el conocimiento de la propuesta los acreedores puedan optar por renunciar a su
preferencia.
        La afirmación de Maffía se corresponde con la realidad negocial que subyace en la
etapa concordataria y que no puede ignorarse “alejando al derecho de la vida” con un
formalismo absolutamente inadecuado para aprehender la realidad económica.
        En esta línea, Heredia16 y Lidia Vaiser17 entienden que el acreedor privilegiado puede
renunciar después de dictada la resolución de categorización, ya que, se trata de una facultad
que no es susceptible de ser cercenada pues, la ley no fija un plazo de ejercicio para la
renuncia.
        Ésta fue por otra parte, la opinión sustentada por la Excma. Cámara 2da. Civil y
Comercial en autos “Cuerpo de copias para la tramitación del recurso de apelación en:
Materiales SA Pequeño Concurso Preventivo”18.
        En dicha oportunidad la Dra. Silvana Chiapero de Bas expresó que “...Puntualmente
respecto al cercenamiento de la facultad de renunciar al privilegio fundando en que el mismo

15
   Maffía Osvaldo, Tema y variaciones sobre la ya famosa categorización, LL 1996 – E- 1425.
16
   Heredia, Pablo, ob.cit, tomo II, pag. 82.
17
    Vaiser Lidia, Categorización de acreedores. Algunos conflictos que se sucitan durante el período de
exclusividad, LL 1998 – C – 1252.
18
   C2da.CC, Sent. N° 113 del 04/12/03.
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habría sido efectuado intempestivamente, debo destacar que no sólo comparto la doctrina que
sostiene que – a falta de texto legal expreso- dicha facultad puede ser ejercida hasta la
finalización del período de exclusividad (cfr. Heredia "Tratado exegético de derecho
concursal" Abaco Bs. As. 2000.Tomo II, p. 83), sino que coincido plenamente con las
apreciaciones del Sr. Fiscal de Cámara en que aún las posiciones doctrinarias que propician
como tope temporal la sentencia de categorización (art. 42 L.C.Q.) se fundan en la necesidad
de evitar la manipulación de las mayorías en desmedro de los intereses del concursado, quien
– si se admitieran renuncias posteriores a que haya quedado firme la categorización- podría
encontrarse con una modificación de las mayorías sobre el filo del fenecimiento del período
de exclusividad y con ello ver comprometida la posibilidad de lograr el acuerdo. Pero el temor
que encierra dicha postura, está descartado en esta causa, donde el acreedor renunciante ha
prestado expresa conformidad con la propuesta de modo que ningún perjuicio se ha
ocasionado a la concursada ni y mucho menos a los restantes acreedores concurrentes los que
-con dicha renuncia- han visto mejorada su situación con el ingreso de un bien que antes
estaba afectado a una garantía real hipotecaria...”
        Por su parte, recientemente la Excma. Cámara de Apelaciones de 3era. Nominación en
lo Civil y Comercial ha ratificado este criterio mediante voto de la Dra. Beatriz Mansilla de
Mosquera en la causa “Corrugadora Centro S.A. Concurso Preventivo”19 afirmando que,
“...En resumen, ante la ausencia de norma que determine el dies aquem para que los
acreedores privilegiados renuncien al privilegio y la necesidad derivada de la finalidad de la
ley 24.522 de fijar un tope temporal que permita al deudor y acreedores contar con una
plataforma cierta dentro de una lapso razonable que implique la posibilidad de modificar
propuesta y acomodarse los acreedores a la nueva situación, en aras a la finalidad perseguida
por la norma concursal, se concluye que se condice con el esquema que determina la ley para
la solución preventiva, establecer que el tope máximo para que los créditos en que se desiste
el privilegio sean considerados para el cómputo dentro de algunas de las categorías dispuestas
por el deudor, la determinada para que tenga lugar la audiencia informativa...”

           VI. Conclusión.

        Las reflexiones precedentes nos permiten concluir que el acuerdo preventivo como su
propio nombre lo dice tiene como estructura fundante la propuesta del deudor que debe ser
conformada por los acreedores concurrentes.
        En consecuencia, el sentido de la categorización siempre es accesorio de la propuesta
y, por ende, la resolución del art. 42 de la L.C. no causa estado.
        Por ello, en la medida que la propuesta puede ser modificada hasta el momento que los
acreedores presten la conformidad y, fundamentalmente, hasta la audiencia del art. 45 de la
ley falimentaria, la reformulación concordataria puede incluir a la categorización.
        En igual sentido, los acreedores privilegiados, reconocidos en la sentencia del art, 36
de la L.C. pueden hacer renuncia de su privilegio en forma válida, hasta la audiencia del art.
45, pues, el juez en la oportunidad de homologar el acuerdo realiza el control de legalidad que
asegura la igualdad de trato y evita cualquier eventual abuso del derecho, de conformidad a la
manda del art. 52 de la L.C.



19
     Sentencia n°96, del 28/10/04.

								
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